ÍNDICE

01. LA TRAMA GÜRTEL INVIRTIÓ MÁS DE 12 MILLONES EN CASAS Y YATES DE LUJO EN LA COSTA DEL SOL

02. Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

03. COSPEDAL ACHACA AL MACHISMO LAS CRÍTICAS SOBRE SU MACROSUELDO

04. C. A ANDALUCÍA. UNA CONSEJERA DE AGUIRRE DICE QUE LOS ANDALUCES VENDEN A 50 EUROS EN LOS MERCADILLOS LOS ORDENADORES DE SUS HIJOS

05. C. A CATALUÑA. EL PP CATALÁN LANZA UN JUEGO DE 'CAZA' DE INDEPENDENTISTAS Y 'SIN PAPELES'

06. C.A GALICIA. BALTAR: "QUE EL PSOE TENGA CUIDADO CON LO QUE LE DICE AL FISCAL PORQUE LO EMPAQUETO"

07. C.A GALICIA HACIENDA INVESTIGA LA FINANCIACIÓN DE BALTAR AL CLUB DEPORTIVO OURENSE

08. C.A GALICIA. LOUZÁN ELOGIA LA FACETA EMPRESARIAL DE TELMO MARTÍN TRAS LA MULTA A SU COMPAÑÍA

09. C.A GALICIA .EL PRESIDENTE AVALA A MARTÍN TRAS LA MULTA A CONSTRUCUATRO

10. C.A GALICIA. FEIJÓO SALVA DE LOS RECORTES AL ÚNICO HOSPITAL PRIVADO DE LA RED PÚBLICA

11. C.A GALICIA. VÁZQUEZ EXIGE A FARJAS QUE DIMITA POR LAS PRUEBAS DEL SERGAS

12. C.A GALICIA. UN INFORME JURÍDICO TACHA DE ILEGAL EL CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL PP

13. C. AUTOMOMA DE CASTLLA Y LEÓN .EL BERLUSCONI DE PUCELA

14. C.A DE MADRID. EL APOYO DE AGUIRRE A LA ESCUELA PRIVADA COSTARÁ 90 MILLONES

15. C.A DE MADRID. LOS SINDICATOS SALDRÁN A LA CALLE CONTRA LOS RECORTES DE AGUIRRE

16. C.A DE MADRID. DOS RESIDENCIAS SIN ABRIR Y 24.700 PERSONAS A LA ESPERA DE PRESTACIÓN

17. C.A DE MADRID. CUATRO EDILES DE FUENLABRADA AMAGAN CON DEJAR EL PP

18. C.A DE MADRID. EL ALCALDE DE BOADILLA ACUSA A PRISA DEL "CIRCO" DE GÜRTEL

19. C.A DE MADRID. LAS DEUDAS DEL CONSISTORIO AHOGAN A LAS PYMES DE ACTIVIDADES CULTURALES

20. C.A DE MADRID. LA PATRONAL DE LIMPIEZA HABLA DE UNA SITUACIÓN "EXTREMA"

21. C.A DE MADRID. ZAPATERO DICE NO AL PLAN DE GALLARDÓN PARA SALVAR LA DEUDA DE LA CAPITAL

22. C. VALENCIANA. La Agencia Tributaria constata que la trama Gürtel pagó trajes a Camps

23. C. VALENCIANA Regalos de lujo para la familia del presidente y sus altos cargos

24. C. VALENCIANA El Gobierno valenciano considera que el informe es exculpatorio

25. C. VALENCIANA. CAMPS SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

 

26. C. VALENCIANA . LA GENERALITAT SE SITÚA A LA COLA EN TRANSPARENCIA

 

27. C. VALENCIANA. EL CONSEJO VALENCIANO DE CÁMARAS FICHA A CARTAGENA COMO ASESOR DEL PRESIDENTE

 

28. C. VALENCIANA. LA GENERALITAT GASTÓ 328.250 EUROS EN LA FÓRMULA 1 DE LA HÍPICA

 

29. C. VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA AL ALCALDE DEL PP DE LORIGUILLA POR ADJUDICAR OBRAS A SUS EMPRESAS

30. C. VALENCIANA. UNA SENTENCIA ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DIRECTORES DE PARQUES NATURALES

31. C. VALENCIANA. CANAL 9 NO EMITE FÚTBOL DE PRIMERA POR FALTA DE DINERO

32. C. VALENCIANA. FABRA Y RIPOLL AFEAN A LUNA SU CONDICIÓN DE ACUSADO

33. C. VALENCIANA. BLASCO NIEGA A TIRADO LOS EXPENDIENTES EN MANOS DEL FISCAL

34. C. VALENCIANA. El fiscal apela el archivo de la pieza de Camps en 'Brugal'

35. C. VALENCIANA. Quién y cómo negocia con la basura

36. C. VALENCIANA. Los políticos comen de su mano

 

 

01. LA TRAMA GÜRTEL INVIRTIÓ MÁS DE 12 MILLONES EN CASAS Y YATES DE LUJO EN LA COSTA DEL SOL

La organización de Francisco Correa blanqueó más de 12 millones de euros que, tras pasar por complejas estructuras societarias montadas en el extranjero, fueron reintroducidos en España y utilizados en inversiones especulativas y compra de bienes. Así lo afirma la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en un informe entregado el 5 de noviembre al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira.

Un extenso informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) entregado el pasado 5 de noviembre al magistrado Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afirma que a través de esas estructuras mercantiles en el extranjero, cuya ideación se atribuye a Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel, la red de Correa limpió 12.262.435 euros que inicialmente serían «fondos obtenidos ilícitamente».

El informe analiza los numerosos documentos intervenidos en un registro al despacho de Ramón Blanco y llega a la conclusión de que la trama creó hasta seis estructuras societarias en el exterior para «responder a unas necesidades básicas de desvincular el origen ilícito de los fondos obtenidos en España».

La operativa que se seguía era, según la Policía, la creación o compra de una sociedad principal situada en un territorio off shore o paraíso fiscal, generalmente en alguna de las Antillas del Caribe, como Nevis o Curaçao. En el caso de la trama Gürtel, esas sociedades recibieron los nombres de Pacsa, Fountain Lake, Kitty Hawk, Forevermore, Walking Tall y Lubag.

La sociedad principal se convertía en accionista mayoritaria de otra sociedad, ubicada también en el extranjero: Rustfield, Windrate, Still Media, Bangtone, Permhall (estas cinco en Gran Bretaña) y Clandon (en Holanda). Estas compañías -denominadas sociedad agente- eran a su vez accionistas mayoritarias de las mercantiles domiciliadas en España. La sociedad agente era la que reintroducía el dinero en España y, según la Udef, lo hacía por tres procedimientos: ampliaciones de capital en las sociedades patrimoniales españolas, préstamos participativos e inversiones directas. Una vez inyectado el capital, esas sociedades patrimoniales (Kintamani y Caroki, las más activas) realizaban distintas inversiones y adquisiciones de bienes.

Para la salida del dinero hacia el exterior, la organización habría utilizado a personas como Eduardo Eraso, imputado en el procedimiento. El informe policial le atribuye la exportación de al menos 1.054.000 euros procedentes de la caja B de Pablo Crespo (mano derecha de Correa) que acabaron en la sociedad agente Rustfield mediante el procedimiento de la compensación. «Esta técnica consiste en que el dinero no se mueve físicamente del país», explica la Udef, «sino que lo que se hace es contactar con personas interesadas en introducir dinero desde el extranjero en España y compensar su cantidad con la que Eduardo Eraso quiere sacar del territorio nacional».

«Mediante transferencias bancarias», añade, «esa persona en el extranjero ingresa la cantidad en la cuenta bancaria de la sociedad en el exterior perteneciente a la organización de Francisco Correa y a su vez Eraso ingresa la misma cantidad en la cuenta bancaria de la entidad residente en España que la otra persona le indique».

La Policía concluye que «así, mediante una simple anotación en cuenta, cada uno de los partícipes tiene el dinero donde quiere, sin que las autoridades administrativas se hayan percatado de ello y sin que se produzca el movimiento físico de los fondos». La Policía ha constatado este procedimiento mediante el análisis de los extractos bancarios de Rustfield y los documentos intervenidos en el despacho de Ramón Blanco. Según la Udef, Eraso habría recibido una comisión del 1% o 2% de la cuantía exportada y operó «tanto con personas físicas (F. Carreno, J. De Herrera Fernández, Julia Llopis, ...) como con personas jurídicas (Serengueti Investements o Trébol Services)».

Una vez que el dinero quedaba colocado en las sociedades agentes ubicadas en el extranjero, la organización lo habría reintroducido en España mediante:

- Ampliaciones de capital, como las que Rustfield realizó en Kintamani (5,4 millones), Caroki (1,2 millones) o Proyedicon (260.000 euros). O como las que Lubag y Clandon realizaron en Osiris por un total de cinco millones.

- Préstamos participativos, como los realizados por Rustfield en Proyedicon.

- Inversiones directas. El informe analiza dos operaciones realizadas directamente desde Rustfield. Una de ellas es la participación con el 22,5% en el capital social de Nuevas Promociones Inmobiliarias Salobreñas, una sociedad dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares. La otra operación fue la participación con el 50% en el capital social de Proyedicon, una sociedad creada por la organización de Correa para la compra de la finca Monte El Valle, en El Escorial (Madrid). «El objetivo de la operación», afirma la Udef, «era la obtención de beneficio mediante la venta posterior de la finca y la especulación mediante el cambio de utilidad urbanística de la misma». La Policía halló en el bufete de Blanco Balín documentos en los que se reflejaban distintas opciones distinguiendo entre dinero Alicante (el que circularía dentro de los cauces legales) y dinero Barcelona, o fondos opacos. Se trata de la misma terminología de la contabilidad de la trama que se encuentra en el pendrive intervenido a José Luis Izquierdo. La finca de El Escorial fue vendida al empresario José Luis Ulibarri, también imputado, por un montante escriturado de 8,5 millones.

El informe policial analiza las inversiones y adquisiciones de bienes que la trama realizó una vez que el dinero retornó a España desde las estructuras exteriores.

Así, valora la adquisición por Caroki de cuatro parcelas en la urbanización gaditana de Sotogrande, así como dos pisos en Residencial Mirador de Palacio de Vallehermoso.

Kintamani, por su parte, adquirió un ático, un piso y cinco plazas de garaje en la urbanización El Embrujo Playa, de Marbella (Málaga), cuatro fincas en Tarifa, cinco parcelas y dos garajes en Sotogrande, dos puntos de atraque en Sotogrande, una vivienda y dos plazas de garaje en el conjunto residencial Las Terrazas de Las Lomas en Marbella, una parcela en Las Rozas (Madrid) y dos parcelas en Algeciras.

Osiris, participada por la holandesa Clandon, adquirió inmuebles en Ibiza y Sotogrande, así como tres embarcaciones de recreo. Una de ellas, llamada Carmen Once, es descrita en el informe como «un barco preparado para ocho invitados con todo tipo de comodidades, valorado en unos 3.000.000 euros». Fue vendida a Vanique Ltd. en marzo de 2008 por 1,8 millones.

Otra de las sociedades de la trama, Pasadena Viajes, adquirió otra embarcación de recreo que fue vendida a Conseil Cabinet, vinculada, según la Policía, a José Luis Ulibarri.

La Udef incluye en el mismo informe la operativa de Hator Consulting, a la que describe como una sociedad utilizada por la organización de Correa para canalizar fondos al margen de las patrimoniales dependientes de las estructuras exteriores. Hator, administrada por Ramón Blanco (desde septiembre de 2005 a enero de 2009) y Pablo Crespo (desde enero de 2009), compró una parcela en la localidad alicantina de La Nucía gracias a fondos provenientes de Osiris. La venta la realizó otra sociedad de la organización, Castaño Corporate, vinculada a Jacobo Gordon.

Los investigadores sostienen que la trama funcionaba con una «unidad de caja». «Los fondos canalizados desde el exterior a las sociedades patrimoniales españolas se destinan a cubrir necesidades puntuales de tesorería de otras compañías de la organización mediante trasvases de capitales entre las distintas posiciones bancarias», explica.

El informe destaca el papel clave que habrían desempeñado Luis de Miguel y Ramón Blanco. «La creación de tales estructuras empresariales en el exterior», señala, «requiere de conocimientos legales, aportados por los artífices de su constitución: en un primer momento, Luis de Miguel y, posteriormente, Ramón Blanco». Eran precisos, igualmente, corresponsales en los países donde se establece el domicilio fiscal de las empresas que componen el entramado exterior. «La cantidad de documentación incautada», escribe la Udef «ha permitido conocer cómo desde el despacho de Luis de Miguel o desde el despacho de Ramón Blanco se remitían y recibían faxes y correos electrónicos a sociedades y despachos de asesoría sitos en las Islas del Canal de la Mancha, en Nevis, en Holanda o en Curaçao».

Según la Policía, la trama Gürtel se aprovechó de «legislaciones que permiten mantener la opacidad en las operaciones llevadas a cabo por las sociedades radicadas en sus territorios. Por este motivo se eligen territorios off shore como las islas Nevis o Curaçao, en el Caribe, o las Islas del Canal o Suiza en Europa».

www.elmundo.es 16.11.10

02. Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

El bróker estadounidense de Correa se negó a declarar en junio en Nueva York

Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso. Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita.

· Randall Lew Caruso trabaja ahora para el banco privado Morgan Stanley

· La policía ve crucial interrogar al gestor americano de los fondos de Correa

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a EL PAÍS que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros". Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa.

La Fiscalía de Nueva York tiene en su poder una comisión rogatoria del juez Pedreira pidiéndole que interrogue a Caruso por delitos fiscales y de evasión de capitales, entre otros. Al ser consciente de que era investigado en España, el abogado de Caruso se entrevistó el pasado 14 de junio en Nueva York con funcionarios policiales comisionados por la justicia norteamericana a instancias de Pedreira. Fue el propio abogado de Caruso el que pidió a los agentes entrevistarse con ellos. El letrado quería información sobre la situación judicial de Caruso, ya que su cliente, comentó, le había expresado "su miedo" a salir del país ante la eventualidad de que fuese detenido.

El abogado habló con los agentes tras recibir de la fiscalía de Nueva York (EE UU) un requerimiento para que compareciese en sus dependencias y prestara declaración en relación con la petición de ayuda cursada por el juez español. Los agentes informaron al abogado de los delitos de los que estaba "imputado" su cliente y del carácter secreto de las diligencias, y le conminaron a que declarase al día siguiente, 15 de junio, ante la fiscalía neoyorquina. Incluso le sugirieron la posibilidad de que prestase declaración, a través de videoconferencia, simultáneamente con Madrid.

El abogado no se comprometió a nada en ese momento, aunque horas después comunicó a los policías que ni él ni su cliente Caruso acudirían a la citación. En ese instante, Caruso trabajaba para la sociedad Merrill Lynch, pero el 16 de septiembre, al ver que sus pasos eran seguidos por la justicia, informó a Wall Street de que cambiaba su firma de operaciones a favor de la citada Morgan Stanley, a la que trasladó su bolsa de clientes, se supone que entre ellos a Correa. Morgan Stanley ha pagado una fuerte suma a Caruso por sus servicios antes de conocer sus problemas con la justicia.

La policía sostiene en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS que Correa y Crespo crearon "una estructura societaria en los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho Juris Magister, dirigido por Vicente Luis Agramunt Siurana y dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune".

Según el citado informe, que está en poder de la justicia estadounidense, "los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami" de Bancaja, "dirigida por Guillermo Martínez Lluch". La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida (EE UU).

Siempre según el citado informe, el dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias "era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por Caruso y residenciada en las Islas Caimán, tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la república de Singapur". Los investigadores de Gürtel están convencidos de que Caruso es el "asesor financiero y persona de confianza de Francisco Correa y [su lugarteniente en la trama] Pablo Crespo", y que se trata de la persona que "creó, gestionó y administró la estructura societaria en las Islas Caimán y los fondos de las sociedades a través de las posiciones que dichas compañías tienen en la entidad financiera Merrill Lynch", donde Caruso desarrolló su actividad hasta hace unos meses, cuando fue fichado por Morgan Stanley. En el citado informe, los investigadores de Gürtel "consideran crucial" interrogar a Caruso "para determinar el destino de parte de los fondos de la organización [de Correa] generados por operaciones delictivas en España, así como el dinero ya blanqueado en operaciones inmobiliarias de carácter especulativo desarrolladas en los Estados Unidos de América". En Morgan Stanley, ignorantes de los supuestos chanchullos de Correa y Caruso, existe preocupación por las consecuencias de la investigación a la que está sometido Caruso y la posible ilicitud de los fondos de Correa. Merrill Lynch fue adquirida el año pasado por el Bank of America a un precio de 44.000 millones de dólares. No obstante, Caruso ha recalado finalmente, con su cartera de clientes, en Morgan Stanley. En concreto, ahora trabaja para la división internacional de banca privada de esta firma, denominada Wealth Management, ubicada en la calle 399 de Park Avenue. Fuentes cercanas a Morgan Stanley señalan que la preocupación viene dada porque esta entidad tiene como principio básico "no gestionar u ocultar dinero de procedencia ilícita y menos aun de un país democrático como España".

El nombre de Randall Caruso aparece mencionado en las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la Gürtel tras ser encarcelados por el juez Garzón en febrero de 2009. En esas grabaciones, que fueron anuladas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de Correa, da instrucciones a abogados desde la prisión de Soto del Real para recuperar y esconder fondos que la organización tiene en el extranjero.

Esas conversaciones revelan que la esposa de Crespo actuó de "intermediaria" con personas de la organización "para recibir o transmitir mensajes de su marido". Y que, entre otras personas, se puso en contacto con Caruso. En una de las llamadas interceptadas, señala que ha utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Caruso.

El juez Pedreira tiene imputadas en Estados Unidos a otras cuatro personas aparte de Caruso: entre ellas, Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos de lujo frente al mar. Otro de los investigados es el español Guillermo Martínez, director en Miami de Bancaja.

21 millones en Suiza

Hacienda calcula que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, amasó dinero y bienes tasados en 85 millones de euros. En Miami (EE UU) y España tiene numerosos inmuebles a nombre de terceros que son suyos.

A los 30 millones que la investigación de Gürtel le busca en Estados Unidos y las Islas Caimán, se unen los 21 millones que ya le han sido localizados, y bloqueados, en Suiza. Todo este dinero procede del dinero que logró la red gracias a negocios basados en intermediación y sobornos a políticos del PP de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y cuatro grandes municipios madrileños a cuyos ya ex alcaldes dio comisiones.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero ilícito. Aparte de en Estados Unidos, se le busca dinero en Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido.

www.elpais.es 15.11.10

03. COSPEDAL ACHACA AL MACHISMO LAS CRÍTICAS SOBRE SU MACROSUELDO

La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha achacado al machismo las críticas sobre su elevado salario, al afirmar que si ella fuera un hombre no se estaría hablando de este tema. La secretaria general del PP ha desmentido "tajantemente" que se haya subido el sueldo.

Cospedal ha calificado de "mentirosas" las declaraciones de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, en las que criticó que la secretaria general del PP se hubiera subido un 30 por ciento el sueldo en medio de la crisis económica.

"Si fuera hombre, no se dirían esas cosas"

La secretaria general del PP se ha mostrado convencida de que, "si fuera hombre, muchas de las cosas que se dicen" de ella "no se dirían" y de que, si fuera socialista, habría salido "todo el PSOE" a defenderla.

"Acoso y derribo" contra ella

La candidata del PP a las próximas autonómicas en Castilla-La Mancha cree que los socialistas la atacan a ella "directamente", con una actitud de "acoso y derribo", porque temen que en Comunidad de un vuelco político.

Niega que sea la mejor pagada

Cospedal ha negado que sea la política mejor pagada de España y ha destacado que los dirigentes del PSOE "puede hablar con toda tranquilidad" de lo que ella ingrese o no, porque sus cuentas son públicas, mientras que ella no tiene esa facilidad.

Su patrimonio, en el Boletín Oficial

La número dos del PP ha dicho que su declaración de patrimonio "está publicada en un Boletín Oficial" -"ninguna más", ha subrayado-, y ha criticado que se comparen "los ingresos brutos de una persona con lo que cobran otras después de pagar impuestos".

"Cuando sea presidenta, bajarán mis ingresos"

Cospedal, que ya se gobernando en Castilla-La Mancha, prometió que cuando llegue ese momento "voy a tener el sueldo de presidenta y voy a estar encantada, y van a bajar mis ingresos muchísimo. Y hay otros que, cuando dejen de ser presidentes de Castilla-La Mancha no sabemos lo que van a ingresar, y no digo nada más", ha afirmado.

El vídeo del PP catalán

La secretaria general del PP se ha referido al vídeo electoral elaborado por las juventudes de su partido, así como al de las juventudes del PSC y el de la ex diputada de su partido y candidata de Alternativa de Govern, Monserrat Nebrera, estos dos últimos con referencias sexuales. Según Cospedal, hubo "un error garrafal" en el vídeo de su partido, que ha reconocido tanto la candidata del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, como la empresa que lo elaboró y que, por este motivo, se ha retirado. "Hay otro tema que es completamente distinto, desde mi punto de vista. No creo que el PSC vaya a retirar ese vídeo, ni Nebrera. Ellos están muy contentos con su vídeo", ha añadido.

www.elplural.com 18.11.10

04. C. A ANDALUCÍA. UNA CONSEJERA DE AGUIRRE DICE QUE LOS ANDALUCES VENDEN A 50 EUROS EN LOS MERCADILLOS LOS ORDENADORES DE SUS HIJOS

Todavía perviven los ecos de las ofensas a Andalucía del líder de ERC, Joan Puigcercós, acusando a la comunidad de no tributar a Hacienda, cuando vuelve a la carga la derecha que de forma reiterada tiene como deporte favorito la ofensa, la burla y la ridiculización de todo lo andaluz y de sus instituciones. Lo último son unas declaraciones de la consejera de Educación del gobierno de Esperanza Aguirre donde afirma que "le han comentado" que los ordenadores que la Junta dio a los estudiantes en su programa educativo se venden en los mercadillos de Málaga a 50 euros.

Uno de los logros más brillantes de la política educativa de la Junta de Andalucía ha sido sin duda la progresiva cesión, a los escolares andaluces y a los profesores, de ordenadores personales en la escuela para su desarrollo en las nuevas tecnologías. Frente a ello, la derecha ataca con un comentario más propio de una taberna que de una sede parlamentaria.

Rumores de amigos

La endeblez y la falsedad de los argumentos de la consejera Lucía Figar, se demuestran por sí solos. Afirmar que que "el otro día me llamó un amigo y me dijo que en el mercadillo de Málaga se venden por 50 euros" los ordenadores del programa Escuela 2.0 pertenecientes a la Junta de Andalucía, es cuando menos una frivolidad y elevar el chisme y calumnia al nivel de categoría política. La consejera es esposa de Carlos Aragonés quien fuera adjunto a la presidencia del Partido Popular con Aznar, diputado y uno de los hombres de mayor confianza de ex presidente de Gobierno.

Se esperan reacciones del Gobierno andaluz

Las reacciones se esperan que sean duras por parte del Gobierno andaluz ya que las ofensas son reiteradas y continuas desde distintos frentes y miembros del PP. Desde Ana Mato que llamó analfabetos a los niños andaluces, a la propia Aguirre o Juan Carlos Aparicio con sus calificaciones de indolentes y subsidiados, pasando con Vidal Quadras que calificó de subnormal profundo a Blas Infante, o terminando por el diputado Soler mofándose del acento andaluz, son muchas ya las ofensas graves y permanentes que se reciben desde el PP.

Brecha abierta por el PP

En ese sentido cabría recordar que la Presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, afirmaba ayer que la brecha ofensiva de Puigcercós, fue ya abierta antes desde el Partido Popular, haciendo mención a las agresiones verbales que desde este partido tienen como destino Andalucía o sus habitantes.

www.elplural.com 17.11.10

05. C. A CATALUÑA. EL PP CATALÁN LANZA UN JUEGO DE 'CAZA' DE INDEPENDENTISTAS Y 'SIN PAPELES'

El videojuego web, protagonizado por Sánchez-Camacho, fue retirado anoche

El juego interactivo es de lo más sencillo: se trata de sumar puntos destruyendo personajes e iconos. La heroína es la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, quien, a lomos de una gaviota llamada Pepe, va disparando a todo lo que se mueve para "sacar" a Cataluña de la crisis. Pero eso que se mueve son inmigrantes "ilegales" (así los califica) que se lanzan desde una avioneta en paracaídas e independentistas catalanes. Aparecen también imágenes de la cultura catalana y española, como barretinas, monteras, butifarras y paellas. Cuantas más se abaten, más puntos se obtienen.

A primera hora de la tarde de ayer, cuando los servicios de prensa del PP anunciaron el lanzamiento del juego en Internet -y una versión para móviles-, la página se colapsó por las miles de entradas registradas. Posteriormente, sobre las diez de la noche, lo retiraron de la web. El partido explicó en un comunicado que la empresa desarrolladora no había seguido sus indicaciones. De esta forma, en el cartel que rezaba "inmigrantes ilegales" debía figurar la frase "mafias ilegales". El PP lamentó el supuesto error. Anoche era imposible acceder al juego, que ofrecía este mensaje: "Aunque parezca mentira, este error no lo ha producido el presidente Montilla".

El juego se denomina Rescate y está protagonizado por Alicia Croft, en referencia a la protagonista de la saga de videojuegos Tomb Raider, Lara Croft, que ha interpretado la actriz Angelina Jolie en el cine. Se pueden eliminar todas las imágenes o bien solo aquellas que supuestamente aluden a la simbología catalana o la española.

También se lanzan unas bombillas que aparecen en la parte inferior de la pantalla y que representan las "ideas" que defiende el PP en esta campaña para salir de la crisis económica.

Además de inmigrantes irregulares e independentistas, se puede destruir un zepelín con la bandera de la estrella independentista, una cola de parados, el despilfarro público, una boca cerrada que simboliza la "falta" de libertad lingüística en Cataluña y los iconos de las pegatinas del toro y del burro catalán que se enganchan en la parte trasera de los vehículos.

La idea de destruir inmigrantes irregulares no es nueva. En 2009, el partido italiano Liga Norte publicó en su página de Facebook un juego en el que se acumulaban puntos hundiendo el mayor número posible de pateras que se acercaban a las costas de Italia. Fue justo el verano en ese país se vivieron varias tragedias por la llegada de inmigrantes.

www.elpais.es 17.11.10

06. C.A GALICIA. BALTAR: "QUE EL PSOE TENGA CUIDADO CON LO QUE LE DICE AL FISCAL PORQUE LO EMPAQUETO"

"Que tenga cuidado con lo que le dice al fiscal porque si se pasa, lo empaqueto". Con esta advertencia respondía ayer José Luis Baltar a la denuncia presentada contra él ante la fiscalía por los socialistas ourensanos, que lo acusan de malversación y prevaricación en la contratación de 200 personas en las vísperas del congreso provincial del PP que puso a su hijo al frente del partido.

Una hora antes de que el secretario del PSOE de Ourense, Raúl Fernández, se ratificara ayer ante el fiscal jefe de la Audencia, Florentino Delgado, en la supuesta ilegalidad de los contratos firmados por Baltar, el presidente provincial advertía al socialista: "Si se pasa en lo que dice, me va a tener en la otra puerta del juzgado".

Mientras Fernández detallaba ante el fiscal que las 200 contrataciones de compromisarios o parientes de estos fueron realizadas "sin los informes pertinentes de Intervención", Baltar insistía en la legalidad del procedimiento y precisaba que no empleó a ningún compromisario. El barón ourensano negó, además, el supuesto trato de favor en la concesión de puestos de funcionarios a parientes y cargos del PP. Baltar se refirió a la oferta de empleo abierta estos días para matizar que en el examen que ya se ha calificado no sólo han aprobado personas vinculadas al PP. "Hay otros cuatro que aún tienen posibilidad de obtener plaza", puntualizó.

El líder de los socialistas ourensanos espera que Baltar lleve también a los tribunales "a Juan Jiménez [el alcalde de Verín que competía con Baltar Blanco por la presidencia del partido en el cónclave del pasado enero] ya que también él lo acusó de hacer contratos en fraude de ley para ganar el congreso". En su declaración ante el fiscal, Fernández argumentó que el pleno de la Diputación del pasado mes acordó realizar una modificación de crédito para hacer frente a los salarios de los contratados durante el congreso del PP "lo que evidencia, entre otras cosas, que no había partida presupuestaria en el momento en el que los firmó".

www.elpais.es 17.11.11

07. C.A GALICIA HACIENDA INVESTIGA LA FINANCIACIÓN DE BALTAR AL CLUB DEPORTIVO OURENSE

La Agencia Tributaria estudia el origen de más de 800.000 euros

La Agencia Tributaria investiga el origen de más de 800.000 euros aportados al Club Deportivo Ourense (CDO) por el ex delegado provincial de Medioambiente de la Xunta, y uno de los hombres de confianza de José Luis Baltar, Agustín Prado Verdeal. De momento, el ex delegado provincial, maestro de profesión y principal acreedor particular del Ourense, ha declarado ante representantes de la Agencia Tributaria que le conminan a que explique la procedencia de los 800.000 euros que prestó al club cuando Baltar era dueño del mismo y la contabilidad evidenciaba el descalabro.

El presidente de la Diputación otorgó subvenciones al club cuando era su dueño

El organismo provincial concedió casi 2,5 millones en ayudas a la entidad

Fuentes de la Agencia Tributaria no descartan, a raíz de la comparecencia de Prado Verdeal, que el propio presidente de la Diputación sea citado también a declarar. Baltar, que asumió las riendas del club en 1998, tras comprar el paquete de acciones al grupo Zeta y convertirse en propietario de la entidad deportiva, colocó de presidente del club a otro militante del PP -actualmente concejal en Ourense-, José Luis Sousa. Mientras Baltar -entonces presidente provincial del PP, además de la Diputación- era dueño del club a título personal, le concedía millonarias subvenciones desde la institución provincial. Pero el negocio que había hecho comprando las acciones del club no fue bueno y ello se evidenció en lo deportivo. En la primera temporada en la que fue dueño del club, el equipo terminó colista y descendió a Segunda División B. Era el principio del fiasco.

Baltar no sólo compró las acciones del club, por algo más de 120 millones de pesetas de 1998. Cuando la sociedad deportiva empezó a hacer aguas en la contabilidad -no había dinero para pagar a los jugadores- aparecieron personas de su entorno más próximo, como Prado Verdeal y otros militantes del PP, que aportaron la cantidad necesaria para un saneado de emergencia. La lista de acreedores, por un total de 5,6 millones de euros, es de un centenar de personas o entidades. Entre ellos, la Agencia Tributaria, a la que debe un millón de euros y Caixanova, con la que mantiene una deuda de 2,3 millones. El patrimonio del club no supera los 28.000 euros.

Con la entidad deportiva en quiebra técnica, el presidente provincial comenzó a deshacerse de las acciones -que vendió también a personas de su entorno, fundamentalmente político- mientras su amigo Prado Verdeal continuaba como principal acreedor de entre los particulares que hicieron préstamos al club.

El Club Deportivo Ourense se alimentó de las subvenciones de la Diputación mientras ello fue posible. En 2001, las arcas públicas de la institución presidida por Baltar desembolsaron 65 millones de pesetas para el club del presidente. En 2002, la Diputación aportó 570.900 euros y en 2003, 511.803 euros más. En 2004, el CDO recibió subvenciones de la institución provincial por 510.000. En 2005 y 2006, las subvenciones de la Diputación al club no superaron ya los 210.000 euros y en 2007 y 2008 fueron ya sólo por importe de 180.000 euros cada año.

En enero de 2007, Baltar anunció que el 80% de las subvenciones -principal y casi exclusiva fuente de ingresos de la entidad deportiva- quedaban embargadas hasta 2010. El presidente admitió entonces que la Diputación tenía notificaciones para lo que restaba de década. En ese mismo 2007, Prado volvió a convertirse en accionista ya que, al declarar el club la suspensión de pagos, transformó las deudas en acciones. Fue un trámite, porque no se produjo la necesaria ampliación de capital. Ahí se cortó el grifo de las subvenciones millonarias que el presidente Baltar concedía desde la institución pública que presidía al empresario Baltar.

Una auditoría realizada posteriormente al club, por orden judicial, evidenció la vinculación entre la mala gestión financiera de los representantes del PP con la quiebra técnica del CDO. Entre la lista de allegados a Baltar que figuran como acreedores del club están también el que fue presidente de la entidad, Joaquín Muñoz, ex diputado autonómico del PP. Muñoz facturó a su empresa, desde su cargo de presidente del Ourense, según el informe de la administración concursal. Otro de los acreedores con cargo en el PP es el también ex presidente José Luis Sousa. Y también la empresa Viajes Compostela, que preside el hermano del entonces vicepresidente de la Diputación y actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez.

Los peritos que hicieron la auditoría al club no tuvieron dudas en manifestar que el CDO estuvo funcionando a costa del erario público, a través de las subvenciones de la Diputación y del Ayuntamiento durante los años de mandato del PP.

Una plaza en juego en la Diputación

Mientras Agustín Prado Verdeal comenzaba a responder ante la Agencia Tributaria por el origen de los 800.000 euros que prestó al Club Deportivo Ourense, su hija se presentaba a unas oposiciones para acceder a un puesto de trabajo en la Diputación. Con el personal desbordando las oficinas de la institución, en esta ocasión la hija de Prado Verdeal aspiraba a una de las tres plazas de auxiliar administrativo ofertadas para las que debía competir contra más de un centenar de personas.

No aprobó. Ha obtenido una calificación de 0,00 en el primer examen. Su hermano entró hace unos años en la Diputación sin dificultad, pero en esta ocasión, ella lo ha tenido más difícil. Sí ha superado, sin embargo, esta primera criba el hijo de otro concejal del PP, Odilo Masid, igualmente próximo al presidente provincial.

En cualquier caso María del Carmen Prado -que ya ha tenido empleos como eventual en la Diputación- se ha presentado a otra plaza de la última oferta de empleo cuya nota aún no se ha hecho pública. En esta ocasión, la oferta es pequeña: los tres puestos de auxiliar administrativo, uno de operario sin cualificación, nueve de peones, uno de mecánico, cuatro de peones agrícolas, uno de portero para el edificio Simeón -que ya tiene 30 para atender tres puertas- y otro de recepcionista para el mismo centro.

www.elpais.es 14.11.10

08. C.A GALICIA. LOUZÁN ELOGIA LA FACETA EMPRESARIAL DE TELMO MARTÍN TRAS LA MULTA A SU COMPAÑÍA

El presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, elogió ayer la faceta empresarial del candidato popular a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, como socio de la constructora Construcuatro. Lo hizo un día después de que se conociese la multa de 3,7 millones a la compañía que, según considera probado la Xunta, cobró sobreprecios por unas viviendas sociales.

Louzán incidió en que "esta cuestión está resuelta en el ámbito judicial" y elogió a actividad profesional de Telmo Martín argumentando que "es totalmente lícita la actividad empresarial, que ojalá tuvieran muchas otras personas". Destacó del alcaldable popular "su dinamismo y actividad empresarial" que "de todos son conocidos", con una sociedad "que puso en marcha en Galicia y en España mucha actividad en el ámbito inmobiliario".

Para el dirigente provincial de los populares de Pontevedra, el expediente es "un procedimiento normal del que tiene que dar cuenta la propia empresa". Más allá de su repercusión, Louzán aseguró que hay que "felicitarse porque a veces se intentan mezclar cosas que para todos deberían ser perfectamente comprensibles". La propuesta de resolución de la consellería hacia Construcuatro se refiere, según Rafael Louzán, "a una actuación de las muchísimas que tuvo esa empresa en toda Galicia".

En una rueda de prensa conjunta tras una reunión del PP, el conselleiro Agustín Hernández indicó que la resolución contra la empresa Construcuatro para que abone 3,7 millones de euros de multa por haber cobrado sobreprecios a 30 compradores de pisos de protección oficial en el barrio vigués de Navia se tramitó "como cualquier expediente de cualquier promotora".

www.elpais.es 14.11.10

09. C.A GALICIA .EL PRESIDENTE AVALA A MARTÍN TRAS LA MULTA A CONSTRUCUATRO

En medio de las gestiones para lograr que Galicia no pierda fondos de la UE, Alberto Núñez Feijóo se vio obligado por los periodistas a dar su opinión en Bruselas sobre el candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, después de que la empresa de la que es socio fuese sancionada con 3,7 millones de euros por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas. "Los asuntos de esa persona no están ni en el expediente judicial ni en el administrativo por lo que no hay ningún pronunciamiento sobre la misma, sino sobre una empresa", constató Feijóo para dar su respaldo al líder del PP pontevedrés. El presidente justificó ese apoyo porque, según él, no se debe "mezclar" la actividad política de Martín con sus ocupaciones empresariales.

Feijóo defendió el proceder del Ejecutivo. "La Xunta actúa siempre del mismo modo y no distingue de qué empresa u organismo se trata con independencia de su origen, afiliación o interés", adujo. E insistió: "El Gobierno gallego siempre tratará a todos por igual", antes de reiterar que Martín no aparece citado en el expediente sancionador.

El texto de la sanción no se refiere a Martín expresamente sino que condena a la empresa Construcuatro, propiedad suya en un 33%. Sus socios en la compañía, José Manuel Torres García y Eugenio Sobral Fernández, sí son nombrados como responsables solidarios. La propuesta de sanción de la Consellería de Territorio -que Martín ya ha asegurado que recurrirá- llegó después de que una juez negase relevancia penal a las irregularidades de Construcuatro. Los 3,7 millones de sanción incluyen, detalla el abogado de los afectados, Antonio Castela, 2,5 de multa y 1,2 en concepto de devoluciones a los propietarios de los pisos. La sanción administrativa llegó después de que una jueza descartase la relevancia penal de los hechos, por entender que no existió "coacción o engaño".

www.elpais,es 17.11.10

10. C.A GALICIA. FEIJÓO SALVA DE LOS RECORTES AL ÚNICO HOSPITAL PRIVADO DE LA RED PÚBLICA

El hospital privado, que amenazó con despidos, se garantiza 73 millones anuales

Povisa ya tiene lo que quería. Las amenazas de despidos masivos en el hospital privado, el de referencia para 143.000 personas del área sanitaria de Vigo, han ablandado la postura de la Xunta, que ha accedido a prorrogar por un período indeterminado el millonario concierto entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el policlínico de Vigo, por el que este ingresa unos 73 millones de euros anuales. El acuerdo fue adoptado ayer por el Consello de la Xunta, a apenas mes y medio de que venza el convenio en vigor, que data de 2000. La prórroga no tiene más límites temporales que el acuerdo para un nuevo concierto, que Povisa negociará con la garantía de los 73 millones anuales.

La Xunta dice ahora que el nuevo hospital "intentará" equilibrar oferta y demanda

La moratoria de Sanidade satisface las demandas de los dueños de Povisa

"Estamos mandando un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, a los pacientes y, supongo, al equipo directivo del hospital", declaró Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno gallego. Una vez asegurados los ingresos procedentes del Sergas, que significan el 74% de la facturación total de Povisa, la Consellería de Sanidade y la dirección del centro seguirán negociando el nuevo concierto. Hay acuerdo en que sea por un plazo de 10 años, a pesar del cambio radical que experimentará la sanidad en Vigo en torno a 2014, cuando entre en funcionamiento el nuevo hospital.

Pero el objetivo de este nuevo hospital, matizó ayer Feijóo, es el de "intentar" que se equilibre la oferta con la demanda sanitaria en Vigo, lo que introduce en el discurso de la Xunta un margen de incertidumbre inédito hasta la fecha. De lograrse ese equilibrio, Sanidade podría prescindir del lastre que supone para las arcas autonómicas el concierto con el hospital privado. Sin embargo, la Xunta está anticipando que la colaboración con Povisa va para largo. De un lado, lo hace implícitamente al negociar un convenio que va seis años más allá de la puesta en marcha del nuevo hospital. Además, Feijóo vaticinó que "dentro de tres o cuatro años", la Xunta seguirá "hablando con Povisa, como no podía ser de otra manera", para definir su papel en el área sanitaria viguesa.

La prórroga del concierto se produce después de que la clínica viguesa, propiedad de la familia Silveira, amenazase con dejar en la calle a 1.200 empleados y privar de atención sanitaria a los pacientes que lo tienen asignado como hospital de referencia, en su mayor parte de la zona de O Morrazo. En las negociaciones con el Sergas, el policlínico reclamaba garantías de que, a partir del 1 de enero, el concierto actual estaría en vigor, que es lo que acaba de formalizar el Gobierno gallego.

Feijóo no ocultó que el paso dado ayer por su Gobierno era el que quería Povisa. "Como se quería una explicitación de la prórroga automática hasta que haya un nuevo concierto, es lo que la Xunta acaba de aprobar", declaró, aunque añadió: "Es exactamente lo que queríamos hacer desde el primer momento". Tampoco pasó por alto el presidente gallego las ventajas que para Povisa tiene la prórroga. Así, resaltó que, en un momento en el que los Presupuestos de la Xunta se reducen un 10,8%, las aportaciones del Sergas al hospital vigués no disminuirán. "La Xunta está haciendo un esfuerzo para garantizar que en el área sanitaria que cubre Povisa no se disminuye un solo euro", declaró el presidente. "Es el mejor mensaje que se puede dar", añadió.

La prórroga automática del concierto renovado por última vez en 2000 permitirá a Povisa "planificar adecuadamente" la continuidad del servicio y, según Feijóo, "imposibilita cualquier expediente de regulación de empleo" que la empresa "pudiera tener intención de presentar". Ese último convenio contiene una cláusula que establece que, en caso de vencer el período de vigencia, la Xunta podrá acordar que el centro hospitalario "siga prestando el servicio por razón de interés público durante el tiempo necesario hasta la formalización de un nuevo acuerdo". La cláusula no hace referencia a las condiciones económicas de esta prórroga, que la Xunta mantendrá en los mismos términos que viene aplicando hasta ahora. El anuncio de un expediente de regulación de empleo provocó en las últimas semanas movilizaciones del comité de empresa, que el pasado martes se suspendieron a la espera que se produjera la prórroga aprobada ayer.

www.elpais.es 19.11.10

11. C.A GALICIA. VÁZQUEZ EXIGE A FARJAS QUE DIMITA POR LAS PRUEBAS DEL SERGAS

El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reclamó ayer la dimisión de la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, por las "irregularidades" detectadas en las oposiciones del Sergas. En los últimos meses los socialistas han denunciado anomalías en el funcionamiento de estos exámenes, como que familiares de la jefa de recursos humanos sacaron las mejores notas y que un trabajador, como reconoce la Xunta, participó en la corrección de su propia prueba.

El pasado miércoles el diputado José Manuel Lage aseguró que la hermana de este corrector logró la segunda mejor nota de su grupo. "Ya no me sorprende que un opositor corrija su examen, ya lo hemos visto y está comprobado, lo que más me sorprende es la postura de la conselleira", aseguró el líder socialista, quien advirtió a la conselleira que "decir que no hay irregularidades es insultar la inteligencia de todos los gallegos", informa Europa Press.

Vázquez, que tachó esta situación de "escándalo", criticó la ausencia de dimisiones y censuró a Farjas por contar "muchas mentiras" pese a ser "muy religiosa, muy católica". Para el líder socialista, la titular de Sanidade no dice la verdad sobre las listas de espera y tiene "chanchullos" en su departamento. Así, comparó la consellería con la Diputación de Baltar en Ourense, "donde entran los familiares y amigos".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechazó cualquier responsabilidad en las anomalías de las oposiciones, de las que resaltó que fueron convocadas por el bipartito y corregidas por tribunales elegidos también por el anterior Gobierno. "Si hay alguien que no cumplió con sus compromisos éticos y legales que se diga cuál es el nombre y así podemos actuar. Si no, lo único que podemos hacer es perseguir a alguien que no conocemos", concluyó.

"Soberanía nacional"

Las declaraciones de Pilar Farjas pidiendo al Gobierno central que respete "la soberanía gallega" en su intención de crear un catálogo propio de medicamentos, diferente del estatal, también fueron objeto de las críticas de Vázquez, quien ironizó que la conselleira "defiende los valores de la unidad de España" al tiempo que "descubre la soberanía nacional medicamentaria".

Para el líder socialista, la situación sanitaria de Galicia es "un clamor", ya que "hay un presidente que no gestiona la sanidad y que no controla a una conselleira especialista en meterse en charcos". De Feijóo recordó su llegada al poder "defendiendo que iba a aportar ética y transparencia".

www.elpais.es es 19.11.10

12. C.A GALICIA. UN INFORME JURÍDICO TACHA DE ILEGAL EL CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL PP

El estudio, encargado por las farmacéuticas, alerta de la vulneración de derechos

Un informe jurídico encargado por la patronal farmacéutica (Farmaindustria) al despacho de abogados Uría Menéndez concluye lo que ya advertía el Ministerio de Sanidad: Galicia no puede tener un catálogo de medicamentos propio que restrinja el número de fármacos sufragados por la Administración.

La patronal espera que Madrid frene la ley que prepara el Parlamento

No tiene vinculación jurídica, pero es una opinión más contra lo que pretende hacer el Partido Popular, que en verano llevó al Parlamento una Proposición de Ley para crear este catálogo como medida de ahorro. La idea es seleccionar entre los medicamentos incluidos en el nomenclátor de toda España -que impone el ministerio- aquellos más baratos sin excluir ningún principio activo. "El mejor medicamento al mejor precio", repite el parlamentario Miguel Santalices. Sanidad ya había advertido de que la comunidad no tiene competencias para hacerlo. De hecho, el secretario general del ministerio, José Martínez Olmos, aseguró hace dos semanas en el Senado que "no va a haber diferencia entre autonomías".

En esa misma línea va el informe jurídico de Uría Menéndez, que fue dado a conocer ayer por Farmaindustria. Recuerda la competencia exclusiva del Gobierno central a la hora de determinar los medicamentos que son financiables con fondos públicos. Entre otras normas, el catálogo se salta el artículo 20 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que enuncia que la cartera de servicios de las comunidades autónomas "incluirá cuando menos la del Sistema Nacional de Salud".

Los responsables de Farmaindustria, que representa los intereses de las marcas de medicamentos no genéricos, insisten en que si se hace se discriminará a los ciudadanos gallegos, que tendrían menos derechos que los del resto de España. Además, hacen hincapié en que, aun con el mismo principio activo, cada medicamento es distinto a otro por los excipientes o las cantidades exactas de estos principios. Sin embargo, no puede emprender medidas legales contra una ley aprobada por un Parlamento y confía en que el Gobierno recurra la ley si llega aprobarse.

El informe que presentaron ayer en Santiago también analiza considera que el catálogo "vulnera el derecho de los profesionales a la libertad de prescripción que cuenta con el único límite del nomenclátor autorizado por el ministerio".

Ante esta posibilidad, el Partido Popular ya había anunciado que durante la tramitación de la norma se incluirá una modificación para que los médicos puedan, en casos excepcionales y mediante un informe, prescribir otros medicamentos.

Esto no cambia nada en opinión de Farmaindustria. "Lo que no se puede es hacer un catálogo con menos fármacos", subrayó José Ramón Luis-Yagüe, director de relaciones con las comunidades autónomas de la patronal. Lourdes Fraguas, la directora del departamento jurídico, se preguntó por qué sólo se va a poder prescribir medicinas fuera del catálogo en "casos excepcionales". "Los médicos tendrían que hacer un informe para recetarlos, lo que pone trabas a la hora de prescribir", señaló.

www.elpais.es 16.11.10

13. C. AUTOMOMA DE CASTLLA Y LEÓN .EL BERLUSCONI DE PUCELA

Los escándalos salpican al alcalde de Valladolid, autor de la alusión a los "morritos" de Leire Pajín

En Valladolid, Javier León de la Riva, de 64 años, es el ginecólogo e hijo de ginecólogo que gobierna la ciudad desde 1995. En el resto de España le han hecho célebre sus pensamientos en voz alta sobre "los morritos" de Leire Pajín y otras burlas machistas similares a las del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, como cuando sugirió que a su entonces contrincante a la alcaldía, Soraya Rodríguez (PSOE), no tenía ganas ni de violarla. EL PAÍS ha preguntado en su entorno a personas que han trabajado, trabajan o se enfrentaron a él, cómo es en realidad el alcalde más polémico.

Es "machista" y "autoritario", según sus próximos, pero también "trabajador"

No han traspasado la frontera de Valladolid con la misma intensidad que sus comentarios, pero los escándalos urbanísticos se han sucedido en su Ayuntamiento. Su hijo consiguió una vivienda de protección oficial gracias a que se lo adjudicó, a dedo, una promotora que es una de las principales adjudicatarias de contratos municipales. Y parte de la casa donde vive actualmente el alcalde tiene una sentencia de derribo. León de la Riva la adquirió tres días después de haber concedido la licencia. A pesar de ello, la justicia falló en contra y las obras de demolición costarán al erario público cerca de 600.000 euros.

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento está imputado por la alteración del Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó de una forma en el pleno y se publicó de otra (con más densidad de viviendas) en el Boletín Oficial de la provincia. La fiscalía y el juez han pedido refuerzos para investigarlo. En el llamado caso Valdechibillas, para construir casi 16.000 viviendas en la ciudad, dos concejales del PP denunciaron "coacciones de todos los tipos" tras el pleno en que se aprobó el proyecto. El promotor era hermano de la concejal de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, y amigo personal del alcalde. El plan está paralizado por el Gobierno de Castilla y León.

Pero el amigo más beneficiado por León de la Riva ha sido el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. Su empresa, Begar, se ha hecho con contratos millonarios pese a existir informes en contra en algunos casos. León de la Riva reconoce esta amistad y haber viajado en el yate que Ulibarri compró al cabecilla de la red de corrupción ligada a su partido, Francisco Correa, pero matiza: "No somos íntimos, y en el yate solo salí una mañana. Era un yate modesto, se notaba que estaba usado".

"Machista", "misógino", "autoritario", "soberbio", "astuto" y "muy trabajador" son las palabras más repetidas entre los entrevistados para este perfil. "Tiene un concepto de la mujer propio de otros tiempos. Cuando sale en televisión, la imagen se pone en blanco y negro", ironiza Óscar Puente, presidente del grupo socialista de Valladolid. Soraya Rodríguez, hoy secretaria de Estado de Cooperación, recuerda con desagrado la campaña por la alcaldía. "Dijo: 'Me han acusado de todo menos de violar a Soraya, pero se comprende...'. Confundía una violación, un acto de violencia, con sexualidad. Jaime Mayor Oreja le llamó la atención y él se quedó muy sorprendido porque no era consciente de haber dicho nada grave. Es bastante machista, un fiel producto de su generación, su entorno político... Fue una campaña muy tabernaria y chusca. Nunca me pidió perdón".

"Era buen alumno, pero siempre habló demasiado", asegura uno de sus profesores en la Universidad de Valladolid. "Las alumnas de la escuela de enfermería contaban que era un pulpo", asegura Nina Infante, ex concejal de IU y presidenta del Fórum de Política Feminista de Castilla y León. "Alardeaba de ligar con las enfermeras cuando era director", recuerda un ex alumno suyo. "Es muy vengativo; apuntaba en unas fichas los nombres de los profesores que le criticaban".

Sus contrincantes políticos, de distintas épocas y partidos, repiten que León de la Riva "responde siempre con un ataque personal". "Se le mueve la lengua antes que el cerebro", afirma Javier Gutiérrez, ex concejal de IU y hoy profesor de Economía Aplicada. "Pero no es valiente. Nunca contestaba en los plenos. Hacía ese tipo de comentarios cuando no había nadie enfrente para replicarle", añade.

"Piensa antes con la lengua que con la cabeza. Nos ha llamado de todo: trogloditas, la santísima trinidad... A todos nos ha insultado: comerciantes, mujeres, inmigrantes. Para mí es un tímido que se ha venido arriba con el poder", asegura Pablo Gerbolés, presidente de la Federación de Vecinos de Valladolid. El presidente de la Cooperativa Vallisoletana de Empresarios, Manuel Soler, añade: "Es un hombre impulsivo, soberbio y autoritario. Siempre se mete en los terrenos personales. Cuando critiqué la subida de impuestos me dijo que vendiera mis bragas a precio de coste".

Su segundo teniente de alcalde, Manuel Sánchez, asegura: "Es muy trabajador. La gente le quiere como es. Va de frente y dice lo que piensa. Como amigo le he visto muy afectado por el asunto de Pajín. ¿Si le sentó mal el reproche de Rajoy? Él encaja muy bien los golpes. Es una persona sensible. Yo le he visto llorar".

www.elpais.es 14.11.10

14. C.A DE MADRID. EL APOYO DE AGUIRRE A LA ESCUELA PRIVADA COSTARÁ 90 MILLONES

Los efectos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos agitaron ayer la Asamblea de Madrid. El grupo socialista criticó algunas medidas incluidas en la ley escoba, como el incremento de la deducción por escolaridad que beneficia a los padres con hijos en colegios privados. "Es un regalo fiscal que beneficia a las rentas más altas. Usted le quita el dinero a los pobres para dárselo a los más ricos", proclamó en la Asamblea de Madrid la diputada socialista, Mercedes Díaz Massó.

Elimina órganos que cuestan menos que sus campañas de publicidad

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2011, conocida como ley escoba porque es la norma que utiliza la Comunidad de Madrid para realizar modificaciones legislativas de última hora, incluye un aumento en la deducción para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria no gratuita. La norma impulsada por el PP de Esperanza Aguirre amplía los tramos de renta y la cuantía que recibirán los padres. Aguirre responde así a las peticiones de la patronal de los centros privados (Acade), que le reclamó más ayudas. La nueva ley triplica los 10.000 euros anuales de renta por cada miembro de la familia hasta 30.000 euros al año, lo que supone que una familia de tres miembros con ingresos de 90.000 euros anuales tendrá deducciones. Además, también se incrementan las ayudas anuales de 500 a 900 euros por cada hijo. "La Comunidad de Madrid dejará de ingresar cerca de 90 millones de euros", aseguró la parlamentaria socialista que hizo el cálculo atendiendo a los datos de ingresos fiscales por IRPF que se obtuvieron cuando se implantó por primera vez la medida con una deducción menor.

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, no desmintió el cálculo del PSM y se acogió a su ideario liberal. "Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios", señaló y propuso: "Lo ideal sería dar un cheque escolar a todos los ciudadanos para que puedan elegir".

El debate se centró también en la eliminación de organismos regionales como el Consejo de la Juventud o el de la Mujer. "Acaba con casi todos los órganos de participación social a pesar de tener un coste cero", aseguró Maru Menéndez, portavoz parlamentaria del PSM. Con la supresión del Consejo de la Juventud y de la Mujer, la Comunidad de Madrid se ahorra unos 500.000 euros. Sin embargo, el pasado septiembre la Comunidad adjudicó una campaña de publicidad para divulgar las actividades de la Dirección General de Juventud por 1.562.320 euros. Unos meses antes, Educación suscribió un contrato para difundir la campaña de apoyo al profesorado por 1.700.000 euros. Y la semana que viene adjudicará otra campaña de publicidad por 1,2 millones para Sanidad.

www.elpais.es 19.11.10

15. C.A DE MADRID. LOS SINDICATOS SALDRÁN A LA CALLE CONTRA LOS RECORTES DE AGUIRRE

Los sindicatos CC OO y UGT no van a esperar la aprobación definitiva de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se recorta casi a la mitad las horas de representación sindical, para mostrar su rechazo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Saldrán a la calle a partir de la semana que viene y auguran una campaña electoral "calentita".

Publicada la norma, los sindicatos prevén un largo proceso jurídico con el Gobierno autónomo. Para la revocación de la ley, que consideran "inconstitucional" y que "atenta contra los derechos sindicales y la participación", acudirán a los tribunales y pedirán a los representantes políticos que cuestionen en el Congreso o en el Senado la competencia de la Comunidad para legislar en materia laboral.

La norma, que reduce de 75 a 40 horas mensuales el tiempo de representación sindical para ahorrar 73 millones de euros, tiene, según el representante de CC OO Jaime Cedrún, "un planteamiento puramente electoralista". "Los liberados que hay son producto de acuerdos entre sindicatos y representantes del Gobierno regional. Debería haberse planteado una negociación", critica el secretario de políticas sectoriales de UGT, Juan Luis Martín.

La ley, que también contempla la eliminación de 19 empresas públicas y 18 organismos colegiados o consultivos, como el Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud, asesta un duro golpe a la participación social, según los representantes de los trabajadores. "Este recorte no es un problema de ahorro porque la mayoría de estos órganos no tiene presupuesto sino que atenta contra la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana", plantea Cedrún.

La 'kale borroka'

Entre las dispares medidas que recoge la ley, Aguirre incluyó el que los padres de los menores a los que se les multe por ruido, beber alcohol en la calle o hacer grafitis asuman solidariamente el pago de los daños materiales y las sanciones de sus hijos. La presidenta regional ya asumió ayer que acabará con el botellón como en el País Vasco se eliminó la kale borroka cuando se comenzó a responsabilizar a los padres de los desmanes de sus hijos.

Aguirre no tuvo en cuenta que la iniciativa, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, podría ser "ilegal" porque las sanciones administrativas no pueden derivarse a los padres.

www.elpais.es 13.11.10

16. C.A DE MADRID. DOS RESIDENCIAS SIN ABRIR Y 24.700 PERSONAS A LA ESPERA DE PRESTACIÓN

El centro de San Blas tenía prevista su inauguración en 2008

Un centro "pionero en España", especializado en la atención de personas con deterioro cognitivo alto -alzhéimer o discapacidad intelectual- que viven en situación de gran dependencia para realizar las actividades de la vida diaria. Así presentó la Comunidad de Madrid en enero de 2007 una nueva residencia para mayores que empezaba a construir en San Blas, en el barrio de Las Rosas. La presidenta Esperanza Aguirre puso la primera piedra. Nueva y con 340 plazas, tal y como mencionaba la nota de prensa hasta en cuatro ocasiones. Su presupuesto, 19,2 millones de euros. Las obras tenían que acabar "a finales de 2008".

UGT sospecha que la Comunidad espera a elecciones para abrir los centros

"La gente está atendida en otros recursos", dice Asuntos Sociales

Dos años después, lo que se ve en ese terreno de 22.000 metros cuadrados, entre las calles de Rávena, República Eslovaca y Toscana, es un edificio gigantesco y algo desangelado, de color gris cemento y distribuido en varios módulos que parece acabado, pero Asuntos Sociales dice que no lo está. Todo en su sitio: las puertas, las ventanas, incluso los bancos del exterior y las flores de los parterres, pero una verja metálica rodea el recinto. Nadie ocupa aún las habitaciones. La residencia lleva un retraso de dos años. Y los vecinos, que llevan cuatro conviviendo con las obras, no ven el momento de la inauguración. "Hace meses que se ve poca actividad", asegura un hombre que sale de uno de los adosados que hay enfrente. Casi en la otra punta de Madrid, otra residencia pública también espera su turno. Es la de Vista Alegre, en Carabanchel. Debería haber abierto el pasado julio. Mientras, 24.761 personas esperan en Madrid una prestación por la Ley de Dependencia.La residencia de Vista Alegre cerró en 2009 para que sus habitaciones y sus baños pudieran adaptarse y ser completamente accesibles. Las obras tenían que empezar en julio de 2009 y acabar en julio de este año. Durante ese tiempo, los usuarios fueron trasladados a otras residencias, igual que los 161 trabajadores que entonces formaban parte de la plantilla. Antes de cerrar, la residencia tenía 200 plazas. Cuatro meses después de la fecha en la que deberían haber vuelto unos y otros, el edificio, en el número 177 de General Ricardos, está aparentemente acabado, pero cerrado a cal y canto.

Esas plazas se suman a las 340 aún sin inaugurar de San Blas. Más de medio millar de personas podrían estar atendidas en una residencia pública. Madrid tiene, según los últimos datos oficiales, de 1 de noviembre, 24.764 personas que han solicitado una ayuda de la Ley de Dependencia, se les ha concedido, pero aún no la están disfrutando. Suponen casi el 40% de las 66.546 personas ya dictaminadas y que tienen derecho a una prestación por haber sido valoradas con un grado II (dependencia severa) o III (gran dependencia). Se da la circunstancia de que Madrid tiene uno de los porcentajes más bajos de personas que disfrutan de prestación con respecto a las que tienen derecho a recibirla. Solo algo más de seis de cada 10 (62,8%) están atendidas. Un porcentaje menor que el de Cataluña (73,5%), Andalucía (77,5%), País Vasco (81,5%)... De hecho, Madrid es la tercera por la cola.

Además de las dos residencias fantasma, la región tiene otro problema en lo que respecta a plazas para mayores dependientes. Según un informe realizado por UGT recopilando datos residencia a residencia, en Madrid hay actualmente casi un millar de plazas de residencias públicas sin ocupar. En total, el sindicato ha hecho un recuento de 971 plazas en 18 centros públicos. Pone como ejemplo el Reina Sofía de Las Rozas, con 264 plazas vacías; el Francisco Vitoria, con 196 y el de El Carmen, con 80. "Las plazas están retenidas", asegura la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Ana Sánchez. Y si están cerradas es, añade, para ahorrar dinero. Si no hay residentes que cuidar, tampoco hay que pagar las nóminas de los que les atienden. Sánchez sospecha que el Gobierno regional está esperando la cercanía de las elecciones para reabrir todas esas plazas y anunciarlas como nuevas.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales lo niega. Asegura que las plazas de las que habla UGT son las mismas que la propia Consejería anunció que cerraba para adaptarlas a mayores dependientes. Ese anuncio se hizo en agosto de 2010: "La Comunidad invierte 31 millones en adaptar 874 plazas residenciales", dijo entonces. Esas plazas iban a estar disponibles a partir de septiembre "de forma paulatina". Pero UGT insiste: "Las habitaciones se remodelaron, pero al acabarlas no se han ocupado de nuevo".

La Consejería también tiene una explicación para el retraso en la construcción de la residencia de San Blas (dos años) y la remodelación de la de Vista Alegre (cuatro meses). En el primer caso, asegura que la normativa de incendios con la que se redactó el proyecto dejó de estar vigente y hubo que adaptarlo. En el segundo, afirma que la fecha de finalización era "estimativa", como la de cualquier obra. En ninguno de los dos casos ofreció una nueva fecha de inauguración prevista. "La gente está atendida en otros recursos", explican desde Asuntos Sociales cuando se les pregunta por los retrasos. De las 41.782 personas que se benefician en Madrid de una prestación por la Ley de Dependencia, 18.600 tienen plaza en una residencia. Si se extrapolan los datos, más de 11.000 personas podrían estar esperando una plaza en Madrid.

www.elpais.es 16.11.10

17. C.A DE MADRID. CUATRO EDILES DE FUENLABRADA AMAGAN CON DEJAR EL PP

Cuatro concejales del PP de Fuenlabrada amagaron ayer con abandonar la formación. Por la mañana el alcalde socialista de la localidad, Manuel Robles, desveló que los ediles populares habían presentado en el Registro del Ayuntamiento un documento en el que manifestaban su intención de abandonar el grupo popular y pasar al grupo no adscrito.

Por la tarde, el PP regional emitió un comunicado en el que informaba de que los cuatro concejales, José María Romera, José Ramón García, José Javier Fernández y Belén Sáenz Benito cambiaban de opinión y revocarán su decisión anterior.

Uno de los cuatro concejales del PP, José María Romera, justificó ayer el cambio de opinión para "evitar el daño que se le está haciendo al partido". Y precisó: "Voy a solicitar la revocación de la decisión porque no quiero hacer más daño a mi partido a pesar de mis diferencias con la portavoz [del PP local, Susana Mozo] y de no estar de acuerdo en muchas consideraciones". Romera admitió que cometió "un error" al dejarse llevar por sus "diferencias" con Mozo, informa Ep.

www.elpais.es 17.11.10

18. C.A DE MADRID. EL ALCALDE DE BOADILLA ACUSA A PRISA DEL "CIRCO" DE GÜRTEL

El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP), acusa al PSOE de utilizar a los medios de comunicación del grupo PRISA, editora de EL PAÍS, para inventar el "circo mediático" del caso Gürtel, por el que están imputadas más de 100 personas en Madrid. En una carta dirigida a los afiliados de su partido, Siguero pide un esfuerzo especial para superar "cuanto antes" el caso Gürtel. "No podemos ser ni los vecinos de Boadilla ni los afiliados al Partido Popular ni los políticos responsables las víctimas de este circo mediático organizado por el PSOE a través de los medios de comunicación del grupo PRISA".

No obstante, en la misiva reconoce la posible existencia de irregularidades en el municipio: "Más allá del comportamiento presuntamente delictivo de determinadas personas, hay muchas otras de conducta intachable dispuestos a defender el municipio y su buen nombre. Si alguien ha hecho algo indebido que lo pague".

www.elpais.es 17.11.10

19. C.A DE MADRID. LAS DEUDAS DEL CONSISTORIO AHOGAN A LAS PYMES DE ACTIVIDADES CULTURALES

La crisis de las arcas municipales asfixia también a decenas de promotoras de eventos y espectáculos que trabajan en la capital

Ya lo anunció el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón después de su aciaga entrevista con Zapatero el miércoles: hay serias dificultades para pagar a los proveedores. Y añadió: "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas". Es cierto. Centenares de pymes sufren la morosidad del Ayuntamiento. Pequeñas empresas a las que, tras esas declaraciones, se les vino el mundo encima. Concretamente, a las que vienen organizando, tras ganar los concursos públicos, las actividades culturales de Madrid: cabalgatas, fiestas patronales, carnavales, animación infantil... Los retrasos en los pagos llegan en algunos casos a los nueve meses, cuando, según los contratos, deben cobrar a los 60 días de presentar la factura. Y la deuda del sector, según la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE, que aglutina al 90% de las compañías de managers, representantes y productores del sector: 117 empresas en Madrid), alcanza los 10 millones de euros solo en la capital. Las compañías consultadas aseguran que están al borde de la quiebra, que se ven obligadas a prescindir de trabajadores y que no pueden pagar a sus proveedores, después de décadas trabajando con ellos.

"Acabo de salir del banco y no quieren saber nada del Ayuntamiento"

"Nos han pagado hace una semana la factura de abril, de cuatro millones"

"Esta mañana he salido llorando del banco, tengo que hipotecar mi casa"

"Tengo 400 euros, vivo con mi madre de 80 años y no llego a la hipoteca"

La ampliación de los créditos y la hipoteca de sus propios bienes se han convertido en el recurso de emergencia para mantenerse a flote ante una situación que no tiene visos de mejorar en el corto plazo, cuando el Ayuntamiento ha recibido un no por respuesta de Zapatero. Lejos de los palacios de Cibeles y Moncloa, las consecuencias de estas deudas tienen nombre y apellidos.

"Esto es el mundo al revés. Nos hemos convertido en los bancos o las financieras del Ayuntamiento, y nosotros no tenemos capacidad económica para asumir tanta deuda. La prueba es que la gente está teniendo que hacer encaje de bolillos con los bancos para poder llegar a fin de mes y no puede siquiera pagar a sus proveedores", dice Emilio Santamaría, presidente de ARTE.

Cuando Santamaría habla de "la gente" se refiere a personas como Cristina de Santiago (ASI-KEM S.L.), Gloria Parra (Yeiyeba), Augusto Teruel (Teruel Producciones S.L.) o Fernando Navarro (Piruleta).

Gente que gestiona pequeñas empresas promotoras de eventos y que lleva décadas (35, 25, 20 años...) trabajando para el Ayuntamiento; organizando desde las fiestas de Moncloa-Aravaca a las de Arganzuela (contratación de artistas, orquestas, equipos técnicos, seguridad...) a la cabalgata de los Reyes de Usera (carrozas, vestuario, escenarios, actuaciones...), o las actividades y juegos para niños de la Cuesta de Moyano.

Este periódico ha hablado con nueve empresas del sector y ha constatado que las deudas son millonarias y que suelen ir acompañadas de entrevistas a la desesperada con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo, o con el tesorero, José María Polo.

Ambos se han convertido en una especie de servicio de urgencias económico del Consistorio, que trata de agilizar o dar cierta prioridad a los pagos más perentorios o que pueden tener consecuencias más catastróficas, como pérdidas de empleos o cierre de empresas.

Según la información que pudo contrastar ayer este periódico, cinco de las nueve empresas consultadas acumulan ya una deuda de 5.428.271,51 euros.

La falta de liquidez del Consistorio, que va pagando a trancas y barrancas, ha abocado a los propietarios de las compañías del sector sociocultural a constantes visitas a los bancos para conseguir ampliaciones de hipotecas o de líneas de crédito para subsistir y poder pagar tanto a sus trabajadores como a sus proveedores.

Los bancos son la tercera pata de esta crítica historia. Tanto el Ayuntamiento como los pequeños empresarios sufren la rigidez que impera en los últimos meses en las entidades financieras, que no aceptan anticipar facturas de más de tres o cuatro meses. Y si se tiene en cuenta que el Consistorio está pagando con un retraso de entre seis y nueve meses...

"Acabo de salir del Banco Popular y me han dicho que del Ayuntamiento no quieren saber nada, ahora voy a probar suerte en otros. Lo que antes era casi trabajar con un aval se ha convertido en una condena", dice Augusto Teruel, secretario general de ARTE y propietario de la empresa Teruel Producciones SL, con la que el Consistorio acumula una deuda de 747.517,75 euros por las actividades y espectáculos realizados en los distritos de Hortaleza, Villaverde, Moncloa y Usera desde el pasado mes de abril.

Teruel lleva 20 años trabajando en Madrid y asegura que, "aunque los retrasos se vienen produciendo desde el año pasado, nunca habían llegado a los niveles actuales, que no nos pueden decir ni cuándo cobraremos".

Cristina de Santiago, de la empresa ASI-KEM SL, vive una situación similar: "Todavía me deben actividades de enero cuyas facturas han caducado en marzo. Yo ya estoy desesperada. Llevo 35 años trabajando aquí, tengo una reputación y un nombre. Nunca he vivido nada igual, no puedo pagar a mis proveedores, tengo 400 euros en la cuenta y no me llega ni para pagar la hipoteca que me pasan a mediados de mes. Vivo con mi madre, que tiene 80 años, he tenido que prescindir de dos de mis trabajadores, no puedo más".

Ella se entrevistó el pasado miércoles con el tesorero Polo que le ofreció la posibilidad de pagarle una de las facturas más bajitas: 6.161 euros "para ir tirando", de los 265.755,60 que le adeuda el Ayuntamiento.

Aparte de las empresas de espectáculos, están también las que se dedican a Equipamientos Culturales, asociadas en patronales como Educatia, por ejemplo, que reúne a 18 empresas en Madrid y suma 8.000 trabajadores, que nutren de actividades (pintura, teatro, bailes de salón, yoga...), a los centros culturales de la capital.

La semana pasada, uno de los representantes de esta patronal y director de una de las empresas con 700 trabajadores (que este mes han cobrado el día 10) se reunió con Bravo y le puso sobre la mesa las facturas de nueve de esas empresas por valor de ocho millones de euros. "Nos han pagado hace una semana la factura de abril (4.205.278,16 euros). Nos han prometido que nos pagarían en noviembre la correspondiente al mes de mayo y ya en enero la de junio, pero que si no se refinancia la deuda del Ayuntamiento podemos tardar en cobrar un año la siguiente".

La retahíla de impagos continúa: "Esta mañana he salido llorando del banco, tengo que hipotecar mi casa y me la tasan mucho más baja que hace ocho años. Y encima tengo que gastarme 6.000 euros en notarios", cuenta Fernando Navarro que, con sus ocho trabajadores, organiza actividades infantiles con su empresa Piruleta en los distritos de Retiro, Chamberí, Hortaleza y Usera, y que acumula una deuda de 190.000 euros desde mayo.

La situación es crítica y tiene más nombres y apellidos, aunque muchos de los empresarios de este sector no se atreven a salir en los papeles por miedo a sufrir más retrasos en los pagos o incluso represalias futuras en la adjudicación de nuevas actividades culturales. Llegado este punto, los responsables del Ayuntamiento se limitan a remitir a las últimas palabras del alcalde, hasta que el próximo jueves se presenten los nuevos presupuestos.

www.elpais.es 19.11.10

20. C.A DE MADRID. LA PATRONAL DE LIMPIEZA HABLA DE UNA SITUACIÓN "EXTREMA"

El Consistorio debe al sector todas las mensualidades de 2010

Los grandes proveedores del Ayuntamiento, las empresas que juegan en la primera división de las finanzas nacionales, también están sufriendo dificultades derivadas de la falta de pago del Ayuntamiento de Madrid.

Compañías de la importancia de FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso, que forman parte de la asociación de limpieza Aselip, llevan sin cobrar 10 meses, y no lo harán tampoco en diciembre. "El Ayuntamiento de Madrid nos dijo que nos pagaría en enero de 2011", asegura Francisco Jardón, presidente de esta patronal.

La situación la define la patronal como "extrema". Y es que las cantidades que se barajan son astronómicas: alrededor de 500 millones de euros paga el Ayuntamiento a las empresas que se encargan de la limpieza de la capital.

"Llegará un momento en que no se pueda pagar a los trabajadores, y puede ser de forma inmediata. Nos vamos a poner en 12 meses sin cobrar y no podemos mantener ese desfase de tesorería", asegura Jardón, que anuncia un encuentro a primeros de diciembre de las empresas del sector para analizar la situación.

Lo último que estas empresas ingresaron procedente del Ayuntamiento de Madrid fueron los meses de noviembre y diciembre de 2009, y eso tras hacerse público que no podían abonar las nóminas al carecer de fondos para pagar a los trabajadores. El Consistorio pagó entonces, pero es un parche que apenas tapa la herida que sufren las empresas del sector.

Agotado el recurso de los créditos del ICO que el Gobierno tampoco ha permitido utilizar a los Ayuntamientos, el presidente de Aselip ve poco margen para el optimismo, asegura que ahora se trata de una situación de supervivencia y reconoce que aunque el Consistorio madrileño es un cliente muy importante, "un cliente también te puede llevar a la tumba".

www.elpais.es 19.11.10

21. C.A DE MADRID. ZAPATERO DICE NO AL PLAN DE GALLARDÓN PARA SALVAR LA DEUDA DE LA CAPITAL

Decepción en el alcalde tras salir de La Moncloa sin lograr ningún resultado

Enorme decepción. Eso es lo que se apreciaba en la cara del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando entró en la sala de prensa tras su reunión ayer con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es lo que explicó a continuación: no habrá posibilidad de refinanciar la enorme deuda del Ayuntamiento de la capital de España, una petición que hizo en su nombre y en el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Las pequeñas y medianas empresas se verán afectadas", dice el regidor

La situación del Consistorio es "tres veces mejor" que la del Estado, añade

La negativa del Gobierno coloca al alcalde de Madrid en una situación límite. La posibilidad de refinanciar ya los 257 millones de euros de la deuda que vencen a final de año le permitía tapar algunos agujeros muy importantes. El consistorio madrileño tiene problemas de tesorería muy graves, que se traducen en serias dificultades para pagar a los proveedores, algunos de los cuales (como las empresas de limpieza) llevan desde principios de año sin cobrar, y que han provocado amenazas de huelga. "Las pequeñas y medianas empresas van a verse afectadas", dijo el regidor. El balón de oxígeno que esperaba obtener de Zapatero desaparece ahora, y la situación de Gallardón se antoja muy complicada justo antes de que presente unos presupuestos de la ciudad para el año que viene que a la fuerza tendrán que ser muy restrictivos. Refiriéndose a ellos, el alcalde solo aseguró que las nóminas no se verán afectadas, ni tampoco los servicios sociales para los más perjudicados por la crisis.

El Gobierno abrió la mano en septiembre para que los Ayuntamientos que no tuvieran una deuda superior al 75% de sus ingresos corrientes pudieran refinanciarla y acceder a un crédito que en estos tiempos se antoja imprescindible para seguir funcionado. Pero de esa norma quedaban fuera algunos Ayuntamientos importantes, como el de Valencia y sobre todo el de Madrid. De ahí que Gallardón pidiera a Zapatero una solución para las corporaciones locales que no cumplían los objetivos. Una propuesta que envió a La Moncloa y en la que el Ayuntamiento tenía puestas muchas esperanzas, que se desvanecieron ayer.

"No hay ningún elemento de optimismo", dijo ayer el alcalde. La negativa del presidente del Gobierno a modificar la normativa para dar un balón de oxígeno a los Ayuntamientos más endeudados se basa, según relató el alcalde, en "los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno de España". Algo que Gallardón no acaba de entender, sobre todo porque, como recuerda últimamente cada vez que tiene la oportunidad, la deuda de las corporaciones locales sólo es el 6,3% del total de las Administraciones, y la parte del león se la lleva el Estado (77%) y las comunidades autónomas (13%). El alcalde recordó que Madrid no tiene dificultades para pagar su deuda, y que dedica a ella 3,4 euros de cada 100, mientras que la Administración central destina 10. "Si alguien hace un reproche al Ayuntamiento tendría que multiplicar por tres el reproche a sí mismo", dijo Gallardón, ya que la situación del consistorio es "tres veces mejor" que la del Estado.

"Queremos una regulación legal equivalente a las de las comunidades autónomas y el propio Estado. Es una situación de discriminación legal carente de sentido", se quejó el alcalde de Madrid, que insistió en que la negativa del Gobierno le aboca a una situación en la que los proveedores de los Ayuntamientos van a ser los principales perjudicados.

Gallardón reiteró que su propuesta no era solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino que hablaba en boca de todos los alcaldes de la FEMP, que unificaron sus criterios en este tema.

Fuentes de La Moncloa, sin embargo, califican la petición del regidor como una excepción inasumible para endeudar de nuevo al Ayuntamiento de Madrid, y argumentan que decir sí a sus propuestas significaría poner en peligro la solvencia futura del consistorio y la prestación de servicios a los ciudadanos. También se admitía que esos planes de Gallardón entrarían en contradicción con los ajustes aplicados a todas las Administraciones y vigilados por Europa. En el aire queda, sin embargo, la pregunta de por qué Zapatero recibió al alcalde si su respuesta iba a ser negativa.

Ante el fracaso de la reunión, el alcalde mantiene el recurso contencioso administrativo que presentó contra el Gobierno por impedirle refinanciar la deuda.

www.elpais.es 18.11.10

22. C. VALENCIANA. La Agencia Tributaria constata que la trama Gürtel pagó trajes a Camps

Los peritos mantienen dudas sobre la veracidad de algunos documentos

"Consta el recibo de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007 en el que se documenta el pago de los recibos 266 y 308. En dicho documento aparece el nombre de Camps. Consta el pago mediante cheque por importe de 2.880 euros" (...) "Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente 4 trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros" (...) "Se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 han sido pagados, conjuntamente con el pago número 289 de fecha 4/07/07 por importe de 6.617 euros en el que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la entidad Diseño Asimétrico".

El informe de los peritos de la Agencia Tributaria, elaborado por encargo de José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, establece con claridad el nexo entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, Álvaro Pérez, El Bigotes, y la empresa Diseño Asimétrico que formaba parte de la trama orquestada por Francisco Correa en el caso Gürtel. Y sin embargo, esos mismos peritos introducen elementos de duda sobre quién, cómo y cuándo se habría hecho cargo del pago de esas facturas. Y ello por dos razones. Una: el precio atribuido a los trajes en un documento es de 720 y en otro de 950. Dos: los peritos "albergan dudas razonables acerca de la veracidad de dichos documentos".

En cambio, no albergan ninguna duda sobre un hecho: frente a lo que manifestara en su día Camps no existe constancia alguna de que él ni el resto de imputados realizaran pagos en efectivo ni a Milano, ni a Forever Young, ni que utilizaran ninguna de las empresas de la trama como intermediarias para pagar los trajes que adquirieron en las tiendas.

El análisis de la documentación incluida en la causa analiza el pago de las prendas en tres años: 2006, 2007 y 2008. En el primero de ellos estudia dos fases. En la primera, detalla el pago de unas prendas a principios de 2006. El informe establece la existencia de dos tiques: uno por importe de 1.400 euros y otro de 3.300 euros. Aparecen referenciados como "Camps o Campos" y como "Comunidad Valenciana". El primero se paga por un cheque. El segundo, en efectivo. Los pagos los hizo Orange Market, al frente de la cual estaba Álvaro Pérez. La segunda fase se corresponde con los pagos efectuados por Diseño Asimétrico que encabeza el principio de esta información.

Respecto de posibles encargos en la primavera de 2007 y en la primavera y verano de 2008, Hacienda afirma que "no hay justificación documental que permita pronunciarse a estos peritos". Incluso llega a decir que "se advierten errores" en la identificación de documentación. Por eso los peritos no son concluyentes. Su labor ha sido analizar la documentación, sin ponerla en contradicción con las declaraciones realizadas por imputados y testigos en sede judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico analizaron de forma contradictoria el escrito de la Agencia Tributaria. Para unos se trata de un informe que favorece en su totalidad la posición de Camps, mientras otras sostenían todo lo contrario.

www.elpais,es 13.11.10

23. C. VALENCIANA Regalos de lujo para la familia del presidente y sus altos cargos

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, dispone desde el pasado miércoles de un nuevo informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) que certifica que la trama corrupta compró regalos de lujo para agasajar a la familia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a sus altos cargos. "Las anotaciones efectuadas [por la trama Gürtel en sus archivos informáticos] reflejan datos reales", asegura el informe policial, que ha relacionado los apuntes informáticos con los extractos bancarios y las facturas de las tiendas.

A continuación se detallan los regalos que, según el informe, Orange Market compró y remitió a políticos del PP y a sus familiares en las Navidades de 2005, tras implantarse en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. La esposa del presidente valenciano, Isabel Bas, recibió un bolso Senda 4 de la firma Loewe, valorado en 750 euros, cuyo importe fue abonado por Orange Market mediante factura del 15 de diciembre de 2005. La compra se hizo en Madrid y se abonó con cheque bancario. En idéntica fecha, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, abonó a Sony-e Solutions Europe, por transferencia, dos pagos por importe de 1.809,48 euros y 249,34 euros, "que reflejan el pago de la compra" de un perro robot y su correspondiente maleta de transporte "con destino a los hijos de Francisco Camps".

- Víctor Campos. La esposa del entonces vicepresidente de la Generalitat recibió un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en 780 euros, abonado por la trama mediante factura del 11 de enero de 2006.

- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps en el PP recibió de la empresa de Álvaro Pérez una maleta con ruedas y bolsillo de la firma Loewe valorada en 1.130 euros y comprada en el mismo establecimiento que el bolso de Isabel Bas.

- Milagrosa Martínez. La entonces consejera de Turismo, que concedió el primer gran contrato a Orange Market -para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-, recibió en las citadas Navidades un reloj Hublot de 2.400 euros, del que deja constancia la facturación de la joyería Suárez.

El informe constata la compra de 10 pares de gemelos de la firma Loewe para otros tantos cargos del PP. La policía admite que "no se ha podido concretar la realidad" de otros regalos de lujo adquiridos en otros comercios por falta de facturas.

www.elpais,es 13.11.10

24. C. VALENCIANA El Gobierno valenciano considera que el informe es exculpatorio

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, expresó ayer "la absoluta y plena satisfacción" del presidente de la Generalitat y todo su Gabinete por un informe pericial que consideran exculpatorio.

"Lo único que se deduce de la lectura y de lo que se habla en el informe es de recibos falsos, de facturas falsas que no se corresponden con la realidad, de la imposibilidad de determinar qué personas pagaron en efectivo", argumentó la consejera portavoz. Sánchez de León insistió: "Camps siempre ha dicho la verdad [que pagó sus trajes]". Y luego añadió: "Poco a poco se ha dado un paso más hacia la única verdad y el tiempo y los hechos nos están dando la razón". "Si dos peritos profesionales no son capaces de constatar unos hechos que son los que se pretendía constatar, dudo que los demás podamos constatarlos a la vista de este informe", remachó. Para la portavoz, este informe pericial de la Agencia Tributaria es distinto de los otros que apuntan a que el PP valenciano se financió irregularmente a través de Gürtel. La razón está en que "es el primer informe independiente hecho a instancias del juez", según la consejera. Según Sánchez de León, este informe ha quedado "al margen de las instrucciones" dadas desde otras "instancias políticas" y las partes lo han conocido antes que los medios de comunicación.

www.elpais,es 13.11.10

25. C. VALENCIANA. CAMPS SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Más de 150 periodistas y personal adscrito a gabinetes de prensa, con un coste de unos 5 millones al año, está volcado en la defensa de la gestión del Consell - El presidente cuenta con un equipo propio en el Palau al margen del de Presidencia

 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no fía su suerte únicamente a la gestión, con sus luces, sus sombras y los castillos de piedra o de naipes en torno a la política de grandes eventos y proyectos. También invierte en maquillaje. Y mucho. Una legión mediática de más de 150 periodistas, becarios y personal adscrito a los gabinetes de prensa trabaja diariamente para atender a los medios de comunicación, mostrar la cara amable del Gobierno valenciano y sus múltiples organismos y empresas, exaltar los logros del Ejecutivo o mitigar los daños si vienen mal dadas, y también para ejercer de coraza de los responsables políticos parapetados tras este primer muro de contención. Camps no ofrece ruedas de prensa, sobre todo desde que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009 (son contadas las ocasiones en que se ha expuesto a los periodistas), y si rompe la norma, no suele abrirse el turno de preguntas, pero el jefe del Consell y el Gobierno en general sí se han rodeado de una muralla de profesionales de la información bregados de hace años en la batalla político-periodística. Conocen su oficio y lo ejecutan con solvencia.

No en balde, "La Masia" mediática del PP se ha levantado sobre los gabinetes de prensa conformados tras la victoria de 1995. Muchos de los que hoy ostentan las jefaturas de prensa empezaron como becarios y han ido escalando peldaños en el organigrama del Consell. El mejor ejemplo es el de las dos personas que se sitúan en la cúspide de la pirámide comunicativa: La secretaria autonómica de Comunicación y jefa de prensa del presidente, Nuria Romeral, y la directora general de Relaciones Informativas, Cristina Albamonte, ambas con rango de alto cargo. Las dos dieron sus primeros pasos en la Diputación de Valencia; la primera, desde la pura base, y la segunda, como becaria de prensa. Romeral dio luego el salto a Obras Públicas con el desaparecido García Antón, hasta que la fichó Camps. La secretaría de Comunicación está adscrita directamente al presidente y trabaja en coordinación con la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. El "núcleo" del presidente se completa con otros cuatro periodistas y un fotógrafo que lo sigue a todas partes. Todos conforman un gabinete propio del jefe del Consell, ubicado en el Palau de la Generalitat.

A otro lado de la calle Caballeros, en el Palacio de Fuentehermosa, se encuentran los servicios de prensa de Presidencia, donde se coordina -bajo la batuta de Albamonte- la actuación comunicativa de todo el Consell. En el pasado todos estaban en Fuentehermosa pero, desde mediados de la anterior legislatura, Camps creó su gabinete paralelo en el Palau. Ahí el hilo es directo con Camps. El Palau maneja las informaciones más delicadas para el presidente, como las que afectan a su futuro judicial, decide la estrategia global, realiza funciones, por así decirlo, de "contraespionaje" mediático (¿qué se cuece en las redacciones?) o despliega las operaciones de "castigo" informativo a la oposición, de las que el presidente saca oxígeno.
En Fuentehermosa hay al menos otros seis periodistas y otros siete puestos para atender servicios como los de radio, imágenes, fotografía o Internet, de los que maman multitud de medios autonómicos y locales. En la plantilla que figura en Presupuestos hay otras cinco plazas de carácter administrativo. En total, entre Palau y Fuentehermosa, 25 personas adscritas. A éstos se suman los 35 becarios que, entre otras funciones, se dedican a "peinar" todo lo que se emite por las emisoras y canales de televisión, seguir la prensa y lo que sale por agencias o se lanza a la red en los digitales. Casi nada escapa a la vigilancia las 24 horas del día.

Estructuras heredades

Cuando una conselleria quiere difundir una nota, debe enviarla primero a Presidencia y allí se distribuye, un paso que antaño no había que cumplir. O sea, coordinación para unos, filtro para otros. El buque insignia es el programa presupuestario de Relaciones Informativas, dotado con 2.117.550 euros, de los que 1.146.570 son nóminas; 550.980, gastos de funcionamiento; y 420.000, el pago a los becarios. En material de oficina se consumen 168.540 euros y en concepto de trabajos realizados por otras empresas y profesionales se reflejan otros 163.370 euros. A esta estructura se añaden los gabinetes de las 13 conselleries, a una media de un jefe de prensa y entre dos o tres periodistas y personal adscrito, si bien cabe apuntar, al igual que en el caso de Fuentehermosa, que una parte de estos puestos son funcionarios de plantilla, heredados de anteriores administraciones. Algún departamento, como Medio Ambiente y Bienestar Social, cuenta con dos personas, incluido el asesor de prensa; otros, con más peso o áreas, disponen de cinco, como Sanidad o Infraestructuras. En total, unas 48 personas adscritas, con un coste sólo de personal de más de en torno a 1,4 millones.
Pero además están los equipos de las empresas y organismos. Casi todos los institutos culturales cuentan un periodista. En Teatres, sin embargo, hay una plaza pero el servicio está externalizado. El IVAM dispone de gabinete propio, con cuatro personas, mientras Ciudad de las Artes tiene dos y otras tres están en el Palau de les Arts. Es lo que ocurre en empresas fuertes, como FGV (tres periodistas y una persona de apoyo) o RTVV (el responsable, dos periodistas, un administrativo y una lingüista). En total, no menos de 32 personas y un coste de en torno al millón. Al margen, centros gestores como los siete hospitales más importantes cuentan con responsable de prensa y otros tiran de contrato de obra o de becarios. La mayoría, como sus jefes, siempre está disponible en su función pública. Y prestos a brindar nuevas glorias para la Administración.

El Consell no descuida ningún frente. Y, claro, las nuevas tecnologías son el campo de batalla del futuro. Por eso Presidencia ha apostado por las nuevas tecnologías. El Gran Hermano Generalitat también está en las redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr y Youtube. Desde ésta última pueden descargarse imágenes de actos del Ejecutivo, mientras las dos primeras incluyen información sobre ayudas o permiten la relación directa con los ciudadanos. Los servidores ftp han enterrado los tradicionales envíos a los medios de comunicación mediante taxi de DVD con vídeos sobre los actos oficiales. También han puesto en marcha "blog". Otra cosa es que uno se crea que le contesta el alto cargo.

Blasco y Costa, los de peor "prensa" interna

Rafael Blasco y Ricardo Costa, dos políticos tan curtidos como exigentes con el equipo del que se rodean, suelen ser citados como los destinos de gabinete menos envidiados. "Para Blasco, el fin es la imagen", dicen del conseller de Solidaridad y portavoz en las Corts. La leyenda negra es que no se contenta con que se emitan notas (al menos una al día), sino que reclama verse en los papeles. Como Mouriño, no se muerde la lengua con su equipo. Con el renacido Costa, ex secretario general y ex portavoz en las Corts, la exigencia era "disponibilidad 24 horas". Costa no mira el reloj cuando trabaja y pide a su equipo la misma intensidad. Más de uno perdió la paciencia.

www.levante-emv.com 14.11.10

26. C. VALENCIANA . LA GENERALITAT SE SITÚA A LA COLA EN TRANSPARENCIA

 

La administración autonómica obtiene 56,3 puntos sobre 100 en el índice de la ONG Transparency International - Suspenso en urbanismo y obras públicas

La Comunitat Valenciana es la región con el menor nivel de transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, con un porcentaje del 38,5 por ciento, según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), sistema de evaluación que desde hace tres años realiza la ONG Transparencia Internacional, para evaluar el nivel de transparencia de los 110 ayuntamientos más grandes de España.

En concreto, el ITA evalúa cinco ámbitos de la actuación municipal mediante 80 indicadores. Los ámbitos analizados para determinar el nivel de transparencia son la información sobre la corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos y con la sociedad, la transparencia económica y financiera, la transparencia en la contratación de servicios y en urbanismo y obras públicas.

Así, en atención a la valoración global de transparencia en la región, la Comunitat obtiene la penúltima posición, con un 56,3 por ciento, solamente por delante por Cantabria, que obtienen un 53,8 por ciento.

En el apartado de la transparencia respecto a la información sobre la comunidad autónoma, la región obtiene un 69,6 por ciento, lo que la sitúa en novena posición junto a Canarias y Castilla y León.

En el ámbito de la transparencia en las relaciones con los ciudadanos y sociedad, la región se sitúa en la undécima posición, al alcanzar un 84,2 por ciento, un buen dato ya que obtiene casi un punto por encima de la media nacional.

Con respecto a la información económico-financiera, la región ocupa la posición número catorce, junto con Canarias, al obtener un 29,4 por ciento de transparencia, mientras que la media nacional está casi veinte puntos por encima, en un 48,8 por ciento.

Por último, en el ámbito de la transparencia en las contrataciones de servicios y suministros, la región ocupa la posición catorce, junto a Baleares y País Vasco, con el 37,5 por ciento; casi la mitad que a nivel nacional --65,4 por ciento--.

Según ha indicado el catedrático y presidente de Transparency en España, Jesús Lizcano, Andalucía y Galicia obtienen la mayor puntuación, en gran parte, porque han desarrollado mecanismos internos --algunos con carácter normativo, como la Ley de Administración Local gallega-- para poner en valor la transparencia informativa de sus administraciones. Asimismo, ha atribuido los peores resultados a "faltas de presión".

Lizcano, preguntado también por una presunta relación entre los malos datos de Baleares y la Comunitat Valenciana con los casos de corrupción de los últimos meses, ha recordado que el estudio es un "índice de transparencia y no de corrupción". "Medimos sólo el nivel de información y los resultados son según los indicadores que hemos utilizado", ha añadido para explicar que los datos podían haber sido diferentes.

En este sentido, los demás ponentes presentes en el acto han coincido que el índice de transparencia, si bien no combate directamente la corrupción, pone un "foco" sobre la administración pública, "haciendo más difícil la corrupción", según ha indicado el abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues. Por su parte, Jesús Sánchez Lambás, miembro del Consejo de Dirección de la ONG, ha apuntado que el estudio crea "sistemas de vigilancia" y pone una "lupa" sobre la administración para contribuir a su mejora.

AYUNTAMIENTOS

En el caso de la Comunitat Valenciana, los datos indican además que en 2010 han sido 21 las corporaciones locales que han alcanzado dicha calificación de Sobresaliente en transparencia, entre los que destaca la presencia del ayuntamiento de Elche.

Por su parte, el ayuntamiento de Valencia ha registrado una baja calificación de transparencia, en total, un 38,8 por ciento en transparencia global, siendo la referida al urbanismo su puntuación más baja, con un 35,4 por ciento.

El ayuntamiento de Alicante, aprueba con el 57,5 por ciento, aunque su transparencia en relación a la información económica-financiera adquiere una baja puntuación, del 21,1 por ciento.

Por último, el ayuntamiento de Castellón, es el que obtiene una mejor puntuación, con un nivel de transparencia global del 80 por ciento, siendo la relacionada con la información económica financiera la que adquiere un sobresaliente, un 94,7 por ciento.

Estos datos se han dado a conocer en la entrega de premios de transparencia municipal 2010, en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, cuyos premiados han sido los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallés, Sabadell, Bilbao, Gijón, Ponferrada y el Puerto de Santa María.

www.levante-emv.com 15.11.10

27. C. VALENCIANA. EL CONSEJO VALENCIANO DE CÁMARAS FICHA A CARTAGENA COMO ASESOR DEL PRESIDENTE

 

Compitió con otras dos firmas por un contrato de cuatro años por un importe global de 70.000 euros

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana ha contratado como asesor de su presidente, José Vicente Morata, al ex conseller de Obras Públicas con el PP, Luis Fernando Cartagena. Según explicó ayer a este diario el propio Morata, quien accedió al cargo a finales de junio, pocos días después de ser elegido como sucesor de Arturo Virosque en la presidencia de la Cámara de Valencia, él mismo informó al comité ejecutivo del consejo de que se iba a hacer un concurso para encontrar un asesor en temas de estrategia que estaría directamente vinculado al máximo responsable de la institución. Según Morata, se presentaron tres firmas y finalmente resultó adjudicataria del contrato por cuatro años y un importe global de 70.000 euros la de Cartagena.

El presidente cameral explicó que desde un primer momento tenía claro que el consejo precisaba un asesor externo "que hubiera tenido responsabilidades de alta dirección, con conocimiento de la sociedad valenciana y conexiones con Madrid que ayudara a poner en marcha algo tan fundamental como es una estrategia de futuro en la institución". Y esa persona fue finalmente Cartagena, "un gran profesional a quien conozco desde 1999".
Y es que el también ex alcalde de Orihuela, condenado a cuatro años de prisión -que empezó a cumplir en julio de 2008, aunque ahora ya está en libertad-, por apropiarse de 49.000 euros del superávit de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, gestionado por las Hermanas Carmelitas, fue secretario general de Umivale, la mutua valenciana que preside Morata.
Asimismo, la esposa del ex conseller, Ana Encabo, es en la actualidad la secretaria general de la Cámara de Valencia, cargo al que llegó en la etapa final de la presidencia de Virosque, tras dejar las varias responsabilidades que ejerció en la Generalitat, entre otras la de directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).

www.levante-emv.com 16.11.10

28. C. VALENCIANA. LA GENERALITAT GASTÓ 328.250 EUROS EN LA FÓRMULA 1 DE LA HÍPICA

 

El vicepresidente Gerardo Camps afirma en una respuesta parlamentaria que conseguir la proyección internacional lograda por el evento habría costado 11,4 millones

Así lo asegura el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Enric Morera, del Grupo parlamentario Compromís sobre esta prueba hípica, que se celebró del 7 al 9 del pasado mes de mayo.

Morera le preguntaba cuánto le costaba al Gobierno valenciano el patrocinio y canon para la organización de la Global Champion tour y cual era el coste de acondicionamiento para la celebración de esta prueba hípica en la Ciudad de la Artes y las Ciencias (Cacsa).

En su respuesta escrita, Gerardo Camps señala que tanto la Generalitat como el ayuntamiento de Valencia son patrocinadores institucionales de este acontecimiento, cuyo patrocinador principal es el Banco de Sabadell, junto a El Corte Inglés, Hoteles NH y Repsol.

Entre todos ellos, según Camps, "costean el 80 por ciento del gasto que supone esta competición" y el patrocinio por parte de la Generalitat ha supuesto una aportación de 328.250 euros.

El conseller destaca el impacto mediático de la prueba, ya que más de 80 televisiones europeas recibieron la señal del torneo, lo que ha significado que la Global Champions Tour ha tenido una audiencia acumulada en medios audiovisuales, durante los tres días de su celebración, de 348 millones de personas.

Gerardo Camps afirma que conseguir la proyección internacional que la Comunmitat Valenciana ha tenido a través de la celebración de este acontecimiento "habría costado 11,4 millones de euros".

Por último, explica que el acondicionamiento de las instalaciones "no ha supuesto ningún coste" para la Cacsa, ya que después del vaciado del lago sur, su llenado posterior se realizó con agua del nivel freático y del trasvase entre otros estanques.

www.levante-emv.com 17.11.10

29. C. VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA AL ALCALDE DEL PP DE LORIGUILLA POR ADJUDICAR OBRAS A SUS EMPRESAS

 

La Fiscalía de Delitos Económicos estima que José Javier Cervera Soria podría haber cometido varios delitos contra la Administración Pública El ministerio público traslada el caso al juzgado de Llíria después de seis meses de investigación

La Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia ha denunciado ante el juzgado de Llíria a José Javier Cervera Soria, alcalde de Loriguilla (PP), por un posible delito contra la Administración Pública. El Ministerio Público pide que se abran diligencias de investigación penal contra el edil popular porque considera que adjudicó obras del consistorio a empresas en las que participaba junto a miembros de su familia.

Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso Levante-EMV, el fiscal, que investigaba el caso desde hace seis meses, habría detectado por parte del alcalde "un trato de favor a esas empresas (firmas que participaba junto a sus familiares) en la adjudicación de obra pública". Además, el Ministerio Público afirma que de las pruebas recabadas "resulta la apariencia" de que el edil "ha intervenido en actividades económicas que eran incompatibles con las de su cargo de alcalde y/o ha intervenido en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o autoridades".

Según explica el fiscal Anticorrupción en la denuncia remitida al juzgado de Llíria, José Javier Cervera Soria "a partir de 2003 mientras era Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Loriguilla, tenía participación en la titularidad y gestión de un grupo de empresas formado por Vialcer SL, Rocersa SL, Javevat SL, Fervialia SL y Grupo Empresarial Fervialia SL". Estas firmas las comparte con sus dos hermanas.

La denuncia recoge que, una de estas firmas, concretamente Fervialia SL, intervino desde 2005 en la licitación de 10 obras promovidas por el Ayuntamiento de Loriguilla y la sociedad municipal Lorisum SL. De estas diez ofertas públicas a las que se presentó resultó adjudicataria de cuatro. Además, el fiscal constata en su denuncia que estas contrataciones "han tenido lugar a través de Mesas de Contratación en las que no participaron los concejales de la oposición".

Por ello asegura que estos hechos pueden ser constitutivos de "un delito contra la Administración Pública tipificado en los artículos 439, 441 y 442 del Código Penal". Concretamente ve una posible negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos y un supuesto abuso en el ejercicio de su función. Estos delitos comportan una inhabilitación de cargo público de hasta cuatro años y una multa de seis a doce meses.

Por otra parte, el fiscal anticorrupción pide al juez de Llíria que cite a declarar al alcalde y solicita estar presente en las diligencias que tome a José Javier Cervera Soria.

Delfín en el PP de Camp de Túria

José Javier Cervera Soria es alcalde de Loriguilla por el Partido Popular desde 2003. La primera vez que se presentó consiguió una mayoría absoluta que revalidó en 2007. De hecho, el PP tiene seis concejales en este municipio por tres de la oposición (dos Unió Valenciana y uno el PSPV). Cervera Soria, uno de los jóvenes delfines del PP en el Camp de Túria, es próximo al alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y al de Vilamarxant, el también diputado en las Corts Vicente Betoret.

Este ingeniero técnico en Obras Públicas de 39 años es también vicesecretario comarcal del PP del Camp de Túria desde 2006, presidente del consorcio de residuos Valencia Interior desde 2007 y miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Valencia del PPCV desde 2008.
Según ha podido saber este periódico, las diferentes empresas que cita la fiscalía en las que él y sus dos hermanas participan han realizado cierta cantidad de obras por otros municipios de la comarca. Un ejemplo es Riba-roja, donde han construido varios edificios en calles tan conocidas como la Mayor, en el centro del pueblo.

www.levante-emv.com 18.11.10

30. C. VALENCIANA. UNA SENTENCIA ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DIRECTORES DE PARQUES NATURALES

Los directores de parques naturales no pueden ser considerados como personal eventual de la Generalitat. Por ello, una sentencia ha anulado los nombramientos de todos los directores-conservadores de esos 22 espacios protegidos valencianos. Tras sustituir en 2009 al fallecido José Ramón García Antón, el nuevo consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, volvió a nombrar a todos los directores de parques naturales valencianos, dado que su condición de personal eventual había hecho que cesaran automáticamente. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Valencia anula ahora tal resolución.

En respuesta a un recurso de la Intersindical Valenciana, presentado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Administració i Serveis Públics (STAS-IV), la sentencia se basa, precisamente, en la Ley de la Función Pública Valenciana y en el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el personal eventual solo desempeñará puestos expresamente calificados por sus funciones de confianza o asesoramiento especial.

El asunto tiene su origen en un decreto de 1994 del último Gobierno del socialista Joan Lerma, que pretendía favorecer la posibilidad de nombrar a figuras conocidas del ecologismo (sin que fueran funcionarios ni tuvieran que convertirse en cargos públicos) pero ha servido en la práctica para poner al frente de una buena parte de los parques a personas próximas, militantes y, en ocasiones, hasta concejales, del partido en el poder. Como explicó ayer Adel Francés, secretario de acción sindical de la Intersindical Valenciana, "la utilización espúrea de la figura del personal eventual vienen de lejos, aunque la normativa era confusa. La definición más precisa del papel del personal eventual que recoge la nueva Ley de la Función Pública Valenciana ha permitido recurrir un acto que se ha producido después de aprobada la ley". De hecho, el decreto de 1994 no se ve afectado por la sentencia y la Intersindical estudia emprender la vía de su impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia.

La Consejería de Medio Ambiente recordó ayer que se ha atenido en los nombramientos al decreto de 1994 y recordó que fueron los socialistas quienes lo promulgaron. La sentencia puede ser recurrida.Dado que los directores de parques naturales no son personal funcionario, ni laboral, ni tampoco personal directivo, sino personal eventual, la sentencia anula sus nombramientos porque su situación no responde a las responsabilidades que deben desempeñar, ya que a los directores-conservadores corresponde la gestión de los espacios naturales protegidos, la elaboración de los presupuestos y programas, la emisión de informes sobre los instrumentos de ordenación de esos espacios y la representación pública en ocasiones. Unas funciones técnicas y políticas claramente incompatibles, según la sentencia, con la figura del personal eventual.

Según la Ley de la Función Pública valenciana, "el personal eventual solo desempeñará puestos expresamente calificados por sus funciones de confianza o asesoramiento especial. En todo caso, son personal eventual, dadas las funciones de especial confianza que desempeñan, los conductores al servicio directo de los miembros del Consell". A su vez, el Estatuto Básico de la Función Pública establece que "es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial".

"Se ha puesto de manifiesto a lo largo del procedimiento", añade la sentencia, "que tampoco concurre la necesaria característica de la temporalidad a la que alude el artículo 12 del Estatuto Básico, pues la propia demandada alega que el nombramiento de todos estos cargos devino necesario al cesar el conseller pertinente, lo que lleva, a sensu contrario, a entender que estos puestos tienen un carácter de continuidad y permanencia en la prestación del servicio".

Perfil político o técnico

Los argumentos de la titular del juzgado de los Contencioso-administrativo número 7, María Jesús Guijarro, apuntan a que los de directores-conservadores son puestos de perfil técnico, que deberían ser ocupados por personal funcionario o laboral de la Generalitat. Desde otros ámbitos se considera que los responsables de los parques naturales deberían responder a un perfil político y, en consecuencia, ser directivos o cargos públicos de la Generalitat.

El mapa de los parques naturales valencianos está integrado por 22 parajes, seis de ellos zonas húmedas, uno marítimo (el de las Columbretes), un bosque, cuatro sierras litorales y 10 sierras de interior.

www.elpais.es 16.11.10

31. C. VALENCIANA. CANAL 9 NO EMITE FÚTBOL DE PRIMERA POR FALTA DE DINERO

El pasado sábado Canal 9 no emitió el partido entre el FC Barcelona y el Villareal. No le dejó Mediapro, accionista mayoritaria de La Sexta y dueña de los derechos del fútbol, porque reclama una deuda millonaria a Canal 9. No es una excepción. Mientras no lleguen a un acuerdo, Canal 9 no tendrá el partido en abierto de Primera División que cada fin de semana ofrece La Sexta. Tendrá solo los resúmenes y un partido de Segunda División. Es la consecuencia de la decisión tomada por el juez de lo Mercantil número siete de Barcelona. Ha levantado la medida cautelar que permitía a Canal 9 seguir optando a la retransmisión cada fin de semana previo pago de 500.000 euros.

Canal 9 ha presentado un recurso a la suspensión de la medida cautelar. De no prosperar, el siguiente pronunciamiento del juez será una sentencia que determinará a qué le da derecho a la televisión autonómica valenciana el contrato firmado con Mediapro.

La productora reclama 10 millones de euros a Canal 9. La televisión autonómica valenciana, por su parte, asegura que Mediapro le debe 25. Las cantidades no están sometidas al mismo contrato. Más aún, Canal 9 deberá aclarar qué contratos hizo sobre los derechos del fútbol y cómo los renovó. De momento, Canal 9 no podrá dar fútbol de Primera División en abierto. Y ayer, esperaba a que el juez dictaminara.

www.elpais.es 16.11.10

32. C. VALENCIANA. FABRA Y RIPOLL AFEAN A LUNA SU CONDICIÓN DE ACUSADO

Los dos imputados dicen que es víctima de su estrategia

Dos de los más destacados dirigentes del PP valenciano, a saber, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, coincidieron ayer en su crítica despectiva sobre la imputación del portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna. Fabra y Ripoll, el primero procesado por siete delitos [el fiscal le pide 15 años de cárcel] y el segundo imputado por cohecho, aseguraron que Luna ha sido víctima de su estrategia política, según ellos, basada en la "judicialización de la política".

Las imputaciones de Fabra y Ripoll están vinculadas a su actividad pública y surgen a iniciativa del ministerio fiscal. Ninguno de los dos ha hecho el más mínimo amago por dimitir. La imputación de Luna se produce a raíz de una querella del PP por un supuesto cohecho en una etapa en la que estaba retirado de la vida pública y sin cargo.

"Ese camino [llevar la política a los tribunales] siempre va en contra de aquellos que lo hacen", dijo Ripoll, a su vez, presidente de la Diputación de Alicante. "Puedo haber sido duro políticamente, pero nunca he judicializado la vida política", añadió. El líder del PP alicantino, a quien el juez atribuye haber recibido dádivas (dos pisos o su equivalente en metálico un millón de euros) por una contrata, instó al PSPV a "pensar y reflexionar sobre esto".

Tono metafórico

Mientras, su homólogo en Castellón abundó en ese mensaje, aunque en tono metafórico: "La piedra que lanzó Luna en las Cortes Valencianas, ha rebotado y le ha dado en toda la boca", dijo. Fabra recordó que Ángel Luna "fue uno de los que más vivamente" exigió su dimisión por estar imputado en una causa judicial. Así, aun sin reclamar la dimisión del diputado, sí que se preguntó: "¿Ahora se aplicará la misma doctrina que tanto pregonaba para mí?".

Por su parte, Luna insistió ayer en que su imputación es "muy diferente" a la de los cargos del PP. "A mí me acusan de un hecho ocurrido hace tres años cuando yo estaba en la vida privada y que tiene que ver con unas obras en una casa particular. Pero a los dirigentes del PP se le acusa de la desaparición de muchos millones de las cuentas públicas", subrayó.

www.elpais.es 19.11.10

33. C. VALENCIANA. BLASCO NIEGA A TIRADO LOS EXPENDIENTES EN MANOS DEL FISCAL

"La información solicitada ha sido remitida por esta consejería a la Fiscalía Provincial de Valencia, incorporándose desde entonces cualquier actuación que pudiera producirse a las diligencias abiertas en la mencionada fiscalía". Esta es la respuesta que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, ha remitido a la diputada socialista Clara Tirado, autora de la denuncia ante el fiscal. Tirado le reclamó los expedientes de las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) con las que se adquirieron dos entresuelos con garaje en Valencia.

La diputada socialista acusó de "desfachatez y falta de transparencia" a Blasco, de quien añadió: "Vuelve a saltarse el control político que los diputados de la oposición tenemos la obligación de ejercer en las Cortes". Tirado denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que las ayudas para dos proyectos en Nicaragua sirvieron a la Fundación Cyes para comprar dos inmuebles, además de otras irregularidades. Blasco alega que su departamento pidió a la mencionada fundación otro tipo de facturas y justificantes para dar por bueno el proyecto.

La diputada del PP Herminia Palomar acusó a Tirado de no haber querido acudir a la consejería el pasado 8 de octubre a consultar los expedientes, como hicieron diputados de Compromís y Esquerra Unida, y también consideró que "no se entiende que pida los expedientes cuando ha hecho gala de ellos incluso mostrándolos en las Cortes". El consejero y portavoz del PP, por su parte, presumió de transparencia por haber recibido la comunicación de la Sindicatura de Comptes de que tramitará la elaboración de un informe de fiscalización de los polémicos expedientes solicitado a propuesta del propio Blasco.

www.elpais.es 18.11.10

34. C. VALENCIANA. El fiscal apela el archivo de la pieza de Camps en 'Brugal'

La fiscalía presentará un recurso al archivo de la pieza del caso Brugal que afectaba al vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. No obstante, la fiscalía no hará publica su decisión hasta el próximo lunes, según aseguraron ayer fuentes del ministerio público. El juez ha decretado el sobreseimiento provisional de esa causa al no "hallar" indicios de tráfico de influencias del consejero en relación con cuatro proyectos relacionados con el empresario Enrique Ortiz.

Por otro lado, José Joaquín Ripoll, del PP, presidente de la Diputación de Alicante e imputado en otra de las piezas del sumario por supuesto cohecho, aseguró ayer "que la agilidad de la justicia podría llevar a que muchas más partes de la causa se archivaran más rápidamente". Mientras, el Ayuntamiento de Orihuela celebrará el lunes un pleno extraordinario para debatir la propuesta del PSPV de revocar la contrata de basura del municipio, también objeto de investigación del caso Brugal.

EL PAÍS - Alicante - 19/11/2010

35. C. VALENCIANA. Quién y cómo negocia con la basura

Tres millones de toneladas y un sector de 100 millones sin apenas control

El caso Brugal ha sacado a la luz el extraordinario negocio que supone en la Comunidad Valenciana la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) que desplazan los municipios a los vertederos autorizados. El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana data de 1997, y establecía un periodo de cinco años para que estuvieran construidas las infraestructuras necesarias de los 18 planes zonales. Pero 13 años después, este negocio avistado en su día por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, es un auténtico despropósito que ha generado numerosas tensiones territoriales y políticas, un ingente tráfico de intereses y dinero y el reparto por zonas de influencia de las diferentes partes del pastel entre un puñado de empresas.

Es difícil calcular los residuos que se generan, su gestión y el beneficio que dan

Varios colectivos denunciaron al Seprona los vertidos sin tratar

Es casi imposible calcular el volumen de residuos que se generan, cómo se gestionan y cuánto dinero ingresan los concesionarios. Los municipios no controlan la basura que recogen las empresas contratadas para retirarla, nadie controla a los receptores autorizados por la administración y nada se sabe de la valorización (reciclaje) de la basura que tratan.

El nuevo Plan Integral de Residuos, que debía sustituir al de 1997 y fue confeccionado en 2008, está todavía en fase de exposición pública. En 1995 cada valenciano generaba unos 400 kilos de residuos, que son ya más de 500 y que en 2020 llegarán a 600, un 33% más en 25 años. Además, según recoge el PIR, en 2020 habrá en la Comunidad Valenciana casi siete 7 millones de habitantes, lo que quiere decir que el Plan no dará cobertura a toda la población si atendemos a la capacidad de las plantas y vertederos previstos.

La necesidad de transportar la basura a centenares de kilómetros y el hecho de que cada concesionario de los diferentes planes zonales marque sus tarifas ha incrementado, en muchos casos hasta el doble, el recibo que los ciudadanos pagan por una tasa que genera rechazo social, entre otras cosas por la falta de información sobre unas instalaciones que pueden ser inocuas si están bien gestionadas. Instalaciones que son vigiladas más por la policía que por la Generalitat, lo que deriva la inspección al ámbito judicial. De hecho, el verano pasado la coordinadora de las partidas rurales de Alicante, Ecologistas en Acción y Salvem Fontcalent presentaron una denuncia al Seprona, dependiente de la Guardia Civil, por "el vertido masivo de residuos sin tratar en el vertedero municipal de Fontcalent", porque "está prohibido por la legislación europea, estatal y autonómica de residuos". Y eso que en algunos casos los incrementos de la tasa se han dejado hasta que pasen las municipales de 2011 para no alarmar a la población.

El ejemplo de lo que hay en juego fue el intento de adjudicación de la recogida de basura de Orihuela en 2008 por 190 millones de euros en 20 años. Siete grupos concursaron para quedarse con el pastel que perseguía Ángel Fenoll, uno de los principales imputados del caso Brugal. Fenoll compareció con la mercantil Colsur y el grupo Urbaser, pero también lo hicieron FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, La Generala y la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Esta última resultó la adjudicataria un año antes de un contrato posteriormente anulado por los manejos de Fenoll para comprar voluntades políticas, las grabaciones que él mismo llevó a la Fiscalía y su primera detención en 2007, en lo que ya puede considerarse la primera fase del caso Brugal.

Esta cadena de corrupción tomó el vuelo definitivo tras el verano de este año. La causa fue la adjudicación del vertedero del plan zonal XVII, que en enero de 2008 fue otorgado a Cespa-Ortiz en la finca Lo Cartagena de la pedanía oriolana de Torremendo. Sin embargo, Fenoll, que también se presentó a la adjudicación, consiguió que la planta de basuras fuera trasladada a la finca La Pistola, que había conseguido comprar unos meses antes y con la que pretendía realizar un pelotazo de más de tres millones de euros. Una sucesión de trapicheos y connivencias ha acabado con la detención y posterior imputación, entre otros, de Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, que ha destapado, a consecuencia de las grabaciones efectuadas, una larga lista de corruptelas vinculadas a la redacción del nuevo plan general de Alicante, entre otros asuntos.

Una estimación realizada con los datos de la Generalitat, los que proporcionan las plantas de tratamiento y otras valoraciones de expertos, abundan en que en la Comunidad Valenciana se generan unos tres millones de toneladas de residuos, aunque luego cada vertedero cobra una cantidad diferente por cada tonelada que recibe en su planta, que puede variar desde los 25 euros que paga Elche hasta los más de 50 de Alcoi. Sólo puede hacerse una aproximación, pero multiplicando por 35 euros, el tratamiento de la basura en las plantas autorizadas, los residuos valencianos representan un volumen de negocio de más de 100 millones de euros anuales que apenas tiene mecanismos de control y que podrían ascender a casi el doble porque, según fuentes autorizadas, casi todos los vertederos pueden tratar el doble de toneladas que declaran como capacidad máxima.

La Comunidad Valenciana está dividida en 18 planes zonales de residuos, aunque se han constituido finalmente 10 consorcios y otras tres fórmulas asociativas que cubren todo el territorio. En el área de gestión 1 del Plan Zonal III y VIII (Valencia y su área metropolitana), la administración competente es el Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). En Alicante ciudad la administración competente es el Ayuntamiento de la ciudad y en la zona XVIII (Baix Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjà) hay un consorcio que funciona desde 1997. En estas tres no tiene presencia la Generalitat que, junto con las diputaciones, controla el resto de entes, es decir, los consorcios del Norte de Castelló, Castelló Centro, Sur de Castelló-Norte de Valencia, Valencia Interior, Las Riberas y Valencia Sur, El Vinalopó, L'Alcoià, Las Marinas y La Vega Baja. Las diputaciones tienen el 15% del voto ponderado, el 25% es del Consell y el otro 60% de los municipios que componen cada consorcio en función de su población. El resultado final es que el PP los dirige todos, hasta el punto que tras la moción de censura de Benidorm, Ripoll convocó una reunión del consorcio de la zona XV (Las Marinas) para trasladar su domicilio social a la sede de la Diputación. La zona XV era la única que mantenía su sede fuera del ente provincial. Los socialistas no presentaron oposición alguna.

El reparto de la gestión de los planes zonales se ha hecho de forma arbitraria, dado que cada ente supramunicipal ha adjudicado su planta de tratamiento, si bien el consorcio de las zonas II, IV y V, de Castelló centro, mantiene la planta de una empresa de capital público propiedad de varios ayuntamientos de la zona que está operativa desde 1998, la planta de la zona XIII (El Vinalopó) en Villena es de Vaersa (empresa pública de la Generalitat), que también tiene el 51% de la planta de Xixona para dar servicio a L'Alcoià, o sea, al consorcio de la zona XIV.

En Castellón han conseguido adjudicaciones empresas locales Tetma, Lubasa y Azahar, SA, esta última en UTE con Teconma (que depende de la SEPI) y el socio tecnológico Ecodeco, una empresa de capital italiano.

En Valencia, FCC interviene en dos de los planes zonales, aunque también han conseguido su parte Florentino Pérez (Urbaser), Sedesa, Lubasa, Sufi, SAV o Cyes.

En Alicante, Cespa comparte accionariado con Vaersa, Enrique Ortiz se lleva la mayor parte con la adjudicación de Alicante ciudad y La Vega Baja (plan zonal XVII), FCC gestiona la planta de Las Marinas y Florentino Pérez comparte con Hormigones Martínez la planta de Elche.

www.elpais.es 15.11.10

36. C. VALENCIANA. Los políticos comen de su mano

Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores con altos cargos y le sitúa como uno de los cabecillas de la trama. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude

Desde hace tiempo corre por Alicante el dicho de que, sea cual sea el resultado de unas elecciones municipales, gana Ortiz. Y cuando Enrique Ortiz lo escucha, lejos de simular indignación porque una frase de ese tenor viene a corroborar que goza del favor de los políticos, emite una sonrisa de satisfacción. Como es hombre franco al expresarse, responde: "Me gusta ganar siempre". En apenas una década, se ha convertido en el principal empresario de Alicante y en uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. Su mérito descansa en su capacidad para acumular suelo urbanizable y su habilidad para obtener todo tipo de concursos públicos. En Alicante ejerce casi un monopolio. Lo malo es que esta posición tiene otra lectura: ¿a cuántos políticos ha beneficiado Ortiz para que no se le niegue una contrata?

· El crecimiento de sus empresas coincide con la llegada de Alperi a la alcaldía de Alicante y su aproximación a Zaplana

· Según un informe de la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz y sus empresas

· Es campechano. Tiene un Ferrari que apenas usa: "Como buen contratista adoro los coches"

· Ortiz es incómodo para los socialistas: algunos aún tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él

La víspera de San Fermín, Enrique Ortiz fue detenido y conducido a los juzgados de Alicante para declarar por su participación en ciertos asuntos turbios de la denominada Operación Brugal, una trama de corrupción política en la que estaban también implicados destacados dirigentes populares de la provincia de Alicante, como el presidente de la Diputación (José Joaquín Ripoll), la alcaldesa (Sonia Castedo) y el anterior alcalde (Luis Díaz Alperi), además de otros 27 cargos públicos. Se le acusaba de cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de una investigación que arranca en las irregularidades cometidas por una contrata de basuras en la localidad de Orihuela y que se ha extendido hasta alcanzar 14 poblaciones entre Alicante y Murcia. La fecha de la detención era especialmente incómoda para Enrique Ortiz: estaba reunido con sus amigos de la infancia para disfrutar de las fiestas de San Fermín en Pamplona como hace todos los primeros de julio desde hace 21 años. Si hay un momento particularmente especial es ese, cuando se mete en una caravana con los miembros de la peña Los Chilindrones y se desplaza a Pamplona. "Nos vamos de juerga, sin mujeres", confirma. Ese día en particular, Ortiz llevaba la cabeza casi rapada y así tuvo que presentarse ante el juez, con motivo de una promesa por el ascenso del Hércules a Primera División conseguido unas semanas atrás. Para que no hubiera duda de la omnipresencia de Ortiz en la ciudad, también es el propietario del Hércules, el principal club de fútbol de la capital.

Durante tres años, la policía había intervenido su teléfono, vigilado sus movimientos e investigado sus negocios. Y sus empresas tienen mucho que ver (casi todo) con la gestión pública. Ortiz controla un conglomerado de sociedades (alrededor de 35), cuya matriz es Grupo Cívica, denominación que adoptó en 2007 como una operación a mitad de camino entre el maquillaje y el marketing: el nombre originario de su empresa era Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, pero como sus actividades se habían diversificado tanto resultaba que el apellido Ortiz estaba en todas las salsas de la ciudad y llamaba demasiado la atención. Quien había comenzado como un modesto contratista de obras y más tarde se había iniciado en la promoción inmobiliaria, como consecuencia de su habilidad para adquirir suelo urbanizable, era desde el año 2003 un empresario capaz de prestar innumerables servicios a la Administración, tanto municipal como autonómica. Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.

Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio. Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.

Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos. La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana. Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz.

Puede decirse que no hay sitio, porque apenas hay suelo disponible en Alicante fuera de su alcance. Según un informe elaborado por la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz, quien también controla el 77% de las viviendas pendientes de construcción en la capital. Entre 2003 y 2008, el volumen de sus activos se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 1.035 millones de euros.

"Ha sido un empresario avispado, arriesgado. El más atrevido de los que ha tenido la provincia. Es hábil, campechano, se ha ido formando con el tiempo. Es un personaje cercano. No habíamos tenido en Alicante un empresario con influencia en Valencia", dice un ex dirigente socialista. "Los que había no salían de los límites de la ciudad. Y ha apostado por cosas que le interesan a la gente: el Hércules, por ejemplo. Su capacidad le permite cierta omnipresencia". Los competidores consultados por este periódico no emiten opiniones negativas hacia su persona, a pesar de sentirse perjudicados por su ingente actividad y su facilidad para ganar concursos y concesiones: "El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".

"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. Y es que, incluso para los socialistas, la sombra de Ortiz resulta incómoda: algunos todavía tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él. Es el caso de Blas Bernal, ex concejal socialista en Alicante, que llegó a ser director general del Hércules, o de Ángel Luna, abogado, diputado, actual portavoz socialista en el Parlamento valenciano y alcalde de Alicante entre los años 1991 y 1995: años después de perder las elecciones trabajó un tiempo como abogado para Ortiz.

Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. "Es un hombre que actúa al límite. Sabe siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas", dice un ex empleado suyo. "No tiene sentido del ridículo", añade, "y ello le permite proponer cualquier cosa, pero, como tiene un punto creativo, a veces da con la idea adecuada". De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas.

Y en ese punto es donde comienza a sospecharse que Enrique Ortiz tiene una enorme facilidad para congeniar con los altos cargos. Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. No es de extrañar que en una de las conversaciones intervenidas por la policía un concejal de Alicante se refiera a Castedo como "tu amiguita", en conversación con Enrique Ortiz. Y Ortiz no se reprime en su familiaridad con la alcaldesa: "Intenta tener el planito y me lo enseñas", le dice a Castedo.

Su íntima relación con el ex alcalde Luis Díaz Alperi tampoco pasa desapercibida. Alperi fue alcalde de Alicante durante 13 años. Un buen día, en 2008, dimitió sin dar demasiadas explicaciones. Ya había tenido problemas con la justicia y había sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio personal. Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia. A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.

Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada.

Ortiz hacía otro tipo de favores a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso del Hércules. A Ortiz no le gustaba el fútbol. "Jugué de pequeño, pero no lo seguía. Ahora me apasiona", reconoce. Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".

Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

Su mérito es evidente: ha ganado concursos con ayuntamientos socialistas y populares y, dentro de los populares, con ayuntamientos presididos por partidarios de Camps y por partidarios de Zaplana, cuando es bien sabido que quien hacía negocios con zaplanistas aparecía en la lista negra de los campistas y viceversa. Nadie se resistía a Ortiz.

En estas actividades, Ortiz parece comportarse como un profesional. "Como un buen comercial", según se define a sí mismo. Porque su círculo privado es muy reducido: su familia y sus amigos de la infancia, con quienes comparte correrías. No utiliza un jet privado, ni siquiera usa su Ferrari ("como buen contratista, me apasionan los coches", dice, "por eso tengo un Ferrari, aunque apenas lo uso"): se monta en la caravana con sus amigos. Entrado ya en los 50, no es persona ostentosa, salvo en el uso del yate Elena: viste discretamente y usa su despacho de siempre, ya un tanto pasado de moda. No utiliza el ordenador. Cuando los policías registraban su oficina, les dijo: "Pueden llevarse sin problemas el ordenador. Apenas lo uso". Y era cierto: carecía de información. Durante algunas fases de la investigación, algunos inspectores parecieron acusar cierto síndrome de Estocolmo respecto de Enrique Ortiz. "Este tío parece buena persona", comentaban a los jefes de Madrid.

Según fuentes de su entorno, Ortiz tiene dos iconos. Uno es Zaplana. Hay quien afirma que dejó el tabaco porque un día Zaplana le dijo que fumar era de perdedores. No es cierto: fuma puritos. Su otro ídolo es Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Sea como fuere, la Operación Brugal ha puesto en entredicho su forma de hacer negocios. Las consecuencias no se han hecho esperar: no ha podido obtener ninguna contrata de las obras del AVE a Alicante. Cuando hizo gestiones para obtener una explicación obtuvo el siguiente mensaje: "Lo sentimos mucho, pero tenemos órdenes de que a Ortiz ni agua". "Voy a trabajar para recuperarme", dice, perdiendo por una vez la sonrisa. En las circunstancias actuales, el dicho "Ortiz gana" parece haber caducado.

www.elpais.es 14.11.10