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Del  10 al 16 de Octubre 2009

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ÍNDICE

1. CASO GÜRTEL. RAJOY CONGELA SU RELACIÓN CON CAMPS Y FULMINA A COSTA

2. CASO GÜRTEL. RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA

3. CASO GÜRTEL. RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA

4. CASO GÜRTEL. COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS

5. 'TRIVIAL' GÜRTEL

6. CASO GÜRTEL. EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP

7. CASO GÜRTEL. EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA

8. CASO GÜRTEL. FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE

9. CASO GÜRTEL. JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN "SOBRE LA LEALTAD"

10. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA

11. CASO GÜRTEL. EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

12. AZNAR Y OTROS 30 DIPUTADOS DEL PP ACUDIRÁN A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO

13. PAÍS VASCO. BASAGOITI SE SIENTE "ALGO DESAUTORIZADO" POR SU PARTIDO EN MADRID

14. CATALUÑA. UN EXCANDIDATO DEL PP EN RIPOLL SE CONVIERTE AL SECESIONISMO

15. GALICIA. CASO GÜRTEL. FEIJÓO DICE QUE CRESPO DIMITIÓ EN 2003, PERO SU CESE ES DE 2005

16. GALICIA. FEIJÓO AVALA LA COMPRA DE LA SEDE DE LA FEGAS POR 4 MILLONES

17. GALICIA. EL HIJO DE BALTAR SE POSTULA PARA SUCEDER A SU PADRE EN EL PP DE OURENSE

18. GALICIA. EL PP CONDENA EL TRANSFUGUISMO MIENTRAS JUSTIFICA UNA NUEVA MOCIÓN

19. ANDALUCÍA. MARBELLA PAGARÁ 1.500 EUROS MÁS AL MES A UN EDIL POR EL ALQUILER DE UN EDIFICIO

20. ANDALUCÍA. LOS ÚLTIMOS DEL GIL DESAPARECEN TRAS RECALAR EN EL PARTIDO POPULAR

21. ANDALUCÍA. UN JUZGADO EMBARGA POR IMPAGO LA SEDE DEL PP DE CÁDIZ

22. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ANIMA A RAJOY A SEGUIR SUS PASOS CON BÁRCENAS Y MERINO

23. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD

24. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP

25. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

26. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY

27. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVO REVÉS JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A RAJOY LA CABEZA DE COSTA PERO POSPONE LA EJECUCIÓN

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN "CUARENTENA" Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL 'ZAPLANISMO' PEDIRÁ EXPLICACIONES

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. GÉNOVA DA POR CESADO A RICARDO COSTA Y PONE EN EVIDENCIA A CAMPS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. "PIDIERON QUE NO HABLÁRAMOS NINGUNO Y QUE APLAUDIÉRAMOS"

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA DICE HABER SEGUIDO LAS "DIRECTRICES" QUE LE MARCARON

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LOS ENGAÑOS HACEN TAMBALEARSE A CAMPS

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CRONOLOGÍA DE UNA DESTITUCIÓN

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL "SARAMPIÓN" PRONAZI DEL NUEVO 'NÚMERO DOS'

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA UNA RECALIFICACIÓN DEL PP EN CALP

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN HIZO LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS DE FABRA

41. REGIÓN DE MURCIA. LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE MORALES NO PUEDE JUSTIFICAR 647.592 EUROS Y QUE ES DUEÑO DE LA VIVIENDA DE IGUAZÚ

42. REGIÓN DE MURCIA. "EN VEZ DE UNA, EMITIMOS DOS FACTURAS POR CIFRAS MÁS BAJAS Y A TOMAR POR CULO"

43. REGIÓN DE MURCIA. PIDEN QUE LA FISCALÍA TOME DECLARACIÓN AL CONSEJERO DE CULTURA Y SOBRINO DE VALCÁRCEL

44. ISLAS BALEARES. IMPUTADO EL EX PRESIDENTE BALEAR JAUME MATAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

45. ISLAS BALEARES. MATAS ALEGÓ PARA APLAZAR EL PAGO DEL ´PALACETE´ QUE NO TENÍA FONDOS

46. ISLAS BALEARES. EL PP DESCARTA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA A SU ANTERIOR JEFE POR HABER DEJADO LA POLÍTICA ACTIVA

47. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DEL 'CASO FUNERARIA' INVESTIGA A LA MUJER DE COLLADO Y LA PROPIEDAD DE TRECE TUMBAS

48. ISLAS BALEARES. EL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX PIDE CASI 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO Y 5 PARA UN CONSTRUCTOR


1. CASO GÜRTEL. RAJOY CONGELA SU RELACIÓN CON CAMPS Y FULMINA A COSTA

Hay quien define la situación de forma muy gráfica. "Es como cuando te ponen los cuernos... Tú puedes perdonar, pero no olvidas. Y a Mariano Rajoy no se le olvida nada", cuentan quienes le conocen. En la campaña de las europeas, Rajoy se presentó en la Plaza de Toros de Valencia para demostrar su lealtad a Francisco Camps. "Siempre estaré a tu lado, delante o detrás", dijo respaldándole ante el caso Gürtel. Cuatro meses más tarde, ha sometido a Camps y la relación es más que tensa.

La grieta entre el PP nacional y el valenciano se ensancha día a día. Y más desde que Rajoy decidió dar, por una vez, un puñetazo encima de la mesa e imponer al presidente de la Generalitat el cese de su mano derecha, Ricardo Costa. El líder conservador no lo quería ver ni como secretario general ni como portavoz en las Cortes autonómicas, y menos después del ridículo que había hecho el día anterior su partido con un cruce de comunicados sin precedentes, en el que la dirección nacional daba por destituido a Costa de todos sus cargos y la valenciana desmentía esa versión.

María Dolores de Cospedal fue la encargada de transmitir el enfado de la cúpula. La secretaria general dijo a primera hora de la mañana en la Cope que si Costa se sentaba en su escaño parlamentario y se "encastillaba", se pondrían de inmediato en marcha "unos procedimientos disciplinarios". El coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas, advertía que "mantener un pulso" con Rajoy era "físicamente imposible" para un secretario regional. Según algunos dirigentes del PP, ya para entonces Rajoy le habría dado a Camps un ultimátum: si Costa seguía resistiéndose, él se encargaría de suspenderle de militancia.

En el PP creen que los acontecimientos de los últimos días han deteriorado "bastante" la amistad entre Rajoy y Camps. Algunos colaboradores dicen que su jefe de filas ha asistido a todo este "espectáculo chulesco" entre "atónito" y "decepcionado". Varios asistentes a la la reunión del Comité Ejecutivo valenciano del martes confirmaron a la dirección del PP nacional que Camps "les engañó claramente", cuando les dijo que había pedido a Costa que abandonara.

Así que a Rajoy le quedaban dos opciones: "O cargarse a Camps o desautorizarlo haciendo realidad lo que no había ocurrido". "Optó por los hechos consumados", explican. Para quienes observan la situación desde fuera está claro que el presidente del PP "sabe ahora muy bien hasta dónde se puede fiar de Camps". Y creen que es una señal que ahora la dirección hable "a menudo" con los presidentes provinciales, cuando antes "todo" lo trataba con Camps.

A pesar de todo lo ocurrido, los que rodean a Rajoy tratan de apaciguar este desencuentro. Hay quien recuerda que el jefe de la oposición le debe mucho al presidente de la Generalitat por su apoyo tras la derrota en las generales de 2008. Y también quien incide en que dada la falta de conexión con Madrid, Rajoy no se puede permitir el lujo de perder el respaldo valenciano.

En las filas conservadoras se vivía todo con preocupación. Había quien calificaba lo acontecido de "veneno" para el futuro del partido y quien se quejaba de que se había actuado "tarde". Con la cabeza de Costa sobre la mesa, algunos se daban por satisfechos, pero otros reconocían que "el problema" no estaba "resuelto".

Creen que ahora el tiro se desvía directamente hacia Camps, quien ya no tiene ningún " blindaje" y está "en manos de Costa". Varios diputados creen que "los hermanos Costa se vengarán". Piensan que, como ahora Ricardo ha perdido su poder en la Comunidad Valenciana y Juan se mantiene en un segundo plano desde que rivalizó con Rajoy por la Presidencia del partido, ya "no tienen nada que perder". Pero desde su círculo dicen que no es "el estilo" de ninguno de los dos. Y que Costa, a pesar de estar "realmente dolido emocionalmente", sólo piensa en descansar y ver qué hace con su vida.

Por lo visto, no le aguarda ningún futuro dentro del PP. Cospedal se mostró tajante. Mientras los suyos seguían confiando en que fuese una salida "temporal", ella decía que veía "imposible" que Costa fuese restituido en sus cargos y le recriminó que hubiese utilizado "los medios de comunicación en contra de los intereses del partido".

En la cúpula del PP creen que es importante adoptar decisiones ejemplares ante asuntos "éticamente inadmisibles". Pero algunos opinan que es igual de reprobable la conversación en la que Camps llamaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, "amiguito del alma" y no se hizo nada. Ahora todos los ojos están puestos en Camps y dentro del partido no se descarta que le impute el Supremo o nuevas filtraciones que le pongan contra las cuerdas. Se duda de que llegue vivo a las elecciones de 2011. Si las cosas se tuercen, el PPCV piensa en Gerardo Camps como recambio. El PP nacional, en Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

En la formación regional están nerviosos y muchos temen una "descomposición". Y los zaplanistas mueven ficha. Uno de sus representantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, pidió un gabinete de crisis porque con el caso Gürtel su partido tiene "un problema" y cuanto más tarde en resolverlo "más grande será".

En plena campaña de las europeas, Mariano Rajoy muestra su respaldo a Francisco Camps. "Creo en ti, en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, la inmensa mayoría de los españoles creen en ti… Y yo siempre estaré detrás de ti, delante o al lado, me es igual. Pero quiero que lo oigan todos".

Tras la victoria de las europeas, Rajoy vuelve a Valencia para agradecer el apoyo popular. "Gracias por estar aquí. Esto yo no lo voy a olvidar", señaló emotivo. Francisco Camps, crecido por el resultado, describió el 7-J como el "desembarco de Normandía" que precederá la toma de la Moncloa. Rajoy acusa al PSOE de actuar "con crueldad infinita". Camps le da las gracias: "La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias".

(www.publico.es, 15/10/09)

2. CASO GÜRTEL. RAJOY RESCATA A CAMPS SIN EXPLICAR POR QUÉ NO LE DESTITUYE COMO A COSTA

"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes. Hay que dar una respuesta a cada caso". Esta idea, defendida por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia.

Fuentes del partido aclaran cuál es el motivo real: la fuerza política de Camps, muy superior a la de su subordinado. Es mucho más difícil relevar a un barón regional, con el conflicto interno que eso supone, que a un cargo intermedio. Es lo que explica que mientras el PP justifica en la "ejemplaridad" la destitución de Costa, mantenga en su puesto a Carlos Fabra, todopoderoso barón castellonense imputado por varios delitos.

Rajoy acudió al rescate de Camps, criticado sin contemplaciones por su gestión de la crisis, por engañar al líder -"no me ha engañado", desmintió- y por su amistad con El Bigotes, hasta el punto de que Manuel Fraga, presidente fundador, le lanzó una carga de profundidad desde la COPE. "En Valencia tenemos una persona libre de toda sospecha como Rita Barberá", sentenció. "¿Diría lo mismo de Camps?", le preguntaron. "No, no diría lo mismo. Le ha faltado moral para hacer las cosas con energía, ha habido que resolverlo desde Madrid".

Rajoy respondió a Fraga y defendió a Camps varias veces: "Mantengo el mismo nivel de confianza en Camps. Mi deseo es que siga siendo presidente y sea candidato en 2011". Pero no logró explicar con claridad por qué habían destituido a Costa y no a Camps por los mismos motivos.

"No tengo duda de la honradez del señor Costa. Ha trabajado mucho por el partido. Pero el nivel de exigencia a un secretario general es mayor que el de un militante de base", dijo Rajoy. La pregunta era lógica: ¿Y ese nivel de exigencia no sería aún mayor para el jefe de ese secretario general, el presidente del partido, responsable además de haber llevado a Valencia a la red Gürtel cuando Génova los echó? Rajoy dijo que en Valencia pensaban que El Bigotes ya no trabajaba para Francisco Correa, la tesis que defiende el entorno de Camps -que nunca ha explicado sus relaciones con la trama-, y defendió al valenciano: "Una vez archivado el caso que afectaba al señor Camps, no hay ningún elemento nuevo que le afecte ni ninguna actuación que le haga merecedor de ser cesado".

¿Pero hay algún elemento nuevo con Costa, cuya implicación en el caso de los trajes también quedó archivada? Rajoy no lo explicó, pero fuentes oficiales aclararon después que el informe policial sobre financiación ilegal del PP valenciano tan criticado sí contiene novedades. Claro que éstas implican tanto a Costa como a Camps, ya que la red, según las conversaciones, utilizaba la relación personal de El Bigotes con Camps y su esposa para desbloquear el pago de algunas deudas.

Génova pidió y obtuvo -con la excepción de Fraga- el cierre de filas generalizado con Camps, a la espera de esos "elementos nuevos" que muchos temen. El líder no conocía aún, obviamente, las revelaciones sobre las jugosas comisiones que la red obtuvo de la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Rajoy se defendió con firmeza de casi todos los golpes, pero falseó la realidad al vender una destitución como una dimisión: "Costa pidió su suspensión como secretario general y como portavoz y se aceptó". Nunca sucedió tal cosa.

Después de seis meses -la última rueda de prensa en Génova fue el 13 de abril- Rajoy cogió al fin el toro por los cuernos y ofreció una detallada explicación, con una docena de preguntas, de su posición sobre el caso Gürtel, lo que pasó, lo que ha hecho y lo que hará el PP. Básicamente: aumentar los controles y endurecer el código ético que ya aprobaron en los 90, tras el caso Naseiro.

Rajoy dejó claro que poco se ha hecho hasta ahora en cuanto a endurecimiento de controles: "Yo no sé qué empresa organizó el acto de Dos Hermanas (Sevilla), por ejemplo. A partir de ahora tendré que enterarme".

(www.elpais.com, 16/10/09)

3. CASO GÜRTEL. RAJOY ESCONDE SU ENFADO CON CAMPS PARA EVITAR LA FRACTURA EN VALENCIA

Mariano Rajoy tenía una deuda con el presidente valenciano, Francisco Camps. Gracias a él (y a Javier Arenas), en el 2008 consiguió renovar su liderazgo en el partido, pese a haber sufrido dos derrotas electores consecutivas. La cuenta pendiente quedó saldada . El presidente del PP pronunció en un momento clave –los prolegómenos de otra guerra cainita en Valencia– una frase igualmente clave: "Sigo manteniendo en el señor Camps la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años". Y confirmó su voluntad de que repita como candidato en el 2011.

El jefe de los conservadores maniobraba así frente a todos aquellos dirigentes del PP valenciano que, tras la crisis causada por el cese de Ricardo Costa, han criticado la gestión que ha hecho Camps del asunto. E, incluso, han llegado a poner en duda su capacidad para seguir haciéndose cargo de sus responsabilidades, dadas sus relaciones con los implicados en el caso Gürtel.

El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente del PP en Alicante, aseveraba que Costa no podía convertirse en "el único culpable" del escándalo político ligado a la corrupción. Rajoy también tuvo respuesta para aquellos que, como Ripoll, puedan pensar que hay que apuntar más alto a la hora pedir cabezas políticas: "No hay ningún elemento nuevo que ponga en duda que Camps debe seguir", sentenció.

A Rajoy, que se sometió a una rueda de prensa en Madrid, se le preguntó en varias ocasiones por qué había forzado la dimisión de Costa por sus relaciones con sujetos como Álvaro Pérez (conocido como el Bigotes e imputado en el caso Gürtel) y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, que consideraba al empresario citado su "amiguito del alma". El líder del PP trató de convencer a los periodistas de que son casos distintos, aunque no se esforzó demasiado en dar argumentos para sustentar su tesis.

En primer lugar, ofreció una versión azucarada –por no decir contraria a la realidad– de lo que realmente había ocurrido con Costa, ese "señor" al que se ha echado desde Madrid porque se negaba a irse voluntariamente. "El señor Costa pidió la suspensión de sus funciones y se aceptó. En el Grupo Popular, pidió la suspensión como portavoz y se aceptó. Y pidió ser escuchado y se le escuchará", afirmó Rajoy.

Pues ninguna de estas tres aseveraciones del presidente del PP son ciertas, y en la hemeroteca y en los archivos de imagen y voz está guardado el testimonio del propio Costa para comprobarlo: él se ofreció a dejar su cargo de secretario general en el PP de Valencia –jamás el de portavoz– si se le abría una investigación por parte de la dirección nacional. Y ha sido la propia dirección nacional la que se ha encargado de aclarar, en las últimas 48 horas, que una declaración ante el comité de derechos y garantías no es lo mismo que una investigación que, por cierto, no piensa llevar a cabo. Lo que quedó en evidencia es que Rajoy, al igual que Camps, no tiene ningún interés en explicar con claridad a la opinión pública cuáles han sido los verdaderos motivos que han propiciado la salida de Costa. Visiblemente molesto, quiso despachar esta recurrente pregunta de los periodistas con un "el cargo de secretario general exige un plus de responsabilidad política". Eso sí, agradeció a su víctima política los servicios prestados al PP y resaltó su "honradez personal".

El que no ve las cosas desde la misma óptica es el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, quien admitió en la Cope que ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fuera de toda sospecha, pero no así a Camps. "Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Fraga sobre Rita Barberá", se limitó a comentar Rajoy. El presidente valenciano esquivó el asunto manifestando "respeto" por quien le había dedicado tan polémicas palabras.

En cualquier caso, el jefe de los conservadores quiere evitar que se dañe aún más la imagen del PP y anunció que, en el próximo comité ejecutivo, se aprobará un código de buenas prácticas. "¿No toma medidas un poco tarde?", se le planteó. Él se defendió. "He actuado con prudencia y sin precipitación, cuando he tenido suficiente conocimiento de causa. No me he dejado llevar por presiones de nadie y, como siempre, he tomado decisiones en los tiempos que he considerado oportunos", espetó.
Y, para no perder la costumbre, Rajoy cerró su intervención cargando contra el Gobierno por haber "manipulado" el caso Gürtel en prejuicio del PP.

(www.elperiodico.com, 16/10/09)

4. CASO GÜRTEL. COSPEDAL DICE QUE RAJOY NO VINCULA SU FUTURO POLÍTICO AL DE CAMPS

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy horas después de que Mariano Rajoy compareciera ante los medios ante la gravedad de los hechos del caso Gürtel en la que no aclaró por qué se tomó la decisión de cesar a Ricardo Costa y no se adoptó la misma medida con Francisco Camps. Además, a la pregunta directa de Carles Francino sobre si Mariano Rajoy vincula su futuro político al de Camps, la número dos de los populares lo niega.

Pese a que Rajoy no convenció a los medios en su comparecencia de este jueves, De Cospedal ha defendido plenamente la actuación de su presidente, calificándola de "valiente y sincera". Pese a las críticas sobre la tardía y titubeante acción de Rajoy, Cospedal afirma que su líder llegará a ser candidato en las próximas elecciones y asegura que las actuaciones se han tomado en su momento adecuado.

Sobre la justificación para destituir a Costa y no a Camps, De Cospedal insiste en los argumentos de Rajoy, señalando que "un secretario general tiene que tener un comportamiento determinado hacia su militancia y que no ha cumplido en este sentido Ricardo Costa", algo que sí ha hecho en su opinión Francisco Camps. "Un secretario general tiene que saber muy bien dónde está. Son cargos de confianza y se les exige un plus de responsabilidad", al tiempo que ha criticado las declaraciones a la prensa de Ricrdo Costa. Camps, sin embargo, está haciendo una "gran labor" según la dirigente popular.

(www.cadenaser.com, 16/10/09)

5. 'TRIVIAL' GÜRTEL

El levantamiento de parte del sumario del caso Gürtel el pasado martes, ha permitido desentrañar una compleja red de favores, obsequios interesados, cajas B, adjudicaciones ilegales de contratos y altos cargos enfangados en una trama que salpica al Gobierno regional y a cinco ayuntamientos. Éstas son algunas respuestas de este Trivial Gürtel.

- ¿Cómo sale el caso a la luz?

En 2007, un concejal de Majadahonda que tenía relación con Correa, José Luis Peñas, presenta una denuncia acompañada de grabaciones y documentación que revelan una estructura empresarial que realiza negocios sospechosos. El asunto se pone en manos de la policía, que comienza una investigación, realiza escuchas durante varios meses y recopila pruebas. El 6 de febrero de 2009, el juez Garzón encargado del caso, ordena detener a los principales responsables de la trama.

- ¿Cómo se inició la actividad de la red?

A finales de los noventa, Francisco Correa se sirvió de su buena relación con la cúpula del PP nacional para intimar con algunos de los jóvenes cargos del partido. Entre ellos, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda y Alfonso Bosch, que participaban en la organización de los actos del partido. El capo del Gürtel ("correa" en alemán) les ofrece comisiones a cambio de favorecer a sus empresas.

- ¿Cuántos políticos imputados hay en Madrid por el caso?

La división madrileña del caso Gürtel ha salpicado a 11 altos cargos y asesores públicos en la Comunidad de Madrid. El ex consejero de Deportes y diputado regional (PP), Alberto López Viejo; los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. También están implicados los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Arganda del Rey, Ginés López. Al ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente, le imputan un delito de asociación ilícita. Además, aparecen como imputados Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV); José Galeote, ex edil de Boadilla, y Javier Nombela, ex asesor del Ayuntamiento de Madrid.

- ¿Quiénes son los principales miembros de la trama en la región?

La investigación judicial concluye que Francisco Correa estaba al frente de la trama en Madrid. Pablo Crespo es su lugarteniente, el que controla el entramado empresarial. María del Carmen Rodríguez es la mujer de Correa y ex jefa de Gabinete de Guillermo Ortega; bajo su mandato se adjudicaron varios contratos a las empresas de su marido. José Luis Izquierdo era uno de los administradores de Special Events y Pasadena Viajes (empresas de Correa). Además estaba encargado de controlar varias de las cajas de seguridad en las que se guardaba la contabilidad B. Javier Nombela trabajó en las principales sociedades de la red y tuvo acceso a documentación delicada. Felisa Isabel Jordán y Pablo Collado eran los contables de Easy Concept y otras empresas de la trama. Luis de Miguel controlaba el despacho de abogados que llevaba los asuntos jurídicos y financieros de la red corrupta, una especie de testaferro. Le sucede Ramón Blanco Balín, asesor financiero y administrador de algunas de las sociedades patrimoniales.

- ¿Qué delitos se les imputan?

Cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

- ¿Cuáles son las principales empresas de la red corrupta?

Special Events, Easy Concepts, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Pasadena Viajes, MQM, Good and Better y Down Town Technologies.

- ¿Qué administraciones contrataron con la red corrupta?

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas.

- ¿Cuáles eran los sobrenombres de los implicados?

La cúpula de la trama bautizó a Arturo González Panero como El Albondiguilla, Ginés López era El Gafitas y Guillermo Ortega, El Rata.

- ¿Cuánto dinero recibieron los implicados?

En el pen drive con la contabilidad B de las sociedades de Correa aparecen anotaciones con las cantidades supuestamente entregadas a los imputados. Alberto López Viejo recibió 563.000 euros; Alfonso Bosch, 250.562 euros; Benjamín Martín Vasco, 437.166; Arturo González Panero recibió 135.409. Además hay otros 510.000 atribuidos a Tomás Martín Morales y el ex alcalde de Boadilla. Martín Morales también ingresó 378.172 euros. Ginés López obtuvo 1.315.427 euros y Jesús Sepúlveda, 422.992 euros. Guillermo Ortega recibió de la red 166.118 euros. Carlos Clemente, 16.000 y José Galeote, 612.506 euros. Además recibieron viajes, televisores de plasma, relojes exclusivos, trajes a medida, corbatas de marcas de lujo, un coche...

- ¿Cuántos contratos logró la red con la Comunidad?

Entre 2004 y 2008, la Comunidad de Madrid adjudicó a través de 11 consejerías 358 contratos a cinco de las empresas de la red por un total de 3.084.558 euros.

- ¿Qué papel jugaba el ex consejero de Deportes?

Alberto López Viejo se encargaba de organizar los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. Contrataba con las empresas de la red, y luego ordenaba facturar los servicios a las consejerías correspondientes. Todo bajo su responsabilidad, según el sumario.

- ¿Cómo camuflaban los contratos con el Gobierno regional?

López Viejo ordenó a la trama que troceara los contratos con la Comunidad de Madrid. El objetivo era que las facturasfueran inferiores a 12.000 euros para evitar convocar un concurso público. De esta forma se contrató, por ejemplo, la organización del homenaje a las víctimas del 11-M. Easy Concept emitió 15 facturas de menos de 12.000 euros cada una. Está técnica permitió a la firma ingresar 141.002 euros por el mismo acto.

- ¿Cómo se infiltraron las empresas en la administración?

Las prácticas de Correa incluyen regalos, dádivas, sobres con dinero, coches e incluso extorsión a políticos clave para conceder concursos. También ejerció la extorsión. El jefe de la trama revela a una de las contables de sus empresas cómo grabó en un vídeo al ex alcalde Boadilla Arturo González Panero, contando dinero tras entregarle tres millones de euros por la comisión de una adjudicación sospechosa. Las dotes de persuasión de Correa, que apelaba a sus buenas relaciones en el partido, también sirvieron para lograr contratos.

- ¿Cómo ha actuado Esperanza Aguirre?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fulminó al instante al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, cuando se confirmó que estaba imputado por su participación en la trama. La dirección regional del PP, que preside Aguirre, obligó a dimitir a los alcaldes y diputados imputados. Les retiró la afiliación del PP a todos. Esta semana ha ordenado expulsarlos de los grupos del PP.

- ¿Cuáles fueron los principales contratos del Gürtel?

La mayor parte de los contratos con la Comunidad consiste en la organización de actos, presentaciones, o galas de premios. Entre éstos se encuentra la organización de los premios de Cultura y la Medalla de las Artes en 2005 por 162.000 euros. Era la mejor oferta. Para compensar, otras firmas de la red emitieron otras ocho facturas por 67.580 euros. En Boadilla logró la adjudicación de una parcela a UFC para construir pisos de lujo por 35 millones. La oferta más baja. Otro negocio fue adjudicar a Hispánica la construcción de la ciudad deportiva por 30 millones. En Majadahonda, las empresas de Correa se hicieron con la Oficina de Atención al Ciudadano.

- ¿Cuál es la situación de los políticos imputados?

López Viejo fue destituido como consejero de Deporte. Además, junto a los otros dos diputados regionales, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, han sido suspendidos de militancia en el PP y apartados del Grupo Popular en la Asamblea.

Ginés López dimitió como alcalde de Arganda y presentó de inmediato su acta de concejal. Jesús Sepúlveda también dejó la alcaldía de Pozuelo y el viernes entregó el acta de concejal. Arturo González Panero fue obligado a dimitir como alcalde de Boadilla y hasta la fecha no ha entregado el acta ni ha abandonado el grupo del PP en el municipio.

(www.elpais.com, 11/10/09)

6. CASO GÜRTEL. EL 'PEN DRIVE' QUE HUNDIÓ AL PP

José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.

Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.

Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.

Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.

Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.

- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.

- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.

- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.

- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.

Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.

(www.elpais.com, 11/10/09)

7. CASO GÜRTEL. EL PP VUELVE A CARGAR CONTRA LA FISCALÍA

La dirección del PP salió en defensa de Francisco Camps y recuperó la estrategia de arremeter contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por supuesta persecución a su partido en el caso Gürtel.

Esa estrategia del PP se basa en la supuesta petición de la fiscalía para que se eliminen del sumario conversaciones que favorecen al presidente de la Generalitat valenciana. Esas grabaciones se refieren a la parte que ya archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre los trajes que, presuntamente, le regaló la trama corrupta a Camps. No afectan a la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni a la acusación de supuesta financiación irregular del PP de Valencia. Tampoco afectan a la estrecha relación entre Camps y los miembros de la trama, que queda probada en el sumario y que ha provocado la exigencia de responsabilidad política al presidente valenciano.

La conversación la mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, presunto número dos de la trama, y su abogado. No está en el sumario porque la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminaran las transcripciones y el juez Baltasar Garzón emitió un auto el 27 de marzo en el que ordenaba excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". No obstante, en la parte del sumario que se ha hecho pública han quedado algunas de estas conversaciones, por un error. De hecho, en esos folios figura la anotación manuscrita "quitar".

El PP se agarró a este episodio y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la fiscalía de tratar de eliminar pruebas. La dirigente del PP hizo estas manifestaciones a través de un comunicado distribuido por el partido, sin posibilidad de ser preguntada.

Según Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento, y por ello cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Sin embargo, fuentes del Congreso recuerdan que nunca se ha tramitado en la Mesa de la Cámara la petición de comparecencia del fiscal general para dar cuentas de una actuación sobre un caso judicial concreto que esté abierto. Fuentes del PSOE aseguran que su intención es frenar dicha petición cuando llegue a los órganos correspondientes de la Cámara. Añaden que, además, es la Fiscalía Anticorrupción la que actúa directamente en el caso. Sin embargo, la portavoz del PP da por hecho en su comunicado que Conde-Pumpido conocía la existencia de estas conversaciones. Y vincula esta decisión con la de recurrir ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa.

Sáenz de Santamaría tira por elevación, y del fiscal Anticorrupción pasa al fiscal general del Estado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "En estos días en que la señora De la Vega va de televisión en televisión y de radio en radio pretendiendo dar lecciones de ética política y democracia, que dice ella, le digo que hay dos cosas muy claras: que en democracia el Ejecutivo no tiene que dar instrucciones ni a la justicia ni al fiscal general del Estado, y que no es ético ordenar el archivo de una actuación, cosa que no puede hacer por vulnerar la justicia y la independencia judicial". Añade que "tampoco es ético cuando se trata de eliminar unos datos del sumario, que sabían que no había ninguna responsabilidad por parte del presidente Camps porque pagaba sus trajes".

A Conde-Pumpido le acusa de "atacar" al PP y defender los intereses del PSOE.

(www.elpais.com, 12/10/09)

8. CASO GÜRTEL. FRAGA DUDA DE LA HONRADEZ DEL JEFE DEL CONSELL Y FABRA LE CONTESTA AL PRESIDENTE FUNDADOR QUE SE RETIRE


El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, alabó la figura de Barberá, de quien dijo que es "extraordinaria y por encima de toda sospecha". Sin embargo, "no diría lo mismo", añadió, de Camps. En declaraciones a la Cope, expuso que un político debe tener una "moral indestructible", con "convicciones éticas muy profundas y la capacidad de ejercerlas". Señaló que "probablemente" a Camps le haya faltado moral "en uno de esos sentidos". "No entro en su moral privada y ante su confesor, pero es evidente que la moral para hacer las cosas con energía no da la impresión que la haya tenido, y ha tenido que ser Madrid quien resolviera el tema del señor Costa", destacó.

Preguntado acerca de si Camps se verá salpicado por sus amistades con implicados en la trama, respondió que espera que "pueda superar eso", aunque también resaltó que si no lo logra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien "confía profundamente en la presunción de inocencia, le aplicará la regla fundamental del derecho, que es que el que la hace la paga". Eso sí, dejó claro que él hubiera aplicado el principio de inocencia "con mayor discreción".

La opinión laudatoria de Barberá no la compartía Fraga en 1989. Entonces, su regreso a la dirección de la AP tras la caída de Hernández Mancha conllevó que Barberá, presidenta del grupo popular en las Corts (había sido la candidata a la presidencia de la Generalitat en 1987), ca en desgracia. En el mitin central de Fraga en las elecciones europeas de 1989, celebrado el 13 de junio, a Barberá no se le permitió intervenir. Para colmo, la dirección nacional designó a Pedro Agramunt, pese a que aún faltaban dos años para los comicios de 1991, como candidato a la Generalitat, dejando a Barberá a los pies de los caballos. El 4 de septiembre del 89 la hoy alcaldesa dimitió como presidenta del grupo ante la desautorización. Siete meses después, el 11 de abril de 1990, volvió al puesto, ya con Aznar en la dirección y tras un "sondeo" entre los diputados del "enviado" de Madrid, el actual Síndic de Greuges, José Cholbi.

A Fabra le contestó el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra. Éste dijo que respeta mucho al presidente fundador, pero que "en este partido uno se tiene que retirar cuando llega el momento".Según dijo, "respeto mucho al presidente Fraga, pues creo que es el presidente que más ha hacho por unir el centro-derecha en España, pero me parece que, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones es una frivolidad". Al respecto, apuntó que pone "la mano en el fuego" por Rita Barberá y por Camps, "el cual ha sido respaldado por más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP".

El líder popular, Mariano Rajoy, también tuvo que pronunciarse sobre la frase de Fraga referida a la honradez de Barberá, frente a las dudas que le genera Camps. Rajoy respondió: "Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con las declaraciones del señor Fraga sobre doña Rita Barberá". Sin embargo, de la parte de Camps no dijo nada.

Preguntado por la misma frase el propio Camps, éste afirmó que tiene "un afecto muy especial" por el dirigente popular. "Yo lo único que puedo decir es que a don Manuel le tengo un afecto muy especial", manifestó Camps, que agregó que él es militante del PP "desde hace muchísimo tiempo". "A don Manuel hace muy poco tiempo le prologué un libro sobre su biografía y, por tanto, respeto, cariño y admiración por quien puso en marcha este proyecto político que ha gobernado España durante ocho años y que va a volver a gobernar España con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, se limitó a afirmar que "las opiniones de Fraga son las opiniones de Fraga y las tiene como todos, a veces acierta y otras se equivoca". La socialista Clara Tirado sostuvo que Fraga "ha dejado al descubierto que el PP al completo reniega y desconfía de Camps".

(www.levante-emv.com, 16/10/09)

9. CASO GÜRTEL. JUAN COSTA: LOS PARTIDOS SE CONSTRUYEN "SOBRE LA LEALTAD"

El diputado del PP y hermano de Ricardo Costa, Juan Costa, aseguró que los proyectos colectivos y los partidos "se construyen sobre la base de la lealtad y la confianza mutua". El político no quiso valorar la situación de su hermano, pero aseguró que "cuando llevas muchos años en política, dedicando muchas horas, esfuerzo y sacrificio, la lealtad y el compañerismo es una de las pocas gratificaciones que te llevas a casa cuando vuelves".

Costa aseguró que cuando esa lealtad no existe, surge la tentación de "arrojar la toalla y pensar que algunas cosas no valen la pena", y advirtió de que un liderazgo sólo es fuerte cuando es capaz de "generar ilusión y confianza en la sociedad".

El diputado popular calificó como "importante" la rueda de prensa de Rajoy y le animó a prodigarse más en sus escasos contactos abiertos con los medios: "Es un ejercicio que debe hacerse de manera permanente, recurrente y con normalidad en política, lo que no puede hacerse es no dar explicaciones".

Costa participaba en una tertulia de RNE, recogida por Europa Press, en la que también estuvo el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El dirigente socialista defendió que el golpista Antonio Tejero fue "más decente" que lo que lo ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de haber "dejado tirada a su gente simplemente por salvar su cara", en alusión al ex secretario general de los populares valencianos y ex portavoz del partido en el Parlamento autonómico, Ricardo Costa.

(www.elmundo.es, 16/10/09)

10. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN EN COMISIONES ILEGALES POR LA VISITA DEL PAPA

La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006.

El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica.

Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios.

Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente).

Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del

caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación.

García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles. Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama.

Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones. La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa.

Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión". Además de los 957.000 euros, la red de corrupción apuntó otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV.

La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa.

El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia.

(www.elpais.com, 16/10/09)

11. CASO GÜRTEL. EL MINISTERIO DE ARENAS CONTRATÓ A LA TRAMA PARA EL FUNERAL DEL 11-M

Easy Concept, una de las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel, trabajó para el Ministerio de Presidencia en marzo de 2004, cuando el entonces titular del departamento y vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, estaba ya en funciones tras la victoria electoral de Zapatero. Según ha sabido Público, A Easy Concept, entonces denominada Down Town Consulting, se le adjudicó a dedo el montaje de los estrados para las televisiones en el funeral de Estado por las víctimas del 11-M, celebrado el 24 de marzo en la catedral de la Almudena. La agencia Efe anunció la fecha del funeral el 16 marzo.

Por ese encargo, la compañía cobró 11.647,15 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria sobre Easy Concept incluido en el sumario Gürtel. Como en la mayoría de las ocasiones, también aquí se trató de un contrato menor, que no requiere concurrencia pública ni más justificación contable que las facturas.

Al empeorar las cosas para el PP con la apertura de una parte del sumario, Arenas, secretario general del PP hasta septiembre de 2003 y líder del partido en Andalucía, ha reaccionado prometiendo querellas contra cualquiera que lo vincule a la red corrupta. "No tengo absolutamente nada que ver", contestó rotundo el martes pasado. "No aceptamos ni media lección de ética", se jactó a renglón seguido.

, fuentes próximas a Arenas en la dirección estatal del PP aseguraron que nadie de su antiguo equipo ministerial recuerda aquel contrato. "Como eran unas tarimas para cámaras y fotógrafos es muy posible que contratase la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia", dijo una portavoz.

A la pregunta de por qué la elección recayó sobre Easy Concept, la misma fuente respondió así: "Correa no es un desconocido ni Álvaro [Pérez]. Quien fuera [que hiciese el encargo] dijo: Oye, llamad a Álvaro o a Correa. No es nada extraño. Y son 11.000 euros".

Pero la clave no es aquí el importe sino la fecha. En marzo de 2004, Easy Concept ni siquiera había cumplido medio año de vida. La empresa se constituyó el 15 de octubre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. La cercanía entre la constitución de Easy Concept y la encomienda del Ministerio de Presidencia para un acto de tal relevancia denota la familiaridad con que el grupo de Correa se movía en las aguas del PP. En el momento en que la sociedad recibió el encargo de Presidencia tenía como administradora única a Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el caso.

Empeñado desde febrero en marcar distancias con la trama y en presentar a su partido como la víctima de una conspiración y, en todo caso, de unos cuantos desaprensivos, Arenas anunció la semana pasada el inicio de acciones judiciales contra el secretario de comunicación del PSOE andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Vázquez había exigido a Arenas explicaciones sobre su relación con los miembros de la red.

La dirección del PP andaluz pretende también querellarse contra el secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, por "ensuciar" el nombre de Arenas. En este caso, la amenaza llegó después de que Zarrías recordase que Arenas había sido secretario general del PP. ¿Cuándo? "En los tiempos en que estos señores campaban por sus respetos y extorsionaban, chantajeaban y se llevaban el dinero a espuertas y de paso regaban a múltiples dirigentes del PP", dijo Zarrías.

El informe de la Agencia Tributaria que consigna el pago del Ministerio de Presidencia a Easy Concept muestra el amplio abanico de trabajos con Administraciones del PP que declaró a Hacienda. La Comunidad de Madrid, la Generalitat, varios organismos autónomos y ayuntamientos figuran en el listado.

El PP andaluz se ha prodigado en anuncios de querellas tras difundirse el informe policial de la UDEF que destapa la existencia de unas comprometedoras cartas incautadas a la trama y que se se archivaban en una carpeta con la leyenda "embolados". Las firma Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Y la más relevante de todas, por el rango de su destinatario, es la enviada a Mariano Rajoy el 18 de diciembre de 2003. En ella, el delegado de la red corrupta en Valencia exigía a Rajoy el pago de la deuda pendiente por la campaña de las elecciones gallegas de 1999. A lo largo del texto, Pérez recordaba a Rajoy que Javier Arenas estaba al tanto del problema. ‘El Bigotes’ ya había cursado a Arenas una carta en junio de ese año. En ella, lamentaba tener que contactar de nuevo con él por el asunto de la deuda.

(www.publico.es, 12/10/09)

12. AZNAR Y OTROS 30 DIPUTADOS DEL PP ACUDIRÁN A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO

Una treintena de diputados del PP acudirá el próximo sábado a la manifestación contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo que tendrá lugar en Madrid y en la cual también está previsto que participen el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja.

Aunque el PP como partido no ha apoyado expresamente la convocatoria, sí admite que sus militantes y dirigentes puedan respaldar, a título personal, el acto convocado por diversas organizaciones sociales, como el Foro Español de la Familia y apoyado por la Conferencia Episcopal.

Entre la treintena larga de parlamentarios que han confirmado su asistencia figuran el vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, el secretario tercero de la Mesa de la Cámara, Ignacio Gil Lázaro, y los diputados Vicente Martínez Pujalte y Sandra Moneo, según han anunciado ellos mismos.

Por otra parte, fuentes de la fundación FAES, que preside José María Aznar, han señalado que el presidente de honor del PP también asistirá a la manifestación, acompañado por Jaime Mayor Oreja. Ambos viajarán a Madrid desde Viena, donde el mismo sábado participarán en la clausura de la octava reunión anual de la Red Europea de Ideas, que preside Mayor Oreja en su calidad de vicepresidente del Grupo Popular Europeo (PPE).

(www.publico.es, 16/10/09)

13. PAÍS VASCO. BASAGOITI SE SIENTE "ALGO DESAUTORIZADO" POR SU PARTIDO EN MADRID

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que se siente "algo desautorizado" por su partido en Madrid a raíz del Concierto vasco, que "en ningún caso es un privilegio" o una forma de "tocar las narices".

Basagoiti ha explicado que en los próximos meses intentará convencer a su presidente, Mariano Rajoy, y a la opinión pública de la necesidad de equiparar las normas fiscales vascas y defender el Concierto.

Además, aseguró que los tres diputados vascos que abandonaron el salón de plenos del Congreso cuando el resto de diputados del PP iban a votar en contra de la tramitación no fueron "desleales" con su partido y dice que, si se les impone una multa, la pagará el Partido Popular en el País Vasco.

En una entrevista concedida a TeleBilbao, Basagoiti ha afirmado que se siente "bien" por haber mantenido "la coherencia" con lo que piensa porque siempre ha creído que el Concierto Económico "es bueno para Euskadi y es algo que es justo".

En cuanto a su partido en Madrid, aseguró que él les ha explicado este tema "con todos los papeles, los argumentos, la historia, la tradición, la Constitución, el Estatuto y con todo, y aún así" su posición "ha sido menos fuerte que la que manejaban ellos, que era la de que éste era un chantaje del PNV y el PSOE para unos presupuestos". "A veces, y esta ocasión es una de ellas, es más importante quedarse en el fondo, en lo importante, en lo que se defiende, que en el momento o en las formas", señaló.

Tras destacar que él es "muy peleón", apuntó que lo hace "sin maldad" y no supone "ninguna deslealtad" con su formación. "Que no comparta la decisión de mi partido en Madrid de votar en contra del blindaje no supone ninguna deslealtad porque lo digo a la cara, porque voy de frente, porque lo argumento, porque digo, además, que formo parte de esta organización y estoy muy orgulloso", indicó. En este sentido, afirmó que prefiere defender lo que cree, decir lo que no comparte y "no andar por detrás, sino ir de frente y decir las cosas".

El líder de los conservadores vascos señaló que "en todos los partidos, quien dice amén a todo, nunca tiene problemas", mientras que "aquel que es como quiere ser él, manteniendo líneas de lealtad y coherencia, tiene posibilidades de que se confíe en él".

A su juicio, "sí tiene su sitio" en una formación política "la gente genuina, si no es desleal, si no es incoherente y si no va por detrás, creo que sí tiene su sitio", y precisó que quien "no tiene futuro en un partido" es el "se pasa de la raya" o se niega a "dimitir", como ha ocurrido en Valencia.

Además, dijo que el PP vasco no han roto la disciplina de voto porque no han votado lo contrario a lo que el partido ha dicho. "Lo que se ha hecho al salir de la sala del salón de plenos cuando se votaba es demostrar que no se está de acuerdo", manifestó.

(www.publico.es, 14/10/09)

14. CATALUÑA. UN EXCANDIDATO DEL PP EN RIPOLL SE CONVIERTE AL SECESIONISMO

Pere Munell, excandidato del Partido Popular en Ripoll (Ripollès) en las pasadas elecciones municipales, sopesa crear una lista independentista cara a los próximos comicios locales. La nueva fuerza política primaría la vertiente nacionalista y englobaría simpatizantes procedentes tanto de la derecha como de la izquierda.

Munell tiene 45 años y regenta una gestoría familiar. En el 2007, encabezó la lista del PP en Ripoll, una población de 11.000 habitantes. Logró solo 183 votos (3,26%) y se quedó sin representación en el consistorio. En Ripoll, ERC y PSC gobiernan con seis y tres regidores respectivamente. En la oposición está CiU, con ocho.

El político justificó su decisión porque dijo sentirse "muy decepcionado con el PP", ya que no ha entendido "nada" de la idiosincrasia de una Catalunya que es "diferente" del resto de las autonomías. "Pensaba que eso podría empezar a cambiarse desde dentro del partido, pero no fue posible", se lamentó el excandidato conservador, que se autositúa en la órbita política de Josep Piqué.

Otro representante municipal del PPC que flirtea con el independentismo es el único edil en Cardedeu (Vallès Oriental), Alfredo Preñanosa, quien se abstuvo en una moción de ERC y la CUP a favor de una consulta independentista. El partido le ha abierto un expediente y estudia su expulsión por reincidente, ya que en marzo presentó una moción que pedía un referendo similar.

(www.elperiodic0.com, 10/10/09)

15. GALICIA. CASO GÜRTEL. FEIJÓO DICE QUE CRESPO DIMITIÓ EN 2003, PERO SU CESE ES DE 2005

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en marcar distancias con el ex dirigente del PP y número dos de la trama Gürtel , Pablo Crespo, al que mantuvo en su puesto de consejero del ente público Portos de Galicia durante los dos años y medio que desempeñó el cargo de conselleiro de Política Territorial del último Gobierno de Manuel Fraga (2003-2005). Feijóo explicó, en declaraciones a la cadena Ser, que ante, "por fin" habían conseguido aclarar este asunto al hallar un documento según el cual Crespo presentó su dimisión como consejero de Portos "a las pocas semanas" de la llegada de Feijóo a la Xunta. "Está registrada su dimisión", subrayó Feijóo para desvincularse de uno de los principales dirigentes de la trama corrupta.

Pero, haya o no presentado su dimisión, lo cierto es que Crespo siguió siendo consejero del ente público Portos de Galicia hasta 2005, año en que fue cesado por el Gobierno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño. Así consta en la página 20.550 del Diario Oficial de Galicia del 30 de diciembre de aquel año, que recoge el decreto 571/2005 "por el que se dispone el cese de los vocales del Consejo de Administración de Portos de Galicia". Entre ellos está el de Pablo Crespo, que hasta ese momento figuraba "en representación de la Consellería de Política Territorial".

Horas más tarde, Feijóo explicó a los periodistas esta paradoja diciendo que se trataba de una cuestión "meramente administrativa".

Una vez más, Feijóo intentó desvincularse de las irregularidades contables de su partido, recogidas en el sumario, aludiendo a su tardía incorporación al PP, que situó hace ocho años. "Yo empecé a militar en 2001", por lo que no entiende que alguien pretende decir que está "implicado en una trama en la que no estaba". Crespo, insistió, fue "apartado" del PP en 1999, fecha a partir de la cual, explicó citando el sumario, comenzó a trabajar con los dirigentes de la trama corrupta. Esto, subrayó, "es lo que sabemos. Si tenemos conocimiento de más, daré explicaciones", concluyó el presidente de la Xunta.

En 2001, fecha en la que Feijóo asegura que comenzó a militar en el Partido Popular, ya llevaba diez años de carrera política en cargos de responsabilidad en administraciones de los conservadores. Primero con Manuel Fraga, como número dos de las consellerías de Agricultura y Sanidad, y después con José María Aznar, como secretario general del Ministerio de Sanidad, presidente del Insalud y director de Correos. Fue entonces cuando se hizo con el carné del PP, justo a tiempo de ser llamado por Manuel Fraga para ocupar el puesto de José Cuiña en plena catástrofe del Prestige (2003)

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, abundó en el currículum del presidente. El propio Feijóo "presume" de que "le salieron los dientes en la Administración", así que ahora "no es coherente" que diga "que no tiene nada que ver". Si, tras la salida de Crespo del PP, realizaron una auditoría que reveló deudas no justificadas con la trama, Feijóo "no puede decir que no sabía nada". "¿Han puesto las conclusiones en manos de la Fiscalía o del Tribunal de Cuentas? ¿Están dispuestos a hacerlo ahora?", preguntó.

Leiceaga cree que Feijóo mantuvo a Crespo en Portos porque "seguramente sabía muchas cosas".

(www.publico.es, 10/10/09)

16. GALICIA. FEIJÓO AVALA LA COMPRA DE LA SEDE DE LA FEGAS POR 4 MILLONES

Feijóo avaló con sus palabras la compra de la sede de la Fegas, la fundación del Sergas que en 2003 pactó un sobreprecio de un millón de euros con la misma inmobiliaria que construía el local del PP. Lejos de parecerle exagerado el gasto (3,9 millones, incluyendo el acondicionamiento), lo estimó "conforme a los precios de mercado".

El presidente de la Xunta obvió un informe de Tinsa que cifra en 1,7 millones de euros el precio de mercado, y citó en cambio una auditoría que encargó el Gobierno anterior con el fin de abortar la compra. Según el único párrafo hecho público por Sanidade de ese informe, no había "causa de nulidad" de la operación, pero sí posibles "responsabilidades contables", por la "ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral". Feijóo hizo una lectura distinta de la auditoría, que, según él, "confirma que la compra se efectuó conforme a los precios de mercado".El presidente de la Xunta criticó al bipartito por "no hacer público" el informe jurídico sobre la operación de compra, incrementada en un millón de euros 18 días después de ser firmada ante notario. Según Alberto Núñez Feijóo, esa auditoría avala el precio pagado. Pese a las reiteradas peticiones de este periódico, la Consellería de Sanidade no facilitó el documento al que aludió Feijóo ni el pasaje en el que supuestamente se respalda el precio.

Según el informe de la consultoría Tinsa, la principal empresa de España en tasaciones inmobiliarias, el valor de la sede adquirida por la fundación del Sergas "a fecha de marzo de 2003", cuando se firmó el contrato ante notario, era de 1.756.800 euros. El informe, de 102 páginas, fue elaborado en enero de 2006 a instancias de la propia Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas). Incluso en esas fechas, tres años después de que se cerrara la compra, el precio de la sede, anexa a la del PP, era de 2.275.200 euros, casi un millón de euros menor que el pagado.

Para realizar su informe, Tinsa analizó el segmento del mercado inmobiliario de locales comparables, y se basó en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes. La consultora estimó asimismo los flujos de caja futuros, como diferencia entre los ingresos generados por los alquileres de los inmuebles, los gastos de gestión e impuestos y el valor de reversión.

A los 3,07 millones en que se cerró el contrato hay que añadir 800.000 euros que se gastó la Fegas en acondicionar el local, casi tanto como el precio en que registró el PP su sede (961.620 euros) ya habilitada. Toda la adaptación del inmueble del Sergas se encargó a la empresa que construyó su sede y la del Partido Popular, que hipotecó la suya por 1,1 millones de euros.

Feijóo se aferró a la auditoría interna para asegura que "no hay nada". Y contraatacó: "Cuando no se cometen errores, las injurias e insidias no se pueden presentar como una forma de hacer política". Para intentar demostrar que no hay ninguna relación entre la compra de la sede de la fundación y la del PP -adquirida en las mismas fechas y escriturada en un valor similar al del sobreprecio que pagó el Fegas-, se refirió al Gobierno anterior. "Si el bipartito ocupó la sede sin advertir de sus irregularidades, sería un cómplice, ¿o buscó y no encontró?".

(www.elpais.com, 16/10/09)

17. GALICIA. EL HIJO DE BALTAR SE POSTULA PARA SUCEDER A SU PADRE EN EL PP DE OURENSE

Solo, "aunque no en soledad", en un acto convocado por sorpresa y celebrado en un hotel de la ciudad "porque es una decisión personal", José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, anunció su candidatura al congreso provincial del partido, que aún no tiene fecha. Baltar Blanco, de 42 años, definió su iniciativa como "firme, contundente, inapelable, irrevocable, absolutamente meditada y razonada y que conviene que la diga para atajar todo tipo de especulaciones y comentarios". "No tiene vuelta atrás", sentenció.

Pero acabó corrigiéndose y despejando la incógnita de su operación. "Sólo cambiará el escenario si el presidente provincial decide presentar su propia candidatura, cosa que, pueden creerme, yo desconozco", afirmó. "Si el señor Baltar decide presentarse, yo me retiro", insistió, dando con ello al anuncio de su candidatura un tinte de órdago al presidente del PP gallego, que tiene pendiente una entrevista con su padre para hablar sobre esta cuestión.

Baltar Blanco dijo que mucha gente, incluido Núñez Feijóo, sabían de su "voluntad", pero ninguno de ellos conocía su "decisión" de presentar la candidatura para aspirar a presidir el partido en la provincia "en estos tiempos difíciles". "Son ustedes los primeros en saberlo y quienes transmitirán la noticia", incluso a su padre y al líder del partido en Galicia, aseguró a los periodistas.

José Manuel Baltar dijo que desconoce cuántos apoyos puede tener en Ourense, ni si contará con los mismos que sustentan a su progenitor, fundamentalmente los alcaldes, y ni siquiera si su padre intentará convencer a Feijóo de que su vástago es el mejor candidato posible. "Yo formo parte de un equipo liderado por José Luis Baltar y supongo que tendré los mismos respaldos" que él, acabó contestando, aunque matizó que "no estoy aquí para compararme con él ni para ganar por 20 o por 50". Y sobre la reacción de Feijóo a su candidatura, supone que "no hará una reflexión negativa; tiene que saludar que se presente cualquier afiliado con ganas de dirigir una organización".

Baltar Blanco ve clara la victoria (suya o de su padre). Sabe que sólo hay posibilidad de candidato alternativo si él se presenta y retó a sus compañeros de partido a que se postulen y a debatir con ellos "en público o en privado, donde quieran". Pero ya adelantó que la junta provincial, controlada por el baltarismo, decidirá el número de compromisarios que asistirá al congreso en una combinación "entre el nivel de participación en las elecciones y el resultado de las mismas en cada municipio". Esto es, que quienes elegirán al próximo presidente provincial serán los alcaldes y concejales de los municipios que controla José Luis Baltar, la mayoría empleados -ellos y sus familiares- en la Diputación.

Si finalmente se presenta y gana el congreso, José Manuel Baltar reeditará el baltarismo, aunque irá más allá en su defensa del galleguismo. "Para el PP de Ourense es incuestionable que el idioma oficial de Galicia es el gallego y yo estoy dispuesto a promocionarlo y a luchar por ello", señaló para reivindicar que eso forma parte del "ideario del PP de Galicia". En esta línea, expresó su complacencia con la manifestación convocada para el domingo en Santiago por la plataforma Queremos galego, aunque no asistirá a ella.

El precandidato justificó su decisión en su experiencia de "17 años de afiliado al PP" y en el ejercicio de diversos cargos orgánicos en la estructura provincial y más recientemente como miembro de la ejecutiva del PP de Galicia.

(www.elpais.com, 16/10/09)

18. GALICIA. EL PP CONDENA EL TRANSFUGUISMO MIENTRAS JUSTIFICA UNA NUEVA MOCIÓN

La misma mañana en que se presentaba una nueva moción de censura, esta vez contra el alcalde socialista de Folgoso do Courel (Lugo) -la quinta en lo que va de año en Galicia y que el PP no critica-, todos los grupos votaban en el Parlamento una iniciativa para combatir el transfuguismo. En ella se insta a los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo a publicar una lista de tránsfugas que no podrán volver a figurar en las candidaturas de sus partidos y deberán ser vigilados para que no se aprovechen de su condición política.

Después de cerca de media hora lanzándose acusaciones, haciendo rebotar el caso de Benidorm con los escándalos que afectan al PP valenciano, los tres grupos de la Cámara votaron a favor de la propuesta, que refuerza el pacto contra los tránsfugas. No salió adelante, sin embargo, el texto original del PSdeG. El PP volvió a pedir que se resuelva el transfuguismo devolviendo la alcaldía al partido más votado. Los socialistas creen que esta solución, que fue descartada, demuestra que a los populares "les importa matizar el pacto antitransfuguismo según sus necesidades".

Tanto PSdeG como BNG remarcaron que el transfuguismo en Galicia "beneficia al PP". El nacionalista Alfredo Suárez Canal avisó: "No habría transfuguismo si no hubiera voluntad de beneficiarse del transfuguismo". Primero, Mos. Después, Gondomar. Silleda y Láncara están en proceso y le tocó a Folgoso do Courel. El PP no ha condenado ninguna de estas mociones de censura. Incluso ha evitado aclarar si volverá a incluir en sus listas a los tránsfugas de Silleda. Hace una semana, Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, no descartó que los cinco ediles que presentaron su renuncia a la militancia en el partido tras firmar la moción de censura en Silleda vuelvan algún día.

"Si su modo de hacer política es que sigan personas tránsfugas", espetó la socialista Beatriz Sestayo a Antonio Rodríguez Miranda, del PP, "entonces no merecen estar donde están". Tampoco ahora, con la nueva moción de censura en Folgoso do Courel, el PP se compromete a excluir a los concejales que han promovido la operación de futuras listas electorales. Justifica su comportamiento al entender que antepusieron "por encima de todo" los intereses de los vecinos.

(www.elpais.com, 15/10/09)

19. ANDALUCÍA. MARBELLA PAGARÁ 1.500 EUROS MÁS AL MES A UN EDIL POR EL ALQUILER DE UN EDIFICIO

El conservatorio municipal de Marbella (Málaga) vuelve a sonar a música celestial para el concejal del PP Antonio Eulalio Maíz y sus familiares. El edil y otros parientes suyos recibirán conjuntamente casi 1.500 euros más cada mes por el arrendamiento del edificio en el que se alberga la escuela de música y danza, después de alcanzar un "acuerdo transaccional" con el Ayuntamiento para prorrogar la ocupación del edificio. El pacto con el Consistorio, alcanzado el pasado 15 de septiembre y aprobado por la Junta de Gobierno Local, eleva de 6.000 a 7.482 euros mensuales la renta mensual que percibirán Maíz y su familia por el alquiler, al menos hasta septiembre de 2010. El precio final acordado es inferior al solicitado por los propietarios, que reclamaban 8.287 euros al mes.

Los hermanos Maíz Martín arrendaron el edificio, ubicado en la plaza del Puente de Ronda, en pleno casco histórico de Marbella, el 1 de enero de 1994 por un periodo de 15 años. En estos tres lustros estaba previsto que el Ayuntamiento construyera unas nuevas instalaciones para albergar a los estudiantes de música, sin embargo, las obras del nuevo conservatorio, un edificio de 1.400 metros cuadrados en el parque de la Constitución, no se contrataron hasta el pasado 30 de julio.

El contrato de arrendamiento para el centro actual finalizaba el 31 de diciembre de 2008 y la familia Maíz Martín anunció al Ayuntamiento que no tenía intención de renovarlo, lo que en teoría obligaba a desalojar el edificio y dejar a estudiantes y profesores sin instalaciones. En noviembre de ese año, la Junta de Gobierno Local decidió dar por concluido el contrato en su fecha pero mantener el uso del inmueble hasta julio de 2009. Para ello, el Ayuntamiento invocó el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este precepto permite mantener en vigor las condiciones de un contrato cuando su nulidad -en este caso, su finalización- produzca "un grave trastorno al servicio público".

Este movimiento iba en contra de los intereses particulares del concejal Antonio Maíz y de sus hermanos. Por ello, en diciembre de 2008, presentaron un escrito de reclamación. La familia solicitaba una indemnización de 8.287 euros por cada mes de prórroga del contrato. Esta cifra, que suponía aumentar la cuota mensual un 38%, era una actualización de la renta del edificio realizada por un agente de la propiedad inmobiliaria.

En junio de 2009, el Ayuntamiento rebajó estas pretensiones con un informe de su servicio técnico de Patrimonio. El perito municipal tasó el valor del alquiler en 7.482 euros al mes. Finalmente, el concejal y su familia aceptaron este precio, un 25% superior al que venían cobrando hasta diciembre de 2008 gracias al contrato logrado cuando el fallecido Jesús Gil gobernaba Marbella.

El alquiler del edificio no sólo ha supuesto el cobro de un alquiler que arrancó en 750.000 pesetas (4.500 euros) mensuales, sino también una revalorización del edificio, ya que durante los tres lustros de arrendamiento, el Ayuntamiento ha invertido 2,4 millones de euros en reformas del inmueble. En diciembre de 2008, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recibió más de 2.000 alegaciones contra la decisión del equipo de Ángeles Muñoz de cambiar su calificación urbanística de equipamiento público -lo que permitía su expropiación- a suelo residencial privado.

Según los cálculos municipales, las obras del nuevo conservatorio y el acondicionamiento del edificio no estarán listas hasta septiembre de 2010. Este retraso de 20 meses le costará al municipio 149.640 euros en alquiler, que acabarán en parte en los bolsillos de su concejal delegado de Salud y Servicios. En su declaración de bienes, firmada en junio de 2009, Antonio Maiz reseñó tener seis viviendas en la provincia de Málaga así como un saldo total en sus cuentas bancarias de 137.525 euros.

(www.elpais.com, 15/10/09)

20. ANDALUCÍA. LOS ÚLTIMOS DEL GIL DESAPARECEN TRAS RECALAR EN EL PARTIDO POPULAR

Con la reciente dimisión de Juan Carlos Juárez como alcalde de La Línea, tras ser inhabilitado por la Audiencia Provincial de Cádiz, desaparece de la escena política uno de los últimos exponentes del gilismo. Fichado por el PP en septiembre de 2001, la impronta gilista fue siempre evidente en sus formas autoritarias y su gestión oscurantista, independientemente de lo que resuelvan los tribunales sobre las diversas causas abiertas por presuntas irregularidades. Juárez, que ha anunciado que volverá a ser candidato en 2011, ha quedado apartado de la política por la acción de la justicia, lo mismo que le ocurrió a otros regidores del sello Grupo Independiente Liberal (GIL), entre ellos el propio fundador del partido, Jesús Gil; Marisol Yagüe (Marbella), o Pedro Tirado (Manilva), aunque estos tres tuvieron además que pasar por la cárcel.

Aún queda un alcalde de procedencia gilista, Fernando Palma en San Roque, también en el PP, investido dos veces al más genuino estilo gilista, con votos tránsfugas. Palma llegó a la alcaldía en mayo de 2000 mediante una moción de censura contra el socialista José Vázquez votada por ediles independientes y del PP. Éstos fueron advertidos de sanción, pero un año más tarde el PP fichó a Vázquez aunque, al contrario que en La Línea, no le sirvió para ganar ni en 2003 ni en 2007. Vázquez fue alcalde hasta que murió en marzo pasado. Pero en la elección de sucesor, una concejal socialista se negó a investir a su compañero de partido y facilitó que Palma fuera investido alcalde nueve años después.

Palma fue número dos en la lista que en 1999 encabezó Carlos Santos, un abogado amigo de Gil que al perder las elecciones dimitió porque vivía en Madrid y no le compensaba trasladarse para hacer oposición. A Gil sólo le valía el poder y su propio yerno, Eduardo de las Heras, hizo lo mismo en Benalmádena.

Allí donde tuvo representación, el GIL sembró la inestabilidad política, al margen de que se cometieran o no ilegalidades. Menos en La Línea, en todos los municipios donde el partido de Jesús Gil tuvo representación determinante siempre participó en al menos una moción de censura (Ceuta, Estepona, Ronda, Manilva, Casares y San Roque), y pactó con quien le hiciera falta (PSOE, PP, IU, y PA). Hasta en Marbella, el feudo intocable, una vez retirado Jesús Gil, las ambiciones de poder de sus sucesores les llevaron a romper el partido en la moción de censura de Marisol Yagüe contra Julián Muñoz.

En Melilla no necesitó moción de censura, y lo que hizo fue convencer a dos diputados socialistas para que no votaran el pacto anti GIL pactado por los demás y juntos invistieron a Mustafa Aberchan, del partido musulmán Coalición Por Melilla. Un año después, el pacto se recompuso y fue investido el popular Juan José Imbroda mediante una moción de censura que apoyaron algunos desertores del GIL.

La herencia del GIL deja el mayor caso de corrupción política conocido en España, Malaya, que motivó que por primera vez se disolviera una corporación municipal, la de Marbella, tras 15 años de gobiernos gilistas. En el otro gran caso de corrupción en la Costa del Sol, Astapa, en Estepona, está imputado el que fuera primer teniente de alcalde del hijo de Gil, José Ignacio Crespo, que tuvo el mismo cargo después con el socialista Antonio Barrientos, principal imputado.

Gil tocó techo en 1999, cuando sumó 93 concejales en 13 municipios (9 de Málaga, dos de Cádiz, Ceuta y Melilla). Ha tenido las alcaldías de Marbella, Estepona, Ceuta, Casares, Manilva, La Línea y San Roque; y ha cogobernado en Melilla y Ronda. En 2000 en cambio fracasó en las elecciones generales y autonómicas, y ahí comenzó a desmembrarse. El PP ha sido su principal heredero, refugio de más de la tercera parte de esos 93 concejales.

(www.elpais.com, 11/10/09)

21. ANDALUCÍA. UN JUZGADO EMBARGA POR IMPAGO LA SEDE DEL PP DE CÁDIZ

El Juzgado número uno de Barbate (Cádiz) ha ordenado el embargo de la sede provincial del PP de Cádiz. La decisión llega después de la denuncia de la empresa Procogades, que había arrendado una oficina al partido para la sede local de Barbate, que estuvo en funcionamiento entre 2002 y 2007. En estos cinco años, el PP dejó a deber 31.652,20 euros.

Como el PP de Barbate no ha respondido al pago, el juzgado se ha dirigido a la dirección provincial, a la que embarga su principal sede, en la calle Cánovas del Castillo. El presidente provincial, José Loaiza, explicó que habían recurrido el fallo previo de la Audiencia Provincial que reconocía la deuda contraída y que, de momento, no conocía el auto que ordena el embargo.

Loaiza anunció que el partido buscará "fórmulas para pagar" y tratará de evitar el desalojo forzoso. Además del dinero adeudado, el PP tiene que pagar otros 7.000 euros por intereses y costas.

(www.elpais.com, 16/10/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ANIMA A RAJOY A SEGUIR SUS PASOS CON BÁRCENAS Y MERINO

Cada vez que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, toma la palabra sobre el caso Gürtel, se forma un revuelo en el seno de su propio partido: , la que amagó con disputar el liderazgo del PP a Mariano Rajoy, daba una nueva campanada al dejar caer ante los periodistas que está "segura" de que el actual presidente conservador terminará por seguir la senda que ella ha abierto y, una vez se conozca todo el sumario, expulsará del grupo popular en el Congreso y en el Senado al diputado Jesús Merino y al senador Luis Bárcenas, si se demuestra que hay indicios delictivos contra ambos, tal y como apunta el Supremo. Habrá que esperar a que llegue ese momento para ver si esa "seguridad" de Aguirre es o no acertada ya que, al menos por ahora, a la dirección popular no se le pasa por la cabeza tomar semejantes medidas. "La de Aguirre es buena decisión. Pero cada situación es cada situación", aseveró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Se da la circunstancia de que Aguirre fue la primera en adoptar medidas contra los políticos madrileños imputados por un juez y, tras el levantamiento del secreto judicial sobre un tercio de sumario Gürtel, ha vuelto a ser la primera en tomar decisiones: el jueves, acaparó la atención de todos los medios de comunicación al forzar que sus cinco implicados en la trama corrupta –tres parlamentarios y dos exalcaldes– dejasen el grupo popular, bien en la Asamblea regional o bien en sus respectivos consistorios. Con mayor o menor intención, ha dejado a Rajoy y al presidente valenciano, Francisco Camps, en evidencia.

Y siendo obvio que es la dirigente del PP que más rápidamente toma decisiones en torno a este asunto, Aguirre se permite dejar consejos en el aire a Rajoy, como el que concierne a Bárcenas y Merino. Trato distinto da a Camps, al quien dice que no puede servirle "en absoluto" de ejemplo, ya que ella se ha encontrado con cargos imputados en el caso. "En Valencia, en este momento, no hay nadie imputado y los que lo estaban [en referencia al propio Camps y a su número dos, Ricardo Costa], han sido exonerados", remachó. En este contexto, no dudó en manifestar que "confía plenamente" en el presidente de la Generalitat valenciana y que está convencida de que "hará lo que tiene que hacer".

Pero Aguirre, que estuvo locuaz tras el comité de dirección del PP de Madrid, habló tanto de los ajenos como de los propios y confesó sentirse "muy dolida" con su exconsejero Alberto López Viejo –que se encargaba personalmente de organizar los actos de la presidenta– ya que, según ella, le engañó. "En el 2005 le di instrucciones clarísimas, ante la aparición de unas denuncias relativas a Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esa empresa. Me dijo que no me preocupara, pero contratábamos a otras que eran de los mismos dueños", relató.

Asimismo, explicó a los periodistas que ya en su día remitió al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón todas las facturas que se habían encontrado en la comunidad ligadas a compañías que formaban parte de la red de corrupción. Y en lo que concierne a los diputados que el jueves expulsó del grupo popular, Aguirre señaló que va a impulsar la modificación del reglamento de la Asamblea de Madrid para que puedan ser diputados no adscritos. Tanto PSOE como IU apoyan esa propuesta.

(www.elperiodico.com, 10/10/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD

Esperanza Aguirre recurrió a la misma estrategia que ha utilizado desde que en febrero de este año estallara la trama Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos cargos imputados en el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear, esta vez en la Asamblea, de ser la campeona contra la corrupción. Defendió que lo importante no es que haya "corruptos o incluso delincuentes", sino que "la diferencia está en lo que se hace cuando se ponen de manifiesto".

La trama salpica a Madrid con 13 altos cargos del PP imputados, entre ellos un ex viceconsejero, cuatro ex alcaldes y, fundamentalmente, un ex consejero, Alberto López Viejo, que era la mano derecha de la presidenta, el que se encargaba de organizar los actos donde ella acudía.

Aguirre, también del PP regional, eludía así su responsabilidad en que su Gobierno contratara tres millones a las empresas de Francisco Correa, en su mayoría a fuerza de trocear los contratos (en total 358) para que no superaran los 12.000 euros y poder adjudicarlos a dedo, según el sumario del caso. Ella argumenta que el cese del ex consejero es suficiente para eludir su responsabilidad.

Esta vez los argumentos los utilizó en sede parlamentaria, donde Aguirre defendió la legalidad de los "30.000 contratos" de sus gobiernos desde 2003. "Todos sujetos al control de la comisión de vigilancia de las contrataciones", sentenció. Y recibió un sonoro "Nooo" de la bancada de la izquierda. Hace meses que IU y PSM se quejan de impedimentos para supervisar la gestión de Aguirre, sobre todo con el Gürtel. Justo el día anterior, sus diputados abandonaron dicha comisión porque Sanidad no da cuenta del 90% de los gastos sanitarios. "Digan cuáles les faltan, que los pongo a su disposición", retó Aguirre.La primera en atacar el caso Gürtel en la Asamblea fue la portavoz de IU, Inés Sabanés. Reprochó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que la crisis política que sufre su gobierno le impida resolver la situación económica de la región. "¿Cómo pretende usted explicar a los 430.000 parados su tesis sobre la austeridad? ¿Con el espectáculo degradante de una red corrupta, los excesos y el despilfarro?", espetó la portavoz de IU.

Aguirre ha creído encontrar un punto flaco en la portavoz de IU y , por segunda vez, le reprochó una supuesta cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre, Sabanés le hace el "trabajo sucio" al PSM al preguntar por el caso Gürtel. "Usted sigue hablando de Correa y del Bigotes", recriminó la presidenta. "Haga su trabajo de oposición y deje que los jueces hagan el suyo". Sabanés no tuvo ocasión de responder.

Pero fue la portavoz socialista, Maru Menéndez, la que preguntó por los contratos con Correa. "La Comunidad de Madrid jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama", le respondió la presidenta, entre los abucheos de la oposición. "Si se demuestra que ha habido sobornos o cohechos, yo seré la primera en hacer que caiga todo el peso de la ley", zanjó. Esta vez la aplaudieron los suyos.

"¿Es usted responsable de los actos de su Gobierno?", espetó Menéndez. La portavoz socialista le recordó a Aguirre que el Ejecutivo regional contrató en 371 ocasiones con las empresas de Correa [358, según cálculos de este periódico] y detalló las cantidades gastadas por cada consejería. "Ahora usted pretende aparecer como adalid de la transparencia y contra la corrupción", increpó a la presidenta. "No, usted es la responsable de todas esas contrataciones".

En su respuesta final, Aguirre vinculó la trama Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de Correa dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la presidenta en referencia a las escuchas policiales del sumario. Y se contestó a sí misma que es porque ella paralizó la operación de venta de suelo que se conoció en 2005 como el caso Majadahonda, donde se pretendía vender terrenos públicos por debajo de su precio de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de otras".

Pero el discurso de Aguirre no aguanta un asalto de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que ha sido ella la que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los responsables. En cambio, el pasado 9 de febrero, cuando los medios le pedían explicaciones por el cese de López Viejo, afirmó: "Desconozco las razones que tiene para dimitir". Y también: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid".

Hasta llegó a insistir varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También aseguró ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". Es cierto que ella estuvo detrás de las dimisiones de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Pero también que ha tardado ocho meses en echar a los diputados imputados del grupo popular, pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.

El sumario del caso ha revelado además que el Gobierno regional sí contrató con las empresas de Correa, que lo hicieron casi todas las consejerías y que López Viejo era "el muñidor" de esos contratos. En el segundo mandato de Aguirre ya era consejero, pero en el primero fue sólo un viceconsejero. La investigación policial desveló que López Viejo, que manejaba la agenda de la presidenta, obligaba a los consejeros a contratar con las empresas de Correa bajo la amenaza de no llevar a Aguirre a los actos. La presidenta elude una y otra vez que sea responsable, pero si López Viejo amedrentó a sus superiores es porque todos sabían que lo respaldaba la presidenta.

(www.elpais.com, 16/10/09)

24. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP

La reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y de esa manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del grupo popular la semana pasada por su implicación en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP— comenzó anoche al filo de las diez con una votación unánime para admitirla a trámite. En ella no estuvieron ni los diputados imputados en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la presidenta Esperanza Aguirre. Era un resultado esperado, pero la sorpresa la dio la bancada de la izquierda (PSM e IU), por la virulencia con la que salió a defender su voto a favor "por responsabilidad" y para evitar que los diputados imputados se beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del grupo popular.

Sobre todo, la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco, acusaron a los populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los implicados y que mantengan su condición de aforados. "Tienen ustedes un acuerdo de gestión de crisis en esta Asamblea", espetó Sabanés. "Hacen expulsiones a la carta y fariseísmo político", recriminó Franco. El diputado socialista tachó de "aberración jurídica" el texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación".

Enfrente, como a lo largo de todo el pleno, quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los imputados en la trama. Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz adjunto del PP Benjamín Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch acudieron al pleno, igual que tampoco lo hicieron la semana pasada, cuando fueron expulsados. Y eso que la Cámara regional se dio prisa en colocar las placas con sus nombres en la última fila de la bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular, pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que tiene la Cámara, porque sólo los ocupan 120 diputados. Ahora que no están adscritos a ningún grupo –la Mesa de la Asamblea los ha asignado al mixto, mientras se tramita la reforma del reglamento–, la única obligación de estos parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Y, aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808 euros mensuales.

(www.elpais.com, 16/10/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS

Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa. Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las adjudicaciones.

Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos. La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.

Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está igualmente imputado).

- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.

La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la obra a Teconsa.

El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad y otras en contratos menores.

- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.

- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.

(www.elpais.com, 12/10/09)

26. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY

El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.00 vecinos) Jesús Sepúlveda, uno de los tres ex regidores madrileños imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP dejó por la mañana su acta de concejal en el Ayuntamiento. Sepúlveda lo comunicó a sus ediles, tras mantener una conversación el día anterior con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que le pidió que abandonase su puesto como concejal.

El juez que ha instruido el caso, Baltasar Garzón, le acusa de recibir comisiona que suman 423.000 euros de la trama corrupta, además de regalos: un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma. El pasado mes de marzo, Sepúlveda fue suspendido cautelarmente de militancia tras ser imputado en el caso Gürtel y se mantuvo como concejal en el grupo. Entonces aseguró que los hechos que se le imputaban "nada tienen que ver con este Ayuntamiento", aseguró. "Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi anterior etapa política, en absoluto vinculada a Pozuelo y su Ayuntamiento".

Después de quedarse como edil, habló con el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, para poder incorporarse a su puesto de asesor del PP, que tenía antes de ser senador y alcalde. Rajoy le comunicó que sí podría incorporarse.

Jesús Sepúlveda ha hecho caso a la presidenta regional de su partido y se ha marchado del Ayuntamiento de Pozuelo, municipio en el que vive y en el que ha ganado dos veces las elecciones. Pero está en nómina del PP, como asesor desde que Rajoy lo recuperara. El ex alcalde, un hombre de la vieja guardia muy cercano a José María Aznar, adujo que él era empleado del PP -antes AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se presentó a las elecciones.

El ya ex edil de Pozuelo tiene 54 años, es madrileño y estuvo casado con la diputada nacional Ana Mato. Comenzó su carrera en Castilla y León. José María Aznar era entonces presidente de la Junta, y Mato estaba en su gabinete. Él fue gerente de esa comunidad entre 1987 y 1991.

La pareja volvió a Madrid cuando Aznar fue elegido presidente del partido. En esa época, durante una década, organizaba los actos del PP, y conoció a Francisco Correa, el responsable de la trama corrupta. Le encargaba trabajos. Posteriormente, fue elegido senador por Murcia. En 2003, el líder saliente le nombró candidato a la alcaldía de una de las ciudades más importantes para el PP, un municipio con la renta per cápita más alta de España. El sitio que él había elegido para vivir.

Cuando ganó las elecciones, se rodeó de asesores y cargos de confianza. Quienes trabajaron con él le definían como alguien amable, plano, gris y acostumbrado a glosar las bondades de los vecinos de Pozuelo. Ningún mensaje de altura. El ex edil es próximo al secretario de organización, Juan Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Sepúlveda, según datos del Ayuntamiento de Pozuelo, vive en un adosado de una lujosa urbanización de la ciudad, La Finca, donde suele jugar al pádel. Tiene de vecinos al futbolista Raúl, al torero Fran Rivera y al motociclista Fonsi Nieto.

(www.elpais.com, 10/10/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVO REVÉS JUDICIAL AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Al Ayuntamiento le crecen los enanos en los juzgados. No pasan dos meses sin que un juez falle en contra de alguna gran decisión tomada por el Consistorio en los últimos años. Son ya ocho sentencias desfavorables en 24 meses que han tumbado leyes, ordenanzas o remodelaciones que, según los tribunales se han hecho de manera ilegal. En la mayoría de casos, el Ayuntamiento considera que se trata de errores formales sin consecuencias prácticas. Pero en todas las sentencias se señala que el gobierno municipal ha actuado de forma ilegal.

El varapalo más reciente es el que ha aceptado un recurso del PSOE y que anula varias partidas por valor de 77 millones de euros de los presupuestos municipales de 2005. Según el magistrado, Hacienda destinó ese dinero, obtenido a través de la venta de patrimonio público, a proyectos que, según la Ley del Suelo de la Comunidad, no podían ser financiados así. Entre estas reformas está el anillo distribuidor de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la remodelación del intercambiador de Conde de Casal o el acondicionamiento de varias dotaciones públicas. Según la ley, el dinero del patrimonio tiene que destinarse a proyectos completos y no a complementos.

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y considera que, en cualquier caso, se trata de un error formal subsanable. El concejal del PSOE Pablo García Rojo cree que el fallo es sintomático de la forma de actuar del Consistorio. "La excelencia en la gestión que proclama el alcalde no es tal porque, a pesar de haber multiplicado sus cargos de confianza, hacen una gestión económico-financiera que sobrepasa los límites legales".

A este revés hay que sumar el que anuló los presupuestos de 2002 por el mismo motivo. El Consistorio alegó entonces que el problema era de la anterior Corporación. La sentencia no tendrá efectos prácticos.

Pero, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento han llegado recientemente fallos que cuestionaban la legalidad de otras grandes decisiones que se han tomado durante los dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. El último, el que anula la ampliación de la zona de parquímetros fuera del anillo de la M-30. Una sentencia del TSJM que confirma el fallo anterior de los tribunales y que se basa en una cuestión formal sobre cómo se tomó la decisión. El Ayuntamiento tuvo que enmendarse antes del verano mediante pleno para resolver el entuerto creado.

Además, un juez también anuló la nueva tasa de vados por la que se aumentaba sobre medida la cuantía de dicho impuesto. El Ayuntamiento recurrió esa decisión al Tribunal Supremo y está a la espera de la decisión final. Mientras tanto, asociaciones ciudadanas ya han iniciado campañas para no pagar el aumento de precio.

La ampliación del Plan General de Ordenación Urbana también fue anulada, así como la ampliación de Mercamadrid, la restricción al tráfico de la colonia Marconi o las obras de la M-30. Una retahíla de sentencias, cree la oposición, que retratan una manera de actuar del gobierno municipal.

(www.elpais.com, 15/10/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A RAJOY LA CABEZA DE COSTA PERO POSPONE LA EJECUCIÓN

Todo el mundo daba por hecho que el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, sería forzado a dejar la vida política, aunque existían dudas sobre el día y la hora a la que tendría lugar el suceso. Pero, ya entrada la noche, el entorno del presidente autonómico, Francisco Camps, movió ficha y comunicó a la prensa, a través de un SMS, que será el martes, en el seno del comité ejecutivo del PP valenciano, cuando se haga efectivo su "cese temporal", pese a que insisten en que "en ningún caso se pone en entredicho ni su capacidad ni su trayectoria política".

Por tanto, Camps cede por fin a las intensísimas presiones ejercidas desde Madrid y otras autonomías para que, una vez levantado el secreto judicial del sumario del caso Gürtel, tomase alguna medida ejemplarizante sobre aquellos que, como Costa, habían quedado en evidencia por su estrecha relación con los empresarios corruptos. Según parece, el presidente autonómico prefería no enturbiar el día de la Comunidad Valenciana, que se celebró , pero resultó imposible ante las jugadas que fueron protagonizando unos y otros. Hubo populares como Esteban González Pons que, tirando de reloj, intentaron ponerle hora al anuncio del cese o destitución de Costa desde primera hora de la mañana. Pero, para sorpresa de algunos y bochorno de casi todos, el propio Costa intentó romper ese plan anunciando que, lejos de dimitir, su proyecto inmediato era aprovechar el puente del Pilar para hacer el Camino de Santiago.

Lo que resultaba indisimulable es que Rajoy esperaba noticias por la tarde. Sin falta. Solo eso explica que enviara a la recepción del día de la Comunidad Valenciana a su portavoz, el también valenciano Esteban González Pons, a subir la presión sobre el dubitativo presidente Camps al máximo límite: "Ha llegado el momento de hacer algo o de hacer algo [...]. La fiesta en Valencia acaba a las cuatro de la tarde". Gracias a González Pons y al goteo de teletipos y crónicas que se fueron colgando en páginas webs admitiendo las intenciones de Rajoy, quedó claro que la dirección del PP no estaba dispuesto a esperar más para obtener la cabeza de Costa, después de que hubieran salido a la luz comprometedoras conversaciones suyas con el empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, imputado en el caso Gürtel.

Además, conviene tener en cuenta que a las continuas peticiones de explicaciones y medidas que le han estado llegando a Camps desde Madrid y otras comunidades, se unieron el jueves las palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, uno de los símbolos del poder popular en esta región. Seguramente, la amenaza de fractura interna en su propia organización hizo reaccionar al presidente valenciano, quien, al parecer, estaba dispuesto a actuar pero no a que le ridiculizaran en público subrayándole el cuándo. "La fiesta no termina esta tarde", aclaró, marcando sin disimulos distancias con las directrices que González Pons traía desde Madrid.

Y mientras se producía ese tenso pulso declarativo entre Camps y González Pons, Costa aceptó tener un tú a tú con los periodistas. "¿Le ha pedido Camps que dimita?". Sin perder su habitual sentido del humor, bromeó con lo directo que había sido su interlocutor. "He mantenido varias conversaciones con el presidente y, en todas ellas, me ha trasladado su confianza en mi persona y mi gestión", respondió. "¿Pero le ha pedido o no que dimita?", se insistió. "A nosotros no hace falta que nadie nos pida la dimisión. Cuando alguien comete algún tipo de irregularidad y esta se demuestra, de forma automática abandona sus responsabilidades", añadió. Y es precisamente en esta última respuesta donde radica la explicación de lo que está ocurriendo: él no cree ser culpable de nada o, al menos, no considera que sea más culpable que otros compañeros de filas, como el vicepresidente autonómico Vicente Rambla.

El caso es que llegaron las cuatro de la tarde. Las cinco, las seis, las siete... y no había cabeza política servida en ninguna bandeja valenciana. En el entorno de Rajoy crecía la tensión. Y en Valencia se repetían una pregunta: ¿qué hacer si Costa había difundido sin pudor que se iba de puente y que, al menos hasta el martes, no estaría disponible para estos temas? Al final, decisión salomónica de Camps: el cese "temporal" se oficializará el martes, gracias a la treta vacacional de su secretario general. Pero se confirmó , por si alguien, incluido Costa, todavía tenía alguna duda.

(www.elpais.com, 10/10/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA RETA A RAJOY A EXPLICAR SU CESE Y ASEGURA QUE SIGUIÓ DIRECTRICES DE CAMPS

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no dejará su cargo voluntariamente, pero si aceptará su cese cuando, tal y como está previsto, sea destituido por la dirección regional del partido. Costa se va, pero antes ha dejado claro que nunca actuó al margen de Camps ni de Rajoy. "Siempre he cumplido mis responsabilidades y he trabajado con absoluta lealtad, cumpliendo la ley y ciñéndome a las directrices de la dirección regional del PP. He actuado con lealtad a Camps y a Rajoy", ha reiterado el dirigente mientras ha leído un comunicado en la sede del PP en Valencia. Costa ha insistido una y otra vez en que tiene la conciencia tranquila y en que no va a permitir que nadie lo utilice de chivo expiatorio: "Tampoco sería procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir presuntas responsabilidades de terceros, que no me constan".

Costa ha retado a la dirección nacional del PP a que abra una investigación interna si tiene alguna sospecha. "Nadie de la dirección nacional me ha llamado para darme una explicación de esto. Espero que el PP nacional defienda mi honorabilidad y lo haga de forma pública", ha asegurado el secretario regional del PP valenciano. El dirigente valenciano ha recordado que lleva 20 años en el partido y que en ese periodo los populares han obtenido los mejores resultados de su historia.

El todavía número dos del PP valenciano sí ha querido dejar claro tres aspectos: que nunca ha tenido responsabilidades en la dirección de las campañas electorales en la Comunidad Valenciana, que Orange Market, la empresa elegida por el PP para la organización de la mayoría de los actos de campaña, trabajaba con el partido antes de llegar él a la dirección del PP valenciano, y que él no tiene responsabilidad alguna sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market. "Nunca tomé esa decisión. Además la dirección nacional nunca nos ha pedido que dejásemos de trabajar con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio nunca se materializó en una instrucción", ha declarado.

El secretario regional del PP ha pedido perdón a los militantes de su partido por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel que ha visto reflejadas en los medios de comunicación. Costa ha asegurado sentirse avergonzado por su contenido y ha aclarado que su coche, marca Infiniti, se lo compró él y que la trama no tuvo nada que ver con la compra. También ha aludido al reloj Frank Müller, que le regaló a título personal el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, valorado en 20.000 euros. "Me lo hizo cuando no era ya alcalde. En otras circunstancias no lo habría aceptado. He pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello", ha subrayado. Costa no hizo mención alguna a dejar de ser portavoz de su partido en las Corts.

En Castellón, el dirigente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sorprendido con unas declaraciones en las que afirmaba que Ricardo Costa no tenía por qué presentar su dimisión porque el partido no tiene capacidad para adjudicar contratos y, por tanto, su cese no sería responsable.

El Comité Ejecutivo de los populares valencianos se reúnen esta tarde para confirmar el anuncio que ya hiciera el partido por la presión ejercida por el propio Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha empleado a fondo este fin de semana, ya sea directamente o a través de otros miembros del Gobierno valenciano, para hacerle llegar a su número dos que su retirada es temporal, que se lo ha exigido el propio Rajoy y que tiene toda su confianza. En el mensaje por teléfono móvil con el que Presidencia de la Generalitat comunicó el pasado viernes que Costa sería destituido, se evitó poner en entredicho a este dirigente: Su cese "no pone en entredicho ni la capacidad ni la trayectoria política desempeñada por Costa durante este tiempo al frente del partido".

(www.elpais.com, 13/10/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS OFRECE A COSTA DEJARLO EN "CUARENTENA" Y EL SECRETARIO GENERAL SE RESISTE A ACEPTAR

Una "cuarentena" hasta que escampe el temporal para dar satisfacción a Génova pero con billete de vuelta al cargo. El presidente Camps intentó por todos los medios convencer a Ricardo Costa, su mano derecha estos años y conocedor de las "alcantarillas" del PPCV, para que acepte la propuesta que hoy propondrá a los 94 miembros del comité ejecutivo regional: Su destitución "temporal" como secretario general pero dejando vacante el cargo y manteniéndolo como portavoz en las Corts. La solución, según responsables campsistas, daría satisfacción a la exigencia de depuraciones de la dirección nacional sin segar la carrera política de Costa, a la espera de futuros acontecimientos.

Costa, sin embargo, se resistía anoche a aceptar esta componenda al no fiarse de que no esté con ello cavando su tumba política y cargando con el mochuelo de la rama valenciana del caso Gürtel. De ahí la negativa a dimitir y el órdago a Camps de que, si quiere (o si se atreve), que lo destituya en el comité regional. Algunas informaciones apuntaban anoche que el número dos barajaba emitir un comunicado dejando claro que él no hizo sino cumplir órdenes de Camps. Fuentes cercanas al todavía "número"?dos recordaban que no fue él quien trajo a Orange Market a la Comunitat —vino de la mano del propio Camps— y que fue el único que logró la unanimidad de los jueces en el archivo del TSJ.

El presidente, que no acudió al desfile de las Fuerzas Armadas, se empleó a fondo para convencer a Costa de que aceptara el arreglo. Camps —al igual que sus personas de confianza— alabará la gestión del "número" dos como coordinador del partido y su trayectoria "intachable". Un homenaje antes de la sentencia. Dirigentes populares resaltaban que no está imputado ni acusado de nada, y que tampoco, a la luz del sumario, ha metido la mano en la caja.

La propuesta de Camps, según las mismas fuentes, tendría el aval de Génova, que el viernes, a lo largo del 9 d´Octubre más tempestuoso que se recuerda, exigió al jefe del Consell la cabeza de Costa. Ante la negativa del secretario general a dimitir (al alegar que no ha cometido ninguna irregularidad), el presidente convocó para hoy el comité ejecutivo. La "cuarentena" de Costa sería una vía intermedia que Camps, demostrando su autonomía de decisión, habría arrancado a Madrid, según las citadas fuentes. El "acuerdo" serviría para acallar a todas las partes en un escenario que, recalcan, no es comparable al alcance del caso en Madrid, sino que es un "problema de estética" en los comportamientos.

Habrá que ver si esa solución —un paripé, según los críticos, que subrayan que la destitución temporal "no existe"— es suficiente para Rajoy y también si Costa, quien intervendrá para leer su informe, asume ese papel o se defiende abriendo la caja de los truenos. Las mismas fuentes destacan el enfado con el vicepresidente Juan Cotino, a propósito de los supuestos informes del Consell sobre cargos del partido. De no haber solución negociada, se tendría que votar.

(www.levante-emv.com, 13/10/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL 'ZAPLANISMO' PEDIRÁ EXPLICACIONES

Si algo ha quedado claro en la crisis provocada por el caso Gürtel, es que Francisco Camps ha dejado de tener el control del partido en la Comunidad Valenciana. Los zaplanistas, a los que Camps parecía haber controlado en los últimos años, piensan aprovechar la reunión de hoy para buscar que no sólo Ricardo Costa, sino también el propio Camps asuma su responsabilidad por haber fichado a Álvaro Pérez, El Bigotes. El presidente provincial del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, líder de este sector, tiene previsto pedir explicaciones a Camps. Los zaplanistas, que tienen una representación pequeña en el órgano de dirección del PP de la Comunidad Valenciana, no defenderán a Costa -quien llegó a bromear con El Bigotes con meter a todos los seguidores de Ripoll en un furgón policial-, pero tampoco se conformarán con su cese.

(www.elpais.com, 13/10/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. GÉNOVA DA POR CESADO A RICARDO COSTA Y PONE EN EVIDENCIA A CAMPS

A todos los efectos, Ricardo Costa parecía haber ganado anoche su pulso a Francisco Camps y a Mariano Rajoy. Unos anotaban un "20 a cero" en el marcador, y otros, los más desconcertados, apenas reconocían que lo único que había ganado el popular valenciano era "tiempo" ante la dirección nacional. El caso es que ése era el veredicto en el PP, no sólo a la vista de lo sucedido en el Comité Ejecutivo del partido en Valencia, sino a la de las propias caras que desfilaban a la salida del Pleno del Congreso: los diputados más críticos con Rajoy, con una sonrisa de sarcasmo; los marianistas, con auténtico gesto de cabreo.

Fue entonces, en medio aún de la mayor confusión, cuando la dirección nacional dio lo que quiso ser un golpe de autoridad. En un comunicado enviado a última hora, se aferró como a un clavo ardiendo a la versión que le "comunicó" Camps sobre el pretendido cese temporal de Costa al frente de sus cargos en el partido y en el Grupo Parlamentario.

Es decir, dio por "suspendido" al secretario general y portavoz del PP en la Comunidad, pese a saber, a través de sus propios delegados en el Comité Ejecutivo del PP de Valencia, que el pretendido cese no se había producido formalmente y que de la portavocía ni siquiera se habló.

Por dos veces, y precisamente por eso, el texto se refería a la versión recibida de Camps, de manera que, según fuentes próximas a la dirección, Génova ponía en evidencia al hasta ahora intocable barón de Rajoy: "El presidente del PPCV, Francisco Camps, ha comunicado esta tarde a la dirección nacional que el Comité Ejecutivo regional ha acordado suspender temporalmente, y a petición propia, en todas sus funciones en el partido como secretario general y, según esta misma comunicación, como portavoz del Grupo Parlamentario de las Corts, a Ricardo Costa".

El enfado de Génova sólo trascendió a última hora. Las fuentes consultadas se quejaban de las dudas y largas del presidente valenciano. Aseguraban que el cese estaba "firmado" desde el viernes y que si Génova había esperado a la reunión del Comité Ejecutivo regional de fue por expreso deseo de Camps. No daban crédito al hecho de que, una vez más, éste hubiera postergado la decisión acordada. Pero no querían esperar más.

La conversación telefónica de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no pudo ser más explícita. Según fuentes del PP valenciano, la número dos le dijo al dirigente zaplanista tras el Comité Ejecutivo lo que Camps dijo a Rajoy. Ripoll le contestó que no se había destituido a Costa y que éste sólo aceptaba la suspensión si Génova abría una comisión de investigación. La respuesta de Cospedal, -siempre según estas fuentes- fue: "De investigación interna, nada; como mucho, irá al Comité de Derechos y Garantías".

El caso es que ése fue, ciertamente, el segundo mensaje del breve comunicado de Génova, en el que se venía a rechazar de plano la demanda explicitada por el propio Costa y se emplazaba a éste ante el citado Comité -que bien podría llamarse de disciplina- para que, una vez relevado en sus funciones, "pueda ser escuchado, y explicar su posición". El pretendido golpe de autoridad de Génova dejó, no obstante, claramente insatisfechos a los populares afines a Rajoy que, durante todo el día, sufrieron con evidente sonrojo la debilidad del aparato del partido.

Los más marianistas se preocuparon durante toda la jornada de propagar la idea de una nueva conspiración interna. Aseguraban que la ensayada comparecencia pública de Costa estaba sostenida por su hermano Juan y por el actual directivo de Telefónica Eduardo Zaplana, en lo que entendían como una reedición de la brecha abierta en el Congreso de Valencia. Una teoría aderezada por las manifestaciones de Juan José Güemes, consejero de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, en favor de ser "más cautos" en las decisiones: "Yo no defiendo a Costa", decía a este diario, "ni a ninguna persona, sino que pido principios de general aplicación para todos los casos, y lo hago a título exclusivamente personal".

La teoría de la conspiración fue palideciendo, sin embargo, a medida que avanzaba la tarde: "Estoy avergonzado", decía un genovita, "porque en el fondo, hemos aceptado la estrategia de Camps, que está en el alambre, y Costa ha impuesto su solución".

(www.elmundo.es, 14/10/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. "PIDIERON QUE NO HABLÁRAMOS NINGUNO Y QUE APLAUDIÉRAMOS"

Con Francisco Camps a la cabeza, el PP se ha acostumbrado a sonreír y callar ante la adversidad. Es su terapia para la felicidad. volvió a suceder, aunque el silencio de los disidentes vino impuesto por el discurso del presidente regional -"una sola disensión aquí dentro y los de fuera habrán ganado", dijo- y por una maniobra que impidió el turno de preguntas. Todavía sonaba en el altavoz la última palabra del discurso de Camps, y el diputado Rafael Maluenda -toda una vida mostrándose fiel al líder que toque- arrancó en aplausos.

Por mímesis, de acuerdo con la consigna que pasó discretamente de boca a boca, la mayoría secundó la ovación. Siguió un gesto cómplice de Camps a uno de sus colaboradores y se abrieron las puertas para que accedieran los periodistas en tromba. "Nos han pedido que no interviniéramos ninguno y que aplaudiéramos. Unos han aplaudido y otros no", confesó después el presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, que evitó aplaudir.

El plan obtuvo su resultado. Nadie levantó la mano para pedir que se votara algo que ni siquiera se había propuesto oficialmente. "Camps, como hace siempre, ha pasado el trago, pero esta vez se atragantará", comentaba airado uno de los dirigentes críticos. La reunión más importante de los últimos años se quedó desierta de opiniones y sólo Camps y Costa pudieron hablar. Ripoll se quedó con las ganas.

El dirigente zaplanista tenía intención de poner de manifiesto que hay un "evidente problema" dentro del partido y que no se puede estar de brazos cruzados. Además, iba a reprochar al presidente sus cantos a la unidad cuando, según él, las conversaciones destapadas con el levantamiento del secreto del sumario ponen de manifiesto que la dirección regional intentó destronarle en el congreso provincial del pasado año. Todavía duele en el entorno de Ripoll la conversación en la que Costa, irónicamente, le pide a El Bigotes un furgón policial para llevarse a sus partidarios.

Con los aplausos, y silenciadas las voces críticas, la escenificación del "todos juntos y felices" -Ricardo Costa estaba exultante - se había completado. Pero no todos salieron sonrientes. El vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons, y el diputado nacional Federico Trillo-Figueroa salieron de manera apresurada y con semblante muy serio y se refugiaron en uno de los despachos desenfundando el teléfono. Los emisarios de la dirección nacional debían pasar el parte a Génova.

Más tardó en salir Camps, que intentó esquivar a los periodistas sin éxito (la sala de prensa no tiene puerta trasera). Ante la insistencia de los medios, se paró tres minutos. Volvió a repetir la teoría de la cacería política y reiteró que los populares siguen "unidos, contentos y felices".

(www.elmundo.es, 14/10/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COSTA DICE HABER SEGUIDO LAS "DIRECTRICES" QUE LE MARCARON

Las cartas sobre la mesa. Ricardo Costa no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio exigido por la dirección del PP sin oponer resistencia, así que, apenas unas horas antes de acudir a la reunión de la ejecutiva regional del partido en Valencia, convocó a la prensa y se despachó a gusto. En un comunicado que él mismo leyó al borde de las lágrimas, aseguró que no veía ninguna razón para presentar la dimisión, argumentó que siempre ha cumplido las "directrices" que le han marcado sus superiores, reprochó a la dirección nacional del PP que no le haya dado ninguna explicación sobre las causas de su destitución y aclaró que la decisión de contratar a la empresa Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido y que, en cualquier caso, ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente dieron instrucción alguna para que se dejara de trabajar con ella.

El alegato de Costa tuvo un efecto sísmico en la cúpula del partido conservador. Era previsible que el hasta ahora número dos del PP valenciano presentara batalla antes de abandonar su cargo, pero la magnitud del desafío superó las previsiones.

El dirigente valenciano expuso su caso como si se tratara de un despido improcedente: "Mi dimisión solo podría producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular –subrayó–, y creo honestamente que eso no se ha producido". Costa fue incluso más allá e insinuó que la obediencia a sus jefes le ha llevado a hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. "Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos haya sido muy difícil desde el punto de vista personal –declaró–. He antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración".

El pulso con la dirección nacional se hizo especialmente duro en los párrafos que dedicó a las contrataciones con la empresa de la trama corrupta Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Costa destacó que la decisión de trabajar con Pérez no la tomó él y dejó en evidencia a Rajoy al afirmar que la dirección nacional del PP nunca pidió que se dejase de contratar a Orange Market. "Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción. Si se hubiera materializado, la habríamos cumplido, como siempre". Cuando el pasado febrero estalló el escándalo, Rajoy aseguró que en el 2004 había ordenado cortar las relaciones con las empresas de la trama.

Pero no todo fue exculpatorio en el discurso de Costa. El dirigente valenciano admitió que algunas de las conversaciones que mantuvo con el Bigotes y que aparecen transcritas en la parte del sumario difundida fueron "desafortunadas" y pidió disculpas. "Debo reconocer –dijo– que cuando he leído esas conversaciones en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente". También asumió que fue "un error" comprar un coche de lujo en plena crisis, pero reiteró que lo adquirió con su dinero.

(www.elperiodico.com, 14/10/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LOS ENGAÑOS HACEN TAMBALEARSE A CAMPS

Las risas y los aplausos de Francisco Camps y Ricardo Costa en la noche del martes, cuando pensaban que habían sorteado las exigencias de Génova de afrontar con contundencia los escándalos del caso Gürtel, se tornaron crispación y lágrimas. La dirección nacional del PP desplegó toda su contundencia para acabar con la confusión generada por el presidente valenciano y forzar la destitución fulminante del secretario regional del PP. Ricardo Costa se convierte así en la primera víctima del caso Gürtel del PP en la Comunidad Valenciana.

Además, la intervención de Génova para solucionar los enredos de Camps, coloca al presidente valenciano en la picota. Las críticas arreciaron en público y en privado. Dirigentes valencianos y nacionales coincidían en el enfado por la gestión de la crisis. Camps, señalaban, ha llevado al partido a una situación absurda, casi ridícula. El futuro del líder valenciano, a quien pese a todo Mariano Rajoy, muy molesto con él, sigue apoyando, según fuentes marianistas, está en cuestión entre otras cosas porque los dirigentes consultados asumen que seguirá habiendo revelaciones del caso Gürtel y ahora las críticas irán directamente contra él, que ya no tiene el cortafuegos de Costa.

Si durante toda la noche del martes, el PP valenciano y Génova emitieron mensajes contradictorios acerca de la situación de Costa -implicado en la supuesta financiación irregular del partido-; en la mañana de se cercenaron todas las dudas. "Es imposible que Costa vuelva a sus cargos", aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "La dirección nacional del PP no va a permitir que un secretario general autonómico decida lo que esta dirección tiene que hacer", dijo Cospedal, que dejó claro que no estaba dispuesta a que el PP valenciano pusiese en jaque a Mariano Rajoy. Cospedal fue durísima con Costa, pero evitó apoyar expresamente a Camps. La número dos explicó al fin por qué han echado a Costa: por sus "relaciones poco recomendables". Pero esas relaciones eran con El Bigotes, "amiguito del alma" de Camps. Cospedal no respondió a la pregunta de si el presidente valenciano debería dimitir por los mismos motivos por los que se va Costa.

Acuciado por la dirección nacional del PP, Camps acudió a primera hora de la mañana al despacho que Costa tiene en las Cortes Valencianas. Allí le comunicó que, so pena de que Génova lo expulsase de manera fulminante del PP, no tenía más remedio que destituirlo de todos sus cargos. Acto seguido, Camps hizo llamar al despacho a todos los diputados, que estaban convencidos de que Costa seguía siendo portavoz, y les comunicó su sustitución por la del adjunto Rafael Maluenda.

"Ya está, como se acordó el martes, el PP ha tomado las decisiones en relación con lo que propuso [el Comité Ejecutivo Regional] por unanimidad", explicó a la salida de la reunión Camps. Fue el último engaño del presidente valenciano, que en las últimas 48 horas ha contado a cada uno lo que quería oír.

"Ha engañado a todos. Al partido, a la dirección nacional, a los diputados, a los periodistas, y tal vez a sí mismo", sentencia un dirigente valenciano. El descubrimiento del engaño provocó la indignación de la dirección nacional. Cospedal, remachó: "Es imposible que Costa sea restituido en sus cargos". Aún así, Camps alimentó las esperanzas de Costa acerca de una destitución temporal. Una convicción que alentaron los sustitutos nombrados por Camps. El nuevo portavoz parlamentario, Rafael Maluenda se negó a ocupar el escaño de Costa, que quedó vacante. Y el nuevo secretario regional del PP, César Augusto Asencio, recalcó que sólo asumía de forma "temporal" las funciones.

La forma en la que Camps gestionó la destitución de Costa fue calificada de "sádica" por varios diputados autonómicos, que no ocultaban su malestar. Un sentimiento que corre paralelo a la indignación y que tiene abierto en canal al PP de la Comunidad Valenciana.

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, muñidor del acuerdo, se mostraba incrédulo con lo sucedido. Fabra argumentó que es "posible" la vuelta de Costa a la secretaría general. La indignación -y la sensación de ridículo- de varios cargos del PP castellonense por su papel en el conflicto era evidente.

El zaplanista José Joaquín Ripoll, presidente provincial de Alicante, habló directamente de "engaño". Ripoll pidió la creación de "un gabinete de crisis" que tome las decisiones necesarias para reconducir la situación creada por Camps.

Otros destacados cargos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también expresaron su malestar: "No sé si hemos dado la mejor imagen o no, pero ahora lo que me preocupa es recuperar, sin duda alguna, el orgullo de pertenecer al PP".

(www.elpais.com, 15/10/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CRONOLOGÍA DE UNA DESTITUCIÓN

Viernes, día 9. El PP deja correr que la destitución de Costa es inminente. Se convoca el Comité Ejecutivo del PPCV para el martes.

Martes, día 13. 13.00. Costa lee ante los medios una declaración exculpatoria y llena de advertencias, en la que condiciona su renuncia a que se investigue su gestión.

- 19.00. Costa asegura que sigue siendo secretario general y que no está en cuestión su cargo de portavoz parlamentario.

- 21.00. El PP nacional emite un comunicado diciendo que, según Camps, Costa ya no es ni secretario general ni portavoz.

- 22.00. El PP valenciano insiste en la versión de Costa.

- 23.00. Cospedal afirma "tajantemente" que Costa ha sido destituido de todos sus cargos. Costa insiste en su versión.

Miércoles, día 14. 10.00. Camps se reúne con Costa y le comunica que se va a hacer lo que dice el PP nacional.

- 11.00. El PP ya tiene nuevo secretario general y nuevo portavoz. Camps: "La decisión que tomamos , ya está tomada".

(www.elpais.com, 15/10/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL "SARAMPIÓN" PRONAZI DEL NUEVO 'NÚMERO DOS'

César Augusto Asencio y Rafael Maluenda, los nuevos secretario general y portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas -los dos cargos que ocupaba el defenestrado Ricardo Costa-, proceden de Alianza Popular y del ala más dura.

Asencio (Alicante, 1962) publicó un artículo en 1979, en el diario Información de su ciudad, en el que negaba el Holocausto. "Mucho habría que hablar sobre los campos de concentración alemanes y sobre el mito de los seis millones de judíos exterminados. Un estudio detallado nos demuestra que todo eso es falso", escribía entonces. "Se nos ha hecho creer a la mayoría gracias al apoyo de las finanzas y de la propaganda a escala mundial en manos de judíos".

El secretario general "temporal" del PP valenciano pidió disculpas por ese "error de adolescencia" y atribuyó la diatriba a "un sarampión de juventud, influido por personas mayores y algunas lecturas". Asencio era entonces miembro de la Organización Juvenil Española (OJE), "como otros eran militantes de la [maoísta] ORT". "Cuando llegué a la Universidad y estudié Derecho Político me incorporé plenamente a la democracia", explicó. "Mi trayectoria política me avala. Me afilié a Alianza Popular en 1981, en una campaña que organizó el partido para captar afiliados, pero no me dieron el carné hasta 1983. Desde entonces he sido concejal y alcalde de Crevillente. He pasado por el tamiz democrático y he logrado ser alcalde de un pueblo que sociológicamente es de izquierdas".

Crevillente es una localidad de casi 30.000 habitantes, muy próxima a Alicante y Elche, y alberga una potente industria textil especializada en la producción de alfombras. Asencio es alcalde de la localidad desde 1995. El pueblo ha sufrido desde 2002 explosiones de violencia racial. Los vecinos se han enfrentado en dos ocasiones con varios vendedores ambulantes magrebíes, que representan una importante bolsa de población flotante. En el último brote, Asencio propuso colocar cámaras de vigilancia en las calles y exigir a la población flotante que se censara, especificara su origen y detallara las condiciones de su vivienda. La Delegación del Gobierno no lo consintió.

Rafael Maluenda (Monòver, 1941) es el único diputado autonómico, junto a la alcaldesa Rita Barberá, que ocupa un escaño desde que se constituyeron las Cortes Valencianas en 1983. También procede de Alianza Popular.

(www.elpais.com, 15/10/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PAGÓ AL MENOS 1,4 MILLONES A LA TRAMA DE CORREA CON FACTURAS Y EN NEGRO ANTES DE 2007

La tradición del PP valenciano de contratar a las empresas de Francisco Correa y pagar una parte en negro se remonta al menos a 2002 -en concreto al congreso celebrado en septiembre- y se ha sostenido regularmente en el tiempo en los años previos a las autonómicas 2007, cuando el negocio de Orange Market se disparó. Los documentos encontrados por la policía judicial en el piso de la calle Serrano lo acreditaban y las declaraciones del contable José Luis Izquierdo en el juzgado corroboran la práctica del doble flujo contable. Entre el citado acto y diciembre de 2006, los populares pagaron al menos 1,4 millones a las firmas de la trama Gürtel, sobre todo a Special Events y a Orange Market.

Entre 2004 y 2006, sin existir ninguna campaña autonómica de por medio, el partido abonó 46 facturas a la franquicia valenciana de Correa por un total de 905.504 euros, según las cuentas de este diario. A esa cantidad hay que sumar los 218.637 euros que el PP abonó en negro por organizar 26 actos en 2005, algunos de ellos con motivo de la campaña de las europeas. Antes, en noviembre de 2004, el "PP de Valencia" hizo una provisión de fondos en negro por 84.000 euros, según consta en el documento "Caja B de Orange Market" que figura entre los 17.000 folios del sumario cuyo secreto se ha levantado.

Otros 240.582 euros se pagaron por el citado congreso de 2002, el que reeligió a Eduardo Zaplana como presidente por cuarta y última vez y a Francisco Camps, secretario general. Orange Market no había nacido y faltaban cinco años para que Ricardo Costa se convirtiera en secretario general. En una de sus declaraciones judiciales, José Luis Izquierdo apunta a Álvaro Pérez como la persona que gestionó el abono de 150.430 euros en negro, pero dice desconocer quién, por el PP, hizo el pago ilegal.


En el informe de la Udef ya se daba cuenta del pago de esos 150.430 euros en negro a una cuenta personal de Correa. Se da la circunstancia de que en ese mismo 2002, el 18 de diciembre, figura un apunte de salida de la Caja B de la trama en Madrid de 420.000 euros que va a parar a "PP VLC", según recogía ya el auto de Garzón y el informe de la policía judicial. "Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Correa", dice la policia. Esto es, una comisión al partido. Es el único flujo registrado, en negro, desde la trama de Correa hacia el PP. Que se sepa.

(www.levante-emv.com, 13/10/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA UNA RECALIFICACIÓN DEL PP EN CALP

La ocupación ilegal de unos terrenos para instalar una carpa ferial, que ya le ha costado al Ayuntamiento de Calp 600.000 euros en concepto de indemnización a los propietarios tras una sentencia del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de la Comunidad Valenciana, podría acarrear consecuencias aún mucho más graves. El Tribunal de Cuentas abrió en marzo diligencias para investigar la recalificación de esos terrenos que en 2005 ordenó el entonces alcalde del municipio, el popular Javier Morató, y que permitió que el suelo pasara de rústico a dotacional, multiplicando su valor urbanístico y disparando el coste de la indemnización.

El tribunal debe establecer si Morató actuó para beneficiar a los propietarios del solar, en el que el Ayuntamiento celebró ferias y eventos multitudinarios pese a no ser público en una operación que ha acabado por causar un grave perjuicio a las arcas municipales.

El escándalo estalló en octubre de 2008, pocos días después de que el PP de Morató presentara junto al Bloc y al PSD una moción de censura que desbancó al PSPV del poder y convirtió al nacionalista Ximo Tur en el nuevo alcalde. Los socialistas presentaron una denuncia ante la Sindicatura de Comptes en la que aportaban la grabación de un pleno celebrado pocos meses antes en la que Morató admitía sin ningún tipo de complejos que había impulsado la recalificación para beneficiar a la familia propietaria de los terrenos, entonces muy indignada por el hecho de que el consistorio los estuviera utilizando sin su permiso y que ya había llevado el caso ante los tribunales.

En esa sesión plenaria, el regidor del PP contó al resto de los miembros de la corporación: "De la noche a la mañana a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban las unidades de aprovechamiento a las que tenía derecho". Morató añadió: "Les hemos hecho [a los propietarios] unos capitanes generales".

Tras recibir la denuncia de manos de los socialistas, la Sindicatura apreció en el comportamiento de Morató, en la actualidad primer teniente de alcalde, indicios de presunto delito, por lo que a finales de 2008 decidió elevar el asunto al Tribunal de Cuentas en Madrid. Este último organismo abrió expediente en marzo de 2009 y en la actualidad está instruyendo la fase de diligencias preliminares, en la que debe tomar testimonios a los implicados y analizar todos los datos del caso, entre los que se encuentra la famosa grabación del pleno en el que el propio Morató admitió parte de los hechos. El Tribunal tomará una resolución antes de que finalice el año, según señalaron fuentes del organismo a este diario.

(www.publico.es, 12/10/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN HIZO LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS DE FABRA

El titular del juzgado nº 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, ha llamado a declarar a una veintena de trabajadores de 8 entidades bancarias distintas, con el fin de aclarar quién y cómo hacía los ingresos de talones y efectivo en las cuentas del presidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que está siendo investigado, desde hace más de 5 años, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias y la prevaricación. Además, está imputado por un presunto fraude fiscal, tras una denuncia presentada por Hacienda.

Los empleados de las oficinas bancarias, que acudirán a declarar en calidad de testigos, ejercieron labores de cajeros entre 1999 y 2004, años sobre los que se extiende la investigación. De esta manera, el juez podrá indagar sobre cómo y quiénes ejecutaron los cientos de movimientos en las cuentas de Fabra en las que se hicieron innumerables ingresos.

La providencia, dictada por el noveno juez del caso Fabra, titular del juzgado desde este verano, solicita, además, otra información. En su escrito señala que, pese a que en el mes de marzo se dictó un auto judicial para que las distintas entidades bancarias aportaran las identidades de los cajeros, Bancaja aún no ha facilitado esta información, por lo que "al objeto de agilizar la entrega de la información solicitada", reclama la presencia de la policía judicial en esta entidad para que recoja, en mano, dichos datos.

(www.elpais.com, 15/10/09)

41. REGIÓN DE MURCIA. LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE MORALES NO PUEDE JUSTIFICAR 647.592 EUROS Y QUE ES DUEÑO DE LA VIVIENDA DE IGUAZÚ

La Guardia Civil sostiene que el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, "no puede justificar la procedencia" de 647.592 euros, parte de los cuales fueron transferidos a Brasil. Asimismo, asegura que es "el verdadero propietario" de la vivienda y del local comercial construidos en Foz de Iguazú, donde el político tenía previsto retirarse con su novia brasileña, Vaneide Freita. Así se recoge en el informe patrimonial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Después de prestar declaración ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado que instruye la causa por posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de dinero a raíz de la Operación Totem, el ex alcalde de Totana manifestó que la Guardia Civil había elaborado "un informe falso" que habla de cantidades en las que él no tiene nada que ver. Dicho informe está basado en las declaraciiones efectuadas en Brasil a nueve testigos, entre ellos la madre y el hermano de Vaneide Freita; así como al director y al gerente del Banco de Bradesco y del Banco de Brasil, respectivamente.

Los investigadores concluyen que Morales envió a Brasil un total de 347.592 euros, y que para ello "utilizó a Vaneide Freita y a Claudia Rodrigues", esta última amiga del diputado murciano antes de conocer a su novia actual. De esta cantidad, 288.159 euros fueron enviados a una cuenta del Banco de Brasil de las que son titulares Vaneide Freita y su madre Nair Dos Santos. Otros 47.933 euros se transfieron a otra cuenta del Banco de Bradesco a nombre de Vanilson Dos Santos y su madre Nair Dos Santos. Por su parte, Claudia Rodrígues recibió 11.500 euros de Juan Morales.

En relación a la vivienda construida en Foz de Iguazú, la Unidad Central Operativa sostiene que Morales "es el verdadero propietario". Explica que según el ingeniero civil que realizó el proyecto de construcción, el inmueble sstá valorado en 250.000 reales brasileños (unos 86.565 euros) y que la propietaria nominal es Vaneide Freita. En el balance patrimonial, el informe señala que Morales no puede justificar la procedencia de las remesas enviadas a Brasil ni otros 300.000 euros detectados en el curso de las diligencias.

En las declaraciones realizadas en Brasil, la UCO señala que la madre y el hermano de Vaneide no pudieron justificar cómo la vivienda fue sufragada por la familia. Asimismo, un corredor de inmuebles brasileño, Jilson José Pereira, manifestó que fue Morales quien dirigió la negociación para alquilar el bajo comercial del inmueble. Explicó que el ex alcalde "daba órdenes a los empleados sobre la mejor manera de colocar ciertas reformas, cristales y pasamanos".

(www.laverdad.es, 15/10/09)

42. REGIÓN DE MURCIA. "EN VEZ DE UNA, EMITIMOS DOS FACTURAS POR CIFRAS MÁS BAJAS Y A TOMAR POR CULO"

La asesora del consejero de Cultura, Isabel Durante, no sólo intervino en la creación de la sociedad Emasce junto con sus amigos Vanessa-Sara Salvo y Miguel Tébar, contratado también por la Consejería de Cultura para dirigir o coordinar el sello discográfico Tres Fronteras, sino que explicó a sus compañeros cómo bordear la legislación para conseguir contratos de la Consejería en la que ella trabaja.

En un correo electrónico que Isabel Durante envía a Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce y pareja de Miguel Tebar, el 4 de diciembre de 2008, le explica: "Reina, hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo. Yo sabía que reaccionaría así. Ahora, tenéis que conseguir que firme el compromiso. Efectivamente, es una cobarde. Luego os llamo".

Emasce logró contratos de la Consejería de Cultura en el último año por importe de al menos 40.000 euros, gracias, en gran parte, a las relaciones de sus socios con el departamento de Pedro Alberto Cruz.

Las facturas a las que alude Durante son las del concierto en la Sala Caracol, de Madrid, celebrado el 29 de enero de 2009 para presentar la oferta de la Región en la última edición de Fitur. Yolanda Martínez, directora de la Agencia de Promoción de la Cultura, fundación dependiente de la Consejería y encargada de organizar el concierto, había planteado reparos a Emasce para adjudicarles este contrato, después de haber aceptado verbalmente el presupuesto que le habían presentado, dado que dicho proyecto superaba los 20.000 euros, por lo que la ley obliga a convocar un concurso público.

Al surgir este problema, Yolanda Martínez propone que la fundación organice directamente el concierto, utilizando las gestiones y contactos que Emasce ya había realizado, y pagándole a la sociedad por su asistencia técnica. Según los correos a los que ha tenido acceso La Verdad, Vanessa-Sara Salvo envía una comunicación a Yolanda Martínez planteándole un ultimátum: o lo hacen todo o no hacen nada.

En este correo, del 3 de diciembre de 2008, Vanessa-Sara Salvo, aconsejada por Isabel Durante, le explica a la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura: "No comprendemos muy bien que una fundación (entidad privada), que no está sujeta a las mismas obligaciones que la Administración pública, tenga problemas en realizar una subcontratación teniendo que realizar una licitación pública".

Dicho correo de la administradora de Emasce concluye con la siguiente frase: "A título personal, te ruego le comentes al consejero Pedro Alberto Cruz que lamentamos mucho esta situación, en particular Miguel Tébar Almansa, que ha mantenido y sigue manteniendo una óptima relación con él". Miguel Tébar, además de socio de Emasce fue nombrado por Cruz director de la discográfica Tres Fronteras.

Yolanda Martínez contestó el mismo día a la administradora de Emasce pidiéndole más tiempo para aclarar el posible problema derivado de los límites monetarios legales para contratar con una empresa privada. Tras ser informada por Salvo, la asesora del consejero le explica al día siguiente, el 4 de diciembre, lo que hay que hacer: "Hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo". Durante emplea la primera persona del plural ("emitimos") en su respuesta a la administradora de Emasce, lo que da idea de su implicación en la sociedad y en el negocio que tratan de cerrar.

Quince días después, Emasce se sale con la suya y la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura les adjudica el contrato de más de 20.000 euros. "Eureka, tenemos el presupuesto firmado de la directora-gerente", informa Salvo por correo el 19 de diciembre a sus socios, Miguel Tébar e Isabel Durante.

La Consejería de Cultura aseguró en un comunicado el domingo que nadie de este departamento formaba parte de Emasce y que no se habían adjudicado contratos a dedo.

(www.laverdad.es, 13/10/09)

43. REGIÓN DE MURCIA. PIDEN QUE LA FISCALÍA TOME DECLARACIÓN AL CONSEJERO DE CULTURA Y SOBRINO DE VALCÁRCEL

Una denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia solicita que se tome declaración al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, y sobrino del máximo responsable del Partido Popular en la región, Ramón Luis Valcárcel, por las presuntas corruptelas hechas públicas los últimos días por la prensa murciana. La asociación cívica Gulliver, constituida hace un mes y en la que se agrupan ciudadanos murcianos contra la corrupción, se estrena presentado esta denuncia ante la Fiscalía murciana en la que solicita que se investiguen una serie corruptelas llevadas a cabo en la Consejería de Cultura, por si pudieran ser constitutivas de delito.


En estas presuntas corruptelas aparece la asesora del consejero, Isabel Durante y su amiga Vanessa-Sara Salvo y su pareja, Miguel Tébar Almansa, al que Cruz lo elevó a alto cargo nombrándole director del sello discográfico Tres Culturas de carácter público, y que lograron contratos en el último año por unos 40.000 euros a través de la empresa privada Emasce que montaron. "Hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo", se dice en uno de los correos electrónicos que ha publicado la prensa murciana.


Emasce elaboró para la Consejería de Cultura varias facturas fraccionadas por organizar la presentación de la revista Cool-tura en el Centro Párraga, de Murcia, por un importe total de 12.000 euros, cuando ni tan siquiera dicha empresa había sido inscrita en el Registro Mercantil de Murcia.

(www.vegamediapress,com, 15/10/09)

44. ISLAS BALEARES. IMPUTADO EL EX PRESIDENTE BALEAR JAUME MATAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

El ex presidente de Baleares y ex ministro de José María Aznar Jaume Matas (PP) fue imputado por presunta corrupción en relación con el caso Palma Arena (el velódromo que costó más del doble de lo previsto) y la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular. El valor de su vivienda es de 2,47 millones de euros y él pagó menos de un milón.

El ex presidente balear comparecerá ante el juez en marzo de 2010 para responder sobre un posible delito de cohecho impropio por recibir supuestas dádivas. Asimismo, han sido imputados su mujer, María Teresa Areal; su cuñado y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, y el presidente de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus. Matas manifestó a través de un comunicado de su abogado que "rechaza cuantas imputaciones puedan formularse contra él, que en todo caso tienen su origen en informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas" y expresó su intención de colaborar con la Justicia. El Partido Popular se alegró de que "al fin podrá defender su honor".

La última etapa de Matas como gobernante de Baleares está enturbiada por los escándalos que investiga la Justicia, y que han dado lugar ya a cinco sentencias: cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel. Quince políticos baleares fueron detenidos desde 2007 y cuatro consejerías del Gobierno Matas están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.

Matas, ministro de Medio Ambiente de José María Aznar (2000-2003) y presidente de Baleares, con el PP, en dos ocasiones (1996-1999 y 2003-2007), tras las últimas elecciones autonómicas se fue a vivir a EE UU, tras no poder formar Gobierno, y no dio explicaciones al partido. Tampoco se interesó por sus colaboradores imputados, según lamentan varios de los afectados. Ahora, ha sido citado por el juez José Castro para que comparezca el 23 de marzo de 2010. El magistrado investiga desde el pasado agosto el presunto despilfarro ilegal perpetrado en la obra estrella del Gobierno autónomo de Matas, el velódromo Palma Arena, que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones.

Matas controló el proyecto, contrató a los arquitectos García-Ruiz, por 8,9 millones, y benefició desde el Ejecutivo con contratos por más de 2,3 millones a la agencia de publicidad Nimbus. La misma firma gestionó eventos y campeonatos en el Palma Arena a la vez que trabajó en la campaña electoral de Matas en 2007. Con fondos del Gobierno, Matas logró con Nimbus entrevistas de autobombo preparadas para diarios y revistas económicos.

El juez Castro ha imputado ahora a Matas tras constatar pagos a Nimbus en dinero b manejado por el PP balear. En las pesquisas, ha hallado conexión entre el caso Palma Arena y el supuesto enriquecimiento ilícito investigado por los fiscales.

El ex tesorero del PP y apoderado de los negocios de Matas, su cuñado Fernando Areal, declaró como imputado al desvelarse que él manejó tres partidas de dinero negro para abonar parte de la campaña electoral del PP y de Matas a Nimbus, cuyo dueño, Miguel Romero, fue detenido e imputado en la causa. La esposa del ex ministro, Maite Areal, comparecerá también como imputada por sus presuntas responsabilidades en el manejo de más de 70.000 euros en dinero en efectivo en sus cuantiosas adquisiciones de joyas. Un ex consejero del PP y presidente del consejo de Gesa-Endesa, Bartolomé Reus, ha sido imputado como supuesto testaferro de los Matas en la compra de una vivienda en Madrid.

(www.elpais.com, 15/10/09)

45. ISLAS BALEARES. MATAS ALEGÓ PARA APLAZAR EL PAGO DEL ´PALACETE´ QUE NO TENÍA FONDOS

Jaume Matas, el ex president del anterior Govern del PP, justificó su demora en el abono de los 900.000 euros por la compra de la planta primera de la antigua casa señorial de la calle San Felio, 8 de Palma en que carecía de fondos, incluso para abonar el IVA de dicha operación, 63.000 euros, según la promotora Nova Labritja S.L., que se ha desvinculado completamente de la reforma y equipamiento de la vivienda. Matas, a pesar de carecer de dinero, emprendió en 2004 las obras de rehabilitación del piso conocido coloquialmente como "el palacete" y lo dotó de un lujoso ajuar.

Nova Labritja, vinculada al matrimonio de abogados formado por Juan Buades y María Teresa Castellá, ha revelado a los investigadores del caso Palma Arena datos sobre el patrimonio de Matas que se ignoraban. La empresa afirma que pactó verbalmente con Matas en abril del 2004 la compra del primer piso, o planta noble, de la antigua casa señorial por 900.000 euros. La fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria tenían hasta ahora como fecha de la operación la de 25 de octubre de 2006, día en que se firmó la escritura de compraventa por Matas. La empresa vendió de palabra en marzo-abril de 2004 el resto de viviendas en las que se iba a dividir la vetusta casa señorial.

Los compradores, Matas incluido, pudieron disponer inmediatamente de sus casas para poder reformarlas, decorarlas y ponerlas en condiciones de ser habitadas. El entonces president invirtió decenas de miles de euros en la reforma y decoración del piso entre 2004 y 2008. La mayoría de las facturas por esos servicios no fueron abonadas hasta finales del 2006 por él y su esposa Maite Areal.

Matas encargó a un constructor de sa Pobla, Juan Serra Cladera, en 2004 que iniciara las obras de rehabilitación de su piso. Los albañiles empezaron a hacer catas en las paredes para averiguar el estado del edificio y suscitaron la alarma en los técnicos que dirigían la reforma de las zonas comunes del "palacete" y coordinaban todo el proyecto. Todos los vecinos de San Felio, 8, menos el president del Govern, firmaron las escrituras de compraventa entre octubre del 2004 y enero del 2005, según los planes previstos por la promotora. Nova Labritja para emprender el negocio había suscrito una hipoteca con la Caja de Arquitectos (Arquía), con la posibilidad de que los compradores se subrogasen después en la parte de este préstamo correspondiente a sus viviendas. El también presidente insular del PP anunció que asumiría la hipoteca de Arquía, pero no firmó esa escritura hasta octubre del 2006. Matas y Areal tenían que abonar 900.000 euros, más otros 63.000 euros del IVA, pero alegaron a la promotora que no disponían de dinero ni para el impuesto.

El matrimonio explicó que tenían a la venta su casa de Cas Catalá, operación que esperaban materializar en breve para poder comprar el piso de San Felio. "La realidad es que el matrimonio Matas-Areal no vendió su vivienda con la rapidez que habían anunciado, generando un aumento de onerosidad y coste para la promotora", ha explicado Buades al juez. Esa demora fue penalizada con un incremento de 50.000 euros para Matas, que acabó pagando por la casa 1.016.500 euros.

(www.diariodemallorca.es, 16/10/09)

46. ISLAS BALEARES. EL PP DESCARTA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA A SU ANTERIOR JEFE POR HABER DEJADO LA POLÍTICA ACTIVA

Los portavoces del PP, Carlos Simarro y Antoni Fuster, descartaron abrir una investigación interna sobre las actividades que han llevado a la imputación judicial de su ex presidente, Jaume Matas.
A diferencia de la disciplina aplicada por el partido en el caso del valenciano Ricardo Costa, el ex president de Balears no verá escudriñada su gestión, dado que –según Fuster– Matas "hace dos años que ha dejado la política". En rigor, Matas ha estado cobrando durante los dos últimos años el salario que los ex ministros reciben como compensación a las incompatibilidades que se acumulan durante ese período, de manera que, en rigor, tal alejamiento es más reciente.

Sin embargo, y a pesar del supuesto alejamiento de la política, Simarro no dudó en asegurar que el partido está dispuesto a prestarle su sala de actos en el caso que quiera comparecer para "defenderse del juicio paralelo" de los medios de comunicación. El portavoz recordó que el ex president aún no ha sido formalmente acusado, y pidió "prudencia" a los representantes de los medios, para no "hacer sobrasada cuando el lechón no ha nacido".

(www.diariodemallorca.es, 16/10/09)

47. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DEL 'CASO FUNERARIA' INVESTIGA A LA MUJER DE COLLADO Y LA PROPIEDAD DE TRECE TUMBAS

El juez instructor del 'caso Funeraria', la supuesta trama delictiva urdida en torno a la venta de nichos en el cementario de Palma en el anterior Govern del PP, ha ordenado investigar a Francisca Moll, la mujer del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Óscar Collado, y tumbas de trece ciudadanos que podrían estar vinculadas a los hechos que constan en el sumario de la causa.

Oscar Collado se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras permanecer 16 días preso en la cárcel de Palma imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y contra la administración pública. El 'caso Funeraria' es investigado desde junio de 2009.

La Fiscalía Anticorrupción le incrimina por lucrarse con la venta de tumbas, despilfarrar un millón de euros en ataúdes, falsificar facturas y sustraer dinero de la caja entre 2003 y 2007. Han declarado ante el juez la ex gerente de la EFM Marina Sans, el ex portavoz del PP en Cort Rafael Durán, entre otros. El juez libra oficio a la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional para que emita un informe sobre el extracto de cuentas bancarias y posible vinculación de la esposa de Óscar Collado, Francisca Moll, en la trama delictiva. También, el magistrado Manuel-Vicente Penalva pide que se practiquen gestiones de averiguación de la forma de pago de los vehículos propiedad de Oscar Collado y Francisca Moll.

Con respecto a las unidades de sepultura de trece ciudadanos, el juez ha solicitado a un perito que amplíe una prueba pericial ya realizada y que informe sobre el valor de esas sepulturas, las fichas de cada una de ellas, las facturas y las anotaciones contables.

Según los elementos indiciarios investigados en la causa, el ex gerente de la EFM alteraba al alza, al parecer, el precio de las sepulturas y se quedaba con el "diferencial". Además, evitaba sacar a concurso las inversiones más importantes de la Funeraria, como cuando destinó un millón de euros a la adquisición de ataúdes, cantidad que habría despilfarado, según Anticorrupción.

Collado admitió en su primera declaración ante la policía y el fiscal anticorrupción Pedro Horach una "deuda" con las arcas municipales inferior a 20.000 euros y aseguró que iba a proceder a devolver esa cantidad "muy pronto". Dijo que, a pesar de contar con un sueldo mensual de 6.000 euros, tenía deudas y que por eso sacaba dinero de la caja pero que luego lo reponía.

(www.ultimahora.es, 16/10/09)

48. ISLAS BALEARES. EL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX PIDE CASI 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO Y 5 PARA UN CONSTRUCTOR

El Ayuntamiento de Andratx reclama casi 9 años de cárcel y el abono de más de un millón de euros para el ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, acusado de varios delitos relacionados con una serie de negocios inmobiliarios y con supuestos cohechos. La acusación particular también solicita 5 años de prisión para el constructor Manuel Zapata y una pena de multa de seis meses para Jaime Gibert, el suspendido celador municipal de obras de Andratx.

El escrito de acusación de la pieza separada 60 de las casi 70 en que se dividió el sumario del caso Andratx incluye la mayor petición de condena hasta el momento contra Hidalgo, que fue alcalde por el Partido Popular en la pasada legislatura.

Hidalgo ya ha sido condenado en otras dos piezas separadas y el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre una de esas sentencias, que ha sido recurrida en casación.

Los hechos calificados ahora se derivan de las relaciones entre Hidalgo, que entre 2001 y 2006 fue teniente de alcalde Urbanismo y alcalde de Andratx, Manuel Zapata y Gibert, un imputado que hace meses pactó su colaboración con la fiscalía anticorrupción a cambio de una pena de no cumplimiento de prisión.

Hidalgo, a través de su empresa Eucar, hizo supuestamente varios negocios con Zapata, al que habría favorecido desde sus puestos de edil de Urbanismo y alcalde tramitando con inusual celeridad las licencias. Hidalgo y Gibert también compraron a principios del 2004 un solar en Cala Llamp, para el que obtuvieron una licencia de edificación. Posteriormente, y a través de la empresa Prollamp, alcalde y celador realizaron una promoción en estos terrenos junto a Zapata. En mayo del 2005 Hidalgo vendió su participación en el negocio por cerca de 370.000 euros, cuando había invertido unos pocos miles de euros. La acusación imputa a Zapata el pago de sobornos (cohechos) a Hidalgo y también un delito contra la ordenación del territorio. El ex alcalde se enfrenta a delitos continuados de negociaciones prohibidas y prevaricación, cohechos, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos.

(www.diariodemallorca.es, 14/10/09)

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