Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2009
Del 16 al 22 de Enero 2010
| Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. EL PP AZUZA EL DEBATE SOBRE LA INMIGRACIÓN CON FINES ELECTORALES
2. EL MINISTRO RAJOY ORDENÓ EMPADRONAR A LOS IRREGULARES
3. EL PP PROPONE LIMITAR LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES
4. EL DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE RAJOY
5. COSPEDAL RETOMA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y ACUSA AL GOBIER NO DE "RECORTAR LIBERTADES"
6. COSPEDAL NO IRÁ A LA CONCILIACIÓN SOBRE SUS ACUSACIONES DE ESPIONAJE AL PP
7. EL PP NO APLICARÁ SU CÓDIGO ÉTICO A FABRA
8. PROTECCIÓN DE DATOS AVALA EL SISTEMA DE ESCUCHAS SITEL
9. AZNAR SOBRE LA DECISIÓN DE NOMBRAR A RAJOY SU SUCESOR: "NO SOY INFALIBLE"
10. CATALUÑA. EL PP IGNORA EL NUEVO CÓDIGO ÉTICO PARA CONTRATACIONES
11. CATALUÑA. EL PP CENTRARÁ LA CAMPAÑA DE LAS CATALANAS EN LA INMIGRACIÓN
12. CATALUÑA. EL PP DE BADALONA APROVECHA EL CASO DE VIC PARA RECUPERAR SUS DISCURSOS RACISTAS
13. GALICIA. BALTAR DESAFÍA A FEIJÓO PARA LEGAR A SU HIJO EL CONTROL DEL PP EN OURENSE
14. GALICIA. EL JUZGADO IMPUTA A PORRO POR EL RELLENO DE VIGO
15. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE APOYA LAS LIMITACIONES EN LOS PADRONES
16. COMUNIDAD DE MADRID. TORREJÓN SE SALTA LAS DIRECTRICES ESTATALES FIJADAS EN 2008 PARA EL EMPADRONAMIENTO
17. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ DISPONE YA DE LAS PRUEBAS DECISIVAS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
18. COMUNIDAD DE MADRID. JAÉN OFRECE SIMILAR NÚMERO DE AYUDAS A DEPENDIENTES QUE TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
19. COMUNIDAD DE MADRID. UNA CORRUPTELA GRATIS, UNA VERDAD MUY CARA
20. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS VUELVE UN AÑO DESPUÉS A FITUR SIN EL BIGOTES
21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS Y RIPOLL TIRAN DE LA CUERDA
22. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SACARÁ DE LAS LISTAS A QUIEN NO FIRME SU CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN
23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS, VALCÁRCEL Y COSPEDAL ENFRENTADOS POR EL AGUA
24. COMUNIDAD VALENCIANA. DEL COSTE CERO AL CIRCUITO COSTOSO
25. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO DESTITUYE A TRES ALTOS CARGOS PARA AMARRAR POLÍTICAMENTE MEDIO AMBIENTE
26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CGPJ RECONOCE SUS DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE DE LA RÚA
27. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR LA PERMUTA DE TABACALERA
28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA GASTÓ MÁS DE 28.000 EUROS EN UN PALCO EN CHESTE
29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AUDIENCIA REABRE EL CASO POR UN POSIBLE ´PELOTAZO´ URBANÍSTICO EN ORPESA
30. CASTILLA-LA MANCHA. DOS MILITANTES HISTÓRICOS LLEVARÁN AL PP A LOS TRIBUNALES
31. CASTILLA-LA MANCHA. EL ALCALDE DEL PP DE YEBRA (GUADALAJARA) SE RÍE DE COSPEDAL EN SU CARA
32. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL DESVELA LA SUPUESTA TRAICIÓN DE COSPEDAL A CASTILLA-LA MANCHA
33. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LA PISCINA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
34. ISLAS BALEARES. RAJOY ACUDE AL RESCATE DEL PP BALEAR ANTE LA CORRUPCIÓN
35. ISLAS BALEARES. ABEL Y STELLA MATUTES NO RETIRAN SUS INSULTOS AL CANDIDATO DE EXC AL CONSELL, A QUIEN LLAMARON ´MICO Y ENERGÚMENO´
36. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PIDE A LAS PARTES SU OPINIÓN SOBRE LAS PESQUISAS DEL ´PALACETE´
37. ISLAS BALEARES. MATAS SE GASTÓ DIEZ MIL EUROS EN LOS TELÉFONOS Y EL CONTROL DE LUCES DEL ´PALACETE´
38. ISLAS BALEARES. LA CRISIS DEL PP BALEAR LLEVA A UN NUEVO CONGRESO
39. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DEL ‘CASO FUNERARIA’ ELEVA A 325.000 EUROS LA FIANZA A OSCAR COLLADO Y SU MUJER
40. ISLAS BALEARES. EL SUPREMO CONDENA A MASSOT POR UN LOCAL CONSTRUIDO EN ANEI EN ANDRATX
41. EXTREMADURA. EL PP DE BADAJOZ SE BURLA DEL DISCURSO DE LA AUSTERIDAD Y GASTA 10.000 EUROS DE DINERO PÚBLICO EN DARSE UNA CENA CON PERIODISTAS
42. LA RIOJA. ESCÁNDALOS SOBRE RUEDAS
1. EL PP AZUZA EL DEBATE SOBRE LA INMIGRACIÓN CON FINES ELECTORALES
El Partido Popular (PP) ha encontrado un inesperado filón electoral en la polémica sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes irregulares. El partido se ha tomado la precampaña de las elecciones catalanas de este año como un ensayo de las generales y la inmigración se adivina como un potencial espantajo para atraer votos. Su candidata, Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán, presentó ayer sus carteles de propaganda afirmando que los ejes de su campaña serán la lucha contra la crisis y la delincuencia y el fin de la inmigración irregular. "El padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal. Es la punta del iceberg. En Cataluña y España no cabemos todos", avisó la dirigente popular.
El Gobierno municipal de Vic, una coalición entre CiU, ERC y PSC, aún no ha puesto en marcha su anunciada medida restrictiva, que podría dejar a los inmigrantes irregulares sin acceso a servicios básicos como educación o sanidad. Vic espera instrucciones del Ministerio del Interior sobre qué conducta debe tomar con los inmigrantes irregulares.
Camacho acusó al Gobierno de pasividad y se ofreció a cubrir ese vacío. Por ello, avanzó que el PP catalán propondrá a la dirección nacional una reforma de la Ley de Extranjería. Y algo más: que se "solvente" y "clarifique" la financiación de los Ayuntamientos para que puedan ofrecer "prestaciones sociales en condiciones de igualdad y de calidad". "Muchos municipios están casi en quiebra", añadió.
Camacho, que apuntó que hay guetos y marginalidad en Cataluña y España, se resistió a dar detalles sobre cómo debería ser la reforma, al alegar que está pendiente de perfilarse esta semana. ¿Usted le negaría a un inmigrante sin papeles el acceso a la sanidad o a la educación?, se le preguntó. "¡Pues claro que no! ¿Cómo voy a hacer algo ilegal? La legalidad es la que es y se debe cumplir siempre. Éste es un debate serio que tienen que afrontar sin complejos los políticos". La popular, que centrará su campaña en el área metropolitana, bastión de los socialistas, aseguró que "en ningún caso" se trata de restringir servicios a los inmigrantes.
Las fisuras empiezan a aparecer en el PP en este terreno. Cristóbal Montoro, su coordinador económico, recordó los efectos "enormemente positivos" generados por la inmigración. "Hay que reconocerles sus derechos", aseveró. En este sentido, denunció que la postura de Vic responde a conductas "xenófobas" provocadas por los socialistas y los partidos nacionalistas. Lejos de la postura de Montoro, Camacho ha sido más suave con Vic. El PP carece de representación en esa población barcelonesa desde 2003, cuando perdió su edil en beneficio de la Plataforma per Cataluña, que ataca a la inmigración sin tapujos y que en 2007 pasó de un escaño a cuatro. El PP siguió con cero. Camacho rivaliza con CiU en el discurso de más mano dura con la inmigración, y de hecho la federación nacionalista ha sido la única que ha defendido a Vic. El Gobierno catalán también evitó, sin embargo, hacer reproche alguno a esa localidad y garantizó que los Ayuntamientos están empadronando a los inmigrantes. El consejero de Política Territorial, el socialista Joaquim Nadal, pidió que no se esgrima el miedo a la inmigración como arma electoral. "La convivencia y cohesión social son los valores a defender", avisó tras la reunión del Tripartito. "La no incorporación en el padrón de estas personas no las hace desaparecer", avisó la consejera de Justicia, Montserrat Tura.
(www.elpais.com, 20/01/10)
2. EL MINISTRO RAJOY ORDENÓ EMPADRONAR A LOS IRREGULARES
La norma que obliga a que los ayuntamientos empadronen a todos los residentes en su municipio, independientemente de la situación legal de las personas a inscribir o incluso de las condiciones de salubridad de la vivienda que ocupan, fue aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas en julio de 1997, cuando lo dirigía Mariano Rajoy. La norma es clara: "En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior". Anteayer, el propio Rajoy insinuó que la norma que obliga a la inscripción universal en el padrón hay que modificarla.
La norma de empadronamiento de 4 de julio de 1997 fue aprobada ante "la conveniencia de unificar los criterios de aplicación de estas normas y de ofrecer a los más de 8.000 ayuntamientos pautas que les permitan resolver de manera uniforme las cuestiones que les plantean sus vecinos en materia de empadronamiento", según se lee en la exposición de motivos.
Las disposiciones son claras en cuanto a los extranjeros: "El control de la permanencia en España de ciudadanos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, que se sirve para ello del registro de permisos de residencia (...) El ayuntamiento ni interviene en la concesión de permisos de residencia ni es competente para controlarlos". La obligación es reflejar en el padrón "el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos".
Esto último es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Vic a partir del mes que viene y lo que, en la práctica, está haciendo el de Torrejón de Ardoz (Madrid). La norma que aprobó Rajoy insiste en que la misión municipal no es controlar la situación legal de la inmigración: "Una vez más debe reiterarse que la misión del padrón es constatar el hecho de la residencia y no controlar los derechos de los residentes". La resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial señala que los inmigrantes deben presentar para empadronarse su tarjeta de extranjero (el NIE) o el pasaporte. La normativa subraya que el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. "En consecuencia", añade, "las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etcétera, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así". Es decir que, como ocurre en el caso de Torrejón, tampoco se puede reclamar que el solicitante de inscripción deba disponer de un espacio útil y habitable de la vivienda.
(www.elpais.com, 18/01/10)
3. EL PP PROPONE LIMITAR LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES
Diez puntos para reformar la justicia penal. Es el documento que presentó ayer el PP en la clausura de su Interparlamentaria. El texto destaca la "sensación generalizada de impunidad" que hay en la sociedad española y la "lentitud, ineficacia y falta de rigor" de la Administración de Justicia.
Entre las medidas que presentaron, los conservadores proponen la reestructuración de las diligencias preinstructoras del Ministerio Fiscal, limitándolas al plazo de un mes prorrogable por otro improrrogable en todo tipo de delitos. Estas diligencias son los preliminares para ver si se judicializa o no un caso. Ahora están fijadas en seis meses, prorrogables a doce. Y el PP quiere que ese tiempo se reduzca. Con ello, se estarían limitando las facultades de investigación. Pero en el partido liderado por Mariano Rajoy aseguran que su finalidad no es otra que "evitar los grandes atascos" que se producen.
"Doble vara de medir" Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, dio ayer detalles y aprovechó la ocasión para cargar de nuevo contra la Fiscalía. El dirigente conservador denunció "la ambigua situación" en la que se encuentra esta institución "en dependencia reforzada jerárquicamente del fiscal general del Estado". A su juicio esto es lo que la ha llevado, "en no pocas ocasiones", a la sensación de "la utilización política". A la famosa "doble vara de medir" de la que el PP se lamenta desde hace meses.
De hecho, para ilustrar su discurso, Trillo recreó las imágenes de dirigentes del PP esposados que luego no fueron condenados. "El PP quiere que el que la haga, la pague, pero que las leyes sean iguales para todos", exigió. Para él, jueces y fiscales deben actuar "con independencia de que estén en el Gobierno o en la oposición". Según Trillo, este panorama puede convertirse en algo aún más "estremecedor" si a ello se suma la "dependencia de la Policía Judicial del Ministerio del Interior y el nombramiento de los mandos responsables en virtud de la confianza política del ministro". Para evitarlo, también propuso una reorganización de la Policía Judicial, de modo que sus mandos y dependencias estén bajo control de los jueces. El PP quiere evitar a toda costa que se vuelvan a repetir casos como el que se conoció hace unos días, en el que una agregada del Ministerio del Interior en Suiza asistió al registro del despacho del gestor de Francisco Correa.
Con el caso Gürtel planeando sobre sus cabezas, los dirigentes del PP piden una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que tachan de obsoleta– para agilizar la instrucción, limitar el secreto sumarial, garantizar la situación de los justiciables y generalizar la celebración de juicios rápidos. Trillo también aludió a la saturación en las cárceles y recordó que a finales de 2009 el Gobierno aprobó una reforma del Código Penal, una norma que en sus 13 años de vida ha requerido 25 reformas.
El resto del acto se dedicó al apoyo del actual presidente del PP balear, José Ramón Bauzà. Nadie dejó de recordar los "momentos difíciles" por los que ha atravesado su partido, regado de escándalos. Eso sí, en ningún momento se pronunció el nombre de Jaume Matas, que yiene que ir a declarar al juzgado el 23 de marzo imputado por el caso Palma Arena y, además, está siendo investigado por la compra y reforma del palacete en el que vivía.
Rajoy no dio ni un nombre. Dedicó veinte minutos a infundir ánimos a los suyos y a respaldar públicamente a Bauzà frente a Carlos Delgado, el alcalde de Calvià que lidera el sector crítico de la formación. El líder del PP aseguró que Bauzà tenía "su apoyo de presente y de futuro". En su turno, este tomó el capote para afirmar que está dispuesto "a coger el toro por los cuernos, aunque venga un miura".
Pero lo más destacado de la jornada por los cargos del PP fue que, por primera vez, su jefe de filas reconoció que habían existido conductas corruptas en el PP balear. "Hay compañeros nuestros que no se han comportado como debieran", dijo. Y prometió acabar con estos comportamientos: "No lo aceptaré ni aquí ni en ningún lugar de España". Por eso, garantizó que los próximos candidatos electorales "darán la talla" y estarán "a la altura de las circunstancias".
El líder conservador, eso sí, volvió a defender la presunción de inocencia de los suyos. No va a hacer "juicios paralelos" ni a participar en "exageraciones". Y, recuperando la frase de Trillo, puntualizó: "Quien la hace, la paga, pero quien no la hace, no la paga. Eso es lo justo". Incluso se puso de ejemplo a la hora de enfrentar baches. "Todas las dificultades se pueden superar. Yo lo he vivido. Pero si uno se empeña y trabaja, las cosas cambian".
(www.publico.es, 17/01/10)
4. EL DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE RAJOY
Pasadena Viajes, una de las empresas de la trama Gürtel, pagó las vacaciones de Mariano Rajoy y su familia en Canarias después de que el PP perdiera las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José Luis Peñas, el ex concejal del PP que grabó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y denunció el escándalo de corrupción, declaró ante el magistrado Antonio Pedreira que el viaje fue un regalo del propio Correa, según le reconoció este personalmente.
Está previsto que el juez Pedreira levante en los próximos días el secreto de una segunda parte del sumario del caso Gürtel, donde es muy probable que esté la declaración de Peñas en la que asegura que el viaje de Rajoy lo pagó Correa. Se trata de una comparecencia de unas cinco horas que tuvo lugar en mayo de 2009, la segunda a la que acudió el ex concejal la primera fue ante Baltasar Garzón, citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La versión oficial dada por el PP es que ese viaje era un regalo del partido a Rajoy (un auto-regalo, entonces, pues Rajoy era el secretario general) para que descansara tras las elecciones generales de 2004, en las que el PP perdió el poder a favor de José Luis Rodríguez Zapatero tras una campaña agotadora física y, sobre todo, anímicamente, pues estuvo marcada por los atentados del 11-M.
Preguntado el PP si abonaron el viaje y, en caso afirmativo, si pueden mostrar la factura. Un portavoz se limitó a responder de forma tajante que no tenían "nada que decir al respecto". El presidente del PP viajó a la isla de Gran Canaria junto a su mujer, Elvira Fernández, y el hijo mayor de la pareja.
Hasta las elecciones de 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, Correa era el proveedor oficial del partido a nivel nacional, en lo que se refiere a viajes y organización de eventos. De hecho, el conseguidor se había adentrado años atrás en los círculos del Partido Popular gracias a una pequeña agencia de viajes que ofrecía sus servicios a unos precios inmejorables. Nadie conseguía billetes más baratos.
Poco a poco se fue ganando a varios dirigentes conservadores hasta convertirse en alguien esencial en las entrañas del partido, una de las figuras no públicas más importantes de la formación. En su despacho de la calle de Serrano, 40, en Madrid, tenía una bandera de España y otra del PP.
Un modo muy habitual de engrasar las relaciones con aquellos que le podían conceder jugosos contratos fue regalarles viajes, como hiciera con Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla del Monte, al que llevó varias veces a Miami. En concreto, Pasadena Viajes solía utilizar la compañía Iberia. Compraban billetes de turista, pero un directivo de la aerolínea y concejal de Boadilla del Monte por el PP modificaba el billete para pasar a los pasajeros a primera clase ocupando plazas que quedan libres. Se trata de una medida habitual de las compañías con los grandes clientes, como era Pasadena, y más teniendo en cuenta que los pasajeros solían ser de renombre.
Después de las elecciones de 2004, Correa cayó en desgracia con Mariano Rajoy y su círculo más íntimo, que dejaron de contratarlo. El principal imputado del caso Gürtel se refugió entonces en las comunidades de Madrid y Valencia. Aunque dejó de prestar servicios al partido a nivel nacional, Correa guardaba toda la documentación de Pasadena Viajes en una nave del Polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid).
La policía dio con el lugar y se incautó de varias cajas que contenían cientos de facturas y otra documentación donde aparecen reflejados varios años de viajes oficiales y privados de cargos del partido, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Varios dirigentes acudían a Pasadena para contratar viajes personales que "no siempre se cobraban", según una fuente cercana al cabecilla de la red corrupta.
Entre los muchos agasajos, figura un viaje de novios "espectacular", según fuentes de la investigación, que Francisco Correa dio como regalo de boda a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria puso este dato en conocimiento de la policía. El juez Antonio Pedreira está investigando seis años de viajes privados de distintos dirigentes del PP realizados a través de Pasadena.
José Luis Peñas se ganó la confianza de Correa gracias a su cargo de concejal y mano derecha de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid) e imputado en el caso Gürtel. Peñas salió del PP en el año 2005, pero mantuvo su relación con Francisco Correa a través de un nuevo partido y aprovechó su relación para grabar las conversaciones con Don Vito, que han supuesto el estallido del mayor escándalo político de los últimos años.
(www.publico.es, 22/01/10)
5. COSPEDAL RETOMA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y ACUSA AL GOBIER NO DE "RECORTAR LIBERTADES"
Después de unas semanas en las que el caso Gürtel había pasado a un segundo plano en la agenda política del Partido Popular, la secretaria general, Dolores de Cospedal, utilizó ayer su discurso para hacer un repaso del año 2009 y recuperar la teoría de la conspiración, con la que este partido trató de defenderse de los escándalos de corrupción hasta que, al final de año, cambió de estrategia y decidió reconocer el problema y aprobar un nuevo código ético interno para que no vuelva a repetirse. Cospedal aseguró que durante todo el caso Gürtel "ha habido un acoso político por parte del Gobierno muy importante". "No nos lo han puesto fácil, han utilizado todo tipo de medios, y se ha puesto en tela de juicio la presunción de inocencia de miembros del PP y se ha cuestionado incluso la honorabilidad del partido", aseguró la secretaria general del partido.
Cospedal hizo un recordatorio del año y citó dos momentos del caso Gürtel que el PP utiliza para demostrar esa supuesta persecución de la que se siente objeto. "En esta legislatura ya ha cesado un ministro de Justicia [Mariano Fernández Bermejo] y se han dado instrucciones al fiscal general del Estado por parte de la vicepresidenta del Gobierno". Se refiere al hecho de que María Teresa Fernández de la Vega anunciara en una rueda de prensa desde Costa Rica que Cándido Conde-Pumpido le había comunicado que tenía intenciones de recurrir al Tribunal Supremo el archivo del caso de los trajes del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
"Nosotros en el PP hemos hecho lo que teníamos que hacer. No vamos a dejar de reivindicar el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia", sentenció con firmeza, lo que provocó un aplauso. Cospedal fue bastante más lejos, y mezcló la ley contra las páginas web de descargas con la polémica sobre el sistema SITEL (de intervención de comunicaciones) y el caso Gürtel para concluir que el Gobierno de Zapatero, "manipula las instituciones", potencia la "inseguridad jurídica" y "recorta claramente las libertades".
Frente a esta situación de persecución de su partido, Cospedal planteó que, pese a todo, el PP va por delante en las encuestas. Y por eso, después de un año de turbulencias internas que le han afectado especialmente a ella como secretaria general, por sus enfrentamientos con diversos dirigentes regionales, Cospedal hizo un llamamiento al orden. El PP, explicó, está "en un momento clave". "Debemos responder con audacia, con vigor y seguridad, sabiendo lo que hay que hacer sin aspavientos ni retóricas".
(www.elpais.com, 17/01/10)
6. COSPEDAL NO IRÁ A LA CONCILIACIÓN SOBRE SUS ACUSACIONES DE ESPIONAJE AL PP
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no tiene previsto acudir al acto de conciliación que ha fijado el juez para el próximo 17 de febrero para que ratifique o se retracte de las declaraciones que realizó el pasado verano denunciando la existencia de supuestas escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno, informaron a Europa Press fuentes 'populares'.
La citación del titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid responde a la demanda de conciliación interpuesta por los creadores de un grupo en Facebook llamado 'De Cospedal debe ser demandada por injurias', entre ellos el concejal del PSOE en Cehegín (Murcia) Carlos Rodríguez Ibáñez, que cuenta con más de 4.500 adhesiones de toda España.
En concreto, los demandantes exigen a De Cospedal "un retracto público de sus manifestaciones en los mismos medios y formas que cuando las realizó". Añaden que, "en caso de no ser capaz de retractarse", la secretaria general del PP debería asumir "las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales".
La 'número dos' del Partido Popular ha consultado con asesores jurídicos del partido que consideran que "no es oportuno" que acuda a ese acto de conciliación, que es un paso necesario y obligatorio en una demanda como la que plantea este grupo de Facebook, con el fin de que las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo.
Fuentes 'populares' recuerdan en cualquier caso que la secretaria general del PP tiene la condición de aforada. Asimismo, el primer partido de la oposición argumenta que es complicada la presentación de una querella por injurias, al no poder ser los promotores del club en Facebook considerados como parte directamente perjudicada por los hechos.
El pasado mes de diciembre, la secretaria general del PP se ratificó en sus declaraciones sobre supuestas escuchas al PP cuando, en una entrevista concedida a Europa Press, se le preguntó si seguía teniendo la sensación de que se estaba escuchando a dirigentes del PP. De hecho, citó el debate que se ha generado con el sistema SITEL para recalcar que "el PP sabía muy bien lo que decía" cuando hizo esa denuncia.*
"Fíjese si teníamos la sensación, que hemos conocido todos el asunto SITEL, hemos solicitado que sea regulado por ley orgánica. Todo el ámbito judicial ha dicho que eso era lo más oportuno, la regulación por ley orgánica de la limitación del derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Sin embargo el Gobierno no ha querido", se quejó.
(www.vegamediapress.com, 19/01/10)
7. EL PP NO APLICARÁ SU CÓDIGO ÉTICO A FABRA
Lo que esté mal, estará mal a partir de ahora. Este es el espíritu que impregnará el código ético del Partido Popular y que permitirá que no roce al polémico presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, según asegura el PP. El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha aclarado que los posibles delitos de Fabra no serán de aplicación en las nuevas directrices morales y jurídicas que deberán cumplir los cargos públicos del PP, porque "no tendrá carácter retroactivo", ha explicado. Por tanto, el PP hará tabla rasa con Fabra, una suerte de prescripción de sus posibles imputaciones y los procesos judiciales que tiene abiertos, como el de un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel.
(www.publico.es, 18/01/10)
8. PROTECCIÓN DE DATOS AVALA EL SISTEMA DE ESCUCHAS SITEL
La Agencia Española de Protección de Datos ha avalado en un informe el Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel), tras realizar una inspección del mismo. Afirma que garantiza las medidas de seguridad de alto nivel en el acceso de los usuarios al sistema y sólo es posible la interceptación de conversaciones tras recibir y analizar la autorización judicial.
Protección de Datos se suma a las instituciones que, como el Tribunal Supremo en una decena de sentencias, han respaldado sin fisuras el sistema de escuchas que contrató el PP y que, después de ser utilizado para desmontar la trama de corrupción del caso Gürtel, que afecta a altos cargos de ese partido, critica por considerarlo "ilegal e inconstitucional". Las principales conclusiones del informe realizado por la agencia después de inspeccionar tanto a operadoras de telecomunicaciones como a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad son:
- Autorización judicial. La incorporación de datos del Sitel sólo es posible cuando la operadora que presta el servicio a la línea objeto de interceptación, una vez recibida y analizada la autorización judicial, activa dicha inclusión. El tratamiento de datos en Sitel se produce siempre bajo el control de la autoridad judicial. Asimismo, la información contenida en Sitel queda bajo control judicial.
- Acceso por la policía. La actividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad queda enmarcada dentro de las funciones de Policía Judicial previstas en las leyes y, en consecuencia, el acceso se efectúa en los términos previstos por el juez y para la investigación concreta a que se refiera la autorización. Los agentes facultados para acceder al sistema "encuentran limitada su capacidad de acceso y uso de la información en los términos derivados de la autorización judicial".
- Bloqueo de datos. Los datos contenidos en el sistema son objeto de bloqueo una vez concluida la investigación, no pudiendo producirse el acceso salvo que sea requerido por el juez. El borrado físico se producirá también a instancia de la autoridad judicial a la que corresponde el control de la información contenida en Sitel.
- Tratamiento de datos. El tratamiento de datos se encuentra amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la General de Telecomunicaciones. El Tribunal Supremo, en sentencias de la Sala de lo Contencioso de 5 de febrero de 2008 y de la Sala de lo Penal de 5 de noviembre de 2009, ha considerado adecuado el rango normativo de ambas disposiciones.
- Firma electrónica. Los procedimientos de firma electrónica implantados en el momento en que la información se incorpora al sistema, su grabación en otros soportes y su transmisión a la autoridad judicial garantizan los principios de exactitud e integridad.
(www.elpais.com, 20/01/10)
9. AZNAR SOBRE LA DECISIÓN DE NOMBRAR A RAJOY SU SUCESOR: "NO SOY INFALIBLE"
Llevaba tiempo José María Aznar sin conceder entrevistas en la televisión pública y llegó con ganas el ex presidente al plató de Los desayunos de TVE. Aunque en su discurso hubo pocas novedades cuando se le preguntó por la actualidad de los últimos días, no dudó en repartir mandobles a diestro y siniestro, especialmente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ONU, la UE, los nacionalistas... todos se llevaron su cuota de críticas.
Todos, incluido, Mariano Rajoy, el presidente del PP que él nombró a dedo: cuando le preguntaron si se arrepentía de esa decisión, Aznar respondió: "No soy infalible". Aunque previamente, le había hecho un guiño a su sucesor al decir que ahora "hay un poco más de orden en la presentación de la alternativa".
Mostrando la mejor de sus sonrisas e intentando ser gracioso, Aznar centró sus críticas en la gestión de la crisis económica por parte del Gobierno. Acusó a Zapatero de "agravar" la crisis con sus decisiones y pronosticó que España llegará a los cinco millones de parados en 2010 y defendió su legado en materia económica. "Tenemos problemas importantes y nuestro país es menos próspero que en 2004. Hay que tomar medidas".
La solución a este panorama tan desolador pasa por las reformas de todo tipo: "Necesitamos coraje para tomar decisiones difíciles: hay que hacer una reforma laboral, una reforma fiscal profunda, poner en marcha un paquete de liberalizaciones para que aumente la competitividad y sobre todo, una reducción y control del gasto público. Es difícil pero se puede hacer porque el PP ya lo hizo en 1996, cuando cuando heredó un 25% de paro y le dejó en el 10%".
No especificó si es favorable a abaratar el despido, ahí se mostró ambiguo: "Lo que hay que favorecer es la contratación". Porque Aznar, como "español preocupado", cree que se avecinan "años muy difíciles" y que España "corre el riesgo de estar más creca de Grecia que de dónde estaba en 2004, cerca de Alemania, Francia y Reino Unido".
El culpable de esa situación es Zapatero: "Se han paralizado las reformas, se ha negado la crisis y se han tomado decisiones que la han agravado". Para Aznar este es un paso atrás indudable, después de que España se situara a la altura de los grandes.
Pero el paso atrás no es sólo económico, sino también político. Aznar acusó a Zapatero de que España haya perdido peso en Europa y se mostró crítico con el actual Tratado de Lisboa, del que dijo que "no favorece a España". En este sentido defendió una vez más su actuación en el Gobierno y atacó a Zapatero otra vez: "En la UE yo defendí siempre la posición española. Niza era un buen tratado pero ahora se ha pasado de estar sentado en la mesa con los mayores a estar en la mesa de los niños".
Aznar jugó tanto al ataque como a la defensa: a lo largo de la entrevista defendió su legado, aunque incluso en esas ocasiones no podía evitar la crítica. Reconoció que autorizó contactos con ETA "pero nunca autoricé una negociación política. Yo lo que hice fue ilegalizar Batasuna y todo el entramado de ETA, no recurrí a la guerra sucia ni a faisanes".
Irak fue otro asunto en el que Aznar reivindicó su actuación en el Gobierno: "Estoy orgulloso haber contribuido a derrocar a Sadam. España no envió ni un solo soldado a combatir en Irak y sin el mandato de la ONU. También estuvimos en la caída de Milosevic y en la de los talibanes, y eso es bueno".
Hubo tiempo para analizar el estado de la nación y su diagnóstico fue claro: "España se está deshilachando".
(www.publico.es, 22/01/10)
10. CATALUÑA. EL PP IGNORA EL NUEVO CÓDIGO ÉTICO PARA CONTRATACIONES
A las redacciones de los medios de comunicación de Barcelona llegó ayer un sobre que, en su exterior, se preguntaba Para un político catalán, ¿qué es lo más importante para Catalunya? Dentro había un díptico sólo en catalán que convocaba, hoy a las 12 del mediodía, a una rueda de prensa en la que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, presentará una nueva y prometedora "campaña de comunicación" a menos de un año de las autonómicas. Pese a la envergadura, alcance y coste de esta iniciativa preelectoral, su contratación y gestión no se ha sometido a las reglas que el comité ejecutivo nacional del PP se autoimpuso el pasado 21 de diciembre.
El código ético se empezó a elaborar en la sede central de la calle Génova tras el escándalo generado por la contratación de empresas vinculadas a la red Gürtel para organizar eventos de la formación. Lo que se ratificó en diciembre fueron unas normas que, en la práctica, equiparan los métodos de contratación de campañas y servicios de la formación conservadora a los de una administración. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, presentó un documento que "establece con precisión unas pautas de conducta" y que quiere ir incluso más allá "de lo que prevé la ley".
Fuentes del partido en Catalunya justifican no haber aplicado el código por una cuestión de tiempo. Aseguran que la campaña de lanzamiento de la candidatura de Sánchez Camacho que hoy se presenta se contrató "antes de que se aprobara la normativa". Fijaron la fecha "en noviembre", pocas semanas antes de que el comité ratificara el código ético, pero cuando ya se trabajaba en él. Fue el 10 de noviembre cuando Mariano Rajoy anunció que preparaba una norma de conducta "muy exigente".
En el PP catalán nadie sabía nada de mesas de contratación, auditores internos o de dar publicidad al "procedicimiento interno" a través de su página web. Todo eran evasivas. El código ético afecta a los contratos que "tengan por objeto la publicidad, los viajes y los actos de partido y las campañas electorales". En el PP catalán explicaban que recurrieron a "tres o cuatro empresas" que les presentaron sus propuestas. Al final se optó por Pierre Comunicación, una agencia de Tarragona qua ya había trabajado para el partido y que apadrina el presidente provincial, Alejandro Fernández, próximo a Camacho.
La campaña, que según algunas fuentes costará 200.000 euros, se centra en combatir la crisis y fomentar la austeridad. Un portavoz del partido se negó a confirmar cifras pero indicó que era "low cost". El objetivo del equipo de Camacho, que aspira a tener un papel clave en la conformación del próximo Govern, es "abordar temas reales como la economía o la seguridad". Para ello recurrirá a cuñas de radio, anuncios de televisión, vallas publicitarias, prensa y a la publicación de una web.
En el PP catalán no consta, ya en pleno año electoral, que se haya constituido la mesa de contratación o nombrado auditor. Nunca se dijo desde Madrid cuándo entraría en vigor el código ético. La semana pasada De Cospedal y Ana Mato se lo presentaron a los gerentes y secretarios regionales.
(www.publico.es, 19/01/10)
11. CATALUÑA. EL PP CENTRARÁ LA CAMPAÑA DE LAS CATALANAS EN LA INMIGRACIÓN
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, ha anunciado que la inmigración será uno de los ejes principales de su campaña electoral a las autonómicas conjuntamente con la lucha contra la crisis y la delincuencia. "Queremos afrontar este tema sin complejos. No puede ser que el padrón sea la entrada por detrás de la inmigración ilegal", ha afirmado durante la presentación de la propaganda de la precampaña.
La dirigente popular ha afirmado que elevará a la dirección de su partido una propuesta para reformar la actual Ley de Extranjería así como la Ley de Bases de Régimen Local destinadas a mejorar la financiación de los Ayuntamientos de los que dijo que tienen dificultades para hacer frente a los gastos sociales derivados de la inmigración. Camacho ha insistido en asegurar que no pretende limitar el acceso de los inmigrantes ilegales a servicios como la sanidad o la educación. "¿Cómo quieren que yo haga una ilegalidad?", ha dicho a los periodistas sin entrar a detallar su propuesta para reformar la ley.
(www.elpais.com, 19/01/10)
12. CATALUÑA. EL PP DE BADALONA APROVECHA EL CASO DE VIC PARA RECUPERAR SUS DISCURSOS RACISTAS
El melón de la xenofobia ya está abierto, y en el PP no han perdido el tiempo en sacar su tajada. Sobre todo en Cataluña, donde su presencia es meramente testimonial. Es el caso de Xavier García Albiol, presidente del PP de Badalona, que se ha aprestado a realizar una entrevista en la Cadena COPE para aclarar que "no es xenofobia, sino una cuestión de supervivencia". Pero García Albiol no acaba de llegar al mundo de la xenofobia. Ya en 2007, su candidatura difundió un vídeo en el que culpaba a los inmigrantes de la delincuencia.
Además, el candidato popular ha protagonizado otros escándalos, más allá de su discurso racista. Es el caso de la agresión que propinó a un joven en 2006 que se manifestaba en contra del PP durante un mitin de Ángel Acebes y Josep Piqué. "No me arrepiento, lo volvería a hacer", aseguró Albiol, tras defender que el agredido quería atacarle con un objeto que portaba. Concretamente, una cuchara de madera con la que golpeaba una cacerola. Según el presidente del PP de Badalona, lo que está ocurriendo "no es xenofobia, sino una cuestión de supervivencia", ya que "en un momento de dificultad, cuando hay muchas familias que no pueden llegar a final de mes, se ven determinadas situaciones en las que aparecen los agravios comparativos".
García Albiol aseguró que él respeta la aclaración de la Abogacía del Estado que señala que casos como el de Vic están fuera de la ley. Pero insiste: "Detrás de la medida de Vic hay un debate que algunos intentan pasar de largo y que no salga a la superficie, pero que está ahí".Según García Albiol, existe un "peligro" de colapso en los servicios sociales. Para ello, utilizó un ejemplo demagógico, "para que lo entienda quien nos está escuchado". Habló de una pareja joven "mileurista" que le había parado por la calle para decirle que a su hija le habían denegado una beca de comedor mientras que sí se la conceden a una vecina marroquí en situación irregular.
García Albiol lo tiene "muy claro" si tiene que elegir "entre seguir manteniendo un nivel de servicios a inmigrantes en situación irregular o prestar estos servicios a los vecinos de Badalona, entre los que están los inmigrantes en situación regular, claro". Lo que parece olvidar el popular es que los irregulares también son vecinos de su ciudad, siempre y cuando, claro está, se les empadrone.
(www.elplural.com, 21/01/10)
13. GALICIA. BALTAR DESAFÍA A FEIJÓO PARA LEGAR A SU HIJO EL CONTROL DEL PP EN OURENSE
Si no quieres caldo, toma dos tazas. José Luis Baltar, el incombustible presidente del PP ourensano (y de la Diputación provincial), el último representante del sector de la boina (de origen rural) que durante años disputó el control del partido a los del birrete (educados en las ciudades, un grupo del que Mariano Rajoy fue durante décadas el máximo representante), abandona la presidencia del partido. Pero esta decisión, que en otras circunstancias haría las delicias del presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido en todo un desafío.
Porque Baltar se va, pero sólo para que su silla la ocupe su propio hijo. Si el candidato de Feijóo, el alcalde de Verín, Juan Jiménez Morán, no lo remedia, José Manuel Baltar, el primogénito, se coronará el 30 de enero presidente del PP de Ourense. Y todo hace pensar que será así: hace pocos días, el 95% de los representantes locales del partido aclamó al heredero y dejó claro que existe poco margen para evitar la confirmación de la dinastía.
La estrategia de Baltar es consecuente con la biografía de un hombre al que propios y extraños consideran el último cacique. El próximo día 30 concluirán 33 años de actividad política ininterrumpida que el todavía presidente del PP ourensano, maestro de profesión, inició de la mano del franquismo convirtiéndose en 1976 en alcalde de Nogueira de Ramuín (2.500 habitantes).
Tenía 36 años y un instinto innato para hacer política en una provincia condicionada por un hábitat disperso y una economía rural muy sensible al reparto de dinero público que, especialmente en los años ochenta y noventa, fluyó mayoritariamente desde la Diputación de Ourense, en cuya presidencia vive encaramado desde 1990. José Luis Baltar ha hecho de su éxito electoral el aval que le ha permitido no sólo sobrevivir a las embestidas de sus enemigos sino desafiar a quien tuviese la ocurrencia de oponerse a sus planes. Si ni siquiera se arrugó ante Manuel Fraga (en 2003, forzó una sublevación de diputados ourensanos que llegaron a encerrarse durante varios días en un piso amenazando la mayoría del PP en el Parlamento gallego), menos aún está dispuesto a hacerlo con Feijóo.
El presidente de la Xunta quería que el hombre fuerte de los conservadores ourensanos aplazase el relevo y tener así tiempo de preparar una transición que le asegurase el control del PP en la provincia, la única que no controla desde su victoria electoral en las autonómicas de 2009. Pero Baltar se negó. Su sentido del poder (y de la familia) están por encima de la obediencia debida.
No en vano, representa en Galicia lo más parecido a un conseguidor, alguien que ha hecho del intercambio de favores la pieza fundamental de su política. Con él como presidente, la diputación se ha convertido en el primer empleador de la provincia, sólo superada por las cooperativas Coren. La situación es tan grotesca como de dominio público: hasta 33 porteros ha llegado a tener en nómina para vigilar un edificio dedicado a exposiciones que sólo tiene dos puertas. Poco importa que la deuda de la diputación roce su presupuesto anual o que su gasto de personal duplique el de otras corporaciones provinciales con el doble de recursos económicos. Si hijos y esposas y parientes de alcaldes del PP de la provincia viven de la diputación, ironizan sus enemigos, ¿por qué habría de importar que a Baltar le suceda su propio hijo?
(www.publico.es, 18/01/10)
14. GALICIA. EL JUZGADO IMPUTA A PORRO POR EL RELLENO DE VIGO
El juzgado vigués que ordenó la paralización de las obras de ampliación del muelle del Areal amplió y agravó ayer las acusaciones iniciales de prevaricación y delito ecológico "a todos los órganos de la Autoridad Portuaria implicados en la tramitación del proyecto", según una nota informativa del propio puerto. Su presidenta, Corina Porro, y otros empresarios habían pedido una resolución rápida a su recurso. El auto judicial desestima el recurso contra la paralización de las obras y, según la nota de la Autoridad Portuaria, no da réplica a los argumentos esgrimidos en él, adolece de falta de rigor y conculca "los más elementales principios del Derecho Procesal" al hacer "indiscriminadamente extensivas" las acusaciones iniciales.
"El auto hace puro seguidismo de la Fiscalía, cuya actuación es calificada por la juez en términos extremadamente elogiosos. Es decir, la resolución judicial podría, en realidad, haber sido dictada por la Fiscalía en idénticos términos", dice la nota, que también encuentra "llamativo" que no se argumente nada "acerca de los graves perjuicios que se van a ocasionar" con la paralización [no menos de cinco meses] y desvela que "la resolución judicial atribuye al Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y al Plan Director de Infraestructuras unas funciones y características" que no corresponden. En su lugar, dice la nota, bastaría con adaptarse al Plan Especial de Ordenación del Puerto como hace el proyecto paralizado.
El proyecto pretende ganar unos 90.000 m2 en los muelles comerciales, de los que 49.200 corresponden a la primera fase paralizada. Los escombros del túnel del AVE estaban siendo la primera materia de relleno y la obra fue parada el pasado día 7. La Autoridad Portuaria dispone ahora de cinco días para recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial.
(www.elpais.com, 22/01/10)
15. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE APOYA LAS LIMITACIONES EN LOS PADRONES
El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) avala la discriminación ilegal que Torrejón de Ardoz inflige a los inmigrantes. El vicepresidente regional, Ignacio González, dio su apoyo a un Ayuntamiento que no permite empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivan en un piso con menos de 20 m2 por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas. El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.
"En Torrejón están empadronando conforme a la ley", dijo González. Sin embargo, la nueva norma de Extranjería sólo contempla castigar a los propietarios de pisos patera y no habla de ratios. Y es más, el Ministerio del Interior, en una nota aclaratoria enviada en 2008 a municipios con dudas sobre el empadronamiento de sus inmigrantes, destaca que sólo se puede pedir como requisito un pasaporte en vigor. El vicepresidente respaldó las normas de Torrejón escudándose en que el propósito es que los extranjeros vivan en condiciones dignas, y no en "pisos patera".
El Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PP, mantiene estas reglas desde 2008, cuando decidió endurecer el acceso al padrón para lograr una "inmigración regulada", como dice en su publicidad institucional.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) acusó a González de "justificar un acto de lesión de derechos fundamentales", en palabras de su portavoz de inmigración en la Asamblea de Madrid, María Antonia García. La diputada ha tachado de "hipocresía" el amparo del PP a Torrejón de Ardoz: "No duda en utilizar la inmigración como un arma arrojadiza contra el Gobierno, mientras justifica la actitud xenófoba y peligrosa de un Ayuntamiento gobernado por ellos".Las acusaciones de los socialistas madrileños resaltan la falta de sintonía entre el apoyo de la Comunidad de Madrid a la normativa de Torrejón de Ardoz y el rechazo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a las intenciones de emularlo de Vic.
El jueves pasado, Gallardón dejó clara su postura sobre la cuestión del padrón: "De acuerdo a la normativa, el padrón no se fija según la legalidad o ilegalidad de la estancia de un extranjero en España, sino que sólo se le exige la acreditación de residencia, y, como único requisito adicional, que la documentación acreditativa, pasaporte o tarjeta de residencia, esté en vigor al hacer el trámite".
El alcalde de Madrid consideró entonces que el proyecto de Vic, similar al que Torrejón ha llevado a término desde octubre de 2008, es "ilegal".
La visión de Gallardón no coincide con la de sus compañeros de filas al mando de la Comunidad de Madrid, pero sí con la del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que el pasado lunes pidió responsabilidades al Gobierno de Esperanza Aguirre con respecto al proceder del Ayuntamiento de Torrejón: "Exigimos que la Comunidad de Madrid obligue al Gobierno municipal de Torrejón y a su alcalde a cumplir la ley".
Las reglas especiales de Torrejón de Ardoz para decidir incluir en el censo a los inmigrantes también han provocado la reacción del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Este ha requerido al consistorio, dirigido por el popular Pedro Rollán, toda la documentación relativa a las normas de empadronamiento, según afirmó un portavoz del Gobierno municipal de Torrejón de Ardoz.
La investigación del Defensor del Pueblo empezó en 2009 por una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Torrejón, pero no se activó hasta que esta semana se hizo pública la situación.
(www.elpais.com, 20/01/10)
16. COMUNIDAD DE MADRID. TORREJÓN SE SALTA LAS DIRECTRICES ESTATALES FIJADAS EN 2008 PARA EL EMPADRONAMIENTO
Normas de empadronamiento para una mejor convivencia entre todos, por una inmigración regular en Torrejón de Ardoz. Es el título de un tríptico de información de este Ayuntamiento madrileño. Dentro del folleto se precisan los requisitos: si usted es extranjero y tiene pasaporte con visado de turista, no podrá empadronarse; tampoco si en su piso hay más de un habitante por cada 20 metros cuadrados.
El reglamento ha logrado reducir un 50% la inscripción de vecinos extranjeros en Torrejón en 2009 con respecto a 2008. No hay datos sobre mejoras de la convivencia. Pero hay pruebas de su efecto: extranjeros que viven en la ciudad sin estar en el padrón municipal, vecinos fantasmas que se inscriben en otros términos municipales menos exigentes en sus requisitos, para tener derecho a que los reciba un médico o para que sus hijos tengan plaza escolar.
El padrón de Torrejón de Ardoz, un municipio de 116.000 habitantes con 26.000 vecinos extranjeros, funciona con criterio propio. La resolución estatal sobre empadronamiento de 1997, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas cuando Mariano Rajoy era ministro, todavía vigente, obliga a los municipios a registrar a todos los vecinos extranjeros, aunque estén en España en situación irregular. Torrejón no sigue la regla desde el 1 de octubre de 2008.
Las excepciones legales de este municipio tampoco casan con las directrices más recientes del Ministerio de Interior, que precisó en 2008 a distintos ayuntamientos catalanes las reglas de juego. Según este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los municipios deben aceptar los pasaportes extranjeros con visado de turista. No se menciona nada relacionado con el espacio disponible en la vivienda donde se registran los inmigrantes.Los funcionarios de Torrejón de Ardoz cumplen órdenes. "Lo siento, aquí no puede, va a tener que buscarse otro Ayuntamiento", responde una oficinista del padrón a Mary, una dominicana de 35 años. La inmigrante mostró su pasaporte, pero no hubo suerte. Tenía visado de turista, insuficiente para satisfacer las normas especiales del Ayuntamiento. Mary contraataca: "O sea que aquí no puedo ir al médico ni nada...". Y se da de nuevo con el frontón burocrático: "Respecto a lo de ir al médico, tendrá que dirigirse a la autoridad competente", replica la funcionaria.
"Burocracia, burocracia, burocracia", protesta en la salita de su casa un ghanés que no quiere dar su nombre. Su lamento tiene la misma raíz que las penas de Mary. Torrejón de Ardoz le ha negado el empadronamiento a una familia de compatriotas suyos, un matrimonio con dos niños, de tres años y 10 meses. Por cuestiones de espacio, la otra cláusula principal del plan de mejora de la convivencia de Torrejón.
Newton Korang, ghanés de 30 años, padre de esta familia rechazada por el censo torrejonero, explica los inconvenientes de esta normativa discriminatoria: "Estamos empadronados en Coslada, y tenemos que llevar a los niños allí cuando se ponen mal. Como no tenemos coche, vamos en tren a San Fernando y luego en bus a Coslada, a nuestro médico".
El obstáculo de estos inmigrantes está en la base de datos de Torrejón. Allí aparecen registrados otros tres habitantes, que sumados al huésped y a la familia de cuatro que aspira a censarse suman ocho inquilinos en unos 70 metros cuadrados. El Ayuntamiento no transige. Ellos aseguran que esa gente ya no vive en el apartamento.
Pero el espacio no debería influir en su empadronamiento. Eso indica un documento de 2008 del Ministerio de Interior al que ha accedido EL PAÍS. Una nota enviada a distintos ayuntamientos catalanes precisa las normas del padrón y no hace referencia al espacio disponible en la vivienda. Lo que sí resalta es que el pasaporte es un documento válido para empadronarse, "independientemente de si tiene un visado de turista". Una directriz ignorada por Torrejón.
El Ayuntamiento se ha negado a ofrecer su versión sobre la contradicción entre las normas de Interior y sus estrategias para buscar una "inmigración regulada" (como se lee en la revista municipal). Remite a las declaraciones del alcalde, Pedro Rollán, a este diario. El regidor afirmaba que estas reglas defendían la dignidad de los extranjeros: "No podemos permitir que por pisos de menos de 100 metros se lleguen a cobrar 1.200 o 1.500 euros. Esto les obliga a vivir hacinados... Luchamos contra la esclavitud del siglo XXI". Una "esclavitud" común según este argumento a muchas familias españolas, cuya vivienda no tiene 20 metros cuadrados por habitante.
Esta supuesta lucha por favorecer a los inmigrantes ofrece otros logros a la localidad, según su revista: "Se ha conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes en Torrejón". En otro folleto se explica que las reglas del padrón responden a un "clamor popular". En la plaza del Ayuntamiento, a unos metros de un grupo de subsaharianos, José, de 49 años, al igual que otros vecinos, no recordaba problemas con los inmigrantes: "No sé si hay tensión en el interior de la gente, pero en el exterior no se ve nada". Tal vez ha bajado el "clamor". O quizá los vecinos no lo habían notado.
(www.elpais.com, 20/01/10)
17. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ DISPONE YA DE LAS PRUEBAS DECISIVAS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
Un año después de que este diario destapara el espionaje político por agentes del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), a dirigentes de su partido afines a Mariano Rajoy, la juez del caso tiene a su alcance dos pruebas que pueden resultar definitivas para el esclarecimiento de los hechos. Telefónica ha remitido a la juez los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los teléfonos móviles de ocho subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados, sospechosos de los seguimientos a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico al que destituyó Aguirre semanas después del espionaje, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
La inminente petición de imputación por la Fiscalía contra José Manuel Pinto, agente identificado por una doble prueba pericial contratada por este diario como autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje, puede cerrar el círculo. La juez sólo ha pedido de momento informes grafológicos de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón-, pero no escribieron sobre los partes. Esos informes han dado negativo.
Un año después del escándalo, Aguirre no ha destituido a nadie, a pesar de que anunció medidas enérgicas si se demostrase que alguien espió desde su Gobierno. El informe de la policía sobre los posicionamientos telefónicos lo probó ya meses atrás. Los rastros de los móviles de los espías, correspondientes a mayo de 2008, evidenciaron que tres ex guardias civiles, acompañados por al menos tres ex policías, todos asesores o cargos de confianza de Granados y Gamón, estuvieron vigilando al minuto cada paso público y privado que daba Prada.
La ubicación de sus teléfonos coincidían al 100% con la ruta que dibujaban los espías en sus partes mecanografiados de los seguimientos. Los tres ex guardias confesaron a la juez, acusados de malversación, lo que su consejero y su ex director negaron hasta la saciedad: habían seguido a Prada durante semanas, incluidos sus desplazamientos a Chinchón y Brea de Tajo. Reconocieron que mintieron a la policía en su declaración inicial. Y para demostrar que ahora sí decían la verdad aclararon que tales seguimientos se los ordenó Gamón -imputado-, aunque alegaron que eran contravigilancias, no espionaje.
Pero Gamón, al ser interrogado les desmintió, y les dejó sin coartada jurídica. Negó que les hubiera ordenado seguir a Prada y que su departamento tuviera competencias para realizar contravigilancias. En suma, sus agentes habrían practicado tal seguimiento ilegal por su cuenta. Esto ha causado un hondo malestar en los ex guardias que, según diversas fuentes, confiesan a sus íntimos que se sienten traicionados por su jefe tras cumplir sus órdenes. Y, además, en fuentes de la investigación se da por hecho que el delito de malversación, si no se prueba que recibieron órdenes, podría recaer sólo en ellos por dedicar su jornada oficial a actividades ajenas a su labor legal. Gamón no sólo desmintió a sus subordinados, sino a su consejero, Granados, que venía diciendo que las contravigilancias eran una práctica legal heredada, algo desmentido por sus funcionarios y antecesores en el cargo.
Los expertos policiales consultados por EL PAÍS coinciden en que es imposible una contravigilancia legal como la practicada un mes o dos sobre Prada: sin alertar a su escolta ni al protegido, sin competencias legales, lejos de su despacho y casa, sin armas...Mientras llega el análisis policial encargado por la juez sobre los datos telefónicos de abril de 2008, clave para probar el espionaje al vicealcalde Manuel Cobo que reflejan los partes, o la pericial a Pinto, una realidad ya ha cambiado en la Consejería de Interior: su presunto aparato de espionaje se ha desmantelado. Su cabeza visible, Gamón, anda en labores tan desconocidas para sus compañeros de consejería como bien remuneradas, con un equipo del que todavía cuelgan dos de sus fichajes, los ex policías Belén Espartero y Roberto Casielles, los únicos del núcleo investigado por espionaje que siguen disponiendo de autonomía y no están encuadrados en tareas transparentes en la estructura oficial. El ex número dos de Gamón, Miguel Castaño, cuyo móvil aparecía en seguimientos a Prada, sigue en igual puesto con el director general, Enrique Barón. Un cuarto policía que solía participar en los marcajes, José Manuel Rodríguez, regresó al cuerpo tras saltar el escándalo. Los tres ex guardias civiles que siguieron a Prada elaboran planes de seguridad para entidades autonómicas.
Y Pinto y su inseparable compañero José Palomo, ambos investigados por la juez, están supuestamente de baja desde que se destapó el escándalo. Granados ha declinado precisar a este diario la situación y labor de estos dos agentes por entender que se trata de asuntos personales.
(www.elpais.com, 20/01/10)
18. COMUNIDAD DE MADRID. JAÉN OFRECE SIMILAR NÚMERO DE AYUDAS A DEPENDIENTES QUE TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
La provincia de Jaén, con 667.000 habitantes, ha concedido casi las mismas ayudas que se han dado en toda la Comunidad de Madrid, que tiene 5,5 millones más de habitantes", según datos ofrecidos por la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que opina que debería llevarse a los tribunales al Ejecutivo popular de Esperanza Aguirre si decide privatizar los servicios de evaluación de personas dependientes.
"Si [Aguirre] no tiene funcionarios, que los convoque, porque la ley encomienda taxativamente esa tarea a un equipo público; si privatiza ese servicio, entonces el Gobierno deberá recurrirlo", manifestó la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.
Aguirre declaró esta semana que el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se solucionaría si la valoración de los solicitantes de la ayuda la pudieran realizar compañías de seguros y agencias privadas. Una idea que, según la consejera de Andalucía confirma que la presidenta madrileña "quiere hacer con el desarrollo de la Ley de Dependencia lo mismo que hace con otras parcelas como la sanidad". Una actitud que, según Navarro, no daña al Gobierno de Zapatero, sino a los madrileños".Los datos aportados por la consejera ponen a Andalucía como la Comunidad que mejor aplica la norma sobre Dependencia, según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, a la cabeza de España. Con más de 189.000 prestaciones concedidas, Andalucía aglutina el 33,8% del total nacional
Sólo en la provincia de Jaén se han concedido casi las mismas ayudas que en toda la Comunidad de Madrid, que tiene 5,5 millones más de habitantes", según destacó Navarro. Jaén, una de las provincias andaluzas menos pobladas, con 667.000 habitantes, había concedido hasta noviembre último más de 20.000 prestaciones, frente a las 21.000 registradas en Madrid hasta ese momento, con 6,2 millones de residentes.
(www.elplural.com, 16/01/10)
19. COMUNIDAD DE MADRID. UNA CORRUPTELA GRATIS, UNA VERDAD MUY CARA
En junio de 2002, Villaviciosa de Odón, municipio madrileño que entonces tenía 21.000 habitantes, registró un brote agudo de simpatía conservadora. De la noche a la mañana, 78 ciudadanos decidieron afiliarse al PP local y apoyar la elección como presidenta local de la alcaldesa Nieves García, una militante sensible hacia el desarrollo inmobiliario y a quien disputaba el cargo un rival de su propio partido, Eusebio Martín, cuya sensibilidad se presumía más dudosa o infiel.
Una docena de los 78 afiliados pertenecía a la familia de Francisco Bravo y de su tío Francisco Vázquez, promotores con intereses en Villaviciosa. La entonces presidenta local del PP, alcaldesa hasta 1999 y ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, denunció el pucherazo ante la dirección regional del PP. Pero la operación quedó impune.
Cinco años más tarde, un juez de Móstoles consideró veraces las informaciones sobre el pucherazo publicadas por una revista de Villaviciosa ligada a un sector del PP: el magistrado desestimó la demanda de protección del honor planteada por Bravo y Vázquez, pero el pucherazo quedó impune. La intervención de Pilar Martínez, que declaró como testigo en aquel juicio, evidenció lo siguiente, según la sentencia: "Una serie de irregularidades que afloran en los documentos anteriormente referenciados [varias cartas dirigidas por la ex alcaldesa a la dirección regional del PP] y que han sido ratificadas" por la propia Martínez. En junio de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia.
Ahora, otro juez, este de Madrid y de la jurisdicción penal, ha condenado a dos periodistas a un año y nueve meses de prisión por publicar la lista de los 78 ciudadanos que afianzaron el rumbo de las políticas que García, diputada aguirrista en la Asamblea de Madrid, aplicaba en Villaviciosa. Difundir sus nombres y sus domicilios que en distintos casos coincidía con el de una empresa de Bravo atentó contra el derecho a la intimidad y constituyó un delito de revelación de secretos, según el juez.
El supuesto secreto revelado no era otro que el de su militancia. En la sentencia, el magistrado considera que la protección constitucional de la libertad de información no ampara las noticias difundidas a través de Internet. Y se transmuta en profesor para indicar cómo se debía haber publicado la historia: sin nombres ni datos personales. La Fiscalía considera excesiva la pena, pero mantiene su petición de cárcel cinco meses, en este caso en su recurso ante la Audiencia madrileña.
En junio de 2003, un año después del pucherazo, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez pasaron la noche del día 10 en un hotel madrileño. Habían protagonizado una jornada histórica al ausentarse de la votación de la que el candidato de su partido, Rafael Simancas, debía salir investido presidente. Su deliberado plantón abrió la puerta al triunfo de Esperanza Aguirre. Por la noche, ambos abrían otra puerta: la de las habitaciones 209 y 309 del hotel AC Los Vascos. Las había reservado el promotor Francisco Bravo, cuyo nombre figuraba en la lista de los 78.
Aquella noche se esfumó el fantasma que recorría no Europa la alianza PSOE-IU pero sí distintos sectores empresariales de Madrid. En la pesadilla aparecía Simancas con sus socios comunistas parando el avance del ladrillo, como un guardia de tráfico decidido a tocar el silbato por un quítame allá esa zona verde.
O por un Quitapesares, nombre del polígono de Villaviciosa donde el ayuntamiento que dirigía García vendió a una empresa de Bravo suelo a bajo precio en el año 2000. En la junta de compensación de Quitapesares, formada por los propietarios del terreno para promover su desarrollo urbanístico, Bravo coincidió con Tamayo.
Nunca se sabrá qué habría ocurrido si, en el verano de 2002, el PP de la capital hubiera frenado la afiliación de esos 78 ciudadanos, entre los que figuraba Bravo. Pilar Martínez, escribió cinco cartas dirigidas a varios responsables del PP de Madrid, incluído Ricardo Romero de Tejada, por entonces secretario general del PP madrileño. Romero de Tejada reconoció que, tras la espantada de Tamayo y Sáez, había recibido a Francisco Bravo en la sede central del PP.
En su querella por el tamayazo, el PSOE citaba ese episodio: "No es, en absoluto, intrascendente una reunión promovida por un empresario del PP sin cargo alguno en su partido, que tiene intereses inmobiliarios muy específicos, con el coordinador de política municipal y el número dos del PP de Madrid, para tratar sobre la estrategia a seguir en la conformación de mayorías en contra del PSOE". Como la querella cayó en saco roto, el secreto del tamayazo sigue intacto, impune como el pucherazo de Villaviciosa.
(www.publico.es, 18/01/10)
20. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS VUELVE UN AÑO DESPUÉS A FITUR SIN EL BIGOTES
La feria turística Fitur, que hoy comienza en Madrid, cerró el año pasado el 1 de febrero. Cinco días después, la policía buscaba, por orden del juez Baltasar Garzón, los contratos de adjudicación del pabellón valenciano en las dependencias de la Consejería de Turismo, en Valencia. Era el inicio del caso Gürtel, que ha puesto al PP contra las cuerdas y, muy especialmente, al presidente valenciano, Francisco Camps, a quien la trama corrupta de la que formaba parte la empresa Orange Market, adjudicataria del pabellón de 2005 a 2009, regaló trajes.
Camps estará hoy en Fitur acompañado por la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, que era consejera de Turismo en 2005, cuando se otorgó el primer contrato a Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market y hombre de confianza del PP valenciano y del líder de la trama de Francisco Correa, actualmente en prisión.
El pabellón valenciano, por el que Orange Market cobró 5,5 millones (1,1 millones en 2005; poco más de un millón en 2006, 2007 y 2008, y 915.000 euros en 2009), ha cambiado de adjudicatario. Ahora es Montoro Ortega Rubio, aunque siga siendo el mismo subcontratista el encargado del diseño. Eso sí, es más barato: cuesta 814.789 euros. Como destacó el portavoz socialista, Ángel Luna, las denuncias de corrupción han ahorrado a los contribuyentes un 30,5% respecto a la media de lo que cobraba la trama.
(www.elpais.com, 20/01/10)
21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS Y RIPOLL TIRAN DE LA CUERDA
"¿En el PP, nos hemos vuelto todos locos?", se preguntaba ayer un histórico militante del PP en la provincia de Alicante. Y no es para menos. La brecha que separa al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lejos de cerrarse, aumenta cada día.
Los dos sectores enfrentados han entrado en una diabólica dinámica de tensión para medir sus fuerzas. El penúltimo órdago lo lanzó ayer la dirección regional, que controla Francisco Camps, al anunciar, a través del secretario general, Antonio Clemente, que están "estudiando" nombrar a la portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso, subdelegada del Consell en Elche. "Está llamada a tener altas responsabilidades dentro del PP y de la Generalitat", auguró Clemente.
El anuncio se produjo un día después de que José Joaquín Ripoll despojara a Alonso de la vicepresidencia de la Diputación y de la portavocía adjunta, y la dejara como diputada rasa debido a la pérdida de confianza. Alonso, que preside la gestora del PP en Elche, ha tramitado la expulsión del PP de Emigdio Tormo, uno de los hombres de confianza de Ripoll, y además en las últimas semanas se enfrentó con el presidente de la Diputación al negarse a que Suma, organismo provincial que se encarga de la gestión de los tributos municipales, recaudara en Elche los impuestos.
Alonso se armó ayer de coraje y cierto cinismo cuando en una rueda de prensa en Elche tildó de "magnífica noticia" su destitución porque así tendrá "más tiempo" para dedicarse a Elche. Sin embargo, obvió que si es nombrada subdelegada del Consell en Elche, cargo que estrenó Manuel Ortuño, otro polémico e histórico dirigente del PP ilicitano, se vería obligada a renunciar a su acta de concejal y a su escaño en la Diputación. Alonso admitió que se enteró "por la prensa" de su destitución.
El alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler, aventuró que Alonso "ha fracasado en su vida política" porque el PP "ni confía en ella". La convulsa situación interna del PP en Elche es una rémora endémica. En la tercera ciudad más importante de la Comunidad Valencia, y en la que los socialistas retienen por la mínima la vara de mando, los populares están inmersos en una guerra sin cuartel entre los ripollistas, que lidera Emigdio Tormo, y los campistas, con Mercedes Alonso al frente. Alonso castigó a Tormo apartándole de la comisión de Hacienda en octubre pasado. Al día siguiente Ripoll dejó a la campista fuera de las comisiones de la Diputación y del Instituto Juan Gil-Albert.
Pero Elche y la Diputación de Alicante no son los únicos escenarios de la contienda del PP en la provincia. En Villena, población en la que gobiernan los conservadores con mayoría absoluta, la alcaldesa, Celia Lledó, afín a Ripoll, se ha quedado en minoría en varios plenos municipales por la ausencia de los ediles campistas. En esta localidad del Vinalopó un asesor municipal, y a su vez esposo de la edil de Urbanismo (ripollista) llegó a las manos en plena calle con el edil de Obras (campista) por discrepancias en el reparto de ingresos extraordinarios.
En Torrevieja, pugnan por el control del PP el actual alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, cuya última propuesta es nombrar a Camps Hijo Predilecto, y Domingo Soler, diputado provincial afín a Ripoll. En Ibi la concejal Felicidad Peñalver, afín a Ripoll, fue expulsada del Grupo Popular al desvelar supuestas irregularidades de la alcaldesa campista, Maite Parra, y en Calp los campistas acusaron a los ripollistas de hacer la vista gorda ante la venta ambulante de los inmigrantes a cambio de afiliarlos y garantizarse el poder local.
(www.elpais.com, 16/01/10)
22. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SACARÁ DE LAS LISTAS A QUIEN NO FIRME SU CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN
El PP ha comenzado ya a preparar la puesta en marcha de sus instrumentos para combatir la corrupción interna, como la Carta de Compromisos, que los cargos del partido tienen ya en su poder o tendrán en los próximos días, o el Comité de Seguimiento, que la semana que viene quedará constituido. Un movimiento puesto en marcha por Mariano Rajoy como reacción al caso Gürtel. Los dirigentes encuadrados en la estructura del PP, y posteriormente también los cargos electos, deberán guiarse por la austeridad y no podrán incurrir en determinados comportamientos, puesto que si así lo hacen, serán apartados de cualquier candidatura electoral, según consta en la Carta de Compromisos.
Ese documento disciplinario ya están en poder de los cargos de la formación -y si no, lo tendrán en breve- porque el pasado martes la secretaria general, María Dolores De Cospedal, y la propia Ana Mato, se lo entregaron a los responsables de la dirección del partido en las comunidades autónomas y en las provincias. Tal y como han señalado las fuentes consultadas, todos los destinatarios de la Carta de Compromisos tendrán que firmarla y devolverla a la sede nacional en Madrid, y para ello disponen hasta finales de febrero. Algunos dirigentes, especialmente los que trabajan en el edificio de la madrileña calle Génova, ya han estampado su firma al documento.
Los integrantes del PP, de acuerdo con la Carta de Compromisos, no podrán interferir en la resolución de cualquier trámite administrativo, tendrán que ser cuidadosos con los regalos que reciban, habrán de entregar al partido su declaración de bienes y tendrán que comunicárselo a la dirección cuando se vean inmersos en un proceso judicial. Fuentes del PP han informado que el designado auditor de prácticas internas, el ex ministro José Manuel Romay Beccaria, también se ha puesto ya manos a la obra, aunque de momento sólo ha recibido una serie de documentos para repasarlos.
(www.levante-emv.com, 18/01/10)
23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS, VALCÁRCEL Y COSPEDAL ENFRENTADOS POR EL AGUA
El líder del PP, Mariano Rajoy, tiene un nuevo frente abierto en las filas de su propio partido. Los protagonistas son, de un lado, el presidente valenciano, Francisco Camps, y el murciano, Ramón Luis Valcárcel; del otro, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, pero también, líder de los populares en Castilla-La Mancha. El botín por el que se lidia: el agua.
Mariano Rajoy se reunió en Navidad con Camps, Valcárcel y Cospedal para negociar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en lo concerniente al trasvase Tajo-Segura, cuya fecha de caducidad estaba fijada en el texto para el 2015. Este punto ha sido retirado, por las exigencias de Camps y Valcárcel, pero a cambio se propone como fórmula incluir una reserva de 6.000 hm3, un requisito que ni Camps ni Valcárcel aceptan. Rajoy, en medio, ha pedido encontrar una solución para evitar otra fisura en el partido.
Valcárcel ha llegado a amenazar que se replanteará su candidatura para las elecciones autonómicas, si no se satisface su demanda, Mientras, en la Comunidad Valenciana, algunos diputados consultados piensan que su jefe tiene ahora la posibilidad de "vengarse" de la dirección nacional por las presiones que ejerció sobre él con motivo del caso Gürtel y la decisión de relevar de sus cargos a su mano derecha, Ricardo Costa. En Génova, sin embargo, opinan que Camps "no está en las mejores condiciones para exigir nada".
Cospedal, en el otro lado del frente, desde su posición de líder del PP de Castilla-La Mancha, se mostró "preocupada" en el mencionado encuentro navideño. La inquietud de la también secretaria general de los populares parte del hecho de que esta rivalidad entre dirigentes del partido y la falta de consenso sobre el tema puedan influir entre los votantes y provocar un daño electoral.
(www.elplural.com, 16/01/10)
24. COMUNIDAD VALENCIANA. DEL COSTE CERO AL CIRCUITO COSTOSO
El circuito de Fórmula 1 de Valencia proyecta una vez al año el nombre de Valencia a nivel mundial gracias a las retransmisiones de televisión. Sin embargo, lo que iba a ser un gran evento de "coste cero" en palabras de los altos cargos del Consell y del PP, que descartaron el circuito de Cheste, se ha convertido en una inversión millonaria y en un gasto que requiere ser consignado anualmente. Una inversión que, según la oposición socialista, es mucho mayor en términos relativos que la destinada a las carreteras que dependen de la Generalitat.
El consejero de Infraestructuras, Mario Flores, reconoce que, hasta el pasado otoño, se habían gastado más de 89 millones euros para acondicionar el circuito urbano de Valencia, tan sólo a través del ente público Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat. Y ello sin contar el gasto de la empresa pública Proyectos Temáticos que pagó ya el año pasado los 17 millones de canon ante la imposibilidad de la empresa Valmor de asumir el compromiso con Bernie Ecclestone para formar parte del campeonato. Un gasto al que hay que añadir otros dispendios corrientes como la señalización de accesos a gradas y aparcamientos.
Aunque la primera carrera tuvo lugar en 2008, el año pasado la Generalitat tuvo que gastar más de un millón de euros en el reasfaltado de la pista y la adecuación de los tinglados 4 y 5 del puerto para los bólidos. La inversión, aunque el consejero de Infraestructuras insiste en que se puede recuperar, probablemente acabará a cuenta de inventario. Para agilizar la construcción del circuito, el Consell asumió las obras tras firmar el 28 de septiembre de 2007 un convenio con el Ayuntamiento de Valencia. En el documento, la alcaldesa Rita Barberá se comprometió a devolver parte de la la inversión con el canon de urbanización del PAI del Grau.
La Sindicatura de Comptes en su última auditoría correspondiente a 2008 afirma que "no hay ningún proyecto de urbanización en esta zona que permita estimar razonablemente el momento en el que se podrá recuperar la inversión realizada".
Respecto a las obras realizadas en el interior de la marina y los tinglados del Puerto de Valencia, la Consejería de Infraestructuras confía en recuperar parte de la inversión con cargo a las concesiones del acceso norte y la explotación comercial de los tinglados. Una cuestión que tampoco está prevista a medio plazo. El portavoz socialista de Infraestructuras en las Cortes Valencianas, Francesc Signes, va más allá y argumenta que el circuito de Fórmula 1 de Valencia se ha comido el presupuesto de la Generalitat para carreteras.
"Del protocolo de inversión en carreteras 2005-2010 firmado hace cinco años entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat, el Consell sólo ha invertido 192 de los 1.100 millones previstos", prosigue Signes, "de ellos, 130 corresponden a carreteras contratadas por el método alemán -es decir que se pagarán cuando se acabe la obra-, lo que significa que sólo han gastado 62 millones de euros de manera real". "Mucho menos de los más de 90 millones que se han invertido en el circuito de Fórmula 1 en la mitad de tiempo", concluye.
(www.elpais.com, 18/01/10)
25. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO DESTITUYE A TRES ALTOS CARGOS PARA AMARRAR POLÍTICAMENTE MEDIO AMBIENTE
El "lifting" que el presidente Francisco Camps aplicó a su núcleo del Consell a finales de agosto, después de que se le descolgó la sonrisa por el caso Gürtel, tuvo entonces escasos efectos en el llamado segundo escalón. El propio Camps se encargó de lanzar el mensaje de que apenas habría retoques de segundo orden, como para lanzar el mensaje de que una reforma menor era suficiente para restaurar las presuntas escasas grietas. Con los meses, las destituciones y relevos se han ido sucediendo de tapadillo. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, lleva tres casi de una tacada esta semana.
Cotino ha prescindido de tres cargos de la etapa del malogrado García Antón: la secretaria general administrativa, María José Ortolá, el jefe de servicio de Recursos Forestales, Francisco Butler y su homólogo en Espacios Naturales, Antonio Ballester. Diversas fuentes apuntaron a este diario que es probable que estas destituciones no sean las últimas que acometerá el vicepresidente en este inicio de 2010.
El conseller está resuelto a amarrar políticamente el control del rincón más escondido del macrodepartamento que dirige y, sobre todo, la gestión del último palmo del territorio. Antes de Navidad, transmitió sus intenciones a su equipo de confianza de la conselleria. Recordó a todos que esa conselleria tiene un marcado perfil político con asuntos con tanta capacidad motora de cara al electorado como la cuestión hídrica. Cotino urgió a su equipo a ponerse las pilas y trasladó la consigna de que es necesario legislar menos y acentuar la acción política. Menos gestión técnica y más política sería el lema aproximado que retrata las intenciones del conseller, quien recordó a los suyos que 2010 es año preelectoral y conviene echar el resto. Los puestos cuyos titulares han sido relevados estos días no son decorativos. De la Secretaría General Administrativa, cargo de libre designación entre funcionarios, depende todo el personal de la conselleria. El puesto dejado por María José Ortolá lo ocupa ya Amparo Martín Fontelles.
Más calado político aún tienen las otras áreas remodeladas de forma contundente por el vicepresidente Cotino. Al responsable del servicio de recursos forestales, cargo que ocupaba Francisco Butler, corresponde informar sobre la reclasificación de suelo forestal protegido. Butler llegó a la conselleria desde el área de medio ambiente de la Diputación de Alicante y era persona de confianza de anterior titular de Medio Ambiente, José Ramón García Antón.
Al área de espacios naturales corresponde la elaboración de los informes de impacto ambiental en proyectos que afectan a territorio bajo esa consideración. Antonio Ballester, quien es, además, experto en urbanismo y veterano en esa casa, ha sido sustituido por Eugenia Vives, que procede de Bienestar Social, departamento del que era responsable Juan Cotino antes de aterrizar en Medio Ambiente.
(www.levante-emv.com, 22/01/10)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CGPJ RECONOCE SUS DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE DE LA RÚA
Muchos lo sospecharon y ahora el Consejo General del Poder Judicial reconoce que la imparcilidad del presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, "estaba en cuestión" debido a su más que amistad con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
Así lo reconoce en la resolución que explica la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ de archivar la queja que el letrado José Luis Mazón presentó contra De la Rúa al no abstenerse en las deliberaciones que terminaron con el sobreseimiento de la parte valenciana del caso Gürtel.
Sin embargo, el informe asegura que no se deducen "hechos objetivos de entidad suficiente que permitan considerar indiciariamente probada una amistad íntima entre ambos presidentes", pese a que Camps declaró ser "más que amigo" del magistrado.
Lo que sí que reconoce el Consejo es que "estaba en cuestión la apariencia de imparcialidad ante la sociedad" de De la Rúa. La Comisión Disciplinaria del Consejo analiza los "elementos objetivos" que podían haber obligado al magistrado a abstenerse "al margen de la sensación generada" y concluye que, pese a que "se ha suscitado un estado de duda y recelo en la opinión pública", De la Rúa no cometió ninguna infracción porque no fue recusado por las partes.
En el informe enviado al CGPJ para defenderse, De la Rúa aseguró ser consciente de la "inmejorable relación institucional" con Camps, pero decía que ésta no había derivado en "amistad íntima" y como prueba señalaba que desconocía la composición de la familia de éste, que jamás había pisado su casa y que no había comido con él, ni siquiera tomado una cerveza, "fuera de los actos de concurrencia pública por razón de la función representativa".
Además añadía que no había participado con Camps en viajes o actividades lúdicas "de carácter privado" y que no le había invitado a las bodas de sus hijos ni a otros acontecimientos familiares.
(www.publico.es, 20/01/10)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS POR LA PERMUTA DE TABACALERA
La Fiscalía de Valencia investigará la permuta que realizó el Ayuntamiento de Valencia en la operación Tabacalera. Los socialistas del consistorio presentaron el pasado diciembre una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. En ella, se relataban los hechos y se solicitaban acciones contra las personas que fueran responsables. La Fiscalía Superior sólo tiene competencias sobre aforados. Como no se citaba a ninguno, el fiscal superior remitió un expediente gubernativo con la denuncia a la Fiscalía Provincial, que se ha hecho cargo del caso y ha abierto las diligencias oportunas para poder investigar los hechos.
La oposición trasladó una denuncia en la que consideró que el gobierno de Rita Barberá perdió la oportunidad de ingresar 56 millones de euros con el convenio suscrito con la inmobiliaria Guadalmedina para permutar las dependencias municipales de la plaza de América por el antiguo Palacio de la Industria, núcleo del complejo industrial de Tabacalera. Eso es, según los socialistas, una supuesta prevaricación. Carmen Alborch, portavoz socialista en el consistorio lo calificó del "mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá".
La polémica se arrastra desde hace años. La oposición ha hecho cuentas y ha concluido que en la permuta quienes perdieron fueron los valencianos. Según Alborch, la alcaldesa entregó a Gualdalmedina el edificio de las antiguas dependencias municipales, en la plaza de América, por un valor muy inferior al que dictaba el mercado. A cambio, el consistorio valenciano adquirió la parte central de Tabacalera, que ha sobrevivido a los derribos y que ahora es sede administrativa.
Los socialistas sostienen que Barberá "regaló" el edificio a la constructora basándose en las cifras por las que la Generalitat vendió los antiguos juzgados, ubicados en la misma calle que las dependencias municipales. La operación coincidió con el momento en el que el Ayuntamiento llevó a cabo la permuta del edificio y la Generalitat cobró tres veces más por los juzgados.
El gobierno local, el día que el PSPV presentó la denuncia, se mofó tildando la acción de "paripé" y anunció tomar medidas similares contra todo el grupo municipal, aunque no especificó el motivo. "Es un juego más de titiriteros al que estamos acostumbrados", dijo entonces el concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación, Miquel Domínguez.
(www.elpais.com, 19/01/10)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA GASTÓ MÁS DE 28.000 EUROS EN UN PALCO EN CHESTE
La Diputación de Valencia pagó 28.420 euros por un palco VIP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, cuando se celebró el gran premio de motociclismo de la Comunidad Valenciana entre los días seis y ocho del pasado noviembre. El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, defendió ayer el gasto, en sesión plenaria, y argumentó que es una forma de "ayudar al circuito". Estos 28.420 euros son los únicos que invirtió la corporación provincial en el Ricardo Tormo en 2009, según Miguel Albiach, diputado de deportes de la Diputación. Albiach aseguró, sin embargo, que este desembolso incluía gastos de publicidad. Rafael Rubio, portavoz del Grupo Socialista, lo negó y aclaró que la publicidad se pagó en una cuenta diferente.
Rubió se quejó de la respuesta "poco seria" del equipo de gobierno a la pregunta socialista de a quiénes se había invitado al palco VIP durante el gran premio. La Diputación tenía 50 pases para ese fin de semana. Albiach contestó que no tienen la costumbre de "tomar nota de a quién se reparten entradas para eventos deportivos o culturales". El diputado popular declaró que, de la misma forma que en Expojove (feria navideña dedicada a los niños) se reparten entradas y no se hace una lista de a quién, en el caso del palco del circuito de Cheste tampoco. Albiach sostuvo que cualquier "persona, concejal o alcalde" pudo pedir pases. A Rubio le extrañó y preguntó si se los hubiesen dado a los "50 primeros que hubiesen pasado por Diputación".
Además del palco privado, el PSPV acusó al equipo de gobierno de haberse gastado 4.790 euros en "un catering que disfrutaron 50 personas desconocidas". Rubio consideró que fue "un derroche y un lujo innecesario" y Albiach, que todo el dinero invertido en el Circuito de Cheste en 2009 supuso una "muy buena inversión".
La sesión extraordinaria del pleno de ayer de la Diputación de Valencia empezó con la toma de posesión del diputado Manuel Corredera en sustitución del fallecido Francisco Xirivella.
(www.elpais.com, 20/01/10)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AUDIENCIA REABRE EL CASO POR UN POSIBLE ´PELOTAZO´ URBANÍSTICO EN ORPESA
El alcalde de Orpesa y varios miembros de la corporación local que en 2001 aprobó la permuta de unos terrenos en primera línea de playa por otros en el interior están citados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló que investiga un posible delito de trafico de influencias y prevaricación urbanística, denunciado por un particular.
La reapertura del caso, a cuyo proceso se ha sumado el fiscal, fue ordenada en un fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Castelló que atendió el recurso del denunciante ante la decisión de la juez del número 4 de archivar la denuncia al entender que la documentación aportada había sido examinada por el juzgado de Instrucción número 2.
Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Anticorrupción por el vecino de les Amplàries afectado por el PAI previsto en la zona de los campings, Amplàries.
En 2001 el grupo Marina d'Or adquirió unos terrenos propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para luego entregarlos al consistorio y cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que los urbanizadores ceden a los consistorios. El suelo vendido a la urbanizadora por Garrido fue adquirido, según la documentación aportada por el denunciante, unas fechas antes.
Según tasaciones periciales aportadas por el denunciante, el precio registral del metro cuadrado/techo en la costa valía 72 euros, en tanto que el adquirido a Garrido, variaba entre 16 y 33 euros.La denuncia del vecino, a la que se adhiere el fiscal, apunta que el consistorio perdió dinero y suelo en la permuta. Entiende que los concejales "renuncian a 2.827 metros cuadrado/techo en beneficio de la mercantil Construcciones Castellón 2000 SAU", del grupo Marina d'Or, que era la redactora del proyecto de reparcelación del programa de actuación integrada.La empresa quería desarrollar ese PAI en la zona de Les Amplàries, la de los campings.
La Audiencia apunta que en el auto de archivo y sobreseimiento de la causa se apunta que "no está debidamente justificada la perpetración del delito que se persigue". Lo que no acepta la Sección Primera. Ésta entiende que "no cabe sino concluir que el juzgado "ha impedido", con su decisión, "la práctica de unas diligencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos".
Apunta también la Audiencia que "la desestimación del recursos de reforma se produce por la errónea remisión a otro procedimiento, cuya decisión de archivo está pendiente del recurso de apelación".
(www.levante-emv.com, 21/01/10)
30. CASTILLA-LA MANCHA. DOS MILITANTES HISTÓRICOS LLEVARÁN AL PP A LOS TRIBUNALES
Ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal, "del partido sólo me echará un juez por sentencia judicial firme", declaraciones realizadas a la agencia Efe por el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha y miembro de su Consejo de Administración hasta la intervención del Banco de España, Tomás Martín Peñato. Junto a este histórico dirigente también ha sido expulsado Germán Chamón, otro "peso pesado" del PP de Castilla-La Mancha.
El "delito" cometido por estos dos destacados militantes del Partido Popular no fue otro que desoir las órdenes de María Dolores de Cospedal para que abandonaran los órganos de Gobierno de Caja Castilla-La Mancha, sin advertir que no eran cargos designados por el PP sino por el Ayuntamiento de Toledo por parte de Tomás Martín Peñato, y en representación de los impositores en el caso de Germán Chamón.
Por eso, Tomás Martín Peñato, está convencido de que María Dolores de Cospedal ha cometido un grave error, al mismo tiempo que catalogaba de "desproporcionado, disparatado e inaudito" que el PP que dirige La bien Pagá, donde entró a militar hace más de 30 años con Arturo García-Tizón, le haya expulsado a través de un burofax, advirtiendo de que del partido "sólo me echará un juez por sentencial judicial firme".
Martín Peñato reconoce en declaraciones a ABC que hasta la fecha había guardado "silencio por prudencia", pero dice sentirse decepcionado con María Dolores de Cospedal, "de la que creía que no tenía esta forma de actuar", al mismo tiempo que le reprocha: "Cuando me enteré de que era expulsado se me encogió la tripa. En el partido no se ha expulsado a nadie, que yo recuerde, ni a los del Gürtel, con los de Madrid no se atreve".
En parecidos términos se expresa en Efe el otro expulsado, Germán Chamón, a quien la decisión de Cospedal le parece "extemporánea, arbitraria y carente de fundamentos jurídicos", añade, "hemos cometido una falta grave por tener criterio propio". No lo cree así la secretaria general, que avala su decisión por ser "escrupulosa y democrática".
Con estas dos nuevas expulsiones, ya son tres y un expedientado, exconsejero también de CCM (Francisco Galán Polo), las ordenadas por Cospedal en algo más de un mes. El primero en salir del partido fue el concejal de Cuenca que denunció supuestas amenazas del marido de una compañera. Dirigentes del PP le han pedido a la secretaria general que levante la mano porque a "este paso se queda sola en el partido".
(www.elplural.com, 21/01/10)
31. CASTILLA-LA MANCHA. EL ALCALDE DEL PP DE YEBRA (GUADALAJARA) SE RÍE DE COSPEDAL EN SU CARA
Pedro Sánchez, el alcalde del PP de Yebra (Guadalajara), un pueblecito de apenas 600 habitantes, pone en duda la autoridad de toda una secretaria general, María Dolores de Cospedal, que no ha podido imponer su criterio y ha sido desautorizada por los cinco concejales de su partido al apoyar la instalación de un Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos. A Cospedal, que el miércoles en TVE decía "que está por ver si este pueblo solicitará el ATC", no le quedará otro remedio que expulsar a los cinco ediles como lo había prometido, lo que sumará diez expulsiones en menos de un mes.
Que los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, pongan firmes a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, puede pasar por la falta de autoridad que tiene la número dos de Mariano Rajoy, pero de ahí a que cinco concejales del PP de un pueblecito de apenas 600 habitantes hagan caso omiso de sus órdenes y la desautoricen públicamente, va un abismo al que La bien pagá se precipita lentamente.
El caso es que el alcalde del PP de Yebra (Guadalajara) y sus cuatro concejales han votado a favor para solicitar la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y radiactivos, en un tenso pleno en el que los dos ediles socialistas se opusieron a esta instalación, atendiendo a las directrices marcadas por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José María Barreda, "que no se arruga ante las declaraciones que ataquen nuestros intereses, aun cuando éstas procedan del ministro de Industria, Miguel Sebastián", señala el poravoz socialista, Santiago Moreno.
Durante la semana, el PSOE ha exigido a María Dolores de Cospedal que adoptara medidas contundentes contra los alcaldes del PP que se mostraban a favor del citado almacén. Y ésta y su hombre en Guadalajara, Antonio Román, anunciaron que aplicarían los estatutos del PP que recogen la expulsión del partido por no acatar una orden procedente de la Secretaría General del partido. Aún es más, Cospedal dijo el miércoles en TVE que "está por ver" que el alcalde de Yebra solicite el ATC. Más claro, el agua que tampoco defiende para Castilla-La Mancha.
La oposición al ATC no es sólo socialista, también vecinos y ecologistas rechazan este almacén y han creado una plataforma para, bajo el nombre "No al cementerio nuclear", llevar a cabo distintas movilizaciones. Cuentan con el apoyo de todos, menos del PP, y tienen una destacada presencia en las redes sociales como Facebook.
(www.elplural.com, 21/01/10)
32. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL DESVELA LA SUPUESTA TRAICIÓN DE COSPEDAL A CASTILLA-LA MANCHA
"A María Dolores de Cospedal le parece una barbaridad la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbidos de agua" que propone el presidente del Gobierno manchego, José María Barreda, en la reforma estatutaria que desde hace más de un año se encuentra en el Congreso de los Diputados. Esta declaración corresponde al jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, que por ahora no ha sido desmentida por la también presidenta del PP castellano-manchego, lo que supondría una grave traición de Cospedal a Castilla-La Mancha, con el consiguiente coste electoral para su partido.
En una entrevista concedida a La Verdad, Ramón Luis Valcárcel ya no sólo se conforma con desautorizar constantemente a la secretaria general del PP en la llamada "guerra del agua" que enfrenta a las comunidades de Murcia y Valencia con Castilla-La Mancha, sino que también desvela conversaciones privadas entre él y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien ha obtenido el compromiso de que el PP no aceptará bajo ningún concepto la reserva de 6.000 hectómetros que pide Barreda, volumen, según Valcárcel, que "hasta Cospedal considera una barbaridad".
Ramón Luis Valcárcel, que el pasado mes de diciembre se enfrentó abiertamente a La bien pagá, recuerda en la misma entrevista que la secretaria general el PP tiene que decir poco o casi nada, y que serán por lo tanto Murcia y Valencia las que dispongan de la última palabra sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. "Aquí nadie va a imponer nada en ninguna dirección. Todo lo que no suponga un perjuicio para la región de Murcia será aceptado. Eso lo saben Rajoy, Cospedal y Santamaría, y están de acuerdo", sentencia el presidente murciano.
Pero no sólo Valcárcel deja en ridículo a María Dolores de Cospedal, incluso representantes del PP de menor rango político, como los consejeros murciano y valenciano, Antonio Cerdá y Juan Cotino, respectivamente, tras advertir a su secretaria general que no admitirán "ni un hectómetro de reserva ni fecha de caducidad", recuerdan a Cospedal que los diputados de Valencia y Murcia no votarán lo que marque la dirección nacional, como anunció ésta, sino "que seguirán las indicaciones que marquen los gobiernos regionales de Valencia y Murcia".
Y es que Cospedal está pagando la factura por su incongruente dualidad de secretaria general y presidenta del PP castellano-manchego. Tanto es así, que Esperanza Aguirre, lógica aliada de Castilla-La Mancha en el tema del agua por sus demandas de reservas y aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez, no ha dudado en posicionarse a favor de Camps y Valcárcel en lo que se interpreta ya como una "sonora bofetada" a la que fuera su consejera de Transportes.
(www.elplural.com, 18/01/10)
33. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LA PISCINA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto diligencias penales e investiga si la consejera de Sanidad del Gobierno Regional (PP) Mari Ángeles Palacios y su esposo, José Miguel Rodríguez Gómez han podido cometer un supuesto delito contra la Ordenación del Territorio por varias construcciones en Cartagena, cuyo ayuntamiento preside la diputada popular en el Congreso, Pilar Barreriro.
La consejera Palacios se hizo construir, entre los años 2007 y 2009, en un paraje de las Lomas de El Albujón, en pleno Campo de Cartagena, una lujosa piscina cubierta, jacuzzi y obras anexas en una zona que goza de protección agrícola, por lo que los usos del suelo están estrictamente restringidos a las actividades agrarias.
El planeamiento general de Cartagena, en este momento, se encuentra en revisión, según informan técnicos de Urbanismo: "dicha revisión se aprobó inicialmente por acuerdo plenario con fecha de 9 de Octubre de 2008, estando vigentes en la actualidad el Plan General Municipal de Ordenación de 1987 (PGMOU 87) y la revisión del mismo de 2008 anteriormente citada, siendo de aplicación las determinaciones de la norma más restrictivas de ambos".
Es decir, si se solicitase en este momento certificado sobre la posibilidad de realizar obras en la parcela, los servicios técnicos municipales se pronunciarían determinando que serían de aplicación los parámetros de la norma urbanística que se contemplan en el PGOU de 1987 y los que se recogen en la aprobación inicial de la revisión del mismo de 2008; siendo de aplicación lo más restrictivo de ambos en los parámetros en que se contradigan".
Por otra parte, agentes adscritos a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Región de Murcia se personaron en las dependencias municipales de Cartagena donde se gestiona el urbanismo municipal y requirieron documentación sobre la tramitación administrativa de las obras realizadas por la consejera. Igualmente se está investigando la instalación de alumbrado público en el camino que llega hasta la vivienda de Palacios y su esposo, obras que se realizaron cuando éste estaba al frente de la junta vecinal de la zona.
Además, en las próximas semanas está previsto que, en virtud de otras diligencias judiciales abiertas en Cartagena, declare como imputado el vicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén por la supuesta concesión irregular de una licencia urbanística a una asesora de la alcaldía, Lolo Galindo, en un paraje que también goza de protección cuando ostentaba la responsabilidad del urbanismo municipal. Las obras de la consejera se ejecutaron en el mismo periodo de tiempo.
El escándalo por la lujosa piscina de la consejera, en suelo agrícola protegido, coge al ejecutivo popular de Ramón Luís Valcárcel en plenas reivindicaciones por el trasvase Tajo-Segura y cuando hay en marcha una iniciativa legislativa popular en defensa del Trasvase en la que se llevan recogidas más de cien mil firmas.
(www.vegamediapress.com, 21/01/10)
34. ISLAS BALEARES. RAJOY ACUDE AL RESCATE DEL PP BALEAR ANTE LA CORRUPCIÓN
Los casos de corrupción marcaron el 2009 para el PP. Y no sólo por el más sonado, el de Gürtel. Con un menor eco a nivel nacional, pero con un enorme estruendo en la prensa local, la imagen del partido de Mariano Rajoy se hundía en Baleares, acosado por las imputaciones de una veintena de ex altos cargos del Gobierno de Jaume Matas, que sigue desde su exilio voluntario en EE UU las noticias de las inspecciones de su palacete en Palma, que desvelan su alto nivel de vida. Los escándalos acabaron con la dimisión de Rosa Estarás, sucesora y mano derecha de Matas. La dirección nacional, tras meses intentando reconstruir el partido, ha decidido darle el empujón definitivo precisamente ahora que, con los casos de corrupción en Unió Mallorquina, socio del PSOE, el Gobierno de Francesc Antich también sufre un enorme deterioro de imagen.
Rajoy y su cúpula en pleno, acompañados de varias decenas de diputados, senadores y europarlamentarios aterrizaron ayer en Palma para rescatar al PP balear y dar un empujón de imagen a su nuevo líder, José Ramón Bauzá, elegido sobre todo porque parece un hombre de consenso que no tiene pasado, esto es, que no estuvo vinculado a los Gobiernos de Matas, ya que era alcalde de la localidad de Marratxi.
El desembarco ha servido para que todos los líderes nacionales del partido, incluido el propio Rajoy, hagan un recorrido por los medios locales para tratar de reflotar esta formación en las islas. La dirección nacional está convencida de que, pese a la dureza de los casos de corrupción que han afectado al PP balear, y que en su mayoría siguen abiertos e incluso están comenzando, la victoria en 2011 es más que posible.
Los populares se quedaron a un escaño de la mayoría absoluta en esta comunidad en 2007. Y el pacto de Gobierno de la izquierda con Unió Mallorquina se resquebraja por las imputaciones de los dirigentes de esta última formación. El mapa político en Baleares es tan complejo, que unos pocos miles de votos en una de las islas pequeñas cambia el Gobierno. El simple hecho de que la izquierda concurriera dividida en alguna de esas islas daría casi automáticamente el Gobierno al PP.
Por eso, al considerarla una de las comunidades prioritarias, y pese a los riesgos de imagen que tiene que Rajoy acuda a una tierra muy tocada por la corrupción cuando aún no se ha resuelto el caso Gürtel, la dirección nacional ha apostado por Baleares para organizar la interparlamentaria, un acto muy relevante en un año sin elecciones (salvo las catalanas), que los populares van a tratar de aprovechar para vender su alternativa y tratar de consolidar la ventaja que le dan las encuestas y ahondar en el deterioro de imagen del PSOE por la crisis.
En la primera jornada, la dureza de las imputaciones y de los escándalos que afectan al PP estuvo presente en los discursos, aunque siempre de forma indirecta. Dolores de Cospedal, secretaria general, sólo se refirió al pacto entre PSOE y UM "que se utiliza para no descubrir las corruptelas" de estos últimos. Cuando hablaba del PP, como otros intervinientes, entre ellos casi toda la cúpula marianista, no citaba la corrupción: "El PP de Baleares lo ha pasado mal, ha habido momentos difíciles, pero debéis saber que el PP de toda España está con vosotros". "Estamos orgullosos de vosotros", les dijo Juan Manuel Moreno, responsable de Política Autonómica y Municipal. "La tarea de los últimos tiempos ha sido muy difícil en el PP de Baleares", reconoció Javier Arenas, el hombre fuerte del partido.
Todos se volcaron para reflotar el PP de Baleares. La tarea no es sencilla. Además de los casos de corrupción, que ya han llevado a tres ex dirigentes a la cárcel y tienen imputados a una veintena, entre ellos dos ex consejeros, hay una importante división en el partido, que tiene un notable sector crítico dirigido por Carlos Delgado, alcalde del principal municipio de Mallorca tras la capital, Calviá. De hecho, en el último congreso él obtuvo el 30% de los votos frente a Rosa Estarás, y el nuevo líder no se ha sometido a otro congreso, y no es previsible que lo haga antes de las elecciones, por el ruido y la división interna que podría generar. Con todos estos mimbres, la dirección nacional, especialmente su responsable de Organización, Ana Mato, ha decidido volcarse en esta comunidad porque están convencidos, gracias a la debilidad del rival, de que es posible recuperar una tierra que, pese a los constantes escándalos de corrupción, siempre ha sido un granero importante de votos, de poder e influencia en el mundo de los grandes empresarios turísticos para el PP.
www.elpais.es 16.01.10
35. ISLAS BALEARES. ABEL Y STELLA MATUTES NO RETIRAN SUS INSULTOS AL CANDIDATO DE EXC AL CONSELL, A QUIEN LLAMARON ´MICO Y ENERGÚMENO´
El ex ministro Abel Matutes evitó ayer retractarse de los insultos que en abril de 2007 profirió contra el entonces candidato de Eivissa pel Canvi (ExC) al Consell Albert Prats, cuando le llamó "mico", "energúmeno" y digno de "ser exhibido en un parque zoológico o por lo menos en un circo", además de sugerir que, en realidad, debería haberle llamado "orangután o incluso gorila".
Su hija, la ex consellera insular de Carreteras Stella Matutes, tampoco se retractó de las acusaciones de intento de agresión que lanzó contra Prats.
El denunciante aseguró tras declarar ante la juez del juzgado número 3 de Eivissa, Margarita Robayna, que se había ratificado en el contenido de su querella, puesto que se produjo "una campaña larga y reiterada durante meses" contra su persona. "Esto afecta a mi familia, a mis amigos, a mi entorno de trabajo y a mi imagen pública", señaló.
Albert Prats recordó que estas descalificaciones las recibió antes de ser cargo público, "cuando era profesor de instituto". Aseguró que sus alumnos le preguntaban "si era cierto que había pegado a una mujer" y los propios funcionarios del Consell le reconocieron que "estaban preocupados y asustados por el hecho de que pasara a ser su conseller. Lo de menos es lo del mico y lo del energúmeno", afirmó.
Prats añadió que no reclama ninguna indemnización económica, sino simplemente que se "limpie" su nombre y que Stella y Abel Matutes rectifiquen sus palabras "con la misma insistencia y claridad" con que propagaron sus descalificaciones.
El empresario Abel Matutes, al salir del juzgado, declinó hablar sobre el tema y se limitó a expresar su preocupación por las crecientes cifras del paro en Eivissa. También alabó las bondades de sus frustrados proyectos de campo de golf en Plajta d´en Bossa y de puerto deportivo en es Viver, que "no se han podido hacer por los obstáculos que han puesto Albert Prats y sus colegas del Consell".
Asimismo, pidió al denunciante que "no se dedique a hacer perder el tiempo a los jueces con pequeñas disputas políticas".Más tarde, el abogado Andrés Tuells afirmó que Abel Matutes "no cree que tenga que rectificar nada" y explicó que "lo del mico viene de unos artículos que publicó supuestamente Albert Prats en el que afirmaba que se encaramaba a los árboles y se hizo una comparación con un mico, que no es igual que llamarle mico". Y en cuanto al epíteto de energúmento, Tuells dijo que "viene del latín y significa una persona exaltada". Stella Matutes afirmó que no se había retractado de sus acusaciones de agresión física. "Nunca en mi vida he mentido a la prensa y por ello me mantengo en todo lo que he dicho", declaró.
(www.diariodemallorca.es, 20/01/10)
36. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PIDE A LAS PARTES SU OPINIÓN SOBRE LAS PESQUISAS DEL ´PALACETE´
El juez José Castro, que instruye el sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre, ha solicitado a las partes personadas que expresen su opinión sobre si es competente para investigar los sospechosos incrementos patrimoniales del ex president del Govern Jaume Matas, entre ellos la compra de su "palacete" de la calle San Felio.
Gregorio San José, abogado de una industrial de Inca imputada en el sumario por su relación con la compra de televisores de lujo para la casa de Matas, ha cuestionado la relación entre el patrimonio de Jaume Matas y la construcción del velódromo Palma Arena.
Según este abogado, no existe vínculo entre ambos asuntos, por lo que el juez Castro debería desprenderse de la investigación sobre los bienes del ex president en favor de otro magistrado.
Sin embargo, fuentes próximas a la Audiencia de Palma han señalado que las pesquisas sobre los bienes inmuebles de Matas tienen un buen acomodo en el caso Palma Arena, porque hay sospechas de que Matas recibiera sobornos y es preciso averiguar el destino de ese dinero de origen ilícito.(www.diariodemallorca.es, 20/01/10)
37. ISLAS BALEARES. MATAS SE GASTÓ DIEZ MIL EUROS EN LOS TELÉFONOS Y EL CONTROL DE LUCES DEL ´PALACETE´
Jaume Matas, el ex president del anterior Govern del PP investigado en el sumario del Palma Arena, se gastó más de diez mil euros en dotar a su vivienda de la calle San Felio 8, bautizada coloquialmente como el "palacete", de teléfonos y de un sofisticado sistema de control de la iluminación. Matas usó como tapadera para adquirir estos bienes la misma empresa de Inca a través de la cual consiguió una "flota" de televisores de lujo para su casa.
La dueña de ese negocio, Josefa Lorca, esposa de un antiguo gerente del PP balear, se halla imputada en el sumario por las contradicciones y debilidad de las versiones que ha ofrecido para justificar su mediación en la compra de esta parte del equipamiento de la vivienda de Matas.
Lorca, dueña y administradora de Diel Electrodomésticos S.L., usó esa sociedad para comprar varios televisores de gama alta de la marca Bang & Olufsen. La encausada ha reconocido que compró en un establecimiento madrileño un lote de televisores y otros artículos electrónicos, por 41.700 euros, y que abonó una segunda factura de 4.061 euros para dotar de teléfonos a la antigua planta noble de la calle San Felio, comprada por Matas y su esposa Maite Areal en abril de 2004.
Dentro de la primera factura se incluyó el sistema de control de las luces de la casa de Matas. Este mecanismo dio muchos problemas cuando se produjo en el primer registro judicial de la casa de San Felio el pasado 6 de noviembre, puesto que se apagaban solas las lámparas y el único capaz de volverlas a encender era Rafael Perera, el abogado de Matas.
El artilugio comprado por el también ex ministro de Medio Ambiente se llama "sistema Lutrón para control de iluminación" y costó 7.151 euros.
La familia Matas-Areal también se inclinó por instalar en su vivienda de más de 600 metros cuadrados de San Felio un sistema de telefonía de la marca Bang & Olufsen. Matas dotó a su vivienda, que está dividida en dos alturas, de siete teléfonos Beocom, uno de ellos analógico. Los otros aparatos eran inalámbricos y fueron distribuidos por las diferentes estancias de la casa, aunque su característica principal es la libertad de movimientos a la hora de emplearlos. Por la telefonía, Matas pagó los 4.061 euros antes citados, pero esa factura incluía un aparato móvil de la gama Serene, con todos sus accesorios al completo, entre ellos una funda de diseño. El teléfono móvil costaba casi 1.500 euros y fue entregado al entonces president del Govern, pero éste lo devolvió.
Estos aparatos inalámbricos permiten a los usuarios, según la publicidad de la compañía fabricante, una calidad excepcional de sonido; dan pie a configurar versátiles redes de telefonía, muy fáciles de manejar; y permiten otras interesantes prestaciones, como agendas compartidas, conexiones, etc.
Una de las causas que forzaron el encausamiento de la industrial de Inca fue el hecho de que los televisores, teléfonos, control de luces y otros elementos electrónicos comprados para la casa valían unos 40.000 euros, pero ella únicamente le cobró al dirigente del PP poco más de 6.000 euros.
Lorca sostiene que el resto se lo adeudaba ella, desde hacía años, a Margarita Palou, la madre de Matas.La empresaria afirma que se quedó con los restos de Eléctrica Matas, la tienda del padre del político, y fue vendiendo este género a lo largo de los años. En 2006 decidió saldar cuentas con Jaume Matas y le descontó de la factura 32.969 euros por el "cierre de Eléctrica Matas".
(www.diariodemallorca.es, 22/01/10)
38. ISLAS BALEARES. LA CRISIS DEL PP BALEAR LLEVA A UN NUEVO CONGRESO
El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, anunció ayer la convocatoria para el próximo 6 de marzo de un congreso extraordinario regional del partido con un objetivo: "para la regeneración de la vida política". Bauzá aseguró que el cónclave se convoca para que se realice "desde la unidad", aunque es evidente que con él se tratará de sellar la crisis interna entre los diferentes sectores del PP de las islas, que protagonizan una disputa casi diaria con declaraciones cruzadas. Bauzá intentará proyectar así su liderazgo hacia las elecciones autonómicas de 2011.
La organización del PP de Baleares, con 18.000 militantes y en la oposición en casi todas las instituciones insulares desde 2007, arrastra además la polémica provocada por los escándalos de supuesta corrupción del anterior Gobierno balear de Jaume Matas. Dos decenas de ex altos cargos de la época Matas están imputados en diferentes casos judiciales y tres ex dirigentes del PP están encarcelados tras ser juzgados.
El alcalde de Calvià (Mallorca) Carlos Delgado, que lanza un discurso duro contra la corrupción y la falta de renovación entre las figuras del PP balear, intentará disputar el liderazgo a Bauzá. En el verano de 2008, Delgado logró el 33% de los votos en su pugna con la anterior presidenta, Rosa Estarás. El cónclave se produjo tras la marcha a Estados Unidos de Matas, que no quiso liderar la oposición al nuevo Ejecutivo de centro izquierda del socialista Francesc Antich.
Estarás se marchó después a Bruselas como eurodiputada y en septiembre de 2009 Bauzá, alcalde de Marratxí y uno de los pocos dirigentes que no estuvo en el Gobierno de Matas, fue elegido por la Junta Directiva, sin congreso.
El ex consejero de Interior con Matas y ex secretario del PP de Baleares, José María Rodríguez, es otro contrapeso interno a Bauzá. Controla la presidencia del PP de Palma, núcleo decisivo de la organización, evita apoyar a Bauzá y ha reivindicado la convocatoria del congreso y del voto de "todos los militantes". La dirección nacional, que acudió en pleno a Mallorca el pasado fin de semana, intentó evitar el congreso extraordinario, pero finalmente ha cedido a la presión.
(www.elpais.com, 22/01/10)
39. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DEL ‘CASO FUNERARIA’ ELEVA A 325.000 EUROS LA FIANZA A OSCAR COLLADO Y SU MUJER
El juez del ‘caso Funeraria’ ha dictado un auto por el cual amplía a 325.000 euros la fianza de responsabilidad civil decretada el pasado mes de diciembre contra el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Óscar Collado y su mujer, Francisca Moll, principales imputados en la supuesta trama de corrupción en esa entidad municipal.
El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Vicente Penalva, había fijado una caución de 250.000 euros a Collado y a su esposa, defendidos por el abogado José Ignacio Herrero, «al aparecer indicios suficientes de responsabilidad criminal».
Ayer, amplió esa fianza tras un informe pericial elaborado por un arquitecto que confirma las cantidades dejadas de ingresar por la EFM en concepto de diversas unidades de enterramiento.
Según ese informe, la EFM no percibió 196.000 por la venta de nichos, cantidad a las que hay que añadir 130.000 euros más empleados por Collado para pagar una hipoteca y dos vehículos de alta gama.
El matrimonio ya tiene embargado un inmueble en la zona de Son Xigala, y el juez también ha decretado la ampliación de ese embargo preventivo. Collado permaneció dos semanas en la cárcel de Palma y quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
(www.elpais.com, 22/01/10)
40. ISLAS BALEARES. EL SUPREMO CONDENA A MASSOT POR UN LOCAL CONSTRUIDO EN ANEI EN ANDRATX
La segunda sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso Andratx, en relación a un local en un área natural de especial interés (ANEI), la presunta trama de corrupción urbanística en ese municipio mallorquín antes de 2006, ha ratificado las condenas de cinco años de cárcel para Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en el Govern de Jaume Matas, y de 1,5 años de prisión para el hostelero Carlos Hidalgo, hermano del entonces alcalde de localidad, Eugenio Hidalgo, que ha sido absuelto.
El fallo del Alto Tribunal es de capital importancia para el resto de las piezas separadas del sumario porque desmonta la tesis exculpatoria de los «falsos urbanos», solares que, según las defensas, pese a estar protegidos por su valor medioambiental, habían adquirido la condición de urbanizables debido a que habían sido dotados de servicios, como aceras, alcantarillado, etc. El hermano del alcalde levantó en 2001 un local en una parcela del Port d´Andratx, que había comprado en 1999 a bajo precio debido a que era zona ANEI.(www.diariodeibiza.es, 16/01/10)
41. EXTREMADURA. EL PP DE BADAJOZ SE BURLA DEL DISCURSO DE LA AUSTERIDAD Y GASTA 10.000 EUROS DE DINERO PÚBLICO EN DARSE UNA CENA CON PERIODISTAS
El discurso de la austeridad del Partido Popular ha conllevado algunos gestos propagandísticos polémicos, como cuando María Dolores de Cospedal anunció a bombo y platillo que su partido no haría cenas de Navidad en solidaridad con los parados o cuando un grupo municipal popular se negó a aceptar un regalo que un Ayuntamiento había comprado a un centro de artesanía que emplea a disminuidos psíquicos. Sin embargo, en Badajoz no han tenido inconveniente en gastarse 10.000 euros en una cena navideña del grupo municipal del PP con periodistas de la ciudad, así como en regalos para éstos, según ha denunciado el PSOE. El alcalde, Miguel Celdrán, asegura que no supuso "un coste excesivo" y que se trata de un acto institucional, aunque reconoce que no invitó a la oposición.
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz Miguel Ángel Segovia Romero ha denunciado cómo el gobierno popular en la ciudad no realiza inversiones pero tampoco demuestra austeridad en las cuentas públicas.
Entre los ejemplos de dispendio apuntó a una cena con la prensa y regalos en las Navidades pasadas en las que se habían gastado hasta 9.926 euros, un 30% más que el año anterior. "Este es un gasto inoportuno y nada beneficioso para la ciudad", denunció Segovia. Advierte de que sólo en esa cena el gobierno municipal se gastó más de la mitad de lo que en todo un año dedica a la cooperación al desarrollo.
El alcalde, Miguel Celdrán, defiende el gasto: "Es una fiesta tradicional, de convivencia con la prensa que se hace necesaria y que no supone un coste excesivo para lo que los medios de comunicación se merecen". Así, en declaraciones recogidas por Hoy, el popular justifica que se trata de "un desembolso que el Ayuntamiento puede soportar" y que "no lo paga el partido porque es un acto institucional". Sin embargo, reconoció que no había invitado a la oposición: "Tengo una carta diciendo que ellos también quieren asistir. No les preocupa el importe, sino que no hemos contado con ellos".El discurso de la austeridad del Partido Popular ha conllevado algunos gestos propagandísticos polémicos, como cuando María Dolores de Cospedal anunció a bombo y platillo que su partido no haría comidas ni cenas de Navidad en solidaridad con los parados, como recogió El Plural. El gesto no gustó a los hosteleros castellano-manchegos y los socialistas apuntaron que se creerían el gesto cuando donaran el equivalente a esas cenas a quienes lo necesitaran.
También dolió en L´Hospitalet de Llobregat que el PP devolviera un regalo de Navidad del Ayuntamiento apelando a la austeridad. Como contó La Vanguardia, el regalo era una bandeja de cerámica para dejar las llaves hecha en un centro de disminuidos psíquicos. Las bandejas, de las que se encargaron 300, costaron 22,02 euros cada una, caja incluida, y en la felicitación la alcaldesa expresaba la necesidad de apoyar ese tipo de iniciativas de quienes tienen menos oportunidades.
(www.elplural.com, 16/01/10)
42. LA RIOJA. ESCÁNDALOS SOBRE RUEDAS
"Yo para ser feliz quiero un camión", cantaba Loquillo. La frase, sin embargo, bien podría firmarla ahora José Luis Royo, conductor "de confianza" del Gobierno riojano y ex alcalde del PP de Alcanadre. Y es que Royo, a la felicidad que le debe suponer su salario estratosférico, puede ya sumar el hecho de ser el funcionario que conducirá el camión del banco de sangre del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). Y todo a pesar de las oscuras circunstancias en las que ha ganado dicha plaza pública.
José Luis Royo ha olvidado ya la época en que guió los destinos del municipio riojano de Alcanadre y ahora se dedica a conducir sólo coches. Concretamente los de la Consejería de Sanidad del Gobierno riojano que dirige el popular Pedro Sanz, alias Pedrone.
En esa Consejería, Royo trabaja como conductor "de confianza", que en política significa nombrado a dedo, desde 2004. Se trata de un rango que muestra el compromiso de quien te lo otorga, pero que puede poner en peligro tu puesto ante un eventual cambio de color en el Gobierno. Así las cosas, es lógico que Royo quisiera entrar en el grupo de conductores fijos. Lo consiguió en 2006, hasta que sus propios compañeros denunciaron que había conseguido la plaza sin tener los carnets necesarios.
Ahora, el destino parece haber sonreído a Royo y ya tiene la plaza de funcionario que le fue arrebatada en 2006: será conductor del camión del banco de sangre del CIBIR. Quizás, con su camión, él sea feliz, pero no lo son los otros candidatos a los que ha pasado por encima, sobre todo aquellos que tenían más puntos para el puesto y que han interpuesto quejas ante la Fiscalía y la Defensora del Pueblo.
Y es que no son pocos los que tienen "la mosca detrás de la oreja". De hecho, Royo ya había protagonizado otras polémicas por el misterio que rodea su alto salario. Entre el 2005 y 2008, Royo ha cobrado, sólo en horas extras, 52.004 euros. Una cantidad que dobla la media del resto de sus compañeros. Además, en 2008 superó de largo (con 5.184 euros) la cifra media cobrada por dietas, lo que le convirtió en el conductor mejor pagado de todo el parqué automovilístico riojano.
No es la primera vez que el Ejecutivo riojano es señalado por asuntos de ruedas. En marzo se informó de que el Gobierno de Pedrone cuenta en su haber con 25 Audi, lo que le valió las críticas del Partido Riojano (PR). Esta formación también desveló que los coches oficiales habían rodado 870.182 kilómetros en 2008. 2.384 kilómetros al día, contando los festivos. Y eso que La Rioja es la segunda Comunidad Autónoma más pequeña después de Baleares.
Pero lo más significativo de todos estos movimientos automovilísticos son las horas extras realizadas por los conductores, un tema del que José Luis Royo es todo un entendido. El PR defiende que los chóferes las cobren, "porque las han realizado", aunque critican que "hay consejeros que llevan en el coche oficial a sus niñas al colegio" o que "haya un conductor esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus".
(www.elplural.com, 16/01/10)
