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Del 21 al 28 de Febrero 2009
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ÍNDICE
1. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA RED CORRUPTA LOGRÓ 20 MILLONES EN CONTRATOS DE AZNAR, AGUIRRE Y CAMPS
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU PARTIDO
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PODER JUDICIAL PIDE AL PP QUE DEJE DE PRESIONAR A GARZÓN
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP NO PREVÉ DIMISIONES, PERO PIDE LA INHABILITACIÓN PARA GARZÓN
6. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL EURODIPUTADO GALEOTE ABRIÓ UNA CUENTA PARA EL PP EN UN PARAÍSO FISCAL
7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP ATACA TAMBIÉN A LA POLICÍA Y PIDE CUENTAS AL MINISTRO DEL INTERIOR
8. CORRUPCIÓN EN EL PP. TRILLO PRESENTÓ LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ SIN PODERES PARA HACERLO
9. CORRUPCIÓN EN EL PP. LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK 42 SE PREGUNTAN QUIÉN ES TRILLO PARA PEDIR DIMISIONES
10. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN DESTITUYE A UN ASESOR DE DISTRITO IMPUTADO EN LA TRAMA
11. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA PIDIÓ 6 MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA
12. CORRUPCIÓN EN EL PP. POSIBLES INCOMPATIBILIDADES DE UN DIPUTADO
13. ANGUITA APOYA DENUNCIAR A AZNAR POR LA GUERRA DE IRAK
14. CATALUÑA. DIMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN GIRONA
15. GALICIA. BALTAR LLAMA "MARICÓN" AL CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE
16. GALICIA. EL PP PRESCINDE DE CAMPS Y AGUIRRE
17. GALICIA. PIDEN CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS ALCALDES DE A CAÑIZA Y COVELO POR FIRMAR OBRAS INACABADAS
18. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE HUELVA, DEL PP, SE SUBE EL SUELDO UN 6,1%
19. ANDALUCÍA. MARBELLA MANTIENE EN PUESTOS CLAVE A CUATRO ALTOS CARGOS IMPUTADOS
20. ANDALUCÍA. LA EX ALCALDESA DE JEREZ IGNORÓ DOS INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES
21. COMUNIDAD DE MADRID. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS
22. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO
23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS DE MADRID
25. COMUNIDAD DE MADRID. UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS
26. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
27. COMUNIDAD DE MADRID. TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR
28. COMUNIDAD DE MADRID. LOS MANIFESTANTES ARRINCONAN A ESPERANZA AGUIRRE
29. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
30. COMUNIDAD DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS DENUNCIA CONTRATOS IRREGULARES EN MADRID
31. COMUNIDAD DE MADRID. GRITOS Y TENSIÓN EN LA INVESTIDURA DEL ALCALDE QUE EL PP NO QUERÍA
32. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA IMPLICACIÓN DE CAMPS EN LA TRAMA SIEMBRA LA DESCONFIANZA EN SU PARTIDO
33. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA
34. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ
35. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL MAPA VALENCIANO DE LA TRAMA
36. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. CASTELLANO SE NIEGA A DIMITIR POR EL ESCÁNDALO QUE LE AFECTA
37. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO
38. COMUNIDAD VALENCIANA. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO
39. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA RETIRA LA DENUNCIA CONTRA QUIENES LE ACUSARON DE COBROS ILEGALES
40. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "YO NO SÉ LA CANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS"
41. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO NO ACLARA SI SE ABSTIENE EN ASUNTOS QUE BENEFICIAN A SU FAMILIA
42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE BENIDORM DECLARA COMO IMPUTADO POR UN DELITO ELECTORAL
43. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE EXCULPÓ ALPERI LLEGÓ AL CARGO GRACIAS AL PP
44. REGIÓN DE MURCIA. AGRICULTORES DE ULEA DENUNCIAN UN PELOTAZO AL ESTILO DEL POCERO DE SESEÑA
45. ISLAS BALEARES. LA INVESTIGACIÓN TASA EL PISO DE MATAS DE SANT FELIO EN UNOS 4 MILLONES DE EUROS
46. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR SE DESVINCULA DE LOS PAGOS A MATAS Y LOS ATRIBUYE AL PP NACIONAL
47. ISLAS BALEARES. MALESTAR EN EL PP TRAS CONOCERSE QUE MATAS COBRÓ UN SUPUESTO SUELDO DE 5.000 EUROS DEL PARTIDO
48. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN IMPUTA CUATRO DELITOS EN EL CONVENIO DEL CASTELL DE SANT ELM
1. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA RED CORRUPTA LOGRÓ 20 MILLONES EN CONTRATOS DE AZNAR, AGUIRRE Y CAMPS
Un negocio multimillonario basado en las magníficas relaciones del jefe empresarial con el partido que gobernaba en las instituciones que le adjudicaban contratos públicos. Así operó en los diez últmios años la red de sociedades que tejió Francisco Correa, el hombre que montó los actos del PP durante el mandato de José María Aznar y que acudió de testigo a la boda de la hija del entonces presidente, para lograr al menos 20 millones de euros de tres administraciones públicas.
- Gobierno Central. El Gobierno de José María Aznar adjudicó a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) entre 2000 y 2004 cerca de cinco millones de euros en contratos a diversas empresas de la red que investiga Garzón. Siempre se trataba del mismo tipo de trabajo: la organización, montaje y desmontaje de puestos en distintas ferias de turismo en España y Europa. AENA depende del Ministerio de Fomento. En la época de las adjudicaciones, el ministro era Francisco Álvarez-Cascos.
- Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre gastó en cuatro años cerca de ocho millones de euros, de los que al menos cinco siguen sin pagar. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, tranquilizó a las empresas que no han cobrado a través de una carta remitida a EL PAÍS: "Aquellos gastos que hubieran sido objeto de tramitación administrativa y que por las citadas razones no pudieron imputarse al presupuesto, serán abonados con cargo al presupuesto de 2009".
El encargado de adjudicar la mayoría de los contratos para actos institucionales de la presidenta autonómica era Alberto López Viejo. Lo hizo hasta 2007 como viceconsejero de Presidencia y lo siguió haciendo a partir de ese año como consejero de Deportes, aunque los actos no tuvieran nada que ver con su departamento. Con ese sistema, imputó al resto de consejerías los gastos de determinados contratos de la red de Correa.
Muchos de los contratos se hicieron a dedo, y cuando la cuantía del mismo era superior a lo establecido por la ley para este sistema de adjudicación, López Viejo los troceó en decenas de encargos con un presupuesto inferior a los 12.000 euros.
La investigación judicial ha hallado indicios de delito en la actuación de López Viejo, que fue destituido de su cargo de consejero por Esperanza Aguirre cuando se conocieron las primeras noticias sobre estos hechos. Sin embargo, López Viejo sigue siendo diputado de la Asamblea de Madrid, donde el PP le ha arrinconado en el escaño más apartado del que ocupa la presidenta regional.
- Comunidad Valenciana. El Gobierno de Francisco Camps adjudicó en los últimos cuatro años hasta seis millones de euros a las empresas de Correa. En algún caso, los concursos estaban amañados porque se hicieron sin publicidad y con el procedimiento negociado. La Administración valenciana invitaba a tres empresas y adjudicaba el contrato a una de ellas. Pero ocurrió que las tres empresas eran de la misma persona, por lo que no había competencia posible como establece la ley. Eso ocurrió al menos en una ocasión con un contrato por casi 140.000 euros para la realización del guión y la maqueta de un documental sobre la utilización de los contenedores amarillos de basura. Las tres empresas que fueron invitadas para el contrato pertenecían a la red tejida por Francisco Correa.
(www.elpais.com, 27/02/09)
2. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY DICE QUE NO TIENE INDICIOS CONTRA EL TESORERO DE SU PARTIDO
Mariano Rajoy dejó muy claro que no piensa tomar ninguna medida extraordinaria ante la implicación del tesorero del partido, Luis Bárcenas, en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. En una entrevista en Tele 5, el líder del PP evitó comprometerse a ninguna medida si se confirman las informaciones sobre el tesorero. Se defendió diciendo que él no es un "inquisidor" y por tanto no puede condenar sin pruebas.
Rajoy sostiene que él no tiene ningún "indicio" de que Bárcenas haya hecho nada irregular. Dentro del partido todos conocen la intensa relación del tesorero, nombrado por Rajoy en 2008 en sustitución del veterano Álvaro Lapuerta, con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta y responsable durante años de todos los actos, campañas y viajes del PP. Sin embargo, los dirigentes consultados, preocupadísimos por la implicación del tesorero, insisten en que no ha aparecido nada que le implique salvo una conversación en la que Correa, sin pruebas, asegura que le entregó 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) y que los tenía en un paraíso fiscal. Cuando se le preguntó a Rajoy por qué el PP sí ha forzado la dimisión de otros tres cargos implicados en la trama, el ex alcalde de Boadilla, el ex consejero de Deportes de Madrid y el ex alcalde de Majadahonda, el líder del PP se defendió asegurando que contra ellos sí que había indicios.
Rajoy, que presentó una querella por prevaricación contra Garzón, cargó con dureza contra él y le acusó de someter al PP a una situación "imposible en plena campaña". El líder del PP utilizó un argumento político contra el juez: "Es socialista, se presentó en unas elecciones contra nosotros". En 1993, el juez fue candidato del PSOE, pero años después instruyó el caso GAL, que llevó a la cúpula socialista de Interior a prisión, y en esos años, Rajoy le aplaudía por su "valentía" e "imparcialidad". A Rajoy le respondió José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió al PP que deje de "presionar" al juez.
Mientras, Esperanza Aguirre reabrió la batalla de la sucesión. Cuando se le preguntó por una frase que José Blanco le dijo a Alberto Ruiz-Gallardón en Lugo -"Si me va bien a mí, probablemente te irá bien a ti"; esto es, si pierde el PP, se va Rajoy y entra el alcalde-, Aguirre fue tajante: "No me gustaría que me dijeran que me va a ir bien algo que le va mal a mi partido". Casi al tiempo, y sobre la misma frase, Rajoy dijo: "Blanco se equivoca, le irá bien a Gallardón, y al PP".
(www.elpais.com, 27/02/09)
3. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PODER JUDICIAL PIDE AL PP QUE DEJE DE PRESIONAR A GARZÓN
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al PP, sin citarlo, que deje de hacer indicaciones al juez Baltasar Garzón sobre lo que debe hacer y cuándo en la investigación que tramita en el caso Correa, la trama de corrupción que afecta al partido que dirige Mariano Rajoy.
La declaración fue acordada por la comisión permanente del CGPJ después de que su propio vicepresidente, Fernando de Rosa, acusara al juez de "superar la línea roja de la prevaricación". El conservador De Rosa, miembro del CGPJ a propuesta popular, fue consejero de Justicia con Francisco Camps (PP), presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y uno de los aforados implicados en esta trama. Además, el Poder Judicial explica que las decisiones del juez solo tienen que ajustarse "a la forma y plazos establecidos en las leyes procesales". La decisión cuenta con el voto particular de la vocal Almudena Lastra, que reclamó la misma mesura para los miembros del CGPJ. El pleno de este organismo reexaminara esta cuestión.
Sin embargo, el PP no se dió por aludido. Anoche, la dirección del partido anunció que hoy presentará la querella que tenía preparada contra Garzón por prevaricación, porque no ha dejado el caso y dictado los autos de inhibición a favor de los tribunales superiores de Madrid, Valencia y otro tribunal autonómico o el Tribunal Supremo. Los populares sostienen que le han dado "un plazo razonable y normal" para abandonar el caso. Garzón se reincorporó a su despacho tras sufrir una crisis de ansiedad el pasado viernes. El magistrado reanudará las declaraciones de la trama de corrupción el próximo jueves y ha comenzado a preparar los autos de inhibición para los tribunales competentes.
(www.elperiodico.com, 25/02/09)
4. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó , sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".
La declaración se produce en respuesta a la entrevista ofrecida en Canal 9 por el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, quien manifestó que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la operación Gürtel.
De esta forma, De Rosa apoyaba públicamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuyo nombre había saltado a los medios como posible imputado en la trama de corrupción. De Rosa fue conseller de Justicia en el Gobierno de Camps hasta el pasado mes de septiembre.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó que De Rosa había reiterado el contenido del escrito que presentó el martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal.
El vicepresidente remarcó su "profundo respeto a la independencia judicial", según Bravo, que calificó de "constitucional" el tono del debate en el momento de decidirse sobre este punto del orden del día. Por otra parte, eludió pronunciarse sobre la información hecha por el diario Público sobre una reunión que habrían mantenido De Rosa y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado viernes, día en que realizó las declaraciones de apoyo al presidente de la Generalitat y la crítica a Garzón.
El texto, que responde a una iniciativa propia del CGPJ, pues Garzón no ha solicitado formalmente su amparo a este órgano, señala que "ni desde el Consejo General del Poder Judicial -en referencia a su vicepresidente, Fernando de Rosa- ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento".
Hay que recordar que el PP le dio un ultimátum a Garzón para que dejara el caso y ya hay en los juzgados varias querellas por prevaricación.
(www.levante-emv.com, 27/02/09)
5. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP NO PREVÉ DIMISIONES, PERO PIDE LA INHABILITACIÓN PARA GARZÓN
El PP decidió , poco antes de conocer la explosiva implicación de su tesorero, Luis Bárcenas, en el caso de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, intensificar su campaña de contraataque. Primero presentó ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el juez por prevaricación. En el texto se reclama que se le aplique al juez la sanción más leve de las tres previstas por la prevaricación: de 10 a 20 años de inhabilitación, lo que supondría, de concederse, el fin de la carrera del juez más conocido de España y probablemente del mundo.
El texto de los populares, preparado por el equipo que dirige Federico Trillo, se basa en recortes de periódico para tratar de probar que el juez está retrasando voluntariamente su inhibición ante la implicación de aforados, y le achaca animadversión contra el PP basándose en el encuentro en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que según la querella "revela una pérdida de imparcialidad del juzgador".
El PP no se conformó con este ataque frontal contra el juez, al que acusa del mayor delito que puede cometer un magistrado, el de tomar una resolución injusta a sabiendas. Cuando la portavoz de la Audiencia Nacional, por orden de Garzón, desmintió que Esteban González Pons estuviera implicado, el PP entendió inmediatamente que el juez estaba confirmando la otra parte de la información, la más relevante, esto es, que el tesorero, Luis Bárcenas, un hombre colocado al frente de la financiación del PP por Mariano Rajoy en 2008, sí está implicado. Y por eso los populares, por la tarde, ampliaron la querella por prevaricación.
En la ampliación, el PP llega a decir que la providencia de Garzón en la que pregunta al fiscal si debe dejar el caso en manos del Tribunal Supremo, visto que están implicados parlamentarios nacionales, es "probablemente una respuesta" a la querella de este partido, presentada a primera hora. Sin embargo, la providencia de Garzón.
El PP vivió una nueva jornada de locos. Rajoy, que estaba de campaña en Ourense con José Luis Baltar, se pasó la mañana hablando por teléfono con Trillo, que desde Madrid iba dirigiendo la estrategia de contraataque con toda la fiereza posible. Después de un rato, Rajoy ofreció un pequeño acto con militantes en plena calle en el que sentenció: "Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología".
El líder del PP estaba indignado. Los populares están desesperados porque creen que mientras Garzón no levante el secreto del sumario, ellos están expuestos a golpes diarios -"en plena campaña electoral", como dijo Rajoy-, sin poder defenderse. El líder ha decidido que no tomará ninguna decisión drástica, como la de forzar la dimisión de Bárcenas o la expulsión del partido de otros implicados, hasta que el juez no enseñe las pruebas que hay contra ellos.
Rajoy quiere además ganar tiempo hasta que pasen las elecciones del domingo, claves para él. Aún así, todos los dirigentes del partido consultados mostraban una enorme preocupación por la implicación de Bárcenas. El tesorero, en cualquier partido, es una figura clave. Además, éste, aunque está vinculado a la anterior etapa, ha sido nombrado por Rajoy, por lo que cualquier golpe caerá directamente sobre el líder, que insiste en descartar absolutamente, en público y en privado, que este caso pueda acabar en un escándalo de financiación ilegal.
(www.elpais.com, 26/02/09)
6. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL EURODIPUTADO GALEOTE ABRIÓ UNA CUENTA PARA EL PP EN UN PARAÍSO FISCAL
El nombre del eurodiputado popular Gerardo Galeote (en la foto) es uno de los últimos que ha sonado como posible implicado en el marco de la operación Gurtel. El dirigente fue el encargado en 2003 de abrir una cuenta del PP en Luxemburgo, un paraíso fiscal, en la que sus compañeros de partido en la Cámara Europea ingresaban 3.000 euros mensuales procedentes de las asignaciones que recibían para contratar asesores. Aunque en su momento Galeote defendió que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad, cuando el PP conoció los hechos ordenó cerrar la cuenta y trasladarla a Madrid.
Gerardo Galeote, el último de los posibles imputados con condición de aforado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, fue el encargado de abrir, en 2003, una cuanta a nombre de una fundación del PP en un paraíso fiscal, Luxemburgo. Según informó Público, el eurodiputado abrió una cuenta que pertenecía a la sociedad Asociación de Estudios Europeos, de la que era presidente. En ella, cada eurodiputado popular ingresaba 3.000 euros mensuales procedentes del dinero que la Eurocámara da a sus miembros para gastos de secretariado.
La existencia de esta cuenta ya le hizo tener que dar explicaciones públicas en septiembre de 2003: aunque Galeote aseguró que no había ningún tipo de irregularidad, el PP nacional decidió cerrar esa cuenta y trasladarla a Madrid. El dinero se estaba ingresando en Luxemburgo desde febrero de ese mismo año y procedía de los 12.305 euros mensuales que recibían los eurodiputados para contratar asesores. Galeote justificó la creación de esta cuenta común alegando la necesidad de cohesión del grupo parlamentario para contratar asistentes y asesores.
No obstante, el eurodiputado llegó a admitir que "un pequeño remante" de los ingresos no se destinaban a estos fines de contratación, sino que iban a parar a las arcas del partido, algo que prohibía expresamente la normativa de la Eurocámara, que no permite que las aportaciones que reciben los eurodiputados sirvan para financiar a sus partidos.
La Asociación de Estudios Europeos surgió en la misma época en que el entonces presidente del PP José María Aznar ordenó que todas las fundaciones del partido se integrasen en la fundación FAES. A esta sociedad de análisis los eurodiputados también aportaban mil euros cada mes, según la versión de Público.
(www.elplural.com, 27/02/09)
7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP ATACA TAMBIÉN A LA POLICÍA Y PIDE CUENTAS AL MINISTRO DEL INTERIOR
El PP sólo ve en la investigación del caso Gürtel una gran conspiración para abatirlo. Y por ello está empeñado en demostrar, como ya hizo con el 11-M, que la justicia, la policía y el Gobierno han actuado en bloque con ese objetivo y no para desentrañar una trama corrupta que toca el corazón del partido de Mariano Rajoy. Ésa es la justificación que ha esgrimido el Grupo Popular para solicitar la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía durante la investigación que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón.
La petición del Grupo Popular tiene una segunda parte y ya se lo advierte a Rubalcaba. "Esa unidad depende de la Comisaría General de la Policía Judicial, que dirige Juan Antonio González García". Ese mando policial compartió cena con el ex ministro Mariano Fernández Bermejo (del que es amigo desde la juventud) y el juez Garzón en la noche previa a la montería en la que cazaron juntos, episodios que han culminado con la salida de Bermejo del Gobierno. Tanto en esa cena como en la cacería había bastantes más personas, incluidas algunas más relacionadas con el mundo judicial, pero ajenas al caso.
Garzón, Bermejo y el comisario: "Ya está cerrado el círculo de la trama contra el PP", proclamó la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Los populares, aunque arremeten contra Garzón, son conscientes de que los informes los realiza la policía; de ahí su interés de buscar también por ese lado, y en la persona de Juan Antonio González, algún resquicio para sembrar la sospecha de que tampoco la policía estaría actuando correctamente. En todo caso, las explicaciones se las piden a Rubalcaba.
Desde el lado del PSOE se contraataca con la "doble vara" de medir que utiliza el PP en torno a las distintas etapas del juez. Cuando sus actuaciones fueron contra miembros del Gobierno de Felipe González, Garzón era un hombre "valiente, con coraje e imparcial", rememora la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, leyendo declaraciones de prensa en 1995 de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, entonces números uno y dos del PP. Toda la dirección del PSOE salió en tromba para pedir al PP que pare su ofensiva contra el juez.
Pero no todos los socialistas están dispuestos a defender a Garzón. "Que no se engañen los populares de hoy, Garzón no es de los nuestros: o no es de los míos", afirma Luis Solana, ex presidente de Telefónica y ex director de RTVE, y diputado por el PSOE entre 1979 y 1983. "Muchos socialistas maldecimos la hora en que Garzón y González se conocieron en una finca de Quintos de Mora". También el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina se refiere a Garzón en su blog. "Los que ahora protestan en el PP son los mismos que antaño aplaudieron con entusiasmo cuando este justiciero metía en la cárcel a los imputados del PSOE hasta que éstos colaboraban con la Justicia, hasta que cantaban la melodía que al juez le gustaba oír, hasta que denunciaban a sus jefes".
Por otro lado, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha remitido sendas quejas al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado por la "utilización torcida de las instituciones del Estado" contra él y el PP, que "recuerda los mejores tiempos de la propaganda goebbeliana".
(www.elpais.com, 27/02/09)
8. CORRUPCIÓN EN EL PP. TRILLO PRESENTÓ LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ SIN PODERES PARA HACERLO
Las prisas han traicionado al PP y a su responsable de justicia, Federico Trillo, en su acoso al juez Baltasar Garzón a raíz de la investigación de la trama corrupta. La tan anunciada querella contra el juez por prevaricación, presentada el miércoles, ha visto truncada de inicio la tramitación, y no por argucias legales, sino porque Trillo olvidó un aspecto esencial en estos asuntos. Precisamente el exministro, ariete de Mariano Rajoy contra el magistrado, olvidó que requería de poderes notariales especiales para pleitos para interponer este tipo de querella ante el Tribunal Supremo, que le ha concedido cinco días para subsanar los "defectos de forma" detectados.
(www.elperiodico.com, 27/02/09)
9. CORRUPCIÓN EN EL PP. LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK 42 SE PREGUNTAN QUIÉN ES TRILLO PARA PEDIR DIMISIONES
Los familiares de las víctimas del accidente del Yak 42 consideran "indignante e insultante" la puesta en escena de Federico Trillo reclamando la dimisión de el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Así lo ha expresaado en una Carta al Director publicada por el diario El País, Miguel Ángel Sencianes López, presidente de la Asociación de Familiares del Yak-42 y que, por su interés, reproducimos a continuación.
"Mariano Bermejo ha dimitido de su cargo de ministro de Justicia. Independientemente de las razones expuestas por el ex ministro, es una prueba de madurez de un Estado de derecho democrático: hice algo mal, luego me voy.
Pero para nosotros, las familias de víctimas del Yak-42, la puesta en escena de Federico Trillo ha sido indignante e insultante. ¿Quién es él para pedir una dimisión? ¿Quién es él para pedir explicaciones al que dimite? Ya hace tiempo que no entendemos por qué el Partido Popular le nombró portavoz de Justicia... A él, precisamente a él, el único diputado reprobado por el Congreso. Él sí que debió dimitir hace años, casi seis, tras el accidente del Yak-42. Llamado a declarar por el asunto en la Audiencia Nacional decidió acogerse a su condición de aforado para no pisar la Audiencia. En su declaración escrita culpó al Estado Mayor de la Defensa de lo ocurrido y nunca se hizo responsable ni de haber mandado a nuestros militares en aviones basura y mucho menos de no enviar a un solo forense para identificar a nuestros 62 muertos que dieron su vida por la patria.
Ojalá algún día también veamos en los periódicos los titulares de "Trillo dimite" o tal vez "Trillo llamado a declarar". Su sombra siempre será la de un avión del que nunca se hizo responsable. Si quiere Trillo hablar de responsabilidades, que empiece hablando de las suyas en el caso del Yak. Nosotros, las familias, conseguimos averiguar que para llegar a contratar el Yak-42 se subcontrató ¡hasta siete veces!, que nuestros militares viajaban sin seguro y lo que es inaudito: tardamos 613 días en averiguar que las 62 medallas que puso el Rey en Torrejón eran 62 mentiras avaladas por el señor Trillo. Queremos dejar bien claro que toda la verdad del Yak-42, ha sido descubierta por las familias. Trillo mintió públicamente tantas veces hasta que no le quedó más remedio que enfrentarse a unas pruebas de ADN recogidas del Instituto Anatómico Forense de Turquía, estas últimas conseguidas de forma privada por sus familiares. Por todo esto, y con la claridad del que dice la verdad, queremos expresar nuestra más absoluta indignación hacia un partido que permite a uno de sus miembros ser portavoz nada menos que de Justicia y peor aún, hacer teatro pidiendo explicaciones nada menos que ¡de una dimisión! Qué pena que tengamos que ver a ese individuo pidiendo explicaciones de lo que él nunca se atrevió ni se atrevería a hacer: dimitir".
(www.elplural.com, 25/02/09)
10. CORRUPCIÓN EN EL PP. GALLARDÓN DESTITUYE A UN ASESOR DE DISTRITO IMPUTADO EN LA TRAMA
Alberto Ruiz-Gallardón destituyó el jueves por la noche al asesor de la junta municipal del distrito de Moncloa-Aravaca José Javier Nombela, imputado en la trama de corrupción vinculada al PP, por haber perdido "la confianza" en él. Nombela, que desempeñó esa función de consejero desde el 2007, trabajó entre el 2003 y el 2006 para las empresas Special Events y Easy Concept, investigadas por el juez Baltasar Garzón.
El concejal-presidente de la junta municipal, Álvaro Ballarín, explicó que el afectado le presentó la dimisión cuando supo que aparecía en la lista de los 37 imputados en la trama corrupta, pero que la rechazó a la espera de conocer su declaración ante el juez y las causas de la imputación. Sin embargo, Gallardón ha precipitado los acontecimientos, no ha esperado a que Nombela acuda el lunes, como está previsto, a declarar, para saber si se le mantienen los cargos (blanqueo de dinero, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias) y ha exigido su cese.
El día siguiente de saber que estaba imputado, Nombela explicó a Ballarín que había trabajado en Special Events, entre enero y junio del 2003, y en Easy Concept, entre junio del 2003 y octubre del 2006, empresas que forman parte del "conglomerado" tejido por Francisco Correa que Garzón está investigando y que supuestamente se nutrían de fondos de entidades públicas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". El responsable del distrito aseguró aquel mismo día que ninguna de las dos compañías había sido contratada por la junta desde que él la preside (2007). "Y creo que antes tampoco", añadió. "Nombela me ha dicho que trabajó allí como cualquier otra persona, que no sabía absolutamente nada más, que nunca había hecho nada irregular", dijo el concejal.
En cambio, Ballarín calificó de "perfecta" la decisión de Gallardón, que ha preferido deshacerse del único imputado que, por ahora, tiene alguna relación con el Gobierno local. Igual de bien le pareció a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "Es una buena actuación", declaró.
Garzón ha citado a Nombela y otros cuatro imputados. No está claro si el juez podrá hacerse cargo de los interrogatorios --como consecuencia de la crisis de ansiedad que sufrió --, delegará en su sustituto legal, Santiago Pedraz, o bien aplazará las declaraciones. Además del asesor del distrito madrileño, está previsto que acudan Pau Collado (exdirector general del Gobierno balear de Jaume Matas y que trabajaba para Easy Concept); Fernando Torres (apoderado de Easy Concept); María Victoria Romero (accionista de Special Events) y Luis de Miguel Pérez (fundador de Orange Market, la filial valenciana de Special Events).
(www.elperiodico.com, 21/02/09)
11. CORRUPCIÓN EN EL PP. MICHAVILA PIDIÓ 6 MILLONES POR UN PROYECTO QUE LA MUTUA OFRECÍA A BOADILLA
El ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar y actual diputado del PP José María Michavila pidió seis millones a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente del bufete donde trabaja, para construir una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), según confirmó él mismo. Dicha mediación se produjo en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón-, según fuentes de la aseguradora.
Fuentes cercanas a la anterior dirección de la Mutua confirmaron que Michavila en persona les reclamó en varias ocasiones seis millones de euros para llevar adelante el proyecto. Dicha cantidad no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora que se encargaría de hacer realidad la idea, aunque los responsables de la Mutua entendieron en todo momento que sí se trataba de un peaje para poder hacerse con el proyecto.
El diputado se trasladó en varias ocasiones durante el año 2006 a la sede de la Mutua Madrileña, en el Paseo de la Castellana, como dijeron fuentes conocedoras de la operación. Y lo hizo como profesional del despacho EIUS Abogados, un puesto que compatibiliza con su escaño en el Congreso de los Diputados.
En aquellas reuniones solían estar el entonces presidente de la empresa, José María Ramírez Pomatta, el antiguo vicepresidente, Luis Rodríguez Durón, y el secretario del consejo de administración, Antonio López Taracena. Además, acudían los representantes de Global Health y el propio Michavila. La consultora quería encargarse del análisis de viabilidad, la financiación, buscar economistas, técnicos y administrativos para desarrollar el complejo.
Los responsables de la Mutua estaban dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital, dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.
Sin embargo, tanto Ramírez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health.E incluso entendieron desde el principio que su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyecto, por lo que rechazaron de plano "pagar ni un céntimo".
Tras rechazar la intermediación de Global Health y Michavila, volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Los directivos de la aseguradora buscaron también otras ubicaciones. De hecho, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, muy interesado en llevarse la ciudad sanitaria a Madrid, ofreció unos terrenos en Valdebebas. Pero como aquella superficie no tenía ni 19 hectáreas, menos de la mitad de los terrenos de Boadilla, fue desechada.
Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les resaltó el gran interés del Ayuntamiento, pero volvió a insistir en que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabaja Michavila, como confirmaron personas conocedoras de la negociación.
Tanto Panero como Michavila negaron a este diario esa indicación reiterada que salía del Consistorio. El primero la calificó como "falsa". El diputado también lo negó y dijo que fue Global Health quien se puso en contacto con la Mutua, y no él. Además, añadió que cree que no ha hablado nunca del proyecto con Panero. "He coincidido con él pocas veces, aunque es vecino mío", añadió.
Ante la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta en persona pidió una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. A ella también acudió el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela. En ese encuentro, que se celebró en la Presidencia regional, Pomatta le contó a Aguirre que el alcalde de Boadilla estaba poniendo muchas trabas y que le había dicho que era mejor que contratara la realización de los trabajos con el despacho del diputado. Aguirre llamó inmediatamente y delante de todos a González Panero, según testigos de la reunión, le preguntó qué problemas había y le dijo que, si no había ninguno, diera luz verde sin condiciones previas, porque era un asunto de interés regional.
Tras esa llamada, las cosas parecieron despejarse. La Mutua Madrileña necesitaba comprar el suelo y estaba dispuesta a hacerlo por 70 millones. El Ayuntamiento cambió la calificación jurídica del terreno municipal para convertirlo en patrimonial y facilitar los trámites. Pero, a las pocas semanas, volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto. Durante el proceso, el propio Michavila telefoneó a Ramírez Pomatta para intentar convencerle de que contratara a Global Health. Sus gestiones fueron infructuosas. Definitivamente, el proyecto fue desechado por la aseguradora madrileña en 2007, y nunca salió adelante. La Presidencia de la Mutua cambió y la nueva dirección no asumió como propia la idea.
En conversación con este diario, Michavila admitió haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua. Pero negó que les pidiera seis millones de euros. Eso sí, consideró probable que ésa fuera la cifra a la que ascendían los honorarios exigidos por Global Health, un 1% de la inversión total. El ex ministro añadió que, de esos seis millones, no habría salido la minuta de su despacho. De haber cerrado la operación, habría cobrado entre 15.000 y 20.000 euros, estimó. El diputado piensa que el proyecto fracasó porque la Mutua "buscaba hacer un desarrollo residencial anexo" y el Consistorio no quería aprobar "una operación especulativa".
El alcalde de Boadilla, por su parte, negó que pusiera trabas a la Mutua y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía. También negó "absolutamente" haber hablado de ese tema por teléfono con Esperanza Aguirre. "Hubo una reunión con la Comunidad y la Mutua, pero en absoluto en los términos en los que usted me explica".
(www.elmundo.es, 23/02/09)
12. CORRUPCIÓN EN EL PP. POSIBLES INCOMPATIBILIDADES DE UN DIPUTADO
El diputado José María Michavila, ex ministro de Justicia, podría haber incurrido en una situación de incompatibilidad al contratar el despacho EIUS Abogados en el que trabaja con el Ayuntamiento de Boadilla.
En declaraciones a este periódico, Michavila negó este extremo de manera tajante. Precisó que él es colaborador externo de la firma, en la que hay otros 20 letrados, que nunca ha llevado ningún caso personalmente para Boadilla y que no ha tenido una relación ni personal ni profesional con el alcalde de la localidad, Arturo González Panero. El diputado insistió en que sólo se responsabiliza de sus casos.
Sin embargo, de la lectura del artículo 157 de la Ley Electoral se desprenden algunas dudas. En el punto 2, especifica que son incompatibles con el cargo de diputado "las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos". Pero más adelante, precisa que esa incompatibilidad se extiende a la prestación de servicios "con titularidad individual o compartida". Y únicamente se contempla como excepción la recogida en el artículo 159. 3 c) cuando se advierte que, para determinadas actividades privadas, se tendrá que solicitar autorización puntual a las respectivas comisiones de cada Cámara.
Según los documentos a los que ha tenido acceso éste periódico, EIUS Abogados ha sido contratado en nueve ocasiones por el Consistorio de Boadilla para diferentes pleitos. La mayor parte de los documentos vienen firmados por Alberto Dorrego, el socio director de la firma.
La primera vez que el nombre de Michavila se vio vinculado al del alcalde de Boadilla fue en un informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el que un grupo de funcionarios denunciaba por escandaloso y sospechoso que, habiendo un servicio jurídico infrautilizado en el Ayuntamiento, González contratase a sus "amigos". Alertaban sobre el hecho de que los contratos se hacían teniendo buen cuidado de que las cantidades no superasen los 18.000 euros, que es el máximo permitido por la ley. Y eso es lo que EIUS ha cobrado por cada caso.
Los funcionarios aseguraban que habían visto a Panero y a Michavila tomando café con frecuencia. El diputado asegura que sólo ha visto a Panero en un par de ocasiones y el alcalde sostiene que su relación no era de amistad, sino que se circunscribía a la habitual entre dos compañeros de partido.
(www.elmundo.es, 23/02/09)
13. ANGUITA APOYA DENUNCIAR A AZNAR POR LA GUERRA DE IRAK
La querella contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por su implicación en la guerra de Irak de 2003 ya está en marcha. Se presentará el 27 de marzo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La promueve la Plataforma Juicio a Aznar y, según avanzó la Cadena Ser, la suscribirá Julio Anguita. El ex coordinador de IU confirmó a Público la noticia.
En la cúpula de la federación también se ha abierto el debate, según reveló a este diario el actual líder de IU, Cayo Lara: "Desde la plataforma me lo han comentado, pero no puedo adelantar si firmaré o no. Esta semana lo discutiré con la dirección. Ya he dicho –recalcó– que ilegalizar partidos es peligroso. y que por qué, siguiendo ese mismo argumento, no podríamos ilegalizar a quienes invadieron Irak. Razones sobradas para querellarse contra Aznar hay, desde luego".
El escrito de la plataforma, que también suscribirán Paco Frutos, líder del PCE, o el politólogo Carlos Taibo, podría inculpar a otros cargos del Ejecutivo del PP, como los ex ministros Federico Trillo o Ana Palacio. Según la querella, Aznar habría podido incurrir en tres delitos: crímenes de guerra, violación de la Constitución –que confiere al rey la potestad de declarar la guerra– y por la relación entre la participación española en la invasión y la masacre del 11-M.
(www.publico.es, 23/02/09)
14. CATALUÑA. DIMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN GIRONA
El secretario general del PP en Girona, Antonio Pelegrín, ha presentado su dimisión con duras críticas al presidente del partido, Enric Millo. Pelegrín, que renunció a una candidatura propia para ocupar la secretaría general, asegura que no se siente "cómodo" con la estructura de la actual dirección y que deja el cargo por la "ignorancia, indiferencia y falta de consideración" de Millo hacia él.
En un comunicado, Pelegrín expresa su malestar porque, en su opinión, Millo no ha "respetado" los pactos precongresuales que motivaron la retirada de su candidatura a la presidencia del PP en Girona. Pelegrín agradece en su nota el apoyo de los militantes y compromisarios que le dieron su aval y reafirma su "lealtad" al PP. La candidatura única de Enric Millo y Antonio Pelegrín obtuvo el 94% de los votos el 29 de noviembre durante el 11º congreso del PP de Girona. La nueva dirección aseguró que se cerraba así una etapa "convulsa" y que se abría un periodo marcado por la "unidad".
Ésta no es la primera crisis que se declara entre los populares gerundenses. En octubre de 2007 la dirección del PP destituyó de forma fulminante a la ejecutiva presidida por Concepció Veray por "desavenencias" con el comité electoral liderado por Alicia Sánchez-Camacho.
En mayo de 2007, el partido expulsó y retiró el carnet al número dos de la formación en Girona y al presidente de Nuevas Generaciones por acusar de "actitudes dictatoriales" a la dirección. La crisis se agravó tras perder nueve concejales en las elecciones del 27 de mayo de 2007.
Girona es la única circunscripción de España sin representación del PP. La formación conservadora mantiene un electorado fiel, con más de 40.000 sufragios.
(www.elpais.com, 22/02/09)
15. GALICIA. BALTAR LLAMA "MARICÓN" AL CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE
Tras las insidias personales contra Anxo Quintana, el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, cambió el punto de mira. Y en mitin con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, escogió como objetivo al conselleiro de Medio Ambiente y cabeza de lista del PSdeG por Ourense, Manuel Vázquez, a quien llamó "maricón, sinvergüenza y miserable".
Baltar también monopolizó el discurso de Quintana, anoche en Ourense. El candidato del BNG personificó en él la "política rastrera" del PP y le acusó de estar detrás "de las difamaciones personales más asquerosas" sufridas por el candidato nacionalista. "Fraga se vengó de nosotros dejándonos aquí a Baltar", lamentó Quintana, en un mitin ante más de 2.000 personas. En la tierra de Baltar, encargado de las mayoría de los ataques personales contra Quintana de las últimas semanas, el aspirante nacionalista fue directo a por él. Le acusó de "pintarse la cara para dar miedo".
"Anda como alma en pena por los pueblos como un hooligan, entregado a la mentira y a la difamación", afirmó Quintana, en medio de un encendido ambiente, a propósito de Baltar, a quien redujo a la categoría de "enviado de Feijóo". "Quiere destruir incluso a las personas, llegando a los peores extremos de la difamación personal", le acusó, para añadir un mensaje al candidato del PP: "Que sepa Feijóo que no puede esconderse detrás de su empecinado de aquí".
Mientras, en otro lugar de la provincia de Ourense, Alberto Ruiz Gallardón no se quedó a los callos. Ni siquiera cerró el mitin en Melón, a 30 kilómetros de la capital provincial. Puso 15 minutos de su brillante oratoria al servicio del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dibujó un bipartito agotado y se propuso ayudar a socialistas y nacionalistas "para que no sigan sufriendo y vuelvan a la oposición de la que nunca debieron salir". El alcalde de Madrid elogió la "política al servicio de las personas" y a los partidos, el suyo, "con programas claros y que no insultan". Luego salió pitando a otro mitin en O Carballiño (Ourense).
Y entonces el barón orensano, José Luis Baltar se quedó a gusto. Literalmente, no dudó en reconocerlo. Lo había anticipado: el suyo no es un discurso de ideas como el de Gallardón, sino "la caña". "Hoy toca PSOE", avanzó. Venía de denunciar en el juzgado al secretario provincial del PSOE y conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, por insinuar que el candidato destituido en Ourense, Luis Carrera Pásaro, le había condonado al dirigente popular una deuda de 900.000 euros cuando estaba al frente de un banco.
Baltar se arrancó: "Está obsesionado conmigo y yo no soy candidato, no me presento, ni siquiera soy mujer porque entonces entendería que me tuviera ganas, si tiene obsesión por mí tengo que decir que es maricón". "Miserable y sinvergüenza" fueron los siguientes calificativos y el modo en que Baltar interpreta la campaña limpia que Feijóo defiende cuando los micrófonos están abiertos.
Cierto que el acto no estaba diseñado para la caravana de periodistas que sigue al PP. Que no había cámaras y que los flashes escaseaban. Tampoco andaba por allí Feijóo, así que los populares recuperaron el estilo que siempre les acompañó en los mítines rurales. No faltó el camión del ayuntamiento de Melón y los operarios municipales en el montaje de sillas y escenario. Ni la furgoneta de Coren con 100 kilos de garbanzos "encargados por el alcalde" para repartir entre el público. La tarde acabó en fiesta, con vítores a Baltar. Los seguidores de éste en Celanova también animaron la campaña repartiendo pasquines que atribuyen al bipartito la intención de expropiar fincas y pisos.
Por la noche, el Palacio de Congresos de Vigo acogió el mitin central del PP con una ausencia clamorosa. En lugar del presidente nacional, Mariano Rajoy, el PP subió al estrado al alcalde de Madrid. Entonces volvió la cantinela sobre el lujo, la utilización de fondos públicos -siempre del bipartito- y la campaña sin insultos que defienden los populares en los actos televisados.
Ante 3.500 personas, Feijóo prometió poner el 2 de marzo el cartel de "se vende" al coche de Touriño, comprar un Citroën y volcar todos sus esfuerzos en las 30.000 familias que viven de la automoción.
(www.elpais.com, 27/02/09)
16. GALICIA. EL PP PRESCINDE DE CAMPS Y AGUIRRE
Por primera vez desde que arrancó la campaña, Alberto Núñez Feijóo buscó la compañía de dos ex ministros. Y obsesionado como está, con que nada ni nadie (de su partido) interfiera en el discurso gallego, los fue a buscar a Portugal. Ambos, Arlindo Cunha (Partido Socialdemócrata) y José Albino Silva (PP portugués) avalaron a Feijóo en un acto solemne con banderas de los dos países. En Vigo, donde se reunió el centro derecha de uno y otro lado de la Raia, el presidente del PP gallego dejó caer de la lista de invitados a uno de sus íntimos en el partido: el presidente valenciano, Francisco Camps. Ha sido aparecer su nombre en el sumario que instruye Garzón y cancelarse el acto que tenía previsto en Lugo. El propio Feijóo aderezó su explicación. "Parece que algunos se empeñan en darle trabajo, pero sabe usted que los presidentes autonómicos siempre están invitados a participar y espero que en unas semanas pueda invitarlo ya como presidente de la Xunta", explicó. La misma oferta había recibido Esperanza Aguirre, antes de que estallase la crisis de los espías. Según fuentes del entorno de la presidenta madrileña, ahora no está previsto en su agenda ningún viaje a Galicia.
Quien sí estará tres días en Galicia será Alberto Ruíz Gallardón, que se estrenó en A Coruña, donde rechazó de plano cualquier mención a la trama de corrupción vinculada al PP. El alcalde de Madrid opinó que el asunto no repercutirá en el resultado del 1-M, porque los electores acudirán "a depositar su voto en la urna con todos los elementos de juicio, y el voto responsable en Galicia es votar al PP", se limitó a comentar ante las insistentes preguntas de los periodistas.
Como es costumbre cuando tocan elecciones en Galicia, el dirigente madrileño no perdió ocasión de reivindicar su condición de discípulo del "maestro don Manuel Fraga". Gallardón, flanqueado por su teniente de alcalde, Manuel Cobo, reivindicó machaconamente su herencia. "Estoy muy orgulloso de un partido que cuando gobernaba en Galicia y Madrid, con Fraga y Aznar, tenía una sintonía que en absoluto tienen Zapatero y el bipartito de socialistas y nacionalistas", proclamó en una comida mitin.
(www.elpais.com, 21/02/09)
17. GALICIA. PIDEN CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS ALCALDES DE A CAÑIZA Y COVELO POR FIRMAR OBRAS INACABADAS
El fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel para el alcalde de Covelo, Jose Costa, y el de A Cañiza, César Mera, por el caso de las obras del cámping del municipio pontevedrés de Maceira, que fueron sufragadas con fondos europeos y certificadas como acabadas cuando no estaban realizadas.
Mera se defendió asegurando que su función al frente del grupo de Acción Local Mancomunidad de A Paradanta Leader II no era comprobar el estado de los trabajos para reconvertir las instalaciones. "Para asegurarse de que el dinero se estaba invirtiendo bien estaba el gerente del grupo, sobre el cargo del presidente no existen normas jurídicas sobre sus funciones, así que yo me limitaba a firmar", recordó el regidor.
Precisamente acudió por primera vez a declarar sobre el caso, puesto que su antigua condición de aforado, por ser senador, había provocado que fuese el Supremo el que tomase el relevo. La acusación particular, a cargo del grupo socialista local de Covelo, aseguró que esperan que el sumario se cierre este año para que el juicio se celebre el próximo, nueve años después de que se iniciasen los trámites de las ayudas. La Xunta reclama la devolución de 180.000 euros de las subvenciones.
(www.lavozdegalicia.es, 25/02/09)
18. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE HUELVA, DEL PP, SE SUBE EL SUELDO UN 6,1%
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, cobrará más de 97.100 euros este año, según se recoge en el listado retributivo de la Corporación Municipal, que contiene el desglose de los gastos de personal de los presupuestos municipales de 2009. Son 5.900 euros más que el año anterior, una cifra que supone un incremento salarial del 6.1 % respecto del año pasado, que cobraba 91.200 euros.
La mejora salarial que se ha aplicado el alcalde está muy por encima del crecimiento del IPC de 2008, que se situó en el 1,4%. Además incumple el acuerdo plenario de septiembre del pasado año en el que, por unanimidad (el Ayuntamiento de Huelva está gobernado por el PP y PSOE e IU integran la oposición) se acordó la congelación de los sueldos de alcaldes, concejales y cargos de confianza como medida para hacer frente a la crisis. Esta lista será sometida a aprobación, junto con las cuentas municipales, el próximo miércoles en pleno ordinario.
A la luz de estos datos, Pedro Rodríguez se convierte en el alcalde de capital de provincia mejor pagado de toda España en relación al número de habitantes (146.173 habitantes). Pedro Rodríguez cobra más que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (91.982,40 euros), que el presidente andaluz, Manuel Chaves (77.246,28) y que cualquier otro ministro. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Economía, Pedro Solbes, perciben 86.454,36 euros. Ocupa el quinto puesto, sólo por detrás de ciudades como Barcelona (125.194), Madrid (119.985), Zaragoza (108.012) y Bilbao (101.982,84 euros más un 2%), con mucha más población que Huelva capital.
El listado recoge también que el equipo de Gobierno del PP ha incrementado un 8.6% el sueldo de asesores y personal de confianza.
(www.elpais.com, 21/02/09)
19. ANDALUCÍA. MARBELLA MANTIENE EN PUESTOS CLAVE A CUATRO ALTOS CARGOS IMPUTADOS
El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha ratificado a cuatro altos cargos implicados en diferentes procedimientos -tres de ellos por malversación de capitales- para que sigan ocupando puestos clave en el Consistorio. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) les ha reasignado mediante decreto a cuatro jefaturas, dos de ellas relacionadas con la delegación de Urbanismo.
En este área trabajan Francisco Merino, responsable del área de Patrimonio y procesado en el caso Saqueo 2; y el jefe del área de Planeamiento urbanístico Federico Guardabrazos, implicado en un caso de fraude inmobiliario. La lista la completan el jefe de área de Parques y Jardines, Antonio Sarmiento implicado por dar el visto bueno a facturas por 139.000 euros de trabajos que nunca se realizaron; y el responsable de la unidad técnica de obras, Luis Ángel Maté, implicado en una causa por malversación relacionada con la construcción del chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe.
Carlos Rubio, coordinador de Personal, explica que dan más importancia a la imputación de un empleado si lleva aparejada una detención. "Vemos la imputación como una garantía para el trabajador", dice.
"Te llaman bajo esta denominación para mirar por tus derechos", explica Rubio. Toda imputación lleva aparejada la apertura de un expediente disciplinario, que se mantiene en suspenso hasta que haya resolución judicial. En los casos de policías es distinto, porque se aplica el reglamento del Cuerpo Nacional de Policía, añade el coordinador.
Recientemente los tribunales de lo contencioso han obligado al Ayuntamiento a readmitir a cuatro policías locales a los que habían "suspendido de funciones" porque estaban imputados por omisión del deber de perseguir delitos. Sus detenciones se enmarcaron en una causa de corrupción policial relacionado con tráfico de drogas y prostitución, algo en lo que la edil de Seguridad Ciudadana, María Francisca Caracuel anunció "tolerancia cero" en repetidas ocasiones.
"El rasero no es igual para todos", critican fuentes sindicales. El ejemplo más evidente es del inspector Javier Martín, imputado en dos juzgados de Marbella -el número uno y el cuatro- por la desaparición de multas de tráfico en la época en la que Marisol Yagüe era alcaldesa con el Grupo Independiente Liberal (GIL). El mando cuenta con el apoyo de la concejal de Seguridad, que le tiene encomendada la gestión de la unidad de Atestados -encargada de tramitar las multas de tráfico-, la Academia de Policía Local, y la gestión de los servicios en los distritos marbellíes. Caracuel ha restado importancia a esta imputación señalando que los hechos investigados ocurrieron "hace mucho tiempo".
En el lado opuesto se encuentra el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo, que ha sido apartado de su empleo en dos ocasiones por su implicación en caso Malaya. La última fue a finales de año. Del Pozo, también imputado por el caso de la sustracción de multas de tráfico, espera en su casa que se celebre el juicio.
En el Consistorio no ocultan que el panorama laboral es complicado. Insisten en que deben gobernar con la plantilla heredada y que toman decisiones para hacer la gestión lo más llevadera posible. El 20 de enero, aprobaron en Junta de Gobierno Local un complemento de productividad de 1.400 euros para uno de los altos cargos implicados, el topógrafo Federico Guardabrazo.
El técnico es uno de los que más poder acumula. Se encarga de la jefatura del área de Planeamiento y Gestión de la concejalía de Urbanismo; en la que se incluyen la unidad de Cartografía, los servicios jurídicos, y la gestión del personal técnico.
Su imputación por por delitos de estafa y receptación en un caso de fraude inmobiliario salió a la luz en noviembre de 2007. El caso está en manos del juzgado número 12 de Málaga. La alcaldesa Ángeles Muñoz le dio todo su apoyo. Defendió que los hechos por los que está imputado ocurrieron cuando estaba en excedencia, por lo que poco tenían que ver con su trabajo en el Ayuntamiento marbellí.
También se supo que el Consistorio concedió la compatibilidad para que asesorara por las tardes a promotores urbanísticos, algo que dejó de hacer meses después, según fuentes municipales.
Hace apenas dos semanas, el Consistorio hizo público que no acusará a Francisco Merino, otro de los alto cargos implicados, cuando se celebre el juicio por el caso Saqueo 2 en la Audiencia Nacional.
El actual responsable del área de Patrimonio, procesado por sus actuaciones como jefe del Servicio Técnico de Obras y Urbanismo, se enfrenta a una petición fiscal de seis años y nueve meses de prisión por malversación de caudales públicos.
(www.elpais.com, 24/02/09)
20. ANDALUCÍA. LA EX ALCALDESA DE JEREZ IGNORÓ DOS INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES
La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La también parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.
La interventora municipal emitió el 8 de enero de 2004 dos documentos en los que hizo constar que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC.
A pesar de estas dos advertencias escritas en las que la interventora municipal detallaba las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.
De hecho, sólo una semana después de los informes de intervención la dirigente popular firmó la adjudicación de los contratos "mediante procedimiento negociado sin publicidad" a las empresas investigadas por Garzón.
El 15 de enero rubricó la primera orden de contratación. García Pelayo declaró "válida la licitación" y adjudicó un contrato a la empresa Special Events por valor de 162.806,37 euros.
Días más tarde, el 19 de enero, selló con los representantes de Down Town, Isabel Jordán y Javier Nombela, ambos imputados en la trama de corrupción, la relación contractual para eventos relacionados con Fitur por la cantidad de 40.000 euros.
El expediente completo sobre la gestión municipal en los contratos de Fitur en 2004 está ya en poder de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), la trasladó a la sede judicial vía fax y por mensajería. Según fuentes de la presidencia de la corporación jerezana, fue personal del Ayuntamiento el que contactó a primera hora de la mañana de con la secretaría del juzgado de Garzón para enviar toda la documentación.
Siguiendo las instrucciones de la interlocutora, personal municipal transmitió el expediente de manera inmediata a Madrid. A partir de entonces, hubo varias llamadas en las que la secretaría del juzgado requirió la documentación y respondió a diversas dudas de asesores municipales, que, por ejemplo, desconocían si podían facilitar el expediente al Partido Popular una vez remitido a la Audiencia.
Mientras se hacían estas gestiones, la concejal del PP y sus compañeros de filas en la corporación decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí permanecieron más de tres horas reclamando la totalidad del expediente.
A las 14.30 acabó la protesta. Los concejales del PP tuvieron acceso a los 19 documentos relacionados con las empresas a las que García Pelayo adjudicó los contratos en 2004.
(www.publico.es, 27/02/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A TRES CARGOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó de las grabaciones que implican a cargos del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que las grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado del partido, son "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad, que hasta tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de Madrid ha tenido que destituir a tres cargos por este asunto, uno de ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
Aguirre arremetió también contra la consulta del juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal debe ser en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de "una nueva triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de Madrid, sino quedarse él con el asunto".
Aguirre añadió que "el ministro furtivo", Fernández Bermejo, "ya ha dimitido" y que "el juez socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las filtraciones del sumario y aseguró que está a la espera de que se publiquen "en determinados medios" las conversaciones transcritas.
(www.elpais.com, 27/02/09)
22. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS 'DOSSIERS' SOBRE SU PATRIMONIO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.
Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.
El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.
El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.
Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.
(www.elpais.com, 23/02/09)
23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. EL PP IMPONE EL BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El PP es, según sus dirigentes nacionales y madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para desentrañar el caso.
La comisión entra hoy en su tercera semana y aún no tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se juega mucho.
- Retraso en las comparecencias. Según las normas pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.
- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional.
- Criba en la documentación. El principal palo en la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para investigar. Por ejemplo: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los autores del espionaje.
(www.elpais.com, 23/02/09)
24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO. EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS DE MADRID
Los presuntos seguimientos a políticos del PP en la Comunidad de Madrid se produjeron entre marzo y junio de 2008, según consta en los partes del espionaje. Pero el PP cree que para aclarar quién los ordenó y con qué fines es muy relevante lo que tenga que decir un político del PSOE que dejó el Gobierno autonómico en 1995: Virgilio Cano, consejero de Gobernación con Joaquín Leguina. Él figura en la lista de 12 comparecientes para la comisión de investigación que por fin presentó el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Una lista en la que no están las víctimas de los seguimientos: el vicealcalde Manuel Cobo, el ex consejero Alfredo Prada y, de forma colateral, la diputada regional Carmen Rodríguez Flores y el que fue segundo de Prada, Juan Carlos Fernández.
"Llamamos a quienes pueden contribuir a esclarecer si hubo espionajes; nosotros estamos convencidos de que no los hubo", explicó Pérez. Ignacio González -que fue sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia- ha sido incluido en la lista "pero en su calidad de vicepresidente". Cobo, Prada y las otras víctimas sí han sido llamadas por PSOE e IU.
El PP llama a Virgilio Cano por lo mismo que a Carlos Mayor Oreja (ex consejero de Justicia con Ruiz-Gallardón): porque tuvo "competencias en materia de seguridad" y puede ayudar a "trazar el escenario correcto" y llegar "al fondo de la cuestión". Además, en la lista de los populares figuran el consejero de Interior, Francisco Granados; su viceconsejero, Alejandro Halffter; la secretaria técnica Mar Pérez; el director general de Seguridad, Enrique Barón; los responsables de seguridad Sergio Gamón, Miguel Castaño y Marcos Peña; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo; y un alto cargo de éste, Juan Carlos Durán.
Por otro lado, Ignacio González compareció ante la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para responder a las acusaciones vertidas contra él por tres supuestas adjudicaciones irregulares. Dos de los contratos se adjudicaron a una empresa cuyo dueño viajó con González en 2008 a Johannesburgo, algo que él ni mencionó. "Aquí se habla del contenido de los contratos, y éstos son impecables", zanjó. Sobre el tercer contrato, adjudicado a una empresa cuyo dueño era socio de familiares de González en otra, negó cualquier irregularidad: "¿Hay familiares míos entre los adjudicatarios? No. Jamás he adjudicado nada a un familiar".
(www.elpais.com, 26/02/09
25. COMUNIDAD DE MADRID. UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS
Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario?
Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.
Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.
"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.
Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".
Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta. Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.
Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.
Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.
El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.
Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.
A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".
Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.
En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.
(www.publico.es, 23/02/09)
26. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos IU reclamará su dimisión.
El caso que mayores sospechas acumula es la transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el mismo.
Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran precisamente Clemente y Caballero.
Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de 2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un porcentaje por encima del 30% del capital.
En resumen, ACS recibe primero una adjudicación pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus acciones.
Ignacio González también hablará en la Asamblea sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de Sánchez.
(www.publico.es, 25/02/09)
27. COMUNIDAD DE MADRID. TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR
1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?
2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?
3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?
4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de proyectos en la empresa Only Golf?
5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?
6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?
7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?
8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?
9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a Tecnoconcret?
10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?
11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?
(www.publico.es, 25/02/09)
28. COMUNIDAD DE MADRID. LOS MANIFESTANTES ARRINCONAN A ESPERANZA AGUIRRE
Los manifestantes continuan siendo los principales seguidores -o perseguidores- de Esperanza Aguirre. , la presidenta regional tuvo que entrar literalmente por la puerta de atrás a la presentación del último libro de Alfonso Ussía, "Mujeres del reino". Y es que, por la puerta grande no había quién pasara: Más de un centenar de funcionarios de Justicia se habían congregado allí para recordarle que su Gobierno incumple los pactos suscritos en 2007 y que en Madrid los juzgados están desbordados. Pero este no fue el único incidente en el ajetreado día de la lideresa. Antes, los sindicatos le habían obligado a ver un vídeo-denuncia sobre su gestión privatizadora y los trabajadores de la enseñanza pública habían tomado la calle de Alcalá clamando contra la falta de diálogo de la administración local.
Los manifestantes siguen siendo la bestia negra de Esperanza Aguirre. Si los más famosos fueron los de Sanidad, que la recibieron con pitos y pancartas en casi todos los hospitales de la Comunidad que visitó el año pasado, ahora los de Justicia han tomado el relevo.
Los funcionarios de este gremio la acompañaron a la presentación del último libro de Ussía exigiéndole una solución para desbloquear los juzgados. "Aguirre dimisión", "¡Justicia Solución!", "Desbloqueo de la justicia" y "¡Cumple lo firmado!" eran los eslóganes de los más de cien trabajadores congregados para exigir a la presidenta el cumplimiento del acuerdo de 2007 para incrementar los sueldos y la plantilla. Ella ha respondido tardíamente esta mañana, pidiéndoles "solidaridad" ante la crisis.
Los funcionarios de Justicia –cerca de 6.000- están en huelga desde el 17 de febrero, y aunque se acordó hacer el paro indefinido al parecer el consejero de esta área, Francisco Granados, les habría persuadido con una oferta in extremis, hecha esta misma mañana. La resolución deberá ser ratificada por el gremio esta tarde. A pesar de esto, la reticencia a negociar ha sido una constante en el Ejecutivo regional.
Precisamente contra esta desidia se manifestaron 2000 trabajadores de la Educación Pública, que cortaron la calle de Alcalá y se concentraron frente a la Consejería de Educación en protesta por la "privatización" de la enseñanza y la falta de diálogo de la administración regional, reticente también a negociar el nuevo acuerdo educativo. Esta concentración forma parte de un calendario de movilizaciones que terminará con una huelga el 25 de marzo.
Y aunque Aguirre logró esquivar a estos dos gremios, no pudo evitar ver el vídeo de Comisiones Obreras, que aprovechando que la presencia de la lideresa en el IX Congreso de la organización, proyectó un audiovisual durísimo en el que le acusa del "abandono y deterioro intencionado de los servicios públicos" y de dar la espalda a los inmigrantes, jóvenes y trabajadores. La popular comenzó su intervención desmarcándose de las acusaciones. "No me merezco esto", replicó.
(www.elplural.com, 25/02/09)
29. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP RECHAZA REPROBAR AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO
El PSOE presentó una proposición no de ley (PNL) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid para reprobar al diputado autonómico y ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el órgano rechazó llevar la proposición al Pleno porque, según dijeron, no está contemplado en el Reglamento de la Asamblea reprobar a un parlamentario sin ningún cargo público.
El ex consejero y hombre de confianza de Esperanza Aguirre dimitió el 9 de febrero, tras conocerse que había contratado durante años con empresas que ahora están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del caso Gürtel por pertenecer a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados distintos cargos públicos del PP.
La Mesa también estudió una nueva lista de 10 comparecientes presentada por el PSOE para que declaren ante la comisión de investigación creada en la Asamblea para estudiar el presunto espionaje político. Sin embargo, el PP rechazó a cinco de ellos, la mitad de los presentados. Entre los rechazados está el viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.
Según denunció la portavoz socialista, Maru Menéndez, este rechazo "confirma y refuerza las trabas del PP a la transparencia de la comisión de investigación".
Desde la dirección del Grupo Popular respondieron que tres comparecientes los habían rechazado por defectos de forma -el PSOE presentó mal sus nombres y cargos- y los otros, por ser "completamente ajenos" al objeto de la comisión.
(www.elmundo.es, 24/02/09)
30. COMUNIDAD DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS DENUNCIA CONTRATOS IRREGULARES EN MADRID
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid órgano de fiscalización dependiente de la Asamblea regional ha detectado irregularidades en la adjudicación de 12 contratos por parte del Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz-Gallardón, que suman un importe de 115,2 millones de euros.
El órgano fiscalizador remitió al Consistorio, el 22 de enero, el resultado de sus investigaciones sobre 2006, "con el objeto de que formulen alegaciones y aporten los documentos que estimen pertinentes" para justificar las contrataciones bajo sospecha. El plazo para presentar las alegaciones concluyó el 14 de febrero, aunque el Ayuntamiento solicitó una prórroga que finaliza el 1 de marzo.
El informe del tribunal madrileño de cuentas revela irregularidades que vulneran, al menos, nueve artículos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su investigación concluye que "en ninguno de los contratos tramitados por procedimiento negociado" se determinaron "los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas" como establece el artículo 92.3 de la citada ley.
Varias de las faltas que detecta la Cámara de Cuentas inciden en la misma denuncia. Cuatro de las adjudicaciones investigadas, tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid con carácter de urgencia, "conculcaron lo establecido en el artículo 71" de la Ley de Contratos. Según detalla la investigación, estos expedientes "no contaron con la adecuada declaración de urgencia o dicha negociación no estaba debidamente motivada o adolecía de argumentación deficiente".
La observación más repetida afecta a nueve casos reprocha al Ayuntamiento que incluya "la solvencia, la experiencia o los medios materiales y humanos como criterios objetivos de concurso". El órgano fiscalizador explica que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Contratos, estas condiciones "no son criterios objetivos de adjudicación". Uno de los expedientes censurados ejemplifica esta observación. El consistorio otorgó un contrato de más de 7,3 millones de euros a una empresa de arquitectura teniendo en cuenta su experiencia. Sin embargo, la firma adjudicataria se creó sólo seis meses antes de ganar el concurso municipal.
El tribunal de cuentas de la Comunidad detecta en otra de las concesiones que "la prestación no se ejecutó de acuerdo con el proyecto inicialmente aprobado ni por el precio contratado". Se trata de una adjudicación de casi 1,1 millones de euros para la mejora técnica del Circo Price, una de las joyas de la corona de la gestión cultural de Gallardón, cuya construcción se inició en 2002 y se prolongó durante cinco años.
En este caso concreto, la Cámara hace constar al Ayuntamiento que "si la Administración aprueba una modificación sin que se den los presupuestos o sin que estén debidamente fundados, desborda los límites de la discrecionalidad y defrauda los principios inspiradores de la contratación administrativa".
(www.publico.es, 27/02/09)
31. COMUNIDAD DE MADRID. GRITOS Y TENSIÓN EN LA INVESTIDURA DEL ALCALDE QUE EL PP NO QUERÍA
Diez de la mañana. Expectación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en un salón de plenos a rebosar. Vecinos y medios de comunicación pugnan por encontrar el mejor puesto de observación, escaleras y pasillos incluidos. El acontecimiento lo merece. Está a punto de comenzar la toma de posesión del nuevo alcalde, Juan Siguero, con el antiguo, Arturo González Panero, como concejal raso.
Puntuales, los ediles ocupan sus puestos con semblante serio. Todos, menos uno. Panero no aparece. "¿Dónde está?", murmura el público. Nadie conoce su paradero. O, al menos, eso contestan los ediles populares con miradas esquivas e imperceptibles encogimientos de hombros. La explicación oficial llegó después del pleno y de una breve declaración institucional del recién nombrado alcalde ante los medios. "Es una cuestión de respeto, en un día como hoy no quiere restar protagonismo al nuevo alcalde", indicó un portavoz del Ayuntamiento.
La sesión se inició tensa, pero en silencio. Por poco tiempo. Un par de minutos y primera interrupción. Ángel Galindo, edil del grupo independiente Alternativa por Boadilla (APB), pidió una explicación sobre lo que está pasando en el municipio. Pero no era "ni el lugar ni el momento" y menos para "montar un espectáculo", zanjó la presidenta de la sesión, Belén Húmera. La edil tampoco admitió la intervención del portavoz del PSOE, Pablo Nieto, que se conformaba con "tres o cuatro minutos".
Galindo volvió a la carga amenazando con "ir al juzgado de guardia" si no se respetaban sus derechos. No sirvió de nada. Húmera no consintió ninguna intervención. El nuevo alcalde, una vez que hubo tomado posesión, tampoco. La crispación subió de tono. Los vecinos se sumaron a la petición de explicaciones. Los gritos arreciaron. "Tienen derecho a hablar" o "aquí no hay más que ladrones que se llevan el dinero".
Finalmente llegó la votación. El resultado, el esperado: Siguero recibió el respaldo de 15 ediles del PP. Faltó el voto del ex alcalde ausente. El PSOE votó a su candidato y portavoz, Pablo Nieto, mientras que el concejal del grupo independiente APB optó, con ironía, por el anterior alcalde, voto que fue declarado nulo.
Siguero juró por su "conciencia y honor" cumplir con su deber, y a continuación recibió el bastón de mando consistorial de la mano de Húmera. Aplausos y pitos. Después, una breve declaración en la que agradeció la confianza depositada en él y al público su asistencia. Con un breve "es el momento de dedicarse a trabajar", levantó la sesión.
En el mismo pleno tomó posesión el concejal Juan Carlos Martín para cubrir el puesto que dejó la ex edil María Jesús Díaz, número dos de la lista y sucesora natural de Panero, a la que el PP de Madrid obligó a dimitir para que el regidor imputado se fuera. El ex alcalde se lo había exigido a Francisco Granados: si ella no se iba, él tampoco. "Estaba fuera de lugar que si yo dejaba la alcaldía pasara a ser alcaldesa alguien que podría estar generando el conflicto en Boadilla", declaró el mismo día en que dejó la alcaldía.
A los pocos minutos, Siguero realizó una declaración institucional a los medios de comunicación en otra sala del Ayuntamiento. No admitió preguntas. Rodeado de sus concejales, habló de sus propósitos en esta "nueva etapa", que se centran en devolver al Consistorio "la normalidad que siempre le ha caracterizado". "Que se vuelva a hablar de Boadilla por su gestión y su trabajo bien hecho", subrayó. En cuanto al proceso judicial en el que se encuentran inmersos, se comprometió a garantizar la máxima transparencia y colaboración con la justicia.
Los ediles de la oposición consideran a Siguero un hombre a la sombra de Panero, por lo que dudan de sus intenciones. "El PP está inmerso en una situación de desgobierno y Rajoy es el único que puede resolver y pasar por encima del partido en Madrid", opinó el edil de APB.
(www.elpais.com, 21/02/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA IMPLICACIÓN DE CAMPS EN LA TRAMA SIEMBRA LA DESCONFIANZA EN SU PARTIDO
"Ha sido un mazazo, sólo comparable al que tuvimos cuando perdimos las elecciones generales de 2004", reconoce un alto dirigente de los populares valencianos. La publicación por EL PAÍS el pasado jueves de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, ha hecho temblar los cimientos de uno de los bastiones del PP.
El mismo jueves por la noche, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999.
Sin embargo, la desconfianza se ha instalado entre los populares. En Alicante, los seguidores del presidente de la Diputación y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios supuestos delitos contra la Administración y presunto fraude fiscal, ha visto la oportunidad para equiparar su situación a la de Camps. Aunque Fabra, a quien el propio Mariano Rajoy calificó de "ciudadano y político ejemplar", nunca ha ocultado que él siempre se mueve en defensa de sus intereses.
El ambiente de desconfianza también se ha infiltrado en el propio Gobierno valenciano tras publicar este periódico que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. El entorno del consejero, que presumiblemente se ha salvado gracias al escándalo del propio Camps, sospecha que la filtración de su actuación fue interna.
El presidente de la Generalitat intenta mejorar la imagen de su gestión tras años de opacidad y un férreo control de Canal 9.
Pese a todo, Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Un PP que asegura estar "muy fuerte y con ganas de guerra".
(www.elpais.com, 22/02/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón.
Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL PAÍS el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto".
Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama.
El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano.
Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps.
Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.
La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones.
(www.elpais.com, 27/02/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ
El número dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se encontraba el viernes de la semana pasada en el Palau de la Generalitat cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, se reunió también con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y tres miembros del núcleo duro del PP regional, confirmaron a Público fuentes del Ejecutivo valenciano. Los tres miembros del equipo de Camps que acudieron a la cita son el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.
El jueves 19, un día antes de aquella ajetreada jornada en la sede de la Presidencia de la Comunidad, Camps se había enterado por la prensa de que el fiscal le implica en la trama corrupta que presuntamente operaba en instituciones gobernadas por el PP y que ha dado origen al caso Gürtel. El viernes 20, el mismo día en que se reunió con Camps, De Rosa insinuó públicamente que el juez Baltasar Garzón prevarica por no inhibirse en el caso pese a la presencia de aforados.
Los testigos que ya informaron el miércoles a este periódico de que el vicepresidente del Poder Judicial se había entrevistado con Camps ese viernes, relatan cómo De Rosa llegó al Palau a última hora de la mañana y aún permanecía en el edificio cuando ya avanzada la tarde, se marcharon Michavila, Rambla, Barberá y Costa.
Juez en excedencia, consejero de Justicia de Valencia hasta hace cinco meses y adalid de la "honorabilidad" de su antiguo jefe, De Rosa negó ante no sólo que se hubiera reunido con Camps sino, también, que ese día hubiera visto en el Palau de la Generalitat a Michavila o a algún conseller. El vicepresidente del órgano que vela por la independencia judicial mintió en su conversación con este periódico al negar que hubiera estado en el Palau. Tres horas más tarde, un portavoz que habló en su nombre sostuvo que De Rosa sí había ido al cuartel general del Gobierno valenciano, pero no para ver a Camps sino para "recoger teletipos".
El vicepresidente del Poder Judicial ya se había visto justamente una semana antes con el presidente de Valencia. Pero, a diferencia de la reunión del 20 de febrero, la cita del viernes 13 se produjo en el domicilio de De Rosa, en una céntrica calle de la capital valenciana. En ese fecha ya se sabía que, en una conversación grabada por la Policía, la imputada Felisa Jordán aseguraba haber abonado una factura de 30.000 euros para "pagarle los trajes a Camps". El presidente de la Comunidad Valenciana llegó a casa de De Rosa sobre las siete y media de la tarde.
, este periódico intentó de nuevo que De Rosa aportase una explicación sobre sus dos recientes contactos con Camps, ambos posteriores al momento en que el presidente de Valencia, que goza de aforamiento gracias a su condición de diputado autonómico, tuviera noticias de que está siendo investigado. "De Rosa no va a hablar de reuniones privadas en su casa porque forman parte de su vida privada", respondieron fuentes oficiales del Poder Judicial.
Respecto a la reunión del viernes 20 en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, De Rosa se limitó, a través de la misma fuente, a remitirse al "desmentido de Michavila".
Aunque el vicepresidente del Poder Judicial se escudó en Michavila, el desmentido del ex ministro resulta vago. Porque, según Michavila, sí se vio con Camps pero -adujo - lo hizo sólo para mostrarle su solidaridad. El bufete de Michavila asesoró al empresario José Luis Ulibarri, propietario de negocios inmobiliarios y de medios de comunicación e imputado en el caso Gürtel.
Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha rehusado pronunciarse sobre la reunión de Camps con De Rosa. Se pidió a su gabinete de prensa que el presidente aclarase las circunstancias en que se produjo la presencia simultánea del vicepresidente del Poder Judicial y de los cuatro dirigentes del PP antes citados. Hasta ahora, la Generalitat ha rehusado comentar la reunión de Camps con el vicepresidente del Poder Judicial y se ha limitado, como De Rosa, a remachar que no existe el menor parecido entre este caso y el de la cacería de Bermejo y Garzón.
(www.publico.es, 27/02/09)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL MAPA VALENCIANO DE LA TRAMA
El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con una trama corrupta vinculada al PP, no sólo amenaza con implicar a altos cargos de la Generalitat. También ha puesto en tela de juicio la gestión de la política de grandes eventos del Consell y ha evidenciado la confusión que un buen número de altos cargos del Partido Popular tienen para distinguir su ámbito privado, del partidario y el institucional.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido siempre entre sus fijaciones dos ideas: transmitir imagen de proximidad y de honradez. Dos elementos con los que buscó desmarcarse de su predecesor, Eduardo Zaplana, que tuvo en su gobierno a Luis Fernando Cartagena, condenado a pena de prisión por un delito de malversación. Sin embargo, nadie ha explicado todavía por qué, la dirección regional del PP, que preside el propio Camps, contrató con Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que forma parte de la trama que dirigía Francisco Correa. Un personaje del cual el PP nacional se deshizo al saber que reclamaba contratos en nombre del partido al poco de llegar Mariano Rajoy a la presidencia.
Orange Market forma parte de la trama que investiga el juez Garzón. Esta empresa era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP y se ocupaba, especialmente, de la escenografía donde intervenía Francisco Camps. También logró a partir de 2005 de forma ininterrumpida el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un concurso millonario al que hay que añadir otros contratos de empresas públicas e instituciones controladas por las Administraciones gobernadas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana y Feria Valencia. Al ámbito partidario e institucional, hay que sumar el privado, que hizo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y parte de la cúpula regional del PP acudiese a las segundas nupcias de Álvaro Pérez hace ahora un año.
El juez Garzón ha investigado, al menos, el contenido de una grabación en la que una de las imputadas, la empresaria Felisa Jordán, se refiere al pago de una factura de trajes para Camps por importe de 30.000 euros en una sastrería de Madrid. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.
El presidente de la Generalitat ha negado, desde que estallaron los primeros rumores, que ninguno de esos extremos fuese cierto. Al menos hasta ahora. El diario El Mundo asegura que, tras conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al jefe del Consell en la trama, Camps admitió haber encargado trajes en la tienda de Milano en Madrid. Presidencia de la Generalitat, que insistió en la rectitud de la actuación de Camps, confirmó que el jefe del Consell llegó a probarse los trajes en Milano y pidió que le realizasen varios arreglos, aunque finalmente optó por devolverlos.
"Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje", aseveró Camps. Según El Mundo, algunos de los encargos de sastrería investigados podrían haberse justificado en relación con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionario. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano y otras sastrerías.
Dos elementos de lo conocido hasta ahora son especialmente llamativos. La estrecha relación de los dirigentes del PP con Álvaro Pérez y la confianza depositada en su empresa, de apenas media docena de trabajadores, para proyectos de gran magnitud.
La Generalitat insiste en que sólo contrató con Orange Market el pabellón de Fitur -a través de la Agencia Valenciana de Turismo- y la cabalgata de la regata Volvo Ocean Race por importe de 445.000 euros -desde la empresa pública Sociedad para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana que dirige el vicepresidente Vicente Rambla-. Esta misma empresa adjudicó también contratos de miles de euros a distintas empresas en relación con la organización de eventos como la visita del Papa o la carrera de Fórmula 1. Beneficiarios de estas importantes ayudas, como Valmor Sports que organizaron la carrera de Fórmula 1 niegan que subcontratasen con Orange Market. En una de las grabaciones se afirma que esta empresa se va a encargar del montaje de las gradas.
La otra red valenciana vinculada a la trama que investiga Garzón es la relacionada con el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, también imputado por sus relaciones con Correa. Ulibarri, a través de la firma Mediamed, ha obtenido directa, o indirectamente, 13 licencias de Televisión Digital Terrestre otorgadas por el Consell. Ulibarri también ha penetrado con fuerza en el sector inmobiliario a través del Grupo Begar, Ulibarri proyecta una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria y varias promociones de vivienda protegida y otra obra pública. En las grabaciones en poder de Garzón también se menciona al ex consejero Esteban González Pons.
(www.elpais.com, 22/02/09)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLANO SE NIEGA A DIMITIR POR EL ESCÁNDALO QUE LE AFECTA
El escándalo en torno a las adjudicaciones públicas a una empresa con cuyos dueños tiene una estrecha amistad no hace mella en el consejero de Gobernación. Tampoco el hecho de que comparta con ellos una finca con parany, un método de caza ilegal. Serafín Castellano sacó pecho y declaró que nadie conseguirá "paralizar" su gestión política ni "mancillar" su honor, porque no tiene "nada que ocultar", ni "servidumbre" alguna.
El consejero realizó estas declaraciones en rueda de prensa al ser comparada su situación con la dimisión del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, informó Efe. "Comparar esto con la dimisión de Bermejo es intentar confundir para sacar rédito político", porque "no tiene absolutamente nada que ver". "Dimite aquel que tiene algo que ocultar, y yo no tengo nada que ocultar", insistió Castellano.
El consejero admite haber adjudicado contratos por cerca de 600.000 euros a la empresa Construcciones Taroncher, a cuya dueña, María Ángeles González García, colocó también como auxiliar administrativa en el grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas. Además, la esposa del consejero, con la que éste comparte bienes gananciales, comparte la propiedad de una finca en Llíria con González García. La finca alberga un parany en perfecto estado de uso.
A la Consejería de Medio Ambiente no le constan denuncias contra Castellano por la práctica de cazar tordos con este sistema -se tratan las ramas del árbol y se embadurnan de una materia viscosa a la que quedan adheridos los pájaros-. Como lo que se sanciona es la caza en sí, y no la preparación del árbol para atrapar las aves, tampoco hay prevista una inspección de la consejería si no media denuncia. En el caso del ex ministro Bermejo, la Junta de Andalucía ha abierto un expediente porque carecía de licencia para la cacería que compartió con el juez Garzón.
El consejero de Gobernación defiende que los contratos a la empresa de sus amigos cumplieron la legalidad, "mirando el precio, las mejoras y las garantías", según explicó tras hacerse pública la relación con Construcciones Taroncher. , Serafín Castellano insistió en que no tiene nada que reprocharse, incluso lamentó que "algunos quieran sacar ganancia de pescadores a río revuelto". El consejero aseguró que su "obligación" es continuar con su programa de trabajo.
(www.elpais.com, 25/02/09)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO
Datos sobre nuevas irregularidades en la sociedad que gestiona los grandes eventos organizados por la Generalitat Valenciana. Las dos primeras auditorías que se realizaron en la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana en 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de sus empleados. En concreto, los informes señalan que el proceso de selección se hizo "sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja por qué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto". Los auditores comprobaron en el año 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad se hicieron a dedo.
Más llamativo todavía es el caso de las adjudicaciones. Los informes de auditoría subrayan que todos los informes están firmados por la gerente de la entidad, sin que exista un informe previo de una Comisión de Evaluación. Y añaden, "creemos conveniente que aquellas licitaciones de cuantías significativas deben ser objeto de suficiente publicidad". Los auditores llegan a esa conclusión después de comprobar en 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad en ese mismo año se habían adjudicado a dedo por el procedimiento negociado sin publicidad. Entre ellos los dos más caros: el patrocinio de la película de Los Borgia, que costó 1 millón de euros y el de la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, que supuso un desembolso de 5 millones de euros.
Estas recomendaciones con en saco roto al año siguiente porque ocho de los nueve contratos adjudicados por resta sociedad durante los mandatos de Camps se adjudicaron también a dedo y sin publicidad.
(www.elpais.com, 23/02/09)
38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO
Ni lo hizo Orange Market, ni ninguna de las múltiples subcontratas que utilizaba la marca valenciana del grupo de empresas investigadas por el juez Garzón por conformar presuntamente un tinglado de corrupción dedicado al blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación de facturas y, al final de la cadena, evasión de capitales a paraísos fiscales. La "campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo" no la hizo nadie. Jamás. Ni antes del 20 de enero de 2005, como fijaba el contrato, ni en febrero, ni en marzo, ni nunca.
La adjudicación de ese trabajo fue a dedo y pulverizó todas los récords de irregularidades posibles, como informó este diario el domingo. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2004 y Vaersa, sociedad 100% pública y entonces presidida Rafael Blasco, como conseller de Territorio, pagó la mitad del importe del contrato. Exactamente 69.310 euros, IVA incluido. El otro 50% debía abonarse, según el documento mercantil suscrito por las partes, al acabar el trabajo, el citado 20 de enero de 2005. Nunca se pagó ese segundo plazo porque, según documentación que obra en poder de este diario y admitió un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, la campaña no llegó a realizarse.
La firma entonces manejada ya por Álvaro Pérez Alonso, aunque administrada por el también imputado Luis de Miguel Pérez, presentó, según argumenta la Generalitat, varios proyectos pero ninguno se ajustó "a la idea del tipo de campaña que se quería". "Al final se decidió por mutuo acuerdo rescindir el contrato", explican las citadas fuentes. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se exigió a Orange Market la devolución de los 69.310 euros que había cobrado? Medio Ambiente esgrimió como respuesta que la empresa había presentado "bocetos", había "hecho grabaciones, vídeos y trabajos que tenían sus gastos". Y los gastos se tasaron en justo la mitad del contrato. Ni más ni menos.
Resulta chocante que hubiese desavenencias entre Vaersa y la firma de Álvaro Pérez sobre la idea de campaña cuando la empresa pública no tuvo ninguna duda a la hora de adjudicarle a dedo el contrato. Es más, tan claro debían de tener el perfil de la campaña que querían que no hubo pliego de condiciones ni criterios previamente establecidos para valorar las ofertas "invitadas".
Tampoco era muy necesario si se considera que la "consulta" de los tres presupuestos que exige el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- era realmente un auténtico paripé. Porque los tres presupuestos, que ni siquiera constan en el expediente ni pasaron por registro de entrada, eran de empresas hermanas: Orange Market, Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Esta última es Easy Concept Comunication con su nombre anterior.
La tres estaban administradas por Luis de Miguel Pérez, imputado en la causa y uno de los expertos fiscales que, con Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo, diseñaron la arquitectura financiera de la trama, según Garzón. Orange Market, nacida quince meses antes del contrato, fue la valencianización fashion de la marca Special Events, la empresa controlada por sociedades de paraísos fiscales caribeños con la que Correa y Álvaro Pérez habían trabajado para el PP en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003. Orange Market sumó la Generalitat a su cartera de clientes.
El administrador único de las tres empresas que participaron en la simulación de procedimiento negociado sin publicidad convocado por Vaersa en 2004, Luis de Miguel Pérez, no pudo declarar en la Audiencia Nacional como pretendía porque el juez sustituto de Garzón decidió aplazar los cinco interrogatorios previstos. Santiago Pedraz, el magistrado sustituto, decidió que los citados vuelvan el día 5, cuando en principio ya se habrá reincorporado Garzón, que está de baja por una crisis de ansiedad. Otro de los llamados a testificar era Javier Nombela, quien fue apoderado de Easy Concept y, según la imputada Isabel Jordán, llevaba la contabilidad de esa sociedad hasta 2006. Nombela fue destituido por Gallardón al verse imputado por su presunta participación en la red de facturas falsas. El actual consejero delegado de Easy Concept (firma que montaba en la práctica el pabellón valenciano de Fitur), Pablo Collado, era otro de los llamados a declarar.
(www.levante-emv.com, 24/02/09)
39. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA RETIRA LA DENUNCIA CONTRA QUIENES LE ACUSARON DE COBROS ILEGALES
Eduardo Zaplana ha retirado la acusación contra dos empresarios que le implicaron con el cobro de comisiones ilegales durante la construcción del parque Terra Mítica, en Benidorm (Alicante). El juicio estaba previsto para hoy, pero ya no habrá vista, ya que el ex presidente de la Generalitat valenciana ha retirado la acusación y el fiscal no aprecia indicios de delito en las manifestaciones de los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero. Según fuentes próximas a Zaplana, éste se ha conformado con las excusas por escrito de ambos, en las que se retractan de las afirmaciones en las que le relacionaban con pagos de comisiones.
Zaplana presentó la querella para ganarle la partida a la oposición socialista. Pero en un momento en el que la sospecha de corrupción alcanza de nuevo a dirigentes autonómicos valencianos, la estrategia política, según fuentes del caso, recomienda no dar oportunidad a que a las actuales sospechas se añadan las que aún están por resolver respecto de la gestión de Terra Mítica, donde el fraude inicial detectado es de más de 4,4 millones de euros.
(www.elpais.com, 24/02/09)
40. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "YO NO SÉ LA CANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS"
"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años...". Lo que era un secreto a gritos finalmente se puede oír en voz del propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), en una grabación en la que admite utilizar la Administración para "colocar" a gente de la que, después, espera su "voto agradecido". "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...), y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes", añade.
Para Fabra, ganar las elecciones "supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación". La grabación, desvelada por la Cadena SER, corresponde a una conversación, antes de las pasadas elecciones municipales, con un miembro de su partido, el PP. Esos comentarios suponen, a juicio de la oposición, una "autoinculpación" de Fabra, a quien un juzgado de Nules investiga por supuesto fraude fiscal y tráfico de influencias. El portavoz socialista en la diputación, Francesc Colomer, exigió una "explicación inmediata".
"Ni sé", dice Fabra en referencia al número de personas que ha colocado. Y cita entre las entidades donde ha practicado el enchufismo la Diputación, donde mantiene contratados a más de una treintena de asesores. También asegura haber colocado a conocidos en el Hospital Provincial, el Instituto de Promoción Cerámica, dependiente de la Diputación; la Escuela Taurina, un proyecto puesto en marcha por Fabra; el complejo socioeducativo de Penyeta Roja, también dependiente de la Diputación, y el Puerto de Castellón, integrado en Puertos del Estado pero cuyo personal está transferido a la comunidad autónoma, con lo que la designación de su plantilla y del consejo de administración, al que pertenece Fabra, depende de la Generalitat Valenciana.
En todos ellos y en algunos otros, según palabras del propio Carlos Fabra, se puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", añade.
Fabra pone un ejemplo, una "tontería", según él. "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido". Se refiere a Francisco Baila, entonces director territorial de Educación en Castellón y actualmente director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana, que está siendo investigado por un posible delito de prevaricación después de que CC OO lo acusara de intervenir irregularmente en el proceso de matriculación del colegio de la Consolación, pero no de Burriana, sino de Castellón.
(www.elpais.com, 25/02/09)
41. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO NO ACLARA SI SE ABSTIENE EN ASUNTOS QUE BENEFICIAN A SU FAMILIA
Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió "con la cara bien alta" la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.
El socialista Antonio Torres reiteró la pregunta clave: "¿Puede usted elevar al pleno del Consell un acuerdo que afecta a 20 residencias de su familia? ¿Modificó el contrato original?"
El acuerdo de enero de 2008 amplió los plazos de los conciertos con las residencias de cinco a 15 años y permitió que las plazas concertadas superaran un tercio de las disponibles. Portavoces de la Consejería de Bienestar han esgrimido que ese acuerdo del Consell venía forzado por la ley de Dependencia y definía las plazas denominadas de accesibilidad social.
Cotino no respondió y optó por indignarse. "Calumnia que algo queda. Está intrínsecamente en su cabeza. Yo no he adjudicado las residencias. No estaba en el Gobierno cuando se adjudicaron. Sólo hago que se cumplan los acuerdos".
El pliego original del plan gerontológico establecía que promotores privados construirían residencias para mayores sobre suelo cedido por los ayuntamientos interesados y disfrutarían de exclusividad en su zona de influencia. Las residencias en funcionamiento antes del final de 2004 tendrían garantizado un tercio de ocupación con plazas concertadas. El plazo se modificó hasta el final de 2005. Pero algunas residencias terminadas en 2006 y 2007 se han incorporado a los conciertos. "¿Con qué amparo jurídico?", quiso saber Torres.
Cotino concedió que "el calendario" previsto por el plan inicial se atrasó. "Las empresas debían haber construido antes y la Generalitat debería haber adjudicado las plazas antes". Zanjó la cuestión y se despidió con un alegato: "No tengo responsabilidad en la adjudicación, no he incurrido en ninguna ilegalidad. He firmado 8.109 plazas y lo he hecho con mucha honra y mucha tranquilidad. Yo voy con la cara bien alta toda la vida".
(www.elpais.com, 27/02/09)
42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE BENIDORM DECLARA COMO IMPUTADO POR UN DELITO ELECTORAL
El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, declaró ante la titular del juzgado de instrucción número 4 como imputado por los supuestos delitos de estafa, amenazas, prevaricación, coacciones, extorsión y delito electoral. También está imputado el concejal de Presidencia Manuel Agüera, director de la campaña de Pérez Fenoll en últimas municipales.
El denunciante, Alex Rodríguez Llorca, propietario de Televisión de Benidorm y de la productora Benipublic, SL, asegura que el regidor aceptó un presupuesto de 132.000 euros para una campaña de imagen y el seguimiento de los actos electorales entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de 2007, aunque ese importe sería de 60.000 euros si no ganaba el PP las elecciones. Benipublic señala que realizó el trabajo y además retransmitió actos electorales de Pérez Fenoll en directo y en diferido. La empresa presentó una factura de 59.000 euros más IVA, que no ha llegado a cobrar.
Rodríguez Llorca mantiene que todo ello se pactó en medio de un gran clima de enfrentamiento interno del PP de Benidorm, dividido entre los partidarios del anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, y los del actual. Rodríguez Llorca acusa a los imputados de amenazas y coacciones tras haber intentado cobrar las deudas. La denuncia recoge que el Consistorio le retiene dinero adeudado de otros servicios prestados con la condición de renunciar a cobrar la cantidad objeto de la denuncia.
Pérez Fenoll y Agüera, a preguntas de la juez, justificaron los trabajos realizados por Benipublic en la voluntad de informar de Televisión de Benidorm, que habría actuado por iniciativa propia. Pérez Fenoll dijo que al no ser el presidente del PP, no contrató a ningún medio.
(www.elpais.com, 27/02/09)
43. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE EXCULPÓ ALPERI LLEGÓ AL CARGO GRACIAS AL PP
Juan Montero Aroca, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que ha exculpado al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, del supuesto desfalco de 6 millones de euros en Mercalicante accedió al cargo a propuesta del PP. Según confirmaron varias fuentes consultadas cuando se crearon los Tribunales de Justicia en las respectivas comunidades autónomas, en los años 80, las Cortes Valencianas propusieron a dos de los cinco miembros del TSJ.
Los socialistas defendieron al magistrado Juan Climent y el PP propuso a Juan Montero. El juez que ha exculpado al ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es catedrático de Derecho Procesal en la Universitat de València y está considerado por algunos compañeros como de "tendencia conservadora".
Alperi el sábado defendió la "honestidad y honradez" de Montero que se había "leído de cabo a rabo" el sumario y arremetió contra el fiscal Felipe Briones por ser allegado a partidos progresistas.
(www.elpais.com, 23/02/09)
44. REGIÓN DE MURCIA. AGRICULTORES DE ULEA DENUNCIAN UN PELOTAZO AL ESTILO DEL POCERO DE SESEÑA
Aún con crisis, el urbanismo sigue dando que hablar en la Región. Un grupo de agricultores de Ulea ha presentado al menos doce alegaciones a dos proyectos urbanísticos que afectan a 2.000.000 de metros cuadrados en el municipio, de 956 habitantes, y que prevé la construcción de 2.000 nuevas viviendas, por lo que la población actual se multiplicaría por seis.
Los agricultores se quejan de dos aspectos: aseguran que la empresa promotora (Casas del Mar de Levante) no es propietaria de los terrenos. Además, dicen que no cuentan con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura, en tanto no se garantiza el suministro de agua a las nuevas casas. Por ello, estos vecinos comparan el plan con el de Francisco Hernando, el Pocero, y la urbanización que hizo en Seseña (provincia de Toledo).
Por su parte, el alcalde de Ulea, José Bolarín (PP), replica que "el proceso de alegaciones sigue abierto y cuando llegue el momento, se resolverán". Añade que "el informe de la Confederación no es vinculante, y además nosotros tenemos firmado un convenio con el Ente Público del Agua". Este convenio obliga al Consistorio a garantizar la llegada de agua a sus ciudadanos.
Sobre la titularidad de la zona afectada por los planes, segunda queja de los agricultores, Bolarín explica que "según la nueva Ley de Suelo, no es necesario que los promotores de un plan sean los propietarios del terreno".
El proyecto ya está aprobado inicialmente, a la espera del visto bueno definitivo.
(www.vegamediapress.com, 25/02/09)
45. ISLAS BALEARES. LA INVESTIGACIÓN TASA EL PISO DE MATAS DE SANT FELIO EN UNOS 4 MILLONES DE EUROS
Los investigadores del caso Buckingham, el presunto enriquecimiento ilícito que el ex president del Govern Jaume Matas habría experimentado en los últimos años, han calculado que la parte de la antigua casa señorial que el político del PP compró en la calle Sant Felio está tasada en unos 4 millones de euros. Matas sostiene que pagó 1,2 millones de euros por una vivienda en el reformado inmueble del centro de Palma, pero un vecino suyo, que ha sido interrogado como testigo, asegura que abonó 1,7 millones de euros por un piso con la mitad de superficie.
La Policía Judicial de la Guardia Civil, la fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria llevan semanas rastreando todo el patrimonio inmobiliario y los bienes muebles de Matas y su familia; así como los gastos de reforma de la antigua casa señorial de Sant Felio, bautizada popularmente como ´el palacete´, y el equipamiento de este piso. Las pesquisas cuentan como sustento legal unas diligencias informativas de la fiscalía anticorrupción que deberán traducirse en un archivo o en la interposición de una querella o denuncia ante el juzgado de guardia.
Matas, defendido por Rafael Perera y residente en Estados Unidos desde que perdió el poder tras las elecciones de mayo del 2007, niega cualquier tipo de incremento patrimonial oscuro o ilícito. El también ex ministro de Medio Ambiente ha declarado que el valor catastral más reciente de su piso de unos 450 metros cuadrados en Sant Felio es de, tan solo, 251.000 euros.
Los investigadores discrepan de dicha cifra y apuntan a los cuatro millones como valor actual a precios de mercado del inmueble. Sobre las dimensiones de la vivienda existen también discrepancias: Matas apunta a unos 450 metros cuadrados, pero otras fuentes indican que el ex president posee en el inmueble unos 800 metros cuadrados, entre vivienda, patio y terraza privativos y otros complementos.
La Guardia Civil ya ha interrogado en el caso Buckingham a entre 25 y 30 personas, todas en calidad de testigos. Entre los declarantes destaca otro vecino de la magnífica casa señorial reformada. Este propietario ha manifestado que abonó 1,7 millones de euros por una vivienda de tan solo 200 metros cuadrados.
(www.diariodemallorca.es, 27/02/09)
46. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR SE DESVINCULA DE LOS PAGOS A MATAS Y LOS ATRIBUYE AL PP NACIONAL
Estarellas reconoció que la noticia publicada en nuestro diario, les causó "sorpresa", "pero tenemos que dejar muy claro que el PP regional no ha pagado ni un euro a Matas durante todo este tiempo. En el PP nacional ha habido muchos cambios, entre ellos el de secretario general del partido, al ser sustituido Ángel Acebes por María Dolores de Cospedal. Cambios que también se han producido aquí en nuestro partido", señaló.
El anuncio del pago del PP a Matas de 5.000 euros mensuales durante casi un año, de junio de 2007 a julio de 2008, provocó las lógicas reacciones en la cúpula del PP balear y entre la militancia, así como a nivel mediático. Los pagos se efectuaron durante el mandato de Acebes como secretario general y cesaron cuando éste abandonó su cargo en junio de 2008.
En la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, declinaron realizar cualquier tipo de comentario. "No hemos podido hablar con nadie, ya que todos están en campaña electoral en el País Vasco o Galicia. Solo quedamos en Madrid los guardias de seguridad de la sede y cuatro periodistas en el gabiente", puntualizaron desde el gabinete de prensa. Tampoco fue posible conocer la versión del propio Matas, que no pudo ser localizado por este diario.
Matas, el día en que anunció que abandonada la política, en rueda de prensa en un hotel de Palma el 21 de junio de 2007, indicó que durante tres meses iba a trabajar en Madrid para el PP nacional, para a continuación hacerlo en una empresa privada en Washington (el grupo Barceló), con la que recientemente ha finalizado su relación contractual.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Antoni Diéguez, calificó de "escándalo" el hecho de que Jaume Matas hubiera cobrado 5.000 euros mensuales durante un año. "No tiene ninguna explicación este hecho, por lo que hay que pedir explicaciones al presidente del PP, Mariano Rajoy", puntualizó.
Asimismo, Diéguez señaló que si la presidenta del PP balear, Rosa Estarás, "no estaba enterada de ello, tiene que dimitir por el desprecio absoluto que le ha hecho el PP nacional con el pago de los 5.000 euros mensuales a Matas". Curiosamente, cantidad muy superior a la que cobra Estarás mensualmente.
El ex presidente del PP de Mallorca y diputado José María Rodríguez, al ser preguntado sobre los pagos a Matas, comentó: "No tengo conocimiento de los mismos, porque esto está a otro nivel".
(www.ultimahora.es, 23/02/09)
47. ISLAS BALEARES. MALESTAR EN EL PP TRAS CONOCERSE QUE MATAS COBRÓ UN SUPUESTO SUELDO DE 5.000 EUROS DEL PARTIDO
El supuesto sueldo en torno a los 5.000 euros de media mensuales que Jaume Matas percibió del PP nacional durante un año ha aumentado el malestar interno en el partido en Balears hacia su ex líder. En el marco de la investigación policial que se lleva a cabo sobre el enriquecimiento patrimonial del ex presidente del Govern, ha trascendido que desde junio de 2007 a junio de 2008 éste percibió una asignación cada mes vía ingreso bancario. La noticia no ha causado sorpresa en la dirección del PP balear, donde se recuerda que el mismo 21 de junio de 2007, durante la rueda de prensa en la que Matas anunció su repentina marcha de la política, él mismo afirmó que iniciaría una colaboración con Génova, sede del PP en Madrid.
Sí en cambio ha llamado la atención la cantidad, pues hasta ahora los dirigentes consultados desconocían que Matas cobrara supuestamente unos 5.000 euros pese a no ostentar ningún cargo de responsabilidad y trabajar para el grupo Barceló en Washington. Dicha ´nómina´ se considera muy elevada en el seno de la cúpula ´popular´ de las islas, si bien en público no se entra a discutirla. El diputado Francesc Fiol, por ejemplo, eludió pronunciarse sobre la cuestión y emplazó a los periodistas a preguntar a los portavoces del PP balear.
"Le puedo asegurar que no se está dando una retribución a Jaume Matas", fue la escueta respuesta de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en Vigo, aunque no precisó si en el pasado se produjeron esos pagos. En cuanto al PSOE balear, su secretaria de organización, Rosa Maria Alberdi, centró la cuestión en que "el PP de aquí no tuviera ni idea" del asunto. Además criticó el silencio de Matas ante los continuos escándalos de corrupción.
(www.diariodemallorca.es, 24/02/09)
48. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN IMPUTA CUATRO DELITOS EN EL CONVENIO DEL CASTELL DE SANT ELM
La Fiscalía Anticorrupción cree existen indicios de que existan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y defraudación en el convenio firmado entre el Ajuntament d´Andratx y la Fundació Illes Balears por el Castell de Sant Elm. El fiscal Juan Carrau elevó la denuncia ante los juzgados de Palma contra el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo y "contra aquellas personas responsables de hecho o de derecho de las administraciones implicadas o de la entidad beneficiada que hubieran tenido intervención en la defraudación o perjuicio en los intereses económicos de la administración".
El Ajuntament d´Andratx denunció a principios del año pasado el convenio que mantenía con la Fundació Illes Balears para mantener el Castell de Sant Elm. El Consistorio pagaba 7.500 euros al mes a la entidad, que preside el ex president Gabriel Cañellas.
En la denuncia, que recoge la realizada por el Ajuntament d´Andratx, se recoge que, "con omisión del preceptivo expediente, Eugenio Hidalgo firmó un convenio que ha dado lugar a un perjuicio económico para el Ajuntament y a un enriquecimiento de la Fundació sin que dicho contrato supusiera beneficio o utilidad pública para el municipio". El documento de Anticorrupción señala además que ante la falta de justificación pública del acuerdo, "es posible que los fondos se hayan derivado en beneficio privado". Además del Ajuntament d´Andratx, la denuncia también apunta a posibles ayudas de la Conselleria de Cultura y del Inestur.
(www.ultimahora.es, 24/02/09)
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