ÍNDICE
 

1. PP PONE EN DUDA LA VERACIDAD DEL ESTADO DE LAS CUENTAS DE ZAPATERO

2. COMPARACIONES DEL PP CON IRLANDA

3. LA OPACIDAD BLINDA LOS INGRESOS DE LOS POLÍTICOS

4. COSPEDAL VUELVE A CENSURAR A 'PÚBLICO'

5. COSPEDAL CREE QUE LOS SOCIALISTAS HACEN PARA ELLA "LEYES ESPECIALES"

6. EL CUENTO VERDE DE AZNAR

7. EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL VUELVE A IMPEDIR QUE CORREA SALGA DE LA CÁRCEL

8. CORREA: "NO SOY UN CRIMINAL. NO HE HECHO NUNCA NADA MALO EN MI VIDA"

9. TESTIGOS DEL 'CASO GÜRTEL' REVELAN CÓMO SE TAPABA EL REGALO DE TRAJES A CAMPS

10. EL SUPREMO RECHAZA LA PETICIÓN DEL PP DE SANCIONAR A GARZÓN

11. GALICIA. EL PP TUMBA LA PROPUESTA PARA SUBIR EL IRPF A LAS RENTAS ALTAS

12. GALICIA. DESERCIONES EN EL NUEVO PP DE BALTAR

13. GALICIA. EL GOBIERNO LOCAL DE TRÁNSFUGAS DE GONDOMAR SE DESCOMPONE EN UN AÑO

14. GALICIA. EL EX ALCALDE DE PORTO DO SON PAGÓ POR UN VIAJE QUE NO SE HIZO

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE OLVIDA LA 'GÜRTEL' EN SU BALANCE DE GOBIERNO

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE FAVORECE A LAS CONCESIONARIAS DE PEAJE EN LA SOMBRA

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE AHORRARÁ EN ALQUILERES SIN DAR DATOS

18. COMUNIDAD DE MADRID. LOS JUECES REACTIVAN EL CASO DE MONTES CONTRA LAMELA

19. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID COSTEÓ UN CURSO DE COCINA A SUS DIRECTIVOS

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA DEUDA MUTILA LAS CUENTAS DE GALLARDÓN

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE REUNIÓ CON LOS EMPRESARIOS DE VALENCIA CON EL BENEPLÁCITO DEL PP

23. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA PIDE TIEMPO PARA JUSTIFICAR SUS INGRESOS

24. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CARGO DE FABRA SE BURLA ANTE EL JUEZ DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

25. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV ADEUDA CASI 1.100 MILLONES A ONCE BANCOS MIENTRAS SE DEBATE SU PRIVATIZACIÓN

26. COMUNIDAD VALENCIANA. G. CAMPS CONTRADICE A PONS Y RECHAZA QUE EL GOBIERNO ENGAÑE EN LAS CUENTAS

27. COMUNIDAD VALENCIANA. JARABA PIDE 46 MILLONES AL HABER PERDIDO 47, 9

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ALEJA A DE LA RÚA DEL 'CASO GÜRTEL'

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA ABRE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN POR LA FINANCIACIÓN DE LA RED DE ONG

30. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL CORRIGE SU DECLARACIÓN DE BIENES EN LAS CORTES MANCHEGAS

31. CASTILLA-LA MANCHA. UN EMPRESARIO DESTAPA UNA TRAMA CORRUPTA EN LA ALCALDÍA DE CIUDAD REAL

32. CASTILLA-LA MANCHA. UN DONATIVO AL PARTIDO QUE ACABA PAGANDO EL MUNICIPIO

33. CASTILLA-LA MANCHA. OBRAS PARA LA ALCALDESA

34. CASTILLA-LA MANCHA. LA REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN

35. REGIÓN DE MURCIA. ASALTO A LA GERENCIA DE URBANISMO

36. ISLAS BALEARES. MATAS MONTA UNA ASESORÍA PRIVADA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN MADRID

37. ISLAS BALEARES. MATAS INFORMA DE SUS RENTAS POR LA ZAPATERÍA

38. ISLAS BALEARES. TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EX ALCALDE DEL PP DE BALEARES TRAS SER ANULADA LA PRIMERA SENTENCIA POR EL SUPREMO

39. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY NO PREVÉ SANCIONAR EL CRUCE DE INSULTOS EN ASTURIAS

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1. PP PONE EN DUDA LA VERACIDAD DEL ESTADO DE LAS CUENTAS DE ZAPATERO

"Nos gustaría que lo que diga el Gobierno de España sea la verdad, toda la verdad; exigimos que diga la verdad y que no mienta como nos tiene acostumbrados". Esta apelación del portavoz oficial del PP, Esteban González Pons, a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no trate a los españoles como niños" y diga la verdad sobre la realidad de las cuentas del Estado, provocó ayer que las alarmas se encendieran en el PSOE en un momento crítico. "El PP ha traspasado todas las líneas rojas al decir a los mercados que España puede estar mintiendo sobre su verdadera situación", replicó el secretario de Organización socialista, Marcelino Iglesias.

El número tres del PSOE ya había conversado con miembros de la ejecutiva y todos coincidieron en la gravedad de lo dicho por Pons. Los interlocutores consultados sostenían que este había sido el broche, aunque reconocen que inesperado, a la dura presión del PP contra el Gobierno desde que Irlanda fuera intervenida. Desde entonces, el Gabinete socialista trata de convencer, avalado por la Comisión Europea, de que no hay posibilidad de contagio. El PP, por boca de varios y relevantes dirigentes, reclama una y otra vez que se convoquen ya las elecciones generales.

"Si el señor Rajoy no desautoriza a González Pons, está defendiendo a quienes están especulando contra los intereses de España", exhortó Iglesias.

Lo cierto es que la secuencia del relato de González Pons no deja dudas para el PSOE de su intención. "Hubo ataques especulativos contra Grecia, porque Grecia había mentido; hubo ataques especulativos contra Irlanda y ahora va a tener que decir otra verdad; nos gustaría que lo que diga el Gobierno de España sea la verdad, toda la verdad y que no mienta". González Pons llegó a ese punto después de enumerar la situación económica a la que se había llegado por culpa de Zapatero: "Paro insoportable e inaceptable", sin "crédito internacional y con una economía camino del estancamiento". Y hay que decirlo porque "mal protegen a España quienes mienten a los españoles con el pretexto de salvarla".

Estas graves apreciaciones corrieron como la pólvora entre los socialistas. Y ayer entre quienes participaban en una jornada sobre la crisis económica organizada por la Fundación Sistema que preside Alfonso Guerra.

Uno de los ponentes, Rafael Simancas, portavoz de Infraestructuras, avisó de consecuencias reales: "Esas declaraciones socavan la confianza de nuestros socios europeos y de los mercados de nuestro país. Su coste puede medirse en los millones de euros que habremos de pagar de más en la subida de los intereses de la deuda pública y privada que han provocado. Se trata de una grave agresión, no al Gobierno sino a España".

José Blanco, ministro de Fomento, que participaba en un acto electoral en Cataluña, se hizo eco del "ataque" y reiteró que el PP, "en momentos de dificultad, en vez de cuidar de los intereses de España, se pone del lado de los especuladores".

Pero el PP, de entrada, no siente la necesidad de ayudar al Gobierno porque por el momento ha tenido "suficientes apoyos" para sacar adelante sus propuestas. "Hasta ahora no nos ha llamado el Gobierno, si lo hace acudiríamos, porque siempre lo hemos hecho", recordó Pons en probable referencia a las ocasiones en las que el presidente Zapatero ha llamado al líder del PP. Ahora bien, González Pons también remarcó que el PSOE está en el Gobierno y el PP en la oposición.

El diálogo entre Gobierno y oposición sigue siendo de sordos, ya que los socialistas insisten en que lo que hace el PP supera los límites legítimos. La portavoz socialista del comité electoral, Elena Valenciano, acusó al PP de "irresponsabilidad" ante los ataques especulativos y se preguntó: "Si ayudaran, todo sería más fácil; ¿por qué no lo hacen?

(www.elpais.com, 25/11/10)

2. COMPARACIONES DEL PP CON IRLANDA

- María Dolores de Cospedal. El lunes, después de la ejecutiva del PP, la secretaria general del partido afirmó que el rescate de Irlanda no tenía "por qué afectar a la situación española", si bien apostilló que era "la falta de credibilidad del Gobierno" lo que afectaba al sistema económico español. Sin embargo, un día después, la número dos de los populares subió de tono y aseguró: "No solo hay que decir que España no es Irlanda, también hay que demostrarlo".

- Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados afirmó el martes que la economía española "no es la irlandesa ni la portuguesa" en términos de dinamismo del sector privado y de solvencia financiera, consideró, al igual que Cospedal, que el principal peligro para España es el Ejecutivo de Zapatero, por la "falta de confianza" que genera. Saénz de Santamaría respondió a las críticas de antipatriotismo lanzadas desde las filas socialistas y exclamó que "ser antipatriota es no querer hacer reformas por tener miedo a los electores y a las urnas y seguir en el Gobierno cuando no se sabe cómo gobernar". "Se necesita un Gobierno que lidere, creíble y que haga reformas", añadió.

- Cristóbal Montoro. El portavoz de economía del PP consideró el martes que España podría correr la misma suerte que Irlanda si no se "hacen los deberes" y si no se "acometen las reformas necesarias para responder a esta crisis de dudas, porque se está dudando de que España pueda crear empleo y crecer". Para Montoro, el principal inconveniente es "la tasa de paro".

(www.elpais.com, 25/11/10)

3. LA OPACIDAD BLINDA LOS INGRESOS DE LOS POLÍTICOS

La polémica suscitada por el doble sueldo de María Dolores de Cospedal ha hecho aflorar el debate sobre la opacidad que blinda las cuentas de los políticos españoles. Los ingresos que la número dos del PP obtuvo de su partido se dispararon un 30% en 2009 hasta sobrepasar los 167.000 euros, pero Cospedal niega rotunda que se aplicase una subida de casi un tercio en su sueldo. Hasta ahora, no ha explicado por qué, entonces, sus ingresos aumentaron en esa proporción. Y, dado que los partidos no tienen obligación de divulgar sus cuentas, el interrogante seguirá sin respuesta. Sobre la otra faceta de la polémica, el cobro de dos sueldos, habrá un giro inminente: el PSOE de Castilla-La Mancha registrará hoy una iniciativa parlamentaria para declarar incompatible que un cargo público cobre dos sueldos.

La opacidad que el caso de Cospedal pone en evidencia tiene visos de persistir: el Gobierno ha congelado la prometida ley de transparencia y acceso a la información pública, cuyo anteproyecto había previsto aprobar en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Fuentes gubernamentales alegan que el parón de la ley obedece a las protestas de distintos ministerios sobre la necesidad de proteger la llamada información sensible. Responde también, dicen las mismas fuentes, a la dificultad técnica que entraña digitalizar documentos y garantizar su difusión. De los 27 países de la UE, sólo cinco no han regulado aún el acceso ciudadano a la información. España es uno de esos cinco. Los otros son Grecia, Chipre, Luxemburgo y Malta.

Pero el muro comienza a resquebrajarse. Junto a Castilla-La Mancha, que publica anualmente los ingresos, bienes y actividades de los cargos gubernamentales y diputados autonómicos así como de sus cónyuges, otras tres comunidades avanzan por esa vía: Andalucía y Extremadura, también gobernadas por el PSOE, publican las actividades y bienes de todos sus responsables autonómicos, aunque no los ingresos.

La Comunitat Valenciana (PP) difundió en febrero la declaración de actividades y patrimonio de sus diputados en un momento álgido del caso Gürtel, pero no ha desclasificado la lista de rentas. Se conocen, como en cualquier comunidad, los sueldos públicos pero no los ingresos adicionales que pueda generar la explotación de sus bienes privados o la realización de otras actividades ajenas al cargo público.

La presión en favor de la transparencia ha tenido también ya efectos en Catalunya, donde ni la Generalitat ni el Parlament publicitan esos datos. La semana pasada, todos los candidatos desvelaron sus bienes. El último, el convergente Artur Mas, que ayer cifró su patrimonio en 502.300 euros. Fue Joan Herrera (ICV) quien rompió la primera lanza contándole el pasado jueves a El Periódico cuáles eran sus propiedades y retando al resto de candidatos a que hicieran lo mismo. Y así lo han hecho todos en plena carrera electoral. El president, José Montilla (PS), hizo públicos sus datos el sábado a través de su web.

La decisión del candidato de ICV se produjo mientras Cospedal trataba de neutralizar las críticas a sus elevados ingresos (241.840 euros) con una estrategia doble: presentarse como adalid de la transparencia ("Mi declaración es la única que se conoce", dijo) y como víctima del machismo. Se la ataca "por ser mujer", afirmó el jueves.

Pero las retribuciones de la número dos del PP como senadora (69.310 euros) y como secretaria general del PP (167.865 euros) no han trascendido por su voluntad sino porque su condición de diputada autonómica en Castilla-La Mancha la obliga a declarar hasta el último céntimo que ingresa. Atrincherada en la negativa a dar explicaciones sobre la subida en sus ingresos del PP, la dirigente esgrimió el viernes que sus rentas son "cuestiones personales".

Pero los países más avanzados del mundo no entienden que las cuentas de los cargos públicos sean un asunto privado. En EEUU, los representantes de la ciudadanía viven bajo un techo de cristal: la Ley de Libertad de Información (FOIA) garantiza que todo es público excepto aquello que expresamente se declare secreto. Y, por supuesto, los ingresos de los políticos se encuadran en la primera categoría.

En España, esos datos se encuentran a años luz de la ciudadanía. Ninguna formación política desvela por iniciativa propia los sueldos de sus dirigentes. Y, mucho menos, los ingresos totales que cada cargo suma en un año, sea cual sea su origen. Y ello pese a que el grueso de los fondos que engrasan la máquina de los partidos procede del Estado.

En el Congreso hay una aguja en el pajar: el socialista cordobés Juan Luis Rascón es el único de los 350 diputados que hace en su web parlamentaria una declaración voluntaria, exhaustiva e inteligible de ingresos, actividades y patrimonio. De las rentas y el patrimonio de los parlamentarios, incluidos todos los senadores salvo la ya citada Cospedal, nada se sabe.

Por lo que respecta a las autonomías, la norma general es el secretismo. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha denegado a la oposición incluso el acceso a la declaración de bienes de los tres parlamentarios imputados en la Gürtel Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor. Y ni siquiera son públicas las declaraciones de actividades de los miembros del Ejecutivo regional.

Otras dos comunidades golpeadas por la corrupción, Balears y Canarias, se encuentran igualmente en la banda baja: tampoco son públicas las declaraciones de actividades de los diputados. Los socialistas baleares no han modificado la legislación que dejó el conservador Jaume Matas. Y, bajo la batuta de Coalición Canaria (CC), el archipiélago suroccidental se mantiene ajeno a la corriente de transparencia.

La opacidad ha permitido situaciones como la ocurrida en Canarias, donde el número dos del PP, Manuel Fernández, logró en 2007 que el Parlamento le declarase compatible para dirigir una inmobiliaria. Fernández participó en la Comisión de Urbanismo que autorizó a esa misma empresa a saltarse la moratoria urbanística y construir un complejo hotelero en el municipio grancanario de Mogán.

(www.publico.es, 22/11/10)

4. COSPEDAL VUELVE A CENSURAR A 'PÚBLICO'

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvió a negar ayer la palabra a la periodista de Público que intentó intervenir durante la rueda de prensa. Es la tercera vez consecutiva que Cospedal censura a este diario, en su comparecencia pública de los lunes posterior a la reunión de la dirección del partido.

En una de las ocasiones, después de que los servicios de prensa del PP le pasaran el micrófono a la periodista de Público, Cospedal le dijo que no era su turno y cedió la palabra a otro compañero. Inmediatamente después, dio por concluida su comparecencia y no admitió más preguntas.

Hace ya casi un mes, este diario le trasladó al responsable de comunicación de Cospedal, Fernando Urrutia, su malestar por estos actos de censura. Pese a ello, la dirigente conservadora ha mantenido su veto a este diario.

Público contactó nuevamente con Urrutia para mostrarle su rechazo por la censura que practica la secretaria general del PP y para recordarle que su actitud atenta contra la libertad de prensa. Y, en consecuencia, contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, que consagra la Constitución.

(www.publico.es, 23/11/10)

5. COSPEDAL CREE QUE LOS SOCIALISTAS HACEN PARA ELLA "LEYES ESPECIALES"

La número dos del PP no quiso precisar ayer en Gavá (Barcelona) si el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde es diputada, apoyará la iniciativa que le obligaría a renunciar a uno de sus sueldos o a uno de sus cargos. Pero dio pistas de que se opondrá cuando recomendó a "algunos que están gobernando", en alusión al PSOE, que se dediquen "a proponer a los ciudadanos las recetas que tienen para salir de la crisis en vez de hacer leyes especiales para determinadas personas, leyes que hacen mal e incluso pueden ser ilegales".

Con estas palabras, María Dolores de Cospedal se refería a una iniciativa legislativa registrada sólo un día antes por los socialistas. Esta obligará a los políticos que compatibilicen los cargos de diputado y senador por designación autonómica a percibir sólo uno de los sueldos, "con renuncia a cualquier otra retribución pública o privada". La medida se aplicará cuando se elijan los próximos senadores en representación de la comunidad. Cospedal es ahora senadora y diputada autonómica, así que está en el supuesto que regulará la nueva norma. Sin embargo, la dirigente del PP pronosticó que la ley no le va afectar. Pero no explicó por qué.

En 2009, la líder de los conservadores castellano-manchegos ingresó 240.000 euros por su trabajo como secretaria general del PP y como senadora. Además, en los datos que ella misma ha aportado en las Cortes de Castilla-La Mancha figura que el PP le pagó en 2009, en plena crisis económica, un 30% más que el año anterior. La primera reacción de Cospedal al conocerse este incremento fue la de apuntar a que las críticas le llegan "por ser mujer".

Pese a que el cálculo está realizado con las cifras facilitadas por ella misma, Cospedal sigue sin aclarar por qué la cantidad que recibió del partido subió el 30% en un año. Incluso ha llegado a decir que se trataba de algo "falso".

Ayer tampoco quiso entrar en este tema con el argumento de que "eso es de lo que quiere" hablar el PSOE. Según comentó, ella prefiere centrarse "en lo que quieren los ciudadanos de Catalunya". "Lo que esperan es que el PP les diga lo que vamos a hacer para salir de la crisis. Nada más", dijo.

El argumento de la supuesta ilegalidad de la iniciativa de los socialistas fue también el arma esgrimida por el portavoz del Grupo Territorial de senadores del PP de Castilla-La Mancha, Agustín Conde. Según explicó, el reglamento de la Cámara Alta, que tiene rango de ley estatal, es el que regula el Estatuto de los Senadores, por lo que los parlamentarios deben atenerse a él.

"Tendrán que plantearse, muy seriamente, hasta qué punto puede un parlamento autonómico venir a regular el estatuto de un senador que viene regulado por el reglamento del Senado y por la Constitución y no por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y no por un acuerdo singular de estas Cortes", aseguró.

Sobre el hecho de que los socialistas aseguren tener informes jurídicos que harían viable esta iniciativa, Conde manifestó que "seguro que tienen todos los informes habidos y por haber para decir eso y para decir lo contrario, y para decir cualquier cosa intermedia".

El dirigente conservador, que al igual que Cospedal evitó decir cuál será el sentido del voto de los conservadores castellano-manchegos cuando se debata esta proposición de ley, consideró que bajo esta iniciativa hay "otro episodio de la cacería" que a su entender el PSOE ha puesto en marcha contra la presidenta regional del PP.

(www.publico.es, 24/11/10)

6. EL CUENTO VERDE DE AZNAR

El cambio climático no se produce por la emisión de gases de efecto invernadero sino por las variaciones de la actividad solar. El Plan Hidrológico Nacional contaba con un amplio consenso y no perjudicaba a nadie. El alejamiento del Prestige de las costas gallegas evitó que se contaminara todo el litoral. Y la respuesta al vertido de Aznalcóllar fue modélica. Son sólo algunas de las tesis que sostiene el libro Ecologismo sensato en España, escrito por Verónica Lipperheide para la editorial de FAES, la fundación del PP, y que hoy presenta en sociedad el hombre que inspira sus 222 páginas: José María Aznar.

El trabajo de Lipperheide, asesora de políticas ecológicas del ex presidente, es un repaso de la gestión medioambiental del Gobierno de Aznar que reproduce el esquema clásico de los cuentos de hadas. Tiene un príncipe azul, que es el ex presidente; una princesa indefensa, que es el medio ambiente; y un malo interpretado por los ecologistas, el PSOE y en general todo el que se opuso a la gestión del Gobierno. E incluso tiene batallas épicas en las que el héroe lucha contra los elementos, como cuando el Prestige se hunde por las condiciones meteorológicas.

Ya en el prólogo, escrito por el propio Aznar, este se describe como el primero de los líderes conservadores europeos en renovar su imagen con el discurso del medio ambiente. "Apostamos decididamente por una política energética menos intensiva en la emisión de CO2", alardea el ex presidente.

"Si tuviera intención de hacer frente al cambio climático dejaría de mandar mensajes que generan confusión", critica el ex director de Greenpeace, Juan López de Uralde, en referencia a otros títulos de FAES que niegan el calentamiento global. En este libro, su autora reclama que la "teoría" del cambio climático sobre la que "muchos científicos disienten" abandone los "salones de nuestras casas" y regrese "cuanto antes al ámbito científico". "Los científicos ya han hablado", responde el líder de Equo. "La pelota está en el tejado de los políticos, que no deberían hacer como Aznar, retrasando la acción al politizar el debate para que nos enzarcemos en una discusión sin fin".

Aznar asegura en su prólogo: "Fue mi Gobierno quien adquirió para España los compromisos internacionales" del protocolo de Kioto. Sin embargo, tanto López de Uralde como el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, consideran que Kioto se aprobó "a pesar del PP" y que Aznar estaba obligado por el mandato de la UE. "Su única aportación fue incrementar la dependencia del petróleo y aumentar las emisiones", resume Oberhuber.

La última obra de FAES también defiende que el Plan Hidrológico Nacional contaba con un "amplio consenso" porque era un "instrumento de vertebración". "El plan no era más que un pretexto para darle cobertura a su megalómana propuesta de trasvase del Ebro. Por eso se frenó", afirma el secretario federal de medio ambiente del PSOE, Hugo Morán.

Lipperheide defiende la gestión del Gobierno del incidente del Prestige: "El alejamiento del buque consigue evitar que se contamine todo el litoral gallego". Una conclusión alejada de la realidad, según el oceanógrafo del CSIC Carlos Duarte: "Más bien fue al revés. Si hay algo que ha quedado claro del análisis de lo ocurrido es que alejar el buque fue un enorme error: se contaminó no sólo el litoral gallego, sino también el cantábrico, el vasco y el francés", asegura, y recuerda que aquella decisión también dificultó las tareas posteriores sobre el buque, hundido en aguas muy profundas.

El libro asegura que el alejamiento es la "opción habitual en ese tipo de situaciones", que los habitantes de la zona eran "partidarios" de hacerlo y que el vertido no produjo "daños personales".

Esta última tesis le parece poco oportuna a la bióloga de la Universidad de A Coruña Blanca Laffon, que ha estudiado a los marineros que estuvieron implicados en la limpieza del vertido. "Nuestros análisis difieren de esa idea. Es verdad que no hay síntomas externos, pero hay daño a nivel genético", asegura Laffon, cuyo equipo no es el único que ha encontrado afecciones entre los pescadores. También se ha reseñado deterioro de sus funciones pulmonares y hasta alteraciones cromosómicas. En cambio, para la asesora de Aznar, "el Gobierno actúa con diligencia y eficacia, si bien una defectuosa comunicación desluce su buen hacer".

(www.publico.es, 24/11/10)

7. EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL VUELVE A IMPEDIR QUE CORREA SALGA DE LA CÁRCEL

El juez que investiga la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha denegado la puesta en libertad del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fue solicitada tras conocerse el auto de imputación del magistrado Baltasar Garzón por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales del cerebro de la red dentro de la cárcel, según informa Europa Press. Además, Pedreira prevé levantar el secreto sumarial que pesa sobre sus actuaciones en el proceso que implica a numerosas administraciones del PP.

En un auto, al que ha tenido acceso la agencia de prensa, Pedreira recuerda que tanto el juez instructor de la causa como la Fiscalía "han descrito numerosos motivos para denegar la libertad provisional" de Correa y ha subrayado que a ello se une que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha ratificado en varias ocasiones la prisión provisional" del imputado.

Además, hace hincapié que el magistrado instructor de la causa, "no se ha convertido en enemigo del reo, ni ha generalizado el modelo del derecho penal del enemigo ni se deja llevar por eventuales prejuicios o apariencias". Por otra parte, Pedreira piensa levantar este lunes todo el secreto sumarial del ¨caso Gúrtel. En una providencia, el magistrado notificará a las partes la fecha en la que los abogados podrán pasar a recoger la documentación. Según las fuentes citadas, no se prevé que el secreto se prorrogue más a partir de esta fecha.

Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, informaron fuentes jurídicas.

El levantamiento total del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados. El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.

(www.elplural.com, 25/11/10)

8. CORREA: "NO SOY UN CRIMINAL. NO HE HECHO NUNCA NADA MALO EN MI VIDA"

Francisco Correa, el jefe de la más extensa trama de corrupción de la democracia, declaró en abril de 2009 durante tres horas ante el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. Se trata de una declaración en la que el cabecilla de la red Gürtel únicamente admite haber cometido "irregularidades fiscales" durante su vida empresarial, y subraya: "Estoy tranquilo. No he hecho nunca nada malo, no soy un criminal, aunque esté pasando un calvario".

-¿Ha llevado usted dinero a Suiza? -le pregunta la fiscal anticorrupción. Correa responde con un rotundo "no", a pesar de que el gestor de su patrimonio en ese país, Arturo Gianfranco Fassana, tras ser detenido en Madrid durante un viaje a España y llevado ante Pedreira, señala que Correa "es un sinvergüenza" y reconoce que gestiona en Suiza una cuenta del jefe de la red Gürtel y de Pablo Crespo con casi 18 millones de euros que él mismo ordenó bloquear al banco cuando estalló el escándalo.

El cabecilla de la red Gürtel niega también durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los sobornos a altos cargos del PP que se le imputan (documentados en anotaciones de la caja B de sus empresas) y evoca sus orígenes empresariales y cómo empezó a hacer negocios con el PP de la mano "de Elvira", hermana del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

"El Partido Popular trabajaba con una empresa de Castilla-León (...) y les envié una oferta a través de que conocí yo (...) a Elvira, la hermana del presidente, y me dijo mándame una oferta, y bueno mandé una oferta a nivel de agencia de viajes, de organización de congresos...". "A partir de ahí", explicó, "empecé a trabajar regularmente para el PP".

Correa subraya luego que en aquella época, con el PP en la oposición, las decisiones las tomaban "Sepúlveda [ex alcalde de Pozuelo de Alarcón], el secretario general, Cascos, el gerente, que era Bárcenas, y el secretario de organización, creo que Javier Arenas". Una directiva de la red empresarial de Francisco Correa, Isabel Jordán, confiesa en una grabación que obra en el sumario que el jefe de la trama corrupta se refirió en más de una ocasión a Bárcenas con el sobrenombre de "Luis El Cabrón".

Bárcenas, también imputado, declaró al respecto ante el Tribunal Supremo que "Luis El Cabrón" era otra persona, aunque Anticorrupción tiene claro que esa alusión se refiere a él. Y se basan, entre otras cosas, en los flujos de dinero procedentes de la caja B de Correa con destino a Bárcenas, más de un millón de euros. En su declaración, las fiscales le preguntaron por la identidad de "Luis el Cabrón" y sobre otra grabación en la que confiesa que ha llevado "más de 1.000 millones de pesetas a Bárcenas a cambio de obras".

- (...) De vez en cuando había un acto que no me lo daban [adjudicaban] a mí, y se lo daban a Free Handicap, la empresa de la novia de Juan Costa, un chico que fue ministro [en el Gobierno de José María Aznar]. Y yo me cogía tal rebote y tal cabreo, impresionante. Y yo más de una vez, lo he dicho dos mil veces, decía, ¿pero cómo me hacéis esta faena, si yo a esta casa es como si hubiera traído cajas de más de 1.000 y 2.000 millones de pesetas. Lo he dicho 500 veces, pero si os he ahorrado más de 1.000 millones de pesetas Y es posible que yo a veces cabreado, soy una persona de caracter agresivo, digo cosas que se malinterpretan".

Tras escuchar esta explicación, el juez Pedreira ironizó: "Esta manera de expresarse le ha tenido que acarrear a usted muchos disgustos".

-Sí, lleva usted razón, señoría.

Las fiscales siguieron con su interrogatorio:

-¿Ha llevado usted dinero a su casa del señor Bárcenas?.

-No. Nunca he llevado 1.000 millones a Luis Bárcenas.

-¿Y cómo explica usted que haya repetido en diferentes sitios eso de que ha llevado 1.000 millones a Luis Bárcenas?- prosiguió Pedreira.

-Pues porque tengo mal carácter y a veces digo burradas... Cada vez que no me daban un acto decía tacos... Pero era en sentido metafórico.

-¿Sabe a quién pueden referirse las anotaciones de Luis El Cabrón? -continuó la fiscal anticorrupción.

-¿Eso es una grabación también? ¿Eso lo he dicho yo?, contesta Correa.

-Es un apunte -matizó la fiscal-. Pero, ¿conoce a alguien de su entorno como Luis El Cabrón?

- No.

Correa -que entonces mantenía amistad con Alejandro Agag, yerno de Aznar (fue testigo de su boda) y dio trabajo al secretario personal del ex presidente, Antonio Cámara- niega también que su agencia de Viajes sobornara con billetes o estancias en hoteles a cargos del PP. En el sumario constan pagos de la caja B a alcaldes y altos cargos para viajes.

-Ellos lo que sí han hecho de vez en cuando son viajes con nosotros (...) Pero los pagaban.

-¿Cómo los pagaban?

-Pues como podían, porque a veces decían: 'Oye que voy a hacer este viaje y ahora no me viene muy bien pero me dejas un poquito de margen y te lo voy pagando'. Y lo iban pagando.

En el sumario figuran distintas salidas de dinero que supuestamente sirvieron para abonar un safari por Suráfrica del que disfrutó Luis Bárcenas, y para viajes a Miami con, por ejemplo, el ex alcalde de Boadilla.

Correa detalló que conoció a muchos altos cargos del PP cuando estos pertenecían a Nuevas Generaciones. Citó al ex alcalde de Arganda Ginés López; Sepúlveda [ex alcalde de Pozuelo], Guillermo Ortega ...

Arturo González, de Boadilla.

El fiscal preguntó a Correa, imputado por seis delitos, entre ellos evasión de capitales, por su maraña de sociedades en el extranjero y paraísos fiscales.

"Sinceramente el dato no lo tengo yo. Ramón [Blanco Balín imputado por haberle montado a Correa las empresas en el extranjero para blanquear dinero] lo tiene perfectamente".

-¿Usted en algún momento ha pagado alguna cantidad por realizar eventos para el Partido Popular, para algún Ayuntamiento del Partido Popular o para alguna Administración pública para conseguir esos eventos?

-¿Es tan amable de repetirme la pregunta, por favor?

La fiscal se la repite y Correa replica:

(...) Jamás.

(www.elpais.com, 26/11/10)

9. TESTIGOS DEL 'CASO GÜRTEL' REVELAN CÓMO SE TAPABA EL REGALO DE TRAJES A CAMPS

La cúpula del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza encargó numerosos trajes en la tienda madrileña de ropa Forever Young entre los años 2005 y 2008 pero no pagó ninguna de las prendas adquiridas .

José Tomás, vendedor de la tienda Forever Young que tenía entre sus clientes a los políticos valencianos del PP, declaró ante el juez a primeros de 2009 que esas prendas fueron abonadas por los jefes de la trama Gürtel mediante transferencias bancarias de cuentas corrientes propiedad de distintas empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

El dueño de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, le despidió poco después acusando a Tomás de elaborar facturas falsas y otras irregularidades. Los jueces, muchos meses después, declararon improcedente ese despido.

Hinojosa se reunió con Federico Trillo, el ex ministro que dirige la estrategia jurídica de defensa de los imputados del PP en el caso Gürtel, y obligó a sus trabajadores a firmar una carta en blanco que él rellenó con afirmaciones que pretendían desacreditar a José Tomás, uno de los testigos clave para destapar el supuesto cohecho del presidente valenciano, Francisco Camps.

Hinojosa llegó incluso a forzar a sus trabajadores para que concedieran entrevistas a varias televisiones mintiendo sobre José Tomás.

Todos estos hechos fueron relatados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tres empleados de la tienda de ropa -una cajera, un jefe de compras y un jefe de ventas- que acudieron al juzgado como testigos y contaron esta versión de los hechos bajo juramento y conociendo que podrían terminar en la cárcel si prestaban falso testimonio.

Sus declaraciones íntegras apuntan a que tanto el dueño de la tienda, Eduardo Hinojosa, como Federico Trillo, ex ministro de Defensa y responsable de Justicia en el Partido Popular, urdieron un plan para desacreditar a José Tomás, quien era uno de los testigos clave para atribuir a Camps el delito de cohecho impropio.

La primera en declarar ante el juez fue María Calero, cajera de la tienda donde la trama corrupta pagaba los trajes que encargaba la cúpula valenciana del PP.

(www.elpais.com, 26/11/10)

10. EL SUPREMO RECHAZA LA PETICIÓN DEL PP DE SANCIONAR A GARZÓN

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del PP en el que pedía que el Consejo General del Poder Judicial sancionase a Garzón por la supuesta filtración de la noticia sobre la imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el caso Gürtel. El Supremo declara en la sentencia que no existe un derecho del PP a imponer una sanción a Garzón.

El PP denunció el 12 de marzo de 2009 a Garzón ante el Poder Judicial por la supuesta filtración de la noticia de la imputación de Camps en el caso Gürtel atribuyéndole el propósito de "dar a los medios titulares sensacionalistas perjudiciales para el PP". También criticaba la notificación a Camps de su imputación mediante una llamada de un inspector de policía, lo que consideró que se hizo para habilitar tres días de plazo para que el juez disfrutara de un permiso de viaje.

El servicio de Inspección del Poder Judicial investigó los hechos y archivó la información abierta tras comprobar que Garzón había solicitado los correspondientes permisos para ausentarse y después de que la jefa de prensa de la Audiencia Nacional informase que se había seguido escrupulosamente el Protocolo de Comunicación de la Justicia -cuya existencia el PP desconocía- , según el cual, se facilitan a los medios las resoluciones que los jueces consideran de interés público y no afectan a la investigación.

El PP recurrió al Tribunal Supremo añadiendo a los hechos el "grave perjuicio que las filtraciones han causado al PP", y la "falta de imparcialidad" de Garzón, que "ha formado parte del PSOE, siendo el PP el mayor grupo de la oposición".

La Abogacía del Estado se opuso al recurso al entender que "se basa en meras suposiciones" del PP sobre la conducta del juez. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente Pablo Lucas Murillo, no acepta la legitimación del PP para pretender que se sancione a los jueces por la responsabilidad en que hubieran podido incurrir, ya que "no existe el derecho a obtener la imposición de una sanción al denunciado".

A la vista del informe de la jefa de prensa de la Audiencia Nacional, el Supremo concluye que "no es irrazonable" excluir los indicios de responsabilidad disciplinaria de Garzón. Por lo que se refiere a la notificación del auto a Camps, la responsabilidad primordial es del secretario del juzgado, por lo que tampoco cabe cuestionar la actuación del Poder Judicial de archivar la denuncia.

(www.elpais.com, 25/11/10)

11. GALICIA. EL PP TUMBA LA PROPUESTA PARA SUBIR EL IRPF A LAS RENTAS ALTAS

Treinta y ocho enmiendas presentó la oposición al segundo Presupuesto de Feijóo y otras tantas desbarató el PP con su mayoría en el Parlamento para que las cuentas queden tal cual salieron de la Consellería de Facenda. Las políticas sociales pierden 400 millones -excluida la rebaja del sueldos a los funcionarios- de los 1.177 que dejará de ingresar la comunidad autónoma el año próximo.

Ni la subida de impuestos a las rentas más altas que defendían PSOE y BNG, ni la reducción de la financiación público-privada en un 30% para dejarla en 300 millones que pedían los socialistas, ni la eliminación de los fondos para expropiar fincas del hospital de Pontevedra exigida por el Bloque. Por más que los nacionalistas intentasen modificar partidas por 357 millones y los socialistas, cambiar el destino de otros 550 millones -ambos para amortiguar la caída en sanidad y educación-, el Presupuesto más recortado de la historia reciente de Galicia sigue invariable, a la espera de que la Comisión de Economía pueda modificar algunas minúsculas del texto. "Las cuentas son solventes, eficientes y austeras", repitió la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás.Antes de descender al detalle de las enmiendas, los grupos de la oposición exigieron también sin éxito, la devolución de las cuentas públicas. Por el PSdeG subió a la palestra su secretario general, Pachi Vázquez. Calificó el presupuesto como "un ajuste de cuentas a los servicios sociales" pero sobre todo destacó que la Xunta del PP, especialista en denunciar agujeros heredados, habrá triplicado la deuda cuando concluya la legislatura. "Cerca de 11.000 millones de euros, esa sí es una hipoteca para este país", recalcó.

Con las fotos de la manifestación en defensa de la sanidad pública todavía frescas en las portadas, el jefe de la oposición lamentó que este capítulo pierda 200 millones de euros en 2011 y exigió a Feijóo que rectifique "porque nadie quiere que regalen la columna vertebral del Estado del Bienestar al sector privado". Con un tono más institucional del que acostumbra, censuró los tijeretazos de Educación a las becas -que caen un 48,5%-, de Traballo a las políticas activas de empleo (pierden 32 millones), de Medio Ambiente al Noitebús, y pidió reorientar los grandes números hacia la sociedad del conocimiento y la mejora de la competitividad.

El socialista citó de pasada que en el Presupuesto no hay un solo euro para la conservación de espacios naturales mientras se crea un nuevo impuesto del agua, y que los cacareados proyectos de metro ligero en A Coruña y Vigo reciben 178.000 euros. En la segunda tanda y ya con el contrato que Feijóo firmó como candidato con los ciudadanos gallegos en la mano, el dirigente socialista censuró que habiendo 223.984 parados, 15.000 más que hace un año, 21.131 afiliados menos a la Seguridad Social y 18.104 personas afectadas por un ERE, "el presidente se vaya a Cataluña y Euskadi a dar lecciones de cómo salir de la crisis". En el epílogo de su discurso, tendió la mano para un gran pacto con la condición de que el Gobierno retirase el Presupuesto. Todo lo que obtuvo de Feijóo fue una mano levantada para votar contra su propuesta y la del Bloque de devolver las cuentas públicas.

La titular de Facenda, Marta Fernández Curras, en cambio, le devolvió un cursillo acelerado de lo que Zapatero se niega a hacer para afrontar la crisis. Con la referencias al Gobierno socialista siempre en la cabeza y muchas veces también en los papeles, subrayó que la Xunta "no pide sacrificio a los demás" sino que acomete rebajas fiscales selectivas para jóvenes y familias numerosas. Pronosticó que Galicia acabará este año con crecimiento positivo, en virtud de una norma estadística de los economistas que vaticinan que si el PIB se mantiene igual, la economía está creciendo.

La conselleira repitió que tres de cada cuatro euros van a política social y agradeció el esfuerzo y la responsabilidad de los funcionarios de educación y sanidad, muchos ellos tras la pancarta la víspera para protestar contra las decisiones de su Gobierno.

Esa política fiscal, "de bajar impuestos a los ricos", fue la que primero atacó Carlos Aymerich, portavoz parlamentario del BNG, en su turno. Hizo ver que el sistema de financiación pactado por la Xunta y el Gobierno central tiene mucha culpa de los recortes que ahora se imponen en los Presupuestos y lamentó "la falta de estrategia de Feijóo y sus conselleiros para enfrentar la crisis, más allá de esperar a una recuperación espontánea de la construcción". El parlamentario nacionalista censuró una planificación económica "hecha al dictado de los mercados" y "que asegura más paro, más recesión y más desigualdades". Como ejemplo citó que, pese a las previsiones de que los solicitantes de la Risga -la última ayuda que cobran quienes ya no reciben ninguna prestación- se disparan, la Xunta ha congelado los fondos para este capítulo.

Aymerich también criticó que Facenda haya renunciado a subir el tramo autónomico del IRPF a las rentas más altas, una propuesta en las antípodas del programa electoral del PP. Fernández Currás explicó su negativa porque la medida, que los dos grupos de la oposición reclamaron en sus enmiendas, podría suponer "como mucho un ahorro de 21 millones de euros" y calificó como más efectivo reclamar al Gobierno central que transfiera ya los 243 millones del fondo de cooperación, como si ambas medidas fueran incompatibles.

La conselleira acabó proclamando que "por primera vez la Xunta cuenta con un instrumento riguroso de planificación financiera", en referencia a su plan estratégico. La oposición pronto le preguntó por Fraga y su vicepresidente Feijóo para saber si entonces no se planificaban las cuentas públicas. El portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas, optó por cargar contra PSOE y BNG, a quienes culpó de ser "los culpables del mayor fiasco económico de la historia de Galicia". "Crecía cuanco llegaron al Gobierno y la dejaron con una recesión del 3,7% del PIB", esgrimió.

(www.elpais.com, 23/11/10)

12. GALICIA. DESERCIONES EN EL NUEVO PP DE BALTAR

El PP del nuevo baltarismo comienza a deshilvanarse. Ayer, tres concejales de los cinco que integraban el grupo popular en el Ayuntamiento de Amoeiro, en la oposición, abandonaron sus escaños y se convirtieron en "no adscritos" en medio de un clamoroso silencio de la dirección provincial. Los tres que abandonan el barco municipal, tras presentar hace unos días la baja en el partido, tienen empleos al margen de la Diputación. Los dos que permanecen fieles a las siglas trabajan para la institución provincial.

La escenificación de la renuncia de los tres ediles de Amoeiro, que sigue a la de otro compañero de Xinzo, pone sobre el tapete la situación de un renovado PP, tras el congreso que dio el poder a José Manuel Baltar Blanco, en el que las renuncias a los cargos se suceden. No se van sólo los concejales: las fugas en las directivas de las juntas locales del partido comienzan a ser la tónica. Entre los que podrían abandonar cargos orgánicos en los próximos días se encuentra el ex alcalde, parlamentario y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa, Poly, presidente de la junta local de la ciudad.

Amoeiro se convirtió en el espejo en el que se mira el nuevo PP. Los tres concejales que abandonaron -entre ellos el ex portavoz del grupo, Manuel Araújo- no quisieron hacer declaraciones. "¿Malestar? Supongo que lo habrá por la decisión que tomamos", contestó a este periódico Araújo evitando mencionar la reacción del barón ourensano del PP, José Luis Baltar, a su huida. "Ya daremos explicaciones en otro momento", añadió.

El malestar es evidente. En el mismo pleno de renuncia de los tres ediles populares tomaba posesión, en sustitución de su abuelo -concejal hasta ayer y alcalde durante más de 20 años, hasta este último mandato-, Javier Fernández Figueiral. Lo hizo sin presencia de representantes del partido. Incluso sin la presencia del abuelo dimisionario.

Javier Fernández inicia andadura institucional junto a su compañero de grupo, Óscar Vázquez Rodríguez. Ambos están contratados en la Diputación. El primero, tras empezar como peón, ha conseguido un puesto de portero en el Teatro Principal -dependiente de la institución provincial- y el segundo mantiene su empleo de peón. Frente a ellos tendrán ahora -en su labor de oposición al socialista Rafael Rodríguez Villarino, que gobierna con el respaldo del BNG- a sus antiguos compañeros de partido. Ayer no se miraron.

Los díscolos de Amoeiro siguen los pasos del concejal popular de Xinzo, Alfonso Patricio Nóvoa, que el pasado octubre, tras 20 años de militancia en las filas del PP, pasó a ocupar, tras abandonar el partido, un escaño como no adscrito. Estaba en desacuerdo con la elección del candidato baltarista a la alcaldía, Antonio Pérez, que sustituyó al histórico Isaac Vila.

En la dirección provincial del PP nadie ha dado cuenta del goteo por el que empieza a evidenciarse la fisura. Pero los críticos al baltarismo van sumando las bajas. Las fugas en los cargos orgánicos amenazan con convertirse en un rosario. Comenzaron hace unos meses con la renuncia del presidente del distrito tercero de la ciudad, el populoso barrio de O Couto, el ex concejal y ex teniente de alcalde ourensano, José Luis Rodríguez Cid. A la de este siguió la depl presidente de la junta primera, la del centro, el pediatra Antonio Fernández, secundada por la de la secretaria de la misma junta, María Bouzo.

Para sustituir al presidente de la junta del centro, el nuevo presidente provincial, Baltar Blanco, decidió aplicar el artículo 25 del partido, según informó a los militantes en esa asamblea, e impuso al sustituto que "por primera vez no fue elegido mediante votación", destaca un histórico de esa agrupación.

(www.elpais.com, 26/11/10)

13. GALICIA. EL GOBIERNO LOCAL DE TRÁNSFUGAS DE GONDOMAR SE DESCOMPONE EN UN AÑO

Los gritos que traspasaban la sala donde se reunía el Gobierno local de Gondomar en un receso del último pleno, el pasado miércoles, ilustran a la perfección la descomposición de la vida municipal en la localidad pontevedresa. Apenas 16 meses después de que una polémica moción de censura convirtiera en alcalde a Martín Urgal, del PP, con el apoyo de cuatro concejales tránsfugas elegidos por la lista del PSOE y otro independiente, el tripartito se tambalea, con Urgal desaparecido para no perder el ERE de Caixanova, peleas por la ocupación de los despachos, reproches entre socios de gobierno o rupturas de la disciplina de voto. El episodio del pasado miércoles elevó el listón de las desavenencias, pero también reveló la refriega de Alfonso de Lis, nuevo hombre fuerte del gobierno en ausencia del alcalde, con sus principales técnicos municipales, a los que no perdona que le recuerden que sus intenciones chocan a menudo con la ley.

De Lis rompió la baraja en el último pleno. La gota que colmó su capacidad de disimulo fueron los reparos de Intervención a las facturas de la asesoría privada con la que el edil de Urbanismo sortea los reparos legales que los funcionarios municipales ponen a su gestión. Según la interventora -la cuarta que pasa por el cargo en 10 meses-, se trata de duplicidad de gasto. El tránsfuga tomó la palabra para leer nueve folios repletos de reproches, casi todos ellos dirigidos contra el "talante profesional" de la secretaria municipal, a la que acusó de "obstruccionista" y "obstinada". El menosprecio público llega después de que la secretaria, entre otras objeciones, recordara a De Lis la necesidad de contar con informe de Patrimonio de la Xunta para ejecutar obras en una zona declarada Bien de Interés Cultural.

No sólo la oposición ha acudido en auxilio de los funcionarios. También lo hizo el comité de personal del Ayuntamiento de Gondomar, que denunció el "acoso continuado, permanente y reiterado" al que De Lis ha sometido a la secretaria, a la técnica de Administración General de Urbanismo y a las cuatro interventoras. La presidenta del comité, María García, sitúa estas acusaciones en el marco de una "situación caótica" en el Ayuntamiento. Claro que De Lis no está enfrentado con todos los funcionarios. En vísperas de un nuevo Plan General, está tan satisfecho con el trabajo de su arquitecto municipal que ha propuesto para él una subida de 9.000 euros anuales.

El propio PP se desmarcó de sus socios de gobierno en su furibundo ataque a las funcionarias. Su nueva portavoz, Natalia Salgueiro, pidió la palabra para asegurar que no respaldaba las afirmaciones de De Lis. Lo hizo después de una tensa reunión de los concejales que forman parte del gobierno, que abandonaron el pleno durante 20 minutos para atrincherarse en un salón anexo y discutir a gritos sobre las acusaciones que el edil de Urbanismo acababa de formular.

Salgueiro y De Lis no sólo discrepan por el caso de los funcionarios. El abandono del alcalde a tiempo parcial Martín Urgal, ya sin dedicación exclusiva, y que sólo aparece por el ayuntamiento cuando hay pleno, ha desatado una batalla hasta por su despacho, que por ahora va ganando el ex del PSdeG.

(www.elpais.com, 22/11/10)

14. GALICIA. EL EX ALCALDE DE PORTO DO SON PAGÓ POR UN VIAJE QUE NO SE HIZO

El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia investiga el supuesto desvío el pasado año de una subvención pública por parte del Ayuntamiento de Porto do Son (A Coruña), en los últimos meses de mandato como alcalde de Manuel Tomé (PP). Fue la Intervención Municipal la que advirtió, en un informe emitido el pasado e febrero, de que el anterior regidor justificó y pagó, con cargo a una ayuda de 5.319 euros concedida por la Diputación de A Coruña, un viaje de dos días para personas mayores al balneario de Arnoia (Ourense). Pero en realidad nunca se realizó.

Así lo confirmaron tanto la psicóloga de Servicios Sociales del Ayuntamiento como las empresas de transportes (Autos Dosil) y del propio balneario (Caldaria Termal). Ambas sí cobraron por esa excursión que nunca se llegó ni siquiera a organizar aunque, como consta en las facturas ahora en poder del juez, recibieron el dinero "por la prestación de servicios no realizados".

Los hechos fueron desvelados un mes antes de que PSOE y BNG cerraran un pacto para presentar una moción de censura y sentar en la Alcaldía al socialista Xoán Pastor. El gobierno bipartito de la localidad remitió a la fiscalía el expediente de la Intervención tras tomar posesión, el 18 noviembre de 2009. En ese informe, se destaca que el 14 de octubre, un día antes del plazo impuesto por la Diputación para justificar el gasto, el anterior alcalde dio por realizada la actividad para la que fue concedida.

La interventora de Porto do Son, al comprobar que no se celebró ese viaje "con el consiguiente quebranto para la Hacienda local", concluyó el expediente reclamando el reíntegro del dinero cobrado más los intereses de demora. Y advirtió que "los hechos podían ser suceptibles de infracción administrativa, contable o penal". Será el juzgado que abrió diligencias previas el que determinará las responsabilidades que puedan derivarse. Las dos empresas implicadas ya reintegraron a las arcas locales el dinero cobrado indebidamente.

El alcalde insiste en que este asunto no es "político", ni tiene que ver con la moción de censura que protagonizó el año pasado, sino que se limitó, en cumplimiento de sus obligaciones, a dar cuenta a la fiscalía. Pastor ha sido llamado a declarar ante el juez el próximo 9 de diciembre en calidad de testigo.

(www.elpais.com, 26/11/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE OLVIDA LA 'GÜRTEL' EN SU BALANCE DE GOBIERNO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebró ayer con un desayuno en la localidad de Getafe sus siete años al frente del Gobierno regional. En su balance, en el que atacó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por su "sectarismo", omitió los escándalos de corrupción que han salpicado su mandato. A cambio, hizo una férrea defensa de los principios liberales y puso a la Comunidad de Madrid como ejemplo de gestión en materia educativa y sanitaria.

En este sentido, lamentó que España esté en el "pelotón de los torpes" junto a Portugal y Grecia por tener un gobierno socialista y no aplicar políticas liberales.

Paralelamente, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, denunció que la Comunidad ha destinado 750 millones a canapés y "patatitas fritas" desde 2007. Lo hizo tras reunirse con IU para hablar de la enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales.

(www.publico.es, 24/11/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE FAVORECE A LAS CONCESIONARIAS DE PEAJE EN LA SOMBRA

La Comunidad prevé dar más dinero a las concesionarias del peaje en la sombra (M-45, M-511, M-501 y M-407), según los presupuestos regionales para 2011. Con este sistema el Gobierno regional paga a las empresas por los vehículos que circulen por estas carreteras a cambio de que las adjudicatarias las construyan y las gestionen. Los presupuestos más austeros de la Comunidad de Madrid -se reducen un 10%- incluyen una partida de 98.100.407 euros para estas empresas, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al año anterior. Es el mayor incremento en los presupuestos del área de Transporte e Infraestructuras.

En el presente mandato, desde 2007, la Comunidad de Madrid ha incrementado esta partida en 21,2 millones de euros (un 30%), casi lo mismo que el plan para suprimir 102 organismos y entes regionales anunciado hace un par de semanas por Aguirre. "Es una muestra de la política de socialización de pérdidas y privatización de beneficios", apunta Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid. "Responde a la actualización del IPC. Solo cumplimos los contratos con las adjudicatarias", explica un portavoz de la Consejería de Transportes. Sin embargo, la subida de este año (5,6%) es mayor al IPC previsto (2,3%). Además, el número de usuarios se ha mantenido constante durante los dos últimos años en esas carreteras y tampoco justifica este aumento.

La M-45 es la más importante de las autopistas de peaje; tiene 44 kilómetros y conecta varias radiales. Costó unos 487 millones a las concesionarias en 2001. El Ejecutivo regional se comprometió a pagar un canon anual de 64,3 millones durante 25 años. Ahora ya ha pagado unos 360 millones.

El aumento del canon a las concesionarias choca con la postura de su partido. El PP impidió la semana pasada en el Congreso las ayudas a las concesionarias. Ahora Aguirre sube el canon.

El pasado jueves, la presidenta reveló en el Parlamento regional que tiene un problema con esta carretera. "Desde que llegué aquí estoy deseando poner orden en el equilibrio de esa concesión. No lo he conseguido". Aguirre reconoció que estas empresas tienen "enormes dificultades, pero no porque tengan poco tráfico, sino por las expropiaciones que se habían atribuido a las concesionarias y su precio se ha multiplicado por cuatro". Y agregó: "Me parece espléndido que haya autopistas de peaje que paguen quienes las utilizan, no los contribuyentes", dijo en contra del modelo que subvenciona.

Por su parte, Gregorio Gordo critica el modelo de peaje de las radiales de la Comunidad de Madrid, simbolizado en la M-45. "Los madrileños pagarán el triple de lo que costó", señaló el candidato de Izquierda Unida. Gordo acusa a Aguirre de pretender "salvar de la quema a los pirómanos que las crearon con los recursos de todos". Y añade: "Salen al rescate de los bancos, de las constructoras y permanecen impasibles mientras los que son desahuciados de sus casas siguen manteniendo su deuda con los bancos".

(www.elpais.com, 25/11/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE AHORRARÁ EN ALQUILERES SIN DAR DATOS

Hay que ahorrar en alquileres. Así, a grandes rasgos y sin mucho dato. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que quiere cambiar los edificios de su administración que pagan "alquileres caros" por otros "más económicos". Hasta ahí los detalles. No aclaró (ni ella ni su equipo) a qué inmuebles se refiere ni de qué cantidades está hablando. "Se anunciará próximamente", señaló un portavoz de la Comunidad de Madrid, que tampoco precisó cuántas sedes están en edificios alquilados.

Un repaso completo a los arrendamientos incluidos en los dos últimos presupuestos regionales muestra que, por el momento, se ahorra poco. La Comunidad pagará 126,6 millones en alquileres en 2011. Son 1.450.000 euros menos (un 1,1%) que en 2010, cuando gastó 128,1 millones.

De acuerdo con los dos últimos presupuestos, el Gobierno de Aguirre afronta rentas pequeñas (como los 510 euros del apartado Atención a Mayores) y otras suntuosas (así, el alquiler para Relaciones con la administración de justicia: 32 millones).Alquilar edificios para acoger la maquinaria administrativa de la Comunidad de Madrid, aparte de los que el gobierno tiene en propiedad, costará en 2011, según los últimos prespuestos publicados, 126,6 millones de euros. La presidenta Esperanza Aguirre, que en 2008 lanzó un plan de ahorro de 1.700 millones, quiere que también se rebajen gastos en este aspecto, según razonó ayer un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda.

Parece que de momento no lo ha intentado, o bien no ha dado con la tecla: de 2010 a 2011 el presupuesto para alquileres solo bajó un 1,1%. En números redondos, 1.450.000 euros.

En 2009 se dio el primer paso para aligerar costes de alquiler, renegociándose contratos vencidos en edificios destinados principalmente a usos administrativos y sedes judiciales. Lo visto hasta ahora supone una revisión de 112.000 metros cuadrados de alquiler, el 30% de la superficie de arrendamientos de la Comunidad de Madrid.

A finales de 2009 anunciaron, por ejemplo, el reagrupamiento de una parte de los juzgados de la capital, dispersos en 23 edificios, a la plaza de los Cubos, junto a la calle de la Princesa. También recuerdan el plan para concentrar en la plaza de la Independencia las direcciones generales de Deportes y Turismo.

La Comunidad estima que estas revisiones suponen seis millones de euros de ahorro anuales que todavía no se reflejan en las cuentas. ¿Por qué? Por una parte, explica el portavoz de Economía, pesa el déficit de edificios en propiedad de la Comunidad, que obliga cada año a seguir aumentando las rentas para nuevas sedes judiciales y oficinas de empleo. A ese inconveniente se suman, según el portavoz, los incrementos de IPC e IVA que diluyen parte del ahorro.

Además de prometer que se apretará el cinturón con sus sedes, la presidenta Aguirre recordó el plan de desamortización que ha propuesto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para que saque a subasta parte del patrimonio municipal y afronte su deuda con las ganancias. Y recordó que hay dependencias municipales que se han quedado sin contenido porque el Ayuntamiento ha perdido competencias (como "la defensa de la salud de los madrileños").

El PSM, principal partido de oposición en la Asamblea regional, asegura que ellos propusieron en 2009 un plan de ahorro. "El PP rechazó en el debate presupuestario del año pasado una enmienda que incluía el recorte de alquileres de locales en zonas caras de la capital", según la nota del PSM, que considera que el anuncio de rebajas es "una ocurrencia más de la presidenta".

Según Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea, "cada año se han ido produciendo más arrendamientos de edificios, la mayoría en el entorno de la Puerta del Sol, una de las zonas más caras de Madrid". El ahorro conseguido en los últimos presupuestos (1,4 millones de 2010 a 2011) "no demuestra la existencia de ningún plan", concluye Menéndez.

La bajada del gasto de un año a otro, comparando la relación de alquileres de ambos presupuestos, se compone de pequeños arañazos en cada sector, un gran número de decenas de miles de euros; unos pocos, de cientos de miles. Ninguna renta gruesa disminuye sustancialmente; la más costosa, Relaciones con la Administración de Justicia, aumenta cuatro millones. La dedicada a la gestión administrativa de Economía y Hacienda, es un millón más barata, de 18 ha bajado a 17.

Presidencia, Justicia e Interior, a cargo de Francisco Granados, es la más onerosa y sigue al alza: 39 millones de euros en 2011, un 9% más que en 2010. El tijeretazo de alquileres más decidido ha sido el de Asuntos Sociales, de 7,2 millones hace un año a 4,9 en 2011.

(www.elpais.com, 24/11/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. LOS JUECES REACTIVAN EL CASO DE MONTES CONTRA LAMELA

El caso Lamela se reactiva. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que instruye la querella que Luis Montes presentó contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela que llame a declarar a nuevos testigos. El juzgado de instrucción número 43 había denegado varias pruebas que ahora la Audiencia acepta. Se trata de la declaración de tres inspectores que supuestamente asesoraron al comité de expertos que elaboró el informe a partir del cual se imputó a Luis Montes por presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

El procedimiento judicial contra Montes se archivó sin mención alguna a mala praxis. Después, en abril de 2009, Montes y su compañero en el hospital Miguel Ángel López Varas se querellaron por denuncia falsa y falsedad documental contra Lamela y los seis médicos que formaron parte de la comisión. El ex consejero y los seis médicos declararon ante el juzgado de instrucción en junio de 2009, pero el caso había quedado paralizado.

La Audiencia estima ahora los recursos que presentó la abogada de Montes y López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente, que se sumó posteriormente a la querella como acusación particular. Además de la declaración de los tres inspectores, ordena al juzgado que testifique Vicente Moya, que fue la persona designada por el Colegio de Médicos para formar parte del comité de expertos y que lo abandonó posteriormente. Moya falleció en abril. La Audiencia acuerda también que se ordene a la Consejería de Sanidad la remisión del expediente administrativo por el que se creó la comisión de expertos y que habían pedido reiteradamente las acusaciones.

La querella contra Lamela acusa al ex consejero de fabricar la imputación de Montes en contra de un informe independiente, el de la Inspección, que se elaboró a raíz de la denuncia anónima que dio origen al llamado caso Leganés. Ese informe afirmó que de las historias clínicas no se podían extraer conclusiones válidas. A pesar de todo, Lamela nombró a dedo al comité, que concluyó que en 73 casos la sedación "fue realizada fuera de la lex artis". "Con las nuevas declaraciones esperamos poder aclarar qué hizo ese comité y cómo pudo revisar 169 historias clínicas en solo un mes", afirmó ayer la abogada de Montes, María Jesús Díaz Veiga.

(www.elpais.com, 24/11/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID COSTEÓ UN CURSO DE COCINA A SUS DIRECTIVOS

Los miembros del comité ejecutivo de Telemadrid, integrado por la directora, Isabel Linares, y los responsables de las principales áreas, cambiaron el pasado 13 de mayo la sede del ente público por el Parador de Chinchón para reunirse. A pesar de que la localidad madrileña está 50 minutos de Pozuelo de Alarcón, donde se ubica la cadena, y a 40 de Madrid, los asistentes a la reunión durmieron a cuenta del erario público en el establecimiento hostelero, reservando tiempo para participar en un curso de cocina.

El taller de los sentidos suele durar dos horas en las que sus participantes aprenden a cocinar los platos de su propia cena, al tiempo que se deleitan con "pinceladas de maridajes" entre los ingredientes y los vinos del banquete, según promociona el Parador de Chinchón. La actividad, que se contrata por grupos, incluye un delantal, un gorro de cocina, un kit completo de aprendiz, una botella de vino y una litografía del establecimiento para cada asistente. También reciben una fotografía de recuerdo del grupo, junto a los cocineros del establecimiento, y un diploma acreditativo.

Fuentes de la dirección de Telemadrid admitieron la celebración de la reunión en el Parador de Chinchón y dijeron que se trató de un comité "especialmente intenso". Este fue el motivo por el que la dirección de la cadena autonómica decidió trasladar el trabajo "fuera" de Telemadrid, "lejos de distracciones y teléfonos móviles". Las mismas fuentes añadieron que se trata de "una práctica totalmente habitual" en las empresas, sin precisar si son públicas o privadas. Respecto a El taller de los sentidos, la dirección de Telemadrid aseguró que había consistido en "una pequeña exhibición" de los cocineros antes de la cena. La factura por esta actividad fue de 747 euros.

El coste del taller de cocina, más las ocho habitaciones individuales en temporada alta y el salón para la reunión supusieron un total de 2.616,04 euros. La factura está a nombre de la directora del ente público y a cuenta de Televisión Autonomía Madrid SA.

Linares compareció el jueves ante la comisión de Hacienda de la Asamblea autonómica para detallar el presupuesto de Radio Televisión de Madrid (RTVM) en 2011. Durante su intervención, admitió que la audiencia seguirá bajando del 7,9 de share que tiene de media en este 2010 hasta un 7,2 el próximo año, de lo que culpó a la irrupción de nuevos canales en la TDT. Igualmente, Linares reconoció que el déficit de la cadena pública crecerá hasta situarse en los 254 millones de euros.

Este periódico informó el pasado jueves de que sólo las dietas del consejo de administración de RTVM costaron a los madrileños medio millón de euros en 2009. El trabajo de los consejeros consistió en asistir a una reunión mensual y cobrar por ello 1.376 euros. Cuatro de ellos multiplicaban esa cantidad por dos al pertenecer al comisión delegada y su presidente, Manuel Soriano, la triplicaba porque también se reúne con Linares en un órgano denominado comisión de coordinación. Este fue jefe de prensa de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que después lo situó en la dirección de Telemadrid. A los diez días de dejar el cargo por motivos personales, fue reubicado en la presidencia del consejo.

Los sindicatos tacharon de "totalmente excesivo" el gasto en dietas del consejo de administración. Soriano se embolsó el pasado ejercicio 109.000 euros y el resto de la comisión delegada, formada por representantes de PP, PSOE e IU, 65.000 cada uno.

(www.publico.es, 22/11/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA DEUDA MUTILA LAS CUENTAS DE GALLARDÓN

La escena se repite. Una administración, un presupuesto y una conclusión: las cuentas más restrictivas de la historia. Esta vez le toca al Ayuntamiento de Madrid, que presentó ayer sus cifras para 2011. La capital dispondrá de 4.526 millones para gestionar la ciudad. Eso significa un 8,9% menos, 410 millones de recorte. Se repite el tijeretazo, pero cambian las fórmulas. El Ayuntamiento juega sus cartas para encarar su principal problema: se ha quedado sin liquidez porque está obligado a amortizar su deuda, que asciende a 7.145 millones. Esta es la única partida que no se rebaja y a la que se destinan 294 millones.

Por primera vez las cuentas contemplan más ingresos (4.585 millones) que gastos (4.542 millones), pero no se trata de contención. Por imposición del Gobierno, los 43 millones que Gallardón ahorra con la reducción del 5% en nóminas tienen que destinarse a cancelar créditos futuros; ni un euro para gasto corriente. Para sanear cuentas Gallardón ha aprobado que una empresa municipal le compre el 51% de Mercamadrid. Si sale bien, según el Ayuntamiento, se acelerará el pago a proveedores. Los mayores recortes recaen en Obras y Hacienda, pero también superan la media en Servicios Sociales. Se notarán más en los distritos de Villa de Vallecas y Salamanca.Los presupuestos no dan solución a los más de 900 millones que el Ayuntamiento debe a sus proveedores, en algunos casos, desde hace más de 10 meses. Y aunque Gallardón traspasa la responsabilidad al Gobierno ha tenido que buscar vías alternativas con las que reducir los retrasos hasta cuatro meses.

La primera, que aún depende de la aprobación del Ejecutivo, es la subrogación de la deuda de la M-30, que permite un ahorro anual de 100 millones que se destinaría a pagar a proveedores. La última ha sido permitir que Madrid Espacios y Congresos, de titularidad municipal, le compre el 51% de su participación en Mercamadrid por 200 millones de euros. Para el portavoz socialista David Lucas, los presupuestos no contemplan "medidas reales de ahorro y austeridad. Se parchea, se utiliza el cambalache presupuestario y quienes pagan las consecuencias son los madrileños, ya que no se solucionan los verdaderos problemas".

- Por distritos. El dinero para distritos cae un 7,24% hasta los 561,34 millones, principalmente por el descenso en inversiones. El ajuste más severo lo ha sufrido Villa de Vallecas, que pierde el 20% de los recursos que recibió en 2010. Con los 18,5 millones que se destinarán se mantiene el dinero para servicios sociales y para mayores, pero no cuenta con los cuatro millones que el año pasado sirvieron para construir centros deportivos y educativos. El segundo en recortes es Salamanca, uno de los más prósperos. Pierde más del 13% y se queda en 18 millones. El mayor recorte se repite en las inversiones en equipamientos deportivos, que se reducen casi a la mitad, con 2,5 millones de euros. "El liderazgo de Madrid es el de su deuda; no solo la financiera, sino la que tiene contraída con los barrios y los distritos que viven al margen de sus grandes proyectos con deficiencias en las dotaciones y en los servicios", criticó el candidato a la alcaldía por IU, Ángel Pérez.

La Concejalía de Obras y Espacios Públicos es la que más dinero pierde, con un recorte del 23%. Le siguen Hacienda y Urbanismo con un descenso del 18% cada una. De los 205 millones que le corresponderán a Urbanismo se destinarán 37,4 millones a culminar el proyecto de Madrid Río antes de que finalice la legislatura.

El área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana baja un 13,51% sus recursos hasta los 105 millones. El Ayuntamiento mantiene que su prioridad serán los desempleados, a los que se dedicarán 45,2 millones, y que en el recorte ha influido que ha reducido un 93% las inversiones.

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales rebaja también su presupuesto un 10,41% y contará con 233 millones. Los recortes en esta área se deben principalmente a que se han eliminado los 18 millones que el Ayuntamiento destinaba a proyectos de Cooperación al Desarrollo. Gallardón promete que asegurará los servicios de asistencia a los mayores, una de las pocas partidas que no se resienten.

(www.elpais.com, 26/11/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN

La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474 habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su partido y los dos de la formación política Alternativa Ciudadana El Olivo (ACO) declararán como imputados el 13 de enero como presuntos autores de un delito de malversación por aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los hechos investigados se "presume la posible existencia de una infracción penal", según un auto del pasado 13 de octubre al que ha tenido acceso EL PAÍS. El juez ha decidido admitir a trámite una denuncia de la fiscalía contra los integrantes del equipo de gobierno local de este municipio tras investigar la querella presentada el 8 de junio por los integrantes del Grupo Municipal Socialista, en la que atribuyen al equipo de gobierno los delitos de cohecho, prevaricación y malversación.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2008 cuando en el pleno municipal los concejales del equipo de gobierno aprobaron la modificación del acuerdo de funcionarios o convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo unas tablas salariales que iban a aplicarse con carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2007. Esto significaba que el Consistorio se obligaba a abonar unos "atrasos" para lo que, según la denuncia del PSOE, "no existía partida presupuestaria ni consignación" económica, por lo que podían ser "presuntamente ilegales". Este acuerdo tuvo un informe negativo de la Intervención municipal realizado varios meses después.

Ante la negativa del Consistorio a respetar la legalidad, según los socialistas, la Delegación interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento. Esta presión de la Delegación y de los concejales del PSOE hizo que el pleno municipal declarara nulo el acuerdo de las subidas salariales.

Pero esta decisión del pleno no tuvo ningún efecto real, según la denuncia de los socialistas: "A pesar del acuerdo que anulaba las tablas salariales, el equipo de gobierno local no solo no solicitó a los trabajadores municipales el reintegro de las cantidades pagadas de más en 2008, sino que siguió pagando las retribuciones, conforme a las tablas salariales que habían sido anuladas por acuerdo del pleno, además de los supuestos atrasos de 2007".

Este acuerdo que los socialistas consideran ilegal permitió que los complementos específicos se incrementaran en algunos casos más de un 300% con respecto al convenio colectivo anterior. Este aumento no fue igualitario para todos los funcionarios del Consistorio, sino que según los socialistas la alcaldesa los otorgó de forma arbitraria. Para mantener la subida el Consistorio creó un plus de productividad, por el que entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009 se han pagado 263.025 euros, siendo los más beneficiados los 20 policías locales, la interventora municipal y la tesorera.

El PSOE considera demostrado que el equipo de gobierno municipal "incumplió" no solo un acuerdo del pleno al seguir pagando las retribuciones que habían sido anuladas, sino que también "engañó" a la Delegación del Gobierno de Madrid, ya que los dirigentes del PP han seguido pagando las retribuciones conforme a lo declarado nulo.

El 7 de julio de 2009, el equipo de gobierno del PP y de los independientes aprobó un nuevo acuerdo para los funcionarios con un anexo para los policías locales con la intención de asumir la "subida ilegal" de las retribuciones que ya se venían aplicando. Tres meses después la Delegación del Gobierno volvió a requerir al Ayuntamiento para que anulara algunos puntos de este nuevo convenio, que fueron modificados efectivamente el 28 de enero de 2010. Pero a pesar de esta decisión, el concejal de Personal, Ramón Polo Martínez, dejó claras sus intenciones, según el PSOE, de no cumplir este nuevo acuerdo: "Repito lo que he dicho antes, me buscaré la manera de que ningún trabajador de este Ayuntamiento pierda ni un solo euro. Pagaré a través de un plus de productividad o lo que tenga que pactar". Y en efecto, el 15 de marzo el responsable de Personal aprobó de forma "ilegal" conceder una retribución mensual a los agentes municipales de 793,85 euros como plus de productividad, abonando conceptos como jornadas a turnos, nocturnidad, sábados y domingos.

En el caso de los policías locales de Torres de la Alameda su sueldo mensual es de 2.429,47 euros, ya que a un sueldo base de 600,7 euros, se le incluye 321,06 como complemento de destino y 713,81 de complemento específico, además del mencionado de 793,85 euros. En el caso de realizar horas extras, los agentes pueden llegar a superar los 4.000 euros mensuales, algo que ya ocurrido durante las fiestas patronales, en las que algunos agentes presentaron jornadas de hasta 24 horas, según los socialistas.

Este periódico ha tratado de recabar sin éxito durante varios días la opinión de la alcaldesa de Torres, Clara Torre Ruiz, que no ha hecho declaraciones sobre los sueldos de los funcionarios del Ayuntamiento que dirige, y por lo que está imputada junto con el resto de miembros del equipo de Gobierno.

(www.elpais.com, 26/11/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE REUNIÓ CON LOS EMPRESARIOS DE VALENCIA CON EL BENEPLÁCITO DEL PP

El PP ha recriminado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la "foto" que se hará este sábado en el Palacio de la Moncloa, con los 30 grandes empresarios españoles. A juicio de los populares, Zapatero debería recibir a los "miles" de autónomos y pymes que están "ahogados" por la crisis económica.

Pero cuando hace este reproche, el PP olvida que el pasado 17 de septiembre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps ya tuvo una reunión parecida con los principales dirigentes de la Comunidad. Y a los populares les pareció bien.

Los representantes empresariales que participaron en el encuentro convocado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, valoraron la iniciativa y coincidieron en la importancia de "aunar esfuerzos" para, "entre todos, aportar ideas e ir sumando esfuerzos para que la Comunidad Valenciana vaya recuperándose de una situación tan compleja como la que vive en la actualidad".

(www.cadenaser.com, 25/11/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA PIDE TIEMPO PARA JUSTIFICAR SUS INGRESOS

Después de siete años de instrucción, cinco desde que se aprobara la investigación de su patrimonio y sus cuentas y seis meses desde que los peritos judiciales presentaron el informe en el que destaparon unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, necesita más tiempo para justificar el origen de este dinero cuya procedencia, según los peritos, "no consta".

Al menos así lo mantiene Juan Alberto Marco, el auditor de las cuentas de Fabra que realizó y ha presentado dos informes para tratar de rebatir las tesis de los peritos, que son inspectores de Hacienda. En uno de ellos, señala que existen "líneas de investigación abiertas para acreditar" la provisión de fondos en las cuentas del presidente de la Diputación. Y alega que estas nuevas líneas aún no se han cerrado por la "disposición limitada de tiempo".

"Esto es el cuento de nunca acabar", apeló el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, a la salida del juzgado de Nules, adonde ayer acudieron a declarar tanto el auditor de Fabra como los peritos fiscales que realizaron el informe encargado por el juez, en el que concluyeron la comisión de cinco fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra y otros cuatro por su entonces su esposa, María Amparo Fernández.

"No me quita el sueño", afirmó el propio Fabra al ser preguntado por los interrogatorios solicitados por él mismo ya aceptados pese a que el juez entendía que era un trámite que debía resolverse durante el juicio, aunque aún no se ha determinado si se celebrará. "Imagínese lo que me preocupa el tema", insistió Fabra, quien dijo que creía que las declaraciones tenían que producirse hoy.El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quiere aportar más documentación al juzgado de Nules, que le investiga desde hace casi siete años por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Considera que esta información podría variar las conclusiones de los peritos judiciales, que detectaron, entre 1999 y 2004 en las cuentas de Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros por las que dejaron de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El juez le ha dado cinco días.

Fabra acudió el pasado 23 de septiembre al juzgado de Nules después de que el juez, Jacobo Pin, atendiera su solicitud de ser interrogado, pese a que este es un trámite que el dirigente del PP podía haber reclamado en cualquier momento, dada su condición de imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Lo solicitó cuando el juez ya había decidido acabar con las diligencias previas y dar un paso adelante en el procedimiento iniciado hace seis años y 11 meses. Aquel día, Fabra no aportó ningún documento a la causa. Solo con palabras, sostuvo que todos sus ingresos entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros, proceden de su actividad política, de sus negocios y de la gestión de su patrimonio y que los 3,6 millones cuyo origen no se ha justificado, según los peritos, son, únicamente, movimientos entre cuentas.

Ayer, tanto Juan Alberto Marco, un auditor de cuentas contratado por Fabra para rebatir el informe pericial que le acusa de los delitos fiscales, como Javier Boix, el letrado del presidente de la Diputación, alegaron tener constancia de la existencia de documentación que no ha sido tenida en cuenta por los peritos, pese a que estos tardaron cinco años en elaborar el informe y revisaron 17.000 operaciones. La ingente documentación solicitada a los bancos y las trabas de las propias oficinas bancarias (que no recibieron advertencia alguna) para aportar los documentos hicieron que las conclusiones se demoraron hasta el pasado mes de mayo, momento en el que el juzgado recibió el informe que sostiene que el matrimonio Fabra dejó de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros.

Sin embargo, según se planteó ayer en el juzgado, donde fueron interrogados tanto el auditor de Fabra como los peritos judiciales, Fabra cuenta ahora con documentos que no se encuentran en las decenas de miles de folios que ocupa la instrucción y que podrían hacer variar las conclusiones de los peritos.

(www.elpais.com, 23/11/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CARGO DE FABRA SE BURLA ANTE EL JUEZ DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Es el responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón, pero estos días se sienta en el banquillo acusado de permitir vertidos tóxicos en el pueblo del que era alcalde, Vall d'Uixó. El protagonista de esta contradicción es Vicent Aparici, vicepresidente de la institución provincial, que se enfrentó al primer día del juicio oral que se sigue contra él por autorizar, presuntamente, que un empresario vertiera residuos muy contaminantes en un vertedero que no estaba preparado para ello.

Aparici descargó toda responsabilidad en los técnicos del Ayuntamiento y contestó con chulería a las preguntas de la fiscal. La pregunta "¿Cuál es entonces la responsabilidad de los políticos?" escandalizó al acusado, que contestó entre resoplidos: "Esa pregunta respóndala usted, porque parece que sabe mucho de esto, qué pregunta, compréndame usted, ¡qué responsabilidades tienen los políticos!".

Aparici es la mano derecha de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que desde hace ocho años está imputado por cohecho y fraude fiscal, entre otros presuntos delitos. Tanto Fabra como el PP provincial apoyaron ayer a Aparici sin fisuras.

En su relato, la Fiscalía asegura que el ex alcalde autorizó a una empresa para que depositara todo tipo de vertidos en el vertedero de Garrut. Entre 1998 y 2003 metales pesados y otras sustancias peligrosas se filtraron en el subsuelo. A través de un barranco los tóxicos llegaban en ocasiones al río Belcaire y después al mar.

Los efectos del vertedero, clausurado en la actualidad, afectan "de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas", según el fiscal, que remacha que las consecuencias de los vertidos seguirán produciéndose durante un periodo imposible de determinar. Pese a que las irregularidades fueron denunciadas públicamente por asociaciones ecologistas, Aparici basó su defensa en su desconocimiento de los hechos porque ningún técnico le informó de lo que estaba pasando. Uno de los testigos que ayer declaró ante el juez, un guardia civil, aseguró que en una visita a la zona vio que nadie vigilaba el vertedero y de que había basuras "de todo tipo".

El ex alcalde se enfrenta a dos años de prisión y a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación. La misma pena se solicita para los ex concejales de Obras Públicas y Urbanismo, que también están siendo juzgados. Además, el fiscal pide para él y para el empresario autor de los vertidos 18.000 euros de multa y 20 fines de semana de arresto por establecimiento de vertederos de residuos tóxicos.

El colectivo ecologista Gecen demandó su dimisión como responsable de Medio Ambiente en la Diputación y recordó que los destinatarios de sus presuntos delitos "somos todas las personas que hemos utilizado el agua contaminada directa o indirectamente ".

(www.publico.es, 24/11/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV ADEUDA CASI 1.100 MILLONES A ONCE BANCOS MIENTRAS SE DEBATE SU PRIVATIZACIÓN

La reapertura del debate en torno a una hipotética privatización de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) por parte del presidente de su propio consejo de administración, Emilio Fernández, debido all terminal estado económico del ente público es para algunos el señuelo de un debate imposible. Porque la pregunta al respecto no es si Canal 9, por ejemplo, debería pasar a manos privadas sino de qué forma la Generalitat podría afrontar ese proceso cuando el ente público está actualmente, en la práctica, en manos de once instituciones financieras, aquellas que han prestado casi mil cien millones de euros para poder cubrir las pérdidas y cuadrar sus cuentas anuales. Un agujero económico que, además, seguirá creciendo cuando se cierre este ejercicio. Según todas las fuentes consultadas por este diario, las pérdidas se incrementarán en otros doscientos millones de euros.

Aunque la Generalitat Valenciana avala como institución matriz las cuentas de RTVV, su economía tampoco se encuentra saneada como para rescindir créditos. Algunos de préstamos tienen cerca su vencimiento, en otros casos se abonan aún únicamente intereses y los hay que tienen un plazo de liquidación cuyo horizonte se sitúa a una distancia de veinte años vista.

Las propia cuenta anual consolidada del ejercicio de 2009 que audita la propia Conselleria de Economía y Hacienda, así como las diferentes auditorías externas realizadas por firmas privadas, vienen advirtiendo desde hace años del estado de quiebra técnica del ente autonómico y su imposibilidad de hacer frente a una economía real.

Así, por ejemplo, en el citado documento de Hacienda se anotaba que "el principal riesgo para el Grupo de RTVV es el riesgo financiero, asociado a los movimientos de tipo de interés a causa de la elevada deuda que mantiene", aunque admitía que la deuda podría ser asumida total o parcialmente por la propia Generalitat. Sin embargo, lo único que ha venido sucediendo en los últimos ejercicios es que esa deuda se ha afrontado con la firma de nuevas pólizas de crédito.

La deuda acumulada de RTVV de mil cien millones de euros tiene por ejemplo, como refleja el cuadro adjunto, amortizaciones a muy corto espacio de tiempo y otros que se demoran en los años y no hacen sino aumentar la cuantía de los mismos debido a la fluctuación y subida de los tipos de interés. La deuda que gestiona el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) está formalizada con una parte importante de bancos privados españoles y sobre todo con entidades alemanas. Para las fuentes consultadas por este diario, las manifestaciones del presidente del consejo de administración resultaban aún más contradictorias desde el momento en que ha sido la mayoría de su consejo el que ha ido firmando durante estos años las renovaciones de los créditos y, por tanto, aumentando la deuda.

La situación del canal público autonómico es más delicada aún si se considera la importante deuda con proveedores. Mediapro ha retirado la señal de la Liga de Fútbol y sólo los productores reclaman más de 30 millones. Algunos han presentado ya concurso de acreedores y otros rechazan suministrar más contenidos. Paradójicamente, su plantilla de RTVV y sus sociedades está compuesta por más de 1700 trabajadores. En 2009 los créditos a corto plazo que el ente debía de asumir de forma inmediata se situaban en los 67 millones de euros, mientras mantenía 161 millones de euros con acreedores comerciales.

Según una carta remitida hace apenas unos días por el consejero socialista Miguel Mazón precisamente al presidente del consejo, el presupuesto de RTVV no había contemplado en sus cuentas para 2011 el apartado correspondiente a una amortización de 43 millones de euros. Y situaba, al mismo tiempo, la necesidad de que se contemplara una cifra cercana a los 80 millones de euros para el pago de intereses y amortización de la deuda que se arrastra en el ente público.

El mismo documento de Hacienda que alerta de los riesgos financieros por las fluctuaciones de los tipos de interés en el mercado mostraba que, al margen de la creciente deuda, el grupo RTVV y sus sociedades Canal 9 y Ràdio 9 mantienen elevados costes por el alquiler de inmuebles. En especial los que ocupan consejo de administración del ente público y servicios centrales. El pago del arrendamiento del local de la gran vía Fernando el Católico en Valencia, en el que se ubica el órgano de gobierno y personal técnico de RTVV, ascendió en el año 2009 a 337.421 euros. Mientras tanto, en Alicante, en lugar de disponer de un local propio, el ente público abona un canon por derecho de superficie anual por el terreno en el que se encuentra su centro de producción. El coste de disponer del local en Alicante se eleva a 270.000 euros anuales, según refleja la documentación contable de la propia RTVV. Su contrato es de 33 años prorrogables y la duda es si esa sede con esas condiciones también podría entrar en el paquete de la privatización.

(www.levante-emv.com, 24/11/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. G. CAMPS CONTRADICE A PONS Y RECHAZA QUE EL GOBIERNO ENGAÑE EN LAS CUENTAS

Sembrar incertidumbres sobre la estabilidad financiera de España puede arrimar algún voto al zurrón del PP pero está por ver si además le costará alguna décima a administraciones que, como la Generalitat, acuden a los mercados a solicitar deuda. Quizá por ello, el conseller de Economía, Gerardo Camps, aseguró ayer de forma tajante que "España no es Irlanda", rechazó que el Ejecutivo de Zapatero esté "engañando" sobre sus cuentas públicas, toda vez que "son demasiados los focos que tenemos puestos sobre nosotros", e incluso reconoció que el Gobierno "ahora está por la buena senda en parte". Las declaraciones de Camps son diametralmente opuestas a las que el día anterior hizo el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien emplazó al Ejecutivo central a decir la "verdad" sobre la situación económica y no "mentir" como hicieron Grecia e Irlanda.

Camps, a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts, dijo desconocer las declaraciones de Pons, pero subrayó: "España no es Irlanda; tenemos una economía mucho más potente y un sistema bancario mucho más solvente". Además, dijo "compartir" con el Gobierno que "en estos momentos no estamos en una situación en que se pueda plantear la intervención de las instituciones europeas". "Ni el Gobierno de España creo que engañe, ni el Gobierno de la Comunitat Valenciana engaña absolutamente a nadie", recalcó al ser preguntado sobre si Madrid "maquilla" las cifras. A su juicio, aunque el Gobierno "erró o engañó cuando negó la crisis" y "luego no acertó" con medidas que tuvo que rectificar, "ahora está por la buena senda en parte", si bien "faltan aún medidas y reformas por acometer". Más adelante, el conseller matizó que el Ejecutivo "ahora no acaba de tomar las medidas adecuadas para salir cuanto antes de esta situación".

Al desmarque de G. Camps, se sumó ayer el del coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, quien declaró que las cuentas del Ejecutivo central son "suficientemente elocuentes" como para reflejar la gravedad de la crisis. Esto es, que no haría falta falsear ninguna cifra, como insinuó Pons. La postura de Montoro evidencia el cambio de línea del PP en la crítica al Gobierno por la situación económica, tras la escandalera del martes. El secretario de Comunicación del PP, no obstante, insistió ayer en su arremetida, al exigir a Zapatero que aclare las "dudas" sobre España a su juicio expresó el comisario europeo, Joaquín Almunia.

Por otro lado, el vicepresidente no ocultó su satisfacción por la reunión del martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha "dejado sin discurso a la oposición" en las Corts, a la que hizo un "llamamiento" a que "deje de hacer oposición por oposición" y que, "al igual que el Gobierno socialista de España, arrime el hombro junto con la Generalitat, como nosotros hacemos en el Consejo de Política Fiscal" con el Ejecutivo central. Resaltó que en el CPFF "se puso sobre la mesa que la Comunitat está cumpliendo" y se "avaló" el Plan de Reequilibrio "que la oposición aquí dice que no existe".

En cambio, para la socialista Cristina Moreno, en el CPFF el Consell "suspendió, con derecho a recuperación", tras recordar que la calificación que mereció fue la de "riesgo moderado de leve desviación", lo que implica que el PP "tendrá que demostrar que contiene el gasto corriente" para que la dejen seguir endeudándose.

(www.elpais.com, 26/11/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. JARABA PIDE 46 MILLONES AL HABER PERDIDO 47, 9

El director general de RTVV, José López Jaraba, aseguró ayer que el ente público liquidó los presupuestos de 2009 con una desviación ?-pérdidas por encima de las autorizadas- de 47,8 millones, "fruto exclusivamente de la actual crisis económica".

Asimismo, señaló que para "reequilibrar los resultados de TVV" y para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Sociedades Anónimas, el ente ha solicitado a la Generalitat una financiación adicional de 46,33 millones de euros.

López Jaraba, que compareció en la Comisión de Control de la Actuación de RTVV en las Corts, informó de la situación económico-financiera del ente según la auditoría realizada por Ernst & Young, de la que se desprende que las cuentas anuales de RTVV son "correctas y transparentes", según resaltó. Explicó que RTVV liquidó los presupuestos de 2009 con una desviación -pérdidas por encima de las autorizadas- de 47,8 millones que han provocado las reducción de las previsiones de ingresos publicitarios en más de 20,5 millones y en 25,8 millones las correspondientes a las subvenciones de la Generalitat.

Sobre la reducción de financiación pública, indicó que esta información "llegó a finales del ejercicio", lo que "impidió reacción o previsión" para afrontarlo

Así, López Jaraba anunció que para "reequilibrar los resultados de TVV" y para "dar cumplimiento a las exigencias" de la Ley de Sociedades Anónimas, el ente ha solicitado a la Generalitat una financiación adicional de 46,33 millones de euros.

El director de RTVV señaló también que "una vez finalizada la ampliación de capital programada en TVV, los fondos propios de la Sociedad continuarán siendo positivos, pese a que las amortizaciones no se financian directamente al figura en los presupuestos como pérdida autorizada".

Por ello, consideró que "ni puede ni debe cuestionarse la viabilidad de TVV al disponer de respaldo financiero de la Generalitat", al tiempo que insistió en que una vez cerrada la ampliación de capital, los fondos propios "permitirán realizar las operaciones mercantiles previstas en la Ley de Sociedades Anónimas para reequilibrar la situación patrimonial".

Desde los grupos de la oposición, se dijo que la televisión "está peor que hace un año" y que la sociedad "estaría en quiebra técnica si no fuera por los presupuestos" de la Generalitat.

Además, consideraron que las declaraciones del presidente del Consejo, Emilio Fernández, sobre la posibilidad de privatización son un "globo sonda" que "confirma que la situación es insostenible". Sobre este punto, López Jaraba se declaró un "enamorado de la televisión pública" y dijo "sí a la televisión pública y sin complejos". Jaraba reconoció que la situación es "delicada", que "estamos a medio metro del "crash" y que "estamos todos igual" pero dijo que "tenemos futuro".

(www.levante-emv.com, 26/11/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ALEJA A DE LA RÚA DEL 'CASO GÜRTEL'

Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, abandonará su puesto el próximo día 13 y dejará desde entonces de intervenir en el caso Gürtel. No podrá seguir tomando decisiones sobre el asunto de los trajes en el que está imputado por cohecho pasivo impropio el presidente Francisco Camps, quien se refirió públicamente a De la Rúa como "más que amigo".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) colocará a De la Rúa en situación de comisión de servicio. Es decir, el todavía presidente del TSJ (lo es desde hace más de 11 años, los últimos 18 meses en situación de prórroga) tendrá un trabajo desde Valencia para el CGPJ que aún está por determinar.

Así se zanja una dura polémica y unas no menos intensas presiones desde la Presidencia de la Generalitat para que De la Rúa se quedara adscrito a la sala de Lo Civil y Penal, de modo que pudiera seguir interviniendo en la causa derivada del Gürtel que mantiene imputados, además del presidente Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos, al ex secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. El presidente Camps quería a De la Rúa en esa sala. Y De la Rúa prefería ese destino a la sala de Lo Social, de la que venía, una jurisdicción con una carga de trabajo muy superior a la de la sala de Lo Civil y Penal.

La fórmula que el sector conservador en el CGPJ barajaba era la de magistrado adscrito a la sala. Una fórmula aplicada por la comisión permanente del CGPJ al ex presidente del TSJ del País Vasco, Fernando Pérez Piñeiro. La adscripción es una situación temporal en expectativa de plaza.

Quedarse como adscrito en la sala de Lo Civil y Penal convencía cada vez más a De la Rúa, especialmente si la única alternativa era ir a la sala de lo Social, sin presidirla. Él mismo ha comentado que no se siente en disposición de afrontar la disciplina que supone la actividad de la sala, que abandonó hace más de una década. Y en las últimas semanas convenía cada vez menos a un sector importante de la sala de Gobierno y a los conservadores del CGPJ. ¿Por qué? Porque la decisión afectaría directamente a Pilar de la Oliva, la juez conservadora que será presidenta del TSJ desde el próximo 13 de diciembre y cuyo proyecto al frente de la institución ha provocado una amplia complicidad de los progresistas. Para los conservadores, que aspiran a que la sensibilidad de la sala de Lo Civil y Penal por el caso en el que está imputado Camps no decaiga, pasó a ser importante mantener desvinculado a De la Rúa de la futura presidenta.

De no haber existido un acuerdo en el CGPJ para arbitrar la comisión de servicio, cuyo contenido aún está por determinar y sorprendentemente tendrá que ver con la Comunidad Valenciana cuando ya hay dos vocales territoriales, Pilar de la Oliva se hubiera visto obligada a tomar una decisión. Hubiera tenido que ser ella, desde la presidencia de la sala de Gobierno del TSJ, la encargada de pronunciarse sobre el destino profesional de De la Rúa. Y cualquier posición hubiera sido comprometida para ella.

Pero otro factor ha intervenido en este escenario: el Consell Jurídic Consultiu. Camps está dispuesto a que De la Rúa se coloque al frente de ese órgano. Es el destino habitual de los presidentes que abandonan los TSJ, en el caso de que la institución exista en su estatuto autonómico. Pero además, Camps ha contado con refuerzo para que ese pueda ser un destino para De la Rúa. Ese refuerzo, entre otros, ha venido del propio CGPJ.

(www.elpais.com, 25/11/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA ABRE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN POR LA FINANCIACIÓN DE LA RED DE ONG

La Fiscalía ha abierto una línea de investigación independiente por el supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad, que dirige Rafael Blasco, a la antes conocida como Fundación Solidaria Entre Pueblos. La diputada de Compromís Mireia Mollà ratificó ayer ante el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jesús Carrasco, la denuncia por las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones al entramado de ONG. Mollà aportó al fiscal abundante documentación por escrito para sustentar su denuncia y precisó durante tres horas a Carrasco las presuntas anomalías.

La representante de Compromís indicó al salir de la Ciudad de la Justicia: "No tenemos ninguna duda de que lo que denunciamos es veraz. Queda muy claro y muy patente el trato de favor con la Fundación Solidaria Entrepueblos (que debe cambiar su nombre tras una sentencia judicial) y que ésta lo que ha hecho es desviar dinero que recibía para ingresar en las cuentas de las empresas de los dirigentes de esta fundación". "Volvemos a ratificarlo y esperamos que se profundice en el tema, que se investigue y que sea una llamada para que dejen de hacer estos comportamientos que son simplemente corrupción en toda regla", añadió.

La diputada aseguró que la documentación que ayer le entregó al fiscal incluye "facturas con sus propios resguardos de haberlos cobrado estas empresas, todos los expedientes en los que hay irregularidades, nóminas de personal, órdenes de haber recibido subvenciones de la conselleria y todo lo que relaciona el entramado de ONG con la matriz de la trama. Es decir, toda la documentación que liga las cuentas de estas fundaciones a los dirigentes de la matriz con firmas de sus respectivas cuentas".

Mireia Mollà recordó que las subvenciones bajo sospecha que ha podido recibir el entramado de ONG son de 2009 y 2010, y "podrían sumar un montante de cuatro millones de euros". La diputada precisó que de ese dinero unos "dos millones" habrían ido a parar a las empresas vinculadas a miembros de la red.

Mollà aclaró que la investigación va a ser independiente a la ya existente por la denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado por la supuesta compra de pisos en Valencia a cuenta de los fondos de cooperación por parte de la Fundación Cyes. La representante de Compromís puntualizó que los dos casos tiene como punto de conexión la empresa Arcmed y que el fiscal no descarta unir las dos investigaciones en el futuro.

La diputada subrayó que confía en que los hechos "se investiguen a fondo" y "si alguien tiene algún tipo de responsabilidad penal" que pague por ella. El fiscal le advirtió a Mollà que "no hay que tener prisa en estos casos" porque son investigaciones complejas.

El portavoz adjunto del PP en Les Corts, Vicente Betoret, acusó a Compromís de ser "cómplice de una campaña orquestada contra la cooperación valenciana que se ha vuelto en contra de aquellos que hicieron un montaje", como los diputados Ángel Luna y Clara Tirado. A juicio de Betoret, la diputada "se ha convertido en una de las tres protagonistas del Gran Circo Mundial, junto a las diputadas Mónica Oltra y Clara Tirado".

(www.levante-emv.com, 25/11/10)

30. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL CORRIGE SU DECLARACIÓN DE BIENES EN LAS CORTES MANCHEGAS

No hace muchos días, María Dolores de Cospedal presumió de ser la más transparente de España a la hora de declarar su patrimonio. Hasta que Público reveló que tenía un local comercial a su nombre y de sus hermanos en Albacete que no había incluido en su declaración —obligatoria— ante las Cortes de Castilla-La Mancha. Y tuvo que rectificar y volver a presentarla.

Por eso, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aprovechó este martes la ocasión para recordar que Cospedal, también presidenta regional del PP, tiene el "honor" de ser quien más ha tenido que corregir su declaración oficial de actividades, bienes y renta.

En una rueda de prensa en Toledo, Caballero señaló que "no hay ningún otro caso de parlamentario, ya sea del PP o del PSOE, que haya tenido que corregir tantas veces su declaración oficial por haber ocultado propiedades o ingresos".

"Este honor, el de haber tenido que modificar en varias ocasiones la declaración de bienes por haber ocultado propiedades o ingresos sólo lo tiene Cospedal", dijo el secretario de Organización de los socialistas castellano-manchegos.

En ese sentido, recordó que hace un año y medio, Cospedal "tuvo que hacer una nueva declaración porque había ocultado 27.000 euros; y ahora porque ha ocultado un local de su propiedad".

"Ojalá —deseó— en los próximos meses no tenga que hacer nuevas declaraciones porque haya ocultado otras cuestiones".

(www.publico.es, 23/11/10)

31. CASTILLA-LA MANCHA. UN EMPRESARIO DESTAPA UNA TRAMA CORRUPTA EN LA ALCALDÍA DE CIUDAD REAL

Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento. La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.

Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.

Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.

Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.

Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.

Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.

A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.

"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.

Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales.

 

(www.elpais.com, 26/11/10)

32. CASTILLA-LA MANCHA. UN DONATIVO AL PARTIDO QUE ACABA PAGANDO EL MUNICIPIO

 

Es frecuente que las tramas de corrupción que se destapan en instituciones con capacidad de contratar afloren aportaciones de los empresarios beneficiados para los partidos que las gobiernan. Lo que es menos usual es que esos donativos sean pasados luego al cobro a dichos organismos públicos. Esto es lo que supuestamente ha ocurrido en el Ayuntamiento de Ciudad Real, bajo el PP.

El empresario Jesús Rosado denuncia que en 2007 entregó en mano 3.000 euros al responsable del PP en la localidad de Malagón, Martín Toledano. Alega que se lo exigió el edil de Deportes de Ciudad Real, César Manrique, por "órdenes de arriba". "Martín Toledano me llamó para fijar el sitio donde reunirnos y me indicó que fuera a un parque a una hora determinada. Al llegar se bajó del vehículo y lo reconocí, me dijo que si venía de parte de Manrique, le dije que sí, y le entregué el dinero en un sobre". Pero era peor que un donativo oculto: "Siguiendo las instrucciones de Manrique, la misma cantidad fue facturada por la empresa Global Sport [del denunciante] al Ayuntamiento de Ciudad Real. El concepto que figura en la factura es incierto dado que ningún servicio ni venta se realizó".

La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, a través de su portavoz, cuestiona el crédito del denunciante, y afirma que él es el que está denunciado por falsedad en firma y documento. El denunciante corrobora este hecho, pero aporta varios datos relevantes sobre el asunto: la denuncia contra él la presenta un funcionario del Ayuntamiento tras haber amenazado él a la alcaldía con que emprendería una batalla a muerte para cobrar su deuda. Se le acusa de haber firmado en falso un endoso bancario, pero en la entidad bancaria niegan haberlo recibido y en dicho proceso ha testificado voluntariamente Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras municipal, al que en su denuncia atribuye un papel capital en la exigencia de reiteradas corruptelas: la compra de un reloj de lujo por valor de 430 euros para el funcionario, la adquisición de 150 entradas para el concierto de Alejandro Sanz o el pago de viajes privados.

Rosado le acusa de obligarle a firmar como cobradas múltiples facturas "desconociendo el destino y la persona que recibía el dinero correspondiente al pago" cuya suma superaría los 8.000 euros. El denunciante, como en la mayoría de las corruptelas que desvela, aporta sus pruebas. En este caso dos de dichas facturas falsas.

(www.elpais.com, 26/11/10)

33. CASTILLA-LA MANCHA. OBRAS PARA LA ALCALDESA

El empresario Jesús Manuel Rosado denuncia que en septiembre de 2009 le telefonea el concejal de Deportes, César Manrique, y le anuncia que Rosa Romero, la alcaldesa, le propondrá algo y que le diga sí a lo que sea. En efecto, según su relato, la regidora le llama y le pide construir en su domicilio un parque infantil de 100 metros cuadrados. Manrique le indica que los costes de esa obra "deben facturarse al Patronato Municipal de Deportes". "Ni ella ni su marido, en ningún momento, me preguntaron nada relacionado con el precio de las obras, ni por la forma de pago de las mismas", acusa el empresario, que tampoco llegó a cobrarlo del Ayuntamiento. Manrique, según el denunciante, también le exigió a primeros de 2009 la entrega de 25.000 euros "para la compra de una vivienda". No fue un regalo. Rosado, de acuerdo con Manrique, recuperó 15.000 euros mediante facturas municipales por falsos servicios. Dicho edil también le forzó a que contratara en su empresa a un hermano suyo.

Además, acusa Rosado, el citado edil le obligó a hacer obras en la vivienda de sus padres por 25.000 euros que parcialmente recuperó con facturas al Ayuntamiento por falsos servicios prestados. Igual método empleó para sufragar obras privadas por 7.000 euros en una finca en la que trabaja la esposa del citado edil. La alcaldesa niega todos estos regalos.

(www.elpais.com, 26/11/10)

34. CASTILLA-LA MANCHA. LA REGIDORA DE TORRES DE LA ALAMEDA, IMPUTADA POR MALVERSACIÓN

La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474 habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su partido y los dos de la formación política Alternativa Ciudadana El Olivo (ACO) declararán como imputados el 13 de enero como presuntos autores de un delito de malversación por aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los hechos investigados se "presume la posible existencia de una infracción penal", según un auto del pasado 13 de octubre al que ha tenido acceso EL PAÍS. El juez ha decidido admitir a trámite una denuncia de la fiscalía contra los integrantes del equipo de gobierno local de este municipio tras investigar la querella presentada el 8 de junio por los integrantes del Grupo Municipal Socialista, en la que atribuyen al equipo de gobierno los delitos de cohecho, prevaricación y malversación.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2008 cuando en el pleno municipal los concejales del equipo de gobierno aprobaron la modificación del acuerdo de funcionarios o convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo unas tablas salariales que iban a aplicarse con carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2007. Esto significaba que el Consistorio se obligaba a abonar unos "atrasos" para lo que, según la denuncia del PSOE, "no existía partida presupuestaria ni consignación" económica, por lo que podían ser "presuntamente ilegales". Este acuerdo tuvo un informe negativo de la Intervención municipal realizado varios meses después.

Ante la negativa del Consistorio a respetar la legalidad, según los socialistas, la Delegación interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento. Esta presión de la Delegación y de los concejales del PSOE hizo que el pleno municipal declarara nulo el acuerdo de las subidas salariales.

Pero esta decisión del pleno no tuvo ningún efecto real, según la denuncia de los socialistas: "A pesar del acuerdo que anulaba las tablas salariales, el equipo de gobierno local no solo no solicitó a los trabajadores municipales el reintegro de las cantidades pagadas de más en 2008, sino que siguió pagando las retribuciones, conforme a las tablas salariales que habían sido anuladas por acuerdo del pleno, además de los supuestos atrasos de 2007".

Este acuerdo que los socialistas consideran ilegal permitió que los complementos específicos se incrementaran en algunos casos más de un 300% con respecto al convenio colectivo anterior. Este aumento no fue igualitario para todos los funcionarios del Consistorio, sino que según los socialistas la alcaldesa los otorgó de forma arbitraria. Para mantener la subida el Consistorio creó un plus de productividad, por el que entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009 se han pagado 263.025 euros, siendo los más beneficiados los 20 policías locales, la interventora municipal y la tesorera.

El PSOE considera demostrado que el equipo de gobierno municipal "incumplió" no solo un acuerdo del pleno al seguir pagando las retribuciones que habían sido anuladas, sino que también "engañó" a la Delegación del Gobierno de Madrid, ya que los dirigentes del PP han seguido pagando las retribuciones conforme a lo declarado nulo.

El 7 de julio de 2009, el equipo de gobierno del PP y de los independientes aprobó un nuevo acuerdo para los funcionarios con un anexo para los policías locales con la intención de asumir la "subida ilegal" de las retribuciones que ya se venían aplicando. Tres meses después la Delegación del Gobierno volvió a requerir al Ayuntamiento para que anulara algunos puntos de este nuevo convenio, que fueron modificados efectivamente el 28 de enero de 2010. Pero a pesar de esta decisión, el concejal de Personal, Ramón Polo Martínez, dejó claras sus intenciones, según el PSOE, de no cumplir este nuevo acuerdo: "Repito lo que he dicho antes, me buscaré la manera de que ningún trabajador de este Ayuntamiento pierda ni un solo euro. Pagaré a través de un plus de productividad o lo que tenga que pactar". Y en efecto, el 15 de marzo el responsable de Personal aprobó de forma "ilegal" conceder una retribución mensual a los agentes municipales de 793,85 euros como plus de productividad, abonando conceptos como jornadas a turnos, nocturnidad, sábados y domingos.

En el caso de los policías locales de Torres de la Alameda su sueldo mensual es de 2.429,47 euros, ya que a un sueldo base de 600,7 euros, se le incluye 321,06 como complemento de destino y 713,81 de complemento específico, además del mencionado de 793,85 euros. En el caso de realizar horas extras, los agentes pueden llegar a superar los 4.000 euros mensuales, algo que ya ocurrido durante las fiestas patronales, en las que algunos agentes presentaron jornadas de hasta 24 horas, según los socialistas.

Este periódico ha tratado de recabar sin éxito durante varios días la opinión de la alcaldesa de Torres, Clara Torre Ruiz, que no ha hecho declaraciones sobre los sueldos de los funcionarios del Ayuntamiento que dirige, y por lo que está imputada junto con el resto de miembros del equipo de Gobierno.

(www.elpais.com, 26/11/10)

35. REGIÓN DE MURCIA. ASALTO A LA GERENCIA DE URBANISMO

El proyecto de Nueva Condomina, que ya está etiquetado en los juzgados como Operación Umbra, fue un auténtico pelotazo en el que los millones han corrido de mano en mano. El trapicheo en la Gerencia de Urbanismo para contentar a los constructores que planeaban y las presuntas irregularidades se plasman en un informe emitido por el arquitecto Mariano de la Villa Sanz, en poder de VMPress, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos. Al parecer, la empresa Lo Navarro, con intereses en la zona, interpuso hasta cinco contenciosos contra Condomina y Ayuntamiento. Después Lo Navarro retiró los contenciosos y el asunto quedó archivado. Como resultado de esta artimaña, presuntamente, Lo Navarro y Ayuntamiento suscribieron otro convenio aumentando la edificabilidad de 0,09 a 1,00 m2 en 175.000 m2, equivalente a 1.500 viviendas más.

Y el incremento de edificabilidad para las empresas de Samper, a todas luces inapropiado, le reportaría unos beneficios extra de casi 200 millones de euros. Lo poco que Samper hizo por Murcia, el estadio y el campo de golf, que ni está ni se espera, fueron devueltos al dirigente grana para su gestión durante 50 años, sin gastos de mantenimiento.

Precisamente fue José Ramón Blázquer Navarro Muñoz, en representación de Lo Navarro, quien solicitó amplia documentación de la situación del convenio conocido como Nueva Condomina. Un informe detallado y concluyente del arquitecto De la Villa, que destapa las presuntas ilegalidades de unos y otros en esta trama. Este informe hizo reflexionar al ayuntamiento, que supuestamente compensó a Lo Navarro para que retirara las denuncias.

El documento del que damos cuenta, parcialmente, se encuentra ya en poder de la Fiscalía que investiga el caso Umbra. La normativa del Plan General de la que deriva el convenio asigna, de forma genérica, una edificabilidad de 0,09 m2 a las zona dotacional y residencial, y señala que "el área de concentración de usos residenciales no superará el 60% del ámbito de actuación".  Asimismo que "la edificabilidad de 0,4 en la zona residencial es máxima".

La superficie total de suelo afectada por el convenio incluía distintas fincas de varios propietarios con un total de 2.139.695 m2, que se distribuían en una zona residencial, con 1.283817 m2, con una edificabilidad bruta de 0,4, y una zona de dotaciones de 771.289 m2 edificables con una edificabilidad bruta de 0,3.

El Plan General establece que los equipamientos  previstos para su cesión deben incluirse en el área de dotaciones que tiene una edificabilidad bruta de 0,3, y sin embargo, el convenio incluye el campo de golf, de la que está prevista su cesión, dentro del área residencial. Este incumplimiento de las previsiones del Plan General tiene como consecuencia que se aumenta la edificabilidad indebidamente ya que se le asigna al campo de golf un 0,4 cuando debía estar incluido en el área dotacional y solo podría tener 0,3. Además, esta acción restringió aún más la superficie real del suelo residencial, por lo que las más de cuatro mil viviendas posibles solo pueden ocupar una superficie de poco más de 800.000 metros cuadrados en vez de los 1.283.817 metros de terreno que han generado edificabilidad residencial.

Asimismo, el convenio preveía que el nuevo estadio, una vez construido pasase a ser de titularidad municipal, lo que resulta obligado en cumplimiento del Plan General. Se estableció como coste estimado del estadio más de 27 millones de euros.

Pero el convenio, que debería limitarse a los aspectos urbanísticos, a pesar de que dicho estado es propiedad pública, vincula su utilización al uso de una sociedad privada como es el Real Murcia. Esta acción se repitió con el campo de golf. En la estipulación V página 23, se estableció que tras la transmisión de la titularidad de los terrenos del campo de golf a la administración municipal, "el ayuntamiento de Murcia otorgará a Sport Mangement and Proyect S.L. el derecho de uso y gestión del campo por plazo de 50 años". Es decir, se adjudica un derecho sobre un bien de servicio público a una empresa privada, como no, de Jesús Samper.

Un convenio como el de Nueva Condomina, en el que la administración municipal concede a un particular unos beneficios que ascienden a cientos de millones de euros, en el que se adjudican derechos de uso de bienes públicos, en el que se aceptan por la administración grandes equipamientos de gran complejidad técnica y constructiva, y en el que se decide romper con la regla general de la cesión al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento que se genera en cualquier planeamiento de suelo urbanizable, debería estar respaldado como garantía por el buen hacer de los responsables políticos y de la correcta formación de criterio por todo un conjunto de informes técnicos, económicos y jurídicos de funcionarios cualificados, recuerda el arquitecto Mariano de la Vila Sanz.

Pues bien, según consta en la propia comunicación del ayuntamiento a la Sala del consistorio, nada de esto existe. El ayuntamiento no aportó ni un informe. No se aportó informe sobre la adecuación urbanística de la propuesta de convenio que entregó Sport Management, ni sobre las características técnicas del estadio de Nueva Condomina, ni siquiera sobre la valoración del coste de construcción del Estadio en 27 millones de euros. Nada se sabe de informes imprescindibles para la adopción de acuerdos sobre un expediente de gran trascendencia económica y para la ciudad, que afectó a numerosos propietarios que fueron expropiados como consecuencia del mismo.

El arquitecto considera grave que "no se haya producido ni un solo informe, técnico, económico o jurídico por parte de funcionarios municipales", y se pregunta "en base a qué han tomado sus decisiones sobre este tema los responsables políticos del ayuntamiento de Murcia".

Los promotores del convenio de la zona norte obtuvieron, además, unos beneficios extra multimillonarios como consecuencia del incremento de edificabilidad concedida.

Las viviendas pasaron por arte de magia de menos de mil a más de cuatro mil. En total, el valor del incremento como consecuencia del aumento de la edificabilidad prevista en el Convenio pasó a 208.423.085,15 millones de euros. A los que habría que deducir 31.970.478 millones de euros como coste del Estadio de Fútbol, cuya documentación se desconoce, y el campo de golf.

Es decir, que los promotores aumentaron sobre el papel sus beneficios en 176.452.606 euros limpios.

De aquí, insiste el informe, "se deduce con toda claridad el enorme desequilibrio que existía en el convenio suscrito entre Sport Mangement y el Ayuntamiento de Murcia, porque los beneficios del promotor superan en más de 176 millones de euros las obligaciones que asume".

Para los arquitectos, resulta "extraño" que el ayuntamiento considere justo y lo suscriba en el convenio, que el promotor no ceda el 10 por ciento de esa edificabilidad extra que recibe.

Por si el beneficio extra de 176 millones de euros que recibe el promotor como consecuencia del convenio no fuera suficiente, este se incrementa todavía más ya que estos dos equipamientos, estadio de fútbol y campo de golf, que construye y entrega al ayuntamiento, a su vez los vuelve a recibir el promotor para su explotación y disfrute.

En el caso del campo de golf, lo recibe la misma sociedad promotora por un periodo de 50 años, sin más obligación que su mantenimiento, y en el caso del Estadio de Fútbol lo recibe otra sociedad privada, vinculada con la promotora que es la Sociedad Anónima Deportiva Real Murcia Club de Fútbol.

(www.vegamediapress.com, 22/11/10)

36. ISLAS BALEARES. MATAS MONTA UNA ASESORÍA PRIVADA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN MADRID

Jaume Matas, el ex president del Govern del PP y en libertad con fianza de 3 millones de euros en el caso Palma Arena, ha empezado a trabajar en una consultoría privada en Madrid, que habría montado recientemente junto a otros expertos, según han confirmado fuentes próximas al ex político.

Matas, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé, perdió su trabajo en PricewartehouseCoopers, una consultora internacional radicada en Norteamérica, a raíz de la prohibición judicial de abandonar España por su imputación en la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público Palma Arena.

PricewartehouseCoopers lo fichó en junio del 2009 para trabajar en Estados Unidos como experto en energías renovables y cambio climático. Antes, Matas fue asesor para la empresa turística mallorquina Barceló, trabajo que compatibilizó con colaboraciones con Estudios Jurídicos y Procesales. El responsable de este último bufete madrileño, Enrique Arnaldo Alcubillas, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial e imputado también en el caso Palma Arena, ha declarado que Matas les buscó importantes clientes, les proporcionó información sobre interesantes negocios e hizo gala de sus buenos contactos en sectores turísticos.

Matas llevaba en paro desde el pasado marzo y en los últimos meses ha tenido que afrontar importantes gastos: el mantenimiento de sus inmuebles en Palma y la Colonia de Sant Jordi, entre ellos el bautizado coloquialmente como el "palacete"; el pago de la hipoteca de este último inmueble y el alquiler mensual por la casa de Don Ramón de la Cruz de Madrid, donde reside con su familia; los intereses de la fianza bancaria de 3 millones de euros que le prestó Bancaja para poder eludir el ingreso en prisión; y su manutención diaria.

El trabajo en la consultoría madrileña es una nueva fuente de ingresos para Matas, que también fue ministro de Medio Ambiente en uno de los Gobiernos de José María Aznar.

Su paso por el Ejecutivo Central permitió al ex presidente del PP balear establecer importantes contactos con altas esferas políticas y económicas. La Guardia Civil investiga desde hace meses el origen y alcance de la fortuna y patrimonio de Matas, tanto en España, como en el extranjero. Matas ha aportado datos sobre sus cuentas en el extranjero.

(wwwdiariodemallorca.es, 25/11/10)

37. ISLAS BALEARES. MATAS INFORMA DE SUS RENTAS POR LA ZAPATERÍA

Jaume Matas, el pasado mes de marzo, cuando declaró a lo largo de una semana ante el juez José Castro reconoció que en los últimos años había manejado dinero negro producto de parte de las rentas que cobra por el alquiler de una zapatería en la calle San Miguel de Palma. El ex president, recientemente, informó al juzgado que se había renovado el alquiler del local con los dueños de la zapatería, que ahora pagan tres mil euros al mes de renta, todo en dinero blanco.

Este local era la antigua tienda de electricidad del padre de Matas, un negocio cerrado hace años y que el principal imputado en el caso Palma Arena también ha utilizado para justificar la compra, en 2006, de varios televisores y teléfonos de alta gama para su casa de la calle San Felio 8, bautizada popularmente como el palacete.

Matas asegura que el dinero obtenido años después por los restos de electrodomésticos de la tienda familiar sirvió para pagar los televisores. El también ex ministro está imputado en muchas de las 25 piezas separadas del caso Palma Arena.

(wwwdiariodemallorca.es, 25/11/10)

38. ISLAS BALEARES. TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EX ALCALDE DEL PP DE BALEARES TRAS SER ANULADA LA PRIMERA SENTENCIA POR EL SUPREMO

La Audiencia de Palma de Mallorca ha subsanado "las graves deficiencias" observadas por el Tribunal Supremo al anular su sentencia contra Lluc Tomàs, que fue alcalde del PP en Llucmajor, Mallorca, hasta su dimisión en 2008 y ha reiterado la primera condena a tres años de cárcel por malversación de caudales públicos y ocho de inhabilitación contra el ex regidor.

Según la sentencia, Tomás desvió fondos públicos para asegurarse la fidelidad de su socio político municipal, el policía nacional Joaquín Rabasco, que fue aliado del PP con su grupo populista y bisagra, ASI. Rabasco ha sido igualmente condenado a una pena de seis años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversación y alzamiento de bienes. La compañera de Rabasco, María del Amor Aldao, ha sido condenada a tres años de cárcel.

En la sentencia se establece probado que Tomás y Rabasco, entre 2000 y 2003, pactaron "trasvasar torticeramente fondos municipales a las arcas de ASI, para que llegasen a poder de Joaquín Rabasco, a cambio de sus votos que garantizaban una cómoda gobernabilidad municipal a Lluc Tomàs". El alcalde conocía el delito y lo consintió "aunque no se lucrara directamente con tales operaciones", dicen los magistrados. Los condenados han de retornar más de 700.000 euros a las arcas del Ayuntamiento de Llucmajor.

Tomás, imputado por esa causa, se presentó a las elecciones de 2007, apoyado por Jaume Matas, y dimitió al ser condenado en 2008. El caso está vinculado a la manipulación de las partidas y contrataciones de fiestas municipales por empresas gestionadas por Rabasco y su pareja.

El Supremo reprochó a la Audiencia su inicial "incongruente relato fáctico" y el que omitiera "toda valoración de la prueba de descargo" formulada por el entonces alcalde.

(www.elpais.com, 25/11/109

39. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY NO PREVÉ SANCIONAR EL CRUCE DE INSULTOS EN ASTURIAS

La dirección nacional del PP ha decidido exprimir al máximo los plazos para designar a su candidato en el Principado de Asturias para las autonómicas, algo que ha provocado que la tensión entre partidarios del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos y los de Isabel Pérez-Espinosa, la apuesta de la ejecutiva regional del partido, sea cada vez mayor. Y que el cruce de acusaciones se haya elevado exponencialmente. Pero el líder del PP no prevé sanciones al respecto. Ni que intervenga el comité de derechos y garantías del partido, tal y como han solicitado los dos sectores enfrentados. Así lo confirmaron este lunes fuentes de la formación, que insistieron en que Rajoy decidirá su cabeza de cartel "cuando más convenga a los intereses del partido".

En el mismo sentido se pronunció María Dolores de Cospedal en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido. La número dos del PP, que lanzó una llamada a la "tranquilidad" sobre la lista electoral en esta comunidad, insistió en que la cuestión será resuelta cuando el partido en Asturias y la dirección nacional en Madrid "consideren". "Lo más importante es mantener la tranquilidad y hablar de cuál es el programa del PP para Asturias, más que de una u otras personas", destacó.

Pese a que reconoció que algunas de las declaraciones que se están realizando "no son las más afortunadas", la mano derecha de Mariano Rajoy quitó hierro a los enfrentamientos circunscribiéndolos en la normalidad. A su juicio, "en momentos previos a una campaña electoral y a la designación de candidatos" lo que está ocurriendo en el Principado pasa "en otros sitios" y "en todos los partidos". Y pese a que el órgano disciplinario del partido no parece dispuesto a intervenir en esta crisis, Cospedal defendió que el Comité de Derechos y Garantías "ejerce sus funciones en sus tiempos".

La semana pasada, en una entrevista concedida a El Diario Montañés, el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos se mostró molesto por la "pasividad" de la dirección nacional del partido ante los "insultos" que está recibiendo por parte del sector rival, que los casquistas creen liderado por Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo. "He sido menospreciado al llamarme ‘galáctico'; he sido tratado despectivamente de sexagenario; he sido insultado como terrorista callejero, y todo ello con membrete del PP", denunció el ex hombre fuerte de Aznar. Cospedal dijo no conocer estas declaraciones.

Mientras, en Asturias, Pérez-Espinosa sostuvo este lunes que cuenta con el apoyo mayoritario de juntas locales y de la dirección regional para ser la candidata frente al ex titular de Fomento. Este lunes se conoció, por medio de La Nueva España, que un grupo de empresarios había solicitado en verano a Ovidio Sánchez, líder del PP asturiano, que fuera candidato para frenar la ruptura de la formación. La dirección regional del partido confirmó este lunes este encuentro pero insistió en que no dará marcha atrás y en que su candidata es Isabel Pérez-Espinosa. En el mismo sentido se mostró De Lorenzo.

(www.publico.es, 23/11/10)