ÍNDICE

1. EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A IMPUTADOS

2. UN DESPACHO CON INFLUENCIAS

3. LOS ESPAÑOLES NO APOYAN LA PRIVATIZACIÓN DE EDUCACIÓN Y SANIDAD PROPUESTA POR RAJOY

4. RAJOY CONFIRMA QUE NO VARIARÁ LA ESTRATEGIA PERO REBAJA LA EUFORIA DEL PP

5. LA EMPRESA DE AZNAR LOGRA BENEFICIOS RÉCORD EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

6. BUSH Y AZNAR: UNA PAREJA DE "VISIONARIOS" DE LA GUERRA

7. BILLETES DE 500 PARA COMPRAR A CARGOS DEL PP

8. EL FISCAL CREE NECESARIAS LAS ESCUCHAS QUE ORDENÓ GARZÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'

9. ANTICORRUPCIÓN PREPARA EL TERCER FRENTE DEL 'CASO GÜRTEL'

10. CATALUÑA. INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA: LA I+D DEL PP ANTE LAS ELECCIONES

11. CATALUÑA. LA JUEZA ADMITE LA QUERELLA CONTRA GARCÍA ALBIOL, DEL PP

12. CATALUÑA. EL PP PROPONE QUE LOS INMIGRANTES VUELVAN A SU PAÍS SI SE QUEDAN EN PARO

13. GALICIA. JOSÉ LUIS BALTAR RECLAMA SU DERECHO A "PERPETUARSE" EN LA DIPUTACIÓN

14. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA OCULTA AL BNG EXPEDIENTES

15. ANDALUCÍA. EL PP FICHA A ALCALDES EN LA AXARQUÍA PARA GANAR LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

17. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS SOBRE SU FINANCIACIÓN

18. COMUNIDAD DE MADRID. UGT Y CCOO ACUSAN A LA PRESIDENTA DE LIQUIDAR A LOS LIBERADOS

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGENTES PRESIONADOS PARA MULTAR

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE ALCOBENDAS, IMPUTADO POR TRES DELITOS

21. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AGENCIA TRIBUTARIA CONFIRMA EL PAGO DE TRAJES DE LA RED GÜRTEL A FRANCISCO CAMPS

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INSISTE EN SU POLÍTICA DE OPACIDAD SOBRE LA CORRUPCIÓN

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EMARSA PAGÓ 4,5 MILLONES EN MATERIAL INFORMÁTICO Y SÓLO TENÍA 30 ORDENADORES

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA BRUGAL FACTURA A CALP EL TRIPLE DE BASURA QUE UNA CIUDAD SIMILAR

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 DEBE 20 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL

26. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EX ALCALDE DE CALP DEJA SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DEL PP POR EL 'CASO BRUGAL'

27. COMUNIDAD VALENCIANA. CRESPO (PP) SE QUERELLA POR MALVERSACIÓN Y ESTAFA EN EMARSA CONTRA UN DELFÍN DE BARBERÁ

28. COMUNIDAD VALENCIANA. TERRA MÍTICA PIERDE 16 MILLONES EN EL ÚLTIMO AÑO DE TUTELA DE CONSELL

29. CASTILLA Y LEON. EL PRESIDENTE DEL PP DE SALAMANCA OLVIDÓ DECLARAR CUATRO PISOS

30. CASTILLA-LA MANCHA. UN SONDEO QUE ENCARGÓ BARREDA REFLEJA LA CRÍTICA AL DOBLE SUELDO DE COSPEDAL

31. CASTILLA-LA MANCHA. LA COCINA DE LAS ENCUESTAS DE COSPEDAL

32. CASTILLA-LA MANCHA. LAS REDES SOCIALES CONSIGUEN QUE EL PP SUSPENDA UNA CONFERENCIA DE GARCÍA SERRANO

33. REGIÓN DE MURCIA. LA MANSIÓN

34. REGIÓN DE MURCIA. UN PARQUE PARAMOUNT SIN INVERSIÓN DE LA PARAMOUNT

35. ISLAS BALEARES. LA DEFENSA DE MATAS "NO ENTIENDE" LA ESTRATEGIA DEL PP EN EL 'CASO PALMA ARENA'

36. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA DE PALMA AVALA LOS 'PINCHAZOS' A MATAS APOYÁNDOSE EN EL CONSTITUCIONAL

37. ISLAS BALEARES. SANIDAD PODRÁ SABER QUIÉN SACÓ LAS LISTAS DE PACIENTES DE INCA QUE USÓ EL PP EN SUS VISITAS

38. ISLAS BALEARES. FINALIZA LA DEMOLICIÓN DEL CHALET ILEGAL DEL EX ALCALDE DE ANDRATX EUGENIO HIDALGO

39. ISLAS BALEARES. NÚMEROS UNO DEL PP DE LA ISLA PIDEN A BAUZÁ QUE NO AVIVE MÁS POLÉMICAS CON EL CATALÁN

40 ISLAS BALEARES. EL INSTITUTO DE URDANGARÍN NO APORTA LAS FACTURAS DE SUS TRABAJOS EN PALMA

 

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1. EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A IMPUTADOS

El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.

Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.

Un portavoz del PP ha reconocido la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.

¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.

En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.

(www.elpais.com, 08/11/10)

2. UN DESPACHO CON INFLUENCIAS

El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable. Con un capital social de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros, con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles. La facturación en dicho ejercicio ascendió a 521.000 euros, una suma importante, pero muy inferior a la alcanzada en 2007, cuando sus ingresos sumaron 1,2 millones de euros.

El estudio, que fue fundado en mayo de 2004, tras la derrota electoral del PP, dispone de un amplio local en el centro de Madrid. Sus dos administradores no figuran en la lista de colegiados del Colegio de Abogados de la capital.

La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.

La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía.

(www.elpais.com, 08/11/10)

3. LOS ESPAÑOLES NO APOYAN LA PRIVATIZACIÓN DE EDUCACIÓN Y SANIDAD PROPUESTA POR RAJOY

La inmensa mayoría de los españoles, el 78,3%, está en contra de la propuesta de Mariano Rajoy de privatizar servicios públicos en materia de educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, si ganase las elecciones generales de 2012. En una entrevista en El País, hace una semana, el líder del PP se decantó por esas medidas "liberalizadoras".

Según una encuesta de de laSexta, del 78,3% que rechaza esas medidas, el 91,% son votantes del PSOE y el 58,2%, del PP. Están a favor de esta propuesta un 17,4% de ciudadanos (35,6% afines PP y 8,3% al PSOE). El 4,3% no sabe o no contesta.

También la gran mayoría de los españoles, el 68,9%, están en desacuerdo con que un hipotético gobierno del PP derogase la Ley del matrimonio homosexual (81,5% votantes del PSOE y 54,8%, del PP). El 25,8% lo apoyaría (15,9% afines al PSOE y 39,7%, al PP).

El 50,8% de los encuestados no apoya que un nuevo gobierno del PP modificase la nueva Ley del Aborto (70,1% simpatizantes del PSOE y 35,6% del PP). El 44,3% se muestra de acuerdo con que se modifique (63% votantes PP y 26,1% del PSOE).

(www.elplural.com, 06/11/10)

4. RAJOY CONFIRMA QUE NO VARIARÁ LA ESTRATEGIA PERO REBAJA LA EUFORIA DEL PP

No es habitual que Mariano Rajoy aluda en sus discursos a ejemplos de lo que sucede en otros países. Él siempre ha tenido una visión más centrada en la política nacional. Pero lo hizo para tranquilizar y a la vez rebajar la euforia que se respira en su partido. Delante del Comité Ejecutivo del PP, que se reunía por primera vez desde el cambio de Gobierno, se adelantó a posibles vaivenes en las encuestas -la última detecta que el PSOE mejora ligeramente, aunque sigue 10 puntos por debajo del PP- y comparó la situación con lo que pasa en Estados Unidos.

Cuando hay una convención republicana, explicó, sube la estimación de voto de este partido, y cuando llega la demócrata sucede lo contrario. Cuando se pone el acento en un partido suben sus expectativas. Pero lo importante, dijo, es la corriente de fondo.

Rajoy, según la interpretación de varios de los presentes en la reunión, lo dijo también para cerrar un debate interno en el partido: el de la necesidad de cambiar de estrategia frente al giro del Gobierno, que claramente le ha dado más vigor.

El líder del PP dejó claro a los suyos que no piensa cambiar. Hay que seguir hablando de economía, paro, pensiones e inmigración, que son los asuntos que preocupan a la gente, y evitar caer en las "trampas" que les pone el Gobierno para hablar de otras cuestiones.

El líder del PP explicó a los suyos que el PSOE intentará bajo cualquier pretexto sacar otros asuntos para que no se hable de los que más daño le hacen, esto es, todos los relativos la economía -incluye ahí la inmigración.

Rajoy está absolutamente convencido de que la única manera de ganar las elecciones es mantener un cierto perfil bajo, evitar en lo posible las polémicas -en el PP ha sentado muy mal la que provocó el apoyo al plan de recortes de David Cameron que hizo en la entrevista en EL PAÍS- y seguir con economía, economía y economía. Pero no tanto para hacer propuestas, sino para destacar lo mal que está. De hecho, el líder ofreció a los suyos un augurio muy negativo: no hay crecimiento ni recuperación de empleo ni lo habrá en mucho tiempo.

En esa línea de hablar de economía y seguir atacando la imagen del Gobierno con las pensiones, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria y persona de confianza de Rajoy, acudió al Tribunal Supremo para iniciar los trámites contra el veto que el PSOE le impuso al debate de una proposición de ley del PP que pedía eliminar la congelación de pensiones.

Rajoy explicó que Felipe González usó este veto en ocho ocasiones, José María Aznar ninguna y José Luis Rodríguez Zapatero ya lo ha usado 79 veces. Sáenz de Santamaría ha iniciado la vía del recurso contencioso-administrativo en el Supremo, pero prepara también la del Constitucional y no descarta recurrir no solo el veto, sino la ley en sí que sanciona la congelación de pensiones.

(www.elpais.com , 09/11/10)

5. LA EMPRESA DE AZNAR LOGRA BENEFICIOS RÉCORD EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

La empresa familiar del ex presidente del Gobierno José María Aznar ha sido capaz de esquivar la crisis. Famaztella (acrónimo de familia Aznar Botella) cerró el ejercicio de 2009 con un beneficio récord de 445.417 euros, según las cuentas anuales recién depositadas en el Registro Mercantil. Eso supone un aumento del 8% sobre la cifra del año anterior, lograda además en el peor año de la crisis económica que azota España.

La pyme Famaztella tuvo unos ingresos de 620.732 euros, un 13% más que en el ejercicio anterior. El objeto social de Famaztella es "la explotación de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones", tales como los derechos de autor de sus libros o las conferencias, aunque las cuentas no dan detalles al respecto.

Con una actividad de esa naturaleza, la austeridad se impone por el lado del gasto. La firma solo se apuntó gastos de personal de 10.537 euros y servicios exteriores por 2.959 euros, con lo que su resultado de explotación fue de 607.235 euros, una rentabilidad del 98% sobre ingresos. Tras el resultado financiero y los impuestos por beneficios de 140.458 euros, la sociedad cerró el ejercicio 2009 con el beneficio neto citado de 445.417 euros.

Aznar fundó Famaztella como sociedad limitada con un capital de 3.000 euros el 10 de mayo de 2004, pocos días después de dejar la presidencia del Gobierno. Desde entonces, ha ido aumentando la facturación y los beneficios año tras año, de modo que la sociedad acumula cinco años y medio después un patrimonio de 1,6 millones de euros.

La sociedad de Aznar aprobó sus cuentas en una junta de accionistas en la que él actuó como presidente y su mujer, Ana Botella, como secretaria el pasado 30 de junio en la calle Alberto Alcocer de Madrid, donde tiene la sede su empresa. Las cuentas muestran que Famaztella tiene 310.772 euros en caja y equivalentes, 917.000 euros en inversiones financieras a largo plazo y 458.000 euros en inversiones financieras a corto plazo.

La mayor parte de esos activos financieros están en dólares, según las notas de la memoria, que indican que la sociedad ha invertido en instrumentos de patrimonio en dólares por importe de 811.701 euros.

El ex presidente del Gobierno es también consejero desde 2006 de News Corporation, el conglomerado controlado por el magnate Rupert Murdoch. En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010 cobró 220.000 dólares (unos 160.000 euros) por ese concepto, de los que 100.000 dólares fueron en metálico y 120.000 en acciones. Aznar fue, junto con Natalie Bancroft, el peor pagado de los 12 miembros del consejo de News Corp.

(www.elpais.com , 09/11/10)

6. BUSH Y AZNAR: UNA PAREJA DE "VISIONARIOS" DE LA GUERRA

Es una interesante coincidencia que el libro de memorias del ex presidente George W. Bush haya salido al mercado estos días al mismo tiempo que el estreno de la película Fair Game (Blanco fácil, aunque la versión en España lleva por título el irrelevante Caza del espía). Una feliz coincidencia. Porque el filme refleja fielmente la realidad de la colosal manipulación informativa que condujo a la guerra de Irak y el relato de Bush, sobre todo en lo que se refiere a España y a José María Aznar, permite entender cómo encajan algunas piezas en tiempo real.

Sostiene Bush que en 2002 compartió la amenaza contra la seguridad mundial que suponía Irak con varios líderes. Uno de ellos era Aznar, al que presenta como un "líder visionario". Según Bush, el apoyo del Gobierno de España fue muy relevante tanto en la ONU como en la cumbre de las Azores, en la que Bush, Tony Blair y Aznar (el primer ministro José María Durão Barroso se limitó a ofrecer la isla a sugerencia de Aznar) tras su fracaso para obtener una resolución de la ONU, anunciaron la inminente invasión de Irak.

La campaña de relaciones públicas para vender la guerra de Irak comenzó a finales del verano de 2002, según se recuerda en el filme Caza del espía. Las dos grandes mercancías averiadas: la presunta compra por parte de Irak de tubos de aluminio y de uranio concentrado en polvo (yellowcake) para enriquecerlo y fabricar bombas nucleares.

En aquellas fechas, España se encaminaba a ser miembro del Consejo de Seguridad el 1 de enero de 2003. Pero he aquí que Bush confirma el apoyo de del Gobierno español en 2002. Es decir: su participación en la propaganda del Departamento de Estado y la Casa Blanca.

El 8 de septiembre de 2002, el vicepresidente Cheney acusó a Sadam Husein de añadir armas nucleares a las armas químicas y biológicas almacenadas. El 9 de septiembre, la ministra de Exteriores española, Ana Palacio, dijo: "Evidentemente, hay indicios de que [Sadam] tiene la voluntad de fabricar un arma nuclear y de que ese proceso está avanzando rápidamente".

Bush denunció en la ONU, el 12 de septiembre, las armas de destrucción masiva en manos de Irak. El entonces vicepresidente Mariano Rajoy informó al Congreso a mediados de septiembre: "Irak conservó parte de sus armas de destrucción masiva, químicas y bacteriológicas tras la guerra del Golfo y, desde entonces, esos arsenales han aumentado y podrían hacerlo también en breve, incluso en el terreno de las armas nucleares, de contar con algún tipo de colaboración exterior".

Fue el 28 de enero de 2003 cuando Bush habló en público, después de un intento frustrado por la propia CIA en octubre, sobre el uranio. "Según el Gobierno británico, Sadam intenta comprar uranio enriquecido en África", dijo en su discurso sobre el estado de la unión. Una mentira a sabiendas. Porque como ilustra Caza del espía, basada en el libro de la agente Valerie Plame, Bush y su vicepresidente, Dick Cheney, conocían de primera mano que era una falsedad.

Aquí entra el "visionario" Aznar. El 5 de marzo de 2003, declara en las Cortes: "Con respecto al programa de armas nucleares, Irak ha intentado en los últimos años hacerse con tubos de aluminio de alta calidad aptos para enriquecer uranio. Además, ha intentado hacerse regularmente con stocks de este mismo mineral". Y aunque el entonces director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) Mohamed El Baradei califica esta afirmación, el 8 de marzo de 2003, como una información incorrecta, fundada en documentos falsos, Aznar insiste la víspera de la invasión de Irak. El 18 de marzo, en el Congreso, Aznar asegura: "Además [Sadam], está dispuesto a acceder en cuanto pueda a elementos con un componente nuclear".

En lo que se refiere al lobby de Aznar en favor de una resolución de apoyo a la invasión en el Consejo de Seguridad, que Bush recuerda en sus memorias, sus gestiones fueron rechazadas por los dos países con los cuales se empeñó personalmente a fondo: Chile y México.

(www.publico.es, 10/11/10)

7. BILLETES DE 500 PARA COMPRAR A CARGOS DEL PP

Una "tira de impresión de calculadora" encontrada en una carpeta azul que guardaba el contable de la red Gürtel, cuya fotocopia está incorporada al sumario y se muestra en esta página, delata que la trama corrupta de Francisco Correa pagaba a los cargos públicos del PP con billetes de 500 euros la "primera fase del blanqueo de capitales".

En dicho informe se detalla cómo la red corrupta se encargó de cobrar un 3% de comisión ilegal a la constructora leonesa Teconsa por al menos tres obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular.

En el historial tributario de Teconsa, según explica el informe policial, se recoge cómo entre 2003 y 2007 sacó más de cinco millones de euros en billetes de 500. Los pagos en billetes de 500 euros por obras adjudicadas en Castilla y León a los que hace referencia el sumario corresponden a 2002, cuando todavía no se hacían controles en los bancos sobre ese tipo de billetes.

Correa, según la investigación judicial, repartía esa comisión ilegal entre dirigentes políticos del PP, entre los que la policía señala al ex diputado nacional Jesús Merino, al ex senador y ex tesorero Luis Bárcenas; al ex eurodiputado Gerardo Galeote y al actual presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago.

Las conclusiones de la policía se basan en documentos encontrados en las sedes de la trama corrupta, cotejados con los expedientes de contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León.

La tira de impresión de calculadora que halló la policía refleja cómo el contable fue sumando las cantidades que tenía en billetes de 500 y en monedas de un euro y que sumaban exactamente el 3% del precio final de la adjudicación a Teconsa de las obras de la variante de Villanueva de Mena por 5,8 millones de euros. El reparto del dinero, según los documentos incautados a la trama corrupta, se hizo el 14 de junio de 2002 mientras la adjudicación fue el 9 de mayo de ese mismo año.

La policía escribe: "El dinero que recibe la organización de Francisco Correa por parte de los responsables de las empresas como contraprestación por la intermediación de esta para la consecución de la adjudicación de proyectos otorgados por parte de las Administraciones públicas se otorgaban en su mayor parte en billetes de alta denominación (200 o 500 euros). Estas cantidades posteriormente se repartían entre los partícipes en el proceso mediante entregas de dinero en metálico, también en billetes de alta denominación. Existe una preferencia por la utilización de billetes de alta denominación por parte de las organizaciones por su facilidad en el transporte".

Los investigadores hacen ver que este modo de repartir comisiones ilegales por la adjudicación de obras "constituye la primera fase del proceso de blanqueo de los capitales de procedencia ilícita denominada de adquisición y que se caracteriza por la utilización masiva de medios de pago transformables directamente en dinero en efectivo". Teconsa, la empresa que pagó las comisiones ilegales por obras en Castilla y León, es la misma que, según la investigación, repartió con Correa parte de los 3,5 millones que ganó cuando la televisión pública valenciana le adjudicó los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de vídeo en las calles por las que iba a pasar el Papa en su visita a Valencia.

Teconsa carecía de experiencia para este trabajo, por el que cobró siete millones de euros. Y subcontrató por 3,5 millones todas las tareas.

(www.elpais.com, 10/11/10)

8. EL FISCAL CREE NECESARIAS LAS ESCUCHAS QUE ORDENÓ GARZÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'

El fiscal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir el sobreseimiento de la causa de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP, por entender que Garzón dejó a salvo los derechos de defensa y al secreto profesional de sus abogados.

Según el fiscal, el propio juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha dejado claro que existe una "defectuosa regulación legal" sobre las escuchas en prisión, normativa que es insuficiente para apreciar "no ya una ilicitud, sino una ilegalidad injusta de los delitos imputados". El fiscal replica así al durísimo auto del juez Jorge Barreiro, que acusó a Garzón de destruir el Estado de derecho por haber ordenado las escuchas.

El abogado querellante Ignacio Peláez y la Sala de lo Penal centraron la imputación de prevaricación contra Garzón en que este no podía haber ordenado las escuchas al amparo del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que establece esa posibilidad solo para supuestos de terrorismo y con autorización judicial.

Sin embargo, el instructor Jorge Barreiro "provoca un giro esencial", puesto que ya no afirma que Garzón "no podía" adoptar esas medidas, sino que "podía, pero no en el caso concreto". Así, la ilegalidad no derivaría de una "errónea interpretación", sino del "incumplimiento de los requisitos legales exigibles", lo que a lo sumo generaría una nulidad.

Para la fiscalía, el debate debe centrarse en las razones de por qué Garzón podía ordenar las escuchas en ese caso concreto, y por qué el juez Jorge Barreiro sitúa a los abogados como sujetos de las escuchas, cuando los destinatarios eran los presos.

Según el fiscal, Garzón contaba con indicios de que determinados abogados habían intervenido ya en operaciones tendentes al blanqueo de dinero y había acordado la prisión de alguno de ellos. Había indicios de otras operaciones que habían quedado en suspenso y que precisaban que los presos de la Gürtel transmitieran instrucciones al exterior. El fiscal insiste en que se trataba de investigar un delito grave, eran necesarias las escuchas y la complejidad de las maniobras delictivas exigía mantenerlas.

En lo que el fiscal difiere del juez Barreiro es en que Garzón "dejó a salvo el derecho de defensa" en dos resoluciones, y no lo hizo con una "mera cláusula de estilo", puesto que limitó las escuchas al centro penitenciario y excluyó las conversaciones de los autos. Por tanto, dejó a salvo también el derecho al secreto profesional de los abogados.

Por su parte, el juez Barreiro prorrogó por otro mes el secreto sobre los documentos del caso Gürtel remitidos por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. La fiscalía ya le advirtió de que puede estar generando "indefensión" a Garzón por tolerar que se formulen escritos de acusación en una causa que todavía sigue parcialmente bajo secreto.

(www.elpais.com , 09/11/10)

9. ANTICORRUPCIÓN PREPARA EL TERCER FRENTE DEL 'CASO GÜRTEL'

La Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y León ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones en esa comunidad autónoma.

El último informe policial sobre la trama Gürtel en Castilla y León revela al menos tres adjudicaciones amañadas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagaría por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organización de Francisco Correa, quien repartiría la comisión entre dirigentes del PP. Los dos aforados implicados en la supuesta recepción de comisiones son José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.

El último informe policial señala que Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llevó 144.200 euros, y que la policía cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude así a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y León.

La policía tiene más clara la supuesta recepción de comisiones, en otras obras, por parte de Fernández Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".

(www.elpais.com, 10/11/10)

10. CATALUÑA. INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA: LA I+D DEL PP ANTE LAS ELECCIONES

Un monstruo tecnológico llamado MareNostrum, en su día el cuarto ordenador más potente del mundo, hoy ya el 87º, ocupa la capilla de la Torre Girona. Ese fue el lugar escogido por Mariano Rajoy para su último acto público en Barcelona para apoyar a la candidata del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho. En ese marco, entre bóvedas y coloridos mosaicos, el líder conservador lanzó un mensaje de modernidad: "Si una prioridad tiene que tener España, esa es la investigación".

Pero, a pesar de esas palabras, la línea que ha elegido el PP ante la cita electoral del 28-N es otra. Al margen del omnipresente tema de la crisis económica que centra los programas de todas las formaciones, el partido de Rajoy se ha especializado en los temas de inmigración y delincuencia, una versión muy particular del tradicional I+D.

Conscientes de los problemas que suscita la cuestión en los partidos progresistas, el duro discurso del partido en Catalunya ha contado con el plácet de Génova y se ha ido dosificando semana tras semana para tener el mayor impacto posible. El proceso se explica en parte con las encuestas.

Según el barómetro de octubre del CIS, la inmigración supone la cuarta preocupación de los españoles (14%), seguida de la inseguridad ciudadana (7,3%). En Catalunya, ocurre lo mismo. "Los partidos tienen muy en cuenta, muchísimo, las encuestas", explica el sociólogo Alberto Penadés, que recuerda que ese interés aumenta en periodo electoral.

Pero los mismos sondeos muestran que la educación, la sanidad o las pensiones interesan tanto o más que la gestión de la inmigración o la delincuencia. La elección del PP por esas realidades y por vincularlas viene justificada por su intención de penetrar en feudos tradicionales de la izquierda. Así lo explica Jordi Muñoz, profesor de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Confían en entrar en el área metropolitana de Barcelona y en zonas obreras".

Para este especialista, "el PP ha alcanzado su techo en Catalunya con su discurso tradicional", por lo que busca ahora "nuevos horizontes". Muñoz añade que otra razón que explica el inflamado discurso de los conservadores en esta cuestión es su necesidad de evitar que aparezcan otras fuerzas más a su derecha. "Para ellos es clave y eso les obliga a representar todos los papeles de la función: el de la democracia cristiana, el del populismo e incluso el de un partido xenófobo".

Este politólogo duda de que este discurso bajo investigación de la fiscalía pueda llegar a volverse contra el PP, en primer lugar porque el partido segmenta sus mensajes en función de cada público y porque "la gente que lo vota en Sarrià-Sant Gervasi [zona alta de Barcelona] lo hace por otros motivos".

Para Josep Maria Remiu, profesor de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, la inmigración es la fórmula del PP para atraer a los afectados por el desempleo: "Este mensaje sencillo activa respuestas primarias y llega a los más afectados por la crisis". Estas personas, añade, "descargan la frustración por su situación con el voto a una formación que les da respuestas sencillas". Remiu añade que el PP se blinda así contra la ultra Plataforma per Catalunya, del mismo modo que con su discurso lingüístico lo hace contra Ciudadanos.

Efectivamente, tras la visita al MareNostrum, Sánchez-Camacho ha lanzado dos mensajes: el primero, para alertar de que Zapatero prepara un reglamento que será "un coladero de inmigrantes ilegales" y, el segundo, para acusar a Tripartito y CiU de abocar a los niños a aprender sólo el catalán. Ni rastro de investigación y desarrollo, la "prioridad" de Rajoy.

El propio presidente del PP pronunció unas palabras proféticas ante el supercomputador: "Hay algo muy importante en la vida: para que las cosas salgan bien, alguien tiene que creer en ellas".

(www.publico.es, 08/11/10)

11. CATALUÑA. LA JUEZA ADMITE LA QUERELLA CONTRA GARCÍA ALBIOL, DEL PP

Un juzgado de Badalona admitió a trámite la querella presentada por SOS Racisme y la Federació d'Associaciones Gitanes de Catalunya contra el líder del Partido Popular en la localidad, Xavier García Albiol, por haber repartido el pasado mes de abril folletos que vinculaban inmigración y delincuencia. Ante esta situación, el fiscal especial en delitos de odio y discriminación, Miguel Àngel Aguilar, está obligado a inhibirse a favor del juez y remitirle el resultado de sus investigaciones, dado que así lo establece la ley.

Fuentes judiciales aseguraron a este diario que la jueza que se ha hecho cargo del asunto ha acordado abrir diligencias por un presunto delito de incitación al odio y a la discriminación, aunque, por ahora, no ha citado a declarar al dirigente conservador. El fiscal, por su parte, está a la espera de que el juzgado le notifique la resolución para cesar de forma oficial su investigación, que inició a los pocos días del reparto de los folletos por la denuncia presentada por ICV-EUiA contra García Albiol presuntamente por incitar a la xenofobia a través de los papeles que repartió y, posteriormente, en unas declaraciones efectuadas a medios de comunicación.

El fiscal estaba recabar los últimos datos para decidir si presentaba o no una querella contra García Albiol, aunque, ahora, no hará falta, pues el juzgado de Badalona ha admitido la interpuesta por SOS Racisme y la Federació d'Associacions Gitanes. El dirigente local del PP declaró en la fiscalía el pasado 20 de octubre. En su comparecencia , el político negó que tuviera la intención de lanzar soflamas racistas o xenófobas y que lo único que quería poner de relieve con su actuación son los problemas de convivencia que existen en su localidad. A la salida acusó a ICV y al gobierno tripartito de intentar callarle.

Con el interrogatorio de García Albiol, que el PP convirtió en un acto electoral y de reafirmación de su política sobre inmigración, la investigación del concejal de Badalona por parte de la fiscalía estaba casi ultimada. Lo que se pretende esclarecer es si el dirigente conservador incurrió en un delito de incitación al odio racial con el reparto de los folletos y también en sus declaraciones en las que afirmó que los gitanos rumanos que acuden a la población lo hacen solo para "delinquir".

(www.elperiodico.com , 09/11/10)

12. CATALUÑA. EL PP PROPONE QUE LOS INMIGRANTES VUELVAN A SU PAÍS SI SE QUEDAN EN PARO

Aterrizó Alicia Sánchez-Camacho en el barrio del Fondo de Santa Coloma y allí, ante decenas de personas de todas las razas y procedencias, presentó su contrato de integración, un documento que pretende que firmen todos los extracomunitarios recién llegados a Catalunya y que, entre otras cláusulas, obliga al inmigrante a respetar la convivencia, a integrarse en la cultura y las costumbres autóctonas e, incluso, a retornar "voluntariamente" a su país de origen si se queda un determinado tiempo sin trabajo. La intención de los populares catalanes, según explicó su presidenta, es que ese contrato sea de obligado cumplimiento para todos aquellos que quieran tener un permiso de trabajo y/o de residencia. "Es una medida similar a la que se aplica en otros países europeos, como Bélgica, Holanda y el Reino Unido", precisó la dirigente conservadora.

Se detuvo Sánchez-Camacho a saludar a un ciudadano de rasgos asiáticos y, de sopetón, la rodearon una decena de personas, la mayoría de ellas llegadas a Santa Coloma hace 50 y 60 años, y le recitaron el rosario de problemas de convivencia que tiene el barrio. "Esto no tiene solución". "Hemos pedido ayuda económica, pero los inmigrantes se lo llevan todo y yo, que soy española, no tengo nada". "Se lavan los dedos de los pies en los bancos". "Ellos vienen a hacerse análisis y radiografías y están echando la seguridad social abajo". "Yo soy cubana y puedo decir que no todos los que llegan son malos". "Es que aquí no hay trabajo, no es como cuando yo llegué en el 52, que Catalunya estaba muerta"...

Sánchez-Camacho censuraba los comentarios que vinculaban directamente la inmigración con la delincuencia, pero se sumaba al carro con entusiasmo cuando alguien se quejaba de las subvenciones que reciben los extranjeros. "Sí señora, y si nosotros lo denunciamos, nos critican. ¡Que vengan a los barrios!".

Antes, ante los medios, había afirmado que "la política inmigratoria no puede ser la misma en época de bonanza económica que cuando la crisis golpea, como ahora".

El ciudadano asiático que había recibido el saludo de la candidata hizo mutis discretamente.

(www.elperiodico.com, 11/11/10)

13. GALICIA. JOSÉ LUIS BALTAR RECLAMA SU DERECHO A "PERPETUARSE" EN LA DIPUTACIÓN

Como cada año, los presidentes de las diputaciones gallegas comparecieron en el Parlamento para informar de sus presupuestos para 2011. El de Ourense, José Luis Baltar, lo hizo como "acto voluntario de colaboración", porque él las cuentas, aclaró, sólo las rinde ante el pleno provincial. Tras esa declaración de intenciones, el veterano político ourensano rechazó las acusaciones de la oposición de que elabora sus presupuestos con el objetivo de "perpetuarse en el cargo". No porque esté en contra de tal práctica, sino porque no considera censurable que un político permanezca en el cargo el máximo tiempo posible.

"¿Perpetuarse en el cargo? ¿Qué político no quiere perpetuarse en el cargo? Yo no veo escapar a tantos, aún no he visto a ninguno desaparecer tranquilamente, y eso que llevo en esto desde 1968". Fue la réplica de Baltar a las alusiones a su longevidad política, y toda una declaración de intenciones frente a las esperanzas de la dirección regional del PP, cada vez más escasas, de abordar un relevo en la presidencia de la Diputación de Ourense tras las elecciones municipales de mayo próximo.

Como Baltar "ya sabía a lo que venía" al Parlamento, confesó, no le extrañó que la oposición lo pusiese "a caldo". Pero aun así se esforzó en defender unas cuentas que dedican más de la mitad del presupuesto total de la Diputación a personal y que consagran una deuda que el portavoz del BNG, Alfredo Suárez Canal, tachó de escandalosa. Para empezar, Baltar partió de la base de que el de personal no es un gasto superfluo ni que fomente el amiguismo, como le acusó la socialista Mar Quintas, sino un gasto "social". Admitió que "desde fuera", tanto el pago de nóminas como el gasto corriente "puede parecer muy alto", pero reivindicó las contrataciones de personal frente al sistema de "externalizar" los servicios.

Baltar no le hizo ascos a la acusación de caciquismo. Como hiciera hace exactamente un año ante la misma comisión, pidió a la Xunta que aclare las funciones de las diputaciones. En aquella ocasión lo hizo "para no tener que caciquear". usó otra fórmula: "Para que se acabe lo que ustedes dicen que se hace". Y se explayó con una reflexión sobre una condición de la que PSdeG y Bloque le consideran paradigma: "Yo nunca me tildé de cacique, pero sigo diciendo que estoy al servicio de los ciudadanos. Si eso es caciquismo, lo será, pero nunca me levanto pensando cómo voy a fastidiar a un ciudadano, sino cómo lo puedo ayudar". El popular Antonio Rodríguez Miranda, enfrentado en los últimos tiempos con la familia Baltar, hizo méritos para la reconciliación: "De los cuatro presidentes provinciales, usted ha sido el más ejemplar, claro y transparente en su exposición".

La ronda de comparecencias de presidentes de diputaciones dejó un duro enfrentamiento entre el titular de la de Pontevedra, Rafael Louzán, y el diputado del PSdeG Modesto Pose, quien acusó al también líder del PP provincial de "amparar la corrupción" y de tener "una actitud mafiosa". El socialista le atribuyó asimismo un "trabajo persistente, de noche y con alevosía" en las mociones de censura, para que personas "en situación de debilidad" de un partido político "caigan" y faciliten cambios de gobiernos municipales que "alteran la democracia".

"Vamos a tope en endeudamiento, transfuguismo y discriminación de ayuntamientos que no son de mi color", continuó Pose, en referencia a la justificación de Louzán de "no dar abasto" para negar información que le pide la oposición provincial. Para encuadrar a Louzán, Modesto Pose encontró una nueva categoría en los sectores tradicionales del PP, ya que no lo ve con boina, "y desde luego mucho menos con birrete". "Usted ha creado un nuevo biotipo, que es el del bolsillo, el interés y el maletín". Dicho todo esto, el diputado del PSdeG pidió después la palabra para retirar cualquier palabra o expresión "que pueda resultar ofensiva".

Louzán ni se inmutó. "Estoy acostumbrado a sus barbaridades", se limitó a replicar, aunque no dejó de reivindicar el derecho del PP a promover mociones de censuras e incluir después a tránsfugas en sus listas, una vez que lo va a hacer el PSOE en Benidorm. Como también el PSdeG llegó a la Xunta en 1987 tras una moción de censura, el presidente de la Diputación concluyó que el transfuguismo "está en la esencia" del socialismo. Louzán descartó aplicar en los ayuntamientos gallegos el pacto antitransfuguismo, "porque se firmó en Madrid, no en Galicia".

(www.elpais.com , 09/11/10)

14. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA OCULTA AL BNG EXPEDIENTES

"No damos abasto", se disculpó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para justificar la falta de respuesta a las peticiones de documentación sobre diversos expedientes formuladas por el diputado del BNG Gabriel Martínez. "Es que usted tiene mucho tiempo libre y de lo que pidió, oye, le vamos dando mucha documentación, se la vamos dando, pero no damos abasto", afirmó en el pleno del 24 de septiembre, según consta en el acta.

Desde junio de 2008, el diputado nacionalista ha solicitado que se le facilite acceso y copia de un total de 13 expedientes. Todas estas solicitudes, como reitera Martínez en un escrito del pasado 15 de octubre, están pendientes de contestación.

Las solicitudes se refieren a la relación de personal contratado por la Diputación en 2008 y 2009, así como por el organismo de recaudación en 2009 y el que trabaja en la sede de Vigo; la relación de la institución con el aparcamiento de Montero Ríos, en Pontevedra; la relación de ingenieros que tienen autorizada la compatibilidad con actividades privadas; el expediente de la carretera Cangas-Coiro; las facturas de un convenio de normalización lingüística; la facturación de la empresa Darzal; varios expedientes de obras del Plan de Investimentos (PID) y, por último, relación de contratados por la Diputación que trabajan en el Ayuntamiento de O Covelo.

Solo dos de esos asuntos podrían tener relación con noticias publicadas por EL PAÍS, pese a lo cual y a que la Diputación no respondió a Martínez ni a este periódico en los términos requeridos, Louzán le dice al diputado que "le tienen que dar un buen sobresueldo para ser corresponsal [de este diario]". "Pero ya le digo", añade en otro momento, "transcriba bien la información y, si no, que le hagan un curso para que de alguna manera la información sea veraz, porque mentir no vale de nada, después se coge antes a un mentiroso que a un cojo, se dice, ¿no?".

Previamente, Louzán, para disculpar sus demoras, recuerda a Martínez que "usted pertenece a un partido político que aún estamos esperando hoy, suerte que se marcharon, en el Parlamento de Galicia echamos cuatro años para que nos dieran alguna documentación, y hubo que ir al notario incluso para que nos la dieran, y aun así no nos la dieron, y allí no hay tanto trabajo como en la Diputación".

(www.elpais.com, 07/11/10)

15. ANDALUCÍA. EL PP FICHA A ALCALDES EN LA AXARQUÍA PARA GANAR LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Sostiene el presidente provincial del PP en Málaga, Elías Bendodo, que su partido "está abierto absolutamente a todos los que quieran formar parte de él sin ningún tipo de restricción ni limitación". Y si las incorporaciones pueden venir acompañadas de un puñado de votos que sumen para el objetivo que el propio Bendodo ha marcado como "prioritario" de conseguir el gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, pues bienvenidas sean.

La presidencia del organismo supramunicipal malagueño, que ya tuvo el PP entre 1995 y 1999 y a la que es presumible que aspire el propio Bendodo, es la clave que explica la carrera de fichajes emprendida por la formación en la comarca de La Axarquía. De momento, el PP ya ha incorporado como cabeza de cartel electoral a los actuales alcaldes de Benamocarra, Abdeslam Lucena; y de Benamargosa, José Gallego, ambos procedentes del PA, que ya ha replicado que denunciará estos casos ante la comisión parlamentaria que sigue el Pacto Antitransfuguismo para que sean declarados tránsfugas.

En el caso de Benamocarra, el presidente del PP, se jacta de haber fichado a "uno de los alcaldes más votados de Málaga, sino el que más". Abdeslam Lucena y los otros ocho concejales andalucistas han anunciado que mantendrán las siglas del PA hasta que concluya el mandado, aunque ya se ha hecho oficial que irán en la lista del PP. Y eso, según los populares, distingue claramente la situación de lo ocurrido en Ronda, donde sí consideran un caso de transfuguismo el pase del alcalde, Antonio Marín Lara y de otros concejales del PA al PSOE en pleno mandado.

En Benamargosa, el PP defiende que lo que hace es recuperar a alguien que ya fue concejal con sus siglas, y que no le importa que esté imputado por un presunto delito urbanístico "porque creemos en la presunción de inocencia". Gallego insiste en que tanto él como los otros cuatro ediles que ingresan en el PP no tienen militancia en el PA, pero ha destituido como concejal de Turismo y Fiestas a Ana María Fortes, que se ha negado a irse a PP.

De la prioridad que la comarca más oriental de Málaga tiene en la agenda del PP da idea la elaboración de un programa político específico, algo que no ha hecho en otras, Nueva Axarquía, que reivindica a las administraciones más inversiones en un territorio que se enfrenta a tensiones urbanísticas con más de 10.000 viviendas ilegales y numerosos procesos judiciales contra alcaldes. El PP andaluz inició el curso político con un acto en Torrox y desde entonces Mariano Rajoy, ha visitado dos veces la zona.

Y es que si la Diputación de Málaga cambia o no de color político tras las municipales de mayo de 2011, puede determinarse en La Axarquía. El PP fue el partido más votado en la provincia en 2007, pero por el reparto territorial del voto sumó 14 representantes, por 15 el PSOE, que gobierna con los dos diputados de IU.

Las cuentas del PP pasan por conseguir el diputado de más que gana por evolución de población el partido judicial de Marbella, dada su fortaleza electoral en la Costa del Sol. Este diputado se pierde en la comarca de Málaga, donde en la asignación de escaños por la Ley D? Hont, el último de los 17 elegidos hace cuatro años fue para el PSOE.

Así las cosas, La Axarquía parece escenario de la batalla decisiva. A este partido judicial corresponden tres diputados provinciales. El PSOE tiene dos y uno el PP, pero la diferencia de votos entre uno y otro apenas superó los 3.000 (23.268 frente a 20.214). Los dos alcaldes fichados ahora por el PP sumaron 1.974 votos, por ejemplo. Es ciencia ficción, pero va a centrar la estrategia política hasta mayo.

(www.elpais.com, 07/11/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

La austeridad se convirtió en el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007 a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma. Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.

En su denuncia, la parlamentaria Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.

Que la adjudicación a MQM está siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito, Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían prescrito.

El Imade no es el único organismo bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo, Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró pérdidas por 13,1 millones de en 2009.

En los últimos cuatro años, Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008 (6,2 millones).

Ese informe de fiscalización sobre el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000 euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000 euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos, y no más, que MQM.

El mismo día en que MQM obtuvo ese sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa. Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso Matas.

(www.publico.es, 12/11/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS SOBRE SU FINANCIACIÓN

El PP de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, está preocupado por una acusación de supuesta financiación irregular a través de una fundación vinculada al partido, Fundescam. Esta entidad del PP está siendo investigada por la fiscalía, aunque algunos de los supuestos delitos ya han prescrito por ser anteriores a 2004.

Los populares han adoptado la máxima futbolística que establece que la mejor defensa es un buen ataque. Por eso, el secretario general del PP regional, Francisco Granados, acudió al Tribunal de Cuentas para denunciar otro posible caso de financiación irregular del PSM. Los populares sostienen que la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, vinculada a los socialistas, recibió en 2007 y 2008 una cantidad de dinero de Caja Madrid superior al límite establecido en la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de Partidos. La entidad ligada a los socialistas percibió más de 400.000 euros cada año, más de los 150.000 euros fijados en la citada ley.

Una de las disposiciones de esta norma estatal fija el tope máximo de las donaciones privadas en 150.000 euros para las fundaciones vinculadas a partidos políticos. "No son donaciones privadas. En Caja Madrid están representados todos los partidos políticos. Además, ni siquiera es una donación. Es un convenio de colaboración entre la entidad y Caja Madrid como el que tienen otras fundaciones del PP", sostiene Rosa Alcalá, responsable de Administración del PSM. Los socialistas interpretan que Caja Madrid no es una entidad privada. En cualquier caso, sería una irregularidad contable y no financiación irregular.

Por su parte, el secretario general del PP aseguró que "la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades ha podido cometer un presunto fraude de ley, intentando ocultar una donación fraudulenta a través de un supuesto convenio de colaboración".

Lo cierto es que, en 2007, esta fundación relacionada con el PSM recibió de Caja Madrid 418.754 euros. La fundación obtuvo la misma cantidad al año siguiente, cuando ya entró en vigor la norma sobre financiación de partidos. Por su parte, FAES, la fundación ligada al PP nacional, recibió en 2007 461.790 euros; al año siguiente percibió solo 150.000 euros. "Caja Madrid reparte el dinero entre las fundaciones en función de la representación que tienen los partidos", explican fuentes socialistas. Además, la denuncia presentada por el secretario general del Partido Popular ante el Tribunal de Cuentas afecta a las cuentas de 2007 y 2008, cuando en la contabilidad de 2007 aún no eran de aplicación los límites de la Ley de Financiación de Partidos. Aun así, Granados dijo tras presentar la denuncia: "Tanto en el año 2007 como en el 2008, el PSM, a través de esa fundación, ha recibido cantidades muy por encima del tope máximo establecido".

El PP ha repartido las cantidades en varias fundaciones para poder eludir el requisito legal. Así las entidades ligadas a los populares reciben más dinero que las vinculadas a los socialistas. "No han sido capaces ni de cambiar, aunque hubiera sido para perder, algún euro y poder camuflar, lo que en nuestra opinión es además de una financiación ilegal un fraude de ley", señaló de forma reveladora.

Además, de la denuncia presentada por Francisco Granados, número tres del Gobierno regional, se desprende que Caja Madrid, controlada por el PP, pagó dinero para financiar supuestamente de forma ilegal al PSM.

Rosa Alcalá, del PSM, fue la encargada de desmontar los argumentos jurídicos del PP. La diputada socialista descartó rotundamente que exista financiación ilegal en el PSM. "El ridículo que hoy está haciendo el consejero de Presidencia es una estrategia del PP sin fundamento que únicamente pretende poner bajo sospecha a todos, para que los ciudadanos crean que somos todos iguales. La misma estrategia que siempre utiliza el Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción", señaló en un comunicado la dirigente del PSM.

(www.elpais.com , 09/11/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. UGT Y CCOO ACUSAN A LA PRESIDENTA DE LIQUIDAR A LOS LIBERADOS

Desaparición de los sindicalistas dedicados a tiempo completo al derecho de representación en la Comunidad de Madrid. Según UGT y CCOO, esa es la propuesta final del Gobierno regional de Esperanza Aguirre en lo que a los recortes de los liberados sindicales se refiere, plasmada en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011.

El texto, aprobado este jueves, establece que los liberados sindicales de la comunidad madrileña sean los que marca la normativa vigente en aplicación del Estatuto de la Función Pública y de la Ley de Libertad Sindical.

Fernando Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, lamentó que, en el caso de que la propuesta del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se llevara a cabo "hasta sus últimas consecuencias", significaría "el final de más de dos décadas de negociación colectiva" entre los sindicatos y la administración de la Comunidad de Madrid.

La aplicación de la normativa vigente supondría no tener en cuenta los derechos adquiridos durante la negociación colectiva con los gobiernos regionales, también con el de Aguirre. Uno de esos derechos es la posibilidad de ejercer la militancia a tiempo completo. En esta situación se encuentran actualmente un millar de delegados, según las centrales sindicales, y más de 3.000, a juicio de la Administración.

El dirigente de CCOO Javier Díaz explicó que lo único que reconoce Aguirre es "un crédito para ejercer el derecho de representación, que oscila entre las 15 y las 40 horas en función del número de trabajadores de la empresa", como establece la ley. Actualmente, los convenios reconocían a los delegados 75 horas.

"Si la comunidad tiene X número de funcionarios y personal para prestar los servicios de sanidad, educación, transporte y servicios sociales, no estamos en disposición de que 3.000 no vengan a trabajar", defendió hoy Aguirre. Además, anunció la creación de un registro de delegados sindicales en la región. Desde el Ejecutivo autonómico se mantienen "abiertos a la negociación" con los sindicatos.

(www.publico.es, 12/11/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGENTES PRESIONADOS PARA MULTAR

Comisiones Obreras ha denunciado que los agentes de movilidad están siendo presionados para multar a los conductores con el fin de aumentar la recaudación municipal. "El Ayuntamiento tenía una previsión de ingresos y no lo están consiguiendo cumplir y ahora quieren que lo arreglemos con multas por doquier", señala José Luis Pérez, representante de CCOO en el sector de Seguridad y Movilidad.

El propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó con rotundidad que "no es cierto" que el Gobierno municipal esté presionando a los agentes de movilidad.

Según la denuncia de CCOO, "se obliga a los agentes, uno a uno, a entrar en los despachos donde se encuentran varias personas para amedrentar a los trabajadores con el mensaje de que tienen que aumentar su productividad, es decir, incrementar el número de multas. Para el sindicato, se trata de "una vuelta de tuerca más" de la Dirección de Movilidad.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se indica que la denuncia de CCOO es "un intento de justificación para tratar de eximir su responsabilidad por haberse caído el sindicato del acuerdo alcanzado en materia salarial entre el Ayuntamiento y otras fuerzas sindicales". CCOO se desligó del convenio laboral de los trabajadores del Ayuntamiento tras firmarlo el Consistorio con UGT y CSIT.

"Las reivindicaciones salariales de CCOO no tienen además sentido", añadieron las fuentes del Ayuntamiento. "Es un colectivo joven de 700 personas del cual ha ascendido el 10% de la plantilla. Y además trabajan sólo siete horas diarias y tres meses del año y la semana de San Isidro sólo tienen una jornada laboral de seis horas. Asimismo ganan entre 24.000 y 30.000 euros más la productividad y gozan de un mes de vacaciones al año, más ocho días moscosos y dos puentes", reiteraron.

A juicio de CCOO, el colectivo de los agentes de movilidad es uno de los peor tratados por el Ayuntamiento. "Cuando se creó este colectivo se hizo para sustituir en tareas de tráfico a 1.300 agentes de Policía Municipal.

"En teoría deberíamos ser 1.300 agentes de movilidad pero un total de 600 se han marchado del Cuerpo porque no aguantan más", dice Pérez. "Es inaudito que en tan poco tiempo tanta gente renuncie y mismo hubo varias asambleas en las que algunos agentes propusieron abandonar el servicio. Hay un ambiente muy hostil en el Cuerpo, un gran nivel de absentismo y además un gran desencanto porque aquí nadie puede promocionar si no es por ser el pelota de los jefes", señala.

"Cuando queráis os muestro la nómina de un agente de movilidad. Sólo muy pocos ganan 30.000 euros al año y son aquellos que han promocionado tras pasar por una entrevista personal", agregaron. "No estamos reconocidos como carrera profesional, se incumple la evaluación de riesgos laborales y la productividad no existe y consiste en hacer horas extras los sábados y domingos", añadió el sindicato. "Que nos digan en qué consiste la productividad, en qué parámetros esta basada. Aquí lo que ocurre es que el agente que pone muchas multas no pasa frío ni calor y no está en la calle todo el día".

Según CCOO, próximamente se pueden convocar movilizaciones y paros, en lo que podría ser una campaña navideña "caliente".

Por su parte, un portavoz municipal aseguró a Europa Press que a los agentes de movilidad "se les exige que cumplan sus funciones de manera adecuada, como exige la gestión del tráfico en la ciudad de Madrid" y que "no hay ninguna presión ajena a que los agentes realicen su función ordinaria de regulación del tráfico y seguridad vial".

(www.elmundo.es, 12/11/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE ALCOBENDAS, IMPUTADO POR TRES DELITOS

El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes), Ignacio García de Vinuesa (PP), deberá declarar como imputado el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, que ha admitido a trámite una querella del PSM de este municipio que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez ha visto indicios de delito en la recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.

Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.

La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.

El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo. Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.

Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.

La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.

La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.

La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".

El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.

(www.elpais.com , 09/11/10)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AGENCIA TRIBUTARIA CONFIRMA EL PAGO DE TRAJES DE LA RED GÜRTEL A FRANCISCO CAMPS

Un informe pericial de la Agencia Tributaria, que ha analizado toda la documentación del sumario del caso Gurtel en lo referido al supuesto cohecho impropio cometido por Francisco Camps, señala que los recibos correspondientes a los trajes vendidos por la tienda Forever Young fueron pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de trasferencias bancarias de cuentas correspondiente a varias empresas de la trama corrupta. "Se puede concluir razonablemente han sido pagados mediante la trasferencia de la entidad Diseño Asimétrico por 9.497 euros".

Esta circunstancia confirma todas las pruebas recabadas sobre el supuesto cohecho impropio en el que incurrió el presidente valenciano al aceptar regalos en forma de trajes de las empresas de Francisco Correa, a las que el Gobierno valenciano adjudicó sin contrato decenas de contratos. Tras constatar este extremo, el informe de la Agencia Tributaria concluye en su último punto: "Por lo que respecta a los posibles pagos en efectivo satisfechos por los imputados a las entidades Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, no hay constancia de ingresos en efectivo en las cuentas de tesorería de las mismas que permita identificar a las personas imputadas".

Tanto Camps, que asegura que se pagó los trajes con dinero en efectivo en las propias tiendas -de lo que no existe constancia ni documental ni testifical pues ningún empleado lo avala- como el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, como el ex vicepresidente, Victor Campos, aseguraron que habían pagado los trajes en efectivo a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. La Agencia Tributaria no ha encontrado nada que lo justifique así.

(www.elpais.com, 12/11/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INSISTE EN SU POLÍTICA DE OPACIDAD SOBRE LA CORRUPCIÓN

Preguntar por los presuntos casos de corrupción que debilitan la economía valenciana es, según Francisco Camps, un acto de deslealtad institucional. Es la idea que transmite jueves tras jueves en la sesión de control en las Corts valencianas.

Para el Molt Honorable, una opinión es un insulto; una crítica, una traición. Bajo ese principio, el Gobierno valenciano niega sistemáticamente a la oposición todo tipo de documentos relacionados con las tramas corruptas que, de sur a norte, vertebran el territorio valenciano: Brugal en Alicante, Gürtel en Valencia y el caso Fabra en Castellón.

Se trata de tres poderosos ejemplos de opacidad, pero no los únicos. , el grupo Compromís inquirió a Camps por el convenio que firmó en diciembre de 2005 con el Instiuto Nóos (en aquel entonces, en manos de Iñaki Urdangarín, yerno de Juan Carlos de Borbón) para promocionar la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos de 2010, competición que jamás llegó a celebrarse. El acuerdo se cerró por tres millones, de los que ya se habría abonado 382.000 euros.

"¿Qué actividades ha realizado Nóos? ¿Dónde están las facturas?", preguntó Enric Morera, portavoz de Compromís, quien amenazó con acudir a los juzgados si la Generalitat no muestra las cuentas. "Todo está debidamente documentado y fiscalizado", objetó Francisco Camps sin aportar ni un dato. La respuesta encendió a la diputada Mireia Mollá: "No quiere admitir que le han timado. Sería aceptar que es un presidente nefasto y que cualquier tramposo le llamaba, le regalaba palabras bonitas y le robaba nuestro dinero", espetó Mollá.

El Instituto Nóos también cobró del Gobierno Valenciano 2,4 millones por organizar en 2005 y 2006 el Valencia Sunnit, congreso que analizó el impacto económico de grandes acontecimientos deportivos. Nóos está bajo el foco del juez instructor del caso Palma Arena, que investiga el supuesto incremento irregular del ex presidente de Balears, Jaume Matas, quien pagó a este instituto 1,2 millones de euros por la organización de otro foro sobre deporte y turismo.

El de Camps con los diputados de Compromís no fue el único duelo que se vivió en la jornada de en las Corts. El Molt Honorable la emprendió con Ángel Luna, el portavoz socialista, cuando este le preguntó por el caso Brugal y la supuesta implicación de consellers y familiares de consellers en la adjudicación a dedo de contratos públicos. "Si no existiera, habría que inventarlo", le arreó el president con desprecio. "Afortunadamente, se le adelantaron mis padres", contestó Luna, auténtica migraña política para Camps, quien cada jueves vive los reproches de la oposición como un vía crucis.

"Si la Comunidad Valenciana fuera un Estado, en materia de política internacional se estaría debatiendo si somos un Estado fallido, ya que existe una corrupción extrema, hay una opacidad absoluta y existen poderes al margen de las instituciones", criticó Luna en referencia a la Gürtel y las acusaciones de soborno, fraude electoral y delito fiscal que irrigan al propio Camps y a la cúpula de su Gobierno.

"Los empresarios, en privado, dicen que no les gustan estas prácticas, pero que es el sistema y el que no pasa por ahí no puede hacer negocios con las administraciones públicas", prosiguió Luna, quien censuró la intenciones de la Generalitat Valenciana de instalar un parque temático sobre Ferrari. "Eso es economía de la corrupción. Una estrategia basada en gastar mucho dinero público. Dinero opaco y sin control como en la Ciudad de la Artes y las Ciencias".

La intervención del portavoz socialista alteró a Camps y puso en pie todos sus estados de ánimo. Primero, el del enojo: "esto sería algo así como ensalada de insultos, escena número 48". Acto seguido, el tremendismo mesiánico: "esa fosa séptica en la que ha ubicado las siglas del PSOE en la comunidad, que tardarán mucho tiempo en sacarlas de ahí". Y, como colofón, un lirismo de matices simbolistas: "La fase de la luna toca a su fin. Estamos en cuarto menguante. Dentro de nada desaparecerá y volverá a brillar el sol".

(www.publico.es, 12/11/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EMARSA PAGÓ 4,5 MILLONES EN MATERIAL INFORMÁTICO Y SÓLO TENÍA 30 ORDENADORES

La depuradora de Pinedo era un pozo sin fondo. La empresa pública Emarsa, que la gestionaba y que ha sido disuelta al tiempo que la investigan la fiscalía y el Tribunal de Cuentas, revela cada día una irregularidad más llamativa que la anterior. El pasado día 5 de octubre, por ejemplo, responsables de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), el organismo público propietario de la depuradora controlado por el PP, levantaban acta de comprobación de las facturas presentadas por dos empresas informáticas, las mercantiles Microprocesadores Valencia, SL, y Sofitec Informática, SL, propiedad ambas de Sebastián García Martínez, adjudicatario del mantenimiento informático de Emarsa.

Ambas empresas exigían el pago de facturas por valor de 421.541 euros por unos suministros de material que tasadores independientes valoraron en 30.000 euros. El propio García Martínez reconocía que podía haber cosas facturadas por error, y lo atribuía a la administrativa de su empresa, "que confunde los conceptos". Minutos antes, el que fuera gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, un hombre del PP de Valencia que fue alcalde pedáneo de Benimàmet con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ausentaba de la reunión con el argumento de que "no comprobaba la efectiva existencia de los suministros que figuran en las facturas" y que firmaba las facturas si venían conformadas por otros departamentos. Cuesta consideraba innecesaria, por tanto, su presencia en la visita de inspección.

Lo curioso es que Cuesta tenía firma única para disponer de los fondos de la empresa pública. Una empresa que a lo largo de siete años pagó 4,5 millones de euros a Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática cuando Emarsa, como comprobaron los inspectores, disponía sólo de 30 ordenadores. Más curioso resulta que dos empresas de la hermana de García Martínez facturaran otros 4,4 millones en mantenimiento. Una de ellas, que jamás trabajó para Emarsa, facturó 850.000 euros.La revisión de las irregularidades en las cuentas de Emarsa que han hecho los socialistas revela que la empresa Construcciones Rocafort, propiedad de María Paz García Martínez, facturó de 2005 a 2010 un total de 3,4 millones de euros. Otra empresa de la misma propietaria, Mantenimientos Valmasmark, SL, empezó a facturar en 2008 a la sociedad que gestionaba la depuradora de Pinedo y en 2010 la cantidad ya asciende a 846.614 euros. Tal cantidad no obedece a trabajo ejecutados.

Como recoge el acta de una reunión de inspección celebrada el 28 de septiembre para comprobar facturas por valor de 281.464 euros que Valmasmark pretendía cobrar, y a la que no asistió representante alguno de la mencionada empresa, el jefe de mantenimiento de Emarsa aseguró que "no conoce a la citada empresa y que nunca ha visto ninguna de las facturas que se le exhiben". El responsable de mantenimiento manifestó "de forma fehaciente que los trabajos no se pueden comprobar, puesto que nunca han sido realizados", y añadió que nunca ha visto a nadie de Valmasmark en Emarsa.

Algo parecido ocurrió ese mismo día con facturas de Construcciones Rocafort por importe de 413.437 euros. Tampoco compareció representante alguno de la empresa y el jefe de mantenimiento de Emarsa, Juan José Sánchez Gallach, manifestó que no había visto "ninguna de las facturas correspondientes a ninguna de las obras", que incluían materiales y trabajos de pintura, entre otras cosas. Añadió que "cuando había que hacer una reparación, Emarsa ponía los materiales y los medios mecánicos y Construcciones Rocafort sólo proveía la mano de obra de un oficial y un peón".

Así las cosas, según las cuentas del grupo socialista en el EMSHI, la empresa pública Emarsa, que presidía el alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, habría pagado a las sociedades de los hermanos García Martínez cerca de 9 millones de euros, en algunos casos por trabajos no ejecutados y en otros por facturas que superan con mucho los materiales aportados. El PSPV-PSOE destaca que 85 de los 179 votos de la asamblea del EMSHI coresponden al Ayuntamiento de Valencia y que Crespo y Cuesta, cuya gestión denuncian, ocupaban la presidencia y la gerencia de Emarsa.

mismo, Enrique Crespo acusó al PSPV en un comunicado de no tener "vergüenza política" por sus denuncias públicas y señaló que el socialista Ramón Marí, como vicepresidente primero de Emarsa, es responsable "de las decisiones tomadas y ratificadas por el consejo de administración, en el que están representados todos los grupos". Según Crespo, ha sido el EMSHI el que ha decidido la liquidación de Emarsa y la investigación interna, así como trasladar toda la información a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas.

Los socialistas, sin embargo, recuerdan que Ramón Marí y sus representantes "llevan años denunciando irregularidades y votando en contra de las cuentas anuales". También señalan que fue iniciativa suya pedir la intervención de la Fiscalía de Valencia.

(www.elpais.com, 07/11/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA BRUGAL FACTURA A CALP EL TRIPLE DE BASURA QUE UNA CIUDAD SIMILAR

Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S. L., la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998.

Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario.

El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.
Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.

(www.levante-emv.com, 08/11/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 DEBE 20 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL

La deuda de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con las empresas del sector audiovisual valenciano no deja de crecer. Una de las federaciones que agrupa a buena parte de ellas, EAVF (Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas), ha denunciado hoy que la deuda con el sector por parte la principal operadora del sector audiovisual, RTVV, es ya de 20 millones de euros. Y lo peor es que no existe un plan estratégico desde la televisión pública valenciana orientado a reactivar el sector.

En un comunicado, esta federación considera que la situación ha "tocado fondo" y que la fórmula practicada hasta ahora por el canal autonómico está "agotada".

Nacho Varela, presidente de EAVF, critica abiertamente la actuación de RTVV. Según él, la consecuencia directa de la política del ente público valenciano ha sido "ahogar" financieramente a las empresas. De hecho, la situación es tan dramática que, según Varela, "se espera el cierre inminente de muchas de las operadoras del sector, cientos de profesionales van a ir al paro".

Su petición ha sido clara: "Es urgente que el presidente de la Generalitat tome cartas en el asunto, escuche al sector y reconvierta la actual televisión pública valenciana en un verdadero motor de empleo". La petición de Varela choca con la perpectiva de RTVV, que tendrá para el próximo año uno de los presupuestos más bajos, 183 millones de euros, una cifra de hace más de 12 años, y que está primando la producción propia y barata. Eso sí, el gasto multimillonario en los derechos de retrasmisiones deportivas no va a sufrir mermas. Precisamente, esa es una de las críticas de Varela. Según la patronal, los resultados de audiencia no justifican tal inversión y eso impide "la contratación de compañías locales".

(www.elpais.com , 09/11/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EX ALCALDE DE CALP DEJA SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DEL PP POR EL 'CASO BRUGAL'

El ex alcalde de Calp (Alicante) y actual concejal del PP Javier Morató ha puesto sus competencias a disposición del alcalde, Ximo Tur, del Bloc, por las revelaciones del caso Brugal. Morató también pone su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque considera que es víctima de "un linchamiento mediático" y defiende su "honorabilidad".

En un comunicado, Morató destaca que no está imputado "y ni tan siquiera" ha sido citado "a ninguna declaración previa" en la investigación de la trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Según el también presidente local del PP, le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su nombre vinculado a supuestas irregularidades en la concesión de una planta de residuos en Calp y por la presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha instalación, todo ello en posible connivencia con uno de los principales investigados en la operación, el empresario oriolano Ángel Fenoll.

Tras divulgarse esta información, el alcalde pidió a los ediles del PP mencionados que dejaran sus competencias. Morató le replicó entonces que no pensaba hacerlo y recordó a Tur que gobierna gracias al apoyo del PP. En cambio, otro concejal del PP, Pedro Jaime Fernández, dejó la militancia del PP sin abandonar el consistorio por la supuesta implicación de sus compañeros de partido en el caso Brugal. Ahora, Morató pide al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias.

La presunta relación de varios políticos del PP de Calp con la trama Brugal surge de las grabaciones realizadas por Ángel Fenoll, uno de los principales implicados en la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Las grabaciones, intervenidas por la Policía, apuntan a supuestas irregularidades en la adjudicación de la planta de basura de la localidad. La Policía sospecha, además, que pudo haber manipulación del pesaje de los residuos llegados a la planta y, en consecuencia, en la factura del servicio. La investigación considera que estarían relacionadas con estos hechos los concejales del PP Juan Roselló, Fernando Penella y Javier Morató.

Morato, en cambio, dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor", en referencia a Fenoll, con el que dice haber coincidido solo tres veces. "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor, ni de él ni de nadie", añade.

No obstante, hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha acordado investigar las facturas sobre el pesaje de los residuos sólidos urbanos remitidas al consistorio por la mercantil Colsur, adjudicataria del servicio y vinculada a Fenoll. El gobierno local pedirá al técnico responsable del servicio de recogida de residuos sólidos un informe exhaustivo y que se investigue a todas las partes implicadas en el proceso de pesaje de las basuras -pesadores, controladores y conductores, entre otros- desde la fecha en que sea posible técnicamente obtener datos fiables, según fuentes municipales.

(www.elpais.com , 09/11/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. CRESPO (PP) SE QUERELLA POR MALVERSACIÓN Y ESTAFA EN EMARSA CONTRA UN DELFÍN DE BARBERÁ

El presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises por el Partido Popular, Enrique Crespo, se ha querellado finalmente por "estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos" contra varios proveedores y dos administradores de la depuradora de Pinedo entre los que se encuentra Esteban Cuesta, uno de los hombres fuertes de Rita Barberá en la ciudad de Valencia, donde fue ratificado en mayo presidente del distrito de Pedanías Oeste.

Según la querella presentada en el juzgado de instrucción número 1 de Valencia por el Emshi, "liquidador único" de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, existen "muy notables diferencias" entre los conceptos facturados por los proveedores querellados y los materiales existentes o "directamente ausentes en algunos casos" de la instalación.

Además, los querellantes constatan la "reiteración de las irregularidades en sucesivas facturas", la "coincidencias" en las personas" que tienen la representación legal de las mercantiles implicadas -incluso el posible vínculo de familiaridad al coincidir ambos apellidos (García Martínez)- "la ausencia de justificación aceptable a tales anomalías, así como la importancia de las cantidades económicas afectadas".

Los hechos, dice la querella, sin prejuicio de ulteriores calificaciones, "podrían ser constitutivos de presunto delito de estafa continuada y, en su caso, de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de delito societario por administración desleal". La querella va dirigida contra el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta; contra su director económico financiero, Enrique Arnal Llorens; contra Victor Manuel García Martínez como responsable de Sofitec Informática; Maria Paz García Martínez por Mantenimiento Valmasmark y Construcciones y Reformas Rocafort; y contra Sebastián García Martínez, representante de Microprocesadores Valencia y Sofitec informática. El Emshi pide al juzgado que imponga fianzas millonarias que alcanzan la cifra de 1.095.757 euros en el caso del ex alcalde pedáneo de Benimamet por el PP, Esteban Cuesta, y del director económico financiero de Emarsa Enrique Arnal Llorens.

Respecto a los proveedores, las fianzas solicitadas van desde los 694.932 euros que se exigen "en garantía" a Mª Paz García Martínez, pasando por los 400.824 euros a Sebastian García Martínez hasta los 200.503 euros exigidos a Víctor Manuel García Martínez. Además del interrogatorio de todos los querellados, el Emshi solicita la testifical de su presidente, Enrique Crespo y de los vicepresidentes primero y segundo de Emarsa, Ramón Marí (PSOE) y Manuel

(www.levante-emv.com, 12/11/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. TERRA MÍTICA PIERDE 16 MILLONES EN EL ÚLTIMO AÑO DE TUTELA DE CONSELL

Terra Mítica cerró el pasado 12 de octubre sus puertas con unas pérdidas "como las del año pasado", es decir, de unos 16 millones de euros, según fuentes de la actual dirección y del consejo de administración de la sociedad, a falta de cerrar el balance y auditar las cuentas. El parque temático de Benidorm fue gestionado hasta el 31 de julio por la anterior dirección y desde el 1 de agosto por Aqualandia-Mundomar en régimen de concesión. No obstante, la totalidad de la deuda de este año se generó entre marzo y julio y corresponde a la gestión guiada por el Consell, que en los tres últimos ejercicios ha incrementado en casi 50 millones de euros la deuda del parque.

El número de visitantes ha caído en 2010 más de un 20%. De los 676.000 de 2009 se ha pasado a 533.000 en este ejercicio, si bien el parque adelantó dos meses el cierre de puertas, previsto para diciembre. En el futuro, los nuevos gestores planean tener beneficios operativos desde el primer año con 800.000 visitantes y pretenden que en 2012 vuelvan a entrar un millón de personas en Terra Mítica. A partir de entonces, abrirá todo el año con nuevos accesos y una mayor oferta temática tras invertir otros 10 millones.

Terra Mítica está ahora patas arriba. trabajaban 60 personas, que llegarán a ser 120, en cambiarle la cara y hacer el parque más atractivo, para lo que se invertirán cinco millones de euros antes de volver a abrir en abril de 2011. Hasta 12 millones de toneladas de tierra vegetal están esparcidas para repoblar de vegetación las instalaciones. Y ha sido perforado un pozo que cubrirá las necesidades hídricas del riego y las atracciones. Terra Mítica pagaba 800.000 euros por el consumo de agua cada año. El propietario de Aqualandia-Mundomar, George Santamaría, comentaba a pie de las obras que "el cliente que venga visitará un parque nuevo, aunque ya haya estado aquí".

No habrá más novedades el primer año que nuevas cascadas de agua, mucha más vegetación y la puesta a punto y optimización de la gestión de las atracciones. "Aquí había palmeras plantadas encima de arena que podías tumbar de una patada", comentaba un operario de jardinería para evidenciar el descontrol que hubo en el diseño del parque y el abandono posterior.

Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, empresa de la que el Consell, Bancaja y la CAM controlan el 70%, celebró el pasado 29 de octubre una asamblea de accionistas en la que acordaron modificar sus estatutos para reducir el número de miembros de su consejo de administración y eliminar el derecho de compra preferente de las acciones de sus socios para allanar el camino de su venta. El núcleo duro que ha quedado al frente de la empresa se encargará del tránsito hacia el cambio de titularidad, que con toda probabilidad se producirá en 2011.

Aqualandia-Mundomar se hizo cargo de la gestión de Terra Mítica el 1 de agosto por un canon anual de 1,8 millones de euros, más un porcentaje de los beneficios operativos de cada ejercicio con una opción de compra cifrada en 75 millones de euros. El canon cubre casi exactamente los intereses que el parque debe pagar anualmente de los créditos vivos que mantiene y el abono de la opción de compra servirá para liquidarlos, ya que la deuda acumulada supera los 65 millones.

(www.elpais.com, 12/11/10)

29. CASTILLA Y LEON. EL PRESIDENTE DEL PP DE SALAMANCA OLVIDÓ DECLARAR CUATRO PISOS

Hasta cuatro propiedades inmobiliarias se le pasaron por alto al presidente del PP en Salamanca, Javier Iglesias, a la hora de hacer la declaración de la renta de 2008. Tras la difusión de estas informaciones por parte de la cadena SER, los socialistas salmantinos reclamaron a Iglesias que aclarase "cuál es su patrimonio personal, cómo lo ha financiado y si lo ha declarado a Hacienda". El popular se justificó en un comunicado apuntando a confusiones entre su patromonio y el de su mujer.

Iglesias, que además de presidir el PP salmantino es el alcalde de Ciudad Rodrigo y diputado regional, ha adquirido cinco viviendas en los últimos años con unos ingresos anuales de 60.000 euros y sin que consten actividades privadas. El popular ocultó a Hacienda cuatro de esas propiedades inmobiliarias en la declaración de la renta del año 2008, según apuntó la cadena SER citando fuentes de la Agencia Tributaria, que le instó a realizar una liquidación complementaria.

Los inmuebles de Iglesias adqiridos en los últimos años se encuentran entre Salamanca, Madrid, Cádiz y Seseña, ésta última adquirida junto a su madre al constructor Francisco Hernando El Pocero. a medias con su madre. Estas inversiones superan los 550.00 euros.

A raíz de esas informaciones, el PSOE de Salamanca reclamaron en un comunicado a Iglesias que "comparezca a la mayor brevedad posible para dar explicaciones sobre cuál es su patrimonio personal, cómo lo ha financiado y si lo ha declarado a Hacienda".

En principio y en declaraciones a la emisora que difundió la noticia, Iglesias dijo no recordar la declaración complementaria que le había exigido Hacienda porque esos asuntos se los lleva una gestoría, y apuntó que ha conseguido comprar los pisos con su sueldo como cargo público y con préstamos familiares. En un comunicado posterior, hablo de errores en los datos catastrales de varios inmuebles atribuyéndole propiedades que son "exclusivamente" de su mujer y viceversa, por lo que el requirimiento de Hacienda sirvió para "subsanar estos datos". "Jamás ha ocultado el patrimonio del que es propietario", concluía el comunicado sobre el proceder del popular respecto al fisco.

(www.elplural.com, 06/11/10)

30. CASTILLA-LA MANCHA. UN SONDEO QUE ENCARGÓ BARREDA REFLEJA LA CRÍTICA AL DOBLE SUELDO DE COSPEDAL

A la mayoría de castellano-manchegos (75%) le parece mal que la candidata a presidir su comunidad Dolores de Cospedal cobre un sueldo como senadora y otro del PP, es decir, 241.800 euros (más de 40 millones de pesetas) al año. Así lo refleja un sondeo de Metroscopia encargado por el actual presidente, el socialista José María Barreda.

Entre los votantes del PP también son mayoría (51%) los que censuran los elevados ingresos de la número dos del partido. Uno de cada tres castellano-manchegos (un 20% de los que votarían a Cospedal) reconoció que su opinión sobre ella ha empeorado desde que conoce sus actuales retribuciones.

El sueldo de la secretaria general del PP se conoció el pasado 25 de octubre a raíz de la publicación de sus declaraciones de bienes en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha. Barreda cobra casi 150.000 euros menos al año. El sondeo (505 entrevistas telefónicas y proporcionales) se realizó el 5 de noviembre y el 57% declaró estar ya enterado del sueldo de la candidata a presidir su comunidad.

Al 60% de los castellano-manchegos le parece mal que Cospedal acumule los cargos de senadora, diputada regional y secretaria general del PP. Entre los votantes de este partido las opiniones se dividen, con un ligero predominio de los que se pronuncian en contra (46-48%).

En cuanto a valoración ciudadana, Barreda supera con creces a Cospedal con un 6,4 frente a un 4,7.

(www.elplural.com, 06/11/10)

31. CASTILLA-LA MANCHA. LA COCINA DE LAS ENCUESTAS DE COSPEDAL

Del negocio de los fogones al de la elaboración de encuestas a petición de María Dolores de Cospedal. El PP de Castilla-La Mancha ha decidido recurrir a Demoscopia y Servicios SL, una empresa que hace dos años se dedicaba al negocio de la restauración, para realizar una encuesta sobre las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo de 2011. Los resultados auguran la victoria a Cospedal, pero la duda es saber cuánta cocina demoscópica esconde el sondeo.

Fue en 2008 cuando la entidad, con domicilio social en Madrid, cambió su objeto social del de "restaurantes y puestos de comidas" al de "estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública". Y, desde entonces, el único análisis demoscópico que se le conoce es el realizado el mes pasado por encargo del PP .

La encuesta, efectuada supuestamente con una muestra de 1.500 entrevistas telefónicas entre el 11 y el 14 de octubre, pronosticaba que Cospedal obtendría una ventaja de cinco escaños respecto a su rival, el actual presidente de la comunidad, el socialista José María Barreda.

Pero la credibilidad del sondeo se ha visto cuestionada por las características mercantiles de Demoscopia y Servicios SL que constan en los registros. Además de la repentina modificación en el objeto social de hace dos años y su cambio de nombre antes se llamaba Solfatara Promociones SL, la empresa sólo tiene un trabajador que está, además, contratado a tiempo parcial.

Asimismo, comparte domicilio social con otras dos empresas Ravena Promociones Hosteleras SL, y Soluciones Hosteleras Castrillo SL que siguen dedicándose al negocio de los restaurantes. Y la administradora única de todas esas entidades es la misma: María José Combarros Prieto.

Este diario se ha puesto en contacto con la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (Aedemo), en la que Combarros no figura como socia y donde desconocen la actividad de la empresa Demoscopia y Servicios que ha cocinado la última encuesta a favor del PP.

El teléfono registrado a nombre de la entidad comunica constantemente, al igual que el de las otras dos compañías con las que comparte sede y administradora. Por ello, tampoco se ha podido obtener información acerca de la existencia o no de otros estudios realizados por la compañía, ni sobre la experiencia o profesionalidad de los encargados de elaborar la encuesta encargada por los conservadores.

Pese a todo, el PP ha logrado colar su particular pronóstico a medios tan prestigiosos como la agencia Efe o el diario El País.

Preguntado al respecto, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Josele Caballero, consideró que "la estrategia del PP recuerda al timo de la estampita o al del tocomocho". En su opinión, parece que la número dos de los conservadores "se ha instalado en los años sesenta, cuando la espabilada de Madrid se podía reír de la gente de los pueblos". La encuesta, a la que los socialistas restan "toda credibilidad", demuestra, a juicio de Caballero, "la desesperación de Cospedal, que está fuera de sí porque en Castilla-La Mancha está peor valorada que el propio Mariano Rajoy".

Fuentes del PP regional explicaron a Público que Demoscopia y Servicios SL "trabaja con el partido desde hace tiempo", aunque no precisaron desde hace cuánto, informa Juanma Romero. Indicaron, además, que la empresa también ha realizado otros estudios en otros sectores, si bien no especificaron en cuáles. Y aseguraron desconocer a la administradora María José Combarros. "Esta todo en regla", agregaron, "otra cosa es lo que el PSOE quiere ver".

(www.publico.es, 10/11/10)

32. CASTILLA-LA MANCHA. LAS REDES SOCIALES CONSIGUEN QUE EL PP SUSPENDA UNA CONFERENCIA DE GARCÍA SERRANO

Eduardo García Serrano, destacado colaborador del grupo ultraconservador Intereconomía, tristemente famoso por haber llamado "guarra", "puerca" y "zorra" a la consejera de Salud de la Generalitat Catalana, Marina Geli, o tachar de "maricón" al concejal madrileño Pedro Zerolo, o de "maricona vieja" al escritor Antonio Gala, ha sido repudiado por las redes sociales que han conseguido la suspensión de la conferencia que iba a pronunciar el tertuliano dentro de los actos organizados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por Rosa Romero, presidenta a su vez del PP en esta provincia.

"¿Puede una persona que ha demostrado en numerosas ocasiones a través de sus comentarios ser machista y homófobo ser invitado a dar una charla promovida por una Concejalía de Igualdad?", se preguntaba esta semana la plataforma Actuable.es. La respuesta de los internautas, a través de Tuenti y Facebook, no se hizo esperar y una lluvia de manifiestos inundaba el Ayuntamiento de Ciudad, presidido por la popular Rosa Romero, exigiéndole la suspensión de la conferencia del polémico tertuliano, tristemente famoso por llamar "zorra, puerca y guarra" a la consejera de Salud catalana, o "maricón" a Pedro Zerolo, o "maricona vieja" a Antonio Gala.

La indignación de la comunidad de internautas lograba, una vez más, que el Partido Popular se alejara de posiciones "machistas y homófobas", suspendiendo la intervención Eduardo García Serrano, que invitado por la Concejalía de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Real iba a pronunciar la conferencia, el próximo 16 de noviembre, "Pérdida de la conciencia nacional española", título muy propio y que se ajusta al perfil de este personaje. Pero lo más esperpéntico del caso es que el Consistorio manchego negaba en nota de prensa haber contratado al polémico periodista.

No sólo la Concejalía de Igualdad negó la evidencia, sino que, además, se permitió el lujo de enviar un comunicado de prensa donde, entre otras cosas, aseguraba: "Ante las distintas informaciones que llegan al Ayuntamiento de Ciudad Real sobre la posible participación de Eduardo García Serrano en una actividad organizada por la Concejalía de Igualdad, desde el Gabinete de Prensa de esta institución, queremos aclarar que no existe, en ningún caso, actividad programa en la que se cuente con la participación del referido tertuliano".

Pero como "a un mentiroso se le coge antes que a un cojo", dice el refrán, el comunicado enviado con anterioridad a los medios, y reproducido por Miciudadreal.es, demuestra que el martes, 16 de noviembre, García Serrano iba a pronunciar la conferencia referida y que, por lo tanto, la nota de prensa de la concejalía no se ajusta a la verdad, como se puede comprobar en el documento que aparece sobre estas líneas.

La citada plataforma, pedía a la concejala de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Real que dejara "de utilizar el dinero público para invitar a amigos con ideologías de extrema derecha (César Vidal, Pío Moa, Mario Conde...) y cuyo discurso y actos van contra toda interpretación racional de lo que deben ser las políticas de Igualdad de Género.

(www.elplural.com, 11/11/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. LA MANSIÓN

En el número nueva de la Gran Vía de Murcia, hace unos años, tenía su hermosa sede el Banco Exterior de España, imagen del nuevo capitalismo franquista. El enorme edificio fue vendido mediante sorprendentes movimientos de ingeniería financiera –vulgo pelotazo- a una cooperativa integrada por ilustres personalidades de la vida pública murciana, y algún particular.

La parte superior fue adquirida por el EXCMO. SR. DON RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO. Informada la opinión pública murciana del hallazgo arquitectónico, se produjo un movimiento tímido de cabreo generalizado. El gran prócer había pasado de un humilde pisito de la baja clase media a un piso de superlujo que compartía con un familiar directo.

Se iniciaron grandes obras, arreglos y decoraciones entre el hazmerreir de los murcianicos de a pie. Las obras estuvieron paralizadas por algún tiempo debido a ciertas irregularidades que rápidamente fueron solucionadas vía ayuntamiento de Murcia que regenta Fouché II.

Pues bien, todo ha terminado y el enorme palacio ha sido ocupado por los ilustres cooperativistas, mientras la planta baja ha sido adquirida por una empresa comercial sueca.

Hasta hace bien poco el excelentísimo señor vivía en el portal vecino, en el número siete. , ya no. Intuimos que el presidente regional se ha trasladado a su gran mansión, pero hay rumores de que avergonzado por los comentarios traicioneros, ha vendido su pisito, que el pobre estuvo pagando mediante hipoteca feroz.

Esa que las cajas y los bancos firman con los murcianos de medio pelo. Nosotros simplemente levantamos acta y ofrecemos una bella imagen de la fachada del gigantesco edificio de nuestra Gran Vía para que tomen nota los envidiosos, que es lo que nosotros somos.

(www.vegamediapress.com, 11/11/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. UN PARQUE PARAMOUNT SIN INVERSIÓN DE LA PARAMOUNT

La multinacional cinematográfica Paramount Pictures ha elegido finalmente, de entre varios candidatos, el municipio de Alhama de Murcia para instalar el que será un parque "de nueva generación" donde las nuevas tecnologías tendrán un papel protagonista. Y ha elegido a pesar de que Paramount no pondrá un euro en el misterioso parque, del que se desconocen los importantes inversores. Es decir, Paramount da el visto bueno, y si alguien se estrella, serán los inversores y el gobierno regional. Riesgo cero para Paramount.

Aunque no será hasta dentro de seis meses, aproximadamente en abril, coincidiendo con las elecciones, cuando se presente el llamado 'Plan Master de Diseño' y se proporcione más información al respecto, además de algunas imágenes sobre el parque, el mismo se configura temático y no de atracciones y supondrá una de las inversiones "más importantes de España", ya que por la magnitud del proyecto, no sólo

Así lo han avanzado en Murcia el vicepresidente ejecutivo de Paramount, Michael Bartok, durante una rueda de prensa con motivo de su visita a los terrenos, acompañado de los consejeros de Cultura y Turismo, y Universidades, Empresa e Investigación, Pedro Alberto Cruz y Salvador Marín, respectivamente; y el presidente de la empresa Santa Mónica Financial Services, Jesús Samper, principal inversor de este proyecto de parque temático, e imputado en un caso de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Murcia.

Pese a que el municipio elegido para albergar el parque es Alhama, el consejero Cruz ha puntualizado que dentro del mismo hay varias opciones. De este modo, será la visita de los técnicos de la multinacional la que ayude a "dilucidar la delimitación del perímetro de lo que constituirá el proyecto en sí, así como la idoneidad de unos terrenos y otros".

Un tema sobre el que hay una "absoluta reserva", según ha expresado Samper, ya que "es delicado y conveniente llevarlo así para realizar una negociación". "Cuanta menos información haya es mejor", ha enfatizado.

Una vez que se presente dicho Plan, en unos seis meses, el parque podrá comenzar a construirse en cualquier momento, ha reseñado Cruz, quien ha adelantado que en los próximos días ya se podrán conocer los terrenos concretos en donde se ubicará.

El vicepresidente ejecutivo de Paramount, Michael Bartok*, se ha referido a este proyecto como un proceso que será "largo" por cuanto se tendrá que planificar, diseñar y realizar el Plan Maestro.

Tras alabar la belleza de la Región, Bartok ha dejado claro que Paramount no será inversor en este proyecto, sino que su misión será la de aportar toda su experiencia con otros parques. No obstante, ha declinado dar mucha más información al respecto hasta abril, que será cuando se presente dicho Plan Maestro, además de los datos de licencia, que son "confidenciales" al formar parte de la negociación.

(www.vegamediapress.com, 11/11/10)

35. ISLAS BALEARES. LA DEFENSA DE MATAS "NO ENTIENDE" LA ESTRATEGIA DEL PP EN EL 'CASO PALMA ARENA'

La defensa del ex presidente del Govern Jaume Matas, ejercida por el abogado Rafael Perera, afirmó que no "entiende" la estrategia jurídica seguida por el Partido Popular de Balears, representado por el letrado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, en el 'caso Palma Arena'.

El PP ha pedido personarse en la causa como acusación popular, aunque el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha puesto como condición que lo haga como querellante y que abone 6.000 euros. Asimismo, vetó el acceso de los 'populares' a la pieza cuatro, en la que se investigan los gastos electorales realizados por la formación conservadora en 2007.

"Respeto muchísimo al señor Gordillo, y le admiro, pero no alcanzo a comprender qué pretende al insistir en ejercitar la acción popular en la causa, una vez que el juez (José Castro) y la Audiencia de Palma hubieran rechazado que el PP se personara como acusación particular", ha declarado Perera a Ultima Hora.

"No entiendo, por ejemplo, a quién a van a acusar si, finalmente, Ignacio Gordillo y su cliente (el PP) se personan en el 'caso Palma Arena', todo ello, dicho dentro del máximo respeto por un colega y un profesional muy cualificado, con el que he coincidido en otros asuntos en Madrid", ha señalado Rafael Perera. Matas presidió el PP desde 1999 hasta el 2007. Tras no revalidar la presidencia del Govern en las últimas elecciones autonómicas, renunció a la presidencia del partido conservador , y más tarde fue expulsado al ser imputado en el 'caso Palma Arena'.

(www.ultimahora.es, 11/11/10)

36. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA DE PALMA AVALA LOS 'PINCHAZOS' A MATAS APOYÁNDOSE EN EL CONSTITUCIONAL

La Audiencia de Palma se apoyó en una sentencia del Tribunal Constitucional y rechazó las intenciones de la defensa del ex presidente de Baleares y del PP regional, Jaume Matas, de anular los pinchazos telefónicos judiciales del que fue objeto él, su esposa y cuñado entre los meses de octubre de 2009 y marzo de 2010. La estrategia de la defensa de Matas busca anular en gran parte la causa.

El juez instructor, José Castro del caso Palma Arena -que hoy ha rechazado que el PP se personara como acusación popular al igual que antes negó que fuera acusación particular-, vinculó las intervenciones telefónicas de Matas a la presunta comisión de conductas delictivas de singular gravedad, en especial el blanqueo de capitales, según la sala.

La Audiencia de Palma rechaza que se vulnerara el derecho de defensa de los defensores y niega todo paralelismo con las escuchas anuladas del caso Gürtel: " Ni que decir tiene que la discutible tesis mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto del llamado caso Gürtel no resulta trasladable a la presente causa" porque no hay "similitud alguna con la situación personal y procesal de los recurrentes".

(www.elpais.com , 09/11/10)

37. ISLAS BALEARES. SANIDAD PODRÁ SABER QUIÉN SACÓ LAS LISTAS DE PACIENTES DE INCA QUE USÓ EL PP EN SUS VISITAS

"Si la Conselleria de Sanidad quiere saber quién filtra los listados de pacientes, lo sabrá". Lo tiene claro uno de los técnicos que trabajan a diario con el programa informático que emplea la sanidad pública balear. Por ello advierte de que el sistema deja muy pocas fisuras a la hora de piratear información. "Se puede saber hasta el último dato de quién saca los listados. Para entrar hay que hacerlo con un nombre y una clave personal. A partir de ahí, cada movimiento que haces queda registrado durante al menos 30 días", explica este especialista, que insiste por ello en que "saber quién ha sido el que ha revelado ilegalmente datos de los pacientes es solo cuestión de tener la voluntad política de saberlo".

Apunta así a la investigación puesta en marcha por la Conselleria de Sanidad en la mañana del sábado, después de que DIARIO de MALLORCA adelantase que concejales del Partido Popular de Inca están empleando para usos electorales un listado de enfermos blindado por la Ley de Protección de Datos y, por tanto, obtenido ilegalmente. El propio gerente del hospital, Federico Álvarez, detallaba que se había iniciado un rastreo informático en busca del foco de una filtración que le puede costar al responsable hasta cuatro años de cárcel.

"A alguien van a empurar, seguro, porque eso es sencillo de averiguar", coincide otro informático del Govern. Según aclara, el sistema que utiliza la administración balear está "tan restringido que se sabe perfectamente quién dio la orden, qué información vio, y la fecha y la hora exactas en las que lo hizo", apunta, en consonancia con lo afirmado por personal sanitario. "¡Es que se registra incluso por qué impresora se imprimió cada documento!", explica otro trabajador hospitalario que, ya de partida, da una pista: "Basta mirar el listado que publicó DIARIO de MALLORCA [en su edición del sábado: una relación de pacientes que se habría olvidado una concejala del PP de Inca en una de sus visitas] para saber que eso lo ha sacado alguien de la parte de administración y gestión. El personal sanitario tiene acceso a datos de pacientes concretos, pero no a una relación completa. Esos listados los tienen en los niveles de dirección y gerencia del hospital, aunque pueden estar también a mano del personal de citaciones y de admisiones generales y de urgencias", especifica este profesional.

¿Quiere todo esto decir que la conselleria y la dirección del hospital de Inca encontrarán al autor de la tropelía? Los profesionales sanitarios e informáticos afirman que sí, pero los precedentes no invitan a ser tan optimista: hace solo año y medio el aún hoy gerente del hospital recibió una denuncia por parte del PSOE, que le avisaba de la filtración de datos de un paciente par uso político del PP. La investigación se cerró sin consecuencias. De hecho, el gerente (uno de los pocos miembros de UM que quedan en el Govern tras la expulsión de este partido de los cargos de gestión del Govern) confiesa que no llegó siquiera a informar de los hechos a la conselleria comandada por el socialista Vicenç Thomàs.

Más enterado de todo está Pere Rotger. El ex alcalde de Inca, hoy vicepresidente del Parlament y del PP balear, confirmaba que desde hace años su partido visita a los pacientes, "que lo agradecen siempre". El dirigente conservador ratifica que él mismo firmó en 2009 un escrito en el que pedía al hospital la lista de enfermos. "No tuvimos éxito. Nos informó [el gerente] de que esos datos eran confidenciales y ahí acabó todo", aclara Rotger, que subraya que su partido no maneja ningún listado de pacientes ni dispone de información privilegiada. Pese a ello, Rotger está muy bien informado: "Ya sabemos por el gerente que el listado que publicó DIARIO de MALLORCA [el sábado] es de 2008, y sospecho quién lo ha filtrado para intoxicar, pero como solo lo sospecho, no lo digo".

(www.diariodemallorca.es, 08/11/10)

38. ISLAS BALEARES. FINALIZA LA DEMOLICIÓN DEL CHALET ILEGAL DEL EX ALCALDE DE ANDRATX EUGENIO HIDALGO

La caseta de aperos agrícolas situada en un terreno de especial protección paisajística del pueblo de Andratx que su entonces alcalde, Eugenio Hidalgo, transformó según los jueces y contraviniendo la ley en una vivienda, ya es historia. concluyeron los trabajos de demolición a mano del inmueble, sufragados por su promotor, que cumple por ello pena de prisión en la que aspira a disfrutar en breve de permisos.

Los trabajos de derribo que se han llevando a cabo desde el pasado 3 de noviembre en la casa ilegalmente edificada -según sentencia judicial- por el ex alcalde, Eugenio Hidalgo (cabeza de lista del PP), finalizaron formalmente , por lo que sólo queda pendiente la retirada de los escombros de la finca.

Hasta el término de la jornada laboral de , varios operarios continuaron trabajando en los muros de la vivienda que el ex alcalde levantó en una zona protegida del municipio cuya corporación presidía desde los comicios de 2003 hasta su detención, y por lo que fue condenado a cuatro años de cprivación de libertad que está cumpliendo en la cárcel de Palma.

Los gastos del derribo, unos 15.000 euros según el presupuesto presentado y visado por el Ajuntament, los paga Hidalgo en un derecho que le asiste para cumplir con los términos de la sentencia de la Audiencia de Palma que le condenó por edificar una vivienda -de 72 metros cuadrados conforme al acta judicial levantada en el derribo- con una licencia que únicamente le permitía realizar obras de renovación de una caseta agrícola.

Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde y portavoz de la familia, confirmó a Ultima Hora que "como muy tarde, a expensas de la cuidadosa retirada de los escombros, el lunes próximo la parcela será un simple solar".

Para Carlos Hidalgo, "a la espera de que mi hermano disfrute pronto de los beneficios penitenciarios que le permitan volver a ser parte física de una familia que ha sufrido lo indecible en esta causa tan extraña", hay cientos de vecinos de Andratx "que con sus firmas a una simple hoja que pide su libertad nos han hecho saber que nunca han considerado a Eugenio como persona que les haya causado ningún mal, y menos aún que su presencia entre nosotros fuese un peligro para el municipio".

(www.ultimahora.es, 11/11/10)

39. ISLAS BALEARES. NÚMEROS UNO DEL PP DE LA ISLA PIDEN A BAUZÁ QUE NO AVIVE MÁS POLÉMICAS CON EL CATALÁN

Sigue la ronda de contactos entre el presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, y los dirigentes del partido en la part forana, para tantear cómo están los ánimos entre la corriente más regionalista después de las últimas polémicas internas protagonizadas por la cúpula.

El miércoles pasado Bauzá sentó a manteles a los alcaldes, y les tocó el turno a los portavoces municipales en la oposición, aunque también asistieron los alcaldes de Inca y Maria, Rafa Torres y Antoni Mulet, que no pudieron la semana pasada. Hoy comerá con los próximos números uno.

El almuerzo transcurrió en un clima de suma cordialidad y no se alzaron voces discordantes. No obstante, la práctica totalidad de los asistentes sacó a relucir la cuestión del catalán. Según las fuentes consultadas, la mayoría de los concejales pidieron a Bauzá que aparque la controversia lingüísticas, porque "solo conlleva problemas".

En la mente de todos continuaba fresco el follón que desencadenó Bauzá el pasado 8 de octubre al anunciar que eliminaría la ley de Normalización lingüística si alcanza el poder, teniendo que rectificar a las pocas horas. Los líderes del PP en sa Pobla (Biel Serra), Alcúdia (Coloma Terrasa), Santa Maria (Antònia Estarellas) o Pollença (Bartomeu Cifre), entre otros, reclamaron no avivar nuevas polémicas con respecto al catalán, mientras que sus homólogos en Capdepera (Joan Ferrer) o Campanet (Miquel Pons), ambos afines del vicepresidente Carlos Delgado, sostuvieron todo lo contrario y alegaron que no cabían ambigüedades en este tema.

"Hace tres semanas que no hablo de eso", quiso recordarles Bauzá, quien dijo entender la preocupación de los que le reprochaban que encienda esta clase de debates. El presidente del PP explicó que mantiene la misma línea en cuestiones lingüísticas que la que ha venido defendiendo hasta ahora: derogación del Decreto de Mínimos y potencias las modalidades dialectales de las islas, y que por su parte no entrará a cuestionar la unidad del catalán.

(www.diariodemallorca.es, 11/11/10)

40 ISLAS BALEARES. EL INSTITUTO DE URDANGARÍN NO APORTA LAS FACTURAS DE SUS TRABAJOS EN PALMA

El Instituto Nóos, vinculado en 2005 a Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina, no ha aportado al juzgado palmesano que investiga la supuesta trama de corrupción del caso Palma Arena las facturas y otros justificantes de las subvenciones recibidas del anterior Govern del Partido Popular (PP). Nóos sí que ha remitido al juzgado de instrucción 3 un amplio dossier sobre las actividades desarrolladas en torno a los convenios con el Govern de Jaume Matas, el principal imputado en el sumario.

En el caso Palma Arena se están investigando, en una de las piezas separadas, los convenios entre Nóos y la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern entre 2005 y 2006 para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo.

Jaume Matas auspició el Illes Balears Forum, al entender, según declaró en marzo pasado ante el juez José Castro, que se trataba de una buena iniciativa. "No ordené que se hiciera, pero sí aconsejé que se llevase a cabo, porque era un buen proyecto", explicó el ex president del Govern, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé. Merced a esos convenios Nóos cobró 1,2 millones de euros públicos.

Los investigadores del caso Palma Arena postulan que en los archivos del Govern no constan documentos justificativos del destino del dinero para dicho evento. El foro deporte-sociedad-empresa sí se celebró en Palma a finales del año 2005. Castro requirió a la Policía hace unos meses para que localizara la sede del instituto con objeto de reclamarle los justificantes sobre los dos convenios, pero los agentes se toparon con una total ausencia de datos sobre la entidad.

El pasado 20 de septiembre un representante del instituto comunicó al juzgado de instrucción 3 su deseo de personarse en el sumario del Palma Arena, tras enterarse por los medios de comunicación de que se les estaba buscando.

El juez requirió a la entidad para que le facilitase las facturas y otros documentos de las ayudas recibidas del Govern. Nóos envió a instrucción 3 de Palma abundante documentación sobre las reuniones, presentaciones y otras muchas actuaciones referentes al Illes Balears Forum, pero no las facturas o el destino concreto del dinero.

Los investigadores no descartan citar como imputados en la pieza separada a responsables del Instituto Nóos. Matas ya ha declarado, en calidad de encausado, por los convenios con la entidad encabezada hace unos años por Iñaki Urdangarín.

El Duque de Palma se desvinculó de Nóos hace algún tiempo y el instituto dejó de tener actividades. Urdangarín y su esposa se trasladaron después a vivir a Estados Unidos.

Del 22 al 25 de noviembre de 2005 se celebró en el centro de convenciones del Hotel Gran Meliá Victoria de Palma el encuentro Illes Balears Forum en el, según el Govern del PP, "participaron destacados especialistas en deporte y turismo provenientes de los ámbitos académico, empresarial y de la gestión pública".

El objetivo de Illes Balears Forum fue "contribuir a que los destinos turísticos desarrollaran y utilizaran su patrimonio deportivo para fomentar su diferenciación y reforzar su posicionamiento en el ámbito turístico".

(www.diariodemallorca.es, 12/11/10)