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Del 26 al 31 de Diciembre 2009
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ÍNDICE
. Las brechas del patrón1. "Que su línea editorial esté supeditada a 'ZP' no les puede llevar a atacar la intimidad de unas personas"
2. Caja Madrid rechaza garantías de Díaz Ferrán para un crédito
3. Ecuador solicita el concurso de acreedores para Air Comet
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1 ) "Que su línea editorial esté supeditada a 'ZP' no les puede llevar a atacar la intimidad de unas personas"
El portavoz del Partido Popular de Madrid, Juan José Güemes, cree que la Ser "no puede atacar la intimidad de unas personas por el mero hecho de no pertenecer al partido favorito de esta cadena". El también consejero madrileño de Sanidad cree que la sentencia que condena al director de informativos y director de la citada emisora le "debería servir de reflexión".
El
portavoz popular ha hecho estas
declaraciones después de que se conociera la
sentencia que condena al director de informativos de
la Ser, Daniel Anido, y al director de informativos
de la emisora, Rodolfo Irago, a un año y nueve meses
de prisión como autores de un delito de "revelación
de secretos", por desvelar una lista de afiliaciones
al PP de Madrid.
50 afiliados, a título personal
Güemes ha explicado que el PP de Madrid no quiere
entrar a valorar la sentencia, ya que se trata de
una querella interpuesta no por el PP, según él,
sino por 50 afiliados del Partido Popular a título
personal, "que vieron sus derechos vulnerados por la
Cadena Ser".
Supeditada a 'ZP'
Sin embargo, Güemes afirmó que el PP de
Madrid cree que la sentencia debería servir de
reflexión a la Ser "porque el hecho de que prefieran
que su línea editorial e informativa esté supeditada
a los intereses de "ZP" y del PSOE no les puede
llevar a atacar la intimidad de unas personas, por
la mera razón de no pertenecer al partido favorito
de esa emisora y mucho menos asociar los nombres de
estas personas a una historia falsa construida por
la cadena".
www.elplural.com 26.12.09
Caja Madrid ha exigido a los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, nuevas garantías para refinanciar el crédito de 26,5 millones que este grupo tiene con la entidad tras rechazar las que había propuesto. En concreto, un solar en la Riviera Maya (México) y una concesionaria de transporte interurbano en Alcalá de Henares. A su vez, ha pedido a Ferrán y Pascual (presidente y vicepresidente de la patronal CEOE, respectivamente) que aporten garantías reales de sus patrimonios personales, a lo que éstos se han opuesto en principio.
La caja convoca la asamblea para renovar sus cargos el 28 de enero
Este extremo fue explicado ayer, a preguntas de un consejero, por los servicios de la caja que preside Miguel Blesa a los representantes del Consejo de Administración, del que forma parte Díaz Ferrán, ayer ausente. La negociación, que lleva Pascual, continúan estos días contrarreloj para terminarlas antes de fin de año sobre la base de nuevas garantías y algunas de ya puestas sobre la mesa.
Mientras se siga negociando la deuda, no se considera fallida y, por tanto, la caja no la ejecuta. Y mientras no la ejecute no se abre expediente por impagado, que, en el caso de Díaz Ferrán, se añadiría otro por consejero. Como Ferrán deja el Consejo en la renovación del 28 de enero parece que esta circunstancia no se va a dar.
Los terrenos que los socios de Marsans, dueños entre otras empresas de quebrada Air Comet, habían propuesto aportar en la Riviera Maya son propiedad de Pascual, que los tiene valorados en 14 millones. Sin embargo, hay discrepancias con la caja sobre dicho valor. En cuanto a la concesión del transporte interurbano de Alcalá de Henares, puede generar unos ingresos de entre dos y tres millones, según la empresa. Esta opción no estaba mal vista, aunque la intención de que se incluyera en una sociedad con acciones pignoradas en favor de la caja fue descartada por la empresa.
El crédito de la polémica estaba casi renovado en noviembre, después de solicitar los empresarios aumentar en dos millones un crédito firmado un año anterior. Sin embargo, se destapó que las acciones de Viajes Marsans, con las que iban a garantizar el préstamo, estaban pignoradas en Banesto a través de dos operaciones, una en febrero y otra en junio de este año, de 96,5 millones.
Esta circunstancia frenó la negociación y llevó a Díaz Ferrán a poner su cargo en la CEOE a disposición de la cúpula de la organización, que cerró filas. Pocos días después estalló el caso Air Comet. Díaz Ferrán ha asegurado que no dejará el cargo mientras no se lo exijan los empresarios.
El Consejo de la caja aprobó la celebración el 28 de enero de la Asamblea General que renovará a sus 195 miembros. El puesto de Ferrán será cubierto por Arturo Fernández, su sucesor en la patronal madrileña CEIM. Es probable que aspire a sustituirle también en el Consejo. Existe un pacto para presentar una lista única y que Rodrigo Rato sea el presidente.
www.elpais.es 29.12.09
El Gobierno de Ecuador solicitó concurso de acreedores para Air Comet, la aerolínea quebrada hace dos semanas, ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Lo hizo mediante la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) que ha aglutinado la demanda de unos 60 ciudadanos afectados por la cancelación masiva de vuelos.
La demanda pone en un aprieto a Gerardo Díaz Ferrán, dueño de la aerolínea y presidente de la patronal CEOE. El presidente de Air Comet había anunciado el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) pero todavía no la había ejecutado, a la espera de poder resolver antes el expediente de regulación de empleo (ERE) para los 666 empleados de la compañía, y poder rebajar así sus cargas. Si dicho juzgado acepta y tramita la demanda de Ecuador, podrá ejecutarse el proceso antes de lo esperado por Díaz Ferrán.
Óscar Jara, portavoz de la Senami y representante de los afectados, cifra en 90.000 euros la reclamación a Air Comet, en los que se incluyen los pasajes de los viajeros y los gastos de su Gobierno en su alimentación y alojamiento. "Nos extraña mucho que nadie hubiera judicializado este tema hasta ahora", explica Jara, que cifra en 8.000 los afectados ecuatorianos.
Factura de 4,5 millones
El Ministerio de Fomento dio por terminado el pasado sábado el operativo de emergencia para transportar a los miles de viajeros afectados por la quiebra. El gasto ha sido de 4,5 millones de euros, dos millones menos de lo presupuestado. Fomento repitió que no cargará esta cantidad al erario público, y que mandará la factura a Air Comet.
El ministro del ramo, José Blanco, reveló ayer que mantuvo en secreto el expediente de seguridad de Fomento a Air Comet abierto el 6 de noviembre "para no entorpecer su posible venta al fondo británico de Arnold Leonora", dijo ayer en la SER. "Se había pedido discreción", dijo Blanco. "No nos hemos sentido correspondidos".
Fomento cifraba en 7.000 los afectados durante los días críticos de Navidad. El operativo ha transportado a 4.215 pasajeros en ambas direcciones. De ellos, 2.475 han viajado en vuelos fletados expresamente por el Gobierno, y otros 1.740 recolocados en vuelos de otras compañías.
Por otra parte, unas 70 personas se movilizaron ayer frente al consulado de España en Lima para reclamar un billete de vuelta a Europa. Algunas de ellas lograron entrar en la delegación diplomática, que abandonaron poco después con la promesa de recibir una respuesta mañana.
www.elpais.es 29.12.09
Gerardo Díaz Ferrán cumple hoy 67 años y algunas notas periodísticas hablaban ayer del "amargo cumpleaños" que iba a tener el presidente de la CEOE. Para entender de dónde procede la amargura del patrón hay que remontarse a los últimos tumbos que ha dado su carrera empresarial, que le ha llevado a enfrentarse a Caja Madrid, al banco alemán Nordbank, al Ministerio de Fomento, a los clientes de su compañía aérea, Air Comet, ahora en bancarrota, y a sus trabajadores. Todos, de un modo u otro, se sienten defraudados por el primer representante del empresariado español, propietario junto a Gonzalo Pascual (vicepresidente de la CEOE) del conglomerado turístico Marsans.
Caja Madrid le reclama el pago de una deuda de 26 millones de euros
El Gobierno asegura que Air Comet rechazó un cese ordenado
La aerolínea recalca que no le quedaba otra opción que cerrar el lunes
Muchos de los trabajadores no han cobrado los pagarés otorgados
Ferrán ha recalcado hasta ahora que no dimitirá de su cargo como máximo representante del empresariado español mientras no sean éstos, los empresarios, los que pidan su renuncia. Los miembros de la CEOE han cerrado filas en torno a su presidente, pero a medida que se agudiza la crisis, alguna voz cree que Ferrán puede necesitar centrar sus esfuerzos en que la debacle de Air Comet no arrastre al conjunto de Marsans, no exento de la crisis.
El Ministerio de Fomento dio ayer por zanjado algo parecido a una operación rescate para los miles de pasajeros que tenían que volar estas navidades con Air Comet entre Madrid y distintos puntos de América Latina. Más de 3.600 afectados han viajado, aunque la cifra inicial de afectados durante estos días se calculó en 7.000.
- "Garantías burladas" en Caja Madrid. El frente de Díaz Ferrán con Caja Madrid, de la que es además consejero, estalló este mes a cuenta de un crédito. El grupo turístico Marsans suscribió un préstamo de 24 millones de euros en noviembre de 2008 y se comprometió a fijar como garantías las acciones de Viajes Marsans (que planeaba vender) y de otras sociedades patrimoniales.
En septiembre de 2009, cuando Ferrán tuvo problemas de liquidez, pidió una ampliación del crédito hasta 26 millones y la caja, al pedir de nuevo las garantías, se topó con la respuesta de que las acciones de Marsans ya se habían pignorado durante ese tiempo (ofrecidas como prenda) a favor de Banesto. El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, convocó un consejo para explicar que "habían sido burladas las garantías" que planteó Ferrán, según fuentes cercanas a la caja, con lo que debía ampliarlas o pagar. El presidente de la CEOE no asistió a la reunión ni delegó en nadie, señala la misma fuente.
La versión de Marsans apunta que las acciones nunca fueron puestas como garantía del préstamo, y que cuando Caja Madrid lo solicitó, se denegó porque ya se había pignorado. Ferrán se enfrenta ahora a la reclamación por impago y, de aplicar los estatutos de la caja de ahorros, su destitución como consejero, pero el presidente de la CEOE no renovará la próxima asamblea de finales de enero, en la que será sustituido por Arturo Fernández, presidente de CEIM y su cuñado. Ahora Gonzalo Pascual (copropietario de Marsans y vicepresidente de la CEOE) negocia nuevas garantías del crédito, aunque es difícil que Blesa tome una decisión en la recta final de su mandato y será Rodrigo Rato, que asume la presidencia en la asamblea, quien se encargue de la patata caliente.
- Venta frustrada a Arnold Leonora. El Ministerio de Fomento abrió un expediente a Air Comet el 6 de noviembre al considerar que su tan traída y llevada agonía financiera podría dar motivos para retirarle la licencia de vuelo. La Agencia Española de Seguridad Aérea llevó a cabo inspecciones diarias desde entonces para comprobar que las dificultades económicas no ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros y superó los controles. Fomento también reclamó un plan económico que garantizase el servicio y Air Comet presentó un proyecto de venta a un fondo del británico Arnold Leonora, que iba a inyectar capital en la aerolínea y con quien aseguró tener un acuerdo desde el 1 de diciembre, por lo que el ministerio no intervino.
La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, apuntó el pasado martes, pocas horas después de retirar la licencia a la aerolínea, que esta operación "no se ha concretado" y que el ministerio pidió más detalles que no llegó a recibir. Marsans explicó a Fomento que el viernes 21 de diciembre venció el plazo para que el fondo de Leonora hiciese el primer pago por la Comet. Ese mismo día un juez británico sentenció el embargo de los cinco aviones operativos.
- Cese de las operaciones. Fomento sostiene que Air Comet pidió la mediación del ministerio ante Nordbank, con quien tenía una deuda de 17 millones por financiar el arrendamiento de sus aviones y que había impulsado la sentencia que les embargó la flota el lunes 21. Fomento logró un acuerdo del banco para que este embargo se aplazase hasta el 10 de enero, pasada la Navidad. Cuando el ministerio comunicó este pacto a Air Comet, se topó con que la aerolínea no seguiría operando, alegando esta vez que no tenía combustible. La compañía asegura que la sentencia de paralizar los aviones "era de ejecución inmediata y sin dejar margen a ningún aplazamiento", y que el banco se negó a negociar. "Hubiera deseado un cierre ordenado que hubiera sido mucho más positivo para todos", volvió ayer a la carga el Ministro de Fomento, José Blanco, quien señaló que ayer se había intercambiado mensajes de móvil con Ferrán.
- Pagarés con la "garantía personal" de Ferrán. Air Comet debe a sus trabajadores el sueldo de entre cinco y siete meses. Una carta de Gerardo Díaz Ferrán del 11 de diciembre comunica "formalmente" a sus empleados que ha puesto a su disposición pagarés por las nóminas de octubre y noviembre, con vencimiento para el 21 de diciembre, en cuatro entidades: Bancaja, Banco Pastor, La Caixa y el Popular. Estos pagarés "serán atendidos y pagados a sus respectivos titulares nominativos a su presentación al cobro a partir de la fecha señalada en el documento, de cuyo cumplimiento doy mi garantía personal", reza la misiva. UGT denuncia que muchos empleados se han quedado sin el dinero y que tienen constancia de liquidaciones de 213.583 euros a directivos y de sólo 29.844 euros a trabajadores. Una portavoz del comité de empresa, Marina del Castillo, también afirmó que "la mayor parte de los trabajadores" rehusó recoger sus pagarés, dado que Ferrán "no formalizó el aval" y "no querían arriesgarse". El presidente de Air Comet reiteró su compromiso de abonar los pagarés "incluso si se han devuelto".
www.elpais.es 27.12.09
"Todos los precedentes conocidos abonan la conclusión de que una compañía aérea a la que se prohíbe volar y vender billetes nunca vuelve a volar. Son bien elocuentes al respecto los precedentes de Air Madrid, Futura, etcétera". Éste es uno de los comentarios con los que Air Comet justifica ante la Administración la necesidad de despedir a toda su plantilla, formada por 666 personas, que llevan meses sin cobrar. La memoria explicativa del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la aerolínea de Marsans entregó el miércoles a la Dirección General de Trabajo de Madrid, y a la que ha tenido acceso este diario, alega "causas económicas y productivas" muy concluyentes: no tiene aviones, no puede volar, ni puede vender billetes, además de una plantilla que no cobra su jornal.
La compañía apunta a la crisis, el bajo coste y la caída de la inmigración
Pide los despidos para "no proseguir causando más daños" a la plantilla
La aerolínea alega que ha cerrado con "gravísimas pérdidas" los tres últimos ejercicios: de 32,6 millones de euros en 2006, de 27,7 en 2007 y de 55,9 en 2008. "Las causas de dicha situación vienen determinadas por la situación económica global, que ha atravesado y sigue atravesando una de las mayores crisis de su historia".
Gerardo Díaz Ferrán también aludió a la crisis para explicar en parte la bancarrota de la compañía aérea, que defendió que estaba "bien gestionada", aunque también lamentó la falta de crédito. La memoria del ERE recuerda que el turismo lleva 12 meses en recesión y que el sector internacional de transporte aéreo estima que perderá 9.000 millones de dólares este año. También apunta el tirón de los rivales de bajo coste y "un descenso de la inmigración, lo cual ha provocado un menor flujo de viajeros entre España y los países latinoamericanos, que son el destino de las principales rutas de Air Comet". "Se estima que el descenso de este tipo de actividad ronda un 30% anual", remacha.
Air Comet, fundada en 1996 con el nombre de Air Plus Comet, se convirtió en una gran apuesta de Marsans para complementar con vuelos intercontinentales de una Spanair que controlaban junto al grupo escandinavo SAS. Después, SAS tomó el control y el año pasado la vendió a un grupo de inversores catalanes. El plan de reducción de costes que impulsó Comet, que recortó la flota de 16 a cinco aviones en menos de un año, tampoco dio resultado.
El texto entregado por Air Comet relata además el detonante del cese abrupto de operaciones: el embargo de la flota por parte de Nordbank y la prohibición de vender billetes, con lo que "no hay más remedio que reconocer que Air Comet es una empresa inviable, no ya porque acumula las pérdidas a las que se ha hecho referencia, sino porque ni siquiera puede volar (no dispone de aviones) ni vender billetes", apunta.
La aerolínea también explica que "adeuda entre cinco y siete mensualidades a la mayoría de sus trabajadores" y que, dada la suspensión de las operaciones, los empleos "han quedado vaciados y sin contenido alguno", así que la petición de los despidos cumplirá el objetivo de "no proseguir causando más daños". De hecho, si la autoridad laboral (será probablemente el Ministerio de Trabajo porque los despidos afectan a empleados de distintas comunidades autónomas) rechazase el ERE "los trabajadores de Air Comet se seguirían viendo privados día a día de su derecho a la ocupación efectiva", "sin percibir su remuneración" ni "obtener prestaciones por desempleo", además de que "se seguirán devengando deudas derivadas de los salarios y cuotas de Seguridad Social impagados". Air Comet debe 16 millones de euros a la Seguridad Social.
La indemnización a la que pueden aspirar los 666 trabajadores afectados por la crisis de Air Comet asciende a 20 días de salario por año trabajado, pero esta compensación, teniendo en cuenta que la compañía presentará un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), quedará en manos de un juez y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con lo que muchos empleados son pesimistas sobre cuánto y cuándo cobrarán.
www.elpais.es 27.12.09
"La comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos". Con este tono, el Tribunal Supremo confirmó ayer la sentencia por un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio cometidos por los dos principales protagonistas políticos del caso Andratx, ambos del PP: el ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, que fue responsable local de Urbanismo del municipio y luego director general de Ordenación del Territorio en el Gobierno de Jaume Matas. Hidalgo y Massot fueron encarcelados de inmediato en la prisión de Palma al ser firme la condena; Hidalgo deberá cumplir cuatro años de cárcel; Massot, tres y medio.
El caso Andratx es desde 2006 ejemplo de los escándalos por urbanismo salvaje y corrupción urbanística en la costa. La sentencia se centra en el chalé que se construyó en 2002 el alcalde en un terreno protegido intentando que pasara por almacén agrícola. Massot, recién ascendido al Gobierno balear, cooperó con la ilegalidad de la obra de su amigo.
Los dos ex cargos públicos estaban hasta ayer en libertad bajo fianza tras anteriores ingresos preventivos en la cárcel. Tienen recurridas otras condenas por otro caso de obra con licencia ilegal ya juzgado entre las decenas de causas del caso Andratx, que impulsan los fiscales Juan Carrau y Pedo Horrach.
El asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Ignacio Mir, ve confirmada su pena de un año de cárcel, mientras que el celador Jaume Gibert recibe sólo una pena de cuatro meses gracias a la atenuante de colaboración con la justicia.
En Andratx existía "sensación de impunidad", según subrayó en la primera sentencia la Audiencia de Palma. El hecho fue denunciado por un policía local y dos concejales de la oposición.
Hidalgo, ex guardia civil y ex líder de un partido local bisagra, a la vez que fue alcalde actuó como promotor inmobiliario en el municipio; hacía negocios con solares y obras con el celador y el asesor jurídico y, en este caso sentenciado, contaba con la mirada cómplice del jefe de urbanismo.
Los jueces del Supremo aseguran que el edil "se aprovechó dolosamente de su condición de alcalde para ejecutar el delito". "Sirviéndose en su propio interés", añaden, "del cargo que los ciudadanos le habían encomendado, en vez de servir a él". Massot, por su parte, "informó favorablemente de manera injusta, por sus conscientes arbitrariedades, en el procedimiento urbanístico, con vulneración de las correspondientes normas".
Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
Una sola edificación puede suponer un atentado grave contra el paisaje
El fallo, del que ha sido ponente Siro García, afirma que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio". El tribunal replica así al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que alegó que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanción penal.
Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental, afirma que "es una sentencia muy importante". "En muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la última herramienta y que en infracciones urbanísticas basta con ir por la vía administrativa", generalmente con penas más leves y mucho más lenta. González Antón explica que la sentencia deja claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urbanísticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".
El jurista añade que del fallo se desprende que "no se puede reservar para el Derecho Penal sólo las infracciones urbanísticas muy graves, sino también para supuestos como el enjuiciado, la construcción de una vivienda donde se podría ampliar un almacén agrícola. Desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, también aplaudió el fallo: "La UE, en su directiva sobre protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, ya reconoció que la vía administrativa era insuficiente. El Supremo está empujando para que la legislación existente adquiera relevancia y eficacia".
Aunque la Constitución ya estableció que la protección del medioambiente debía contar con sanciones penales, la realidad es que éstas han sido la excepción. La sentencia del Supremo llega después de años en los que se ha intensificado la lucha contra la corrupción urbanística. Entre 2000 y 2006, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa subió un 21,85%.
En 2006, el Gobierno creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que encabeza Vercher y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupción. Desde entonces, cada provincia cuenta con un fiscal especializado y las condenas por delito ecológico crecieron en 2008 un 22%.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria destaca que "el fallo es muy claro, pero llega tarde": "Es una llamada de atención a los poderes públicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas". Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos".
Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, escéptico: "Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ¿Qué va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almería]?".
- La Constitución establece que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente". Y añade: "Para quienes violen el apartado anterior [...] se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".
- El Supremo falla ahora que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".
- El Tribunal señala que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio".
www.elpais.es 29.12.09
Los terrenos donde está previsto que se instale Ikea en la provincia de Valencia son, en su mayor parte, propiedad de simpatizantes del PP. El Ayuntamiento de Paterna, gobernado por los populares, anunció a finales del pasado mes de octubre la existencia de un convenio, pendiente de ratificar todavía por el pleno municipal, con Ikea, la Consejería de Medio Ambiente, la empresa municipal de urbanismo y los principales propietarios del terreno -aunque sin desvelar la identidad de los mismos- para la ubicación de la multinacional sueca del mueble. Las referencias catastrales desvelan que la mayoría de las parcelas elegidas para la ubicación de Ikea, junto a la autovía de Ademuz y en las proximidades del centro comercial Heron City, están a nombre de distintos miembros de la familia Carpi, con los que EL PAÍS no pudo contactar. En dos de las mayores parcelas afectadas, y una tercera anexa, la titular principal, según el registro catastral, es María Miguela Carpi, que mantiene una estrecha amistad con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El Ayuntamiento de Paterna explicó que en la propuesta de convenio con Ikea no figuran los propietarios pero sí las parcelas afectadas, cuyos titulares se pueden identificar en el registro, por lo que no hay ningún ánimo de ocultar su identidad. Según el Ayuntamiento de Paterna, los nombres se incluirán en el convenio definitivo tras la fase de alegaciones. Recientemente, el director general de Ikea Ibérica, Peter Betzel, reconoció en una entrevista a El Economista que "el factor político ha sido el causante en muchas ocasiones de que no nos pudiéramos instalar donde queríamos, como el caso de Valencia". Ikea descartó establecerse en Alfafar, municipio gobernado por los socialistas, este otoño tras años de negociaciones.
La instalación de la multinacional sueca no estará antes de 2012
Paterna esperará a resolver las alegaciones para estudiar los impactos
El proyecto de Ikea para Paterna está todo por hacer y contrasta con la decisión de la multinacional sueca de desestimar, tras años de contactos, la oferta de Alfafar, que proponía como ubicación una gran parcela en un polígono comercial consolidado.
La ubicación de Paterna en las inmediaciones de la pista de Ademuz y el by-pass cuenta con el respaldo de la Generalitat -que está dispuesta a facilitar informes y autorizaciones- y el Ayuntamiento que preside Lorenzo Agustí -que actuará como agente urbanizador y aportará la parte de suelo que le corresponde-, mientras que Ikea ofrece 34 millones de euros para cubrir los costes de urbanización sobre unas parcelas que suman 220.000 metros cuadrados.
Ikea, según este proyecto, dispondrá de 132.000 metros para su actividad. El resto serán para construir una Ciudad del Hábitat, donde se instalarán otros comercios relacionados con el sector y que cuentan con el beneplácito de la patronal del mueble y de los vendedores del sector. Nada se estipula acerca de la operación entre Ikea y los propietarios de los terrenos -que pasarán de rústicos a terciario comercial-, que queda en el ámbito de lo privado, según fuentes municipales.
Los terrenos elegidos para la ubicación de la multinacional sueca del mueble, que en cualquier caso no podrá abrir antes de finales de 2012, están pendientes de acondicionar y urbanizar y carecen de los estudios de movilidad necesarios.
La opción de Paterna contrasta con la de Alfafar -una localidad ubicada en el denominado triángulo del mueble-, ya descartada. En esta población de L'Horta Sud, Ikea llegó a firmar un convenio en 2005 con los propietarios de Alfafar Parc para instalarse sobre una parcela de 223.200 metros cuadrados, con una estructura similar a la que se propone para Paterna. Es decir, con un desarrollo específico para Ikea y sus necesidades comerciales, de aparcamiento y almacenaje y otra parte para suelo comercial de empresas del mueble o auxiliares.
En el proyecto de Alfafar, los estudios de movilidad, encargados a la Universidad Politécnica y a Indra, habían previsto los accesos adicionales -cuyo coste se llegó a presupuestar- para evitar problemas en los accesos desde la V-31 o pista de Silla. Fuentes municipales de Alfafar consideran que la actuación de la Consejería de Industria, hasta septiembre pasado dirigida por Belén Juste, fue determinante para que la multinacional sueca descartase este emplazamiento.
Un portavoz de Ikea Ibérica explicó que cada emplazamiento tiene su propia casuística y que, incluso después de anunciarse la apertura en algunos emplazamientos, se han descartado proyectos por problemas en accesos o licencias.
En Alicante, los planes de Ikea para abrir su centro comercial se han complicado tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de suspender cautelarmente el planeamiento urbanístico de Rabassa. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, confía en que Ikea espere la resolución del conflicto y no busque otro municipio para instalarse
El talón de Aquiles del proyecto que intenta sacar adelante el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, está en los accesos al futuro centro comercial. Sin haber contado con las administraciones gobernadas por los socialistas -los ayuntamientos vecinos de Godella y Burjassot y el Ministerio de Fomento, que tiene la titularidad sobre la A-7 o circunvalación de Valencia-, Paterna ha propuesto en el convenio con Ikea unos viales de acceso que amenazan con generar serios problemas de tráfico en la autovía de Ademuz, cuya congestión está previsto que aumente con la puesta en funcionamiento del nuevo estadio de Mestalla. Además, dada la imposibilidad de contar con un enlace directo a Ikea desde la A-7, por ser vía de interés general, la propuesta plantea un nuevo acceso desde el colindante término municipal de Godella que ni siquiera está en proyecto, tal y como alegó el Ayuntamiento de esta localidad. El propio consejero de Infraestructuras, Mario Flores, reconoció el pasado 26 de noviembre en una respuesta parlamentaria a Compromís que no se le ha solicitado ningún informe sobre los accesos y el impacto de la ubicación de Ikea en la CV-35 o pista de Ademuz. Godella alega, además, que los terrenos previstos para Ikea incluyen 600 metros lineales cuya titularidad está en disputa con Paterna y que la implantación del centro comercial tiene afecciones patrimoniales y entra en colisión con áreas residenciales próximas
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27.12.09
La división
interna del PP en Villena es de tal magnitud que la
alcaldesa, Celia Lledó, seguidora del presidente de la
Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tuvo que
suspender un pleno municipal ante la ausencia de cuatro
concejales de su partido, afines al presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, que la cuestionan
permanentemente.
De los
cuatro ausentes, sólo dos, José Joaquín Oliva y Juan
Carlos Pedrosa, justificaron falta: estaban enfermos.
Sin embargo, Adela Serra y Juan Richart no fueron
"porque no quisieron", según fuentes de la alcaldía.
Richart, concejal de Obras, llegó a las manos el pasado
mes de septiembre con el asesor municipal y esposo de
otra concejal del PP tras una tensa reunión de la Junta
de Gobierno Local.
La alcaldesa
había convocado la sesión extraordinaria a las 13 horas
con un único punto en el orden del día: aprobar el
cambio de ubicación del aparcamiento que se construye en
la plaza de toros. Pero el pleno no se llegó a celebrar.
Celia Lledó esperó durante casi una hora a sus
concejales críticos; pero ante su ausencia y a la vista
de que se quedaba en minoría desconvocó el pleno por
decreto. Lledó no quiso disimular su contrariedad. "No
es la primera vez que lo hacen", constató.
La semana
pasada, esas mismas ausencias provocaron que el equipo
de gobierno municipal, controlado por la mayoría
absoluta del PP, perdiera varias votaciones frente a los
siete concejales del PSOE y los dos de Los Verdes. La
alcaldesa ha convocado para hoy una ejecutiva local del
PP para "adoptar medidas y que el partido se posicione",
según fuentes municipales.
José Ayelo,
concejal del PSOE, tildó de "atropello a la democracia"
la actitud de la alcaldesa, que convoca y desconvoca
plenos "alegremente, faltando al respeto del resto de
ediles". Los socialistas entienden que el Ayuntamiento
"no puede funcionar con estas tensiones y broncas entre
los concejales del equipo de gobierno".
Los
servicios jurídicos del PSOE dudan de la interpretación
de la secretaria municipal y de la actuación de la
alcaldesa, ya que entienden que el pleno extraordinario
se debería haber celebrado y el PP retirar del orden del
día el punto previsto en la votación.
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29.12.09
8 ) La alcaldesa de
Villena paraliza un pleno por la ausencia de los campistas
