ÍNDICE

1. RAJOY SE HA SUBIDO EL SUELDO NETO 1.000 EUROS "Y BASTANTES MÁS" DESDE 2007

2. RAJOY VUELVE A ESCONDER LA TIJERA DE LOS RECORTES PARA PROMETER MEDIDAS QUE GENERARÍAN 30.000 MILLONES DE DEUDA

3. RAJOY SE NIEGA A RESPETAR LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES SI LLEGA AL GOBIERNO

4. EL PP QUIERE REORDENAR EL ESTADO Y PRIVATIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES

5. RAJOY RETOMA EL "AQUÍ NO CABEMOS TODOS"

6. EL PP AUMENTA LA PRESIÓN AL GOBIERNO PESE A LOS DATOS QUE RECIBE SOBRE ETA

7. EL PP DEFIENDE LA "SENSIBILIDAD" DE DE LA RIVA HACIA LA IGUALDAD

8. "BASTA YA DE HOMOFOBIA EN EL PP"

9. UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA "TREGUA TRAMPA" DIVIDE AL PP

10. GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS

11. GALICIA. BALTAR INTEGRÓ EN SU FINCA TIERRAS DE VECINOS QUE EMPLEÓ EN LA DIPUTACIÓN

12. COMUNIDAD DE MADRID. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE

13. COMUNIDAD DE MADRID. 20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SOLO HA ABIERTO 12 CENTROS DE SALUD DE LOS 55 QUE PROMETIÓ

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AMPLÍA UNA SEMANA EL PLAZO PARA APROBAR EL RECORTE DE LIBERADOS

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DEBATA SOBRE SÁNCHEZ DRAGÓ

17. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN HA AUMENTADO EL IBI UN 200% DURANTE SU MANDATO

18.COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE POZUELO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN

19. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA RENUNCIA A SU ESCAÑO EN EL PARLAMENTO REGIONAL

20. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CONVIERTE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 'REINO' DE LA IMPUNIDAD

21. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

22. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ DE LA RÚA QUIERE SEGUIR CON LOS CASOS DE CAMPS

23. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA 'BRUGAL' SE FINANCIÓ DESDE PARAÍSOS FISCALES

24. LA POLICÍA HALLA EL RASTRO DE BIENES OCULTOS DE RIPOLL

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL "DESMESURADO PATRIMONIO" DEL PRESIDENTE Y SU MUJER ALERTÓ AL FISCAL

26. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EMPRESARIO ADVIRTIÓ A LA CÚPULA DEL PP DE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA

27. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL PIDIÓ UN MILLÓN POR LA CONTRATA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FUNDACIÓN DE TURISMO TRANSFIRIÓ 1,5 MILLONES QUE OCULTÓ EN SUS CUENTAS

29. COMUNIDAD VALENCIANA. JUAN COSTA PASA A LA EMPRESA PRIVADA Y RENUNCIA A SU ESCAÑO DEL PP

30. COMUNIDAD VALENCIANA. OCHO IMPUTADOS POR EL FRAUDE URBANÍSTICO EN POBLA DE FARNALS

31. CASTILLA Y LEÓN. PONFERRADA RECTIFICA Y ADMITE A PERSONAS "AMANERADAS" COMO BOMBEROS

32. CASTILLA-LA MANCHA. INCREÍBLE PERO CIERTO: COSPEDAL PROPONE QUE LOS DIPUTADOS MANCHEGOS REDUZCAN UN 15% SUS SUELDOS

33. REGIÓN DE MURCIA. 500 MILLONES TIRADOS

34. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PUDO COMETER PREVARICACIÓN CONTRA LA FAMILIA BAEZA

35. ISLAS BALEARES. BAUZÁ SE REÚNE CON LOS BARONES PARA INTENTAR SOFOCAR LA CONTESTACIÓN INTERNA

36. ISLAS BALEARES. EL PP ESTUDIA EMPRENDER ACCIONES LEGALES CONTRA JUECES, FISCALES Y LA POLICÍA

37. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP NO LOGRA PACIFICAR LA GUERRA DESATADA POR CASCOS

 

38. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL ALCALDE DE OVIEDO PIDE A RAJOY QUE NO CEDA ANTE CASCOS

 

 

 

1. RAJOY SE HA SUBIDO EL SUELDO NETO 1.000 EUROS "Y BASTANTES MÁS" DESDE 2007

Han pasado poco más de tres años desde aquella mañana de abril en que Mariano Rajoy, tras una semana de silencios y evasivas, desvelara su sueldo: "Cobro 3.000 euros como diputado por Madrid y 5.000 más como complemento del Partido". Tres años después, el líder del PP cobra bastante más, aunque, como todo lo que le rodea, la cantidad exacta sea un misterio. Así lo confesaba hoy en una entrevista para El País: "Pues yo debo ganar unos seis mil y bastantes más euros netos al mes, más mi asignación de casi 3.000 euros por mi condición de diputado".

Entre aquel salario de hace tres años confesado con sacacorchos y la cantidad de ahora, no sólo median 1.000 euros y "bastantes más", sino la peor crisis económica que ha sufrido la España democrática y ante la que el PP exige responder con la mayor austeridad posible. Tanta austeridad que incluso se plantea hacer "algo similar a lo que ha hecho (David) Cameron" en Reino Unido con el mayor recorte social desde la Segunda Guerra Mundial.

Si la semana pasada era María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, quien echaba por tierra el discurso de austeridad de su partido, ahora es el propio presidente el que desvela que, sólo en la cantidad neta, se ha subido el sueldo 1.000 euros "y bastantes más" en los últimos tres años. Según el propio Mariano Rajoy, además de los 3.000 euros que recibe como diputado por Madrid (que ya cobraba en 2007 y que en gran medida están exentos de retenciones), cobra "unos seis mil y bastantes más euros netos al mes". Una cantidad mayor de los 5.000 que se embolsaba hace tres años.

Asumiendo que Mariano Rajoy cobre esa cantidad en catorce pagas, la cantidad bruta anual estaría ligeramente por encima de la declarada por María Dolores de Cospedal en las Cortes de Castilla La Mancha (167.864 euros anuales). En el extraño caso de que a Rajoy le prorrateasen las pagas en su partido, estaríamos ante la incongruencia de que el jefe cobrase menos que su subalterna.

(www.elplural.com, 31/10/10)

2. RAJOY VUELVE A ESCONDER LA TIJERA DE LOS RECORTES PARA PROMETER MEDIDAS QUE GENERARÍAN 30.000 MILLONES DE DEUDA

Mariano Rajoy se ha permitido coger vacaciones este puente de Todos los Santos. No le ha hecho falta convocar ningún mitin este fin de semana porque tiene a su disposición la portada del periódico de mayor difusión de España para colocar su mensaje político. Sin embargo, y a pesar de que el director de El País, Javier Moreno, le aprieta las tuercas, es casi imposible descubrir cuál es su programa económico. Se muestra partidario de un plan de ajuste "similar a lo que ha hecho (David) Cameron", en Reino Unido y que supone el mayor recorte social desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se niega a explicar dónde metería él la tijera.

No se compromete a retirar la reducción salarial a los funcionarios, le gustaría ampliar el periodo de cotización de las pensiones, no le agrada el número de empresas públicas existentes en España, se muestra partidario de "incentivar" que los trabajadores se jubilen más tarde…

Desde luego, Mariano Rajoy no es un hombre que se dedique a hacer cuentas: "En este momento no tengo los cálculos encima de la mesa" es la frase que resume gran parte de su política económica. El problema es que su entrevistador sí lleva los deberes hechos de casa y se encarga de dejarle en evidencia en muchas ocasiones. Como cuando le demuestra que "hay algo que no cuadra" cuando no dice que recortará, pero se dedica a quitar impuestos por doquier.

Bajar el impuesto de sociedades a Pymes, dejar sin efecto la subida del IVA (que sólo en dos meses ha recaudado 630 millones), un IVA súper reducido al turismo… Son algunas de las medidas propuestas que Rajoy hace en la entrevista. En total, según cálculos de Moreno, y sumando la escasa decena de medidas que ha propuesto el PP en estos meses, suponen "una merma de 30.000 millones en ingresos para el Estado, lo que representa unos tres puntos más de PIB de déficit". Algo que no debería entrar en los "cálculos" de quien considera "capital" fijar por ley el techo de deuda del país.

Rajoy insiste una y otra vez en que el jamás habría congelado por un año las pensiones. En todo lo restante y tocante a las jubilaciones, barra libre: Apuesta por aumentar el periodo de cálculo de la jubilación, lo que supondría en la mayoría de los casos una menor retribución. También aboga, veladamente, por aumentar la edad de jubilación, ya que "la media en España son los 63 (años). Y yo creo que habría que introducir estímulos para que la gente siguiera trabajando.

El recorte de salario a los funcionarios lo cambiaría, o no, en función de "cuál sea la situación económica del país en el momento en que yo esté en el Gobierno". Y sobre las ayudas a los parados, otra ración de ambigüedad: "No es mi intención recortarlas en estos momentos".

Rajoy se niega a desvelar qué hará si llega al Gobierno excusándose en que Zapatero no ha cumplido compromisos de la campaña electoral como llegar al pleno empleo. "Yo nunca haré eso. Hemos concretado donde teníamos que concretar". Ni falta que hace, en realidad, porque ante la pregunta de si "aplicará medidas que no haya detallado antes en su programa electoral", Rajoy lo deja claro: "No, salvo que aparezcan circunstancias sobrevenidas que yo desconocía". Si a su admirado David Cameron le valió esa excusa cuando llegó a Downing Street, bien podría emularla él desde la Moncloa.

(www.elplural.com, 31/10/10)

3. RAJOY SE NIEGA A RESPETAR LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES SI LLEGA AL GOBIERNO

En el campo de la política, al igual que en el de la economía, es muy difícil que Mariano Rajoy deje de jugar al escondite y así lo deja ver en su entrevista de hoy en El País. Sin embargo, el líder del PP sí deja una cosa clara de cara a un futuro encargo de Gobierno: no se compromete a mantener la ley del aborto ni la del matrimonio homosexual, por muy favorable que sea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ellas. Por lo demás, deja abierta la puerta a brindar a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco si CiU le da su apoyo para convertirle en presidente del Gobierno.

En lo que se refiere a la corrupción política, a Mariano Rajoy no parece importarle mucho presentar una lista electoral en Valencia repleta de políticos imputados. Tampoco debe ser un tema que le quite el sueño ya que reconoce que "ni siquiera sé si está imputado Camps por el famoso caso de los trajes...".

"No me gusta lo del matrimonio (homosexual), y creo que no es constitucional", asegura Mariano Rajoy en la entrevista de El País. El director, Javier Moreno, le recuerda que hace dos años, de cara a las elecciones se mostró aún más ambiguo en este tema, y le insiste en si se "compromete a mantenerla" si el Tribunal Constitucional la avala (ante el recurso presentado por su partido). Y Rajoy, por una vez, es tajante: "No".

En lo que se refiere a la Ley del Aborto, Rajoy también anuncia su intención de echar la reforma por tierra. No sólo promete que propondrá "reformar" que entre los 16 y los 18 años las mujeres puedan abortar sin permiso paterno, sino que también cambiará que se pueda interrumpir el embarazo libremente en las 14 primeras semanas. O sea, el núcleo de la ley.

Mariano Rajoy es un hombre conservador al que no le gusta "cambiar las reglas del juego" y por eso no le hace mucha gracia la idea de dar a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco. Ahora, si esa es una exigencia de CiU para darle el apoyo necesario para ser presidente del Gobierno, Rajoy responde: "La gente tiene la suficiente inteligencia para saber lo que es razonable y sensato, y lo que debe hacer". Y que cada cual interprete lo que quiera.

Sobre por qué presume de haber expulsado de Génova a los responsables del caso Gürtel, pero no evitó que camparan a sus anchas por Valencia y Madrid, Rajoy asegura que "no me volví a preocupar del asunto porque, claro, uno no está en esas cosas". Desde luego, Rajoy es un hombre al que no le gusta "estar" a ciertas "cosas". Él dedica "cero segundos" a "los eslóganes" y "los carteles", aunque los encargados de ello puedan haber dado pie a la mayor trama de corrupción de la democracia.

Tampoco es que la corrupción política sea fuente de los desvelos para Mariano Rajoy, de hecho, "en Valencia no sé qué personas están imputadas en este momento. Ni siquiera sé si está imputado Camps por el famoso caso de los trajes…". Por suerte, para él, el entrevistador se lo deja claro: "Sí, sí está imputado, claro…". Pero eso es lo de menos, porque Rajoy no cree que "un dirigente se venda por tres trajes. Y como conozco al señor Camps y sé que es una persona honrada, lo digo".

Respecto a la política antiterrorista, Rajoy asegura que su partido seguirá apoyando al Gobierno bajo las "premisas" de "eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no negociación con ETA". Asegura que se "siente informado" por el Gobierno en este tema, aunque no deja pasar la oportunidad de sembrar dudas: "Lo que no sé es si se me cuenta todo". Sobre el futuro de Batasuna, Rajoy no parece aceptar que la formación pudiera rechazar la violencia, ya que sólo podría presentarse a las elecciones "con la condición de que ETA se disuelva".

Además, en lo que se refiere al alcalde de Valladolid, reconoce que no le envió un SMS sino que le llamó: "Yo llamé al alcalde de Valladolid el domingo pasado y le dije que se había equivocado, que celebraba su rectificación y que ahora iba a pasar unos días malos. Y también le dije que el que comete un error y pide perdón se ennoblece. Y el que no acepta el perdón, se envilece. Eso fue lo que le dije". Ante la crítica de que no le haya corregido en público, Rajoy se escuda en que lo está haciendo ahora, en esa entrevista.

(www.elplural.com, 31/10/10)

4. EL PP QUIERE REORDENAR EL ESTADO Y PRIVATIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES

No hay agenda oculta, sino propuestas de calado asumidas abiertamente, aseguran en tromba estos días dirigentes del PP. Todos siguen la senda marcada por Mariano Rajoy en una entrevista, en la que fijaba como referencia el plan del primer ministro británico, David Cameron. Aunque con matices, porque el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, aseguró a este periódico que las propuestas británicas incluyen medidas que no son exportables a España -como la devaluación de la moneda o el recorte del Ejército-, pero sí lo son la reducción del gasto público, el mantenimiento del Estado de bienestar o la eliminación de gasto superfluo.

El propio Rajoy ya avanzó el pasado día 26 en Santander su propuesta de acometer privatizaciones -las denominó "liberalizaciones"- en sectores como aeropuertos y trenes. Lo que el PP detalló va más allá, y se concreta en la privatización de la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia. En esa línea, Montoro explicó que esa gestión puede ser más eficaz desde la iniciativa privada. Al respecto recuerda que tal propuesta está incluida en la ponencia aprobada en el congreso nacional del PP de Valencia en 2008 y en otros textos de congresos regionales del PP posteriores.

Por ejemplo, el PP de Madrid aprobó en septiembre de 2008 una ponencia bajo el título Ideas para la acción que hablaba expresamente de la gestión privada en los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y seguridad. Esa ponencia partía de la "baja productividad del sector público en esas actividades, en comparación con el sector privado, lastrando en consecuencia la productividad global de toda nuestra economía", y propone "la potenciación de fórmulas de colaboración con el sector privado y la prestación de servicios por nuevos operadores privados que pueden aportar su mayor especialización". Eso "permitiría avanzar en la eficiencia y calidad de los servicios públicos, promoviendo un aumento de la productividad del conjunto de la economía al producirse la ruptura de la posición dominante del sector público".

La cesión a empresas privadas de servicios sociales ha sido puesta en marcha ya por el PP en Valencia y en Madrid en asuntos como la sanidad. Y es asumida por la dirección nacional del partido. Además, explica Montoro, el elemento diferencial de España es el Estado autonómico, y de ahí es de donde es posible recortar para reducir el gasto público. Por eso, la prioridad del PP será lo que llama la "reordenación del Estado", para bajar el gasto público simplificando las competencias. Asegura que en España hay materias que están a la vez gestionadas por las tres Administraciones: la estatal, la autonómica y la municipal.

El objetivo del PP es adelgazar la Administración simplificando esas competencias y evitando duplicidades, como ya subrayó Rajoy recientemente en una conferencia en Santander. En opinión de Montoro, la situación actual lleva al despilfarro. Su control permitiría la reducción del déficit sin más medidas de recorte social.

Montoro explica que es prioritario que las medidas que tengan que ver con asuntos sociales estén en manos de los Ayuntamientos, que son los que tienen contacto próximo con los ciudadanos. De hecho, el 30% de las competencias que tienen los Ayuntamientos son las llamadas "impropias", que nunca han sido asumidas, transferidas o valoradas, pero las ejercen porque las otras dos Administraciones no las asumen.

Su propuesta pasaría porque los Ayuntamientos se hicieran cargo de la mayoría de las políticas sociales. Ya las tienen en la práctica, y necesitarían que se les reconociera y financiara.

(www.elpais.com, 02/11/10)

LAS FRASES DE RAJOY

- Jubilación: "Sí, yo creo que eso hay que hacerlo [aumentar el periodo para el cálculo de la jubilación]. Yo creo que habría que introducir estímulos para que la gente siga trabajando hasta los 65".

- Paridad: "No mantendría la paridad en los Gobiernos. Yo podría tener más mujeres o más hombres, según su capacidad".

- Aborto: "Estoy absolutamente en desacuerdo con que una niña de 16 años pueda abortar sin el conocimiento de sus padres. (...) Esta ley [la del aborto] no protege suficientemente el derecho a la vida porque permite libertad total en las primeras 14 semanas. Propondré reformarla".

- Ley de matrimonio homosexual: "No me gusta lo del matrimonio y creo que no es constitucional". Preguntado por si mantendría la ley si la avala el Tribunal Constitucional, Rajoy responde con un "no" rotundo.

- Elecciones catalanas: Sobre la propuesta del líder de CiU, Artur Mas, de conseguir en Cataluña un concierto similar al vasco, Rajoy aboga por "la Constitución, que no habla de eso". Si Mas se lo exigiera para apoyarle tras las generales, Rajoy dice: "La gente tiene la suficiente inteligencia para saber lo que es razonable y sensato".

- Identificación de inmigrantes: "Lo que nunca podemos mandar es un mensaje de que el señor que está ilegalmente en España tiene derecho a estar ilegalmente en España".

- Mayorías cualificadas: "Voy a proponer consensos para elevar algunas de las mayorías cualificadas", como la reforma de estatutos o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a dos tercios de la cámara frente a la actual mayoría absoluta.

(www.elpais.com, 02/11/10)

5. RAJOY RETOMA EL "AQUÍ NO CABEMOS TODOS"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido este martes de que no se puede hacer creer a un inmigrante que puede estar en España ilegalmente: "Es un mensaje peligroso hacer ver que el que está ilegal tiene derecho a estarlo", ha dicho.

"Yo soy gallego, y como un pueblo que emigró para ganarse la vida, siempre estaré a favor (de la inmigración) pero la capacidad de acogida de un país no es ilimitada, se debe hacer con orden y control como siempre fue", ha subrayado Rajoy.

En un mitin de precampaña ante 1.500 simpatizantes en Cunit (Tarragona), el presidente del PP ha recordado que España es el segundo país europeo con más inmigrantes, por detrás de Alemania y por delante del Reino Unido y Francia.

 

Además, Rajoy ha considerado  que "sobran la mitad de la mitad" de las 3.800 empresas públicas que existen en España y que deben el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB).

Rajoy ha señalado que la prioridad básica hoy en todas partes es reducir los gastos generales de las administraciones y que es preciso ser austeros.

"Es ridículo congelar las pensiones, por ahorrarse 1.500 millones de euros, cuando en España existen 3.800 empresas públicas y entes públicos fundacionales, que deben el 4,8 por ciento del PIB", ha subrayado el líder del PP.

Las empresas públicas del Estado deben 50.000 millones de euros, las de las autonomías deben 26.000 millones de euros y las de los ayuntamientos deben 8.000 millones de euros, según Rajoy, quien ha estimado que "sobran la mitad de la mitad".

Entre otras medidas económicas, Rajoy ha planteado que hay que ayudar a los "grandes maltratados por esta crisis, que han sido las pequeñas y medianas empresas y los autónomos

(www.publico.es, 03/11/10)

6. EL PP AUMENTA LA PRESIÓN AL GOBIERNO PESE A LOS DATOS QUE RECIBE SOBRE ETA

El Gobierno ha desmentido al Partido Popular, en privado y en público, que se haya producido cualquier contacto con Batasuna y ha negado que haya intención de dar pasos para legalizar a la izquierda abertzale y permitir de esta forma su presencia en las elecciones municipales del 22 de mayo. Pero, aun así, los dirigentes del PP mantienen la presión sobre el Ejecutivo en este asunto, azuzados por un sector del partido y varios medios de comunicación.

El jueves, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvo una larga conversación con Federico Trillo, su habitual interlocutor en el PP sobre asuntos de terrorismo, para negarle esos contactos. El PP admite que recibió garantías de que no hay contacto alguno con la ilegalizada Batasuna, de que no hay intención de aceptar el emplazamiento de ETA a hablar, de que se exige el anuncio del final definitivo del terrorismo y de que no hay cambios en la aplicación de la Ley de Partidos. Trillo informó a Mariano Rajoy sobre la versión oficial que, según fuentes del PP, era inequívoca y negaba las especulaciones publicadas los últimos días.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, habló con el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, para transmitirle idéntica versión. Especialmente, para negarle una supuesta reunión del PSE con la izquierda abertzale publicada en tres periódicos vascos. Otros dirigentes socialistas trasladaron el mismo mensaje a miembros de la ejecutiva del PP vasco.

El desmentido privado fue acompañado de un comunicado del PSE y de la versión oficial reiterada por Rubalcaba tras el Consejo de Ministros. Pero el PP insistió en pedir explicaciones a través de dirigentes como el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y el presidente del PP alavés y dirigente del Grupo Popular, Alfonso Alonso. "Lo que oímos es barullo y lo que exigimos es claridad. Pedimos al Gobierno que no dé vueltas ni busque atajos, que se dedique a lo que se tiene que dedicar", aseguró González Pons. "Tengo la sensación de que hay un cambio de estrategia hacia Batasuna y ETA, que sale directamente de La Moncloa", afirmó Alfonso Alonso.

Además, los populares vascos pidieron la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno en el País Vasco, para que el Ejecutivo autónomo dé las mismas explicaciones que ya les ha ofrecido en privado. La respuesta inmediata del Gobierno vasco fue cerrar una reunión entre el lehendakari, Patxi López, y Basagoiti para el próximo viernes, para facilitar toda la información al PP. Los populares no tienen intención de romper ese pacto, que ha superado otros escollos como el acuerdo de Zapatero con el PNV. Pero, pese a recibir explicaciones reiteradas, han forzado esa convocatoria, que lleva al pacto a su momento más difícil.

Fuentes oficiales del PP aseguran que no tienen elementos suficientes para rebatir las explicaciones que les ha dado el Gobierno, pero el propio Rajoy, quien habló con la dirección de su partido en Euskadi, ha autorizado que se mantenga la presión y se pida la convocatoria de esa reunión en el País Vasco. Quieren que Patxi López se retrate en público, por lo que también han registrado en la Cámara vasca una proposición no de ley para que el Parlamento inste al Gobierno a "impedir que Batasuna, burlando su situación de ilegalidad por cualesquiera fórmulas", pueda acudir a las elecciones municipales de 2011.

Según esas fuentes, sí hubo malestar del PP con el Gobierno porque durante varias semanas se habían interrumpido los contactos con Interior. Aseguran que el Gobierno ha alimentado cierta confusión en las últimas semanas, sin que haya habido la claridad necesaria. Citan, por ejemplo, la frase de Zapatero cuando dijo en La Moncloa, tras anunciar el nuevo Gobierno, que los pasos que da la izquierda abertzale no serán "en balde". Exigen una voz clara del Ejecutivo que corte de raíz las especulaciones, "sea López, Rubalcaba o Zapatero, pero no se puede reanimar a un muerto", según un parlamentario vasco.

Un sector del PP ha presionado en los últimos años a la actual dirección para que se enfrente al Gobierno por una supuesta segunda fase del llamado proceso de paz. Jaime Mayor Oreja insiste en esta tesis en cada reunión de la dirección del partido, pero esta ha hecho hasta ahora caso omiso.

Incluso el PSOE y el PP han pactado una proposición de ley para endurecer las exigencias a las formaciones ilegalizadas para volver a concurrir en las elecciones.

(www.elpais.com, 30/10/10)

7. EL PP DEFIENDE LA "SENSIBILIDAD" DE DE LA RIVA HACIA LA IGUALDAD

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid rechazó este martes, con los votos mayoritarios del PP, una moción en la que el PSOE pedía la reprobación de las declaraciones del alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, contra la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

Los grupos municipales del PP, PSOE e IU debatieron una moción que tiene su origen en las palabras de León de la Riva sobre Pajín, hace una semana, cuando dijo en una entrevista radiofónica que cada vez que veía "la cara y los morritos" de la nueva ministra piensa "lo mismo".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, aseguró ese martes que el alcalde tiene "más que acreditada su sensibilidad hacia la igualdad" de oportunidades entre hombres y mujeres y ha remarcado que a los socialistas que han organizado una "campaña mediática" contra el alcalde "les importa poco la dignidad de la mujer" porque "van a por los votos".

Por su parte, el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, afeó al alcalde que no haya intervenido en el pleno municipal y ponga al portavoz del Grupo Popular como "parapeto" para "no dar explicaciones" sobre unas declaraciones "machistas" de un alcalde que "tiene la suerte de tener a su lado a una mujer prudente, inteligente y bondadosa", pero de la que "no se le ha pegado absolutamente nada".

La Policía Municipal desalojó a más de una decena de personas que sacaron tarjetas rojas al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, tras rechazarse una moción en la que se pedía su reprobación por las declaraciones que realizó sobre la ministra de Sanidad, Leire Pajín. Minutos antes de las 12.00, tras rechazarse la moción socialista, con los votos en contra del PP, varios de los asistentes que se encontraban en la tribuna superior del salón de plenos sacaron tarjetas de color rojo, recordando de algún modo las que se utilizan en la campaña del Gobierno "saca tarjeta roja al maltratador".

Los asistentes manifestaron su protesta y, después de hacer caso omiso a la petición de silencio que hizo el alcalde, la Policía Municipal procedió al desalojo de algo más de diez personas, a algunas de las cuales arrastraron por el suelo ante su negativa a irse. Entre los asistentes se encontraban miembros de asociaciones de vecinos, de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, o representantes de Ecologistas en Acción como Miguel Angel Ceballos, a quien hizo referencia expresa el alcalde.

(www.publico.es, 02/11/10)

8. "BASTA YA DE HOMOFOBIA EN EL PP"

La drag queen Shangay Lily, vestida con turbante y un vestido amarillo, interrumpió esta noche un acto en el que participaba el líder del PP, Mariano Rajoy, exhibiendo una pancarta en la que se podía leer "Partido Popular = Homofobia".

Los hechos sucedieron durante el acto de presentación del libro de José Maria Lasalle, titulado "Liberales: compromiso cívico con la virtud", celebrado en la sede madrileña del Círculo de Lectores.

Shangay Lily se había sentado en primera fila. Tras la presentación del acto, se levantó y se dirigió a Mariano Rajoy, con la citada pancarta. Además, gritándole le dijo: "Señor Rajoy, basta ya de homofobia en el PP. Dejad de mentir y manipular. Eso no es liberal".

Tras el incidente, la drag queen fue sacada de la sala por los servicios de seguridad del Círculo de Lectores, continuando el acto de la presentación del libro con normalidad. La interrupción provocó algunas quejas de los asistentes, mientras una persona decía varias veces: "¡Vete a Marruecos!".

El acto ha podido continuar tras una breve interrupción acogida con una sonrisa por parte del líder del PP, quien estaba acompañado por otros dirigentes de su partido como Jorge Moragas y Ana Mato. Este incidente ha ocurrido pocos días después de que el presidente del Partido Popular, en una entrevista en El País, no se comprometiera a mantener la ley del matrimonio homosexual aunque la avalara el Tribunal Constitucional.

(www.publico.es, 05/11/10)

9. UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA "TREGUA TRAMPA" DIVIDE AL PP

El próximo sábado Francisco José Alcaraz volverá a la madrileña plaza de Colón para manifestarse contra ETA "en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas". Pero esta vez no le acompañará, como tantas veces hizo durante la legislatura pasada, el líder del PP, Mariano Rajoy. El presidente de los conservadores tiene una excusa perfecta para no asistir: acude al acto del papa Benedicto XVI en Santiago de Compostela.

Con esa cita tan significativa en la agenda, el PP no ha valorado ninguna otra convocatoria. De hecho tampoco ha considerado enviar, por el momento, a nadie de la cúpula en su representación. Los colaboradores de Rajoy saben que su ausencia no ha sentado nada bien a la plataforma Voces contra el Terrorismo, impulsora de la iniciativa. Sus integrantes lamentan no contar con su presencia y le han criticado abiertamente. A su juicio, con ello está dando de lado a las víctimas.

Los que rodean al jefe de la oposición dicen que no tienen "nada" que comentar al respecto. Pero defienden que su jefe de filas siempre ha apoyado a los que han sufrido los ataques de la banda terrorista y que, como además fue ministro del Interior, lleva muchos años "concienciado" con este asunto.

Aunque Rajoy no acude a la llamada, el PP ha dado libertad a los suyos para que hagan lo que quieran. Y ahí es donde se ha vuelto a visualizar, de nuevo, que existen dos sectores en el PP: uno, el de las gaviotas, que se caracteriza por entonar un discurso moderado, y otro, el de las águilas, que se identifica con un mensaje más duro. En este último grupo siempre se ha incluido al portavoz del PP en Europa, Jaime Mayor Oreja. Este también estará con el Papa pero, al menos, ha mostrado su respaldo a la marcha.

El lema de la concentración es "No más mentiras, no más treguas trampa". Mayor ha pedido además a la gente que vaya para decirle al Gobierno socialista que "no se puede negociar con ETA". El dirigente conservador ha alertado en varias ocasiones que el presidente del Gobierno dejará que Batasuna vuelva a las instituciones en las próximas elecciones. Las que si tratarán de ir serán la ex líder del PP vasco, María San Gil, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el PP dicen que el discurso de Rajoy con el terrorismo no se ha modificado ni un ápice. Y aseguran que, ahora que se está hablando del fin de la banda terrorista, el primero en alegrarse sería él, "aunque el Gobierno socialista tratara de colgarse como medalla lo que es un trabajo de todos". Rajoy no eleva el tono con este tema. Ese papel se lo deja a los suyos. El líder del PP, dicen sus más próximos, sabe que para los españoles esta no es la preocupación prioritaria y él se ciñe a la crisis económica.

Hace pocos años la situación era muy distinta. La política antiterrorista centraba la estrategia del PP y Rajoy acudía prácticamente a todas las marchas de la AVT, entonces presidida por Alcaraz. La primera arrancó en enero de 2005. A partir de esa fecha el líder del PP no faltó a muchas citas.

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo no asistirán a la concentración convocada por Francisco José Alcaraz. La AVT no ha querido pronunciarse; Dignidad y Justicia ha asegurado no haber recibido ninguna invitación; la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo ha mostrado su "total rechazo" a la cita porque cree que Voces Contra el Terrorismo representa "a una minoría". La marcha sí contará con el apoyo de víctimas particulares.  

(www.publico,es, 04/11/10)

10. GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS

Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros, pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001 y el segundo catorce meses más tarde.

Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago, Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).

Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el mismo precio, 31.000 euros.

El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas, 4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes Fraga en medio de sus maratonianas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip".

El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar: también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio que explicite las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial.

En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en algún garaje de Santiago.

(www.elpais.com, 31/10/10)

11. GALICIA. BALTAR INTEGRÓ EN SU FINCA TIERRAS DE VECINOS QUE EMPLEÓ EN LA DIPUTACIÓN

Entre las localidades de Folgoso y As Vendas, en el municipio de Esgos, tierra natal de los Baltar, hay apenas 25 vecinos. La práctica totalidad de los que están en edad laboral están empleados en la Diputación, salvo el concejal nacionalista y su mujer. En Esgos tiene José Luis Baltar su feudo -gobierna su cuñado y su hijo, el parlamentario y presidente provincial del PP, es teniente de alcalde- y también su finca: situada entre Folgoso y As Vendas. Una considerable extensión de terreno que, según aseguran los vecinos, el presidente de la institución provincial ha ido reuniendo poco a poco, a base de la incorporación de pequeñas parcelas que fue adquiriendo a los antiguos propietarios del pueblo y que ha incorporado a la original de su familia.

Entre los empleados de la Diputación que tenían terrenos entre Folgoso y As Vendas, de los que se han deshecho, figuran familias enteras. Como los Batista. Cinco hermanos y los cónyuges de dos de éstos han sido contratados en la institución provincial. Junto a ellos, otras cinco personas más de la misma localidad que vendieron igualmente sus parcelas. También ha conseguido empleo en la Diputación el hijo del cuidador de la finca del presidente.

La mayoría de los vecinos de Folgoso y As Vendas contratados en la institución provincial ocupan empleos de escasa cualificación profesional (porteros y peones fundamentalmente) aunque algunos han conseguido cargos de responsabilidad. No han sido los únicos que han vendido sus tierras de esta localidad de Esgos en donde tiene su finca el presidente de la Diputación. También lo han hecho los tíos del concejal del BNG Manuel Penedo.

El matrimonio de ancianos vendió su terreno al presidente de la Diputación y "coincidiendo en el tiempo" la pareja se fue a vivir a una residencia para la tercera edad "como era su deseo", según confirma su sobrino. Allí falleció el marido. La lista de los contratados de la localidad en la que Baltar tiene su finca engrosa la de los centenares de empleados "a dedo" por el presidente provincial.

El PSdeG denunció recientemente que en los últimos tres años, todos electorales, el presidente de la Diputación rizó el rizo de la política de contrataciones y dio empleo a más de 1.600 eventuales.

Baltar reconoció por escrito en 2009 - que dos aantes coincidiendo con las municipales- colocó a 470 personas con puestos eventuales y en 2008 en vísperas de las autonómicas -a otros 490, pese al endeudamiento de la institución provincial, del 110%, que rozaba ya entonces el límite legal.

El PSdeG denunció hace apenas un par de meses la política de contrataciones de Baltar ante la Fiscalía provincial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Aún no ha tenido respuesta. Los socialistas acusan al presidente de la Diputación de los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en relación con la contratación "a dedo" de en torno a 200 personas en los meses anteriores al congreso provincial del PP que puso a su hijo José Manuel, el teniente de alcalde de Esgos, al frente del partido en la provincia.

La denuncia no preocupa al presidente. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", espetó a modo de respuesta a la iniciativa judicial del PSdeG precisando de inmediato: "Si hay alguna irregularidad en las contrataciones, ya la corregiremos".

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los demandantes un escrito informando de que no es el órgano competente para investigar la denuncia considerando la naturaleza de la misma, por lo que la remite a la Fiscalía de la Audiencia provincial. Ésta tiene un plazo de seis meses para llevar a cabo su investigación y determinar si hay indicios delictivos antes de informar a las partes.Mientras tanto, familias, en algunos casos casi completas, de las localidades de Folgoso y As Vendas que han vendido sus parcelas, mantienen sus empleos en el organismo provincial.

En junio de 2008, el gobierno local de Esgos presidido por el cuñado y el hijo de José Luis Baltar, clasificó, con los únicos votos favorables del PP, la mayor parte de las fincas rústicas del presidente de la Diputación como área de expansión del núcleo rural de As Vendas. También concedió la clasificación de suelo rústico de protección de infraestructuras derivadas de la política energética a los terrenos en los que el barón ourensano pensaba instalar una central fotovoltaica.

(www.elpais.com, 01/11/10)

12. COMUNIDAD DE MADRID. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE

La trama de corrupción masiva que organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron fuentes de la investigación.

Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por ley.

El diario Público reveló que los principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral.

El PSOE, que competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción quiere conocer ahora si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.

"Los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".

Anticorrupción señala también que "la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.

Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.

De esta manera, los populares pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones electorales.

Las fotografías que complementan esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con fondos de Fundescam.

(www.elpais.com, 01/11/10)

13. COMUNIDAD DE MADRID. 20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa.

Cuatro grandes Ayuntamientos (Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de contabilidad de la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han dejado fuera de juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre, Ginés López (Arganda del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González (Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.

La investigación avanzó mucho en estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.

De hecho, los últimos informes aclararon cómo había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los contratos con las empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo ordenase la Consejería de Presidencia.

El PSOE denunció a decenas de cargos intermedios que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de la trama corrupta.

La misma investigación ha destapado que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el año. Aguirre, que ha presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público del PP al que más actos organizó la trama corrupta con un porcentaje de beneficio que siempre rondaba el 50%.

(www.elpais.com, 01/11/10)

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SOLO HA ABIERTO 12 CENTROS DE SALUD DE LOS 55 QUE PROMETIÓ

Era mayo de 2007, época preelectoral, momento de promesas, cuando Esperanza Aguirre presentó el programa con el que iba a concurrir a las elecciones. Un folleto de 50 páginas que, en la parte dedicada a Sanidad, aseguraba que iba a construir 55 nuevos centros de salud en la legislatura. En su mandato anterior había levantado 56. ¿Por qué no iba a poder hacer lo mismo? La crisis, entonces, no había asomado la cabeza. Ahora, a apenas siete meses de las nuevas elecciones, la Comunidad de Madrid lleva 12 centros de salud inaugurados.

Parece evidente que la promesa no puede cumplirse. Y sin embargo, la presidenta y su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, se niegan a decirlo en voz alta. Al menos en público. Hace ya muchos meses que desapareció del discurso oficial lo de los 55 centros de salud. Ahora, inauguración tras inauguración, primera piedra tras primera piedra, lo que uno y otro repiten es que llevan tantos centros de salud construidos desde que Aguirre llegó a Sol. La última cifra es 68 (se mantiene inalterable desde junio). La recordó la presidenta el jueves, tras presentar los presupuestos del año que viene. A la pregunta de cuántos llevaba en esta legislatura, contestó que en 2011 abrirá 20 centros. A la repregunta de rigor respondió que no lo sabía.

Son exactamente 12. Y la mayoría de ellos son sustituciones de centros de salud ya existentes pero que se habían quedado obsoletos y saturados. Nuevos, lo que se dice nuevos, es decir, que atiendan con médicos, enfermeras y pediatras nuevos a pacientes que antes acudían a otros centros de salud, hay dos. El de Barrio del Puerto, en Coslada, se abrió en noviembre de 2009 para atender a la población de un barrio joven que no paraba de crecer. "Llegó 10 años después que muchos de sus vecinos", explica Tomás Arcos, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada. "Pero llegó". El otro es el de la calle Londres, en el distrito de Salamanca de Madrid. Como el de Montesa estaba saturado, parte de su población pasó al nuevo edificio.

Entre los diez restantes hay varias tipologías. Están los que llevaban años -muchos, en algunos casos- en barracones o módulos prefabricados: el centro de salud de Casa de Campo, en Madrid; el de La Garena, en Alcalá de Henares (cuatro años en un prefabricado) y el de Monterrozas, en Las Rozas. Y también los situados en pueblos que contaban con un consultorio pequeño y desfasado: Griñón, Titulcia, Cobeña, Morata de Tajuña y Guadalix de la Sierra.

En dos casos, las obras no las pagó la Comunidad de Madrid, sino el Plan E (Morata de Tajuña) y el Ayuntamiento de Las Rozas (Monterrozas).

Además de Morata de Tajuña, la Consejería de Sanidad ha acordado con otros municipios construir sus centros de salud con dinero del Fondo Estatal de Inversión Local, el conocido como Plan E. Es el caso de Arrojo de la Legua y Valdelasfuentes, en Alcobendas, y de Galapagar. Los tres se inaugurarán en los próximos meses. Fue la única manera que encontraron los Ayuntamientos de tener centro de salud tras años de espera para que la Comunidad los construyera.

De los 12 centros de salud ya abiertos, hay dos que tienen características especiales. El de Santa Isabel, en Leganés, se construyó (costó 19 millones y está integrado en el casco histórico de la ciudad, en un recinto singular) para sustituir a otros dos, Palomares y Pizarro, que cerraron. Las obras en el Sector III, en Getafe, ampliaron las instalaciones y la dotación del anterior, que se había quedado pequeño.

(www.elpais.com, 30/10/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AMPLÍA UNA SEMANA EL PLAZO PARA APROBAR EL RECORTE DE LIBERADOS

Todo es cuestión de perspectiva. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aventuró que "aún queda mucho margen" para lograr un acuerdo en el recorte de liberados sindicales que su Gobierno ha puesto encima de la mesa. Los sindicatos, que aseguran que ni siquiera les han reunido en las últimas semanas, desconfían de alcanzar un consenso. De momento, el plazo que expiraba se alarga al menos una semana más. El próximo jueves el Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, que es la norma que incluye la polémica reducción. Antes del jueves, la Comunidad promete una reunión de la que no supo precisar fecha.

La Comunidad de Madrid sostiene desde que abrió el debate en septiembre que hay 3.500 liberados sindicales en la región, de los que quiere eliminar unos 2.000. Los sindicatos presentes en la mesa de función pública (CC OO, UGT y CSIT- UP) responden que las cifras son falsas aunque, hasta ahora, no habían ofrecido su propia estimación. UGT señaló que ronda los 600 liberados y que la Comunidad confunde "deliberadamente" el concepto de liberado (el trabajador que concentra 128 horas sindicales mensuales y deja su puesto de trabajo para representar a los compañeros) con delegados, que son aquellos que tienen un número determinado de horas sindicales dentro de su jornada habitual.

El Gobierno regional anunció en septiembre el recorte de liberados, con el que espera ahorrar 73 millones de euros. ¿Cómo piensan hacerlo? La fórmula es reducir el máximo de 75 horas de representación sindical por delegado -alcanzado gracias a acuerdos firmados por la Comunidad en relación al personal laboral, docentes, sanitarios, empleados de justicia y administración- hasta el mínimo de 40 horas que marcan el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Libertad Sindical.

"La propuesta de Aguirre es una agresión a los trabajadores a los que quieren dejar sin protección", según Encarnación Parra, de UGT. "A pesar de todo, estamos dispuestos a negociar pero no nos ofrecen cifras desglosadas y ni siquiera nos convocan", añade. "La negociación está suspendida y me temo que la Administración seguirá adelante con sus planteamientos", según José Montero, de CSIT- UP (Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional).

El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró que el recorte se hará "con acuerdo o sin acuerdo" y será efectivo a partir del próximo 1 de enero. Desde los sindicatos responden que, en caso de que se apruebe sin consenso, acudirán a los tribunales porque se vulneran acuerdos cerrados con la Comunidad.

(www.elpais.com, 04/11/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DEBATA SOBRE SÁNCHEZ DRAGÓ

El PP quiere dar por zanjada la polémica levantada la semana pasada a raíz de que el escritor y presentador de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó, confesara en un libro haberse "trajinado" a dos menores de 13 años durante un viaje a Japón. Ni siquiera ha permitido que la Asamblea regional debata sobre la permanencia del autor al frente del programa Las noches blancas de la televisión pública madrileña.

La Mesa del Parlamento madrileño, en la que el PP tiene mayoría, impidió este martes que el portavoz socialista en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, el diputado Juan Antonio Ruiz Castillo, pregunte al Ejecutivo regional acerca de las polémicas manifestaciones realizadas por Sánchez Dragó en su último libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España y corrupción..., escrito conjuntamente con el dramaturgo Albert Boadella.

Fuentes conocedoras de la reunión explicaron que los conservadores justificaron su negativa en que la cámara "no tiene competencia" para decidir sobre un "órgano autónomo" como es Telemadrid. Sin embargo, en la Asamblea sí existe una comisión de control específica de la televisión pública.

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea, consideró que el esgrimido por los conservadores es un argumento "falaz", ya que cree que la polémica es un "tema suficiente grave como para ser tratado en la Cámara". "No se puede consentir que un señor que trabaja en una entidad pública haga apología de haberse acostado con varias menores en un libro", indicó.

Después de que se conociera el contenido de la última obra del polifacético personaje que se jacta de sus supuestas prácticas pedófilas, tanto el PSOE madrileño como el comité de empresa de Telemadrid habían exigido el cese inmediato de Sánchez Dragó de su puesto al frente del programa de la cadena pública. Pero el consejo de administración de la cadena se declaró "incompetente" para despedirlo.

"Hay que recordar que Telemadrid es una cadena que pagamos todos los madrileños", aseguró Menéndez. Y, por ello, lamentó que no se pueda preguntar sobre el asunto ni a la Cámara autonómica ni al máximo órgano de dirección de la cadena. "Solamente queda el Defensor del Menor", señaló, "del que no hemos escuchado aún su opinión sobre el asunto".

(www.publico.es, 03/11/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN HA AUMENTADO EL IBI UN 200% DURANTE SU MANDATO

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es hoy para los madrileños tres veces más caro que cuando Alberto Ruiz Gallardón accedió a la alcaldía de la capital, en 2003. Y eso que la propuesta estrella de su partido, el PP, para hacer frente a la crisis pasa por la reducción de los impuestos.

El Grupo Socialista en el consistorio, con su portavoz David Lucas a la cabeza, ha denunciado que "una familia que pagaba por su vivienda 120,4 euros de IBI en 2003 pagará 378,02 euros en el año 2011", por lo que, en ese periodo, su tributo se ha incrementado en un 200%.

Lo cierto es que tanto en 2009 como en 2010 años que se han caracterizado por una fuerte crisis económica, el IBI de los madrileños ha subido cada año un 7%. El Gobierno municipal había anunciado la congelación de dicho impuesto en el 0,581% para que los ciudadanos pudieran hacer frente a la delicada situación de la economía.

Desde el consistorio insistieron en que, "en dos años, no se ha subido el IBI". Pero los ciudadanos sí han pagado más. Esto se debe a que, si bien el consistorio ha congelado el tipo impositivo, el valor catastral de cada vivienda sobre el que se aplica ese porcentaje ha seguido aumentando. Y lo ha hecho de acuerdo a la actualización establecida por el Ministerio de Hacienda en 2002.

David Lucas exigió a Gallardón que "no diga más mentiras". "Para que se aplique una auténtica congelación del IBI, el Ayuntamiento de Madrid debería proceder a reducir el tipo impositivo que compensara los aumentos catastrales para que, de esa manera, los ciudadanos no paguen más y, nuevamente, se vuelvan a sentir engañados por su alcalde".

Fuentes del ayuntamiento no contemplaron esa posibilidad y aseguraron que la medida propuesta por los socialistas no se ha adoptado en ninguna ciudad similar a Madrid. Pero según datos proporcionados por el Grupo Municipal Socialista, hay más de una decena de capitales españolas que sí han reducido su tipo impositivo para congelar el IBI a sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Almería, en manos del PP, anunció la semana pasada que disminuiría dicho porcentaje en 2011. Otras ciudades se le adelantaron, y ya impulsaron esa misma reducción. Es el caso de Toledo, Lleida, Zaragoza, Ávila o Segovia. En la propia Comunidad de Madrid, la bajada del impuesto ya se ha dado en Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Coslada, Leganés,Las Rozas o San Sebastián de los Reyes.

(www.publico.es, 02/11/10)

18.COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE POZUELO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en las legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario municipal, por presuntas irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas.

El juez ha llamado a declarar al actual alcalde, Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no adscrita Yolanda Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la trama Gürtel; y al jefe del Departamento de Contratación, Leopoldo Gómez. Este funcionario fue quien redactó el proyecto e intervino en el concurso de adjudicación otorgado a una unión temporal de empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones. Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el administrador único de EOC. Este empresario devolvió recientemente más de 20 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Preguntado sobre la legalidad del expediente de las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra, sin duda". Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En cuanto a la parte técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo la responsabilidad de redactar los proyectos y los modificados. Posteriormente, las certificaciones, basándose en los aspectos técnicos, fueron competencia y responsabilidad exclusivamente suya". Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que cualquier pago del Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una certificación de obra sin firmar por el director de obras correspondiente, primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no podría autorizar ese pago".

El proyecto del parque de las Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en el que señalaba algunas irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el presupuesto final.

En el auto de citación el juez, que inició la investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, "en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles".

Respecto al viaje a este país, la portavoz del PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que un árbol costara más de 100.000 euros", relató.

Esta operación urbanística también está siendo investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado Antonio Pedreira que no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada dijo a la prensa que ella fue concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en contratación.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, restó importancia a los hechos, asegurando que el origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras", algo que, dijo, pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si la imputación tiene trascendencia", porque ella es partidaria de que dimita "el que esté imputado por haber usado su cargo político para enriquecerse", y "no todo el que esté imputado".

(www.elpais.com, 30/10/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA RENUNCIA A SU ESCAÑO EN EL PARLAMENTO REGIONAL

El ex consejero de Justicia e Interior de Madrid, Alfredo Prada, dejará la próxima semana su acta de diputado en la Asamblea regional. El ex vicepresidente de Esperanza Aguirre ha esgrimido motivos de "ética personal", ya que su cargo de director del departamento del PP en el exterior le tiene alejado de la actividad parlamentaria, según fuentes del grupo popular. En los últimos meses apenas ha acudido a los plenos regionales.

Prada fue una de las víctimas, junto con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del supuesto espionaje político a cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Prada fue destituido por la presidenta regional, tras mostrar su preferencia por Mariano Rajoy para dirigir el PP.

Le sustituirá como diputado David Erguido (PP), concejal en Algete y asesor técnico del Gabinete de la Presidencia.

(www.elpais.com, 30/10/10)

20. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CONVIERTE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 'REINO' DE LA IMPUNIDAD

Un año de suspensión rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura política que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, además de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido también imputados por el juez o acusados por la fiscalía. Y ni una sola dimisión.

El caso Gürtel se llevó por delante a nueve altos cargos, además de otros intermedios, en la Comunidad de Madrid. Cuatro alcaldes, un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y un senador dejaron sus puestos. Todos sus nombres están incluidos en las diligencias de una investigación que destapó una importante trama corrupta encabezada por Francisco Correa y vinculada a distintos Gobiernos del PP.

De la misma manera que aparecieron los nombres de los cargos madrileños, se escribieron los de los cargos del PP valenciano. Protagonizaron significativas conversaciones telefónicas y, en algunos casos, fueron señalados por los jueces como presuntos autores de algunos de los delitos más graves que puede cometer un cargo público. Pero no pasó nada. Ni una dimisión.

Una cacareada suspensión de militancia al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, fue la única señal de una inexistente reacción, ya que solo afectó a uno de los entonces 20 dirigentes salpicados por la corrupción.

Para entonces, la senda ya estaba marcada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que lleva casi siete años imputado. El código ético del PP cayó en desuso y la imputación dejó de ser motivo de expulsión del partido. Ni siquiera una sentencia contraria es un tope a la vida política en el PP. "La sentencia no es firme hasta el último estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo que, como ha dicho en alguna ocasión, es al que recurrirá en el caso de que la justicia española lo considere culpable.

Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detrás de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayoría. Con ese valor, el presidente de la Diputación de Castellón ha exigido, y conseguido, el apoyo de la dirección del PP valenciano y, por extensión, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza. Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante ante la dirección nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas éticas o, al menos, estéticas, ante la ostentación de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidará su victoria en la Comunidad Valenciana.

La explicación a esta falta de reacción social puede encontrarse en la catedrática de Ética, Adela Cortina, que considera que uno de los defectos característicos de la sociedad valenciana es el "meninfotisme", traducible como "pasotismo" que, en cualquier caso, explica como defecto, "porque somos poco beligerantes", y virtud, "porque llevamos la tolerancia metida en los huesos". La cuestión es que en la sociedad valenciana no cala la idea de que la corrupción no tiene porqué ser parte de la política.

Al margen del amparo de las encuestas, los cargos del PP implicados en casos de corrupción han pasado a empuñar, públicamente, un mismo arma de defensa, que no es otra que el ataque a policía, investigadores, incluso fiscales, señalándolos como brazos ejecutores de una supuesta estrategia socialista. Y con esta argumentación despliegan un mismo discurso en el que hablan de "campañas orquestadas" y de la presunción de inocencia, sin diferenciar la responsabilidad judicial con la política.

Las consecuencias del destapado caso Brugal en Alicante también han evidenciado el afianzamiento de la impunidad entre los cargos del PP. "¿Por qué algunos de los integrantes socialistas implicados en el caso Brugal renuncian a sus cargos con tan poco avance procesal?", se preguntó extrañado el vicesecretario de Comunicación del PP, el valenciano Esteban González Pons. "Es que nosotros no somos unos sinvergüenzas", le contestó el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

El caso es que la Comunidad Valenciana ocupaba, hace años, un lugar en el mapa de autonomías señaladas por la modernidad. Actualmente, ni los grandes eventos programados por el Gobierno valenciano, colapsado por su deuda y su necesidad de tapar las continuas noticias relativas a la corrupción, logran que la percepción que el resto del país tiene de la Comunidad Valenciana sea otra que la de una autonomía claramente marcada por los escándalos políticos.

Los décimos de lotería premiados de Carlos Fabra; el "amiguito del alma" con el que Camps se dirigía a El Bigotes, implicado en una trama con la que todo el mundo aprendió cómo se dice correa en alemán; viajes en yate con empresarios alicantinos que luego resultaron adjudicatarios de concursos públicos; y fundaciones que gastan el dinero en pisos en lugar de hacerlo en cooperación internacional son algunos de los méritos de los cargos del PP, que siguen cobrando sueldos públicos, por los que la Comunidad Valenciana se ha convertido en capital de la impunidad política.

(www.elpais.com, 01/11/10)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha encontrado con el no del juez instructor José Flors a su petición de que las grabaciones que favorecen al jefe del Consell sean aceptadas como prueba en el procedimiento. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, Flors ha decidido inadmitir estas conversaciones, de tal manera que en principio no serán tenidas en cuenta en el procedimiento que se sigue contra Camps y tres cargos más por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos de empresas de la trama Gürtel.

En concreto, Flors quiere dejar fuera de la causa las polémicas escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó realizar a los cabecillas de la trama y sus abogados en la cárcel de Soto Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía figuran varias en las que tanto el responsable de red corrupta, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes. En ellas, descartan que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas encargadas a las tiendas de Forever Young y Milano.

Aunque las escuchas en la cárcel fueron declaradas nulas en marzo de 2010 la defensa del presidente quería que su contenido, que cree clave para la exculpación de Camps, fuera tenido en cuenta. Tanto el Consell como el propio presidente se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso el no contar con estas grabaciones cuando se abrió la causa de los trajes en marzo de 2009. Cabe recordar que las partes tuvieron conocimiento por primera vez de la existencia de las mismas en octubre de 2009 cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto del sumario sobre el caso Gürtel. En ese momento, el TSJ valenciano ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al entender que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, con la reapertura del caso por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la defensa del presidente ha insistido en que las escuchas deberían ser pruebas exculpatorias.

Al retomar la instrucción Flors ya dejó entrever su oposición a admitir las conversaciones que secundan la versión del presidente sobre el pago de los trajes. De hecho, rechazó antes del verano que se interrogara a Pablo Crespo y a uno de sus interlocutores en la cárcel -el abogado Ignacio Peláez- sobre su conversación en prisión al entender que había que preservar "el carácter secreto" de la misma. Sólo permitió que se interrogara a Crespo sobre los trajes, aunque adelantó que consideraba su testimonio interesado.

La controversia sobre las grabaciones en la cárcel no se acaba ahí. Pelaez (abogado del constructor José Luis Ulibarri), ha solicitado la declaración de Flors en el juicio contra Garzón por las escuchas en la cárcel. Pelaez quiere que el instructor valenciano aclare si entre la documentación que Garzón remitió en su inicio al TSJCV se incorporaron las conversaciones sobre los trajes de Camps. Pelaez acusa a Garzón de delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por las escuchas en el locutorio, pero también le reprocha no haber enviado la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpan de forma clara al imputado principal del procedimiento", en referencia a Camps. Pelaez pone en cuestión la tesis del Fiscal, quien tal como reveló en su día Levante-EMV, achacó a Flors la decisión de no incluir las grabaciones a la causa cuando se abrió en marzo d 2009, lo que impidió que las partes conocieran su existencia.

Pelaez se hace eco en su escrito de la nota de prensa que el TSJCV remitió en respuesta a la información publicada por este diario. Si el Tribunal Supremo admite la petición de la acusación particular, Flors deberá aclarar ante el alto tribunal si contó o no desde el inicio con toda la documentación relativa al caso. Pelaez también ha pedido que declare Pedreira y las fiscales del caso Gürtel.

(www.levante-emv.com, 05/11/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ DE LA RÚA QUIERE SEGUIR CON LOS CASOS DE CAMPS

Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Francisco Camps, que lo calificó de "más que amigo". Quiere formar parte de la Sala de lo Civil y Penal, la que lleva el caso de los trajes -en el que Camps está imputado por cohecho pasivo impropio- y el caso de la financiación irregular del PP y delito electoral de varios altos cargos de la Administración autonómica popular valenciana. No lo ha comunicado oficialmente, pero sí ha hecho saber que esa es su preferencia frente al destino de la Sala de lo Social, materia en la que es experto y lugar del que proviene.

El CGPJ es quien debe remitir a la Sala de Gobierno del TSJCV que De la Rúa queda a su disposición. Lo hará una vez se produzca el cese (previsto para los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre). Después es la Sala de Gobierno la que debe adscribirle. La sensibilidad de la sala está inclinada a que su destino sea la Sala de lo Social, entre otras cosas, por los antecedentes por los que ha pasado la causa de los trajes por la relación de confianza entre De la Rúa y Camps, públicamente reconocida por el presidente imputado.

La situación de juez adscrito a la Sala de lo Civil y Penal provoca el rechazo de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial. Existe un precedente en el que la comisión permanente indicó el destino de un magistrado en iguales circunstancias, la de Fernando Ruiz Piñeiro, ex presidente del Tribunal Superior del País Vasco. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las Salas de lo Civil y Penal se componen de cinco miembros: dos de carrera y dos propuestos por los Parlamentos autónomos, además del presidente. No habla de un sexto miembro.

(www.elpais.com, 05/11/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA 'BRUGAL' SE FINANCIÓ DESDE PARAÍSOS FISCALES

Empresarios implicados en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se financiaron con fondos ocultos en paraísos fiscales para llevar a cabo sus operaciones, vinculadas básicamente con la creación de firmas tapadera para optar a contratas. En este apartado, de acuerdo con un escrito del fiscal anticorrupción incluido en el sumario, destacan las operaciones realizadas por el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama, y Rafael Gregori, empresario de automoción y amigo de José Joaquín Ripoll. Gregori, según la policía, actuó como intermediario de los muñidores de la trama: Ripoll, Fenoll y el contratista Enrique Ortiz.

El fiscal asegura que tanto Fenoll como Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, en concreto en Suiza. El ministerio público señala al menos tres casos: la constitución de una firma para gestionar la UTE adjudicataria de la contrata del plan zonal, la falsificación de dos empresas por parte de Fenoll para hacerse con la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, y la creación de otra sociedad entre Fenoll y Gregori para optar a adjudicaciones de obra pública. El ministerio público estima que el volumen de esas operaciones financieras ronda los 10 millones.

Por otra parte, las diligencias del caso Brugal referente a la pieza que investiga supuestas irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules revelan, al menos otras cuatro irregularidades. Según el fiscal, estas ilegalidades están relacionadas con la Diputación, "y más en concreto con el diputado provincial de Infraestructuras, Carlos Mazón [en la actualidad, Mazón es director general de la Cámara de Comercio de Alicante]".

En este apartado el informe policial destaca el presunto desvío de dinero de Hércules CF a su propia fundación "para eludir el embargo al que está sometido desde la Hacienda". El Hércules tenía una deuda de 16 millones (sumados los pagos pendientes a la Seguridad Social y Hacienda). La entidad ha saldado la deuda mediante un préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.Otra de las irregularidades que revela el informe policial sobre la financiación ilegal de la Fundación del Hércules es que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, supeditaría una subvención por un importe de 90.000 euros a la entidad "a que Rafael Gregori continúe en ella". En el período de estas escuchas, finales y principios de 2009, Gregori era el presidente del organismo.

El informe también recoge que Ripoll habría conseguido que Enrique Ortiz aportaría 100.000 euros a la Fundación, "siempre y cuando se le concediesen cosas que habría pedido, lo que pudiera estar referido a adjudicaciones potestad del ente provincial", precisa la diligencia judicial.

Y la tercera irregularidad es un intento de crear un entramado de empresas similares "a las de Arosa" para financiar la Fundación en firmas "que Rafael Gregori conoce, citando entre tales empresarios a José Enrique Garrigós Ibáñez y a Federico Moncunill Gallo". Esa operación supuestamente estaría impulsada por Gregori y Mazón. Según el fiscal, estos hechos podrían acarrear "responsabilidades penales en los presuntos delitos de, al menos, cohecho y tráfico de influencias".

(www.elpais.com, 30/10/10)

24. LA POLICÍA HALLA EL RASTRO DE BIENES OCULTOS DE RIPOLL

Un informe policial incorporado al sumario del caso Brugal arroja nuevas dudas sobre el verdadero patrimonio del presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. Fechado el 11 de agosto de 2009, el informe reproduce el contenido de una conversación intervenida dos meses antes a Ripolly el de varias protagonizadas en las mismas fechas por su esposa, Margarita de la Vega.

En ellas, tanto Ripoll como su mujer se refieren a un piso del centro de Alicante como "su domicilio". En otra llamada, De la Vega habla sobre un local de copas supuestamente de su propiedad y que dice "tienen alquilado" a un ciudadano ruso en la zona de ocio del Golf de Alicante.

Este diario no logró hablar con Ripoll. Pero sí con su esposa. Y, según Margarita de la Vega, el piso al que alude el informe policial no es propiedad del matrimonio. "No es nuestro, estamos alquilados, alquilados, sí", dijo. Segundos más tarde, precisó que ya no son inquilinos. "Lo tuvimos alquilado, lo tuvimos", afirmó. La vivienda se localiza en el número 15 de la calle Federico de Soto. El 17 de junio de 2009, De la Vega le pidió a su hijo las llaves de ese piso "para ir colocando los enseres personales en esa vivienda", dice el informe policial. Tres días más tarde, el 20 de junio, le comunicó a su hija que ya estaba "en su casa de Alicante", señala el mismo informe.

Con el local de copas, al que De la Vega se refiere por teléfono como el Habana, la esposa de Ripoll negó cualquier vinculación. Después de que este diario le aportara detalles sobre a nombre de quién está alquilado según su propia conversación telefónica, De la Vega suavizó su negativa: "Pues la verdad que no lo sé", deslizó. "Desde luego agregó, a mi nombre no está, si está a nombre de mi marido, no tengo ni idea, pero le digo yo que locales yo no tengo". De la Vega asegura carecer de bienes: "Yo soy la mujer de un político, no tengo nada a mi nombre, ojalá tuviera".

El matrimonio formado por José Joaquín Ripoll y Margarita De la Vega reside en un chalé de su propiedad situado en la urbanización de Vistahermosa, a menos de cuatro kilómetros del centro de Alicante. Ripoll, el principal político imputado en este caso, niega las acusaciones de la policía, que le atribuye haber recibido como soborno dos pisos también ubicados en el centro de Alicante valorados en más de 800.000 euros. Según los investigadores, esas dos viviendas, ninguna de las cuales se corresponde con la de la calle Federico Soto, fueron el pago que Ripoll obtuvo a cambio de beneficiar con las contratas de basura a dos empresarios: Ángel Fenoll, supuesto jefe de la trama Brugal, y Enrique Ortiz, ya señalado en la Gürtel como supuesto financiador del PP valenciano.

(www.publico.es, 04/11/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL "DESMESURADO PATRIMONIO" DEL PRESIDENTE Y SU MUJER ALERTÓ AL FISCAL

Durante la investigación del caso Brugal la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal detectó un "desmesurado patrimonio" de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y de su esposa, Margarita de La Vega Orduña, así como el uso de dinero en efectivo para abonar bienes y servicios "cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuando menos discutible". Por ello, en un informe de 26 de noviembre del año pasado reclamó que se solicitara a la Agencia Tributaria más información para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito".

La petición fue respaldada por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que solicitó formalmente la medida al juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Y el juzgado autorizó a que la delegación especial de la Agencia Tributaria en Valencia facilitara a la investigación toda la información fiscal y tributaria precisa de los últimos cuatro ejercicios de Ripoll y de su mujer, pero también de los dos hermanos del presidente de la Diputación, de sus dos hijos y de cinco mercantiles de uno de los hermanos del político alicantino.

En la misma petición, el juzgado de instrucción incluye varias empresas, entre ellas, Alicantina de Renta y Gestión, SL, perteneciente al entorno de Rafael Gregori y que se ha detectado que ingresa cantidades periódicas de la mercantil promotora de las viviendas situadas en la avenida de Benito Pérez Galdós de Alicante, "supuesto objeto de un pago en especie por parte del entorno de Ángel Fenoll a José Joaquín Ripoll".

Del "incremento patrimonial" se habla en otros puntos del sumario del caso Brugal. En una de estas referencias se avanza que el presidente Ripoll y su mujer tienen una vivienda en una céntrica avenida de Alicante, con una superficie catastral de 153 metros cuadrados y un garaje.

En otro informe, la policía subraya que "se viene observando de una manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio, en la adquisición de bienes de incuestionable valor". La policía menciona que Ripoll habría adquirido un inmueble en Alicante "constatando nuevamente el continuo interés del presidente en la adquisición de capital inmobiliario". La vivienda costó 420.000 euros.

La investigación también pretende aclarar la compra por parte de Ripoll de un vehículo marca BMW, que se matriculó el 28 de enero de 2010 y cuyo importe ascendió a 50.000 euros. Y agrega la adquisición de una embarcación, modelo A3 DOMA de 12 metros, aunque no hay constancia que Ripoll la adquiriese.

(www.elpais.com, 03/11/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EMPRESARIO ADVIRTIÓ A LA CÚPULA DEL PP DE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA

En diciembre de 2002, el empresario Francisco Torrecillas dirigió una carta a Francisco Camps, entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, a Eduardo Zaplana, que acababa de dejar la presidencia del Consell para asumir la cartera de Trabajo en Madrid, y a José Joaquín Ripoll, vicepresidente primero, en la que alertaba de la corrupción en Orihuela. No consta que las misivas llegaran a su destino.

Las misivas fueron encontradas en el despacho de Ángel Fenoll y en ellas el empresario relata las malas relaciones que vive con el entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina. Explica cómo a pesar de haber colaborado seis años atrás con Medina en la compra de un concejal, el alcalde oriolano incumplió lo pactado y le quitó los servicios que el empresario realizaba en Orihuela Costa para dárselos a una empresa en la que participan de manera encubierta funcionarios municipales, entre ellos el electricista municipal y Jorge Lorente, hermano de la entonces concejal y diputada autonómica Mónica Lorente, ahora alcaldesa "Lo que está claro, como tú ya sabes, es que Medina ha engañado una y mil veces, a mí y a otras personas, hasta el punto de que ya no es de fiar ni debe estar un minuto más al frente del Ayuntamiento", esgrime la carta con vehemencia. Torrecillas deja claro que toma esta iniciativa tras intentar en varias ocasiones y sin éxito aclarar el desencuentro con Medina.

El empresario continúa relatando cómo esta situación le ha enemistado con el industrial Ángel Fenoll, "porque me está fastidiando al apoyar a Medina e intentar convencerme de que no cometa la fatalidad de delatarles". Y es que el empresario deja claro en su carta que si la cúpula del PP no tomaba medidas y Medina volvía a ser candidato a la alcaldía de Orihuela informaría al fiscal del caso de la compra del concejal, "caiga quien caiga". La amenaza se repite hasta en tres ocasiones.

"Tú ya me conoces desde hace tiempo y sabes que quiero lo mejor para Orihuela y para el Partido Popular, no pretendo hacer daño a nadie, pero si Medina vuelve a ser candidato montaré el escándalo, porque al margen de lo que me debe, ya no puedo fiarme de este señor", advierte claramente el empresario en la carta. La misiva termina con un mensaje claro: "Amigo Camps, no caigáis en el error de dejar a Medina en la alcaldía, porque sintiéndolo mucho tendré que abrir el escándalo para que salga del Ayuntamiento de una manera desagradable para todos".

(www.elpais.com, 03/11/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL PIDIÓ UN MILLÓN POR LA CONTRATA

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, imputado en el caso Brugal, entre otros delitos por cohecho y tráfico de influencias, pidió un millón euros al contratista Enrique Ortiz "como condición" para autorizar definitivamente el cambio de ubicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La contrata fue adjudicada, en enero de 2008, a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa-Ortiz. La planta se levantaría en la finca Lo Cartagena, en el término de Orihuela. Meses después, la Diputación cambió el emplazamiento a una finca contigua, propiedad del industrial Ángel Fenoll. Ortiz y Fenoll están imputados en el caso Brugal por cohecho, fraude y tráfico de influencias.

 

El fiscal anticorrupción, en su escrito del 25 de mayo de 2010, señala que Ripoll solicitó a Ortiz "en una reunión en el despacho oficial de la Diputación que pague un millón de euros del primer plazo del acuerdo de compraventa de los terrenos de Fenoll como condición para que se apruebe oficialmente la nueva ubicación de la planta".

La investigación mantiene que Ripoll recibió por la contrata dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros. El supuesto cohecho está relatado en el auto de inhibición de esta pieza del sumario firmado por el instructor el 12 de julio de 2010. "[...] Y se traduciría en una final compensación a José Joaquín Ripoll, que bien se cuantificaría en una suma aproximada de un millón a través del intermediario Rafael Gregori [amigo de Ripoll] o bien en la entrega de dos viviendas en construcción en el centro de la ciudad de Alicante", recoge el auto.

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FUNDACIÓN DE TURISMO TRANSFIRIÓ 1,5 MILLONES QUE OCULTÓ EN SUS CUENTAS

El Ayuntamiento de Valencia declaró en 2007 un contrato de 1,5 millones de euros entre la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau y Valencia, Estrategia, Promoción e Imagen, SA (VEPI), sociedad creada a medias con la Generalitat y encargada de promocionar la capital durante la celebración de la Copa del América, que no reflejan las memorias de las cuentas anuales de ninguna de las dos entidades, denuncia la concejal socialista Ana Botella.

Este documento, que debe ofrecer una imagen fiel de lo sucedido cada ejercicio en el seno de estas entidades, asegura que "no han existido transacciones con empresas del grupo" y VEPI lo es. Al año siguiente, por el contrario, VEPI sí recoge en su memoria otra aportación de TVCB por valor de 200.000 euros. La fundación TVCB insiste en que el patronato está enterado de esta operación gracias a un acta de abril de 2007. Y añade que la operación está debidamente recogida en los balances. "El patronato está informado y las cuentas son perfectamente correctas", dijo un portavoz de TVCB.

Hay demasiadas cuestiones oscuras a juicio de la oposición. Por ejemplo, la razón por la que la fundación municipal varió sus estatutos dos años después de comprar el 50% de VEPI para poder participar en sociedades. Concretamente, en marzo de 2006 se constituye VEPI, y TVCB compra 1.750 acciones por 175.000 euros. "No debían tener muy clara la participación en una sociedad sin tenerlo expresamente aprobado en sus estatutos", subraya Botella.

Para cuando se aprueba el cambio de estatutos, la fundación ya había dado a VEPI 1,67 millones de euros, los 175.000 euros de aportación fundacional, más 1,5 millones de euros por un contrato suscrito con la mercantil. Este contrato, según respuesta dada por el teniente de alcalde Alfonso Grau a la edil Ana Botella, tenía por objeto "la realización de espectáculos culturales, musicales, de animación y teatrales a pie de calle, acciones de dinamización para promocionar la oferta cultural generada con motivo de la 32 edición de la Copa del América". El dinero se pagó en contraprestación de tres facturas fechadas en abril, mayo y junio de 2007, pero la oposición no encuentra en la memoria de las cuentas anuales de TVCB el reflejo de este contrato.

"Queremos saber si los casi cuatro millones de euros que TVCB ha dedicado de 2006 a 2009 a la VEPI se han destinado a la promoción del turismo o a alimentar una sociedad que sólo arroja pérdidas", denuncia la concejal socialista. Los números rojos en la VEPI se repitieron más ejercicios.

La edil de la oposición insiste por ello en que la fundación que gestiona el turismo de la ciudad se considere sector público, porque sólo así podrán fiscalizar su gestión. "¿En qué acciones promocionales se gastaron el dinero?, ¿quién las realizó, ¿se hicieron bien? ¿tuvieron resultados?, ¿Cuál es la lista de proveedores?", enumera Botella. Los esfuerzos de la oposición han caído hasta ahora en saco roto. El pleno municipal, con la mayoría absoluta del PP, ya ha rechazado esta posibilidad. Y un organismo del Estado -la Intervención General de las Administraciones Públicas- dice que la fundación es una entidad privada. "Queremos conocer qué beneficio aportó a TVCB su participación en la sociedad VEPI porque todavía está por demostrar, ya que VEPI, alimentada con fondos públicos, sólo ha registrado que pérdidas desde que se creó", añade.

Además, resulta curioso que una fundación que se dedica a promocionar el turismo de la ciudad, encargue trabajos en los que está especializada la otra sociedad. Ayuntamiento de Valencia y Generalitat emplearon esta sociedad pública para pagar a través de ella el canon a la empresa organizadora de la competición náutica (ACM) porque así recuperaban el IVA. Una de sus actuaciones promocionales fue la creación de la marca Vive Valencia, que apenas se desarrolló.

(www.elpais.com, 01/11/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. JUAN COSTA PASA A LA EMPRESA PRIVADA Y RENUNCIA A SU ESCAÑO DEL PP

El ex ministro y diputado del PP Juan Costa deja su escaño en el Congreso para pasar a la empresa privada y convertirse en el director de la división para el cambio climático de Ernst and Young en Londres. Costa fue ministro de Ciencia y Tecnología en el último Gobierno de José María Aznar. En las elecciones de 2004 fue elegido diputado, pero ese mismo año renunció a su escaño para trabajar como consejero del Fondo Monetario Internacional. Volvió a la política española en 2007, y el año siguiente regresó al Congreso como diputado.

En octubre de 2009, cuando su hermano, Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, fue suspendido de militancia por su posible implicación en el caso Gürtel, pidió a su partido que diera la cara y ofreciera una explicación pública sobre la relación que el PP mantuvo durante 15 años con las empresas de la trama corrupta.

30. COMUNIDAD VALENCIANA. OCHO IMPUTADOS POR EL FRAUDE URBANÍSTICO EN POBLA DE FARNALS

La Fiscalía de Valencia imputa a ocho personas por los delitos de fraude a la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística en La Pobla de Farnals. Son José Vicente Sanchis, ex alcalde socialista; José Vicente Peris Ferrer, ex concejal de Urbanismo; Juan Catalá Peris, director facultativo de Obras; Raúl Ramírez Costa, arquitecto municipal; Eduardo Marín Molino, ingeniero técnico municipal; Alejandro Soler Jiménez, representante de la empresa Estudio Golden; José Luis Boix y Andrés Felma, de PKL Bykes. El alcalde y el concejal dieron el visto bueno a construcciones con una volumetría superior a la permitida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con informes favorables contrarios a la norma, a empresas que no pagaron al ayuntamiento el exceso de aprovechamiento, ni lo pagaron a Hacienda, al tiempo que el Ayuntamiento tampoco declaró lo que le correspondía en la declaración de IVA. El juzgado de Instrucción número 1 de Massamagrell ha acordado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la entrada y registro en las dos mercantiles; la designación de un perito de la Agencia Tributaria para analizar la documentación y la declaración como imputados de los ocho implicados.

La investigación también se propone depurar las responsabilidades de los ediles del PP que han sucedido al socialista Sanchis Marqués: los primeros ediles José Manuel Peralta y Natividad García. De momento, para el ministerio público está claro que el Ayuntamiento dejó de ingresar 650.000 euros de exceso de aprovechamiento por favorecer a dos empresas en la construcción de dos edificios con una volumetría superior a la permitida. Además, dejó de liquidar a Hacienda casi 630.000 euros en impuesto de IVA.

Los antecedentes de la querella que ahora investiga un juzgado de Massamagrell se remontan a 2004. Fue entonces cuando se realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el área de la playa. Ese cambio fijó un nuevo límite en la edificabilidad. Según lo que hasta ahora ha progresado la investigación, dos parcelas están directamente afectadas: las referenciadas como 19 y 23. La parcela número 19 se dividió en cuatro: tres partes las compró la mercantil Prodaemi y una PKL Bykes, que actuó como agente urbanizador.

El 25 de julio de 2005, el entonces alcalde, José Vicente Sanchis, propuso un acuerdo, que salió adelante, en el que se concedía un aprovechamiento objetivo y subjetivo, así como una superficie edificable fuera del PGOU. Contó con informes de los técnicos municipales que fueron contrarios a la normativa. En la parcela 19.2 se permitió edificar 7.728 metros cuadrados. Eso incluía un exceso de 654 metros cuadrados. Es decir, 593 unidades de aprovechamiento de más. Cada una se valoró en 646 euros. El fraude se cifra en 383.000 euros. Según la querella de Fiscalía, ese dinero "se dejó de ingresar con el consentimiento de los querellados". PKL Bykes pagó por los excesos de aprovechamiento 1.244.000 euros. Pero debió haber abonado 1.689.214 euros. "El municipio enajena patrimonio público", recoge la querella, "y está sujeto por ello al pago tributario". No lo realizó en las cantidades adecuadas.

La parcela 23 se dividió en dos. En julio de 2004, Sanchis suscribió un acuerdo que permitía dar a Estudio Golden licencia por 16.962 metros cuadrados de construcción, 1.330 metros cuadrados más de lo permitido. Es decir, 1.206 unidades de aprovechamiento valoradas en 204 euros la unidad. El fraude es de 246.148 euros. El mecanismo fue idéntico al aplicado en la parcela 19.2. Estudio Golden pagó al Consistorio 489.881 euros. Pero debió haber pagado 692.000 euros. Por el patrimonio público enajenado a la mercantil el Ayuntamiento está obligado a tributar. Lo hizo por debajo de lo que correspondía.

(www.elpais.com, 30/10/10)

31. CASTILLA Y LEÓN. PONFERRADA RECTIFICA Y ADMITE A PERSONAS "AMANERADAS" COMO BOMBEROS

Dicen que rectificar es de sabios, pero a veces el error es tan llamativo que ni siquiera una rectificación deja entrever la supuesta sabiduría del que rectifica. El ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado por el PP, se ha visto obligado a rectificar en uno de esos casos que resultan llamativos, sobre todo por la naturaleza y la magnitud del error.

El pasado mes de julio el ayuntamiento de Ponferrada convocó una oposición para cubrir tres puestos de conductor en el Cuerpo de Bomberos de la localidad leonesa. Según las bases del concurso, a las pruebas de acceso no podían presentarse personas con un "amaneramiento marcado" ni hombres con "hermafrodistismos". 

Así constaba en el texto de la convocatoria en el apartado que lleva por título "exclusiones médicas". Ese texto ha estado vigente durante tres meses. Tuvo que ser la denuncia del elsoplon.net, un confidencial de la provincia de León, el que obligara al ayuntamiento y en concreto a su alcalde, Carlos López Riesco, a anular esa convocatoria y a hacer una nueva. Así lo confirma el ayuntamiento en su página web en una escueta nota de prensa. 

Publico.es se puso en contacto con un portavoz que no quiso contar más de lo que afirma la nota de prensa: que se trata de un error provocado al copiar literalmente la convocatoria de una oposición a la Policía Nacional  de 1983. Pero, ¿Quién copió esa convocatoria? ¿Por qué lo hizo? ¿Nadie se dio cuenta antes? El portavoz del ayuntamiento no se salió ni un segundo del guión: "No sabemos quién lo copió y por qué. Ha sido un error. Si se busca las frase literales en Internet, se verá que es así" y terminó remitiendo a la nota de prensa. 

Es cierto: una búsqueda en Google de los términos textuales conduce a la convocatoria de la oposición a Policía Nacional de 1983, pero esa búsqueda no explica ni la naturaleza, ni la intencionalidad del error.

(www.publico.es, 03/11/10)

32. CASTILLA-LA MANCHA. INCREÍBLE PERO CIERTO: COSPEDAL PROPONE QUE LOS DIPUTADOS MANCHEGOS REDUZCAN UN 15% SUS SUELDOS

Gana todos los días lo que una viuda al mes, su sueldo mensual triplica el salario anual de una cajera de supermercado (11.602 euros/año, frente a los 20.153 euros/mes). Cobra el doble que el presidente del Gobierno, tres veces más que el presidente de Castilla-La Mancha, y es la nómina pública más alta de España y la político mejor pagada de la historia de la democracia. No satisfecha con sus dos sueldos (uno de 167.864,98 por el PP y otro de 69.310,52 euros por el Senado), María de los Dolores de Cospedal ha propuesto ante las Cortes manchegas que los diputados regionales reduzcan su salario un 15%, mientras que ella rechaza renunciar a uno de sus dos millonarios devengos.

 

Los diputados regionales en las Cortes de Castilla-La Mancha, que perciben un salario bruto anual cinco veces inferior al de la secretaria general del PP, no daban crédito cuando han sido informados que su también compañera en el Parlamento manchego, María de los Dolores de Cospedal, ha propuesto que les reduzcan su salario un 15%. O lo que es lo mismo, que les retraigan algo más de 7.000 euros al año, pero, eso sí, ella se niega a renunciar a uno de sus dos millonarios sueldos, aunque el PSOE ultima ya la iniciativa que impedirá que La bien pagá continúe recibiendo una cantidad "absolutamente desorbitada en la situación en la que estamos", asegura el portavoz socialista, José Molina.

Los 44 de 47 diputados que tienen las Cortes de Castilla-La Mancha con dedicación exclusiva, reciben un salario bruto de 40.701,36 euros, percepción que está congelada desde el 2007, además de un complemento adicional de 955,09 euros mensuales derivados de sus funciones representativas. Es, por lo tanto, uno de los parlamentos más austeros (sino el que más) del mapa autonómico de España. Austeridad a la que María de los Dolores de Cospedal pretende dar una nueva vuelta de tuerca, mientras que sus ingresos crecen y parecen no tener techo salarial.

La sorpresa ha sido mayúscula, y si la propuesta de Cospedal se hubiera formulado el 28 de diciembre los diputados la habría acogido como una broma de mal gusto. Pero no, las intenciones de la presidenta del PP castellano-manchego son claras, de ahí que la portavoz del Gobierno que preside Barreda, Isabel Rodríguez, considere "incomprensible" que la secretaria general del PP exija austeridad "a todo el mundo y siga cobrando su sueldazo".

Para los socialistas no hay duda: María de los Dolores de Cospedal debería "hacer caso a Mariano Rajoy y renunciar a los 167.864,98 euros que gana como secretaria general del PP". En parecidos términos se expresa Rodríguez, quien considera que la "número dos" de los populares debería, "ante todo, aplicarse la austeridad así misma", añade, "que renuncie al salario de su partido porque puede renunciar perfectamente y se dedique a lo que nos importa a nosotros en este Gobierno y que es la gente de Castilla-La Mancha".

Para la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio, y es que "hubo un momento en el que no entendíamos por qué la señora De Cospedal quería mantener su doble dedicación, pero lo que nos ha rebelado toda esta polémica es que tenía razones muy importantes para seguir manteniendo su pluriempleo que eran sobre todo económicas". Un tanto de lo mismo piensa el diputado del PSOE, Alejandro Alonso: "Ella ha preferido el estatus de senadora y ha renunciado a la dedicación total a Castilla-La Mancha a cambio de interesantísimos ingresos adicionales", concluye "es una privilegiada de la política".

(www.elplural.com, 05/11/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. 500 MILLONES TIRADOS

Todos los días del Señor tenemos en los medios informativos una historia, un desaguisado, de esta panda de inútiles que integran el Gobierno Regional que preside, con más cara que dura, el benefactor social de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel de Siso.

Nos cuesta trabajo, cierta ansiedad y alguna inquietud espiritual, relatar en estas páginas las hazañas de algunos consejeros que tanto cuestan a las arcas de la Hacienda de la Comunidad Autónoma que en estos últimos meses trabaja bajo mínimos, hasta el punto de que la Sanidad, base esencial de una política de partido, está hasta el cuello.

Pues bien, ahora nuevamente, el intocable sobrino del chache ha hecho una de las suyas virtualmente tirando 500 millones de pesetas, empleándolas sin resultado tangible en un publicidad turística de la Región, utilizando como medio e imagen  el nefasto equipo murciano de Fórmula 1, el equipo Hispania: "Estoy deseando deshacerme de estos lisiados", ha afirmado hace unos días Bernie Eccleston, director y copropietario.

No hace falta ser muy inteligente para adivinar que el Not Typical, nacido de la mente calenturienta y absurda de este aprendiz de político que nos hace sonrojar allí en donde pone sus pies, ha sido el eslogan que se ha colocado en los vehículos de una Murcia sin una caja de cambio.

Este eslogan de Not Typical se le puede colocar al gobierno regional para cualquier actividad que genere las políticas murcianas oficiales. Desde la aventura de la Paramount, cuyo intermediario se ha embolsado ya casi un millón de euros, hasta las macrourbanizaciones que se proyectaban levantar en la costa sur.

Desde la saca de la concejalía de Urbanismo de Murcia hasta el sueño de Polaris, convertido finalmente en pesadilla. O desde ese tranvía llamado Deseo al bellísimo pelotazo de Puerto Mayor o la Nueva Condomina, sin olvidarnos de Novo Carthago. Una serie de disparates fantasiosos que ahora culmina con este otro del equipo Hispania patrocinado por gente que sufren de agnosia aguda, que los invalida para cualquier actividad política.

Si este consejero Cruz trabajara en una empresa privada ya hace tiempo que estaría de patitas en la calle, pero como se trata del sobrino preferido de la santa de Ramón Luis, se le permite todo, todos los disparates, aunque cueste 500 millones de pesetas, dicho con todas las reservas del mundo, porque según noticias muy reservadas que tiene VMPress, el disparate podría ser aún mayor.

En fin, un relato más concreto lo tiene usted, amable lector, en la crónica que publicamos en este mismo periódico. Hemos llegado hasta los límites de lo burlesco, la pantomima y el derroche. En la ya línea de este gobierno de pánfilos mediocres.

(www.vegamediapress.com, 04/11/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PUDO COMETER PREVARICACIÓN CONTRA LA FAMILIA BAEZA

En septiembre de 2009, los Baeza, eran una familia corriente de Murcia, que mantenían un pulso desigual con el Ayuntamiento de esa ciudad, gobernada por el Partido Popular, específicamente con el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el gerente de Urbanismo, Alberto Guerra. Estos nombres eran desconocidos para la mayoría, hasta que el pasado mes de octubre se hizo público el caso de corrupción urbanística Umbra, según ha informado hoy el diario El Plural que dirige Enric Sopena.

La historia de los Baeza no tiene supuestamente relación con el caso Umbra, una trama urbanística con irregularidades en recalificación de terrenos, que investiga La historia de los Baeza no tiene supuestamente relación con el caso Umbra, una trama urbanística con irregularidades en recalificación de terrenos, que investiga la Fiscalía desde el año 2006. La conexión de esta familia con este caso son sólo los presuntos culpables, los responsables de Urbanismo, Fernando Berberna y Alberto Guerra.

El Plural narró hace un año la pesadilla que vivían los Baeza por la decisión del Ayuntamiento de dar manga ancha a la empresa Tempornovis, cuyo administrador es Pedro Cortina Koplowitz [el hijo mediano de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina] para que levantara un hotel de cinco estrellas con el nombre de "Huerto del Emir" en un terreno que colinda con la propiedad de la familia murciana.

Koplowitz, con la venia del Ayuntamiento, intenta levantar un hotel de 15 plantas [las obras están en estos momentos paralizadas] en un terreno que según las normas no soporta tal altura. Por ello, dictando un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el consistorio quiso convertir en público el camino de los Baeza, un carril que lleva su nombre desde 1941, y así aparece en la escritura de propiedad de la familia, que colinda con el sitio donde se construye el edificio, sin hacer una expropiación correcta pagando a su propietario. Ante la resistencia de los Baeza, los agentes de seguridad llegaron incluso a agredirles, con la supuesta complicidad de la Policía local y del propio Ayuntamiento.

Los Baeza, que aún continúan a la espera de que la Fiscalía responda a su denuncia, presentada en 2009, llevaron su acusación al Juzgado de Instrucción 6 de Murcia, donde el juez Andrés Carrilla ha dictado un acto en el que ha dispuesto iniciar diligencias por la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de los responsables de la consejería de Urbanismo de Murcia. La familia acusó a Fernando Berberena, Alberto Guerra y Juana Fuentes García, subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo.

El auto, de fecha 21 de octubre último, al que ha tenido acceso este periódico,  expresa que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás normativas concordantes".

El juez establece que el Ayuntamiento de Murcia deberá presentar toda la documentación relativa al caso de los Baeza, quienes durante casi dos años han presentado a las autoridades municipales infinidad de reclamaciones, sin haber recibido respuesta o apoyo ante las tropelías que han padecido durante todo este tiempo.

El Plural publicó en septiembre de 2009 que, según las pruebas mostradas por los Baeza, la empresa Tempornovis utilizó terreno que no les correspondía en propiedad, además de su carril, y que le fue concedido de manera presuntamente irregular por el Ayuntamiento de Murcia, específicamente 520 metros de terreno que el consistorio había expropiado, y pagado con dinero público, que nunca inscribió en el Registro de la Propiedad y que supuestamente "regaló" a la empresa de Cortina Koprowitz. En términos económicos, este terreno tiene un valor actual aproximado de nueve millones de euros.

Tras el anuncio del auto judicial a favor de la familia Baeza, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, ha hecho público un comunicado en el que afirma que el carril de los Baeza es "público tal y como señala una resolución del Catastro de fecha 24 de junio de 2009". Pero, significativamente ha agregado que "en aras a la prudencia", la Gerencia de Urbanismo tiene retenido un aval por el importe del justiprecio de los metros cuadrados de carril a expropiar en el supuesto de que el Tribunal Económico-Administrativo o los juzgados de Lo Contencioso modificaran la decisión del Catastro, por lo que en todo caso, los derechos indemnizatorios del afectado "estarían siempre garantizados".

(www.vegamediapress.com, 04/11/10)

35. ISLAS BALEARES. BAUZÁ SE REÚNE CON LOS BARONES PARA INTENTAR SOFOCAR LA CONTESTACIÓN INTERNA

El presidente del Partido Popular, José Ramón Bauzá, junto a su secretario general, Miquel Ramis, han movido ficha para intentar sofocar la revolución de la Part Forana. En la mañana de hoy reunirán a los principales barones y analizarán la crisis abierta en el seno del partido por la defenestración de Jaume Font y la imposición de María Salom como candidata al Consell de Mallorca en detrimento de Pere Rotger y de Antoni Pastor.

El hecho de que los críticos estén evaluando sus fuerzas para forzar un congreso extraordinario, o como mínimo una convención para redefinir la línea ideológica del partido, tal y como publicó este periódico, ha provocado que la cúpula popular intente tender puentes con la Part Forana. Quieren abortar una contestación masiva que sería fatal para los resultados electorales de mayo de 2011.

El sector crítico del PP está pendiente de la postura que pueda adoptar José María Rodríguez. El todopoderoso dirigente popular de Palma volvió a dejar claro que desde la cúpula del partido no le impondrán un candidato, tal y como ha ocurrido en Mallorca. Rodríguez quiere que sea la junta de Palma quien lo elija y en caso contrario podría unirse a las tesis de los críticos contra Bauzá. El presidente popular de Palma, según sus allegados, le hace ilusión encabezar la candidatura a Cort y no tolerará injerencias de la cúpula regional del partido.

En la reunión de hoy están convocados José María Rodríguez, María Salom, Pere Rotger, Antoni Pastor, Rafael Torres (alcalde de Inca), Joan Jaume (alcalde de Llucmajor), el alcalde de Calvià y vicepresidente, Carlos Delgado, y el presidente de Mallorca, Joan Rotger. También pueden asistir algunos diputados de peso para dar su opinión al presidente de lo que está ocurriendo en el partido.
Desde el Partido Popular explicaron que se trata de una reunión rutinaria y no tiene nada que ver con la crisis. Pese a ello, algunos de los presentes consultados por este periódico acuden al encuentro con Bauzá con una orden del día monotemática y con el claro objetivo de intentar "cerrar la crisis abierta".

En este sentido se pronunció el secretario general del PP, Miquel Ramis, al preguntarle por las disputas en el seno del partido: "Hablaremos con todos, como hemos hecho siempre, para solucionar los problemas que pueda haber". Otro de los que también se pronunció fue Pere Rotger, quien se mostró dispuesto a hacer de mediador entre Pastor, Font y Bauzá. "Es cierto –indicó Rotger– que hay heridas abiertas, pero en estos momentos lo que debemos hacer todos en el partido es hablar para intentar cerrarlas. Creo que es la obligación del presidente y estoy seguro que así lo hará". Rotger, que se mostró crítico con el nombramiento de Salom, también pidió que se informara a los afectados antes de tomar las decisiones.

En la mañana de Antoni Pastor y Bauzá hablaron un momento sobre asuntos parlamentarios. El presidente regional le pidió al alcalde de Manacor poder mantener una reunión con el objetivo de limar asperezas entre ellos

(www.diariodemallorca.es, 03/11/10)

36. ISLAS BALEARES. EL PP ESTUDIA EMPRENDER ACCIONES LEGALES CONTRA JUECES, FISCALES Y LA POLICÍA

El Partido Popular está estudiando presentar acciones legales contra los jueces, fiscales y la Policía tras confirmarse el archivo del caso Plan Territorial de Mallorca, al considerar que la imagen pública de la formación se ha visto "perjudicada". Así lo ha asegurado el presidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, en una rueda de prensa en la que además ha apuntado que el archivo de la causa después de 30 meses de instrucción demuestra que era una prolongación "innecesaria" y "arbitraria" de la misma.

En este sentido, Bauzá ha criticado que "se han intentado acreditar acciones con responsabilidad penal donde sólo había gestión pública". Por ello, ha afirmado que el sistema judicial no puede "castigar" así a las personas, al referirse a las "muy duras" situaciones por las que han pasado algunos miembros del partido y sus familias.

Además, el presidente 'popular' ha puesto en evidencia que hay muchos hechos que no se pueden excusar como las "costosísimas" fianzas, la vulneración de la presunción de inocencia, la filtración de secretos sumariales "interesadamente" y detenciones "indiscriminadas" con "publicidad".

Así pues, Bauzá ha asegurado que el PP en Baleares está siendo asesorado por Ignacio Gordillo, también fiscal de la Audiencia Nacional, para pedir responsabilidades a los jueces, fiscales y la Policía al considerar que están sometidos al mismo Estado de Derecho que todos los ciudadanos. Del mismo, ha comentado que de archivarse el caso PTM "llueve sobre mojado" en referencia a la absolución de todos los miembros del PP implicados en el caso Caballistas

(www.diariodemallorca.es, 03/11/10)

37. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP NO LOGRA PACIFICAR LA GUERRA DESATADA POR CASCOS

El trayecto entre Madrid y Oviedo es de unos 450 kilómetros por carretera. Pero la distancia entre el PP nacional y el regional es ya inconmensurable. El líder, Mariano Rajoy, afronta la crisis interna de su partido en Asturias provocada por la posible vuelta de Francisco Álvarez-Cascos como candidato al Principado en 2011 con el estoicismo que le caracteriza.

El jefe de la oposición ha dicho que no se hable más del tema hasta las navidades aunque siempre señala que tienen de tope hasta abril y su equipo confía en que estos meses sirvan para que la situación se normalice y los dos sectores enfrentados alcancen un pacto. Algo que, en estos momentos, no puede estar más alejado de la realidad.

Pero en la sede nacional insisten en que ahora toca que la situación se pacifique. "Estamos dejando que el proceso madure", explican. Negándose a ver que se está "pudriendo", tal y como algunos dirigentes conservadores resaltan. La guerra del PP asturiano va siendo cada vez más cruenta entre el cruce de acusaciones, críticas y exabruptos.

La cúpula de los conservadores de Asturias considera que, en cierto sentido, se les ha abandonado a su suerte. Afirman que no hay llamadas preguntando por lo que está ocurriendo, ni reuniones bilaterales para buscar una solución, por mucho que digan los que rodean a Rajoy que se está "trabajando en ello". "Lo cierto es que está todo paralizado", reconoce un cargo del partido.

En el PP asturiano, además, están molestos porque piensan que en la sede nacional hay mucha gente que apoya al ex hombre fuerte de Aznar y que esta podría terminar influyendo sobre Rajoy.

Por ejemplo, piensan que Ana Mato ha tomado claramente partido por Cascos. Le reprochan que se reuniera con él en junio y no informara al líder de los conservadores asturianos, Ovidio Sánchez. Sobre todo cuando el ex secretario general del PP le entregó un informe en el que solicitaba la celebración de un congreso extraordinario. Mantienen que era obligación de Mato avisarles y no dejar que se enterasen por los medios.

Pero lo que estos desconocen es que al entorno de Mato tampoco le hizo mucha gracia que el encuentro trascendiera porque formaba parte de los contactos rutinarios y privados que mantiene. No se han vuelto a reunir pero el daño ya está hecho.

(www.publico.es, 02/11/10)

38. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL ALCALDE DE OVIEDO PIDE A RAJOY QUE NO CEDA ANTE CASCOS

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, rompió este sábado su silencio para defenderse de los ataques de los que piden que Francisco Álvarez-Cascos sea el candidato al Principado en 2011 y de las críticas del propio ex ministro de Fomento. Pero, en el camino, también aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia a la dirección nacional de su partido.

Para el regidor, el "sistema de presión" con el que están tratando de forzar a Mariano Rajoy a decantarse por el ex hombre fuerte de José María Aznar es "una cacicada despreciable. No lo puedo compartir en modo alguno. Nada. Así no se trabaja", señaló en unas declaraciones grabadas y remitidas por el Ayuntamiento de Oviedo.

De Lorenzo se mostró convencido de que el PP nacional, que es el que "maneja los tiempos", elegirá "a quien proponga el comité regional de Asturias nombrado en el último congreso y que es el que tiene la competencia para hacerlo".

"En caso contrario, eso recibe otro nombre: pucherazo", alertó. De Lorenzo se mostró convencido de que, al final, la cúpula conservadora no cederá a las coacciones: "Eso es lo que están intentando. Madrid no actuará nunca así. El PP no actuará nunca así. Están perdiendo el tiempo".

El viernes pasado, la plataforma Pedimos la Palabra, que respalda a Cascos, acusó a De Lorenzo, entre otras muchas cosas, de utilizar "fraudulentamente" las bases de datos del partido. Este sábado, este salía al paso de ello. "Estoy utilizando el censo oficial y legítimamente porque soy el presidente del PP en Oviedo desde hace 23 años", explicó.

El alcalde ovetense lamentó "la falta de ética" que están demostrando los casquistas en la campaña que han puesto en marcha. Y reprochó al ex secretario general del PP que no los "desautorizara". "Cascos no está en su lugar dejándose defender de la forma que lo están haciendo por estos señores", comentó.

Pero no era el único recado que quería mandar a Cascos y al sector que anima su vuelta. De Lorenzo también se quejó de la recogida de firmas que está en marcha y de que se hubiera llegado a convocar una manifestación. En su opinión, "eso es propio de la ultraizquierda y raya, a veces, la kale borroka".

De Lorenzo dijo que la concentración, que estaba prevista para el próximo día 7 de noviembre y después se suspendió, le parecía "algo inédito en la política del PP en toda su historia" porque nunca se había promovido un cabeza de lista con este tipo de actuaciones.

Resaltó que para ello hay otros cauces. "Pero parece que no les valen cuando les son contrarios", indicó mientras destacaba que habían pedido un congreso extraordinario cuando las normas de los conservadores no lo permiten salvo circunstancias excepcionales. "En este caso, lo único excepcional es esta gente que trata de saltarse a la torera unos estatutos que precisamente puso en vigor Cascos", recordó.

En su repaso, De Lorenzo también tuvo palabras para los cuatro diputados regionales, partidarios de Cascos, que el viernes pasado cuestionaron públicamente al presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, por ausentarse durante la votación de una iniciativa, para la que contaban con el apoyo de IU y Grupo Mixto, que perdieron por un solo voto.

De Lorenzo aclaró que el líder regional se encontraba en la despedida de los soldados que se iban a Afganistán, porque como senador forma parte de la comisión nacional de defensa, y tachó "de desfachatez" la actuación de "estos cuatro brillantísimos diputados" que se caracterizan "por su intensísima labor parlamentaria, sobre todo cuando hay viajes oficiales organizados por el presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, a los que el partido les prohibe ir pero ellos hacen caso omiso y se van de vacaciones pagadas". "Sánchez estuvo donde tenía que estar", subrayó.

(www.publico.es, 30/10/10)