1. RAJOY PROTEGE A CAMPS Y SUELTA LASTRE CON LOS DEMÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA

2. EL DOBLE RASERO DEL PP CON SUS 'OVEJAS NEGRAS'

3. RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA"

4. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN

5. EL 'CASO GÜRTEL', UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL PP

6. EL SUPREMO ARCHIVA UNA QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA GARZÓN Y LA REMITE AL CGPJ

7. LA FISCALÍA PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA DEL PP CONTRA GARZÓN

8. EL FISCAL QUE DIRIGE EL CASO GÜRTEL FUE NOMBRADO POR EL PP CON AZNAR Y LLEVÓ LA ACUSACIÓN DE FILESA

9. RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA

10. CORREA REGALÓ UN JAGUAR AL SECRETARIO ELECTORAL DEL PP

11. EL PP SALE EN DEFENSA DEL BUFETE DE MICHAVILA, QUE ASESORA A AYUNTAMIENTOS POPULARES

12. AZNAR SE NIEGA A DAR EXPLICACIONES SOBRE SU RELACIÓN CON CORREA

13. FINI AGRADECE LA AYUDA DE AZNAR PARA INTEGRAR EN LA DEMOCRACIA A LA DERECHA "LIGADA A LA NOSTALGIA DEL FASCISMO"

14. EL PP VUELVE A SEMBRAR DUDAS SOBRE LA SENTENCIA DEL 11-M

15. EL PARLAMENTO LUSO INTERROGARÁ A AGAG POR NEGOCIOS OSCUROS CON EL BPN

16. PAÍS VASCO. LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA ACUSA AL PP DEL "FIASCO" DE LA BALSA NORYESTE

17. GALICIA. FRAGA GASTÓ CASI 600.000 EUROS EN DOS AUDI 8 BLINDADOS

18. GALICIA. EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP

19. ANDALUCÍA. TEÓFILA MARTÍNEZ IMPEDIRÁ A VIVIENDA REVISAR LAS 18.000 CASAS

20. ANDALUCÍA. DIMITE EL EDIL DE ESTEPONA IMPUTADO POR GARZÓN

21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ

23. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ECHA EL CERROJO A LA INVESTIGACIÓN

25. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY SE INCLINA POR NO REABRIR SU INVESTIGACIÓN PESE AL MALESTAR

26. COMUNIDAD DE MADRID.. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS POPULARES DE MENTIR

27. COMUNIDAD DE MADRID.. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES

28. COMUNIDAD DE MADRID. DE ASESOR DE CASCOS A ALCALDE DE POZUELO

29. COMUNIDAD DE MADRID. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA

30. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID

31.COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA

32. CAMPS ES ÍNTIMO AMIGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE LO JUZGARÁ

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ES ÍNTIMO AMIGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE LO JUZGARÁ

36. COMUNIDAD VALENCIANA. RICARDO COSTA PAGÓ TRAJES MEDIANTE LA ENTREGA DE DINERO A 'EL BIGOTES'

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IGNORA UNA DOCENA DE ´IRREGULARIDADES´ EN EL PARIPÉ DE VAERSA CON ORANGE MARKET

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CONSTRUCTORA VINCULADA AL CONSELLER DE CAMPS TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA GENERALITAT

39. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA JUSTIFICÓ EN LA URGENCIA LA CONTRATACIÓN SIN CONCURSO DE LA EMPRESA DE LA ESPOSA DE CASCOS

40. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SUBVENCIONÓ UN PROYECTO POR EL QUE COBRÓ SU HERMANO

41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP FUERZA LA BAJA DE VÍCTOR CAMPOS, EX VICEPRESIDENTE DE CAMPS, POR RECIBIR SUPUESTAMENTE TRAJES REGALADOS

42. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSEJERO DE CAMPS DIO 200 OBRAS A UNA EMPRESA CON LA QUE ESTÁ VINCULADO

43. COMUNIDAD VALENCIANA. 63 DEPENDIENTES HAN MUERTO A LA ESPERA DE AYUDAS

44. CASTILLA Y LEÓN. IMPUTADO EL EX ALCALDE DE TAMARIZ POR VENDER PARTE DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO POR 250 EUROS

45. REGIÓN DE MURCIA. UN EX CONSEJERO DEL PP DE MURCIA TENÍA 43.000 EUROS EN SU GARAJE

46. REGIÓN DE MURCIA. LOS IMPUTADOS 'RECOLOCADOS' POR EL PRESIDENTE VALCÁRCEL

47. ISLAS BALEARES. LOS CANDIDATOS CIRER Y RODRÍGUEZ DIVIDEN AL GRUPO DEL PP EN CORT

48. EL GOVERN DEL PP PAGÓ DOS VECES UNA MISMA FACTURA A UNA CONSULTORA DEL METRO

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1. RAJOY PROTEGE A CAMPS Y SUELTA LASTRE CON LOS DEMÁS IMPLICADOS EN LA TRAMA

El PP dejó muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron instantáneamente.

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El TSCV decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.

Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004). Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia.

- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta imputado por corrupción.

- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró Camps.

(www.elpais.com, 07/03/09)

2. EL DOBLE RASERO DEL PP CON SUS 'OVEJAS NEGRAS'

Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe. El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.

(www.elpais.com, 07/03/09)

3. RAJOY: "YO FUI EL QUE DECIDIÓ QUE CORREA SALIERA DE GÉNOVA"

No sabe bien si le conoció pero si algo ha querido dejar claro Mariano Rajoy es que fue él el que enseñó la puerta de salida de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción político-empresarial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pero, ¿le conoció? "No tengo claro que conozca a Correa" ha dudado el líder de los populares durante una entrevista en RNE. Muy a la gallega, ni sí ni no sino todo lo contrario, Rajoy ha explicado que, aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en la que Correa trabajó para el PP nacional. No obstante y preguntado por si fue él el que decidió que saliera de Génova, Rajoy ha afirmado que lo hizo después de que el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le informase de que el empresario estaba utilizando el nombre del partido para la adjudicación de contratos.

Eso fue en 2004. Rajoy era ya secretario general del PP tras dejar la Vicepresidencia del último Gobierno de José María Aznar para ser su candidato a las generales. Correa llevaba años organizando los actos del partido, entre ellos los electorales. Y precisamente el hoy líder del PP había sido el jefe de campaña en 1996 y 2000. Al que sí ha dicho conocer Rajoy ante los micrófonos de RNE ha sido a Pablo Crespo, ex secretario de Organización de la formación en Galicia también implicado en la trama que investiga Garzón. ¿Hasta dónde sabe entonces de Correa el líder de los populares? Rajoy ha reconocido que el presunto cabecilla de la red corrupta organizaba los "viajes que contrataba el partido", aunque ha puntualizado que ni siquiera hoy sabe cuál es la agencia responsable porque no es su cometido.

"He sabido lo que publican los periódicos" ha añadido Rajoy. Sin embargo, la portavoz oficial del líder del PP, Carmen Martínez Castro, reconoció recientemente que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está gagá". Preguntado por la apertura de una invetigación interna, el líder del PP ha respondido que "ya hay una abierta" en la Audiencia Nacional. "Estaremos a lo que digan los tribunales" ha añadido Rajoy que, no obstante, se ha atrevido a asegurar que "esta gente", en relación a los empresarios implicados en la trama, "no han entregado un euro al PP". En uno de los últimos autos de Garzón se apuntaba a la supuesta financiación irregular de la formación en la Comunidad Valenciana. Precisamente sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, implicado por Garzón en el sumario, el presidente nacional del PP ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo".

A pesar de la confianza que Rajoy ha depositado en la Justicia, no ha faltado durante la entrevista una mención al juez Garzón. "¿Qué hace en Guatemala?" se ha preguntado el presidente del PP para criticar que el magistrado no haya trasladado aún las actuaciones a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. "¿Qué seguridad da una persona que se comporta de esta manera?". Sobre la otra trama que sacude, esta vez en Madrid, al PP, la del espionaje en el Gobierno regional, Rajoy ha echado balones fuera y ha apelado a "esperar a la decisión del Parlamento de Madrid" que votará las conclusiones de la fugaz comisión de investigación el próximo día 18.

(www.elpais.com, 12/03/09)

4. RAJOY EVITA CUALQUIER MENCIÓN A LA TRAMA DE ESPÍAS Y CARGA CONTRA GARZÓN

Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel. Así que Rajoy rehuyó a los periodistas y no hizo ni una sola mención al espionaje en su discurso a los diputados, reunidos de forma extraordinaria en el Congreso para escuchar y aplaudir al líder triunfante.

El PP se debate estos días entre la euforia por la victoria gallega y la preocupación por la investigación del juez Baltasar Garzón y la crisis por la trama de espionaje en Madrid. Sobre el juez, Rajoy no tiene control pero sobre el espionaje sí, porque puede decidir afear la conducta de Aguirre, que no ha dejado que se investigue seriamente quién y por qué siguió a dos miembros de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Rajoy, aparentemente y según la mayoría de su entorno, ha decidido pasar página cuanto antes y olvidar este asunto de guerra interna.

Se concentró, sin embargo, en el caso Gürtel para atacar a Garzón. Comentó con tono de crítica que el magistrado está en Perú, le acusó de no ser imparcial, prometió que el PP no va "a olvidar" la "causa general" contra el partido y anunció que seguirán preguntando en el Congreso por la cacería que ya ha costado la dimisión a Mariano Fernández Bermejo. El PP, explicó Rajoy, también quiere la cabeza del comisario jefe de la Policía Judicial, presente en la cacería.

Al presidente del PP le interesaba mucho más, no obstante, exhibir internamente su victoria. Delante tenía a la mayoría de los dirigentes críticos que han mostrado su malestar. Es en el Congreso donde está el principal foco de revuelta interna, donde se trató de fraguar un grupo que, en caso de derrota en Galicia, estaba dispuesto a exhibir públicamente, o al menos en una reunión interna, su enfado. Todas esas maniobras potenciales han quedado en nada tras el éxito, y Rajoy, por una vez fuerte internamente y triunfador, quiso ser magnánimo. Al final de su discurso, realizado de forma casi rutinaria, tendió la mano muy claramente a los críticos, algo que no había hecho desde que ganó el congreso de Valencia.

"Estoy muy contento de cómo se comporta el grupo. Todo el que quiera trabajar lealmente y construir, que lo haga. Quiero decir que a mí me preocupa única y exclusivamente el futuro. Nunca tomaré ninguna decisión por razones que no sean estrictamente políticas", dijo en tono tranquilo a sus diputados.

El mensaje era claro: Rajoy conoce los movimientos de los críticos, pero sostiene que no habrá represalias. Algunos de estos dirigentes escépticos están convencidos de que el entorno del líder, ahora que está fuerte, ya prepara la venganza por las dificultades internas a las que le han sometido en los últimos meses.

Rajoy, por el contrario, parece querer a todo el partido movilizado para las elecciones europeas, su reválida. Si las gana, como es previsible, su camino hacia 2012 estará consolidado. Por eso insistió en que todos los diputados, y todo el PP, debe trabajar para movilizar a su electorado.

Además de esa oferta de armisticio con los críticos, Rajoy también quiso reivindicar su enorme capacidad de aguante y disfrutar un poco -aunque en el discurso se le veía muy desganado- de su éxito. "Hemos ganado en circunstancias difíciles. Esto demuestra que no hay victoria sin esfuerzo y sacrificio, que para ganar hay que saber sufrir. Y en no ser triste ni derrotista está la senda de la victoria".

(www.elpais.com, 12/03/09)

5. EL 'CASO GÜRTEL', UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL PP

Para los críticos del PP, Rajoy tiene un principal problema: la falta de reflejos. "Mucha de la inquietud que Rajoy despertaba en el partido era que no reaccionaba", reconoce un diputado. La desesperación máxima llegó hace más de un mes, cuando estalló la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. "El partido no dio muy buena imagen cuando abrió una investigación interna, y, después, la cerró para cedérsela a la Asamblea de Madrid", se lamentan desde la capital.

Pocos dudan en el partido de que el punto de inflexión ha sido el estallido del caso Gürtel, que ya se ha cobrado varias dimisiones y la suspensión cautelar de militancia de todos los implicados, salvo de los aforados. Esta actitud, cortando cabezas, como se le reclamaba desde diferentes sectores, ha venido acompañada de una ofensiva en contra del juez Garzón y del ya ex ministro Mariano Fernández Bermejo. "Si no hubiese reaccionado ante la cacería, a los críticos se les habrían llevado los demonios", sostiene un marianista. Este punto de inflexión tiene una fecha clave: el 11 de febrero, cuando Mariano Rajoy compareció arropado por los pesos pesados de su partido tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

Hay en PP quien piensa que estos escándalos han servido de "estímulo" para que los votantes se hayan convencido de que son un partido "honrado". Lo mantuvo Esperanza Aguirre.

(www.publico.es, 08/03/09)

6. EL SUPREMO ARCHIVA UNA QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA GARZÓN Y LA REMITE AL CGPJ

El Tribunal Supremo ha decidido archivar penalmente, a instancias de la Fiscalía, la querella presentada por el abogado alicantino Antonio Panea contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que acusó de los delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de 238.000 dólares relacionados con unas conferencias en la Universidad de Nueva York. A pesar de archivar la querella, el Tribunal Supremo ha decidido deducir testimonio para que el CGPJ, órgano competente en esta materia, estudie si Garzón no comunicó el cobró de dinero por las conferencias y clases magistrales que impartió en la Universidad de Nueva York.

El Supremo subraya que "no consta que el CGPJ tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación de Garzón fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina". La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entiende que "no revisten indiciariamente los hechos la comisión de infracción penal alguna", según consta en el auto hecho público hoy.

Panea presentó el pasado 10 de junio una querella contra Garzón al entender que el patrocinio de 1.700.000 dólares que el Banco Santander sufragó para la realización de un ciclo de conferencias en la Universidad de Nueva York -en el que participó Garzón- motivaron que el juez archivase una querella interpuesta contra el presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín.

"El querellado se ha hecho millonario con el cargo de juez central de Instrucción, recibiendo al menos, como todo indica que recibió del Grupo Santander, una especie de subvención a fondo perdido de 1.700.000 dólares bajo la pantalla de unas conferencias a impartir en Nueva York, y que garantizaban a los administradores del banco, como así fue luego, un tratamiento especial de las querellas que pudieran tocar ante el referido juez", señalaba la querella.

Antes de estudiar la admisión de la demanda, el Tribunal Supremo pidió el pasado 31 de octubre a la Universidad de Nueva York los detalles de la contratación de Garzón para impartir el ciclo de conferencias, y solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las resoluciones que dieron permiso al juez para viajar a Estados Unidos.

De esta documentación se extrae que, durante su estancia en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, Garzón percibió dinero del Centro Rey Juan Carlos I de España y del Centro Derecho y Seguridad, ambos de la Universidad de Nueva York, que a su vez había recibido un patrocinio del Banco Santander.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también recabaron del despacho de Garzón los autos y providencias por los que archivó la querella presentada contra Botín.

Tras estudiar toda la documentación, los magistrados del Alto Tribunal llegaron a la conclusión de que el patrocionio del Banco Santander no se produjo "con la finalidad de dictar resolución de contenido determinado en relación con la querella" interpuesta contra Botín. "Y ni siquiera puede asegurarse que el dinero entregado por la entidad bancaria tuviese al querellado como directo destinatario", señala el auto.

(www.publico.es, 09/03/09)

7. LA FISCALÍA PIDE QUE SE ARCHIVE LA QUERELLA DEL PP CONTRA GARZÓN

La Fiscalía ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que archive la querella por prevaricación que el PP interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por no inhibirse en la operación Gürtel, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido.

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público, que han señalado que la Fiscalía considera que la actuación del magistrado no constituye un delito de prevaricación.

Los conservadores denunciaron la "decisión consciente de suplantar la ley" por parte del magistrado y el hecho de que éste no se haya inhibido en el plazo de tres días establecido por ley, según informaron fuentes conservadoras. 

En su escrito, de 16 folios, la dirección del PP recuerda además que Garzón participó en un cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que impidió a los coservadores presentarse como acusación particular.

Los conservadores alegan que el magistrado habría cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales "con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto".

(www.publico.es, 12/032/09)

8. EL FISCAL QUE DIRIGE EL CASO GÜRTEL FUE NOMBRADO POR EL PP CON AZNAR Y LLEVÓ LA ACUSACIÓN DE FILESA

El fiscal jefe Anticorrupción en Madrid, Antonio Salinas, fue nombrado por el PP durante el Gobierno de José María Aznar y fue el fiscal instructor del caso Filesa que llevó a los tribunales al PSOE en los años 80 por financiación ilegal del partido. Salinas, nada sospechoso de actuar a las órdenes del Gobierno socialista, ha sido acusado duramente por el PP desde que se destapó la operación Gürtel. A ello, hay que añadir que la Fiscalía Anticorrupción de Madrid será, con toda seguridad, la que lleve directamente la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia en Valencia (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra el secretario general del PPCV y portavoz en las Corts, Ricardo Costa.

Según fuentes jurídicas consultadas, cuando las diligencias de investigación se inician en Anticorrupción en Madrid, lo normal es que se nombre desde allí a un fiscal instructor, como ocurrió con el caso Fabra.
Los ataques arreciaron desde las filas populares a finales de febrero, tanto contra el juez Baltasar Garzón como contra el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, a medida que se iba destapando la trama de corrupción en el PP con la operación Gürtel. De Garzón, ya se ha contestado repetidamente que era muy bueno para los populares cuando instruyó el tema de los GAL. Pero de Salinas habría que recordar también su participación como instructor en el caso Filesa, el primer escándalo que salpicó al PSOE y que acabó en los tribunales por financiación ilegal. Además, y no menos importante si es que cabe alguna duda sobre la parcialidad o imparcialidad del Fiscal Jefe Anticorrupción, es recordar que fue precisamente el Fiscal General Jesús Cardenal quien le nombró en 2003, bajo la presidencia de Aznar. Cardenal tuvo que explicar en 1998 en el Congreso de los Diputados la advertencia enviada a los fiscales para que "no criticasen al Gobierno", entonces con el PP de Aznar en el poder.

Volviendo a Salinas, fue uno de los dos votos en contra de la imputación del líder popular Josep Piqué, que fue ministro con Aznar, por la venta de una propiedad. Por entonces, Salinas era fiscal del Tribunal Supremo, órgano competente para las causas de aforados del Gobierno Central o de diputados nacionales. No obstante, Antonio Salinas, fue confirmado en su cargo en la jefatura Anticorrupción en 2008, cuando se cumplía su mandato, por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, nombrado por el PSOE.

Este nombramiento contó en el Consejo Fiscal con el apoyo de la asociación conservadora de Fiscales y la oposición de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), precisamente la que da soporte al Fiscal General. En este sentido, fuentes jurídicas explicaron que la actuación jurisdiccional del fiscal Anticorrupción no tiene por qué ir de acuerdo con el partido en el Gobierno, ni tampoco tiene que ser partidista en el otro sentido.

Respecto al fiscal que instruirá el caso Gürtel en Valencia y a las especulaciones sobre la intervención del Fiscal Superior Ricard Cabedo, quien fue fuertemente criticado por el PP al llegar a la jefatura de Valencia, ya se ha avanzado en esta página la posibilidad de que sea la Fiscalía Anticorrupción de Madrid la que se encargue directamente del caso.

Precisamente, , tras una reunión de la dirección del PP, su vicesecretario David Serra aludió de nuevo a Ricard Cabedo al manifestar que "la independencia del Poder Judicial está garantizada, independientemente de que haya fiscales que sean maridos de diputadas", refiriéndose de forma directa al Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana. Y añadió: "Estoy seguro que el TSJCV será independiente por completo".

En este sentido, tras arreciar las críticas al presidente del TSJCV por su relación con Camps, cabe destacar que el próximo 6 de julio vence el mandato de Juan Luis de la Rúa, excepto que decida presentarse de nuevo como candidato, tras diez años en el cargo. Con lo que no sería él quien llegara a juzgar al presidente de la Generalitat en caso de llegar la instrucción a este punto.

Preguntado sobre si el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, debería abstenerse dada su "amistad" con Camps, David Serra respondió que pide la Justicia que "actúe rápidamente y con independencia". Así, el 6 de julio se debería cubrir la plaza de presidente del TSJCV, pero ello significa que el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo entre los candidatos, ya que se requiere una mayoría de tres quintos.

Este tipo de cargos está sujetos a pactos de consenso entre la mayoría progresista y la conservadora. Además, en el TSJ se cuentan los méritos profesionales. Si no hubiera pacto, De la Rúa seguiría en funciones, con lo que su mandato se prorrogaría unos meses. Antes de esto, la causa contra Camps debe haber prosperado, ya que también cabría su archivo, como ocurrió con el caso Mercalicante, contra el ex alcalde popular de Alicante, Luis Díaz-Alperi.

(www.levante-emv.com, 10/032/09)

9. RAJOY NIEGA HABER SIDO CHANTAJEADO POR LA RED LIDERADA POR CORREA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, negó esta noche haber sido objeto de chantaje por la supuesta trama liderada por Francisco Correa investigada en el marco de la denominada 'operación Gürtel' a principios de 2003. El líder del PP aseguró no tener constancia de un supuesto vídeo en el que él criticaba al presidente fundador del PP, Manuel Fraga, y dijo que no tiene trato con Francisco Correa. "Y desde luego a mí no me chantajeó nadie", agregó.

Rajoy también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 200.000 dólares que percibió por la organización de unas actividades académicas en dicho centro. "No soy juez ni me voy a erigir en juez de nadie. Espero que el CGPJ actúe y cualquier cosa que diga yo no tendré nada que decir pero a lo mejor esto debería remover también a una reflexión al juez Garzón"

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

10. CORREA REGALÓ UN JAGUAR AL SECRETARIO ELECTORAL DEL PP

Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel, regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia, se encontraba casado con Ana Mato y era un hombre de confianza del entonces presidente, José María Aznar, hasta el punto de que era secretario nacional del Area Electoral. Hay documentos que acreditan que Correa pagó, el 17 de diciembre de 1999, 8.663.700 pesetas a un concesionario de la marca británica de coches de lujo y que cinco días más tarde ese vehículo fue matriculado a nombre de Jesús Sepúlveda, que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en representación del PP hasta que presentó su dimisión tras haber sido imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel. Precisamente, el popular Gonzalo Aguado fue elegido primer edil de ese Ayuntamiento, del que Sepúlveda sigue siendo concejal.

Garzón mantiene que Jesús Sepúlveda recibió, entre enero de 2002 y mayo de 2008, un total de 442.992 euros de la trama de Francisco Correa y un vehículo de la marca Range Rover. Este sería el segundo automóvil que Correa facilitó gratis total a Sepúlveda desde el año 1999.

Francisco Correa Sánchez (F. C. S.) y su empresa Travel Group pagaron el 17 de diciembre de 1999 a la sociedad madrileña Auto Capital 8.663.700 pesetas por un vehículo de la marca Jaguar, modelo S.Type 4.0 V8 con el número de chasis 46575. Ese vehículo, con idéntico número de chasis, fue matriculado cinco días después, el 22 de diciembre de 1999, en la Jefatura de Tráfico de Madrid por un ciudadano que tiene por número de DNI el mismo que el ex alcalde de Pozuelo y ex senador del PP Jesús Sepúlveda Recio.

Los 8.666.700 pesetas (52.190 euros) fueron desembolsados a Auto Capital, concesionario de la marca Jaguar en Madrid, mediante un talón al portador del Banco Santander -sucursal de la calle de Velázquez, 89- contra una cuenta corriente cuyos últimos tres números son 215. Esa documentación no está incorporada a las Diligencias Previas 275/2008 que abrió Garzón contra Jesús Sepúlveda y otros. Tanto el talón bancario como la factura no fueron detectados por la Udef (Unidad de Delitos Económicos y Financieros), departamento policial que ha llevado a cabo la investigación contra la trama de Correa y sus socios dentro de la operación Gürtel.

En la actualidad los agentes de la Udef, según ha podido saber este periódico, se encuentran analizando un lápiz de memoria que llevaba José Luis Izquierdo, el contable de la trama de Correa, en el bolsillo de su pantalón cuando fue detenido. En ese dispositivo de almacenamiento digital está toda la contabilidad B de las empresas de Correa desde el año 2003 al 2008. Los expertos policiales que están chequeando esa información se han encontrado con varias anotaciones en las que figuran las iniciales "L. B." y, junto a ellas, cifras muy importantes.

José Luis Izquierdo, en libertad pero imputado en el caso Gürtel, ya ha declarado ante Garzón en dos ocasiones, el 12 y 18 de febrero.La Policía está convencida de que conoce y tiene documentados todos los pagos realizados por Correa y sus socios a diferentes cargos del PP. Sepúlveda, tal como se ha podido confirmar a través de la ficha del vehículo en la Jefatura de Tráfico, matriculó el Jaguar regalado por Francisco Correa y su organización el 22 de diciembre de 1999 y se desprendió del mismo tres años después, el 25 de enero de 2002.

El magistrado Garzón hace referencia en su auto judicial del pasado día 5 a otro vehículo que Jesús Sepúlveda utiliza desde abril de 2004. Se trata de un Range Rover, modelo Vogue 4.4 V8, que el ex alcalde y ex senador del PP obtuvo mediante la fórmula de renting con la empresa ALD Automotive de Madrid. El juez da a entender que ese vehículo de Sepúlveda fue facilitado al ex senador del PP por Francisco Correa.

Jesús Sepúlveda y Francisco Correa se conocieron en Madrid, en la sede central del PP. El primero, junto con la que entonces era su mujer, Ana Mato, se encargaba del área electoral de su partido, y el segundo ya hacía tiempo que trabajaba para el PP en la organización de eventos, fiestas y campañas electorales.Todo eso fue antes del año 1999. En diciembre de ese mismo año, Correa tuvo la deferencia de regalarle a Sepúlveda un flamante vehículo Jaguar de ocho cilindros y 281 caballos, que según el mercado automovilístico de aquel momento estaba valorado en 52.190 euros.

En aquella época, 1999, Sepúlveda era senador por Murcia y tenía un cargo de peso en el partido: era secretario nacional del Area Electoral y miembro de la Ejecutiva. Por ése y otros motivos, Correa y Sepúlveda congeniaron y se prestaron ayudas mutuas.

(www.elmundo.es, 12/03/09)

11. EL PP SALE EN DEFENSA DEL BUFETE DE MICHAVILA, QUE ASESORA A AYUNTAMIENTOS POPULARES

Los representantes del PP en la Mesa del Congreso protestaron vivamente por el expediente abierto por el secretario de la Cámara a dos letrados de las Cortes que comparten despacho con el diputado José María Michavila.

Jorge Fernández, Celia Villalobos, Ignacio Gil-Lázaro y, en mucha menor medida, Ana Pastor, provocaron una tormentosa discusión en la reunión a puerta cerrada del máximo órgano de gobierno de la Cámara. Lo hicieron para mostrar su disconformidad con el anuncio que se hizo la semana pasada sobre la apertura de la investigación a los letrados como decisión de la Mesa.

A pesar de que consta en el acta de la anterior Mesa, los representantes del PP aseguraron que se trata de una potestad del secretario mayor, Manuel Alba, y que no tiene que ser presentada como acuerdo de la Cámara. En la discusión llegaron a hablar de "persecución contra Michavila". El despacho en el que trabaja este diputado por Valencia ha contratado reiteradamente con ayuntamientos relacionados con la trama corrupta que investiga Garzón. El diputado tiene concedida la compatibilidad para ejercer el derecho, pero con la limitación de no contratar con Administraciones públicas.

Su nombre no aparece en ninguno de esos litigios, pero sí el del despacho, Eius, y el de dos de sus socios, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, que, además, son letrados de las Cortes. Los funcionarios de ese cuerpo tienen prohibido también contratar con las Administraciones públicas. Por eso, después de que este periódico publicara que los letrados han defendido a distintos ayuntamientos, el secretario de la Cámara pidió autorización a la Mesa para abrirles expediente informativo. Los dos letrados han recibido ya un cuestionario que deben responder esta semana para que detallen sus actividades.

La tormentosa discusión terminó con la decisión de hacer pública una nota de prensa que reitera que "el secretario general, en el ejercicio de sus competencias, ha iniciado diligencias informativas para determinar el cumplimiento de las previsiones estatutarias en esta materia".

(www.elpais.com, 11/032/09)

12. AZNAR SE NIEGA A DAR EXPLICACIONES SOBRE SU RELACIÓN CON CORREA

El ex presidente José María Aznar y actual responsable de FAES apadrinó ayer la presentación de un libro del cubano Carlos Alberto Montaner. Aprovechó el acto para arremeter contra el régimen de Fidel Castro y relacionarlo con el Gobierno de Zapatero, al que acusó de actitud "mezquina" con los disidentes de la isla. Sin embargo, Aznar calló a las preguntas de las periodistas sobre la trama de corrupción en torno al PP investigada en el caso Gürtel, en la que se encuentran imputados altos cargos del partido cuando él estaba al frente, como Jesús Sepúlveda o Francisco Correa, amigo de su yerno Alejandro Agag.

Durante la presentación del libro de Montaner La última batalla de la Guerra Fría. Cómo y por qué se hundió el comunismo, Aznar acusó al Gobierno socialista de actitud "mezquina" con los disidentes cubanos y de mantener unos "inexplicables intereses" que le llevan a relacionarse de la misma forma con regímenes democráticos o con dictaduras.

"Incomprensible"

Aznar ha calificado de "incomprensible" que, tras la caída del Muro de Berlín, se mantenga una dictadura como la cubana, ha advertido de que el final del castrismo no llegará porque sí, y de que nada asegura tampoco que la desaparición de los hermanos Castro lleve automáticamente a la libertad y la prosperidad.

"Medio siglo de dictadura es una atrocidad"

"Si cualquier dictadura es detestable -ha proseguido-, medio siglo de dictadura es, simplemente, una atrocidad", subrayó. También aseguró que Cuba es un fracaso económico porque es comunista.

Poco hablador respecto al PP

Sin embargo, Aznar suscitó más expectación por lo que tuviera que decir respecto al caso Gürtel, en el que se encuentran imputadas personas de su confianza cuando presidía el PP, como Jesús Sepulveda, responsable del área electoral y con el que mantiene vínculos personales, o Francisco Correa, cerebro de la trama e íntimo de su yerno Alejandro Aznar. El ex presidente guardó silencio al respecto tanto en la conferencia como ante las reiteradas preguntas de los periodistas, como demuestra este audio de la Cadena Ser.

(www.elplural.com, 13/03/09)

13. FINI AGRADECE LA AYUDA DE AZNAR PARA INTEGRAR EN LA DEMOCRACIA A LA DERECHA "LIGADA A LA NOSTALGIA DEL FASCISMO"

Gianfranco Fini, líder de la formación neofascista Alianza Nacional y principal socio del gobierno de Silvio Berlusconi, aseguró que su "amigo español" José María Aznar ayudó "antes que nadie en Europa" a que la derecha italiana "ligada a la nostalgia del fascismo" se "integrase plenamente en el sistema político" y pasara a tener un corte "democrático". A su juicio, "hay que acabar con las etiquetas del siglo pasado" para referirse a la derecha política, y hay que apostar por el "bipartidismo" para acabar con la "inestabilidad".

Gianfranco Fini, líder del partido derechista Alianza Nacional y principal aliado del gobierno italiano de Silvio Berlusconi, concedió una entrevista al diario El País en la que reconoció el papel del ex presidente español José María Aznar en el viaje de su partido desde la extrema derecha al posfascismo tolerante con la democracia.

A su juicio, su partido ha "contribuido a una estrategis que ha llevado la cultura politica de la derecha italiana a integrarse plenamente en el sistema político, gracias también a algunos amigos españoles, entre ellos Aznar, antes que nadie en Europa". "Ese actor político nuevo que estaba ligado a la nostalgia del fascismo es hoy una derecha (…) democrática", añadió, y matizó que se trata de una derecha "no ideológica, democrática, europea e institucional".

Según defendió, "la cultura de la derecha en el tercer milenio debe modernizarse, hay que acabar con las etiquetas del siglo pasado, que es el milenio pasado". Además, a su juicio, "la gran apuesta" política es "el bipartidismo", una fórmula que en su opinión contribuye a "acabar con la fragmentación y la inestabilidad".

Fini, que no se ve como el "delfín" de Berlusconi, considera que el dirigente "tiene un apoyo personal y popular" que podría impulsarle como presidente de la República. Ello podría dejar al propio Fini la puerta abierta como próximo primer ministro del país, algo que el dirigente no ha querido aventurar. "Más allá de cómo se ve uno en el espejo, la política es realismo y estrategia", apuntó.

(www.elplural.com, 10/032/09)

14. EL PP VUELVE A SEMBRAR DUDAS SOBRE LA SENTENCIA DEL 11-M

El PP siempre ha respetado todas las decisiones judiciales pero si hay nuevos datos deben ser convenientemente analizado". Con estas palabras y una buena dosis de ambigüedad la portavoz conservadora en el Congreso Soraya Saénz de Santamaría respaldó timidamente el martes la campaña del diario El Mundo para reabrir el caso del mayor atentado de la historia de España, el 11-M.

Su respuesta a los periodistas remitía a los tiempos cuando el PP aún agitaba la bandera del "queremos saber" conspiranoico. "Cualquier español desea que se conozca todo lo que ha pasado y que no quede ningún responsable sin la respectiva condena", reclamó la portavoz conservadora.

Ante las preguntas de los periodistas, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, también valoró el aniversario del 11-M. Su respuesta fue concisa: "El Estado de Derecho ya investigó y enjuició el trágico atentado. Fue una sentencia explícita y a ella me remito". Alonso aprovechó para recordar que la resolución "ensalzaba" el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El diario El Mundo, que desde el primer momento cuestionó la autoría islamista de los atentados e incluso puso en tela de juicio la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los autores y colaboradores del atentado, retomó el domingo la defensa de la llamada teoría de la conspiración.

Ese día, el diario publicó una conversación con Jamal Zougam, condenado por ser uno de los autores de la masacre, en la que defendía que "la investigación de los atentados consistió en inventar cualquier cosa para que pareciera culpable". Un día después, el periódico de Pedro J. Ramírez defendía que la policía podía haber ocultado datos que apuntaban a la inocencia del propio Zougham.

Esta nueva campaña de descrédito a la Justicia llega además acompañada por la publicación de un nuevo libro sobre el atentado del abogado José María de Pablo. En La cuarta trama (Editorial Ciudadela), el que ejerció de letrado de la Asociación 11-M de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, sostiene que "la intención de los atentados era un vuelco electoral" y que no se ha investigado a los autores de la tragedia.

En el quinto aniversario de los atentados los partidos y asociaciones volverán a celebrar los actos conmemorativos divididos. El Gobierno asistirá a la concentración que tendrá lugar en la estación de Atocha. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, depositará una corona de flores en la Puerta del Sol.

(www.publico.es, 11/032/09)

15. EL PARLAMENTO LUSO INTERROGARÁ A AGAG POR NEGOCIOS OSCUROS CON EL BPN

Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, está en la lista de sospechosos de la comisión parlamentaria que investiga en Portugal el escándalo del Banco Portugués de Negócios (BPN), intervenido con carácter de urgencia por el Gobierno luso en noviembre para evitar la quiebra. Agag, que trabajó como asesor de la dirección del banco a partir de 2002, recibirá la semana próxima una batería de preguntas sobre su supuesta participación en negocios oscuros vinculados o no con el BPN.

El BPN fue nacionalizado con una deuda que superaba los 700 millones de euros. José Oliveira e Costa, presidente del grupo Sociedad Lusa de Negocios/BPN entre 1998 y 2008, está en la cárcel desde noviembre y es sospechoso de fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos. Entre las 15 preguntas dirigidas por los diputados portugueses a Agag destaca la que le vincula con el inversor y traficante de armas libanés Abdul El-Assir. "¿Participó en un negocio, en el año 1994, en el que el señor El-Assir participó como intermediario para la venta de armas al reino de Marruecos? ¿Es verdad o no, que usted y el señor El-Assir intervinieron en la preparación de un negocio (que no se concretó) de venta de armas de la empresa española Santa Bárbara a países árabes?", preguntan sus señorías a Agag.

"¿Fue durante el periodo que usted trabajó en el grupo BPN/SLN cuando El-Assir obtuvo un crédito de algunas decenas de millones de euros del BPN para la compra de inmuebles en Madrid? ¿Sabe si el señor El-Assir es de hecho propietario de tres inmuebles en Madrid comprados en 2002, o después de este año?", interpelan los miembros de la comisión.

En otro punto, Agag es requerido sobre su eventual participación en la operación de la inmobiliaria Metrovacesa, y el papel del BPN en dicho caso. Hay también varias preguntas sobre la relación del yerno de Aznar y Manuel Dias Loureiro, administrador ejecutivo de la SLN entre enero y marzo de 2002, y que estuvo en la cúpula de la sociedad hasta 2005.

Hombre fuerte del Partido Social Demócrata (PSD), equivalente al PP, Dias Loureiro fue ministro de Asuntos Parlamentarios y del Interior con Aníbal Cavaco Silva. Agag fue contratado por el político-banquero como asesor de la dirección del banco, un cargo que no existía previamente. Mientras prestó sus servicios al BPN, no vivió en Lisboa, sino que trabajaba desde un despacho en Madrid.

16. PAÍS VASCO. LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA ACUSA AL PP DEL "FIASCO" DE LA BALSA NORYESTE

La Diputación de Álava, gobernada por el PNV, anunció que pedirá "responsabilidades políticas" al anterior gobierno de la provincia, del PP, tras haber constatado que la balsa Noryeste, con la que se pretendía abastecer de agua a los regantes de la Llanada Alavesa, sólo puede embalsar algo más del 10% de su capacidad total (7 hectómetros cúbicos) por las filtraciones en el terreno.

La Diputación inició el pasado 24 de enero las pruebas de llenado de este embalse ubicado en el municipio de Ullibarri-Arrazua, cercano a Vitoria. Los resultados preliminares de las mismas confirman, según la institución foral, que la infraestructura es inservible en su estado actual. El teniente de diputado general de Álava, Claudio Rodríguez, aseguró al término del Consejo de Diputados, que este "fiasco" en una obra que ha costado 30 millones de euros exige que "quien certificó las facturas e ignoró las advertencias sobre las características del terreno" asuma "responsabilidades políticas".

Rodríguez añadió que la institución foral buscará soluciones para los regantes "con la mayor brevedad posible". Estas soluciones, en el mejor de los casos, pasarán por la impermeabilización del vaso del embalse, algo que supondría una nueva inversión de 3 millones de euros, según explicó el autor del proyecto, Julio López, ante las Juntas Generales.

La construcción de la balsa Noryeste concluyó en 2004. La inmediata aparición de grietas en el suelo que hacían dudar de su viabilidad y los problemas administrativos han retrasado hasta ahora su llenado. La obra se empezó a ejecutar durante la primera legislatura del PP en el Gobierno foral (1999-2003), pero el diseño del proyecto se remonta a 1995, con el PNV al frente de la Diputación.

(www.elpais.com, 11/032/09)

17. GALICIA. FRAGA GASTÓ CASI 600.000 EUROS EN DOS AUDI 8 BLINDADOS

La compra de un Audi 8 blindado por Emilio Pérez Touriño, ahora presidente de la Xunta en funciones, se convirtió en uno de los ejes de la campaña del PP en Galicia. Touriño rehusó contestar en vísperas electorales a las acusaciones. Ahora, ya derrotado, ha revelado que su antecesor en el cargo, el dirigente del PP Manuel Fraga, compró dos Audi 8 blindados en 2001 y 2002, por los que el Gobierno gallego abonó casi 600.000 euros. También contó que el ganador de las pasadas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, utilizó otro A-8, sin blindaje, cuando fue vicepresidente de la Xunta. Ahora en la Xunta hay 32 Audi, los mismos que hace cuatro años.

(www.elpais.com, 13/03/09)

18. GALICIA. EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP

El Peugeot 607 que utiliza el inesperado ganador de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, desde hace tres años fue "un préstamo" de la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo a "una institución" –el PP-. Es la versión que defendía una portavoz del grupo en Galicia para acallar los rumores de que Feijóo habría defraudado a Hacienda al no declarar su vehículo. Al apuntar al partido como usufructuario, sin embargo, el grupo se ha metido en una nueva encrucijada: en ese caso, Feijóo no habría cometido delitos fiscales, pero el PP habría violado la Ley de Financiación de Partidos, que no contempla la figura del "préstamo". Según su última justificación, el PPdeG es usufructuario del coche oficial del su presidente, un Peugeot 607 que proviene de "un préstamo" de la factoría Citroën de Vigo. Pero la Ley de Partidos no contempla la figura del "préstamo" y es muy estricta ante este tipo de operaciones, recoge Público.

El artículo 4.2 del citado reglamento aclara que los partidos "podrán recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley", pero las mencionadas donaciones deben tener "carácter irrevocable" y este concepto es incompatible con el de "préstamo" con el que se justifica Feijóo. Además, las donaciones de personas jurídicas –el caso de la fábrica Citroën de Vigo- necesitan siempre un "acuerdo adoptado en debida forma", algo que Feijóo no hizo. El dirigente ni siquiera firmó un contrato como tal: la operación sólo quedó recogida en una "papel de autorización para la utilización del vehículo", tal como han explicado fuentes de la factoría.

Pero a efectos legales, esta no basta. La normativa requiere que se acredite "mediante certificación expedida por el partido político" la "identificación del donante", un documento "que acredite la entrega del bien donado" y una "mención expresa del carácter irrevocable de la donación". En ningún momento se contempla la justificación de Feijóo –el "préstamo" gratis y total-.

En el PP rehúsan hablar del tema, a pesar de la locuacidad que se demostró con el Audi del presidente saliente, Emilio Pérez Touriño. PSA Peugeot Citroën Vigo sí ha dado explicaciones pero estas no dejan bien parado al líder popular. "Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo. El nos expresó su interés por comprarlo" apuntó un portavoz de la fábrica. "Manifestó su deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo", agrega.

El "préstamo", que se alargó durante tres años, parece haber tocado fin: Feijóo tiene intención de sustituir el Peugeot 607 –el coche de los ministros-, por un Citröen C6 –el coche de Sarkozy-, incumpliendo así, por cierto, su primera promesa: el dirigente, que había aseverado que se desplazaría en un coche fabricado en Galicia, finalmente lo hará en un vehículo que sólo se produce en Francia.

(www.elplural.com, 10/032/09)

19. ANDALUCÍA. TEÓFILA MARTÍNEZ IMPEDIRÁ A VIVIENDA REVISAR LAS 18.000 CASAS

El Ayuntamiento de Cádiz, del PP, no permitirá que la Junta de Andalucía le reste la competencia municipal asignada en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía para las inspecciones técnicas de vivienda. El concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, tachó de "farol" el anuncio de la directora de la oficina autonómica de rehabilitación del centro histórico gaditano, Silvia López, de revisar finca a finca las 18.000 casas que hay en todo el casco antiguo de la ciudad. El anuncio ha sido saludado, en cambio, por las asociaciones de vecinos, muy críticas con la labor del Consistorio.

La Junta ha encargado a un equipo de arquitectos entrar en todas las fincas del centro histórico para actualizar el listado de infraviviendas. López reconocía que no se fiaba de las inspecciones municipales. Este anuncio no ha gustado nada al Ayuntamiento. "A Silvia López se le ha calentado la boca innecesariamente. Hace caso omiso de la legislación que rige las competencias. Es incomprensible que la Junta haya tenido la ocurrencia de poner en el cargo de gerente a una persona que desconoce la ley", aseguró Romaní. El edil del PP cree que López ha presentado un órdago "para sumar puntos en la escalada política de su partido".

La propia López reconoció que la inspección es competencia municipal pero defendió su proyecto porque la Junta es "responsable política y moral" de la rehabilitación en Cádiz. recibió el respaldo del PSOE. "El Ayuntamiento tiene la competencia pero ha cometido una clara negligencia en esta materia. Es una absoluta incapacidad", acusó el secretario local socialista, Federico Pérez Peralta.

Silvia López obtuvo también el apoyo de las asociaciones de vecinos de La Viña y Cádiz Centro, cuyos presidentes aplaudieron su plan. "Las inspecciones del Ayuntamiento no son rigurosas. Se hacen chapuzas. No hay seguimiento", se quejó el máximo responsable de La Viña, José Lado. "Queremos inspecciones reales y no superficiales. A ver si entre uno y otro evitamos los problemas", añadió el portavoz de Cádiz Centro, Francisco Gómez. Los vecinos exigen que no vuelvan a producirse los incidentes sufridos recientemente, como el ocurrido en la calle Paco Alba la pasada semana. Allí se derrumbó un techo sobre una vivienda, que había sido inspeccionada por un técnico municipal sólo dos días antes.

(www.elpais.com, 10/032/09)

20. ANDALUCÍA. DIMITE EL EDIL DE ESTEPONA IMPUTADO POR GARZÓN

La ola de dimisiones en el Partido Popular a raíz de la trama corrupta investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se dejó sentir en Estepona (Málaga, 60.000 habitantes), una ciudad que todavía sufre los efectos de su red autóctona de corrupción.

El concejal del PP Ricardo Galeote anunció su intención de renunciar a su puesto como concejal de la oposición y secretario local del partido tras conocer que está acusado de cobrar 42.469 euros en comisiones. El dinero aparecía reflejado en la contabilidad intervenida a Francisco Correa, máximo imputado en el caso Gürtel, que investiga una presunta trama de financiación irregular del partido y el cobro de comisiones en todo el país. El presidente esteponero de los populares, Ignacio Mena, aseguró que Galeote dimitirá en los próximos días para "no dañar al PP" y "poder defenderse mejor". Según el partido, solicitará su suspensión cautelar de militancia a la dirección hasta que se resuelva su situación.

Galeote, hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, no está solo en la causa. Su padre, del ex concejal de Boadilla del Monte (Madrid), José Galeote, también está implicado por el supuesto cobro de 612.506 euros. El edil esteponero tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de marzo y puede recurrir la resolución del juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid en cinco días. La imputación sorprendió a Galeote en Madrid, que se quejó de haber tenido que "enterarse por los medios de comunicación" y remitió para cualquier valoración a su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según el juez Baltasar Garzón, el edil habría cobrado de la trama 42.469 euros entre 2001 y 2003, tiempo en el que gobernaba Estepona un cuatripartito formado por PSOE-PA-PP-IU. En aquella época, Galeote trabajaba como gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas y contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Francisco Correa.

De los 42.469 euros, habría cobrado 4.507 euros por comisiones derivadas de facturas por conceptos tales como moqueta o carpa en 2001. En la caja B de la organización también aparece un apunte por 6.000 euros fechado en 2003. En la contabilidad intervenida en el piso franco de la red también constan pagos hechos a su padre, José Galeote, que fue concejal de Boadilla del Monte durante 12 años.

(www.elpais.com, 07/03/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID

Agentes del Gobierno de Madrid espiaron al ex presidente de Telemadrid y ex diputado regional del PP Álvaro Renedo, otro dirigente caído en desgracia ante Esperanza Aguirre. Renedo fue fotografiado por los espías, según el parte de éstos, tras entrevistarse en un hotel con Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. Ambos espiados confirman su encuentro.

Los 33 partes originales que recogen los seguimientos por agentes de la Consejería de Interior de Madrid en 2008 a políticos del PP contrarios a Aguirre como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero Prada no sólo coinciden con sus agendas oficiales, sino con las privadas.

Y quienes tuvieron encuentros con ellos también fueron investigados o fotografiados. Este diario ha identificado a dos víctimas colaterales del espionaje negado por el consejero de Interior, Francisco Granados, pero que nutren un listado que incluye al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y a la diputada regional Carmen Rodríguez.

La primera víctima colateral del espionaje es Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid entre 2003 y 2007 por nombramiento de Aguirre y diputado regional en la anterior legislatura. La segunda es Clara Reynolds, presidenta de una fundación. Renedo fue espiado el 20 de mayo de 2008. Los espías de la Consejería de Interior lo describieron y fotografiaron tras entrevistarse con Prada en el hotel Hesperia de Madrid: "Se reúne en el interior de hotel con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de P". "Ese hombre de edad avanzada, calvo y con gafas que se entrevistó en el hotel Hesperia con Prada soy yo", confirmó Renedo.

Pero evitó opinar sobre tal espionaje y aclarar si presentaría acciones legales. Renedo había caído ya en desgracia en mayo de 2008 ante Aguirre. Había sido su amigo personal y compañero de oposición, pero ella no dudó en apearlo de la presidencia de Telemadrid. Y, por si fuera poco, Renedo, cuando fue espiado, se entrevistaba con otro disidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó tras ser fichado por Mariano Rajoy para su ejecutiva.

Renedo fue espiado en su encuentro con Prada tras haber mantenido sólo unas horas antes una entrevista con Granados en la cafetería Riofrío, junto a la sede del PP. No ha querido detallar su entrevista con Granados, que estaba entonces inquieto por ciertos ataques periodísticos contra él. La entrevista entre Renedo y Granados no fue espiada.

Renedo sólo fue objeto de espionaje indirecto cuando contactó con Prada, objetivo continuado del seguimiento desde la Consejería de Interior. No en vano, el 20 de mayo de 2008, Prada, consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre, fue seguido minuto a minuto por los espías de la Consejería de Interior.

De su marcaje salen dos datos sobresalientes: uno figura en la agenda de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, su cita con Prada en Sol. Pero los agentes sólo anotan que Prada entra a las 16.45 en la sede de la presidencia madrileña y que sale a las 17.40. No detallan quién lo recibe. Ignoran un dato que deberían conocer si manejaran agendas.

Y poseen otros que no podrían extraer de ellas, salvo por el espionaje que describen: "A las 20.45 sale P de su lugar de trabajo, se dirige caminando hasta el hotel Hesperia, el cual se encuentra a unos 300 metros de su puesto de trabajo (le siguen a una cierta distancia los dos hombres del dispositivo más próximos a él)". Y luego describen y fotografían a Renedo. "Alguien debe tener mis fotos", clama Renedo. Unas fotos que no figuran en agendas.

(www.elpais.com, 09/03/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no ha tenido reparo en facilitar a un medio de comunicación los documentos sobre gastos del escolta de Alfredo Prada, el ex consejero de Justicia espiado supuestamente por agentes autonómicos, cuando se trasladó a León. Pero ha negado durante las últimas semanas documentación crucial para poder investigar quién de entre los agentes de la Consejería de Interior hizo los seguimientos a cargos del PP contrarios a la línea marcada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

El PP ha impuesto su mayoría absoluta en la comisión de investigación para no facilitar, entre otros, los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior: partes de los servicios realizados por éstos, facturas de material fotográfico, información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González y datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

Los populares han rechazado más de la mitad de las peticiones de documentación del PSOE e IU. Además, han puesto todo tipo de vetos a las comparecencias que la oposición solicitó y que podían esclarecer lo ocurrido durante los últimos años en la Consejería de Interior.

El propio consejero, Francisco Granados, se negó a solicitar un dictamen pericial caligráfico sobre todos los agentes de la consejería y se limitó a pedir el cotejo de la firma de uno de los supuestos espías. Lo hizo evitando utilizar documentos originales y aportando fotocopias del diario EL PAÍS. El diario encargó un informe a dos peritos calígrafos que señalaron al agente José Manuel Pinto como autor de los partes.

(www.elpais.com, 09/03/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO

La sesión en la Asamblea se tensó especialmente con el informe de la secretaria técnica de la Consejería de Interior, Mar Pérez Merino, sobre su investigación interna. Del mismo se deduce que no hubo gastos extras por "espionaje" y que Prada se llevó dos ordenadores que aún no ha abonado. Él ha preguntado (recientemente por burofax) el precio de los mismos. Son unos 4.100 euros, según las facturas. La Comunidad quiere que los devuelva. Él, de momento, ni los ha entregado ni ha pagado.

El director del área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, calificó de "panfletos" los partes de seguimientos a políticos de la región publicados en los medios de comunicación, y negó que tuviese relación con ellos. Esta actitud le costó una fuerte reprimenda de los portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), que tacharon de "frívola" y poco responsable para un alto cargo de la administración pública.

"Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún seguimiento a políticos", dijo Gamón en el marco de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid que se desarrolla en la Asamblea regional. Se mostró sorprendido por el hecho de que hayan relacionado su cese, en junio de 2008, con el supuesto robo de un ordenador de un colaborador del ex consejero Alfredo Prada en el Campus de la Justicia pues, según aseguró, él mismo llevaba pidiendo al consejero de Presidencia, Francisco Granados, desde abril su cese "por cuestiones personales".

En una comparecencia en la que criticó abiertamente a la oposición, rectificó la declaración del subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, sobre quiénes fueron las personas que fueron al Campus de la Justicia, concretamente, al despacho de Juan Carlos Fernández.

"Quiero corregir una de las cosas que he contrastado. Dijo que habían ido dos personas, pues no, ninguna de las dos, es un error de él... Entiendan que acordarse de no sé qué fecha en el mes de julio... no tiene la menor importancia, ninguno de los dos me acompañó", dijo Gamón, que aclaró que salió de allí con las manos vacías. Así, destacó que tampoco tiene nada que ver con el borrado de las cámaras de seguridad que grabaron esa polémica visita, pues la seguridad de ese edificio no está controlada por la CAM.

Gamón resaltó que ha tenido múltiples responsabilidades durante su vida con importantes cargos (Jordi Sevilla, Rafael Vera, Casa Real...) y sólo se ha interesado por los servicios de protección, no de sus actividades, al tiempo que dijo no tener ninguna relación con la presidenta Esperanza Aguirre diferente a sus cometidos laborales. Destacó que incluso la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, le concedió la Cruz al mérito civil.

"Mi relación con Aguirre [...] es única y exclusivamente laboral, fui su jefe de escoltas", manifestó, y añadió: "Mi relación con Aguirre es trabajo, trabajo, trabajo, lo que hace ella". "Nunca he recibido ninguna instrucción de Granados ni de ningún otro miembro del Gobierno", manifestó.

(www.lavanguardia.es, 10/032/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ECHA EL CERROJO A LA INVESTIGACIÓN

El PP expidió ayer el certificado de defunción de la comisión parlamentaria recién nacida que debía investigar la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. No lo firmó, porque se niega a decir abiertamente que la comisión se ha terminado, pero el certificado está escrito gracias a este último gesto: los populares habilitaron el pleno del día 18 en el Parlamento madrileño para que éste pueda aprobar el dictamen de conclusiones de la comisión -que echó a andar hace apenas una semana- si para esa fecha está redactado.

Aunque, en teoría, las sesiones se iban a extender hasta el 31 de marzo -el PP se había comprometido a ello en pro de la "transparencia"-, los populares han determinado que todo el caso es "una falsedad" y que no hace falta seguir investigando. Las víctimas del supuesto espionaje -políticos del PP críticos con Esperanza Aguirre- ni siquiera han sido escuchadas antes de que sus colegas de partido dictaran sentencia.

Después de ensayarlo durante días, el cerrojazo terminó de escenificarse ayer, en la reunión semanal de la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid: ante la estupefacción de los diputados de PSOE e IU, la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez (PP), propuso habilitar un hueco en el orden del día del pleno del 18 de marzo para aprobar el dictamen final de la comisión de investigación. Los populares, que tienen mayoría absoluta, respaldaron encantados la propuesta.

El dictamen se aprobará ese día sólo si para ese entonces está redactado, pero el hecho es que no hay más comparecencias previstas -el PP se niega desde el viernes a llamar a más gente- y los populares llevan 48 horas repitiendo que "la comisión ha perdido su objeto". Así que todo apunta a que la comparecencia, hoy, del consejero de Interior, Francisco Granados, será la última.

"Ésta es la mejor prueba de que el espionaje ha existido: el miedo que tiene el PP a mantener viva la comisión. Nos pusieron mil trabas: vetaron comparecencias, vetaron documentación, todo para hacer que abandonáramos... Y al final quienes se han levantado de la comisión han sido ellos", subrayó la portavoz socialista, Maru Menéndez, que no descarta pedir amparo al Tribunal Constitucional.

Los populares afirman que el caso del espionaje es "una farsa" y "una gran falsedad" porque el diario El Mundo publicó el pasado domingo que tres de los 33 partes de seguimiento -que obran en poder de la fiscalía- son "falsos". "La acusación ya no se sostiene. Ha quedado demostrado que los hechos que dieron lugar a la comisión no son ciertos", repitió el portavoz del PP, David Pérez. Eludió confirmar que ya no habrá más sesiones, pero sí se permitió lanzar un aviso a la dirección nacional del PP por si se le ocurre reabrir la investigación interna sobre el caso: "Nadie se plantearía una investigación porque la investigación se ha producido ya en esta Asamblea y se ha puesto de manifiesto que no había base alguna para las acusaciones", opinó.

Preguntado por las razones que llevan a su partido a no querer escuchar a "los espiados" -el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada, ambos del PP, que han denunciado ante un juez los seguimientos-, David Pérez respondió convirtiendo en invisibles a sus compañeros de partido: "No existen espiados, porque nunca ha existido espionaje".

(www.elpais.com, 11/032/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY SE INCLINA POR NO REABRIR SU INVESTIGACIÓN PESE AL MALESTAR

La mayoría de los dirigentes cercanos a Mariano Rajoy consultados ayer coincidían en el análisis: a nadie le gusta la manera en la que Esperanza Aguirre va a dar carpetazo a la comisión del espionaje, sin escuchar siquiera a los dos compañeros y miembros de la dirección del PP espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, pero nadie cree que el líder vaya a tomar medidas drásticas como reabrir la comisión interna.

Públicamente, Dolores de Cospedal no lo ha descartado y ha pedido que se sepa "la verdad". La versión oficial es que se esperará a ver las conclusiones que se aprueban en la Asamblea de Madrid, pero en privado ya se difunde la idea de que, aunque Rajoy se lo está pensando, finalmente, no pasará nada.

Algunos de estos dirigentes, hace pocas semanas, pensaban que la victoria del PP en las gallegas reforzaría al líder, quien podría así pensar en forzar decisiones drásticas para aclarar el espionaje. Sin embargo, ahora sostienen que este momento en el que Rajoy está buscando un poco de calma interna para enfrentarse a la campaña de las elecciones europeas, no se puede recrudecer la guerra, ya muy evidente, entre el líder y la presidenta madrileña.

De hecho, la propia Cospedal, en conversación informal con periodistas, dejó claro cuál era el ambiente en la dirección al conocer la noticia del carpetazo a la comisión. "No me disgusta" que se cierre, llegó a decir, aunque después, cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, corrigió: "No me gusta ni me disgusta, no voy a hacer juicios de valor".

Al menos cuatro miembros de la dirección aseguraron ayer a EL PAÍS que, aunque la decisión no está tomada, lo más probable es que no se reabra la comisión interna que dirigió la propia Cospedal y, esa sí, interrogó tanto a los supuestos jefes de los espías -Aguirre y Francisco Granados- como a los espiados -Cobo, Prada e Ignacio González, víctima de otro seguimiento distinto-.

Los marianistas creen que, a la vista de que Aguirre no piensa aclarar el espionaje, sólo queda confiar en que sea la fiscalía, o el juez, quienes hagan pruebas caligráficas y confirmen que quien espió es, entre otros, José Manuel Pinto, el agente identificado por las pruebas caligráficas presentadas por EL PAÍS.

(www.elpais.com, 11/032/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID.. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS POPULARES DE MENTIR

El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, compareció ayer en la comisión de investigación sobre espionaje. Y se encargó de cerrarla ya que, su jefa, Esperanza Aguirre, ha decidido que ya no hay nada que investigar. Su consejero resumió la tesis oficial en una frase: "no existen ni espías ni espiados".

A su entender, dicha tesis ha quedado acreditada por los trabajos de la comisión, durante la cual también se han destapado, dijo, "mentiras" de algunos compañeros de su partido, aludiendo a Pedro Calvo, concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón, y el exconsejero Alfredo Prada.

Granados se ensañó especialmente con Prada, que fue cesado por Aguirre tras respaldar la candidatura de Mariano Rajoy a liderar el PP. Precisamente Prada fue uno de los políticos que fue objeto de un supuesto espionaje, ya que El País ha publicado partes de seguimiento a él y a su familia durante el año pasado. No obstante, El Mundo ha cotejado algunos de esos partes con las agendas de Prada y ha concluido que el mismo día que los espías le situaban en un restaurante él estaba volando a Tailandia. ¿Quién tiene razón?. Granados aseveró que no quería entrar en polémicas mediáticas, aunque acusó a Prada de mentir a El País cuando confirmó que su parte de seguimiento coincidía "punto por punto" con su agenda.

"Es evidente que alguien ha mentido y que alguien mintió a un periódico cuando le dijo que su agenda coincidía, punto por punto, con los partes de seguimiento. Alguien miente, y no soy yo", sentenció Granados. También tuvo tiempo para rebatir a Calvo, el edil del Ayuntamiento de Madrid que hace años fue responsable de Interior en la Comunidad bajo el mando de Gallardón. Calvo aseguró la pasada semana en la comisión que en su época "nunca" se realizaron labores de contravigilancia. "Como mucho, de apoyo en actos concretos; por ejemplo, los que se celebraban en la sede de la Presidencia", apostilló el concejal.

Ayer, Granados se presentó en la Asamblea con 15 documentos (incluidas fotografías) para tratar de demostrar que el Gobierno de Gallardón sí tenía servicio de escoltas propios y vigilancia. "Si alguien mintió en esta comisión... ustedes sabrán", espetó a las portavoces de PSOE e IU, que han amenazado con llevar a los tribunales los testimonios contradictorios que se produjeran en el órgano de investigación.

Además, el responsable de Interior negó que tenga estructuras parapoliciales o de espionaje en su consejería. Y explicó que había realizado varias pruebas caligráficas para comprobar que entre los exguardias civiles que colaboran con él no había caligrafías coincidentes con la que se observa en los partes de seguimiento publicados.

Dicho todo eso, se cebó con la oposición. Reprochó al PSM que haya intentado "desprestigiar y acabar" con el Gobierno de Aguirre por la vía rápida. Sobre su portavoz, Maru Menéndez, dijo que hacía el ridículo y que no tenía nivel para ser parlamentaria, por sentirse más cómoda "en el lodazal". A la diputada de IU Inés Sabanés le afeó que se sumase a una estrategia de "derribo".

La socialista Menéndez, por su lado, tachó a Granados de "mentiroso compulsivo" y recalcó: "en la comunidad de Madrid ha habido espionaje, como se ha probado, y usted ha sido el único al que no se ha espiado. Usted lo ha tapado". Tras hacer hincapié en que en la comisión ha habido versiones contradictorias que serán estudiadas por su grupo, se preguntó por qué se cierra la comisión sin dejar que se expliquen Prada o Manuel Cobo, ambos del PP y supuestos espiados.

Esa misma pregunta se la hizo Sabanés (IU), que demandó la dimisión de Granados. "Usted es un peligro, un provocador y manipulador que impone el veto y la censura en esta comisión". Tanto Sabanés como Menéndez coinciden en que el cierre es una "barbaridad democrática" y avisaron que no callarán. El portavoz del PP, David Pérez, las situó en la "teoría-ficción".

(www.elperiodico.com, 12/032/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID.. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES

Uno de ellos, Ginés López, cesó como alcalde de Arganda del Rey a las 11 de la mañana de . Y también como concejal, militante del PP y, por tanto, como presidente del partido en el municipio del sureste. El otro, Jesús Sepúlveda, escenificó dos horas más tarde su renuncia como regidor de Pozuelo de Alarcón, además del de militante y cabeza del partido. Pero no entregó su acta de concejal.

El lapso horario pudo tener que ver con las conversaciones de la presidenta Esperanza Aguirre con ambos. Según fuentes del PP regional, había telefoneado antes a López (el jueves por la noche, cuando el juez Baltasar Garzón había imputado a cinco nuevos altos cargos de Madrid en el caso Gürtel) que a Sepúlveda ( por la mañana). Los dos aseguraron que no tenían nada que ver en la trama. Pero el resultado, de gran "contundencia y rapidez en la toma de decisiones", según las mismas fuentes, fue casi el mismo.

El caso de Sepúlveda fue más alambicado. Durante toda la mañana estuvo reunido con sus concejales. Según su servicio de prensa, no estaba en el Ayuntamiento. Era mentira. Estaba encerrado en su despacho. "Ha costado más que dimitiera", explicaron fuentes del partido. "Ha dicho que primero quería hablar con su equipo. Pero es que no podía ser que Ginés hubiera dimitido y él no", añadieron. Algunos empezaron a temer un caso parecido al del alcalde de Boadilla, Arturo López Panero, que se negó a cesar tras haber sido imputado por el mismo asunto y haberlo anunciado Aguirre.

Pasada la una, sin dar la cara y mediante comunicado, Sepúlveda anunció su dimisión. Lo hizo exculpándose de los cargos que le imputa el juez (presuntamente recibió sobornos por valor de 422.000 euros, un coche y una televisión de plasma) y arremetiendo contra Garzón. Pasada una hora, el alcalde se escabulló por el parking en el vehículo de un compañero. Y pese a "la contundencia y la rapidez", él sigue siendo el que manda en Pozuelo. Porque no ha entregado el acta de concejal y porque hasta que la semana que viene no se celebre el próximo pleno, no se formalizará la renuncia.

(www.elpais.com, 07/03/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. DE ASESOR DE CASCOS A ALCALDE DE POZUELO

Gonzalo Aguado, de 55 años, sustituye desde a Jesús Sepúlveda como alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes). Recibió el apoyo de los 19 ediles del PP del municipio, frente a los seis del PSOE. Los concejales populares hicieron piña con el nuevo alcalde, pese a que la víspera algunos expresaron su preferencia por otro candidato.

Aguado cubre el hueco dejado por Sepúlveda, que dimitió el lunes tras conocerse que está imputado en el caso Gürtel. Cobró más de 400.000 euros en comisiones, según el auto judicial.

La sucesión de Sepúlveda estuvo a punto de crear otro problema al partido. Primero porque el ex alcalde no piensa entregar el acta de concejal. Pero, además, hasta por la mañana no hubo un acuerdo total sobre quién tenía que ser el nuevo regidor.

Un sector del partido, encabezado por Gádor Ongil, que tutela la agrupación local desde la renuncia de Sepúlveda, y por su entorno, se inclinaba por Félix Alba, el tercero de la lista. Un candidato menos vinculado al anterior alcalde y más sustituible con vistas a unas futuras elecciones municipales, donde se intentaría colocar a otro candidato al gusto del aparato del partido regional, según revelan fuentes cercanas a la dirección madrileña del PP.

Gonzalo Aguado, sin embargo, estaría más legitimado para el cargo, pues era el número dos de la lista. Contaba, además, con el apoyo de los próximos a Sepúlveda, quien podría utilizarle para seguir mandando en la sombra. Aguado, en todo caso, tiene el respaldo del partido nacional, según fuentes del PP. No en vano fue asesor durante cinco años de Francisco Álvarez-Cascos. La relación que mantuvo con el ex vicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2001 habría sido determinante para decantar la balanza hacia el lado de su candidatura, según mantienen fuentes cercanas a la dirección regional del partido.

Por si acaso, Gádor Ongil sondeó el martes a todos los concejales. Por una escasa mayoría, el ya alcalde del municipio recabó más apoyos que Alba.El ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, considera que es "víctima de un procedimiento político". Durante su primera intervención pública tras conocerse su imputación en la supuesta trama de corrupción, el ex alcalde proclamó en el pleno municipal donde se tenía que elegir a su sucesor: "Los hechos que se me imputan nada tienen que ver con este Ayuntamiento. [...] Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi anterior etapa política, en absoluto vinculada a Pozuelo y su Ayuntamiento".

El pleno fue tosco y repleto de interrupciones de un público que se hizo notar. Decenas de cargos de confianza, asesores municipales y vecinos del pueblo llenaron el salón de plenos. Jalearon y aplaudieron fervientemente durante las intervenciones de Sepúlveda y Aguado e interrumpieron con gritos durante la intervención de la portavoz socialista, Eva Izquierdo. Un grupo de mujeres que rondaban los 60 se dedicó a vociferar contra Izquierdo. "Es falso, mentirosa...", espetaba airada una señora mientras la portavoz socialista proclamaba que Pozuelo no se merece tener un concejal imputado. Izquierdo presentó su candidatura a la alcaldía, que no fue refrendada porque su grupo está en minoría. Tras el pleno, al menos dos cargos próximos al PP se excusaron ante la portavoz socialista por el comportamiento del público.

El nuevo alcalde, Gonzalo Aguado, salió exultante del salón de plenos. Hasta ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo municipal. Comenzó su andadura política en 1991, cuando trabajó en la vicesecretaría general de Organización del PP, tras pegar el cerrojazo a su despacho de arquitectura.

Entre 1996 y 2000 fue asesor del ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos. Durante los siguientes años fue miembro de la dirección regional del PP madrileño. En 2003 recala en el Ayuntamiento de Pozuelo como tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio.

(www.elpais.com, 12/032/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA

Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003.

La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como informó Público, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que esta semana ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada "Caja B actual", uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: "Archivo box V51. Clave "bruja", en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros".

De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia.

(www.publico.es, 07/03/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado este jueves la presentación de un recurso contra el Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid aprobado por la Comunidad de Madrid que reduce su representación en los órganos de gobierno de la entidad financiera. Según ha dicho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento considera "lesivo" para los intereses de los madrileños y "contrario al artículo 2.3 de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro" la nueva representación de las corporaciones locales en los nuevos estatutos.

Cobo ha afirmado que Madrid pasaría de 70 a 24 representantes y ha asegurado que detrás de este recurso "no hay ninguna otra cuestión ni enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino sólo "la defensa de los intereses de los madrileños". El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, tildó de "bastante incongruente" el recurso anunciado por el Ayuntamiento de Madrid.

En primer lugar, reveló que le "sorprende" este anuncio "porque los Estatutos no se han aprobado" todavía, por lo que "será (un anuncio) a futuro". "Como todo esto es bastante incongruente, no quiero pensar que esto sea un intento de amedrentar e intentar orientar a los miembros de la asamblea general, que se tienen que pronunciar dentro de unos días en relación a estos estatutos, lo cual no tendría mucho sentido". "Creo que eso no es razonable, creo que no es lo que se pretende", agregó.

"Lo que parece claro es que si el consejo de administración de Caja Madrid ha dado su visto bueno por unanimidad a los Estatutos, como no podría ser de otra manera, porque son unos estatutos que lo único que hacen es adaptarse a la Ley en vigor, lo razonable y normal es que la asamblea general, que es el órgano máximo de la caja, pero que, a su vez, es la que ha designado a sus representntes en el consejo de administración, y éste le propone unos estatutos, lo lógico es que también vote a favor", consideró el número dos de Esperanza Aguirre.

Además, destacó que "los representantes supuestamente del Ayuntamiento en el consejo de administración de Caja Madrid han votado a favor de estos Estatutos en el Consejo de Administración que se celebró hace unos días".

"Por lo tanto, sería bueno que alguien explicase por qué los representantes del Ayuntamiento en el consejo, que son los que tienen capacidad de decidir y de proponer estos Estatutos, votan favorablemente, y sin embargo, el Ayuntamiento hace un anuncio de recurso", agregó.

(www.publico.es, 12/032/09)

31.COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA

El PP rechazó la posibilidad de que Francisco Camps, presidente del Consell, aclare ante el pleno de las Cortes su relación con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez Baltasar Garzón y en la que considera que existen indicios de responsabilidad penal del propio Camps y del secretario general de la organización regional del PP y portavoz popular, Ricardo Costa. El auto apunta que tanto Camps como Costa recibieron trajes confeccionados a medida por un sastre al que les introdujo Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, que fueron pagados con cargo a empresas de la supuesta trama corrupta.

La Mesa de las Cortes rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por el PSPV y por Compromís en favor de la comparecencia de Camps. Rafael Maluenda, portavoz del PP, alegó que la Mesa rechazó las iniciativas "por respeto a la justicia". "Es un tema sub iudice", añadió Maluenda, "las Cortes no pueden constituirse en un tribunal paralelo. Aquí se da la cara siempre, pero nosotros respetamos la división de poderes".

"El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna en román paladino, "y aquí se está callando mucho". "No entiendo que una persona que tuviera algo que decir para defenderse no lo diga salvo que no se atreva a hablar porque lo que diga puede ser objeto de contradicción con lo que contiene el sumario", siguió el portavoz socialista, "nadie con sentido común puede entender que no haya respuestas, que ante tan graves acusaciones el presidente se esconda, que no haya más que organización de homenajes y no respuestas".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que fue el propio Camps quien empujó a todos sus consejeros a comparecer en comisión para explicar "con transparencia, responsabilidad y sentido de la lealtad" todas las dudas de la oposición sobre la relación de cada departamento del Consell con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Y se preguntó "por qué nadie desmiente las investigaciones detalladas por Garzón". "No entiendo por qué Camps y Costa no salen a la palestra a decir: 'He pagado los trajes'. No hace falta apelar a la limpieza de la justicia, solo hay que aclarar si se pagaron los trajes".

La Mesa de las Cortes admitió a tramite una serie de preguntas del Grupo Socialista relativas a las relaciones entre distintos departamentos de la Generalitat y las empresas Orange Market, la mercantil de Álvaro Pérez Alonso, y Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha sido adjudicataria de unos 200 contratos públicos por un coste de siete millones de euros desde 2000.

Sin embargo, rechazó tramitar 69 preguntas idénticas relativas al resto de empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El PP alegó que referían a "personas jurídicas sin trascendencia en la Comunidad Valenciana". El socialista Luna expresó su perplejidad y sugirió: "El PP da por perdidos a Álvaro Pérez y a Serafín Castellano. Y cuando no aceptan preguntas sobre empresas de Francisco Correa o José Luis Ulibarri parece que quisieran ocultar algo".

(www.elpais.com, 11/032/09)

32. CAMPS ES ÍNTIMO AMIGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE LO JUZGARÁ

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

(www.publico.es, 07/03/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos acompañan hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado por el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las investigaciones del 'Caso Gürtel', en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro ABC.

Desde más de una hora antes de la llegada de los asistentes al almuerzo, numerosos periodistas aguardaban el inicio del acto, mientras que frente al lugar en el que se desarrolla, el Casino de Madrid, se han manifestado trabajadores de ABC por el ERE previsto por la dirección de este periódico.

Camps ha llegado poco antes de las 14.00 horas y, poco después, lo han hecho Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Hasta el Casino madrileño han ido acudiendo dirigentes como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero, Manuel Fraga, Ana Pastor, Ignacio González, Rita Barberá o Manuel Cobo.

Antes de comenzar la conferencia, ha habido una foto de familia en la que han posado Rajoy, Camps, Aguirre, Cospedal, Gallardón y Barberá. Todos ellos han querido expresar con su presencia en el acto el respaldo a Camps después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parte del denominado "caso Gürtel" al implicar en él al presidente de la Generalitat valenciana.

El otro diputado regional citado en ese caso, Ricardo Costa, también ha acudido a la conferencia. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones a los periodistas que se apostaban a las puertas entre fuertes medidas de seguridad, que se fueron redoblando a medida que se acercaba el inicio del acto. Sólo Fraga se ha detenido unos momentos y, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, se ha limitado a expresar su total apoyo a Camps.

Numerosos empresarios y representantes del mundo financiero, entre ellos Fernando Fernández Tapias, José Manuel Machado (presidente de Ford España), José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Rafael Arias Salgado, así como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano arropan también con su presencia al presidente de la Generalitat.

En su intervención en el acto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha defendido que es él quien se paga sus "trajes" y ha expresado su "tranquilidad absoluta y la de sus compañeros" por las cosas que hacen todos los días.

El presidente de la Generalitat, que ha expresado su agradecimiento por ese apoyo, ha respondido a varias cuestiones sobre la investigación del juez Baltasar Garzón que le implica en el denominado "Caso Gürtel", sobre una supuesta trama de corrupción. Ante la pregunta de si se paga él sus trajes, planteada por la duda que abre esa investigación, ha aseverado: "claro que me los pago; me pago mis trajes".

Tras expresar su tranquilidad por su actuación al frente del Gobierno valenciano, ha recordado que pese a las "sombras de dudas" que se han pretendido lanzar, "nadie ha demostrado que nada haya ocurrido en todos los procedimientos" de adjudicación por parte de su Administración autonómica.

(www.lavanguardia.es, 11/032/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA

El PP rechazó la posibilidad de que Francisco Camps, presidente del Consell, aclare ante el pleno de las Cortes su relación con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez Baltasar Garzón y en la que considera que existen indicios de responsabilidad penal del propio Camps y del secretario general de la organización regional del PP y portavoz popular, Ricardo Costa. El auto apunta que tanto Camps como Costa recibieron trajes confeccionados a medida por un sastre al que les introdujo Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, que fueron pagados con cargo a empresas de la supuesta trama corrupta.

La Mesa de las Cortes rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por el PSPV y por Compromís en favor de la comparecencia de Camps. Rafael Maluenda, portavoz del PP, alegó que la Mesa rechazó las iniciativas "por respeto a la justicia". "Es un tema sub iudice", añadió Maluenda, "las Cortes no pueden constituirse en un tribunal paralelo. Aquí se da la cara siempre, pero nosotros respetamos la división de poderes".

"El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna en román paladino, "y aquí se está callando mucho". "No entiendo que una persona que tuviera algo que decir para defenderse no lo diga salvo que no se atreva a hablar porque lo que diga puede ser objeto de contradicción con lo que contiene el sumario", siguió el portavoz socialista, "nadie con sentido común puede entender que no haya respuestas, que ante tan graves acusaciones el presidente se esconda, que no haya más que organización de homenajes y no respuestas".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que fue el propio Camps quien empujó a todos sus consejeros a comparecer en comisión para explicar "con transparencia, responsabilidad y sentido de la lealtad" todas las dudas de la oposición sobre la relación de cada departamento del Consell con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Y se preguntó "por qué nadie desmiente las investigaciones detalladas por Garzón". "No entiendo por qué Camps y Costa no salen a la palestra a decir: 'He pagado los trajes'. No hace falta apelar a la limpieza de la justicia, solo hay que aclarar si se pagaron los trajes".

La Mesa de las Cortes admitió a tramite una serie de preguntas del Grupo Socialista relativas a las relaciones entre distintos departamentos de la Generalitat y las empresas Orange Market, la mercantil de Álvaro Pérez Alonso, y Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha sido adjudicataria de unos 200 contratos públicos por un coste de siete millones de euros desde 2000.

Sin embargo, rechazó tramitar 69 preguntas idénticas relativas al resto de empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El PP alegó que referían a "personas jurídicas sin trascendencia en la Comunidad Valenciana". El socialista Luna expresó su perplejidad y sugirió: "El PP da por perdidos a Álvaro Pérez y a Serafín Castellano. Y cuando no aceptan preguntas sobre empresas de Francisco Correa o José Luis Ulibarri parece que quisieran ocultar algo".

(www.elpais.com, 11/032/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ES ÍNTIMO AMIGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE LO JUZGARÁ

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

(www.publico.es, 07/03/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. RICARDO COSTA PAGÓ TRAJES MEDIANTE LA ENTREGA DE DINERO A 'EL BIGOTES'

La secretaria de Costa me llamaba, me encargaba trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Alvaro Pérez y pagaba.Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". El ex encargado de las tiendas de Milano y Forever Young en Madrid, José Tomás, confirmó uno de los puntos más polémicos del auto de Garzón: los trajes comprados por algunos dirigentes del PP valenciano fueron pagados por Alvaro Pérez, alias El Bigotes, aunque el origen del dinero aún está por aclarar.

El testimonio de Tomás confirma en parte la versión de fuentes próximas al PP que reconocen que el secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa, sacó dinero del banco en una ocasión, se lo entregó en metálico a Pérez a través de su secretaria y que el empresario imputado le hizo el favor de ir a abonar un traje a la tienda de Milano en Madrid. Las mismas fuentes aseguran que Ricardo Costa posee un extracto bancario que confirma dicha operación.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a quien también se le achaca la compra de trajes pagados posteriormente por Alvaro Pérez en nombre de Orange Market, asegura que siempre ha pagado directamente su ropa, una versión que varios trabajadores de la tienda Milano corroboraron hace dos semanas.En este sentido, la investigación de la operación Gürtel busca desentrañar quién pagó realmente los trajes de Costa, Camps y los dos dirigentes del PP imputados: el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

Del mismo modo, este periódico ya desveló en su día que, durante la investigación, han aparecido diversas facturas de las tiendas de ropa que podrían haber sido falsificadas desde el exterior, utilizando una hoja de Excel y un rudimentario sello de papelería para imitar el logotipo de Milano. El objetivo de las falsificaciones podría ser un presunto fraude a Hacienda.

Lo que sí resulta innegable es que la relación entre Alvaro Pérez y los dirigentes del PP era muy estrecha y ha derivado en una profusión de facturas, con importes que no cuadran con las ventas reales. El ex encargado de Milano asegura que algunas de las facturas vinculadas a Orange Market resultan "sorprendentes", ya que son importes demasiado altos para una tienda de ropa como Milano.

Del mismo modo, los investigadores también analizan la propia configuración de las facturas, ya que las procedentes de la tienda Milano están firmadas, mientras que los comprobantes de Forever Young, no.

El testimonio de Tomás ante el juez Baltasar Garzón también podría desembocar en una querella del Partido Popular contra el ex encargado de Milano y Forever Young, por su posible implicación en la trama de las facturas falsas. El ex empleado asegura que él no tiene nada que ver con las facturas.

(www.elpais.com, 07/03/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IGNORA UNA DOCENA DE ´IRREGULARIDADES´ EN EL PARIPÉ DE VAERSA CON ORANGE MARKET

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, proclamó solemnemente, al hilo de las relaciones con las empresas de la trama de presunta corrupción vinculada al PP, que en los contratos del Consell "no se ha podido demostrar una sola irregularidad en ninguna adjudicación". "Nadie ha encontrado la más mínima duda", recalcó.

En sus manifestaciones, en el Foro Abc en Madrid, Camps obvió un contrato, el de Orange Market con la empresa pública Vaersa, que viene a ser una representación a escala de todas las bofetadas que se le pueden pegar a la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP), una síntesis de todas las irregularidades posibles. El paripé de selección de la firma Orange Market para adjudicarle a dedo una campaña sobre el uso del contenedor amarillo por 138.678 euros se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Sobre el papel se consultaron tres firmas. En realidad, eran la misma con tres caretas: la citada Orange Market, Easy Concept (entonces llamada Down Town Consulting) y Boomerangdrive. Las dos primeras están en el centro de la trama investigada. Las tres tenían al mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez. Las ofertas supuestamente presentadas no pasaron por el registro de entrada ni estaban en el expediente cuando el Síndic hizo el informe.

No se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de decisión de ninguna mesa de contratación. Pliego de condiciones no hubo, por lo que no constaba ni plazo de presentación ni criterios de valoración técnica de las ofertas. ¿Qué se publicó en el DOCV? Nada. ¿Cómo se justificó la adjudicación, entonces? Solamente en la experiencia que acumulaba la empresa. Que llevaba funcionando desde el 24 de julio de 2003. Puestos a comparar, una de las otras tarjetas de visita que presentó Luis de Miguel Pérez-concretamente Boomerangdrive- tenía más edad, dado que esa otra firma nació el 8 de octubre de 2002. A Orange Market tampoco se le pidió ningún aval, como es preceptivo. Ni siquiera el DNI que figuraba en el contrato se correspondía con el del representante legal de la empresa.

Una de las mayores irregularidades fue cobrar el 50% del contrato (69.310 euros) y no devolver esa cantidad pese a que la campaña nunca se hizo. Sobre toda esta ristra de anomalías, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, no ha dicho nada en las Corts. Más allá de escudarse en que el contrato, adjudicado siendo Rafael Blasco conseller, ha estado supervisado y avalado por los funcionarios de su departamento.

García Antón se esforzó en dar una explicación al pago de los 69.310 euros para despejar cualquier sospecha de presunta malversación. Dijo el conseller y apuntaló un portavoz de su departamento que se pagó el primer plazo de un contrato para hacer un guión y un vídeo para la citada campaña. Al entregar el "guión técnico y literario" y una especie de maqueta de imágenes de lo que sería el vídeo se pagó el 50% del contrato como estaba estipulado. La otra mitad nunca se pagó porque no hubo acuerdo sobre el perfil de una cinta didáctica para proyectarla a las visitas a dos plantas de Vaersa.

Pasó un año y Orange Market llegó a reclamar una indemnización y después renunció al contrato. Según esa versión, la firma elegida a dedo perdió 69.310 euros por falta de sintonía artística con Medio Ambiente. Una conselleria que se niega a dar documentación que respalde estas explicaciones.

(www.levante-emv.com, 12/032/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CONSTRUCTORA VINCULADA AL CONSELLER DE CAMPS TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA GENERALITAT

Desde el año 2000 hasta la fecha, la mayor parte de los trabajos realizados por "Construcciones Taroncher y Asociados" han sido pagados por la Consellería de Sanidad, de la que fue titular Serafín Castellano. De los 7 millones de euros de ingresos que Construcciones Taroncher ha tenido desde el año 2.000, cuando Serafín Castellano asume el cargo de Conseller de Sanidad, un 92% proviene de contratos públicos, mayoritariamente con la propia Consellería de Sanidad y con la Consellería de Gobernación, que Castellano preside actualmente. En algunos ejercicios, prácticamente toda la facturación de la constructora proviene de obras oficiales. Además, la empresa de los amigos personales del Conseller ha obtenido contratos con el Ayuntamiento de Benisano, del que Serafín Castellano fue alcalde durante ocho años.

El Conseller de Gobernación mantiene una amistad íntima con Mari Ángeles García, administradora de la constructora, y con su marido, José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la empresa, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.

Mari Ángeles García crea "Construcciones Taroncher y Asociados" en septiembre de 1996. Sólo cinco meses antes, en marzo de ese mismo año, el propio Serafín Castellano la había contratado personalmente para ocupar un puesto de confianza en el grupo popular en las Cortes Valencianas. En aquel momento, Castellano era secretario del grupo popular en el parlamento autonómico.

(www.cadenaser.com, 12/032/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA JUSTIFICÓ EN LA URGENCIA LA CONTRATACIÓN SIN CONCURSO DE LA EMPRESA DE LA ESPOSA DE CASCOS

La Generalitat valenciana cerró en sólo quince días el acuerdo con Aqualium, la empresa de la esposa del ex vicepresidente Álvarez Cascos, para organizar en la capital una exposición por lo que abonaron 300.000 euros. La elección, sin concurso público, se justificaba en el contrato apelando a la necesidad de una "pronta ejecución".

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, contrató a Aqualium, la empresa de la esposa del ex vicepresidente Cascos, para la organización en Valencia de la exposición de esculturas del artista norteamericano Robert Indiana en enero y febrero de 2007.

El propio contrato directo justifica la elección de Aqualium sin concurso público por la necesidad de "pronta ejecución" ante las fechas que daba el Ayuntamiento de Valencia, también gobernado por la popular Rita Barberá, como ha publicado el diario Levante. La exposición de Robert Indiana, por la que la firma de Porto cobró 300.000 euros del Gobierno de Valencia, también se exhibió en Madrid.

La propia Rita Barberá ya anunció la celebración de la muestra de Indiana a finales de noviembre de 2006, tras una visita a la alcaldía del propio Álvarez Cascos y su mujer. Desde la Sociedad Gestora insistieron al diario levantino que el contrato se ajustaba a la legalidad y "no hay sospecha posible".

La revista Interviú ya alertó hace unos meses de cómo la empresa de la esposa de Cascos se lucraba a través de las exposiciones itinerantes contratadas y financiadas por entidades públicas, especialmente ayuntamientos y Cajas de Ahorros, en la mayoría de los casos los controlados por el PP.

(www.elplural.com, 12/032/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SUBVENCIONÓ UN PROYECTO POR EL QUE COBRÓ SU HERMANO

Un hermano aprobó la subvención que hacía viable la obra y el otro redactó el proyecto técnico para ejecutarla. Eso al menos fue lo que ocurrió en 2002 en el pequeño municipio de Sant Jordi (Castellón), de unos 1.000 habitantes. Un hermano arquitecto del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del Partido Popular, fue el autor del proyecto técnico para una obra en ese municipio de El Baix Maestrat que había sido incluida en un plan impulsado y subvencionado por la institución provincial que preside el propio Fabra.

Luis Fabra Carreras realizó y cobró el proyecto técnico de pavimentación parcial del Camino Aljibe, presentado por el Ayuntamiento de Sant Jordi, por el que cobró 10.517,71 euros, tal como figura en el acta del pleno municipal en el que se aprobó dicho proyecto. Esta obra fue aprobada por el Ayuntamiento de Sant Jordi, del que es alcalde el vicepresidente de la Diputación castellonense, Luis Tena, es decir, el número dos en la institución provincial que preside el propio Carlos Fabra.

(www.elpais.com, 12/032/09)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP FUERZA LA BAJA DE VÍCTOR CAMPOS, EX VICEPRESIDENTE DE CAMPS, POR RECIBIR SUPUESTAMENTE TRAJES REGALADOS

Víctor Campos, ex secretario de Organización del PP valenciano y ex vicepresidente del Gobierno de Camps, ha sido forzado a pedir la suspensión de militancia en el partido por parte de la directiva nacional tras su imputación por el juez Garzón en relación con el caso Gürtel. El ejemplo dado con Campos no sirve para toda Valencia, donde Fabra sigue presidiendo el PP de Castellón pese a sus numerosas imputaciones. Por otra parte, el propio Camps y Ricardo Costa, secretario general del PPV, no sólo no han sido recriminados sino que el partido les ha dado sus muestras de apoyo.

Así lo contaba el diario Levante. José Víctor Campos Guinot fue vicepresidente del Gobierno valenciano, además de hombre de confianza de Camps, desde 2004 hasta 2007. Fue en esa fecha cuando, de improvisto, se retiró de la política alegando motivos personales.

"Me voy con la conciencia muy tranquila. Podrán criticar mi gestión, si soy más listo o menos o si me he equivocado, pero trapos sucios no", explicó en 2007 Víctor Campos en una entrevista en el diario Las Provincias. Ahora, un ironía del destino ha hecho que su nombre se vea empañado con unos trapos, pero más limpios: Los trajes que supuestamente Correa le regaló.

A él se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad por ello. Y ahora el Partido Popular le ha suspendido de militancia, pero de manera forzosa. A preguntas de Levante, Campos opinó que la decisión venía de la dirección regional. Así desvelaba que él no pensaba tomar esa medida. De hecho, El Mundo aseguraba que Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo.

Sin embargo, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, decía no saber nada al respecto. Como continuaban las dudas de Campos, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP nacional tomó cartas en el asunto y le reclamo la baja temporal.

Campos ha sido considerado como el delfín de Carlos Fabra. Él podría haber sido su sustituto al frente del PP de Castellón y de la Diputación, de donde también él procede. Sin embargo, la conexión entre ambos no tiene nada que ver en lo que ha recibir bajas del PP se refiere. Fabra sigue en su cargo a pesar de sus nueve imputaciones. Y es que el código ético del PP pide que los cargos públicos se pongan a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

Indicios de delito es lo que vio Garzón en el caso del presidente valenciano, Francisco Camps y el secretario general del PP en la Comunidad y portavoz en las Corts, Ricardo Costa. Lejos de recibir reproches o analizar la suspensión de militancia, el PP ha dado todo su apoyo a los dos dirigentes.

(www.elplural.com, 09/03/09)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONSEJERO DE CAMPS DIO 200 OBRAS A UNA EMPRESA CON LA QUE ESTÁ VINCULADO

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.

Castellano tiene una finca en el término municipal valenciano de Llíria de la que son copropietarias su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de Construcciones Taroncher, María Ángeles González García, que además tienen una cuenta bancaria común. La finca y el préstamo que solicitaron para adquirir los terrenos (82.600 euros) se escrituraron el 25 de abril de 2008. El consejero ha reconocido una estrecha amistad tanto con esta mujer como con su esposo y apoderado de la empresa, José Miguel Pérez Taroncher.

Castellano y Taroncher comparten partidos de pelota y cacerías, lo que choca frontalmente contra la ley, que establece que la autoridad que disfrute de la potestad de otorgar un contrato público "debe abstenerse" cuando concurra el supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los aspirantes a obtener el contrato".

En 1996, el consejero contrató a la dueña de la empresa como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas, donde todavía trabaja por las mañanas. Fue cinco meses después de comenzar a trabajar en ese puesto, cuando María Ángeles González, creó la empresa, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación.

En su primera comparecencia pública, éste reconoció haber otorgado obras a esta empresa por unos 600.000 euros. El consejero se ha negado a dimitir por este asunto y ha asegurado, tras admitir a este periódico su amistad con el apoderado y la dueña de la empresa, que cumple la ley "a rajatabla".

La constructora, con apenas cinco empleados, se benefició de adjudicaciones directas y sin concurso, de obras en el hospital universitario La Fe de Valencia por más de 1,6 millones de euros, según cálculos de este diario. Por otra parte, la mayoría de los más de 200 arreglos, contratos menores [inferiores a 50.000 euros y para los que no se requiere concurso público] y procedimientos negociados [inferiores a 100.000 euros] facturados por la empresa a la Generalitat van desde los 400 a los 60.000 euros y se llevaron a cabo entre el 22 de mayo de 2000 y el 21 de junio de 2003, cuando Castellano dirigía Sanidad.

Los contratos a dedo y por procedimiento negociado otorgados por el consejero durante su etapa en Sanidad incluyen toda clase de obras y reformas en el hospital valenciano: implantación de la unidad de psiquiatría infantil, acondicionamiento de habitaciones, laboratorio de hormonas en la Escuela de Enfermería. La constructora sigue realizando obras para el hospital La Fe, como el refuerzo de los pilares del pabellón general, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros.

Castellano fue nombrado consejero de Gobernación en junio de 2007. Desde entonces, el alto cargo ha encargado a Construcciones Taroncher varios contratos, incluyendo la remodelación de su propio despacho. Los trabajos han tenido lugar en la planta donde trabaja el consejero y en el Centro de Emergencias 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería.

A veces, las propuestas presentadas por la constructora, tanto en Sanidad como en Gobernación, concurrían con las de un albañil y un escayolista, que en ocasiones trabajan para esa empresa. Ambos aseguran que lo hicieron por su cuenta y al margen de Construcciones Taroncher y no para que figurase la concurrencia de tres ofertas.El 17 de febrero, después de que se revelara la relación entre el consejero de Camps y la citada empresa, el primero se comprometió a facilitar la relación de contratos menores otorgados durante sus diez años como consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas y al frente de Gobernación, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes de su consejería aseguran que se trabaja en la búsqueda de ellos.

La celeridad con la que Taroncher cobra las obras contrasta con las reiteradas quejas de atrasos en los pagos que denuncian otros constructores valencianos.

(www.elpais.com, 09/03/09)

43. COMUNIDAD VALENCIANA. 63 DEPENDIENTES HAN MUERTO A LA ESPERA DE AYUDAS

La escasa aplicación de la ley de la Dependencia explica que dos años después de su entrada en vigor haya un extraordinario volumen de dependientes, en total 16.697, a la espera de recibir la prestación, según datos del Imserso a fecha 1 de marzo. Solo en cuatro pequeños municipios de la comarca de l'Alacantí, el número de afectados que murieron a la espera de recibir el subsidio asciende ya a 63 personas. De un total de 691 solicitantes solo 19 pacientes han sido valorados; aún así ninguno recibe la consiguiente prestación, según información facilitada por las concejalías de los citados municipios.

El cuerpo técnico para valorar a toda la población afectada se compone tan solo de dos trabajadoras, una de ellas a tiempo parcial. El motivo real de la nula incidencia de la ley es difuso y ambiguo debido a la maraña entre administraciones regionales y la central del Estado. Las comunidades insisten, por un lado, en que la incompatibilidad del sistema informático impide volcar los datos que demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. El Gobierno niega la acusación.

Este periódico ha realizado una aproximación a cuatro pequeñas localidades para conocer de primera mano el grado de aplicación de la ley. Los resultados no pueden ser más desalentadores. Las localidades analizadas son Mutxamel (21.481 habitantes), Xixona (7.575), Tibi (1.677) y Aigües (1.090). La población global de estos cuatro municipios asciende a 31.823 habitantes. De ellos, apenas 691 afectados por patologías que les privan de autonomía personal han tramitado su solicitud para recibir las prestaciones económicas o servicios.

Pero dos años después, y a pesar de las exiguas cifras de solicitantes, solo 19 de los afectados han sido valorados. Y lo más grave: ninguno de ellos, según consta en las distintas concejalías de los cuatro ayuntamientos que han facilitado los datos, ha cobrado prestación. "Esto es un completo fraude", brama Llorens Lillo, el concejal, del PP, de Bienestar Social de Aigües, una pequeña localidad donde 16 personas han tramitado sin éxito la solicitud. Lillo lamenta especialmente un caso cercano de una persona que vive encamada desde hace ocho años en estado vegetativo. "La familia no ha recibido ni un duro", asegura.

La situación más flagrante se reproduce en Xixona. En esta localidad, 142 afectados han realizado desde 2007 los trámites para ser beneficiarios de la ley. Sin embargo, el 21% de los aspirantes a recibir algún tipo de ayuda ya ha fallecido. En concreto: 30 muertos. "Se está llevando muy mal. No se entiende cómo este servicio no se ha concedido directamente a los ayuntamientos". En el caso de este municipio, tan solo seis de los 142 expedientes han obtenido la resolución definitiva. Para uno de ellos, la respuesta llegó tarde. Murió durante la espera. Los cinco restantes están pendientes de que se les asigne un servicio.

La situación no es mejor en Mutxamel. En esta localidad del área metropolitana de Alicante ha sido donde más solicitudes se han tramitado, un total de 501, aunque solo tres afectados han sido valorados. Pero, en la misma tónica que el resto de municipios, ni siquiera estos tres teóricos beneficiarios reciben la ayuda. Mientras, 29 personas han perdido la vida por el camino. "Lo que está haciendo el Gobierno de Camps es un abuso de poder. La Volvo ha funcionado antes que la ley de la Dependencia", denuncia la alcaldesa de esta localidad, Asunción Llorens.

A su entender, es inadmisible que dos años después "nadie esté cobrando prestación alguna". Y agrega: "Es lamentable que se esté jugando con un tema tan sensible, y cuando se trata de personas con auténticos dramas", enfatiza.

Salvador Roig, responsable de comunicación de CC OO en la comarca de L'Alacantí, apunta como una de las causas de la escasa solvencia de la ley el "desperdicio" que se ha hecho de toda la red de servicios sociales de la que disponen los ayuntamientos. "Se ha creado una fórmula a través de una empresa privada, Avapsa, que, además de falta de medios, adolece de exceso de burocracia", señala.

Por su lado, María Teresa Carbonell, concejal de Bienestar Social de Xixona, lamenta que por "el boicot que se está haciendo a la ley" los afectados calificados de grado máximo son los grandes perjudicados. Las cifras dan cuenta de su denuncia: tan solo seis expedientes resueltos en dos años. "Aquí no sabemos dónde se pierde el tiempo y el dinero", concede Arancha Echevarría, concejal de Bienestar Social de Tibi.

Desde la aplicación de la ley, 32 pacientes han presentado su solicitud en este municipio, pero solo seis han sido valorados. Y mientras el tiempo transcurre, cuatro afectados ya han fallecido. "Que a los usuarios se les diga que el problema es el programa informático es un insulto a la inteligencia de los afectados", concluye la regidora de Mutxamel. Mientras el tiempo transcurre, el cruce de acusaciones entre administraciones continúa y los dependientes siguen esperando las ayudas.

(www.elpais.com, 09/03/09)

44. CASTILLA Y LEÓN. IMPUTADO EL EX ALCALDE DE TAMARIZ POR VENDER PARTE DEL ARCHIVO DEL MUNICIPIO POR 250 EUROS

Los internautas que se dieron una vuelta por la página de eBay en julio del 2006 pudieron comprar por cantidades ridículas un pedacito de la historia de Tamariz de Campos. Hasta el conocido portal de subastas llegaron decenas de legajos procedentes del archivo municipal, datados entre los siglos XIV y XIX, debido a que el entonces alcalde y actual concejal, José Ángel Blanco (PP), permitió presuntamente la venta de dos arcones repletos de documentos a un anticuario por la irrisoria cantidad de 250 euros en el 2003.

El caso llegó cinco años después al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco, cuyo titular emitió un auto de imputación contra el político por un delito contra el patrimonio histórico, por el que puede enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión por la enajenación de unos bienes catalogados por su valor histórico al contar con una antigüedad superior a 40 años (Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León).

El que fuera regidor durante tres legislaturas (una por el PSOE y las dos últimas por el PP) compareció en calidad de imputado ante el juez en octubre para justificar que lo que vendieron fueron "unas arcas viejas sin valor y montones de papeles comidos por las ratas y llenos de excrementos de palomas" con motivo de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento del pequeño municipio de 102 habitantes censados. El ex regidor, defendido por el abogado Marcos García Montes, reconoció que "nadie se paró a examinar los documentos" y justificó que "si no se hubieran vendido -por parte del edil que ejercía de tesorero- los albañiles la habrían tirado".

Aquellos legajos fueron adquiridos por un anticuario al módico precio de 250 euros y revendidos después por partes a dos particulares. Estos últimos fueron los encargados de intentar sacar tajada de ellos a través de una casa de subastas madrileña, primero, y del citado portal de subastas, después. Allí, en eBay, llegó a comprar un ciudadano estadounidense un manuscrito de 1621 por 15,90 euros.

Lo más sorprendente del caso, pendiente aún de la celebración del juicio, es que el propio alcalde reconoce que se enteró de que alguien estaba vendiendo documentos de Tamariz por el cura de Rioseco. Entonces fue a visitar al anticuario y éste le mostró un viejo plano del Consistorio por el que le pidió nada menos que 2.000 euros, según consta en las diligencias practicadas por el citado juzgado. El juez ordenó hace algunas semanas a la Guardia Civil la localización de los legajos para proceder a su devolución a los archivos de los que nunca debieron salir.

(www.nortedecastilla.es, 10/03/09)

45. REGIÓN DE MURCIA. UN EX CONSEJERO DEL PP DE MURCIA TENÍA 43.000 EUROS EN SU GARAJE

El ex consejero de Medio Ambiente de Murcia Francisco Marqués guardaba 43.000 euros en billetes de 500 euros en el garaje de una de sus seis viviendas, que desde el pasado miércoles han sido registradas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía que le detuvieron en Madrid, según confirmaron fuentes de la investigación. Éstas resaltan que los agentes investigan una empresa que Marqués posee en Panamá y también un viaje que hizo a Suiza acompañado de empresarios.

Marqués, que también fue consejero de Sanidad y durante dos meses delegado del Gobierno en Murcia bajo el Ejecutivo de José María Aznar, está imputado por cohecho y prevaricación por la reclasificación de un paraje protegido en el que una sociedad del empresario Trinitario Casanova Abadía pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. En el caso están imputadas otras nueve personas, entre ellas Casanova y el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez.

La empresa de Casanova compró la finca de La Zerrichera a un grupo de agricultores por un precio de 30 millones de euros. Tras aprobar el Ayuntamiento de Águilas (PP) la reclasificación, Casanova vendió el proyecto a una empresa de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones, lo que supone un beneficio de 75 millones de euros sin poner un ladrillo.

Las denuncias de los grupos de la oposición y la investigación inicial del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, coincidió con la salida de Marqués del Gobierno de Valcárcel, que fichó con un sueldo millonario por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, una de las mayores empresas de Murcia. El sucesor de Marqués en Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó el proyecto. , el consejero de Agricultura y Medio Ambiente murciano, Antonio Cerdá, aseguró en La Verdad que en La Zerrichera "no se pondrá ni un ladrillo". Marqués se declaró "inocente, por supuesto", al ser preguntado por los periodistas cuando salía de la Comisaría de Policía Nacional de Murcia para pasar a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Antonio Alcázar.

Por otra parte, la Junta de Fiscales de Murcia emitió una nota en la que se defiende de los ataques del PP. En ella, aclara que "ninguna de las querellas o denuncias presentadas por la fiscalía han sido archivadas por juzgado o tribunal alguno", en relación a las críticas del PP de que las causas en Murcia abiertas por el fiscal habían sido archivadas.

La fiscalía aclara que si hay casos cerrados es porque la propia fiscalía los archivó. Sobre la acusación de que sólo actúa contra cargos del PP, la Junta de Fiscales aclara que ha interpuesto "ocho denuncias o querellas" a responsables del PP y tres contra responsables del PSOE y que además fue su actuación la que permitió reabrir la denuncia del PP contra un ex alcalde socialista.

(www.elpais.com, 07/03/09)

46. REGIÓN DE MURCIA. LOS IMPUTADOS 'RECOLOCADOS' POR EL PRESIDENTE VALCÁRCEL

- Antonio Alvarado. Gerente de la Fundación Cluster. Ex director general de Calidad Ambiental, ahora llamada de Planificación y Control Ambiental, a la que sigue adscrito como asistente. Firmó la declaración de impacto ambiental que permitió reclasificar terrenos protegidos.

- Encarna Muñoz. Ex directora general del Medio Natural y ahora directora ejecutiva del Parque Científico de Murcia. Retiró la protección a parte del suelo de La Zerrichera.

- Manuel Alfonso Guerrero. Ex director general de Vivienda y Urbanismo, ahora responsable del Urbanismo en Lorca. Firmó el planeamiento declarando la finca urbanizable cuando un año antes hizo un informe en contra.

- José María Ródenas. Subdirector de Vivienda y Urbanismo. Firmó primero en contra y luego a favor de la recalificación y acabó proponiendo la modificación del PGOU de Águilas con La Zerrichera como urbanizable.

- Ignacio Sánchez Gelabert. Era jefe del servicio de Calidad Ambiental y ahora mantiene el mismo puesto en la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Informó de forma positiva pese a que el suelo estaba incluido en la Red Natura.

- Juan Ramírez. Alcalde de Águilas. Convocó un pleno para recalificar los terrenos antes de estar aprobada la declaración ambiental positiva.

- José López. Ex concejal de Águilas. Es el único que ha dimitido. Compró una parte de la finca y luego la vendió al empresario Trinitario Casanova antes de votar favorablemente en el pleno a la recalificación.

(www.elpais.com, 07/03/09)

47. ISLAS BALEARES. LOS CANDIDATOS CIRER Y RODRÍGUEZ DIVIDEN AL GRUPO DEL PP EN CORT

El grupo municipal del PP tiene el corazón partido. El anuncio de que la ex alcaldesa y actual portavoz del grupo conservador en Cort, Catalina Cirer, y el antaño todopoderoso José María Rodríguez están dispuestos a dar la batalla para hacerse con la presidencia de la Junta Territorial ha sacado a la luz antiguas rivalidades y obliga a los actuales integrantes del grupo a definirse.

Una situación incómoda para la mayoría de los concejales conservadores, que se debaten hace unos meses entre la fidelidad a sus orígenes en algunos casos y el reconocimiento a Catalina Cirer, por haber contado con ellos a la hora de colocarlos en la lista electoral, a pesar de no compartir exactamente los mismos ideales de partido. Por ello, la mayoría creen que el entendimiento entre ambos candidatos es inevitable. Y algunos trabajan para que sea posible un acuerdo que posibilite que Rodríguez -o alguien que le apoya- asuma la presidencia de la Junta Territorial, mientras que Cirer asegura su repetición como candidata.

Claro que esta solución no deja de ser, en estos momentos, pura entelequia, puesto que todos saben que ahora no se está debatiendo quién será el candidato o candidata del PP a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones.

Aunque no lo digan, tanto José María Rodríguez como Catalina Cirer saben que esta decisión tiene que ser avalada por Madrid. De todas formas, en principio, Cirer continuaría manteniendo el apoyo, más o menos firme y fiel, de los concejales Carlos Veramendi, Julio Martínez, Marina Sans, Catalina Terrassa, Margalida Ferrando y Lourdes Bosch.

Tanto Veramendi como Martínez y Bosch no pueden ser considerados en puridad como cireristas, aunque en su caso, en principio, prevalecería la lealtad y el agradecimiento por haber confiado con ellos a la hora de mantenerlos en puestos de salida en la candidatura presentada en los pasados comicios. Sans está tocada por el caso facturas, aunque cuenta con apoyos en la actual dirección regional del partido, mientras que Catalina Terrassa y Margalida Ferrando no tienen dedicación exclusiva en el actual mandato.

En el bando opuesto, y claramente partidarios de José María Rodríguez si éste mantiene su candidatura y la dirección regional cede, están los concejales Rafel Durán, Álvaro Gijón y Sebastià Sansó. Durán ocupa la secretaria general del PP de Palma, el mismo cargo que ostentó siendo José María Rodríguez presidente de la Junta Territorial hasta 2004.

Gijón se ha formado políticamente a la vera de su mentor Rodríguez, con quien fue director general de Infraestructuras primero, para después, ya siendo teniente de alcalde con Catalina Cirer, ocuparse de la presidencia de la Societat Municipal d´Aparcaments (SMAP), la Empresa Municipal de Transports (EMT) y del área de Seguridad Ciudadana.

Aina Ferriol, Mauricio Rovira y el nuevo concejal Seguismundo Morey, están menos definidos. Los tres son personas "de partido".

(www.diariodemallorca.es, 10/03/09)

48. EL GOVERN DEL PP PAGÓ DOS VECES UNA MISMA FACTURA A UNA CONSULTORA DEL METRO

El anterior Govern del Partido Popular (PP) abonó dos veces una misma factura a una consultora externa que contrató para controlar el desarrollo de las obras del ferrocarril metropolitano de Palma, un proyecto que está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción y el Cuerpo Nacional de Policía. También una auditoría realizada por el actual Govern reveló una diferencia de casi tres millones de euros entre las salidas de la cuenta de expropiaciones de terrenos para construir el metro y los recibos de pagos a los expropiados.

La empresa asesora ha sido denunciada por el actual Ejecutivo de centro izquierda ante el fiscal por percibir, supuestamente sin soporte contractual alguno, 1,3 millones de euros.

En pesquisas del caso metro participan desde hace meses investigadores del Govern, a los que se han unido fiscales anticorrupción y los grupos policiales de Delincuencia Económica y Policía Científica El Ejecutivo denunció en febrero ante la fiscalía anticorrupción, y entre otros extremos, a la consultora Global PM Consultores y Prointec (Global) en su calidad de adjudicataria del contrato para fiscalizar y controlar el proyecto de ejecución del metro.

Según la denuncia que investiga anticorrupción, la consultora suscribió un contrato cerrado para percibir 1,34 millones de euros al año por sus servicios. Este contrato administrativo se prorrogó a lo largo de varios años, pero han aparecido otras sumas pagadas a la asesoría al margen del precio pactado.Estas cantidades "extra" y aparentemente sin soporte contractual alguno se habrían abonado por el anterior Govern entre julio del 2005 y marzo del 2007.

La suma liquidada aparentemente al margen del contrato ascendería a 1,33 millones de euros.
Los investigadores del actual Govern están repasando con lupa todas las liquidaciones y pagos efectuados por el ejecutivo del PP en relación al metro. Revisando los distintos abonos mensuales a Global han encontrado una factura que se habría pagado dos veces y cuya cuantía no ha sido revelada, aunque podría ascender a varios miles de euros. El Govern se ha puesto en contacto con la consultora, que, al parecer, ha alegado no haberse dado cuenta de la duplicidad, y ha convenido que la suma abonada de más se compensará con alguna liquidación pendiente de pagar.

El actual Govern detectó , unas anomalías contables en el capítulo de expropiaciones. Una auditoría elaborada en 2008 desveló salidas de más de 11 millones de euros en la cuenta de expropiaciones, pero el soporte documental de los pagos sólo alcanzaba unos 8 millones. Es decir no había justificantes del destino de casi 3 millones. El descuadre alarmó al Govern que ha tenido que revisar al detalle todos los expedientes de expropiaciones, con lo que parece confirmarse que sí se abonaron los 11 millones.

(www.diariodemallorca.es, 13/03/09)