1. RAJOY FUERZA A VARIOS BARONES DEL PP A IR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

2. EL PP HACE FRACASAR LA CUMBRE CONTRA LA CRISIS

3. RAJOY FELICITA A SUS PRESIDENTES POR HACER FRACASAR LA CUMBRE

4. EL PP AMAGA CON BLOQUEAR EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

5. EL PP PERFILA LA ESTRATEGIA DE LAS ELECCIONES ANTICIPADAS

6. VILLALOBOS PASA DE QUE SUS COMPAÑEROS DEL GRUPO POPULAR LA ADOCTRINEN SOBRE EL ABORTO

7. EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR

8. AZNAR: "ESPAÑA ESTÁ EN ESTADO DE DISOLUCIÓN"

9. PAÍS VASCO. RAJOY OBLIGA A SUS TRES DIPUTADOS VASCOS A VOTAR CONTRA EL 'BLINDAJE'

10. CATALUÑA. CONSULTAS INDEPENDENTISTAS. EL PP SUGIERE QUE LOS MOSSOS DEBIERON ACTUAR

11. GALICIA. EL PP EVITA UNA CONDENA DEL PACTO ANTITRANSFUGISMO AL CASO GONDOMAR

12. GALICIA. LOS ALCALDES DEL PP, REACIOS A APOYAR AL HIJO DE BALTAR

13. GALICIA. DERROTA DE LOS BALTAR EN EL PP DE LA CIUDAD DE OURENSE

14. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TENDRÁ UN 108% DE DEUDA EN 2011

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AMPLÍA LA PRIVATIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A TODA LA REGIÓN

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RIDICULIZA A LOS SINDICATOS: "ESTOY MUY CONTENTA DE QUE VENGAN A MADRID PORQUE HACEN GRANDES GASTOS EN TIENDAS Y RESTAURANTES"

17. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID COMPARA LA MANIFESTACIÓN SINDICAL CON LAS QUE ORGANIZABA FRANCO EN LA PLAZA DE ORIENTE

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NO RECTIFICARÁ SUS PALABRAS SOBRE EL 'CASO TERTSCH'

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO

20. COMUNIDAD DE MADRID. UN JUEZ QUIERE EMBARGAR A LA EDIL DE URBANISMO POR UNA DEUDA MUNICIPAL

21. COMUNIDAD VALENCIANA. PRIMERO BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA

22. COMUNIDAD VALENCIANA. PERO LUEGO EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN

23. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSELLER DE CAMPS: "EL ORDENADOR QUE OFRECE ZAPATERO PUEDE CAUSAR MIOPÍA"

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS OFTALMÓLOGOS DESMONTAN LA TESIS QUE VINCULA LA MIOPÍA A LOS PORTÁTILES

25. COMUNIDAD VALENCIANA. LA "QUIEBRA" DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓN PAGARÁ UN MILLÓN EN 20 AÑOS A UN FAMILIAR DEL ALCALDE

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ SUSPENDE CAUTELARMENTE EL PLAN RABASSA CON 13.503 CASAS

28. COMUNIDAD VALENCIANA. TORREVIEJA DEBE 15,5 MILLONES POR EXPROPIACIONES

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE POLOP DIMITE PERO SE AFERRA AL ACTA DE EDIL

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FALTA DE ACUERDO EN EL CGPJ SALVA A DE LA RÚA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS ABOGADOS SE MANIFESTARÁN ANTE EL CONSELL POR EL IMPAGO DEL TURNO DE OFICIO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CIUDAD DE LAS ARTES. LA MADRE DE LOS SOBRECOSTES

33. COMUNIDAD VALENCIANA.. RUS GASTA 28.420 EUROS EN UN PALCO VIP DEL CIRCUIT

34. CASTILLA Y LEÓN. ALCALDES DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN SE REBELAN CONTRA HERRERA

35. CASTILLA Y LEÓN. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA UN PELOTAZO DE ULIBARRI EN PONFERRADA

36. ISLAS CANARIAS. UN CONCEJAL DEL PP IMPUTADO POR TRATAR DE COLOCAR A UN FAMILIAR EN ARRECIFE

37. REGIÓN DE MURCIA. EL PP NOMBRA AL ÚLTIMO ALCALDE FRANQUISTA DE MURCIA CONSEJERO DE LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

38. REGIÓN DE MURCIA. PIDEN 5 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE POR LA PRESUNTA COMPRA DE VOTOS

39. ARAGÓN. "PERO... ¡¿CÓMO DICE USTED?!"

40. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO ASEGURA QUE MATAS PAGÓ EN NEGRO EL BAÑO TURCO DEL PALACETE

41. ISLAS BALEARES. LA AMIGA DE COMPRAS DE LA MUJER DE MATAS DESCONOCÍA QUE TENÍA TRABAJOS REMUNERADOS

42. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PIDE AL GOVERN LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓ QUE PRESIDE CAÑELLAS

43. ISLAS BALEARES. LA JUEZ ATRIBUYE A CARDONA EL INYECTAR MILLONES EN EL CDEIB PARA SU PROVECHO

44. ISLAS BALEARES. LA JUEZ ATRIBUYE A CARDONA EL INYECTAR MILLONES EN EL CDEIB PARA COMISIONES Y FINANCIACIÓN ELECTORAL DEL PP

45. EL JUEZ DEL ‘CASO FUNERARIA’ IMPUTA TRES DELITOS A LA ESPOSA DE ÓSCAR COLLADO

46. LA RIOJA. GÉNOVA CONFÍA EN QUE LA RIOJA NO ACUDA AL CONSTITUCIONAL

47. LA RIOJA. A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL

1. RAJOY FUERZA A VARIOS BARONES DEL PP A IR A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La reunión de de todos los presidentes del PP con el jefe del partido, Mariano Rajoy, dejó muy claro que se cierne un panorama muy oscuro sobre la Conferencia de Presidentes, convocada el lunes después de tres años. Varios barones autonómicos llegaron incluso a plantear durante la comida la posibilidad de no acudir a la cita porque creen que sólo está pensada para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se haga una foto. Los más beligerantes, según varios de los presentes en la comida, fueron el valenciano Francisco Camps, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el consejero de La Rioja -no pudo acudir el presidente, Pedro Sanz-.

La madrileña Esperanza Aguirre también criticó la idea en sí de este órgano sin luz y taquígrafos que Zapatero convoca mientras evita desarrollar el debate del Estado de las Autonomías, sin embargo, dijo que era mejor acudir para aprovechar la ocasión para criticar la política económica del Gobierno. El gallego Alberto Núñez Feijóo fue el barón que más claramente apostó por acudir a una cita que él ha pedido en varias ocasiones.

Ante la posición más extrema de tres barones, que planteaban acudir de manera protocolaria al desayuno de todos los presidentes con el Rey, convocado en el Senado a las 8.30, y después marcharse antes de que empiece la conferencia a las 9.30, fue Rajoy quien tuvo que dejar claro que el PP "es un partido serio" y no se puede permitir esa escena de boicoteo a una convocatoria del presidente del Gobierno.

El PP dio a conocer un documento detallado pactado por todos los presidentes en la comida en el que se critica con dureza la política económica del presidente Zapatero y la Ley de Economía Sostenible, y se le culpa de los problemas de financiación que tienen las autonomías, sin hacer mención a las deudas de las comunidades del PP.

El decálogo aprobado por todos los presidentes incluye la propuesta de una reforma laboral que, aunque no se concreta, debe, dice el texto, "bonificar las cotizaciones de los nuevos contratos, eliminar la dualidad del mercado de trabajo y reformar la negociación colectiva". En la comida apenas se habló del agua, aunque es un tema delicado que Camps y Valcárcel han impuesto y que perjudica a Dolores de Cospedal, líder del PP de Castilla-La Mancha. Al final, Cospedal y Valcárcel cruzaron algunas palabras que dejan en evidencia sus discrepancias, aunque habrá un documento común de mínimos.

Rajoy quiere que sus presidentes se centren más en agricultura, ganadería y pesca y menos en el agua. En este asunto pueden saltar chispas entre Camps y Valcárcel, por un lado, y los socialistas José María Barreda (Castilla-La Mancha) y Marcelino Iglesias (Aragón), por la otra. Esta tensión que se prevé para la cuarta Conferencia de Presidentes que convoca Zapatero ya se puso de relieve en la reunión preparatoria celebrada el pasado miércoles en el Ministerio de Política Territorial, entre el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y los consejeros autonómicos del PP.

Los consejeros del PP -Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla- lograron introducir en el orden del día, venciendo las resistencias del vicepresidente tercero, una cadena de asuntos polémicos: el agua, la agricultura, la ganadería y la pesca. La previsión del Gobierno era limitar la Conferencia de Presidentes a un debate sobre la situación económica y al empleo, con la pretensión de lograr un acuerdo sobre este último. También pretendía ratificar los acuerdos entre los socialistas y el PP sobre la Presidencia de la Unión Europea y la respuesta a la violencia de género. Pero el PP lo amplió.

El vicepresidente tercero del Gobierno tuvo que emplearse a fondo para evitar que los presidentes autonómicos del PP impusieran, también, que acudieran a la Conferencia las organizaciones agrarias y ganaderas. Chaves lo impidió con el argumento de que al acudir los sindicatos, cuya participación estaba prevista para el debate sobre el empleo, las organizaciones agrarias podían darse por representadas.

(www.elpais.com, 12/12/09)

2. EL PP HACE FRACASAR LA CUMBRE CONTRA LA CRISIS

La IV Conferencia de Presidentes confirmó los peores augurios. El PP no está dispuesto a dar ni un solo balón de oxígeno al Gobierno, aunque el objetivo último sea mejorar la situación económica de España y la de los más de cuatro millones de parados. El boicot de sus ocho presidentes autonómicos al intento de José Luis Rodríguez Zapatero de sumar a los gobiernos autonómicos a su estrategia contra la crisis se confirmó desde primera hora con la divulgación por el PP de un decálogo que, en su segundo párrafo, tachaba de "utópico" el planteamiento del Gobierno.

Si algún atisbo de duda quedaba, lo despejó el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando comenzó su intervención a puerta cerrada diciendo: "Del PP, hemos traído". Desde ese momento quedó meridianamente claro que los presidentes de las Comunidades gobernadas por el PP actuaban en bloque y que Feijóo, el que de ellos tiene una relación más estrecha con Mariano Rajoy, era su portavoz.

Le habían precedido en el uso de la palabra los representantes de la patronal y los sindicatos, el presidente del Gobierno y, siguiendo el criterio de antigüedad de los Estatutos de Autonomía, los presidentes de Euskadi y Catalunya. Esta secuencia, unida a que lareunión comenzó con la aprobación por unanimidad del Reglamento de la Conferencia, hizo al Gobierno albergar una tibia esperanza de podría alcanzarse algún acuerdo, sobre la base de un texto de 14 folios que incluía la creación de varios "grupos de trabajo" para su desarrollo. La respuesta del PP fue de rechazo frontal.

Aun así, Zapatero buscó el acuerdo hasta la extenuación, con la ayuda destacada del presidente de Canarias, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, quien sostuvo que no podían salir de la reunión sin acuerdos. Para conseguirlo, presentó un "texto integrador", de 19 folios, en el que, según el presidente, se recogen "hasta el 80%" de las propuestas del PP nueve de las 10 de su decálogo, aunque "con algunos matices". Pero sus presidentes se abstuvieron en la votación, lo que impidió cualquier acuerdo de la Conferencia, para el que se exige un mínimo de dos tercios.

Zapatero, en tono muy duro y dolido, hizo la siguiente lectura política: "Unos presidentes han dicho: Yo no me mojo. Me lavo las manos. En una palabra: no se quería llegar a un acuerdo. Han querido manifestar que no se responsabilizan con el Gobierno de España en la lucha contra el paro y la recuperación económica. No es serio para con el país. Hace falta más lealtad y madurez institucional".

A pesar de la falta de apoyo, afirmó que el Gobierno "hace suyo" el documento de síntesis y subrayó que, "con más o menos ayuda, el camino está fijado y nos vamos a comprometer (en las reformas) hasta las últimas consecuencias".

(www.publico.es, 15/12/09)

3. RAJOY FELICITA A SUS PRESIDENTES POR HACER FRACASAR LA CUMBRE

Respaldo absoluto a sus presidentes autonómicos. Le faltó aplaudir. Mariano Rajoy no dudó en dar la enhorabuena -hasta en dos ocasiones- a sus dirigentes por no apoyar el acuerdo sobre economía y empleo que presentó Zapatero en la IV Conferencia de Presidentes. "Quiero felicitarles a todos por poner en evidencia la frivolidad, la ligereza y la falta de criterio del presidente del Gobierno. Han sabido actuar con dignidad", resaltó. Era su manera de defenderse ante los que le acusan de torpedear la cumbre y entorpecer la recuperación económica.

En una reunión con el Grupo Popular en el Congreso, Rajoy lamentó que Zapatero "colocara" a los mandatarios "de figurantes en una operación de márketing". Por eso cargó contra él: "Su reacción ha sido destemplada e impropia. Otro más de sus tics autoritarios". Dijo que su actitud le había recordado a la que empleó para "arremeter" contra los empresarios una vez suspendido el Diálogo Social.

"Confunde la lealtad con la adhesión inquebrantable. Debería olvidarse de sus pataletas", concluyó. Y animó a Zapatero a "preparar mejor los asuntos". Sus colaboradores insisten en que Rajoy no tiene intención de "hacerse corresponsable de la política económica del Gobierno". Y hacen hincapié en que se logró alcanzar la unanimidad para luchar contra la violencia de género y para la presidencia de España en la Unión Europea porque llevaban trabajando desde hace meses en ello.

"Cuando las cosas se hacen razonablemente, se puede llegar al entendimiento", dijo Rajoy ante los suyos, mostrándose dispuesto a hablar de energía y educación pero con muchos peros sobre la mesa.

Fuentes de la dirección sostienen que si en la cita autonómica no se transmitió un mensaje de confianza, no fue por su culpa. "El encuentro fue una broma", denuncian mientras reconocen que fue el vicesecretario de Política Territorial, Javier Arenas, y su mano derecha, Juan Manuel Moreno, quienes llevaron la batuta durante toda la operación. Moreno definió la cita como una "enorme chapuza desde el punto de vista de la organización, la planificación y la política".

Tras escuchar al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, anunciando que volvería a convocar a todos los presidentes a un "foro informal", el PP se preguntaba por qué no se utilizaban los espacios ya existentes para debatir, como el Congreso y las conferencias sectoriales.

No adelantaban si iban o no asistir. Pero su rechazo se adivinaba en las reticencias: "Primero que nos haga llegar una propuesta formal, con todo bien detallado. Tienen que ser serios y dejarnos ver los documentos con tiempo para analizarlos y poder enmendarlos..." El PP cree que lo que pretende Zapatero "tiene poco recorrido" y "no prosperará porque su discurso ya no es creíble".

A pesar de que Rajoy no quiso saber nada de las propuestas de Zapatero, durante su discurso no hizo más que alertar sobre el riesgo que corre España "de quedarse descolgada de la recuperación" y "se estanque en un periodo prolongado de bajo crecimiento, insuficiente para generar empleo". A su juicio, el jefe del Ejecutivo es "incapaz de reaccionar con solvencia para hacer frente a los problemas" y, por eso, se merece un "suspenso total"

(www.publico.es, 16/12/09)

4. EL PP AMAGA CON BLOQUEAR EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reúne mañana para estudiar 19 nuevos casos presentados por el PSOE (9), PP (7) y ERC (1) desde la última reunión de julio. En este contexto, los conservadores ya empezaron a marcar posiciones sobre cuál va a ser su estrategia. Todo fueron advertencias a los socialistas. La consigna fue clara: si no se disculpan por su actitud en Benidorm (Alicante) y Ronda (Málaga) "el pacto quedará herido de muerte". Fue lo que mantuvieron en rueda de prensa el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, y Juan José Matarí, representante de los conservadores en la Comisión del Pacto.

No hubo, como en otras ocasiones, amenazas claras de ruptura: "Queremos seguir mejorando y actuando". Pero sí de boicot. En el supuesto de que los socialistas desoigan su peticiones de pedir perdón y tomar medidas, el PP se planteará "la continuidad activa en ese pacto". Olvidándose de casos tan sonados en las filas conservadoras como los de Silleda o Gondomar, ambos municipios de Pontevedra donde el PP logró la alcaldía apoyándose en concejales tránsfugas, los conservadores miraron para otro lado. Concretamente hacia Ronda y Benidorm.

En Ronda, el PSOE conquistó la alcaldía el pasado mes de junio después de que el antiguo regidor y sus ocho concejales se diesen de baja del Partido Andalucista (PA) para pasar a las filas socialistas. El PP exhibió un informe de la comisión de expertos independientes, que será examinado mañana, en el que se declara tránsfugas a los ex integrantes del PA. Pero lo más importante para los conservadores es que el mismo documento sostiene que el PSOE puede haberse beneficiado del transfuguismo. "Por primera vez, una organización como tal puede ser declarada beneficiaria de transfuguismo", explicó Matarí.

Es la razón por la que el PP exige que el vicepresidente tercero Manuel Chaves, dé explicaciones como secretario general de los socialistas andaluces, y que el PSOE tome medidas. Moreno fue más allá cuando aseguró que, en el caso de Ronda, Chaves es "juez y parte", puesto que "impulsó y reflexionó" la maniobra.

Para el caso de Benidorm, donde los concejales dados de baja del PSOE y un tránsfuga del PP derrocaron al alcalde, Manuel Pérez Fenoll (PP), el partido presidido por Mariano Rajoy también exige explicaciones. "Es el caso más grave desde 2006 por la implicación que ha tenido la dirección nacional socialista", dijeron. Si la respuesta de Chaves, que preside la Comisión del Pacto, no es contundente, el PP cree que el acuerdo recibirá "la puntilla", quedará "tocado".

Por contra, tiraron de la doble vara de medir cuando se les preguntó por su actuación en Silleda y Gondomar. Para el PP, estos casos no son comparables a los de Ronda o Benidorm "por la alarma social generada y la voluntad política del PSOE", explicó Matarí. Moreno añadió que en nada tiene que ver la "casuística" de los episodios que ellos están denunciando con municipios pequeños como Gondomar o Silleda donde, aseguraron, existen "odios personales". El PP, además, mostró su compromiso de no incorporar en sus listas electorales a concejales tránsfugas.

Desde las filas socialistas, su responsable de Política Municipal, Antonio Hernando, recordó que para el caso de Benidorm, por ejemplo, también existe denuncia de su partido. "Reconozco que los concejales socialistas se beneficiaron de un acto de transfuguismo, pero exijo que se reconozca lo mismo en casos similares". A juicio de Hernando, con esta actitud el PP está "buscando una excusa para abandonar el pacto, porque lo consideran un corsé para ganar ayuntamientos que perdieron en las elecciones".

(www.publico.es, 16/12/09)

5. EL PP PERFILA LA ESTRATEGIA DE LAS ELECCIONES ANTICIPADAS

Poco a poco el Partido Popular está perfilando una nueva estrategia con la que propiciar su salto a Moncloa: presionar al Gobierno para que convoque elecciones anticipadas. Ya lo sugirió González Pons hace unos días con cierta timidez: "Al Gobierno sólo le queda convocar elecciones", dijo. , sin embargo, Esperanza Aguirre fue más contundente: "Zapatero debe convocar elecciones ya para que los españoles puedan elegir un Gobierno capaz y eficaz".

El PP comienza a tener la sensación de que el tiempo ya no corre a su favor. Al abrigo de la recesión, el PP ha visto durante este año como la mala situación económica y el incremento de las tasas de paro dañaban la imagen del Gobierno socialista. La intención de voto en las encuestas llegó a situar a los conservadores 5 puntos por delante del PSOE.

Sin embargo, una vez que lo peor de la crisis económica ha pasado y se suceden los datos que apuntan al comienzo de la recuperación, el viento no parece que vaya a soplar a favor del PP hasta 2012, cuando se acaba la legislatura. De hecho, según el último Publiscopio, en pocas semanas la diferencia entre los dos principales partidos se ha reducido hasta un 1,6 puntos. Un empate técnico si se celebrasen hoy las elecciones.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido preguntada en En Días como Hoy, de RNE, por la petición de la lideresa. No ha querido confirmarla oficialmente, pero tampoco la ha negado: "Es al Gobierno al que le corresponde tomar la decisión de adelantar las elecciones, no a mí".

Un respuesta críptica que aventura un globo sonda con el que palpar el grado de aceptación social de unas elecciones anticipadas. El PP es consciente de que a falta de menos de tres años para las elecciones el clima le es favorable. Esperanza Aguirre lo tiene claro: En los últimos cinco años "nunca" la situación política ha sido "más favorable" para el PP de lo que lo es ahora, reflexionó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aguirre cree que es el momento óptimo para el PP, ya que a su entender, ahora la sociedad española "está cansada de los errores de Zapatero y piensa cada vez más en los populares para que resuelva los errores [del presidente]". Así, subrayó que "nunca un presidente ha visto crecer el paro de manera más desaforada". Es la segunda petición de elecciones anticipadas en menos de una semana en las filas del PP, habrá que esperar para ver si se concreta como estrategia de los conservadores para el año entrante.

(www.publico.es, 17/12/09)

6. VILLALOBOS PASA DE QUE SUS COMPAÑEROS DEL GRUPO POPULAR LA ADOCTRINEN SOBRE EL ABORTO

La diputada del PP Celia Villalobos ha vuelto a generar polémica por su postura en relación con la ley del aborto. La dirigente, que ya ha ido por libre en temas controvertidos como la ley que aprobaba los matrimonios homosexuales, abandonó una reunión del Grupo Popular en el Congreso cuando su compañero de partido Ángel Pintado hacía un encendido alegato en contra de la Ley del Aborto. La diputada comentó de manera informal a la prensa que tenía un almuerzo y que, a estas alturas, no necesita escuchar según que discursos.

Celia Villalobos no rompió la disciplina de partido en la votación de la reforma de la Ley del Aborto, pero días antes se había abstenido, junto con Rosa Díez, en una moción para retrasar el debate sobre esta norma que su partido apoyaba. Este martes continuó alimentando la controversia a raíz de este tema cuando abandonó la reunión del Grupo Popular en el Congreso durante la intervención de su compañero Ángel Pintado.

El diputado por Huesca, de profundas creencias religiosas, pidió la palabra durante la reunión para elogiar la labor del PP en lo referente a la interrupción del embarazo y aseguró que su partido ha ganado este debate, tanto "internamente como en el exterior". Además, Pintado pidió a Mariano Rajoy que haga de su proposición de ley de ayuda a la maternidad uno de los puntos clave en su política.

Villalobos no se quedó para escucharle: cuando comenzó su encendida defensa de la vida, abandonó la sala y, de manera informal, comentó a la prensa que tenía un almuerzo, pero también, según recoge La Razón, que a estas alturas no está ya para escuchar determinadas charlas.

(www.elplural.com, 16/12/09)

7. EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR

El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.

El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.

Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.

Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.

La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.

La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.

Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.

Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.

La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.

La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. "Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular", explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.

Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007.

(www.interviu.com, 14/12/09)

8. AZNAR: "ESPAÑA ESTÁ EN ESTADO DE DISOLUCIÓN"

El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, aseguró esta noche que España está "en estado de disolución" por la "debilidad de la idea de nación", una opinión que vinculó con la celebración de la consulta soberanista "manifiestamente ilegal" celebrada en 166 municipios de Cataluña.

"Entiendo que haya nacionalismos secesionistas, pero no que desde el Gobierno se acepte y se aliente estas convocatorias ilegales, absolutamente inaceptables", denunció Aznar, que acto seguido hizo un llamamiento para reivindicar "la nación española en su pluralidad, desde una soberanía única e indisoluble".

El ex presidente del Ejecutivo censuró la "campaña temeraria, injusta e innecesaria" que rodeó la consulta de en Cataluña, de cuya celebración culpó en última instancia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Ni se puede mirar para otro lado, ni estar callado, ni permitir que la ley no se cumpla", enfatizó Aznar, para quien se "han pasado los límites de una política sensata de descentralización del Estado".

Aznar realizó estas declaraciones al recibir el 'Premio Populares de Hortaleza 2009', un distrito madrileño en el que, recordó, fue vecino y desempeñó su derecho al voto. Tras bromear con los afiliados con el sentido del homenaje --que se debe, dijo, a que "empiezan a verle mayor"--, el ex presidente citó los cuatro "puntos fundamentales" que resumen la situación del país, en referencia a la "grave debilidad de la idea de nación española", la también "debilidad" de un Estado "casi famélico", la crisis económica y el papel "irrelevante" de España en el mundo.

Asimismo, Aznar volvió a reclamar un profundo proceso de reformas, tras lo que atacó la manifestación de los sindicatos del pasado sábado ya que, dijo, sirvió "otra vez" para que éstos se "autojalearan" sin llegar "a ningún sitio". A pesar de que el Gobierno es "absolutmente insolvente", el presidente de FAES reconoció que "las cosas no siempre van a ir mal". "Pero una cosa es caer un poquito menos", advirtió, "y otra la recuperación económica".

Tras defender la política económica desarrollada por su Gobierno en 1996, Aznar se mostró convencido de que "surgirá del PP" un mensaje que apele a la mayoría de los españoles ya que, subrayó, "sólo así se pueden ganar las elecciones y cambiar las muchas cosas que hay que cambiar". En este sentido, el presidente de Honor de los 'populares' hizo un llamamiento a la unidad interna. "El PP --dijo-- ha sido el partido más importante de España cuando ha estado unido y ha explicado las cosas bien".

Aznar se mostró muy crítico con el papel internacional de España, que resumió de la siguiente forma: "Alguien pregunta dónde hay que rendirse, pues allí vamos nosotros". En este punto, criticó que se "dialogara" con piratas en Somalia o "se ceda al chantaje de un país vecino", en referencia a la postura de Marruecos en lo relativo al caso de la activista saharaui Aminetu Haidar.

"Por eso nos cogen las patrullas de la Guardia Civil en Gibraltar, que son aguas nuestras", citó entre aplausos Aznar, quien lamentó que "por primera vez" un ministro español llamara al primer ministro de Gibraltar para dar explicaciones por el intento de detener a unos presuntos narcotraficantes.

Aznar justificó que "no se prodigue mucho" en actos públicos como el celebrado esta noche en un hotel del distrito de Hortaleza porque, aseguró, intenta "administrar las palabras y los silencios". El ex mandatario agradeció la asistencia al acto de numerosos cargos del PP madrileño, entre los que se encontraba también el secretario general del PP Europeo, Antonio López-Istúriz, con quien bromeó por su pasado como su ayudante personal en La Moncloa.

"La verdad es que a los ayudantes míos no les ha ido mal en la vida", comentó Aznar, quien se refirió irónicamente a Alejandro Agag como "el otro ayudante que se casó con mi hija".

(www.publico.es, 15/12/09)

9. PAÍS VASCO. RAJOY OBLIGA A SUS TRES DIPUTADOS VASCOS A VOTAR CONTRA EL 'BLINDAJE'

Mariano Rajoy y su equipo fueron derrotados en todas las votaciones en el Congreso, pero obtuvieron dos éxitos políticos muy relevantes. Nadie rompió la disciplina de voto ni en el aborto, ni en el llamado blindaje del Concierto vasco, que hará que cualquier norma foral pueda ser recurrida sólo ante el Tribunal Constitucional. Todos los diputados del PP, salvo un par de errores, votaron en contra en ambos casos. Y en este último, el del blindaje, era muy difícil lograr esa unanimidad, porque los tres diputados vascos tenían que votar no a lo que siempre ha defendido el PP vasco, dirigido por Antonio Basagoiti. Pero Rajoy lo logró.

Lo hizo después de obligarles a respetar la disciplina de voto, con el argumento, según fuentes parlamentarias, de que en un día en que se votaba el aborto y algunos diputados, como Celia Villalobos, iban a hacer un esfuerzo de disciplina, personas como Alfonso Alonso, ex alcalde de Vitoria y cercano a Rajoy, no podían ausentarse de la votación.

Es lo que él y los demás vascos de la Cámara hicieron hace tres semanas, cuando el texto del blindaje llegó al Congreso y fue defendido en la tribuna por un diputado autonómico del PP vasco mientras sus compañeros del resto de España votaban no.

Basagoiti, muy molesto según diversas fuentes -aunque guardó silencio- porque ha sido incapaz de convencer a Rajoy para que el PP se abstuviera en la votación, sufrirá las críticas en el País Vasco por el voto de los diputados populares. De hecho, mismo, durante el debate, el representante del PNV, Aitor Esteban, no dejó escapar la ocasión: "Ya vemos el caso que le hacen al señor Basagoiti. Primero iba a convencer al señor Rajoy para votar a favor de la toma en consideración. Luego iba a convencerle en el trámite de ponencia. Y resulta que hoy hasta los señores Alonso, Astarloa y Azpiroz van a votar en contra. El PP vasco es un partido absolutamente subordinado a las directrices e intereses emanados de la calle Génova". La ley salió con apoyo de todos salvo el PP y Rosa Díez.

Rajoy no ha podido darle a Basagoiti la abstención que pedía, pero sí le ha ofrecido, según fuentes parlamentarias, la garantía de que el PP no recurrirá, a través de 50 diputados, el mecanismo del que dispone, esta norma al Constitucional. Tiene tres meses para hacerlo, pero todas las fuentes descartan que vaya a suceder.

(www.elpais.com, 18/12/09)

10. CATALUÑA. CONSULTAS INDEPENDENTISTAS. EL PP SUGIERE QUE LOS MOSSOS DEBIERON ACTUAR

De haberse producido las consultas sobre la independencia de Catalunya estando el PP en la Moncloa, la situación hubiese sido diferente. Esa es, al menos, la conclusión que se extrajo de la rueda de prensa convocada en la sede nacional de los conservadores por María Dolores de Cospedal. La número dos del partido acusó a José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla de haber mirado "para otro lado", si bien no supo precisar si su formación hubiese enviado a las fuerzas de orden público para impedir la celebración de la consulta. No obstante, dejó la pelota en el tejado del president de la Generalitat: "En Catalunya, son los Mossos dEsquadra... entre otros, y es la Policía Autonómica la que tiene que actuar de acuerdo con lo que diga el presidente de la Generalitat".

De Cospedal no quiso dar más pistas concretas de cuál hubiese sido la actitud de su partido respecto a las convocatorias celebradas este domingo, sólo que el PP no habría dicho "con 24 horas de anterioridad que no le parece bien que se celebren este tipo de consultas. Hubiéramos sido más explícitos en la defensa de la Constitución y de la legalidad de la Constitución", explicó.

En este sentido, lamentó que en España se esté tolerando "una campaña de legitimación del independentismo" mientras el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat "actúan con pasividad". Antes, la número dos del PP se había felicitado de que, "a pesar de la pasividad del Gobierno, hay algo bueno". Se refería a que "sólo tres de cada diez catalanes han participado" en la consulta. O, visto de otra forma, "siete de cada diez han renunciado a participar".

En un momento de la rueda de prensa, la secretaria general del PP aseguró que Montilla, al suscribir el acuerdo tripartito en Catalunya, mantuvo que "iba a pacificar a los nacionalistas más radicales". Y subrayó que, por contra, lo que se ha hecho ha sido "crear más tensiones territoriales".

Preguntada sobre si una sentencia favorable al Estatuto catalán podría reducir la cifra de personas a favor del independentismo, Cospedal respondió que Catalunya "merece tener un Estatuto plenamente conforme a la Constitución y a la legalidad vigente. Es bueno para todos los catalanes y españoles aseguró que la sentencia la tengamos lo antes posible y clarifiquemos la situación".

Tampoco cree la número dos del PP que su partido deba sentirse culpable de haber fomentado un sentimiento independentista por la recogida de firmas contra el Estatut. "Uno es responsable de lo que hace o de lo que permite hacer y aquí los que han hecho el referéndum son los partidos nacionalistas y los que han permitido hacerlo son el PSC y el Gobierno de España. Por lo tanto, no nos vamos a sentir responsables de algo de lo que no somos".

Cospedal no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que la sentencia del Estatut afecte a otros textos autonómicos con artículos similares a los impugnados por el PP. Una vez más, reiteró su respeto a la sentencia del TC sobre el Estatuto de Catalunya o sobre cualquier otro. Precisamente, hace una semana, el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, aseguró que si la sentencia del Estatut demuestra que algunos preceptos son inconstitucionales, también podrían serlo artículos similares vigentes en otros estatutos.

(www.publico.es, 15/12/09)

11. GALICIA. EL PP EVITA UNA CONDENA DEL PACTO ANTITRANSFUGISMO AL CASO GONDOMAR

En Benidorm, donde concejales tránsfugas del PP apoyaron a los que pertenecían al PSOE para darles la alcaldía, existe transfuguismo. En Gondomar (Pontevedra), donde sucede lo mismo pero quienes pasan al poder son los populares gracias a ex ediles socialistas, la moción de censura está justificada por "la ingobernabilidad del municipio". Es la tesis que sostuvo el PP en la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en Madrid.

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, presidió una reunión a la que PSOE y PP llevaron el estudio de ocho casos cada uno. Entre ellos, además del de Gondomar, se debatieron los casos de Silleda (Pontevedra), Láncara y Folgoso do Courel (ambas en Lugo).

El pacto está articulado de tal forma que hace falta la unanimidad de todos sus integrantes para sacar adelante las resoluciones. A última hora de la tarde, se conocía que, al menos en el caso de Gondomar, no se había llegado a este acuerdo por la oposición del PP. Será remitido a una comisión de expertos que lo estudiará y emitirá una resolución en seis meses y deberá ser acatada por la comisión.

A priori, sí que había unanimidad en el caso de Benidorm, donde todos los diputados de la comisión consideraban que la llegada a la alcaldía de Agustín Navarro (PSOE) con el voto del ex concejal del PP José Bañuls constituyó un caso claro de transfuguismo el pasado mes de septiembre. Pero el BNG decidió bloquear esta decisión y remitir el asunto al comité de expertos en respuesta a la decisión del PP de "justificar la moción de censura en Gondomar escudándose en una supuesta situación de ingobernabilidad", según el diputado nacionalista Francisco Jorquera. "Introducir una cuestión subjetiva como esta convierte en papel mojado el pacto antitransfuguismo; bajo ese criterio se pueden justificar todos los casos. El Partido Popular considera que es o no transfuguismo en función de si le beneficia", añadió Jorquera.

El caso de Gondomar perjudica directamente al BNG porque fue un alcalde de su partido el desalojado de su puesto. El pasado mes de julio, el PP recuperó la alcaldía de esta localidad pontevedresa tras superar con éxito la moción de censura a la que sometió al alcalde, Antón Araúxo, con el apoyo de cuatro concejales del PSdeG y uno de Move Gondomar. Los concejales socialistas fueron expulsados del partido y seis de los siete ediles del PP dejaron el suyo. La moción se votó en medio de una fuerte bronca vecinal, que obligó a la Guardia Civil a escoltar al nuevo alcalde, Martín Urgal, y al resto de concejales que apoyaron la moción, 11 en total. Todos ellos, con el ex alcalde Carlos Silva, que no asistió, pasaron a formar parte del nuevo gobierno.

La comisión de seguimiento también estudió el caso de Silleda, donde el pasado 19 de octubre, cinco de los seis ediles del PP votaron junto a sus otrora contrincantes -dos ex concejales del PSdeG que ahora integran el grupo de los no adscritos- para derrocar a la alcaldesa socialista, Paula Fernández. El bastón de mando pasó entonces a manos de la concejal tránsfuga Ofelia Rey, candidata en la moción de censura. La operación no contaba, al menos públicamente, con el aval de los líderes del partido, Rajoy y Feijóo, que la desautorizaron varias veces. El presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, siempre se mostró más comprensivo.

Los socialistas también llevaron a la comisión dos casos de la provincia de Lugo, donde PSdeG perdió sendas alcaldías en una sola semana de octubre por mociones de censura en Láncara y en Folgoso de O Courel. Gracias a la primera, Eladio Capón, líder municipal del PP, volvió a la alcaldía tras conseguir el apoyo de dos concejales expulsados de Terra Galega. La segunda otorgó la alcaldía a la que fuera cabeza de lista del Partido Popular, Dolores Castro.

(www.elpais.com, 18/12/09)

12. GALICIA. LOS ALCALDES DEL PP, REACIOS A APOYAR AL HIJO DE BALTAR

Tres días pidió Baltar, presidente del PP de Ourense, a Feijoo, presidente del PP de Galicia, para deshojar la margarita de su sucesión al frente de la organización que dirige desde 1991. Es el tiempo que necesita para consultar con los 60 alcaldes populares de la provincia. Las confesiones comenzaron . Unas, telefónicas, y otras, personales. Seguirán durante el fin de semana para tener el balance preciso de apoyos antes de la reunión que el próximo lunes fijará el congreso del PP ourensano para el 30 de enero.

En estas 48 horas, José Luis Baltar intentará reclutar los respaldos necesarios para perpetuar el baltarismo en el poder a través de su hijo, José Manuel Baltar, hoy vicepresidente del Parlamento gallego. No le resultará fácil porque, según reconocía uno de los alcaldes, "para el todo o que queira, pero para o seu fillo xa non nos pode comprometer". En tal tesitura se topará Baltar en una mayoría de conversaciones. Recibirá la gratitud de los cargos políticos a los que fue regando de prebendas (especialmente vía puestos de trabajo de la Diputación), y que le ofrecerán su apoyo para renovar un nuevo mandato. Pero ese no es el objetivo de Baltar. Ese sería el mal menor.

Su objetivo es ceder el poder a su hijo. Desde hace tres meses dos muletillas no abandonan sus bocas: "Si se presenta mi padre, yo no me presento", reitera el hijo; "hasta que fale con Feijoo non vou a tomar a decisión sobre si continúo ou non", remacha el padre. Y así mareando la perdiz sin que los meses de primarias del hijo le granjearan nuevos apoyos. El único peso que tiene en el PP de Ourense es el que le traslada su progenitor. Y el de este ya no es aquel que enarboló cuando puso contra las cuerdas al Gobierno de Fraga con el encierro de su hijo y cuatro diputados más en un piso. Ni tampoco el que exhibió cuando en vísperas de las autonómicas del 2005 le dijo a Feijoo, con la anuencia de Fraga, que en Ourense no había sitio para él en la candidatura del PP y que se buscase acomodo en la de Pontevedra.

El Baltar de ahora, con el contrapoder del delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, su hombre fiel durante 18 años en la vicepresidencia de la Diputación, es un Baltar con menos regalías a repartir. Y los alcaldes van a lo práctico. En la situación de penuria que viven los concellos, ¿cómo enfrentarse al poder de la Xunta? ¿Cómo olvidar que el presidente del partido lo es también del Gobierno y que el secretario general es conselleiro de Presidencia? Esta realidad hace que los ecos que le llegan a Baltar no sean del estilo "o que ti digas" sino "pide para ti o que queiras, pero o do teu fillo non é este o momento".

Si Baltar repite habrá unanimidad. Si le da la alternativa a su vástago, habrá luchas intestinas y división en el otrora monolítico partido y, al final, resultará un Baltar ganador y un Feijoo perdedor, o viceversa.

(www.lavozdegalicia.es, 14/12/09)

13. GALICIA. DERROTA DE LOS BALTAR EN EL PP DE LA CIUDAD DE OURENSE

José Manuel Baltar Blanco ha topado con su primer escollo en el camino hacia la presidencia del PP orensano. , la junta local del partido en la ciudad de Ourense rechazó el reparto de compromisarios ideado por su padre, el presidente de la Diputación. Y lo hizo en votación a mano alzada y con los dos Baltar, hijo y padre, presentes. La directiva de la capital, con mayoría de críticos al baltarismo, había denunciado que el presidente provincial "beneficia" la opción de su hijo, el aspirante a la presidencia, con el reparto de compromisarios.

La junta provincial que preside Baltar padre decidió el lunes que cada ayuntamiento de la provincia participaría en el congreso con dos compromisarios, poniendo en pie de igualdad a los municipios con mayor número de habitantes (en donde el control lo tienen los críticos al baltarismo) y a los más pequeños, controlados por el presidente.

(www.elpais.com, 18/12/09)

14. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA TENDRÁ UN 108% DE DEUDA EN 2011

Lo ha repetido la oposición a Rafael Louzán durante años y ahora son los propios servicios de intervención de la Diputación de Pontevedra los que alertan del elevado endeudamiento de la institución. Un informe interno hecho público por el portavoz del BNG, César Mosquera, alerta de que la deuda alcanzará el 96% el año próximo y llegará al 108% en 2011.

Las recomendaciones del informe pasan por "realizar ajustes serios en el gasto corriente", sobre todo en personal. De hecho, aconseja contratar "sólo para casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". Rechaza incrementar el número de funcionarios y el personal laboral.

(www.elpais.com, 18/12/09)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AMPLÍA LA PRIVATIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A TODA LA REGIÓN

Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy. Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".

La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).

El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.

En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.

Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.

(www.elpais.com, 17/12/09)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RIDICULIZA A LOS SINDICATOS: "ESTOY MUY CONTENTA DE QUE VENGAN A MADRID PORQUE HACEN GRANDES GASTOS EN TIENDAS Y RESTAURANTES"

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a hacer de las suyas en su casa, Telemadrid. Tras la polémica levantada por la manipulación informativa que esta cadena hizo a la manifestación sindical del pasado sábado, la misma lideresa ha terciado en el asunto, definiendo la marcha como "patética". "Yo dije que me parecía patética y me lo sigue pareciendo, aunque estoy muy contenta como presidenta de la Comunidad de Madrid de que unos señores que tienen unos salarios asegurados y que no van a perder el empleo vengan a Madrid porque hacen grandes gastos en las tiendas y en los restaurantes. Y encima, les dan una dieta porque son gente pagada para que no trabaje", ha atacado. Más tímida se ha mostrado, eso sí, a la hora de hablar del cómico Wyoming, a quien ella misma ha puesto en la palestra vinculándole con el ataque al periodista Hermann Tertsch. "No voy a hacerle el favor de hablar de él en esta televisión", ha zanjado.

Fiel a su estilo, Esperanza Aguirre ha aparecido en su televisión, Telemadrid, cargada de munición. Los primeros tiros han ido dirigidos a José Luis Rodríguez Zapatero, quien evidenció que los presidentes autonómicos del PP no quisieron arrimar el hombro en la Conferencia del ramo. "Nosotros nos lavamos las manos de lo que hace el señor Zapatero" a quien "no le interesa nada el PP cuando tiene que aprobar la Ley de Memoria Histórica, la Ley del aborto, y cuando hace todas esas leyes divisivas de la sociedad", como aquella que "llama matrimonio a la unión de los homosexuales". Según la lideresa, el jefe del Ejecutivo "quiere corresponsabilizarnos" de su "fracaso evidente en política económica". Añadió que, Zapatero le agradeció su "sinceridad" por transmitirle con claridad su dejación.

A continuación, Aguirre cargó contra los sindicatos, que "no han hecho absolutamente nada que permita salir de la crisis" sino que se han "atrincherado en sus posiciones para que nuestro marco laboral siga siendo distinto al de Europa". En el plató reinó, sin embargo, la confusión a la hora de hablar de los liberados sindicales de la Sanidad madrileña. Y es que, aunque la tesis oficial del consejero Juan José Güemes es que hay 913, un extremo que CCOO y UGT niegan tajantemente, la misma Aguirre admitió que sólo son 350 personas, pero que "sus horas sindicales corresponden a novecientos y pico puestos de trabajo fijos a tiempo completo".

Tras proponer su fórmula de reforma laboral eludiendo el tema del abaratamiento del despido de una forma torpe –según la política, hay que liberalizar la contratación prescindiendo de convenios colectivos y permitiendo que cada jefe imponga "lo que crea" en el contrato-, la dirigente se centró en la política exterior, recitando el ideario de la caverna y el PP. "España era importante, desde que gobierna Zapatero ya no lo somos", espetó, mezclando piratería, Mauritania y Aminatu Haidar –algo que han hecho sus aliados mediáticos a diario-. En su opinión, nuestro ejército está "absolutamente desmoralizado" y "el mensaje que estamos trasladando es: señores piratas, vengan ustedes a coger más barcos españoles".

Finalmente, la presidenta repasó el tema de Sitel, los crucifijos y los derechos de autor, y en los tres casos enarboló la defensa de la libertad y aprovechó para publicitar un libro suyo sobre discursos, aunque se lió a la hora de explicar su propia obra y confundió a Cicerón con Sócrates. Tampoco supo a qué cámara mirar a la hora de felicitar las navidades a los televidentes, cosas del directo. Aguirre ahondó el argumentario de la ilegalidad de Sitel, y aunque esta vez no acusó directamente al ministro Rubalcaba sí apuntó a "la televisión de Prisa" como la muestra de que se han grabado conversaciones sin órdenes judiciales.

(www.elplural.com, 15/12/09)

17. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID COMPARA LA MANIFESTACIÓN SINDICAL CON LAS QUE ORGANIZABA FRANCO EN LA PLAZA DE ORIENTE

En una muestra más del sesgo ideológico que la caracteriza, Telemadrid ha levantado las iras de los sindicatos y del PSOE por el tratamiento informativo que la cadena pública madrileña ofreció de la manifestación sindical del sábado: el presentador del programa Siete días, —un resumen semanal de la actualidad— comparó la marcha sindical con las que organizaba Franco. "Turismo de manifestantes, como en los viejos tiempos de la dictadura", afirmó José Antonio Ovies, conocido por dar un tono muy opinativo a sus intervenciones y ser uno de los puntales de la cadena contra el Gobierno.

En la información sobre la manifestación de los sindicatos, Ovies no ofreció ni una sola imagen de la misma. Si emitió, en cambio, imágenes de un discurso de Franco en la Plaza de Oriente a una masa enfervorecida y por debajo un rótulo en el que se podía leer: "Manifestaciones con dieta". Ovies insiste en su comparación: "Eran manifestantes en apoyo del dictador Franco. A la gente, decían, le atraían de forma gratuita desde diversos puntos de la geografía española y, además, con bocadillo incluido". Acto seguido, la imagen vuelve a Ovies que blande un papel que muestra a cámara y dice que procede de CCOO, uno de los sindicatos convocantes, en el que se informa de que el sindicato pone a disposición de todo el mundo "un tren gratuito" que sale de Albacete a las siete de la mañana para acudir a la manifestación y "una pequeña gratifiación a modo de media dieta, para poder almorzar en Madrid". Ahí es cuando realiza la comparación con los tiempos del franquismo.

Telemadrid prosiguió su ofensiva contra la manifestación sindical en la tercera edición de su telediario. En Telenoticias 3 dedicó 1 minutos y 44 segundos a la manifestación y nada menos que siete a criticar desde todos los frentes a los sindicatos, según informa el diario El País. Se emitieron opiniones muy críticas con los sindicatos y se recogieron informaciones de otros medios, todas  contrarias, que incluyeron una en la que se criticaba a un cargo de la UGT por haber ido a cenar a El Bulli, el conocido restaurante de Ferran Adrià. La propia Esperanza Aguirre calificó de "patética" la concentración convocada por los sindicatos.

Ante esta situación, los sindicatos UGT y CCOO de Madrid expresaron domingo su "profundo malestar" y pidieron la dimisión de su directora general, Isabel Linares. "Una vez más Telemadrid no ha sabido estar a la altura de lo que se espera de un medio de comunicación público y realizar su importante labor al margen de las presiones políticas", denuncian los sindicatos en un comunicado. A su juicio, "las imágenes y el relato de lo que aconteció en la manifestación por parte de Telemadrid ha estado tan alejado de la realidad que produce sonrojo y bochorno".

Los sindicatos consideran que "en una sociedad democrática no es admisible que un medio de comunicación que tiene que estar al servicio de los madrileños ofreciendo una información veraz siga comportándose como órgano de propaganda del Partido Popular". Por ello, exigen la dimisión de su directora general, Isabel Linares, a la que acusan de no tener "ni la personalidad, ni la fortaleza, para evitar plegarse a los dictados políticos que emanan del Gobierno regional y que distorsionan constantemente los contenidos de una información veraz a la que tienen derechos los madrileños".

(www.publico.es, 14/12/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NO RECTIFICARÁ SUS PALABRAS SOBRE EL 'CASO TERTSCH'

Sea quien sea finalmente el culpable de la agresión a Tertsch, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya ha dictado sentencia: La Sexta debería ser condenada. Aguirre ha insistido en que el periodista de Telemadrid, que fue golpeado hace dos semanas, además de la agresión física, cuyos motivos se desconocen todavía, recibió otra de carácter moral cuando una cadena de televisión manipuló sus declaraciones "haciéndole pasar por asesino".

En rueda de prensa, la presidenta fue preguntada por si rectificaría sus palabras en el caso de que se demuestre quién agredió al presentador del 'Diario de la Noche' hace dos fines de semana. En absoluto. Aguirre no ve por qué tiene que rectificar porque "siempre" ha dicho "lo mismo" en relación a este tema.

"Yo lo que he dicho ha sido siempre lo mismo, y por lo tanto, no veo por qué tengo que rectificar", indicó, al tiempo que explicó que Tertsch ha recibido dos tipos de agresiones, una agresión "física", que a su juicio, es la típica que responde a "los argumentos de quienes no tienen ningún argumento", y una moral.

En el caso de la primera, señaló que el periodista ya ha presentado una denuncia y que "serán los jueces los que decidan quién han sido el agresor (o agresores) y por qué", mientras que el caso de la segunda agresión, repitió que Tertsch ha recibido agresiones morales "consistentes en manipular poniendo su voz, sus propias declaraciones, y haciéndole pasar por asesino".

Tertsch ha convertido su agresión en una cuestión de Estado. El periodista ha relacionado el ataque con un supuesto clima de "odio" que, a su juicio, existe en España, y del que responsabiliza  a la "cadena orquestada por el presidente" (en clara alusión a La Sexta y al Gran Wyoming), a los "blogs que han deseado que sus heridas sean aún más graves" y a un "Gobierno que siembra el cainismo [...] cuyo presidente sólo sabe gobernar para la mitad de la nación".

(www.publico.es, 18/12/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO

La lenta instrucción judicial del presunto espionaje realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex consejero de Justicia, sus rivales políticos -destapado por este diario en enero de 2009 y denunciado entonces por sus víctimas- está en vías de cobrar un impulso. La juez del caso, Carmen Valcarce, ha reiterado a Telefónica su orden de que le entregue, salvo que las haya destruido, las ubicaciones de las llamadas de móvil de los ocho agentes sospechosos en abril de 2008, el mes en el que Manuel Cobo fue supuestamente seguido.

Telefónica ya facilitó los posicionamientos de mayo de 2008 que probaban el continuo seguimiento de tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, al entonces consejero Alfredo Prada. De la misma manera, la nueva remesa de posicionamientos que pide la juez podría acreditar si fue sometido a marcaje, el mes precedente, el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, tal y como reflejaban los partes del espionaje difundidos por este diario y que denunció el propio afectado.

En julio de 2009 Telefónica ya entregó a la juez las ubicaciones de los móviles de mayo de 2008, pero le negó las del mes previo bajo el argumento de que legalmente sólo debía conservarlos un año. Pero tanto la fiscal como el letrado de Cobo argumentaron que eso no significaba que Telefónica los hubiera destruido y, por ello, solicitaron a la juez que reiterase su petición, orden que finalmente ha renovado. Fuentes de Telefónica indican que la ley fija la conservación durante un año de tales datos y, para evitar acumulaciones, suelen destruirse con posterioridad.

La anterior remesa de posicionamientos telefónicos sirvió para que los tres ex guardias civiles que aparecían noche y día como sombra de Prada confesaran a la juez -tras desmentirlo durante meses- que lo siguieron durante semanas por orden del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón (aunque dijeron que lo hacían para protegerlo, no para espiarlo). Gamón desacreditó esa versión al testificar. Los cuatro están imputados por un delito de malversación y permanecen como asesores del Gobierno de Aguirre.

Al margen de esta prueba, la juez aún no ha aceptado pedir otra de igual o mayor calado que le solicitó la policía en mayo de 2009: una pericial caligráfica al funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto, identificado por dos peritos calígrafos, en un informe encargado por este diario, como el autor de las notas manuscritas que aparecían en los partes del seguimiento en 2008 a Prada y Cobo.

Dicha prueba es juzgada como determinante por los investigadores policiales y las víctimas del espionaje. De ser confirmada su autoría, Pinto vincularía los partes del espionaje con el seguimiento ya confesado por tres asesores de Granados. Este veterano agente podría explicar quién recibió telefónicamente los datos de los vehículos -matrículas y propietarios- que fueron anotados a mano en los partes porque despertaron el interés de sus compañeros de consejería que, a pie de calle, vigilaban cuantos contactos públicos o privados mantenían Prada o Cobo en su actividad diaria. También podría explicar quién confeccionó a máquina u ordenador tales partes de espionaje.

Su interrogatorio es, a juicio de las víctimas, pieza clave de una investigación judicial que ya ha logrado dos pruebas fundamentales. En primer lugar, los posicionamientos de los móviles de tres asesores de Granados en mayo de 2008 han evidenciado su total coincidencia horaria y geográfica con los partes del seguimiento a Prada; y, en segundo lugar, los tres agentes imputados han reconocido que durante semanas, en contra de su declaración inicial ante la policía, estuvieron siguiendo minuto a minuto al entonces consejero de Justicia. Pinto sería decisivo para confirmar si los tres ex guardias civiles espiaron a Prada por cuenta propia o cumplían órdenes de Sergio Gamón.

Los ex guardias civiles ya declararon ante la juez que compartieron tal dispositivo de vigilancia con tres ex policías, también empleados en la consejería como asesores, que aún no han sido interrogados. La juez ya ha tomado pruebas de escritura a los tres ex guardias civiles y a Gamón, a los que nadie vinculaba con las notas manuscritas.

La policía ha sugerido ya en un informe que con las pruebas recabadas a los tres ex guardias y a Gamón no puede llegar a ninguna conclusión, ya que precisa más pruebas de su escritura.

El interrogatorio a Pinto y su peritaje tienen un valor especial para una de las víctimas colaterales del espionaje: la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula del coche de dicha parlamentaria apareció manuscrito en un parte que narra el marcaje hecho a Prada el 26 de mayo de 2008, tras producirse una entrevista entre ambos.

La diputada, después de difundirse ese dato, vendió su coche por sentir su seguridad en peligro y pidió explicaciones a Aguirre. La juez le impidió personarse como acusación en agosto pasado. Fue preciso un recurso de Rodríguez Flores apoyado por la fiscalía para que, finalmente, la juez consintiera su personación. El Partido Popular está personado en esta causa desde que lo solicitó.

(www.elpais.com, 17/12/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. UN JUEZ QUIERE EMBARGAR A LA EDIL DE URBANISMO POR UNA DEUDA MUNICIPAL

No existen precedentes, pero de aceptarse, podría sentar las bases de una jurisprudencia sorprendente. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redactó un auto el pasado 5 de noviembre en el que reclama al Ayuntamiento de Madrid el pago por los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde. Si no se pagan, dice con un tono que expresa ya cierto hartazgo por la espera (habitual en decenas de procedimientos que tiene abiertos el Ayuntamiento por impagos), embargará bienes personales de la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.

Lo que reseña el párrafo más suculento del auto, en suma, es que si no se abona la cantidad en la fecha acordada, que expiraba el pasado viernes, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejal del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación de ejecución de la sentencia". No cabe duda de que el magistrado lleva un enfado importante.

La historia comenzó en 2001 cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Ignacio del Río, expropió dos parcelas en Usera. Pagó 5,6 millones por una y 479.781 euros por la otra. Los terrenos iban a servir para construir varias promociones de vivienda protegida. Pero como suele ocurrir, los expropiados consideraron que el precio era inferior a su valor real.

Y en esta ocasión así lo creyó también un juez seis años después, en noviembre de 2007. A pagar dos millones de euros más de lo abonado, dijo. Eso, y los intereses por la demora y la inflación: 410.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonó la diferencia (en 2009), pero no los intereses.Y cuando parecía que el Consistorio se avenía a pagar por un procedimiento amistoso una suma de 390.000 euros, según fuentes del caso, se descolgó con una oferta de 27.000 euros que no interesa a los afectados por la expropiación.

El caso es extraño. Según el abogado Alberto Jabonero, para que pudiese ejecutarse la amenaza que pende sobre la concejal "debería tramitarse un procedimiento específico en el que se declarase tal responsabilidad con posibilidad de defensa del afectado". Pese a todo, en el Consistorio están tranquilos y dicen que ya les ha sucedido otras veces. "No es una práctica nueva. Cuando se dicta una sentencia, si no se cumple el plazo del juzgado, si el abogado de la parte insta a que el Ayuntamiento cumpla en el tiempo legal, nos suele pasar", explica el edil de Hacienda, Juan Bravo.

El problema, dicen, es que es final de año y la cantidad asignada en el presupuesto anual al pago de este tipo de intereses ya se ha gastado. Ahora mismo, asegura Bravo, se tramita una modificación presupuestaria para hacer frente a la cifra requerida.

(www.elpais.com, 16/12/09)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. PRIMERO BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA

Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, admitiór que el partido cometió errores en la crisis derivada por el caso Gürtel y debió destituir con anterioridad a su antecesor en el cargo, Ricardo Costa. "Sinceramente, hemos hecho algunas cosas mal y hemos cometido errores; prolongar más de la cuenta la presencia de Ricardo Costa en una situación de difícil encaje pudo generar en el grupo parlamentario durante un tiempo cierto desconcierto", aseveró el también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el transcurso de los desayunos de la agencia Efe.

Sin embargo, el portavoz popular indicó que "algunos de los errores que él mismo cometió ya se han sustanciado en términos políticos de la forma más correcta y estatutaria dentro del partido". Blasco, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para la labor de Costa y señaló que hizo un "papel excelente". "Y espero que en breve se arregle su situación", añadió. El consejero resaltó la, según él, unidad y cohesión del grupo popular, "no hay fisura de ninguna clase", puntualizó. También admitió que en los últimos meses había algún diputado del PP "descentrado", según él, por el grado de crispación en los debates.

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones, Blasco recordó el mensaje lanzado por el presidente del Consell, Francisco Camps: "Ha dicho [Camps] que no es partidario de disolver las Cortes, aunque estatutariamente puede". Y añadió: "Personalmente yo no lo vería mal". Sobre el candidato del PP a la Generalitat, Blasco lanzó un aviso a navegantes: "Camps será el próximo candidato a la Generalitat en cualquiera de las circunstancias".

(www.elpais.com, 13/12/09)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. PERO LUEGO EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa está suspendido de militancia en el partido, tras el pulso desafiante que lanzó a la dirección nacional y tras resistirse a dejar el cargo, pero no es tratado como un apestado. En absoluto.

El presidente del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó la tradicional comida de Navidad del grupo popular, celebrada el miércoles en un hotel de Valencia, para expresar su afecto a Ricardo Costa, a quien incluyó en la selecta terna a los que dedicó el brindis, junto con Antonio [Clemente] y Rafa [Blasco]". No habían pasado 24 horas cuando , preguntado por los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, el portavoz del grupo, Rafael Blasco, dedicó otro brindis, esta vez dialéctico, a Costa.Blasco afirmó que su grupo "está con ganas de poner en evidencia el aprecio"que sienten por el ex número dos del PPCV y se mostró convencido de que su situación se resolverá "en breve".
Fuentes del partido consideran que el grado de conocimiento que tiene Costa de todo el entramado de contrataciones con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, y de las cuentas y facturas abonadas por el partido, hacen recomendable tratarlo con mucho afecto y por supuesto que sin humillarlo.

El ex secretario general del PP valenciano era el dirigente que llevaba directamente las relaciones con Álvaro Pérez "El Bigotes" en todas las contrataciones con Orange Market y apareció en múltiples grabaciones del sumario incluso en boca del cabecilla, Francisco Correa, quien lo veía como futuro presidente del Gobierno de España.

No falta tampoco quien entiende que la promesa de Camps de situarlo en un cargo de responsabilidad podría hacerse efectiva en breve. Con todo, la "situación que se va a resolver en breve" a la que se refería Blasco sería el levantamiento de la suspensión de militancia de Ricardo Costa.

Lo más sabroso de las declaraciones que hizo el hombre fuerte del PP en la Cámara fue su sentencia de que se volverá "a la absoluta normalidad" cuando se resuelva una "cuestión que afecta exclusivamente a la relación del señor Costa con la dirección nacional del PP".

Porque Costa "tiene el aprecio y el respaldo" del grupo y del partido. Blasco calificó de "chafarderismo" la comparación en el trato que Costa está recibiendo por parte de la dirección regional del PP, que le ha mostrado su apoyo, y de la dirección nacional, que le suspendió de militancia el pasado 29 de octubre cuando éste se reivindicó como secretario regional, a pesar de que había sido destituido del puesto.
Interrogado sobre las declaraciones del presidente Camps, en la citada comida, donde reconoció que 2009 ha sido un año duro para él y para el partido por el caso Gürtel, Blasco indicó que el jefe del Consell "aprovechó la oportunidad de la relación que tuvo con el grupo parlamentario para expresar de una manera muy sentida lo que ha sido este año".

Blasco señaló que es "objetivo reconocer" que se han pasado "unos meses difíciles como consecuencia de una campaña de difamación". El Partido Socialista, lamentó Blasco, "utiliza la infamia y la calumnia como la única forma de actuar en política, lo cual le sitúa cada vez más fuera de lo que debe de ser el debate sereno y transparente de la política, y más alejado de los intereses de los valencianos, es decir, muy cerca de la marginalidad política".

(www.levante-emv.com, 18/12/09)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSELLER DE CAMPS: "EL ORDENADOR QUE OFRECE ZAPATERO PUEDE CAUSAR MIOPÍA"

El motivo que ha alegado el Gobierno de Francisco Camps para rechazar el programa Escuela 2.0 es, cuanto menos, sorprendente: "El ordenador que ofrece Zapatero puede provocar daños visuales a los niños, como la miopía", afirma el representante del Ejecutivo autonómico citando un estudio de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.

El conseller de Educación de la Generalitat valenciana, Alejandro Font de Mora, ha asegurado además que los 125 euros que otorga el Gobierno central para financiar la compra de ordenadores portátiles para alumnos dentro de esta iniciativa  "no suponen el 50% del coste real" y sólo permiten adquirir unos equipos de pequeño tamaño que pueden causar problemas de salud en los menores.

Font de Mora realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que anunció que la Comunitat "no va a poder participar" en Escuela 2.0 por la "inflexibilidad" del Ministerio de Educación, que "ha dejado fuera" a esta autonomía al "no aceptar ninguna de sus propuestas" para adaptar el convenio a la realidad del sistema educativo valenciano y "con el agravante de que el dinero que debía venir aquí se destina a otras autonomías de gobierno socialista".

Así, el conseller enumeró diez razones por las que la Comunitat no se sumará, al menos en esta primera edición, al programa y recalcó que "ha sido el Ministerio el que ha dicho que no" a través de un escrito remitido a la Conselleria el pasado 3 de diciembre en el que no aceptaba las peticiones del Gobierno autónomo.

Font de Mora subrayó entre los argumentos del Consell los "problemas de salud" que pueden padecer los escolares si hacen demasiado uso de un ordenador de pantalla pequeña, de 10 pulgadas frente a las 17 que alcanzan los equipos que en este momento se utilizan en la Comunitat, comparó.

Al respecto, citó la conclusión de un estudio encargado a la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo que sostiene que "se podría pronosticar que el aumento del número de horas diarias de utilización de VDT de pequeño tamaño y sostenido durante años, podría aumentar las posibilidades de aparición de problemas de convergencia y acomodación entre los niños, y así mismo hay que prever un cierto porcentaje de miopización inducida por la demanda continuada de cerca".

Del mismo modo, recurrió a argumentos económicos, ya que, según afirmó, aunque el Ministerio habla de un copago entre el Estado y las comunidades autónomas al 50 por ciento "lo cierto es que esto no es así", ya que "sólo" se aportan 125 euros y no se tienen en cuenta cuestiones como las reparaciones, reposiciones, contratación de seguros y adaptación de las infraestructuras para permitir el uso de los ordenadores.

El conseller también ha calificado el plan de "discriminatorio" tanto para los alumnos -puesto que sólo afecta a cuatro cursos, el último ciclo de Primaria y el primero de Secundaria- y para los profesores que no imparten la docencia en esos niveles.

(www.publico.es, 14/12/09)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS OFTALMÓLOGOS DESMONTAN LA TESIS QUE VINCULA LA MIOPÍA A LOS PORTÁTILES

Mera especulación. Así es como definió el presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunitat Valenciana, Rafael Martínez Costa, el argumento del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que el uso continuado del ordenador que ofrece el Gobierno de Zapatero puede ocasionar miopía en los niños, que es la excusa populista en la que fundamenta su negativa a firmar el convenio que dotará a 392.000 escolares de quinto y sexto de primaria de España de un ordenador portátil.

"Esa afirmación no está demostrada científicamente, no hay nada publicado de que el tamaño del ordenador influya en la aparición de la miopía ", agregó el oftalmólogo, quien invalidó la afirmación de que la miopía se intensifica con el uso de ordenadores pequeños (se ofrecen son de diez pulgadas) porque la letra es chica.

"El tamaño -agregó- se puede aumentar, eso no es un problema; si esa opinión se generaliza, los fabricantes de videoconsolas se van a tirar de los pelos o arremeterán contra el conseller, porque esas pantallas también son pequeñas".

(www.levante-emv.com, 16/12/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. LA "QUIEBRA" DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS

Si la muerte de un ciudadano tiene lectura económica —un consumidor menos, salvo para el sector funerario—, la de cualquier empresa multiplica el efecto por cien. Si la firma que desaparece de la circulación (aunque esté viva en el registro mercantil) se llama Orange Market entonces el seísmo cobra enorme violencia. Porque Orange Market movía mucho, pero no fabricaba nada. Por eso, porque Álvaro Pérez era un intermediario e intérprete de los sueños glamourosos de sus clientes, necesitaba docenas de proveedores que le facilitaran desde currantes que descargaran el camión hasta firmas de interiorismo para crear esos escenarios cálidos que tanto ayudaron al PP a llevarse al huerto al electorado. Muchas de esas empresas son las otras víctimas del escándalo Gürtel.

Diez meses después de aquel 6 de febrero en el que Baltasar Garzón ordenó a la policía registrar las dos sedes de la empresa de El Bigotes (en las calles Conde de Salvatierra y Colón), y decretó el bloqueo de las cuentas bancarias (en el Banco Santander, BBVA o Caja Madrid, entre otras), muchas de esas firmas siguen sin cobrar los últimos trabajos que hicieron o celebran que acaban de lograr el milagro de haber ingresado las cantidades pendientes, tras reclamarlas a los administradores judiciales designados. Desde una empresa de transporte y descarga de material cuentan, como si les hubiera tocado la lotería, que han cobrado estos días 39.000 euros que tenían pendientes. A esta firma le devolvieron un pagarés, que vencía justo unos días después de reventar el caso. Era el pago por trabajos en el congreso nacional del PP celebrado en la Feria de Muestras en junio de 2008. Ha estado a punto de ir al concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. Sí optó por acogerse a la ley concursal la sevillana Apogee Telecomunicaciones, la firma que, según la policía judicial, canalizó 957.000 euros en comisiones para Correa a cuenta del contrato de la constructora Teconsa —que la había subcontratado— con RTVV para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. La suspensión de pagos no es atribuible a las deudas de las empresas Gürtel, pero en un escenario de crisis como el actual este percance ha sido la puntilla.

Una firma de logística tiene la suerte de que sólo se quedó colgada con unos 2.000 euros, pero una productora valenciana batalla, en cambio, por 70.000 euros que les adeuda Orange Market por algún servicio de alquiler de unidades móviles en mítines y congresos del PP. "Estoy seguro de que al final cobraremos pero esto es un marrón porque hemos tenido que reclamarlo judicialmente", explica su responsable, que, como casi todos los consultados por este diario prefiere el anonimato. Coinciden, eso sí, en subrayar que si había una firma solvente en el sector y fiable en los pagos era Orange Market. Las transferencias o los pagarés con vencimiento a los 90 días del servicio prestado eran las formas habituales de saldar deudas.

A otros ni siquiera les dio tiempo de presentar las facturas. Aunque en algún caso, la cantidad no era significativa. Es el caso de una empresa líder en España en animación con globos, confeti y serpentina y de parques infantiles, que ha trabajado para varios partidos y clubes de fútbol y, durante años, para empresas de Correa. Con Orange Market, para el PP valenciano o en la Copa del América. El sábado 7 de febrero puso color al bautizo de la hija de Álvaro Pérez en Barcelona, donde el ex director de RTVV Pedro García suplió como padrino a Francisco Correa, que el día anterior fue encarcelado. La factura del acto familiar era modesta y en plena marejada, el empresario tuvo el detalle de ni siquiera intentar cobrarla. Fue su regalo a Álvaro Pérez por un acontecimiento tan especial.

La congelación de las cuentas de la trama ha tenido un efecto paralizante sobre todo para las empresas, explica uno de los afectados. "Aquí ha cobrado antes que nadie la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores de las empresas y los últimos los proveedores", explica el empresario, de una firma de decoración. Lo cierto es que los empleados de Orange Market, que recibían a menudo bonificaciones bajo mano de la caja B, no han vivido estos meses su mejor época. Hasta el punto de que un Juzgado de lo Social de Valencia condenó esta semana a la empresa de Álvaro Pérez a indemnizar con 13.854 euros a un trabajador por despido improcedente y al que no puede readmitir porque la mercantil no tiene actividad. Son historia aquellas "gratificaciones" que cobraban algunos cuando llegaba Fitur, que eran los Reyes Magos de Orange Market, dado que por ese certamen ingresó 5,32 millones al ser adjudicataria de cinco ediciones consecutivas.

En ocasiones no era el PP ni la Generalitat el cliente al que accedían las empresas dependientes del conglomerado Gürtel sino que trabajaban para eventos particulares de los propios cabecillas. Una de esas firmas fue llamada a montar una fiesta para el suegro de Francisco Correa, el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en el caso Malaya. El presupuesto fue bastante más elevado que el de la empresa del bautizo, dado que ascendió a 25.000 euros. Cuando se celebró la fiesta, Correa se llevaba de cine con su mujer y tenía una relación cordial con su suegro y dueño de Construcciones Salamanca. De hecho, el 16 de noviembre de 2007, el "dos" de la trama, Pablo Crespo, ordenó entregar a Bugallo 60.000 euros en negro.

Eran tiempos de vacas gordas, en especial para los reyes de Gürtel, que cobraban dádivas en blanco y en negro. También para esos otros afectados por el escándalo que simplemente hacían su trabajo y figuran en la contabilidad legal que obra en el sumario. Para aquellos que al parecer ignoraban el tinglado que se escondía detrás de aquel campechano y triunfador bigote.

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓN PAGARÁ UN MILLÓN EN 20 AÑOS A UN FAMILIAR DEL ALCALDE

El Ayuntamiento de Castellón, presidido por Alberto Fabra, tiene firmado con una fundación y una mercantil un convenio de colaboración para "promover la conservación y cultura de la naturaleza, el equilibrio y gestión medioambiental". El acuerdo tiene una vigencia de 20 años y, para el desarrollo de las actividades que prevé, estipula una aportación anual de 50.000 euros, con lo que podría alcanzar el millón de euros, en el caso de que el abono se mantenga el tiempo estipulado. El administrador único de la mercantil con la que está suscrito el convenio, Ficonatur, es un primo de la mujer del alcalde.

El objeto del convenio es la celebración de tres eventos anuales: una exposición de animales disecados llamada Expoficonatur, un simposio internacional de caza, y Parque Natura "los reinos de la naturaleza", de los que el acuerdo no especifica en qué deben consistir. Además, la colaboración se extendería también al proyecto de creación del Museo del Hombre y la Naturaleza. El Ayuntamiento de Castellón ha abonado ya 100.000 euros por los eventos organizados hasta el momento, en dos ediciones. Fruto de éstos, el consistorio se quedó con parte de los animales disecados expuestos.

El portavoz del Bloc en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, lleva tres meses reclamando el convenio. , por fin, se lo entregaron. Por su parte, el Grupo Socialista municipal preguntó la semana pasada si el propio alcalde o el vicealcalde, Javier Moliner, tienen algún "grado de parentesco con los administradores de estas empresas o si suelen coincidir en alguna cacería". Moliner aseguró que "jamás se ha realizado ni un proyecto ni una contratación en el Ayuntamiento en virtud de otra razón que no fuera beneficiar a la ciudad de Castellón" y añadió que "no existe ninguna relación familiar con personas o empresas de esta organización".El convenio para promover la "conservación y cultura de la naturaleza, el equilibrio y gestión medioambiental" está firmado por el Ayuntamiento de Castellón y por la Fundación Natura Ricardo Medem. Sin embargo, la mercantil Ficonatur, administrada por un familiar de la mujer del alcalde, también figura como parte en el protocolo de colaboración.

El acuerdo obliga tanto a las entidades como a la institución. Respecto a la exposición de animales disecados, el Ayuntamiento está obligado a "facilitar el alquiler preferencial del auditorio y palacio de congresos" de la capital de La Plana, donde se celebraron las anteriores exposiciones y simposios. Las entidades, por su parte, "gestionarán la contratación de todos los expositores, tanto privados como públicos".

El simposio internacional sobre caza, también incluido en el convenio, obliga al Ayuntamiento a "colaborar para una mejor atención a los invitados relevantes o vip's y a colaborar en la publicación de un libro sobre el encuentro. Las entidades "se ocuparán de la relación con los invitados relevantes o vip's" y se encargarán de la "redacción, edición, impresión y distribución de la publicación".

El Parque Natura es la reproducción de porciones de paisajes, con elementos de ambientación y "animales naturalizados" instalados en sus diferentes ecosistemas, colección que pertenece a la Fundación Natura de Ricardo Medem, y que serán los que, en un futuro, ocuparán un lugar permanente en el Museo del Hombre y la Naturaleza que prevé construir el Ayuntamiento.

De momento, el consistorio ya posee algunos de esos animales disecados aunque no se sabe cuántos. El portavoz del Bloc en el consistorio, Enric Nomdedéu, lleva desde septiembre preguntando por el inventario de dichos objetos pero la única respuesta obtenida hasta el momento es que se encuentran en un almacén municipal.

, tras la entrega del convenio que reclama desde hace meses, Nomdedéu sostuvo que, tras estudiarlo, está "más preocupado que antes". Entre otras cosas, el acuerdo incluye una cláusula que estipula que la institución "habilitará un lugar adecuado para el almacenamiento de los animales y el material complementario de los Parques Natura" y "asumirá el coste económico del mantenimiento de dichos animales y de las medidas de seguridad oportunas".

La publicidad otorgada finalmente al acuerdo, firmado en 2007, provocó también las críticas del portavoz del Grupo Socialista, Juan María Calles, quien exigió la rescisión del contrato. Calles calificó de "inadmisible" que en una situación de crisis económica y de dificultades de la Administración municipal para afrontar el pago de los servicios públicos, "se haya pensado en gastar estas cantidades desorbitadas para exhibir cabezas de león", tal como dijo. El socialista manifestó que "resulta incomprensible que una Administración que se considera moderna apuesta por proyectos museísticos del siglo pasado que no interesan a nadie".

Juan María Calles insistió además en la pregunta que el portavoz adjunto, Juli Domingo, formuló hace unos días sobre la "relación familiar o de amistad personal con las empresas organizadoras de estas ferias". Entonces, el vicealcalde, Javier Moliner, aficionado a la caza, criticó la política "vil y rastrera" del partido socialista por lanzar falsas acusaciones.

Moliner aseguró además que el acuerdo se firmó con el aval de los técnicos municipales y "ha sido público durante más de dos años, como lo sigue siendo ahora", pese a que al edil del Bloc le ha costado más de tres meses que se lo entregaran. Además, el vicealcalde defendió los eventos y aseguró que en sus dos ediciones congregó a más de 30.000 personas. También precisó que la inversión del Ayuntamiento se realizó para la organización de la feria y el simposio y que, "a cambio", la Fundación Natura se comprometía a dejar en manos del Ayuntamiento los "animales naturalizados", tal como los denominan y que valoran en "miles y miles de euros", de forma gratuita pero únicamente cedidos para ser expuestos en el Museo del Hombre. Así, en el caso de que el museo no se hiciese, "los animales siguen siendo propiedad de la Fundación Natura".

(www.elpais.com, 15/12/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ SUSPENDE CAUTELARMENTE EL PLAN RABASSA CON 13.503 CASAS

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.

La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.

El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.

El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.

Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas. Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.

(www.elpais.com, 18/12/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. TORREVIEJA DEBE 15,5 MILLONES POR EXPROPIACIONES

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP con mayoría absoluta, mantiene una deuda en firme con varios particulares de 15,5 millones de euros, lo que supone el 18% del presupuesto del consistorio para 2010. El dato está recogido en un informe del interventor municipal en relación con las reclamaciones presentadas por el Grupo Municipal de los Verdes al presupuesto municipal.

El grueso de esa deuda del Ayuntamiento se refiere a reclamaciones de particulares y mercantiles afectadas por expropiaciones municipales. El interventor señala que, con independencia de que muchos de esos procesos están impugnados en los tribunales, los titulares de las fincas tienen derecho a percibir el importe mínimo sobre el que existe acuerdo, "que en este caso serían las cantidades en que el Ayuntamiento ha valorado las fincas", precisa el interventor.

El funcionario se hace eco de la envergadura de la deuda y en su dictamen advierte: "La importancia de la mencionada cantidad hace inviable contemplarla con cargo a los recursos ordinarios y mantener a la vez los créditos necesarios para atender los distintos servicios obligatorios municipales". "Por ello, el cumplimiento de la mencionada obligación tan solo es posible acudiendo a la concertación de un crédito por el mencionado importe", añade el interventor. Sin embargo, en este último apartado, el funcionario también advierte de que está condicionado al cierre del presupuesto de 2009, y que éste presente un remanente positivo. En caso de que la liquidación sea negativa tampoco podría acudir a un préstamo tal y como recoge el plan de saneamiento que el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio.

Para José Manuel Dolón, portavoz del Grupo de Los Verdes, el informe del interventor deja al descubierto la "verdadera" política económica del PP en Torrevieja. "Una gestión basada en el derroche y el despilfarro, que ha llevado al municipio a la más completa ruina, con un plan de saneamiento para controlar la millonaria deuda municipal, en el que no se tuvo en cuenta y se ocultaron las deudas pendientes por diferentes procedimientos expropiatorios", explica el edil. Dolón rechazó la respuesta que hasta ahora, según él, ha ofrecido el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, para contrarrestar la deuda municipal, es decir, subir los impuestos.

(www.elpais.com, 15/12/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE POLOP DIMITE PERO SE AFERRA AL ACTA DE EDIL

Juan Cano, alcalde de Polop, del PP, encarcelado por el asesinato de su antecesor, el popular Alejandro Ponsoda, firmó su dimisión en el puesto. No obstante, Cano se aferró al acta de concejal, a la que por el momento no renuncia. El acto formal de dimisión como alcalde se desarrolló en la cárcel de Villena con la presencia del secretario de la Subdelegación del Gobierno de Alicante como fedatario público. El funcionario trasladó luego el escrito al registro del Ayuntamiento de Polop.

La dimisión de Cano deja el camino libre a la alcaldía a María Dolores Zaragoza, número tres de la lista del PP y alcaldesa en funciones desde el arresto del alcalde. Cano fue detenido el pasado 23 de noviembre y tres días más tarde la juez del caso ordenó su ingreso en prisión como presunto cerebro del mortal complot contra Ponsoda. El ya ex alcalde se negó a declarar tanto ante la policía como ante la juez alegando que desconocía las imputaciones. La magistrada, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, mantiene secretas las diligencias.

El mismo día del arresto de Cano la dirección regional del PP anunció la apertura de un expediente para su expulsión del partido. , José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, señaló que intentará mediar con la familia de Cano para que ex alcalde entregue también el acta de concejal, "dado que esto es importantísimo para normalizar la vida municipal de Polop". El PP en el Gobierno local cuenta ahora, tras el encarcelamiento de Cano, con cinco ediles, igual que la oposición (tres del grupo independiente y dos del PSOE). Ello obligará a la futura alcaldesa a tener que hacer valer el voto de calidad para sacar adelante sus iniciativas, si Cano no deja el acta y da paso al primer suplente.

Además de Cano, por el crimen de Ponsoda la juez ha enviado a prisión a otras seis personas, entre ellas, los dos sicarios que supuestamente tirotearon por encargo al regidor, dos ciudadanos checos. La investigación sostiene que el asesinato se planeó en el prostíbulo Mesalina, a las afueras de Benidorm. Los otros cuatro encarcelados son un narcotraficante, un empresario del calzado y el gerente y el dueño del lupanar.

Ponsoda fue tiroteado el 19 de octubre a las puertas de su garaje. Entró en coma irreversible y murió una semana después en el hospital General de Alicante.

(www.elpais.com, 12/12/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FALTA DE ACUERDO EN EL CGPJ SALVA A DE LA RÚA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revive épocas pasadas con el bloqueo en los nombramientos de presidentes de Tribunales Superiores. En el orden del día del próximo Pleno no se incluirán los nombramientos pendientes, entre ellos el del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que seguirá en manos de Juan Luis de la Rúa. El juez amigo de Francisco Camps podrá seguir en el cargo hasta que haya un acuerdo entre los vocales progresistas y conservadores que permita una mayoría de 13 votos.

Algo que para este jueves se ha vuelto imposible y habrá que ver si cambia en próximas citas (el próximo Pleno se celebrará a finales del mes de enero), teniendo en cuenta que del TSJCV depende, por ejemplo, el futuro la rama valenciana del caso Gürtel.

Hay tres Tribunales Superiores de Justicia pendientes de renovación: el de Catalunya, el del País Vasco y el de Valencia. Las negociaciones para lograr 13 votos a favor de un candidato en el TSJ valenciano se aplazaron hace días, por el encasillamiento de las posiciones, según fuentes del CGPJ. En lo que se esperaba llegar a acuerdo era en los TSJ de Catalunya y del País Vasco. Este último lleva un año pendiente de renovación.

Pero el bloque conservador se ha plantado. Pretende que el debate se haga a a tres bandas, es decir, teniendo en cuenta a la vez quién será elegido en cada tribunal autonómico. En esta ocasión la excusa ha sido la propuesta del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez de reprobar en el próximo Pleno las manifestaciones del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en torno la huelga de hambre que mantiene la activista saharaui Aminetu Haidar.

Los vocales del CGPJ mantuvieron su última reunión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre nombramientos. Pero no fructificó ni siquiera en cuanto al TSJ de Catalunya, pese a que hay un mayor consenso entorno a su actual presidenta, María Eugènia Alegret, de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero a la que los vocales progresistas no ven con malos ojos. Los vocales del CGPJ mantuvieron su última reunión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre nombramientos

La candidatura de De la Rúa, el "más que amigo" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quedó fuera de la terna de candidatos que la Comisión de Calificación elevó al Pleno. Fue repescada por la vocal del sector conservador Concha Espejel, con los apoyos del vicepresidente del CGPJ y los vocales Manuel Almenar y Antonio Dorado, también nombrados a propuesta del PP.

(www.publico.es, 15/12/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS ABOGADOS SE MANIFESTARÁN ANTE EL CONSELL POR EL IMPAGO DEL TURNO DE OFICIO

Los abogados valencianos se manifestarán con toga por las calles de la ciudad en protesta por los millones de euros que les adeuda la Conselleria de Justicia por el impago crónico del turno de oficio en la Comunitat Valenciana. Ésta es una de las medidas "contundentes" que forman parte de las acciones de protestas probadas tarde por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

Ante lo que califican como "incumplimiento reiterado y flagrante del compromiso de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas con el turno de oficio", los abogados valencianos han decidido adoptar medidas "públicas y contundentes" que se llevarán a cabo en las próximas semanas de forma separada y gradual.

El decano del ICAV , Francisco Real, manifestó su "malestar y descontento absoluto por esta situación límite". Real explicó que "hemos agotado todas las vías administrativas para reclamar lo que corresponde. Lamentamos tener que llegar a estos extremos para conseguir lo que por derecho corresponde a quienes prestan un servicio público de calidad a los ciudadanos que más lo necesitan". No obstante, añadió, "a pesar de las medidas que emprenderemos en las próximas semanas de forma gradual, la abogacía valenciana se compromete a seguir manteniendo el servicio a los ciudadanos para que la protesta no les perjudique en sus derechos".

Más de 1.200 abogados valencianos están afectados por los continuos retrasos en el abono de los honorarios correspondientes al turno de oficio. La cantidad acumulada que se adeuda en este momento es de casi 4,9 millones de euros, e incluye el 77% de los honorarios correspondientes al segundo trimestre de 2009, que deberían haberse abonado el 30 de septiembre, y el 100% de los honorarios correspondientes al tercer trimestre de 2009, que deberían haberse hecho efectivos el pasado 1 de diciembre.

A pesar del impago, los abogados valencianos del turno de oficio han seguido prestando con normalidad y con calidad su servicio a los ciudadanos. No obstante, anuncian medidas de control estricto de la legalidad para aplicar este servicio.

(www.levante-emv.com, 15/12/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CIUDAD DE LAS ARTES. LA MADRE DE LOS SOBRECOSTES

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acumulaba en agosto de 2008 un sobrecoste de 1.300 millones de euros, tras la construcción del Ágora. La reforma del Mercado de Abastos de Valencia para construir un polideportivo se calculó en 11,6 millones y acabó costando 17,1 millones de euros.

Varios tramos de la Línea 5 necesitaron de una inyección de veinte millones de euros más, tras su inauguración en abril de 2007. La megarrotonda subterránea de la V-21 a la entrada de Valencia pasó de los 15,4 millones iniciales a los 23,5 finales. Esta semana se ha descubierto un posible sobrecoste de más de 7 millones de euros en la construcción de cuatro aparcamientos subterráneos en Mislata.

¿Qué provoca la aparición de modificados y complementarios durante la ejecución de las obras de actuaciones tan importantes en las obras e infraestructuras públicas? La Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores (Avinco) ha preguntado a sus asociados -responsables de cuantiosas direcciones de obra de todas las administraciones- y ha detallado en un informe las principales causas de los sobrecostes.

"Los cambios de criterios del promotor de la obra" está entre los principales motivos que desbocan los presupuestos. En muchas ocasiones la ejecución de las obras se dilata tanto respecto a la redacción de los proyectos que "aparecen nuevas necesidades y la modificación de las hipótesis con las que se trabajó en el proyecto: aumento de las intensidades de tráfico en las carreteras, adaptación a nuevas normas técnicas o medioambientales y la aparición de nuevas nuevas tecnologías."

Avinco cree que resulta "de suma importancia redactar buenos proyectos. Un euro de más en proyectos ahorra 10 en obra". Y lamenta la práctica "tácita y perversa de que el proyecto sirve para licitar y empezar a expropiar. Y en obra... Ya veremos". Una práctica que tiene "consecuencias imprevisibles".

La falta de acuerdo entre las distintas administraciones con competencia en las infraestructuras genera "presiones, acuerdos o convenios que obligan a cambios que pueden llegar a ser importantes". Y si en plena ejecución de obra se producen "cambios de alcalde, de corporaciones locales o de los técnicos" estas novedades "suelen tener especialmente bastante repercusión", reconocen los ingenieros.

Y no hay que olvidar las prisas. Sobre todo en periodos preelectorales. "La presión social por accidentes o graves molestias al tráfico y el cumplimiento de compromisos electorales pueden provocar turnos fuera de horario, descoordinación entre equipos y subcontratistas y ejecución de unidades de obra sin calidad que obliga a posteriores demoliciones o levantamientos."

Alguna de las anteriores causas combinada con la demora en la disponibilidad del suelo donde se va a ejecutar la actuación puede ser demoledora. "La disposición parcial de los terrenos obliga a cambios en la secuencia de la ejecución de las obras que pueden tener una importante repercursión económica." El desvío de los servicios públicos como las conducciones de telefonía, gas natural, electricidad, provoca grandes quebraderos de cabeza. "Aún suponiendo que en la fase de proyecto esté todo perfecto, la dinámica de nuestro territorio ha exigido una enorme expansión de las redes: aparecen instalaciones inexistentes en la fase de proyecto y exigencias en el momento de la ejecución que desbordan la valoración prevista en el proyecto." Avinco también advierte sobre las bajas en las licitaciones que rozan la temeridad.

(www.levante-emv.com, 17/12/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA.. RUS GASTA 28.420 EUROS EN UN PALCO VIP DEL CIRCUIT

La Diputación de Valencia no ha querido perder la oportunidad de saborear, con ubicación de lujo y cata de canapés, el esfuerzo económico que hace en el patrocinio del motor, que el año pasado ascendió, por ejemplo, a 556.800 euros para que el logo Valencia Terra i Mar circulara sobre ruedas. La corporación provincial ha gastado esta temporada 28.420 euros en alquiler de un palco VIP en el Circuit de la Comunitat Valenciana en Cheste. Un palco de los situados en la recta de meta, justo encima de los boxes de los equipos, algo así como la primera línea de playa si se tratara de apartamentos en el litoral.

El coste de la llamada "terraza de tribuna" ha sido cargado a la empresa pública provincial Impulso Económico Local S. A. (Imelsa), que es la locomotora que tira de la mayoría de las inversiones de la diputación, costea tinglados varios y asume buena parte de la carga de las nóminas de puestos de libre designación. La partida dedicada a garantizar entradas en la zona donde se cuece todo -además de ver pasar las motos a todo gas se observa de cerca el ajetreo de los equipos en el mundial de Motociclismo o de Superbikes- fue revelada por el portavoz del PSPV, Rafael Rubio, en el pleno de presupuestos.
En la discusión con el diputado de Economía y Hacienda, Máximo Caturla, Rubio soltó que no estarán "tan mal cuando gastan casi 30.000 euros en un palco VIP" en plena crisis económica.

El portavoz del PSPV pide la lista de los invitados a presenciar los distintos eventos del motor celebrados en Cheste, incluida la fiesta de Ferrari en la que el presidente Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rescataron con su coche escoba a los pilotos Fernando Alonso, Felipe Massa y al jefe de la compañía del "cavallino rampante", Luca Cordero de Montezemolo, que habían quedado atascados con su coche en la arena. El presidente provincial, Alfonso Rus, vino a replicar que él no necesita favores y que acudió concretamente a ese acto "con mi Ferrari rojo". La diputación es una gran benefactora de la Fórmula 1 y del Aspar Team en el mundial de motos. En 2008, Imelsa firmó un convenio con Box 55 -la firma que Aspar creó para explotar los derechos de publicidad- por el que la empresa pública inyectó 348.000 euros a ese equipo para que los pilotos Faubel, Bautista y Talmacsi lucieran la marca turística Valencia Terra i Mar en el carenado. En la primera edición del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 aportó 208.800 euros a Valmor Sports, la organizadora del evento.

(www.levante-emv.com, 17/12/09)

34. CASTILLA Y LEÓN. ALCALDES DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN SE REBELAN CONTRA HERRERA

Más de 200 ayuntamientos de Castilla y León han iniciado una batalla en contra del reparto de ayudas del denominado Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) diseñado por la Junta que preside el conservador Juan Vicente Herrera. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los ayuntamientos en pie de guerra son del PP y que la revuelta habría sido gestada desde el propio partido.

El pasado día 7 finalizó el plazo de presentación de alegaciones a este programa que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Pendiente todavía de un recuento definitivo de los datos, la primera conclusión que se extrae es que de las 250 alegaciones recibidas del conjunto de España, 220 (el 88%) provienen de esta comunidad autónoma, según los datos a los que ha tenido acceso Público. De estas, 170 son idénticas en su redacción, ya que sólo cambia el nombre del ayuntamiento y el alcalde que la suscribe.

Mediante este programa de ayudas se pretende la puesta en práctica de un conjunto de medidas que supongan un impulso para el desarrollo en las zonas rurales, sobre todo en las que padecen un grado mayor de atraso. Se desarrollará entre el periodo 2010-2014 e incluye una previsión total de inversión de 2.580 millones de euros.

Fue el pasado mes de febrero cuando el citado ministerio y las comunidades autónomas aprobaron los criterios de calificación de aquellas zonas que podían beneficiarse de este programa. Después, a cada comunidad autónoma le correspondió, en base a estos criterios, elaborar un listado con las zonas que iban a acogerse a este plan.

A tenor de las más de 200 alegaciones presentadas por ayuntamientos castellano leoneses excluidos de las zonas de aplicación, Juan Vicente Herrera tiene un problema interno en su comunidad. Fuentes conocedoras del proceso entienden que tras las cifras, inéditas en cualquier otra comunidad, podría esconderse la falta de un proceso democrático a la hora de decidir qué ayuntamientos se benefician y cuáles no.

La situación se torna aún más delicada para la Junta de Castilla y León si se tiene en cuenta de que de las más de 200 alegaciones al proceso presentadas en la comunidad, 170 están redactadas de la misma forma (ver documento que acompaña a esta información). Por medio de este formulario, regidores de ayuntamientos de Castilla y León lamentan ser excluidos del listado de los municipios a revitalizar dentro de este programa de desarrollo.

Pero la coincidencia no acaba aquí. En cuatro de estas 170 alegaciones sus autores se olvidaron de borrar en el encabezamiento un número de fax y el nombre del emisor: el PP de Burgos. Público intentó sin éxito obtener la versión de los conservadores de esta provincia. Mientras, fuentes del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León aseguraron que las quejas de los ayuntamientos de Castilla y León no van directamente dirigidas a Juan Vicente Herrera, sino a la forma en la que se ha puesto en marcha este plan.

En primer lugar consideran que las 220 alegaciones "justifican la deficiencia de la ley" que lo regula. En segundo, se lamentan de que la cuantía "es insuficiente". "No se corresponde con el objetivo de conseguir un desarrollo rural porque las cuantías son simbólicas", explican las mismas fuentes. Los conservadores se lamentan de que "el reparto de fondos está deficientemente hecho. Nosotros representamos el 20% de los municipios de España y luego no tenemos esa ventaja", añaden. No obstante, según fuentes del proceso, esta comunidad es, con un 17,4% de los fondos, la más beneficiada.

Por último, desde el grupo parlamentario popular de las Cortes de Castilla y León ponen la pelota en el tejado del ministerio: "Los criterios establecidos para asignar las zonas son un punto de partida que deja poco margen a las comunidades". Dado que fue la Junta la encargada de hacer la demarcación territorial de los municipios beneficiarios de este programa, el paso lógico es que la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural remita estas quejas a la consejería autonómica correspondiente.

(www.publico.es, 12/12/09)

35. CASTILLA Y LEÓN. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA UN PELOTAZO DE ULIBARRI EN PONFERRADA

La Fiscalía del área de Ponferrada (León), a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León, ha abierto una nueva investigación contra el empresario José Luis Ulibarri, por varias acciones irregulares en la zona, especialmente un supuesto pelotazo urbanístico en la zona conocida como La Rosaleda. Los socialistas de Ponferrada pusieron el pasado mes de marzo en conocimiento de la Fiscalía unos quinientos documentos en los que señalaban indicios de posibles delitos de cohecho, prevaricación e irregularidades urbanísticas, y el Ministerio Público estudia ahora si es pertinente abrir acciones procesales en los juzgados.

Las múltiples querellas y denuncias contra sus constructoras, y su reciente implicación en la trama de corrupción del caso Gürtel han hecho que el emporio del empresario leonés José Luis Ulibarri se haya ido viniendo abajo poco a poco. Y parece que su calvario con la justicia aún no ha terminado: la Fiscalía del área de Ponferrada ha abierto ahora una investigación sobre las actuaciones de las constructoras del magnate en esta localidad después de que el pasado mes de marzo el PSOE local entregase más de 500 documentos que contenía posibles irregularidades en torno al Ayuntamiento de la ciudad.

El tema central de la investigación sería el proyecto urbanístico de la zona conocida como La Rosaleda, una macrourbanización de más de 2.000 parcelas que le fue adjudicado a Ulibarri todavía durante el mandato del polémico Ismael Álvarez Rodríguez. El ex alcalde popular tuvo que abandonar su cargo en 2002 al ser condenado por acoso sexual a la concejala del municipio Nevenka Fernández. Álvarez fue sustituido por el también popular Carlos López Riesco, que continuó adelante con la urbanización de la zona.

Las adjudicaciones del proyecto concluyeron apenas tres meses después de su toma de posesión. En el proyecto definitivo, Ulibarri se hizo con 2.016 parcelas, un total de 185.000 metros cuadrados urbanizables, por los que pagó solamente unos 12 millones de euros. Se calcula que el precio real de mercado era unas cinco veces superior. Este asunto ya fue denunciado, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la adjudicación.

Sin embargo, según fuentes conocedoras del caso, la sentencia no se ha ejecutado, puesto que muchas de las viviendas ya están construidas y vendidas. Anular la adjudicación supondría "prácticamente la bancarrota del Ayuntamiento, ya que habría que indemnizar a todos los compradores que adquirieron viviendas y comenzar de nuevo desde el principio el proceso de adjudicación".

Además, sobre López Riesco pesan otras dos sentencias firmes que anulan adjudicaciones a Ulibarri y que tampoco han sido ejecutadas. Una de ellas tenía que ver con la concesión a Begar de la obras del Auditorio Municipal. La otra hacía referencia a la construcción en suelo rústico de una planta de hormigón.

Estas irregularidades, entre otras, son las que recibió la Fiscalía Anticorrupción a través de la documentación de lo socialistas. Ellos consideraban que detrás de estas adjudicaciones "se esconden delitos de gran envergadura, como el cohecho o la prevaricación", e instaban al fiscal a abundar en la investigación. El sindicato ultraderechista Manos Limpias también se unió a estas denuncias y acusó de "tráfico de influencias y malversación de caudales públicos" a López Riesco.

Anticorrupción trasladó la documentación recibida a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León que, a su vez, puso el caso en manos del fiscal de área de Ponferrada, quien lleva actualmente la investigación aunque, de momento, no se han iniciado acciones concretas en ningún juzgado.

(www.elplural.com, 17/12/09)

36. ISLAS CANARIAS. UN CONCEJAL DEL PP IMPUTADO POR TRATAR DE COLOCAR A UN FAMILIAR EN ARRECIFE

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife Joel Delgado Cáceres ha sido imputado por el juez que instruye el "caso Unión", sobre corrupción en Lanzarote, por intermediar con concejales de otro partido para que buscaran un puesto de trabajo a un familiar en el Ayuntamiento. Según consta en el sumario al que ha tenido acceso Efe, y cuyo secreto fue levantado parcialmente el pasado viernes, el concejal del PP, que está en la oposición, realizó numerosas llamada telefónicas y envió frecuentes mensajes de texto a concejales del PIL miembros del grupo de gobierno tratando de colocar a un familiar en el consistorio.

En concreto, los miembros de la Unidad Central Operativa, (UCO), de la Guardia Civil detectaron la existencia de más de una veintena de conversaciones telefónicas y cruces de mensajes de texto entre el edil popular Joel Delgado y ex teniente de alcalde del Ayuntamiento Ubaldo Becerra, del PIL. Becerra también ha sido imputado en esta causa, por la que fue detenido y encarcelado durante varios meses por orden del magistrado César Romero Pamparacuatro, instructor del Caso Unión.

En una de las conversaciones intervenidas por la UCO es Becerra quien llama directamente a la persona que pretende colocar en el consistorio el concejal del PP para citarla el lunes en el ayuntamiento "para que vaya familiarizándose con el cotarro".

(www.canarias7.es, 17/12/09)

37. REGIÓN DE MURCIA. EL PP NOMBRA AL ÚLTIMO ALCALDE FRANQUISTA DE MURCIA CONSEJERO DE LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

El último alcalde franquista de Murcia, Clemente García, es uno de los nuevos consejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) elegidos por las Corts Valencianes con los únicos votos del Partido Popular. El PP aprobó su lista, en la que figuraba este ex mandatario de la dictadura. Los socialistas no presentaron candidatos, ya que el PP había puesto como condición para cerrar cualquier pacto institucional que retirasen la querella contra Francisco Camps y otras 16 personas por el caso Gürtel, cosa que se niegan a hacer. Iniciativa pel País Valencià presentó lista, pero el PP se limitó a ignorarla. Es el retiro dorado para un político que ha sido un firme baluarte del Partido Popular en la Región de Murcia, y uno de los íntimos de Sánchez Carrillo, el poder en la sombra de los populares murcianos.

La CAM tiene una fuerte implantación en Murcia, por lo que es habitual que entre sus consejeros siempre  haya una representación de esta comunidad autónoma. Clemente García (Murcia, 1936) dejó en 1979 la alcaldía, que ocupaba desde 1972, al celebrarse las primeras elecciones democráticas, recuerda Manuel Muñoz. 

En 1975 participó en  la organización de la manifestación de apoyo al general Franco tras los fusilamientos de militantes de ETA y el FRAP en septiembre de 1975. Fue procurador en las Cortes franquistas. Tras dejar la alcaldía, fue nombrado secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia, la patronal murciana, cargo que no ha dejado de ocupar hasta la fecha.

Los consejeros por la Generalitat Valenciana en las cajas de ahorro en que tiene participación son elegidos por las Corts Valencianes habitualmente con nombres propuestos por los grupos parlamentarios en proporción a la representación que estos tienen en la Cámara autonómica. En esta ocasión, sin embargo, los socialistas se abstuvieron de presentar candidatura, ya que el nuevo portavoz del grupo popular y conseller, Rafael Blasco, exigió la retirada que los socialistas tienen presentada contra Camps y otras 16 personas, entre dirigentes populares y empresarios, por financiación ilegal del PP.

Blasco, que fue conseller con el socialista Joan Lerma, ha sustituido al depuesto Ricardo Costa y ha marcado una nueva dinámica en el grupo. El desbloqueo de asuntos accesorios o poco justificables, como el bloqueo a la elección de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha coincidido con sus primeros días en el cargo. Pero eso ha ido acompañado de un centrar los esfuerzos en el asunto principal, que es el caso Gürtel. Por ello Blasco ha centrado la presión sobre los socialistas en que retiren una querella que añade más leña al fuego de las acusaciones que pesan sobre Camps y su entorno, pendiente de resolución del Supremo en cuanto a la acusación de cohecho tras e sobreseimiento del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que preside Juan Luis de la Rúa, de quien Camps se ha declarado más que amigo.

Además de los 23 consejeros generales propuestos por el PP y elegidos con su mayoría absoluta, también fue elegido en las mismas condiciones para el consejo de administración José Emilio Cervera, que fue conseller de Sanidad en la época de Eduardo Zaplana como presidente autonómico y que hubo de dimitir en mayo de 2000, después de 10 meses en el cargo, tras un escándalo por la relación de familiares con las empresas adjudicatarias de proyectos informáticos.

Por su parte, el secretario general del PSRM afirma que este tipo de instituciones financieras se asientan sobre la base de la confianza, la estabilidad y el consenso. El secretario general del PSRM, Pedro Saura, considera como "una enorme irresponsabilidad que el PP haya aplicado el rodillo de la mayoría absoluta a la hora de nombrar a los miembros de las Cortes Valencianas a la Asamblea General de la CAM en estos momentos tan sensibles para este tipo de instituciones financieras".

Saura recordó que "estas instituciones financieras se asientan sobre la base de la confianza, de la estabilidad y del consenso". "Por eso me parece una tremenda irresponsabilidad", finalizó.

(www.vegamediapress.com, 16/12/09)

38. REGIÓN DE MURCIA. PIDEN 5 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE POR LA PRESUNTA COMPRA DE VOTOS

El fiscal ha pedido 12 fines de semana de arresto, multa de seis meses e inhabilitación para el cargo de concejal durante cinco años para el alcalde de Fortuna , Matías Carrillo, y los concejales María Dolores Sánchez y José Antonio López, a quienes acusa de pedir el voto para el Partido Popular a cambio de un puesto de trabajo en el ayuntamiento.

El Ministerio Público afirma, en su escrito de acusación, que, ante la proximidad de las elecciones locales del 25 de mayo de 2003, "el alcalde y los dos concejales concibieron y pusieron en práctica un plan con el fin de recabar votos para su candidatura".

El fiscal considera que "el plan consistía en ofrecer a personas interesadas en obtener un empleo en el consistorio la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo eventual, solicitando a cambio que la persona que quería trabajar y sus familiares les entregaran la documentación necesaria para votar por correo a la candidatura del PP".

Con anterioridad, y a través de una propuesta impulsada por el alcalde, "quedó aprobado un aumento de la partida presupuestaria destinada a la contratación eventual en 111.450 euros, que permitió cubrir los contratos de algunos de los vecinos que accedieron a las pretensiones de los acusados". Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, seis vecinos de Fortuna accedieron a estas pretensiones.

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito electoral y solicita para cada uno de los imputados 12 fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años. Igualmente solicita que se les condene al pago de las costas generadas por este proceso.

Precisamente fue María Dolores Sánchez, una de las concejales imputadas también por esta presunta compra de votos, la que, al encontrarse ante el juez imputada por estas prácticas, acusó al alcalde y a varios de sus ediles. "He visto comprar votos y rellenar solicitudes de voto por correo al propio alcalde, su mujer, su hermano y varios concejales", declaró la edil ante un juez de Murcia en diciembre de 2007.

Ante estas graves acusaciones, el fiscal pidió la suspensión de aquel juicio contra Sánchez y ordenó al juzgado de Instrucción número 1 de Cieza que investigara la implicación de todos ellos. Unas pesquisas que han finalizado con la imputación del alcalde.

(www.laverdad.es, 18/12/09)

39. ARAGÓN. "PERO... ¡¿CÓMO DICE USTED?!"

El PP de Aragón ha lanzando una campaña publicitaria para ser emitida en la radio en la que denuncia lo que considera la imposición del uso del catalán en la Comunidad Autónoma. En la cuña, de 20 segundos de duración, se reproduce cómo una mujer pregunta a un hombre en castellano: "¿Podría decirme donde está la plaza del Pilar?". "Gire a la derecha y todo recto", le contesta el interpelado en catalán.

La respuesta (textualmente "Giri a la dreta i tot recte" en vez de "Gire a la derecha y todo recto") provoca la indignación de  la señora, que alterada responde: "Pero... ¡¿cómo dice usted?!" Una voz en off remata el anuncio con una frase de intenciones:  "Seguramente que a ti tampoco te parece normal. No a la imposición del catalán, no a la ley del PSOE. Partido Popular".

La secretaria general del Partido Popular de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha entregado en la sede del Gobierno de Aragón las firmas que los conservadores han recogido en la campaña "No a la imposición del catalán", para la que han creado una página web dedicada en exclusiva a combatirlo.

(www.publico.es, 16/12/09)

40. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO ASEGURA QUE MATAS PAGÓ EN NEGRO EL BAÑO TURCO DEL PALACETE

Los proveedores de la cocina y el baño turco del palacete del ex presidente del Govern Jaume Matas admitieron ante el juez instructor del ‘caso Palma Arena’, José Castro, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach que cobraron más de 100.000 euros en negro (dinero opaco a Hacienda) por sus respectivos trabajos. Uno de ellos A.M.M. explicó que la esposa de Matas, Maite Areal, firmó un documento justificando el retraso en el pago de una factura alegando supuestas deficiencias en el baño turco.

G.N.C., por su parte, rectificó ante el juez una declaración inicial que había realizado ante la Guardia Civil. Dijo que había "faltado a la verdad" al afirmar que no había recibido pago en metálico alguno por parte de Maite Areal.

Dijo que, en realidad, el aparejador García-Inés le entregó 18.000 euros al hacer entrega de la cocina sin montar, y que cuando le dijo si tenía que expedir un recibo, le respondió que no era necesario, y que cuando finalizara la cocina "arreglarían cuentas". Explicó que pocas semanas después, una vez montada la cocina y tras unas rebajas en el precio final, el presupuesto ascendió a 49.825 euros más IVA, ya que incluía electrodomésticos "de calidad superior", un horno, lavadora, lavavajillas, cuatro plazas de encimera, dos frigoríficos y un refrigerador para vinos.

G.N.C. dijo en su declaración que García -Inés le entregó un sobre con 31.825 euros, con lo cual la cocina quedaba saldada, pero que él le insistió en que no podía aceptar esa forma de pago. La respuesta del aparejador fue "eso es lo que hay", aunque luego le anunció que trataría ese tema con la señora Areal. Después, le llamó por telefóno para que hiciera una factura por 13.211 euros, y volvió a mostrarle su disconformidad, pero que acabó "sucumbiendo" ya que "no había otra salida".

Dijo que había ocultado esos datos a la Guardia Civil porque tenía "mucho miedo" a la repercusión que le podía ocasionar ir en contra de personas como el señor Matas, y que tampoco quería perjudicar a García-Inés, al que conocía de hace bastante años. Asimismo, declaró M.L.M., quien admitió que había cobrado comisiones por supervisar la instalación de carpas en la inauguración del Palma Arena. Asimismo, dijo que ignoraba por qué una factura está a nombre de la Fundació Illesport.

(www.ultimahora.es, 16/12/09)

41. ISLAS BALEARES. LA AMIGA DE COMPRAS DE LA MUJER DE MATAS DESCONOCÍA QUE TENÍA TRABAJOS REMUNERADOS

La mujer que acompañaba a la esposa de Jaume Matas a las tiendas donde compró la decoración del "palacete" de la calle Sant Feliu, afirmó que nunca tuvo la impresión de que Maite Areal estuviera trabajando. Sin embargo, en la hoja laboral de la mujer del ex president del Govern figura que, desde el año 2005 hasta el momento en que se marchó a Washington, fue contratada por el Centro de Cálculo Balear, después por la empresa Martorell Asesores Tributarios y más tarde en el hotel Valparaíso. Su sueldo, algunos meses, superaba los tres mil euros mensuales. Sin embargo, una de sus mejores amigas, según confesó ante el juez, nunca supo que Maite Areal disfrutaba de estos empleos remunerados.

Esta mujer, llamada María Amparo Montes, pero conocida con el apodo de Ampi, fue identificada por varios de los comerciantes que vendieron materiales de decoración al matrimonio Matas-Areal. Se la identificó porque casi siempre acompañaba a la mujer del ex president y la aconsejaba sobre la declaración. La amiga íntima de Maite Areal fue llamada a declarar como testigo por el juez. La mujer aclaró que ella es ama de casa y que no se dedica a la profesión de decoradora, si bien se consideró una persona de buen gusto que se mantiene informada de las últimas tendencias decorativas.

Durante su declaración, que se prolongó durante casi dos horas, se intentó establecer qué tipo de relación mantenía con Maite Areal. La testigo afirmó que era una buena amiga suya y que, debido a esta amistad, más de una vez le pidió que la acompañara a las tiendas de decoración. Explicó que ella nunca vio de qué forma pagaba las compras que hacía, aunque, según han manifestado algunos comerciantes, se abonaban en metálico. Quiso dejar muy claro que ella nunca conoció cuánto dinero llevaba Maite Areal en la cartera cada vez que salían de compras ni le preguntó jamás sobre la procedencia de estos billetes.

Ampi es una de las pocas amistades del matrimonio Matas-Areal que tuvo la oportunidad de visitar el "palacete" de la calle Sant Feliu. También visitó el piso de Madrid, a nombre de Bartomeu Reus, y el apartamento de la Colònia de Sant Jordi que figura a nombre de la madre de Matas. La testigo confirmó que había visitado estos inmuebles, pero que en ningún caso se encargó de la decoración. También le confirmó al juez que había visitado a su amiga en Washington.

(www.diariodemallorca.es, 17/12/09)

42. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PIDE AL GOVERN LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓ QUE PRESIDE CAÑELLAS

El juez Antoni Garcías, del juzgado de instrucción número 7 de Palma, ha solicitado a la conselleria de Presidència del Govern balear que facilite todas las cuentas referentes a la Fundació Illes Balears, que dirige el ex president del Govern, Gabriel Cañellas.

El magistrado instruye una querella de la fiscalía anticorruppión derivada de un presunto desvio de dinero, abonado por el Ayuntamiento de Andratx y cobrado por la Fundació, para el mantenimiento de la torre de Sant Elm. El Consistorio pagaba una cifra anual de 90.000 euros a la institución que preside Cañellas para el desarrollo de actividades en este monumento, pero apenas existe documentación sobre los actos que se han organizado.

Como consecuencia de esta querella prestaron declaración el secretario del Ayuntamiento de Andratx y la secretaria de la Fundació. El primero explicó al juez el contenido del convenio y el papel de control que desarrolla el consistorio. Por su parte, la secretaria de la Fundació Illes Balears detalló que en los últimos años se habían organizado una serie de actos que se establecían en el convenio, si bien los investigadores creen que no justifican el pago anual de 90.000 euros que recibe la institución.

Además de solicitar al Govern los datos económicos de la Fundació, el juez va a llamar a declarar como imputados al ex president Gabriel Cañellas y al ex alcalde del municipio de Andratx, Eugenio Hidalgo, que fueron los que acordaron los detalles económicos de este convenio.

Su declaración se celebrará ya el próximo año, en concreto el día 10 de febrero. Antes también declararán dos funcionarios del Ayuntamiento, que han participado en la gestión de esta ayuda económica. Tampoco se descarta que el juez llame al ex alcalde Jaume Porcel, del PP.

(www.diariodemallorca.es, 17/12/09)

43. ISLAS BALEARES. LA JUEZ ATRIBUYE A CARDONA EL INYECTAR MILLONES EN EL CDEIB PARA SU PROVECHO

La juez de instrucción 4 de Palma atribuye, en su exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia para que asuma el caso Scala, que el diputado del PP, y ex conseller de Comercio e Industria, habría inyectado, mediante autorización de préstamos, transferencias y otros sistemas millones de euros en el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en su provecho propio. La magistrada en los casi 245 folios de su escrito incluye, entre otros muchos indicios incriminatorios contra el presunto entramado, el elevadísimo coste de las acciones promocionales del CDEIB en China, Japón, Estados Unidos y España y resalta los hoteles de lujo que usaba el conseller y su séquito en sus periplos por el extranjero.La juez de instrucción 4 de Palma ha solicitado al TSJB que se haga cargo del sumario del caso Scala, con sus más de 25 imputados, entre ellos Cardona.

La tesis de la instructora es que el CDEIB, en vez de dedicarse a promocionar los productos industriales e impulsar las relaciones comerciales de Balears, se afanó en desviar millones de euros a una serie de empresas vinculadas a sus principales gestores, Cardona; el director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la gerente del consorcio, Antònia Ordinas.

La confusión de los intereses particulares de estos imputados y algunas iniciativas de las consellerias de Comercio y de Turismo es total, según se desprende del relato. Los caudales públicos habrían acabado en manos de los encausados mediante las comisiones pagadas por los proveedores, los beneficios directos derivados de otras empresas que eran suyas y contrataban con el Govern y con el empleo de medios del Govern como herramienta para emprender inversiones privadas en China u otros mercados.
Una parte de la exposición razonada reseña cómo el CDEIB, que en la pasada legislatura llegó a manejar entre 20 y 25 millones de euros, estaba totalmente arruinado a causa de los cientos de miles de euros que supuestamente se desviaban hacia los beneficiados por la trama, en la que estarían implicados otros empresarios, asesores, y presuntos testaferros.

Las pérdidas acumuladas estuvieron a punto de paralizar la máquina de conseguir ganancias de miles de euros, pero Cardona, en su calidad de conseller y presidente del CDEIB, propició entre 2003 y 2007, 21 expedientes de modificación de crédito para insuflar al consorcio cerca de 4 millones de euros. El conseller también autorizó varias transferencias de dinero desde la conselleria al CDEIB. Estos numerosos expedientes sumaron varios millones de euros. Pero el dinero no bastaba, y Cardona consiguió un préstamo bancario para la entidad por 4 millones de euros, que fue gastado en un visto y no visto.

La juez analiza con minuciosidad los viajes de Cardona, Viaene y otros imputados a China y se para en dos eventos: la presentación del tenista Rafel Nadal en Shangai y una pasarela de moda en Nanjing, que costaron muchas decenas de miles de euros, entre ellos 93.401 por viajes y hoteles. Cardona siempre pidió hoteles de lujo, como el Hilton de Shangai y el Trump de Nueva York.

(www.diariodemallorca.es, 12/12/09)

44. ISLAS BALEARES. LA JUEZ ATRIBUYE A CARDONA EL INYECTAR MILLONES EN EL CDEIB PARA COMISIONES Y FINANCIACIÓN ELECTORAL DEL PP

En la exposición razona elevada por la jueza Piedad Marín al TSJB se mencionan en varias ocasiones las declaraciones de algunos imputados respecto a su creencia de que parte de las comisiones abonadas por los proveedores del CDEIB iban a parar al Partido Popular. Otra parte del informe relata con precisión las sospechas de que Cardona usó fondos públicos del Govern para pagar el transporte urgente a Eivissa y Formentera de miles de folletos para la campaña electoral del PP en las Pitiüses, que él también presidía.

(www.diariodemallorca.es, 12/12/09)

45. EL JUEZ DEL ‘CASO FUNERARIA’ IMPUTA TRES DELITOS A LA ESPOSA DE ÓSCAR COLLADO

El juez instructor del ‘caso Funeraria’ ha citado a declarar en calidad de imputada a Francisca Moll, esposa del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Óscar Collado, tras los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

Los delitos que se imputan a la cónyuge de Collado son malversación, falsedad y delito fiscal. La orden de investigar a Francisca Moll la dio el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Vicente Penalva el pasado mes de octubre a través de un oficio, en el que también solicitaba información sobre tumbas de trece ciudadanos palmesanos. El juez ordenó investigar los extractos de cuentas bancarias de Francisca Moll y su posible vinculación a la supuesta trama delictiva.

Oscar Collado se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras permanecer 16 días preso en la cárcel de Palma imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y contra la administración pública.

El ‘caso Funeraria’ investiga desde el pasado mes de junio facturas supuestamente falsas o manipuladas por parte del ex gerente de la EFM vinculadas a la compraventa de nichos y la ejecución de obras en el cementerio de Sant Jordi. El origen de la investigación se sitúa en el hallazgo por parte del actual equipo de gobierno del Ajuntament de Palma de una serie de facturas de viajes adquiridos por la ex presidenta de la EFM Marina Sans. La Fiscalía Anticorrupción y la UDYCO investigaron durante varias semanas los hechos denunciados, que finalizaron con una querella criminal, la detención de Collado y el registro de varias empresas.

(www.ultimahora.es, 15/12/09)

46. LA RIOJA. GÉNOVA CONFÍA EN QUE LA RIOJA NO ACUDA AL CONSTITUCIONAL

Pese a la evidente tensión entre el PP vasco y la dirección nacional -"que vengan ellos a presentarse por Euskadi", llegó a decir Antonio Basagoiti en plena polémica-, la buena relación entre Mariano Rajoy y el líder del PP vasco hará muy probablemente que la crisis no llegue a mayores. Sin embargo, la dirección de la madrileña calle Génova tiene aún una bomba que desactivar.

Pedro Sanz, el casi siempre polémico presidente de La Rioja, una comunidad fronteriza con el País Vasco y que ha sufrido en el pasado problemas porque la fiscalidad vasca hacía que empresas riojanas se instalaran allí, ha convertido el blindaje en un asunto político interno clave. Y parece que tiene intenciones de llegar hasta el final. La Rioja, como comunidad autónoma, puede recurrir al Constitucional. Y eso acabaría por destrozar el discurso del PP vasco. Por eso la dirección nacional está tratando de convencer a Sanz. Quedan tres meses para saber si lo logra.

(www.elpais.com, 18/12/09)

47. LA RIOJA. A 200 POR HORA EN EL COCHE OFICIAL

La legislación en materia de Tráfico no vale para el consejero de Presidencia del Gobierno conservador de La Rioja, Emilio del Río. Al menos eso es lo que denunció el PSOE de esa comunidad autónoma. Según el relato de los socialistas, Del Río exigió al conductor de un coche oficial saltarse los límites para llegar a Zaragoza antes de que partiera su tren. Tras la negativa del conductor, Del Río le habría quitado las llaves del Audi A6 y se habría puesto a conducir a más de 200 kilómetros por hora. El PSOE pide su cese o su dimisión.

"Era materialmente imposible que se pudieran recorrer estos kilómetros en ese tiempo con las limitaciones de velocidad que marca la ley", recoge un comunicado de los socialistas, que critica la doble moral del Gobierno regional al pedir prudencia en la carretera y, al mismo tiempo, saltarse las normas y conducir peligrosamente.

En el escrito, apuntan que "el Gobierno de Sanz hace aguas, sus consejeros no tienen ética, han tomado a La Rioja por su cortijo y se creen que todo les está permitido, creyendo que nada tiene consecuencias y que nadie osará reprobar sus conductas". Los socialistas añaden que el asunto se ha convertido "en la comidilla de cientos de funcionarios escandalizados por la irresponsabilidad del consejero de Presidencia".

(www.publico.es, 18/12/09)