ÍNDICE

1. RAJOY CRITICABA LOS NOVILLOS DE SUS DIPUTADOS EN 2008

2. RAJOY OBVIA EL ESTATUT EN SU PRIMERA VISITA A CATALUNYA TRAS LA SENTENCIA

3. EL PP PIDE A SUS CARGOS PÚBLICOS "TRANSPARENCIA"

4. EL PP PIDE EN EL CONGRESO QUE SE PROHÍBA EL USO DEL VELO EN LUGARES PÚBLICOS

5. EL PP ADMITE QUE NO GANARÍA UNA MOCIÓN DE CENSURA

6. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO SACA SU ARTILLERÍA PESADA CONTRA EL JUEZ PEDREIRA

7. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA ESTRECHA EL CERCO A LOS TESTAFERROS DE CORREA

8. EL PP PROPONE INTRODUCIR RESTRICCIONES AL DERECHO DE HUELGA

9. EL PP ALIENTA A LOS EX PRESOS CUBANOS CONTRA EL GOBIERNO

10. AZNAR RECLAMA "INTERRUMPIR EL PROCESO DE EROSIÓN DE LOS DERECHOS DE ISRAEL"

11. GALICIA. EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

12. GALICIA. ACUSAN A ROGELIO MARTÍNEZ DE DEFRAUDAR UN MILLÓN DE EUROS

13. GALICIA. EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO CONDENA LA MOCIÓN QUE ALENTÓ EL PP DE GONDOMAR

14. GALICIA. LOUZÁN EXPULSA A UN CONCEJAL POR CRITICAR AL PARTIDO

15. ANDALUCÍA. EL ALCALDE PEPERO DE MÁLAGA QUIERE AHORA PARTE DEL PLAN DEL PUERTO QUE RECHAZÓ

16. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009

17. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE EVITA PEDIR A PRADA QUE RENUNCIE AL ESCAÑO

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. COBO, PRADA Y EL PSM RECURREN EL ARCHIVO DEL 'CASO DE LOS ESPÍAS'

19. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ DEFIENDE SU INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA IMPUTA A UN EMPRESARIO QUE PAGÓ 1,2 MILLONES A CORREA

21. COMUNIDAD DE MADRID. ADMITIDO UN RECURSO CONTRA EL RECORTE DE 40 MILLONES EN EDUCACIÓN QUE APROBÓ AGUIRRE

22. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. FLORS DESACREDITA LA VERSIÓN DE CRESPO SOBRE EL PAGO DE LOS TRAJES PARA CAMPS

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. UNA GRABACIÓN VINCULA A RIPOLL CON EL SOBORNO DE LA BASURA

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP DE CALP OBVIÓ QUE FENOLL NO TENÍA VERTEDERO LEGAL AL CONTRATARLE LA BASURA

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL JUEZ INVESTIGA A LA ALCALDESA DE ORIHUELA Y A OTRAS 40 PERSONAS POR EL CASO BRUGAL

26. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE 15 AÑOS PARA FABRA POR FRAUDE FISCAL, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE CASTELLÓN ACUSA A LA FISCALÍA DE "ACTUAR DE FORMA PARTIDISTA" CON FABRA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DA POR HECHO QUE FABRA SERÁ JUZGADO

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA INVESTIGA AL NÚMERO DOS DE FABRA EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN POR SUPUESTO FRAUDE EN EL CENSO ELECTORAL

30. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ PAGÓ AL GRUPO LATERNE POR TRABAJOS QUE NO SE REALIZARON

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AUDIENCIA RESPALDA LA IMPUTACIÓN POR PREVARICACIÓN DEL CONCEJAL BELLVER

32. REGIÓN DE MURCIA. EL TSJ LE ABRE DILIGENCIAS AL "INSUMISO" VALCÁRCEL

33. REGIÓN DE MURCIA. EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE DE TOTANA

34. ISLAS BALEARES. ROTUNDO RECHAZO DEL JUEZ A LA PRETENSIÓN DEL PP DE SER ACUSACIÓN EN EL PALMA ARENA

35. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ENCARCELÓ A ALÍA AL CONSIDERAR QUE ERA EL RECAUDADOR DEL IBATUR

36. ISLAS BALEARES. LA OPERACIÓN QUE DEJA TRADUCCIONES AL CHINO Y SUPUESTAS COMILONAS CON 1.500 INVITADOS

37. ISLAS BALEARES. DETENIDO EL PRINCIPAL PROMOTOR DE FERIAS Y MÍTINES DE MALLORCA

38. ISLAS BALEARES. LA POLICÍA INVESTIGA SI EL DUEÑO DE TRUI FINANCIÓ TAMBIÉN LA CAMPAÑA DEL PP

39. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN EL PAGO DEL 'GOVERN' AL INSTITUTO QUE DIRIGÍA URDANGARIN

40. ISLAS BALEARES. EL DUEÑO DE TRUI DICE QUE LE OBLIGARON A FRACCIONAR LAS FACTURAS AL GOVERN

41. PRINCIPADO DE ASTURIAS. IRREGULARIDADES EN EL RECHAZO DEL PP ASTURIANO A LA CANDIDATURA DE CASCOS

42. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL SECTOR AFÍN A CASCOS EN EL PP ASTURIANO LE RINDE UN HOMENAJE

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1. RAJOY CRITICABA LOS NOVILLOS DE SUS DIPUTADOS EN 2008

El pasado 30 de octubre de 2008, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lamentó que faltasen "muchos" diputados a una sesión de control al Gobierno y anunció que esa situación no se iba a repetir con los parlamentarios de su grupo. "Procuraré en la parte que me corresponde como presidente del partido de la oposición que no vuelva a ocurrir", señaló. Ahora, año y medio después, Rajoy está en el centro de la polémica por haber hecho novillos en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación.

En aquella ocasión, la mitad de los escaños estaban vacíos. Y la ausencia del diputado conservador Ramón Aguirre impidió que se le preguntara al vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, por el aumento del paro. En declaraciones a Onda Cero, el jefe de la oposición reconoció que "la gente tiene derecho a quejarse por la ausencia de los diputados". Y añadió: "No hay excusas, había muchas preguntas y se hablaba de la prioridad más importante que debe tener el Gobierno como es luchar contra el desempleo".

Ante la desoladora imagen del hemiciclo desierto, Rajoy se mostró tajante. Ni siquiera la temprana hora le pareció pretexto suficiente. Todos tenían que estar en sus puestos a las 9.00 de la mañana. La decisión de José Bono de convertir en matinales las tradicionalmente vespertinas sesiones de control habían causado estragos entre sus señorías. Pero Rajoy insistía: "A esa hora, ya hay muchos españoles trabajando". Y aseguró que él ya estaba en pie a esa hora: "Yo mismo estaba en mi despacho a las 8.30 y el hecho de que no hubiera votaciones no justifica las ausencias".

En muchas ocasiones, el presidente del PP se encierra en sus dependencias para ir adelantando trabajo. Es lo que hacen otros muchos parlamentarios que se quejan de que les atribuyan fama de vagos cuando a lo mejor están con alguna reunión o preparando papeles a la espera de que los llamen para ir a votar. En cualquier caso, Rajoy desveló entonces que sólo acudía al pleno cuando preguntaba a José Luis Rodríguez Zapatero o para los grandes debates parlamentarios.

Ya ni eso. El pasado jueves, el líder de los conservadores ni siquiera se paseó un minuto por las instalaciones de la Cámara Baja, aunque en su interior se desarrollaba la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación. La cita no podía ser más relevante, pero él prefirió quedarse en la sede de su partido. Sus colaboradores argumentaron que tenía temas pendientes por resolver y que, además, no era necesaria su presencia porque, desde la reforma del Reglamento, no se debaten las propuestas de resolución hasta unos días después.

Pero, con sus novillos, Rajoy se perdió la intervención del Grupo Mixto (BNG, CC, UPyD, UPN y Nabai), además del Socialista. Tampoco escuchó la respuesta que les daba el jefe del Ejecutivo socialista. El Gobierno criticó el desplante que, a su juicio, le había hecho a los partidos que representan a cerca de 12 millones de españoles.

El PP prefirió pasar página y quitarle hierro al asunto. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró que su jefe de filas había ganado el debate porque "dijo la verdad" y restó importancia a lo ocurrido. A su juicio, Rajoy hizo lo que tenía que hacer, debatir con Zapatero de "cosas importantes" y aseguró que iba a estar presente en el pleno cuando se voten la resoluciones.

Para los dirigentes del PP, se está exagerando "mucho" y creen que si se ha formado este "escándalo", es porque Zapatero está "muy desesperado" y necesita algo que eclipse "su mala gestión".

Para contrarrestar la polémica, los conservadores se centraron en atacar a Zapatero al unísono. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el jefe del Ejecutivo está "agotado y es rehén de sus fracasos". El día anterior, la dirigente conservadora excusó al presidente de su partido, descalificando la intervención de Zapatero y tachándola de "prescindible".

(www.publico.es, 17/07/10)

2. RAJOY OBVIA EL ESTATUT EN SU PRIMERA VISITA A CATALUNYA TRAS LA SENTENCIA

En su primera visita a Catalunya después de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, después de que la clase política catalana reaccionara indignada, después de que cientos de miles de catalanes se manifestaran hace una semana, Mariano Rajoy demostró que el PP no tiene mucho más que decir sobre esta cuestión o no quiere decirlo.

Rajoy cerró la escuela de verano de su partido, celebrada en Sitges (Garraf), y se esperaba en su intervención un mensaje sobre el proceso estatutario y su desenlace. Pero se centró en la economía y la crítica a la gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso el burka pasó por delante del conflicto que vive Catalunya. De un discurso de media hora, Rajoy dedicó apenas tres minutos, los últimos, a hablar del Estatut. Y se notó que lo hacía a regañadientes. Atribuyó a Zapatero "una historia de engaños": dijo que primero engañó a los catalanes al comprometerse a apoyar el texto estatutario que saliera del Parlament, que luego engañó a su propio partido en Catalunya, el PSC, que luego engañó a la oposición, en alusión a CiU. Y que ahora prepara un nuevo engaño al ofrecerse a reinterpretar la sentencia. "Juega con el Estado como si fuera un mecano", afirmó el popular sobre Zapatero, al que calificó de "aprendiz de brujo".

Al final, suspiró y susurró sobre la escuela de verano: "Clausurada". Y se fue sin enviar mensaje alguno sobre la sentencia, la reacción de la clase política catalana, la manifestación, pese a que fue el PP quien lo empezó recurriendo el Estatut ante el Constitucional.

Los populares optan por mirar hacia otro lado. Por ejemplo, a las banderas españolas que cuelgan de algunas ventanas en el trayecto entre el Aeropuerto de Barcelona y Sitges. Eso es lo que destacó la vicesecretaria general, Ana Mato. Una metáfora de la actitud de los populares en Catalunya. Soslayar lo que incomoda y no meterse en berenjenales si eso es posible. Con todos los matices posibles, una visión que se aproxima a la de algún medio de comunicación que el día de la manifestación multitudinaria informaba sin rubor de que los catalanes estaban por miles en las playas esperando a que España jugara, al día siguiente, la final del mundial.

En Sitges, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, también aludió con entusiasmo al apoyo de los catalanes a la selección española (ver despiece). Y de paso alertó sobre la amenaza separatista: advirtió de que el PP catalán es el único partido que puede frenar el secesionismo. Adivinó dos escenarios de futuro: "Una Catalunya separatista o una Catalunya que sea capaz de recuperar la cordialidad con el resto de España". La segunda es la suya.

Camacho descartó pactar con CiU si mantiene su "deriva" independentista. Aseguró que el tripartito "ha muerto" y acusó al president, José Montilla, de gobernar solo para "los catalanes nacionalistas" y de tolerar que en Catalunya se enseñe "menos horas de castellano que de inglés".

(www.elperiodico.com, 19/07/10)

3. EL PP PIDE A SUS CARGOS PÚBLICOS "TRANSPARENCIA"

El Partido Popular arrancó ayer en la sede nacional de la formación los primeros pasos para la elaboración de su programa marco electoral para las autonómicas y locales de 2011. La formación, salpicada por múltiples escándalos de corrupción el caso Gürtel en Madrid y Valencia, y el Palma Arena en Baleares, entre otros se ha propuesto que uno de los ejes del programa marco sea el de la "transparencia y rigor en el ejercicio de los cargos públicos".

Se trata concretamente del tercero de los ejes del programa marco que ayer dio a conocer Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, a los representantes de la formación en las diferentes comunidades autónomas. En un comunicado difundido al término de la reunión, el partido concretaba la intención de que los programas electorales con los que concurran a las elecciones de mayo del próximo año tengan como eje fundamental "la transparencia y el rigor en el ejercicio de cargos públicos". Y completa: "englobará los códigos éticos, los compromisos de los candidatos electos y los cambios necesarios en la legislación para incentivar la participación ciudadana en la vida pública autonómica y municipal".

Pese a estos objetivos, el PP mantiene en su puesto a altos cargos políticos en el punto de mira de la justicia. Es el caso del president de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso de los trajes, o José Joaquín Ripoll. Este último, presidente de la Diputación de Alicante, está imputado por cinco delitos diferentes, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras, en el marco del caso Brugal. Hasta la fecha, la única actuación de la dirección nacional del partido respecto a estos episodios ha sido la de transmitir la idea de que se actuará a medida que vayan avanzando las investigaciones judiciales.

Respecto al código ético, la formación aprobó su denominado "código de buenas prácticas" el 21 de diciembre de 2009. Siete meses después, su aplicación no acaba de arrancar. En el partido justifican que su puesta en marcha podrá comprobarse cuando se celebren procesos electorales. Pero lo cierto es que su articulado no circunscribe su aplicación a ningún momento determinado.

Entre sus enunciados, prohíbe a los cargos del PP aceptar regalos que sobrepasen los usos sociales. Y prevé la creación de mesas de contratación.

Inspirados, según comentó Mato en los principios de "austeridad, transparencia y eficiencia", los programas electorales de los conservadores partirán de la base de que la crisis y el desempleo son "responsabilidad del Gobierno de Zapatero". Otros de los ejes, abarcarán la "actualización del modelo autonómico y la necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones para lograr un Estado más cohesionado", la "necesidad de una mayor calidad de vida". Por último, el PP apuesta por la cercanía y la eficiencia de los gobiernos autonómicos y municipales en la gestión de los servicios a su cargo.

(www.publico.es, 21/07/10)

4. EL PP PIDE EN EL CONGRESO QUE SE PROHÍBA EL USO DEL VELO EN LUGARES PÚBLICOS

El grupo parlamentario del PP ha registrado este viernes en el Congreso una propuesta para prohibir el uso del velo integral en todos los espacios públicos y salir "en defensa de la dignidad y la igualdad de todas las mujeres en España". Así consta en el texto de una de las quince propuestas de resolución que el PP ha presentado en la Cámara Baja tras la celebración del debate sobre el estado de la nación.

La portavoz de los populares, Soraya Sáenz de Santamaría, las ha comentado en conferencia de prensa. En su propuesta, los populares recuerdan que la Constitución reconoce la libertad religiosa y de culto "sin más limitación" que el mantenimiento del orden público. Para los populares, como señalan en la citada resolución, "el uso del velo integral excede de la simbología religiosa protegida por la ley", supone una "práctica que contradice abruptamente la dignidad de la mujer" y es "un símbolo del sometimiento de la mujer al hombre".

El PP se hace eco del "debate abierto" en Europa y, tras mencionar las polémicas en Francia y en Bélgica, cita las medidas que han puesto en marcha algunos municipios para regular el uso del velo. Uno de los ejemplos es Barcelona, de alcalde socialista, como indican los populares en su texto.

El Senado también se ha pronunciado contra el uso del velo a instancias de PP y de CiU. Los diputados populares, con estos precedentes, quieren llevar la controversia al Congreso mediante una propuesta con la que insta al Gobierno a prohibir en espacios públicos o en acontecimientos públicos sin finalidad religiosa el uso de velos integrales, como el niqab o el burka. Lo hace, argumenta el PP, por "tratarse de una discriminación que no está amparada por la libertad religiosa al ser contraria a la dignidad de las personas y a la igualdad" de hombres y mujeres.

Hay otras propuestas del grupo popular que abogan por mejorar el sistema educativo, por potenciar la inversión en investigación e innovación, tanto desde el Gobierno como desde la UE, y en ámbitos como el de los vehículos menos contaminantes; y por aumentar los fondos destinados a la administración de Justicia con una prioridad: que la Oficina Judicial se implante cuanto antes en todo el país.

Los populares, además, pretenden aprobar mejoras en las regulaciones de las leyes contra la violencia de género y del menor, en éste último caso para profundizar en nuevas fórmulas en la línea de la prisión perpetua revisable. En cuanto a la política exterior, el PP quiere que la tasa de paro que hay en España, así como la llamada brecha tecnológica, sean factores a tener en cuenta en la recepción de los fondos estructurales y de cohesión de la UE. Y en Defensa, el grupo popular considera que la ministra Carme Chacón ha llevado a cabo "una mala gestión", sobre todo en la regulación de la ley de la carrera militar.

El PP espera que el Gobierno cumpla las propuestas de resolución que sean aprobadas en el pleno del próximo martes, y para presionar más al Ejecutivo, ha presentado una iniciativa que insiste en ello y en medidas ya planteadas como la asistencia de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, nada más comenzar los periodos de sesiones.

(www.lavanguardia.es, 17/07/10)

5. EL PP ADMITE QUE NO GANARÍA UNA MOCIÓN DE CENSURA

El líder del PP de Andalucía, Javier Arenas, reconoció ayer la incapacidad de su partido para ganar una moción de censura. "Si pudiéramos, la presentaríamos mañana por la mañana para convocar elecciones generales al día siguiente", señaló.

Por eso mismo, Arenas volvió a apostar por un adelanto electoral como la "mejor salida para la crisis". En el marco de la escuela de verano del partido en Sitges (Barcelona), el vicesecretario de política territorial del PP aseguró que no entendía por qué "algunos progres se llevan las manos a la cabeza" con esta propuesta, que es "la máxima expresión de la democracia".

Además, aseguró que su partido tiene propuestas pero que la alternativa política se presenta cuando hay una cita con las urnas y recordó a Zapatero que es a él a quien le toca gobernar ahora.

Arenas envió varios recados al presidente del Gobierno. Para empezar, le pidió que deje "de engañar a los catalanes" con el Estatut. "El PP ha hecho lo que tenía que hacer", defendió. Al tiempo que celebraba que el Constitucional hubiese resuelto que "España es una nación en la que cabemos todos".

Y después le reprochó que durante su discurso en el Comité Federal del PSOE hablara de convivencia cuando "ha sido él quien más ha atentado contra la convivencia de todos los españoles". "Se cargó el pacto estatutario por el que todos eran reformados por consenso PP-PSOE. Y tampoco puede hablar de política social porque se ha cargado el mejor pacto social de la historia de la democracia, que ha sido el Pacto de Toledo", lamentó.

(www.publico.es, 18/07/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO SACA SU ARTILLERÍA PESADA CONTRA EL JUEZ PEDREIRA

Federico Trillo ha aprovechado una intervención en un curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial en Bergondo (A Coruña), donde anunció que el PP propondrá una reforma de la elección del CGPJ, para cargar contra el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El ex ministro de José María Aznar y supernumerario del Opus Dei volvió a ejercer de ariete conservador en materia judicial al criticar la actuación de algunos jueces y, en concreto, la labor de Pedreira en relación al secreto de sumario.

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Comisión de Justicia del Congreso le acusó de hacer públicos documentos como las "declaraciones de hacienda de los clientes de la mujer de uno de los imputados", con el consiguiente prejuicio para la empresa, según el ex ministro de Defensa, quien definió al juez como "el benéfico Pedreira, que cada semana innova".

Este ataque al juez instructor del caso Gürtel se produce un mes y medio después de su anuncio del presunto "giro copernicano" que daría el citado caso si se demostrase que Baltasar Garzón infringió la ley al ordenar la intervención de las conversaciones que los imputados presos en el caso Gürtel mantuvieron con sus abogados.

Trillo, coordinador de Justicia del PP, advirtió de las "consecuencias gravísimas" que supondría demostrar que Garzón había intentado quedarse con el caso y ocultado pruebas que exculpaban al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Sus acusaciones veladas, sin embargo, han caído en saco roto y, a día de hoy, sus intentos por anular el proceso, desprestigiar a Pedreira y salvar con ello a Camps no han surtido efecto.

(www.publico.es, 17/07/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA ESTRECHA EL CERCO A LOS TESTAFERROS DE CORREA

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido profundizar la investigación en lo relativo a las personas que el presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, podía haber utilizado como testaferros. Entre los 36 sospechosos de participar en el blanqueo de dinero figura Jesús Calvo Soria, socio de Correa en una de las empresas de la trama e implicado en la causa abierta tras la moción que desbancó al PSOE en 2005 en Bormujos (Sevilla).

Anticorrupción explica en un informe que Calvo Soria gerente de la Universidad Complutense de Madrid cuando Gustavo Villapalos era rector fue administrador hasta 2002 de la empresa patrimonial de Correa, Caroki. Se sospecha que con ella se invertían los fondos ilícitos; luego se reintegraban en España mediante transferencias de cuentas de sociedades extranjeras.

Calvo Soria figura en la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña, en la que también está Correa, y es beneficiario del fideicomiso de las mercantiles Fountain Lake y Rustfield, a través de las que invertía el imputado preso.

Pedreira solicita la vida laboral de los 36 imputados en el caso entre los que hay varios abogados para comprobar en qué empresas han trabajado y determinar cuál ha sido su ocupación habitual. Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, cuestionó ayer la actuación del instructor en Madrid del caso, al definirlo como "el benéfico Pedreira, que cada semana innova".

Fue la respuesta del diputado conservador a la resolución del magistrado que rechaza el recurso con el que el partido trataba de impedir que los nuevos indicios hallados contra el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, fueran remitidos al TSJ de la Comuntitat Valenciana.

Los imputados presos, cuyas conversaciones con sus abogados fueron intervenidas, dispondrán de diez días en agosto para oír esas conversaciones anuladas por el TSJM. Según el portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, el instructor en el TSJ valenciano también ha convocado a las partes para oír las grabaciones.

(www.publico.es, 17/07/10)

8. EL PP PROPONE INTRODUCIR RESTRICCIONES AL DERECHO DE HUELGA

El Grupo Parlamentario Popular quiere prohibir las huelgas o medidas de conflicto colectivo de los trabajadores cuando "tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo". La propuesta, que implicaría cambiar el Estatuto de los Trabajadores, supondría en la práctica limitar el derecho de huelga, ya que equivale a prohibir una protesta sindical incluso cuando se negocia un nuevo convenio, si el anterior está todavía vigente. La petición del PP figura en una de las 71 enmiendas que ha presentado este partido al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente tramita el Congreso. Su objetivo es "fortalecer" la flexibilidad interna en las empresas y el descuelgue de los convenios.

En otra enmienda, los populares rechazan que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), financiado con las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social, abone ocho días por año de indemnización por despido (tanto del procedente de 20 días como del improcedente de 33 o de 45). Esta fórmula, que figura en el real decreto-ley de reforma laboral que aprobó el Gobierno en junio pasado (que será reemplazado por la norma que ahora se negocia en la Cámara Baja), busca reducir los costes del despido de las empresas sin alterar los derechos de los trabajadores. Como mucho, el PP sólo estaría dispuesto a que el Fogasa subvencione el despido si éste es procedente. Así lo ha pedido en otra enmienda.

Los conservadores, que siempre se han negado a detallar cuál sería su propuesta de reforma laboral, se oponen a la polémica propuesta del Gobierno, remitida a la Comisión del Pacto de Toledo, de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. El PP lo rechaza y sólo está dispuesto a que sea el trabajador el que decida, voluntariamente, si se jubila dos años más tarde.

En su afán por flexibilizar la contratación, los populares dedican varias enmiendas a reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT), ampliado considerablemente en el decreto que el Gobierno aprobó en junio pasado.

Entre otras cosas, el PP propone eliminar los importantes límites que actualmente existen a la utilización de las ETT por parte de la Administración pública. La ley de Contratos del Sector Público prohibe al Estado contratar los servicios de las ETT "salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos". El PP propone que el Estado pueda utilizarlas para cualquier actividad.

También en esa línea de "flexibilización", piden endurecer el supuesto de despido por absentismo que ya incluyó el Gobierno en su decreto; ampliar en un año (hasta cinco) el plazo máximo de los contratos por obra y servicio; que "cualquier puesto de trabajo" pueda ser objeto de un contrato en prácticas (ahora, deben determinarlo los convenios colectivos); y que, en las empresas que hayan efectuado reducciones de jornada o suspendido contratos por causas económicas (cuya casuística el PP reclama precisar) puedan realizarse horas extra en casos de "fuerza mayor" (ahora está prohibido).

Otro de los capítulos en los que más insiste el PP es el de las bonificaciones a las empresas, que, en la mayoría de los casos, pide aumentar respecto a lo que prevé el decreto en supuestos como la formación, la conversión de contratos temporales en indefinidos y la contratación de jóvenes parados de larga duración, independientemente de su formación.

En el ámbito de la negociación colectiva, un aspecto considerado "clave" en su momento por el PP y en el que, en su opinión, no profundizó el Gobierno, piden que los convenios puedan tener un ámbito diferente al sectorial, estatal o de la propia empresa (por ejemplo, para provincias especialmente castigadas).

(www.publico.es, 23/07/10)

9. EL PP ALIENTA A LOS EX PRESOS CUBANOS CONTRA EL GOBIERNO

Han pasado ya ocho días desde que aterrizara en España el primer grupo de disidentes políticos liberados por el Gobierno cubano y la polémica con el Ministerio de Exteriores español, lejos de disminuir, está más viva que nunca. Y el Partido Popular tiene mucho que ver. El diputado Teófilo de Luis (PP), nacido en La Habana y muy vinculado con la disidencia cubana de línea dura en España, no ha escatimado encuentros con los ex reclusos para tratar de persuadirles de la necesidad de "no dejarse manipular por el Gobierno".

De Luis aprovechó actos públicos de los disidentes, como la conferencia de prensa que ofrecieron el jueves pasado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, para conversar con ellos e inducirlos a rechazar ser trasladados a diferentes ciudades españolas porque, según él, esto es una maniobra del Gobierno para mermar sus opciones como opositores al gobierno castrista. "No quiero decir que haya habido manipulación, pero sí ha habido influencias", confirmó ayer el ex preso político Omar Ruiz poco después de llegar a Málaga, donde ha sido acogido junto a su familia en un centro de Cruz Roja.

Ruiz declaró que "varias personas del PP" les habían dicho en los últimos días que no dudaran en negarse a irse de Madrid si ese era su deseo y que podían estar en un lugar "mucho mejor" que en el que se encontraban alojados. El establecimiento en cuestión, según informa Cruz Roja, es un "recurso habitual" de primera acogida en este tipo de situaciones.

El disidente Rigoberto Carceller, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y exiliado en España desde 1995, declaró sentirse "disgustado con ciertas actitudes" de personas que "nunca se habían interesado por los deportados y que, de la noche a la mañana, se sitúan en primera fila". Carceller, viejo conocedor del exilio cubano, no quiso dar nombres pero sí afirmó haber visto en el hostal Welcome de Vallecas cómo un ex preso cubano ofendía a un funcionario del Gobierno llamándole "mentiroso". "Eso solo responde a un montaje", sentenció.

A última hora, los ex reclusos Pablo Pacheco y Omar Ruiz se desmarcaron del comunicado que, horas antes, habían realizado algunos de sus compañeros en una improvisada rueda de prensa en las inmediaciones del hostal en el que se alojan y en el que afirmaron sentirse "engañados" por el Gobierno español. En conversación telefónica desde Málaga, donde Pacheco reside desde ayer en una casa de acogida de Cruz Roja junto a su mujer y su hijo, el ex preso agradeció la "buena voluntad del Gobierno y del pueblo español" y afirmó que lo expresado por sus compañeros no refleja sus opiniones. "El que se sienta traicionado tiene que decirlo en su nombre", sentenció.

Según Cruz Roja, la voluntad de repartir a los ex reclusos y sus familias por las sedes que las diferentes organizaciones mantienen en diversas ciudades españolas no responde, en ningún caso, a una maniobra política. "El traslado de estas personas a nuestras instalaciones va a hacerse teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con los que contamos". Aunque se trata de un número considerable, desde esta organización aseguran que "hay plazas para todos". Por el momento son cuatro los excarcelados que han aceptado a trasladarse junto a sus familiares a los centros que estas organizaciones tienen en las localidades de Málaga, Cullera (Valencia) y Sigüenza (Guadalajara).

(www.publico.es, 21/07/10)

10. AZNAR RECLAMA "INTERRUMPIR EL PROCESO DE EROSIÓN DE LOS DERECHOS DE ISRAEL"

El ex presidente José María Aznar, cree vital "interrumpir el proceso de erosión de los derechos de Israel, país que ha dicho que está "firmemente anclado en Occidente". Aznar ha hecho estas consideraciones al presentar hoy en la Cámara de los Comunes de Londres la iniciativa Friends of Israel, según un comunicado difundido por esta organización cuya puesta en marcha ha liderado el ex presidente del PP.

En su presentación, ha recalcado que Israel está anclada en Occidente porque comparte sus mismas raíces, sus valores, sus intereses, sus ambiciones y un sistema político abierto. "El mismo sistema económico de prosperidad; el objetivo básico de vivir en paz", ha subrayado Aznar.

Friends of Israel es una iniciativa que pretende trasladar la idea de que este país debe ser tratado como una nación democrática y que parte del convencimiento de que una paz duradera en Oriente Próximo no sólo es posible, sino que constituye una causa noble.

(www.publico.es, 20/07/10)

11. GALICIA. EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial. En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción. También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez González, director técnico de Sercoysa, adjudicataria de la obra. El tribunal toma esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su actuación en este caso.

Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoysa, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución.

Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a subrayar que respeta la decisión judicial.Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima confianza del presidente y que dirige tres carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro.

El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno.

Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Traballo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra.

Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus adjudicaciónes "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin empezar la infraestructura.

El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas.

(www.elpais.com, 22/07/10)

12. GALICIA. ACUSAN A ROGELIO MARTÍNEZ DE DEFRAUDAR UN MILLÓN DE EUROS

El PSdeG culpó al superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, de haber malversado hasta un millón de euros en fondos comunitarios. Desde 1999 y hasta 2007 el Ayuntamiento de Arnoia, donde era alcalde Martínez, y las empresas vinculadas a Ceivam (la asociación de desarrollo local creada para recibir subvenciones de la UE) habrían constituido una "trama" encaminada a la "malversación de ayudas europeas" del Leader II y Leader Plus, según los socialistas.

La secretaria de organización del PSOE ourensano, María Quintas, asegura que paralelamente a la constitución de Ceivam se crearon diversas sociedades, todas ellas vinculadas al PP de Arnoia (en alguna figura el cura Benigno Moure, presidente de la Fundación San Rosendo, condenado a pena de cárcel por quedarse el patrimonio de una anciana ingresada en uno de sus geriátricos) e integradas por familiares ligados a la vez a los negocios de Martínez, generando un "entramado de intereses comunes".

Entre las empresas más activas destaca Construcciones Covelo, SL, Cruzval, de la que es titular el primo de Martínez denunciado judicialmente por el PSOE por prestar falso testimonio ante el juez -dijo que no les unía ningún parentesco y que se conocían sólo profesionamente- que investiga el supuesto fraude cometido por el superdelegado en la gestión de las ayudas comunitarias. En la organización de las empresas vinculadas a Ceivam y a Martínez figuran concejales del PP de Arnoia y familiares como el hermano de Martínez.

Según la denuncia socialista, los proyectos a los que deberían ir destinadas las subvenciones no se realizaron. Es el caso de una planta de biomasa -por la que hay abierta una investigación judicial-, un galpón que según declararon los testigos ante el juez existía años antes; o los talleres que debían dedicarse a labores de artesanía y que nunca llegaron a funcionar. Quintas sostiene que en este caso ni siquiera se le pagó a los operarios que hicieron los trabajos. "Se les ofreció que se quedaran con los talleres". Los socialistas se preguntan dónde está el millón de euros recibido de Europa. Martínez, condenado en sentencia firme de la Audiencia Nacional a devolver 50.000 euros recibidos de Europa para la planta de biomasa que según la Audiencia no se construyó, no ha devuelto aún ese dinero según el PSOE.

(www.elpais.com, 17/07/10)

13. GALICIA. EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO CONDENA LA MOCIÓN QUE ALENTÓ EL PP DE GONDOMAR

La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo ratificó ayer el dictamen del grupo de expertos que considera tránsfugas a los ex ediles del PSOE y PP que con sus votos forzaron un cambio en el Gobierno local de Gondomar (Pontevedra). Los representantes de todos los partidos aceptaron las conclusiones del informe, y consideran igualmente ilegítimos los ejecutivos salidos de las mociones de censura en Silleda (Pontevedra) y Láncara (Lugo). Al PP se le acaban así los subterfugios para justificar la legitimidad de la moción de censura de Gondomar, que hace poco más de un año apartó de la alcaldía al nacionalista Antón Araúxo y que, alentada por el presidente provincial, Rafael Louzán, tanto el líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general de la formación, Alfonso Rueda, llevan meses resistiéndose a condenar de forma contundente.

El PP gallego debe decidir ahora si cumple los preceptos del pacto y renuncia expresamente a contar con los tránsfugas en las listas de las elecciones municipales de 2011. Un acuerdo de la comisión de 2008 proscribe expresamente tal posibildad. "Los partidos se comprometen a no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas, sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido", reza el texto, suscrito por todos los partidos con representación en el Parlamento estatal y otros de ámbito autonómico. El delegado popular en la comisión, el diputado almeriense Juan José Matarí, no objetó ayer a las conclusiones del dictamen.

La representante del BNG, Olaia Fernández Davila, recordó en la reunión que el grupo municipal del PP de Gondomar sigue ejerciendo como tal, pese a que todos sus ediles se dieron de baja del partido justo antes de presentar la moción.

Núñez Feijóo se mostró esquivo el pasado jueves en su intervención tras la reunión del Consello de la Xunta, cuando los expertos ya habían emitido su juicio, que sólo estaba pendiente de la ratificación de ayer. El presidente del PP gallego afirmó entonces: "Hay muchas cuestiones de mociones de censura a lo largo y ancho de nuestro país tanto en Galicia como en España y veremos y estudiaremos cada una de ellas". En ocasiones anteriores, tanto él como Rueda insistieron en que los tránsfugas "no estaban en el partido".

Louzán compareció también ayer en rueda de prensa, pero no se refirió al caso de los tránsfugas. Sí confirmó, en cambio, que Eladio Bargiela presidirá la gestora del PP en Gondomar, un paso previa a la designación del candidato. Bargiela es el secretario personal de Martín Urgal, el actual alcalde.

La secretaria de política municipal del PSdeG, Mar Barcón, se pronunció ayer asimismo sobre la decisión del Pacto Antitransfuguismo. En una nota de prensa, señala que a partir de ahora toca "comprobar si es cierta la legalidad y la ética de la que presume Feijóo, ya que estos conceptos no son compatibles con el apoyo al transfuguismo".

El PSOE expulsó del partido a los tránsfugas de Gondomar al poco de celebrarse la moción y coincide con el BNG en calificar a Louzán como el principal instigador de la maniobra. "Lejos de condenar los casos de Silleda y Gondomar, optó por premiar a Carlos Silva con un puesto en la Diputación Provincial", recordó Barcón. Barcón recordó que el PSdeG va a pedir al Gobierno central que disuelva la corporación.

Las mociones de censura en Silleda y Láncara también encierran episodios de transfuguismo según ratificó ayer la comisión, informa Europa Press. En Silleda fueron declarados tránsfugas tanto los ex ediles del PSOE como los del PP, que pactaron para dar la alcaldía a Ofelia Rey, también expulsada de las filas socialistas. En Láncara la cuestión es distinta, porque los concejales que permitieron al PP acceder al mando de la corporación eran militantes de Terra Galega, formación que no suscribió el acuerdo. El caso de este partido es similar al de Move Gondomar, el tercer firmante de la moción en esa localidad, cuyo único edil tampoco suscribió el pacto.

(www.elpais.com, 23/07/10)

14. GALICIA. LOUZÁN EXPULSA A UN CONCEJAL POR CRITICAR AL PARTIDO

La dirección provincial del PP de Pontevedra abrirá un expediente disciplinario al ex concejal popular en Sanxenxo Fernando Villaverde, para darle de baja de militancia, a raíz de las críticas vertidas por este edil contra el partido y su presidente provincial, Rafael Louzán, reclamando la celebración de un congreso local. Para Louzán, Villaverde está actuando "en defensa de intereses personales, no en defensa de los intereses del PP".

La medida se aprobará en una reunión de la junta directiva provincial del PP y será firme en el plazo de dos meses. Louzán sostiene que "las ofertas de diálogo" con el militante crítico "fueron bastantes y tuvo todas las oportunidades de ser escuchado". "La presencia de Fernando Villaverde es voluntaria, no obligatoria", esgrimió el barón popular. "Si no está a gusto, el PP tiene miles de afiliados que nos apoyan". Louzán asegura que en Sanxenxo se celebrará un congreso local "en el momento más oportuno" que decida el partido.

(www.elpais.com, 23/07/10)

15. ANDALUCÍA. EL ALCALDE PEPERO DE MÁLAGA QUIERE AHORA PARTE DEL PLAN DEL PUERTO QUE RECHAZÓ

Pocas cosas hay definitivas para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y más aún si se trata del plan del puerto. Ahora, el Ayuntamiento de Málaga quiere recuperar algunas de las modificaciones al plan especial que había pactado con la Autoridad Portuaria y que pocos días después de hacer pública decidió dejarlas en suspenso y no tramitarlas por la controversia generada en la ciudad.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, dijo entonces que retiraba la modificación del plan presentada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que ya no negociaría ninguna alteración al proyecto consensuado en 2004. Pero haciendo oídos sordos a tal advertencia, el Ayuntamiento quiere ahora rescatar algunos de los cambios aparcados. "Hay aspectos que se han obviado y que no hay que desmerecer ni condenar, y deben ser contemplados en este periodo de reflexión que se ha abierto", explicó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.

El principal aspecto de la modificación era construir sobre rasante con 13 metros de altura el edificio de uso cultural previsto en la esquina de los muelles 1 y 2 con la mitad de su superficie subterránea. Lo que el consistorio propone recuperar son otras actuaciones complementarias como una pasarela peatonal entre el Palmeral de las Sorpresas y la cubierta del edificio cultural, o la reordenación de los pasajes peatonales en el Paseo de la Farola.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, replicó ayer a De la Torre y le pidió que "deje de marear a los ciudadanos y no convierta el plan del puerto en un culebrón sin final". Linde explicó además que las propuestas municipales no requieren una modificación del plan especial porque la cuestión de pasarelas y accesos quedó pendiente de resolver en el proyecto de ejecución de las obras.

El consistorio además quiere que se revise el proyecto del edificio cultural, porque las alturas proyectadas no permitirán acoger exposiciones de obras de gran formato. Lo curioso es que esa es justamente la razón básica que el consistorio argumentó para justificar el cambio del plan que luego suspendió.

La delegada del Gobierno de la Junta, María Gámez, reclamó a De la Torre seriedad política para cerrar y cumplir los acuerdos institucionales. Y es que llueve sobre mojado. El martes, la Junta y el Ayuntamiento cerraron un acuerdo sobre el proyecto constructivo del tramo común de las líneas 1 y 2 del metro. La Administración autonómica ha accedido a hacer un segundo túnel hasta la Plaza de La Marina por si un día se prolonga el tren de cercanías, como quiere el alcalde. Pero al día siguiente de cerrar el acuerdo, De la Torre lejos de darse por satisfecho, propuso alargar el segundo túnel hasta La Malagueta.

(www.elpais.com, 23/07/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009

El auto de archivo del caso de espionaje en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre dictado por la juez Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de las víctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. Aún no los han presentado.

El argumento en todos ellos es, a falta de conocer algunos detalles, que la investigación dista de estar concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.

Afirma el PSOE que el veto de la juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversación, motivo aducido por esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible, hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habría podido obtener. Pero no se ha practicado, ignoramos por qué razón". La Fiscalía, tras estudiar los recursos, decidirá si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Exigió el fiscal al Gobierno regional el listado de vehículos oficiales (marca, modelo y matrícula) asignados a la Dirección de Seguridad -en manos de Gamón- y al grupo de asesores sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de repostaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los teléfonos móviles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.

No obtuvo respuesta. Distintos letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, también sin éxito. "Ni siquiera ha habido resoluciones de la inadmisión de las mismas, sino más bien las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", afirma el PSOE.

Los socialistas volvieron a insistir el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y quedó pendiente de "resolver lo que proceda". Dos días después de notificada esa providencia, decretó el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al más mínimo sentido común que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune". Denuncia además la equiparación que hace la juez de la prueba caligráfica oficial -que identifica a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de Interior, como autor de las anotaciones de matrículas en los partes del espionaje- y de la privada, que en su opinión "ni se encuentra en autos ni se ha practicado con las debidas garantías procesales".

El PSOE ve chocante que "el fundamento jurídico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que dichos usos se produjeron".

Porque la juez admite "coincidencias" de los partes de los espías con los posicionamientos de los hombres de Gamón durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus teléfonos móviles. Y "lo importante no es lo que hacían sino que lo que hacían está totalmente alejado de los fines públicos y que alguien los utilizaba para fines privados", añade el PSOE.

(www.elpais.com, 21/07/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE EVITA PEDIR A PRADA QUE RENUNCIE AL ESCAÑO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no se mojó a la hora de asegurar si, al igual que su consejero Francisco Granados, considera que Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores deben dejar su escaño en la Asamblea regional una vez que el caso de los espías ha sido archivado. "No tengo más que añadir. Fue una reflexión suya", añadió Aguirre al ser preguntada por su opinión. Además del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, Prada, responsable del PP en el Exterior y la diputada autonómica Rodríguez Flores denunciaron haber sido víctimas de los seguimientos.

Aguirre quiso matizar que cuando Granados solicitó a Prada y Rodríguez Flores que dejaran su escaño si les quedaba "dignidad" y empezaran a vivir "de otra cosa", lo hizo de forma personal, no como secretario general del PP de Madrid ni en calidad de consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

No obstante, la presidenta madrileña manifestó que el archivo de este caso demuestra que su Gobierno ha actuado "con la máxima transparencia" y que "no ha ordenado ni ha tenido conocimiento" de los presuntos seguimientos a miembros de su partido por personal de la consejería de Interior. "En España, las acusaciones mediáticas no son prueba, por mucho que hayan merecido cien portadas", recalcó.

Mientras, en la dirección nacional del PP rechazaron entrar a valorar la petición del cese de Prada por parte de Granados. González Pons zanjó la cuestión asegurando que el partido ya abrió una investigación interna sobre este caso.

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de que el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos sea candidato a la presidencia de Asturias pese a la oposición de la formación regional, González Pons hizo una llamada a la calma. Dijo que el PP designará a sus candidatos cuando más convenga a sus intereses electorales.

(www.publico.es, 20/07/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. COBO, PRADA Y EL PSM RECURREN EL ARCHIVO DEL 'CASO DE LOS ESPÍAS'

El vicealcalde de la capital, uno de los altos cargos que denunció haber sido víctima de seguimientos por parte de empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid, el llamado caso de los espías, ha recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa al no encontrar indicios de delito. Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su recurso el martes.

De esta forma, la suya se une a las impugnaciones presentadas por el PSM y por el diputado del PP Alfredo Prada, uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en el exterior.

La jueza Carmen Valcarce acordó el archivo del caso al entender que no podía acreditarse que ninguno de los imputados destinaran fondos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "a actividades ajenas a la función pública". Igualmente, el auto señalaba que no habían aparecido "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".

Manuel Cobo denunció haber sido víctima de espionaje los meses de abril y mayo de 2008. También lo hizo Alfredo Prada. En sus declaraciones ante el juez, el vicealcalde confirmó que los partes de seguimiento de los espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre coincidían con su agenda de actividades.

El recurso presentado por el vicealcalde madrileño llega días después de que el Partido Socialista de Madrid (PSM) anunciara un recurso al archivo de esta misma causa. La principal queja de los socialistas estriba en que la jueza no ha tenido en cuenta su demanda de citar como testigo a la ex mujer del ex director del Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. En declaraciones a El País, Yolanda Laviana, que trabajó como secretaria de Esperanza Aguirre en su etapa en el Senado, reconoció que Gamón investigaba a Prada desde 2006. Y que reportaba a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Además, los socialistas madrileños consideran que el auto no ofrece ningún tipo de duda acerca de que se han producido los seguimientos. Con este punto de partida, sostienen que sí se ha hecho uso de dinero público para el espionaje a estos cargos conservadores. A diferencia del recurso de los socialistas, que se presenta ante la propia jueza instructora, el presentado por el vicealcalde de Madrid es de apelación ante la Audiencia.

Hoy, en rueda de prensa, Ruiz-Gallardón evitó echar más leña al fuego de este último elemento de fricción con la Comunidad de Madrid. "Cuando se produzca una resolución definitiva por parte de los tribunales de Justicia, todos tendremos que estar a lo que diga esa resolución, pero mientras tanto no seré yo el que introduzca elementos de debate político en un asunto que está sometido a consideración judicial", dijo.

Frente a ese criterio, la comunidad mostró otro. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, admitió que Cobo, a quien la semana pasada exigió que pidiera perdón, "está en su derecho de recurrir" el archivo, pero cargó contra el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban.

Tras el acto de toma de posesión del nuevo secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el consejero de Justicia acusó a Esteban de tener "un largo historial en persecuciones y decisiones contrarias al PP, y favorables al PSOE".

A su juicio, las declaraciones en las que Esteban explicó la forma de funcionar de la fiscalía, consistente en que, aunque la junta de fiscales de Madrid haya decidido no recurrir, el fiscal podía adherirse a los recursos presentados por las partes, son "sorprendentes e inadecuadas".

"Es curioso que diga que no se han podido acreditar los indicios de delito, pero que aun así haya que investigar más. Esto es absolutamente contrario a un Estado de Derecho", aseguró Granados. El PP madrileño tiene previsto presentar una queja contra el fiscal provincial de Madrid ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior madrileña.

(www.publico.es, 23/07/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ DEFIENDE SU INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, defiende la independencia de sus decisiones en el proceso, que ha destapado una de las principales tramas de corrupción política y que afecta a un partido político: el PP. Y lo hace frente a las acusaciones de los abogados de los detenidos, que de forma reiterada le han reprochado actuar siguiendo solo el criterio del ministerio público, sin tener en cuenta las peticiones de las defensas.

Pedreira rechaza estas críticas en un auto firmado el 5 de julio, y notificado el pasado jueves a las partes, al subrayar que los acusadores olvidan que ha dictado resoluciones contrarias al criterio de la fiscalía. El magistrado defiende su trabajo en el auto en el que rechaza la pretensión del abogado del imputado Pablo Crespo, número dos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, de rebajar su fianza.

Como muestra de su independencia, el instructor del Gürtel recuerda algunas de sus recientes decisiones que han entrado en conflicto con las opiniones del ministerio público. Como por ejemplo la denegación de la pretensión de la fiscalía de que se impidiese que el Partido Popular ejercitase acciones penales, pidiendo incluso que fuera expulsado del proceso. El segundo caso de divergencia con Anticorrupción, según el auto, es el sobreseimiento de la acusación contra la mujer del ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, que fue rechazada por el ministerio público.

El magistrado explica en el auto que, a la hora de tomar decisiones puede seguir el criterio de la fiscalía o el de las partes, "según se estime más razonable desde una perspectiva jurídica y lo más ajustado a derecho desde una perspectiva normativa".

El instructor del caso Gürtel justifica también en el auto su decisión de no rebajar la fianza de Pablo Crespo, que fue dirigente del PP gallego: "Los delitos imputados son graves. Era el principal colaborador de Francisco Correa, su asesor, copartícipe en todas sus actuaciones y organizador máximo". Además, recuerda que Pablo Crespo percibió una parte ingente del importante capital dinerario que no ha podido ser localizada, "excepto importantes cantidades en paraísos fiscales".

Pedreira recuerda que la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la validez de esta fianza, que Crespo se niega a abonar, y constituyen "un importante estímulo para evitar que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia". El auto indica también que el lugarteniente de Correa se ha resistido a localizar importantes cantidades de dinero.El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido confirmar la fianza de 1,2 millones de euros impuesta a Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama encabezada por Francisco Correa, que fue además secretario de Organización del PP gallego. Entre los motivos que esgrime para no modificar su criterio, tal y como solicita la defensa, está el riesgo de fuga, ya que el imputado posee numerosos intereses económicos fuera de España.

De esta forma Pedreira tiene en cuenta el último informe realizado por la Fiscalía Anticorrupción en el que justifica la fianza a Pablo Crespo por la gravedad de los delitos que se le imputan, entre otros los delitos de falsedad de documento mercantil, cohecho y delito fiscal, y también por "los importantes intereses financieros descubiertos hasta el momento en el extranjero y en territorio nacional".

El informe de Anticorrupción rechaza las alegaciones de la defensa del número dos de Correa, que sostiene que Crespo carece de los recursos necesarios para afrontar la fianza de 1,2 millones de euros. Y para desmontar esta versión, pone de manifiesto que los bienes y las cuentas embargados a este imputado son únicamente aquellos a los que ha tenido acceso la investigación a través de los registros públicos, de documentación aportada por otro de los imputados, concretamente Arturo Gianfranco Fasana y de la documentación remitida por las autoridades extranjeras.

Eso es lo que hace que la fiscalía considere que es posible que no se haya embargado todo el patrimonio de Pablo Crespo, pues desde un principio negó haber tenido ningún interés en entidades donde se le han descubierto cuentas de su titularidad. "De modo que no se puede descartar la existencia de otros bienes a los que pudiera tener acceso el imputado", explica el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero independientemente de las cuentas ocultas de Crespo, la investigación ha puesto de manifiesto los importantes intereses financieros que posee en empresas españolas y del extranjero. Concretamente, y según los investigadores, Crespo dispondría de varias cuentas bancarias en Suiza y Colombia. Y al menos en una de ellas el saldo, a 21 de mayo de 2009, era de 1.327.794 millones de euros. Asimismo, también era titular de varias sociedades e inmuebles en ambos países y en Panamá.

En España, Crespo era titular de notables intereses económicos al frente de la sociedad patrimonial Cresva, mediante la cual tiene una embarcación, varios inmuebles y acciones de una de las empresas intervenidas en el seno de la trama: Hator Consulting, SA.

En los diferentes autos que comprenden la instrucción del juez se pone de manifiesto que el ex secretario de Organización del PP gallego dejó de declarar en 2006 a Hacienda 539.120,13 euros. Asimismo, el juez sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, SL", de la que era titular el número dos de Correa.

Asimismo, la investigación corrobora que este imputado jugaba "un papel relevante" en la gestión del patrimonio del cabecilla de la mayor red de corrupción destapada en España. En concreto, se encargaba de gestionar el patrimonio de la red, pues estaba autorizado a utilizar las cuentas bancarias localizadas en el extranjero, en Mónaco.

Crespo es uno de los tres imputados en el caso Gürtel que todavía permanecen en prisión preventiva en Soto del Real. Los otros dos encarcelados son Antoine Sánchez, primo del cerebro de la trama, y el propio Correa.

(www.elpais.com, 21/07/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA IMPUTA A UN EMPRESARIO QUE PAGÓ 1,2 MILLONES A CORREA

Despacio pero sin pausa, el número de imputados en el caso Gürtel sigue creciendo. Los tres últimos fueron citados hoy a declarar por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Uno de ellos es Rafael Naranjo Anegón, presidente de la mercantil Sufi, a la que en 2002 el entonces concejal de Madrid y actual diputado en la Asamblea regional Alberto López Viejo adjudicó la gestión del servicio de limpieza viaria del distrito madrileño de Moratalaz. Se le acusa de haber entregado 1.232.074 euros a la trama de Francisco de Correa.

Esa cantidad es "el 3% del monto total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación, ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto con capacidad de adjudicación de contratos públicos". El auto se refiere a López Viejo, la primera víctima política que se cobró el caso, aunque su imputación formal no se produjo hasta que el procedimiento llegó al TSJM por su condición de aforado.

La resolución imputa a Naranjo Anegón un delito de cohecho continuado, "al constar en el procedimiento numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación de Francisco Correa".

Los otros dos últimos imputados en la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción son José Luis Cortés Bañares y Luis Valor San Román. Ambos, junto con Naranjo Anegón, comparecerán ante el juez el próximo 9 de septiembre. El primero está acusado de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, como cooperador. Por su parte, la imputación de Valor San Román es como cooperador de un delito de prevaricación.

Según Anticorrupción, José Luis Cortés emitía facturas para las distintas empresas del grupo empresarial de Francisco Correa. Oficialmente se dedicaba al mantenimiento de los servidores informáticos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), así como de la página web de la localidad. También aparece como el que suministraba ordenadores a Pasadena Viajes. Sin embargo, la fiscalía considera que en realidad no prestaba estos servicios y se limitaba a facilitar facturas falsas al grupo de corrupción.

La acusación contra Valor San Román se remonta a su etapa como director del Área de Nuevas Tecnologías de Majadahonda. Hacía los pliegos y los informes técnicos del expediente de contratación Consultoría y Asistencia para el Diseño e Implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la citada localidad madrileña.

Por su parte, la fiscalía se ha opuesto a que vuelva a ser rebajada la fianza impuesta a Antoine Sánchez, el primo y presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa.

La cantidad fue fijada por el juez Pedreira el pasado 29 de junio en 75.000 euros. Previamente había descendido de 300.000 a 150.000 euros. Aún así, Sánchez volvió a pedir una rebaja al seguir considerándola excesiva.

Anticorrupción apela al riesgo de fuga existente, que en el caso de Sánchez se acentúa porque residía con su pareja en Senegal antes de que estallase el principal escándalo de corrupción del PP. Si se fugara, dicen las fiscales, la investigación de la trama se complicaría aún más al participar en el blanqueo de capitales imputado a los cabecillas de la trama.

(www.publico.es, 22/07/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. ADMITIDO UN RECURSO CONTRA EL RECORTE DE 40 MILLONES EN EDUCACIÓN QUE APROBÓ AGUIRRE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por CC OO contra los últimos recortes en educación efectuados por la Comunidad de Madrid. El último plan de ajuste de la Comunidad de Madrid, aprobado el 28 de junio, incluía una reducción de 40 millones de euros en el presupuesto educativo, según estimaciones de la Consejería de Educación. La rebaja afecta a prejubilaciones, licencias de estudios, formación, vacaciones de profesores interinos y representación sindical.

Comisiones basa su recurso en la protección de derechos fundamentales. Cita, entre otros, el atentado a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva, según el texto presentado al TSJM a finales de junio.

El recurso señala que los sindicatos conocieron los recortes previstos en una reunión convocada por la Consejería de Educación el 10 de junio, lo que "pone en evidencia la imposibilidad de hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva". Acusan a la Consejería de Educación de actuar "de forma unilateral". Y considera que las medidas "resultan excepcionalmente peyorativas para los funcionarios docentes, en desigualdad con el resto de los funcionarios" regionales. El proyecto de ley de medidas urgentes, en el que se incluía el recorte, supuso una reducción media del 5% de todos los funcionarios y empleados de empresas públicas (también para los docentes) pero no añadió rebajas similares a los 40 millones de recorte en educación para ninguna otra Consejería. "Esta rebaja supone un agravio comparativo injustificable", según el secretario general de Enseñanza de CC OO, Paco García. "Una de las cuestiones que nos llama la atención es que no se justifica la urgente necesidad porque los recortes solo hacen referencia a educación", añade.

Su sindicato también ha denunciado públicamente, junto con la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad) un recorte de 1.500 profesores interinos para el curso que viene que la Consejería niega.

(www.elpais.com, 22/07/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. FLORS DESACREDITA LA VERSIÓN DE CRESPO SOBRE EL PAGO DE LOS TRAJES PARA CAMPS

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, que instruye la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres cargos populares, ha aceptado que las partes interroguen a Pablo Crespo, considerado como el número dos de la trama corrupta, pero afirma que será difícil que este testimonio cambie su planteamiento inicial sobre cómo se pagaron las prendas.

El magistrado rechazó que el abogado de Crespo fuera también interrogado, aunque no ve inconveniente en que se pueda preguntar al ex dirigente del PP en Galicia, "si es que quiere responder, para que diga cuanto sepa acerca de cómo y por quién se abonó el importe de las prendas de vestir". Flors, no obstante, manifestó sus reservas de que lo que diga Crespo vaya a servir para algo por "el personal interés del Sr. Crespo en la presentación e interpretación" de los hechos.

José Flors mantiene que "la base documental y contable existente en la causa" es "acreditativa de cómo y con cargo a qué cuentas bancarias se hicieron los pagos de aquellas prendas", tal como reflejó en el auto que inició el procesamiento de Camps y que Flor. Además, recuerda que Pablo Crespo está imputado en la causa principal del caso Gürtel, por lo que "no podrá exigírsele juramento de decir verdad".

La defensa de Camps solicitó al juez Flors la declaración de Crespo y de su abogado Ignacio Peláez para que ratificaran la conversación que ambos mantuvieron en la prisión y en la que el secretario del Organización del Pp gallego aseguró que Camps se había pagado sus trajes.

Las conversaciones grabadas en la cárcel y que recientemente fueron declaradas ilegales formaban parte de la documentación que hace un año llegó al TSJ-CV cuando se desgajó del caso Gürtel la pieza sobre los trajes. Sin embargo, las partes no tuvieron conocimiento de la existencia de estas grabaciones, que Camps y su entorno consideran claramente exculpatorias, hasta que Pedreira levantó el secreto de sumario en octubre de 2009.

(www.elplural.com, 17/07/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. UNA GRABACIÓN VINCULA A RIPOLL CON EL SOBORNO DE LA BASURA

Una conversación telefónica grabada al presidente de la Diputación y líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, es el principal indicio de su presunta implicación en el caso Brugal, que investiga la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de esa provincia valenciana. En esa escucha, el dirigente popular habla con otro imputado en el sumario sobre supuestas contrapartidas y favores a cambio de la contrata de la planta del plan zonal de basuras de la Vega Baja, según fuentes de la investigación. Ese contrato fue adjudicado en enero de 2008 a una unión temporal de empresas integrada por Cespa y el Grupo Ortiz e Hijos. El constructor Enrique Ortiz es otro de los 15 imputados en la causa, que se abrió en mayo de 2007.

Las mismas fuentes han señalado que no existe prueba documental que relacione a Ripoll con este supuesto soborno. El líder del PP fue arrestado el día 6 en su domicilio por agentes de la Unidad de Delitos Monetarios. Antes de ser conducido a comisaría para interrogarle, la policía registró su casa (un chalé a las afueras de Alicante) por espacio de cuatro horas. Ripoll aseguró un día después que la policía no se incautó de nada allí, "ni documentos ni dinero".

Dos días después de su arresto, Ripoll prestó declaración ante el juez instructor del caso, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela. El magistrado lo imputó por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal anticorrupción pidió para él una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó.

El magistrado dictó el lunes un auto por el que se inhibía de varias piezas de la causa, entre ellas la que afecta a Ripoll. Esas diligencias serán remitidas a los juzgados de Alicante. San Martín firmó el miércoles otro auto en el que levantaba el secreto del sumario, decretado al inicio de la investigación, salvo en lo referido a las piezas sobre las que se había inhibido. Ripoll reconoció ayer su preocupación ante su situación judicial, y admitió que supondrá una rémora electoral: "Eso no beneficia nunca". Insistió en cualquier caso en resaltar su inocencia, y expresó su deseo de que los tiempos judiciales sean cortos. "Lo que me planteo en este momento es cuanto antes demostrar mi inocencia y, sobre todo, la actuación regular y ajustada a derecho de la Diputación y del consorcio de la Vega Baja".

Entre tanto, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, denunciaba ayer un "cierto paralelismo" entre la actitud de Ripoll y la del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. "Tras ser imputados, ambos se han escudado en el secreto del sumario para no dar información", aseguró Luna.

(www.elpais.com, 17/07/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP DE CALP OBVIÓ QUE FENOLL NO TENÍA VERTEDERO LEGAL AL CONTRATARLE LA BASURA

El caso Brugal, por el que están imputados, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, también podría tener ramificaciones en la comarca de la Marina Alta. Calp compite con los municipios de la Vega Baja por hacerse un hueco en el escándalo de los contratos de basura presuntamente irregulares.

De hecho, en febrero de 1998, el equipo de gobierno del PP adjudicó a la empresa Colsur S. L., del grupo Proambiente y propiedad de Fenoll, el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. El contrato era por 25 años y la mercantil recibía del ayuntamiento 29,88 euros por tonelada de basura compactada y trasladada a un vertedero autorizado. El pliego de condiciones establecía claramente que la concesionaria debía disponer de un vertedero legal. De no cumplirse este extremo, el entonces alcalde, Javier Morató, podía rescindir el contrato.

Colsur, S. L., como después quedaría demostrado, no contó con vertedero autorizado hasta 1999. Sin embargo, Morató y el propio Fenoll firmaron el 24 de febrero de 1998 el contrato definitivo de concesión. El gobierno calpino no puso demasiado interés en confirmar si la mercantil disponía de basurero legal. Los técnicos municipales se curaron en salud al advertir que el vertedero "aparentemente" cumplía las condiciones de legalidad.

Además, el edil de Orihuela Miguel Ángel Robles, expulsado del PP al acusar de corrupción al alcalde de ese municipio, José Manuel Medina, y al ex conseller Luis Fernando Cartagena, ya entonces aseguró que ese adjudicación era irregular. Este concejal denunció que la mercantil de Fenoll arrojaba cada día 100.000 kilos de basura de Calp en el vertedero ilegal de los Vives, en la pedanía oriolana de la Murada. Aseguraba que el suelo de ese vertedero no estaba impermeabilizado y existía el riesgo de que las filtraciones contaminaran el agua de la potabilizadora de Orihuela.

Las acusaciones de Robles, que también denunció que en tras las irregularidades en la basura había "una trama de alcaldes del PP", le valieron una querella por injurias y calumnias de Fenoll. Sin embargo, el juzgado lo absolvió en junio de 2001 al concluir que sus manifestaciones eran ciertas.

En el primer año de la concesión a Colsur, ocurrió en la planta de Calp en la que se trataba la basura para luego enviarla al vertedero un extraño episodio en el que se vieron envueltos Antonio Ángel Fenoll, encargado de Colsur e hijo de Ángel Fenoll, y Francisco Artacho, cuñado del diputado calpino del PP, Juan Roselló. Ambos y un empresario de Pego simularon un accidente para intentar cobrar una indemnización de 80.000 euros de las aseguradoras, según la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo, que los condenó por un delito de estafa.

Artacho y Roselló están imputados por el supuesto sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red transversal del agua de Calp (caso Aguas de Calpe). De hecho, el diputado provincial del PP fue la mano derecha de Javier Morató durante sus 12 años de alcalde.

Mientras Ángel Fenoll tiene una relación estrecha con Calp, otro empresario implicado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, parece tenerla con Benissa. El alcalde de este municipio y también diputado provincial del PP, Juan Bautista Roselló, fue administrador de Precios Urbanos, S. A., una mercantil del empresario alicantino. Mantuvo ese cargo en la empresa al llegar a la alcaldía en 1999. Tres años más tarde, trascendió que continuaba como administrador de una sociedad que se dedicaba a la promoción inmobiliaria.

Mientras tanto, la comisión de gobierno que presidía el propio Roselló adjudicó a Ortiz e Hijos las obras de restauración del seminario franciscano por una cuantía de 726.000 euros. El alcalde alegó que para entonces ya estaba fuera de la empresa, aunque ese cambio todavía no se había recogido en los datos del Registro Mercantil.

(www.levante-emv.com, 19/07/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL JUEZ INVESTIGA A LA ALCALDESA DE ORIHUELA Y A OTRAS 40 PERSONAS POR EL CASO BRUGAL

El magistrado Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, ha ampliado la investigación del llamado caso Brugal a una larga lista de cerca de 40 personas, entre las que se encuentran numerosos cargos públicos del Ayuntamiento de Orihuela, como es el caso de la alcaldesa, Mónica Lorente, además de miembros de la corporación oriolana del actual y del anterior mandato, como el ex regidor José Manuel Medina. En la lista también se encuentran trabajadores y ex trabajadores del empresario Ángel Fenoll, gerente de Colsur y de Proambiente e imputado tanto en la investigación por la contrata municipal de basuras de Orihuela como en la del plan zonal de residuos de la Vega Baja.

La operación Brugal se abrió en mayo de 2007 para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela. Las pesquisas se han ampliado este mes con nuevas imputaciones, también por supuestas irregularidades en relación con la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja por la diputación. Por este asunto ya han declarado como imputados este mes el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, tres ediles del consistorio oriolano, además de empresarios, como el propio Fenoll, su hijo o Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules.

En el escrito que ayer se les entregó a estas cerca de cuarenta personas, algunos de ellos en las dependencias de la Comisaría de Orihuela, se les informa de que sus nombres figuran en las diligencias de investigación del sumario y que éste continúa bajo secreto, por lo que no se les puede dar más datos. En el auto, además, se les solicita de forma escueta que colaboren facilitando su dirección a efectos de notificación. El magistrado instructor delegó este trámite, que es muy poco habitual aunque no incorrecto, en agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Al cierre de esta edición aún no se habían entregado todas las notificaciones judiciales a los afectados.

Muchos de los nombres de la larga lista comenzaron a correr de boca en boca ayer por tratarse de miembros del actual equipo de gobierno o del anterior, en ambos casos del PP. Lo más llamativo es que entre ellos se encuentran Mónica Lorente o José Manuel Medina, a quienes hasta ahora no se les había relacionado con esta causa.

Desde el equipo de gobierno un portavoz indicó que la citación sólo alude a que estas personas podrían estar incluidas en las actuaciones de investigación y que, por ese motivo, se les pedía el domicilio habitual. Las mismas fuentes negaron rotundamente que se hubiera notificado a los ediles que estén imputados. Otras fuentes en cambio sí aseguraron a este diario que, en algunos escritos del juez, sí se informa al destinatario de su imputación en el caso Brugal. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizó a muchos de los destinatarios a través del teléfono y, principalmente, del propio ayuntamiento.

Por otra parte, el PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante exigió que aclare su papel en el caso Brugal o que dimita al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, del PP, quien se defendió asegurando que no ha habido "nada irregular" y que la gestión investigada de los residuos se aprobó por unanimidad.
El popular presidió ayer su primer pleno en la diputación desde que fuera detenido. En la sesión plenaria, el socialista Antonio Amorós expresó la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll.

El presidente de la diputación respondió que "a la diputación no se le acusa de nada y a su presidente tampoco: Se le acusa al presidente del Consorcio, que aunque coincide en la persona no tiene nada que ver con la gestión de la diputación".

(www.levante-emv.com, 21/07/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE 15 AÑOS PARA FABRA POR FRAUDE FISCAL, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión y una multa de 2,3 millones de euros para Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que habría cometido entre los años 1999 y 2004. La Audiencia Provincial deberá decidir si abre juicio contra él.

El Ministerio Público considera acreditado que Fabra, "valiéndose" de su cargo "y de los contactos que tenía", se reunió en diversas ocasiones "tanto con responsables políticos como administrativos" de los ministerios de Agricultura y de Sanidad y de las Cortes Generales "para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de determinados productos fitosanitarios", elaborados por la empresa Naranjax.

Los titulares de esa mercantil eran los también acusados Vicente Vilar -que fue quien denunció a Fabra en 2003- y su entonces esposa, Montserrat Vives Plaja. Él está ahora en prisión por abusar sexualmente de ella.

En concreto, el relato fiscal describe una reunión de Fabra en julio de 1999 con el ministro de Agricultura, Jesús Posadas, en la que también participaron los diputados del PP por Castellón Juan Costa -entonces, también secretario de Estado de Hacienda- y Juan José Ortiz, y el senador de ese partido por esa misma provincia Vicente Prim.

En esa cita se habló, según el escrito del fiscal, "sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes cursadas por las empresas de los acusados Vilar y Plaja". La empresa Naranjax obtuvo en octubre de 1999 la licencia para comercializar el producto Abamectina. "Como resultado de sus gestiones, Fabra Carreras requirió al acusado Vicente Vilar para que le pagara la cantidad de 25 millones de pesetas, siéndole pagada esa cantidad", señala el fiscal Luis Pastor.

En diciembre de 1999, la esposa de Fabra, Amparo Fernández Blanes, adquirió el 50% de la sociedad que tenía la titularidad de los productos que distribuía Naranjax. El presidente de la Diputación de Castellón habría continuado con su labor de intermediación, manteniendo reuniones, según el fiscal, con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Alfredo Timermans, y el subdelegado del Ejecutivo en Castellón, Vicente Sánchez Peral.

Por último, el fiscal detalla cómo Fabra creó en abril de 2000 una empresa "para ocultar los pagos realizados por Vicente Vilar" por sus gestiones a través de una facturación falsa.

Según el fiscal, Fabra y su esposa ingresaron entre 1999 y 2004 más de dos millones de euros que "no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". Por ello, el presidente de la Diputación de Castellón tendrá, además, que indemnizar a la Hacienda Pública con 886.445 euros, más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción también concreta en su escrito de acusación las penas que solicita para su esposa, María Amparo Fernández Blanes, ocho años de cárcel, y cuatro para el empresario Vicente Vilar y su ex mujer.

El juicio contra Fabra, que se encuentra convaleciente de una operación, puede celebrarse antes de las elecciones de 2011.

(www.elmundo.es, 22/07/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE CASTELLÓN ACUSA A LA FISCALÍA DE "ACTUAR DE FORMA PARTIDISTA" CON FABRA

La secretaria general del PP en Castellón, Marisol Linares, ha manifestado que en el seno de la formación están "muy tranquilos" pese a la petición de 15 años de prisión para Carlos Fabra por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque, ha dicho, creen "en la inocencia del presidente". Linares ha asegurado que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia está "tranquilo" porque "confía en la Justicia" y ha negado que el escrito de acusación haya despertado "preocupación" en los dirigentes del partido.

Según ha sostenido, lo "único" que le preocupa al PP de Castellón "en estos momentos" es "ganar las próximas elecciones por mayoría". Hecho que se muestra convencida porque, afirma, los ciudadanos ya han valorado en los anteriores comicios "la labor" de Fabra.

Se ha preguntado también "cómo van a demostrar los peritos judiciales aquello de lo que le acusan". Ha dicho que le produce "sonrojo" que la Fiscalía pida más pena para Fabra que para el empresario Vicente Vilar, quien ya se encuentra en prisión, algo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público "no actúa igual siempre".

"Está claro que la Fiscalía Anticorrupción no actúa igual cuando tiene que calificar los casos que se abren con las siglas del PP, como es el caso de Fabra o de la actuación desmesurada en el caso Ripoll, y sin embargo actúa de forma más laxa cuando tiene que analizar casos del PSOE", ha aseverado. En ese sentido, ha acusado al organismo de actuar de "forma partidista" y de propiciar "juicios paralelos y mediáticos", al tiempo que ha asegurado que la causa abierta contra Fabra es "un juicio más que se quiere llevar a la calle".

(www.publico.es, 22/07/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DA POR HECHO QUE FABRA SERÁ JUZGADO

El inicial código ético del PP dictaba la apertura de un expediente a quien estuviera imputado en una causa penal. La "norma" se flexibilizó y los populares alargaron la estancia en el partido hasta el procesamiento. Ahora esperan la "acción de la justicia". La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dio por hecho ayer que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo para hacer frente a las imputaciones de tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales por las que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de 15 años de cárcel.

El titular del Juzgado número 1 de Nules aún no ha adoptado esta decisión, pero el PP ya se ha adelantado no solo a sentar a Fabra en el banquillo sino a anunciar que no adoptará ninguna decisión hasta que se conozca la decisión de la justicia. Sin embargo, Cospedal no especificó hasta qué momento esperará y si la primera sentencia será suficiente. "A día de hoy conocemos que se va a producir la apertura de juicio", indicó ayer en la localidad toledana de Escalonilla. "El PP respeta la acción de la justicia y vamos a esperar a lo que decida la justicia", añadió.

Para los socialistas, una cosa es la responsabilidad penal y otra la política y, según el manifiesto por la regeneración ética leído por el secretario provincial de los socialistas castellonenses, Francesc Colomer, y suscrito por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, "Fabra es el exponente principal de todo un sistema orquestado para aferrarse al poder sin frenos éticos". Colomer criticó además la "irresponsabilidad" de la dirección nacional del PP por "mirar para otro lado".

(www.elpais.com, 23/07/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA INVESTIGA AL NÚMERO DOS DE FABRA EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN POR SUPUESTO FRAUDE EN EL CENSO ELECTORAL

El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.

Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde.

Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.

Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.

No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.

(www.cadenaser.com, 19/07/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ PAGÓ AL GRUPO LATERNE POR TRABAJOS QUE NO SE REALIZARON

La entidad municipal Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) pagó al menos dos facturas por un valor total de 300.000 euros en septiembre de 2007 al grupo Laterne, que había organizado actos de la precampaña electoral de ese año a la alcaldesa Rita Barberá, en uno de los cuales, celebrado por el PP en febrero en el pabellón de El Cabanyal, recurrió a Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel. Las facturas fueron rectificadas en mayo de 2008 y la entidad, que preside Barberá, acabó pagando a City Marketing Council, SL, del grupo que presidía Vicente Sáez Tormo, otra factura de 201.846 euros por una serie de trabajos que en su mayor parte no se realizaron, ya que Laterne quebró. Entre esos trabajos figuraba un infobarómetro a partir de 800 encuestas que acabaría ejecutando otra empresa en 2009. Así lo revela la documentación de CEyD a la que ha tenido acceso este diario.

Barberá rechazó el martes dar explicación alguna sobre la aprobación de las cuentas correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 de la entidad, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, sin convocar a la asamblea, como está previsto en los estatutos. "No tengo nada más que decir", zanjó la alcaldesa, que criticó las reiteradas reclamaciones de información por parte de los socialistas.

Laterne fue encargada en 2006 y 2007 de sendos trabajos demoscópicos, en los que buscó la colaboración de firmas conocidas en el sector de las agencias de publicidad, como BSB, y de los estudios de mercado, como Empymer. El de 2006, con BSB, encargado por el Ayuntamiento, vaticinó una nueva victoria de Barberá por mayoría absoluta al año siguiente. El de 2007, con Empymer, dado a conocer días antes de las elecciones, reflejaba el apoyo mayoritario al futuro circuito de fórmula 1.

La empresa Empymer es la que ha acabado encargándose del Infobarómetro de CEyD, en su dos primeras ediciones, de 2009 y 2010.Bajo la denominación de Laterne Council (LC) o Laterne Product Council (LPC), el grupo que dirigía Sáez Tormo participó en la elaboración de encuestas para Rita Barberá, antes de hacerse cargo de organizar actos de su precampaña, como el de febrero de 2007 en el que buscó a Orange Market, sin conseguir el éxito de asistencia que esperaban los dirigentes del PP.

La encuesta de 2006 fue presentada como "infobarómetro municipal de la ciudad de Valencia" y tenía un fuerte énfasis electoral. La de 2007 fue dada a conocer en algún medio de comunicación como "una encuesta realizada por la empresa Empymer-LPC" y se centraba en aspectos como la acogida de la promesa electoral del futuro gran premio de fórmula 1 en Valencia, la opinión popular sobre la Copa del América o las exigencias al Gobierno sobre la construcción del AVE y los recursos hídricos.

Meses después de las elecciones municipales y autonómicas, la empresa City Marketing Council, constituida apenas un mes antes, giraba con fecha del 15 de septiembre de 2007 sendas facturas al Centro de Estrategias y Desarrollo, por 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Correspondían al primer y segundo pago de un proyecto global que preveía "la puesta en funcionamiento del Observatorio de la Ciudad" y la realización del primer estudio, el desarrollo del plan de marcas de Valencia, el "inicio del hospitality de la ciudad", "la realización de todas las gestiones necesarias para la potenciación de alianzas estratégicas entre operadores locales y nacionales, así como grandes marcas internacionales", y el "desarrollo de las acciones de comunicación (planificación, redacción y gestión de medios) encaminadas a comunicar tanto los proyectos como sus resultados".

El 27 de mayo de 2008, sin embargo, City Marketing Council extendía a CEyD dos "facturas rectificativas", a las que ha tenido acceso este diario, en las que, aparentemente, asumía la devolución de los 300.000 euros de las anteriores, sin ninguna explicación específica. Ahora bien, con fecha de ese mismo día, presentaba al cobro a la entidad municipal otra factura de 201.846 euros por los mismos conceptos, aunque esta vez quedaban reducidos a tres los cinco apartados inicialmente previstos y se desarrollaban más los trabajos a realizar. Así, bajo el encabezamiento de "pago a cuenta por los siguientes trabajos realizados en el contrato con fecha 13 de septiembre de 2007", la factura incluía, para la puesta en funcionamiento del observatorio de la ciudad, de cara a lo que denominaba "primer estudio", la realización de 800 encuestas, con la definición de la metodología, el diseño del cuestionario, la delimitación de distritos, la tabulación y el cruce de información, entre otros aspectos.

En relación con la "potenciación de las alianzas estratégicas" especificaba un "primer taller de herramientas de gerencia pública y política de España" y reflejaba hasta 14 "acciones de comunicación" como una gestión de artículos de opinión sobre la wifi en Valencia, una estrategia general de comunicación de CEyD, una guía de estudiantes y otras actividades que definía como "gabinete de prensa".

El hecho es que el grupo Laterne quebró poco después y Sáez Tormo dejó una larga lista de deudas con los trabajadores de sus empresas. También quedaron sin realizar la mayor parte de los trabajos reflejados en las facturas presentadas a la entidad municipal. Especialmente llamativo es el caso del estudio o infobarómetro, que había de dar algún contenido a la creación del denominado Observatorio de la Ciudad.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha alegado, en respuesta a las preguntas de la oposición socialista, que otra empresa se hizo cargo de acabar el infobarómetro de la ciudad. En efecto, hasta 2009 no se presentó el primero de esos estudios, cuyo trabajo de campo, consistente en 801 encuestas telefónicas, se desarrolló durante el mes de julio de ese mismo año.

El segundo Infobarómetro de la Ciudad de Valencia, que presentó hace poco más de un mes el primer teniente de alcalde y presidente delegado del CEyD, Alfonso Grau, se basó en 824 encuestas telefónicas realizadas en abril. La empresa encargada de la ejecución de esas encuestas ha sido Empyper, dedicada a los estudios y análisis de mercado y de opinión. Ambos documentos pueden consultarse en la página web del Centro de Estrategias y Desarrollo.

(www.elpais.com, 23/07/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AUDIENCIA RESPALDA LA IMPUTACIÓN POR PREVARICACIÓN DEL CONCEJAL BELLVER

La Audiencia de Valencia ordena que continúe la investigación por un supuesto delito de prevaricación del concejal de Urbanismo de Valencia Jorge Bellver en relación con la adjudicación del concurso por el que se construyó un aparcamiento que afecta a los protegidos Jardines de Monforte sin el preceptivo informe de Patrimonio. Lo hace respondiendo a un recurso de Belver frente a la apertura de diligencias contra él. El magistrado ponente de la sección segunda, Francisco Pastor, cree que debe seguirse investigando la autorización de las obras del aparcamiento para determinar si se hizo fuera de las exigencias legales que conocía el Ayuntamiento. A su juicio, es importante despejar el error administrativo de una decisión premeditada.

Bellver volvió a explicar a la Audiencia en su recurso que el aparcamiento que afecta a los Jardines de Monforte contó "con todos los informes favorables, en los trámites de información pública ninguna alegación sobre la cuestión debatida y que la legalidad de la tramitación del expediente no corresponde a la autoridad política que firma la resolución". Sin embargo, no explicó al tribunal por qué no solicitó en su día el preceptivo informe de Patrimonio y descargó la responsabilidad en los técnicos.

La Audiencia de Valencia, sin embargo, estima que ha quedado ya acreditado que no hubo delito contra el patrimonio y decreta el archivo de la investigación de esa infracción pese a la oposición del fiscal. "De las actuaciones practicadas hasta la fecha, este tribunal puede excluir la comisión del delito de daños contra el patrimonio histórico ya que sí se han practicado suficientes diligencias al respecto". Así lo recoge el juez.

¿A qué diligencias se refiere? Básicamente, a los informes del ecotoxicólogo forense y al de director de la fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares. Ambos descartan la relación directa de las enfermedades que sufre la flora del Jardín de Monforte y de los daños en el muro de esos jardines con las deficiencias que se atribuían a las obras del aparcamiento.

(www.elpais.com, 22/07/10)

32. REGIÓN DE MURCIA. EL TSJ LE ABRE DILIGENCIAS AL "INSUMISO" VALCÁRCEL

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) abre diligencias indeterminadas tras la denuncia de la Asociación Preeminencia del Derecho por las declaraciones públicas del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, sobre la Ley del Aborto.

En concreto, la Asociación denunció a principios de mes al presidente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia por declarar públicamente que "no hay razones suficientes para acatar" la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "pues no está en su punto final", lo que "podría ser constitutivo de un delito de suspensión ilegítima de disposición general del artículo 506 del Código Penal en vigor", según la denuncia.

Para la Asociación, la conducta de Valcárcel es típica de este artículo 506, que indica que "la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 12 años".

La vicepresidenta de la Asociación, Encarnación Martínez, calificó la conducta de Valcárcel de "inaudita temeridad de un presidente de una Comunidad Autónoma", y añadió que "si la Justicia actúa con seriedad como es lo debido", le puede costar "el cargo y hasta prisión".

Todo ello por "insubordinación contra el texto legal aunque sea de forma temporal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la petición de suspensión cautelar, ya que carece de todo tipo de atribución para ello", según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

La Asociación considera que "ni Valcárcel tiene cultura de la legalidad ni el Gobierno del Estado ejecuta sus funciones al no llevarle ante los tribunales de justicia por semejante arbitrariedad que reviste indicios de delito".

En concreto, Valcárcel aseguró que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme por parte del Tribunal Constitucional, según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

(www.vegamediapress.com, 23/07/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE DE TOTANA

El fiscal ha pedido penas que suman 11 años, 10 meses y un día de prisión para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, por los delitos de falsedad de documento público, fraude, infidelidad en la custodia de documentos, obstrucción a la justicia y amenazas, que se enmarcan en las actuaciones de la 'Operación Tótem', en la que se destapó en noviembre de 2007 una presunta trama de corrupción urbanística.

En concreto, en el primero de los escritos del Ministerio Fiscal, se solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial respecto a la persona del primer edil, que permaneció en prisión dos meses tras abonar una fianza de 70.000 euros, al tiempo que fue dado de baja en la dirección regional del PP, aunque continúa gobernando con el apoyo del partido.

Las razones del escrito de acusación, según entiende el fiscal, responden, en primer lugar, a un delito de falsedad de documento público por la posible "adjudicación irregular" en las obras de varios colegios de Totana, entre los que figuran dos aulas del centro de 'San José'. Por dicho delito, el fiscal procede que se imponga la pena de cuatro años de prisión.

El Consistorio decidió antes del verano de 2006 que se realizaran obras en diferentes colegios públicos, entre ellos el anteriormente citado, para lo que era preceptivo que se incoara el correspondiente expediente de contratación pública, aunque Martínez Andreo, por aquel entonces edil de Obras e Infraestructuras, contactó con un empresario conocido suyo, Pedro José Martínez, quien ostentaba la representación de la empresa 'UCOM 2005 S.L.', para que las llevara a cabo.

En esa misma época, el Ayuntamiento tenía previsto firmar un convenio urbanístico de 'La Costera' entre cuyos firmantes se encontraba Pedro José Martínez, de UCOM, como propietaria de parte de los terrenos objeto del acuerdo, en el que se estableció que los propietarios de las parcelas abonarían al Consistorio 6,1 millones de euros, cantidad que iría destinada a la construcción de un vial y otras infraestructuras.

Entre estas obras, Martínez Andreo incluyó las obras del colegio 'San José', quedando fijado en el convenio que aprobó la Junta de Gobierno local y se firmó el 19 de septiembre de ese año. Sobre esta cuestión, el fiscal expone que "hasta tal punto estaba claro que las obras del colegio estaban ligadas al citado convenio y que iban a compensarse con la citada deuda que tenía la empresa y que consta en acta del Consejo de Administración de UCOM, que se establece que se tenían que realizar con más premura a cambio de la firma del convenio urbanístico".

Durante el curso de las obras, el PSOE de Totana denunció ante los medios la posible adjudicación irregular de estas obras, por lo que Martínez Andreo desligó estas obras del colegio del convenio urbanístico firmado.

No obstante, tras las reiteradas solicitudes del PSOE de acceder a la documentación de estas obras, tanto Martínez Andreo como el representante de UCOM "se inventaron la burda tesis de que tales obras, sobre las que existía ya partida presupuestaria aprobada, se iban a realizar de forma gratuita por la adjudicataria, lo cual estaba muy alejado de la realidad". Toda esta operación derivó en 2007 en los juzgados de Totana, donde el PSOE municipal denunció a José Martínez Andreo.

La segunda de las acusaciones del fiscal se refieren al fraude por una operación de compra-venta de la parcela de la empresa Prados de Caravaca S.L. a UCOM 2005 S.L., por la que procede a imponer la pena de dos años de prisión.

Según el Ministerio Fiscal, Martínez Andreo, en su condición de concejal del Consistorio en mayo de 2007 y como alcalde desde junio de ese mismo año, "era perfectamente conocedor desde el principio de la maniobra que se estaba llevando a cabo entre Los Prados de Caravaca S.L. y UCOM 205 S.L., siendo incluso consultado de la forma de hacer la operación al estar interesado en la adquisición de la parcela".

Por tanto, "se llegó incluso al acuerdo con los demás acusados en autorizarles la operación, pese a ser conocedor que la plusvalía que se generaba por esta operación rondaba los tres millones de euros que podrían revertir a favor del Ayuntamiento".

Finalmente, la venta en escritura pública de Ofrisa a UCOM "no consta que se llegase a firmar, no constando si el citado consejo de administración se llegó a manifestar al respecto", aunque, en opinión del fiscal, "todos los acusados eran conocedores de la situación de gran demanda de suelo industrial por los empresarios de la zona, existiendo lista de espera".

La tercera de las acusaciones por las que el fiscal entiende que Martínez Andreo es culpable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, que contempla una pena de dos años y seis meses de prisión, se fundamenta en una "burda maniobra" entre el alcalde, un amigo --Diego Carrión-- y el oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.

En concreto, el alcalde intermedió con el oficial de dicho Cuerpo para que no se tramitara en el juzgado una denuncia interpuesta contra Diego Carrión por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En total, por los delitos de falsedad de documento público, fraude e infidelidad en la custodia de documentos el Ministerio Fiscal entiende que procede imponer una pena que sumaría ocho años y seis meses de prisión.

El segundo escrito del fiscal contempla los delitos de obstrucción a la justicia, por el que se piden dos años, seis meses y un día de cárcel; además de amenazas, que contempla una pena de diez meses de prisión.

Estos delitos responden, a juicio del fiscal, a las actuaciones que tanto el regidor totanero como el edil de Industria y Deportes, José Antonio Valverde Reina, realizaron contra el concejal socialista, Alfonso Martínez Baños, el denunciante de la operación de corrupción urbanística en Totana.

(www.vegamediapress.com, 22/07/10)

34. ISLAS BALEARES. ROTUNDO RECHAZO DEL JUEZ A LA PRETENSIÓN DEL PP DE SER ACUSACIÓN EN EL PALMA ARENA

El juez instructor del Palma Arena, José Castro, "nunca sospechó" que llegara a su mesa "el imaginativo dilema de conferir o no la condición" de víctima al PP de Balears. Pero sí se ha visto obligado a dilucidar. En el auto al que tuvo acceso ayer este diario, el magistrado rechaza la personación de este partido en calidad de damnificado por el caso de corrupción del velódromo.

Como es habitual en el juez, la respuesta rebosa contundencia. "Salvo que nos situemos en la virtual hipótesis de que resarza el sobrecoste en la construcción del recinto a los ciudadanos de la Comunidad, que son los únicos perjudicados y cuyos intereses están siendo defendidos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Comunidad, no se adivina qué perjuicio económico ha podido sufrir dicha formación política como consecuencia de la obra acometida", relata.

El PP, a través de su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, presentó el pasado día 13 la solicitud para ejercer la acusación particular, al considerarse afectado por las sospechas sobre financiación irregular. Desde ámbitos jurídicos se apunta a una maniobra para demorar la instrucción y ejercer de defensores "indirectos" de los imputados.

Para reforzar su decisión, el magistrado invoca la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revocó la personación del PP en el caso Gürtel. A partir de ahí, el magistrado saca los colores a los populares. "Todos los indicios de abrumadora racionalidad apuntan en sentido diametralmente opuesto [merma de patrimonio], pues parece ser que se vio favorecido con la posibilidad de diseñar la campaña electoral de 2007 [...] sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".

Para Castro, la denominada ´pena del telediario´ es fruto de su comportamiento. "Que el conocimiento de estos datos enturbie la imagen del partido no le convierte a éste en perjudicado ni en víctima de nadie. Simplemente, es la obvia consecuencia de los actos propios", resalta.

El auto deja una advertencia crematística de cuidado. El PP de Balears tiene "el innegable derecho a defenderse" de las imputaciones que pesan sobre él, "pero ocupando el lugar que le corresponde, que es el de posible responsable civil subsidiario y para hacer frente a las derivaciones indemnizatorias que puedan declararse en su contra".

Respecto a la posibilidad de que los hechos incriminatorios se desvanezcan, al magistrado no le duelen prendas en admitir que el PP tiene el derecho "a ejercitar las acciones legales que entienda conveniente, sin excluir a este instructor, pero para ello deberá aguardar su momento".

Por su parte, el secretario general del PP balear, Miquel Ramis, garantizó ayer que no ha existido financiación ilegal de su partido y, sobre la personación como acusación particular, explicó que no pretende acusar a ninguno de sus compañeros, sino "contribuir a aclarar las cosas" en el caso Palma Arena. Ramis insistió en la importancia de intervenir como damnificado, con el fin de acceder al expediente y saber "quién ha hecho las cosas mal y de qué forma ha perjudicado al PP".

(www.diariodemallorca.es, 17/07/10)

35. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ENCARCELÓ A ALÍA AL CONSIDERAR QUE ERA EL RECAUDADOR DEL IBATUR

El juez que investiga las presuntas irregularidades en la empresa pública Ibatur cree que Juan Carlos Alía, el ex gerente de la empresa pública, era el recaudador de las comisiones que supuestamente cobraban los responsables de la conselleria de Turismo. El pasado sábado, el juez, antes de enviar a prisión a Alía, le preguntó varias veces si era cierto que las comisiones que habría cobrado las repartió después con más personas.

Su respuesta fue siempre la misma: ni había cobrado dádivas ni, por tanto, tampoco las había repartido. Sin embargo, el juez sospecha que Alía fue recompensado de alguna forma por haber asumido toda la culpa en el caso Rasputín, y tras abandonar el cargo en Ibatur, siguió realizando un trabajo en la sombra que le fue recompensado.

Juan Carlos Alía ingresó en prisión tras delatarle el propietario de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartomeu Morey, que confesó que el ex gerente de Ibatur le había exigido una comisión a cambio de su contratación. Esta declaración fue suficiente para que el juez ordenara el ingreso en prisión del ex alto cargo del PP. Alía se convirtió en el primer político encarcelado por cobro de comisiones, que él niega. Los otros políticos que ingresaron en la cárcel por lo mismo siempre habían reconocido estos cobros.

El empresario Morey, que también fue detenido aunque salió en libertad con cargos y sin fianza, afirmó que Alía no sólo le exigió una comisión –que cifró entre el 10 y el 15 %– mientras fue gerente de Ibatur. Cuando abandonó el cargo político le siguió reclamando este porcentaje de la facturación, que él le entregaba en metálico. .

Bartomeu Morey también afirmó que Alía utilizó su influencia política para conseguirle contratos con otras administraciones públicas dirigidas por el PP. En compensación por esos contratos, también le exigió una comisión del diez por ciento de la facturación. La empresa Centro de Comunicación Creativa, propiedad de Morey, firmó varios contratos en la anterior legislatura con el Ib-Salut y la Fundación Balears Sostenible, que dependía de la conselleria de Turismo.

El empresario sostuvo ante el juez que para recuperar el dinero que pagaba de comisión tuvo que inflar facturas a Ibatur y que la conselleria de Turismo se las pagó sin ningún reparo. También explicó que tuvo que emitir varias facturas falsas a Alía, para justificar el pago de dádivas por trabajos que nunca había realizado.

Alía, defendido por el abogado Llorenç Salvà, negó el cobro de comisiones, pero mantuvo que había trabajado para la empresa de Morey como asesor turístico, y además le consiguió varios clientes. Por tanto, afirmó que el dinero que facturó a esta empresa respondía a servicios profesionales y no al pago de comisiones. En cualquier caso, negó que los contratos que consiguió para el Centro de Comunicación Creativa los lograra gracias a la influencia política que tenía con el anterior Govern del Partido Popular.

Sin embargo, los investigadores creen que Alía fue recompensado desde la conselleria de Turismo por haber asumido toda la responsabilidad del escándalo Rasputín y que por ello se le permitió continuar cobrando el dinero de las comisiones de los empresarios que se contrataban.

(www.diariodemallorca.es, 23/07/10)

36. ISLAS BALEARES. LA OPERACIÓN QUE DEJA TRADUCCIONES AL CHINO Y SUPUESTAS COMILONAS CON 1.500 INVITADOS

A la operación Pasarela se le podía haber añadido el adjetivo ´multitudinaria´, visto el elevado número de personas que desfilan por los juzgados, implicados en el supuesto enriquecimiento con fondos procedentes de la conselleria de Turismo y, en concreto, de su Instituto Balear del Turismo (Ibatur), que la actual consellera del ramo, la socialista Joana Barceló, ha eliminado ante la mala fama que ha adquirido dentro y fuera de las fronteras baleares.

Por el Ibatur cayó la anterior cúpula de la conselleria de Turismo, en manos de UM, ya con el Govern de Antich. Y ahora el juez Juan Ignacio Lope Sola y los fiscales desentrañan los desbarajustes de la pasada legislatura. De las primeras indagaciones se ha conocido el pagó de 6.000 euros por traducir el nombre del citado instituto al chino mandarín. Cada letra le costaba a las arcas públicas 6.000 euros.

El dinero fue a parar al ex concejal del PP de Lloseta y sobrino político de Jaume Matas, Felip Ferré, quien ya fue detenido en la operación Scala por pagar comisiones a Antònia Ordinas, ex gerente del CDEIB. La operación Pasarela también nos ha dejado una comida en Polonia para, supuestamente, 1.500 comensales que asistían a un evento para captar turistas de aquel país.

Las explicaciones del empresario Kamal Dorai, encargado del ágape, no han convencido ni a los policías ni a los fiscales, que tratan ahora de confirmar que las facturas de dicho almuerzo se hincharon o, incluso, se falsificaron.

Y entre tanto desmán, subyace la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del Partido Popular. La Policía sospecha que las empresas de publicidad implicadas recibieron un trato de favor del partido a cambio de los millonarios contratos conseguidos en la conselleria de Turismo.

Cuatro responsables de área del Ibatur reconocieron que manipulaban expedientes de contratación para favorecer a un determinado número de sociedades. Los empleados públicos revestían de legalidad los encargos a estas empresas. Las indagaciones, indican las fuentes consultadas, sólo han hecho que comenzar.

(www.diariodemallorca.es, 19/07/10)

37. ISLAS BALEARES. DETENIDO EL PRINCIPAL PROMOTOR DE FERIAS Y MÍTINES DE MALLORCA

Miquel Jaume Pérez, dueño del grupo Trui, principal promotor de espectáculos, organizador de ferias y mítines políticos de Mallorca, ha sido el decimosexto detenido por presunta relación con la trama delictiva Ibatur/operación pasarela. La detención se produjo ayer, en la tercera semana de actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Ibatur/operación pasarela de supuesta malversación de fondos públicos y cobro de sobornos (de hasta el 10%, según un acusado) en el Instituto Balear de Turismo, bajo la Administración del PP de Jaume Matas.

Sobre Jaume Pérez recaen sospechas de supuestos pagos de comisiones ilegales a las autoridades públicas y una posible relación con episodios de posible financiación irregular del PP. Jaume montó actos electorales a diferentes partidos, aunque el PP fue su principal cliente electoral y logró cuantiosas adjudicaciones del Gobierno de Matas.

De los detenidos en este caso, el ex gerente de Ibatur, Juan Carlos Alía, está en prisión provisional; el último gestor, Raimundo Alabern, pagó una fianza de 350.000 euros, y el ex secretario de la empresa, Miquel Àngel Bonet, depositó 250.000 euros para eludir la cárcel. Los tres se han desvinculado del PP tras quedar imputados.

En 1995, Miquel Jaume, de Trui, estuvo involucrado en el caso Sóller por ser el receptor de uno de los talones fraccionados de los 300.000 euros de las comisiones del PP del ex presidente Gabriel Cañellas que Jaume ingresó en la cuenta de una persona fallecida para ocultarla al fisco.

(www.elpais.com, 20/07/10)

38. ISLAS BALEARES. LA POLICÍA INVESTIGA SI EL DUEÑO DE TRUI FINANCIÓ TAMBIÉN LA CAMPAÑA DEL PP

El Grupo de Delincuencia Económica está investigando si Miquel Jaume, dueño del Grupo Trui, ayudó también a financiar la campaña electoral del PP balear, con el montaje gratuito de varios actos, en agradecimiento por los millonarios contratos que firmó con el Instituto Balear del Turismo (Ibatur). El empresario seguía ayer detenido a la espera de que hoy se le tome declaración. El Grupo de empresas Trui mantuvo durante la anterior legislatura una estrecha relación con Ibatur, empresa pública del Govern encargada de la promoción turística. A esta empresa se le otorgaron los más elevados contratos por el montaje de los stands que la conselleria de Turismo presentaba en las más importantes ferias turísticas que se celebran cada año en distintas ciudades principalmente del extranjero.

La Policía ha constatado que una vez que Trui conseguía un contrato, y ya iniciado el correspondiente trabajo, Jaume solicitaba una ampliación del presupuesto a Turismo. Han sido varios los casos en los que el empresario consiguió que Ibatur le autorizara la ampliación del presupuesto que en muchas ocasiones llegó a doblar la partida inicialmente aprobada. Los investigadores sospechan que una parte de este aumento del coste inicial se podría haber destinado al pago de comisiones a los responsables políticos de la Conselleria.

La estrecha sintonía de este grupo empresarial del negocio del espectáculo y el Partido Popular es una situación que están analizando los investigadores, que dedicaron la jornada de ayer a revisar toda la documentación intervenida en el registro realizado el pasado lunes en la sede de Marratxí. Según fuentes próximas a la investigación, se ha constado que Trui facturó durante la anterior legislatura a Ibatur unos 8 millones de euros. Ahora se está analizando contrato por contrato para comprobar si las facturas cobradas respondían a los trabajos realizados o, en cambio, las cantidades se inflaron para justificar el desvío de una parte del dinero.

Lo cierto es que durante la época en la que Ibatur estuvo gobernada por el PP, la empresa de Miquel Jaume se llevó los contratos más elevados. Trui se encargó del montaje de los grandes eventos de promoción turística. No había stand de una feria turística donde Ibatur pretendía promocionar el turismo de Balears que no se contratara a Trui. Aunque existía la obligación legal de convocar un concurso público para estos proyectos, debido a su alto coste económico, muchos de los contratos se daban directamente a Trui, según ha descubierto la Policía.

(www.diariodemallorca.es, 21/07/10)

39. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN EL PAGO DEL 'GOVERN' AL INSTITUTO QUE DIRIGÍA URDANGARIN

El juez de Palma de Mallorca que investiga el incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas (PP) y su gestión pública entre 2003 y 2007 intenta esclarecer el destino de los 1,2 millones de euros que el Govern destinó a la creación de un foro internacional de turismo y deporte. El evento estaba organizado por el Instituto Noos, que entonces presidía el duque de Palma y marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

El magistrado Castro ha ordenado al instituto, de la que el ex jugador de balonmano se desentendió en 2006, que acredite la inversión de los fondos recibidos y que aporte las justificaciones de gasto.

El proyecto se tradujo en unas jornadas de tres días en Palma. Es la 25ª pieza que el magistrado José Castro separa de la complicada causa. El pasado mes de mayo ya solicitó todo el expediente al Gobierno balear, que hoy controla mayoritariamente el PSOE (partido que, de hecho, denunció los pagos mientras estaba en la oposición).

Ahora ha recibido la documentación y considera que el asunto tiene entidad suficiente como para desgajarlo de la investigación general, dos años después de que arrancase.

Entonces, la instrucción comenzó con las pesquisas en torno a un supuesto desvío de fondos en la edificación del velódromo de Palma, pero ha acabado convirtiéndose en una revisión exhaustiva de toda la gestión pública del Gobierno de Matas, quien se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros (abonados puntualmente a través de un crédito) por esta causa.

(www.elmundo.es, 22/07/10)

40. ISLAS BALEARES. EL DUEÑO DE TRUI DICE QUE LE OBLIGARON A FRACCIONAR LAS FACTURAS AL GOVERN

Miquel Jaume, el dueño de la empresa de espectáculos Trui que se encuentra en libertad bajo fianza de 15.000 euros, reconoció el pasado miércoles ante el juez que la empresa Ibatur, que le contrató para construir todos los stands de las ferias turísticas, le obligaba a fraccionar las facturas. Sin embargo, el empresario niega que pagara algún tipo de comisión o hiciera regalos a los responsables de esta empresa de la conselleria de Turismo a cambio de su contratación.

El empresario del sector de los espectáculos reconoció que nunca puso reparos a presentar facturas fraccionadas por un mismo trabajo, pero insistió en que en ningún caso se inflaban los precios. Dijo que se trataba de un sistema contable que suelen utilizar muchas administraciones para las que ha trabajado.

En la anterior legislatura, el Grupo Trui facturó alrededor de ocho millones de euros a Ibatur. Jaume reconoció que era cierto que muchas de las contrataciones que consiguió se las dieron directamente a su empresa saltándose la obligación de convocar un concurso público. En su descargo, afirmó que Trui ofrece una serie de servicios que no ofrecen otras empresas en Mallorca.

Por otra, la Policía está investigando si la empresa Trui regaló el montaje de una fiesta que organizó el hermano de Raimundo Alabern, ex gerente de Ibatur. El familiar fue citado como testigo y negó que hubiera recibido un trato de favor de esta empresa, si bien no pudo aportar la factura que, según él, había pagado a Trui.

(www.diariodemallorca.es, 23/07/10)

41. PRINCIPADO DE ASTURIAS. IRREGULARIDADES EN EL RECHAZO DEL PP ASTURIANO A LA CANDIDATURA DE CASCOS

Aún está por ver si el exministro Francisco Álvarez Cascos será o no candidato del PP en Asturias. Lo que es una certeza es que la posibilidad de su regreso a la política inquieta, especialmente en su propio partido. Ayer, sin ir más lejos, uno de los vocales del comité electoral de los conservadores asturianos, Ángel Benjamín Vilaboa, denunció que ese órgano del PP falsificó su firma en el comunicado difundido horas antes para descartar la posibilidad de que Cascos fuera el candidato en las autonómicas del 2011.

Vilaboa realizó incluso una declaración notarial en la que sostiene que no se ha producido ninguna reunión formal del comité electoral del PP asturiano y que el "supuesto acuerdo" alcanzado por la unanimidad de ese órgano no existe, dado que él fue consultado telefónicamente y se negó "rotundamente" a excluir al exministro. El comité electoral le desmiente y afirma que apoyó el texto "ante testigos".

(www.elperiodico.com, 17/07/10)

42. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL SECTOR AFÍN A CASCOS EN EL PP ASTURIANO LE RINDE UN HOMENAJE

Una semana después de que las juntas locales del PP de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, de acuerdo con la dirección del PP de Asturias y las Nuevas Generaciones, emitieran un comunicado rechazando a Francisco Álvarez-Cascos como candidato al Principado, sus fieles han reaccionado. Lo han hecho convocando para esta noche una "jornada de amistad" en un restaurante de Gijón.

El homenaje, convocado bajo el lema "Por la mayoría natural con Francisco Álvarez-Cascos", contará, según los organizadores con más de 500 asistentes. Cada uno de ellos ha pagado 15 euros por asistir.

La velada consistirá en una degustación de platos típicos asturianos. Los organizadores, que se definen como "un grupo de gijoneses independientes" no prevén contar con la presencia del ex ministro de Fomento de José María Aznar, por lo que su reacción al comunicado difundido por el PP asturiano hace una semana se hará esperar.

Las fuentes consultadas aseguran la posibilidad de que Álvarez-Cascos rompa su silencio el próximo 1 de agosto en Valencia de Don Juan (León, donde acudirá a un acto en el que se le nombrará paisano de honor del día de Asturias.

(www.publico.es, 23/07/10)