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Del 14 al 20 de Noviembre 2009
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ÍNDICE
1. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY VUELVE A AMENAZAR A LOS CRÍTICOS Y DICE QUE AGUANTARÁ "LO QUE LE ECHEN"
2. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. LA CRISIS DEL PP ECLIPSA SU CUMBRE PESE A LA LLAMADA AL ORDEN DE RAJOY
3. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
4. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY: "LA FOTO DE CAMPS CON ALONSO NO ME PARECE MAL; EL REY O JORDI PUJOL HAN ESTADO EN SITUACIONES PARECIDAS"
5. RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA"
6. COSPEDAL REPLICA A AZNAR QUE EL PP YA TIENE UN ÚNICO LÍDER, RAJOY
7. RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP
8. LA NÚMERO DOS DEL PP CAMBIÓ SU APELLIDO PARA LUCIR LINAJE ARISTOCRÁTICO
9. CASO GÜRTEL. EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES
10. AZNAR ENTRA EN UN GRUPO CON INTERESES EN EUROPA DEL ESTE
11. AZNAR ACUSA A LOS INMIGRANTES DE PONER EN PELIGRO EL ESTADO DEL BIENESTAR
12. CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR
13. UN MAFIOSO RUSO PIDE ANULAR ESCUCHAS DEL SITEL CON LOS ARGUMENTOS DEL PP
14. EL SUPREMO AVALA POR NOVENA VEZ EL SISTEMA DE ESCUCHAS QUE CRITICA EL PP
15. DERROTA DEL PP EN SU PRIMER INTENTO DE CRITICAR AL GOBIERNO POR EL 'ALAKRANA'
16. CATALUÑA. EL PP INTENTA ENDULZAR SU IMAGEN
17. GALICIA. EL PPDEG BLOQUEA POR TERCERA VEZ LA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA SUPRIMIR EL PLUS DE ALTOS CARGOS
18. ANDALUCÍA. CASO GÜRTEL. LAS OBRAS SUBCONTRATADAS APENAS SUMAN LA QUINTA PARTE DE LO COBRADO POR TECONSA
19. ANDALUCÍA. EL FISCAL CREE QUE JUÁREZ Y TRES EDILES COBRARON UN SOBORNO DE DOS MILLONES
20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA
22. COMUNIDAD DE MADRID. PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES
23. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZA DEL ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
24. COMUNIDAD DE MADRID. "GALLARDÓN QUIERE SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"
25. COMUNIDAD DE MADRID. LA NUEVA LEY DEL SUELO PONE EN PIE DE GUERRA A VARIOS AYUNTAMIENTOS
26. COMUNIDAD DE MADRID. EL TSJM VUELVE A TUMBAR LAS CUENTAS DE POZUELO
27. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE ENCARA CON UN JOVEN QUE LE LLAMA ´CORRUPTO´
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PSOE RATIFICA SU QUERELLA CONTRA CAMPS
29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'
30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA
31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PP VALENCIANO SE NIEGA A PEDIR EXPLICACIONES A ÁLVARO PÉREZ
32. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP
33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA PRESIÓN POLÍTICA OBLIGA A CAMPS A DESBLOQUEAR LA ELECCIÓN DE PAJÍN
34. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS CORTS PAGARÁN 3.300 MENÚS QUE NADIE COMIÓ PARA AGUANTAR EL RESTAURANTE DE LUJO
35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CAMBIA LA LEY PARA QUE LOS CHÓFERES DE CAMPS Y DE LOS CONSELLERS SEAN PERSONAL DE CONFIANZA
36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ VE MOTIVOS PARA PROCESAR A RUS POR SUS INSULTOS AL PROFESORADO
37. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS CREA UNA PLAZA CON 132.000 EUROS DE SUELDO PARA SITUAR A UN AFÍN DE INTERVENTOR DE LAS CUENTAS
38. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP ACABÓ EN CALZONCILLOS UN CURSO DE DEFENSA PARA MUJERES EN ALCOI
39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ NO JUZGARÁ AL ALCALDE DE TORREVIEJA PESE A LA GANANCIA ´EXAGERADA´ CON 3 FINCAS
40. CASTILLA Y LEÓN. DENUNCIAN EL NOMBRAMIENTO 'A DEDO' DE FERNÁNDEZ COMO ASESOR EN AGRICULTURA
41. REGIÓN DE MURCIA. LA COMUNIDAD ENTREGA CIENTOS DE MILES DE EUROS AL DIARIO EL FARO, RELACIONADO CON EMPRESARIOS DEL PP
42. REGIÓN DE MURCIA. EL EX ALCALDE DE SAN JAVIER VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LOS CASOS VENEZIOLA Y LAS BRISAS
43. REGIÓN DE MURCIA. EL VICEALCALDE DE CARTAGENA Y UNA RESPONSABLE JURÍDICA MUNICIPAL, IMPUTADOS
44. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA FICHA A UNA ANTIABORTISTA RADICAL
45. ISLAS BALEARES. EXPERTOS DESTACAN EL ALTO PRECIO DE LA CARPINTERÍA DEL ´PALACETE´ DE MATAS
46. ISLAS BALEARES. DELGADO Y ONIEVA SE EXPONEN A LA EXPULSIÓN SI MANTIENEN EL PULSO A BAUZÀ
47. CIUDAD DE CEUTA. OCASO DEL 'VIRREY' DE CEUTA
1. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY VUELVE A AMENAZAR A LOS CRÍTICOS Y DICE QUE AGUANTARÁ "LO QUE LE ECHEN"
Todo estaba programado para que la convención política del PP en Barcelona fuera una fiesta. Los dirigentes, de todo tipo, no paran de alabar en privado el planteamiento novedoso, diseñado por Ana Mato y Baudilio Tomé, con mesas abiertas, debates protagonizados por expertos y preguntas de los jóvenes al líder del partido. Sin embargo, la enorme tensión interna puede con todo. Lo que la secretaria general, Dolores de Cospedal, llama "turbulencias" y la mayoría define como "crisis interna", tiene tanta fuerza que, de nuevo, se llevó el protagonismo en la segunda jornada, absolutamente repleta de nuevo de mensajes internos. Y eso que Mariano Rajoy logró que la comida de con todos los barones fuera muy tranquila, incluso amistosa, según varios de ellos. Incluso acabó fumando puros junto a Esperanza Aguirre, su gran rival interna.
Pero antes de esa comida conciliadora, en la que no hubo nada relevante porque nadie, ni siquiera el líder, hizo ningún discurso, Rajoy había protagonizado dos momentos muy significativos. Primero repitió, con más fuerza incluso, la amenaza que la semana pasada había lanzado a los críticos. Fue cuando el presidente de Nuevas Generaciones de Murcia le preguntó por la "mala imagen" que ha dado el partido en las últimas semanas. "Yo creo que hay una inmensa mayoría de dirigentes que respeta las reglas de juego que nos hemos dado, que votamos en un congreso, pero si alguno no lo hace, haré lo que todos vosotros queréis que haga", contestó Rajoy. La amenaza expresa a los críticos fue recibida con un gran aplauso de los jóvenes del PP.
Rajoy se metió en el bolsillo a los futuros dirigentes con un discurso cercano, respuestas muy personales -"jamás he puesto la mano encima a mis hijos, ni les he dado grandes gritos, no se trata de eso, sino de que se te respete"- y una idea: seguirá pase lo que pase. "¿Ha pensado en tirar la toalla?", le dijo una joven. "Tengo bastante entereza para aguantar lo que me echen. Sólo necesito el apoyo de mi partido, de lo demás me encargo yo", sentenció en un nuevo aviso a los críticos.
A pocos metros estaban los principales aguirristas, que aún estaban en la convención. Hoy ninguno de ellos seguirá el acto central, el discurso de Rajoy. Aguirre excusó ante el líder su ausencia por motivos familiares. Tampoco estará Francisco Camps, el otro barón protagonista de la crisis de las últimas semanas. Pero el valenciano no aduce un motivo familiar grave, como Aguirre. Tiene que asistir, señala, a las pruebas que Ferrari celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), en la que también estará el último fichaje de la escudería italiana: Fernando Alonso.
Camps protagonizó otro de los momentos de la jornada que demuestran que la crisis interna sigue estando latente en la convención a pesar de los denodados intentos de la dirección del PP por evitarlo.
Su llegada y el saludo con Rajoy generaron una gran expectación después de su salida de tono del jueves, cuando llegó a sostener que los socialistas le quieren matar. El valenciano no quiso hacer una aparición discreta, más bien todo lo contrario. Un equipo de militantes de Castellón, liderado por una señora, Soledad Linares, estaba preparado para aplaudirle en cuanto llegara. Con ello consiguieron que todas las cámaras recogieran sus gritos de "presidente, presidente". Camps quiso además recordar, al hablar con los medios, cuál es el origen de su fortaleza interna: su apoyo incondicional a Rajoy en el congreso de Valencia: "Muchos apostamos por Rajoy en los buenos momentos y en los no tan buenos, muchos creímos en él". Después se fue a buscar al líder, se dieron un abrazo, y le llevó de la mano para que los dos se hicieran la foto con los militantes de Castellón que seguían coreando.
La imagen del respaldo de Rajoy en el momento de mayor dificultad de Camps quedaba así reflejada en todos los informativos. Y el valenciano podía así volverse a su tierra tranquilo. Todos en el PP saben que Rajoy sigue apoyándole pase lo que pase, pero ahora tiene además una foto en la prensa para demostrarlo.
(www.elpais.com, 15/11/09)
2. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. LA CRISIS DEL PP ECLIPSA SU CUMBRE PESE A LA LLAMADA AL ORDEN DE RAJOY
El lema de la convención que el PP clausura hoy en Barcelona es Propuestas para el cambio. La idea de sus organizadores era, pues, que el foco mediático se centrara en los debates que se iban a producir en el seno del cónclave. Pero, una vez más, no pudo ser: los líos internos del partido se convirtieron, de nuevo, en los protagonistas de la jornada. Y los populares más rebeldes, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, fueron las estrellas del acto, a pesar de que el líder, Mariano Rajoy, aprovechó la ocasión para volver a amenazar a los que osen desacatar las directrices que marque la autoridad competente. O sea, él.
Pero, por más advertencias que lance Rajoy, sus diferencias con el PP de Madrid y el de la Comunidad Valenciana no logran pasar desapercibidas. Y eso que algunos lo intentan, como demostraron el propio Camps y los miembros de su delegación, que forzaron una foto no prevista con el jefe para vender reconciliación. Ante tal iniciativa, Rajoy claudicó y se dejó dar el abrazo del oso por parte del valenciano. Minutos antes de que se produjera dicho gesto de cariño, el líder popular había sentenciado ante los jóvenes de su partido: "Tengo bastante entereza para aguantar lo que me echen".
En el citado encuentro del jefe conservador con las Nuevas Generaciones de su partido –en formato similar al programa Tengo una pregunta para usted–, se le preguntó a Rajoy si, ante tanta batalla interna, alguna vez se le había pasado por la cabeza "tirar la toalla". "No", respondió tajante. A continuación, dio algún detalle más al respecto. "Ahora estoy muy bien, aunque he tenido momentos mejores y peores. Pero mientras sienta el respaldo del partido y de la gente, estaré aquí", aseveró.
Con un tono más o menos informal, el presidente del PP fue contestando a los interrogantes que le iban planteando los cachorros populares. Y en esas estaba cuando llegó el representante de Murcia y le soltó: "El PP ha vivido momentos difíciles, con una ejecutiva complicada [aludiendo a la reunión en la que Rajoy amenazó a los díscolos con dejarlos fuera de las listas]. A los jóvenes no nos gusta esa imagen. Queremos saber si la lealtad y el equipo deben estar por delante de la deslealtad y los personalismos".
El líder conservador podía haber esquivado el reto y haber salido por la tangente, tal como hizo la última semana con los periodistas que le preguntaban por estos asuntos. Sin embargo, enfrentó la cuestión. "Tienes razón (...). Quiero que este sea un partido nacional, limpio y unido. Nos unen las propuestas y las ideas y el respeto a las reglas de juego que nosotros mismos nos hemos dado. Estoy convencido de que así lo entienden todos y que se obrará en consecuencia. Y, si no lo hacen, haré lo que todos vosotros queréis que haga", espetó.
De esta manera, Rajoy se saltaba sus propias reglas –la de hablar solo de propuestas y futuro y no de crisis caseras– y reeditaba su amenaza a los rebeldes. Por si acaso. Aún tuvo tiempo Rajoy para reivindicar su "independencia", añadiendo que él únicamente necesita el apoyo de su partido. "De lo demás, ya me encargo yo", sentenció. Terminó el encuentro con los jóvenes y llegaron los aplausos.
En esas estaba el líder alrededor de la una de la tarde cuando Camps y su delegación llegaron con estrépito a la puerta del Palau de Congressos de Catalunya. "Aquí estoy. El militante Paco Camps sigue estando a pie de obra", enfatizó el valenciano. Y, por si a alguien se le había olvidado, recordó que él respaldó el liderazgo de Rajoy "en los buenos y en los no tan buenos momentos". Entre vítores de "¡presidente, presidente!" –Camps acudió acompañado de un séquito que actuó de claque–, el jefe del Gobierno valenciano entró en el recinto. Y fue entonces cuando forzó la foto con Rajoy. Mientras, Aguirre y su equipo paseaban por los alrededores, confirmando oficialmente que la mayoría de los dirigentes del PP de Madrid no se quedarán a escuchar al líder en la clausura de la convención.
Llegó la hora del almuerzo y Rajoy invitó a comer a su dirección y a sus barones territoriales. A Camps y Aguirre, también. Según cuentan los presentes, el ambiente fue distendido y se evitó la polémica. No obstante, a la salida de esta cita, Camps no perdió la oportunidad de recordar ante las cámaras la cantidad de votos que él aporta al PP. Por si a alguien le fallaba la memoria.
Todo esto ocurrió en una convención en la que, supuestamente, se iba a hablar del futuro del partido y de propuestas. Pero, de eso, hubo poco: tan solo el anuncio de que los populares se disponen a afrontar el debate sobre la nueva ley de plazos del aborto presentando, en el Congreso, otro proyecto legislativo para proteger a la mujer y su maternidad.
(www.elperiodico.com, 15/11/09)
3. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
Al líder del PP, Mariano Rajoy, le ha salido de nuevo el tiro por la culata en su intento de mostrar una imagen de unidad con la Convención nacional del PP en Barcelona. Así, ni Aguirre ni Camps estarán en su discurso de cierre del evento, la primera por motivos familiares y el segundo de agenda. Fuentes de la dirección del PP han informado de que Aguirre ya había comentado previamente que se tendría que ausentar de la jornada de clausura de la Convención debido a la enfermedad de un familiar.
Las fuentes citadas han rechazado por tanto que se pueda hacer una lectura "enrevesada" de esa ausencia de Aguirre y que se pueda interpretar como un "plantón" de la presidenta madrileña a Rajoy. En eso han coincidido también fuentes cercanas a Aguirre que han hecho hincapié en que la presidenta ha estado en la Convención desde su inicio. No ha ocurrido lo mismo con otros presidentes autonómicos del PP, como es el caso de Francisco Camps, quien ha acudido hoy a la Convención para asistir al almuerzo que mantendrá Rajoy con sus barones territoriales. A ese almuerzo asistirá también Aguirre, quien a última hora de la tarde regresará a Madrid.
Por su parte, Camps ha aducido debido a "cuestiones de agenda" que le harán volver hoy mismo a Valencia. Según han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, Camps asistirá mañana a las pruebas 'World Finals' que Ferrari celebrará en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) y a las que acudirá el piloto Fernando Alonso, que ha fichado por esta escudería para la próxima temporada.
Además, está previsto que el presidente del PP en la Comunitat Valenciana asista a una cena en la que se sentará a la mesa con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el de Ferrari, Luca di Montezemolo. El propio Camps ha explicado a los periodistas en Barcelona que no estará mañana presente en la Convención del partido por "cuestiones de agenda" ya que tiene que ir "adaptando" los compromisos del PP nacional con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat, según las mismas fuentes.
Ya lo dijo Cospedal en su discurso inaugural, la Convención del PP en Barcelona la organizó el partido "por sus propios medios". Estas palabras responden a que es el primer acto de esta envergadura que el Partido Popular no ha encargado a una empresa externa. Esto supone un cambio con respecto a lo que el PP llevaba haciendo hasta ahora, ya que algunas de las empresas que contrataron para este tipo de eventos están en la investigación judicial del caso Gürtel. Por ello, Cospedal ha agradecido a los trabajadores del PP por el esfuerzo de organizar el acto y ha destacado que este cambio de rumbo supone "una gran noticia".
El caso Gürtel sacó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en el Partido Popular, relacionado con las empresas que el partido contrataba para la organización de actos electorales. Special Events, Orange Market, Easy Concept, Good and Better y Servi Madrid son algunos de los nombres de las empresas que el PP contrató para actos del partido a nivel nacional y regional. Los escándalos corruptos relacionados con la trama dirigida por Francisco Correa se extendieron por Madrid y Valencia, destapando adjudicaciones interesadas y financiación ilegal en ambas comunidades y Galicia. De ahí que ahora el PP se afane en hacer ver que puede organizar sus actos electorales mediante sus propios medios y que se aleja de los comportamientos anteriores que llevaron a asociarse con el escándalo Gürtel.
(www.elpais.com, 14/11/09)
4. CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP. RAJOY: "LA FOTO DE CAMPS CON ALONSO NO ME PARECE MAL; EL REY O JORDI PUJOL HAN ESTADO EN SITUACIONES PARECIDAS"
Un día después de la convención ideológica que el PP organizó el fin de semana en Barcelona, Mariano Rajoy hizo un balance del concláve. Como no podía ser de otra manera, el presidente del PP destacó el éxito de la convocatoria y restó importancia a las ausencias el último día de Francisco Camps, de Esperanza Aguirre o de Javier Arenas. "Lo que hemos hecho en Barcelona es actualizar y reforzar nuestro proyecto y decirle a la gente que vamos a tener el mejor programa electoral posible para que nos voten", afirmó. Lamentó el presidente del PP que los medios prestaran más atención a quien estaba o no estaba y no al debate de fondo, "a los asuntos que nos preocupan y preocupan a la gente: la crisis, la educación, la sanidad, el cambio climático... Allí se habló de muchos temas, vino gente muy competente, expertos independientes, de la universidad, y eso fue muy bonito".
Tan bonito como la foto de Camps conduciendo un Ferrari junto a Fernando Alonso, que preside casi todas las portadas de hoy, mientras él clausuraba la convención. Rajoy quitó importancia a esa imagen: "Yo ya sabía que iba a pasar. Camps estuvo el sábado en Barcelona, comimos el sábado juntos. Esta misma mañana me ha llamado Ritá Barberá y se ha mostrado sorprendida por la repercusión mediática de la foto. Era un acto de promoción muy importante para Valencia. Otros políticos han hecho lo mismo. Yo creo que el rey o Jordi Pujol han estado en situaciones parecidas. No me parece mal en absoluto".
Eso sí, reconoció que en Valencia "el PP ha tenido dificultades pero las hemos superado", cuando fue cuestionado por la idoneidad de la foto visto todo lo que ha pasado últimamente en el PP. Rajoy también quiso evitar cualquier polémica cuando fue preguntado por la presunta queja de la FAES por no haber invitado a la convención a José María Aznar: "A mi nadie me ha dicho que en la FAES estén molestos por no haber invitado a Aznar. Era un acto del PP, de la gente que estamos en la política activa". Toda una indirecta para el ex presidente.
(www.publico.es, 16/11/09)
5. RAJOY CONSIDERA A COSTA "UNA PERSONA HONRADA"
El PP ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por "razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".
Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. "Yo creo que Costa es una persona honrada, y así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido por "nada que afecte a su honorabilidad".
Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro". Preguntado sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto.
Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el PP "más exigente que el recogido en las leyes".
(www.publico.es, 16/11/09)
6. COSPEDAL REPLICA A AZNAR QUE EL PP YA TIENE UN ÚNICO LÍDER, RAJOY
Fue a finales de octubre, en plena guerra entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre por el control de Caja Madrid, cuando el expresidente José María Aznar aprovechó un acto en Barcelona para lanzar un mensaje a un PP en crisis: "Un líder, no varios. Un partido, no varios. Un proyecto, no varios. La conjunción de estas tres cosas a mí me dio resultado", espetó entonces. Aznar decidió saltarse la convención que los populares están celebrando, precisamente, en Barcelona. No le han pedido que dé discurso y él se ha sentido despechado. Pero, inevitablemente, el ex presidente se convirtió en protagonista de la jornada: la secretaria general, Dolores de Cospedal, aprovechó la ocasión para devolverle su dardo envenenado. "Tenemos un líder, que es Mariano Rajoy. Tenemos un gran proyecto y un gran equipo", espetó la número dos del PP, revolviendo al auditorio.
Cospedal se regodeó en su respuesta a Aznar e insistió en que los populares cuentan actualmente con un líder "capaz, cualificado, moderado, honrado, sensato, que no engaña y no miente a nadie". Como era de esperar, tan elogiosa descripción de su jefe despertó todo tipo de suspicacias, ya que en ningún momento aclaró con quién le estaba comparando.
Y aún hubo más, porque la secretaria general advirtió, ante Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón (ubicados en primera fila), que el PP es un "único" partido que busca la "unidad". "Este partido tiene muchas sensibilidades, como la sociedad catalana, y todas merecen estar representadas. "Pero este es un único partido con un proyecto nacional, con más de 10 millones de votos que convertirá a Mariano en presidente", subrayó. No obstante, admitió ante más de un millar de compañeros que su organización ha pasado recientemente por "ciertas turbulencias", aunque las dio por superadas, una vez que "todos" sus dirigentes han entendido que tienen "un partido, un proyecto, un país y un líder". Lo que evitó añadir Cospedal es que, para que ese mensaje se entendiera, ha sido necesario que el propio Rajoy amenazase en un comité ejecutivo con excluir a los rebeldes de las listas electorales.
(www.elperiodico.com, 14/11/09)
7. RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a su secretaria general que supervise personalmente las cuentas del partido para, en lo posible, evitar sorpresas desagradables o tentaciones como las que han quedado al descubierto con la trama Gürtel. Así, desde que se viera obligado a dimitir el extesorero Luis Bárcenas por su vinculación con el citado caso de corrupción, Dolores de Cospedal vigila de cerca cada proceso de contratación que inicia el PP y, especialmente, los pagos que conlleva, según explicaron a este diario fuentes populares.
Los conservadores –que manejan un presupuesto anual que ronda los 80 millones de euros–, han decidido también disminuir su dependencia de empresas especializadas en organización de eventos, después de las consecuncias políticas que les ha acarreado su nefasta relación comercial con Francisco Correa, máximo responsable de la red Gürtel. La explicación oficial es que, favoreciendo que sea un equipo del PP en vez de terceros los que monten grandes eventos del partido–así ha sucedido en la convención de Barcelona– se ahorra dinero y "se gana en independencia".
La dirección popular aprovechó el cónclave que celebró en Catalunya, el pasado fin de semana, para estrenar este nuevo modelo de trabajo basado en la autogestión. El área electoral del partido se encargó del diseño de la convención y hasta de la elaboración de los vídeos que allí se proyectaron, dejando en manos ajenas únicamente la producción y suministro de fondos, decorados y luz y sonido. El equipo de Rajoy, según parece, está contento con el resultado obtenido en Barcelona, por lo que está decidido a que "este modo de organizar actos tenga continuidad en el tiempo, salvo cuando se trate de campañas electorales".
Para afrontar esas campañas, el PP se plantea recuperar las mesas de contratación, esto es, elegir a varios cargos de la organización que compartan con el gerente, Cristóbal Paez, la responsabilidad de seleccionar y facturar a empresas externas. Así se hizo ya en las semanas previas a las elecciones europeas, en junio, cuando el caso Gürtel y las dudas sobre la gestión del entonces tesorero Bárcenas ocupaban gran parte de las páginas de los periódicos.
Es más que probable que el código ético y de buenas prácticas que está preparando la dirección popular, y que será presentado en breve ante la opinión pública, obligue a todas las organizaciones regionales y provinciales del partido a formar este tipo de mesas cuando, en vísperas de campaña electoral o un gran acto político, haya que organizar un concurso para elegir empresas. Según el PP, Rajoy quiere imponer a los suyos unas normas de conducta basadas en los principios de "publicidad y transparencia" a la hora de contratar y, por lo tanto, de poner el dinero del partido en manos de extraños.
Ese código ético que está ultimando la vicesecretaria de organización, Ana Mato, prohibirá a los dirigentes del PP aceptar regalos de aquellas empresas que se conviertan en proveedoras del partido. Al tiempo, se baraja agrupar en un listado a aquellas compañías no consideradas aptas para trabajar con el partido, bien por haber usado las siglas populares en beneficio propio o bien por haber incumplido, en alguna ocasión, la legalidad vigente. O sea, las empresas asociadas a la trama Gürtel, esas que en los últimos años fueron favorecidas por cargos populares que, actualmente, están imputados o salpicados por la causa judicial.
Pero Mato –que está siendo asesorada por Federico Trillo, el responsable del código ético que, en tiempos de José María Aznar, elaboró el PP para contrarrestar el escándalo del caso Naseiro–, está empeñada en ir un poco más allá. Fuentes populares recalcan que se buscan fórmulas para, de ahora en adelante, forzar a todos los dirigentes conservadores a acreditar su patrimonio antes de aceptar un cargo, así como acatar solemnemente las férreas normas que piensa poner sobre la mesa Rajoy, escarmentado por el caso Gürtel. Y a esta ley interna con la que piensa dotarse el PP, hay que sumar el pacto de Estado contra la corrupción que, en las próximas horas, van a ofrecer al resto de fuerzas políticas. Todo con tal de lavar la imagen.
(www.elperiodico.com, 20/11/09)
8. LA NÚMERO DOS DEL PP CAMBIÓ SU APELLIDO PARA LUCIR LINAJE ARISTOCRÁTICO
María Dolores Cospedal García. Este es el primario, genuino y fidedigno nombre completo de la secretaria general del PP, "La bien pagá". Hija del que fuera cabeza de cartel del Partido Reformista por Albacete en las elecciones generales de 1986, Ricardo Cospedal Merino (sin "DE"), y hermana del actual director adjunto de La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), Ricardo Cospedal García (también sin "DE"). ¿Por qué se cambió el apellido la supuesta "número dos" de Rajoy? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo se llama verdaderamente la presidenta del PP castellano-manchego: Cospedal o De Cospedal? ¿Puede tener problemas a efectos legales? ¿Y familiares?
Dicen algunos compañeros de Facultad de Derecho que María Dolores siempre tuvo "aires de grandeza" y que el apellido se le quedaba "corto" para tantas pretensiones nobiliarias y genealógicas, que hasta esa fecha estudiantil se habían limitado a lucirla como una "chica mona" que fue, eso sí, Miss Feria Albacete.
Finalizados sus estudios, con extraordinaria nota, se preparó a fondo las oposiciones de Abogado del Estado, que también consiguió aprobar brillantemente, siendo su nombramiento el 2 de abril de 1991, ocupando el escalafón 322 del Cuerpo de Abogados del Estado, con el número de registro personal 07545444.46 A0903, donde se recoge el "nombre completo" (dice textualmente la toma de posesión) de María Dolores Cospedal García. En ningún momento aparece la preposición "DE", ni en este caso ni en ninguna relación circunstanciada de estos altos funcionarios, lo que demuestra que la secretaria general del PP alteró su apellido en busca de una grandeza aristócrata que por nacimiento patronímico no le correspondía. Y así, con su nombre genuino, María Dolores Cospedal García, la encontramos en todas las relaciones de la Abogacía del Estado. Basta consultar el Boletín Oficial del 8 de julio de 2009 para comprobar como el apellido aparece sin el "DE". Aún es más, en todas esas relaciones se concede la posibilidad "de reclamar lo que estimen pertinente en relación a sus respectivos datos", rectificación que nunca ha realizado la secretaria general del PP. ¿Por qué?
No será hasta 1996 cuando María Dolores Cospedal reaparezca con su nuevo y distinguido apellido aristocrático. A partir de aquí, su identidad ya no dejará la partícula "DE" en todos los documentos, aunque desconocemos si su DNI recoge los cambios del apellido, que su padre también asumió pasando a llamarse Ricardo De Cospedal Peinado, cuando toda la vida fue conocido por su círculo de allegados como Ricardo Cospedal, aquél que encabezó el cartel electoral del Partido Reformista por Albacete en las elecciones general de 1986 (BOE. Jueves, 15 de mayo de 1986). Diecisiete años después, recibe la Gran Cruz de la Orden al Mérito Agrario con el nombre de Ricardo de Cospedal Peinado. Por cierto la distinción se la entregó Miguel Arias Cañete, el único ex ministro del PP que acudió a la reciente boda de María Dolores de Cospedal con Ignacio López del Hierro (otro más del club de "DE" o "DEL").
Sin embargo, todo indica que el cambio de apellido no ha gustado a toda la familia por igual, como lo justifica la negativa de su hermano a añadir el citado "DE", que tanto gusta a los "Ppijos" del partido de la gaviota (13 diputados "populares" exhiben en sus nombres esta preposición en el Congreso y otros nueve en el Senado). Así, al menos, queda expuesto y demostrado en todos los documentos legales donde aparece el abogado Ricardo Cospedal García, director adjunto de CEDDET (www.ceddet.org). El hermano de De Cospedal prefiere mantener la esencia de su gentil apellido y no entrar en la espiral "Ppija" que ha llevado a su hermana y a otros políticos "populares" a exhibir en sus nombres privilegios de rancio abolengo, como es el caso de Luis de Grandes, Ana de Palacio, Gustavo Manuel de Arístegui, Alejandro Ballestero de Diego, Encarnación Naharro de Mora…
(www.elplural.com, 16/11/09)
9. CASO GÜRTEL. EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES
Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados. Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.
La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador. A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.
El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes. El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.
En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramente instrumental. Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.
A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles. De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.
Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.
(www.publico.es, 20/11/09)
10. AZNAR ENTRA EN UN GRUPO CON INTERESES EN EUROPA DEL ESTE
El espacio empresarial de José María Aznar ha crecido de nuevo. El ex presidente se ha incorporado como asesor a la compañía estadounidense Doheny Global Group, que combina el negocio de las inversiones en el sector energético con las del ámbito inmobiliario y que ha tomado Europa del Este salvo Rusia como zona estratégica de expansión. La Fundación FAES, el conservador laboratorio de ideas que preside Aznar, confirmó a este diario su vinculación con Doheny, pero no aportó ningún dato sobre cuándo comenzó a trabajar para el grupo ni qué tareas concretas desarrolla.
Las fuentes consultadas en FAES matizaron que Aznar ya no guarda conexión con la segunda compañía del sector energético a la que aparecía ligado, la italiana Falck SPA. "Desde noviembre de 2008", aseguró un portavoz de FAES, "ya no la asesora". En 2008, Falck facturó por ventas 158,5 millones de euros, en su mayoría (97,7 millones) procedentes de la producción de energía mediante biomasa. Doheny está dirigida por el empresario Irwin Katsof, cofundador de la organización El Fondo de Jerusalén de Aish Ha Torah (El Fuego de la Torah), que reivindica el orgullo de ser judío y organiza viajes promocionales a Israel.
La compañía cuenta con una panoplia de consultores de lujo procedentes del campo de la política y la diplomacia. Según la información incluida en su web hasta la semana pasada y ahora eliminada, entre quienes poseen en Doheny el rango de "socio estratégico limitado" figuran, junto con Aznar, el general estadounidense retirado Wesley Clark, que comandó las fuerzas de la OTAN durante la guerra de Kosovo; la máxima responsable de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU bajo mandato de George W. Bush y ex gobernadora de New Jersey, Christine Todd; el ex secretario del Departamento Nacional de Seguridad de EEUU tras su creación por Bush, Thomas J. Ridge; y el ex primer ministro búlgaro Philip Dimitrov. Tanto Aznar como los republicanos Todd y Ridge son firmes defensores y propagandistas de la energía nuclear.
Durante su asistencia a la Conferencia Anual del Club de Madrid, a cuya directiva pertenece, Dimitrov aseguró que no le consta que Doheny se haya embarcado en ningún proyecto nuclear. A la pregunta de por qué la compañía se ha centrado en el área ex soviética, pero no en Rusia, Dimitrov respondió que la razón estriba en el excesivo control que el Gobierno de Moscú ejerce sobre el sector energético.
Doheny opera en Ucrania, Bulgaria, Letonia, Pakistán y Georgia, países cuyos mandatarios están claramente alineados con EEUU. En noviembre de 2008, tres meses después de la Guerra de los Cinco Días que enfrentó a Rusia y Georgia, Doheny firmó con el Gobierno de Tiflis un acuerdo para invertir 175 millones de dólares en la construcción de seis plantas hidroeléctricas capaces de generar 100 megavatios, según su nota oficial. La web de Doheny no aporta más datos económicos. Sí precisa que una de sus filiales de la división inmobiliaria ya ha desarrollado en Estados Unidos suelo para oficinas y zonas comerciales por un valor superior a 500 millones de dólares. Un experto en el sector energético consultado por este diario apuntó que la información hecha pública por el grupo sugiere que no es tanto un operador eléctrico en su sentido clásico como un "intermediario".
Los llamados "socios estratégicos limitados" de Doheny no participan en las decisiones de la empresa. Simplemente, y como admite Dimitrov, manejan sus influencias y conocimientos para facilitar las actividades de la compañía. No es ese un papel nuevo para Aznar, en cuyo currículum brilla con la luz de la controversia su pertenencia al consejo directivo de News Corporation, el conglomerado del magnate Rupert Murdoch que tiene como mascarón de proa mediático la cadena Fox. El presidente de honor del PP también forma parte del consejo asesor de una tercera compañía estadounidense, J. E. Roberts, dedicada a operaciones inmobiliarias.
En 2008, Aznar obtuvo 148.000 euros de News Corporation, para la que la empresa familiar del ex presidente, Famaztella, ya trabajaba desde septiembre de 2004. El Gobierno reprochó en su día a Aznar que no hubiera declarado su relación con Murdoch mientras pertenecía al Consejo de Estado. El ex presidente dimitió del Consejo. Famaztella, a través de la cual Aznar canaliza sus ingresos, logró en 2008 un beneficio neto de 412.770 euros, lo que supone un incremento del 34,4% respecto a 2007.
(www.publico.es, 17/11/09)
11. AZNAR ACUSA A LOS INMIGRANTES DE PONER EN PELIGRO EL ESTADO DEL BIENESTAR
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a cargar contra la inmigración, un fenómeno que, en su opinión, es uno de los peligros para el Estado del Bienestar. Lo hizo junto al líder del partido neofascista Alianza Nacional, Gianfranco Fini, principal socio del Gobierno de Berlusconi y presidente del Parlamento italiano, donde presentaba su informe "FAES Europa: propuestas de libertad". Para el ex dirigente, el aumento de los procesos migratorios y el "abrupto" descenso de la población activa obligarán a ampliar la vida laboral de aquellas personas "que puedan seguir trabajando". "Habrá que estimular la natalidad, incrementar la productividad y evitar los abusos en los sistemas de protección social", insistió. Las tesis de que los inmigrantes abusan de los sistemas de protección social son habituales entre los neo conservadores. Sin ir más lejos, el año pasado el sucesor de Aznar frente al PP y supuesto centrista, Mariano Rajoy, acusó a este colectivo de disparar el gasto sanitario.
A pesar de admitir que Europa es un continente con una demografía "declinante" que en 2050 tendrá una persona inactiva por cada dos personas en edad de trabajar, Aznar situó la inmigración como un peligro para el Estado de Bienestar porque, en su opinión, ésta obligará a ampliar "los costes" en "salud y en pensiones", y la vida laboral de quienes "puedan y deseen seguir trabajando".
"Habrá que estimular la natalidad, incrementar la productividad y evitar los abusos en los sistemas de protección social", insistió en un discurso en la Cámara de Diputados italiana en la que presentó el informe de Faes, fundación neocon que preside. A estas alturas, el ex dirigente siguió insistiendo en que Europa necesita "menos regulación y más mercado, menos proteccionismo y más apertura, menos intervencionismo público y más iniciativa privada". "El mercado abierto y libre es el mayor motor de progreso que existe",
Este, sin embargo, era el enésimo exabrupto de Aznar contra la inmigración. Desde 2003, año en el que identificó el fenómeno migratorio con la delincuencia –extremo desmentido por las cifras: ese año, sólo el 19% de los delitos fue cometido por foráneos- para justificar el endurecimiento de la Ley de Extranjería, el ex presidente no ha parado. En 2007, el cabeza de Faes ya lucía un argumentario renovado, incluyendo el que es otro de sus buques insignias, las raíces cristianas de Europa. "Los inmigrantes deben adquirí los valores judeocristianos", declaraba aquel año.
Ante tamaña deblace anti migratoria sucumbió el mismo Rajoy, quien el año pasado, muy a pesar del ‘viaje al centro’, decía que los inmigrantes disparaban el gasto sanitario -extremo también desmentido por las cifras-, lamentaba que cobrasen el paro, y proponía el polémico "contrato de integración".
(www.elplural.com, 20/11/09)
12. CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR
Más de 21 millones de las antiguas pesetas (unos 127.500 euros) se embolsó la agencia de viajes de Francisco Correa, Pasadena Viajes, por organizar un viaje a Venezuela para el asesor estrella de Aznar, Pedro Arriola y el entonces futuro yerno del ex presidente, Alejandro Agag. Aznar les había encargado viajar al país sudamericano para apoyar la candidatura a las elecciones de Irene Sáez, la oponente a Hugo Chávez en 1998, pero no fue el ex presidente quién pagó el viaje, y tampoco lo hizo el PP o el Gobierno: fue la petrolera Repsol quien habría respondido de los gastos.
Cuando en 1998 José María Aznar encargó a Correa que viajara a Venezuela junto a Pedro Arriola y Alejandro Agag para asesorar a la rival política de Hugo Chávez, no se olvidó de recabar también un pagador para la excursión. Según informa El confidencial, los más de 21 millones de pesetas (unos 127.500 euros) que cobró Pasadena Viajes (la agencia del presunto cerebro de la trama no salieron de las arcas del PP y tampoco de las del Estado, sino que Aznar convenció a su íntimo amigo Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol, para que se hiciera cargo de los costes).
Cortina no sólo era íntimo de Aznar, sino que también tenía una gran amistad con Agag a quien, en la víspera de su boda con la hija del ex presidente en septiembre de 2002 el empresario le ofreció una cena privada de despedida en su domicilio particular.
Según publica el digital, en la primavera del 98, antes de cerrar el viaje, Aznar se reunió con Cortina y con José Ramón Blanco Balín, ahora imputado en la Gürtel. Blanco Balín, presunto testaferro de Correa en la trama corrupta e íntimo amigo del ex presidente, era entonces presidente del comité de Auditoría del Consejo de Administración de Repsol. Aznar les persuadió de la importancia de asesorar a Irene Sáez, ya que la llegada a la presidencia de Chávez podía perjudicar a las inversiones de empresas españolas en Venezuela, entre las que se encontraba Repsol. La petición de Aznar habría sido interpretada como una orden por Cortina y Blanco Balín, que contactaron con Correa para cerrar todos los detalles del viaje, y le abonaron los costes de la estancia que aparecen referidos en el sumario del caso Gürtel.
(www.elplural.com, 16/11/09)
13. UN MAFIOSO RUSO PIDE ANULAR ESCUCHAS DEL SITEL CON LOS ARGUMENTOS DEL PP
A la mafia rusa tampoco le gusta que la escuchen con Sitel. El abogado de Gennadiy Petrov, supuesto dirigente de la organización criminal rusa Tambóvskaya, ha reclamado al juez Baltasar Garzón "la nulidad radical" de las investigaciones policiales contra su cliente porque para interceptar las comunicaciones telefónicas se ha utilizado el avanzado sistema de escuchas Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Comunicaciones). El letrado utiliza los mismos argumentos que el PP para cuestionar este método: que registra más datos que las meras conversaciones telefónicas y que vulnera derechos fundamentales. De hecho, presentó su escrito tras levantarse la polémica porque, entiende, el asunto "en este momento deviene de especial relevancia".
Las escuchas telefónicas ejecutadas con Sitel, con autorización del juez Baltasar Garzón, son la clave en la investigación sobre Petrov, considerado el máximo capo de la mafia rusa en España y que permanece en prisión desde junio de 2008, acusado de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delitos contra la Hacienda Pública.
Durante al menos 60 días, la Guardia Civil le estuvo escuchando. Petrov impartió por teléfono órdenes precisas a sus testaferros para operaciones comerciales dentro y fuera de Rusia: búsqueda de una solución para sacar el dinero de unos iraníes que estaba bloqueado en EE UU; compras de oro para 300 joyerías; adquisición de un centro comercial, obligando a sus dueños a negociar bajo extorsión; gestiones para sobornar a policías y para recuperar deudas impagadas... Incluso autorizó palizas y asesinatos, según consta en las investigaciones. Su letrado, al rebufo de la polvareda levantada por el PP sobre la supuesta ilegalidad de Sitel (pese a dos sentencias del Tribunal Supremo que avalan la constitucionalidad y legalidad del sistema), ha pedido ahora anular todas esas escuchas.
El abogado Gustavo López-Muñoz y Larraz subraya que "en este momento deviene de especial relevancia" el que durante las escuchas se haya utilizado Sitel que, argumenta, "comprende mucho más que la simple escucha de las conversaciones telefónicas intervenidas, ya que también entraña la intervención de mensajes SMS, faxes, emails de Internet, etcétera". Añade que se ha escuchado "a particulares que, en este caso concreto, no fueron expresamente comprendidos ni motivadamente razonada su necesidad y proporcionalidad en las autorizaciones judiciales de intervención de las comunicaciones, tal y como exige la jurisprudencia más reciente en la materia sobre la utilización de Sitel".
Estas razones que alega Petrov vienen recogidas exactamente en el argumentario del PP sobre Sitel que el pasado día 5 -antes de la petición del abogado, que se concretó el 9 de noviembre- el partido colgó en su web. Incluso el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había sugerido en varios medios de comunicación que las escuchas hechas con Sitel podrían anular muchas actuaciones judiciales. Primero fue Batasuna la que recogió el guante, y prepara un recurso para intentar liberar a Arnaldo Otegi. Ahora se suma un jefe de la mafia rusa como Petrov, al que se vincula con altos cargos del partido de Putin.
(www.elpais.com, 19/11/09)
14. EL SUPREMO AVALA POR NOVENA VEZ EL SISTEMA DE ESCUCHAS QUE CRITICA EL PP
La Sala Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que respalda la validez del Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de comunicaciones) como sistema de escuchas, incluso "preferible" a los anteriores. La sentencia dictada es al menos la octava dictada por la Sala Penal del Supremo (hay que sumar otra más de la Sala de lo Contencioso) en la que se menciona el empleo del Sitel como sistema de escuchas y no se ponen trabas a su utilización. La sentencia coincide con una nueva escalada del PP en su ofensiva contra el sofisticado dispositivo de escuchas que contrató Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior en 2001 y que el PP pidió, ya en la oposición, implantar de forma generalizada.
De las nueve sentencias en que el Supremo menciona el Sitel, tres entran directamente en el análisis del dispositivo. La dictada , de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, considera "superflua" una prueba pericial sobre "la naturaleza, alcance y efectos del Sitel" que había propuesto la defensa de dos traficantes de cocaína.
La sentencia se remite a la dictada el pasado 6 de julio que, en un supuesto en que se aportaron al juzgado las grabaciones obtenidas mediante el Sitel, no sólo no cuestionó el sistema, sino que lo consideró "preferible" a otros anteriores. Esa sentencia resolvió también la queja de inconstitucionalidad. Sin dejar de reconocer la "raquítica e insuficiente" regulación legal del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre intervención de comunicaciones -cuya última redacción data de 1988-, el texto recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que dicho precepto, complementado con la doctrina de la Sala Penal del Supremo y la del Tribunal Constitucional, "permite el eficaz control judicial necesario en una sociedad democrática".
También se remite a la sentencia de 12 de marzo de 2009, que tuvo por buena, sin cuestionarla, la legalidad del procedimiento. Pero fue directamente la sentencia de 23 de marzo de 2009 la que describió el sistema Sitel en profundidad y consideró que "responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista" para intervenir comunicaciones.
Según fuentes jurídicas, el problema no reside en el Sitel, sino en si concurren todos los requisitos en la autorización judicial para utilizarlo. El Sitel es un avanzado dispositivo que ha venido a sustituir al pinchado de la clavija en la central, las audiciones personales a cargo de los agentes policiales, la grabación en los viejos magnetofones UHER, la transcripción de la conversación y la remisión de todo ello al juzgado. Se trata de un sistema automatizado de interceptación por ordenador, cuyo servidor está en la Dirección General de la Guardia Civil y al que sólo acceden mediante clave los agentes autorizados. Permite conocer la fecha, hora y duración de las llamadas, el identificador del código internacional de abonado, el número de móvil afectado por la intervención, distribución de llamadas, información de mensajes, etc. También verifica el repetidor activado y su mapa de situación y el teléfono y la identidad del que llama al número intervenido.
La sentencia dictada examina si la resolución judicial que acuerda las escuchas está justificada: es decir, si hubo "indicios de un hecho delictivo grave", si esos indicios son "más que simples sospechas", si se fundan en "datos objetivos" y si las personas a escuchar tienen conexión con los hechos investigados. También hay que determinar en qué momento los datos de esas investigaciones se pusieron de manifiesto y comprobar que no se trata simplemente de una "investigación prospectiva" para satisfacer "la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos". Debe concretarse además el delito que se investiga, los teléfonos a intervenir, el plazo de intervención, quién ha de llevarla a cabo y los periodos en los que debe darse cuenta al juez de los resultados.
(www.elpais.com, 20/11/09)
15. DERROTA DEL PP EN SU PRIMER INTENTO DE CRITICAR AL GOBIERNO POR EL 'ALAKRANA'
La primera etapa de la ofensiva parlamentaria del PP contra el Gobierno por el Alakrana se saldó con el fracaso del principal partido de la oposición. Los populares no consiguieron sumar votos suficientes para que se aprobara una moción en la que se criticaba duramente la gestión que el Gobierno ha hecho de la crisis y se insistía en la petición de subir militares armados a los atuneros.
Los populares consiguieron un acuerdo con PNV y BNG sobre una propuesta de moción que pedía al Gobierno que asumiera "responsabilidades derivadas de la descoordinada gestión". Sin embargo, no consiguió el apoyo de Coalición Canaria y, especialmente, de CiU, que optaron por la abstención. La posición de los nacionalistas catalanes fue fundamental para que el PSOE superara este primer escollo y exhibiera su satisfacción al concluir la votación. El portavoz de CiU, Jordi Jané, explicó en la tribuna que su grupo estaba dispuesto a votar a favor del incremento de las medidas de seguridad que incluía la moción del PP, pero no podían anticipar la exigencia de responsabilidades hasta que no comparezca en el Pleno la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y explique los detalles. Eso no impidió que hablara de "humillante victoria de los piratas".
Con el PSOE sólo votaron frente al texto del PP los diputados de ERC, IU e ICV, aunque sus portavoces advirtieron de que, una vez escuchadas las explicaciones, no descartan pedir responsabilidades. "No se trata de un ajuste de cuentas ni de hacer un juicio sumarísimo anticipado", aseguró Joan Ridao (ERC). Gaspar Llamazares (IU) dejó claro que está radicalmente en contra de enviar militares "para la defensa de intereses de parte". Fue el único que manejó este argumento.
El portavoz del PP, Arsenio Fernández de Mesa, que era delegado del Gobierno en Galicia cuando la catástrofe del Prestige, denunció la "descoordinación absoluta entre ministerios, los informes contradictorios, que se haya dado información en ocasiones falsa o no contrastada, y que a las familias no se las ha atendido adecuadamente".
José Ramón Beloki (PNV) aseguró que "no es tiempo de mirar para otro lado" y Francisco Jorquera (BNG) anunció su voto favorable aunque acusó al PP de "irresponsabilidad, ventajismo y demagogia".
El portavoz de Defensa del PSOE, Jesús Cuadrado, admitió que el secuestro se podría "haber resuelto de otras maneras", pero se ha solucionado "como toda la sociedad española quería".
La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió otro frente al solicitar que comparezca Félix Sanz, responsable del CNI, ante la Comisión de Secretos Oficiales para que explique a puerta cerrada las gestiones de los servicios secretos.
A las críticas al Gobierno se sumó, después de 47 días de silencio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para quien es tiempo de "conocer la verdad". "Le corresponde al Gobierno y hay cosas que nos merecen poca confianza y que parecen medias verdades", alegó. El presidente de la Xunta defendió que debe ser la Armada la que se enrole en los barcos para reforzar su defensa en el océano Índico y así se lo ha transmitido al Gobierno. Feijóo exigió además al Ejecutivo central que aclare si se pagó rescate, "si hubo o no tiros, mientras los piratas salían cargados de dólares en la cubierta".
(www.elpais.com, 20/11/09)
16. CATALUÑA. EL PP INTENTA ENDULZAR SU IMAGEN
El PP se ha propuesto endulzar su imagen en Cataluña como paso indispensable para ser decisivo en las autonómicas de 2010. Para ello, sus dirigentes han borrado de sus discursos el delicado asunto del Estatuto. Casi ni mencionan, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad que han presentado contra la Ley de Educación de Cataluña, una de las más relevantes de la legislatura, porque creen que no garantiza la libertad de elección del castellano y faculta a la Generalitat para crear cuerpos docentes propios. Los dos asuntos no son baladíes porque gozaron de un abrumador consenso en el Parlamento catalán. Los partidos que integran el Gobierno acusan al PP de practicar un doble juego y estar fuera de la realidad catalana, y Artur Mas, presidente de CiU, sostiene que bajo esa premisa difícilmente articulará un pacto con el PP.
Ante esta tesitura, el PP no quiere herir susceptibilidades y evita hablar de asuntos espinosos como el término nación o el de la lengua, que son el alma del Estatuto y los populares consideran inconstitucionales. Cospedal y Rajoy han obviado el tema. El argumento es permitir deliberar a los jueces y acatar la sentencia, sea cual sea. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, siempre responde con esa idea y sólo urge a los magistrados a sentenciar ya. En la misma línea, el ex ministro Federico Trillo, autor del recurso contra el Estatuto, criticó que el Tribunal Constitucional tarde más en dictar sentencia que el tiempo invertido en elaborar la Constitución. En ese reproche sí coinciden con CiU. Mas fue más lejos y pidió la dimisión de los jueces del Constitucional si se sienten incapaces de dictar un fallo.
(www.elpais.com, 15/11/09)
17. GALICIA. EL PPDEG BLOQUEA POR TERCERA VEZ LA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA SUPRIMIR EL PLUS DE ALTOS CARGOS
Por tercera vez en el último mes y medio, el grupo parlamentario del PP volvió a bloquear la tramitación de la iniciativa legislativa popular, avalada con más de 19.000 firmas, en la que se pide la supresión del llamado plus de los altos cargos, el complemento salarial de 14.500 euros anuales aprobado en el 2007 por el conjunto de la clase política con el fin de premiar a los funcionarios que durante al menos dos años desempeñen puestos electos o de confianza en la Administración.
El debate sobre la tramitación de dicha iniciativa volvió a reabrirse en el Parlamento gallego, en el seno de la reunión de la junta de portavoces, el órgano encargado de preparar el guión de los plenos. El portavoz del Bloque, Carlos Aymerich, demandó que la propuesta fuera incluida en el orden del día de la próxima sesión plenaria, prevista para el martes día 24, propósito que fue frenado por el grupo mayoritario. No obstante, el propio Aymerich aclaró que los populares explicitaron en la reunión el compromiso de darle luz verde a la iniciativa legislativa popular promovida por CIG en el primer pleno ordinario que se celebre en diciembre.
Pero el hecho de que la propuesta legislativa llegue al pleno para un debate de toma en consideración no garantiza, ni mucho menos, que vaya a tener más recorrido. Los populares son conscientes de que la aprobación del complemento salarial para los altos cargos es una media impopular socialmente, sobre todo en los tiempos de crisis que corren, pero se muestran renuentes a votar ahora en contra de lo que aprobaron en el 2007.
Es más, el grupo del PPdeG masculla la posibilidad de aplicar su mayoría para matar la iniciativa legislativa popular en el debate de toma en consideración, lo que pondría fin a su recorrido parlamentario y disiparía la amenaza de que muchos funcionarios reclamados por el PP para desempeñar puestos de confianza en la Xunta se vieran privados del suculento sobresueldo, que se aplica en otras comunidades o en el ámbito de la Administración del Estado.
(www.lavozdegalicia.es, 18/11/09)
18. ANDALUCÍA. CASO GÜRTEL. LAS OBRAS SUBCONTRATADAS APENAS SUMAN LA QUINTA PARTE DE LO COBRADO POR TECONSA
Las seis subcontratas a las que Teconsa encargó trabajos para las obras de remodelación de la carretera que cruza el polígono del Guadalhorce en Málaga le facturaron un total de 86.385 euros, menos de la quinta parte que la cantidad que la constructora cobró del Ayuntamiento de Málaga antes del rescate del contrato, 444.927 euros. Ninguna de las subcontratas logró cobrar un sólo euro a Teconsa. La más perjudicada es Servicios Auxiliares Las Nieves, que hizo trabajos por importe de casi 50.000 euros, y que ha denunciado a la Fiscalía que Teconsa infló las certificaciones de obras y facturó más trabajos de los ejecutados, por lo que se han abierto diligencias. El resto de trabajos subcontratados fueron los de seguridad, salud e higiene (23.167 euros); suministro de hormigón (6.055 euros); cambio de los semáforos en las rotondas (7.044 euros) y modificación de la iluminación (982 euros). Una sexta subcontrata a la que se compró material no llegó a emitir certificación en los 3 meses que Teconsa mantuvo actividad en las obras.
El Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre insiste en que todo lo que se pagó a Teconsa obedece a trabajos realmente ejecutados. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, evitó sin embargo en su comparecencia pública de ante dar detalle de la identidad de las subcontratas y el trabajo realizado por cada una de ellas para preservar la privacidad, y dijo desconocer el importe de las facturas que estas empresas le reclaman a Teconsa, aunque curiosamente si admitió haberles prestado asesoramiento para que logren cobrar.
El subcontratista denunciante insiste en que sólo él realizó trabajos de movimiento de tierras, y que desmontó 5.841 m3 y no los 67.906 que Teconsa incluyó en las certificaciones facturadas al Ayuntamiento. El edil dijo que otras dos de de las seis subcontratas, "podían" haber hecho estos trabajos porque tienen capacidad de realizar excavaciones. El Ayuntamiento aduce que además de la labor de las subcontratas, Teconsa tuvo a 23 trabajadores propios en las obras, lo que ayudaría a explicar la diferencia entre las cantidades facturadas por las subcontratas y las certificadas por la constructora. Con todo, el Ayuntamiento tuvo la cautela de incautarse de la fianza de 188.000 que depositó Teconsa cuando le rescindió el contrato a final de octubre porque las obras estaban paralizadas. La remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce, incluida en el Plan Zapatero, se adjudicó en 4,3 millones euros a Teconsa, empresa en suspensión de pagos e implicada en el presunto pago de comisiones en la trama Gürtel.
(www.elpais.com, 14/11/09)
19. ANDALUCÍA. EL FISCAL CREE QUE JUÁREZ Y TRES EDILES COBRARON UN SOBORNO DE DOS MILLONES
La justicia sigue actuando de forma contundente en el Ayuntamiento de La Línea, gobernado por el PP. La fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, asegura en el escrito de acusación del llamado caso Roseworld -en el que se investiga la supuesta venta irregular de cuatro parcelas municipales por parte del Ayuntamiento de la Línea a la mencionada sociedad- que que los miembros de la Mesa de Contratación municipal recibieron un total de 2.010.803 euros "en compensación por el trato de favor recibido" por la empresa en esta operación. En el escrito de la fiscalía, se acusa al ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, actualmente inhabilitado por un caso de desobediencia, y a los actuales concejales del Partido Popular, María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex concejal de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; al ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y al ex interventor municipal Sergio Gómez, de la comisión de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo.
La fiscal solicita penas de cuatro años de prisión y una multa de 500.00 euros a cada uno de ellos con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y seis meses. A Carlos Ruiz Calama se le reclama, asimismo, el pago a Hacienda de la cantidad defraudada en 2006. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa al administrador de Roseworld, Anil Thakurdas, de cometer un presunto delito de cohecho activo, por el que solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros. Por último, la fiscal Virginia Alonso acusa al representante de Abuztúa Inversiones, Rafael de los Reyes Medina, de ser el autor responsable de un delito de blanqueo de capitales por el que solicita le sea impuesta una condena de tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión y una multa de 25 millones de euros.
La calificación de la Fiscal Anticorrupción ya ha sido recibida en los juzgados linenses, que deberán dar traslado a la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, donde finalmente se fijará fecha para la vista oral.
(www.elpais.com, 20/11/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
Al líder del PP, Mariano Rajoy, le ha salido de nuevo el tiro por la culata en su intento de mostrar una imagen de unidad con la Convención nacional del PP en Barcelona. Así, ni Aguirre ni Camps estarán en su discurso de cierre del evento, la primera por motivos familiares y el segundo de agenda. Fuentes de la dirección del PP han informado de que Aguirre ya había comentado previamente que se tendría que ausentar de la jornada de clausura de la Convención debido a la enfermedad de un familiar.
Las fuentes citadas han rechazado por tanto que se pueda hacer una lectura "enrevesada" de esa ausencia de Aguirre y que se pueda interpretar como un "plantón" de la presidenta madrileña a Rajoy. En eso han coincidido también fuentes cercanas a Aguirre han hecho hincapié en que la presidenta ha estado en la Convención desde su inicio. No ha ocurrido lo mismo con otros presidentes autonómicos del PP, como es el caso de Francisco Camps, quien ha acudido hoy a la Convención para asistir al almuerzo que mantendrá Rajoy con sus barones territoriales.
Por su parte, Camps ha aducido debido a "cuestiones de agenda" que le harán volver hoy mismo a Valencia. Según han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, Camps asistirá mañana a las pruebas 'World Finals' que Ferrari celebrará en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) y a las que acudirá el piloto Fernando Alonso, que ha fichado por esta escudería para la próxima temporada. Además, está previsto que el presidente del PP en la Comunitat Valenciana asista esta misma noche a una cena en la que se sentará a la mesa con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el de Ferrari, Luca di Montezemolo. El propio Camps ha explicado a los periodistas en Barcelona que no estará presente en la Convención del partido por "cuestiones de agenda" ya que tiene que ir "adaptando" los compromisos del PP nacional con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat, según las mismas fuentes.
Ya lo dijo Cospedal en su discurso inaugural, la Convención del PP en Barcelona la organizó el partido "por sus propios medios". Estas palabras responden a que es el primer acto de esta envergadura que el Partido Popular no ha encargado a una empresa externa. Esto supone un cambio con respecto a lo que el PP llevaba haciendo hasta ahora, ya que algunas de las empresas que contrataron para este tipo de eventos están en la investigación judicial del caso Gürtel. Por ello, Cospedal ha agradecido a los trabajadores del PP por el esfuerzo de organizar el acto y ha destacado que este cambio de rumbo supone "una gran noticia". El caso Gürtel sacó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en el Partido Popular, relacionado con las empresas que el partido contrataba para la organización de actos electorales.
Special Events, Orange Market, Easy Concept, Good and Better y Servi Madrid son algunos de los nombres de las empresas que el PP contrató para actos del partido a nivel nacional y regional. Los escándalos corruptos relacionados con la trama dirigida por Francisco Correa se extendieron por Madrid y Valencia, destapando adjudicaciones interesadas y financiación ilegal en ambas comunidades y Galicia. De ahí que ahora el PP se afane en hacer ver que puede organizar sus actos electorales mediante sus propios medios y que se aleja de los comportamientos anteriores que llevaron a asociarse con el escándalo Gürtel.
(www.elpais.com, 14/11/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA
En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 m2; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito. No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recon en empresas próximas a la trama.
(www.elpais.com, 17/11/09)
22. COMUNIDAD DE MADRID. PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES
El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. Así, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.
El día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por su estrecha relación con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.
Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".
Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones. Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.
La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil.
Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".
Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.
(www.elpais.com, 19/11/09)
23. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZA DEL ESPIONAJE DEL PP METE LA MARCHA LENTA
La jueza Carmen Valcarce, que investiga el presunto espionaje interno a altos cargos del PP madrileño, ha ordenado una prueba caligráfica para averiguar si alguno de los cuatro imputados que han declarado hasta ahora escribió los partes de seguimiento a Alfredo Prada, consejero de Justicia de Madrid hasta junio de 2008. El problema estriba en que, diez meses después de que estallara el escándalo y siete desde que se abrieron las diligencias, Valcarce ni siquiera ha citado a los otros cinco posibles implicados: tres ex policías y dos funcionarios empleados en el mismo departamento Interior al que estaban adscritos los imputados. La defensa de Prada ya pidió en mayo que los cinco comparezcan como imputados y que se les someta igualmente a una prueba caligráfica.
Hasta ahora han declarado tres ex guardias civiles y el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, a quien Aguirre destituyó tras destaparse el caso, aunque lo mantiene a sueldo de su Gobierno en calidad de asesor. Los ex guardias civiles declararon en julio que en los operativos"contravigilancia", dijeron tras sugerir la jueza y no ellos ese vocablo también participaban los tres ex policías que trabajaban con Gamón, quien, además, tenía bajo su mando a dos funcionarios.
La magistrada, según explicó una fuente jurídica, ha solicitado las periciales de escritura relativas a los ex guardias civiles y a Gamón porque es a ellos a quienes señala el informe policial que determinó qué teléfonos móviles se encontraban en la misma área que Prada en los días en que se produjeron algunos seguimientos. "Esos cuatro son los importantes", aseguró la citada fuente, que no pudo precisar si la magistrada tiene o no previsto interrogar a los otros cinco posibles implicados.
El informe de posicionamiento de móviles sólo incluía datos de mayo de 2008, pese a que algunos partes de seguimiento se realizaron en abril. Telefónica adujo que sólo podía facilitar información con un año de antigüedad, ya que a partir de los 12 meses se destruyen los registros existentes.
El pasado 22 de septiembre, y mientras Gamón prestaba declaración judicial, Valcarce restó crédito al citado informe de posicionamiento telefónico. Cuando un letrado preguntó a Gamón por ese asunto, la jueza subrayó lo "complicado" de la cuestión y, segundos más tarde, se dirigió al abogado para afirmar lo siguiente: "Bueno, haga usted la pregunta. Pero no es muy de fiar el tema, ¿eh? Se lo digo para la persona que está declarando".
El segundo presunto espiado fue Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y ahora suspendido de militancia en el PP tras acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de haber montado "una gestapillo". Otra espiada colateral fue la diputada del PP Carmen Martínez Flores su matrícula apareció en un parte, cuya personación como acusación popular ha aceptado finalmente la jueza.
Según fuentes del caso, la Fiscalía ya reclamó que la Comunidad de Madrid aportase las matrícula de los vehículos usados por los agentes de Gamón. Según las mismas fuentes, no ha habido respuesta.
(www.publico.es, 19/11/09)
24. COMUNIDAD DE MADRID. "GALLARDÓN QUIERE SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"
Se acabó la paz en el PP, si alguna vez la hubo. El número dos de Aguirre, Ignacio González, ha afirmado hoy que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, le ha dicho que "quiere ser presidente del Gobierno". O lo que es lo mismo, hacerle la cama a Rajoy.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha justificado "las diferencias" existentes entre Gallardón y su jefa, la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. Para González, sus discrepancias son "de gestión" pero no ha ocultado que ambos "pueden tener sus ambiciones políticas". Con el alcalde, que siempre ha asegurado ser fiel al actual líder, Mariano Rajoy, ha sido directo en su acusación: "He escuchado a Gallardón decir que quiere ser presidente del Gobierno". "Cada uno puede tener sus ambiciones políticas pero en este momento lo que hay que anteponer son sus responsabilidades de Gobierno y Esperanza Aguirre está a eso", señaló en una entrevista en la Cadena Cope.
Sin embargo, y según las palabras del vicepresidente, las intenciones del primer edil madrileño podrían ser otras. "Gallardón debe estar también a sus responsabilidades de gestión pero lo que sí le he oído y lo he leído en muchos sitios es que, claramente, quiere ser presidente del Gobierno y no lo critico pero se lo hemos oído a él y no a otros", manifestó.
Sobre la actual relación entre Gallardón y Aguirre dijo que "las cosas están como siempre están" para reconocer, a renglón seguido, que existen discrepancias entre Gobierno autonómico y local surgidas por la "gestión de dos grandes administraciones que coinciden en un mismo territorio". Como ejemplo puso el caso del eje Prado-Recoletos.
"No existe esa famosa teoría que algunos han querido poner encima de la mesa de que aquí parece que entre Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón hay una convivencia imposible, no, la relación entre Ayuntamiento y Comunidad se plasma en centenares de acuerdos de gestión conjunta, lo que pasa es que sólo vemos cuando hay algún punto de conflicto importante por alguna cuestión que tiene relevancia en los medios de comunicación", mantuvo el vicepresidente del Gobierno.
(www.publico.es, 20/11/09)
25. COMUNIDAD DE MADRID. LA NUEVA LEY DEL SUELO PONE EN PIE DE GUERRA A VARIOS AYUNTAMIENTOS
La reforma de la Ley del Suelo que abordará el Gobierno de Esperanza Aguirre a través del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de Acompañamiento, puso en pie de guerra a los grandes ayuntamientos de la región (gobernados por alcaldes socialistas) que ven sus competencias municipales invadidas. También Madrid estudia el alcance de la reforma. La última modificación de Aguirre de la Ley del Suelo -que ha cambiado varias veces en sus dos mandatos, siempre con una ley escoba- permitirá aprobar proyectos urbanísticos de particulares en contra de la opinión de los ayuntamientos, cuando lo decida el Gobierno regional y lo declare de "interés general". Hasta ahora esta vía estaba reservada sólo a las actuaciones de las administraciones.
"Se acaba con la planificación del suelo de los municipios y con lo que significa un plan de ordenación", aseguró Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Un promotor nunca va a velar por el interés público, porque el planteamiento que tiene al hacer un desarrollo urbanístico es ganar dinero". Por eso, anunció, los servicios jurídicos de la FEMP estudian ya un recurso ante el Tribunal Constitucional "en defensa de la autonomía local".
La oposición mostró su rechazo al cambio legal, por lo que IU y PSM votarán en contra en la Asamblea. "Aberración administrativa y nuevo esperpento" fueron los calificativos que le dio a la modificación el líder socialista, Tomás Gómez. "Tropelía para favorecer la especulación" fue el adjetivo que le puso el coordinador de IU, Gregorio Gordo.La FEMP considera que la nueva reforma de la Ley del Suelo invade competencias municipales. Por eso, acudirá al Constitucional con un conflicto en defensa de la autonomía local. Esta vía permite impugnar ante el alto tribunal leyes de las comunidades que cuestionan la autonomía de los ayuntamientos, que garantiza la Constitución española (artículo 140).
La Ley Orgánica de 7/1999, de modificación de la norma que gobierna el Constitucional, permite plantear este conflicto a "un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente". Requiere que lo hagan al menos 25 ayuntamientos que sumen un millón de habitantes: esa condición la cumplen los 34 municipios de la región gobernados por los socialistas.
El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP), no ha tomado posición sobre la Ley de Acompañamiento, pues aún está estudiando su "alcance normativo". En cambio, el alcalde de Rivas, José Masa (IU), pidió una "respuesta contundente" de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), controlada por el PP, ante "este despojo de competencias".
Pero su presidente, Bartolomé González, alcalde popular de Alcalá de Henares, respondió asegurando que la reforma "refuerza la autonomía municipal", ya que "será preceptivo un informe del Ayuntamiento antes de la aprobación por la vía de urgencia de proyectos urbanísticos de iniciativa privada". Es la misma tesis que defendió la consejera de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. "Garantiza y amplía la autonomía". Sin embargo, ese informe no es vinculante, porque será la Comunidad de Madrid la que tenga la última palabra (podrá decidir que sigue adelante el proyecto con informe negativo por su "urgencia") y, por otra parte, también se aplica el silencio positivo: si el Ayuntamiento no ha emitido informe, se entenderá que está conforme al proyecto. Ese plazo puede ser de sólo 10 días si se considera un proyecto urgente (puntos 4 y 5 del nuevo artículo 161 de la Ley del Suelo).
(www.elpais.com, 17/11/09)
26. COMUNIDAD DE MADRID. EL TRIBUNAL SUPERIOR VUELVE A TUMBAR LAS CUENTAS DE POZUELO
El presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo de 2005 no es válido. El Tribunal Superior de Justicia lo ha anulado parcialmente basándose en una venta indebida de suelo público para financiar grandes inversiones en infraestructuras. Una sentencia similar dictada el año pasado invalidó también las cuentas de 2006. Por aquel entonces era alcalde Jesús Sepúlveda, imputado en el caso Gürtel. Pozuelo no cumplió con lo que marca la ley, es decir, que, en los presupuestos, los ingresos se correspondan con los gastos. Aunque las cuentas de 2005 cuadraban aparentemente, se había conseguido con una utilización no correcta del dinero procedente de la venta de unos terrenos. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid dictamina que el patrimonio de suelo municipal no puede destinarse a cubrir gastos comunes, sino a usos sociales como la promoción de vivienda protegida. Sin embargo, en sus cuentas el Ayuntamiento contó con la venta de ese suelo público para financiar 16 inversiones. Una vez revertido el procedimiento, quedan en el aire siete millones de euros de inversiones.
De esta forma, han terminado siendo anuladas partidas destinadas a algunas de las actuaciones más importantes del municipio, como el Polideportivo Valle de las Cañas, las obras de remodelación de la plaza Padre Vallet, el acondicionamiento de la avenida de Juan XXIII, la eliminación de barreras arquitectónicas para minusválidos o la adecuación de firmes y calzadas conocida como Operación Asfalto.
El PSOE local, de quien partió la denuncia, ha recordado por medio de su portavoz, Eva Izquierdo, que pidió reiteradas veces al PP "que no aprobara un presupuesto que no cumplía con la ley". "Lo peor es que ahora se van a probar los presupuestos de 2010 y una partida importante va a seguir financiándose con una venta de suelo público".
El Ayuntamiento se encuentra ahora ante la necesidad de rehacer el presupuesto de acuerdo con el contenido de la sentencia. Izquierdo declaró que el PSOE ha presentado una moción en el pleno del próximo día 19 de noviembre para que los Servicios Técnicos municipales elaboren un informe jurídico sobre la forma de cumplir la sentencia.
El Consistorio aún tiene la posibilidad de presentar un recurso. Eso es lo que ocurrió con la sentencia que también invalidaba las cuentas del año 2006 porque incluía gastos e inversiones que no eran legales. Las cuentas de 2006 siguen pendientes de una solución definitiva.
(www.elpais.com, 17/11/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE ENCARA EN LA CALLE CON UN JOVEN QUE LE LLAMA ´CORRUPTO´
El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, se encaró en plena calle, ante la sede regional de los populares, con un joven con aspecto de alternativo que le llamó "ladrón", "corrupto" y "desgraciado", y le soltó que "no representas a nadie". "No, no, ven y cuéntamelo", repetía Camps mientras seguía al increpante durante varios metros para que éste le explicara los insultos. No lo consiguió y, finalmente, el jefe del Consell se introdujo en su coche oficial.
El incidente sucedió pasadas las 11 de la mañana. Camps, quien en contra de lo habitual acudió al comité de dirección del PPCV, se encontró a la salida de la reunión con un joven que le llamó "ladrón". Entonces, el jefe del Consell se encaró con él. "¿Por qué me dices eso?", le preguntó mientras seguía por la calle al increpante, que se marchaba. "No, no, ven y cuéntamelo", le insistía el presidente. "Claro, ahí delante de Canal 9, que son los únicos a los que habláis", le respondió el joven. "No, dímelo, por favor", repetía Camps. "Toda España sabe que eres un corrupto", le soltó el joven. "¿Pero qué, qué es lo que sabe toda España?", inquiría el jefe del Consell. "No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie. ¡Desgraciado!", le gritó a lo lejos. "A ti, desde luego, no", replicó Camps. "¡Qué valiente!", le comentó alguien que parecía su guardaespaldas, mientras Camps añade: "¡Qué barbaridad!" "¡Sin gente no eres nadie!", se oyó a lo lejos.
En la rueda de prensa, el secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario, José Ciscar, no pudieron sugerir ni una sola aportación desde el PPCV a las medidas contra la corrupción de Rajoy. Clemente sí que dejó claro que se oponen a que el IRPF y el patrimonio de los políticos sea público, una medida que los populares celebraron cuando los ministros difundieron el suyo. El número dos tampoco contestó a si son partidarios de que se cree un registro de regalos institucionales. Sí avanzó que espera reunirse esta semana con los barones provinciales, Ripoll (Alicante), Rus (Valencia) y Fabra (Castelló).
En la rueda de prensa se presentó un mapa de los casos de supuesta corrupción urbanística de alcaldes y concejales del PP denunciados por los socialistas y que han sido archivados. Ciscar destacó que el PPCV en la Comunitat "no tiene ningún alcalde condenado por corrupción urbanística" y lamentó que el PSPV "no puede decir lo mismo". El popular consideró que lo más prioritario es la crisis y, en ese contexto, instó a "investigar por qué los sindicatos van de la mano de Zapatero" y todavía no han hecho una huelga general cuando, si gobernara el PP, habría hecho, "no una, sino tres".(www.levante-emv.com, 17/11/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PSOE RATIFICA SU QUERELLA CONTRA FRANCISCO CAMPS
Varios dirigentes del PSOE valenciano se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para ratificar la querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios empresarios por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. El escrito lo presentaron el pasado día 9, pero el juez les obligó a otorgar un poder especial a los procuradores, para poder iniciar su actuación. El portavoz socialista en Les Corts valencianas, Ángel Luna, aseguró que él y otros diputados autonómicos tuvieron que presentarse ante el Tribunal porque interpusieron la querella con el poder especial de un procedimiento anterior, que no es específico para el actual, "con lo que se ha tenido que ratificar".Luna, que recordó que ahora es el TSJCV el que debe decidir si admite a trámite el escrito, afirmó que con esta actuación el PSOE valenciano "ha cumplido con su obligación después de tener conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía".
(www.publico.es, 20/11/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'
El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye.
También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión". El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.
(www.elpais.com, 19/11/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA
Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.
Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.
Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.
Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.
Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.
El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.
Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.
(www.elpais.com, 20/11/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PP VALENCIANO SE NIEGA A PEDIR EXPLICACIONES A ÁLVARO PÉREZ
El PP rechazó en las Cortes Valencianas reclamar la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, ex gerente de Orange Market, para que explicara su intermediación en las actividades para la organización por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia de los actos del Papa en Valencia. El diputado socialista José Camarasa dijo que Pérez debería explicar una participación de la trama Gürtel en la organización por la que habría obtenido "jugosos beneficios". Camarasa reclamó explicaciones del "pelotazo" de la trama en la adjudicación por Canal 9 de la sonorización de los actos. La diputada del PP Asunción Quinzá rechazó la propuesta porque los socialistas buscan "rédito político", y alegó que se trata de una cuestión "sub iudice".
Hasta hace unos días, el PP sostenía que no había investigación judicial alguna en marcha sobre el escándalo, pero el actual director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, reveló el martes que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, reclamó el contrato de Canal 9 con la constructora Teconsa por el que la trama cobró comisiones ilegales. El propio secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió que el presidente Camps comparezca en el Parlamento para explicar "qué investigación, qué informaciones han sido requeridas y en qué situación judicial se encuentra".
"Hemos cumplido con nuestra obligación", aseguró el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano a ratificar la querella que él y otros tres diputados han presentado contra Camps, varios cargos de su Gobierno y cinco empresas por financiación ilegal del PP. El informe sobre la admisión a trámite le ha tocado al magistrado José Francisco Ceres, que firmó el sobreseimiento del caso de los trajes que afectaba a Camps. La decisión deberá tomarla, en todo caso, el pleno de la Sala de Lo Civil y Penal.
(www.elpais.com, 20/11/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP
Casi un mes después, la rocambolesca historia de Ricardo Costa está lejos de quedar cerrada. El ex secretario general del PP valenciano, hasta hace bien poco mano derecha de Francisco Camps y su principal cortafuegos, ya que fue el encargado de tratar de explicar el escándalo del caso Gürtel mientras el presidente guardaba silencio, compareció al fin ante el Comité de Garantías del PP.
Costa llevaba semanas, desde que la dirección decidió suspenderle cautelarmente de militancia, reclamando audiencia. se la concedieron. Y la aprovechó para mostrarse durante la hora que duró la reunión dispuesto a rectificar las palabras que motivaron su expulsión, eso de "yo, como secretario general"... El que fuera mano derecha de Camps y fiel apoyo de Rajoy durante la época previa al congreso de Valencia, lo que le llevó a enfrentarse con su hermano Juan, sólo tiene un objetivo: recuperar la militancia que tenía desde los 16 años.
Costa insistió, según fuentes del PP, en que él no tenía ninguna intención de establecer ningún pulso con la dirección nacional. Lo que pretendía era reclamar que se reivindique su gestión como secretario general, una vez que dejó voluntariamente de ejercer sus funciones, y que no se pusiera en duda su honradez. Sin embargo, su declaración se interpretó inmediatamente como una indisciplina grave, por arrogarse un puesto, el de secretario general, que no le correspondía, según la dirección nacional.
En realidad, Costa nunca fue destituido. Camps evitó que se votara su destitución y trasladó a Rajoy una versión falsa de lo que había ocurrido dentro del Comité Ejecutivo regional en el que Costa se ofreció a dejar de ejercer las funciones de secretario general.
Costa insistió ante el Comité, según fuentes del PP, en que está dispuesto a matizar, rectificar o aclarar cualquier malentendido por esas declaraciones que supusieron su expulsión. Además, evitó hacer declaraciones para no alimentar la polémica. Aún así, la situación es complicada para el ex secretario general valenciano. Su reincorporación a la militancia depende de Rajoy, que esta misma semana defendió en público su "honradez", pero sobre todo de Dolores de Cospedal.
Por mucho que el PP insista en que el Comité de Garantías es un órgano independiente, todos los dirigentes consultados insisten en que está directamente controlado por la secretaria general. Y ella está enfrentada abiertamente a Costa, con quien ha entrado en contradicción varias veces en distintas ruedas de prensa, hasta el punto de que sus palabras "como secretario general" del PP valenciano se interpretaron como una desautorización de Cospedal, lo que provocó su fulminante suspensión de militancia.
En realidad, esta drástica decisión vino precedida de una tensa negociación entre Camps y Rajoy. El valenciano, que al final dejó caer a Costa, intentó recuperarlo y hacerlo consejero de la Generalitat. Cuando lo consultó con Rajoy, Cospedal vetó esa posibilidad.
En la dirección ha sentado además muy mal la carta que Costa ha enviado a los principales dirigentes, en la que reclamaba un trato justo para él, una persona, dice, siempre fiel a Camps y al propio Rajoy. A partir de ahora, Costa, que sigue siendo diputado del PP, puede ser readmitido o, más probable, puede continuar la tramitación de su expediente disciplinario. Fuentes de la dirección insisten en que, después del caos de las últimas semanas, Rajoy y especialmente Cospedal quieren ofrecer gestos de autoridad, y es difícil que sean indulgentes, aunque la decisión aún no está tomada.
El Comité tiene también pendiente el expediente de Manuel Cobo, suspendido de militancia como Costa, aunque él no ha dejado sus cargos como vicealcalde de Madrid y portavoz municipal.
(www.elpais.com, 19/11/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA PRESIÓN POLÍTICA OBLIGA A CAMPS A DESBLOQUEAR LA ELECCIÓN DE PAJÍN
La presión política obligó al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a anunciar que está dispuesto a desbloquear la elección como senadora territorial de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Un día antes el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, había dicho que la elección de Leire Pajín como senadora tendría lugar "en el próximo periodo de sesiones", que se inicia a mediados del próximo mes de febrero. El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó: "Por indicación expresa del presidente de la Generalitat y del PP, Francisco Camps, vamos a estudiar todas las posibilidades para que Pajín sea senadora antes de Navidad, si es técnicamente posible".
El PSOE había exigido reiteradamente a la dirección nacional del PP que instase a Camps a desbloquear la elección de Pajín antes de la votación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado. Y , José Antonio Alonso y Carmela Silva, portavoces socialistas en el Congreso y el Senado, respectivamente, advirtieron a la dirección nacional del PP que pasarían a la ofensiva si la situación no se soluciona antes de la primera semana de diciembre.
La propia Pajín emplazó a Mariano Rajoy a dejar de mirar al tendido y a poner fin "de manera inmediata" a una situación que se prolonga "desde hace seis meses". El bloqueo del PP ha dejado a los socialistas con un escaño menos en el Senado, lo que ha hecho que pierdan ya una votación durante la tramitación de la nueva ley de Tráfico.
"El portavoz del PP en las Cortes Valencianas [Rafael Blasco] ha señalado que antes del debate de Presupuestos procurarán el procedimiento que corresponda para la designación de la señora Pajín como senadora por la Comunidad Valenciana", indicó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Con este anuncio, el PP renuncia a someter a Pajín a un "examen de valencianidad" antes de convocar el pleno parlamentario en el que ha de ser elegida senadora.
Los populares valencianos han condicionado, hasta ahora, la elección de Pajín como senadora a toda clase de requisitos. Primero fue una lectura estricta de la norma que indica la documentación que deben aportar los candidatos a senadores territoriales. Luego fue la necesidad de pasar un examen de valencianidad para conocer las opiniones de la número tres del PSOE sobre el trasvase del Ebro, el valenciano o la financiación autonómica. Posteriormente se vinculó la convocatoria del pleno a que el Grupo Socialista aceptase participar en la comisión de investigación especial sobre la financiación de todos los partidos del ámbito parlamentario. Y finalmente, de nuevo, el examen de valencianidad.
El PP renunció a poner nuevas condiciones. Pese a ello, el secretario general del PP, Antonio Clemente, argumentó que ya que su partido va a desbloquear la elección de Pajín como senadora, los populares esperan que la dirigente del PSOE inste a su madre, Maite Iraola, a devolver al PP la alcaldía de Benidorm.
(www.elpais.com, 17/11/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS CORTS PAGARÁN 3.300 MENÚS QUE NADIE COMIÓ PARA AGUANTAR EL RESTAURANTE DE LUJO
Con la crisis golpeando a muchas familias y las organizaciones sociales incapaces de dar abasto a los problemas generados por el desempleo, las Corts están pagando miles de menús que nadie consume, al objeto de hacer viable el negocio de la concesionaria de la cafetería y el restaurante de lujo ubicados en el Parlamento. Un informe del jefe de servicio de Mantenimiento que ha llegado a esta redacción desvela que la Cámara debe abonar a la concesionaria (la empresa Serunión) nada menos que 3.314 menús no servidos, con un coste para las arcas de 39.203 euros. El pago es consecuencia del periodo "transitorio" de un año que se fijó en el contrato, por el cual el Legislativo garantiza a la firma, en los doce primeros meses de funcionamiento del restaurante, un umbral de 40 menús diarios, asumiendo la diferencia entre las comidas servidas y pagadas por los usuarios y el citado umbral, a 12 euros por menú.
Para colmo, las cifras mencionadas se corresponden exclusivamente al periodo entre marzo y septiembre, de forma que el periodo transitorio todavía se alargará hasta el 1 de marzo de 2010. De mantenerse la misma media en los cinco meses que restan, el Parlamento tendrá que abonar a Serunión otros 39.000 euros. En total, serían casi 7.000 menús hipotéticamente preparados y que nadie ha consumido, pero cuyo coste -unos 78.000 euros- habrá asumido la institución.
El contrato es absolutamente leonino para la Administración, a pesar de la larga lista de asesores, letrados y diputados que son abogados. Con todo, la decisión de apertura costara lo que costara de un restaurante que otorgara la "dignidad" requerida -hasta marzo sólo funcionaba la cafetería, donde funcionarios, diputados y visitas compartían mesa y mantel- fue política y se adoptó la legislatura pasada, bajo la presidencia de Julio de España.
La actual titular, Milagrosa Martínez, que inició su mandato bajo la bandera de la austeridad, anuló actuaciones ya adjudicadas como la construcción de despachos acristalados, que tenían la risible intención de que las visitas vieran "cómo trabajan los diputados". Sin embargo, mantuvo el restaurante.
Como el negocio está muy limitado y los precios se encuentran subvencionados (en la cafetería el menú cuesta 4,55 euros y en el restaurante, 11,90, incluyendo postre y café), el pliego del contrato bianual -prorrogable hasta cuatro años- fijó una subvención anual de 55.200 euros para el bar y de 36.000 para el comedor de lujo.Para incentivar la mejora de la calidad, se estableció un subvención de 1,5 euros por menú que pasara de 60 en la cafetería y de 3 euros por encima de las 40 comidas en el restaurante. Éste último era la gran novedad. Por ello, para el primer año de funcionamiento, se garantizó un umbral de 40 menús diarios, una cifra que era obvio que nunca podría alcanzarse, salvo los miércoles. En marzo, primer mes, la media fue de 9,5 menús diarios. En septiembre cayó a 3,4. En todos los viernes de septiembre no tuvo un solo cliente. Ese día, está claro que los diputados no van por allí.
La decisión de construir un restaurante de lujo la copiaron los diputados en la anterior legislatura durante la visita al Parlamento de Escocia. Allí quedaron embelesados del empaque del comedor de sus colegas escoceses. A partir de ahí, se empeñaron en su construcción.
Para ello, eliminaron la sala de prensa (trasladada a un cuarto sin ventanas de apenas quince metros), ya que el restaurante queda justo encima de la cafetería. La obra, que incluía la remodelación del bar y el caro equipamiento (con ascensor y montacargas para subir al restaurante), se licitó a mediados de 2006 por 1.635.606 euros. La UTE Mayve-Alcuba se llevó la contrata con una rebaja del 15%. Sin embargo, la obra concluyó con sobrecoste. En total, 1.680.166 euros, casi 280 millones de las antiguas pesetas. El "capricho" se llevó adelante y se licitó el servicio sin un mínimo estudio o análisis del uso que podría tener el restaurante, ni los días que conviene tenerlo abierto.
(www.levante-emv.com, 17/11/09)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP CAMBIA LA LEY PARA QUE LOS CHÓFERES DE CAMPS Y DE LOS CONSELLERS SEAN PERSONAL DE CONFIANZA
El Partido Popular va a cambiar la ley para que los chóferes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de todos los miembros del Consell pasen a ser personal de confianza. Así se desprende de la enmienda de adición a la ley de acompañamiento presentada el pasado viernes por el portavoz adjunto del grupo popular en las Corts, Vicente Betoret, que modifica la ley de función pública.
Una vez la enmienda supere el trámite parlamentario, los conductores que están al servicio directo de los miembros del Consell serán "personal eventual, dadas las funciones de especial confianza que desempeñan", según especifica el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso este periódico. Por definición, el personal eventual es personal de apoyo al político, con funciones muy limitadas de confianza y asesoramiento. Un tipo de empleado público nombrado de modo discrecional, es decir, sin ningún tipo de proceso selectivo, o como comúnmente se dice, a dedo.
Actualmente, la Generalitat cuenta con una plantilla de conductores, entre los que se encuentran los chóferes de los miembros del Consell. Sin embargo, desde hace tiempo el Gobierno de la Generalitat pretendía modificar la condición de estos trabajadores, algo que se topaba con los sindicatos en la mesa de negociación. Finalmente, el cambio se introducirá por la puerta de atrás, a través de la ley de acompañamiento.
No es extraño este gesto en el actual momento político. Hace unos meses, poco después de que estallase el escándalo Gürtel -febrero-, trascendió el "uso abusivo" que algunos altos cargos de la Generalitat realizaban de su coche oficial. La denuncia, formulada por los conductores, refería que en determinados casos se realizaban mil horas extras al año en servicios que a veces incluían hasta desplazamientos "a misa", entre muchos otros asuntos que desbordaban la agenda oficial. También se denunciaban irregularidades en la contratación, como que algunos chóferes de altos cargos no salían de la bolsa de trabajo sino que pertenecen al propio entorno de los mandatarios.
Así, esta enmienda del PP va encaminada a blindar una figura tan sensible como la del conductor, testigo de excepción de la vida cotidiana de los dirigentes, sus costumbres y sus conversaciones privadas; máxime en un momento en que la conducta de la clase política se escruta al milímetro. En los últimos meses, al margen de aquel "uso abusivo" revelado por este diario, se han producido otros ejemplos de la estrecha confianza entre los políticos y sus conductores.(www.levante-emv.com, 16/11/09)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ VE MOTIVOS PARA PROCESAR A RUS POR SUS INSULTOS AL PROFESORADO
Un recurso ante la Audiencia Provincial es la última instancia que le queda al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, para evitar sentarse en el banquillo por sus supuestos insultos y amenazas contra el profesorado en un acto de su partido. La titular del juzgado número 2 de Xàtiva no ve motivos para atender la petición de sobreseimiento solicitada por la defensa de Rus. La abogada del líder del PP alegó que el dirigente popular había pedido perdón públicamente y que sólo se dirigía a tres profesores en concreto y no a título colectivo. La defensa trataba así de restar legitimidad a los representantes del profesorado y de la escuela pública que presentaron las denuncias.
En un acto con militantes celebrado el pasado 25 de abril en Xàtiva, el presidente del PP provincial llamó "gilipollas" a los profesores que emplean expresiones como ""aleshores"" y ""gairebé"", e indicó que había que ir "a por ellos" y a "rematarlos". De estas expresiones hizo Rus motivo de chanza en los mítines de las elecciones europeas de junio.
Según ha informado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEPV), la entidad que junto con Escola Valenciana denunciaron los hechos, la juez estima que "aunque el honor es un valor referible a personas individualmente, no es patrimonio exclusivo de la mismas, de manera que los ataques a título colectivo puedan defenderse en una dimensión colectiva". En el auto judicial se explica que "el debate sobre la concurrencia del ilícito penal debe realizarse en las sesiones de juicio oral", señala.
Desde el STEPV se valoró que la decisión de la juez de Xàtiva hará que el proceso judicial continúe "hasta que se depuran las responsabilidades derivadas de sus actos". "Los insultos y las amenazas de Rus son un grave ataque a los valencianohablantes, el profesorado y la sociedad valenciana en conjunto que no se pueden tolerar", insistieron.
(www.levante-emv.com, 19/11/09)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS CREA UNA PLAZA CON 132.000 EUROS DE SUELDO PARA SITUAR A UN AFÍN DE INTERVENTOR DE LAS CUENTAS
La diputación tiene un interventor adjunto, además de interventor y viceinterventor. La plaza, dotada con 132.000 euros (106.000 más Seguridad Social), será ocupada por el profesional habilitado elegido, por libre designación, de entre los que concurran. Tanto el presidente, Alfonso Rus, como el diputado de Hacienda, Máximo Caturla, justificaron la creación del puesto en que el 31 de enero se jubila el interventor, Rafael Baixauli, y hay que facilitar la "transición". El que ocupe el cargo "se quedará de interventor" para relevar al jubilado, anunció Rus.
Tanto el presidente como Caturla subrayaron que la plaza será "transitoria". Fue en respuesta al portavoz socialista, Rafael Rubio, que acusó a Rus de "incongruencia" por esta medida tras haber augurado que muchos ayuntamientos tendrán que hacer un ERE y acusar a alcaldes de "gastar dinero en lo que no deben". "¿Para qué necesitamos un interventor adjunto habiendo un viceinterventor?", se preguntó Rubio, para concluir: "No tiene sentido, salvo que la plaza tenga nombre y apellidos". "No es ilegal al tratarse de un puesto de libre designación, pero no tiene sentido", insistió. Rus dio la razón al socialista. "El interventor será quien nosotros digamos", dijo, y del PP. "Yo no sé quien será, para eso hay un diputado de área", replicó al socialista. Se giró hacia Caturla y preguntó por la persona llamada a ocupar la plaza: "No será familiar tuyo". El otro ladeó la cabeza. Rubio subrayó que el nuevo puesto no especifica que se vaya a amortizar cuando se jubile el interventor por lo que todo apunta, dijo, a que cuando el elegido pase a ser el "interventor del PP", Rus traerá a otro para ocupar el puesto de adjunto. Los votos del PP y el diputado de EU, Jesús León, dieron la bendición a la plaza.
(www.levante-emv.com, 19/11/09)
38. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP ACABÓ EN CALZONCILLOS UN CURSO DE DEFENSA PARA MUJERES EN ALCOI
El concejal de Sanidad y Actividades Socio-Recreativas del Ayuntamiento de Alcoi, Mario Pons, del PP, impartía un curso de defensa personal para mujeres. Sin embargo, acabó la clase en calzoncillos tras ofrecer consejos de "incitación al delito".
El portavoz del Grupo Socialista municipal en Alcoi, Antonio Francés, se ha hecho eco de esta denuncia que le ha hecho llegar un grupo de mujeres asistentes al curso para reclamar el cese de Pons. "Aprovechó su presencia en el curso para explicar a las asistentes cuestiones tales como la manera de superar un control de alcoholemia cuando has consumido alcohol y llevas el coche, dónde comprar armas de defensa ilegales como puños de hierro o cómo atontar a un marido violento con unas gotas", dijo. Francés aseguró que Pons "acabó su actuación estelar y clase magistral quedándose en calzoncillos".
Francés reiteró que "si el comportamiento del concejal es impresentable e imperdonable, una de las responsabilidades que el alcalde de Alcoi le ha delegado es la de Sanidad. Y en lugar de aprovechar su presencia en el curso para explicar que cuando se consumen bebidas alcohólicas no hay que utilizar el vehículo, hizo todo lo contrario, explicó cómo hacerlo y superar los controles de las fuerzas de seguridad". El edil socialista considera "una vergüenza para el Ayuntamiento y los alcoyanos" que Pons continúe representándoles. Este diario trató sin éxito conocer la versión de Pons y la razón por la que acabó la clase sin pantalones ante medio centenar de mujeres.
(www.elpais.com, 17/11/09)
39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ NO JUZGARÁ AL ALCALDE DE TORREVIEJA PESE A LA GANANCIA ´EXAGERADA´ CON 3 FINCAS
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no ha admitido la competencia para investigar la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja contra el alcalde de esa ciudad, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), por una operación de compraventa de fincas. Hernández Mateo fue denunciado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación con la compraventa de tres fincas rústicas en Almoradí -municipio gobernado por el PP-, que le habrían reportado, tras su recalificación y venta, más de 5 millones de euros de beneficios.
Por este caso tuvo que declarar Hernández Mateo el 28 de octubre de 2005 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja. El resultado de las diligencias practicadas hasta el momento por ese juzgado "sólo permite concluir" que el denunciado y "su esposa han realizado una ventajosísima operación de venta de una finca rústica, comprada cinco años atrás y dedicada por ellos a la explotación agrícola, que les ha reportado una extraordinaria ganancia", según el TSJCV.
Según las diligencias, "tanto la compra como la venta se han convenido con unas sociedades que se dedican a la actividad urbanística en el término municipal del que Hernández Mateo es alcalde y en cuyo ejercicio han solicitado y obtenido del pleno del ayuntamiento" que él "preside determinados acuerdos relativos a esa misma actividad. Una de ellas, la permuta de una finca de su propiedad por otra de propiedad municipal en 2000, y la otra, la adjudicación de la condición de entidad urbanizadora de un plan parcial (en el que está incluida la finca permutada) en 1995", señalan.
La sala recoge que, "como pone de relieve el Ministerio Fiscal en su informe, de las actuaciones hasta ahora practicadas no se desprende ningún dato objetivo que permita sostener con fundamento que la beneficiosa operación de compra y posterior venta de aquella finca por parte Hernández Mateo y de su esposa tuviera su origen en una información privilegiada" tipificada por el Código Penal. Igualmente, no consta "ningún dato del que se desprenda la existencia de indicios acerca de posibles presiones del denunciado sobre los concejales de su ayuntamiento para que aprobaran la permuta de 2000 y la adjudicación urbanística de 1995", según la Sala.
Tampoco hay indicios acerca de "la hipotética recepción, por parte del alcalde denunciado, de alguna dádiva o del ofrecimiento que se le hiciera de alguna promesa, susceptible de incardinarse en alguno de los tipos de delito de cohecho que se describen en los artículos 420, 425 o 426 del Código Penal".El TSJCV considera que la diferencia "tan exagerada" entre el precio de compra y venta de las tres fincas -se multiplicó por 30 al cabo de cinco años-, unida a que sea el alcalde de un municipio quien realice "esa lucrativa operación a título particular con unas entidades dedicadas a la actividad urbanística, podría ofrecer la apariencia de una operación especulativa obtenida con ventaja".
O bien dar la apariencia de una operación "especulativa obtenida de un privilegiado aprovechamiento de circunstancias conocidas por el favor de un tercero o facilitadas por la mediación de quienes tienen interés en la política urbanística municipal. Pero lo bien cierto es que todas esas conjeturas de quien así lo pudiera percibir no responden sino a meras sospechas".
(www.levante-emv.com, 14/11/09)
40. CASTILLA Y LEÓN. DENUNCIAN EL NOMBRAMIENTO 'A DEDO' DE FERNÁNDEZ COMO ASESOR EN AGRICULTURA
El PSOE ha denunciado el nombramiento "a dedo" de Feliciano Fernández para el puesto de asesor del jefe Servicio de Agricultura de la Junta en Zamora, "le suben el sueldo, le ponen un despacho para sólo para él, sin funciones", afirma el procurador socialista Manuel Fuentes. Critica que "con la que está cayendo se sigan utilizando sin rubor puestos de trabajo pagados con dinero público para colocar a los amigos". El puesto que ha pasado a ocupar Fernández, quien es también portavoz del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, es uno de los dos de asesores que han quedado vacantes por jubilación.
El portavoz municipal del PP es funcionario del servicio de Agricultura y explica que al quedar vacante la plaza, solicitó el puesto en comisión de servicio. Lamenta que "algo tan normal como es una comisión de servicio le ponga de tan mal humor al PSOE", y, en concreto, a Manuel Fuentes, "que trabaja en la Junta y sabe cómo funcionan las asignaciones de puestos". Feliciano Fernández puntualiza que su sueldo "no va a aumentar ni disminuir, probablemente será igual al que tenía". No obstante, puesto que hasta ahora su puesto de funcionario es de nivel 23 y pasa al nivel 25, admite que conllevará un incremento salarial.
Respecto a las críticas del parlamentario socialista acerca de que es un puesto sin funciones, Feliciano Fernández declara que su cometido será el que le ordene el jefe del servicio, e indica que su trabajo será de supervisión de la actividad de los grupos de acción local en los programas Leader y Proder. Fernández tomó posesión hace año y medio de su plaza de funcionario en el Servicio de Agricultura. Con anterioridad había trabajado en el Servicio de Medio Ambiente.
El procurador socialista, sin embargo, censura la concesión de esta plaza, cuando el anterior titular no la ocupaba en comisión de servicio. Pero, sobre todo, Fuentes denuncia el hecho de que en el Servicio de Agricultura haya una dotación de 66 plazas, de las que 26 están sin ocupar; "plazas que están dotadas presupuestariamente y que darían empleo a 26 familias, mientras que nombran a una persona que trabaja en el Ayuntamiento para no trabajar en el Servicio de Agricultura".
Insiste en que son puestos que no tienen competencias definidas y con las que sólo "se asegura un buen sueldo" a quienes las ocupan. Manuel Fuentes afirma que hay antecedentes de estas situaciones y cita el caso de Dionisio García Carnero, senador del PP por Zamora, quien fue nombrado años atrás para la Dirección de Educación, "le pusieron a dedo en una plaza sin funciones, le aumentaron el sueldo y le pusieron un teléfono y un despacho para trabajar para el partido desde un puesto de la Administración", critica el parlamentario regional.
(www.nortedecastilla.es, 16/11/09)
41. REGIÓN DE MURCIA. LA COMUNIDAD ENTREGA CIENTOS DE MILES DE EUROS AL DIARIO EL FARO, RELACIONADO CON EMPRESARIOS DEL PP
La empresa editora del Diario El Faro –Prensa del Sureste- se ha visto beneficiada –en plena crisis como una PYME- con una subvención de 600.000 euros (Cien millones de pesetas) del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, organismo dependiente de la Comunidad Autónoma que preside el popular Ramón Luis Valcárcel. Prensa del Sureste está participada, al cien por cien, por la mercantil ‘Tumbo de Privilegios’, y en Prensa del Sureste –según datos registrales- es administrador solidario Fernando Sánchez Lázaro Carrasco vinculado PP. De hecho, fue diputado de Madrid en la legislatura 95-99.
La abultada ayuda a la editora de El Faro, el periódico regional que menos ventas registra en la Región según informan fuentes de los vendedores de prensa, además es la única que se ha dado en el último trimestre publicado por el INFO con el siguiente motivo "Ayudas a los planes de reestructuración presentados por PYMES en situación de crisis". Personal del INFO han calificado la ayuda como "legal, pero puede causar escándalo a cientos de pequeñas y medianas empresas que no reciben ayudas, e incluso a muchas de las que las reciben, pero por cantidades infinitamente más pequeñas".
La empresa ‘Tumbo de Privilegios’, en los últimos tiempos se ha visto beneficiada, en las comunidades donde gobierna el partido popular, por la concesión, por ejemplo, de licencias de radio y, en estos momentos, supuestamente, mantiene un pleito contra la empresa PRISA, después de que la cadena SER informara en el mes de abril último que la empresa del que fuera diputado del Partido Popular –Fernando Sánchez Lázaro- (que recordemos es a través de Tumbo de Privilegios dueño al 100 por cien de las acciones de la empresa editora de El Faro, beneficiada con la subvención de cientos de miles de euros del INFO), la empresa de Sánchez Lázaro –decíamos- recibió en Aranjuez una licencia de emisora de FM, pese a que pesaba contra la misma un embargo de 65.000 euros, -según informó la SER el 15 de abril-.En la misma noticia, la emisora de PRISA señalaba que el Gobierno de Esperanza Aguirre podría haber incumplido las condiciones públicas de contratación de las nuevas licencias de radio, ya que según esas condiciones, las empresas no podían tener deudas con la seguridad social. Pues bien –añadía la información- la empresa del ex diputado popular recibió una licencia de radio a pesar de tener un embargo de más de 65.000 euros con la Seguridad Social. La Administración Pública embargó a la empresa de Sánchez Lázaro en diciembre de 2008. El pasado 27 de marzo fue cuando recibió la licencia sin que hubiera saldado su deuda.
Remitiéndonos a la misma referencia informativa, "según el registro mercantil, Fernando Sánchez Lázaro, ex diputado del PP, es administrador de ‘Tumbo de Privilegios’ (la empresa dueña de El Faro), mercantil que tenía en esa fecha una deuda con la Seguridad Social de 65.765 euros, tal como suscribía el propio Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por lo que con tal deuda Sánchez Lázaro no podría explotar el contrato de la concesión de la emisora que el gobierno de Esperanza Aguirre le acaba de adjudicar".
Por esta información ‘Tumbo de Privilegios’ anunció que presentaría una querella contra PRISA , pero hasta la fecha nada se sabe del supuesto enfrentamiento judicial.
Sánchez Lázaro, ahora beneficiado con la ayuda más importante de las concedidas en el último informe del Instituto de Fomento, y su hermano ya fueron objeto de una gran atención mediática cuando se produjo el famoso ‘Tamayazo’, cuando el PP arrebató la elección de la presidencia de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la bochornosa actuación de Tamayo y Sáez, los dos socialistas transfugas que desaparecieron en la sesión de investidura.
(www.vegamediapress.com, 16/11/09)
42. REGIÓN DE MURCIA. EL EX ALCALDE DE SAN JAVIER VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LOS CASOS VENEZIOLA Y LAS BRISAS
El ex alcalde de San Javier, José Hernández, vuelve a estar calificado como imputado tras la reapertura de las causas judiciales denominadas "Las Brisas y Veneziola", zonas residenciales ubicadas en la zona norte de La Manga, perteneciente al término municipal de San javier. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) han informado de que Hernández declaró ante la titular del juzgado número 4 de San Javier y el Fiscal delegado de delitos relativos al Medio Ambiente, tras la reapertura del caso, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y fraude en las citadas zonas costeras.
Las mismas fuentes han indicado a Efe que tras su declaración José Hernández, que fue alcalde del PP hasta las últimas elecciones municipales, ha quedado en libertad sin medidas de carácter preventivo. La causa continuará con la declaración de otras personas implicadas en los citados casos, denunciados en su día por una asociación de vecinos de la zona y por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
Anse ejerce la acusación particular por lo que se le ha pedido el ingreso de 3.000 euros como fianza, medida que ha sido recurrida por los servicios legales de la asociación.José Hernández renunció a tomar posesión de su acta de concejal de San Javier en junio de 2007, después de las últimas elecciones municipales, y de una docena de años trabajando en el consistorio, cuatro como primer teniente de alcalde y los ocho siguientes como alcalde. En su renuncia, Hernández, imputado en varios casos judiciales relativos a cuestiones urbanísticas, dijo tomar la decisión de abandonar el ayuntamiento por su "posible responsabilidad como cabeza de lista del Partido Popular en la pérdida de la mayoría absoluta" de este partido.
(www.vegamediapress.com, 14/11/09)
43. REGIÓN DE MURCIA. EL VICEALCALDE DE CARTAGENA Y UNA RESPONSABLE JURÍDICA MUNICIPAL, IMPUTADOS
Aunque ya venía hablándose los últimos días por los pasillos del Ayuntamiento y la noticia estaba en la calle, nadie habló hasta hace unas horas. Pero lo cierto es que Agustín Guillén, mano derecha de Pilar Barreiro y vicealcalde de Cartagena; así como una responsable jurídica de Urbanismo han sido imputados en una investigación judicial iniciada como consecuencia de la concesión de una licencia urbanística.
La denuncia de un vecino de la diputación cartagenera de Perín dio paso a la apertura de las diligencias penales en los tribunales de Cartagena, en donde fuentes de los mismos ya han manifestado que se está tramitando su citación en calidad de imputados. La denuncia dio paso a las primeras investigaciones en las que ha participado el propio juez instructor y un fiscal de Cartagena. El caso judicial, del que ya se ha defendido en una rueda de prensa el vicealcalde cartagenero, actual responsable de Hacienda, y en el momento de los hechos responsable del área urbanística, se inicia como consecuencia, según las mismas fuentes, después de que el referido político firmara una licencia urbanística en una zona en la que era necesario un informe previo medioambiental, y el mismo no se había realizado.
Se da la circunstancia de que la licencia fue firmada a favor del marido de Lolo Galindo (María Dolores Galindo) que ocupa un puesto de designación política en el propio Consistorio cartagenero, como coordinadora de exposiciones de la Concejalía de Cultura, ambos están vinculados a un conocido restaurante de la Ciudad Departamental.
Los hechos se remontan al año 2006 y la licencia se concedió en un espacio medioambientalmente sensible y que, de hecho, está afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de la Muela. Las diligencias, en el día de , ya eran plenamente conocidas en el Ayuntamiento de Cartagena y, al parecer, la defensa del Vicealcalde, al menos, se ha encargado a un despacho jurídico externo al propio Ayuntamiento.
Según una nota de prensa del Consistorio: "El hecho en discusión es la concesión por el Ayuntamiento de Cartagena de una licencia para construir una vivienda en el paraje de Los Pinchos de Perín, solicitada de D. José Luís Botella García el 8 de septiembre de 2006. La licencia fue firmada por Agustín Guillén como concejal de Urbanismo el 19 de diciembre de 2006, cuando llegó a su mesa acompañada de los informes jurídicos y técnicos que la ley exige". El mismo comunicado oficial indica que "en el servicio de Información Urbanística hay dos arquitectos con capacidad para informar licencias. El arquitecto especialista en esa zona del Municipio se abstienen de informar por vinculación familiar con los arquitectos que firman la obra y el asunto pasa al segundo de ellos. El solar se encuentra en una zona afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Monte Roldán y cualquier licencia necesita de un informe previo de la Dirección General del Medio Natural. El arquitecto informó favorablemente sin pedir previamente el informe de Medio Natural" cuando ya hacía seis meses que estaba aprobado el PORN.(www.vegamediapress.com, 20/11/09)
44. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA FICHA A UNA ANTIABORTISTA RADICAL
Los 30.000 habitantes de la localidad murciana de Totana no están precisamente de enhorabuena: su Concejalía de Mujer ha decidido llevar a la periodista ultra conservadora de Intereconomía, Isabel Durán, a dar una charla… ¡con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género! Como se recordará, Durán es una antiabortista radical, eternamente enemistada con el mal llamado ‘feminismo radical’ y miembro fundadora de la Plataforma de Mujeres contra el aborto. "En un pueblo con una deuda de 100 millones de euros, el Ayuntamiento ha decidido invertir el dinero público en un mitin del aborto y del PP", ha denunciado al diario El Plural el concejal socialista José Martínez.
Tal como ha explicado, en Totana rige desde hace dos años un alcalde en libertad bajo fianza, José Martínez Andreo (efectivamente, del PP), quien ya en mayo pasado desplazó a la localidad el buque insignia de Intereconomía, el programa El gato al agua. Martínez ha narrado la campaña de acoso y control mediático que viven los socialistas en Totana. Pasen y vean lo que es la libertad en un Ayuntamiento pequeño del PP. De momento, es imposible calcular cuánto costará a los totaneros el "mitin del aborto y del PP" que Durán ofrecerá el próximo 23 de noviembre. Martínez ha explicado a El Plural que el Consistorio actúa siempre con oscurantismo. Su grupo, ha dicho, elevará la cuestión al alcalde en el turno de ruegos y súplicas del próximo Pleno, pero prevé desde ya que Andreo, nuevamente, no contestará.
"La función del concejal es recabar la información pero aquí no suelen dárnoslas. Haremos la pregunta en el Pleno, pero como no nos responderán solicitaremos la información por vía normal. Pediremos las facturas, pero será todo a posteriori", ha adelantado. El edil también ha dado cuenta de la campaña de acoso y derribo que el alcalde ha emprendido contra la oposición, algo fácil en un Ayuntamiento en el que 13 de los 21 concejales son del PP (6 del PSOE y 2 de IU). Para ello, se ha detenido en la figura de Andreo, en libertad bajo fianza desde hace dos años, cuando ingresó en prisión por la Operación Tótem.
El regidor salió de la cárcel de Murcia a finales de 2007, tras pasar allí dos meses y pagar una fianza de 70.000 euros. Se le imputaron nueve delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias fraude, malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales). Hoy por hoy, el juicio sigue atascado en un Juzgado de Instrucción de Totana. Así las cosas, tiene gracia que el "mitin" de Isabel Durán se haya convocado en el Centro Sociocultural "La Cárcel".
"Esta paranoia neocon que hay en el Levante es tremenda. A lo mejor esa es la estrategia que cuela en estas localidades. Cuando a Andreo le llevaron al Juzgado había muchas personas gritándonos a nosotros y acusándonos de meter a un inocente en la cárcel. Decían que lo queríamos ver ahorcado. Aparecieron pintadas sobre nosotros". Y si hasta aquí la figura de Andreo tiene muchos parecidos con la de Carlos Fabra, multi imputado presidente de Castellón, no hay que perderse su indudable parecido con Francisco Camps, presidente de la Comunitat Valenciana. Tal como relata Martínez, antes de que éste perdiese la cabeza diciendo que la oposición quería verle "boca abajo" y en "una cuneta", el totanero había creado la tendencia acusando al PSOE municipal de desear "colgarle de una farola".
"Yo no quiero ver ahorcado a nadie, quiero hacer política", explica. Es difícil, sin embargo, en las condiciones actuales. El regidor ha quitado a la oposición el único concejal liberado que tenía (con un único sueldo por su labor política). "Además, controla la prensa. Aquí solo tenemos medios de derecha: en un pueblo de 30.000 habitantes hay tres televisiones locales, un periódico local, y la COPE". A veces se puede escuchar la SER de la localidad vecina, Lorca. Así las cosas, la última ocurrencia de Andreo ha sido hacer una radio municipal.
"Mira que se le han ocurrido cosas peregrinas al alcalde indigno de Totana: que si un cochazo de 40.000 euros, que si un guardaespaldas… Pues bien, ahora ha pensado que el Ayuntamiento tenga una radio municipal", explica en su blog el portavoz socialista Juan Francisco Otálora. "Por mucho que intenten vendérnoslo de otra forma, está claro que Andreo no quiere un medio afín sino uno propio. ¿Es esta nueva maniobra compatible con la ruinosa situación económica del Ayuntamiento? Evidentemente no. Las arcas municipales no es que estén vacías, es que tienen troneras más que preocupantes", agrega. Tal como cuenta, en las escuchas judiciales de la Operación Tótem ya quedaba claro que "desde el comienzo de la legislatura" la "gran preocupación" del regidor "fue el control de comunicación" y "la propaganda".
En esta estrategia se enmarcaría la otra ocurrencia "peregrina" del regidor: emitir el programa El gato al agua desde la Sala de las Artes Escénicas de Totana. Pluralidad no era la palabra clave de aquella transmisión del 28 de mayo pasado: Antonio Jiménez, Carlos Dávila, Alfonso Rojo, Raimundo Castro, Román Cendoya, Federico Quevedo, Isabel Jiménez y Ángel Montiel protagonizaron "operación de lavado de imagen" pagada por la empresa de suelo municipal. Según los cálculos del concejal Martínez, aquello costó unos 6.000 euros en publicidad. Habrá que esperar a que el regidor lo confirme.(www.vegamediapress.com, 19/11/09)
45. ISLAS BALEARES. EXPERTOS DESTACAN EL ALTO PRECIO DE LA CARPINTERÍA DEL ´PALACETE´ DE MATAS
La carpintería colocada o rehabilitada en la planta noble de la antigua casa señorial de Palma conocida como Can Sales Menor, comprada en 2004 por el entonces president del Govern del PP Jaume Matas y objeto de investigación dentro del sumario del caso Palma Arena, ha sido alabada por algunos expertos, que también han destacado su alto precio. La vivienda de Matas, bautizada coloquialmente como el "palacete" y ubicada en el número 8 de la calle San Felio, está siendo objeto de informes periciales para valorar su equipamiento y el coste de la rehabilitación, estudios que se están se están ultimando.
La Agencia Tributaria emitió hace meses un primer dictamen en el que valoró el inmueble, a fecha de octubre del 2006, cuando Matas y su esposa Maite Areal escrituraron la compraventa, en casi 2,5 millones de euros. Matas pagó por la casa poco más de un millón de euros, con IVA incluido.El pasado día 6 de noviembre sendas comisiones judiciales ordenadas por el juzgado de instrucción 3 de Palma registraron el "palacete" y una casa en la madrileña calle de Don Ramón de la Cruz, alquilada por la familia Matas y que los investigadores presumen pertenece en realidad al ex president del Govern.
Matas compró toda el primer piso, o planta noble, de San Felio 8. En total casi 500 m2, más otros 24 m2 de la planta baja dedicados a despacho y con acceso desde la vivienda principal por una escalera interior. En los antiguos salones de la planta noble había unos valiosos artesonados de madera, material también presente en el revestimiento de algunas paredes y en puertas y armarios. Visitantes de la vivienda de Matas han señalado que la carpintería es de notable calidad, al igual que el resto de materiales empleados en la reforma del inmueble.En el sumario obra una factura y la declaración del experto carpintero contratado por Maite Areal para ocuparse de la madera de su primera residencia en Palma. Este industrial, Nadal Crespí Capó, ha explicado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que reparó numerosos elementos de madera, reaprovechó los marcos de las puertas recuperables, colocó otros nuevos y restauró el parquet. El experto también se ocupó de vestir por dentro varios armarios de la extensa vivienda.
Por estos trabajos facturó al entonces president del Govern unos 30.000 euros. Ahora, el juzgado de instrucción 3 ha encargado a una serie de peritos informes respecto al valor de la reforma en el "palacete" y la tasación de sus equipamientos, entre ellos los elementos de madera o carpintería. Matas, entre otros muchos asuntos, tendrá que dar explicaciones el próximo 23 de marzo ante el juez José Castro de con qué fondos compró su casa y cómo financió también su reforma.
(www.diariodemallorca.es, 19/11/09)
46. ISLAS BALEARES. DELGADO Y ONIEVA SE EXPONEN A LA EXPULSIÓN SI MANTIENEN EL PULSO A BAUZÀ
Los integrantes de la junta local del PP de Calvià –de la que forma parte el alcalde Carlos Delgado– se exponen a medidas disciplinarias, que pueden implicar incluso la expulsión del partido, si mantienen la presentación oficial de Manu Onieva como candidato a la alcaldía en contra del criterio de la dirección balear. Si se llega a abrir un expediente, y el comité de derechos y garantías considera que se ha producido una "infracción muy grave", ésta puede suponer sanciones que van desde la suspensión de militancia por un periodo de entre cuatro y seis años hasta la baja de la formación.
Concretamente, el artículo 11 de los estatutos del Partido Popular nacional califica de "infracción muy grave" la acción de "quienes anticipándose a los procesos electorales internos establezcan o participen en grupos organizados que perjudiquen los intereses o la imagen del partido, con la publicidad o notoriedad de sus acciones".
Ante, el vicesecretario general del PP balear, Miquel Ramis, avisó a la junta local de Calvià de "consecuencias reglamentarias" si se mantiene la presentación de Onieva –hombre de la máxima confianza de Delgado– como aspirante a alcalde en un acto multitudinario que se celebrará en el Gran Casino de Mallorca. Ramis no avanzó qué tipo de medidas disciplinarias se podrían tomar.
Sin embargo, a principios de mes ya hubo indicios de la postura que podría adoptar la cúpula popular. En una comunicación interna en los días previos a la celebración de las primarias que finalmente se acabaron suspendiendo, el vicesecretario general del PP balear avisó a Onieva de que al actuar al margen de los ritmos electorales que marcan los estatutos podría estar vulnerando el mencionado artículo 11 y, por tanto, podría incurrir en una infracción "muy grave".
Ante la amenaza de posibles suspensiones de militancia, Onieva acabó por anular la consulta. Pero, ahora, la presión de la cúpula del PP balear no ha servido por ahora para que se desconvoque la presentación oficial del sábado. Los estatutos nacionales del Partido Popular consideran también una infracción muy grave la "desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del partido, así como de los grupos institucionales del mismo".
(www.diariodemallorca.es, 20/11/09)
47. CIUDAD DE CEUTA. OCASO DEL 'VIRREY' DE CEUTA
En Ceuta se pensaba que ante cualquier necesidad se podía acudir a Pedro Gordillo, cuando era vicepresidente y jefe del PP, a pedir un favor. Así funcionaban las cosas. No es de extrañar que Sineb Ahmed, una militante del PP con problemas, se presentara en febrero en el despacho de Gordillo, currículo en mano, pidiendo ayuda.
La mujer asegura que el vicepresidente le prometió una casa en el Sarchal, una barriada cerca de la playa, y un empleo en una naviera. Pero nunca se cumplieron esas promesas. Sineb, de 33 años, le comentó después a un primo suyo, guardia civil, que estaba sufriendo un supuesto acoso sexual por parte de Gordillo, antiguo sacerdote. Para demostrarlo, iba a grabar una de sus visitas al despacho. Según el relato de la denuncia presentada por la mujer, el guardia civil contactó con Francisco Pérez Hita, colaborador de la televisión privada de Ceuta. "Esto le interesa a Vivas para quitarse de en medio a Gordillo", dijo Pérez Hita.
Días después, Sineb se presentó en la oficina de Gordillo, de 68 años, con la cámara de vídeo del teléfono móvil encendida. En la grabación se ve a Gordillo decir que le va a filtrar las preguntas de un examen para acceder a un empleo municipal. Después mantienen una relación sexual. Ella ha declarado ante la policía que lo hizo "obligada". Más tarde, le dejó el móvil al guardia civil y a Pérez Hita y se lo devolvieron con todo borrado. Sin vídeo.
El presidente Vivas llegó temprano al Ayuntamiento el lunes, 26 de octubre. Le llevaron el vídeo en un CD. En él vio la grabación de su número dos, el hombre que le ayudó al llegar al Gobierno pero que durante años ha ido acumulando tanto poder que está cuestionando su autoridad. El Ayuntamiento estaba dividido en dos: los vivistas, fuertes en el Gobierno, y los gordillistas, inexpugnables en el partido.
El presidente tomó la iniciativa y a espaldas de Gordillo, jefe del PP, le contó el asunto a Javier Arenas y a Ana Mato, números dos y tres del partido a nivel nacional. Acordaron destituir a Gordillo, que ese mismo lunes asistía a una reunión en Sevilla. Después fue a Madrid, donde se ve con Miguel Ángel Moratinos y Manuel Chaves. En las fotos, Gordillo aparece relajado.
El equipo de Vivas, que durante las dos semanas siguientes ocultó la existencia del vídeo, investigó a Sineb Ahmed, una musulmana separada y con dos hijos. No hallaron un empleo, vivienda o una ayuda que pudiera haber recibido a cambio de favores sexuales. Vieron decenas de veces el vídeo y concluyeron que no había delito.
Gordillo regresó a Ceuta el jueves, día 29. En su escritorio había una carta de dimisión. Vivas apareció por su despacho y le dijo: "O te vas o te echo". Le habló del vídeo y, con otro consejero como testigo, Gordillo reconoció los hechos. Vivas le reprochó que abusara de su poder. Gordillo se derrumbó y pidió tres días para explicar a los suyos el asunto. No le dio tiempo. La noticia se filtró al día siguiente y se vio obligado a dimitir alegando "motivos personales". Desaparecido Gordillo, Vivas es el hombre más poderoso de Ceuta. Manda en el Gobierno y domina su partido.
Sineb denunció el supuesto "acoso sexual" y el extravío del vídeo dos semanas después. "Me han dejado tirada. Nadie me ha ayudado", dice ahora. El juzgado de Violencia de Género se ha hecho cargo del caso y ha recuperado el vídeo. El día de la dimisión, se reunieron todos los miembros del Gobierno. De madrugada, siendo Pedro Gordillo historia, abandonaron el Ayuntamiento por la puerta principal. Un fotógrafo retrató a Vivas sonriendo.
(www.elpais.com, 15/11/09)
