ÍNDICE

1. RAJOY PROPONE MENOS ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y MÁS PRIVATIZACIONES

2. RAJOY CALLA EN PÚBLICO PERO APOYA EN PRIVADO AL ALCALDE DE VALLADOLID

3. EL PP SE PONE EN GUARDIA PARA EVITAR DESMANES DE SU ALA DURA

4. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY

5. SECTORES DEL PP PIDEN A RAJOY UNA RÉPLICA POLÍTICA A ZAPATERO

6. EL PP PIDE RECORTAR AYUDA AL DESARROLLO, CIENCIA Y RTVE

7. EL PP LANZA UNA OFENSIVA PARA EXIGIR QUE BATASUNA NO PUEDA PRESENTARSE

8. EL SUPREMO INVESTIGARÁ A URIARTE POR UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

9. AZNAR Y URIBE SON RECIBIDOS CON GRITOS DE "ASESINOS" Y "GENOCIDAS"

10. CATALUÑA. EL PP APOYÓ EL REGLAMENTO DEL CATALÁN SUSPENDIDO

11. GALICIA. LOUZÁN PIDE AL PP INCLUIR TRÁNSFUGAS EN SUS CANDIDATURAS

12. GALICIA. LA VISITA DEL PAPA COSTARÁ A LA XUNTA 6.451 EUROS POR MINUTO

13. GALICIA. LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN REDUCE A LA MITAD EL DINERO PARA BECAS UNIVERSITARIAS

14. GALICIA. LA CONSELLERÍA DO MAR ANULA UN SEGURO PARA 30.000 MARINEROS

15. ANDALUCÍA. MARTÍN SERÓN PAGARÁ SU DEFENSA CON FONDOS PÚBLICOS

16. COMUNIDAD DE MADRID. EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

17. COMUNIDAD DE MADRID UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE POLICIAL

18. COMUNIDAD DE MADRID CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS

19. COMUNIDAD DE MADRID LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

21. COMUNIDAD DE MADRID TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DEFIENDE A SÁNCHEZ DRAGÓ COMPARÁNDOLO CON GARCÍA MÁRQUEZ

23. COMUNIDAD VALENCIANA. PSOE: 3 IMPLICADOS, 2 DIMISIONES PP: 22 IMPLICADOS, NINGUNA DIMISIÓN

24. COMUNIDAD VALENCIANA.EL CONSEJERO DE ECONOMÍA VALENCIANO, IMPLICADO EN EL 'CASO BRUGAL'

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP

26. COMUNIDAD VALENCIANA.ANTICORRUPCIÓN CREE QUE SONIA CASTEDO BENEFICIÓ A ORTIZ

27. COMUNIDAD VALENCIANA.EL EMPRESARIO ORTIZ CONTACTÓ CON FAMILIARES DE COTINO Y DE ROSA SOBRE ADJUDICACIONES DEL CONSELL

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ALPERI Y CASTEDO CELEBRARON EN EL YATE DE ORTIZ EL ARCHIVO DEL CASO APARCAMIENTOS

29. COMUNIDAD VALENCIANA."TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!"

30. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCAL Y POLICÍA ACUSAN DE COHECHO A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA BUSCA PRUEBAS DE DELITO URBANÍSTICO EN LA POBLA DE FARNALS

32 CASTILLA Y LEON. EL PP NO VE MOTIVOS PARA APARTAR A DE LA RIVA

33. CASTILLA Y LEON. DE LA RIVA AUTORIZÓ EN SU EDIFICIO PISOS ILEGALES QUE DEBE DERRIBAR

34. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL GANA 145.000 EUROS MÁS QUE BARREDA, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

35. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PRESUME DE TENER LAS CUENTAS "MÁS TRANSPARENTES"

36. CASTILLA-LA MANCHA. ARRIOLA ACONSEJA A COSPEDAL QUE SE MUDE DE MADRID A TOLEDO

37. ISLAS CANARIAS. EL PP ABANDONA EL GOBIERNO CANARIO PERO DEJA EN ÉL VARIOS CARGOS TÉCNICOS

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE DON PERIGNON Y VEGA SICILIA

39. REGIÓN DE MURCIA. EL POLLO DE LO POYO

40. ISLAS BALEARES. EL CONSISTORIO DE ANDRATX RECLAMA A LA FUNDACIÓN DE CAÑELLAS 56.500 EUROS

41. ISLAS BALEARES. BAUZÁ INTENTA CALMAR A LOS BARONES DEL PP NEGANDO UN ESCORAMIENTO A LA DERECHA

42. ISLAS BALEARES. IMPUTAN A JOAN FLAQUER POR EL DINERO QUE EL IBATUR DIO PARA EL PALMA ARENA

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS ACUSA A LA CÚPULA DEL PP ASTURIANO DE DAÑAR A RAJOY

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1. RAJOY PROPONE MENOS ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y MÁS PRIVATIZACIONES

Mariano Rajoy trató ayer de responder a los socialistas, que le acusan de tener "una agenda oculta". El presidente del PP ha evitado hasta ahora concretar sus propuestas, sobre todo en lo que se refiere a las durísimas medidas que ya se están perfilando y debatiendo en foros populares. Pero ayer en Santander sí apuntó una de sus líneas maestras: menos Estado de las autonomías y más privatizaciones -lo que él llama "liberalizaciones"- en sectores como los aeropuertos y trenes.

Lo hizo en un foro en el que desde hace tiempo se siente cómodo, el Congreso de la Empresa Familiar, y del que conoce bien su repercusión desde que se encomendó a las propuestas sobre cambio climático de su primo físico. Por eso, y por la necesidad de afrontar la ofensiva del Gobierno, preparó con más esmero de lo habitual un discurso también más detallado de lo habitual sobre sus intenciones en caso de acceder al Gobierno. Eso sí, sin precisar demasiado. Lo pronunció además ante el presidente del banco Santander, Emilio Botín, cuyo apoyo siempre ha buscado el PP para sus propuestas.

Rajoy dejó fuera medidas concretas (y polémicas) que ya discuten algunos barones autonómicos de forma discreta, como la reducción del gasto sanitario -copago incluido-. Pero sí aclaró sus directrices: "Tenemos que realizar un ajuste presupuestario muy intenso. Tenemos una Administración excesiva en la que se solapan los ámbitos de decisión. No puede haber tres ventanillas para trámites similares porque aumenta la inseguridad jurídica y, además, es antieconómico. Es imprescindible que afrontemos una actualización de nuestro Estado de las Autonomías, que aproveche sus bondades, pero que al mismo tiempo lo haga viable y sostenible".

Demandó que se fije "de una vez por todas, con nitidez, qué Administración desempeña más eficientemente cada competencia" y, en fin, que se ponga "en marcha un plan de simplificación y armonización regulatoria que asegure la unidad de mercado, puesta hoy en peligro por la multiplicidad de normativas autonómicas". Es un discurso que suscriben en privado -nunca en público- muchos dirigentes nacionales y autonómicos del PP, y que defiende Rosa Díez, competidora electoral del PP desde UPyD.

Pero Rajoy no se quedó ahí. Apuntó un nuevo proceso de privatizaciones similar al que protagonizó su partido en 1996. Aún hay parte del Estado susceptible de ser vendida, en especial trenes, puertos y aeropuertos. Y por ahí ahondó Rajoy: "Tenemos que desarrollar una agresiva agenda liberalizadora para que la productividad crezca en España, aumentando la competencia, tanto en los mercados de bienes y servicios finales, como en aquellos otros que aportan inputs intermedios a las empresas. En ámbitos como los servicios profesionales, los postales, el comercio minorista, el transporte ferroviario, los puertos y aeropuertos, la economía española tiene un entorno regulatorio que impide o restringe la competencia hasta hacerla inexistente o irrelevante; en otros, como la energía o las telecomunicaciones, es necesario avanzar en el proceso liberalizador, eliminando una serie de trabas que lo entorpecen".

Las palabras de Rajoy, que en muchas cosas, como la liberalización de los servicios, coinciden con propuestas del Gobierno, son lo suficientemente ambiguas como para evitar que la polémica se centre en él -su gurú Pedro Arriola le ha aconsejado que en esta época de crisis es mejor que el foco siga puesto en el Gobierno y en su gestión económica-, pero a la vez son lo suficientemente orientativas como para desmentir la idea, que molesta mucho en el PP, de que no tiene un proyecto y por eso no se moja.

El líder popular insiste en plantear bajadas del impuestos de sociedades, y en la idea de fijar por ley -ha llegado a plantear incluso un cambio de la Constitución- el límite de gasto y de endeudamiento de todas las Administraciones. El Ayuntamiento y la Comunidad más endeudados, el de Madrid y la de Valencia, están en manos de su partido. Lejos de marcar distancias con el primer ministro británico, David Cameron, que acaba de mandar a medio millón de funcionarios a la calle, Rajoy defendió su manera de hacer política: "Es un Gobierno que gobierna y que prioriza".

(www.elpais.com, 27/10/10)

2. RAJOY CALLA EN PÚBLICO PERO APOYA EN PRIVADO AL ALCALDE DE VALLADOLID

Mariano Rajoy pronunció ayer una conferencia en Santander. O sea, su tercer acto desde que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, se desmarcase con unas declaraciones machistas sobre la ministra Leire Pajín. ("Cada vez que veo esa carita y esos morritos pienso en lo mismo", llegó a decir el regidor). Y fue la tercera ocasión que decidió desaprovechar el jefe de los populares para desautorizar los exabruptos de su compañero de partido. No obstante, Rajoy dejó clara su opinión en un SMS que envió a León de la Riva: "Mucho ánimo, Javier. Te doy mi apoyo", apuntaba el mensaje, según publicó El Mundo, citando fuentes del grupo municipal popular vallisoletano.

Al parecer, fue el propio alcalde quien comentó a sus ediles que tenía el respaldo del líder. Ningún dirigente del PP quiso confirmar o desmentir ayer este extremo ante los micrófonos, alegando que desconocen el contenido de la correspondencia o las conversaciones privadas de su presidente. Claro que tampoco salió a la palestra para desmentir al protagonista de esta historia, el alcalde de Valladolid, por lo que parece evidente que Rajoy, además de tolerar este comportamiento, haya respaldado a quien hizo gala del mismo.

Es más, la mayoría de los políticos conservadores recalcaron que León de la Riva ya se había disculpado. Lo hizo la semana pasada y ayer, de nuevo, ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde los socialistas terminaron por aceptar sus excusas. Sobre esto, Pajín aseveró en RNE estar "esperanzada" con la reacción social que había conllevado el ataque recibido y que no pensaba dedicarle más tiempo al asunto.

Pero los populares, que en principio no estaban interesados en este tema, se han dedicado en las últimas horas a hacer hincapié en que "otros" también insultan, y después no se retractan. Aludían así al alcalde socialista Pedro Castro -que tachó de "tontos de los cojones" a los votantes del PP- y al ministro José Blanco -que tuvo que matizar su frase: "A los del PP se les ve el plumero. Bueno, a Rajoy no es difícil"-. Ante esto, dirigentes como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría exigieron a Blanco una rectificación, por entender que hablaba de la supuesta condición sexual de Rajoy. El titular de Fomento explicó en Onda Cero que se refería a su agenda oculta, la que, según él, aplicaría si llegase al poder.

(www.elperiodico.com, 27/10/10)

3. EL PP SE PONE EN GUARDIA PARA EVITAR DESMANES DE SU ALA DURA

La dirección del PP hará la vista gorda con el alcalde de Valladolid y sus intolerables calificativos sobre Leire Pajín. Es más, la opción más probable es que repita como candidato en las próximas municipales. De hecho, el regidor pucelano ha recibido, vía telefónica, el aliento del propio Mariano Rajoy, quien, según su entorno, considera un simple error las declaraciones machistas de Javier León de la Riva por "lo precipitado" de su opinión sobre la nueva ministra de Sanidad.

Pero la cúpula popular teme que esta "excepción" pueda convertirse en regla general dentro de sus filas, y que la estrategia de comunicación diseñada por el nuevo Gobierno -y capitaneada por su vicepresidente y portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba-, saque de su letargo al ala dura del partido para intentar dar la réplica.

Los contras de la posible "radicalización" del PP como reacción a los ataques que está recibiendo (y le seguirán lloviendo desde la Moncloa y la sede socialista en esta nueva etapa) preocupan a los colaboradores de Rajoy. Tanto que han sido motivo de reflexión y de horas de conversación en los últimos días. Y han conllevado que, durante el pasado fin de semana, destacados dirigentes conservadores hayan aprovechado actos con la militancia e, incluso, alguna entrevista en medios afines, para hacer continuos llamamientos a la "moderación".

Uno de los populares más activos a la hora de advertir de los riesgos de "caer en la trampa" del discurso radical está siendo el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El sábado pasado, en el seno de una convención del PP que reunió en Madrid a más de 4.000 personas, se encargó de lanzar en nombre de la dirección del partido un primer aviso. "Frente al radicalismo en que ha entrado la izquierda, ese socialismo que no reconocen los propios históricos liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, el PP no caerá en un radicalismo alternativo. No vamos a hacerles el juego, no vamos a ponérselo así de fácil. Y frente a una izquierda radical, no se encontrarán una derecha radical, sino una derecha moderada y centrada, solvente y cercana", dijo.

Además, Gallardón concedió una entrevista en la que volvió a incidir en que el momento actual, tras la remodelación del Ejecutivo, es "delicado" para su organización. "Hay quien puede creer que el radicalismo del PSOE tiene que tener una respuesta radical de la derecha, pero eso sería un profundo error. Más que nunca debemos insistir en la moderación y en el centrismo", sentenció, en un mensaje claramente dirigido a algunos de sus compañeros de partido y a determinados sectores mediáticos.

El desvelo de Gallardón es compartido por casi toda la dirección del PP. Incluido Rajoy, que se puso manos a la obra el pasado domingo en un mitin en Linares (Jaén) y se sumó a las apelaciones a la tranquilidad, después de recordar a los suyos que los sondeos les son propicios y que entrar en el cuerpo a cuerpo con un Ejecutivo que ha pasado al ataque podría ser, a su entender, un desacierto. "Si ellos [los socialistas] quieren radicalizarse, os aseguro que yo no me voy a radicalizar, porque no soy así y no conviene a España", enfatizó para que tomara nota su militancia.

Ayer, ante empresarios en Santander, Rajoy dijo ser consciente de que el PSOE busca "señuelos" para orillar al PP y acortar distancias. "Pues el PP no se va a radicalizar", garantizó. Pero, para evitarse nuevos disgustos como el del alcalde de Valladolid, seguirán dando toques.

(www.elperiodico.com, 27/10/10)

4. GALLARDÓN PIDE PROPUESTAS Y RAJOY CONTESTA QUE YA HAY

A la dirección nacional del PP le ha venido bien la convención organizada este fin de semana en Madrid. Les ha servido para sacudirse el estupor de los últimos días, a raíz de la remodelación del Gobierno. Durante un par de jornadas, el partido que dirige Mariano Rajoy ha parecido desconcertado por la oportuna maniobra de los socialistas, que parecen recuperar el pulso político. Ahora, los principales dirigentes populares se han lanzado a una ofensiva contra el presidente Rodríguez Zapatero y su número dos, Alfredo Pérez Rubalcaba, y lo han hecho en el cónclave organizado por Esperanza Aguirre en Madrid.

Rajoy atizó al Ejecutivo socialista, al que le pidió que "no haga más daño a los españoles, que no vuelva a las andadas en la lucha contra el terrorismo y que se vaya pronto".

La reunión de los populares ha servido, también, para arrancar con antelación la carrera electoral y reforzar su estrategia de culpar de los estragos de la crisis al Ejecutivo de Zapatero. Su estrategia es tan rígida que ayer provocó una ligera fricción con Alberto Ruiz-Gallardón.

Rajoy hizo oídos sordos al discurso del alcalde de Madrid, quien reclamó propuestas para ofrecer una alternativa concreta. "Es el momento de que, además de la crítica y la oposición al partido socialista, nos hagamos la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los ciudadanos?" Y agregó: "¿Es esta situación tan desesperada que no tiene solución? ¿Es tan inevitable que el recorrido hacia abajo y a la inversa de los socialistas provoque la perdida de oportunidad de toda una generación de españoles?".

Rajoy desautorizó al alcalde porque considera que su partido ya cuenta con un proyecto concreto "allí donde gobierna el PP, en sus programas electorales y en sus iniciativas parlamentarias". Además, quiso salir al paso de las críticas socialistas que sostienen que Rajoy no es la alternativa. "No hagan caso a esos que intentan esconder su incompetencia con soflamas sobre la inexistencia de una alternativa a su inanidad, a su ineficacia; ni a ellos ni a los que les jalean", proclamó Rajoy.

El líder del PP evitó valorar las palabras del alcalde de Valladolid (PP) hacia Leire Pajín. "No se puede estar en lo accesorio o en el chisme", dijo. Prefirió concentrarse en la crisis, de la que dijo que "hemos aprendido que no se puede vivir por encima de las posibilidades, que no es posible pretenderlo todo y en el mínimo tiempo". Algunos miraron de reojo a Gallardón, porque el de Madrid es el Ayuntamiento más endeudado de España.

Esperanza Aguirre también se apuntó a la ofensiva contra el nuevo Gobierno de Zapatero. Considera que el objetivo de los cambios en el Ejecutivo es "reformar el aparato de propaganda al mando de Rubalcaba". La presidenta madrileña atacó al ministro del Interior: "Es el político que ha fabricado las leyes educativas más nefastas de la historia de la educación española. Decir Rubalcaba es decir la ruina de la educación española. Si este es el que tiene fama de eficaz, cómo serán los otros...".

Por su parte, Gallardón calificó a los socialistas como izquierda radical. "El mayor error que podíamos cometer es, frente al radicalismo en el que ha entrado la izquierda, caer nosotros en un radicalismo alternativo".

(www.elpais.com, 24/10/10)

5. SECTORES DEL PP PIDEN A RAJOY UNA RÉPLICA POLÍTICA A ZAPATERO

"¡Más política!". La frase recoge una demanda que empieza a ser un clamor en el PP desde que Zapatero cambió el miércoles el Gobierno. Más aun confirmada la intención de Mariano Rajoy de no separarse del camino marcado que pasa única y exclusivamente por encomendarse a la economía. Tanto que el primer comité de dirección tras la crisis de gobierno se dedicó sólo a estudiar los presupuestos.

Nada ha cambiado en la política única del PSOE y del PP respecto a Batasuna, aunque los populares se mantienen vigilantes para que no se produzcan subterfugios para que la rama política de ETA se presente a las elecciones. Las declaraciones de Zapatero asegurando que los movimientos de la izquierda abertzale no serán en balde alarmaron al PP, pero la aclaración posterior de Rubalcaba devolvió las aguas a su cauce. Ayer, PSOE y PP coincidieron en que Batasuna no ha dado los pasos que se esperan para distanciarse de ETA. Lo dijo Marcelino Iglesias, en su estreno como secretario de organización del PSOE, y lo mantuvo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que con un discurso contemporizador, marcó el camino a Batasuna para poder presentarse: "Aralar renegó de ETA". Ese es a su juicio un referente, pero "hoy por hoy Batasuna es la misma marca que ETA y no valen juegos internos para colarse en las listas". Cospedal dio incluso un paso más sobre la postura del PP al señalar que "si ETA deja de matar, un Estado y un Gobierno democráticos podrán hablar de otras cosas". Iglesias, en la misma línea, dijo que no es lo mismo que la izquierda abertzale defienda la violencia o dé pasos para desmarcarse de ella. Pero que en absoluto el Gobierno va a modificar una política antiterrorista que le ha dado tan buen resultado.

Numerosos dirigentes del PP demandan con urgencia un cambio en la estrategia. Eso sí, lo hacen en privado, a modo de lamento. No se atreven a decírselo a Rajoy porque están convencidos de que es inútil, de que el planteamiento del equipo del líder popular sigue siendo "no hacer nada no vayamos a equivocarnos" no tiene vuelta atrás.

El escenario ha cambiado y cada vez son más en el PP los que creen que ese planteamiento no vale para la nueva situación, con el PSOE renacido de sus cenizas y un Gobierno en el que el hombre fuerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, proclama a los cuatro vientos que los socialistas van a remontar en las encuestas "con Zapatero como candidato" y pese a la crisis económica. "En el tenis puedes salvar dos match ball y al final ganar el partido", se despachó ayer Rubalcaba en el Congreso de Empresa Familiar, así que en el PSOE consideran que los resultados de las elecciones catalanas y de las autonómicas y municipales de mayo no será determinante.

Mientras, Mariano Rajoy lo ha fiado todo a la economía, haciendo buena la frase que Bill Clinton convirtió en eje de su campaña electoral: "Es la economía, estúpido", en referencia a lo que de verdad importaba a los ciudadanos. Pero ahora aumentan en el PP los que creen que un impulso de Gobierno como el que ha dado Zapatero requiere de una respuesta política del PP. Hacer frente a lo que la propia dirección del PP ha confesado que supone un revulsivo.

Para Rajoy, el efecto del nuevo gobierno es flor de un día y durará hasta que el paro llegue a cinco millones. O cuando las encuestas confirmen la distancia entre el PSOE y el PP, o el rechazo a Zapatero. Pese a ello, la dirección popular se ha visto obligada a introducir en su discurso los cambios en el Gobierno, aunque evidentemente para restarles trascendencia y evidenciar "una vuelta al pasado".

No es suficiente, a juicio de los dirigentes populares preocupados con la estrategia de Rajoy. Hasta el cambio de Gobierno el plan de Rajoy era incuestionable y daba resultados evidentes. Ahora son muchos los que se plantean si el líder del PP puede mantener la misma actitud sine die mientras el Gobierno de Zapatero se moviliza.

Pero, además, esa "proyección pública" que tanto valoraban en privado María Dolores de Cospedal y Javier Arenas ha puesto de relieve, según los sectores más críticos, las deficiencias de la dirección del PP, que lleva a algunos a plantear la necesidad de introducir también en el PP "caras nuevas" que contrarresten la nueva imagen del Gobierno.

La tesis es que ahora la cara del PSOE no es sólo Zapatero, sino Rubalcaba, Jáuregui, Rosa Aguilar, mientras que en el PP sólo hay dos caras: Rajoy, con un déficit de credibilidad en las encuestas similar al de Zapatero, y Cospedal. Preocupa también que Rajoy se empeñe en que Cospedal siga de secretaria general aunque gane la presidencia de Castilla-La Mancha. Rajoy no quiere arriesgar formulas nuevas en el sprint final para las elecciones, pero los detractores de esta medida consideran que en campaña electoral se necesita más que nunca alguien dedicado por entero al partido. Lo mismo ocurre con el congreso de Nuevas Generaciones, que Rajoy quiere retrasar a después de las autonómicas, para no introducir elementos novedosos en la dirección que distorsionen. En ese saco habría que meter también la indecisión sobre la candidatura de Álvarez-Cascos en Asturias. Dudas sobre las que no ven respuesta inmediata en el PP.

(www.lavanguardia.es, 26/10/10)

6. EL PP PIDE RECORTAR AYUDA AL DESARROLLO, CIENCIA Y RTVE

Durante semanas, prácticamente desde mayo, el Gobierno ha reclamado al PP que diga de dónde recortaría para evitar la congelación de las pensiones, que supone un ahorro de 1.500 millones de euros para el Estado. Los populares lo habían evitado, y como mucho habían planteado un plan de recorte de personal de 20 millones de euros. Pero ayer, Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez presentaron las enmiendas parciales a los Presupuestos, y con algunos agujeros, se mojaron al explicar de qué partidas recortaría el PP.

Los populares solo han desgranado los tajos de 750 millones de euros, porque sostienen que son los que necesitarían para subir el 1% a todos los pensionistas. De esos, el principal recorte lo haría el PP en la ayuda al desarrollo.

Este apartado, que afecta a los proyectos de cooperación, ya ha sufrido un recorte drástico de 918 millones de euros. En su momento, cuando se presentaron los Presupuestos, el PP criticó este recorte, que deja a España muy lejos del objetivo de destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo (se quedará en el 0,37%). Sin embargo, ahora los populares proponen darle a esta partida un tajo aún mayor, de otros 200 millones de euros.

Otro apartado en el que el PP plantea un recorte importante es RTVE. Los populares piden un tajo de 200 millones de euros en la asignación a la radiotelevisión pública, una caída del 40% en un momento en el que ha dejado de emitir publicidad y por tanto se financia solo con fondos públicos y un canon que deben pagar las empresas de telecomunicaciones y las cadenas privadas según su audiencia.

Montoro también presentó otra gran partida de recorte, la de las subvenciones nominativas para proyectos de ciencia e innovación, que disminuiría si se aprobaran las enmiendas del PP en 50 millones. Otra bestia negra del discurso del PP, las ayudas al cine, se recortarían en 33 millones y habría otro tajo de 25 millones en estudios y trabajos medioambientales. El PP propone además rebajar los gastos de financiación de partidos políticos en 12,3 millones de euros y las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales en otros 5 millones.

Para el resto, hasta los 750 millones, el PP utiliza un truco absolutamente legal que usan todos los partidos. La ley obliga a plantear en cada enmienda parcial de dónde se recortaría. Pero hay una sección, la 31, que es una especie de cajón de sastre de la que tiran todos. El PP le quitaría a esa sección 200 millones, con lo que se ahorra detallar dónde los recortaría en realidad.

(www.elpais.com, 26/10/10)

7. EL PP LANZA UNA OFENSIVA PARA EXIGIR QUE BATASUNA NO PUEDA PRESENTARSE

El PP está inquieto. Todos los dirigentes consultados tienen la sospecha de que algo se está moviendo en la línea básica en la política antiterrorista marcada por el Gobierno: mano dura, goteo de detenciones y desarticulaciones de la dirección de ETA y freno a Batasuna, cuyo principal dirigente, Arnaldo Otegi, está en la cárcel.

Los populares, según analizaron el lunes en maitines, desconfían de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy mantiene públicamente una posición muy cauta, y sigue concentrado en su línea estratégica: economía, economía y economía.Sin embargo, espoleado en este asunto por los medios conservadores y por el ala más dura de su partido, Rajoy ha enviado a sus segundos a lanzar una clara ofensiva de aviso: si "ETA-Batasuna o su entorno" logra presentarse a las elecciones municipales de 2011, por "acción u omisión" del Gobierno, haya o no condenado antes la violencia, el PP retirará el apoyo a la política antiterrorista del Ejecutivo.

En ausencia de un mensaje claro de Rajoy, que sigue concentrado en la economía, fue la secretaria general, Dolores de Cospedal, que en el reparto de papeles del PP cumple siempre el de contentar al ala dura del partido y sus votantes, quien marcó la pauta. Pero vino a reforzarla, como casi siempre en estos asuntos,José María Aznar, que recibió, en presencia de Rajoy, un premio de la Fundación San Pablo CEU. El ex presidente se opuso a cualquier legalización de Batasuna "mediante grotescos juegos de palabras" aceptando su "lenguaje viscoso pensado para no condenar el terrorismo". Si se hace, dijo, se estará "cerrando los ojos a décadas de sufrimiento y de infamia" lo que supondría "nuestra propia derrota", la de los demócratas.

En el PP vasco hay algunos dirigentes que creen que Batasuna no debe presentarse a las municipales porque no da tiempo a comprobar si es verdad o no que se separa de ETA. Dicen que podría presentarse más adelante, en las generales o las siguientes autonómicas. Pero estos dirigentes tampoco quieren que el PP se quede fuera del proceso del fin de ETA. Ahora que los populares apoyan al Gobierno del PSE, no quieren repetir la estrategia de María San Gil, ser los "agoreros" y quedarse fuera. Quieren estar en el proceso para controlarlo. Dicen que se fían de Patxi López, que les insiste en que Batasuna no estará en las elecciones, pero no de Zapatero, que disparó las alertas al decir que los movimientos de la izquierda abertzale "no serán en balde". Por eso buscan un discurso intermedio.

El líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, exploró ayer ese punto indefinido en un desayuno organizado por Vanity Fair. Dijo que el "futuro de la paz y la libertad se tiene que hacer con el PP", mostrando que su partido quiere estar en el meollo, pero se inventó una fórmula alegal: una cuarentena de ETA y su entorno, de unos cuatro años, antes de poder presentarse a las elecciones, para comprobar si su voluntad de abandonar la violencia y hacer política es real.

(www.elpais.com, 28/10/10)

8. EL SUPREMO INVESTIGARÁ A URIARTE POR UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de súplica que el diputado del PP Ignacio Uriarte interpuso contra el auto de este órgano judicial que acordaba pedir al Congreso el suplicatorio para proceder contra él por un presunto delito contra la seguridad del tráfico.

La Sala de lo Penal del Supremo decide por contra confirmar dicho auto, en el que se aceptó la competencia para investigar esta causa y se designó como instructor de este procedimiento al magistrado Joaquín Giménez.

El pasado mes de septiembre el pleno del Congreso dio su visto bueno a la petición cursada por el Supremo para poder investigar a Uriarte, quien en febrero dio positivo en una prueba de alcoholemia que le hizo la Policía Municipal de Madrid tras sufrir un percance cuando conducía su vehículo por la capital y chocó con otro vehículo cuando volvía de una despedida de soltero.

Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP y que presentó su dimisión como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, en su recurso ante el Supremo alegaba que sólo el instructor de esta causa está en condiciones de pedir el suplicatorio y no la Sala de lo Penal, pues tal decisión comporta una valoración de los indicios de criminalidad.

El Supremo no acepta este argumento, ya que, según el auto, los componentes de dicha Sala "en ningún momento han tomado contacto con el material probatorio". Añade que, por el contrario, si son de competencia exclusiva del magistrado instructor aquellas actuaciones que impliquen "un efectivo contacto con dicho material probatorio".

También explica que, hallándose prácticamente concluida la labor investigadora con carácter previo por el juzgado de instrucción número 1 de Madrid, esta Sala se ha limitado a dirigir petición a la Cámara parlamentaria "sin otra finalidad que la de dar adecuado cumplimiento a los trámites legalmente previstos". "Recibido ya el suplicatorio, carece de alcance procesal alguno esta cuestión", añade.

Para el Supremo, en principio, los hechos pueden ser constitutivos, tal y como considera la Fiscalía, de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 3 a 6 meses o multa y trabajos en beneficio a la comunidad. La causa abierta a Uriarte pasó al Supremo el pasado mes de febrero a instancias de la Fiscalía.

Pese a que Uriarte estaba dispuesto a que la causa se tramitara en un juzgado ordinario, el Ministerio Público entendía que no puede renunciar al fuero parlamentario mientras mantenga el escaño en la Cámara Baja. De este modo, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Madrid, que abrió diligencias previas después de que no pudiera celebrarse el juicio rápido que se había señalado debido a que la Policía Municipal de Madrid no citó al otro conductor, se dirigió al Congreso para que certificara la condición de diputado de Uriarte. Cuando recibió la respuesta, el magistrado remitió el atestado policial al Tribunal Supremo.

(www.publico.es, 27/10/10)

9. AZNAR Y URIBE SON RECIBIDOS CON GRITOS DE "ASESINOS" Y "GENOCIDAS"

"Asesinos". "Genocidas". Bajo estos gritos han sido recibidos los ex mandatarios español y colombiano José María Aznar y Álvaro Uribe a su llegada a la entrega del Premio Internacional "La puerta del recuerdo", que se les concede "por su decidida lucha contra el terrorismo y compromiso con las víctimas".

Decenas de personas pertenecientes a colectivos de izquierdas, plataformas de solidaridad con Cuba y Venezuela, junto a familiares de desaparecidos colombianos, se han concentrado a unos metros del Casino de Madrid, donde tiene lugar la entrega de premios que concede el Observatorio Internacional de Víctimas del terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

Los manifestantes portaban pancartas con las que solicitan que los ex dirigentes sean llevados ante la Corte Internacional de Justicia, además de tener dibujos de manos que simulaban estar manchadas de sangre.

Además, portaban fotos de desaparecidos o muertos durante la etapa de Gobierno de Uribe y gritaban otras consignas en defensa de los indígenas o los Derechos Humanos. Asimismo, han leído un manifiesto en el que han denunciado los "crímenes contra la humanidad" de Uribe y la "complicidad" del Gobierno de Aznar con su homólogo colombiano en los ocho años de legislatura conservadora. Entre los firmantes del manifiesto se encontraban personalidades del mundo de la cultura como el actor Guillermo Toledo.

"No podemos permitir que reciba un premio un criminal que ha violado los Derechos Humanos", ha asegurado, en alusión a Uribe, el ecologista Tom Kucharz, que se ha sumado a las protestas, y que pide al Ejecutivo español que no sea "cómplice".

Además de Aznar y Uribe, la Fundación premiará al Portavoz de la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, Guillaume Denoix de Saint Marc y al Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE).

(www.publico.es, 28/10/10)

10. CATALUÑA. EL PP APOYÓ EL REGLAMENTO DEL CATALÁN SUSPENDIDO

El PP catalán apoyó hace más de 15 años los reglamentos de uso del catalán de los ayuntamientos de Girona y Tarragona, que son casi idénticos al de Barcelona, suspendido esta semana por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y que los conservadores recurrieron porque establece que el catalán es la lengua preferente en el consistorio. La contradicción, de la que ayer informó ACN, fue expuesta a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien no se dejó amedrentrar por el contraste entre la actuación de su fuerza política en el pasado y en la actualidad.

Camacho aseguró que su partido examinará los reglamentos de Girona y Tarragona y no descartó recurrirlos, aunque hace años salieron adelante con el apoyo de sus concejales. Más allá de las explicaciones de la presidenta, otros dirigentes recordaron con sorna que cuando Tarragona aprobó su régimen lingüístico regía el PPC Alejo Vidal-Quadras.

Los partidos catalanes, a excepción de Ciutadans, criticaron con dureza a los populares por recurrir el régimen lingüístico de Barcelona y Lleida. Y al conocer los casos de Girona y Tarragona, alguno saltó a la yugular de Camacho. El secretario general de ICV, Joan Herrera, llamó "caradura" a la presidenta del PPC.

Herrera acusó a Camacho de utilizar la lengua "para recoger cuatro votos" y aseguró que "el descaro" de los conservadores es una prueba de que en Catalunya no existe un debate lingüístico, al margen de los intentos para distorsionar la imagen de la situación real.

Sin embargo, el PPC no es el único partido con representación en el Parlament que mantiene estas tesis. De hecho, Ciutadans nació, entre otros motivos, para denunciar la discriminación lingüística que cree que impregna Catalunya. Por ello, no es raro que su líder, Albert Rivera, se subiera ayer al carro de los reglamentos lingüísticos. El presidenciable antinacionalista anunció que Ciutadans recurrirá todos los reglamentos de consistorios "que no respeten el bilingüismo". De paso, aprovechó para atacar a sus rivales en la defensa del bilingüismo y denunció "el doble discurso" del PPC por los casos de Girona y Tarragona.

(www.elperiodico.com, 29/10/10)

11. GALICIA. LOUZÁN PIDE AL PP INCLUIR TRÁNSFUGAS EN SUS CANDIDATURAS

Durante semanas, el presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la misma provincia, Rafael Louzán, presionó ante los órganos del partido y directamente a su líder, Alberto Núñez Feijóo, para que diese cobijo en las listas de las municipales a los tránsfugas y a quienes se beneficiaron de sus maniobras para tumbar gobiernos democráticos en Mos, Gondomar y Silleda. Tanto Feijóo como el secretario general, Alfonso Rueda, siempre dieron orden de esperar, mientras en público lanzaban desafíos al PSOE sobre lo que este partido pensaba hacer en Benidorm, donde ahora gobierna gracias a un edil del PP que también cambió de chaqueta.

Dos días después de que el comité federal del PSOE diese por liquidado el Pacto Antitransfuguismo al ratificar como candidato al alcalde de la ciudad alicantina, Agustín Navarro, Rafael Louzán repitió ayer sus súplicas ya no sottovoce sino a través de un comunicado público.

En esa nota, encabezada con el logotipo del PP de Pontevedra, Louzán, el mismo dirigente que tejió los hilos de la moción de censura de Mos, que se reunió con la dirección del PP en Silleda para derrocar a la alcaldesa socialista y que premió con un sueldo en la Diputación a Carlos Silva, muñidor de una operación similar en Gondomar, finalmente condenado por prevaricación, destacó la "inmensa caradura" del PSOE por "perpetrar el mayor caso de transfuguismo en Benidorm". Y a continuación explicó que su partido "debe sentirse libre de ataduras" para incluir a tránsfugas en sus listas de cara a las elecciones municipales del año próximo. En su opinión, "ni Zapatero ni el PSOE son fiables porque rompen todos los acuerdos y pactos suscritos con el PP y otras fuerzas".

Sus deseos no obtuvieron respuesta de Feijóo y Rueda, quienes, de momento, mantienen silencio sobre sus planes respecto a los comicios del año próximo. En las últimas horas, la plana mayor del PP gallego escenifica su indignación contra la decisión del PSOE y de Zapatero de mirar hacia otro lado sobre lo ocurrido en Benidorm. Mucho antes, el pasado 20 de septiembre, Feijóo ya advirtió que no se sentiría concernido por el Pacto Antitransfuguismo si los socialistas decidían saltárselo. Pero todos en la formación conservadora dan por hecho, ahora y hace unas semanas, que al final los ediles tránsfugas y quienes se beneficiaron de sus maniobras, ocuparán puestos relevantes en las listas de Pontevedra porque lo que está en juego es nada menos que la Diputación.

El asunto dio ayer para el enésimo choque dialéctico entre socialistas y populares. El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, tiró de argumentario y se preguntó, como antes habían hecho Louzán y Rueda, por qué en lugar de ausentarse en la ratificación de los candidatos en el comité federal los representantes del PSOE gallego no sumaron sus votos para oponerse.

La respuesta, según incidió ayer el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, es sencilla. La delegación gallega no pudo votar en contra porque lo que se sometía a votación eran todos los candidatos, incluidos los de las ciudades gallegas. Por eso decidieron abandonar la sala. Así que, según Vázquez, la pelota está ahora en el tejado de Feijóo, que debe decidir si ampara a "quienes han comprado voluntades con dinero público sobre todo en la provincia de Pontevedra".

(www.elpais.com, 26/10/10)

12. GALICIA. LA VISITA DEL PAPA COSTARÁ A LA XUNTA 6.451 EUROS POR MINUTO

La Xunta de Galicia (PP) gastará 6.451 euros por cada minuto que el Papa esté en Santiago de Compostela, el próximo 6 de noviembre. En plena etapa de recorte del gasto público, los gallegos pagarán tres millones de euros por las siete horas y 45 minutos que Benedicto XVI esté en la ciudad, para poner el broche final a las celebraciones por el Año Santo Xacobeo.

Esta cifra choca con el desem-bolso mucho menor que supondrá a los barceloneses la visita del Papa a la ciudad condal los días 6 y 7 de noviembre. Benedicto estará en Barcelona 22 horas, casi el triple de tiempo que en Santiago. Aún así, la Generalitat (Gobernada por PSC, IVC y ERC) gastará 1,8 millones de euros, casi la mitad que la Xunta.

El Ejecutivo gallego ha recortado el presupuesto para la visita papal (inicialmente de cuatro millones) en un millón de euros. Pero no ha precisado con detalle en qué gastará ese dinero, porque, a estas alturas, "desconoce el coste exacto". Sólo a posteriori se sabrá en qué se ha gastado la suma millonaria. Y será una "empresa independiente" quien elabore un informe con el balance de gastos y conclusiones, ha avanzado el PP gallego.

La única información que ha dado la Xunta es que la mitad del coste (1,5 millones) se destinará a la retransmisión de los actos, a cargo de la radiotelevisión pública (CRTVG). La televisión pública autonómica distribuirá la señal a todo el mundo. El paso de Benedicto XVI por Galicia también se retransmitirá en nueve pantallas gigantes que se colocarán en las calles de Santiago. Sólo en la corriente eléctrica que se necesita para este dispositivo se gastarán 218.300 euros.

El gasto en personal de la CRTV también será significativo. Toda la plantilla del ente público, los 500 empleados, trabajará o estará de guardia ese día: se movilizarán 60 cámaras y siete unidades móviles digitalizadas. En cambio, la televisión pública catalana, que retransmitirá las 23 horas de visita del Papa a Barcelona, no gastará más de un millón de euros.

El restante millón y medio de euros que ha presupuestado la Xunta pagará la logística para atender a las 200.000 personas que se prevé participen en los actos de la agenda del Pontífice, sin contar con los 10.000 fieles que presenciarán la misa en la plaza del Obradoiro. La Xunta se encarga también del plan de emergencias y de coordinación del voluntariado del Arzobispado de Santiago, que atenderá a enfermos y ancianos en las inmediaciones de la catedral. El Ejecutivo de Feijóo debe correr también con los gastos para atender al millar de periodistas de todo el mundo que se darán cita en la ciudad.

La Xunta está convencida de que el evento se "autofinanciará" gracias a la proyección turística que dará a Santiago y a Galicia. "Es una gran oportunidad para que 150 millones de personas conozcan la ciudad a través de la televisión", justifica el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo espera recuperar el gasto multiplicado por diez. La visita podría tener un impacto económico de 31 millones de euros, según un estudio del Instituto de Estudos Turísticos de Galicia encargado por la Xunta, según publicó la semana pasada La voz de Galicia.

Como ocurre cada vez que una ciudad acoge un evento de repercusión mundial, la llegada del Papa ha disparado los precios de los restaurantes y los hoteles de Santiago, que han multiplicado hasta por diez sus tarifas. Los vecinos tampoco se resisten a hacer negocio y ofrecen sus viviendas por "1.500 euros negociables" el día.

(www.publico.es, 25/10/10)

13. GALICIA. LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN REDUCE A LA MITAD EL DINERO PARA BECAS UNIVERSITARIAS

Poco a poco, la distribución del dinero de los Orzamentos de la Xunta para 2011 va saliendo a la luz pública. Ayer, en comisión parlamentaria, quedaron negro sobre blanco los fondos que la Consellería de Educación destinará a becas universitarias: 1,7 millones de euros, la mitad que en los presupuestos de 2010, cuando el montante ascendió a 3,38 millones. Y aunque la diputada socialista María José Caride se esforzó en obtener una explicación de la conselleira de Facenda, esta no llegó. "En Educación solo suben las ayudas para seminarios diocesanos", denunció Caride.

Marta Fernández Currás comparecía en O Hórreo para pormenorizar las cuentas del Gobierno presentadas el miércoles. La responsable de Facenda las calificó de "realistas, austeras, sociales y garantes de la solvencia de la autonomía", y subrayó el escenario objetivo de las arcas públicas, 1.177 millones menos que en 2010, una caída del 10,8%. "Estamos en la curva del crecimiento y encaramos 2011 hacia el crecimiento", aseguró pese a todo, y pronosticó un 1% más de PIB el año que viene. Lo que Currás denominó "compromiso con la estabilidad presupuestaria y apuesta por la solvencia" fue relacionado con la vigilancia que, según la conselleira, los mercados financieros mantienen sobre Galicia. Y en sus críticas tuvo muy presente el sistema de financiación negociado el pasado año y que proporciona a la Xunta el 82,2% de los ingresos."Es el mismo porcentaje que aportaba en 2004", lamentó.

El ortodoxo respeto al control del déficit forma una de las dos líneas de fuerza del discurso de la Xunta sobre sus presupuestos. La otra consiste en insistir en que no se renuncia al gasto social. "Tres de cada cuatro euros", expuso la titular de Facenda, "son para Sanidade, Educación y Benestar". El descenso en las partidas de estos departamentos es del 5,5%, mientras en el resto de consellerías alcanza el 24,7%. Según los propios datos manejados por Currás, en las cuentas de 2010 un 68% del dinero era para prestaciones sociales. En estas, un 75%.

(www.elpais.com, 24/10/10)

14. GALICIA. LA CONSELLERÍA DO MAR ANULA UN SEGURO PARA 30.000 MARINEROS

La Consellería do Mar ha laminado el seguro por accidentes que daba cobertura a 30.000 profesionales del mar, entre marineros, mariscadores y colaboradores (voluntarios y ONG) que participan en los rescates de los naufragios y que había instaurado el ex presidente Manuel Fraga a principios de los años noventa como muestra de su compromiso con los profesionales del mar.

Esa póliza la venía pagando íntegramente el Gobierno gallego desde hace dos décadas y cubría becas de estudios para los hijos de los marineros fallecidos. El bipartito la extendió a los inmigrantes. La Xunta adujo, el pasado 27 de agosto, "razones de interés público, fundamentadas en el actual escenario de recortes en el gasto público, tanto en este ejercicio de 2010 como 2011", para renunciar al concurso en el que participaban varias aseguradoras y que daba continuidad a la póliza a la que el Gobierno gallego le había reservado 1,2 millones de euros. Esa es al menos la versión oficial que esgrimió la Consellería do Mar para renunciar al contrato al que optaban varias compañías. Fuentes de ese departamento explicaron además que la Xunta no estaba satisfecha con el rendimiento del seguro después de comprobar en sucesivos naufragios que los pleitos acababan descontando el dinero de este seguro de las indemnizaciones que los armadores debían pagar a las familias de los marineros fallecidos.

Todo esto lo explicó la Xunta, después de que el líder de la oposición, Pachi Vázquez, dejase sin palabras al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno. Vázquez preguntó a Feijóo por qué encuentra fondos para una goleta de 1,9 millones de euros que la Xunta acaba de comprar para fomentar el turismo y no para pagar un millón por la seguridad de 30.000 marineros. Feijóo solo aludió al asunto para preguntar al líder socialista si tiene interés en defender a una compañía aseguradora.

Tras su silencio, la Consellería de Mar explicó que los marineros que están enrolados en embarcaciones no quedan desprotegidos puesto que les cubre el seguro de responsabilidad civil obligatorio desde que hace nueve meses se aprobó la Lei de Pesca. El mismo departamento explicó que este año los armadores no recibirán subvenciones para pagar esas pólizas. Será en el próximo ejercicio cuando la Xunta destine una partida de 2,5 millones de euros, la cuarta parte de lo que tenía presupuestado este año para ese seguro.

El secretario general de la Consellería do Mar, Francisco Vidal, defendió este seguro de responsabilidad civil de las embarcaciones como más completo, puesto que eleva las indemnizaciones por víctima mortal hasta los 100.000 euros, frente a los 24.000 que fijaban las otras pólizas. Sin embargo no garantiza otros beneficios para las familias de las víctimas, como las becas de estudios para los hijos y otras ayudas sociales.

Hay más diferencias entre la póliza que amparaba al sector estos años y la que pretende generalizar ahora la Xunta. Por ejemplo, que el nuevo seguro de responsabilidad civil para las embarcaciones solo ampara a los profesionales que se enrolan en ellas. Quedan sin protección unos 5.000 mariscadores a pie y otros colectivos que antes sí estaban protegidos como las ONG y voluntarios que participaban en las tareas de rescate, tras un naufragio.

Además de las duras críticas de Pachi Vázquez, tanto Feijóo como la conselleira de Mar, Rosa Quintana, comprobaron el malestar de la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia que exigió a la Xunta que reconsidere la eliminación del seguro colectivo de accidentes, calificada por este colectivo de marineros como un "recorte social". También pidieron al Gobierno gallego que recorte en otros capítulos "que no tengan consecuencias tan graves para los pescadores y sus familias en momentos más duros".

(www.elpais.com, 28/10/10)

15. ANDALUCÍA. MARTÍN SERÓN PAGARÁ SU DEFENSA CON FONDOS PÚBLICOS

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), acusado de presuntos delitos de cohecho y prevaricación por cobrar comisiones a empresarios de la construcción a cambio de un trato favorable en las licencias y por los que la Fiscalía le pide una pena de cuatro años y medio de prisión, podrá pagar su defensa con fondos municipales de forma anticipada, antes de que los tribunales dictaminen si es culpable o inocente.

También el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, procesado igualmente en el denominado caso Troya, para el que el fiscal pide siete años de prisión, y todos los miembros de la corporación que se vean inmersos en procesos judiciales.

El pleno del Ayuntamiento, con los votos de la mayoría del PP, ratificó el pasado viernes una modificación del reglamento orgánico municipal al rechazar las alegaciones que había presentado el PSOE a la reforma aprobada inicialmente en mayo. Así, cuando hasta ahora se reconocía el derecho a percibir una indemnización para los gastos ocasionados por la defensa jurídica en el desempeño del cargo cuando se produjera una sentencia absolutoria o eximente de responsabilidad; a partir de ahora "podrán abonarse con anterioridad a la declaración de inexistencia de responsabilidad criminal".

En el caso de que se produjera una sentencia condenatoria, el alcalde y los concejales sí tendrían que reintegrar al consistorio el dinero cobrado para sufragar su defensa jurídica.

El PSOE considera que la reforma del reglamento atenta contra la ley que regula el funcionamiento de las corporaciones locales que no contempla la posibilidad de indemnizaciones por adelantado y ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la reforma.

El portavoz del PSOE, Cristóbal Bonilla, considera además que con esta reforma el alcalde "podrá contratar a quien le de la gana y gastarse en su defensa lo que le plazca porque todos los alhaurinos nos haremos cargo del pago por adelantado". Además, alerta del riesgo de que en caso de condena, los responsables municipales que fueran sentenciados no pudieran hacer frente al reintegro de las cantidades cobradas por anticipado.

El alcalde, Juan Martín Serón, ha justificado la reforma en que tanto él como los concejales del equipo de Gobierno se ven inmersos en procesos por "continuas denuncias del PSOE en los juzgados con mentiras y falsedades, utilizando incluso a personas de su entorno". El alcalde, que asegura que el PSOE "judicializa la vida política para tratar de ganar en los juzgados lo que no consigue en las urnas", asegura que le reforma del reglamento es "absolutamente legal" y está avalada por la secretaría municipal y otros informes jurídicos.

(www.elpais.com, 27/10/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

La rapiña de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977 euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación judicial.

El Grupo Rafael, vinculado a la red Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que fueron pagados a dos empresas pantalla.

También Presidencia abonó a seis empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand, Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.

La argucia de trocear los contratos fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.

La relación económica entre las empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.

Las gestiones de ambos lograron alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario. Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios Siete Estrellas.

El propio Rodríguez Pendás, mano derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo. Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo. Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".

Rodríguez Pendás explicó también que no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.

El colaborador de López Viejo sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento. Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los actos públicos de la presidenta".

Además, en su declaración asegura haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la contratación y la facturación de los eventos".

(www.elpais.com, 23/10/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID UN TRIBUNAL REABRE EL 'CASO ESPÍAS' TRAS EL RECURSO DE UN EX JEFE POLICIAL

La Sección XVI de la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias del caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, perpetrado por agentes a sueldo del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, para que se acumule e investigue la denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Giménez, por hechos similares que supuestamente habrían cometido contra él los mismos implicados en los seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente autonómico Alfredo Prada, ambos adversarios de la presidenta autonómica dentro del PP.

Poco después del estallido del caso espías, Giménez denunció que él también pudo ser objeto de seguimientos, pero la juez instructora, Carmen Valcarce, desgajó su denuncia de la causa principal y terminó archivando tanto una como otra. La causa principal es la relacionada con los supuestos seguimientos sufridos por Cobo y Prada por parte de ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados. El tribunal considera que la decisión de Valcarce de abrir una pieza separada al margen de las diligencias centrales de la trama del espionaje ha podido originar "inseguridad jurídica" a Giménez. Y entiende que no debió desgajarse de la causa principal su denuncia. Por eso le ordena que acumule su escrito a la citada pieza principal y, hecho eso, que tome la decisión que crea oportuna, pero "en el marco de las diligencias previas registradas con el número 1891/2009". Es decir, la referida, según la Audiencia, al "llamado espionaje político en la Comunidad de Madrid".

La juez tendrá dos opciones tras reabrir la causa principal: investigar la denuncia de Giménez o no hacer nada y archivarla nuevamente, aunque en este último caso el tribunal le pide que le dé una explicación "judicial razonada". El ex jefe policial de Coslada ha pedido a Valcarce, para no causarle indefensión, que tome declaración a los ex policías implicados y al consejero Granados.

Valcarce archivó el caso espías, pendiente en este momento de un recurso del PSOE ante la Audiencia de Madrid, en julio pasado. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el archivo de la causa principal; esto es, los seguimientos a Cobo y Prada, acreditados en las diligencias con informes policiales basados en los posicionamientos de los móviles de los imputados, que coinciden con los partes que hicieron los espías sobre la ubicación real de los investigados, y del informe pericial encargado por la juez que acreditaba que uno de los empleados de la Consejería de Interior era el autor de las notas manuscritas en los partes. Como apelante del archivo de la causa, solo figura el PSOE, pese a ser del PP las víctimas, Cobo y Prada. Ambos fueron forzados por Mariano Rajoy a retirar los recursos que presentaron tras el archivo del asunto para evitar dañar la imagen del partido.

Lo que en puridad ha ordenado ahora la Sección XVI de la Audiencia de Madrid es que no se desgajen de ese procedimiento principal (pendiente del recurso del PSOE) las supuestas investigaciones hechas por ex policías a las órdenes de Granados al ex jefe policial de Coslada.

Giménez denunció que él también había sido objeto de seguimientos, basándose en declaraciones hechas a este periódico por Marcos Peña. Este ex inspector de policía, fichado por Granados, manifestó que hizo trabajos de inteligencia para la elaboración de informes sobre escándalos en Ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos y Coslada. Y citó entre sus investigaciones la supuesta trama que condujo a la detención de Giménez en la llamada Operación Bloque. Giménez ha mantenido que su detención fue fruto "de una novela sin base redactada por la policía".

Valcarce archivó la causa central del espionaje sin haber tomado declaración a la ex esposa de principal imputado, Sergio Gamón, jefe de los agentes que efectuaron supuestamente los seguimientos. La esposa de Gamón afirmó a EL PAÍS que este le había hablado sobre investigaciones encargadas por el vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. Valcarce archivó el caso por entender que no estaba acreditado el delito de malversación de caudales públicos que investigaba (utilizar a empleados pagados con dinero público para fines distintos de su cometido) y que, en todo caso, "sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente...".

(www.elpais.com, 25/10/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE ADJUDICABA LOS CONCURSOS

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán

[responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.

(www.elpais.com, 25/10/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña.

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial.

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña.

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial.

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".

21. COMUNIDAD DE MADRID TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON 780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.

El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros.

González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.

Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.

El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2".

Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.

(www.publico.es, 27/10/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DEFIENDE A SÁNCHEZ DRAGÓ COMPARÁNDOLO CON GARCÍA MÁRQUEZ

Tras varios días guardando silencio, Esperanza Aguirre ha salido en defensa del escritor Fernando Sánchez Dragó. En su último libro, unas conversaciones con Albert Boadella tituladas Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...,  el también presentador de Telemadrid narra cómo en Japón se topó con una lolitas vestidas como "zorritas" a las que se "trajinó". A "las muy putas", remacha.

La polémica obligó a Dragó a recular aduciendo que, lo que en el libro se vende como verdad, es en realidad ficción. "Es una historia literaturizada, digamos, a partir de una anécdota trivial. Se remonta a 1967. Ya ha llovido: casi medio siglo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha aferrado al argumento de "historia literaturizada" esgrimido por Dragó para minimizar los hechos. Para ello ha comparado al escritor español con un Premio Nobel como Gabriel García Márquez, con uno de los novelistas estadounidenses más relevantes, Henry Miller, y con su propio tío materno, el poeta Jaime Gil de Biedma.

La presidenta madrileña, que ayer se negó a contestar a las preguntas de un reportero de El Intermedio, ha señalado que "la historia de la literatura está plagada de actos absolutamente reprobables. Por citar sólo algunos, Gabriel García Márquez, Henry Miller, Jaime Gil de Biedma".

"¿Y qué pasa, que hay que quemar esos libros como si fuéramos torquemadas? O mejor, ¿quemamos a los autores?", se ha cuestionado para agregar: "Si alguien hubiera hecho propaganda o apología de un delito en la televisión pública evidentemente que no, pero la literatura es eso, literatura", justifica la conservadora.

El libro de conversaciones que incluía el pasaje no figura en ninguna librería en la categoría de literatura. Así, por ejemplo, El Corte Inglés lo cataloga de ensayo y La Casa del Libro en el apartado de Ciencias políticas y sociales.

Sin embargo, las obras de los escritores a los que menciona no salen del apartado de ficción. Aunque no lo cite, es probable que la 'lideresa' aluda al librito de 'Gabo' Memorias de mis putas tristes, que se mire como se mire, siempre ha sido una novela. Las obras de Miller (como Trópico de cáncer y Trópico de capricornio) son "narrativa extranjera" y los libros de Gil de Biedma forman parte del apartado poesía.

De modo muy diferente a Aguirre opina el Comité de Empresa de Telemadrid, que ha pedido a la directora general del ente público la destitución del escritor. Isabel Linares, por su parte, se lava las manos al asegurar que "este tema no es competencia del Consejo de Administración".

Tampoco comparte la visión de la política conservadora Viajes Barceló, que ha suspendido "automáticamente" la comercialización de una ruta por Japón diseñada por Sánchez Dragó y su mujer, natural del país.

"Nuestra Marca y nuestro Grupo representan valores como el fomento del conocimiento de las culturas y de los países, así como un profundo respeto por los seres humanos, valores que deben compartir tanto nuestros empleados como las personas con las que nos asociamos", señala la compañía en un comunicado.

(www.elpais.com, 29/10/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. PSOE: 3 IMPLICADOS, 2 DIMISIONES PP: 22 IMPLICADOS, NINGUNA DIMISIÓN

Los socialistas volvieron ayer a marcar distancias con los populares a la hora de encajar la implicación de sus cargos públicos en supuestos casos de corrupción. Roque Moreno, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, presentó su renuncia al acta de concejal al trascender su implicación en el sumario del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. El pasado 10 de septiembre también dimitió el primer cargo socialista imputado en esta causa, Antonio Amorós, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación. Mientras, los 22 dirigentes populares implicados en la trama siguen en sus puestos.

La lista de los cargos del PP locales y autonómicos implicados en el caso Brugal la encabeza su líder provincial y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular, que fue arrestado el pasado 6 de julio, está imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos (valorados en cerca de un millón de euros) por los favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz y Fenoll están imputados en la causa general. Además, el fiscal acusa a Ortiz, dueño del Hércules, de urdir otra trama para beneficiarse del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Roque Moreno, también secretario local del PSPV-PSOE, está acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias por pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a la mujer e hijo de un asesor del Grupo Socialista. El informe policial considera que estos hechos pueden constituir delito, máxime porque la petición del político coincidió en el tiempo con las negociaciones del Ayuntamiento y el dueño del Hércules para remodelar el Estadio Rico Pérez. En uno de los mensajes interceptados por la policía, Moreno comentaba a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente", en alusión a una de las personas para las que pedía empleo.

"Realicé una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero, para un gran amigo, y fue un error, por lo que pido disculpas", explicó Moreno ayer, justo antes de anunciar su dimisión de la corporación.

El gesto de Moreno contrasta con la actitud de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, también implicada en el sumario. El fiscal acusa a la regidora de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Todos ellos están vinculados a un supuesto trato de favor en el nuevo PGOU y a cambio de supuestas dádivas, entre ellas, también la de pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a ciertas personas. La regidora asumió esa dádiva y la enmarcó en su política de hacer valer su influencia en favor de los parados: "Lo hice con Ortiz, como con todas las firmas que contratan con el Ayuntamiento", dijo.

Moreno aprovechó el acto de su dimisión para resaltar las diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Es lamentable, hay casos de corrupción que salpican a representantes del PP (caso Gürtel, caso Fabra y caso Brugal), es un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares".

La candidata socialista a la alcaldía, Elena Martín, se mostró ayer "orgullosa" de la decisión de Roque Moreno, que evidencia "la ética del PP y la del PSOE. No todos somos iguales".

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, dijo que la dimisión de Moreno es un gesto de "dignidad, honradez y entereza". Moreno no ha sido expedientado por el partido, al contrario que Amorós, por su condición de imputado. Los dirigentes del PP, encabezados por Ripoll y Castedo, achacaron la renuncia de Moreno al hecho de que había sido descabalgado de la candidatura a la alcaldía. El tercer implicado del PSOE en el caso es José Cataluña, secretario de finanzas de los socialistas valencianos en 2008.

(www.elpais.com, 29/10/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA.EL CONSEJERO DE ECONOMÍA VALENCIANO, IMPLICADO EN EL 'CASO BRUGAL'

Gerardo Camps, consejero de Economía del Gobierno valenciano, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de basuras en el sur de Alicante), según uno de los informes policiales de la causa. Las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en siete actuaciones relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales de la causa, cuya investigación comenzó en marzo de 2007. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas.

La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, está recogida en el epígrafe del informe policial titulado Sociedad Proyectos Temáticos. En este apartado, la policía reseña los siguientes hechos: adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF.

En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallies y amigo de Gerardo Camps. "En todos estos procesos, Enrique Ortiz figuraría como solicitante, Gerardo Camps como representante del ente administrativo competente y el señor Fuster como intermediario cualificado, recibiendo contraprestaciones en forma de patrocinio deportivo", señala el informe.

El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante recoge estas actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones de Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento.

Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y a su vez presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

(www.elpais.com, 23/10/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP

Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE.

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz.

Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

(www.elpais.com, 28/10/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA.ANTICORRUPCIÓN CREE QUE SONIA CASTEDO BENEFICIÓ A ORTIZ

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.

Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas en la que ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela que lleva el caso Brugal, donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor, dueño del Hércules CF.

El escrito de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".

Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y (estadio) "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual ha calificado el informe del fiscal de "sesgado y no contrastado". Además, ha afirmado que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".

(www.levante-emv.com, 25/10/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA.EL EMPRESARIO ORTIZ CONTACTÓ CON FAMILIARES DE COTINO Y DE ROSA SOBRE ADJUDICACIONES DEL CONSELL

Las escuchas telefónicas al empresario Enrique Ortiz durante la investigación del caso Brugal han desvelado presuntas irregularidades en los concursos de la Generalitat para construir juzgados y para adjudicar el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. En dichas contratas aparecen como interlocutores con Ortiz dos hermanos del ex conseller de Justicia y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino. Mientras que con el Plan Eólico un hermano de Cotino le dejó bien claro a Ortiz que la adjudicación se sabía de antemano que iba a ser para Iberdrola por ser un "compromiso del presidente" -en clara referencia alusiva a Camps-, el camino parecía tenerlo más claro con los proyectos de Palacios de Justicia, donde el empresario alicantino reconoce al director de su constructora que "tenemos reparto" y le reprende por no haber optado a la construcción de los juzgados de Paterna, especialmente tras haber comido en Valencia con Fernando de Rosa.

El informe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre "Palacios de Justicia" recoge varias conversaciones intervenidas en junio de 2008 a Ortiz con distintos interlocutores, entre ellos Alberto de Rosa, hermano del ex conseller de Justicia, Fernando de Rosa, Vicente Cotino, hermano del conseller y con dos empleados suyos. En las conversaciones sale a relucir el nombre de Miguel Morillo, director adjunto de sociedades participadas de Bancaja y con el que Ortiz forma parte de Diversia Concesiones y Servicios SL, empresa que está participada por Sedesa, Bancaja y Enrique Ortiz e Hijos y donde también figura Vicente Cotino "en calidad de presidente y consejero". El hermano de Cotino también llama al constructor alicantino para para hablar "de la concesión de los juzgados".

Esta mercantil celebró un consejo en Valencia el mismo día que Ortiz se reunió con el conseller Fernando de Rosa para "arreglar ese día todo", según señala el empresario en una de las escuchas. Cinco días después de esta reunión el hermano del conseller, Alberto de Rosa, llamó a Ortiz sorprendido por no haberse presentado al concurso para construir los juzgados de Paterna, una contrata de 10,7 millones de euros. A continuación, el dueño del Hércules llamó por teléfono al director de su constructora y tras comentarle que no se habían presentado al concurso de los juzgados de Paterna le dijo que "vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones" y "le voy pidiendo y no me presento. ¡Tócame los cojones! Y ahí tenemos un huevo de posibilidades". Acto seguido le insta a presentarse a todos los concursos de consellerias en la Comunidad y le espeta una frase muy explicativa: "Lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto Y aquí nos toca".

La Policía dedica otros tres folios del informe a las conversaciones referidas a "presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación, aún abierto, del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana". Tras hablar Ortiz con Aurelio González Villarejo, actualmente ex socio del constructor y con intereses en el sector de las energías renovables, mantuvo el promotor una conversación con Vicente Cotino para proponerle optar al concurso con la empresa Diversia. "Olvídate", fue la respuesta del hermano del conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell. Ortiz le replicó que si no se podía amañar y Cotino le reconoció que "eso está el pescado vendido ya". El familiar del conseller añadió que el plan era para Iberdrola y precisó que "se ha comprometido el presidente". No contento con las explicaciones, Ortiz insistió en ver la posibilidad de presentarse y se ofreció a mediar con Mario Flores, conseller de Infraestructuras, cuyo departamento convocó el concurso. "No, Mario no pinta nada ahí.... Nada, olvídate. Hazme caso. No le digas nada a Mario. Lo metes en un aprieto", manifestó Cotino antes de despedirse. El informe concluye que Cotino tenía información de primera mano y que el Plan Eólico estaría adjudicado a Iberdrola por un compromiso del llamado "presidente", sobre el que la Policía no dice quesea Camps pero si "un cargo superior incluso al del propio consejero de Infraestructuras".

(www.levante-emv.com, 27/10/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ALPERI Y CASTEDO CELEBRARON EN EL YATE DE ORTIZ EL ARCHIVO DEL CASO APARCAMIENTOS

El yate del empresario Enrique Ortiz fue el escenario de una fiesta la noche del 26 de junio de 2008 en la que participaron el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y otros ediles del equipo de gobierno, según revela el sumario del caso Brugal. La fiesta era la manera de celebrar el archivo que acababa de hacer el Tribunal Supremo del llamado "caso de los aparcamientos", que investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz por la modificación de los proyectos de tres aparcamientos municipales. En la causa estaban imputados tanto Ortiz, como Alperi y Castedo.

El plan era cenar en el barco y ver el partido de las semifinales de la Eurocopa que enfrentaba a las selecciones de España y Rusia y luego disfrutar del castillo de fuegos artificiales que esa noche se disparaba con motivo de las fiestas de San Juan.

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía levantaron un acta de vídeo-vigilancia sobre los asistentes a la celebración, en la que identificaron a Ortiz, Alperi, Castedo, así como a la edil Marta García-Romeu, así como la Delegada de presidencia y Coordinación de Áreas del Ayuntamiento, Sonia Alegría, así como Virgilio Ortiz, hermano del empresario investigado.

La Policía captó varias conversaciones entre Ortiz y Alperi sobre los preparativos de la fiesta. El entonces alcalde le indicaba quiénes eran los ediles de su confianza que irían a la fiesta, entre ellos citaba a Sonia Castedo. "Sólo los de confianza, Sonia, Sonia, Marta, el de Comercio, que es de confianza, Andrés Llorens no puede venir porque se ha ido a Viena a ver el partido", aseguraba Alperi a Ortiz. El informe dice que el ex alcalde tenía dudas sobre invitar a una tal Suni. La concejal de Servicios Sociales, Asunción Sánchez Zaplana, es la persona a la que en el Ayuntamiento se conoce como Suni. De todas maneras, ésta no acudió a la celebración. En otra de las conversaciones interceptadas ese mismo día por la Policía, Ortiz llamaba a su hermano para invitarle al barco, aunque le hacía una advertencia: "No se lo digas a nadie porque va a venir Luis".

Uno de los aspectos sobre el que giró el caso de los aparcamientos fue la relación personal que existía entre Alperi y el empresario. El caso se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los magistrados no vieron indicios de delito sin investigar la causa y, tras la lectura de las diligencias, establecieron que la actuación del Ayuntamiento no había beneficiado a Ortiz. El fiscal recurrió al Supremo, pero el alto tribunal confirmó la decisión del TSJ valenciano.

(www.levante-emv.com, 27/10/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA."TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!"

Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.

- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo.

El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.

- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.

Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".

La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.

Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.

Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

(www.elpais.com, 27/10/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCAL Y POLICÍA ACUSAN DE COHECHO A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE

La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y a su antecesor y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, de graves delitos de corrupción. El fiscal jefe de Alicante, Felipe Briones, considera que los dos políticos recibieron regalos del promotor y dueño del Hércules C. F., Enrique Ortiz, a cambio de favores urbanísticos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aprobado provisionalmente en mayo de 2010.

La acusación del fiscal a Alperi y Castedo es consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. En este sumario hay un centenar de imputados por cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre ellos, el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. Los dos pilares del sumario son la contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. Las diligencias de la pieza de Castedo y Alperi las instruye el Juzgado número 5 de Alicante.

Entre los supuestos tratos de favor, la fiscalía y la policía destacan la reforma del estadio Rico Pérez a cambio de una futura recalificación del suelo y la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

El fiscal imputa a Castedo (concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa desde septiembre de 2008) los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal describe tres supuestos hechos delictivos. El primero está relacionado con una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.

En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. El segundo hecho delictivo se refiere a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos. Y el tercero se vincula a la remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz.

El escrito concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz: alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales de 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un Mini Cooper para una persona de confianza de Castedo a petición suya; solicitud a Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sus firmas...

El fiscal, según fuentes del caso, acusa de los mismos delitos a Díaz Alperi. En cuanto a las supuestas dádivas que el ex regidor pudo recibir del promotor, cita el viaje en el yate del promotor a las Baleares en el verano de 2008 y el pago de otro viaje en avión a Grecia.

Sobre las supuestas ilegalidades en las que pudo incurrir Alperi, el informe policial del caso Brugal destaca la compra de suelo en paraje protegido de Agua Amarga y en su área de influencia para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables. En el primer caso, según la policía, Ortiz tuvo "como cooperante necesario" al subdirector de Bancaja, José Cortina.

Los terrenos fueron integrados en Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz y participada por Bancaja. La segunda operación, "por indicación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi", según el informe, consistió en la compra de terrenos rústicos en los aledaños de Agua Amarga. En esa área el nuevo PGOU atribuiría un uso terciario para acoger el proyecto Ciudad de la Economía, impulsado por la CAM. La zona quedó finalmente como protegida y Ortiz integró el suelo en Deproinmed.

Por otra parte, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, restó ayer importancia al informe policial del caso Brugal que le vincula a una trama con Ortiz. "Es un informe policial incoherente, que ni conozco ni he visto", dijo.

Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró "que la situación del PP valenciano es insostenible, pero los valencianos lo limpiarán antes que la justicia".

(www.elpais.com, 26/10/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA BUSCA PRUEBAS DE DELITO URBANÍSTICO EN LA POBLA DE FARNALS

Agentes de la Guardia Civil registraron ayer el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía de Valencia y siguiendo directrices del Juzgado de Instrucción número uno de Massamagrell. La fiscalía persigue un delito de prevaricación urbanística, otro de malversación de caudales públicos y dos contra la Hacienda pública. Los agentes llegaron a primera hora de la mañana y levantaron acta de su registro pasadas las 14.00. Se llevaron papeles. Los más importantes, los expedientes relacionados con la construcción de varias fincas de apartamentos en la zona de playa del municipio que, supuestamente, estaban fuera del plan general de la localidad y en cuyo proceso de concesión de las oportunas licencias se pudieron producir ilegalidades, incluido el pago de comisiones.

Por ahora no hay nadie imputado ni tampoco se detuvo a nadie. La investigación, que lleva en marcha varios meses -y no es la primera que inicia la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción sobre decisiones tomadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals de dudosa legalidad- se centra en las decisiones de tres equipos de gobierno: el socialista, que perdió las elecciones en 2007 y que encabezaba Josep Vicent Sanchis; el popular, en el que estaba al frente José Manuel Peralta; y el actual, dirigido por la tránsfuga popular Natividad García. Un rosario de mociones de censura ha hecho cambiar varias veces la cúpula del gobierno local en los últimos cuatro años.

La actual alcaldesa, Natividad García, aseguró sentirse "muy tranquila" e insistió en "la total transparencia de la gestión urbanística de su equipo de gobierno". García dijo desconocer el contenido de los expedientes que se llevó la Guardia Civil por tener "carácter reservado". Defendió su gestión urbanística y aseguró que únicamente es responsable de "dos centros de salud y una ampliación de aulas". Y agregó: "Si esto viene de una época anterior, supongo que se habrá hecho también con asesoramiento jurídico y con total tranquilidad. Desconozco los motivos de por qué la Fiscalía ha recabado esto".

Por su parte, el ex alcalde del PP de La Pobla de Farnals, José Manuel Peralta, acusó a la actual alcaldesa de pretender "crear confusión" y "entorpecer el proceso judicial al relacionar a un equipo de gobierno con un presunto delito urbanístico".

El portavoz del PP local mostró su "indignación" por los "dardos envenenados" de la primera edil que, en su opinión, tienen por objeto "echar balones fuera para confundir a la sociedad y a la policía, a fin de desviar el foco de atención para que busquen a los culpables por otro lado".

Peralta reprobó, asimismo, que, "al sacar a la luz los posibles hechos investigados", la alcaldesa "está vulnerando el secreto de sumario", y le pidió que dejara "trabajar a la policía para que pueda resolverse cuánto antes una situación que afecta a todos los vecinos de La Pobla de Farnals". El ex alcalde popular ratificó la "entera disposición del PP" a "colaborar con la Justicia en la investigación ahora abierta".

En relación con la situación política que se ha sucedido en La Pobla de Farnals, la Delegación del Gobierno presentó un contencioso-administrativo con el acuerdo municipal que aceptó a Natividad García como nueva alcaldesa, así como la elección de su teniente de alcalde, también tránsfuga del PP, que aún está por resolver.

El contencioso es por un supuesto incumplimiento del artículo 73.3 de la Ley de Régimen Local, reformado en 2003 por una ley fruto de un pacto entre socialistas y populares. Ese artículo impide que los derechos económicos y políticos de los no adscritos a una formación política puedan ser superiores a los que habrían tenido de seguir en su grupo. García y el teniente de alcalde han incrementado sus derechos económicos y políticos notablemente tras su operación tránsfuga.

(www.elpais.com, 29/10/10)

32 CASTILLA Y LEON. EL PP NO VE MOTIVOS PARA APARTAR A DE LA RIVA

El PP ha dado hoy por cerrada la polémica por las declaraciones del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, al que no ven motivos para apartar de su cargo, toda vez que ha reconocido que ha pedido perdón a la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajin, hasta en tres ocasiones.

Así lo han asegurado fuentes del PP a propósito de las afirmaciones que realizó el pasado miércoles el alcalde de Valladolid al conocer el nombramiento de Leire Pajín como nueva titular de Sanidad, que fueron contestadas por sus propios compañeros de partido.

Estas fuentes han asegurado que el partido no tomará medidas disciplinarias contra De la Riva por el hecho de que ha reconocido su error y ha pedido disculpas públicamente hasta en tres ocasiones.

De hecho, las fuentes consultadas han considerado "probable" que el alcalde de Valladolid vuelva a repetir como candidato en las elecciones municipales de mayo de 2011.

Por otra parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha referido también a este asunto en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de su partido, para recalcar que esta persona ya ha pedido perdón en varias ocasiones a la ministra. En su opinión, también se debe escuchar a los que rectifican y piden perdón.

(www.opinion.es, 25/10/10)

33. CASTILLA Y LEON. DE LA RIVA AUTORIZÓ EN SU EDIFICIO PISOS ILEGALES QUE DEBE DERRIBAR

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha autorizado el pago por parte del consistorio de la demolición de unos áticos en un edificio del centro de Valladolid. La noticia, protagonizada por el hombre que ha causado la última crisis en el PP a cuenta de lanzar ataques sexistas contra la ministra de Sanidad, Leire Pajín, no tendría mayor trascendencia si no fuera por un par de significativos detalles. El primero, que fue él mismo el que autorizó la construcción de estas viviendas que ahora tienen que derribarse por ser ilegales. Y el segundo, que el regidor vallisoletano reside en el edificio.

Los trabajos de demolición, que supondrán al ayuntamiento un desembolso de 600.000 euros, comenzaron la semana pasada. Con ello, se regularán las anomalías de este edificio ubicado en la plaza de Zorrilla.

Fue en 2002 cuando el dirigente del PP dio luz verde con su firma a las obras de remodelación de este edificio. Y tras una denuncia interpuesta por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, en 2008, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determinó, en 2009, la ilegalidad de esos áticos. El motivo era que se habían superado los metros de edificabilidad. En ese mismo año, el mismo órgano judicial obligó al consistorio a cumplir la sentencia.

Hace unas semanas, el alcalde dejó claro quién iba a pagar la demolición: el consistorio. No obstante, aseguró que iba a reclamar los gastos a la promotora.

La constructora tiene claro cuál va a ser su postura: ella construyó porque tenía licencia, por lo que si alguien ha cometido una irregularidad es el equipo de Gobierno .

El proyecto de "restauración de la legalidad del edificio de viviendas, oficinas y locales" como lo ha denominado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid tiene un presupuesto de ejecución material de 416.569 euros, una cantidad a la que hay que sumar otros 79.148 euros en concepto de gastos generales y el IVA correspondiente, 89.228 euros.

Sin embargo, en la cifra no aparece el dinero que, según fuentes del PSOE de Valladolid, habrá que abonar a los propietarios de los dos áticos en concepto de indemnización.

El conocido en Valladolid como Edificio de Caja Duero tiene su enjundia ya que era propiedad de la entidad de ahorros con sede en Salamanca recientemente fusionada con Caja España, de la que León de la Riva era vicepresidente primero en el momento en el que se concedieron las licencias de obras y de primera ocupación. Además, el alcalde vallisoletano adquirió uno de los pisos de ese edificio días después de firmar la licencia de primera ocupación.

Según fuentes consultadas por Público, esta firma se produjo el viernes 1 de marzo de 2002 y la rúbrica de las escrituras de adquisición de una vivienda para el regidor tuvo lugar el lunes 4 de marzo.

Han sido varios los plenos celebrados desde abril de 2008, fecha en la que se dictó la primera sentencia que declaraba ilegales los áticos, en los que el PSOE ha tratado de buscar explicaciones a lo que estaba ocurriendo con el inmueble, ya que han pasado dos años sin que se ejecutase el fallo judicial.

Además, el Grupo Socialista ha denunciado que León de la Riva, cuando era vicepresidente primero de Caja Duero, "conocía el proyecto antes de la finalización de 2002, así como el incremento de edificabilidad que suponían los áticos y, por tanto, el correspondiente lucro de la promotora".

En el pleno municipal celebrado el pasado 3 de septiembre, el portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, desveló que el proyecto de demolición de los áticos había sido redactado por el mismo arquitecto municipal que en su momento informó "de los proyectos básicos y de ejecución del edificio" y, que a su vez, "es propietario de uno de esos dos pisos" que deben ser derruidos.

(www.publico.es, 25/10/10)

34. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL GANA 145.000 EUROS MÁS QUE BARREDA, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

La secretaria general del Partido Popular y presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ganó en 2009 241.840 euros en sueldos , alrededor de 145.000 euros más que el presidente de la comunidad, José María Barreda.

Así se desprende de la declaración de bienes de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha hecha pública este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Barreda percibió un total de 96.123 euros en sueldos el pasado año. La gran diferencia entre los suelfos percibidos entre ambos cargos se puede explicar porque Cospedal cobra por ser senadora y por ser secretaria general del PP.

Es este último cargo el que eleva notablemente la diferencia de dinero percibido entre ambos, puesto que por ser secretaria general de los conservadores cobra 167.865 euros, mientras que por ser senadora percibe 43.771 euros.

Además, Cospedal también recibe 25.538 euros como indemnización del Senado por gastos para el desempeño de su función.

Por su parte, Barreda cobra 63.363 euros por ser presidente de Castilla-La Mancha, además de 13.371 euros que recibe por pensión de las Cortes de Castilla-La Mancha, una pensión a la que Cospedal declara haber renunciado.

(www.elplural.com, 25/10/10)

35. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PRESUME DE TENER LAS CUENTAS "MÁS TRANSPARENTES"

Sorprendida por la atención que ha despertado la publicación de su declaración de bienes, en la que se confirma que gana 145.000 euros más que el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y que también cobra varios sueldos (por senadora y por secretaria general del PP),  María Dolores de Cospedal, afirmó este lunes que la suya es "la declaración de bienes más transparente de la política española".

En dicha declaración, Cospedal declara haber ingresado algo más de 241.000 euros en 2009. Además, dijo que si hoy se están comentando sus ingresos en el año 2009 es porque ella ha facilitado todos los datos. "Ustedes pueden hablar hoy de mi sueldo porque tengo la declaración de bienes más transparente de la política española y lo tengo que decir sin falsa humildad", apostilló Cospedal.

Ignora deliberadamente De Cospedal que una ley de Castilla-La Mancha le obliga a dar cuenta de su patrimonio. 

La secretaria general del PP explicó que en su sueldo no está contabilizado el que le corresponde como diputada regional en el Parlamento de Castilla-La Mancha, ya que renunció a él hace varios meses.

Negó que en el último año se haya producido un incremento en el sueldo de los dirigentes del PP y afirmó que la verdad es "todo lo contrario". Adujo que con motivo de la crisis económica se ha aplicado en la casa una "política de austeridad muy importante".

"Creo que más transparente no se puede ser", concluyó la dirigente conservadora en una rueda de prensa en la sede nacional del PP. En ella consta que el año pasado, la secretaria general ingresó más de 241.000 euros.

(www.publico.es, 25/10/10)

36. CASTILLA-LA MANCHA. ARRIOLA ACONSEJA A COSPEDAL QUE SE MUDE DE MADRID A TOLEDO

El gran gurú sociológico del Partido Popular, con despacho abierto en la sede conservadora de la calle Génova, Pedro Arriola, ha aconsejado a María de los Dolores de Cospedal que traslade su actual residencia madrileña a Toledo, o a cualquier otro lugar de esta comunidad, ya que el electorado no ve bien que alguien que trata de defender sus intereses viva en un territorio ajeno al que pretende representar, como es el caso de la secretaria general y candidata del PP en Castilla-La Mancha que, además de residir en la capital de España, trabaja y tributa en la misma ciudad, que sólo abandona dos veces a la semana para visitar la región de la que es diputada regional y senadora.

Pedro Arriola es el sociólogo de cabecera del "tumbao" Rajoy, que heredó, entre otras cosas, de José María Aznar, quien a su vez lo introdujo en la calle Génova a petición de la que fuera ministra de Sanidad, alcaldesa de Málaga y esposa del susodicho, Celia Villalobos. Pero sobre todo es el gurú de la planta séptima de la calle Génova, sede madrileña del PP, y analista de tendencias sociales y electorales. Detestado por muchos (algunos lo conocen como "Rasputín") y respaldado por pocos, siempre está presente en maitines, "encierros espirituales" y su palabra se ha convertido en ley. De ahí que haya trascendido en círculos conservadores el consejo que le ha dado a la secretaria general del PP: "María Dolores, tienes que irte a vivir a Toledo", le dijo, según reconocían a este medio fuentes "populares".

Según las mismas fuentes, Pedro Arriola, que dice manejar encuestas favorables a María de los Dolores de Cospedal, de las que El País se hizo eco este domingo, aunque ABC ya las adelantó en julio, para posteriormente publicarlas en septiembre, cree ineludible que la secretaria general del PP traslade su domicilio de Madrid a Toledo, porque "eres la única de todos nuestros candidatos que no vive en su comunidad", le reprochó el gurú a la madrileña, con quien ha tenido más de un encontronazo, aunque no es menos cierto que las relaciones entre ambos se han reconducido, añadieron las fuentes consultadas.

Como nadie en el PP entendería que Antonio Basagoiti estuviera fuera del País Vasco, ni que Javier Arenas poseyera su residencia en otro lugar que no fuera Andalucía, y como tampoco pocos aprobarían que José Antonio Monago, candidato por Extremadura, viviera y trabajara en Madrid, además de que nadie podría imaginarse a Alicia Sánchez Camacho residir fuera de Cataluña; como pocos podrían justificar este desarraigo, "por eso Arriola cree que Cospedal debe vivir en Castilla-La Mancha" y cortar su "excesiva dependencia con Madrid", insisten las fuentes conservadoras.

Y es que para el gurú de la séptima planta de Génova, la cercanía de las elecciones autonómicas desautoriza las declaraciones que Cospedal hizo hace algo más de un año a la revista Telva, en las que defendía la compatibilidad de sus cargos (secretaria general y candidata del PP por Castilla-La Mancha), asegurando que con "dos días a la semana" dedicados a los castellano-manchegos era tiempo suficiente. Arriola no lo ve así.

Por todo lo expuesto, y siempre según estas fuentes, María de los Dolores de Cospedal estaría buscando en la actualidad una casa en Toledo para mitigar las críticas de los socialistas, que no dejan de recordarle su servidumbre con Madrid, ciudad, de cualquier forma, que tampoco abandonará ya que su hijo está muy integrado en el sistema educativo privado madrileño, amén del trabajo de su esposo, que también tiene en la capital de España sus principales quehaceres empresariales. Sea como sea, el caso es que la secretaria general del PP podría anunciar en navidades su traslado "ficticio" a Toledo, adelantan las fuentes.

(www.elplural.com, 25/10/10)

37. ISLAS CANARIAS. EL PP ABANDONA EL GOBIERNO CANARIO PERO DEJA EN ÉL VARIOS CARGOS TÉCNICOS

El presidente canario, Paulino Rivero (CC), y el líder del PP de esa comunidad, José Manuel Soria, evitaron hacerse la foto juntos ayer, el día que se hacía oficial la ruptura gubernamental entre ambos partidos. A partir de ahora, y tras aprobar las cuentas para 2011 juntos, cada uno tomará un camino. CC seguirá en el Gobierno en minoría, a pesar de haber sido el tercer partido en votos, mientras que parte del PP hará oposición.

La otra parte, entre la que se encuentran cargos técnicos del Gobierno canario, seguirá desempeñando sus funciones. De hecho, según Soria, "en la despedida con el presidente del Gobierno [canario] las palabras fueron de reconocimiento por el trabajo bien hecho". El lunes se hará oficial el cese de los cuatro consejeros del PP y de decenas de cargos de este partido.

Javier Sánchez Simón, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, del PP, declaró sobre la ruptura: "Abandonar en estos momentos es una frivolidad". Sigue teniendo, como otros muchos cargos de ese partido, la confianza de Rivero.

(www.elpais.com, 23/10/10)

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE DON PERIGNON Y VEGA SICILIA

¿Ocurría en Murcia como en Valencia?. Si el presidente Camps fue "obsequiado" con algunos trajes, el presidente Valcárcel recibió también dádivas por parte del rey de las basuras, Ángel Fenoll. Así figura entre los más de 270 destinatarios de los regalos navideños que realizaba la empresa del conocido empresario, imputado en el marco de la operación Brugal.

El máximo mandatario de la Comunidad Autónoma de Murcia recibía una generosa cesta de 600 euros donde no faltaba el whisky gran reserva, los Cohibas y botellas de Don Pérignon y Vega Sicilia. Todos los años llegaba a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia una lluvia de presentes en forma de baúles -hasta 8 - con regalos, puros habanos y las más convencionales cestas.

El directorio se centra sobre todo en la Comunidad Valenciana y en una larga lista de alcaldes, concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) e incluso técnicos municipales de poblaciones de la comarca como Torrevieja, Rafal, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja Rocamora, Formentera del Segura, Jacarilla, Redován, Calpe, Rojales, Cox (con todos los miembros del equipo de gobierno del PP y la oposición socialista), Callosa de Segura, Dolores, Almoradí o Pilar de la Horadada. Guardias Civiles también eran objetivos de sus atenciones.

También llegaban regalos a los municipios murcianos de Fortuna o Abanilla. En casi todos los municipios es Colsur, empresa de Fenoll, la que se encarga de la recogida de residuos y limpieza viaria y el depósito de la basura en el único vertedero de la comarca.

Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Regalos: Cesta valorada en 600 euros, una caja de puros cohibas, dos botellas de Dom Pérignon y dos botellas de Vega Sicilia.

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación(PP). Regalos: Un baúl "lleno de alimentos" en la Navidad de 2008, según recoge el sumario del caso Brugal.

(www.elpais.com, 28/10/10)

39. REGIÓN DE MURCIA. EL POLLO DE LO POYO

Plana mayor del gobierno regional. Cargos orgánicos del partido popular. Directivos de Hansa Urbana. Periodistas del régimen. Fotógrafos. Cámaras amigas del poder político y de los poderes fácticos. Fotografía histórica para la memoria histórica. La otra.

Un rayo de luz en la esperanza de especuladores, gente del ladrillo enchaquetados. Todo un festival. Entre ellos se escondía la poderosa alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Faltaban Trillo y Andrés Ayala. Los inspiradores. Todavía no se habían aprobado los planes correspondientes, pero allí estaba la gigantesca maqueta de lo que iba a ser la macro-urbanización Novo Cartago.

Miles, millones de metros cuadrados de la Ribera de San Ginés de la Jara y el gigantesco humeral de Lo Poyo.

Se levantarían unas doce mil viviendas. Dos hermosos hoteles y un Campo de Golf de 18 hoyos para envidia de otros montados muy cerca. En la fotografía aparecía el gran visir, Ramón Luis Valcárcel, acompañado de su simpática esposa. Un día grande. Un plan chupado y para chupar. Como ese otro de Cabo Cope. Miles de puestos de trabajo para los pobres obreros murcianos, miles de ellos en el paro. Como este otro más reciente de la Paramount. Siempre el caramelo de los puestos de trabajo para que el pueblo murciano los vote. A lo grande. Murcia sería ese paraíso tipo California o Miami que el gran visir sueña en sus noches oníricas.

Al fondo de la operación financiera, económica y política un Mar Menor destrozado por el cemento, por el ladrillo y una vías de comunicación que masifican el bello lugar. Otra La Manga, pero mucho peor. Vamos a meter a más de cien mil turistas. Todos los ricos de Europa. Como ese cuento de hadas de Cabo Cope. No había planes de viabilidad, ni recalificaciones, ni siquiera el suficiente dinero.

Pero llegaron las sospechas a los despachos de los fiscales, de los ecologistas, de algunos periodistas incómodos y de la competencia. El gran bluff llegó a oídos de Bruselas. Cuidado, que esa gente insensata de Murcia preparan un embolado, una barbaridad, otra burbuja inmobiliaria. Suenan los tambores de guerra. Y finalmente llegan advertencias severas de la vieja Europa. Se organiza una cadena de sospechas muy fundadas. Otro Gran Pelotazo tipo la Nueva Condomina. Atentos, que nos cogen por el fondillo de los pantalones. O de las braguitas.

Reuniones en Cartagena y en el Algar. Se preparan las baterías de la información y la opinión. Se alarman en San Esteban. Se lavan las manos. Cunde el pánico en el ayuntamiento cartagenero. También en Madrid. En San Sebastián y en los Emiratos independientes. Se ha armado el lio padre. Cuidado. Sí, ahora toca retirada y Pilar Barreiro, a la que Valcárcel le ha pasado el muerto, dice en las páginas de La Verdad que "las objeciones de la Unión Europea ponen en peligro Novo Cartago".  Tararí que te vi. Se aparca otro sueño de grandeza. Otro cuento de hadas. Otra historia de cuento oriental. Se desmorona un gran escándalo en ciernes. Se decreta una tregua. Perlo los malos de la película están aún en la brecha. Los buenos, también. Es solo un respiro. Murcia está llena de historias como esta. El ladrillo, como el dinero, no duermen…. Puntos suspensivos…

(www.elplural.com, 25/10/10)

40. ISLAS BALEARES. EL CONSISTORIO DE ANDRATX RECLAMA A LA FUNDACIÓN DE CAÑELLAS 56.500 EUROS

El ayuntamiento de Andratx reclama oficialmente a la Fundación Illes Balears, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio insular y liderada por el ex president del Govern Gabriel Cañellas, que le devuelva 56.500 euros entregados en 2006 y 2007 por un convenio investigado judicialmente. Cañellas, y el ex conseller de Turismo en el anterior Govern del PP, Joan Flaquer, son dos de los imputados en el sumario.

El juez de instrucción 7 de Palma investiga este caso. La causa fue abierta en 2009 por el juzgado a raíz de una querella de la fiscalía anticorrupción. En el sumario también se ha personado, como acusación particular, el Ayuntamiento de Andratx, quien acusa de los hechos al ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y a Gabriel Cañellas, en su condición de presidente de la Fundació Illes Balears. El Ayuntamiento está representado por el abogado Pablo Alonso del Caso. La querella se formuló por los presuntos delitos de malversación de caudales, prevaricación administrativa, fraude a la Administración y falsedades documentales.

El anterior Ayuntamiento de Andratx del PP firmó un convenio con la Fundació Illes Balears para sufragar los gastos de conservación del Castell de Sant Elm, propiedad desde 1995 de esta última entidad y aprovechar este espacio para actividades lúdicas y culturales. Después, el 26 de abril del 2006, el consistorio de Andratx suscribió un segundo convenio con el Inestur, por el que este instituto del Govern se comprometía a dar 30.000 euros para la mejora del entorno turístico del municipio. El conseller Joan Flaquer y el alcalde Eugenio Hidalgo, también encausado, firmaron ese segundo acuerdo. La mitad de ese dinero, 15.000 euros, fue destinada a la Fundación Illes Balears.

Hace unos días la junta de gobierno del Ayuntamiento de Andratx acordó, por unanimidad, requerir a la Fundació Illes Balears para que devuelva el dinero pagado con las subvenciones de 2006 y 2007. De los 56.548 euros solicitados, 10.108 son por intereses de demora.

El actual consistorio, presidido por Isabel Alemany, argumenta que la Fundació Illes Balears no ha justificado adecuadamente el destino de las ayudas. Por eso ha de reintegrarlas a las arcas municipales.

Por su parte, la Fundació Illes Balears formuló hace unos meses una demanda contra el Ayuntamiento, al que acusa de incumplir los convenios y adeudarle dinero.

Esta demanda fue dejada en suspenso por el juzgado de primera instancia 1 de Palma hasta que el juzgado de instrucción 7 de Palma no se pronuncie sobre el alcance penal de los hechos. Tanto Cañellas, como Hidalgo y Flaquer, han negado que se hubieran cometido irregularidades o que se hubieran desviado fondos públicos.

(www.diariodemallorca.es, 26/10/10)

41. ISLAS BALEARES. BAUZÁ INTENTA CALMAR A LOS BARONES DEL PP NEGANDO UN ESCORAMIENTO A LA DERECHA

Calma tensa. El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, sentó ayer a los barones del partido en un intento de apaciguar los ánimos tras las últimas crisis que han provocado sus decisiones sobre la lengua y los próximos candidatos. Bauzá les negó que pretenda arrinconar al regionalismo y llamó a la unidad.

Aunque la reunión discurrió en un clima mucho más pacífico que el viernes pasado, cuando Bauzá impuso ante la sorpresa general a María Salom como cabeza de cartel para el Consell en 2011, la mayoría de los dirigentes –asistieron 23– criticaron "las formas" utilizadas por el presidente en esta y otras cuestiones, y le pidieron que les tenga en cuenta. "Hace falta más finura en la toma de decisiones", coinciden tres fuentes. El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, hizo una intervención al respecto, reprochando al ´aparato´ del partido cómo había gestionado la elección de Salom, pero concluyó con un mensaje conciliador: "Todos tenemos que respetarnos".

El momento de más crispación lo protagonizaron el secretario general, Miquel Ramis, y el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, que aspiraba a ser el número uno para el Consell. Según varios miembros presentes, el manacorí acusó a Ramis de haber jugado a dos bandas en este asunto, prometiendo a la vez el puesto a él y al ex alcalde de Inca, Pere Rotger, lo que provocó un enfrentamiento "innecesario" entre ambos. Posteriormente, al trascender dicha pugna, y enconarse, Ramis –según desveló Pastor ante los asistentes– le llegó a preguntar "si no es Rotger el candidato ¿a ti te va bien?", pero sin desvelarle que la elegida sería Salom. Con ello, a decir del de Manacor, intentó que desistiera y hacer creer a Bauzá que lo tenía todo controlado. Por su lado, Ramis declinó azuzar la polémica, escudándose en que "entrar en este debate no estaría a la altura del comité de dirección" que se estaba celebrando.

Al hilo de esto, hubo barones que dijeron abiertamente que María Salom "no es el mejor cartel para 2011", pero sin duda alguna Pere Rotger fue el que mayor estupefacción provocó, al afirmar que "hay personas que son una alternativa de mayor peso para ser candidatos al Consell". Y es que en el PP más de uno piensa que la propuesta de designar a Salom partió del inquer.

A Bauzá se le reprochó el oscurantismo con el que ha actuado en esta designación, y se le reclamó que consulte los asuntos importantes con el resto de la cúpula. "Se le ha dicho que hace falta una línea estratégica conjunta, y comunicar mejor", asevera uno de los dirigentes populares. Varios de los asistentes expusieron la necesidad de evitar nuevas polémicas sobre la lengua como la reciente que propició Bauzá, y también quedó claro que en el PP de Manacor y sa Pobla –tras la defenestración de Jaume Font para el Consell–, el líder tiene ahora dos frentes abiertos en la part forana.

Carlos Delgado no acudió a la cita, si bien mandó "a un submarino para que le pasara el parte", reza un barón. El presidente del PP intervino muy poco –tuvo que irse a un pleno de Marratxí–, pero apeló a la necesidad de que haya "unidad" interna. Bauzá atribuyó "a un debate intencionado de los medios" el escoramiento actual hacia la derecha y el españolismo, puesto que "no es tal" dentro del partido, aseguró. No convenció a todos.

(www.diariodemallorca.es, 27/10/10)

42. ISLAS BALEARES. IMPUTAN A JOAN FLAQUER POR EL DINERO QUE EL IBATUR DIO PARA EL PALMA ARENA

El juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha citado, en calidad de imputado, y en una pieza separada del caso Palma Arena, a Joan Flaquer, el ex conseller de Turismo del anterior Govern del PP. Su comparecencia obedece a los 350.000 euros que el Ibatur, un instituto de la conselleria de Turismo, otorgó para el patrocinio del campeonato de ciclismo inaugural del velódromo Palma Arena.

Flaquer, que ya estaba encausado en otros dos sumarios por presunta corrupción, los casos Fundació Illes Balears e Ibatur, deberá comparecer el próximo 19 de noviembre. Ese mismo día ha sido emplazado, también como encartado, Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico del Ibatur cuando se otorgaron las subvenciones. Bonet, defendido por Gaspar Oliver, ya estaba encausado en el caso Ibatur.

La pieza separada número 14 del Palma Arena investiga los presuntos delitos de malversación de caudales, falsedades, prevaricación y otros derivados del patrocinio que el Ibatur otorgó para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, que se celebró en abril del 2007 en el recién estrenado Palma Arena.

El Ibatur adjudicó 350.000 euros para esa campaña, que había sido adjudicada a la agencia de publicidad Nimbus, empresa que también hizo parte de la campaña electoral del PP. Miguel Romero, uno de los propietarios y gestores de Nimbus, ha admitido que cobró unos 70.000 euros en dinero negro por trabajos electorales para el PP de Balears. Romero ha sido citado para el 17 de noviembre, presumiblemente en otra pieza separada del sumario.

La fiscalía anticorrupción postula que se cometieron irregularidades en aquella subvención, entre ellas su tramitación en un fin de semana.

Por otra parte, el Partido Popular aseguró en la tarde de ayer que Joan Flaquer no piensa dimitir como diputado autonómico y afirmaron que "están absolutamente convencidos de su innocencia".

El portavoz del partido, Antoni Fuster, fue el encargado de realizar una valoración por la imputación del ex conseller de Turismo. Fuster se apresuró a decir que Flaquer no dejará el escaño y admitió que en caso de dimitir el que debería entrar en su puesto es el presidente regional del PP, José Ramón Bauzá.

"Pedimos a la Justicia que actúe con celeridad para evitar juicios paralelos", aseguró el portavoz popular. Recordó que el PP siempre ha mostrado "el máximo respeto por las actuaciones de los jueces".

Antoni Fuster explicó que había hablado con Joan Flaquer para mostrarle su apoyo y el de todo el partido. "Estamos convencidos –apuntó Fuster– que Joan Flaquer ha actuado bajo la legalidad vigente y de forma correcta". No obstante, aseguró que si se llegaran a dictar medidas cautelares contra él, se seguiría en su caso el mismo criterio que se ha mantenido con el resto de imputados, es decir, se le expulsaría del partido. Además, en consonancia con la línea política marcada por Bauzá, tampoco formará parte de la lista electoral del PP .

(www.diariodemallorca.es, 28/10/10)

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS ACUSA A LA CÚPULA DEL PP ASTURIANO DE DAÑAR A RAJOY

Francisco Álvarez-Cascos ha movido ficha. Hace diez días, el ex ministro de Fomento envió a sus compañeros de partido, a nivel nacional, un email algunos recibieron una carta, para denunciar la actuación de la dirección del PP de Asturias a la hora de elegir a su candidato para el Principado en 2011. En ella alertaba de que la crisis interna de la formación regional podría terminar pasándole factura a Mariano Rajoy en su carrera hacia la Moncloa.

En la misiva, el ex hombre fuerte de José María Aznar comienza lamentando que, desde el pasado mes de julio, los órganos de los conservadores asturianos "ni se convocan, ni se reúnen, ni adoptan decisiones". Y destaca que todo se mueve en torno a "un grupo reducido de cargos que se citan en almuerzos privados, a título personal, para dar apariencia de formalidad a unos comunicados que redactan Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo, y sus asesores".

Para el ex secretario general, estos "se han apropiado de la representación del PP de Asturias" y utilizan el diario La Nueva España, que él rebautiza como "La Nueva Esparta", como "su mejor arma política" para alcanzar sus intereses.

No es la primera vez que Cascos carga contra el regidor. De Lorenzo se ha convertido en su máximo rival por proponer a Isabel Pérez-Espinosa, una de sus concejales, como futura cabeza de lista y símbolo de regeneración.

Cascos cree que este círculo de personas, "por acción u omisión, no respetan los Estatutos y defraudan el estilo democrático de la militancia".

Pero a su juicio, lo más grave es que "sus consecuencias trascienden de los resultados electorales autonómicos en Asturias, para afectar a los resultados nacionales, como ya ocurrió en 2008, con pérdida de 14 puntos, y dos escaños al Congreso de espacio político con relación a las generales de 2000". Con ello, Cascos acusa a sus rivales de estar causando un daño considerable al partido y avisa a la sede nacional de que ellos serán los últimos perjudicados.

El texto lo han recibido cargos de la junta y del comité ejecutivo nacional, diputados y senadores. Algunos lo han tachado de spam. Sobre todo porque el paso dado por Cascos se produce después de que la dirección nacional del PP pidiera prudencia y ordenase a todas las partes enfrentadas enterrar el hacha de guerra. Para estos, con este correo masivo, Cascos se ha saltado las indicaciones.

Para otros, aquellos que le consideran como la mejor opción para ganar en Asturias, Cascos ha dejado claro su interés por su tierra y ha demostrado, "como siempre ha hecho", que no se deja " pisotear por nadie".

Junto a estas palabras, el ex ministro también adjunta el informe que le entregó a Ana Mato cuando se reunió con ella el pasado 21 de junio. Este encuentro se produjo, según él, por "iniciativa" de la vicesecretaria de organización.

Para terminar, Cascos se queja de "las descalificaciones y faltas de consideración" que recibe en público y a diario "de estas personas cobijadas en las siglas del partido". Y considera que "violan las normas de convivencia y hasta de educación que se suponen a cualquier ciudadano, y, mucho más, a cualquier com-pañero de partido".

"Nada he buscado en el PP desde 2004 y nada he pedido", afirma. Al tiempo que exige "un mínimo respeto", ya que ha ofrecido "su disponibilidad para trabajar". Cascos deja en manos de sus correligionarios la última palabra. "El resto corresponde a los órganos de dirección del PP de los que formas parte. Un abrazo", dice al despedirse de sus destinatarios.

Ayer, por la mañana, también se conocía la noticia de que dos partidarios de Cascos habían solicitado por carta a la Delegación de Gobierno en Asturias permiso para celebrar una concentración ante el Ayuntamiento de Oviedo para el próximo domingo día 7 de noviembre a las cinco de la tarde. No habría sido la primera. Hace aproximadamente un mes se dieron cita en el mismo sitio una docena de personas pidiendo la vuelta de Cascos. Acudieron en respuesta a una convocatoria en Facebook.

En esta ocasión se perseguía algo más ambicioso. Los seguidores del ex ministro, que se reúnen bajo la Plataforma Pedimos la palabra, lo intentaron primero recabando firmas y después pidiendo un congreso extraordinario que la dirección nacional ha rechazado en varias ocasiones. La manifestación trataba de ser un nuevo revulsivo, pero al final no se realizará. Francisco Menéndez Fernández y José Carlos Vázquez Pérez quienes suscribían la petición la terminaron por desconvocar.

Vázquez comentó a este diario que se había "manipulado todo interesadamente" porque se había vinculado su trabajo ambos pertenecen al Sindicato de Celadores del Principado (Sicepa) con el llamamiento. "No tiene nada que ver. Lo hacíamos a título personal porque pensamos sinceramente que la mejor opción es Cascos", señalaba ayer Vázquez.

Además, se mostró desolado de que se hubiera rescatado su procedencia de Falange Auténtica para perjudicar a Cascos. Vázquez fue en las listas de esta formación de ultraderecha en las elecciones generales y en la europeas de 2004. Lleva afiliado al PP de Mieres desde 2008.

Vázquez reconoció que, ante el revuelo que se ha generado, la gente de la plataforma "se ha asustado y se ha echado para atrás". Pero afirmó que no ha recibido presiones del PP nacional y comentó que estas le llegan de su propia formación y que, aunque su compañero está pensando abandonar el partido, él se resistía a hacerlo.

La dirección PP asturiano está cada vez más molesta por los movimientos que están realizando los casquistas. Y les parece inaudito que ahora amenacen con pedir el voto para UPyD o para el partido Ideas (el que creó Juan Morales, quien se postuló para presidir el partido en el congreso regional de 2008 y perdió) si Cascos no es el candidato.

Un sondeo encargado por De Lorenzo da la victoria por mayoría absoluta al PP "como siglas", independientemente del candidato. Según la encuesta, Isabel Pérez-Espinosa es más conocida que el candidato del PSOE, Javier Fernández, y roza a este en las valo-raciones. 

(www.publico.es, 28/10/10)