Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
Del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre 2009
| Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. RAJOY DESCARTA RENOVAR AHORA EL TC PERO LE APREMIA A DICTAR EL FALLO2 RAJOY DIXIT: "VOY A COLGAR MI RUEDA DE PRENSA NO SEA QUE ZAPATERO CIERRE MI PÁGINA"
3. RAJOY LE RECUERDA A LOS NIÑOS QUE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN
4. EL PP IMPUGNÓ ARTÍCULOS DEL ESTATUTO CATALÁN QUE APROBÓ EN EL DE ANDALUCÍA O CANARIAS
5. LOS DÍSCOLOS DEL MARIANISMO VUELVEN A SACAR LA CABEZA E IRRITAN A GÉNOVA
6. EL PP MANTIENE EL RECURSO Y EXIGE LA SENTENCIA SIN RENOVAR EL TRIBUNAL
7. EL PP VUELVE A CUESTIONAR SIN PRUEBAS EL FALLO DEL 11-M
8. AZNAR, AZUZADO POR BOTELLA QUE ESTÁ "COMO LOCA POR EL TÍTULO", PELOTEA AL REY PARA QUE LE HAGA NOBLE
9. BOLIVIA INVESTIGA UNA ONG DE UN EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR
10. EL PP TEME QUE TRAS LOS CRUCIFIJOS SE PROHÍBA "EL BELÉN O LOS REYES MAGOS"
11. PAÍS VASCO. BASAGOITI INTENTA SIN ÉXITO QUE RAJOY SE ABSTENGA EN EL BLINDAJE VASCO
12. CATALUÑA. SÁNCHEZ-CAMACHO PROCLAMA AL PPC COMO EL "ÚNICO DEFENSOR" DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUNYA
13. GALICIA. ABSUELTA LA MUJER ACUSADA DE INJURIAS POR LA DIRECTORA DE TRABALLO
14. GALICIA. UNA AGENCIA EUROPEA CRITICA A LA XUNTA POR IR CONTRA EL GALLEGO
15. ANDALUCÍA. DIMITE EL CONCEJAL DE MÁLAGA QUE DIO CONTRATOS A UNA EMPRESA DE SU CUÑADO
16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESPLAZA UNAS HORAS A RAJOY COMO JEFA DE LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO Y ACAPARA LOS ATAQUES DE LA IZQUIERDA
17. COMUNIDAD DE MADRID. UN CONCEJAL DEL PP DE MADRID, IMPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
18. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN NO DESTITUIRÁ AL EDIL DEL PP IMPUTADO POR EL 'CASO BECARA'
19. COMUNIDAD DE MADRID. CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR DISCRIMINAR A UNA EMPLEADA
20. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL GÜRTEL ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DE PANERO
21. COMUNIDAD VALENCIANA. ¿Y SI ZAPATERO NO TUVIESE LA CULPA?
22. COMUNIDAD VALENCIANA. DIEZ DÍAS DE TROPIEZOS DEL GOBIERNO VALENCIANO
23. COMUNIDAD VALENCIANA. JUAN COSTA: "CAMPS TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES POR EL CASO GÜRTEL"
24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CONFÍA EN QUE SE RECHACE LA QUERELLA DEL 'CASO GÜRTEL'
25. COMUNIDAD VALENCIANA. DEJA SU PUESTO EL SEGUNDO ALTO CARGO RELACIONADO CON LA VISITA DEL PAPA
26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VALENCIA COBRA MÁS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CITA AL CHÓFER DE FABRA PARA QUE ACLARE LOS INGRESOS BANCARIOS
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CLEMENTE DESCARTA APLICAR A FABRA EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY
29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FIN A DOS AÑOS DE LARGO SILENCIO
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE LA NUCIA COMPARTE UN BLOQUE CON VARIOS PROMOTORES
31. COMUNIDAD VALENCIANA. UN DIRIGENTE DEL PP DE ELCHE ASEGURA QUE RECIBIÓ UN PISO POR MANIOBRAR CONTRA LA LISTA DEL ZAPLANISTA RIPOLL
32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MITAD DE EDILES DEL PP DE ALBERIC TIENE FAMILIARES CONTRATADOS EN EL CONSISTORIO
33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA DECENA DE JÓVENES INCREPA A CAMPS EN SU VISITA A PETRER
34. COMUNIDAD VALENCIANA. SANIDAD SUBVENCIONA CON 10.500 EUROS DOS INVESTIGACIONES DE UNA DIPUTADA DEL PP
35. CASTILLA Y LEÓN. LAS ALTAS ESFERAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL PRESIDENTE HERRERA A LA CABEZA, ARROPARON AL IMPUTADO ULIBARRI EN UNA ENTREGA DE PREMIOS
36. CASTILLA Y LEÓN. UN AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RESTAURA UN MONOLITO EN MEMORIA DE PRIMO DE RIVERA
37. CASTILLA-LA MANCHA. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA LLAMA MENTIROSA A COSPEDAL
38. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: PRÓXIMAS ENTREGAS
39. ARAGÓN. EL PP USA EL CATALÁN PARA AVIVAR LA TENSIÓN EN EL GOBIERNO ARAGONÉS
40. MELILLA. UNA DIPUTADA LLAMA MACHISTA AL PRESIDENTE DE MELILLA POR UNA ALUSIÓN A SU ROPA
1. RAJOY DESCARTA RENOVAR AHORA EL TC PERO LE APREMIA A DICTAR EL FALLO
Cuanto antes decida el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, antes se habrán calmado las aguas políticas y sociales que, a buen seguro, se removerán en Catalunya si hay una sentencia que conlleve recortes. Por lo tanto, más tiempo habrá para intentar reconducir la situación y apaciguar ánimos en busca de alianzas poselectorales.
Esa es la conclusión a la que llegó el comité de dirección del PP y la razón por la que, en rueda de prensa, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, enfatizó que ahora no toca renovar el alto tribunal, sino exigir una pronta respuesta a los que recurrieron el Estatut.
"No hay que alargar más el proceso. El PP entiende que no es momento para quitar legitimidad ni para desacreditar lo que lleva haciendo el tribunal tres años y medio. Es momento de que emita una sentencia y actúe como tenga que actuar", subrayó Cospedal.
Así, los conservadores quisieron lanzar un nuevo aviso al Gobierno, por si tuviera la tentación de utilizar la próxima reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (en diciembre) para agitar el fantasma de la renovación del TC. En este contexto, el PP insiste en que Zapatero y Rajoy acordaron al comienzo de la legislatura impulsar cambios en el Constitucional, esto es, sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato estaba a punto de expirar. Pero el PP aprovechó entonces la ocasión para tender una trampa que los socialistas no supieron esquivar: logró que sus comunidades propusieran, de forma unánime, a Francisco José Hernando y a Enrique López como candidatos.
El PSOE se negó a avalarlos, dado el perfil extremadamente conservador de ambos juristas. El PP, por su parte, se cerró en banda y no ofreció otra alternativa. La renovación, pues, quedó bloqueada, hasta el punto de que tampoco hubo acuerdo para buscar sustituto al magistrado fallecido, el conservador Roberto García-Calvo.
Con ese caldo de cultivo y otro magistrado recusado por el PP, el progresista Pablo Pérez Tremps, ha venido trabajando el Constitucional sobre el Estatut. Y los populares creen que en ese mismo caldo ha de cocerse la esperada sentencia, pese a que piden que no se haga a fuego lento. "Si la presidenta del tribunal se tiene que mojar, que se moje", añadió un alto dirigente del partido.
Poco más dijeron los populares sobre el Estatut, salvo que no se arrepienten de haberlo recurrido "por coherencia", o que merece ser estudiado "sin presiones", ni del Gobierno de Zapatero ni del de José Montilla. De hecho, Cospedal instó al presidente catalán a dejar de lanzar mensajes "contrarios a la ley" y a reflexionar sobre su propia responsabilidad en la crisis estatutaria.
(www.elperiodico.com, 01/12/09)
2. RAJOY DIXIT: "VOY A COLGAR MI RUEDA DE PRENSA NO SEA QUE ZAPATERO CIERRE MI PÁGINA"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, rechazó los proyectos para regular Internet por parte del Gobierno y durante una rueda de prensa dijo que la iba a "colgar" rápido en la red. "No vaya a ser que el señor Rodríguez Zapatero, antes me cierre mi página".
"Estoy total y absolutamente en contra de que se cierre (un sitio de web) por decisión gubernamental y se liquide, por tanto, un derecho fundamental para la gente como el de recibir información", declaró Rajoy, al ser preguntado por la polémica creada ante el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible
Rajoy, que se entrevistó con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, dijo ante la prensa: "yo voy a colgar, con el permiso del presidente del Gobierno de Canarias, esta rueda de prensa en mi 'blog', a ver si me da tiempo, no vaya a ser que el señor Rodríguez Zapatero, antes, me cierre mi página y me genere un problema".
Se refirió, igualmente con tono irónico, al hecho de que todo este debate surja en torno a un anteproyecto que el Gobierno ni siquiera ha presentado aún de manera formal. Es "una ley que ya se nos anunció en mayo y luego se nos anunció en septiembre y que el otro día volvió a anunciarse, porque todavía la Ley de Economía Sostenible no ha llegado a las Cortes".
(www.publico.es, 04/12/09)
3. RAJOY LE RECUERDA A LOS NIÑOS QUE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que "lo más importante de la Constitución es respetarla" porque es una norma que han aprobado todos los españoles y añadió que "una sociedad sin leyes y sin reglas de juego no podría funcionar". "Lo que une a todos los partidos son estas normas, que nos hemos dado todos y son las que nos unen a todos como españoles", declaró Rajoy, en referencia clara al debate abierto en torno a la sentencia del Estatuto catalán.
Rajoy hizo estas declaraciones ante una treintena de niños del colegio Nova Hispalis de Sevilla la Nueva (Madrid), en un acto en la sede central del PP en Madrid en el que el líder de la oposición les explicó qué es la Carta Magna y para qué sirve. Además, les entregó un ejemplar de la norma fundamental, ilustrada con dibujos, bajo el título ''La Constitución de todos''.
En su intervención, el presidente de los ''populares'' insistió en que, aunque las personas y los partidos puedan "tener opiniones diferentes" y "distintas formas de ver la vida", las reglas del juego y las leyes hay que "respetarlas". "Lo más importante de la Constitución es respetarla, porque nos la hemos dado todos y desde muy pequeños tenéis que saber que la Constitución es muy importante y que las sociedad sin leyes, sin normas, sin reglas, no podría funcionar", enfatizó.
(www.cadenaser.com, 30/11/09)
4. EL PP IMPUGNÓ ARTÍCULOS DEL ESTATUTO CATALÁN QUE APROBÓ EN EL DE ANDALUCÍA O CANARIAS
En 2006, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron, con mayoría absoluta, el Estatuto catalán. Pero el Grupo Popular interpuso, el 31 de julio de ese año, un recurso contra 114 de los 223 artículos que componen el texto, ante el Tribunal Constitucional, y aplicando una doble vara de medir, impugnó artículos que en otros casos, como el Estatuto andaluz o canario, avaló.
"Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte". EL PP impugnó el artículo 20 del Estatut por atentar contra el 15 de la Constitución, el que regula el "derecho a la vida". Sin embargo, aprobó el artículo 20 del Estatuto andaluz cuyo texto es exactamente el mismo.
El texto comprendido en los artículos del 95 al 107 del Estatut expresa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es "la última instancia jurisdiccional de todos los procesos", aunque "sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo" para unificar doctrina. Asimismo, que el presidente del Tribunal Superior se convierte en "el representante del poder judicial en Cataluña". Además, se refiere a la creación de un Consejo de Justicia, a semejanza del Consejo General del Poder Judicial; a la regulación de las oposiciones a jueces; las competencias sobre el personal no judicial o los procedimientos de mediación.
El texto calcado del Estatut aparece en los artículos del 140 al 151 de la normativa de Andalucía y fue votado por el PP. Sin embargo, en su impugnación del Estatut los populares alegaron que "todos y cada uno de ellos, aisladamente considerados y en su conjunto", constituían "un ataque frontal a la unidad del Poder Judicial", abriendo la puerta a su "fragmentación".
Se arroga la "competencia exclusiva sobre la regulación" de las cajas de ahorros, "respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 149.1.11 y 149.1.13 de la Constitución". El texto es el mismo en ambos Estatutos. El PP impugnó el catalán, y aprobó el andaluz.
Artículo 122 del Estatut. Da a Cataluña "la competencia exclusiva" para convocar "encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular" y añade "con excepción de lo previsto en el art. 149.1.32 de la Constitución", que regula la convocatoria de consultas "por vía de referéndum".
En el Estatuto de Andalucía este texto está comprendido en el artículo 78 y expresa que da "la competencia exclusiva" para convocar "encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular" y añade "con la excepción del referéndum". Nuevamente el PP dijo no al catalán y votó "sí" al andaluz.
Son "competencia exclusiva" de Cataluña la "regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil", así como los "servicios de protección civil, que incluyen prevención y extinción de incendios", pero, "respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad pública". El mismo texto, incluido en el Estatuto de Cataluña, en su artículo 132, y en el de Andalucía, en el número 66, pero, igualmente el PP impugnó y aceptó en cada caso.
Da poder al Gobierno catalán sobre todo lo referente a las universidades. Artículo 172 en el Estatut, que impugnó el PP, porque, según defendieron, "blindaba" las competencias autonómicas "a costa de suplantar al legislador estatal". Sin embargo, nada impidió que lo acataran en el andaluz, en su punto 53.
Designación miembros del Constitucional y del CGPJ
El documento catalán dice que la Generalitat "participa en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial". El PP impugnó este texto, artículo 180, y, sin embargo, votó el mismo contenido en el Estatuto de Andalucía, en su apartado 224, que dicta que la Junta de Andalucía "participa en los procesos de designación de los órganos constitucionales" (engloba claramente a esos dos órganos, aunque no los cite y podría ampliarse a otros, lo que rebasaría incluso el texto catalán).
Recogidas en el artículo 195 del Estatut dice que el Estado debe prestar "el apoyo necesario" para que las autonomías puedan "suscribir acuerdos [con la UE] en el ámbito de sus competencias" y en la "promoción de sus intereses". Es exacto al artículo 241 del Estatuto de Andalucía, pero el PP volvió a utilizar su doble vara de medir.
De igual modo, el PP recurre artículos en el texto catalán, que a pesar de ser calcados en la reforma del Estatuto de Canarias, aprobó.
El artículo 101 y 102 del Estatut referido a vacantes de Jueces y magistrados, que da al Consejo de Justicia de Cataluña poder para convocar los concursos para cubrir plazas vacantes, está recogido en el artículo 56 del Estatuto canario. Fue aprobado por el PP, aunque había sido impugnado el mismo texto en el catalán.
Lo mismo ocurre con los artículos referidos a temas judiciales (96,97 y 107 en el Estatut, y 50,61 y 111 en el canario). Los asuntos de inmigración y aeropuertos y puertos encontraron la oposición del PP en la ponencia en el Congreso, por lo que no pudieron seguir adelante. Los mismos temas fueron aceptados en el caso de Canarias y felizmente recogidos en sus artículos 111 y 86.
(www.elplural.com, 29/11/09)
5. LOS DÍSCOLOS DEL MARIANISMO VUELVEN A SACAR LA CABEZA E IRRITAN A GÉNOVA
Los críticos dentro del PP con el liderazgo de Mariano Rajoy han sufrido en las últimas semanas varias afrentas, desde la exclusión de Aznar del congreso de Barcelona –donde se escenificó un intentó de reconciliación con Cataluña, que se aproxima a las elecciones- hasta la salida de la Ejecutiva del partido en Álava del diputado Santiago Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) y próximo a María San Gil. Sin embargo, Aznar ha replicado desde la FAES, primero adviritendo sobre la importancia de las ideas en política y luego premiando al Rey en un acto que sirvió para reunir a la vieja guardia del partido. Por su parte, Abascal deslizó críticas a su partido en un acto que congregó este martes a varios de los populares que han dado portazo a Rajoy en los últimos meses, como Eduardo Zaplana, Antonio Ortega Lara o la propia San Gil, y este fin de semana compartirá focos con otra de las víctimas del marianismo, el ex presidente de la AVT Francisco José Alcaraz. Génova no puede ocultar su malestar ante esos desafíos.
Mientras Rajoy trataba de captar titulares en el Congreso con sus críticas a la Ley de Economía Sostenible del Gobierno, Aznar celebraba su fiesta particular en la fundación ideológica del PP y entregaba un premio al Rey. El acto sirvió para que el ex presidente se reuniera con pesos pesados del partido durante su mandato, como Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Eduardo Serra, Isabel Tocino, Ana Palacio, Federico Trillo o Juan José Lucas.
Después de su exclusión de Barcelona, Aznar ya advirtió a Rajoy de que estaba "fuera de la primera línea política" pero para dedicarse a "algo de la más alta importancia: las ideas". También mandó otro recado a su heredero al asegurar que "cualquier proyecto político, sin ideas, es una cáscara vacía que seguramente no tendrá nada que aportar". La coincidencia del premio de Aznar al Rey con la labor de Rajoy en el Congreso evitó el encuentro entre ambos, lo que según uno de los diputados asistentes al acto de FAES evitó un mal trago al actual líder del PP, consciente de que no sería bien recibido.
Otro acto que ha provocado malestar en Génova ha sido el que el presidente de DENAES, Santiago Abascal, celebró en Madrid arropado por varios de los populares que han dado portazo a Rajoy en los últimos meses, como Eduardo Zaplana, Antonio Ortega Lara o María San Gil. El evento no sólo fue un desfile de los dirigentes orillados por el marianismo, sino que también permitió a Abascal lanzar un torpedo en la línea estratégica del PP, la que escenificó Rajoy en el congreso de Barcelona con mensajes conciliadores hacia Cataluña.
Según el presidente de DENAES, "ningún gran partido nacional puede volver a ser tomado como rehén por los nacionalistas", y aseguró que ni el Estatuto, ni el 96 "con los acuerdos del PP" con CiU "han servido para moderar el secesionismo o integrarlo en la gobernabilidad de España y en un proyecto común". El diputado popular aseguró que "cabe una política nueva, no ensayada, de concordia, frente a la política vieja, torpe, fracasada y suicida de pactar con los nacionalistas".
Tanto el acto de FAES como el de DENAES han provocado la irritación de Génova, según cuenta Libertad Digital, un medio en la órbita de los críticos. La web de Losantos recoge el testimonio de indignación de un dirigente marianista: "Santi no es absolutamente nada, no entiendo por qué le habéis dado tanto bombo". También dan cuenta del último desafío de Abascal, quien este fin de semana compartirá junto al ex presidente de la AVT, José Alcaraz, un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Alcaraz fue uno de las primeras víctimas de la estrategia electoral del PP, ya que después de jalear sus manifestaciones contra Zapatero durante su primera legislatura Rajoy se negó a acudir a una de sus marchas convocada poco antes del 14-M. En el acto también participa el Círculo Balear, una plataforma contraria al catalán en las Islas.
(www.elplural.com, 03/12/09)
6. EL PP MANTIENE EL RECURSO Y EXIGE LA SENTENCIA SIN RENOVAR EL TRIBUNAL
Ni retirada del recurso, ni renovación del Tribunal Constitucional, ni gran pacto político. El PP no tiene intenciones de facilitar una salida alternativa a la situación de bloqueo que vive el Constitucional con el Estatuto catalán.
Tras tres años de deliberaciones, los magistrados -uno recusado, otro fallecido y cuatro con el mandato cumplido- no se ponen de acuerdo en una sentencia. Pero los populares creen que ellos, y sólo ellos, y en especial la presidenta, María Emilia Casas, tiene la responsabilidad de impulsar una decisión.
Por eso, Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, esquivó la propuesta lanzada el viernes por la vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, para buscar un pacto entre los dos grandes partidos y renovar inmediatamente los cuatro magistrados del Constitucional ya fuera de plazo. No es que el PP no quiera renovarlo, explicó -Rajoy ya le dijo al presidente Zapatero hace un año cuáles son sus candidatos, Francisco José Hernando y Enrique López-, es que piensa que éste no es el momento, que eso no resuelve el problema del Estatuto. "Es el momento de dictar sentencia, hay que dejar trabajar al alto tribunal y no dilatar más el proceso", sentenció la número dos del PP al ser preguntada por la renovación.
Cospedal tampoco se plantea la retirada del recurso: "Es muy cínico lo que piden tanto Montilla como Chacón. Porque también hay recursos de Aragón o Baleares, donde gobierna el PSOE, o el Defensor del Pueblo. Parece que hay dirigentes que prefieren que [el Estatuto] esté fuera de la ley y de la Constitución".
(www.elpais.com, 01/12/09)
7. EL PP VUELVE A CUESTIONAR SIN PRUEBAS EL FALLO DEL 11-M
Hace dos años, el Tribunal Supremo zanjó la investigación judicial de los atentados del 11 de marzo de 2004. Y lo hizo en la línea de la Audiencia Nacional, atribuyendo la autoría de la masacre exclusivamente a terroristas islamistas. Para el PP, todavía en 2009, el caso no está resuelto. , un senador conservador, Luis Peral, insistió en la "necesidad" de seguir indagando los hechos. Se lo dijo en su cara al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que, perplejo, contestó que sólo el PP y "un partido excluido de las instituciones", en referencia a Batasuna, cuestionan las sentencias firmes. Después de un forcejeo verbal, Peral y sus otros tres compañeros de partido se marcharon y dejaron plantado a Camacho.
Fue el desenlace tenso de una comparecencia del número dos del Ministerio del Interior que había comenzado a las 16 horas. Camacho primero tenía que explicar las actuaciones de su área en materia de violencia de género. Luego debía dar cuenta de la evolución de la criminalidad en España. Cuando llegó a ese punto, Peral embistió. Volvió al 11-M, un asunto que ya ha esgrimido más veces en esta legislatura. El senador sostuvo que había que investigar de nuevo el atentado, pues "los casos juzgados se pueden reabrir cuando se conocen nuevos hechos relevantes y se prueban", adujo en una nota el Grupo Popular.
Los senadores de los otros dos grupos presentes en la sala, PSOE y Entesa, se mostraron turbados. "El socialista Francisco Jiménez y yo mismo -relató a Público Joan Sabaté, del PSC- dijimos a Peral que aquello no era un comportamiento respetuoso. Cuestionaba sentencias firmes, y eso crea en la ciudadanía desconfianza e inquietud en las instituciones".
Camacho abundó en el reproche. Señaló que hay que acatar el Estado de derecho y deslizó que "sólo el PP y otro partido excluido" del Parlamento se atreven a dudar de fallos firmes de los tribunales. Peral entendió que comparaba al PP con Batasuna y le exigió una rectificación. Camacho se negó. No estaba equiparando a los conservadores con Batasuna -partido ilegal que ni mencionó-, dijo, sino evidenciando un "hecho objetivo", que el PP cuestiona sentencias firmes, como hacen formaciones ya extraparlamentarias.
Peral insistió en su demanda. Camacho no cedió, así que los cuatro senadores del PP respondieron abandonando la sala. María Escudero, la portavoz socialista en la Comisión de Interior, mostró su "hartazgo" por que se utilice "una vez más" el 11-M y censuró la "falta de respeto al juego democrático" del PP. Sabaté juzgó "inaceptable" la "salida de guión" de Peral.
8. AZNAR, AZUZADO POR BOTELLA QUE ESTÁ "COMO LOCA POR EL TÍTULO", PELOTEA AL REY PARA QUE LE HAGA NOBLE
José María Aznar puso en un compromiso político a Juan Carlos I al concederle el primer premio FAES de la Libertad , asociando así en cierta manera los mensajes de la fundación ideológica del PP a la imagen del Rey. Pero además puede existir otra motivación, la de pelotear al monarca para que le conceda el título nobiliario que sí ha otorgado u ofrecido al resto de ex presidentes pero parece no encontrar momento para hacer lo mismo con él. Aznar estaría siendo azuzado en este propósito por su esposa Ana Botella, quien "está como loca por el título". El reconocimiento también le puede ser útil en su trabajo como lobbysta en representación de diferentes intereses empresariales, ya que le puede facilitar contactos en lugares con fuerte peso de lo nobiliario, como EEUU o las monarquías árabes de los petrodólares.
Aunque durante sus mandatos mantuvo en un segundo plano al Rey, Aznar no tuvo inconveniente en preludiar el premio de FAES con una tercera escrita en el diario monárquico por excelencia, el ABC, con frases como las siguientes: "Chesterton escribió que la mediocridad probablemente consiste en hallarse delante de la grandeza y no darse cuenta de ello. Hay mucha grandeza en el pueblo español y la hay en su Rey. Necesitamos recordárnoslo porque en ocasiones padecemos la tiranía de quienes simplemente son incapaces de comprender la magnitud de la empresa histórica que es la democracia española".
Además de la carga ideológica del premio, Aznar también puede estar movido por la intención de agasajar al monarca para que le conceda el título nobiliario que sí ha concedido u ofrecido a sus predecesores en el cargo pero se resiste a hacer lo mismo con él. Así lo asegura El Confidencial, que cuenta que Aznar estaría siendo azuzado en este propósito por su esposa Ana Botella, quien "está como loca por el título".
Además, el reconocimiento también le puede ser útil en su trabajo como lobbysta en representación de diferentes intereses empresariales, ya que le puede facilitar contactos en lugares con fuerte peso de lo nobiliario, como EEUU, donde está asociado a los símbolos de distención de la vieja Europa, o las monarquías árabes de los petrodólares, donde los linajes controlan el poder y el dinero.
La Zarzuela ha negado hasta ahora a Aznar lo que sí ha hecho con el resto de ex presidentes. Así, Carlos Arias fue nombrado marqués de Arias Navarro en 1976, Adolfo Suárez recibió el ducado de Suárez en 1981 y Leopoldo Calvo Sotelo se convirtió en marqués de la Ría de Ribadeo en 2002, todos ellos con Grandeza de España. Felipe González también recibió el ofrecimiento de un marquesado, pero lo rechazó por considerarlo contrario a sus convicciones sociales. Zarzuela ha venido negando el título a Aznar porque todavía estaba vinculado a la vida pública. El digital de Cacho asegura que la Casa Real podría acceder a ennoblecer al esposo de Botella pero nunca con un título que le confiriera Grandeza de España.
(www.elplural.com, 03/12/09)
9. BOLIVIA INVESTIGA UNA ONG DE UN EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR
La Fiscalía boliviana investiga si existe relación entre la fundación española Iberoamérica-Europa Cipie (FIE-CIPIE) con la supuesta banda terrorista desarticulada en la región oriental de Santa Cruz en abril pasado. La fundación tiene como presidente a Pablo Izquierdo, ex diputado del PP y antiguo jefe de prensa de José María Aznar durante su etapa como presidente de Castilla y León.
, el fiscal del caso, Marcelo Soza, confirmó a la agencia Efe que ha ordenado esta investigación, aunque no quiso ofrecer más declaraciones hasta después de las elecciones generales en Bolivia, el próximo domingo.
Tras conocerse la noticia, los socialistas madrileños exigieron a la Comunidad de Madrid una investigación urgente sobre los fondos que desde 1999 ha otorgado a FIE. Según el PSM, las subvenciones en ese periodo ascienden a 4.370.477 euros. De ese montante, 990.000 euros iban destinados a proyectos de cooperación en Bolivia. La Consejería de Inmigración subrayó que las subvenciones se conceden previo concurso público pero no confirmó ni desmintió los datos ofrecidos por el PSOE. La FIE ya estaba siendo investigada desde 2007 por la Unión Europea por supuesto fraude.
En Bolivia, el diputado gubernamental César Navarro, que preside la comisión parlamentaria que investigó el caso, dijo a Efe que la Fundación Iberoamérica-Europa (FIE) hizo una transferencia de recursos económicos a la Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz (Cainco). Sin embargo, el diputado matizó que está pendiente una investigación para conocer "con mayor puntualidad el destino de esos recursos económicos de esa fundación a Cainco".
La Cámara cruceña, muy activa en su oposición a la política del presidente boliviano, Evo Morales, pertenece al patronato de la Fundación Iberoamérica-Europa, según consta en la página oficial de la fundación. También forman parte del patronato el ex diputado José Manuel Peña y el ex senador Joaquín Cotoner, ambos del PP.
Un portavoz de la institución empresarial cruceña confirmó a la agencia Efe que Cainco entregó a solicitud del fiscal Soza un informe con los programas que fueron financiados por FIE y que estaban dirigidos a la capacitación de pequeños empresarios en barrios desfavorecidos.
(www.publico.es, 02/12/09)
10. EL PP TEME QUE TRAS LOS CRUCIFIJOS SE PROHÍBA "EL BELÉN O LOS REYES MAGOS"
Al Partido Popular le asaltada un duda. "Tras la retirada de los crucifijos, "¿Qué será lo próximo? ¿Prohibir los reyes magos? ¿El belén?". Esto es lo que se pregunta la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal. Tras la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Gobierno a quitar los crucifijos de las aulas. La dirigente asegura que este tipo de decisiones "crea división en la sociedad española. No había ninguna demanda social, ni por parte de los anticatólicos. Esto está trascendiendo lo religioso", ha afirmado en La Mañana de la Cope. Para de Cospedal "es un disparate" dedicarse a estas cosas "con la que está cayendo". "Se distorsionada la realidad", sentencia.
Cospedal sostiene que la decisión de eliminar este tipo de símbolos de los colegios públicos -ERC ya ha avanzado la necesidad de incluir los concertados- se utiliza para dejar de hablar de lo "que está pasando de verdad". Para la conservadora, la petición "no obedece a ninguna demanda social, ni por parte de los anticatólicos", continúa.
(www.publico.es, 03/12/09)
11. PAÍS VASCO. BASAGOITI INTENTA SIN ÉXITO QUE RAJOY SE ABSTENGA EN EL BLINDAJE VASCO
El PP no logra resolver una importante discrepancia interna de fondo. Se trata del llamado blindaje del Concierto vasco, el texto que hará que las normas fiscales de las diputaciones vascas sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, como si fueran leyes autonómicas. El PP vasco, fiel a su posición tradicional, defiende el proyecto, como el PNV y el PSE. El PP nacional, presionado por Castilla y León y La Rioja, comunidades limítrofes opuestas radicalmente a la medida, ha votado en contra ya dos veces, de nuevo en la Comisión Constitucional.
Mariano Rajoy, líder del PP, y Antonio Basagoiti, su hombre en el País Vasco, se reunieron en Madrid de forma reservada para tratar de acercar posiciones, según fuentes del PP. Basagoiti es un hombre de absoluta confianza del líder, que siempre defiende el País Vasco como ejemplo de cómo el PP puede ayudar a gobernar una comunidad histórica sin que suceda nada grave.
Aún así, Basagoiti no logró convencer a Rajoy, según las mismas fuentes, para que el PP nacional decida abstenerse, en vez de votar en contra, cuando la iniciativa llegue al pleno del Congreso y después, cuando pase al Senado. Esta decisión firme de la dirección nacional de votar en contra -a pesar de que con ese voto no impedirán que salga adelante, ya que en principio cuenta con suficientes apoyos parlamentarios- puede forzar una escena delicada.
Ya sucedió cuando se votó por primera vez en el Congreso su admisión a trámite. Mientras un diputado autonómico del PP vasco la defendía en la tribuna, los diputados populares del Congreso votaban en contra. Tres de ellos, los vascos, y entre ellos Alfonso Alonso, muy cercano a Rajoy, se ausentaron de la votación para no tener que ir en contra de su discurso en el País Vasco. En ese momento, Basagoiti llegó a decir "que vengan ellos [los de la dirección nacional] a presentarse por el País Vasco".
Desde entonces, las posiciones siguen distantes pero, debido a la buena relación de Basagoiti y Rajoy, las fuentes consultadas confían en que el líder no será beligerante en este asunto y el PP decidirá no recurrir al Tribunal Constitucional esta norma, algo que sí podría suponer un enfrentamiento total.
(www.elpais.com, 04/12/09)
12. CATALUÑA. SÁNCHEZ-CAMACHO PROCLAMA AL PPC COMO EL "ÚNICO DEFENSOR" DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUNYA
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que su partido es el "único" que defiende el espíritu de la Constitución en Catalunya, así como un Estatut constitucional y una relación "serena de convivencia" con España. Para Sánchez-Camacho, la Constitución ha sido la "herramienta de convivencia" más importante y ha propiciado el máximo autogobierno de la historia de Catalunya.
La líder de los populares catalanes ha considerado que el PPC es el "único" partido catalán que dispone de una actitud "moderada y serena" frente al "radicalismo independentista" de CiU y la deriva del PSC "hacia el nacionalismo y por alejar Catalunya de España".
En este sentido, La presidenta del PPC ha asegurado que el tripartito catalán ofrece un discurso "alejado de la sociedad" sin ofrecer soluciones contra la crisis económica, que es la "prioridad" del PPC. Además, ha tildado de "inaceptable y inadecuada" la "apropiación" de Catalunya que hacen, a su juicio, algunas formaciones políticas.
Sobre el editorial conjunto que 12 diarios catalanes publicaron el día 26 en defensa del Estatut, Sánchez-Camacho ha reiterado su "respeto a la pluralidad", pero ha querido mostrar su oposición a cualquier "campaña de presión y deslegitimación" del Tribunal Constitucional.
La líder de los populares catalanes ha subrayado que su partido "acatará y respetará" la sentencia del TC sobre el Estatut, aunque suponga un recorte del texto autonómico, ya que es necesario "vivir con las reglas democráticas".
Sobre la cumbre de líderes que ha prometido convocar el president Montilla cuando se conozca la sentencia sobre el Estatut, Sánchez-Camacho ha asegurado que solo asistiría a una reunión en la que se acatase la sentencia del TC y no se cuestionase al Alto Tribunal.
(www.elperiodico.com, 28/11/09)
13. GALICIA. ABSUELTA LA MUJER ACUSADA DE INJURIAS POR LA DIRECTORA DE TRABALLO
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol absolvió del delito de injurias que imputaba la directora general de Formación e Colocación de la Consellería de Traballo, Ana María Díaz, a una antigua empleada de su familia. La alto cargo de la Xunta emprendió acciones legales contra la mujer, Dolores Seco, después de ser condenada por su despido improcedente, un fallo que Díaz nunca recurrió. Pero además de absolver a la trabajadora del delito de injurias que le imputaba la directora de Traballo, el juez Alejandro Morán Llordén contradice el contenido de la sentencia firme que dictó el pasado mayo el Juzgado de lo Social número 3 de Ferrol y niega que Díaz despidiese a la mujer o la tuviese trabajando para ella como empleada doméstica.
Díaz ni se presentó al juicio por la demanda que presentó contra ella y su familia Dolores Seco, empleada sin contrato en el restaurante de los padres de la directora general y en el domicilio de un hermano suyo. Tampoco recurrió el fallo del juzgado de lo social, que concluyó que fue ella misma quien echó a la trabajadora y la condenó por despido improcedente.
Sólo después de que CIG airease el caso y la oposición reclamara su cese, Díaz abrió una batalla legal denunciando por injurias a la trabajadora. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había exigido a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, que Díaz lograse otra resolución judicial para probar que ella no había despedido a una trabajadora sin contrato. La directora general presentó entonces una denuncia por injurias basándose en una declaración de la antigua empleada, recogida en este diario el 5 de septiembre, en la que Dolores Seco afirmaba que Díaz "no tiene vergüenza" por negarse a dimitir pese a la condena judicial.
El auto dictado por el juez Morán exculpa a Seco y establece que sus palabras no fueron "un insulto sino un juicio de valor". Pero la sentencia, que el magistrado firmó ya el mismo día de la vista, va más allá del objeto de la demanda, entra a valorar los hechos ya juzgados en la sala de lo social y contradice la sentencia firma promulgada en mayo por el juez de lo social Eloy Hernández al concluir que Seco "no fue despedida por Ana María Díaz López".
Aunque no era el objeto del juicio, el fallo añade que la trabajadora "no fue empleada doméstica" de la directora general ni tiene vinculación legal con la sociedad civil que dirigen su padre y su hermano Infante. "Dolores Seco no ha sido empleada doméstica de Ana María Díaz López" reza la sentencia. El juzgado de lo social basó su condena a Díaz en que fue ella precisamente quien "puso fin a la doble relación laboral" que empleaba a Seco sin contrato en el restaurante familiar y en el domicilio de su hermano.
En la vista celebrada el pasado martes, tanto la directora general como su madre negaron la relación de Dolores Seco y su hija, Yolanda Seijas, con el negocio familiar pese a que dos sentencias inapelables así lo establecen. Recientemente, el hermano de la directora de Traballo abonó 347.70 euros que adeudaba a Yolada Seijas por su trabajo como planchadora en el bar y empleada doméstica de Ana María Díaz en enero de 2009.
(www.elpais.com, 03/12/09)
14. GALICIA. UNA AGENCIA EUROPEA CRITICA A LA XUNTA POR IR CONTRA EL GALLEGO
Que la Xunta "ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses contra el gallego en diferentes ámbitos". Es la recomendación que la organización no gubernamental irlandesa European Bureau for Lesser Used Languages, entidad consultiva de la ONU y del Consejo de Europa, hizo al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. En una reunión celebrada en Barcelona, la organización de defensa de las lenguas minoritarias acordó dirigirse a la Xunta para solicitar un cambio en su política sobre el gallego puesta en marcha desde abril de la que, dice, "suponen una vulneración" de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos suscritos por España.
Desde la entrada del actual Gobierno "se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consejo de Europa", aseguran. Entre ellos destacan la supresión de las galescolas -ahora galiña azul-, la "única red de enseñanza infantil que contemplaba con normalidad el uso del gallego en canciones y juegos". La agencia europea estima que es de "especial gravedad" que la Xunta "no tuviese en cuenta" el último informe del Consejo de Europa sobrre la situación lingüística de Galicia y que no pusiera en marcha ninguna de las medidas recomendadas.
La Consellería de Educación, de la que depende la Secretaría Xeral de Política Lingüística, defendió que la Xunta no ha tomado en esta legislatura "ninguna medida que suponga la desprotección" del gallego o que "vulnere los tratados internacionales" ratificados por España. Educación criticó el "desconocimiento" del documento de la realidad lingüística de Galicia y recordó que a la agencia pertenece el presidente de la Mesa pola Normalización, Carlos Callón.
(www.elpais.com, 28/11/09)
15. ANDALUCÍA. DIMITE EL CONCEJAL DE MÁLAGA QUE DIO CONTRATOS A UNA EMPRESA DE SU CUÑADO
Desde que el pasado jueves reconoció públicamente en el pleno haber adjudicado contratos a dedo a una empresa propiedad de su cuñado, la continuidad del concejal Manuel Marmolejo en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga se antojaba inviable. Se ha prolongado cinco días, tiempo en el que tanto el alcalde como la dirección del PP han entendido que el error era imperdonable y requería la renuncia del edil, aunque al anunciarla Marmolejo aseguró que es una decisión "sólo" suya. "El acta de concejal es personal y mantenerla o dejarla no depende de nadie más, sólo de mi", afirmó.
En una comparecencia pública en la sede del PP junto al presidente provincial y también concejal en Málaga, Elías Bendodo, y la portavoz del grupo municipal y edil de Economía, Carolina España, Marmolejo anunció: "Tras reflexionar durante estos días he decidido presentar mi renuncia para asumir mi responsabilidad política y demostrar que en el PP sí tenemos un comportamiento ético".
Eso sí, quien hasta ha sido concejal de polígonos industriales y del distrito Bailén-Miraflores, insistió en que sus decisiones no han sido caprichosas ni arbitrarias, y que sus errores han sido en cuestiones de forma. "Aunque sólo se trata de un error de procedimiento administrativo, me he equivocado en un asunto de la gestión pública y por lo tanto asumo esa responsabilidad política, y sólo política, por coherencia", anunció.
Marmolejo explicó el jueves en el pleno que desconocía que la Ley de Procedimiento Administrativo establecía la incompatibilidad de participar en procedimientos de contratación en los que concurriera algún licitante con una relación de hasta cuarto grado de cosanguinidad. En principio se limitó a anunciar que a partir de ahora se abstendría en los procedimientos de contrataciones directas de sus áreas. El alcalde, Francisco De la Torre, ya avisó el lunes de que esto no bastaba, y, sin cuestionar la buena voluntad de Marmolejo consideró que se trata de un grave error. También el lunes Javier Arenas dijo que si se había incumplido la ley habría que tomar medidas.
En los últimos dos años, la empresa Greensur, dedicada al mantenimiento de obras y plantaciones, de la que es accionista el marido de una hermana del edil, ha obtenido contratos menores (sin concurso público) por un total de más de 280.000 euros.
El PSOE sostiene que esta firma ha obtenido muchos más contratos en el consistorio, por importe total de 1,9 millones de euros. , minutos antes de que Marmolejo anunciara su renuncia, los socialistas dieron a conocer que el consistorio también adjudicó el año pasado cuatro contratos a otra empresa del cuñado de Marmolejo, Procedimientos Constructivos por un total de 87.000 euros. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, aseguró que la situación es "insostenible" y pone en evidencia el "desgobierno y el agotamiento del alcalde". Advirtió además de que la exigencia de responsabilidades no puede pararse en la dimisión del concejal.
El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, insistió en exigir un reglamento de contratación "que objetive los mecanismos y ponga elementos de control" para evitar este tipo de situaciones, que se suman a las polémicas por los contratos en los distritos de Campanillas a un empresario vinculado al PP, o el pago de certificaciones infladas a Teconsa por el que un juzgado ha abierto diligencias.
Elías Bendodo escenificó el apoyo del partido a Marmolejo, que es secretario de política electoral, proclamando que será una de sus "manos derecha" para ganar las municipales de 2011.
(www.elpais.com, 02/12/09)
16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESPLAZA UNAS HORAS A RAJOY COMO JEFA DE LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO Y ACAPARA LOS ATAQUES DE LA IZQUIERDA
No cosechó ni un solo voto a favor de su propuesta de reformar la financiación autonómica para aplicar uniformemente las inversiones del Estado en todas las comunidades. La mayoría de los grupos le reprocharon las contradicciones entre su iniciativa y lo que ha apoyado el PP en determinados estatutos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consiguió acaparar todo el protagonismo mediático y político del pleno del Congreso, frente a la sonora ausencia del presidente del PP, Mariano Rajoy.
Aguirre llegó a la Cámara escoltada por varios consejeros de su Gobierno, una decena de diputados populares y la presidenta de la Asamblea madrileña, mostrándose muy contenta de volver a intervenir en el hemiciclo casi 11 años después de la última vez que lo hizo, cuando era ministra de Educación y Cultura.
Pese a que, de prosperar, su propuesta dinamitaría la disposición del Estatut para que el Estado invierta en Catalunya el equivalente del PIB catalán, la presidenta madrileña defendió su iniciativa en términos conciliadores: "No he venido a enfrentar a Madrid con Catalunya sino a defender la equidad, todo lo que conviene a Catalunya conviene a Madrid".
Sin embargo, el debate se calentó, y de qué manera, cuando Gaspar Llamazares (IU) y Delia Blanco (PSOE) describieron la presencia de Aguirre en el Congreso como un auténtico ejercicio de oposición interna a Rajoy. "Usted vigila a su propio partido", afirmó Llamazares. "Viene aquí a confrontar con el señor Rajoy modelos distintos en el PP", denunció Blanco. Durante la intervención de los grupos, la lideresa repartía su tiempo entre escuchar al orador y atender a las numerosas muestras de cariño de los integrantes del grupo popular.
Unos diputados que abroncaron a la parlamentaria socialista cuando esta transformó el debate en una censura a la gestión del Gobierno madrileño en asuntos como las privatizaciones de servicios públicos, el caso Gürtel o el escándalo del espionaje interno.
Ataques que situaron aún más a Aguirre en el foco principal y, tras lograr un inusual turno de réplica por alusiones, la presidenta acabó ejerciendo de facto como líder de la oposición, defendiendo sus principios liberales y acusando a los gobiernos socialistas de haber "destrozado la educación". Todo ello coronado con una sonora ovación de los diputados del PP tras la cual la presidenta se fue sonriente y rodeada de una nube de cámaras.
(www.elperiodico.com, 02/12/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. UN CONCEJAL DEL PP DE MADRID, IMPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó al concejal del distrito de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, del delito de tráfico de influencias del que se le acusa por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta afamada tienda ubicada en plena 'Milla de Oro' de la capital.
Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Oscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias correspondía al Area de Urbanismo del Ayuntamento de Madrid.
Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. Este procedimiento se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsbles de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.
La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.
Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamento que autorizó el Consistorio de Madrid.
En su primera comparecencia, el edil popular insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para la tienda Becara, puesto que la competencia le correspondía a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo.
Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía ninguna licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal.
(www.elpais.com, 30/11/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN NO DESTITUIRÁ AL EDIL DEL PP IMPUTADO POR EL 'CASO BECARA'
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henriquez de Luna, ha defendido su inocencia durante una rueda de prensa convocada para aclarar su situación judicial. El edil popular está imputado por un delito de tráfico de influencias por supuesta participación en el caso Becara de concesión irregular de licencia urbanística a este comercio situado en la milla de oro de la capital.
Durante su intervención Henríquez de Luna ha manifestado que ha recibido el apoyo del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Fuentes municipales confirman que el equipo de Gobierno rechaza tomar medidas contra este concejal. También ha recibido el apoyo del vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, pese a que hace unas semanas mantuvieron un enfrentamiento público tras unas duras declaraciones de Cobo contra la dirección regional del partido en Madrid.
Henríquez de Luna ha asegurado que su imputación se debe a la denuncia que presentó contra el una familia, vecinos de la calle de Juan Bravo donde está el establecimiento, que denunció supuestas irregularidades en la concesión de la licencia a la tienda de muebles. El edil popular ha añadido que durante el encuentro que mantuvo con el juez, Santiago Torres, sólo le informaron de los cargos que se le achacaban debido a la denuncia de la familia, María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche. Además, ha subrayado que su situación jurídica se debe a la venganza de estos vecinos. El concejal popular ha recordado que ha recibido amenazas por parte de esta familia.
Henríquez de Luna ha querido dejar claro que su caso no tiene nada que ver con el caso Guateque, la red de corrupción para conceder licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid. Según el edil, la Junta Municipal del Distrito de Salamanca no ha realizado ninguna licencia irregular a Becara. La licencia la concedió en una época anterior la Gerencia de Urbanismo, asegura.
(www.elpais.com, 01/12/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR DISCRIMINAR A UNA EMPLEADA
Ambos son técnicos del área de empleo y desarrollo de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Ambos realizan las mismas funciones y dependen del mismo jefe de área. Ambos tienen a su cargo los mismos empleados: directores de las categorías de técnico grupo 3, monitores y un peón alumno.
Pero a la hora de cobrar la mujer computaba hasta ahora como técnico de grupo 4, por el que percibió en 2007 un sueldo de 23.573 euros anuales, mientras que el hombre era un técnico de grupo 2, con 32.719 euros anuales. Es decir, que la empleada, A. I. E. L., por el hecho de ser mujer, cobró en 2007 8.504 euros menos que su colega varón.
Y ahora el Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia del pasado 30 de octubre adelantada por Efe, viene a darle la razón a la mujer, que denunció a la agencia municipal de empleo por discriminación de sexo, una situación que venía repitiéndose desde marzo de 2004. Y ello pese a que en dos ocasiones, en junio de 2005 y en junio de 2006, ella reclamó a la agencia municipal que le pagara el mismo sueldo que a su compañero.
"Condenamos a la empresa demandada a que cese en el trato discriminatorio del que es objeto la demandante y le abone la cantidad de 57.834 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios", falla el tribunal, que estima el recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 17, que en su día dio la razón a la Agencia de Empleo. Contra la decisión sólo cabe recurso de casación para unificar doctrina.
"Es la cantidad que habíamos pedido y que supone la diferencia de retribución entre ambos trabajadores durante cuatro años", explicó Fernando Luján, abogado de la empleada municipal a la que se le ha reconocido la discriminación. Él la considera una "mujer muy valiente", que no dudó en defender su derecho.
En el fallo, el Tribunal Superior afirma, basándose en la doctrina constitucional, que el hecho de que exista una categoría profesional diferente entre dos empleados no excluye "de manera automática" la discriminación, pese a lo que alega la empresa pública de empleo.
El Supremo considera que la empleada aportó "indicios sólidos" de que se realizaron las mismas funciones durante bastante tiempo, que los dos trabajadores tenían las mismas responsabilidades, pero que se les había asignado distinta categoría y, también, que tenían diferente retribución. Por ello, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a no ser discriminada en razón de sexo, que recogen los artículos 14 de la Constitución española y el 17 del Estatuto del Trabajador, y reconoce un deber de resarcimiento de los daños producidos, como señala el artículo 10 de la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Javier Serrano, gerente de la Agencia de Empleo, afirmó que acatará y cumplirá la sentencia. Según él, la agencia no tenía la pretensión de discriminar a ningún empleado y recalcó que ya desde el pasado abril la empresa pública ha realizado una reclasificación laboral para reconocer a esta trabajadora una categoría superior.
(www.elpais.com, 02/12/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL GÜRTEL ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DE PANERO
El juez que investiga el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, si no abona la fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La pasada semana, el juez ordenó comenzar el proceso de embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún no han abonado las fianzas. Se trata de los diputados Alberto López Viejo (con una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000 euros).
Asimismo, el magistrado ha dispuesto prorrogar un mes el secreto del sumario en los términos acordados en el auto del pasado 28 de septiembre, por el que levantó parcialmente el secreto en lo relativo a la investigación llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón.
El magistrado ha suspendido hasta nueva fecha las declaraciones previstas para mañana viernes del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y del ex viceconsejero Carlos Clemente Aguado por incompatibilidades de agenda.
(www.elpais.com, 04/12/09)
Por otro lado, el magistrado ha suspendido hasta nueva fecha las declaraciones previstas para mañana viernes del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y del ex viceconsejero Carlos Clemente Aguado por incompatiblidades de agenda. También ha citado a declarar el próximo jueves en calidad de imputados a César Tomás Martín Morales y a Francisco Leal Bravo por su presunta participación en la supuesta trama de corrupción encabezada por Francisco Correa.
(www.elpais.com, 03/12/09)
21. COMUNIDAD VALENCIANA. ¿Y SI ZAPATERO NO TUVIESE LA CULPA?
La dirección regional del PP, a instancias del presidente Francisco Camps, anunció la convocatoria para finales de enero o principios de febrero próximo de una convención para hablar de empleo. Un anuncio realizado tan sólo un día después de que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, explicase que los socialistas harán una gran reunión municipalista con alcaldes y portavoces en Elche.
La convocatoria del PP sobre empleo, como la del PSPV sobre municipalismo, tienen como objetivo tensionar las estructuras partidarias y empezar los entrenamientos libres de cara a las autonómicas de 2011. Sin embargo, la cita popular tiene aspectos que, a diferencia de anteriores convocatorias, la dotan de singularidad. Y ésta no estriba en el diagnóstico que el PP valenciano pueda hacer del empleo, que ya está hecho por la dirección regional y no admite matices -las propuestas socialistas son malas y las populares, buenas-, sino en que el protagonismo será para el Consell. Y, si la agenda lo permite, Mariano Rajoy realizará la clausura.
Es decir, por ahora no está previsto que el presidente nacional del PP visite Valencia. Al menos hasta que se aclaren las iniciativas judiciales relacionadas con el caso Gürtel y que competen al TSJ de la Comunidad Valenciana. Desde el pasado mes de septiembre, cuando Rajoy inauguró el curso político con Camps en la plaza de toros de Valencia, el líder del PP ha evitado pisar Valencia.
Pese a ello, la convención sobre empleo complementa la decisión del presidente de la Generalitat, puesta en marcha el pasado viernes con Agricultura, de reunirse con los responsables de cada consejería para animarles y pedirles que den un arreón en esta recta final de legislatura. Estos mecanismos destinados a intentar trasladar una imagen dinámica del presidente del Consell se han acompañado en los últimos días con un recrudecimiento de las críticas de trazo grueso hacia el Gobierno y los cargos socialistas. Pero lo cierto es que las dudas sobre el liderazgo de Camps han dinamitado hasta ahora sus esfuerzos por intentar recuperar la iniciativa tras meses de escándalos relacionados con el caso Gürtel. En los últimos diez días, Presidencia de la Generalitat ha estado pendiente de los sobresaltos un día sí y otro también.
Los contactos de los hermanos Juan y Ricardo Costa con el presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll -que insiste en que el caso Gürtel ha generado un problema político de primera magnitud-, hicieron temer a Camps que se pudiese producir un nuevo cortocircuito en el PP. Pero pese a sus temores, este cortocircuito llegó del área económica del Consell que, sobrepasado por los acontecimientos, ha improvisado su política de fusión de cajas de ahorro e intenta contener el malestar de algunas de las organizaciones patronales más importantes, que se declaran hastiadas de la falta de ideas y de la inacción del Ejecutivo que preside Francisco Camps.
La situación de debilidad del Consell también ha sido aprovechada por el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, del que Camps ironizó con los socialistas sobre su condición de barón provincial. Con una amenaza tabernaria al vicepresidente económico, Gerardo Camps, el presidente de la Diputación de Castellón logró modificar en menos de 24 horas el proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2010 para mantener viva la sociedad encargada de impulsar el parque Mundo Ilusión. O al menos, la continuidad del personal que se dedica formalmente a un proyecto con pocos visos de prosperar, enmarañado como está en cuestiones urbanísticas. La cuestión no tendría tanta importancia si, además, las arcas públicas de la Generalitat no estuviesen exhaustas, tras años de disparar con pólvora de rey.
Y por si todo ello no fuese suficiente, la dirección nacional del PP se ha encargado de subrayar que la complicidad que existía con Francisco Camps y su Gobierno ya no es la que era. Tanto la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, como el vicesecretario de Comunicación, Esteban González, aprovecharon la primera de cambio para darle un cachete a Camps en el pescuezo de la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, a cuenta de unas declaraciones en las que relacionó el caso Gürtel con la necesidad de regular el sistema de escuchas Sitel.
(www.elpais.com, 30/11/09)
22. COMUNIDAD VALENCIANA. DIEZ DÍAS DE TROPIEZOS DEL GOBIERNO VALENCIANO
- La rebelión de la CAM: Las presiones del vicepresidente económico, Gerardo Camps, para instar a una fusión CAM-Bancaja crean un enorme malestar en Alicante y cuestionan la labor del responsable económico del Consell.
- Génova enmienda la plana al Consell: La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, desautoriza a la portavoz del Consell por relacionar el caso Gürtel con el sistema de escuchas Sitel.
- Los Costa se reúnen con Ripoll: Ricardo Costa, el defenestrado secretario del PP, acude a Orihuela a un acto de su hermano Juan. Los Costa se fotografían con los adversarios de Camps.
- Carlos Fabra planta cara: El presidente de la Diputación de Castellón exige mediante amenazas que los presupuestos de la Generalitat de 2010 destinen dinero a Mundo Ilusión. Sus presiones dan resultado. El PP enmendará las cuentas para dotar de dinero al proyecto.
- Críticas empresariales: La poderosa Federación del Metal de Valencia y la patronal provincial CEV se descaran y expresan su enfado con las políticas del Gobierno, pero también del Consell.
(www.elpais.com, 30/11/09)
23. COMUNIDAD VALENCIANA. JUAN COSTA: "CAMPS TIENE QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES POR EL CASO GÜRTEL"
Juan Costa, diputado y ex ministro de José María Aznar, ha vuelto a criticar a Francisco Camps por su gestión en el caso Gürtel y por la purga de su hermano Ricardo Costa, cesado el mes pasado como secretario General del PP Valenciano. En su opinión, "la obligación del presidente del partido es asumir las responsabilidades por todos sus colaboradores. Y un presidente tiene que ser muy leal con los miembros de su equipo". Costa he defendido a capa y espado la "honradez" de su hermano, calificando de "injustificada" la decisión de suspenderle de militancia. Para el parlamentario, "el PP tiene que demostrar que no ha actuado de manera arbitraria" con él.
Costa ha concedido una entrevista al diario regional Levante y ha hablado sin pelos en la lengua. En su opinión, el PP debe "reconocer" que "ha tenido y tiene un problema muy grave" con Gürtel, un caso por el que fueron imputados el mismo Camps, Ricardo Costa, tres diputados madrileños y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
"Durante un periodo de tiempo el PP ha trabajado con un grupo de empresas que forman parte de una trama corrupta y, en mi opinión, tiene que dar una explicación. Algo se habrá hecho mal cuando durante seis años se ha trabajado con una trama de empresas que están vinculadas a un caso de corrupción. Hay que demostrar que se ha actuado correctamente en el ámbito de la Generalitat y garantizarle al conjunto de nuestros militantes, y sobre todo a los valencianos, que esto nunca más va a volver a producirse", ha sostenido.
El ex ministro, en cualquier caso, no tiene "ninguna duda de la honradez personal" de su hermano, suspendido cautelarmente de militancia el pasado 29 de octubre. Costa, además de referirse al cesado como si siguiese ocupando el cargo –"es mi hermano pero también el secretario General del PP en la Comunitat"-, asegura que aquel "ha demostrado" ser "una persona honrada". "Pienso que no existía ninguna razón para suspenderle de militancia. Fue una decisión injustificada y el PP tiene que demostrar que no ha actuado de manera arbitraria en el caso de Ricardo Costa", ha insistido.
Preguntado por si el PP aplica "una doble vara de medir" con el caso Gürtel, ha contestado de una forma ambigua. "Si lo que se le recrimina a Ricardo Costa es que se atribuyó funciones de secretario general cuando no lo era, eso es falso. Si alguien faltó al a verdad, alguien mintió o se produjo una declaración falsa, el partido debería investigarlo. Y me es igual de quién sea la responsabilidad", ha apostillado.
Costa, sin embargo, no ha querido hacer sangre ni con Camps, a quien desea que "pueda ganar muchas elecciones como presidente de la Generalitat", ni con Rajoy, a quien intentó enfrentarse hace un año, en el Congreso de Valencia. "Lo que pudo haber pasado en hace un año y pico no es sustancial ahora. El PP es un buen partido y una gran alternativa. (…) Tenemos que salir fortalecidos de esta situación y Mariano Rajoy, en las últimas semanas, ha tomado decisiones que le van a permitir salir bien de la crisis. En todo caso, aquí lo importante no es lo que piense yo, sino demostrarle cada día a los españoles que somos la mejor alternativa", ha concluido.
(www.elplural.com, 30/11/09)
24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CONFÍA EN QUE SE RECHACE LA QUERELLA DEL 'CASO GÜRTEL'
El debate sobre la corrupción está ya en la agenda de todos los partidos políticos, aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. , tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de pedir información al TSJ de Madrid, al PP y a las Cortes Valencianas para decidir si es o no competente para investigar la querella del PSPV por supuesta financiación irregular de los populares valencianos, cada partido hizo su propia lectura.
El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, manifestó su confianza en que la querella presentada por el PSPV a raíz del caso Gürtel no sea admitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. La solicitud de información antes de pronunciarse sobre la competencia, según Clemente, "no supone nada que haga pensar que la querella va a ser admitida". Además, para el número dos de los populares valencianos el tribunal no ha atendido, de momento, varias de las pruebas solicitadas por los socialistas como información de la junta electoral, del Banco de España o de la Agencia Tributaria.
El secretario general del PP valenciano volvió a arremeter contra la decisión del PSPV de presentar la denuncia, que tildó de la "mayor equivocación política que ha cometido el PSOE desde que existe en la Comunidad Valenciana", y que incluyó como "una parte más de esa cacería que lleva contra el presidente Camps".
Menos beligerante estuvo la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, que se limitó a señalar su "respeto absoluto a un procedimiento que está siguiendo su curso".
Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se mostró convencido de que, "efectivamente", los tribunales van a investigar la trama de corrupción vinculada al caso Gürtel y lo harán "con todo rigor". "Bien los tribunales valencianos, bien los de Madrid, que en estos momentos pueden tener ya iniciadas actuaciones en relación con esta materia".
En este contexto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, calificó de "contradictorio" que el PP proponga un pacto contra la corrupción por un lado y, por otro, "pida la impunidad de los corruptos".
Llamazares explicó en Valencia las 30 medidas que planteará en el Congreso para luchar contra la corrupción que, en su opinión, "procede de un modelo económico, especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto". Las medidas que defenderá Llamazares están relacionadas con la economía sumergida, la regeneración fiscal y la lucha contra la corrupción política. En ese contexto, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, presentó la proposición no de ley que defenderá en las Cortes Valencianas. Esta iniciativa insta al Consell a adoptar estas 13 medidas para "acabar con la corrupción y recuperar la credibilidad de los políticos y los mecanismos de participación".
Las 13 medidas se agrupan en cuatro bloques: funcionamiento de la Administración valenciana, medidas de control de contratación y de procedimientos urbanísticos, reformas legislativas y mejora de la transparencia.
Entre las propuestas más llamativas formuladas por Esquerra Unida figura la petición de reforma urgente de la Ley Urbanística Valenciana para dotarla de mecanismos de transparencia y limitación de las plusvalías; la creación de una comisión especial en las Cortes de seguimiento de los procedimientos de contratación; la creación de un registro público donde consten los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos de la Generalitat y el incremento de medios de la Fiscalía.
Marga Sanz indicó que en el PP "no son capaces" de cumplir las propias propuestas lanzadas por Mariano Rajoy para combatir la corrupción.
(www.elpais.com, 28/11/09)
25. COMUNIDAD VALENCIANA. DEJA SU PUESTO EL SEGUNDO ALTO CARGO RELACIONADO CON LA VISITA DEL PAPA
Enrique Pérez Boada se convirtió en el segundo alto cargo de la Generalitat relacionado con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, cuya organización es objeto de una investigación judicial, que deja su puesto. Pérez Boada, que fue comisionado de la Generalitat para el quinto Encuentro Mundial de la Familia, explicó que antes de Navidad dejará la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la que lleva desde 2003.
Aunque Pérez Boada atribuyó su marcha a una decisión profesional, se produce pocas semanas después de hacerse público que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, requirió a la Generalitat toda la información sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y sobre la organización del viaje papal, en el que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa obtuvo ganancias.
Ya el pasado 28 de agosto, el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitió sin más explicaciones. Posteriormente se ha sabido, gracias a un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, que la red corrupta cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales de la sonorización y montaje de pantallas para la visita de Benedicto XVI contratadas por RTVV.
La dimisión de Pedro García cobró una nueva luz cuando su sucesor al frente de RTVV, José López Jaraba, explicó en las Cortes, que el 11 de septiembre, como responsable en funciones de la empresa autonómica de radiotelevisión, envió al juez Pedreira el contrato que había solicitado con la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros del que la trama de corrupción, según la policía, logró fraudulentamente más de un millón.
Tras esa revelación, fue la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien explicó que la Generalitat había tenido que enviar al juez información sobre la organización de la visita del Papa y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia, una entidad que nunca ha explicado sus gastos ni el origen de su financiación.
Pérez Boada, que ya era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo, junto a otros miembros del Opus Dei y militantes del PP, un papel relevante en la organización de la visita como comisionado de la Generalitat, bajo la supervisión de Juan Cotino, ahora vicepresidente tercero del Consell.
El director del IVF asume las tareas de supervisión de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana y dispone de información privilegiada sobre la situación real de los balances, entre otras, de las dos grandes cajas de ahorro valencianas.
Su marcha coincide con la decisión del presidente de la Generalitat de impulsar personalmente una fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta cajas de ahorro de España.
El presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico, Gerardo Camps, han sugerido que esa fusión debería acordarse antes del próximo verano para poder optar a las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) que gestiona el Banco de España. El FROB está diseñado para aliviar el peso de los activos más dudosos que acumulan bancos y cajas de ahorro.
Pérez Boada, que aseguró desconocer quién le relevará en el cargo, deja a su sucesor una patata caliente en todo lo relativo a la tutela desde la Generalitat de un eventual proceso de fusión entre Bancaja y CAM.
El todavía director del IVF, que fue padre de su segundo hijo hace unos días, insistió en atribuir su salida a razones familiares. "La política es efímera", sentenció.
(www.elpais.com, 03/12/09)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VALENCIA COBRA MÁS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
José Salinas, gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, responsable de la promoción turística, cobra más de 101.000 euros brutos anuales. Un sueldo superior al que gana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (91.982 euros) o el presidente autonómico, Francisco Camps ( 79.546).
La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella, es quien ha levantado la liebre, al efectuar la denuncia en un pleno, en el que preguntó si la citada Fundación dotó con 10.000 euros el plan de pensiones de José Salinas, en 2006.
En los pasillos, ya fuera del hemiciclo, Botella planteó también si Turismo Valencia abonó a Salinas "una gratificación de 140.000 euros" por su aportación a la Copa del América. O si dispone de un coche alquilado con chófer, por el que la institución paga 300 euros mensuales, y si cobra más dinero por dirigir el Palacio de Congresos de Valencia. La fundación Turismo Valencia Convention Bureau se sufraga, según Botella, en más del 90% con el presupuesto municipal.(www.elplural.com, 29/11/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CITA AL CHÓFER DE FABRA PARA QUE ACLARE LOS INGRESOS BANCARIOS
El titular del juzgado número 1 de Nules ha llamado a declarar, en calidad de testigo, al chófer de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, después de que hace dos semanas al menos cuatro empleados de tres entidades bancarias diferentes reconocieran al conductor, José Del Campo, como la persona que realizaba los ingresos en efectivo en las cuentas de su jefe. Carlos Fabra está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.
La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos cuyo origen no justificó Carlos Fabra. En muchos casos, las cuentas no superaban los 3.000 euros, y, entre lo declarado y lo ingresado, se calculó un desfase de 600.000 euros de los que 300.000 eran atribuibles directamente a Carlos Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos".
El juez llamó a declarar a varios empleados de las entidades en las que Fabra tenía abiertas cuentas personales y, al menos, cuatro cajeros señalaron al chófer del presidente de la Diputación como la persona que, habitualmente, acudía a realizar los ingresos en las cuentas. Tras estas declaraciones, el juez quiere oír la versión del chófer, que será interrogado el 29 de enero.
En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. El montante total de lo ingresado, en cantidades inferiores a los 3.000 euros, fue de cerca de 60.000 euros (casi diez millones de pesetas en aquel año).
En la misma providencia, el titular del juzgado número 1 de Nules requiere al ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet para que aporte toda la documentación que acredite el aval del préstamo que, según declaró ante el propio juez, realizó a Fabra. El empresario sostuvo que los ingresos que realizó en una de las cuentas del presidente de la Diputación sirvieron para cubrir el impago de un crédito que avalaba. Según declaró ante el juez de Nules, cuando Fabra dejaba de pagar las mensualidades del crédito, él cubría estos impagos.
Ahora, el juez quiere comprobar la veracidad de la declaración de Antonio Bonet a través de las declaraciones de renta que deben incluir las deducciones por el aval, así como la documentación de Ruralcaja, entidad en la que se suscribió el préstamo.
(www.elpais.com, 01/12/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CLEMENTE DESCARTA APLICAR A FABRA EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY
El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, no considera que las múltiples imputaciones judiciales de Carlos Fabra y la petición de dos años de cárcel sean causas suficientes para adoptar medidas disciplinarias contra el presidente del partido en Castelló. Clemente cerró con Fabra su ronda de entrevistas con los barones provinciales.
La presentación por parte de Mariano Rajoy de un código con 50 medidas para combatir la corrupción ha provocado que la oposición señale a Carlos Fabra, imputado por posibles delitos contra la administración pública y fraude fiscal y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión por falsedad en documento oficial.
Sin embargo, para Antonio Clemente hay distintos grados de imputación judicial. Según señaló, "el código del PP es claro, ya que señala que se adoptarán medidas cuando alguien esté imputado y haya indicios de gravedad o de que se ha actuado incorrectamente, y no es el caso de Carlos Fabra". Clemente defendió la honradez del mandatario provincial porque no se "ha demostrado nada" en su contra "ni se va a demostrar". El secretario general del PPCV no escatimó ditirambos para Fabra. Según dijo, el PP de Castelló "ha sido y es un ejemplo de unidad, fuerza, honradez y liderazgo en la persona del presidente provincial y, por supuesto, de nuestro presidente regional, Francisco Camps. No se puede entender el progreso y el desarrollo que ha tenido la provincia de Castelló sin pensar en el PP y en su presidente".
Tras escuchar complaciente estas palabras, Fabra quiso meter baza para comentar que no ha oído a los socialistas "pedir la dimisión del secretario de Estado de la UE o del director general de Seguros del Ministerio de Economía, ambos imputados, y cuya presunción de inocencia yo sí respeto".
Por otra parte, Fabra rehuyó establecer comparaciones entre el nuevo secretario general y su predecesor, Ricardo Costa. "No he venido aquí para hacer comparaciones entre la gestión de Costa, que fue brillantísima, y la de Clemente, que seguro que lo será con su larga experiencia parlamentaria y como afiliado y dirigente del partido", aseveró. El presidente provincial consideró que el modelo que ha de aplicar el PP valenciano tras la renovación de su cúpula es el de Castelló. Queremos que se funcione con responsabilidad, trabajando mucho, como en Castelló, para conseguir que el PP sea un partido ganador y consiga gran diferencia sobre su rival", proclamó.(www.levante-emv.com, 28/11/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FIN A DOS AÑOS DE LARGO SILENCIO
Los cimientos de Polop de la Marina, un pequeño municipio de unos 4.000 habitantes cercano a Benidorm, se han vuelto a sacudir esta semana. La de ahora ha sido la réplica del terremoto que la localidad vivió hace dos años y un mes, cuando su alcalde, Alejandro Ponsoda, fue acribillado a balazos en la puerta de su casa. La detención de su sucesor, Juan Cano, y de otras seis personas por su presunta implicación en el crimen, ha vuelto a poner a Polop en el punto de mira. La investigación, que se encuentra en un estado muy avanzado, sigue sin embargo arrojando numerosas incógnitas.
La respuesta a la pregunta de quién y por qué ordenó matar al alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, parece estar más cerca que nunca al poco de cumplirse el segundo aniversario de su crimen. La detención la madrugada del pasado martes de Juan Cano, el edil de Urbanismo del PP que sucedió a la víctima al frente de la Alcaldía, y de otras seis personas por su presunta vinculación con los hechos ha cerrado el primer capítulo de una sangrienta historia, más cercana al guión de una película sobre la camorra napolitana que a la tranquila vida de un pueblo que puede presumir de ser un "Oasis en la Costa Blanca".
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dan por concluidas las principales detenciones por la planificación y ejecución a tiros de Ponsoda, pero el caso sigue abierto y podría arrojar nuevos arrestos conforme vayan avanzando las pesquisas y los interrogatorios a los siete imputados por el crimen. Tampoco se han resuelto muchas incógnitas que siguen en el aire.
Lo que parece estar claro es el móvil urbanístico. Tras regresar a la lista electoral en 2007, cuatro años después de que el PP los excluyera por una grabación en la que intentaban cobrar a un empresario 25.000 euros por una licencia de vado, Alejandro Ponsoda ya no confiaba en sus ediles de Urbanismo y Turismo, Juan Cano y Ximo Montiel. El patrimonio de ambos se había disparado en los últimos años. Los dos pasaron de vivir en pisos sencillos en el casco urbano de Polop a lujosos chalés, en la misma calle y separados por poco más de 50 metros. Uno procedía de una sucursal bancaria, donde ejercía como director desde muy joven. El otro había sido representante de pilas Tudor en la Marina Baixa y, según contaba por el pueblo, ahora regentaba un resort turístico en Marruecos, donde viajaba cada quince días, y está en proceso de construir otro en Mali.
Un año antes de las elecciones, en abril y junio de 2006, ambos constituyeron tres promotoras relacionadas con el ladrillo. Este proceso coincidió con el boom urbanístico que duplicó la población de Polop en menos de diez años y copó de bungalows los pies del emblemático monte Ponoig. Al parecer, tanto Cano como Montiel pretendían con su regreso al Ayuntamiento controlar el urbanismo local, hasta que Ponsoda dijo basta.
Días antes de su muerte, el alcalde comentó a algunos familiares que temía por su vida y que estaba meditando contratar a un guardaespaldas. Este dato, revelado por sus hijas Fátima y María, confirma que el edil sospechaba que alguien tramaba algo para "borrarlo del mapa". La investigación desarrollada por la UCO durante estos dos años ha logrado desenmascarar de quién temía Alejandro Ponsoda.
Su crimen se gestó en clubes de alterne de la comarca, dentro de los cuales el Mesalina jugó un papel destacado. Su encargado y uno de los propietarios están en prisión preventiva por las presuntas reuniones en las que se urdió todo. Junto a ellos, en la lista de imputados aparece también un traficante de armas que frecuentaba estos prostíbulos con asiduidad, dos porteros de puticlub y un empresario de Polop que habría actuado de intermediario entre inductores y ejecutores.La muerte de Ponsoda se contrató por 50.000 euros y, según afirman diversas fuentes cercanas al caso, el "pelotazo" que podría haber detrás de la trama ascendería a más de doce millones. Lo que no ha trascendido aún, debido al secreto del sumario decretado por la juez, es si tras el asesinato del alcalde están unos terrenos en concreto o una forma de gestionar el urbanismo con la que Ponsoda no comulgaba. Tampoco se han localizado las armas con las que le mataron, pero sí parece haber pruebas suficientes para encausar a los siete imputados. La Guardia Civil llevaba seis meses tras su pista, tiempo durante el cual se intervinieron teléfonos de los sospechosos, incluidos el de algún cargo público.
Además, el entorno de algunos de los imputados apunta a que tras los hechos podría haber algún empresario relacionado con la construcción. Entre ellos, Antonio Martínez Camacho, abogado defensor del zapatero: "Si el trasfondo es urbanístico, tiene que haber alguien más, aunque sólo sea para que comprara los terrenos".
(www.levante-emv.com, 29/11/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE LA NUCIA COMPARTE UN BLOQUE CON VARIOS PROMOTORES
Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades.
Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.
La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.
La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.
Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros.
Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.
Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.
La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.
Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia.
Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.
(www.elpais.com, 01/12/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. UN DIRIGENTE DEL PP DE ELCHE ASEGURA QUE RECIBIÓ UN PISO POR MANIOBRAR CONTRA LA LISTA DEL ZAPLANISTA RIPOLL
Las guerras internas en el PP también pueden estar teniendo un alto coste para cualquier ciudadano ajeno al partido, como se desprende de la denuncia de un dirigente del propio Partido Popular en la provincia de Elche, Juan Esquitino. A cambio de la obtención de una casa del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para su hijo, Esquitino habría reclutado a cerca de 40 vecinos para que se afiliaran al partido y votarán en las elecciones internas contra la lista de los seguidores de Ripoll, el zaplanista que ahora aglutina la oposición a Camps dentro del PP de la Comunidad Valenciana. La urdidora del plan habría sido la presidenta del partido en Elche, Mercedes Alonso, acuciada en los últimos meses por las preguntas por sus vínculos con El Bigotes y por la oposición interna.
Según ha denunciado el propio Esquitino en Elchedigital, Mercedes Alonso y el concejal del grupo popular en Elche Juan Fernández le ofrecieron una casa del IVVSA en un barrio de la capital ilicitana, Los Palmerales. A cambio tenía que conseguir unos 40 afiliados para el PP que después votaran en el congreso provincial por las listas contrarias a Joaquín Ripoll, la cara visible de la oposición a Camps en el PP de Valencia.
Los reclutados también debían acudir a actos públicos de Rajoy. Todos estos hechos podrían constituir un fraude electoral dentro del propio Partido Popular y contravenir sus Estatutos, con lo que podrían conllevar a la expulsión de Mercedes Alonso y la de Juan Fernández de la formación partido.
Esquitino se siente traicionado por Alonso y Fernández porque la vivienda concedida no estaba en la zona que le prometieron sino en una calle más conflictiva. El popular también ha denunciado a Elchedigital que Fernández adjudica las viviendas públicas del IVVSA "a dedo", figurando entre las beneficiarios por ejemplo una de sus sobrinas, agraciada con una vivienda en la zona que precisamente quería el denunciante de estas maniobras.
Alonso también se enfrenta a un fuerte movimiento de oposición interna en el PP de Elche, donde un militante, Juan Pedro Lozano, que fuera vicepresidente primero en la última Ejecutiva del partido, ha reunido más de 600 firmas de otros afiliados y simpatizantes exigiendo una investigación para saber las conexiones de su presidenta provincial con la trama Gürtel, ya que aparece en la contabilidad B de Orange Market.
(www.elplural.com, 03/12/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MITAD DE EDILES DEL PP DE ALBERIC TIENE FAMILIARES CONTRATADOS EN EL CONSISTORIO
El nuevo alcalde de Alberic, Faustino Sala, admitió el viernes tras el pleno de investidura que la rumorología popular comenta que hay muchos familiares de concejales que trabajan para el ayuntamiento, aunque sólo dijo conocer un caso, el conductor de una furgoneta, al que no pareció darle mayor importancia. Pero hay más. Estaba más próxima a la realidad la afirmación que realizó su antecesor, Enrique Carpi, en su última investidura, al señalar que el ayuntamiento funcionaba bien porque era como una gran familia.
Hasta cuatro compañeros de Faustino Sala en el grupo municipal del Partido Popular, que cuenta con ocho escaños, tienen al menos un pariente cercano en la plantilla del consistorio. Algunos entraron en legislaturas anteriores y ya tienen la plaza en propiedad, otros lo han hecho en la presente, aunque en la práctica totalidad de casos bajo el mandato de Enrique Carpi, el alcalde que la semana pasada fue obligado a dimitir por sus propios compañeros tras una década al frente del ayuntamiento.
Además, uno de los integrantes de la candidatura del PP que ha declinado ocupar la vacante dejada por Carpi, José Luis Briz Ramón, también está contratado por la administración local como encargado o supervisor de una brigada municipal.
El concejal que más familiares tiene trabajando en el ayuntamiento y desde hace más tiempo es Arturo Briz, hasta ahora responsable del área de Fiestas, que ya fue teniente de alcalde con Carpi en la anterior legislatura. Su esposa realiza funciones de Agente de Desarrollo Local de forma interina; una hermana ejerce como monitora de minorías étnicas en el departamento de Servicios Sociales y, al parecer, ya ha ganado la plaza, y su cuñada es la encargada de la biblioteca municipal, también con la plaza en propiedad.
Si bien la relación laboral de estas personas con el ayuntamiento arranca en legislaturas anteriores, más recientes son la incorporación de la hermana del también concejal del PP Rafael Ferrer como psicóloga del equipo de Servicios Sociales; la contratación del cuñado de Salvador Fabra como conductor de un vehículo municipal encargado de transportar a personas enfermas o con problemas de movilidad -el único caso que reconocía el nuevo alcalde- o del hermano de Francisco Bernal, si bien esta relación laboral es anterior a que el concejal tomara posesión del escaño el pasado mes de abril para cubrir la vacante que había dejado la dimisión de José Luis Hervás, el antiguo edil de Hacienda.
Se da la circunstancia de que una hermana de Hervás también trabaja desde mediados del año pasado como auxiliar administrativo en el área de Intervención. Por otra parte, cabe recordar que la contratación durante tres meses de la madre de este ex edil como vigilante de la Muntanyeta ya dio lugar a una polémica en su día.
La hermana de Rafael Ferrer, que fue secretaria de Enrique Carpi en la anterior legislatura, también figuraba en la candidatura municipal que el PP presentó en los comicios de 2007 en Alberic y, ya en este nuevo mandato, entró a trabajar como psicóloga primero de forma interina y posteriormente ganó la plaza de funcionaria. Tuvo la posibilidad de ocupar el escaño que dejó vacante Hervás a finales de marzo, aunque renunció al mismo e hizo correr la lista.
También ha venido trabajando como psicólogo del área de Servicios Sociales un hermano del concejal Francisco Bernal -algunas fuentes señalaron que su último contrato vencía - y en ese mismo departamento desempeña funciones de recepcionista una hija del ex presidente local del PP Antonio Torres. Por su parte, el cuñado del edil Fabra lleva alrededor de un año al volante del vehículo que Caja Murcia donó al Ayuntamiento de Alberic.
(www.levante-emv.com, 01/12/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA DECENA DE JÓVENES INCREPA A CAMPS EN SU VISITA A PETRER
Sobresalto para el presidente de la Generalitat en la localidad alicantina de Petrer. Lo que iba a ser una visita como tantas otras, se tornó inesperadamente en una situación incómoda. Un grupo de alrededor de diez jóvenes que portaban un cartel en el que se podía leer "Antifascistas del País Valenciano" protagonizaron por la mañana una pitada dirigida al presidente del Consell, que en esos momentos inauguraba las dependencias municipales y la plaza del Derrocat de esta localidad del Vinalopó Mitjà. Y con gritos de "Camps dimisión", "cohecho" y "corrupto", el grupo optó por seguir a la comitiva oficial que presidía el jefe del Consell durante el recorrido que se realizó por las distintas dependencias municipales motivo de la visita.
La de es la segunda ocasión en la que el presidente Camps es increpado en la calle durante las últimas semanas. A mediados del pasado mes de noviembre, un joven llamó a Camps "ladrón", "corrupto" y "desgraciado" cuando el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) salía de un comité de dirección del partido en Valencia. En aquella ocasión, Camps se encaró al joven en la calle y le pidió aclaraciones mientras intentaba hablar con él sin éxito. "¿Por qué me dices eso?", o "no, no, ven y cuéntamelo", reclamaba Camps durante los metros que siguió al joven, mientras éste ignoraba la llamada y se alejaba de la zona.
En Petrer, sin embargo, el presidente de la Generalitat optó por saludar con la mano al grupo que le increpaba en plena calle y a renglón seguido continuó la visita que le había llevado a la población como si nada hubiera ocurrido, según explicaron diversos testigos.
El episodio fue un aviso para navegantes y el acto público que estaba previsto inicialmente en la plaza del Derrocat terminó por trasladarse al interior del Ayuntamiento de la localidad, donde finalmente el presidente Camps y el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, realizaron sus intervenciones ante los presentes. Allí, el presidente de la Generalitat habló del Plan Confianza, al que no dudó en considerar "la mayor inversión de la historia para todos los municipios".
(www.elpais.com, 01/12/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. SANIDAD SUBVENCIONA CON 10.500 EUROS DOS INVESTIGACIONES DE UNA DIPUTADA DEL PP
Investigar en España es tarea harto complicada aunque, si uno es diputado, el camino se allana bastante. Al menos eso es lo que se desprende de la resolución de la Conselleria de Sanidad, que dirige Manuel Cervera, por la que se adjudicaron las ayudas para la realización de trabajos de investigación en materia de atención de media y larga estancia correspondientes a 2008.
Dos de las cinco subvenciones concedidas, que suman un total de 10.500 euros, las acapara con sendas investigaciones la diputada autonómica del PP Rosa Roca. La parlamentaria, que además es miembro de la comisión de Sanidad de las Corts donde debe dar cuentas Cervera, compagina el acta en la Cámara con el puesto de jefa clínica del servicio en el Hospital de crónicos Doctor Moliner.
Un portavoz de Sanidad rechazó que exista cualquier tipo de incompatibilidad entre la condición de diputado de Roca y la subvención de la Administración. La misma fuente argumentó que la parlamentaria, que es médico, figura en la lista de beneficiarios como "investigadora principal" de los trabajos para los que se solicitó la ayuda en su calidad de jefa del servicio, y destacó que las ayudas no van al bolsillo de los profesionales sino que sirven para financiar el material que han reflejado en sus memorias para realizar los estudios.
La misma fuente destacó que Roca tiene reconocida por las Corts la compatibilidad de su trabajo en el hospital doctor Moliner y el escaño, al igual que otros diputados, como Alicia de Miguel, directora del Centro de Diagnóstico Biomédico. Por ello, han renunciado a sus honorarios como parlamentarios. Únicamente perciben los complementos y dietas que le correspondan. La práctica sanitaria, justificaron, tiene tres vertientes, la asistencial, la docente y la investigadora, que es a lo que se acoge Roca. Sanidad agregó también que tampoco los trabajos de investigación del ex ministro y ex diputado en el Congreso Bernat Soria quedaron suspendidos por sus responsabilidades en la Cámara.
Las ayudas de la conselleria de las que ha sido beneficiaria la diputada fueron convocadas por Sanidad en octubre de 2008, con un importe total de 30.000 euros, enmarcadas en los objetivos del departamento de respaldo a "la investigación y el apoyo a la difusión de la actividad asistencial de buenas prácticas, en todo lo relativo a la atención de personas mayores y enfermedades crónicas".
La subvención "tiene como finalidad fomentar la realización de proyectos que versen sobre materias relacionadas con la información que exprese la complejidad asistencial de los hospitales de crónicos y larga estancia, sistemas de trabajo multidisciplinares y propuestas que garanticen la continuidad y la calidad asistencial de pacientes ancianos y crónicos en la Comunitat Valenciana".
A mediados de diciembre pasado, Sanidad hizo pública la resolución de la directora general de Asistencia Sanitaria, María Luisa Carrera, que resolvió subvencionar cinco proyectos de investigación, dos de ellos, con la diputada Roca como principal investigadora, por importe de 6.500 y 4.000 euros. Los otros trabajos corresponden al hospital La Magdalena, que recibió una ayuda de 12.000 euros; el hospital de la Marina Baixa, 5.500; y la Universitat de València, 2.000 euros. El acuerdo no señala cuántos investigadores optaron a las ayudas.
(www.levante-emv.com, 01/12/09)
35. CASTILLA Y LEÓN. LAS ALTAS ESFERAS DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL PRESIDENTE HERRERA A LA CABEZA, ARROPARON AL IMPUTADO ULIBARRI EN UNA ENTREGA DE PREMIOS
José Luis Ulibarri luce bigote, aunque su mostacho no es tan estridente como el de Álvaro Pérez. En general, todo es mucho más discreto en este exitoso empresario leonés. Apenas existen fotos de él, a pesar de estar imputado en el caso Gürtel. De hecho, en su auto de inhibición, el juez Garzón le pone como "ejemplo" de la "forma de actuar" de la trama corrupta. Y sin embargo, a nadie pareció sorprender que el pasado 17 de noviembre Ulibarri reuniera a toda la flor y nata de la política y la sociedad leonesa en el Parador Hostal San Marcos.
Sería difícil, que El Bigotes reuniera en una cena de etiqueta a Francisco Camps, al socialista Jorge Alarte y a Rita Barberá. Al menos, la gesta no pasaría desapercibida. En cambio, y salvando las distancias para bien y para mal, algo así consiguió Ulibarri hace dos semanas en la entrega del premio Diario de León, medio que preside, a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Asprona) de León.
Está claro que su imputación en el caso Gürtel no iba a evitar a Ulibarri entregar el cuarto premio del Diario de León a Asprona, reconociendo su intachable labor. Pero también el acto sirvió al empresario leonés para lavar su imagen, tan tocada por su implicación judicial en la trama corrupta, como por la caída de un imperio que había construido al calor de los gobiernos del PP y que ha dejado en la calle a casi 900 trabajadores.
Al evento acudieron altos representantes del PP castellanoleonés. Allí estaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para entregar el premio; el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, (alias Toti en el auto de Garzón sobre la Gürtel); los consejeros de Sanidad y Fomento, César Antón y Antonio Silván; e Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP leonés.
Junto a los populares, tampoco se perdieron la cita relevantes socialistas, como el alcalde de León, Francisco Fernández; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; o el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López.
En la lista de imputados en el TSJM por el caso Gürtel, Ulibarri es el número 57. Pero ya antes aparecía como imputado en el auto de inhibición del juez Garzón. Es más, el magistrado cita al empresario cuando explica cómo Correa se repartía las comisiones con sus compinches: "Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri".
La sospechosa adjudicación de esa parcela en el epicentro de la Gürtel a UFC es uno de sus muchos vínculos con la trama corrupta. Por supuesto, Gaspar Gutiérrez, director general de UFC no faltó a la cena.
Pero Ulibarri no era el único tocado por la Gürtel en el lujoso salón de San Marcos. El presidente de las Cortes de Castilla y León, conocido como Toti, fue el autor de una sospechosa concesión a TECONSA cuando era consejero de Fomento. De esta obra, la Policía cree que la trama se llevó un 3% que presuntamente repartió, entre otros, con Toti.
Ciertamente, se trata de un plantel que hubiera llamado la atención de haberse producido, quizás, en Valencia. Pero Ulibarri es una persona muy comprometida con los medios de comunicación. Suyo es el citado Diario de León. Y televisiones regionales conseguidas con polémicas adjudicaciones. Tiene cabeceras en Soria y Burgos que le asocian con El Mundo. Su 20% de participación en Punto Radio Castilla y León no sólo justifica la presencia de Luis del Olmo en la cena, sino que le relaciona con Vocento…
Ulibarri, aquel joven aparejador de TECONSA que dejó la compañía para fundar Begar y enfrentarse con su anterior jefe, José Martínez Núñez, en lo inmobiliario y en lo mediático, es mucho más discreto que El Bigotes. Él no ha participado en ninguna película de Andrés Pajares ni ha mantenido impúdicas conversaciones telefónicas con políticos. Pero, a la vista está que a él también le quieren "un huevo". Incluso más.(www.elplural.com, 01/12/09)
36. CASTILLA Y LEÓN. UN AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RESTAURA UN MONOLITO EN MEMORIA DE PRIMO DE RIVERA
El PSOE denuncia que un alcalde del PP en Salamanca ha ordenado restaurar un monolito en memoria de Primo de Rivera. Se trata de un monolito de más de tres metros de altura y una placa de homenaje a los caídos por la patria en Vitigudino: en ella aparecen los nombres de Primo de Rivera y varios falangistas de esta comarca situada al oeste de Salamanca.
Los trabajos de restauración incluyen el repintado de los nombres, que ahora pueden leerse con total nitidez.
Aún así, el monumento, situado en el parque municipal, presenta una imagen curiosa porque quedan aún algunos retoques y el bote de pintura permanece aún al lado.
Vitigudino es una localidad de unos 3.000 habitantes situada al oeste de Salamanca, ya cerca de Portugal.
Su alcalde es Julio Santiago, del partido popular. Preguntado por esta iniciativa, que contradice lo previsto en la Ley de la Memoria histórica, asegura que él no ha ordenado esos trabajos de restauración y que además desconoce que se estén llevando a cabo.
Por su parte, el portavoz socialista, Toribio Plaza, sostiene que el monolito está siendo limpiado
(www.cadenaser.com, 04/12/09)
37. CASTILLA-LA MANCHA. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA LLAMA MENTIROSA A COSPEDAL
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, acusa a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de "mentir" en el programa de TVE "59 Segundos" donde dijo que su nombramiento como senadora se había demorado un tiempo similar al de Leire Pajín. "Es una mentira que refleja la falta de calidad democrática de quienes así se expresan", dijo Pardo, al mismo tiempo que cuantificaba la designación de Cospedal en un semana, no en seis meses como es el caso de Pajín.
El enfado del presidente del Parlamento castellano-manchego con la senadora autonómica por Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a quien el PSOE le ha pedido que abandone la Cámara Alta por inasistencia, era notorio y así lo expresó en un acto en Albacete, en el que también participó la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Francisco Pardo criticó al PP valenciano por "demorar y boicotear durante seis meses el nombramiento de Pajín, cuando Cospedal tardó una semana en ser senadora autonómica, después de que cumpliera, por supuesto, con los trámites que exige la ley".
Francisco Pardo no entiende el despotismo de María Dolores de Cospedal, que, según el presidente de las Cortes manchegas, mintió en una entrevista en el programa "59 Segundos" de Televisión Española, donde dijo que su nombramiento había tardado igual que el de Pajín. "Eso es mentira", añadió Pardo, "una mentira que refleja la falta de calidad democrática de quienes así se expresan".Aún es más, el presidente mostró su indignación con las "mentiras de Cospedal" porque cuando "nos la enviaron para que aterrizara aquí ni siquiera estaba empadronada en Castilla-La Mancha, por lo que tuvimos que esperar a que formara parte del censo electoral y elegirla senadora".
Francisco Pardo recordó al PP que las Cortes de Castilla-La Mancha tuvieron que abrir en verano y habilitar un perido extraordinario para "agilizar los trámites y que María Dolores de Cospedal pudiera ser senadora". Todo este proceso duró siete días, tiempo que contrasta con los 180 días que Leire Pajín ha estado esperando la autorización de las Cortes valencianas para tomar posesión de su escaño en la Cámara Alta.(www.elplural.com, 30/11/09)
38. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: PRÓXIMAS ENTREGAS
La investigación periodística que hemos denominado ‘Conexión Sucina’ continúa la próxima semana (y más semanas, ya lo verán) con diferentes entregas y con documentos, incluso de la propia Administración, que van a sorprender a los lectores. Varias de las empresas, en las que está vinculado el presidente de la Comisión del Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, quien se benefició de préstamos, avales y descuentos nacionales por importe de unos 24 millones de euros (unos cuatro mil millones de pesetas), acumulan sentencias en las que –por incumplimientos de contrato- en relación con desarrollos urbanísticos, se les imputan daños y perjuicios por cientos de miles de euros; otros fallos están en vías de entrar en ejecución.
Igualmente, las mismas empresas que investiga el Juzgado número Dos de Murcia por supuesto delito contra la ordenación del territorio, acumulan sanciones urbanísticas y medioambientales ya ejecutadas. El trabajo de ciertos funcionarios de la Administración Regional y Local es tan contradictorio y denota tal falta de diligencia –en estos asuntos que están siendo investigados- que se han llegado a admitir documentos en determinados procedimientos que afectan a ciudadanos perjudicados, que en el mejor de los casos ni llevaban su firma y en otros, directamente la firma se les ha falsificado, ¿Por quién?
Otra de las entregas de la serie está referida a la ‘procelosa’ relación del Partido Popular con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por una parte recordemos que el Ayuntamiento que preside Miguel Angel Cámara, nombró consejero de la CAM a Juan Ramón Avilés, exconcejal del Ayuntamiento de Murcia. Posteriormente lo pusieron al frente de la Comisión de Control de la entidad, siendo ésta comisión una de las más sensibles, pues ahí se reparten millones de euros entre sus miembros, si bien la mayor parte de los dineros que se repartieron en el 2008 se los quedó el señor Avilés. En las últimas semanas, además, alguno de los más destacados miembros del PP valenciano ‘la ha liado parda’ al poner de manifiesto que la CAM entrará en pérdidas el año que viene, algo que fue desmentido por la entidad y por lo que la propia Caja amenaza con poner querellas a periodistas. En relación con los préstamos, avales y descuentos nacionales y tarjetas realizaremos un análisis, sin poner ni quitar una coma, en base a documentos internos de la propia Caja de Ahorros, ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones.
Otra de las entregas servirá para poner de manifiesto la inseguridad jurídica en la que pueden llegar a desenvolverse los ciudadanos –incluso los protagonistas de esta Conexión Sucina- atendiendo a los informes que firman determinados funcionarios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma. La sucesión de hechos, papeles y documentos es propia de un camarote de los hermanos Marx.
Y para terminar este aperitivo les comentaré algo que se divisa en el horizonte y que afectará a conocidos empresarios, un conocido despacho de arquitectos, algún nobilísimo abogado y de fondo a una entidad de ahorro ¿cuál?
(www.vegamediapress.com, 04/12/09)
39. ARAGÓN. EL PP USA EL CATALÁN PARA AVIVAR LA TENSIÓN EN EL GOBIERNO ARAGONÉS
En un momento en que la firmeza de Catalunya ante la sentencia del Estatut y el auge del soberanismo avivan las antipatías en gran parte de España, los populares aragoneses han aprovechado la ocasión para convertir la lengua catalana en un arma para intentar desestabilizar el Gobierno bipartito de Aragón. Después de 25 años conviviendo pacíficamente con la enseñanza voluntaria del catalán en las escuelas de la Franja (y hasta gobernando sin modificarla), el PP ha puesto en marcha una campaña para recoger firmas contra la "imposición del catalán" que, según ellos, pretende la futura ley de lenguas impulsada por el Ejecutivo socialista sin el apoyo de sus socios aragonesistas del PAR.
El primer asalto tuvo lugar en Huesca, donde el PP salió a la cale para explicar a los ciudadanos las consecuencias sociales, institucionales y económicas de que la proposición de ley considere el catalán como una "lengua histórica" de Aragón y reconozca el derecho a utilizarlo por escrito ante la Administración. El origen de la disputa radica en que el PP y gran parte del PAR consideran que en la Franja se habla un idioma diferente del catalán.Los populares se apuntan así a la batalla de la plataforma No Hablamos Catalán, que ha liderado la lucha contra la ley de lenguas, a la que considera el resultado de un "perverso" complot entre Catalunya y el PSOE aragonés que implica la "ruptura de España". "Esto es fruto de la industria del nacionalismo y va en contra de nuestro patrimonio. El Gobierno de Aragón tiene conexiones con ERC y el PSC y en el momento en que se reconozca la cultura y la lengua catalana en nuestra comunidad se reconocerá también una reclamación de territorio", dice José Guerrero, vicepresidente de la plataforma.
La entidad ha logrado ya más de 10.000 firmas de apoyo que probablemente se unan a las que recoja el PP. Al ser preguntado por la cuestión lingüística en Aragón, Guerrero hace constantes y confusas referencias a Catalunya: "El tres por ciento, el Carmel, la operación Pretoria... Los separatistas, pensando solo en la independencia, están destruyendo a la gente"
La actitud de los populares saca de quicio a los socialistas aragoneses. "Están mintiendo descaradamente para alterar la convivencia y sacar réditos políticos del enfrentamiento. ¿El PP cree que reconocer los derechos lingüísticos de una parte importante de la población es una imposición?", señala el secretario general del PSOE en Huesca, José María Becana, para quien es "indiscutible" que en el Aragón oriental se habla catalán y no otro idioma.
En cuanto a los costes que los populares aseguran que supondrá tener traductores en la Administración, Becana asegura que "la cultura es cara pero más cara es la ignorancia". El socialista lamenta que haya una gran cantidad de catalanohablantes que no saben escribir su lengua materna, una cuestión que empieza a solventarse gracias a los 25 años de enseñanza voluntaria del catalán en las escuelas de la Franja.
(www.elperiodico.com, 03/12/09)
40. MELILLA. UNA DIPUTADA LLAMA MACHISTA AL PRESIDENTE DE MELILLA POR UNA ALUSIÓN A SU ROPA
La diputada de Coalición por Melilla (CPM) Dunia Almansouri ha llamado "machista" al presidente melillense, Juan José Imbroda, por un comentario que el dirigente autonómico hizo sobre su vestimenta en el último pleno de control al Gobierno del pasado jueves.
En rueda de prensa, la representante del principal partido de la oposición ha considerado ofensivo el comentario realizado por Imbroda, que se refirió a los "pantaloncitos" que llevaba en ese momento la diputada.
Almansouri ha explicado que durante el pleno del pasado día 26 su partido estaba debatiendo con el Gobierno sobre la necesidad de que los políticos den ejemplo en su comportamiento institucional.
Según la diputada, el presidente melillense tomó la palabra para recriminar a su partido que no era el más indicado para dar ejemplo y se refirió a sus miembros como "boys scouts", aludiendo en ese momento a la vestimenta de Almansouri.
La diputada ha considerado que esa alusión no era necesaria en ese momento, ya que supone un "insulto" hacia una representante de la Asamblea, que además es mujer.
Para Almansouri, se trata de "un ataque machista contra su persona" que, aunque fue retirado por el propio Imbroda a petición de la vicepresidenta de la Asamblea, Cristina Rivas, ha quedado recogido en la grabación del pleno.
La diputada ha manifestado que no ha recibido ninguna disculpa, aunque ha dicho que, en este caso, tampoco le valdría.
(www.publico.es, 01/12/09)
