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BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2009
Del 11 al 17 de Diciembre 2010
ÍNDICE
1. CASO GÜRTEL: LA FEMP DIO 1,3 MILLONES A DEDO A LA RED GÜRTEL EN EL MANDATO DE BARBERÁ
2. RECHAZADO EL INTENTO DEL ABOGADO DE CORREA DE APARTAR AL JUEZ PEDREIRA DEL CASO GÜRTEL
3. CASO GÜRTEL: "NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE UNA CONSEJERÍA A OTRA Y NO SE HACEN CARGO"
4. CASO GÜRTEL: PEDREIRA RATIFICA QUE CORREA Y 'EL BIGOTES' HAN DE SER INVESTIGADOS EN VALENCIA POR LOS TRAJES DE CAMPS
5. CASO GÜRTEL: PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO
6. CASO GÜRTEL: FLAQUER AFIRMA QUE EL ENTORNO DE MATAS LE RECOMENDÓ A UNA EMPRESA DEL CASO GÜRTEL
7. CASO GÜRTEL: CORREA MEDIÓ EN LA BÚSQUEDA DE NEGOCIOS CON DOS MINISTERIOS DE AZNAR
8. CASO GÜRTEL: GESTIONES CON AUTONOMÍAS PARA PLANTAS DE 'PURINES'
9. CASO GÜRTEL: LA JUNTA ELECTORAL NIEGA A LA POLICÍA DEL 'CASO GÜRTEL' INFORMACIÓN SOBRE EL PP
10. URIARTE DECLARA EN EL SUPREMO POR CONDUCIR EBRIO
11. AZNAR CARGA CONTRA LA CREDIBILIDAD DE ESPAÑA Y PIDE ELECCIONES GENERALES
12. ¿QUÉ HAY DE MALO EN AZNAR?
13. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UE ACUSA A AZNAR DE RECHAZAR SIN RIGOR EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
14. C. ANDALUCÍA: SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX DIPUTADO DEL PP JOSÉ LUIS DEL OJO
15. C. A DE BALEARES: EL JUEZ INVESTIGA NEGOCIOS PORTUARIOS DE UN EX LÍDER DEL PP BALEAR
16. C. A DE BALEARES: DÍAZ FERRÁN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR LA OPERACIÓN MAR BLAU
17. C. A DE BALEARES: MATAS PIDIÓ A UN HOTELERO QUE CONTRATARA A SU MUJER POR 60.000 EUROS AL AÑO
18. C. A BALEARES: ANTICORRUPCIÓN LLEVA A JUICIO A UN EX CONSEJERO DE MATAS
19. C. A DE BALEARES: BAUZÁ NO SE SOLIDARIZA CON PASTOR, NI SE LE ESPERA
20. C. A DE BALEARES: HIDALGO SE CONFORMA CON UNA MULTA POR ENCUBRIR EN UN DELITO URBANÍSTICO
21. C. A BALEARES: PIDEN DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA HIDALGO POR PREVARICACIÓN Y COACCIONES
22. C. A DE BALEARES: DOS EX CARGOS DEL PP BALEAR EN PRISIÓN NEGOCIAN REBAJA DE PENAS
23. C. A DE CANARIAS: EL FISCAL ACUSA DE ESTAFAR A SU ABUELA AL LÍDER JUVENIL DEL PP CANARIO
24. C. A DE CASTILLA LA MANCHA : Las Cortes de Castilla-La Mancha ponen fin a la "voracidad económica" de Cospedal
25. C. A DE CASTILLA LA MANCHA : COSPEDAL TAMPOCO DECLARÓ QUE ES CONSEJERA DE UNA EMPRESA PRIVADA
26. C. A DE CASTILLA LA MANCHA: INCÓGNITAS SOBRE LA DECLARACIÓN "MÁS TRANSPARENTE"
27. C. A DE CASTILLA LA MANCHA: EL PSOE VE A COSPEDAL EN UNA SITUACIÓN "MUY COMPROMETIDA" POR OCULTAR QUE ES CONSEJERA
28. C. A DE GALICIA: La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense
29. C. A GALICIA: BALTAR CORRIGE EL ENTUSIASMO DE SU HIJO Y PIDE UNIDAD AL PP
30. C. A MADRID: MÁS CONTRADICCIONES DE LOS TESTIGOS DEL 'CASO LAMELA'
31. C. A MADRID: EX ALCALDE DE ALCORCON: "CREO QUE LO HICE BIEN"
32. C. A DE MADRID: GRANADOS SUSURRA A GALLARDÓN: "NOSOTROS SIEMPRE A LA DERECHA"
33. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA AMPLÍA LOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' POR REVELAR SECRETOS
34. C. VALENCIANA: El juez del 'caso Brugal' sopesa pedir un permiso en la fase clave de las diligencias
35. C. VALENCIANA: ORTIZ DECLARA COMO IMPUTADO POR SUPUESTO FRAUDE DE SEIS MILLONES
36.C. VALENCIANA: EL CONSELL NO PAGA A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DESDE HACE 14 MESES
37. C. VALENCIANA: CRESPO ADMITE QUE GIMENO RECIBIÓ 300.000 EUROS DE EMARSA "POR NADA"
38. C. VALENCIANA: EL PP RECHAZA ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN CONTRA LA DEUDA Y POR LA TRANSPARENCIA
39. C. VALENCIANA: RAJOY VUELVE A VALENCIA NUEVE MESES DESPUÉS
1. CASO GÜRTEL: LA FEMP DIO 1,3 MILLONES A DEDO A LA RED GÜRTEL EN EL MANDATO DE BARBERÁ
Un informe pericial remitido al tribunal señala que la contratación vulneró la ley
Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del caso Gürtel revela graves irregularidades en la contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante gran parte del mandato de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de este organismo. El informe señala que entre 2000 y 2003 la FEMP contrató a dedo con empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, por importe de 1,3 millones de euros. En esa época, el encargado de la contratación era el secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz, uno de los imputados en el caso Gürtel y hombre de confianza de Barberá en la federación. La caja B de las sociedades de la trama Gürtel recoge una entrega de 30.000 euros en dinero negro a De la Cruz.
La federación se saltó la norma para favorecer a las empresas de Correa
El dinero se fue en viajes, 'stands', 3.000 maletines para alcaldes...
El informe señala que la FEMP se saltó la ley para favorecer a la red de Correa incumpliendo los principios de "concurrencia, objetividad y transparencia" que deben presidir los contratos que emanan de organismos públicos.
Como urdidor de estos contratos el informe apunta a De la Cruz, nombrado secretario general de la FEMP el 11 de noviembre de 1995 y apartado de este cargo el 23 de noviembre de 2003, periodo que coincide prácticamente con el de Barberá como presidenta del organismo (luego pasó a ser vicepresidenta).
El informe de la citada unidad recoge un escrito de la actual secretaria general de la FEMP, Isaura Leal, en el que subraya que ninguna propuesta de formalización de los fraudulentos contratos emitidos entre 2000 y 2003 fue sometida "a la aprobación de la Comisión Ejecutiva ni del Consejo Federal de la FEMP". Entre 1999 y 2003, este organismo realizó adjudicaciones a dedo a Special Events y Pasadena Viajes, ambas de la red Gürtel, por más de un millón de euros. Solo para el montaje de la VII Asamblea de la FEMP, celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1999, fueron 276.000 euros. Se montaron 40 stands y se entregaron 3.000 maletines a los alcaldes participantes. Otros 570.000 euros fueron destinados a la organización de la VIII Asamblea de la FEMP, celebrada en noviembre de 2003. A esta cantidad hay que unir otros 149.000 euros para "trabajos extra".
"Las facturas las emitió un único proveedor" y todo se hizo a dedo, puesto que no consta un expediente previo de contratación de acuerdo con la ley, según el informe. Pese al volumen de dinero (a partir de 12.000 euros la ley obliga a sacar este tipo de actos a concurso), "todo indica que la FEMP tramitó esta actividad de forma similar a un contrato menor". Dado su "origen público", la FEMP debió someterse a los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia" que estipula la ley, lo que le habría permitido alcanzar "una mayor eficacia y economía en la gestión de fondos públicos", destaca el informe.
La Unidad de Auxilio Judicial se detiene también en 222 facturas de viajes que la FEMP pagó a la sociedad de Gürtel Pasadena Viajes entre 2000 y 2003 por importe de 288.000 euros para "estancia y locomoción de personal o colaboradores de la FEMP". La mayoría de las facturas eran por importes menores aunque su suma es "significativa". Por ello, el informe reprocha que no se hubiese planteado "la posibilidad de tramitar un expediente de contratación para la prestación del servicio de Agencia de Viajes", lo que pudo evitar "costes innecesarios".
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16.12.102. RECHAZADO EL INTENTO DEL ABOGADO DE CORREA DE APARTAR AL JUEZ PEDREIRA DEL CASO GÜRTEL
El magistrado Suárez Robledano inadmite la demanda de recusación porque "es abusiva y no respeta las reglas de la buena fe"
Las conversaciones más importantes del 'caso Gürtel'.
El juez Antonio Pedreira seguirá como instructor del caso Gürtel. Así queda establecido después de que hoy quedase inadmitida la recusación que había planteado contra él, para apartarle del caso, José Antonio Choclán, el abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Así lo indica una resolución del magistrado de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano, al que la Sala encomendó analizar este incidente y que ha decidido inadmitir la recusación contra Pedreira por considerar que se incumplen los requisitos legales y que el planteamiento formulado por el abogado de Correa "no respeta las reglas de la buena fe y es abusivo".
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El 'caso Gürtel', paso a paso·
El Estado y la fiscalía denuncian maniobras "torticeras" de Correa para apartar al juezEl juez Suárez Robledano recuerda que la pretensión del abogado que ha presentado la recusación, José Antonio Choclán, "va dirigida o encaminada a la exclusión del juez ordinario predeterminado legalmente para conocer del asunto o causa en cuestión" y que la ley obliga a que se evite por parte de los abogados el uso de "medios, artificios o cauces inadecuados con la finalidad de obtener la remoción indebida de los jueces ordinarios legalmente llamados por la Ley a resolver los asuntos judicializados".
El abogado de Correa, con la adhesión de otros letrados que representan a políticos imputados por aceptar sobornos de la red Gürtel, quería apartar al juez Pedreira del caso alegando que no era imparcial porque, entre otros argumentos, había desestimado su petición para que decretase la libertad provisional de su cliente, el cabecilla de la red Francisco Correa.
Además, unía esta premisa al hecho de que Pedreira prorrogó las escuchas en las cárcel entre abogados y clientes que decretó el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, y que ello es objeto en la actualidad de diligencias previas abiertas por el Tribunal Supremo contra el ex titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Por haber prorrogado tales escuchas, aunque con fundamentos diferentes y más nutridos que Garzón, Choclán sostenía que Pedreira era parcial y tenía interés en la causa.
El juez Suárez Robledano tumba todos sus argumentos y señala que las causas invocadas por Choclán, tal como reconoce el mismo abogado en su escrito, "pudieran existir" con anterioridad y que, pese a ello, no han sido alegadas hasta ahora, cuando el instructor de Gürtel ha denegado la libertad provisional de su cliente. Choclán también aludía a las escuchas prorrogadas por Pedreira y que luego fueron parcialmente anuladas.
Suárez Robledano explica: "Lo cierto es que la nulidad [de parte de las grabaciones], aun no concretada y pendiente del incidente de nulidad en curso, de la que deriva el recusante la causa de la apariencia de parcialidad sostenida fue declarada por la Sala de lo Civil y Penal el 25-3-2010 y, aun antes, se achaca nulidad asimismo al auto del Instructor del anterior 20-4-2009, por lo que pudo recusar con mucha anterioridad y, pese a poderlo hacer desde antes del levantamiento parcial del secreto que ha tenido lugar respecto de todas las dichas actuaciones hace varios meses, no planteó la recusación sino por la denegación de la libertad provisional del recusante, de inmediato a ello o a renglón seguido de tal decisión perjudicial para los intereses del recusante".
Suárez Robledano también refuta el otro argumento de Choclán para la recusación basado en la "decisión adoptada por el Instructor designado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo", Alberto Jorge Barreiro, de abrir diligencias al juez Garzón, primer instructor de Gürtel, por supuesta prevaricación al haber ordenado los primeros pinchazos telefónicos en la cárcel entre implicados en la trama y sus abogados. Choclán alega que Pedreira prorrogó esas escuchas, si bien obvia el hecho de que "el asunto del Supremo no es fruto de un recurso de actuaciones dimanantes" de las que instruye Pedreira, explica Suárez Robledano. Y añade: "Ni es superior de ésta Sala en dicho procedimiento, ni puede corregir por ello lo que se decida sobre la nulidad concreta pendiente en atención a lo dispuesto en los artículos 12.2 y 418.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose limitado el Instructor, en el auto denegando la libertad provisional del recusante, que determinó la inmediata presentación de la recusación de la que ahora se trata, a manifestar una opinión directamente relacionada con la decisión ya revocada por la Sala sobre la mera relevancia procesal de la nulidad acordada, referida a las evidencias que deban dejar de considerarse sin ser eliminadas del proceso de instrucción, sin repercusión añadida alguna, salvo, claro está, lo que se debe decidir en el futuro en el incidente de nulidad en curso, cuestión ésta aun pendiente de decisión definitiva tanto en la instrucción como en una posible alzada o apelación".
Según Suárez Robledano, el auto del Supremo en el que decide actuar contra Garzón por supuesta prevaricación al ordenar esas escuchas "no tiene prejudicialidad alguna en la instrucción" de Pedreira "y la imputación efectuada es provisional, sujeta, pues, al derecho constitucional a la presunción de inocencia".
El instructor del incidente de recusación entiende, además, que no cabe atribuir parcialidad al juez Pedreira por el hecho de no conceder la libertad provisional a Correa. "En definitiva, lo que se observa prístinamente es que el instructor (Pedreira) ha actuado con independencia judicial, con libertad de criterio y sin estar mediatizado por presión o interés alguno, directo o indirecto, sin perjuicio de que la garantía de los recursos, básica en el orden penal, pueda corregir, de darse y concurrir, los errores jurídicos basados en dichas consideraciones".
La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron desestimar la recusación de Pedreira y entienden que se trata de maniobras de las defensas para excluir al juez sin fundamento jurídico alguno.
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16.12.103. CASO GURTEL: "NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE UNA CONSEJERÍA A OTRA Y NO SE HACEN CARGO"
Cartas y correos electrónicos intervenidos por la policía reflejan los tejemanejes entre la trama Gürtel y ex altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre para lograr que el montaje de los actos de la Comunidad de Madrid recayese en sociedades de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El último informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management (MQM), utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la Comunidad, concluye que el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre, Alberto López Viejo, era la persona a quien acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con las facturas.
López Viejo -el cargo público que organizaba en las distintas consejerías los actos en los que intervenía la presidenta Aguirre- y también su hombre de confianza en Vicepresidencia, Pedro Rodríguez Pendas, no solo encargaban los actos en que intervenía Aguirre. También daban instrucciones a la red, según el informe policial, de cómo había que fraccionar las facturas e indicaban a qué funcionarios de la Comunidad había que remitirlas.
Aun así, surgían problemas, dado que algunas consejerías se daban cuenta de que las facturas llegaban troceadas, lo que vulnera la ley, y ponían pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red apelaba a López Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a Rodríguez Pendas para que desbloqueasen los pagos.
Tras ser implicado en estos amaños, Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira, si bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las órdenes del ex consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuándo había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos del PP supuestamente sobornados por Gürtel.
El juez Pedreira le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. La UDEF ha incorporado al sumario un archivo informático hallado en registros a sociedades de la trama bajo el nombre "Estimado Alberto2.doc", que avala los amaños entre la red y quien fuera hombre de confianza de la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo. Empieza así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación te detallo los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de facturas: "(...) Nos hacen cambiar facturas de una Consejería a otra y ninguna se quiere hacer cargo y les pasan la pelota a otras y así continuamente". "En la Consejería de Empleo y Mujer estamos teniendo muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas retenidas Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000 euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las facturas". "En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil siempre nos dice que ya están las facturas y es mentira"...
Al margen de estos contactos, el informe policial destapa, además, que la principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar sospechas de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007 casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría cobrado un tercio menos que Correa. El informe evidencia el sobreprecio que se pagó, por ejemplo, por la escenografía de la entrega de la medalla de Madrid por parte de Esperanza Aguirre a los Príncipes de Asturias, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto lo montó la empresa Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se llevó por ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros de beneficio).
MQM se ponía de escaparate para conseguir las contratas de los actos de la Comunidad relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero era la red Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a políticos y a la empresa testaferro. Correa tenía una veintena de sociedades, pero muchas de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de actos de la Comunidad.
Por eso buscó empresas pantalla: fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael, que facturó un millón a la Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba de disimular, que en la competencia no corriera la voz de que la Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las mismas sociedades. Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de Aguirre. Pero los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre un 5% y un 11,5% por actuar de testaferro.
Eran encargos a dedo, muchas veces a través de llamadas telefónicas. Las facturas se troceaban por debajo de los 12.000 euros para escabullir la ley que obliga a sacar a concurso cualquier obra que rebase esa cuantía. Todo funcionaba así, según el informe policial: si Aguirre participaba en un acto en la Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor Rodríguez Pendas encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro. Correa remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto. Pero a veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo de 12.000 euros y las consejerías ponían pegas para abonarlas, conscientes de que se vulneraba la ley. Es cuando Correa o sus empleados, por orden suya, se ponían en contacto con Rodríguez Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada de la firma Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com):
"Hola, Pablo, te cuento cómo ocurrió lo del acto de los Príncipes de Asturias. (...) Me lo contrató Pedro Rodríguez Pendas por teléfono la semana anterior. Él expresamente me contó que como no había dinero en el contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto aumentó con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para que MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín [funcionario] las paró y no dijo nada a Julia López Valladares de Presidencia. Una vez que se lo dijo fue cuando Julia le comentó que MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto [del dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que nosotros, con nuestras empresas, también estamos facturando otras que MQM no quiere (...) Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye el revelador correo.
(www.elpais.com, 13/12/10)
4. CASO GÜRTEL: PEDREIRA RATIFICA QUE CORREA Y 'EL BIGOTES' HAN DE SER INVESTIGADOS EN VALENCIA POR LOS TRAJES DE CAMPS
Los regalos de trajes de la trama Gürtel a Francisco Camps y otros altos cargos valencianos deben investigarse en Valencia. Así lo ha ratificado el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, al rechazar un recurso presentado por el PP. Ello implica que el cabecilla de la red, Francisco Correa, actualmente en prisión, su lugarteniente Pablo Crespo y
su representante en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, también sean investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras Camps y los altos cargos están imputados por cohecho pasivo impropio, Correa, Crespo y Pérez están imputados por un cohecho activo.En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso EFE, Pedreira confirma "en todas sus partes" la resolución dictada el 28 de julio de 2009, por la que acordó inhibirse en favor del TSJCV "de los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos". Dada la condición de aforados de dos de estos -Camps, presidente de la Generalitat, y Costa, diputado autonómico; mientras que Betoret fue jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y Campos vicepresidente del Gobierno valenciano-, Pedreira no puede investigarlos, sino que debe hacerlo el TSJCV. El magistrado consideró que ese mismo órgano debía investigar también a Correa, Crespo y El Bigotes, ya que podían ser autores de un delito de cohecho activo recogido en el artículo 423 del Código Penal, precepto que "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia", por lo que se inhibió en favor de Valencia.
En la resolución notificada hoy, Pedreira afirma que el recurso del PP contra su decisión "contiene importantes y graves inexactitudes que obligan a desestimarlo íntegramente" y que las alegaciones del partido "no desvirtúan ni enervan la fundamentación jurídica del auto recurrido". Además, el magistradoañade que hace suyos todos los argumentos empleados por la fiscalía Anticorrupción para rechazar el recurso. El ministerio público recordó al PP que está personado en la causa como acusación popular y no como defensa, por lo que no se entiende que alegara que la investigación podía perjudicarle. Tampoco estaba de acuerdo el fiscal en que el envío de estos hechos a Valencia rompieran la unidad de la causa, ya que las conductas atribuidas a Correa, Crespo y Pérez relativas a la entrega de prendas de vestir a los altos cargos valencianos "tienen una mayor conexión con las conductas imputadas a éstos" que con los otros delitos de cohecho de los que se les acusa". "Resulta indudable la íntima relación existente entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos. En definitiva se trata de los mismos hechos examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que recibe", añadía la fiscalía.
Esta recordaba, por último, que cuando el Tribunal Supremo ha investigado algún caso similar, "ha asumido la competencia no sólo respecto de los (hechos) atribuidos a los cargos públicos cuyo aforamiento así lo exigía, sino también respecto de los de los particulares en relación con las eventuales entregas de dádivas a aquellos". Una vez rechazado su recurso de reforma, el PP puede ahora interponer uno de apelación ante la instancia superior a Pedreira, la Sala Civil y Penal del TSJM.
(
www.elpais.com, 15/12/10)5. CASO GÜRTEL: PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO
La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas ligadas a un primo de su mujer.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.
Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las benedictinas en Zamora.
El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.
Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.
La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García.
(www.elmundo.es, 15/12/10)
6. CASO GÜRTEL: FLAQUER AFIRMA QUE EL ENTORNO DE MATAS LE RECOMENDÓ A UNA EMPRESA DEL CASO GÜRTEL
El ex conseller de Turismo del PP Joan Flaquer afirmó ayer ante el juez del caso Ibatur que recibió a Over Marketing, una de las empresas investigadas en la presunta trama de corrupción del caso Gürtel, por recomendación del entonces president del Govern Jaume Matas o de su gabinete de Presidencia. Flaquer, que compareció en calidad de imputado, se desvinculó de todas las presuntas irregularidades cometidas en el Ibatur durante su mandato y explicó que contrató a Over para animar los stands de Balears en las ferias turísticas los días abiertos al público.
Flaquer, defendido por Carlos María Florit, declaró ayer a petición propia y para "desmentir" lo manifestado por algunos imputados contra él, especialmente Felipe Ferré, sobrino político de Matas y uno de los empresarios encausados en los sumarios de Scala e Ibatur.
El Ibatur hizo varios contratos con la empresa de comunicación y publicidad Over Marketing , que realizó la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007, y que llevó a Jaume Matas a recuperar el poder en el Govern. La fiscalía anticorrupción sospecha que se produjo una financiación irregular del PP en aquella campaña electoral. El partido de Matas, tras su regreso al poder en Balears, habría compensado a su estratega electoral con contratos en 9 de las 13 consellerias y en la mayoría de los Ayuntamientos gobernados por los conservadores.
Una mujer, que ha sido protegida como testigo, desveló en julio supuestamente los detalles de la trama Gürtel en la isla, a través de Over.
Flaquer también aseveró ayer que desde el mismo gabinete de Presidencia le pidieron que atendiera a Felipe Ferré, empresario y sobrino político de Matas. "Ferré me propuso hacer un proyecto sobre la Playa de Palma; no vi clara la necesidad de ese proyecto y se lo denegué", aseguró el ex conseller y hoy diputado del PP.
El principal imputado en el caso Ibatur, y también encartado en el sumario del Palma Arena, recordó que Matas no le dijo nada sobre el rechazo a su pariente. Tiempo después, Flaquer y Ferré coincidieron en el centenario del Fomento de Turismo en Berlín y el segundo, que ya era uno de los principales proveedores de la conselleria de Comercio e Industria, le propuso al conseller hacer actuaciones de cara al mercado chino. El empresario está acusado en el caso Scala de saquear las arcas del consorcio público CDEIB.
Flaquer sí contrató entonces a Ferré, quien se ocupó de organizar viajes promocionales a China y se hizo con el contrato, adjudicado sin concurso, para el llamado Proyecto Hooney Moon.
La iniciativa costó al Ibatur unos 300.000 euros y al CDEIB una suma parecida. La idea, según relató ayer Flaquer, consistía en organizar un concurso televisivo en una cadena de máxima audiencia china. El gancho para captar turistas chinos era sortear un viaje de novios a Mallorca entre parejas de chinos.
El proyecto fue un auténtico fracaso y únicamente se consiguió grabar en el castillo de Bellver un anuncio simulando bodas de chinos en Palma. Ayer el ex conseller defendió la idoneidad de Hooney Moon, así como de otros expedientes y contratos mayores adjudicados por Turismo en la anterior legislatura. En relación a las acusaciones dirigidas contra él por Ferré, defendido por Díaz Campillo, el diputado del PP apuntó a que "quizás actúe por resentimiento, dado que el entonces gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, le apretó mucho para que cumpliera el contrato". Flaquer alabó también la promoción conseguida a través de los torneos de Golf organizados por Pula y una empresa madrileña. "El actual Govern ha firmado un convenio similar a los nuestros", remachó.
(www.diariodemallorca.es, 15/12/10)
7. CASO GÜRTEL: CORREA MEDIÓ EN LA BÚSQUEDA DE NEGOCIOS CON DOS MINISTERIOS DE AZNAR
Según el informe policial, basado en decenas de documentos encontrados en los registros de las sedes de la red, Correa, Crespo y los demás ofrecían a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según el informe.
La novedad de esta investigación policial, muy detallada en cuanto a los documentos inéditos aportados, es que sostiene que esos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP, la especialidad de la red, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, que controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique, y Medio Ambiente, para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón.
El informe detalla toda la operación, centrada en 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y Correa era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas electorales y actos importantes. La red de Correa, a través de su empresa Spinaker, creada por Luis de Miguel, el abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales, se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor, según el informe.
Diversos faxes y documentos encontrados en los registros atestiguan las gestiones políticas que hacía la red Gürtel para el grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4 del 4%.
Uno de los asuntos sobre el que más documentación hay es el de las gestiones de la red Gürtel para lograr que algunos créditos FAD, dependientes de Economía, se concedieran para la realización de plantas de depuración de residuos en países del tercer mundo que gestionaría Ros Roca. En los registros de la red han aparecido diversos documentos en los que la persona clave con la que contacta la red sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003, y por tanto con responsabilidad sobre los FAD, según la policía.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M [millones] de USD [dólares]. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
Esto es, según la policía, Correa y su equipo utilizan sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
(www.elpais.com, 13/12/10)
8. CASO GÜRTEL: GESTIONES CON AUTONOMÍAS PARA PLANTAS DE 'PURINES'
El Grupo Ros Roca, una empresa catalana con presencia internacional, quiso hacer en 2001 una gran expansión en España y lograr autorización y subvenciones para construir varias plantas de tratamiento de purines [producción de energía a través de los residuos de la ganadería] en diversas autonomías.
Y para facilitárselo, la red Gürtel se convirtió en su agente, realizando todo tipo de presiones políticas a cambio de comisiones. Lo hizo, según el informe policial, a través de sus contactos en el PP, en varias comunidades en manos de este partido -Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana- y en Aragón a través de sus contactos en el PAR, que cogobernaba con el PSOE. Decenas de documentos dan cuenta de estas gestiones, y la policía sostiene que al menos la planta de Langa del Duero (Soria) se logró llevar adelante gracias a estos contactos políticos.
Entre las decenas de documentos se incluyen cartas a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, señalándole qué gestiones políticas había que hacer ante consejeros autonómicos de gobiernos controlados por el partido para ayudar al Grupo Ros Roca a lograr sus objetivos empresariales. También hay un fax dirigido al ex diputado Jesús Merino, que asesoraba a Ros Roca desde su despacho de abogados.
La policía sostiene incluso, a través de un documento localizado en el que se incluyen seis iniciales, que tanto Bárcenas como Merino o Gerardo Galeote, actual miembro del Comité Ejecutivo del PP y asesor de Mariano Rajoy, tenían participación en la empresa de la red Spinaker, que se asoció con Ros Roca para entrar en el negocio de los purines. En el registro mercantil no figura ninguna participación de Bárcenas ni de Merino, pero la policía sostiene que era una entrada no oficial, suscrita en un documento privado.
(www.elpais.com, 13/12/10)
9. CASO GÜRTEL: LA JUNTA ELECTORAL NIEGA A LA POLICÍA DEL 'CASO GÜRTEL' INFORMACIÓN SOBRE EL PP
La Junta Electoral ha negado a la policía información sobre dirigentes del PP que administraron las cuentas en 2003 y 2004, periodo en el que esta formación política se financió ilegalmente, según apunta la investigación del
caso Gürtel .La policía que investiga la más extensa trama de corrupción vinculada al PP y la Fiscalía Anticorrupción sostienen en diversos escritos incorporados al sumario que el PP se financió ilegalmente a través de Fundescam, una fundación dependiente de este partido en la Comunidad de Madrid, durante las elecciones autonómicas de 2003, y generales y europeas de 2004.
El caso salpica tanto al PP de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, como al PP nacional, durante la época en que ya lideraba esta formación política Mariano Rajoy.
La policía ha señalado en diversos informes sobre los que se ha levantado ahora el secreto de sumario que los documentos incautados en sedes de las empresas de la trama Gürtel demostraban "un sistema de facturación ad hoc de los actos del PP enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".
Esto suponía, según el informe policial incorporado al sumario, "un mecanismo de financiación de los actos del PP ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Politicos a través de una fundación (Fundescam) vinculada orgánicamente al PP de Madrid que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicios o realizaban suministros y obras para Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y que, posteriormente, canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".
Tras más de un año de investigación, la policía concluyó que el PP se financió ilegalmente a través de Fundescam, una fundación que recibía el dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno era del PP,
La policía quiso saber quién era el administrador general de los fondos utilizados por el PP durante esas campañas electorales de 2003 y 2004 para "concretar sobre quién recayó la responsabilidad de la gestión de los fondos recibidos y de los gastos llevados a cabo".
El 27 de julio pasado, los investigadores solicitaron mediante fax dirigido a la Junta Electoral Central la siguiente información: "La identidad del administrador electoral y general responsables de los ingresos y gastos, y de su contabilidad correspondiente a la candidatura de la formación política PP en las elecciones celebradas en 2003 y 2004".
Pero la Junta Electoral se negó a facilitar esa información. El informe policial se lamenta así por lo ocurrido: "A pesar del principio de reciprocidad que rigen las relaciones entre las Administraciones públicas de facilitar información a otra Administración, según recordaba en su escrito [la Junta Electoral], no ha facilitado la información solicitada aduciendo a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y a la necesidad de acreditación de la conexión causal, cuyo conocimiento está reservado a las instancias judiciales en el marco de un procedimiento judicial, y no a la puesta en conocimiento de otros órganos de la Administración".
La policía solicitó a principios de octubre al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que firmara un requerimiento dirigido a la Junta Electoral para que facilitase la identidad de los dirigentes del PP.
Pero la fiscalía, en un escrito de mediados de octubre, señaló que no hacía falta investigar más porque, según entendía, los hechos delictivos habrían prescrito en el caso del PP, no así en el caso de las empresas de la red Gürtel que habrían cometido un delito de falsedad de documento mercantil por la confección "de numerosas facturas falsas".
En este caso, según la fiscalía, no era necesario practicar más pruebas porque estaba suficientemente acreditado el delito cometido por las empresas que facturaban a la fundación del PP por unos actos que tendría que haber pagado el partido al tratarse de financiación de campañas electorales.
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www.elpais.com, 11/12/10)10. URIARTE DECLARA EN EL SUPREMO POR CONDUCIR EBRIO
El diputado conservador y líder de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, declaró ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por dar positivo en un control de alcoholemia tras verse involucrado el pasado 19 de febrero en un accidente de tráfico en Madrid.
El suceso tuvo lugar en la madrugada de ese día cuando el coche que Uriarte conducía chocó contra otro turismo en la calle Serrano de la capital. No se registraron daños en ninguno de los dos vehículos, pero una patrulla de la Policía Municipal que pasaba por la zona hizo un control de alcoholemia al diputado del PP, que dobló la tasa legal permitida.
Un juzgado de instrucción de Madrid abrió entonces una investigación para esclarecer el siniestro y determinar la responsabilidad de Uriarte en lo ocurrido. El juez del caso, Pedro López, tomó entonces declaración a los policías que realizaron el control de alcoholemia al líder de Nuevas Generaciones, así como al otro conductor implicado en el accidente.
Pero, como Uriarte es diputado del Congreso y, por lo tanto, mantiene la condición de aforado, es el Supremo y no un juzgado ordinario el que le ha tenido que tomar declaración. Si finalmente el alto tribunal decide celebrar un juicio contra él, la Cámara Baja deberá permitir la vista concediendo el oportuno suplicatorio.
En el momento de los hechos, el diputado conservador, de 29 años, atribuyó lo ocurrido a un "error humano". Pero su despiste tuvo consecuencias inmediatas en su trayectoria política. Uriarte era hasta esa fecha vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, pero, una vez que se conoció la noticia de su imputación, él mismo decidió abandonar dicha comisión.
Los socialistas exigieron entonces al líder de Nuevas Generaciones que dejara también su escaño en el Congreso, pero él no consideró esa opción.
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www.publico.es, 14/12/10)11. AZNAR CARGA CONTRA LA CREDIBILIDAD DE ESPAÑA Y PIDE ELECCIONES GENERALES
José María Aznar, ex presidente del Gobierno y presidente de FAES, ha vuelto a lanzar dardos envenenados contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través de un artículo publicado en The Wall Street Journal.
La diana de sus ataques es la "credibilidad" del Gobierno socialista, aunque no es el único objetivo contra el que apunta Aznar, que también vuelve a usar el discurso del 'se rompe España'.
El ex presidente acusa a Zapatero de desarrollar una política "de abandono" de la estabilidad presupuestaria y del proceso de reformas estructurales para mantener la competitividad española. "Estos errores tienen su origen en las decisiones arbitrarias, con un desdén flagrante sobre las reglas del juego, incluso la reglas europeas", afirma el presidente de FAES.
Por esa razón, siguiendo con el discurso actual del Partido Popular, Aznar pide "un nuevo Gobierno" que devuelva "la credibilidad". "Eso requiere unas elecciones generales", asegura el presidente de honor del PP, quien aboga por un "gran proyecto" para recuperar la nación. "No podemos esperar", añade. Pese a todo, aún mantiene la confianza en la capacidad de España de convertirse en un país de "empleo y de oportunidades", pero para ello asegura, es necesario "desenrollar" seis años de políticas que él llama "perdidas".
Aznar también critica al Gobierno socialista asegurando que "rechaza" el acuerdo logrado con la Constitución y acusándole de "romper" el Estado español. "Las diferentes partes del país están picadas unas con otras", agrega en su artículo.
(www.publico.es, 13/12/10)
12. ¿QUÉ HAY DE MALO EN AZNAR?
En un artículo publicado ayer por todas las ediciones de The Wall Street Journal, el ex presidente del Gobierno José María Aznar cuenta que allí donde va la gente siempre le hace las mismas preguntas: "¿Qué hay de malo en España? ¿Cómo es posible que en sólo unos cuantos años mi país haya pasado de ser el milagro económico' de Europa a ser el problema económico' de Europa? ¿Qué ha pasado con la economía que hace pocos años crecía a más del 3% año tras año, incluso cuando Alemania, Francia e Italia tenían crecimiento cero? Es ahora la única economía de las cinco más grandes de Europa que aún experimenta crecimiento económico negativo".
¿Y qué responde Aznar? Todo estaba bien hasta que "en 2004, Madrid cambió de dirección". Según explica, ese cambio tuvo lugar en dos planos: el político y el económico. En el primero, "el Gobierno rechazó el acuerdo corporizado en la Constitución de 1978 y rompió la integridad del Estado español". Y "en el terreno económico, el Gobierno [de Zapatero] abandonó su compromiso con la estabilidad presupuestaria y el proceso constante de reformas necesario para seguir siendo competitivos en los mercados globales".
Como toda ilustración, parece Aznar quedarse tan ancho vendiendo gato por liebre al repetir, sin referirse a fecha alguna, fuera del tiempo y del espacio, que "hemos visto también un crecimiento sin precedentes del crecimiento de los gastos del gobierno y en subidas de impuestos generalizadas".
En esta ocasión, el propósito político de Aznar es bien preciso. Intenta salir al cruce de los recientes elogios que The Wall Street Journal ha dirigido a Zapatero en los últimos meses, entre la visita que el presidente del Gobierno realizó a su equipo editorial en Nueva York, el pasado mes de septiembre, y el golpe de autoridad contra los controladores aéreos.
El Journal es no sólo una publicación que respaldó a Aznar durante su etapa en la Moncloa. El diario es propiedad del conglomerado mediático News Corporation perteneciente a Rupert Murdoch, quien, junto con su esposa, fue invitado estelar en la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag. Fue Murdoch quien, en 2006, nombró a Aznar miembro del consejo de administración de su grupo, al que un año más tarde, en julio de 2007, añadiría la cabecera del influyente periódico norteamericano.
Pero Aznar quiere contrarrestar también el reciente apoyo muy explícito del Eurogrupo (ministros de Finanzas de los países de la eurozona), de Jean- Claude Trichet, presidente del BCE, de Angela Merkel ,y del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, a la conversión de Zapatero, a su compromiso con las llamadas reformas. El mensaje "institucional" que dirige a los mercados el ex presidente Aznar respecto al presidente en ejercicio Zapatero es muy claro: no os debéis fiar. O dicho de otro modo: ¡No tengáis dudas, está justificado que pidáis tipos de interés más elevados sobre los bonos públicos españoles!
Aznar falsifica la realidad no sólo porque omite toda referencia a la crisis económica internacional y europea, que ya es mucho decir, sino porque presenta la crisis española como un incumplimiento del "compromiso de estabilidad presupuestaria". Manipula sobre algo que es sabido: el déficit se disparó de manera espectacular. Pero miente al omitir su causa: la crisis. Es decir, la gran depresión española, propulsada por la burbuja inmobiliaria y el extraordinario endeudamiento de familias, empresas y bancos, llevó al Estado a relevar en 2008 y en 2009, a una economía privada en situación de coma. Y ello en el contexto en el que la Unión Europea y el G-20 apoyaban esa intervención pública de estímulo.
La falsificación busca ocultar que el "milagro económico" español, o la burbuja inmobiliaria y de crédito, que se inicia durante los mandatos de Aznar, y que la política económica de Zapatero continúa hasta el pinchazo, ha resultado ser lo más parecido a un "dopaje" legal. El dopaje puede mejorar los resultados a corto y medio plazo, pero es un modelo que ha resultado ser potencialmente devastador.
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www.publico.es, 14/12/10)13. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UE ACUSA A AZNAR DE RECHAZAR SIN RIGOR EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
Que el proyecto del corredor mediterráneo -que debía vertebrar en tren de alta velocidad el litoral levantino con el centro de Europa- no sea una realidad es debido, según un informe de la Unión Europea, a que el Gobierno que presidía Jose María Aznar no atendió a los datos objetivos de transporte y tráfico y dar prioridad, por cuestiones políticas, la red radial del estado Español, es decir, las infraestructuras que afectaban a la capital de España.
En 17 años, desde 1986 hasta el 2003, más del 40% de las ayudas europeas para infraestructuras españolas fueron destinadas a Madrid mientras que la C. Valenciana sólo recibía financiación para elaborar estudios y no obras.
Ahora el Tribunal de Cuentas Europeo revela que no es
casualidad, sino una cuestión política.
La selección que debía aprobar en el año 2004 los 30 proyectos prioritarios
se tomó al margen de los flujos de tráfico existentes y de los previstos, es
decir "de los datos reales de transporte", según el texto oficial de
fiscalización.
La política sobre infraestructuras que se llevaba a cabo desde el Gobierno favoreció, a través del ministro Francisco Álvarez-Cascos y su secretario de Estado, Benigno Blanco, aquellos que estaban centrados en la red radial, esto es, aquellos que implicaban de manera directa o indirecta a Madrid. Y esos proyectos prioritarios para el gobierno español, fueron asumidos por la comisión Van Miert. Ahora, el Tribunal de Cuentas Europeo critica el escaso rigor del ejecutivo de Aznar al sostener que existen "importantes insuficiencias en el criterio de selección" de los proyectos finalmente elegidos y que han constituido la espina dorsal de la política de infraestructuras europea.
La Comisión Europea ya ha respondido al Tribunal reconociendo su error en la selección de los proyectos prioritarios y asume que la elección de los proyectos que se debían financiar con fondos europeos "no se basó en un análisis real de los flujos de tráfico actuales previstos" y reconocen que esa decisión "debió basarse en criterios objetivos".
Hoy la Comisión Europea se plantea revisar a petición de Fomento, que presentará antes de fin de año un análisis del corredor mediterráno, los proyectos prioritarios. Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Valencia y Barcelona, José Vicente Morata y Miquel Valls, ya han declarado la necesidad de que la UE incluya al corredor mediterráneo como uno objetivo prioritario porque será una de las infraestructuras con mayor retorno económico, calculado por Ferrmed en el 11 %, y porque además resulta "imprescindible" al unir desde África hasta Estonia.
(www.levante-emv.com, 13/12/10)
14. C. ANDALUCÍA: SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX DIPUTADO DEL PP JOSÉ LUIS DEL OJO
El ex diputado del PP José Luis del Ojo ha sido condenado a una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la contratación, siendo concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), de varias obras municipales de manera supuestamente irregular a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento utilizado. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, que lo ha condenado además al pago de la mitad de las costas del juicio, no ve sin embargo relevancia penal en el procedimiento de adjudicación de la construcción de la Casa de la Cultura a la empresa UCOP, y lo absuelve del delito relacionado con este asunto.
(
www.elpais.com, 14/12/10)
15. C. A DE BALEARES: EL JUEZ INVESTIGA NEGOCIOS PORTUARIOS DE UN EX LÍDER DEL PP BALEAR
El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma investiga las concesiones de negocios de amarres y varaderos para barcos que efectuó Juan Verger desde la presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares entre 2003 y 2007. Verger, ex líder del PP regional, ingeniero y empresario de gasolineras y transporte, fue presidente del Consell de Mallorca y consejero de Fomento del Gobierno balear de Jaume Matas (1996-1999).
Una querella del ex presidente del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca, que perdió su concesión y grabó un diálogo con Verger, abrió en 2008 el caso mar blau. Ayer, una comisión judicial registró todo el día las sedes de la Autoridad Portuaria de Baleares y de la empresa Trapsayates, del grupo de Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, beneficiada en Mahón y en otros puertos baleares. Los investigados son Verger, los socios de Trapsa y el director de la Autoridad Portuaria, Ángel de Matías.
www.elpais.es
16.12.1016. C. A DE BALEARES: DÍAZ FERRÁN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR LA OPERACIÓN MAR BLAU
·
En estos momentos está declarando el presidente de la Autoridad Portuaria·
Investigan si la concesión de amarres en Mahón pudo estar amañanada·
Sería por el trato de favor que recibido por Trapsayates en los amarres·
La Operación continúa abierta y está bajo secreto de sumarioLa Policía Nacional contempla tomar declaración, previsiblemente en próximos días, al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario de la empresa Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, en calidad de imputado dentro del nuevo caso de presunta corrupción conocido como Mar Blau, aunque su comparecencia prevé tener lugar en dependencias policiales de Madrid, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Su citación se prevé como uno de los varios interrogatorios que el Grupo de Delincuencia Económica llevará a cabo durante varios días, tal y como han señalado las mismas fuentes. En concreto, vendría motivada por el trato de favor que habría recibido Trapsayates en la concesión de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación en la que se centran las pesquisas, tal y como destapó EL MUNDO / El Día de Baleares. En total hay ya nueve imputados y la Policía descarta por el momento realizar detenciones.
En el marco de estas nuevas diligencias se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la Autoridad Portuaria en el marco de adjudicaciones otorgadas de forma presuntamente irregular. La Operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 8, continúa abierta y bajo secreto de sumario.
Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y Ángel Matías con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.
Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas.
Declara como imputado el presidente de la Autoridad Portuaria
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, ha acudido a declarar a la Jefatura de Policía de Palma como imputado en la operación anticorrupción "Mar Blau" puesta en marcha ayer. Triay ha entrado en las dependencias policiales sobre las 16.45 horas, donde tendrá que comparecer como imputado ante los agentes y los fiscales Anticorrupción, han informado fuentes cercanas a la investigación.
A lo largo del día de hoy, la policía toma declaración en la Jefatura Superior de Baleares a los imputados en la "operación Mar Blau", sobre supuesta corrupción en la adjudicación de concursos de varios puertos insulares por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares. Según han informado fuentes policiales, durante el día están citados en la sede de la Jefatura entre 5 y 6 personas imputadas en este nuevo caso de supuesta corrupción en Baleares, entre ellos el ex presidente de la Autoridad Portuaria de las islas y ex líder del PP balear Joan Verger.
El director Ángel Matías presta también declaración
El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, ha acudido a declarar a la Jefatura citado en torno a la operación anticorrupción "Mar Blau". Matías, cuyo despacho de la sede de la APB en Palma fue registrado ayer en el marco de esta operación, ha llegado esta tarde a las dependencias policiales, donde tendrá que comparecer ante los agentes y los fiscales Anticorrupción.
El director de la APB declarará después del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, imputado en este caso, que investiga desde hace dos años el juzgado de instrucción 8 de Palma.
www.elmundo.es
16.12.1017. C. A DE BALEARES: MATAS PIDIÓ A UN HOTELERO QUE CONTRATARA A SU MUJER POR 60.000 EUROS AL AÑO
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El testigo niega la existencia de un contrato laboral escrito·
Se creó una plaza para la mujer del presidente como relaciones públicas·
Areal no tenía un horario determinado ni tampoco despachoEl propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, ha afirmado ante el juez instructor del caso Palma Arena que en 2007 dio empleo a Maite Areal, esposa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, a petición de éste, y ha recordado que cobró por ello 60.000 euros brutos durante ese año, pactados de vormal verbal y sin la existencia de un contrato laboral.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ante quien ha recordado que después de que el ex jefe del Ejecutivo autonómico le solicitara un puesto para su mujer, se creó una plaza para ella como relaciones públicas por un año, aunque ha negado que se hiciese como un "regalo", según han informado fuentes jurídicas.
El empresario, que se ha ratificado de este modo en la declaración que ya prestó en dependencias de la Guardia Civil, ha manifestado que Areal no tenía un horario determinado ni tampoco despacho en el hotel Valparaíso, pero ha defendido que la producción del establecimiento durante ese año se incrementó de forma notable respecto a otros periodos. Un hecho que, sin embargo, no ha atribuido al trabajo desarrollado por la mujer de Matas, imputada junto a él en el caso Palma Arena.
Durante la comparecencia, Ramis ha aseverado que como era profesor de derecho laboral, transcurrido el año cayó en la cuenta de que debía mediar para este empleo un contrato escrito además de establecerse un horario. En cualquier caso, ha aseverado que el trabajo se llevó a cabo y ha explicado que de vez en cuando se encontraba por allí con Areal, aunque sin citas previas ni con una periodicidad determinada.
Se da la circunstancia de que en la declaración el magistrado le ha advertido de que podría ser imputado aunque finalmente ha finalizado la declaración como testigo, al recordarle que se encuentran encausados los administradores del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales, Enrique Arnaldo Alcubillas y su socia Mercedes González Estrada por los pagos presuntamente irregulares que efectuaron a Matas por los servicios de asesoramiento que prestó al despacho cuando había abandonado la política.
En el marco de este procedimiento se investiga la conexión que pudo producirse entre el presunto desvío de más de 50 millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano y el tren de vida llevado por Matas durante su etapa como presidente, un enriquecimiento que no se correspondería con sus ingresos como máximo mandatario de la Comunidad Autónoma.
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16.12.1018. C. A BALEARES: ANTICORRUPCIÓN LLEVA A JUICIO A UN EX CONSEJERO DE MATAS
El ex consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007) y ex líder del PP de Ibiza José Juan Cardona, irá a juicio acusado por Anticorrupción de ser "el líder o jefe director" de una supuesta trama que se apropió de 3,7 millones de fondos públicos y causó un quebranto de 3,3 millones. Los 18 imputados afrontan posibles penas de hasta 26 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude, falsedad y asociación ilícita y prevaricación.
Los fiscales detallan en 175 folios la actividad de una "asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero". Cardona lo rechaza, pero una de las supuestas socias, la ex gerente del Consorcio CDEIB Antonia Ordinas, y el ex sobrino de Matas Felipe Ferré le acusan; ambos han pactado con Fiscalía. Ordinas tenía un botín enterrado de 240.000 euros del caso Scala-Cola Cao. Su esposa es cantante y el dinero estaba en el jardín en una caja de chocolate en polvo.
(
www.elpais.com, 11/12/10)19. C. A DE BALEARES: BAUZÁ NO SE SOLIDARIZA CON PASTOR, NI SE LE ESPERA
El alcalde de Manacor y portavoz parlamentario del PP balear, Antoni Pastor, dijo haber recibido ayer múltiples llamadas de teléfono para solidarizarse con él por la multa de 4.000 euros que le ha impuesto un juez por el retraso en derribar un puente ilegal en Porto Cristo sobre el muelle del Riuet. El hecho de que Pastor tenga que rascarse el bolsillo –debe responder con su patrimonio personal, no del Ayuntamiento– por la ausencia de varios informes técnicos, que es por lo que él alega la demora en la demolición, motivaron que los gestos de respaldo abundaran.
Pasadas las dos de la tarde Pastor todavía no había recibido "ninguna" llamada de la cúpula de su partido. A la pregunta de ¿Qué le ha dicho José Ramón Bauzá, le ha mostrado su apoyo?, la respuesta del manacorí fue escueta: "Ni José Ramón ni nadie de la dirección de mi partido me han dicho nada. Sí se ha interesado por mí Rosa Estarás", se cuidó de remarcar Pastor. Pero si la contestación es de por sí elocuente, más lo fue la coletilla: "Tampoco esperaba que me llamaran".
Todo esto sucedía en los pasillos del Parlamento, y en eso que aparece el secretario general del PP, Miquel Ramis, y va al encuentro de José María Rodríguez y Mabel Cabrer, que se relajaban en un sofá. A su lado, Jaume Font y Pastor charlaban con periodistas. Se notó una cierta tensión entre Ramis y los díscolos, hasta el punto de que el ex alcalde del PP de Son Servera y hoy conseller del Consell, Damià Ripoll, llegó al corrillo y no supo si ponerse junto al secretario general o con "los muertos", como se autodenominaron con sorna Pastor y Font. Rodríguez se rebeló: "Yo de muerto, nada, he salido de casa bien vivo".
Siempre astuto, Rodríguez se juntó con la pareja de
defenestrados, y aprovechó para dejar públicamente en evidencia al aparato,
representado por Ramis, ante su falta de sensibilidad hacia el de Manacor:
–(Pastor): "De lo único que puedo estar contento con lo de la multa es de
las muestras de solidaridad que he recibido hoy".
–(Rodríguez): "¿De la dirección también?".
Antich solo chupa caramelos del Govern
Ajeno a los líos internos de la oposición, el presidente Antich hacía un receso bajo los soportales del edificio parlamentario. El socialista se sacó del bolsillo un caramelo de fresa, envuelto con papel y anagrama del Govern de les Illes Balears. "Es que mis asesores no me dejan que chupe caramelos de marca, para que nadie diga que me posiciono por tal o cual, y por eso los tomo neutros", bromeó el socialista, que ayer estaba de especial buen humor.
(www.diariodemallorca.es, 15/12/10)
20. C. A DE BALEARES: HIDALGO SE CONFORMA CON UNA MULTA POR ENCUBRIR EN UN DELITO URBANÍSTICO
Eugenio Hidalgo, el ex alcalde de Andratx y principal acusado en el sumario por presunta corrupción en dicha localidad, se declaró ayer culpable de un delito de encubrimiento de un delito urbanístico, por el que abonará una multa de 1.080 euros.
Hidalgo, defendido ayer por Alberto García, ha alcanzado un pacto de colaboración con la fiscalía anticorrupción y los abogados del actual Ayuntamiento de Andratx, Josep de Luis e Isabel Fluxà, por el que, a cambio de declararse culpable, verá reducidas sus condenas. Ayer también se conformó el dueño de una casa ilegal construida en una zona protegida de Andratx, quien pagará una multa de 2.070 euros.
(www.diariodemallorca.es, 15/12/10)
21. C. A BALEARES: PIDEN DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA HIDALGO POR PREVARICACIÓN Y COACCIONES
El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, se sienta hoy de nuevo en el banquillo de los acusados por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil Isabel Alemany (UM), unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la también vicepresidenta primera del Parlament, pide un total de tres.
La vista oral, que ha sido pospuesta hasta en tres ocasiones, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma. Tanto el Ministerio Público como la actual vicepresidenta primera del Parlament, a través del letrado Miquel Borràs, atribuyen al ex alcalde un delito continuado de coacciones y otro de prevaricación.
Tal y como postula la acusación particular en su escrito de calificación, después de que desde finales de 2005 y durante 2006 Alemany –entonces regidora y portavoz de UM– promoviese diversas actaciones contra Hidalgo por supuestas irregularidades urbanísticas, el entonces primer edil, "abusando" de su cargo, ordenó paralizar y clausurar de forma inmediata la actividad y las instalaciones del aparcamiento propiedad de la madre de Alemany, ubicado en Sant Elm.
Un parking que, según defiende la acusación, se encuentra al aire libre y en funcionamiento en virtud de una autorización otorgada por el ayuntamiento de Andratx en 1983, por lo que considera que la
(
www.diariodemallorca.es, 13/12/10)22. C. A DE BALEARES: DOS EX CARGOS DEL PP BALEAR EN PRISIÓN NEGOCIAN REBAJA DE PENAS
El ex alcalde del PP de Andratx Eugenio Hidalgo, en prisión por una condena de cuatro años por haber construido un chalé ilegal en su etapa de edil, no pudo ser juzgado ayer en Palma tras aducir graves problemas familiares, por segunda vez. Hidalgo, ex guardia civil y promotor inmobiliario, negocia con la Fiscalía Anticorrupción que su reciente pacto para autoinculparse y convertirse en arrepentido le evite el cumplimiento íntegro de las penas que acumule por las diversas causas pendientes del caso Andratx, el escándalo de corrupción ligada al urbanismo salvaje destapado en 2006.
En otra negociación similar se halla el ex director general del Gobierno de Matas y responsable de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, interno en la cárcel de Palma por penas que suman ocho años por dos condenas. Massot quiere ser juzgado por un delito continuado para evitar un rosario de condenas.
(
www.elpais.com, 14/12/10)23. C. A DE CANARIAS: EL FISCAL ACUSA DE ESTAFAR A SU ABUELA AL LÍDER JUVENIL DEL PP CANARIO
La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide para Sergio Tinguaro Falcón García, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Canarias, dos años y medio de prisión por estafa, falsificación de documentos públicos y privados y amenazas graves contra su abuela y su tío. También acusa a su madre, su padre y una de sus hermanas. Según el escrito presentado, Falcón y sus familiares "actuaron de común acuerdo" y "con ánimo de ilícito enriquecimiento" para lograr que L. D. R., abuela de la familia, firmara una escritura pública en la que transmitía a los acusados la propiedad de una vivienda a cambio de 90.000 euros, que nunca fueron abonados.
Denunciados los hechos, el clan decidió "idear un plan de auténtico chantaje" contra otro familiar. Para ello, recurrieron a solicitar un préstamo a L.F.G., tío de los acusados, que trabajaba en una entidad bancaria. El tío fue el que requirió los documentos para iniciar el trámite, "en la creencia de que la solicitud era seria y contando con la autorización verbal de su hermana, cuñado y sobrinos".
Reclamación
La Fiscalía asegura que, una vez que el tío bancario accedió a pedir la información del crédito con consentimiento verbal de sus familiares, estos presentaron una reclamación ante el Servicio de Atención al cliente de la entidad. Y le pidieron que remitiera el consentimiento escrito de sus familiares para acceder a sus datos en el Banco de España.
El plan que se describe en el informe fiscal consistía en obligar al tío a abonar al clan familiar la cantidad de 120.000 euros a cambio de retirar su reclamación y de dar el consentimiento escrito necesario para que un empleado bancario pudiera acceder a los datos privados del Banco de España. El abogado de los acusados comunicó al tío bancario la intención de sus clientes y éste lo denunció ante la Policía.
En abril de 2008, según la Fiscalía, el tío y la otra parte de la familia se citan ante un notario para hacer la entrega del dinero a cambio de la firma que evitaría el despido de L.F.G. de la entidad bancaria. La bolsa que transportaba contenía 30.000 euros y cartones para aparentar los 120.000 solicitados; el paquete estaba preparado por la policía que le había tendido una trampa al clan que lideraba el presidente de NNGG de Canarias. Cuando los acusados estaban contando el dinero, la policía entró en el recinto y detuvo al clan.
www.elpais.es
16.12.1024. C. A DE CASTILLA LA MANCHA : Las Cortes de Castilla-La Mancha ponen fin a la "voracidad económica" de Cospedal
Ni la insistencia de Mariano Rajoy para que renunciara a uno de sus dos millonarios sueldos (167.864,98 del PP, y 69.310,52 euros por el Senado) ni la lógica sugerencia del "gurú de Génova", Pedro Arriola, que también le pidió que desistiera de cobrar uno de estos dos devengos, ni el escándalo surgido a raíz de salir publicado que la secretaria general del PP ingresaba 254.000 euros (igual que un controlador aéreo) procedentes de fondos públicos, evitó que María de los Dolores de Cospedal se "agarrara a un cajero ardiendo" y continuara siendo la político mejor pagada de la historia de la democracia española. Han tenido que ser las Cortes de Castilla-La Mancha las encargadas de poner fin a la "voracidad económica" de la lideresa, que en la próxima legislatura solo podrá cobrar una nómina.
María de los Dolores de Cospedal tendrá que renunciar a una de sus dos millonarias nóminas, gracias a la proposición de ley aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha para que ningún diputado que sea elegido senador autonómico pueda cobrar más de un sueldo, como es el caso de la lideresa de la oposición y presidenta del PP manchego. Eso sí, la modificación de la Ley de Designación de Senadores no entrará en vigor hasta la próxima legislatura, por lo que la "número dos" de Mariano Rajoy seguirá ostentando hasta entonces el merecido título popular de La bien pagá.
Numerito y espectáculo del PP
El Grupo Popular, carente de argumentos sólidos y creíbles sobre los sueldos millonarios de Cospedal, ha optado por abandonar el pleno de las Cortes castellano-manchegas, no sin antes proferir graves insultos contra el presidente del Gobierno regional, José María Barreda, al mismo tiempo que catalogaban la iniciativa parlamentaria de "inútil, cobarde, transgresora, hipócrita, ilegal, inaceptable..", asegurando que no participarían de "esta bufonada y aquelarre" parlamentario, ha sentenciado su portavoz, Leandro Esteban.
"Es inmoral que Cospedal cobre tres sueldos"
Una vez que los diputados del PP han obedecido las órdenes de Cospedal y abandonado el salón de plenos, el secretario de Organización del PSOE y encargado de defender la postura del Grupo Socialista, José Manuel Caballero, ha catalogado de "inmoral" que la presidenta de la derecha regional cobre tres sueldos (como secretaria general de su partido, como senadora, y como diputada regional, aunque a esta última retribución ha renunciado), que superan los 250.000 euros anuales. Más o menos lo que percibe un controlador aéreo de media.
"Se ha subido la nómina un 30%"
No solo eso, Caballero ha criticado que, en tiempos de
crisis, sea la única "irresponsable política" que ha conseguido mejorar sus
ingresos al subirse un 30 por ciento el sueldo que cobra del PP cuando
muchos ciudadanos están ingresando menos dinero a fin de mes. Y eso, para el
socialista, no se puede consentir ni aceptar, porque de ser así serían
cómplices de estos privilegios decimonónicos impropios de épocas
democráticas.
Cospedal y su mala memoria
Finalmente, José Manuel Caballero se ha mostrado preocupado por los "continuos olvidos" de María de los Dolores de Cospedal a la hora de incluir propiedades en su declaración de bienes que está obligada por ley a presentar. Así, recordó que en 2008 no incluyó una indemnización de 27.000 euros procedentes del Senado, hace unas semanas se conoció que es copropietaria de un local comercial en Albacete , y ahora ha omitido que forma parte del consejo de administración de una empresa . "Y lo que es peor es que nos hemos enterado por los medios de comunicación, y no por ella", señaló Caballero.
www.elplural.com 17.12.10
25. C. A DE CASTILLA LA MANCHA : COSPEDAL TAMPOCO DECLARÓ QUE ES CONSEJERA DE UNA EMPRESA PRIVADA
El certificado registral de Agropecuaria Rosamon SA refleja cómo Cospedal fue reelegida consejera de la sociedad en el verano de 2007. La decisión fue adoptada por la junta general celebrada el 29 de junio de 2007 y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Albacete el siguiente 2 de agosto. El acuerdo se adoptó en una sesión a la que, según la inscripción registral, acudieron "todos los socios y todos los miembros del consejo de administración". Pero Cospedal nunca ha declarado ese cargo, como muestra, más abajo, su última declaración de bienes.
La copropiedad de un local comercial situado en la calle más céntrica de Albacete no fue el único dato que María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ocultó en su declaración de bienes y actividades ante las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ocupa un escaño. Diputada en esa comunidad desde 2007 y líder regional del PP, Cospedal tampoco ha declarado nunca su participación en Agropecuaria Rosamon SA, sociedad ligada a su familia de la que fue cofundadora en 1987 y a cuyo consejo de administración pertenece de manera ininterrumpida desde 2002. Su participación en el órgano de administración de Rosamon tampoco consta en la declaración de actividades del Senado, que igualmente tiene carácter público. Este diario intentó ayer, por teléfono y correo electrónico, obtener la versión de Cospedal a través de su portavoz oficial. No hubo respuesta.
Cospedal fue nombrada consejera de Rosamon el 28 de junio de 2002 por un periodo de cinco años. El 29 de junio de 2007 fue reelegida para el cargo también para un quinquenio. Diez días antes, la presidenta del PP castellano-manchego había tomado posesión de su escaño en las Cortes regionales. Y el 10 de julio firmó su primera declaración de bienes y actividades. Fue ahí donde se produjo la primera omisión en lo que respecta a la sociedad agropecuaria.
La reelección de Cospedal como consejera de Rosamon quedó anotado en el Registro Mercantil de Albacete el 2 de agosto de 2007. La inscripción relativa a ese acto detalla que a la reunión asistieron "todos los socios y todos los miembros del consejo de administración".
Rosamon posee en el municipio albaceteño de El Bonillo una veintena de propiedades rústicas que suman más de 600 hectáreas y, según las fuentes consultadas, explota un coto de caza además de cultivar herbáceos. Desde 1998, ha recibido ayudas públicas del sector agrario por importe superior a 475.000 euros. El ejercicio que mayor apoyo financiero público le deparó fue 1999, en que logró un importe total de 70.300 euros por subvenciones destinadas al cultivo de herbáceos, a la producción de lino textil y a la cabaña de ovino-caprino.
Cuando en noviembre estalló la polémica sobre sus ingresos anuales (más de 240.000 euros el año pasado), Cospedal alegó que a ella se la puede criticar porque sus datos son públicos a través de su declaración de bienes. Apenas transcurridos diez días, Público reveló la existencia del citado local de Albacete, que pertenece en un tercio a Cospedal en régimen de nuda propiedad y que nunca había sido reflejado en la declaración de bienes.
Su equipo respondió que la dirigente no considera suyo ese inmueble, dado que el usufructo lo poseen sus padres. Pese a la singular explicación, la líder del PP castellano-manchego rectificó de inmediato sus sucesivas declaraciones e incluyó ese local. Detrás quedó su alegato de que el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha no precisa con claridad qué bienes deben incluirse.
Ahora, la nueva laguna en la declaración de bienes coloca en otro aprieto a Cospedal, abogada del Estado en excedencia. Porque ese mismo reglamento de las Cortes castellano-manchegas estipula sin ambages que los diputados deben consignar todas sus actividades públicas y privadas, tanto si le reportan ingresos como si las desarrollan gratis.
El artículo 21.4 del texto reglamentario se refiere de manera expresa a las "actividades de representación en cualquier empresa o sociedad pública o privada" y la "participación en la gestión, dirección o asesoramiento de instituciones o entidades, incluso de aquellas que no persigan fin de lucro". Como su propia denominación social indica, Agropecuaria Rosamon SA es una sociedad anónima dedicada a la explotación mercantil de fincas rústicas. En su objeto social, la compañía prevé incluso el negocio inmobiliario, aunque este diario no ha podido verificar si en algún momento ha operado en el mercado del suelo.
El formulario que los diputados deben rellenar para su declaración anual de bienes y actividades contiene una casilla específicamente dedicada al capítulo de actividades. Aparece bajo el epígrafe "Actividades ejercidas en los últimos cinco años" y se organiza en tres columnas, la primera de ellas titulada "Empresa o sociedad (pública o privada)"; la segunda, "Actividad desempeñada"; la tercera, "fecha de inicio"; y la cuarta, "fecha de cese". Esa casilla aparece vacía en las cuatro declaraciones presentadas por Cospedaldesde 2007.
Por qué no plasmó su participación como consejera en Agropecuaria Rosamon constituye una incógnita. Una más, dado que la número dos del PP tampoco ha accedido aún a desvelar qué factor explica que sus retribuciones procedentes del PP se dispararan un 30% entre 2008 y 2009 hasta alcanzar 167.865 euros, cifra a la que se añaden sus percepciones como senadora. Por ocupar un escaño en la Cámara Alta, Cospedal percibió en 69.309 euros en 2009. Además, obtuvo 3.560 euros por trienios como abogada del Estado en excedencia.
Al igual que ocurre con el local de Albacete, también en Rosamon los progenitores de Cospedal desempeñan un papel relevante. Su madre preside la empresa. Su padre ejerce como secretario. La secretaria general del PP y sus dos hermanos figuran como consejeros.
Según el certificado registral, cuando la compañía se constituyó el 1 de enero de 1987 ante un notario de Albacete, María Dolores de Cospedal adquirió sólo una acción valorada en 10.000 pesetas (60 euros). Los documentos del Registro Mercantil, que cifran en 69.115 euros el capital social de la empresa, no mencionan ningún trasvase accionarial. Pero la ley tampoco exige que se consignen. En 2009, Agropecuaria Rosamon anotó ingresos por 91.422 euros y un beneficio neto de 13.920 euros.
Pero la clave, aquí, no radica en cuántas acciones posee Cospedal. Lo relevante es que la legislación castellano-manchega obliga a sus diputados y cargos públicos a desvelar sus bienes y actividades privadas precisamente para que cualquier ciudadano pueda conocer la evolución del patrimonio de sus representantes. Y la evolución, también, de sus intereses privados.
Un ejemplo: si un diputado pregunta por las ayudas a una determinada actividad económica, sólo se garantiza la transparencia si el conjunto de los ciudadanos puede saber si ese diputado posee intereses en el sector por el que inquiere al Gobierno de turno.
(www.publico.es, 13/12/10)
26. C. A DE CASTILLA LA MANCHA: INCÓGNITAS SOBRE LA DECLARACIÓN "MÁS TRANSPARENTE"
El pasado 4 de noviembre, cuando ya habían trascendido las primeras noticias sobre su doble sueldo como senadora y secretaria general del PP, Cospedal saltó como un resorte. "Todo es público. Todo lo he contado yo", clamó ante los periodistas. Su declaración ante las Cortes de Castilla-La Mancha, agregó, es "la mástransparente de la vida política española".
Y añadió algo más: "Yo no tengo bienes de herencia y un rico patrimonio familiar". En 2007, Cospedal declaró deudas por 753.214 euros. A partir de 2008, tras vender el piso donde vivía en Madrid y comprar la mitad de otro de 265 metros y situado en pleno centro, la casilla de deudas ya quedó en blanco. Su saldo medio bancario en julio de 2010 ascendía a 508.822 euros.
El 15 de noviembre, 11 días después de su encendido alegato de transparencia, Público desveló que Cospedal había omitido en su declaración la propiedad de un tercio de un local de 143 metros cuadrados situado en la calle más céntrica de Albacete. Según su portavoz, no lo declaró porque fueron los padres de Cospedal quienes lo pagaron aunque lo inscribieron a nombre de sus tres hijos. Y son sus progenitores quienes, como usufructuarios, se benefician de las rentas por alquiler, una cifra que, según expertos del sector, ronda los 2.500 euros mensuales.
A partir de ahí, y de que este diario subrayara cómo sus ingresos procedentes del PP se habían disparado un 30%, Cospedal desplegó su propia teoría de la conspiración. La atacan por ser líder del PP castellano-manchego. Y " por ser mujer", dijo durante una entrevista en Telecinco.
Aun así, la clave sigue sin resolverse: Cospedal niega que se haya subido el sueldo del partido un 30%. Pero aún no ha contado cómo es posible que desempeñar el cargo de secretaria general del PP durante el segundo semestre de 2008 le reportase 64.473 euros y que ese mismo puesto se tradujera en retribuciones por 167.864 euros en 2009. Ni ha explicado el porqué de sus olvidos en cada declaración de bienes.
(www.publico.es, 13/12/10)
27. C. A DE CASTILLA LA MANCHA: EL PSOE VE A COSPEDAL EN UNA SITUACIÓN "MUY COMPROMETIDA" POR OCULTAR QUE ES CONSEJERA
El portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha en materia de Economía, Antonio Guijarro, ha mostrado su "extraordinaria sorpresa" por el hecho de que la secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "ha vuelto a olvidar un hecho importante" al haber omitido en su declaración de bienes su participación en una empresa agropecuaria.
Cospedal ocultó en su declaración de bienes y actividades ante las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ocupa un escaño. Diputada en esa comunidad desde 2007 y líder regional del PP, Cospedal tampoco ha declarado nunca su participación en Agropecuaria Rosamon SA, sociedad ligada a su familia de la que fue cofundadora en 1987 y a cuyo consejo de administración pertenece de manera ininterrumpida desde 2002.
Guijarro ha instado a Cospedal a desmentir "tajantemente" este asunto o "en caso contrario se encontrará en una situación muy comprometida que tendrá que aclarar".
Para el portavoz económico del PSOE este hecho tiene "el agravante" de que Cospedal es "reincidente", puesto que "ya ha modificado en dos ocasiones su declaración de bienes, para incluir la copropiedad de un local de Albacete y para modificar la cuantía de sus ingresos".
El formulario que los diputados deben rellenar para su declaración anual de bienes y actividades contiene una casilla específicamente dedicada al capítulo de actividades. Aparece bajo el epígrafe "Actividades ejercidas en los últimos cinco años" y se organiza en tres columnas, la primera de ellas titulada "Empresa o sociedad (pública o privada)"; la segunda, "Actividad desempeñada"; la tercera, "fecha de inicio"; y la cuarta, "fecha de cese". Esa casilla aparece vacía en las cuatro declaraciones presentadas por Cospedaldesde 2007.
Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, cree que De Cospedal olvida declarar ciertas cuestiones en su declaración de bienes porque "debe tener algún sentimiento de culpa por ese impresionante sueldo que cobra" y por su falta de compromiso con la tierra.
Rodríguez cree que estos olvidos podrían evitarse "si estuviera más aplicada en atender sus cuestiones, en atender sus asuntos dentro de Castilla-La Mancha". "Una vez, un olvido, se puede entender. Dos veces, dos olvidos se pueden entender también. Pero creo que tres veces, tres olvidos en distintas declaraciones de bienes no parece muy normal", ha añadido.
"Quiero entender que no hay mala fe", ha asegurado Rodríguez, que cree que no es muy lógico que quien "dice ser la persona más transparente del país" muestre tales olvidos.
(www.publico.es, 13/12/10)
28. C. A DE GALICIA: La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense
El tanatorio incumple la normativa de Patrimonio y de cementerios
Rogelio Martínez decidirá, en su condición de superdelegado de la Xunta en Ourense, si se legaliza el tanatorio de Arnoia que él mismo autorizó, pese a tener en contra todos los informes de la Administración, cuando era alcalde del municipio. Patrimonio le impuso entonces una multa de 5.000 euros por no restituir la legalidad.
La Xunta intenta legalizar ahora la obra. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, detalló ayer en comisión parlamentaria que el lunes entró en el registro de la jefatura territorial de Ourense el expediente para que, en una reunión entre representantes de la delegación provincial, que preside Martínez, y la Iglesia se decida si se legaliza el inmueble funerario ubicado en zona catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) e incrustada entre los panteones de tal forma que para acceder a él es necesario pisar sobre algunas sepulturas.
Rey Pichel reconoció que el tanatorio autorizado por el actual superdelegado de la Xunta fue declarado ilegal por Patrimonio en 2006, año en el que el departamento que ahora preside informó desfavorablemente la obra. También explicó que el nuevo alcalde que sustituyó a Martínez en Arnoia intentó legalizarlo cambiando la calificación del suelo e incluyéndolo en el planeamiento urbanístico, pero sin presentar a Patrimonio el nuevo proyecto.
Según Pichel, en diciembre de 2008 la Xunta informó desfavorablemente el planeamiento urbanístico que, sin embargo, fue autorizado en julio de 2009 y aprobado el pasado mes de octubre. Está en vigor desde el 30 de noviembre. El Ejecutivo gallego deja ahora en manos de su superdelegado en Ourense la legalización de la obra que, irregularmente, él mismo autorizó.
El director general de Patrimonio realizó esta exposición a instancias de la pregunta presentada en la comisión por la parlamentaria del PSOE María Quintas. La diputada lleva desde el pasado febrero esperando, sin éxito, que la Xunta le entregue los expedientes del tanatorio.
Quintas advirtió ayer de que el Gobierno de Feijóo está incumpliendo el reglamento de la Cámara relativo a la obligación del Gobierno autónomo de entregar información a los diputados en un plazo de 30 días. Pichel le replicó que, aun conociendo el reglamento, resulta imposible atender todas las peticiones de información que realizan los diputados. En cualquier caso, afirmó que la documentación del tanatorio que reclamaba la socialista estaba ya en poder de la Cámara, aunque Quintas tampoco la recibió ayer.
El PSdeG ya ha anunciado que demandará por prevaricación al superdelegado de Ourense y sostiene que la Xunta es "cómplice" en esta actuación con la que "Feijóo intenta proteger a su hombre de confianza" en Ourense.
El superdelegado no solo ha obviado la normativa de Patrimonio al construir el tanatorio en zona BIC, sino que además, la sanitaria sobre cementerios que obliga a que las edificaciones en los camposantos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas.
Los socialistas están convencidos de que la actuación del delegado es "idéntica" a la del ex alcalde de Melón Alberto Pardellas (también del PP), que autorizó la construcción de un polideportivo a escasos metros del monasterio cirsterciense. A este, el incumplimiento le ha costado la inhabilitación política.
www.elpais.es 17.12.10
29. C. A GALICIA: BALTAR CORRIGE EL ENTUSIASMO DE SU HIJO Y PIDE UNIDAD AL PP
En contra de las previsiones al alza de su vástago, el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, reconoció ayer que, tras el congreso provincial del pasado mes de enero, en el que su hijo se alzó con la presidencia del PP en la provincia, "puede quedar alguna herida abierta". Por ello, pide a sus militantes que "hagan un esfuerzo" para cicatrizarlas y conseguir que el partido "llegue unido" a las municipales.
Con las heridas supurando en varios municipios de la provincia donde se han sucedido bajas de concejales que se han ido con sus actas bajo el brazo a los escaños de los no adscritos, el veterano político hace una lectura más temerosa que su hijo del panorama electoral.
Baltar Blanco, inmerso en un proceso de depuración de los "traidores" -quienes no le votaron en el congreso-, auguraba hace unos días que lograría la alcaldía de la capital y las de los mayores municipios de la provincia. "Aumentaremos las 65 alcaldías" de las 92 localidades, vaticinó.
Frente a ello, su padre, comienza a pedir el apoyo de los apartados por su hijo. "Ahora los enemigos son el PSOE, el BNG y cualquier otra candidatura independiente que se pueda presentar", advirtió en una entrevista en la cadena Cope, reclamando la "unidad" del dividido partido.
"Esa es la única lectura", sostiene el sempiterno barón del PP, en relación con los retos de cara a las municipales enmendando la plana a su hijo aun cuando confía en el declive del efecto Zapatero. El veterano presidente de la Diputación, puesto que aspira a revalidar, se emocionó hasta las lágrimas en la entrevista radiofónica al recordar que ayer mismo se cumplía un año del anuncio de su retirada al frente de la presidencia del partido.
(www.elpais.com, 15/12/10)
30. C. A MADRID: MÁS CONTRADICCIONES DE LOS TESTIGOS DEL 'CASO LAMELA'
Se suponía que las declaraciones de los nuevos testigos del caso Lamela iban a desvelar cómo funcionó el comité de expertos nombrado a dedo por el ex consejero de Sanidad que ayudó a formular la acusación falsa contra Luis Montes. Se suponía que los tres inspectores médicos de la Consejería de Sanidad asesoraron al comité porque muchas historias clínicas tenían problemas de legibilidad. Se suponía, finalmente, que su testimonio iba a coincidir con el de Isidro Álvarez, jefe de los inspectores que ya declaró en junio de 2009. Pero nada de eso sucedió ayer en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Los tres inspectores negaron haber asesorado al comité y negaron, incluso, que las historias clínicas fueran difíciles de leer.
La jueza instructora del caso Lamela va a tener que lidiar con muchas contradicciones. Isidro Álvarez declaró en junio de 2009 como imputado en la querella que Luis Montes y su segundo en el hospital, Miguel Ángel López Varas, presentaron contra el ex consejero Manuel Lamela y los seis miembros del comité de expertos por denuncia falsa y falsedad documental. Él formó parte de ese comité. A preguntas de la acusación particular, contó que unos inspectores médicos habían ayudado a leer las historias clínicas que el comité estaba analizando. Incluso dio los nombres: Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez. Los mismos que ayer lo negaron ante la jueza.
Isidro Álvarez era -y aún es jefe de servicio de Evaluación Sanitaria de la Consejería de Sanidad- el superior de esos tres inspectores. Al salir del juzgado, ninguno quiso hacer declaraciones, informa Efe. Este periódico también ha tratado, sin éxito, de recabar su versión.
Las contradicciones no se limitan únicamente al testimonio que dio su jefe el año pasado. Los inspectores que declararon ayer forman parte de los seis expertos que elaboraron el informe de marzo de 2005 de la Inspección Médica que concluyó que no había evidencias de mala praxis en los casos de supuestas sedaciones irregulares de Leganés. Tras ese informe, Lamela creó un comité de expertos -formado por los jefes del Servicio de Oncología de La Paz y del 12 de Octubre, el jefe de Pediatría de Alcorcón, el jefe de Anestesia del Clínico, una psiquiatra del Ramón y Cajal y el jefe de los inspectores- que en un mes analizó 169 historias clínicas y emitió otro informe que avaló la acusación contra Montes.
El informe de la Inspección, que los tres testigos firmaron en 2005, asegura que "al ser manuscritos [los documentos de la historia clínica], hay problemas de legibilidad, en ocasiones de parte y en pocos casos de casi la totalidad del documento". En cambio, ayer los tres lo negaron en el juzgado.
Las abogadas de Montes, López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente (acusación popular) confían ahora en recibir el expediente del comité de expertos. Un auto de la Audiencia Provincial obliga a la Consejería de Sanidad a aportarlo al juicio. "Es fundamental ver las actas de esas reuniones", asegura María Jesús Díaz Veiga, que ejerce la acusación particular. Se trata de saber cuándo se reunieron los expertos y cómo trabajaron para poder analizar en solo un mes 169 historias clínicas, algunas de más de 300 folios, y llegar a una conclusión diferente a la que había llegado el informe de la Inspección.
El procedimiento judicial contra Luis Montes por supuestas sedaciones irregulares en las urgencias del hospital de Leganés se archivó sin mención alguna a mala praxis.
(
www.elpais.com, 11/12/10)31. C. A MADRID: EX ALCALDE DE ALCORCON: "CREO QUE LO HICE BIEN"
Cerca de dos horas. Ese es el tiempo que estuvo ayer declarando el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga, del PP, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad. Está acusado junto con el resto de su antiguo equipo de gobierno de haber prevaricado al aprobar un planeamiento urbanístico en la zona de Fuente Cisneros. Junto a él, testificaron otros cinco ediles. El resto, hasta completar 14, lo hará el próximo lunes.
El ex alcalde de Alcorcón no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Aseguró a la entrada que estaba "cansado" de ir tantas veces al juzgado tras ser denunciado hasta en cuatro ocasiones por el PSOE y más concretamente por el actual regidor, Enrique Cascallana. Las otras tres han quedado archivadas. A su salida mantuvo su intención de guardar silencio, pero al final hizo una breve declaración: "Creo que lo hice bien" se limitó a decir al referirse al planeamiento de las parcelas PP-7 y PP-12 en la zona sur del municipio.
Las declaraciones de los otros concejales fueron mucho más breves. En algunos casos no duró ni cinco minutos. Fue lo que sucedió con el ex primer teniente de alcalde Francisco José Torres, que eludió toda responsabilidad penal. "Lo que he contado es que todas las competencias de urbanismo recaían en el concejal del área [Fernando Díaz Robles] y en el propio alcalde", destacó a su salida de los juzgados de Alcorcón. Otras ediles como Yolanda Pérez Tenorio declinaron hablar a la prensa. "Me he limitado a decir la verdad" fue lo único que dijo, acompañada por su abogada. Para la jornada de ayer también estaban citadas las ex concejales Belén Sánchez Nuevo y Susana Lorenzo. La última no acudió porque se encontraba de parto.
El lunes está previsto que declaren los otros siete integrantes del equipo de gobierno en el mandato entre 1999 y 2003. Entre ellos está el ex responsable de Urbanismo.
Los 14 ex concejales del PP se enfrentan a un delito de prevaricación (dictar una orden arbitraria o injusta a sabiendas), recogido en el artículo 404 del Código Penal que acarrea penas de inhabilitación entre siete y 10 años.
La fiscalía les acusa de haber autorizado el aumento de la edificabilidad en dos parcelas que forman el barrio de Fuente Cisneros, permitiendo hasta el doble de construcción que recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de una localidad). A ello se une el no haber hecho una reserva de unos 19.000 metros cuadrados para destinarlo a centros sociales o colegios públicos. Las diligencia previas abiertas en el Juzgado número 4 de Alcorcón también recogen que no se guardó el porcentaje del 50% de vivienda pública a que obliga la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Se intentó compensar con otras tres parcelas del barrio del Ensanche Sur.
(
www.elpais.com, 11/12/10)
32. C. A DE MADRID: GRANADOS SUSURRA A GALLARDÓN: "NOSOTROS SIEMPRE A LA DERECHA"
El Partido Popular de Madrid se ha volcado este martes para ayudar a conquistar Alcorcón -localidad gobernada por el PSOE desde la transición- a David Pérez, el delfín de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid. Pérez, que se ha hecho conocido gracias su tono exaltado -como cuando comparó a Zapatero con Mao Tse Tung o acusó al Gobierno de "perseguir" a quienes comen chucherías-, consiguió reunir en un pabellón deportivo de un elitista colegio situado a las afueras de Alcorcón a Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González, Alberto Ruíz Gallardón y Manuel Cobo.
La excusa para celebrar el evento era la celebración de la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid. El PP tenía milimetrado el acto para ofrecer a los medios de comunicación una imagen muy alejada de aquella época en la que Gallardón y Manuel Cobo se enfrentaban a diario con Esperanza Aguirre y su equipo más íntimo de colaboradores.
Armonía en Navidad
De hecho, todos ellos esperaron en paz y armonía a Mariano Rajoy en la
puerta del pabellón polideportivo. Antes de la llegada del líder del Partido
Popular -quien, como viene siendo habitual, se negó a contestar las
preguntas que le formularon los periodistas-, todos ellos posaron junto a un
árbol de Navidad. Fue entonces cuando el alcalde de Madrid comentó que el
árbol estaba muy situado a la derecha. Francisco Granados rapidamente
susurró entre risas a Gallardón: "Alberto, ya sabes, nosotros siempre a la
derecha".
Cobo no posa
La escena era contemplada desde la distancia por Manuel Cobo. Y es que la
mano derecha de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid no posó junto al
resto de sus compañeros frente al panel en el que el Partido Popular deseaba
una feliz Navidad a los habitantes de Madrid.
Cobo, el más serio
De hecho, en los momentos previos a la cena-mitin, Cobo fue el dirigente del
PP que más serio se mostró ante el resto de sus compañeros. El vicealcalde
de Madrid apenas dirigió palabra alguna con Granados o González. A Aguirre
se limitó a saludarla con un seco "¿qué tal Esperanza?".
Los periodistas, detrás de una vitrina
Después, todos ellos entraron en el lujoso Pabellón deportivo -que a
diferencia del resto de los colegios públicos de Alcorcón, cuenta con
peluquería, piscina cubierta, sauna o pista de squash-. Los periodistas
fueron situados detrás de una vitrina donde era imposible formular pregunta
alguna a Rajoy, Gallardón o Aguirre. La única periodista que pudo establecer
cierto contacto con los militantes del Partido Popular fue la corresponsal
de Telemadrid. Y es que a diferencia de sus compañeros de profesión, la
periodista de TeleEspe pudo filmar a los líderes del PP desde la grada del
pabellón.
Los controladores
En sus intervenciones, Rajoy y Aguirre se centraron en el conflicto que los
controladores mantienen con el Gobierno de España. La más dura fue la
presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se opuso a prorrogar el Estado
de alarma aún a riesgo de que miles de ciudadanos, tal y como ocurrió en el
pasado puente de diciembre, se queden atrapados estas navidades en los
aeropuertos españoles.
Ley de huelga
"No es normal que para arreglar un conflicto laboral tengamos que estar en
estado de alarma como no es normal que ahora se prorrogue", dijo Aguirre
antes de que criticar que Zapatero y Rubalcaba no hayan aprobado en esta
legislatura una ley de huelga que impida que los españoles "no dependamos de
la voluntad de unos pocos".
Rajoy critica al Gobierno
Por su parte, Mariano Rajoy se centró en criticar la "incompetencia manifiesta" de un Gobierno que ha sido "absolutamente incapaz" de resolver el conflicto con los controladores aéreos.
Los paganos
En su intervención -mucho menos aplaudida que la de Esperanza Aguirre-, el
presidente del PP también recalcó que los ciudadanos "honrados, que trabajan
y que viajan por trabajo o porque quieren ir a su casa o irse de vacaciones,
son los paganos de los controladores y de la incompetencia de un Gobierno
que, como siempre, no está a la altura de las circunstancias".
Lo fácil
"¡Qué fácil es salir por la televisión agrediendo a la oposición y qué difícil es gobernar!", indicó Rajoy, antes de apuntar "a los gobernantes se los ve en momentos de dificultad" porque "para lo fácil vale cualquiera", informa la Agencia Efe.
(www.elplural.com, 15/12/10)
33. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA AMPLÍA LOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' POR REVELAR SECRETOS
La instrucción del sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) avanza. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Gordiano Casas, interrogó a una funcionaria de la Delegación de Hacienda, que ha sido imputada en una de las 20 piezas separadas del sumario general por supuesta revelación de secretos fiscales. El beneficiario de los datos que habría filtrado esta funcionaria sería el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de trama corrupta, según la investigación.
La empleada de Hacienda, con la categoría de auxiliar, negó la acusación ante el juez. No obstante, la fiscalía, según fuentes oficiales, aseguró que la causa sigue abierta y que ampliará la lista de imputados por estos hechos. Esas fuentes declinaron revelar quiénes serán los nuevos acusados, aunque descartaron que se trate de otros funcionarios de la Agencia Tributaria de Alicante. "La responsabilidad de Hacienda en estos hechos se limita a la funcionaria imputada", señalaron. Esas fuentes no precisaron si la empleada recibió supuestamente alguna contrapartida por facilitar datos secretos al cabecilla de la trama.
De esta forma, los nuevos imputados en esta causa serían los intermediarios de los que se valió Fenoll para conseguir información privilegiada, según los informes policiales y el escrito inicial del fiscal Anticorrupción. Entre esos intermediarios, la policía incluye al asesor fiscal Jorge Sanz y al empresario de la automoción Rafael Gregori. El primero está considerado por la investigación como "el falsificador de empresas" tapadera de la trama, y el segundo, como el intermediario clave de los negocios de la supuesta red corrupta.
Las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso Brugal recogen conversaciones entre la funcionaria de Hacienda y el asesor Jorge Sanz. Los informes policiales también recogen vídeos de encuentros mantenidos entre ambos fuera del ámbito de la Delegación de Hacienda. Otro informe policial, también recogido en el sumario, relata que un empleado de Gregori falleció en un accidente de tráfico cuando supuestamente se dirigía a sobornar a funcionarios de Hacienda. La policía halló en el interior del coche de la víctima un sobre con 17.000 euros que presuntamente le había entregado Fenoll para "gratificar" a los funcionarios de Hacienda. En esa operación también actuaba como intermediario Jorge Sanz.
La funcionaria, según manifestó ayer su abogado, Rafael Mira, negó al juez todas las acusaciones. El letrado señaló que la funcionaria se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal porque ya ha "presentado un escrito solicitando la nulidad de las escuchas" y porque creen "que el delito ha prescrito", explicó. El letrado hizo hincapié en que su cliente no podía tener acceso a información privilegiada "por su categoría laboral, la más baja de la cadena". La acusada, a través de su abogado, admitió conocer al asesor Jorge Sanz, "pero como otros asesores que recalan en el departamento de discrepancias de rentas donde desempeña su función en los últimos 20 años, sin que se le haya abierto ningún expediente sancionador", puntualizó.
La fiscalía también anunció que se opondrá a la petición de prescripción y nulidad solicitada por la defensa de la funcionaria.
Por otro lado, el magistrado Carlos San Martín, que dirige la investigación principal del caso Brugal, entregó ayer a las partes el DVD reconstruido con las diligencias sobre las que ha levantado el secreto.
El juez remitió ese material hace un mes, aunque a los pocos días ordenó su devolución. El DVD contenía diligencias aún secretas, entre ellas las relacionadas con la pieza que investiga trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento de Alicante.
(
www.elpais.com, 11/12/10)
34. C. VALENCIANA: El juez del 'caso Brugal' sopesa pedir un permiso en la fase clave de las diligencias
Carlos San Martín, juez instructor del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo de Alicante), sopesa solicitar un permiso de maternidad, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La iniciativa del magistrado, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, coincide con la fase clave de la investigación, tras los arrestos de los cabecillas de la trama el pasado mes de julio, a saber, el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
En estos seis últimos meses, la instrucción del sumario que, según la fiscalía podría acumular hasta un centenar de imputados, ha estado lastrada por la digitalización de la causa, que ocupa más de 20.000 folios en 40 tomos. Esta labor ha sufrido un traspiés, debido a un error humano: el DVD con las diligencias sobre las que se levantó el secreto del sumario incluía otras aún reservadas.
Por otro lado, las mismas fuentes anunciaron ayer la posibilidad de pedir un juez de apoyo para la oficina que dirige la pieza separadas del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz en la tramitación del planeamiento de la ciudad. Esa causa, aún secreta, la instruye Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado sufrió el jueves un amago de infarto que acarreó su hospitalización. Esas fuentes achacan el incidente en la salud del juez a la presión por el calado de los sumarios que instruye (el planeamiento de Alicante y un alzamiento de bienes en la empresa de otro líder de Brugal, el empresario Rafael Gregori). Tejada se incorporará el lunes al juzgado, pero esas fuentes insistieron en la necesidad de dotar su oficina de un magistrado de apoyo para atender el resto de asuntos.
www.elpais.es 18.12.10
35. C. VALENCIANA: ORTIZ DECLARA COMO IMPUTADO POR SUPUESTO FRAUDE DE SEIS MILLONES
El promotor Enrique Ortiz declaró ayer en calidad de imputado por un supuesto fraude a Hacienda de seis millones de euros relacionado con la compraventa de suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. El empresario, dueño del Hércules CF, y uno de los principales imputados en el sumario del caso Brugal, negó la acusación ante el juez y declinó cualquier responsabilidad en las irregularidades fiscales en el contrato con el que formalizó la operación de compra de terreno con la promotora Hansa Urbana.
Enrique Ortiz compareció, por tercera vez en lo que va de año, en un juzgado (las dos anteriores fueron por su implicación en sumario del caso Brugal). El empresario, en el ojo del huracán judicial en el último año, se presentó en el juzgado acompañado de su abogado. Ortiz exhibió la seguridad y el talante afable que habitualmente suele mostrar a los periodistas.
En este caso, el popular empresario fue interrogado por titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Gordiano Casas, que investiga un supuesto fraude fiscal en la compraventa de suelo en un PAI en la playa de San Juan de Alicante. Ortiz, junto con el empresario manchego Aurelio González Villarejo, compró el suelo a la promotora Hansa Urbana, propiedad de la familia Galea.
La Agencia Tributaria envió un informe a la Fiscalía de Alicante que recogía diversas irregularidades en la operación. Entre las supuestas ilegalidades, Hacienda advertía un presunto fraude cercano a los seis millones de euros en el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El pasado mes de febrero, el ministerio público observó un posible delito de fraude fiscal en esta denuncia de la Agencia Tributaria y pidió al juez que abriera diligencias. El magistrado ha imputado a cinco personas, entre ellas al comprador del suelo, Enrique Ortiz, el empresario Villarejo, y al responsable de Hansa Urbana Rafael Galea.
Ortiz y Villarejo declararon ayer en el juzgado como imputados. El primero fue parco en sus manifestaciones. "No sé nada del supuesto delito que me atribuyen. Me limité a comprar suelo. Pregunten a Hansa Urbana", declaró Ortiz a los periodistas antes de entrar a la oficina judicial. El empresario alicantino justificó así su imputación en esta causa: "Cuando se investiga un fraude fiscal de estas características el juez cita a todas las partes implicadas".
El empresario Aurelio González Villarejo, en cambio, eludió a los periodistas antes y después de declarar. El magistrado también tomó declaración a los demás imputados, entre ellos Rafael Galea, hace unas semanas. El máximo responsable de Hansa Urbana también rechazó que hubiera incurrido en algún tipo de fraude en la operación.
Ortiz y Villarejo compraron el terreno con intención de construir viviendas. El empresario, como él reconoce y revela también el sumario del caso Brugal, se ha dedicado durante años a adquirir suelo urbanizable en distintos puntos de Alicante. Según fuentes municipales, controla de manera directa el 25% del suelo urbanizable de la ciudad.
(
www.elpais.com, 11/12/10)36.C. VALENCIANA: EL CONSELL NO PAGA A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DESDE HACE 14 MESES
Las dificultades financieras del Consell para hacer frente a sus obligaciones como administración son conocidas. Los problemas de liquidez de la Consejería de Economía está creando un serio problema a los registradores de la propiedad. Paradójicamente, los responsables de liquidar y, en algún caso, de recaudar los impuestos autonómicos no cobran del Consell desde hace 14 meses, cuando la obligación del departamento que dirige el vicepresidente tercero, Gerardo Camps, es pagarles mensualmente el porcentaje que reciben por prestar este servicio a la Generalitat.
En todo el territorio valenciano existen alrededor de 130 registros de la propiedad, de los cuales 62, además de los servicios propios, se encargan de recaudar para el gobierno valenciano el impuesto de sucesiones y donaciones, que se rige por una tabla de valores; el de transmisiones patrimoniales, una autoliquidación que representa el 7% del valor de la compraventa de inmuebles y los actos jurídicos documentados, al que se aplica el 1%. La Generalitat preveía ingresar este año en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados más de 1.420 millones de euros, según consta en los Presupuestos de 2010.
Cada una de las 62 oficinas liquidadoras del registro envía sus facturas y recibe de Economía el 4% de lo que recauda hasta un límite a partir del cual cobra al 2% como una especie de corretaje por los servicios que presta. Pero la Generalitat lleva 14 meses quedándose todo el dinero y sin liquidar nada a las oficinas, una situación que ya ha llevado a una de ellas de la provincia de Alicante a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Otras oficinas consultadas se verán abocadas esta misma semana a acometer una reducción de más de la mitad de su plantilla y hay quien trata de "aguantar el tirón" centrándose en la actividad tradicional de los registros como fuente de ingresos.
Esta grave situación se explica también por la especial manera de retribuir a sus trabajadores que tienen los registros de la propiedad, que realizan esta actividad recaudadora desde hace varios siglos, recuerdan fuentes del colectivo. De lo que cada uno recauda mensualmente, se pagan las cotizaciones de los empleados y los gastos generales de la oficina. Y del dinero que queda limpio, un 60% es para el registrador y el 40% restante se lo reparten los trabajadores en función de su categoría laboral.
Muchos de los registros con oficina liquidadora tienen más de la mitad de su facturación vinculada a los reintegros de la consejería. Pero como hace más de un año que la Generalitat no paga, los registradores tampoco pagan a sus trabajadores.
Esta situación ha abocado a algunos de los trabajadores de estas oficinas a situaciones límite, porque el salario mínimo interprofesional que tienen garantizado es anual y, en todo caso, si no lo alcanzan lo completan en diciembre. El resto del año deben subsistir con la parte del 40% que les corresponda. Hay trabajadores tan en precario que llevan cobrando dos nóminas mensuales inferiores a 100 euros, y otros a los que están a punto de embargarles su casa.
Algunos empleados, que prefieren mantener el anonimato, alertan de la precaria situación que viven a pesar de que no les falta el trabajo sino la remuneración y del riesgo de que se produzcan numerosos despidos si la situación no se endereza.
El importe total que adeuda la Consejería de Economía a los 62 registros liquidadores es difícil de calcular porque la Generalitat liquida con cada oficina directamente, aunque el monto, por las cantidades que adeuda a alguno de ellos, puede rondar fácilmente los 20 millones de euros.
Este periódico ha intentado conocer sin éxito a través del Decanato del Colegio de Registradores la suma total adeudada por el Consell, pero solo en la provincia de Alicante las cifras oscilan entre los 200.000 euros que deben a algunos registros pequeños de La Vega Baja, los más de 300.000 de Guardamar o los 700.000 de Torrevieja. Muchos de ellos están en el entorno del medio millón de euros. El Decanato se limitó a asegurar que no podía hacer "ningún pronunciamiento" sobre este tema porque no forma parte de sus cometidos.
Otras fuentes del mismo organismo han confirmado que los registradores ya han estado a punto de plantarse y hacer dejación recaudatoria de sus funciones para el Consell, y ante la situación generada incluso se ha llegado a plantear el traspaso al gobierno valenciano de estas oficinas con sus plantillas, pero hasta ahora no se ha conseguido ni siquiera consensuar un calendario de pagos para recuperar el dinero que, en realidad, se ha quedado indebidamente la Consejería de Economía. En parte porque, a diferencia de los abogados del turno de oficio que cobran de su colegio previa transferencia del Consell, cada oficina liquidadora pasa sus cuentas directamente y el Consell trata con 62 clientes diferenciados.
Otro problema añadido es que todos estos impuestos se liquidan con IVA y la factura de cada oficina también se remite a Economía con el 18% de este impuesto. Así que los registradores no solo no han cobrado en 14 meses el dinero que les ha requisado el Consell, sino que además han tenido que ingresar el IVA de todas las facturas que le han emitido los cuatro últimos trimestres.
(www.elpais.com, 13/12/10)
37. C. VALENCIANA: CRESPO ADMITE QUE GIMENO RECIBIÓ 300.000 EUROS DE EMARSA "POR NADA"
El ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno cobró más de 300.000 euros de Emarsa "por nada". Lo denunció hace unas semanas el portavoz socialista en el Emshi, Ramón Marí, pero ahora existe confirmación por escrito. Y quien lo reconoce es el propio presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y alcalde de Manises, Enrique Crespo, quien reconoce que "no se tiene constancia de trabajos efectuados" por la empresa propiedad de Gimeno, el Instituto de Empresa del Mediterráneo, SL. Este dirigente fue uno de los altos cargos de la depuradora de Pinedo en la época en la que presidía la Entidad Metropolitana el concejal Silvestre Senent, como jefe de Calidad. Pero a partir de 2005, ya fuera de Emarsa, se convirtió en proveedor externo y ha facturado a través de su empresa más de 300.000 euros.
La respuesta está incluida en una carta que Crespo envió el pasado 3 de diciembre al portavoz socialista en contestación a su demanda de información contable. "Crespo niega al Grupo Socialista las facturas que delatan su nefasta gestión al frente de Emarsa", insistió Marí. Los socialistas llevan solicitando desde el 11 de octubre fotocopias de las facturas llegadas después de la liquidación provisional de cuentas, de las de servicios técnicos y jurídicos y de las emitidas por Emarsa desde 2004 a 2010.
Entre estas facturas están algunas de las abonadas a empresas vinculadas al PP, que habrían cobrado más de 5,5 millones de euros de Emarsa desde que Crespo tomó las riendas de la depuradora.
Junto a los pagos a la empresa del ex portavoz del PP en el Consistorio, aparecen otros al primer teniente de alcalde de Montcada y asesor jurídico del PP provincial, Luis Botella de las Heras -115.000 euros por trabajos también desconocidos-, y a dos asesoras del Ayuntamiento de Manises que, en palabras de Marí, "solo iban a cobrar pero se desconoce su tarea". El consejero socialista en el Emshi solicitó el 13 de septiembre copia de las facturas de la periodista -asesora de Crespo en el Consistorio de Manises-, y tres meses después y tras múltiples denuncias, ha obtenido la negativa. En su misiva a Marí, Crespo le dice que la oposición "no tiene derecho a tener de forma indiscriminada y abusiva todas las fotocopias que se soliciten".
"Como ha pasado con Gürtel, el señor Crespo ha optado por obligarnos a acudir a los tribunales para poder acceder a la documentación solicitada", se quejó Marí. El portavoz socialista entiende que el presidente de la Emshi "se ha autoinculpado" con la carta del 3 de diciembre y "ha demostrado que ha llegado al fin de su carrera política sin madurez suficiente para asumir responsabilidades". Crespo, por su parte, acusó al socialista de mentir "más que Pinocho" pues, según explicó, la Emshi solo posee la documentación contable de Emarsa y por eso no le constan los papeles de la empresa de Gimeno. Según Crespo, esos documentos son "no contables" y la Emshi no los tiene, como tampoco tiene "otras certificaciones de calidad".
(
www.elpais.com, 14/12/10)38. C. VALENCIANA: EL PP RECHAZA ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN CONTRA LA DEUDA Y POR LA TRANSPARENCIA
Evitar "gateras", como las calificó la portavoz socialista, Cristina Moreno, para el endeudamiento de la Generalitat era el objetivo de la mayoría de las enmiendas de la oposición que ayer rechazó el PP en la comisión de las Cortes Valencianas en la que se debate el proyecto de Presupuestos para 2011. Moreno criticó que el proyecto prevé un aumento del 10% del límite de endeudamiento a corto plazo, que se sitúa, así, en un 30% del crédito consignado, cuando ya en 2004 el Gobierno de Camps elevó ese límite del 10% al 20%. La diputada recordó que, según el Banco de España, la deuda de la Generalitat ha aumentado en casi 10.000 millones de euros durante la presidencia de Camps y añadió que "si antes eran necesarias, este año son urgentes" las medidas de limitación de la deuda.
El portavoz del PP, Ricardo Costa, acusó a los socialistas de intentar "amputar la autonomía financiera de los valencianos" al proponer recortar el margen de las operaciones de tesorería de la Generalitat. La insuficiencia de financiación procedente del Gobierno central y los retrasos en su transferencia justifican, en su opinión, el margen que prevén los presupuestos y que, en todo caso, está dentro de lo que han aceptado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de establecer mecanismos ágiles para hacer frente a los pagos, señaló Costa, que añadió: "El Gobierno central nos quiere endeudar en 190.000 millones, eso sí que son gateras".
El debate, con el trasfondo de las dificultades crecientes del Consell para hacer frente a los gastos corrientes, también se centró en el límite de los avales que puede conceder el Instituto Valenciano de Finanzas. La diputada de Compromís Mireia Mollà propuso reducirlo a 600 millones de euros, mientras que los socialistas plantearon recortarlo en 250 millones. La previsión de las cuentas autonómicas es de 900 millones. José Marí Olano, del PP, defendió la necesaria flexibilidad en los límites de endeudamiento "para adaptarlos a la coyuntura económica".
La creación de una oficina presupuestaria, el recorte del sector público y la prohibición de la publicidad institucional con fines electoralistas o partidistas fueron otras propuestas del PSPV-PSOE, algunas dirigidas a fomentar la transparencia en la contratación pública. En este terreno, la socialista Isabel Escudero puso como ejemplo de la necesidad de reforzar el control presupuestario que la Ciudad de las Artes y las Ciencias acumula unos sobrecostes del 311% que el PP se ha negado a investigar. En esa misma línea, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, propuso que se publiquen anualmente las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat, con nombres y apellidos.
Un apartado específico tuvo la crítica que hizo Ignacio Subías, del Grupo Socialista, de la congelación provisional de la carrera profesional para quienes se incorporan a la función pública en el ámbito sanitario, lo que supone una discriminación en relación con el resto. El portavoz popular, Ricardo Costa, justificó "la suspensión de determinados privilegios o mejoras salariales" por las exigencias de austeridad.
(
www.elpais.com, 14/12/10)39. C. VALENCIANA: RAJOY VUELVE A VALENCIA NUEVE MESES DESPUÉS
Mariano Rajoy regresa a Valencia. Irá acompañando a los reyes, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Fomento, José Blanco. Envuelto en la parafernalia de la inauguración del AVE, el líder del PP pisará de nuevo tierras levantinas el próximo sábado 18 de diciembre.
El jefe de la oposición no acude al País Valencià desde el pasado 14 de marzo. Justo ayer se cumplieron nueve meses. Durante este tiempo, Rajoy ha tratado de esquivar la foto con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio por haber recibido presuntamente regalos de los cabecillas de la trama Gürtel y al que están investigando por los delitos de prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental y financiación ilegal.
La última vez que Rajoy se acercó fue con motivo de una convención sobre empleo organizada por el PP valenciano, en la que apoyó el derribo del barrio del Cabanyal. Después de participar en el acto, en el que se lo vio más frío que de costumbre con Camps, el líder del PP fue a presenciar las fallas desde el balcón del ayuntamiento, donde pudo observar la tradicional mascletà.
Por aquel entonces ambos eran ya el centro de todos los focos porque hacía más de medio año que no compartían escenario juntos. En concreto, desde que Rajoy acudió a la plaza de toros de Valencia para celebrar el archivo de la causa por los trajes que después el Supremo volvió a reabrir.
Lo cierto es que Rajoy pasó de desvivirse por la Comunitat donde dio varios mítines en plenas elecciones europeas de 2009 a ignorar por completo una tierra con la que aseguraba tener "una vinculación especial". Fuentes cercanas a Rajoy le restan importancia y afirman que hasta hace unos días estaba "muy concentrado" con Catalunya y que ahora sus prioridades son Andalucía y Castilla-La Mancha.
La distancia entre ambos dirigentes se hizo muy evidente el verano pasado cuando Rajoy ya ni quiso celebrar dos años de su proclamación como presidente del PP y declinó arrancar el curso político en Valencia, como había hecho el año anterior. El dirigente conservador prefirió dar el pistoletazo de salida a la temporada desde Santiago de Compostela y se excusó diciendo que no podía asistir a la cena de los conservadores valencianos porque tenía una boda.
Las invitaciones que desde entonces le han ido cursando desde la formación regional no han tenido ningún éxito. La cúpula siempre ha enviado a su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, o al responsable de justicia, Federico Trillo, en su representación. Rajoy y Camps han coincidido pero siempre en la sede nacional del PP cuando este ha acudido a alguna reunión de barones territoriales.
En el PP defienden que en el País Valencià no necesitan hacer campaña porque su marca gana con o sin Camps. Pero, en cualquier caso, repetirá como cabeza de cartel en 2011. Ya está bendecido por Rajoy. Pero aún falta que le proclame frente a todos los militantes de forma oficial.
Camps, que está previsto que participe en la convención programática de Sevilla en enero, se tendrá que conformar de momento con la imagen del sábado. Al PP valenciano le encanta retratarse junto a su jefe de filas. En más de un encuentro se ha podido ver al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, persiguiendo a Rajoy para que quedara constancia de su buena relación. Y en la última interparlamentaria de los conservadores en Canarias, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, y la directora de la campaña, Paula Sánchez de León, también hicieron lo propio para inmortalizar su encuentro con María Dolores de Cospedal.
No es extraño, teniendo en cuenta que la mano derecha de Rajoy no ha ido nunca a la Comunitat desde que es la secretaria general. Ella dice que es porque no le cuadra la agenda. Otros, en su partido, comentan que no es bien recibida por el tema del agua.
Por otro lado, Camps también ha emitido bonos patrióticos para capear la crisis económica. Venderá 1.000 millones de euros en bonos a 12 meses con una rentabilidad del 4,75% y una comisión del 3% para las entidades. La emisión será, en principio, calcada de la operación del president de la Generalitat de Catalunya en funciones, José Montilla. Algo que durante la campaña catalana Rajoy denunció en repetidas ocasiones.
El líder del PP criticó que Montilla recurriera a estos pagarés porque había "gastado lo que no tenía" y "mucho más de lo que podía". Además, dijo que "hipotecaban el futuro" de Catalunya. Ahora Rajoy afirma que "nunca" dijo eso y que es lo único que pueden hacer las comunidades para paliar "la mala política" de Zapatero.
(www.publico.es, 15/12/10)
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