ÍNDICE

1. EL PPE ADMITE QUE CONTRATÓ A LAS EMPRESAS DE CORREA

2. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE DECLAREN POR EL 'CASO GÜRTEL' VARIOS EMPRESARIOS

3. GARZÓN OFRECE AL GOBIERNO PERSONARSE CONTRA LA TRAMA CORRUPTA LIGADA AL PP

4. LOS VOTANTES DE RAJOY OPINAN QUE BÁRCENAS DEBE DIMITIR

5. EL LÍDER DEL PP EVITA HABLAR DE CORRUPCIÓN PESE A LA TENSIÓN INTERNA

6. EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M

7. ANTICORRUPCIÓN RECOMIENDA SEGUIR INVESTIGANDO A BÁRCENAS Y GALEOTE

8. EL PP EXHIBE SU TRIADA GÜRTEL EN SEVILLA

9. LOS SEIS INDICIOS QUE CONVIERTEN A L. B. EN LUIS BÁRCENAS

10. BÁRCENAS CREA EL DESCONCIERTO EN LA INTERPARLAMENTARIA DEL PP

11. LAS RELACIONES DE LA FAMILIA GALEOTE

12. LAS ACUSACIONES DEL JUEZ GARZÓN CONTRA LOS GALEOTE

13. AZNAR ALIENTA LA PERSECUCIÓN DEL "PELIGRO REAL DEL COMUNISMO"

14. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE DILAPIDAR EL PRESTIGIO DE ESPAÑA POR DÉCADAS

15. TRILLO MOVILIZÓ AL ESTADO PARA INTENTAR ANULAR EL 'CASO YAK'

16. LA POLICÍA DENUNCIA EL TRATO HUMILLANTE DE CASCOS A SUS ESCOLTAS

17. CATALUÑA. IMPUTADO POR COHECHO UN ASESOR DEL PP EN BARCELONA

18. GALICIA. BALTAR PREMIA A LOS RESPONSABLES DEL PXOM ILEGAL DE OURENSE

19. GALICIA. UN DIPUTADO DEL PP FIRMÓ DESDE LA DIPUTACIÓN UN INFORME TÉCNICO PARA UNA QUERELLA DEL PP

20. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO ECHA A CACHARRO Y TOMA LAS RIENDAS DE LA FUNDACIÓN TOR

21. GALICIA. EL FISCAL PIDE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE A GUARDA

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE DE CAJA MADRID

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA POR IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN VÍDEO

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD TROCEÓ CONTRATOS PARA ADJUDICARLOS SIN CONCURSO

25. COMUNIDAD DE MADRID. EL SUPERIOR DE MADRID DECIDE INTERROGAR A LOS AFORADOS A PARTIR DEL DÍA 28

26. COMUNIDAD DE MADRID. REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA

27. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON VIEIRA

28. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUE EN EL NÚCLEO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO

29. COMUNIDAD DE MADRID UNA EMPRESA DE CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES EN BOADILLA SIN PAGAR

30. COMUNIDAD DE MADRID. DAN UNA LICENCIA DE RADIO A UNA EMPRESA MOROSA

31. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO

32. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN EN PIE DE GUERRA CONTRA HACIENDA

33. COMUNIDAD DE VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR QUE TOME DECLARACIÓN A CAMPS Y COSTA

34. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL TSJ SE INCLINA POR INVESTIGAR EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS

35. COMUNIDAD DE VALENCIANA. LA GESTIÓN DE CAMPS: UNA DEUDA PÚBLICA AUMENTADA EN UN 200 POR CIENTO

36. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL PERITO DETECTA 300.000 DÓLARES SIN JUSTIFICAR EN LAS CUENTAS DEL IVEX

37. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EDILES DEL PP DE TORREVIEJA SE AGREDEN EN UNA PROCESIÓN

38. COMUNIDAD DE VALENCIANA. BURRIANA PERDONÓ MULTAS A UN FAMILAR DEL ALCALDE

39. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL ALCALDE DE LA NUCIA GASTÓ MÁS DE 620.000 EUROS EN PUBLICIDAD EN 2007

40. CASTILLA Y LEÓN. VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL

41. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE ÍNTIMO DE AZNAR Y ULIBARRI.

42. CASTILLA Y LEÓN. BURGOS DEBE PAGAR CINCO MILLONES POR INCUMPLIR UNA SENTENCIA

43. ISLAS CANARIAS- EL PP CANARIO PREMIA AL DIPUTADO POETA QUE INSULTÓ A LA PARLAMENTARIA SOCIALISTA

44. REGIÓN DE MURCIA. EL POPULAR MARTÍNEZ PUJALTE ‘CHULEA’ A LA GUARDIA CIVIL

45. REGIÓN DE MURCIA. UN PROYECTO URBANÍSTICO QUERÍA MULTIPLICAR POR SEIS LA POBLACIÓN DE ULEA

46. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA AL GOBIERNO LOCAL POR LOS CONTRATOS AL HIJO DEL EX CONCEJAL PEPERO PÉREZ ABELLÁN

47. EXTREMADURA. EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BADAJOZ GASTA 48.000 EUROS EN UN COCHE OFICIAL

48. ISLAS BALEARES. UN TRIBUNAL DE TINTE CONSERVADOR JUZGARÁ A CARGOS DEL PP

49. ISLAS BALEARES. DE SANTOS ALUDE EN SU DECLARACIÓN A UN ATAQUE SEXUAL SUFRIDO EN SU JUVENTUD

50. CIUDAD DE MELILLA. EL PP NO RETIRARÁ LA ESTATUA DE FRANCO EN MELILLA SI DEFENSA NO LE DA OTRA UBICACIÓN

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1. EL PPE ADMITE QUE CONTRATÓ A LAS EMPRESAS DE CORREA

El Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara admitió que contrató a varias empresas de la red de Francisco Correa cuando Gerardo Galeote era el jefe de la delegación española. En esas mismas fechas, entre 2003 y 2004, el eurodiputado cobró más de 24.000 euros en sobornos, según el auto del juez Baltasar Garzón. Fuentes oficiales del Grupo del PPE explicaron que no han detectado irregularidades en los contratos de los que informó en une diario. Según explicaron, sus servicios financieros han revisado sus archivos, tras conocer las informaciones publicadas por este periódico, y han constatado que "todos los gastos están perfectamente acreditados".

Según señalaron, las facturas corresponden a actos en los que participó el Grupo del PPE, son conformes a su reglamento financiero y "han sido auditadas debidamente".

Desde el equipo del PP en Bruselas subrayaron que Galeote "no tuvo nada que ver" con la organización de esos actos, a pesar de que era el jefe de la delegación. Y subrayaron que su firma no aparece en ninguno de los documentos. Galeote sólo participó personalmente en el acto de Málaga, que organizó Down Town Consulting.En él intervino un buen número de altos cargos del PP.

Según esas mismas fuentes, los cheques de los que informó EL MUNDO por valor de 52.115, 46.150 y 45.977 euros corresponden a un congreso sobre consumo celebrado en Sevilla, a un acto en Madrid sobre el modelo educativo europeo y a otro sobre desarrollo rural que tuvo lugar en Ciudad Real. Todos ellos fueron organizados por Special Events, una de las principales sociedades de la trama Gürtel.

En los tres encuentros participaron varias personalidades populares y ministros del Gobierno de José María Aznar. El acto de Málaga, en el que sí estuvo Galeote, fue organizado por las Juventudes del PPE y por Nuevas Generaciones. En cuanto a la última factura, de 12.900 euros, que adelantó este periódico y que hace referencia a la creación de un nuevo logotipo para el Grupo Popular Europeo, aseguraron que no consta en las anotaciones de la formación y nunca se abonó. Respecto a los fondos que sí salieron de las arcas de la formación (casi 160.000 euros), las fuentes recalcaron que todos los gastos están acreditados.

El juez Garzón remitió al Tribunal Superior de Madrid indicios sobre la presunta implicación de Galeote en el caso Gürtel. El eurodiputado cobró, según Garzón, 652.310 euros a cambio de conceder contratos a las empresas de Correa.

Por otra parte, el eurodiputado del PP Luis Herrero afirmó que si él estuviera en la misma situación que Galeote, convocaría una rueda de prensa porque, según dijo, "la estrategia" del partido frente a la opinión pública "no está siendo eficaz". "Si yo fuera Galeote, en este caso concreto habría convocado una rueda de prensa para ir desmenuzando punto por punto el asunto, y ésa sería la estrategia eficaz", explicó Herrero en una tertulia en TVE recogida por Europa Press.

Mariano Rajoy afirmó que ni Galeote ni el tesorero del partido, Luis Bárcenas, están imputados y que nadie podría probar "que no son inocentes". , volvió a referirse a ellos cuando dijo que hay personas cuyo nombre aparece en los medios de comunicación a las que ningún juez acusa de nada. "Ven su nombre en los medios sin posibilidad de defenderse", lamentó. También, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que, "pese a lo que muchos querrían, esto no es Filesa". "Lo diremos una y 1.000 veces: esto no es Filesa, y también lo diremos una y 1.000 veces, que con aquellas personas que no se portan como se tienen que portar, nosotros actuaremos en consecuencia, pero también vamos a defender el principio de inocencia y la honorabilidad", dijo.

(www.elmundo.es, 04/04/09)

2. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE DECLAREN POR EL 'CASO GÜRTEL' VARIOS EMPRESARIOS

El caso Gürtel sigue su imparable marcha. La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto la declaración de media docena de personas vinculadas a la trama corrupta entre las diligencias de prueba solicitadas a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, según fuentes fiscales. Entre estas personas, cuya identidad se reserva por no haber salido aún a la luz pública dado que el procedimiento sigue secreto, figuran algunos empresarios. Según las fuentes consultadas, estas declaraciones son complementarias a las del presidente Francisco Camps y los demás aforados, cuya declaración como imputados en un delito de cohecho ya ha interesado el fiscal Anticorrupción de los respectivos tribunales superiores.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró en los desayunos informativos de Europa Press que el momento de enviar el caso al Supremo "aún no ha llegado" y que aún "quedan muchos años de procedimiento". Conde-Pumpido explicó que la remisión de la causa al Supremo "dependerá de la evolución del procedimiento" y reveló que Anticorrupción empezó a investigar muchos meses antes de la judicialización del caso, que se produjo el año pasado. El propio fiscal general recordó que él era magistrado de la Sala Penal del Supremo cuando se instruyó allí el caso Filesa, el proceso a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y el caso Marey, y fue en este último en el que recayó la jurisprudencia sobre el momento en que las causas deben llegar al Supremo.

El fiscal general recordó entones que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, -presente en el desayuno informativo-, fue el fiscal que acusó en el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE y por lo tanto, "conoce perfectamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo" y el momento en que los casos deben ser enviados al alto tribunal.

Preguntado por la contradicción de que el juez instructor, Baltasar Garzón, vea indicios de delito en los aforados Luis Bárcenas y Gerardo Galeote, y el fiscal no, Conde-Pumpido afirmó: "Lo anómalo es este caso, porque en los demás países suele ser al revés. Si el Ministerio Fiscal aprecia que los indicios no tienen las circunstancias que el Tribunal Supremo exige, se debe a que la Fiscalía Anticorrupción conoce mejor la jurisprudencia del Supremo".

La implicación de varios dirigentes importantes del PP en el caso Gürtel trae de cabeza a los populares y les dificulta colar sus mensajes de oposición. Aunque la dirección se aferra a la decisión de la fiscalía, que por tres veces ha rechazado enviar aún el caso al Supremo, la preocupación es evidente. Y tres de los implicados, presentes en unas jornadas interparlamentarias en un hotel de Sevilla, no pudieron evitar esta vez a la prensa.

Lo intentó Luis Bárcenas, el tesorero, que después de responder esquivo que está "absolutamente" tranquilo, se escapó de los periodistas por una puerta trasera. Gerardo Galeote aseguró a la carrera que considera que su inocencia "ya está probada" (se le acusa de recibir 600.000 euros y él lo niega sin más datos) y no descartó repetir como eurodiputado. "No depende de mí", se limitó a señalar. Las listas se tienen que cerrar antes del 4 de mayo. Rajoy, según fuentes de la dirección, está retrasando la decisión para ver si hay novedades. Y si Galeote no es imputado antes del 4, según los miembros de la dirección consultados, es muy posible que repita -posiblemente como número tres- porque de lo contrario se le estaría condenando antes de tiempo, señalan las mismas fuentes, y sobre todo dejaría en evidencia la negativa de Bárcenas a presentar su dimisión.

(www.elpais.com, 17/04/09)

3. GARZÓN OFRECE AL GOBIERNO PERSONARSE CONTRA LA TRAMA CORRUPTA LIGADA AL PP

El juez Baltasar Garzón dictó una providencia el pasado 17 de febrero en la que ofrecía a la Administración central, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la causa abierta contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos del PP cuando mandaba José María Aznar. Los negocios ilícitos que supuestamente perpetró esta red corrupta durante años estuvieron en su mayoría vinculados a decisiones políticas adoptadas en instituciones gobernadas por el PP.

La Administración central del Estado sería parte perjudicada en esta causa si se probase, como apuntan indicios que han aparecido durante la investigación, que la trama corrupta ha llevado a cabo blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que han ocasionado perjuicios importantes a la Hacienda Pública.

En tal caso, la administración pública se habría visto dañada por la actuación de la red corrupta que dirigía Correa y tendría derecho a defender sus intereses ante los tribunales, como ha ofrecido el juez a la Abogacía del Estado. El pasado 13 de febrero, Garzón rechazó la personación del PP en la causa al considerar que "ningún perjuicio existe [...] para el Partido Popular sino, en su caso, para las administraciones o instituciones a las que pertenecen las personas afectadas".

El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón.

En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).

Además, será la Agencia Tributaria la que deba examinar si, a la vista de los datos conocidos, es conveniente la personación del Estado en la causa. Entonces, debería indicarle a la Abogacía del Estado que iniciara los trámites para llevar a cabo esta acción.

Durante toda la investigación judicial, la Agencia Tributaria colaboró con la Audiencia Nacional mediante la elaboración de distintos informes sobre los supuestos implicados. También la brigada para prevenir el blanqueo de capitales trabajó en la causa. "Después de Semana Santa habrá una decisión respecto a si hay personación del Estado en la causa", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales.

El primer auto de Garzón sobre esta causa apunta múltiples indicios de "defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore (paraísos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación impide, gracias a las técnicas de ingeniería financiera, alcanzar los fondos desplazados".

La investigación policial y judicial de la trama corrupta se inició en agosto de 2008 y ha detectado un conglomerado de sociedades de "inversión especulativa" cuyo objetivo era "la búsqueda de operaciones inmobiliarias o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa".

La trama había montado una estructura internacional con sociedades en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear dinero. Durante la instrucción, el juez Garzón ordenó comisiones rogatorias internacionales para recabar distintos datos a Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Antillas Holandesas.

La red también tejió numerosos negocios basados en facturas falsas y, por tanto, en la evasión al fisco de muchos de los beneficios que obtenían por su actividad ligada al tráfico de influencias y el cohecho. Más de una decena de cargos públicos del PP han sido imputados en una causa que ahora instruyen los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Durante la investigación, Garzón ordenó numerosas intervenciones telefónicas a los principales implicados de la red empresarial que fueron prorrogadas a petición del fiscal. Entre el 4 de septiembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009, las conversaciones de los principales sospechosos a las órdenes de Correa estaban siendo escuchadas por la policía por orden de Garzón.

(www.elpais.com, 13/04/09)

4. LOS VOTANTES DE RAJOY OPINAN QUE BÁRCENAS DEBE DIMITIR

Más de la mitad de los encuestados por EL MUNDO-Sigma Dos que votaron a Mariano Rajoy en las últimas elecciones cree que el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, debe dimitir inmediatamente de su cargo por su implicación en el escándalo Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le atribuye el cobro de más de un millón de euros en sobornos.

La mayoría de los consultados de cualquier signo político piensa, no obstante, que Gürtel no es un nuevo caso Filesa: se trataría sólo de un asunto de corrupción que afecta a personas cercanas al PP y no de una trama de financiación ilegal de ese partido (39% frente al 26%).

El 51,8% de los votantes del PP considera que Luis Bárcenas no debe continuar al frente de las finanzas del partido para evitar dañar más su imagen. Sólo un 29,1% apuesta por que se mantenga en el cargo. La diferencia entre una postura y otra aumenta en favor de la primera cuando se pregunta a los electores de otros partidos.

Bárcenas, que también es senador por Cantabria, habría recibido sobornos de Correa, según Garzón, entre 1997 y 2007. Todavía no era tesorero del PP -fue aupado por Rajoy en el congreso de Valencia de junio de 2008-, pero llevaba dos décadas en la gerencia del partido.

Los votantes del Partido Popular se muestran más indulgentes con el eurodiputado Gerardo Galeote, a quien Garzón atribuye el cobro de más de 600.000 euros de la red de Correa. El 41% de los electores del PP cree que esa implicación no le inhabilita para figurar en las listas al Parlamento Europeo, frente al 39,4% que piensa que no debe ir en esa candidatura.

Los porcentajes se invierten cuando se tienen en cuenta las respuestas de los encuestados que votaron a otros partidos: el 55,1% del total opina que Galeote no debería representar a España en Europa, y sólo el 23,1% considera que sí puede hacerlo.

Las pruebas enumeradas por Garzón no son todavía suficientes, según la Fiscalía, para solicitar al Tribunal Supremo su imputación, y Mariano Rajoy los ha defendido con firmeza: "Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes".

Parecida contundencia muestran los votantes del PP al ofrecer su opinión sobre la investigación judicial del juez Baltasar Garzón: nada menos que ocho de cada 10 consideran que el instructor de la Audiencia Nacional tenía la intención torticera de perjudicar al partido de Mariano Rajoy con sus resoluciones y su gestión de la información contenida en el sumario.

Los porcentajes vuelven a invertirse al añadir las respuestas de los electores de otros partidos, pero en este caso el total arroja un resultado ajustadísmo: quienes piensan que Garzón quería hacer daño de manera consciente al PP suman sólo medio punto menos que quienes creen que no es así. Si ése era su objetivo, en cualquier caso, lo habría conseguido. Casi seis de cada 10 encuestados opina que el escándalo Gürtel hará un gran daño electoral al PP. Y en esto sí están de acuerdo los votantes de todos los partidos.

(www.elmundo.es, 13/04/09)

5. EL LÍDER DEL PP EVITA HABLAR DE CORRUPCIÓN PESE A LA TENSIÓN INTERNA

En la dirección del PP se ha instalado la convicción, confirmada hasta ahora por las encuestas, de que el escándalo de corrupción que ha estallado en su seno -la relación con una trama de empresas investigada por Baltasar Garzón- no afecta a sus expectativas electorales. Por eso, y a pesar de que ya son 16 los dirigentes implicados, Rajoy ha decidido obviar el asunto. Cuando se le pregunta, responde con evasivas o directamente no contesta.

Es lo que sucedió . No explicó si tiene previsto incluir en las listas al Parlamento Europeo a Gerardo Galeote, al que el juez Garzón acusa de haber recibido más de 600.000 euros en sobornos de la red de Francisco Correa. Tampoco aclaró si destituirá a su tesorero, Luis Bárcenas, si resulta imputado por el Supremo. Garzón le acusa de recibir 1,3 millones de euros en sobornos. Ni explicó Rajoy por qué Bárcenas no ha dimitido y sí lo han hecho otros aforados, como Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, que tampoco está aún imputado.

A pesar de las evasivas, este asunto, que escapa a la reuniones oficiales, centra las conversaciones internas. La mayoría en el PP cree que Bárcenas debe dimitir para no hacer daño al partido, y se disparan las especulaciones sobre sus motivos para no renunciar al puesto y defenderse así mejor de las acusaciones, como han hecho los otros implicados a excepción de Francisco Camps.

(www.elpais.com, 14/04/09)

6. EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M

Mariano Rajoy aseguró que había roto en 2004 relaciones con las empresas de Correa porque le habían comunicado que estaban utilizando "indebidamente" el nombre del partido. Sin embargo, después de esa fecha, empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del Partido Popular. El Plural les muestra las obtenidas en un mitin del propio Rajoy en Elche, celebrado el 28 de febrero de 2008, en plena campaña para las elecciones generales del 9 de marzo.

Según el blog Trajes para todos, El Bigotes organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución Ferial Alicantina situada en el municipio de Elche el jueves 28 de febrero de 2008. En concreto, Álvaro Perez, imputado en el caso Gürtel, habría organizado todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo contacto con importantes dirigentes del PP. Así lo demuestran varias fotografías.

Este blog también apunta que El Bigotes pudo organizar una parte del almuerzo-mitin que se celebró en un restaurante del Parque Municipal el jueves 29 de marzo de 2007 o el acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche el sábado 19 de abril de 2008.

Hace unos días, salió a la luz una imagen en la que aparecía Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche y portavoz del grupo municipal popular en la capital ilicitana, con Álvaro Perez. Ahora, estas nuevas fotografías demuestran la estrecha relación que existió entre El Bigotes y el Partido Popular de Elche.

Los tentáculos del Bigotes se extendieron no sólo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana. Como contó El Plural el pasado 30 de marzo, Correa le hizo responsable del negociado valenciano, aprovechando sus habilidades para las relaciones públicas. Y no se equivocó al convertirle en su hombre fuerte en la zona ya que se granjeó muy buenas relaciones en la cúpula del PP.   El propio Camps llegó a asistir a su boda junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

(www.elplural.com, 14/04/09)

7. ANTICORRUPCIÓN RECOMIENDA SEGUIR INVESTIGANDO A BÁRCENAS Y GALEOTE

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este martes que aún no hay indicios suficientes para imputar en el caso Gürtel al tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote. Por tanto, de momento no se elevará la causa al Tribunal Supremo.

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Así, serán los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia los únicos órganos competentes para asumir la investigación sobre la supuesta trama de corrupción vinculada con el Partido Popular. Pese a todo, la Fiscalía aboga porque se siga investigando a Bárcenas y Galeote, "especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar". Cabe recordar que el juez Garzón acusó a Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros por parte de Correa. Por su parte, según el magistrado de la Audiencia Nacional, Galeote habría percibido "directa o indirectamente" otros 625.000 euros de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular y varios coches de lujo.

Por otro lado, el fiscal considera que el TSJ de Valencia debe investigar los hechos atribuidos a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, consistentes en la recepción de dádivas de alguno de los imputados en el caso Gürtel, a quienes solicita que se debe tomar declaración.

Por su parte, el TSJ de Madrid ya se declaró competente el 31 de marzo para instruir el caso Gürtel. En un auto, el tribunal apuntó que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En concreto, el TSJM cree que estos tres diputados populares podrían haber recibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".

(www.elplural.com, 14/04/09)

8. EL PP EXHIBE SU TRIADA GÜRTEL EN SEVILLA

Al parecer Mariano Rajoy no sólo cobija sino que además exhibe a Luis Bárcenas, tesorero del PP que sorprendió a propios y extraños al llegar a la XIV Unión Interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla. Nadie le esperaba: no suele acudir a este tipo de eventos, y rehúye a la prensa desde que el juez Baltasar Garzón le señaló como presunto beneficiario de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama Gürtel. Y, sin embargo, el responsable de las finanzas del grupo se presentó y se sentó en primera fila, un gesto con alta carga simbólica. Le acompañaron en su gesta otros dos implicados en el proceso judicial: el eurodiputado del grupo, Gerardo Galeote, y el secretario general de la formación en Valencia, Ricardo Costa. Con mayor o menor profusión, la triada del PP vinculada al caso Gürtel intentó exhibir "tranquilidad". En defender su inocencia ni se molestaron: en palabras de Galeote, "ya está demostrada".

Bárcenas fue la sorpresa de . Pocas horas antes de que apareciera, sus compañeros de filas ya habían empezado a excusar su ausencia indicando que él no suele ir a estos eventos, informa Público. No contaban con que, al parecer, a Génova no le basta con cobijar a los implicados: quiere exhibirlos para dar la apariencia de normalidad. Sólo así se explica que el tesorero, un hombre poco dado a estos eventos –de hecho, ni siquiera estuvo el martes pasado en la cita de Rajoy con el Grupo Parlamentario- acudiera a la Interparlamentaria y se sentara en primera fila. Bárcenas continúa siendo, sin embargo, parco en palabras: a su llegada se limitó a declararse "absolutamente tranquilo", y a su salida optó por una maniobra evasiva y se dirigió al a puerta trasera.

Algo parecido ocurrió con Gerardo Galeote, acosado por la prensa al entrar al recinto semivacío donde se celebraba la reunión. Preguntado sobre si estaba tranquilo, el eurodiputado redundó en palabras pero no en detalles: "Sí, sí, sí…", dijo. Sobre su inocencia fue contundente: "Ya está demostrada", aseguró.

Por la tarde, el europarlamentario acudió a una mesa redonda sobre la Unión Europea como coordinador. Más relajado y más accesible, aprovechó para elogiar al número uno de las listas del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja, aunque trasladó la decisión sobre su repetición en dichos comicios a Génova y al presidente del Comité para estos fines, Miguel Arias Cañete.

Rajoy piensa incluir a Galeote en las listas y podría ir de número tres, pero el líder está esperando por si hay alguna novedad judicial antes del día 4 de mayo, fecha tope para cerrar las candidaturas. La repetición disgusta a las bases y no entusiasma ni al mismo Mayor Oreja, dicen los informantes del marianista diario La Razón, pero según explica el rotativo de Prisa tras el aparente cierre de filas estaría el temor a mostrar a eurodiputado y tesorero como culpables y, sobretodo, a dejar en evidencia la negativa de Bárcenas a dimitir,

El tercer tenor, Ricardo Costa, ha sido más prolífico en declaraciones. "Que yo sepa no se nos ha implicado en la trama Gürtel. Es un caso abierto. Esperamos que el tribunal competente asuma la causa con rapidez y se demuestre que todas las acusaciones son falsas. Confío en la justicia", ha señalado, obviando, no obstante, que la Fiscalía sí ha visto indicios en su contra y que . Para el secretario general del PP valenciano, las acusaciones en su contra son "infundadas y falsas" al tiempo que se le somete a un "juicio paralelo y mediático".

Costa ha enfatizado en que Gürtel es un proceso judicial "abierto, para el que el partido pide máximo respeto y ofrece la máxima colaboración", mostrándose esperanzado en que los tribunales asuman "la causa con rapidez" y en que esta "se resuelva cuanto antes". En el último extremo discrepa el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien vaticinó que al caso le quedan "muchos años" por delante.

(www.elplural.com, 17/04/09)

9. LOS SEIS INDICIOS QUE CONVIERTEN A L. B. EN LUIS BÁRCENAS

Niego categóricamente que las referencias que bajo las siglas "L.B." se mencionan en el auto de 31 de marzo pasado, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, tengan algo que ver con mi persona". Se trata de uno de los párrafos del último comunicado difundido por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, después de la resolución del juez Garzón en la que se le acusaba de haber recibido de la trama corrupta de Francisco Correa 1,3 millones de euros en sobornos. El auto concluía que el también senador por Cantabria ha sido identificado como la persona que se encuentra detrás de las siglas "L.B". El auto de Garzón revela que el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pone de manifiesto, "sin género de dudas", que tras esas dos letras se esconde el hombre designado en junio de 2008 por Mariano Rajoy para gestionar las finanzas del partido. Son seis los indicios que permiten al juez Garzón llegar a esta conclusión.

El primero de los argumentos se refiere, según el auto, al "análisis" de las grabaciones efectuadas por el denunciante del caso. En estas cintas, el propio Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama, reconoce que cobraba las comisiones por obras y adjudicaciones y se las entregaba a Luis Bárcenas.

En el auto se señala, además, que "el Sr. Correa habría reconocido, en las grabaciones aportadas por el Sr. Peña [ex concejal de Majadahonda y ex militante del PP], que hizo entrega de dinero a Luis Bárcenas en Génova [sede nacional del PP] y en su casa en efectivo de obras o adjudicaciones". También se aporta que este dinero fue enviado a un paraíso fiscal. No obstante, Garzón señala que este último es un extremo que aún está "pendiente de investigación".

Su nombre figura como posible receptor de regalos de Correa

2. La versión de Jordán

Para concluir que "en la investigación desarrollada hasta la fecha no aparece persona alguna diferente a D. Luis Bárcenas Gutiérrez, cuyas iniciales sean L. B. y que se encuentre relacionada con los demás miembros de la organización", el auto también se apoya en la declaración judicial de la imputada Felisa Isabel Jordán Goncet. Ésta señaló al tesorero del PP "como la persona dentro del partido que les daba trabajo para las empresas de eventos", según recoge Garzón.

Isabel Jordán, que ocupó un puesto relevante en la trama corrupta, reconoció en su comparecencia la vinculación entre Francisco Correa y el tesorero. Así, admitió haber participado en una reunión en la que estaba presente Correa y otros dos imputados en la que se habló del senador conservador, "del dinero que le habían dado y que no les estaba dando trabajo y que les había cortado el flujo de trabajo que tenían y, aunque no hablaron de cantidades, sí lo hicieron de entregas de dinero", reza el auto.

En este sentido, el magistrado afirma que llegó un momento en el que se enfrió la relación de colaboración entre Bárcenas y los imputados. A partir de ahí, éstos se refieren al responsable de las finanzas del PP bajo la denominación de Luis "el cabrón".

3. La Caja B

Según el informe policial citado por el juez Baltasar Garzón, en la contabilidad B de la trama, que se llevaba en un piso del número 40 de la madrileña calle Serrano, el senador por Cantabria disponía de un archivo personal con apuntes contables encabezado bajo el título "Detalles entregas L. B". Dicho piso estaba "bajo la responsabilidad máxima" de Correa y Pablo Crespo.

4. Caja X PC Caja Madrid

La resolución judicial menciona la citada cuenta, en la que se incluyen cuatro apuntes relacionados con el concepto "Cobro Elecciones Gallegas" a favor de una persona a la que se nombra de distintas formas: "L. Bárcenas", "L. Barc" o "L. B.". Se habla de tres entregas por un valor total de 131.570 euros

5. Declaración de Izquierdo

En su declaración ante el juez, el presunto contable de la organización, José Luis Izquierdo, señaló que en la época en la que Correa visitaba "con asiduidad" la sede nacional del PP, pudo ver el nombre del tesorero en la lista de regalos para Navidad que el supuesto cabecilla tenía en la joyería Serrano.

6. Declaración de Magariños

Domingo Magariños ha relatado que en su etapa como chófer de Correa había acudido en alguna ocasión a la sede nacional del PP a ver a Luis Bárcenas.

En su declaración, revela que el tesorero le extendía cheques, "cree que a nombre de Special Events pero siempre de pequeño importe 1.800 o 2.000 y pico, nunca grandes cantidades". Estos cheques eran trasladados por el conductor a Izquierdo, el supuesto contable. La citada empresa pertenece al entramado de Correa.

(www.publico.es, 04/04/09)

10. BÁRCENAS CREA EL DESCONCIERTO EN LA INTERPARLAMENTARIA DEL PP

La presencia del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, en la XIV reunión interparlamentaria del partido celebrada en Sevilla, no ha dejado indiferente a nadie. Bárcenas, presuntamente implicado en el caso Gürtel, ha sido el principal tema de conversación en los corrillos de la reunión, que el partido considera como "pistoletazo" de salida de la precampaña para las elecciones europeas del 7 de junio.

"Tiene coraje por haber dado la cara", comentaban algunos, en oposición a quienes criticaban su presencia.  Bárcenas no ha sido el único implicado por Garzón que se ha dejado car por Sevilla.

El eurodiputado Gerardo Galeote coordinará una mesa de trabajo sobre política agraria en la UE, y el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, será ponente en otro grupo de trabajo sobre la crisis.

El secretario de Política Autonómica y Local del PP andaluz, Juan José Matarí, ha sido el encargado de inaugurar este cónclave de parlamentarios populares, y a su alocución seguirán la de la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y la del responsable de Comunicación, Esteban González Pons, entre otros.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, llegará al cónclave a lo largo de la jornada, ya que antes debía acudir a la localidad jienense de Martos, e intervendrá mañana, en la clausura. Le acompañarán en la sesión de cierre la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, así como el cabeza de lista para las europeas, Jaime Mayor Oreja.

(www.publico.es, 16/04/09)

11. LAS RELACIONES DE LA FAMILIA GALEOTE

El problema del eurodiputado Gerardo Galeote es que en la etiología de la enfermedad que mantiene convaleciente al PP él reúne todas las condiciones para formar parte del grupo de riesgo, el más expuesto a ser contagiado y a padecer todos los síntomas. Galeote está expuesto porque formó parte del aparato electoral del PP de Aznar, del cual han salido casi todos los acusados del caso Gürtel y que ha terminado por ser algo así como la cocina del infierno; se relacionó comercialmente con Francisco Correa, presunto jefe de los corruptores; está vinculado a alcaldes imputados; perteneció al grupo más próximo a Alejandro Agag, el yerno del ex presidente, que simbolizó una etapa en el partido, y hasta apunta cierta predisposición genética, porque su padre, José Galeote, y su hermano, Ricardo Galeote, han sido imputados por Garzón por idénticos delitos.

Por tener, tiene en su historial clínico apuntes sobre el manejo de cuentas opacas. En 2003, el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, le impidió abrir una cuenta en Luxemburgo para que cada eurodiputado del partido ingresara 3.000 euros mensuales. Un año antes había negado su relación con la investigación que abrió la Oficina antifraude de la UE por la falta de justificación de más de tres millones de euros en el Instituto para las Relaciones Europeo-latinoamericanas (Irela), a cuyo comité perteneció.

Gerardo Galeote (São Paulo, 1957) llegó al PP en 1989 de la mano de los democristianos, con los que había coincidido en las juventudes de UCD, tras iniciarse en la candidatura de Senadores para la Democracia en 1977. Empezó como asesor de José María Aznar en temas internacionales. Con el aparato de Génova entró en contacto en 1994, cuando fue como número 22 en la lista a las europeas que encabezaba Abel Matutes. Todo debió de empezar en ese momento, cuando participó en la organización de actos electorales. Con Jesús Sepúlveda y Luis Bárcenas, y con Francisco Correa y Álvaro Pérez. Por ese aparato del PP han pasado Francisco Camps, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Es decir, casi todos los acusados por Garzón.

A Correa le conoció en 1994 y el intercambio comercial por los actos del PP se convirtió en "cierta relación de amistad", y se prolongó hacia la familia, porque una de las hermanas Galeote, que es médico, ayudó a un familiar de Correa y éste siempre le mostró gratitud. Gerardo Galeote veranea en Tarifa y sólo ha coincidido en Marbella con Correa en un torneo de pádel en el que suelen participar Arenas, Sepúlveda y Bárcenas. En 1999 le compró a Correa un Mercedes de segunda mano, a nombre de Viajes Pasadena. Correa quería deshacerse del automóvil porque "tenía las instrucciones en alemán". Según su versión, lo pagó, al igual que los dos Land Rover que menciona Garzón. Galeote dice que tiene facturas y añade que hace cinco años que no ve a Correa. La relación contagió a su padre y a su hermano Ricardo, con quien Correa coincide en Sotogrande (Cádiz), donde ambos tienen casa. En el PP, Galeote pasa por ser trabajador y disciplinado. Acepta ser desplazado en las listas europeas según las necesidades del partido y, como muchos de los imputados, mantiene estrechas relaciones con Arenas, hombre clave de Génova, al que conoce desde UCD.

El eurodiputado es muy amigo de Alejandro Agag, relación que se repite en otros imputados, como Correa, Pérez, López Viejo y Jacobo Gordon. Agag fue asistente de Galeote en la Eurocámara, justo antes de serlo de Aznar en La Moncloa, y luego volvió a Bruselas como secretario general del PPE. Por cierto: Agag fue secretario general del congreso del PPE de Marbella de 1999, que, según Garzón, fue pagado por Correa.

Galeote mantenía también estrecha relación con Aznar, al que acompañaba en sus viajes. Es jugador de pádel y aficionado al rugby, hasta el punto de que es asesor de la federación española de ese deporte y de que los últimos presupuestos de Boadilla incluyen una subvención de 60.000 euros al equipo de rugby que entrena en la localidad y en el que juega un familiar suyo. En Bruselas se machaca en el gimnasio del hotel y en Tarifa domina el windsurfing. Tiene casas en Madrid y en Tarifa, ambas con hipotecas.

Con los ayuntamientos afectados por la metástasis, el eurodiputado tiene contacto a través de su hermano y su padre. El padre de Gerardo y Ricardo es José Galeote, que estuvo vinculado al PSOE como viceconsejero de la Junta de Andalucía en la preautonomía y luego se afilió al PP. Con este partido fue concejal de Boadilla entre 1995 y 2003 y, con posterioridad, asesor del alcalde Arturo González Panero, el Albondiguilla según el argot de la trama, también imputado, y consejero de la empresa municipal del suelo.

Viajó a Miami con el Albondiguilla y ambos son compañeros habituales de golf. Ejerció como juez de paz, pese a estar afiliado al PP, y fue inspeccionado por la Seguridad Social por cobrar pensión de jubilación y trabajar en el Ayuntamiento.

(www.elpais.com, 06/04/09)

12. LAS ACUSACIONES DEL JUEZ GARZÓN CONTRA LOS GALEOTE

GERARDO

- Eurodiputado del PP. Está acusado del presunto cobro de 628.310 euros, a los que hay que añadir 12.000 euros más como pago de parte del precio de un vehículo Land Rover Discovery, y 12.000 euros más recibidos por su mujer. Entre las pruebas aportadas se detallan conceptos tales como: "Gastón y Daniela por 1.150.849 pesetas", "vehículo Mercedes 3.500.000 pesetas", "reservas de apartamentos por 1.000.000 pesetas". Está por ver si finalmente Rajoy lo incorpora como candidato en las europeas del 7 de junio.

JOSÉ

- Concejal de Boadilla entre 1995 y 2003. Padre del eurodiputado, tiene 83 años. Hasta su imputación por Baltasar Garzón era consejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla y está muy vinculado al ex alcalde de esa localidad, acusado también por el magistrado. Fue concejal del PP en Boadilla durante ocho años. Estuvo vinculado al PSOE de Andalucía en la Junta preautonómica. También tenía relación con los ex ediles de Majadahonda y Pozuelo imputados. Según el juez, recibió sobornos por un total de 612.506 euros de la trama corrupta.

RICARDO

- Ex concejal de Estepona (Málaga). Es hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Dimitió de su cargo en el Ayuntamiento de Estepona en febrero, tras ser imputado por Garzón. Entre 2001 y 2003 fue gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona y está acusado por el juez de recibir 42.469 euros en sobornos. Su nombre salió en los medios de comunicación en 2007, al ser acusado por un juez de recibir regalos de la constructora Aifos, siendo concejal del PP en Estepona. Coincide con Correa en Sotogrande.

(www.elpais.com, 06/04/09)

13. AZNAR ALIENTA LA PERSECUCIÓN DEL "PELIGRO REAL DEL COMUNISMO"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha puesto la careta de Joseph McCarthy —senador republicano estadounidense que instigó una cruzada anticomunista en la década de los 50—. El ex presidente español ha destacado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) la necesidad de "hacer frente al peligro real del comunismo del siglo XXI", que a su juicio "se está extendiendo por todo el continente" suramericano.

"Debemos apoyar a los que defienden la democracia, la libertad y la apertura de los mercados", ha opinado, al tiempo que ha afirmado que "las libertades están siendo seriamente socavadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador o Cuba, que debería ser una democracia libre".

El ex jefe del Ejecutivo español también defendió que para "entender a Europa" hay que tener en cuenta a América y se mostró partidario de "prestar una mayor atención" al subcontinente sur, ya que, en su opinión, no se puede ser "indiferente" a su futuro.

Aznar ha considerado que la designación del primer ministro danés, Andrew Fogh Rasmussen, como secretario general de la OTAN es "un mensaje poderoso" frente a los que no creen en la libertad de expresión". En su opinión, Europa "no debe nunca disculparse por sus valores", ni "renegar" de sus "raíces cristianas". El actual presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha analizado el papel de Europa en el contexto geopolítico y habló sobre la "crisis" que sufre actualmente Europa que, a su juicio, no es sólo económica, sino también "de principios y valores", una "crisis moral".

Con todo, Aznar, que se definió como un "europeísta convencido", aseguró que está en las manos de los ciudadanos europeos "superar esta crisis de amplio espectro" para que Europa vuelva a ser "un continente pujante, dinámico y confiado en su porvenir". Para ello, apuntó, deberá conocer "las debilidades y los desafíos" a los que se enfrenta.

Algunos de estos retos son, en su opinión, el reconocimiento de Europa como "un Estado de Naciones", en los que los valores de "la libertad, la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la democracia están firmemente arraigados". Sin el respeto a estos principios, afirmó, el nacionalismo podría "aumentar" hasta "destruir la Europa que conocemos".

Además, el presidente de honor del PP sostuvo que Europa debe atender a su "ubicación geográfica" y "respetar" sus límites, ya que "no puede ampliarse ad infinitum", y abogó por comenzar un debate para "fijar estos límites".

También, agregó, para el éxito europeo es necesaria la reivindicación y la defensa de "un conjunto de valores y principios" que han fortalecido a Europa: "el trabajo duro, el mérito, la responsabilidad individual y la capacidad". Del mismo modo, afirmó, hay que reconocer que "Europa es una realidad construida con raíces culturales e históricas comunes". "Mal que le pese a algunos, Europa no se puede entender sin sus raíces cristianas", sostuvo Aznar, para quien "renegar" de estas raíces que "unen" e "identifican" a los europeos sería "un grave error".

En su ponencia, Aznar insistió en que Europa "no debe disculparse por sostener sus valores y principios", entre los que también destacó la libertad de expresión. En este marco, el ex presidente subrayó que los europeos no deben "aceptar ninguna amenaza" por parte de quienes quieren imponer el silencio y destacó que "los Gobiernos que se disculpan por unas caricaturas es un primer paso hacia la rendición de las democracias ante el totalitarismo". Por ello, destacó que el nombramiento de Rasmussen como secretario general de la OTAN es "un mensaje poderoso y en la dirección adecuada ante aquellos que no creen en la libertad de expresión". "Europa no debe nunca disculparse por sostener sus valores y principios", remachó.

Por otra parte, Aznar también ofreció a los estudiantes de Harvard sus recetas para salir de la crisis y "recuperar el dinamismo económico y social". Para ello, afirmó, los europeos se deben "enfrentar al excesivo tamaño del Estado en la economía y a la falta de libertad económica".

Dicho esto, el presidente de FAES se mostró partidario de fomentar la independencia del Banco Central Europeo, que a su juicio ha sido sometido a "presión política"; crear un "verdadero mercado interno", que huya del "nuevo proteccionismo nacional"; y acometer una reforma económica.

Esta reforma, explicó, debe dotar a Europa de "economías plenamente abiertas y mercados más flexibles, incluyendo el mercado laboral".En su opinión, lo que Europa necesita es "una mejor regulación económica, no más y peor regulación". "Necesitamos menos impuestos, menos gasto público, menos intervención pública en los mercados, menos empresas públicas", remachó. Para Aznar, "una sociedad que nos mantiene a todos contra cualquier eventualidad es una sociedad en la que luchar por el futuro deja de ser importante".

(www.publico.es, 16/04/09)

14. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE DILAPIDAR EL PRESTIGIO DE ESPAÑA POR DÉCADAS

El ex presidente del Gobierno José María  Aznar critica que la decisión de repliegue de las tropas españolas de Kosovo han provocado "desconfianza, irritación y pérdida de credibilidad" de España en el ámbito internacional y "se ha dilapidado un capital de prestigio político, diplomático y militar de décadas".

"Nadie duda de la profesionalidad, disciplina y eficacia de nuestros Ejércitos. Pero algunas recientes decisiones políticas tomadas irresponsablemente han dañado nuestra fiabilidad. El desistimiento súbito que acabamos de ver en Kosovo, sin consulta previa con los aliados, ha creado desconfianza, irritación y pérdida de credibilidad. Se ha dilapidado un capital de prestigio político, diplomático y militar de décadas", señala. Aznar afirma que "España merecería desempeñar un papel activo y positivo en el diseño de la Alianza Atlántica del futuro".

En este sentido, dice que "sin duda, la primera prueba será Afganistán. Nuestra contribución tiene que estar basada en la lealtad -esta vez real- con nuestros aliados", porque "nadie duda de la profesionalidad, disciplina y eficacia de nuestros Ejércitos" pese a que "algunas recientes decisiones políticas tomadas irresponablemente han dañado nuestra fiabilidad".

(www.elplural.com, 06/04/09)

15. TRILLO MOVILIZÓ AL ESTADO PARA INTENTAR ANULAR EL 'CASO YAK'

El juicio por las falsas identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que se reanuda en la Audiencia Nacional, nunca se habría celebrado si hubieran tenido éxito las maniobras del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Incluso después de perder las elecciones generales de 2004, con el Gobierno Aznar en funciones, los responsables del PP movilizaron al aparato del Estado para intentar anular la prueba clave del proceso que ahora se ventila ante los tribunales: el acta que demuestra que las autoridades turcas entregaron a la delegación del Ministerio de Defensa español, encabezada por el general Vicente Navarro, 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar. Y que Navarro se comprometió a identificar a estos últimos en España.

El acta fue publicada el 2 de marzo de 2004. A pesar de que el Ministerio de Defensa jamás había reconocido su existencia y de que Navarro aseguró no haberse traído copia del mismo, el Gobierno difundió esa misma madrugada una nota en la que calificaba el documento de "preliminar y parcial" y acusaba a los periodistas de tergiversarlo. Ese día, el número tres de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, remitió una carta a las familias en la que tildaba la noticia de "campaña sensacionalista y cruel hacia el dolor de los parientes de las víctimas". Y añadía: "Sin duda, responde a los momentos electorales que vive nuestro país".

Cuando Trillo se convenció de la inutilidad de negar la evidencia, inició otra estrategia: tratar de anular legalmente el acta, para impedir que pudiera presentarse ante la Justicia española, como efectivamente sucedió. El 24 de marzo de 2004 [y no de 2003 como consta por error en la carátula] el secretario general de Política de Defensa, Jiménez-Ugarte, remitió un Fax al embajador de España en Ankara, Manuel de la Cámara, en el que le recordaba: "Sigo pendiente de los dos temas que comenté con el cónsul en Estambul: legalidad de la entrega del acta sobre identificación de cadáveres incluida en el sumario secreto sobre la investigación del accidente y normativa nacional turca que hubiese sido violada por una entrega precipitada de cadáveres insuficientemente identificados por no haberse procedido a las pruebas de ADN".

Un informe del embajador De la Cámara, revela que, en marzo de 2004, consultó efectivamente al Ministerio de Justicia turco la legalidad de la entrega del acta, que había realizado el fiscal de Maçka, a la letrada Belkis Baysal, representante en Turquía de las familias españolas. "El Ministerio de Justicia turco manifestó que consideraba válida la entrega en aplicación de la ley de Procedimiento Criminal de Turquía. Afirmaba que los que tienen derecho a estar presentes en el procedimiento de examen de cadáveres tienen derecho a obtener una copia de las actas", explica el informe.

La Embajada no se contentó con esa respuesta. Contrató a un despacho de abogados, Oz & Oz, (el documento no detalla el coste), según el cual "la entrega de copias de las actas a la abogada Baysal fue irregular", pues en Turquía no había ningún procedimiento penal abierto. El asunto lo zanjó la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, que en un informe explicó que, "aunque la obtención de los documentos hubiera sido irregular [en Turquía], ello no afectaba a su validez en posibles procedimientos judiciales [en España]". Es decir, el acta no podía anularse como prueba ante los tribunales españoles, por lo que toda la maniobra puesta en marcha carecía de interés.

A la vista de este chasco, Trillo buscó otra estrategia: echarle la culpa a los forenses turcos. La Embajada en Ankara encargó otro informe al bufete Oz & Oz (de nuevo se ignora la minuta) que subrayaba el incumplimiento del Acuerdo sobre Traslado de Cadáveres, que exige un salvoconducto mortuorio. No obstante, el mismo informe advertía de que los turcos habían cedido, a petición española, la responsabilidad sobre la custodia y traslado de los cadáveres. Por tanto, la culpa no podía ser suya.

Jiménez-Ugarte viajó a Turquía el 9 de marzo y se reunió con el jefe del Instituto de Toxicología de Estambul, Keramettin Kurt, a quien intentó convencer de que los forenses turcos asumiesen la responsabilidad de las 30 identificaciones erróneas. Se negó de plano.

Dos de estos forenses -que el día del siniestro se trasladaron desde Estambul a Trabzon para dirigir las autopsias-, Bülent Sam y Omer Muslumanoglu, llegaron anoche a Madrid atendiendo a la demanda de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de las víctimas del siniestro. Su esperanza es que el tribunal, que preside el magistrado Javier Pérez Bermúdez, cambie de criterio y les permita finalmente declarar. En varias entrevistas, estos forenses han revelado que se comunicaban con Navarro en inglés, que éste era plenamente consciente de que se llevaba 30 cadáveres sin identificar y que les confesó que tenía prisa porque se preparaba una ceremonia militar en Madrid.

El tribunal rechazó estos testimonios por considerarlos innecesarios y sólo admitió los de Fátima Mukaddes, que cotejó muestras de ADN en el laboratorio de Estambul; y de dos de los forenses de Trabzon, Mustafa Gündüz y Bülent Savran, quienes según sus colegas turcos tuvieron un papel menos relevante. Está previsto que los tres declaren por videoconferencia.

(www.elpais.com, 15/04/09)

16. LA POLICÍA DENUNCIA EL TRATO HUMILLANTE DE CASCOS A SUS ESCOLTAS

Francisco Álvarez-Cascos ha acabado con la paciencia de los policías que le protegen. En los últimos meses, los integrantes de la escolta del que fuera vicepresidente y ministro en los Gobiernos de José María Aznar han remitido numerosas "notas informativas" a sus superiores en la Brigada Central de Escoltas para protestar por el maltrato que les da y, en muchos casos, solicitar ser relevados. El caso ha llegado al Consejo de la Policía, órgano de negociación paritario entre el Ministerio del Interior y los representantes sindicales de los agentes, que en su reunión de personal del pasado 10 de marzo abordó el tema. En ella, la Confederación Española de Policía (CEP) instó a los representantes del departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba "la retirada absoluta de la protección oficial que se brinda a este personaje". Una exigencia que, aseguran, han hecho llegar también al protegido y a su partido.

Las quejas sobre el comportamiento del ex vicepresidente con su escolta no son nuevas. Sin embargo, ha sido en los últimos meses cuando éstas se han plasmado en papel de manera masiva. "Quejas existen desde que ocupaba un puesto en el Ejecutivo, pero entonces los compañeros se limitaban a hacerlas llegar a sus sindicatos, nunca a los mandos, y siempre de modo verbal para evitar ser identificados y sufrir represalias. Ahora, se ha colmado el vaso y las quejas llegan a menudo y por escrito", asegura Ignacio López, secretario general de la CEP.

Se ha tenido acceso a varias de estas notas informativas elaboradas en los últimos meses en las que los agentes relatan algunos de los incidentes protagonizados por Álvarez-Cascos. En una de ellas, los escoltas relatan cómo el pasado 24 de enero, el ex vicepresidente salió de su domicilio a bordo de su vehículo particular y les fue imposible seguirle con el coche oficial tras cometer el político conservador varias infracciones de tráfico. Según la nota, los policías pudieron mantenerse cerca de Álvarez-Cascos "a duras penas" después de que éste se saltase cinco semáforos en rojo. Al sexto, ocurrido a la altura del número 64 de la calle Santa Engracia, los policías se vieron obligados a detener su automóvil ante el temor de atropellar a los peatones.

Ese mismo día, poco antes de las cuatro de la tarde, Álvarez-Cascos volvió a utilizar su vehículo particular para desplazarse desde su domicilio al Club de Campo de Madrid. De nuevo las notas reflejan cómo el político del PP vuelve a dar esquinazo a su escolta al saltarse otro semáforo en rojo, éste situado en la calle Eloy Gonzalo de la capital. Los policías pusieron en conocimiento de la sala desde la que se controla el trabajo de los escoltas, conocida por el nombre de Titán, la incidencia y que, a la vista de la forma de conducir del político del PP, suponían que éste "prescindía" de la protección.

No es la única ocasión en que los agentes denuncian que Álvarez-Cascos no respeta el código de circulación. En otro de los escritos se destaca que el ex vicepresidente viaja a menudo en el vehículo oficial con sus dos hijos pequeños, a los que no obliga a utilizar "ni el cinturón ni la silla" de seguridad reglamentarios. De hecho, el agente asegura que el político conservador "nunca se coloca el cinturón" y que, por ejemplo, el último día de Reyes llegó a llevar hasta cinco personas, entre ellas sus hijos, en el asiento trasero del coche de escolta. "Uno de los niños, encima de él dando patadas al asiento del funcionario", se lee en una de dichas notas.

En otro parte, los agentes se quejan de tener que hacer de "niñeros" y denuncian el comportamiento de los hijos pequeños . En una de ellas, un policía asegura que uno de los críos le llamó "pasmao". "Esta situación se hace insostenible", recoge la nota, en la que además se da cuenta de que uno de los hijos del político desconectó el inhibidor un mecanismo que lleva el coche y que impide que se active por control remoto artefactos explosivos al paso del mismo al jugar con los cables. Los agentes no se dieron cuenta del incidente hasta el final de la jornada.

El modo de dirigirse a los policías también es motivo de queja. En uno de los escritos de enero, uno de los escoltas recoge cómo "chillando y faltando el respeto" Álvarez-Cascos mostró su desagrado por el itinerario que los agentes habían tomado para ir desde la Avenida de los Toreros a su domicilio, en el centro de Madrid. "Siga recto, hostias", "joder, coño, por la ruta habitual" , recogen los partes que les espetó Álvarez-Cascos. "En ningún momento se disculpa por las palabras y la forma de dirigirse", añaden los agentes.

La tensión que viven los policías ha obligado a los responsables de la Brigada de Escoltas a aumentar de cuatro a cinco el número de agentes destinados a la protección del ex vicepresidente para permitir que éstos tengan más tiempo libre entre servicio y servicio, señalan fuentes sindicales. De hecho, el CEP denuncia que es la personalidad que, "con diferencia", más ha cambiado de escoltas. "Siempre a petición de los propios policías, que no soportan trabajar con él", añade Ignacio López.

Uno de los agentes ha llegado a remitir recientemente a sus superiores una nota en la que muestra su "profunda tristeza y amagura" por estar destinado a la protección de Álvarez-Cascos. El agente se queja de tener que realizar "labores impropias" a sus funciones de escolta.

Hace un año, el Gobierno acometió un plan para reducir el número de personas que disfrutaban de protección policial a cargo del Ministerio del Interior que afectó a más de medio centenar de personas. La medida supuso recuperar a cerca de 170 agentes para otras funciones policiales.

Entre los afectados se encontraba el parlamentario del PP Gustavo de Arístegui, quien había ocupado un puesto en Interior durante la etapa de Jaime Mayor Oreja, así como José Luis Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque, ex directores generales de la Policía en la etapa de los Gobiernos de González.

Sólo uno de los afectados hizo público su malestar: el ex presidente de la AVT Francisco José Alcaraz. Y ello pese a que el Ministerio del Interior le había concedido poco antes la licencia de armas tipo B, un permiso que le permite portar una pistola o revólver "para defensa personal". Un privilegio del que disfrutan en España 11.000 personas.

(www.publico.es, 09/04/09)

17. CATALUÑA. IMPUTADO POR COHECHO UN ASESOR DEL PP EN BARCELONA

El Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona ha admitido a trámite una querella por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias contra un asesor del presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y ex líder regional del partido en Cataluña, Alberto Fernández Díaz. Otro concejal del PP en la población barcelonesa de Vallirana y dos funcionarios municipales también han sido imputados por los mismos delitos.

La querella la presentó la propietaria de un bar de Barcelona a la que se concedió la licencia de apertura del establecimiento después de pagar presuntamente 6.000 euros a los dos militantes del PP para que agilizaran los trámites administrativos. Cuando se negó a abonar más dinero, el Ayuntamiento le precintó el bar alegando que no cumplía la distancia mínima de separación con otro establecimiento del mismo tipo, en concreto le faltaban seis centímetros.

El asesor municipal del PP es Alberto Belón García, que además ocupa el cargo de consejero en el distrito barcelonés de Gracia, barrio donde se ubica el bar objeto de la querella, y en el que forma parte de la comisión consultiva de urbanismo. Belón envió un fax desde el consistorio, con membrete del PP, a los propietarios del establecimiento adjuntándoles las alegaciones que presentó para obtener el permiso de apertura del local.

Por su parte, Antonio Penalba Fernández es asesor de profesión y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vallirana, una población de 13.000 habitantes cercana a Barcelona, pues encabezó la lista del PP en las últimas elecciones locales. Los otros imputados son la gerente del consistorio barcelonés en el distrito de Gràcia y un funcionario técnico de estas oficinas.

En la querella se relata cómo a finales de 2008, antes de las elecciones generales, la propietaria del bar se entrevistó con el entonces secretario del PP de Cataluña, Rafael Luna, en su despacho del Parlament para quejarse de la actuación de Belón y Penalba.

En esa entrevista, Luna incluso recibió una llamada de Alberto Fernández Díaz interesándose por el caso, extremo que Luna admite, según comentó un portavoz oficial del partido. Luna, según consta en la querella y reconoce el PP, le recomendó que si había algún hecho delictivo que lo denunciara ante los tribunales, como así ha sido.

(www.elpais.com, 08/04/09)

18. GALICIA. BALTAR PREMIA A LOS RESPONSABLES DEL PXOM ILEGAL DE OURENSE

Ricardo Campo Labrador, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense cuando se produjo el cambiazo en la cartografía del Plan Xeral de Ordenación Muncicipal (PXOM) de Ourense, ha sido contratado por José Luis Baltar en la Diputación. El ex edil, abogado de profesión, figura en la lista de contratados temporales de este año en calidad de auxiliar de oficina con destino en el departamento de Cooperación Municipal. Junto a él, Baltar ha empleado en la institución provincial a la mitad de los integrantes de la junta de gobierno de aquel Ayuntamiento presidido por Manuel Cabezas que aprobó el planeamiento anulado de momento por ocho sentencias judiciales. También ha encontrado cobijo en la Diputación, como gerente de una nueva sociedad urbanística, el técnico que en su día avaló la adjudicación del planeamiento urbanístico de la ciudad.

El nuevo contrato del antiguo edil de urbanismo, Campo Labrador, coincide con la prevista anulación definitiva del plan urbanístico orensano que, según los técnicos municipales, será inminente y se basará en "la gravedad" del cambiazo de los planos. Los que se expusieron al público tenían una edificabilidad considerablemente inferior a los que aprobó el pleno con los únicos votos del PP y que se ocultaron a los ciudadanos.

El Tribunal Supremo, ante el que recurrió el actual grupo de gobierno (PSOE-BNG) las sentencias que anulan el planeamiento "para ganar tiempo y redactar otro documento", ha emitido ya una providencia advirtiendo de la dificultad de que prospere el recurso. Su anulación definitiva dejará a la ciudad con el plan de 1986 hasta que se redacte y apruebe uno nuevo.

Durante su etapa como responsable del urbanismo orensano, Campo Labrador compaginó el trabajo institucional con el ejercicio de la abogacía, según consta en la revista jurídica del Colegio de Abogados de Ourense, en donde figuraba como sede de su despacho profesional el propio edificio consistorial. Campo no contaba con la plena confianza del entonces alcalde, Manuel Cabezas. Según las delegaciones de atribuciones a los concejales con responsabilidad de gobierno firmadas por Cabezas, en el pleno de julio de 1999, el edil de Urbanismo tenía limitadas sus competencias. El alcalde sólo autorizaba a Campo la concesión de licencias "correspondientes a obras menores".

Campo mantuvo esta limitación desde el 23 de julio de 1999, fecha de su toma de posesión, hasta la constitución de la siguiente corporación, presidida igualmente por Cabezas, el 14 de junio de 2003. El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, el ex alcalde Enrique Nóvoa, gestionó el planeamiento desde ese año. Tras perder las municipales de 2007, en las que aspiraba a la alcaldía, Nóvoa fue designado por Baltar vicepresidente primero de la Diputación, cargo al que ahora renuncia para ocupar escaño en el Parlamento gallego. Pero el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento mantiene su puesto de consejero en la Sociedad Urbanística Provincial creada hace unos meses por Baltar.

La concejala de Hacienda y miembro de la junta de gobierno cuando se aprobó el PXOM, María José Barbosa, fue incluida también por Baltar en esa sociedad urbanística. Junto a ella, Baltar designó a la alcaldesa de San Cibrao, Elisa Nogueira, cuyo marido, Alberto Luis Iglesias, formaba parte de aquella junta de gobierno. La concejala Belén Girón, que también era miembro de la comisión de gobierno junto con su suegro, Francisco Muñoz Seguín, es otra de las que ha encontrado plaza en la Diputación. Baltar ha contratado además al hermano de Javier Rodríguez Nóvoa, otro integrante del grupo de gobierno de aquella corporación.

Para la gerencia de la sociedad urbanística de la Diputación, Baltar ha fichado a Jesús Cudeiro Mazaira, Cuando se licitó el PXOM ilegal, el 12 de febrero de 1996, Cudeiro era jefe del servicio provincial de Urbanismo y avaló la adjudicación del planeamiento a la empresa GOCSA con los votos en contra del arquitecto y el ingeniero municipales. Un año después se revisó la adjudicación. A la nueva oferta se presentó Oficina de Planeamiento S.A. con una opción más económica y, en opinión de los técnicos, con mayores garantías "por su experiencia". Los técnicos municipales le concedieron la mayor puntuación pero los tres representantes políticos, del PP (Cudeiro y dos ediles del grupo de gobierno), insistieron en adjudicarla a GOCSA.

(www.elpais.com, 10/04/09)

19. GALICIA. UN DIPUTADO DEL PP FIRMÓ DESDE LA DIPUTACIÓN UN INFORME TÉCNICO PARA UNA QUERELLA DEL PP

En su periplo profesional desde la Xunta a los consejos directivos de las empresas que habían recibido obras de su consellería el diputado del PP Agustín Hernández no se olvidó del partido. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes y candidato a ocupar la cartera de Obras Públicas en la futura Xunta prestó importantes servicios a la formación conservadora durante la anterior legislatura.

Corría enero de 2008. Hernández acababa de abandonar sus cargos en las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzadas para incorporarse como director de infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. Su presidente, Rafael Louzán, lo presentó en rueda de prensa el 15 de enero. Sólo dos semanas más tarde, el 29, Hernández firmó el informe técnico sobre el que el PP basó toda la argumentación jurídica para presentar una querella criminal contra la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de la autovía del Barbanza.

En su denuncia el PP censuraba el cambio de criterio de la Xunta para "beneficiar" en la concesión de la obra a una constructora del grupo Sacyr en detrimento de San José. En la querella, los populares acusaban de "prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar las cosas y negociaciones prohibidas" a dos altos cargos y a dos funcionarios de la Xunta, todos del departamento que presidía María José Caride. El juez decano de Santiago, Francisco José Míguez Poza, pronto admitió a trámite la querella e hizo declarar a los cuatro trabajadores de la administración bipartita en la semana previa a las elecciones generales de marzo. Desde hace más de un año, el juez mantiene imputados a los cuatro cargos desoyendo las peticiones del ministerio fiscal, que ya ha solicitado el archivo del caso.

El dictamen que Hernández firmó cuando ya estaba a sueldo de la Diputación de Pontevedra concluye que la decisión de la Consellería de Política Territorial encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" el coste que, bajo la fórmula de peaje en la sombra, la Xunta deberá abonar a la adjudicataria durante el plazo de la concesión. El razonamiento y la imputación todavía no rectificada por el juez de los cuatro trabajadores de Política Territorial sirvió al PP para lanzar una dura campaña contra Caride y Touriño, a quienes acusaron de urdir prácticas corruptas.Con su número de colegiado, 9.154, encabezó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agustín Hernández en enero de 2008 el informe técnico que avaló la querella criminal del Partido Popular contra la Xunta. Su dictamen es una prolija explicación de la tramitación administrativa que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, siguió, al llegar al cargo, para adjudicar la autovía del Barbanza a la constructora Itínere, del grupo Sacyr.

En seis páginas, Hernández concluye que el bipartito no respetó las condiciones de la licitación y que, como consecuencia, su decisión de encargar la obra a Sacyr -en perjuicio del Grupo San José- la infraestructura se encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" hasta 2038. Todo esto lo argumentó Hernández en su condición de ingeniero de Caminos. Lo que no detalló en el dictamen que su partido envío al juez fue su determinante participación en los inicios del expediente. Ni su cargo en el momento de emitir su diagnóstico, al frente de la dirección de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el PP.

El escrito sí subraya, por ejemplo, que la Administracion [anterior, del Partido Popular] especificaba que los "licitantes no podrían introducir modificaciones en el proyecto". Pero Hernández evita mencionar en el capítulo dedicado a los "antecedentes" del concurso que todo eso lo sabe porque él mismo había redactado el anteproyecto de la obra y presidido después la primera mesa de contratación como director general de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Fraga. "Para el técnico que suscribe", continúa la explicación de Hernández, "la ejecución de la obra en condiciones diferentes a las establecidas en la licitación supone un grave perjuicio al ciudadano y un notable beneficio al adjudicatario". Esa conclusión es la que el PP quería escuchar en el juzgado y lo que le llevó a pedir en la querella la citación como testigo del propio Hernández. El caso sigue en manos del juez decano de Santiago que desde hace meses desoye los requerimientos del fiscal para decretar el archivo.

A raíz de la denuncia, dos subordinados de Hernández durante su época como alto cargo en la Xunta permanecen todavía imputados. , como durante toda la semana pasada, este diario intentó sin éxito contactar con el parlamentario para conocer su versión. El diputado prefirió explicarse a través de un comunicado del PP. Anunció que encargará un informe a un "abogado independiente" para demostrar que cumplió la Lei de Incompatibilidades de 1996, cuando dio el salto desde la Xunta al equipo directivo de dos constructoras a las que su consellería había adjudicado infraestructuras por más de 30 millones de euros. Las conclusiones de su letrado se comprometió a enviarlas a la Consellería de Presidencia, que es la que "en teoría abrió la investigación". La nota la facilitó el PP con el objetivo de "responder a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación".

(www.elpais.com, 13/04/09)

20. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO ECHA A CACHARRO Y TOMA LAS RIENDAS DE LA FUNDACIÓN TOR

La Diputación de Lugo formalizó la destitución del anterior presidente, Francisco Cacharro Pardo, y demás representantes de la institución en el patronato de la Fundación Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia. En una junta de patronos convocada por el actual presidente, José Ramón Gómez Besteiro dio a conocer los nombres de los nuevos representantes y fue aprobada la realización de una auditoría que afectará a las áreas financiera y patrimonial. De este modo, la entidad lucense recobra el control de un ente al que había aportado unas propiedades valoradas en unos tres millones de euros.

Además de Cacharro Pardo, dejaron de ser patronos el ex vicepresidente primero de la Diputación, José Carlos Rodríguez Andina; el presidente y el secretario de la fundación, Javier Castroviejo Bolívar y Carlos Otero Muerza, y el secretario de la Diputación, Faustino Martínez. Este último volvió a ser nombrado secretario de la fundación, de acuerdo con los estatutos reconocidos por la Xunta.

Aparte del propio Gómez Besteiro y del secretario general, en sustitución de los anteriores fueron designados representantes de la Diputación el vicepresidente primero, Antón Bao, y los diputados Miguel Ángel Sotuela y Ricardo Parada.

A la asamblea convocada en Lugo no asistieron los representantes de la Consellería de Medio Ambiente, que ostenta el protectorado de la fundación. Sin embargo, el conselleiro delegó su voto en el presidente de la Diputación y los dos patronos que le corresponden se quedarán sin nombrar hasta que tome posesión el nuevo Gobierno en la Xunta. Para agilizar el proceso, el mandatario provincial anunció que solicitará una entrevista urgente con Feijoo.

Además de remitir al fiscal las medidas que apliquen con relación a la fundación cinegética, en la reunión de fue adoptado el acuerdo de enviar escritos al Inem, a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y al Registro de la Propiedad para solicitar información y remitirles la que está en poder de los nuevos gestores, con el fin de que puedan actuar con todas las garantías legales, según señaló Gómez Besteiro. Anunció también que en fechas próximas acudirán a la parroquia monfortina de Tor, donde la fundación tiene su sede, para inspeccionar la finca y demás propiedades.

(www.lavozdegalicia.es, 15/04/09)

21. GALICIA. EL FISCAL PIDE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE A GUARDA

El ex alcalde popular de A Guarda José Luis Alonso Riego se enfrenta a una acusación por un presunto delito de prevaricación, otro de falsedad documental y uno más por utilización de documento falsificado. El fiscal pide 4 años de prisión, 11 de inhabilitación y multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios.

Según la acusación, la alcaldía solicitó la mejora de diversas instalaciones municipales. Desde la Xunta les concedieron 13.000 euros y la Diputación de Pontevedra, 10.000. Para no perder las ayudas, el acusado remitió las facturas sin que las obras estuviesen ejecutadas y declaró no haber recibido ninguna otra subvención. Deberá comparecer también el por entonces concejal de Cultura, Celso Rodríguez, que dio el visto bueno a las facturas. Éste se enfrentaría a 4 años de prisión, una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial por 3 años.

(www.elpais.com, 16/04/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE DE CAJA MADRID

La Comisión de Control de Caja Madrid estuvo a punto de quedar fuera de control, aunque después se recondujo la situación. La reunión debía iniciarse a las cuatro de la tarde, pero casi dos horas después no había empezado. Los vocales se enzarzaron en profundas discusiones jurídico-políticas sobre quién debía presidirla. Incluso hubo amenaza de estampida de algunos de sus miembros y provocar otro espectáculo bochornoso al que ya están acostumbrados los ciudadanos y clientes de la entidad.

Los representantes de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, eran partidarios de que Antonio Cámara (uno de los suyos) ocupara la presidencia por ser el vocal de mayor edad, tal y como se pactó el pasado día 6 por unanimidad. Miguel Ángel Abejón, de UGT, también apoyó esta postura, al igual que Ángel Gómez del Pulgar, del PSOE.

El resto, otros seis, eran partidarios de que Fernando Serrano, del PP por el Ayuntamiento de Madrid, presidiera la comisión. Su argumento fue que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había levantado el lunes las medidas cautelares que le impedían ocupar este cargo, por lo que tenía pista libre. Es decir, la posición del tribunal habilitaba a Serrano y quedaba sin efecto el acuerdo de consenso del 6 de abril.

Finalmente, se recondujo la situación a cambio de que se permitiera que los vocales contrarios a Serrano pudieran dejar constancia en acta de su no reconocimiento del nuevo presidente. Carmen Cafranga, también representante de la Comunidad, no expresó explícitamente su oposición en acta, aunque sí se sumó a las salvedades de voto que ejerció la oposición a lo largo de la reunión.

En este ambiente tenso (e inimaginable en cualquier otra entidad financiera), se revisaron las cuentas de la Obra Social y otros temas de la fundación. Mañana volverá a verse para aprobar las cuentas. No está prevista la oposición de la Comunidad. Pero no hay paz. El consejero de Economía, Antonio Beteta, recordó que siguen abiertos los expedientes contra el vocal Castañeda y el presidente Serrano y que se estudia recurrir la decisión del Tribunal de Justicia Madrid.

(www.elpais.com, 15/04/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA POR IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN VÍDEO

El Juzgado de lo Social número 20 ha admitido a trámite la demanda presentada por CCOO contra la Comunidad de Madrid por difundir un vídeo en el que identificaba a varios representantes sindicales que participaron en una protesta en el Hospital Puerta de Hierro contra el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. El próximo 5 de junio el Gobierno de Aguirre tendrá que responder ante la Justicia por estos hechos que, según la demanda, suponen una vulneración de los derechos fundamentales.

En octubre de 2008, en plena oleada de protestas contra la política sanitaria del Gobierno de Aguirre, la Consejería de Sanidad difundió un vídeo en el que identificaba uno por uno a los participantes en una de estas movilizaciones contra el consejero Juan José Güemes. Según CCOO, su intención fue la de "criminalizarles". Por su parte, las autoridades madrileñas, quisieron con esta táctica demostrar que las protestas venían exclusivamente de "liberados sindicales". Güemes y Aguirre habían declarado entonces la guerra a los sindicatos para eludir cualquier tipo de responsabilidad frente a las movilizaciónes. La consigna era entonces que los sindicatos trabajaban a sueldo de la oposición.

CCOO está a la espera también de la resolución de la Agencia de Protección de Datos ante la que se denunció igualmente a la Comunidad por vulnerar la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

(www.elplural.com, 15/04/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD TROCEÓ CONTRATOS PARA ADJUDICARLOS SIN CONCURSO

El Gobierno regional que dirige Esperanza Aguirre troceó siete contratos en 2007 para adjudicarlos sin necesidad de convocar concurso público. Así lo señala el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas regional (el órgano que controla las cuentas de la Comunidad), hecho público . Siete de los 79 contratos examinados "se tramitaron en dos o más expedientes, cada uno de los cuales tenía un presupuesto inferior" a las cuantías legales del procedimiento negociado sin publicidad, que se puede usar en contratos de hasta 30.050,61 euros, que se eleva a 48.080,97 en el caso de los fabricantes de suministros y a 60.101,21 euros en el caso de productos consumibles.

En estos procedimientos, es la Administración la que invita a varias empresas a presentarse a los concursos. En ese sentido, la Cámara se queja de que en 47 de los 79 contratos sólo hubo una empresa ofertante. El Gobierno defiende que sólo se ha tramitado por este procedimiento el 3,87% del importe total adjudicado en 2007 y señala que con "carácter general" estaba "debidamente justificado", según el informe.

La Cámara señala también que sólo se ha usado el 58% del presupuesto de Empleo. Para los socialistas es un "escándalo" que se quedaran sin gastar 205 millones, de los 486 previstos, en una época de crisis.

(www.elpais.com, 15/04/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. EL SUPERIOR DE MADRID DECIDE INTERROGAR A LOS AFORADOS A PARTIR DEL DÍA 28

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, actual instructor del caso de corrupción que afecta a aforados y altos cargos del PP, iniciará a partir del día 28 los interrogatorios de los tres aforados de Madrid implicados y los de las tres personas encarceladas en relación con esta trama, entre ellos, el cabecilla Francisco Correa. Según fuentes de la investigación, es previsible que las primeras declaraciones sean las del ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, y las de los diputados de la Asamblea madrileña Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

El juez que ha investigado el caso, Baltasar Garzón, les atribuye haber recibido casi 1,3 millones de euros en total de la trama. Aparte de Correa, supuesto cabecilla de la trama y hombre que en la época de José María Aznar organizó casi todos los actos del PP, los otros encarcelados que tendrán que declarar ante el juez Antonio Pedreira son: Antoine Sánchez, primo de Correa y a quien éste puso al frente de sus sociedades patrimoniales, y Ángel Crespo, consejero delegado de las empresas de la trama y ex secretario general del PP gallego.

También están decididas, aunque aún sin fecha, las declaraciones de los tres alcaldes de municipios de Madrid cuyas dimisiones forzó el PP (el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; el de Arganda, Gines López; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero) tras imputarles Garzón el cobro de 1,5 millones a cambio de contratas y obras de sus consistorios.

El juez Pedreira ha decidido reactivar la investigación tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que ésta rechaza por tercera vez que, "de momento" la causa deba ser elevada al Tribunal Supremo.

La fiscalía, "de momento" no ve tan "sólidos" los indicios criminales que describe Garzón en un auto y que apuntan a la supuesta implicación en la trama de los también aforados (pero estos nacionales) Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, y del eurodiputado Gerardo Galeote.

Como primera medida, la fiscalía ha pedido al juez Pedreira que interrogue a los aforados de Madrid, pero que siga investigando los indicios que afectan a Luis Galeote y Luis Bárcenas antes de, en su caso, elevarlos al Tribunal Supremo.

(www.elpais.com, 16/04/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA

El actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y número dos del PP madrileño, Francisco Granados, fue reelegido a la alcaldía de Valdemoro en 2003 después de una intensa campaña en la que no faltaron los regalos promocionales a los vecinos. Además de los típicos mecheros o gorras, la campaña con el eslogan Francisco Granados 100% Valdemoro incluyó como punto fuerte la distribución de 20.000 botellas de aceite de oliva, una por cada habitante del municipio. La revista Interviú ha desvelado que el albarán de entrega del aceite se facturó a una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, un constructor de la localidad estrechamente vinculado a Granados. La Ley de Partidos limita a 6.000 euros el máximo que una empresa o un particular pueden donar a una formación, un valor ampliamente excedido por el coste de ese pedido. Desde el entorno de Granados alegan que el empresario pudo comprar el aceite "para él", pero no tienen las facturas que acrediten que pagaron aquel pedido. Además, miles de folletos del PP figuran como pagados por el Ayuntamiento, y no por el partido.

El PP regaló en la campaña electoral de Valdemoro 5.000 litros de aceite de oliva virgen La Española distribuidas en 20.000 botellas de cuarto de litro. La compañía aceitera dueña de la marca, Aceites del Sur, que cuenta con una sede logística en Valdemoro, entregó un pedido de 5.000 litros durante la campaña a Distribuciones y Servicios Cid, una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, según figura en el albarán de entrega al que ha tenido acceso Interviú.

Desde el entorno de Granados aseguran que ese aceite puede no ser el mismo que el PP repartió y que quizá el empresario lo pidió "para él", pero no muestran la factura que acredita el pago por parte del partido de aquel aceite regalado en campaña. Además, el albarán de entrega a la empresa de Cid está firmado por un miembro del equipo electoral de Granados.

La estrecha relación entre el constructor Cid y el ex alcalde Granados –que el mismo año de su reelección en 2003 se marchó a la Asamblea de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre- ha salido a la luz con anterioridad en diversas ocasiones. Así, el grupo empresarial de Cid es el que está construyendo un palacete en Valdemoro para Granados, y también el mismo bajo el que figuraba la inscripción del coche de la esposa de popular que ardió en extrañas circunstancias. Estos días, David Merino, ex directivo de la constructora DICO, ha ratificado ante el fiscal Miguel Herranz sus acusaciones contra diversos alcaldes populares de Madrid de recibir astronómicos sobornos de su constructora. Merino se ha referido a Granados como "el tío más sucio del mundo".

También en la campaña de 2003 y según ha comprobado Interviú, el Ayuntamiento de Valdemoro del PP figura en un albarán como el cliente que recibió 5.000 folletos de promoción de Granados por parte de la imprenta Monterreina. La portavoz de Granados asegura que los gastos de campaña los sufragó el PP y no el Ayuntamiento, pero no mostró tampoco las facturas de esos 5.000 folletos.

La líder del PSOE en Valdemoro, Margarita Peña, considera que Granados "tendrá que dar explicaciones" y que "si el Ayuntamiento y un empresario pagaron gastos de la campaña del PP estaríamos ante un grave delito de financiación irregular".

(www.elplural.com, 14/04/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS ES INCAPAZ DE ACLARAR SU COMIDA CON VIEIRA

El consejero de Justicia de Madrid y secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Granados, dejó este jueves sin respuesta la pregunta de la oposición sobre por qué habló del caso Gürtel con el juez Francisco Javier Vieira en el almuerzo secreto que ambos compartieron un día antes de que el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) asumiera la instrucción y del que informó Público. Vieira, presidente del TSJM, será quien previsiblemente dirija la vista oral si el caso llega a juicio. En la rama madrileña de la presunta trama corrupta aparecen implicados tres aforados por su condición de diputados autonómicos, otros tantos alcaldes que dimitieron tras su imputación y un cuarto ex regidor.

"¿En su condición de qué le interesaba a usted el tema del caso Gürtel?", preguntó en la tercera pregunta sobre el asunto la diputada socialista Encarnación Moya. Lo hizo en referencia al doble cargo, público y partidario, del consejero de Presidencia y Justicia, a quien, con sorna, inquirió a renglón seguido sobre si, para acudir a esa cita, "se quitó el manto de secretario general y entró puro, virgen, sin contaminar, como consejero de Justicia".

Recién llegado de su segunda comida con Vieira -esta en la sede del TSJM, con otros comensales y de carácter abiertamente oficial- Granados ni se dio por aludido. Tanto la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, como el parlamentario de IU Miguel Ángel Reneses diagnosticaron luego que el almuerzo de se programó para el mismo día del pleno con el objetivo de dar "apariencia de normalidad" a la celebrada el 30 de marzo en el restaurante Solchaga.

El consejero no cambió el guión: fue una "comida de trabajo" entre el consejero de Justicia y el máximo responsable judicial en Madrid , nada que ver con la cacería de Bermejo y Garzón. Lo remachó en una sesión que había arrancado con una tormenta estentórea desatada literalmente por un vaso de agua: el que Esperanza Aguirre introdujo, con aplomo y botella adicional, en el pleno pese a que su partido había vetado en junta de portavoces que los diputados puedan beber en el salón. Oficialmente, el veto buscaba prevenir averías eléctricas.

El episodio del agua le costó a la portavoz socialista, Maru Menéndez, que el PP le descontara un minuto de su intervención: justo el que había dedicado a protestar airadamente por lo que consideró un paradigma de la doble vara de medir de Aguirre. El agua estaba prohibida hasta que la presidenta tuvo sed.

La imagen de esa doble vara sobrevoló la Asamblea de Madrid durante el debate sobre la cita de Granados y Vieira -la que a Aguirre le parece "extraordinariamente bien"- en un restaurante y fuera de su agenda pública. La presidenta de Madrid atacó al PSOE por su flanco débil: las declaraciones del nuevo titular de Justicia, quien, en relación a ese almuerzo, pidió que no se hagan "conjeturas". Caamaño, espetó Aguirre a Menéndez clavando la puya, "no comparte en absoluto su opinión". Esa comida, enfatizó, en nada se asemeja a la cena de cacería protagonizada por "el juez socialista y el ministro furtivo".

"Lo equivalente sería -dijo mirando a Menéndez- que usted se reuniera con el nuevo instructor, Pedreira, a quien, por cierto, ya recusamos en una ocasión". ¿Subyacía en esa frase una amenaza? Aguirre la dejó caer antes de regresar a lo que ya se ha convertido en estribillo: que Vieira -y también lo repitió Granados- "ni instruye, ni mete a nadie en la cárcel ni juzga". Eso último no se ajusta a la realidad, salvo que el Supremo termine reclamando el caso o el presidente del TSJM deba inhibirse porque resuelva algún recurso en la fase de instrucción.

"La doctrina Bermejo ya no vale", reprochó Reneses desde los bancos de IU agitando una imaginaria doble vara de medir. Por la noche,el PSOE pidió sin éxito la reprobación de Granados. A esa hora, una botella de agua hacía de parapeto en cada escaño.

(www.publico.es, 17/04/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUE EN EL NÚCLEO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado por cohecho y prevaricación y uno de los nombres más recurrentes -bajo el apodo de El Albondiguilla- del sumario del caso Gürtel, se mantiene como titular en dos de las cinco comisiones municipales. Importantes, además. Una, la de Hacienda y Patrimonio, por donde pasan todo el presupuesto del Consistorio y todas las adjudicaciones y trámites que afectan a su economía. La otra, la de Personal y Asuntos Internos, que controla a los más de 400 trabajadores de la corporación, incluida su policía. Esta segunda responsabilidad aún la desconocen los grupos de la oposición, que le dejaron plantado en la de Hacienda y en breve se toparán con él en la de Asuntos Internos.

"Hay mil políticos imputados en España, muchos de ellos alcaldes socialistas. Yo ya hice suficiente dando un paso atrás al dejar la alcaldía", explica, bastante alterado, González Panero, que asegura que el Partido Popular le apoya: "Me siento respaldado por mi partido". Sin embargo, varios concejales de su formación y el epicentro del PP, en Génova, han intentado evitar su presencia en el Ayuntamiento.

De hecho, su dimisión se retrasó unos días porque, en un principio, Panero se negó a seguir las directrices que le marcaba su formación. Además, obligó en lo que él llamó "negociaciones" a que dimitiera antes la que entonces era su número dos, María Jesús Díaz, con la que mantenía una fuerte rivalidad por el control de la agrupación en Boadilla.

El nuevo alcalde, Juan Jesús Sigueros, pertenecía a los hombres de confianza de Panero, aunque al llegar al cargo -desoyendo las recomendaciones del PP nacional, que apostó por otra concejal, Miriam Villares- aseguró que el ex regidor no iba a participar "en la gestión municipal". Un discurso modificado por el paso de las semanas, aunque en privado sigue sosteniendo que no es "una marioneta" y actúa de manera independiente.

Las comisiones informativas son reuniones previas a los plenos en las que participan siete concejales. Sus acuerdos, secretos, pasan a ser debatidos de manera pública en los plenos. "Tengo vocación de servicio y puedo ayudar a la gestión gracias a mi experiencia en estos temas, sobre todo en Hacienda", se defiende Panero, que anuncia que ha presentado sendas querellas por injurias contra los líderes de la oposición, Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla, y Pablo Nieto, del PSOE.

Los dos bloques opositores se ausentaron de la comisión de Hacienda en la que apareció Panero tras una tensa discusión. Un cruce de acusaciones que incluyó el recuerdo por parte del PSOE de fragmentos del auto que hizo público sobre el caso el juez Baltasar Garzón. Panero defendió su presunción de inocencia y lo mismo hizo el actual alcalde, Sigueros, que apeló a su experiencia.

"Arturo González Panero tiene muy controlado aún a todo el grupo municipal, consecuencia de su particular forma de gobernar durante años", desliza una voz de su propio partido. "Todos los concejales tienen miedo, incluido Sigueros", insisten. El ex alcalde tiene un despacho en la misma planta que el regidor, en la tercera, "la noble", comentan desde la oposición. El socialista Nieto asegura que le ve más "ahora que cuando mandaba".

La supuesta relación de la malla de corrupción ideada por Correa con el municipio fue muy estrecha. Allí se adjudicaron parcelas al constructor imputado José Luis Ulibarri, y se cedió la explotación de locales comerciales por un precio ridículo a otra compañía ligada al imputado José Ramón Blanco Ballín. Un bajísimo precio que la empresa ni siquiera llegó a abonar desde que recibió la adjudicación en 2005.

(www.elpais.com, 17/04/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID UNA EMPRESA DE CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES EN BOADILLA SIN PAGAR

Una empresa de la supuesta trama de corrupción urdida por Francisco Correa dejó sin pagar durante tres años una concesión para construir y explotar 32 locales del Ayuntamiento de Boadilla, regido entonces por el imputado por el caso Gürtel Arturo González Panero y con el que mantuvo a través de sus diversas empresas una incesante actividad. Además, esta compañía de la supuesta red consiguió que en abril de 2008 le rebajaran el canon anual de 320.000 euros a 81.000 por la explotación de estos locales, situados en la mejor zona comercial del municipio.

En realidad, nunca llegaron a aportar ni un euro. Hasta el 31 de diciembre de 2008, más de tres años después de la concesión, la compañía no había abonado ningún pago, según figura en la memoria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS).

El negocio, que Correa definió en su día como una buena oportunidad para "llevarse unas pesetillas", se completaba con el alquiler de dos de esos cubículos al propio Ayuntamiento. Uno a la EMSV, que otorgaba la concesión tras concurso público, y otro a la comisaría de la Policía Local.

Por ambos arrendamientos, más varias plazas de un aparcamiento que también gestionaba esta compañía, Rústicas MBS (que al poco pasó a llamarse Artas Consultoría y siempre estuvo administrada por el también imputado José Ramón Blanco Ballín), perciben 199.000 euros anuales.

La historia comienza en septiembre de 2005, cuando la EMSV de Boadilla -cuyo gerente era Alfonso Bosch, el aún diputado regional del PP y también imputado en la causa que inició el juez Baltasar Garzón- otorgó a Rusticas MBS la explotación de 32 locales por un canon anual de 320.000 euros durante una duración de 94 años. Un precio ya de por sí fuera de mercado. Por la explotación de los 32 locales, según los precios estimados de la zona, podrían haber ingresado 650.000 euros al año.Estos datos figuran en la memoria de la EMVS de Boadilla de 2008. Unos documentos que antes de las dimisiones de los imputados Bosch, González Panero, José Galeote y Tomás Martín Morales, todos ellos parte de la empresa, jamás salían a la luz. En las grabaciones que conformaban parte del sumario que abrió el juez Baltasar Garzón, Bosch se jactaba de la posibilidad de ganar con los negocios de la trama "un pastón" y Correa de la sencillez del asunto: "Alquilamos los locales y nos ganamos unas pesetillas".

Durante la reunión en la que a finales de 2005 se concretó la adjudicación -a la que concurrieron otras dos empresas-, Bosch, en su calidad de gerente, explicó que la idea era "conseguir que vinieran negocios atractivos a la zona". Varios de los locales aún permanecen vacíos. El diputado regional, cuya inculpación ahora se ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimitió el pasado lunes de su cargo. Bosch está acusado de cobrar comisiones millonarias por conceder contratos a empresas de la trama.

"La opacidad de la empresa era absoluta", confirma Pablo Nieto, concejal socialista y consejero de la propia EMVS. Un cargo desde el que vislumbró el alcance de la trama, pese a que siempre se le negaron los documentos que pedía. "Esta adjudicación es el más claro ejemplo de la desfachatez e impunidad con la que actuaba la trama de corrupción en Boadilla", comenta Nieto, que adelanta que su grupo pedirá la inmediata rescisión del contrato.

Sin embargo, en abril de 2008, cuando la empresa Artas Consultoría, por entonces la adjudicataria tras la disolución de Rústicas MBS, no había pagado todavía nada por los locales, se aprobó reducirles el canon a 81.000 euros anuales. El argumento que entonces se dio a la oposición fue que debían reformar el aparcamiento y hacer dos rampas.

Además, en la deuda que la EMSV reconoce que tiene con ellos la empresa, se suman 283.077 euros. Una cantidad que, dividida entre los 33 meses que adeudaban a 31 de diciembre de 2008, arroja una cuota de algo más de 80.000 euros anuales. "Es decir, que la rebaja en el canon se efectuó de manera retroactiva", según apreciación de Nieto.

(www.elpais.com, 14/04/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DA UNA LICENCIA DE RADIO A UNA EMPRESA MOROSA

El pasado 27 de marzo la Comunidad concedió a la empresa Tumbo de Privilegios, tras concurso público, una emisora de frecuencia modulada en Aranjuez, entre las 21 que otorgó. Esta compañía tiene una orden de embargo del pasado 10 de febrero por una deuda con la Seguridad Social de 176.972,46 euros, incumpliendo así una de las condiciones esenciales del pliego.

La empresa tiene como consejero delegado a Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional por el PP entre 1995 y 1999. Además pagaba al ex alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, 1.200 euros al mes a través de otra compañía suya, dedicada al negocio de las fotocopias. El PSOE acusó en su momento a Romero de Tejada de estar detrás de la sorprendente deserción de dos diputados socialistas -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- tras las elecciones de 2003. Una decisión que permitió el acceso de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad.

Un portavoz del Gobierno regional justifica la supuesta irregularidad recordando los plazos: "A principios de 2007, cuando se recibieron los papeles, esa empresa no tenía ninguna deuda". También afirman que ahora se abre un segundo plazo para hacer efectiva la concesión en el que las compañías agraciadas deben volver a presentar documentos que acrediten que no tienen deudas.

"Si no pueden demostrar que no deben nada ni a Hacienda ni a la Seguridad Social, se les revocará la licencia", zanjan desde la Comunidad.

Desde el PSOE, a través de su vicepresidente de Grupo Parlamentario en la Asamblea, José Cepeda, consideran que la concesión a la emisora del antiguo diputado popular Fernando Sánchez Lázaro es una "tremenda desfachatez" y enmarcan la decisión en "una estrategia de control de los medios de comunicación y de favorecer a los amigos del PP para dominar todo el espectro radiofónico".

Esta formación, además, pedirá explicaciones sobre este hecho, "muy grave", al vicepresidente Ignacio González, que tiene previsto explicar las adjudicaciones. Unas explicaciones que ya demandó en su día, hace algunas semanas. Entonces, José Cepeda interpeló al viceconsejero de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria Bolívar, preguntándole si estaba "completamente seguro de la limpieza de todas las compañías adjudicatarias". Victoria Bolívar replicó: "Se han cumplido escrupulosamente todos los criterios de legalidad que marca la ley".

Las deudas de Tumbo de Privilegios, que tiene como principal activo el diario económico Negocio, han sido transferidas de unas empresas a otras. "Es un fraude muy común que se intenta perseguir", explican desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La última requisitoria de la Seguridad Social a Tumbo de Privilegios es el paso final de un largo proceso. El asunto ahora está en manos de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, que es la que trata con los morosos recalcitrantes y cuando el procedimiento ya ha pasado por varios estadios intermedios.

(www.elpais.com, 16/04/09)

31. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID, POR TERCERA VEZ EN NEGRO

La primera jornada de huelga de 24 horas convocada por CC OO, UGT y CGT en el ente público Radio Televisión Madrid (RTVM), integrado Telemadrid y Onda Madrid, ha comenzado este mediodía con la supresión de los servicios informativos y de toda la programación en directo. En un principio, la han sustituido por series o reportajes grabados, según han informado con un rótulo, pero 50 minutos más tarde la pantalla se ha fundido en negro. Se trata de la tercera vez que ocurre en un año. De momento, no hay datos de seguimiento entre sus 1.280 trabajadores.

Así, el paro ha comenzado a las 12.00 con la programación habitual, ya que en ese momento se emitía la serie Walker, aunque se ha insertado un rótulo en el que se informa que una nueva huelga "impide que Telemadrid pueda ofrecer su información y programación habitual" y detalla que "la emisión se reanudará a las 12.00 del miércoles 15". Tras la emisión de esta serie se tendría que haber emitido el programa de Curri Valenzuela Alto y claro. A las 12.50, la emisión de la cadena pública madrileña se ha interrumpido al quedarse la pantalla en negro. Telemadrid ya emitió en negro dos días hace diez meses, durante la huelga de junio de 2008. En la historia de la televisión en España, el único antecedente data de 1988, cuando un sindicalista cortó la señal en Televisión Española, en la huelga general del 14-D.

Los sindicatos, que han cifrando en un 90% el seguimento de la huelga, han denunciado la "absoluta irresponsabilidad" de la dirección por convertir una empresa pública como ésta en "un cortijo al servicio de intereses puramente personales, particulares y partidistas". Los representantes de los trabajadores consideran que la actual dirección de RTVM "vulnera sistemáticamente" el derecho a la libertad de expresión, "cuando secuestra cintas en las que un grupo de ciudadanos abuchean a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre". Por su parte, la dirección, que no ha difundido cifras de seguimiento, ha dicho que es "un ejercicio de absoluto desprecio hacia los madrileños" al privarles "drástiamente por segunda vez en menos de un año de su derecho a la información".

En un comunicado, Telemadrid ha criticado la "irresponsabilidad" de los sindicatos y les ha acusado de "abusar" del ejercicio sindical y perjudicar a los ciudadanos "que libremente deciden informarse y entretenerse con una programación de acentuada vocación de servicio público". Asimismo afirma que los paros "empiezan a ser tónica habitual en Telemadrid", ya que es la 18ª huelga que CC OO, UGT y CGT convocan desde 2004. Éste es el primero de los tres paros de 24 horas previstos para los días 14 y 19 de abril y 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. La Asamblea General de Trabajadores se ha reunido a primera hora de esta mañana con la empresa y ha decidido mantener la huelga, al no estar de acuerdo con las propuestas del ente público para desconvocar los paros.

En un comunicado, CGT ha detallado las propuestas de Telemadrid, entre las que destaca la dedicada a la plantilla de la cadena y propone "mejorar el clima de relaciones laborales en la empresa" y considera que hay que "dotar a la plantilla de estabilidad laboral".Para ello, la cadena se compromete a "realizar bajas objetivas del personal fijo, si se estima necesario, y a ofrecer previamente un acuerdo pactado con los afectados". La representante de CC OO, Teresa García, ha explicado que los sindicatos no admiten esta propuesta porque lo que reivindican es la "estabilidad de la plantilla" y, en su opinión, lo único que proponen es que "van a seguir despidiendo a la gente aunque informando".

Asimismo ha criticado que la cadena no ha aceptado los servicios mínimos que proponían los sindicatos: emisión de tres boletines de 15 minutos de información local, así como tres boletines de 10 minutos en la radio Onda Madrid. "Es una vergüenza que no hayan aceptado nuestra propuesta porque corremos el riesgo de ir a negro", ha recalcado la representante sindical. Los equipos que cubren habitualmente la agenda del Gobierno regional no han acudido a la rueda de prensa del consejero de Economía, Antonio Beteta, en la que ha presentado un balance del Plan de Lucha contra el fraude fiscal.

(www.elpais.com, 14/04/09)

32. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN EN PIE DE GUERRA CONTRA HACIENDA

En medio de la crisis general, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, libra su batalla particular, a la sombra, contra Hacienda, por el incremento de la deuda municipal, que alcanza una cifra récord fijada ya en los 6.600 millones de euros, a la que han contribuido muy significativamente las obras en la Calle 30.

La Secretaría de Estado exige al alcalde que se cumpla rigurosamente la Ley de Haciendas Locales y que el Ayuntamiento de Madrid adecue su Plan Económico Financiero, de acuerdo con los cambios a los que ha dado lugar el mayor déficit municipal, que ha alcanzado ya los 1.200 millones, y que ha sido provocado fundamentalmente por una caída de los ingresos, en la venta de suelo (que ha tenido en 2008 un resultado nulo) y en los impuestos vinculados al sector financiero, según EcoDiario.

El Ejercicio del año pasado cerró con una deuda a largo plazo de 5.936 millones de euros, a los que hay que sumar 745,4 millones de euros a corto plazo (este dato incluye la de Madrid Calle 30). La estructura del endeudamiento a largo plazo cuenta con el 71,3 por ciento a tipo de interés fijo y el 28,6 a tipo variable.

El alcalde Ruiz-Gallardón, en guerra con la secretaría de Estado de Hacienda, representada por Carlos Ocaña, se queja de que la flexibilidad de generar déficit en el Estado se convierte en restricciones para el municipio. "El Gobierno ha dado barra libre al déficit en sus cuentas, –afirma el alcalde- pero a los demás nos pone toda clase de pegas para poder ajustar las nuestras". Lo cierto es que la capital ha adquirido una carga financiera que se hace insoportable, ya que teniendo una capacidad recaudatoria similar a la de otros ayuntamientos grandes como Barcelona (770 millones de deuda) debe casi 10 veces más dinero.

(www.elplural.com, 12/04/09)

33. COMUNIDAD DE VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR QUE TOME DECLARACIÓN A CAMPS Y COSTA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que sea el órgano competente para tomar declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta implicación en el caso Gürtel. En un escrito remitido a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, Anticorrupción pide que se interrogue a los dos aforados valencianos y considera que los hechos que deben ser investigados por el TSJ son "exclusivamente los atribuidos a ambos". Estos hechos, según concreta, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama de presunta corrupción.

El escrito de la Fiscalía señala que existe "abundante documentación aún sin examinar", intervenida tanto en las sedes de Madrid como en la de Valencia, de las empresas del denominado grupo "fcs", iniciales que aluden a Francisco Correa. Respecto a Camps, se recuerda que en la causa obra "documentación que parece reflejar la recepción" por parte de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young "abonadas por el entorno de Correa".

Según Garzón, los casi 12.800 euros de la ropa fueron pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Se recuerda que de esa cantidad, 4.700 euros corresponden a compras en Milano y 8.073 en Forever Young. Las entregas referidas estarían, además, "confirmadas por las declaraciones de imputados y testigos". A Costa se le atribuyen hechos "semejantes, en el estado actual de la instrucción, a los expuestos en relación con Camps", y difieren en el importe de las dádivas.

Según recoge el documento, el sastre de Milano y Forever Young José Tomás García, en sus distintas declaraciones ha afirmado haber entregado distintas prendas de vestir de Milano y de Forever Young a Costa en su domicilio de Castelló. Recuerda el escrito que el Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó su inhibición en favor del TSJ no sólo respecto de los dos aforados sino también sobre los hechos atribuidos a Víctor Campos, secretario de organización del PP valenciano hasta abril de 2007 y ex vicepresidente del Consell, y Rafael Betoret, actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia. El objetivo es determinar la posible relación de las eventuales dádivas percibidas con la actividad de las mercantiles vinculadas a Correa y, en concreto, con las sociedades Orange Market, S. L., y Orange Factory, S. L., domiciliadas en Valencia. Esta segunda firma fue creada en marzo de 2008 para pescar contratos audiovisuales y, por ahora, no ha trascendido que lograra adjudicaciones. El administrador único es Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market.

La Fiscalía Anticorrupción considera que, en el estado actual de la causa, no procede elevar al Tribunal Supremo el caso Gürtel y que, por tanto, los TSJ de la Comunitat y de Madrid son competentes para asumir la parte que le corresponda de la investigación de la supuesta trama de corrupción.
La documentación y el plazo

Se da la circunstancia de que ha finalizado el plazo fijado para la presentación de documentación por las diferentes partes en el Registro Único de Entrada (RUE) de la Ciudad de Justicia de Valencia, según fuentes del TSJCV.

Una vez transcurrido, el magistrado deberá decidir si el Tribunal Superior valenciano asume la investigación por ser competente para ello o la remite al Supremo. En caso de asumirla, podría decidir archivarla, de no apreciar indicios de delito, o citar a declarar a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, como solicita la Fiscalía Anticorrupción.

El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, instó a Camps y Costa a que se expliquen ante el tribunal y también en las Corts, "delante de los representantes valencianos". Que Camps "permanezca en silencio, empieza a sonar como una confesión de culpabilidad", apuntó Luna. De esta manera Camps podrá explicar la "existencia" en la Comunitat de "una sucursal" relacionada con "la trama delictiva" destapada por el juez Baltasar Garzón.

(www.levante-emv.com, 15/04/09)

34. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL TSJ SE INCLINA POR INVESTIGAR EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad se inclina firmemente por asumir la denuncia contra el presidente de la Generalitat y contra el portavoz del Grupo popular en las Cortes que el pasado 5 de marzo envío el magistrado Baltasar Garzón a este órgano judicial, donde ambos políticos están aforados, bajo la imputación de haber recibido trajes pagados por la red corrupta que encabeza el empresario Francisco Correa, actualmente en prisión, y en la que están implicados dirigentes del PP.

Mes y medio ha tardado la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ en asumir la competencia de la investigación de los hechos que afectan a Francisco Camps y a Ricardo Costa, una conclusión que en los próximos días será argumentada en un auto y notificada a las partes.

Los cinco magistrados de la sala, que preside el también titular del TSJ, Juan Luis de la Rúa, han estado de acuerdo en que el caso debe investigarse en Valencia despejando así la duda sobre si los hechos que se imputan a los dos aforados se habían producido en la Comunidad, interpretación por la que al final se han decantado, o en Madrid, donde se encuentran los dos establecimientos en los que se compraron los trajes y que habría obligado, de asumirse esta hipótesis, a remitir el caso al Tribunal Supremo (TS).

La asunción de la competencia no implica, de entrada, ninguna presunción por parte del TSJ que ahora debe nombrar un instructor encargado de dirigir la investigación. Una tarea que casi con toda seguridad recaerá en el magistrado José Flors, ponente del auto por el que se asume el caso y probablemente el magistrado de los cinco que componen la sala que mejor se conoce el asunto.

Una vez cumplido este trámite, el instructor puede entender que del análisis de la documentación remitida por Garzón no se desprenden indicios de delito y proceder al archivo de la causa sin tan siquiera citar a declarar a los implicados. Así ocurrió en el caso en el que se pretendía aclarar si el entonces alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, había beneficiado al empresario Enrique Ortiz al modificar las condiciones en la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos, o en el que también se acabó sobreseyendo en relación a Alperi eximiéndole de toda responsabilidad en el desfalco millonario de Mercalicante.

En el supuesto de que el instructor apreciara en los hechos que se imputan a los aforados algún tipo de responsabilidad penal, es de suponer que no sólo citaría a declarar a los ya a esas alturas imputados sino que podría solicitar la práctica de dililigencias que permitieran arrojar luz sobre los hechos.

La decisión de la sala de asumir la investigación se ha producido pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción enviara un auto al TSJ en el que pedía al máximo órgano judicial de la Comunidad que interrogara a Camps y a Costa por el caso de los trajes. La acusación pública mantiene que el jefe del Consell y el número del partido recibieron prendas ?el primero por valor de 12.773 euros y el segundo, entregadas en su propia casa? que fueron abonadas por empresas de Correa.

Aunque el fiscal asegura en el auto que aún existe "abundante documentación" pendiente de analizar, matiza que de lo investigado hasta ahora no se pueden establecer relaciones entre los regalos entregados a los dirigentes populares y la actividad de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa.

La investigación sobre el ex vicepresidente del Consell Victor Campos y el funcionario Rafael Betoret se llevará en Madrid.

De ser llamado a declarar en relación a los hechos que se le atribuyen en la denominada "operación Gürtel", el presidente de la Generalitat no podrá librarse del mal trago que con toda seguridad le supondrá atravesar las puertas del TSJ, como habrá hecho en otras muchas ocasiones, pero esta vez para comparecer en calidad de imputado y responder a las preguntas de un magistrado. La posibilidad de que a una autoridad del rango de un jefe del Consell le sea tomada declaración en su despacho oficial, en este caso el Palau, en vez de desplazarse hasta un edificio judicial está reservada a que el interrogado sea requerido en calidad de testigo, condición que no se daría en este caso.

(www.levante-emv.com, 17/04/09)

35. COMUNIDAD DE VALENCIANA. LA GESTIÓN DE CAMPS: UNA DEUDA PÚBLICA AUMENTADA EN UN 200 POR CIENTO

Las deuda de la Generalitat —la mayor de España según el PIB y la segunda en cifras absolutas— pone en entredicho la buena gestión económica del gobierno de Francisco Camps, que ha triplicado el volumen de avales que heredó de la etapa de Eduardo Zaplana, según el Informe de Avales del último trimestre de 2008, remitido a las Corts.

La deuda total de la Generalitat, la segunda de España por habitante, es de 14.140 millones de euros, entre Consell (12.137) y empresas (2.003). Si se tienen en cuenta el endeudamiento de las diputaciones y ayuntamientos, suma 17.100 millones. Y si se analizan los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros (que incluyen deuda e intereses, más otras obligaciones como las concesiones de servicios), la hipoteca global del Consell se monta en los 24.960 millones, frente a los 14.642 que había a finales de 2003, según las cifras recogidas en el informe.

Camps ha triplicado el volumen de avales prestados a firmas públicas que heredó de la etapa de Eduardo Zaplana, incluyendo en ella la regencia de José Luis Olivas desde julio de 2002 hasta las elecciones de mayo de 2003, cuando había un riesgo de 1.502 millones, cifra que ha elevado en casi un 200%, hasta los 4.458 millones.

La portavoz adjunta socialista en las Corts y secretaria de Economía y Empleo del PSPV, Cristina Moreno, ha llamado a prestar atención al hecho de que en el último trimestre de 2008, de los 180 millones en avales formalizados, 150 son deuda con un periodo de carencia de 7 años. Es decir, que la fecha en la que se tendrán que empezar a devolver se aplaza hasta 2015, cuando comience, no la próxima, sino la siguiente legislatura.

La responsable de Economía envió un mensaje al Consell en el que le señala que la "dramática" situación por la atraviesan en la actualidad las pymes y autónomos valencianos es "en gran medida fruto de la morosidad de la Generalitat;  la gran mayoría se ven obligadas a cerrar porque, a la situación de crisis internacional, tienen que sumar la alta morosidad de la Generalitat", argumentó.

(www.elplural.com, 12/04/09)

36. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL PERITO DETECTA 300.000 DÓLARES SIN JUSTIFICAR EN LAS CUENTAS DEL IVEX

El Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) contabilizó un gasto de un concierto de Julio Iglesias en México algo superior a 300.000 dólares (unos 224.000 euros) sin que estuviera suficientemente justificado. Así se deduce de un informe pericial entregado al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, que investiga supuestos pagos dobles de los conciertos del cantante, contratado por el Ivex en 1997 para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana.

El juzgado investiga un supuesto 'contrato B' del Consell con el artista

La investigación se inició por un supuesto contrato B con el cantante que la Generalitat no presentó en las Cortes. Según declaró en el juzgado el ex director financiero del Ivex, Joaquín Barber, se firmó un contrato por los derechos de imagen (sobre el que se conocieron los pagos) y dos anexos por más de 5,5 millones de euros, el doble de lo que oficialmente se dijo. Bajo sospecha, que Julio Iglesias cobró más de un evento dos veces porque el Ivex abonó gastos que no le correspondían por orden del entonces director general del Ivex, José María Tabares, huido de la justicia.

El perito hizo para el juzgado un primer informe en el que aseguró que los apuntes contables del Ivex eran correctos, pero que faltaban partidas a cuya documentación no había tenido acceso. Ahora, en la ampliación de ese informe, se acredita por primera vez que se pagaron cantidades que no se documentaron convenientemente. El evento en cuestión fue el concierto de México, sobre el que ni siquiera una costosa comisión rogatoria fue capaz de aclarar qué pago quién y por qué. Lo que parece claro es que el Ivex pagó más de 300.000 dólares por el evento y esa cantidad no ha sido debidamente justificada por facturas.

Las respuestas las tiene presumiblemente José María Tabares, condenado por la Audiencia de Valencia a cinco años de cárcel por un delito de estafa cometido también desde su responsabilidad en el Ivex en relación con unos supuestos negocios en el norte de África. Tabares eludió la acción de la justicia y cuando le iba a ser notificada la orden de ingreso en prisión, huyó. Los datos de que se disponen le sitúan como hombre de negocios en Japón, país sin convenio de extradición con España. El juez decidirá, tras la ratificación del perito, cómo debe avanzar la causa.

(www.elpais.com, 08/04/09)

37. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EDILES DEL PP DE TORREVIEJA SE AGREDEN EN UNA PROCESIÓN

Las espadas siguen en alto en el PP de Alicante, y la pugna entre los afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los seguidores del presidente provincial, José Joaquín Ripoll, no se puede disimular. El último episodio ocurrió en Torrevieja, población turística de más de 100.000 habitantes, en la que el alcalde del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, "semiagredió" al vicepresidente de la Diputación y concejal, Domingo Soler, en la procesión del domingo de Semana Santa. El concejal lo relató así: "[El alcalde] me chilló: ¡Vete a la punta! [de la procesión, para que ocupara otro lugar en la fila de autoridades], y me empujó".

A Soler, enfrentado a Hernández Mateo por la presidencia local del PP, el alcalde le retiró por decreto hace un mes todas las competencias que tenía en el equipo de Gobierno, primer teniente alcalde, portavoz y coordinador. El edil defenestrado admite que "esto es la guerra", en referencia al proceso de renovación de las direcciones locales del PP. Soler lamentó que Mateo "no controle su ira, está perdiendo el fuero en lo civil, por lo que no merece ser alcalde", y remachó: "Ni un caudillo hubiera hecho esta agresión democrática". "[Mateo] se cree Dios y me tiene pánico democrático", añadió. Un portavoz del alcalde se limitó a desmentir las acusaciones.

(www.elpais.com, 16/04/09)

38. COMUNIDAD DE VALENCIANA. BURRIANA PERDONÓ MULTAS A UN FAMILAR DEL ALCALDE

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, reconoció que un familiar suyo figura entre las decenas de parientes y simpatizantes del PP supuestamente beneficiados con la retirada de sanciones entre 2005 y 2007. Lo hizo en su declaración como testigo ante el juzgado número 3 de Vila-real, que lleva el caso de la supuesta condonación del pago de multas y de las tasas de la grúa en la localidad, según fuentes del caso, aunque negó relación alguna con los hechos. En el proceso judicial abierto por un supuesto delito de prevaricación administrativa están imputados Francisco Isach y Juan Granell, dos de sus concejales en el actual equipo de Gobierno del PP, porque habrían ordenado el perdón de las sanciones en sus respectivas etapas como ediles de Policía durante el pasado mandato, cuando era alcalde Alfonso Ferrada.

Calpe también aseguró que supo del supuesto perdón de multas a raíz de la denuncia en un pleno de octubre de 2007, de la concejal de Ciutadans per Burriana, María Dolores Aguilera, aunque no actuó hasta abril del año siguiente, cuando la fiscalía inició una investigación. Fue entonces cuando el primer edil abrió un expediente interno "para depurar responsabilidades". Sin embargo, el alcalde admitió ante la juez de Vila-real que el expediente "aún no está terminado" porque el concejal imputado Isach "no ha contestado" a sus preguntas, a pesar de haberle remitido "varios requerimientos por escrito". La falta de fluidez en la comunicación entre dos representantes del mismo ejecutivo del PP desvelada por Calpe provocó la sorpresa de la sala. El alcalde también declaró, según las mismas fuentes, que la actual concejal de Policía en Burriana y mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación, Esther Pallardó, le dijo tras el verano de 2007 que en Burriana no se cobraba multa alguna desde hacía años.

También declaró como imputado el actual concejal de Agricultura, Juan Granell, quien admitió la filiación del PP de una de las personas beneficiadas con la condonación de multas y la amistad que les une, aunque negó que hubiera ordenado tales acciones, y culpó a los policías locales de estas irregularidades. En cambio, los agentes aseguran que retiraron denuncias por orden de los ediles Isach y Granell. Ferrada también tenía que declarar , pero no lo hizo: alegó un compromiso ineludible en el Senado.

(www.elpais.com, 17/04/09)

39. COMUNIDAD DE VALENCIANA. EL ALCALDE DE LA NUCIA GASTÓ MÁS DE 620.000 EUROS EN PUBLICIDAD EN 2007

Era un año electoral y a Bernabé Cano le fue muy bien. El PP consiguió en los comicios de 2007 un total de 14 de los 17 concejales posibles, si bien necesitó casi el 3% de los ingresos municipales de ese ejercicio para la promoción personal de la figura del alcalde. Según la liquidación presupuestaria de 2007, el importe que La Nucia destinó a publicidad, propaganda y gastos protocolarios ascendió a 621.092 euros, de los que más de la mitad se invirtieron antes de las elecciones autonómicas y locales del 27 de mayo.

El presupuesto inicial de 2007 para publicidad y propaganda era de 125.000 euros, pero Cano acabó comprometiendo gastos por 436.384, y casi 300.000 fueron invertidos antes de las elecciones. El resto, 184.708 euros, son de gastos protocolarios. Al dispararse el gasto, el Consistorio tuvo que aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito para poder pagar las facturas.

La mayor partida del gasto se la llevó el grupo Prensa y Noticias, con 85.400 euros. Este grupo es del empresario Leopoldo Bernabéu, el mismo que giró varias facturas de encargos de los socialistas de Elche a la cuenta del Ayuntamiento. El "error administrativo", según el PSPV, le ha costado al alcalde ilicitano, Alejandro Soler, una citación como imputado por la denuncia del PP de supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Prensa y Noticias editó para La Nucia una decena de suplementos especiales distribuidos por el sistema del buzoneo puerta a puerta. Algunos tienen difícil justificación como servicio de información al ciudadano, y encajan en una estrategia de promoción personal del alcalde. Uno está dedicado a la reinauguración de la urbanización Sol Saliente; otro recogía los centros sociales ya inaugurados de las urbanizaciones, con 22 fotografías de Bernabé Cano en cuatro páginas. El folleto de la rehabilitación del edificio del Ayuntamiento incluyó 19 fotos del alcalde; el de la ampliación del centro de salud, otras 17, y en el de la inauguración del almacén municipal, Cano aparece 24 veces en cuatro páginas. La mayoría de las facturas de las empresas de Bernabéu fueron troceadas en importes de menos de 3.000 euros, que evitan la declaración anual de operaciones con terceros.

En los meses previos a las elecciones, Cano contrató suplementos e informaciones especiales en todos los medios de la comarca. Además, la empresa Impacto Publicitario de Benidorm, dedicada a pancartas y carteles, facturó 45.200 euros antes de elecciones.

La relación de Cano con el grupo Prensa y Noticias se mantiene. Las empresas de Bernabéu han facturado en 2008 71.920 euros de un presupuesto total para publicidad y propaganda de 165.000 euros. Entre enero y agosto de 2008, Pulso Advertising Group y Grupo Noticias Audiovisuales giraron cada mes cuatro facturas de 2.320 euros cada una.

(www.elpais.com, 15/04/09)

40. CASTILLA Y LEÓN. VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL

Los informes de los técnicos municipales desfavorables no parecen un obstáculo para que el empresario José Luis Ulibarri, uno de los implicados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, consiga jugosos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado con mayoría absoluta del PP desde 1995. El Plural ya informaba de algunas de estas adjudicaciones. También ha salido a la luz otro escandaloso caso: el consistorio de Francisco Javier León de la Riva otorgó un concurso a Begar, la empresa del magnate castellano-leonés para ampliar el museo de Colón en la ciudad. Tres semanas después ampliaba este contrato adjudicando a la sociedad nuevas obras de remodelación del centro sin sacar éstas a concurso y pese a que la Secretaría del Consistorio emitió un informe en el que dudaba de la legalidad de la ampliación del contrato.

Son muchas las ciudades y municipios de Castilla y León que han beneficiado al magnate José Luis Ulibarri, ahora imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel que salpica al PP, con jugosos contratos y adjudicaciones. Valladolid, gobernada desde 1995 con mayoría absoluta por el popular Francisco Javier León de la Riva es uno de los feudos de este empresario, del que ha recibido desde 2003 cerca de 22 millones y medio de euros en adjudicaciones. El diario Público recoge uno de los contratos más polémicos entre el Ayuntamiento y el empresario.

Se trata de la adjudicación que se hizo a Begar, el conglomerado de empresas de Ulibarri, para ampliar el museo Casa Colón con motivo de la celebración de quinto centenario de la muerte del descubridor. Las obras de ampliación salieron a concurso con un precio de licitación de 1,73 millones de euros, y optaron a su ejecución dos empresas además de Begar, todas con ofertas inferiores a dicho precio. La adjudicataria fue la sociedad de Ulibarri, que proponía un coste de 1,5 millones, una rebaja de un 13 por ciento sobre el precio propuesto por el consistorio.

Sin embargo, sólo tres semanas después los honorarios de Begar se vieron incrementados con creces: a la empresa se le adjudicaron también otras obras de remodelación de la casa museo que no estaban previstas en un principio, y por las que se pagaron 930.000 euros más. En este caso, las obras no salieron a concurso, pese a la oposición de la Secretaría del Ayuntamiento, que emitió un informe en el que subrayaba la importancia de que la nueva adjudicación saliera de nuevo a concurso público.

La Secretaría apuntaba en su informe sus dudas sobre la legalidad de ampliar el contrato sin publicitar y sin convocar un nuevo concurso. Según señalaban, ambos contratos deberían haberse licitado conjuntamente, ya que de otro modo se ponía en duda el cumplimiento de la ley de Contratos de las AAPP.

Sin embargo, la Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por miembros del PP, dio carpetazo al asunto alegando que no era necesario sacar estas obras a concurso, sino que era mejor que las asumiera directamente Begar, a la que ya se habían dado las primeras obras, para terminar antes los trabajos. De hecho, el consistorio aprobó la nueva adjudicación a Ulibarri y en las actas ni siquiera mencionó el informe desfavorable de la Secretaría.

(www.elplural.com, 14/04/09)

41. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE ÍNTIMO DE AZNAR Y ULIBARRI.

Francisco Javier León de la Riva (Valladolid, 1945) es un político campechano a quien le gusta alardear de amistades importantes. Y entre ellas destacan las de José María Aznar y José Luis Ulibarri, empresario todopoderoso en la ciudad que desde 1995 gobierna con mayoría absoluta. El regidor forma parte del círculo íntimo de Aznar desde hace más de 25 años y le acompañó en el Gobierno de la Junta de Castilla y León como consejero de Cultura y Bienestar Social. Al final de esa legislatura, cuando Aznar estaba ya en Madrid como líder del PP, León de la Riva aterrizó en Valladolid como candidato del PP. No ganó a la primera, pero en los siguientes comicios (1995) arrasó y desde entonces ha ganado siempre por mayoría absoluta y dirigido el Ayuntamiento a su antojo, sin apenas presencia de la oposición.

La relación con el ex jefe de Gobierno del PP va más allá de la política: este prestigioso médico ha sido el ginecólogo de cabecera de la familia Aznar-Botella. También con Ulibarri ha llevado la relación al terreno de la amistad en la medida en que el empresario ha ido atesorando poder mediático y político entre bastidores en la Comunidad de Castilla y León. Antes de que estallara el caso Gürtel, el regidor explicaba sin problemas que ha navegado en el yate privado del empresario, afirmación que luego ha tratado de minimizar precisando que apenas estuvo en el yate.

León de la Riva fue de los primeros en el PP que puso el grito en el cielo por la investigación de Garzón: "Desgraciadamente, igual que la bomba de ETA es algo habitual [cuando se acercan unas elecciones], las actuaciones del juez Garzón también", llegó a afirmar. Poco después, en un acto del PP exhibió la portada de un periódico en la que aparecía el juez junto a junto a un mono: "Os habéis fijado en la cara de horror que tiene el pobre mono, dirá quién es este tío y que va a hacer conmigo".

(www.elpublico.es, 13/04/09)

42. CASTILLA Y LEÓN. BURGOS DEBE PAGAR CINCO MILLONES POR INCUMPLIR UNA SENTENCIA

El Ayuntamiento de Burgos debe pagar cinco millones de euros de indemnización por mantener abierta una gasolinera, pese a que el Tribunal Supremo ordenó su cierre al ratificar una sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Castilla y León. El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, dictó en 2006 un decreto de cierre que incumplió. Aparicio es presidente de la sociedad propietaria de la gasolinera, ahora arrendada a particulares.La gasolinera opera sin licencias, está ubicada en un espacio de dominio público y no cumple la distancia mínima respecto a otra estación de servicio, a la que se ordena que se indemnice. Cada año que se demore el cierre la indemnización crece en 300.000 euros.

El Supremo, además, estudia solicitar un suplicatorio al Congreso para que Aparicio, que es aforado por su condición de diputado, responda ante la denuncia por prevaricación de la Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos.

(www.elpais.com, 13/04/09)

43. ISLAS CANARIAS- EL PP CANARIO PREMIA AL DIPUTADO POETA QUE INSULTÓ A LA PARLAMENTARIA SOCIALISTA

Los populares canarios nombran como su portavoz a Miguel Cabrera Pérez Camacho, el diputado poeta que hace unos días dedicó sus particulares versos insultantes a la diputada socialista Francisca Luengo. Durante la sesión del Parlamento canario más importante del año –el debate del estado de la Nacionalidad- Pérez Camacho se dirigió así a la representante del PSOE: "Ay, Paquita Luengo Oriol/ me despido en re bemol/ Sin rencor te ofrezco un higo/ Mi afecto te llega al moño/ Si lo aceptas, tan amigo/ Y si no te vas pa´l…".

La designación de Pérez Camacho ha caído como una bomba en el hemiciclo, según Público. No sólo en los bancos de la oposición, sino incluso entre los socios de gobierno de Coalición Canaria. Su diputada María del Mar Julios, miembro de la Mesa del Parlamento, admitió que no "entendía" la decisión del PP de nombrar a este diputado como su portavoz, después mostrar una actitud tan inadecuada en el Parlamento. 

La interpretación que hacen los políticos locales consultados es que el líder del PP canario, José Manuel Soria, ha querido desafiar a la Mesa del Parlamento, que ha reprobado la actitud y el texto dedicado a la diputada socialista, así como a su Grupo político, y que, al mismo tiempo, ha querido premiar la lealtad de Pérez Camacho.

(www.elplural.com, 04/04/09)

44. REGIÓN DE MURCIA. EL DIPUTADO POPULAR MARTÍNEZ PUJALTE ‘CHULEA’ A LA GUARDIA CIVIL

Es el diputado más dicharachero del Congreso de los Diputados. Dicen que también es el más macarra. Es el parlamentario murciano, Vicente Martínez Pujalte, que ha vuelto a mostrar su prepotencia. Ya lo habíamos visto muy chuleta en el hemiciclo (en la anterior legislatura lo invitaron a abandonarlo...) donde ha tenido el honor de ser el primer parlamentario expulsado de nuestra historia. Honrando a Murcia. Ahora, Pujalte se despachó a gusto con la sacrificada Guardia Civil.

El bueno de Martínez iba por la autopista Madrid-Valencia cuando agentes de tráfico estaban poniendo unos conos.  Martínez Pujalte se los saltó y un guardia civil le paró y le multó, a lo que el ínclito ex-bigotudo le amenazó, diciendo lo clásico que dicen los caciques: "¿Sabe usted quién soy yo?" y al contestarle que no, se identificó, a lo que el guardia civil le dijo que era igual y que no le quitaba la multa. Fue entonces cuando Pujalte amenazó al agente, diciéndole que "cuando llegara a Madrid, se iba a enterar..."

Todo un ejemplo de ciudadanía. Si Franco levantara la cabeza... lo nombraría ministro, seguro.

(www.vegamediapress.com, 13/04/09)

45. REGIÓN DE MURCIA. UN PROYECTO URBANÍSTICO QUERÍA MULTIPLICAR POR SEIS LA POBLACIÓN DE ULEA

La Sección de Disciplina Urbanística de la Consejería de Obras Públicas está investigando un plan urbanístico en Ulea (956 habitantes), que prevé 2.000 nuevas viviendas, con lo que se multiplicaría por seis su población, según ha informado el gratuito 20 minutos.

odo parte de una denuncia de un grupo de agricultores de Ulea, que aseguran que estos planes parciales no cuentan con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Segura en tanto no tienen garantizado el suministro de agua a las nuevas casas, situación que comparan con la urbanización que levantó el Pocero en Seseña (Toledo). Además, advierten de que la promotora no es la dueña de los terrenos.

Estos agricultores han recibido una carta de Obras Públicas en la que se les avisa de que se han iniciado ya investigaciones al respecto y que se ha solicitado al Ayuntamiento de Ulea que les remita más información.

El alcalde de Ulea, José Bolarín (PP), se muestra tranquilo ante las investigaciones que la Comunidad Autónoma ha iniciado a raíz de la denuncia de agricultores por el pelotazo del pocero de Ulea: "La de supervisar es una de las funciones de la Dirección General de Urbanismo, no es nada anormal".

Bolarín, que opina que todo es legal, también tiene un mensaje para el grupo de agricultores que se opone al plan urbanístico: "Creen que acudiendo a la prensa nos van a forzar, pero están muy equivocados".

(www.vegamediapress.com, 15/04/09)

46. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA AL GOBIERNO LOCAL POR LOS CONTRATOS AL HIJO DEL EX CONCEJAL PEPERO PÉREZ ABELLÁN

Defenderé la legalidad del proceso hasta las últimas consecuencias", advirtió la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, hace tres de semanas tras anunciar que retiraba las competencias al concejal de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, por "sugerir" el nombre su propio hijo para ocho contratos del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E). Barreiro se esforzó por ceñir la polémica a un problema de inmoralidad sólo de ese edil, y ya el Lunes Santo pareció enterrar políticamente la crisis de su gobierno en un Pleno extraordinario sobre el caso Abellán. Pero la vía de agua legal afecta otra vez al barco del Ayuntamiento, y esta vez no sólo por las sospechas lanzadas por los partidos de oposición. Ahora interviene la Fiscalía, que ha abierto diligencias informativas para esclarecer si se ha cometido alguna irregularidad administrativa o delito.

Según ha sabido La Verdad, el fiscal jefe de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento que le envíe la documentación relativa a los cuatro contratos otorgados a dedo (sin mediar concurso) al hijo de Pérez Abellán para redactar los proyectos de reforma de calles en cuatro barrios.

En la solicitud, fechada el 2 de abril y que llegó al consistorio ante, el fiscal jefe pide que se le "remita copia testimoniada de los expedientes de contratación y adjudicación de los cuatro proyectos del Plan Estatal de Inversión Local para la mejora de determinadas calles de Cartagena que se adjudicaron a Enrique Pérez Blaya. Igualmente, las Juntas de Gobierno por las que se aprueban los proyectos de referencia".

Estas dos peticiones dejan fuera los correspondientes contratos directos de dirección de obra de esos cuatro proyectos, que también recibió Pérez Blaya. Sin embargo, ponen en el ojo del huracán al gobierno municipal al completo, y en especial a los ediles y técnicos que participaron en las contrataciones: el vicealcalde y coordinador del Plan E, Agustín Guillén; el concejal de Hacienda, José Cabezos; el concejal de Infraestructuras, José Vicente Albaladejo; el ex coordinador de Urbanismo y actual coordinador de Vicealcaldía y también responsable del Plan E, Enrique Jiménez; y, como presidenta de la Junta de Gobierno, Pilar Barreiro.

Este último órgano ejecutivo, formado por los dieciséis ediles del PP, aprobó los días 29 de diciembre y 16 de enero pasados la inclusión de los cuatro proyectos (para Los Barreros, la Barriada Cuatro Santos, Los Dolores, y El Llano del Beal) cuya redacción había sido encargada a Pérez Blaya, ingeniero de caminos y además presidente de la Junta Municipal de Pozo Estrecho por el PP. Pérez Abellán no se ausentó en las votaciones de esos asuntos.

El ejecutivo local ha defendido que en esas juntas sólo se dio el visto bueno al proyecto, no a las contrataciones concretas. La redacción de proyectos le ha reportado al hijo del ex edil 23.358,92 euros, y la dirección de obras (en este caso con dinero municipal, no del Estado) 28.323,16 . En total, 52.000 euros.

La oposición ha reclamado la devolución del dinero, pero el gobierno lo ha rechazado y mantiene el encargo de dirigir las obras.

(www.laverdad.es, 17/04/09)

47. EXTREMADURA. EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BADAJOZ GASTA 48.000 EUROS EN UN COCHE OFICIAL

Las polémicas por las compras de coches de lujo por parte de dirigentes políticos no se limitan a las que en los días previos a las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo salieron a la luz en Galicia. El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el popular Miguel Celdrán, ha aprobado la compra de un Volvo modelo S80 por un precio de 48.000 euros, una cifra que a la oposición socialista le parece escandalosa. Sobre todo porque el pasado mes de marzo se aprobó un "código ético de conducta" destinado a los cargos de la Junta para evitar que el gasto de los coches oficiales sobrepase los 30.000 euros. La idea de este código partió del propio PP, que pidió austeridad a los cuatro vientos después de que la vicepresidenta de la Junta adquiriese un Lexus valorado en 68.000 euros.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el PP extremeño, presidido por José Antonio Monago, puso el grito en el cielo al conocer que la vicepresidenta de la Junta, Dolores Aguilar, había adquirido como coche oficial un Lexus valorado en más de 68.000 euros. En plena crisis económica, cuando el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, desarrollaba un discurso de austeridad por la mala situación de las arcas extremeñas, la compra fue considerada por los populares un escándalo, y el propio Monago propuso la creación de un "código ético de conducta" para los dirigentes políticos.

Fernández Vara estuvo de acuerdo: como "medida ejemplarizante" que le pedía el PP devolvió el Lexus y pidió disculpas públicas. Después, el pasado 31 de marzo, el citado código ético se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura y establecía que los consejeros de la Junta sólo podrán adquirir coches con un valor máximo de 30.000 euros, mientras que los vehículos de los directores generales no pueden superar los 18.000. Aunque PP y PSOE coincidieron en que esta norma debe extenderse a todos los ayuntamientos y organismos institucionales de Extremadura, de momento solo está aprobada para el Gobierno, y el alcalde popular de Badajoz no ha pasado esto por alto, desencadenando de nuevo la polémica.

Miguel Celdrán, que desde el primer momento se mostró contrario al código ético alegando que a él le enseñaron la ética de niño y en su casa, no ha dudado en aprobar la compra de un Volvo S80 por un precio de 48.000 euros, muy por encima de la cifra máxima fijada en el código –pese a que ésta se refiere a los coches de la Junta, cuyo presupuesto, recuerda el PSOE, es muy superior al del Ayuntamiento pacense. La Junta de Gobierno local tomó la decisión tres días antes de la publicación del código ético, y no le dio ninguna publicidad, por lo que la oposición socialista de la ciudad denunció además la falta de transparencia al equipo de Gobierno.

Por otra parte, el PSOE municipal recordó que en mayo del año pasado la Alcaldía había adquirido otro vehículo de la misma marca y modelo, en sustitución de otro coche más antiguo. Los socialistas, indignados, han pedido "que se paralice el proceso" de compra "porque si se lleva a cabo, se trataría del único alcalde de una ciudad de 150.000 habitantes que tiene dos Volvos". Para la oposición, "Celdrán intenta quedar por encima del código ético de Monago" con este acto que consideran "una chulería y una provocación a los vecinos" por parte de su equipo.

Este nuevo coche, que estaría al servicio de todos los concejales del equipo de Gobierno (el alcalde utiliza el otro Volvo mencionado), podría ser sustituido, según apuntan los socialistas, utilizando taxis "para los desplazamientos de los concejales", una medida con la que además se ayudaría "a este sector de autónomos que no está en su mejor momento". "Con 48.000 euros se pueden hacer 2.400 viajes por todos los barrios de Badajoz a una media de 20 euros el recorrido", destacaron.

Sin embargo, Celdrán ya ha asegurado que no piensa devolver este nuevo coche, y trató de zanjar el asunto asegurando que "hay quien viaja en el coche de la Junta para ir a jugar al golf y lleva los palos en el maletero". Además, aseguró que confía en esta marca y que no va a adquirir "uno 150.000 pesetas más barato para que dure dos años". Además, el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Fragoso, apuntó que los 48.000 euros fijan el precio de licitación de salida, "aunque probablemente el nuevo vehículo cueste menos", y señaló que no se informó de esta compra porque en su momento no se consideró un asunto destacable.

La indignación de la oposición se ha trasladado también a la ciudadanía y ha llegado hasta internet, donde una página web sugiera que si algún pacense quiere un coche, no tiene más que pedírselo al alcalde. "No te cortes, él no se corta: pídele un Volvo a Celdrán", apunta irónicamente la web.

(www.elplural.com, 17/04/09)

48. ISLAS BALEARES. UN TRIBUNAL DE TINTE CONSERVADOR JUZGARÁ A CARGOS DEL PP BALEAR

Los cambalaches de los distintos sectores del Consejo General del Poder Judicial -hay nueve vocales propuestos por el PSOE frente a nueve por el PP y dos más a propuesta de CiU y PNV- han tenido consecuencias imprevistas para Baleares, comunidad cuyo tribunal para juzgar a cargos políticos -la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJB)- no tendrá un solo miembro progresista. El gobierno de los jueces acaba de nombrar magistrada de esa sala a la candidata del PP Felisa Vidal, ex directora general en el Ejecutivo de Jaume Matas. Varios miembros del gabinete de Matas tendrán que ser juzgados por ese tribunal.

Vidal fue elegida como resultado de las negociaciones entre los vocales para cubrir seis plazas en el Tribunal Supremo, para las que se necesita mayoría de tres quintos -13 de los 21 votos del Consejo- y en la que los progresistas se han visto obligados a hacer concesiones. En esa discusión, que apenas tiene en cuenta los méritos de los candidatos, el Consejo, con los votos de todos los conservadores y dos progresistas, otorgó la plaza vacante en la sala a Vidal. La juez es de la confianza política de Rosa Estarás, actual líder del PP balear, y fue incluida, teóricamente de relleno, en la terna de juristas de reconocido prestigio pactada entre todas las fuerzas del Parlamento balear. Por la jubilación del magistrado Miquel Massot (elegido a propuesta del centro-izquierda) el puesto debía corresponder a un jurista de sensibilidad progresista.

El Parlamento balear propone a dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal. Por cada uno de ellos, la Cámara presenta una terna de candidatos entre los cuales el Consejo elige al magistrado. Esta sala es la encargada de investigar y juzgar a los cargos del Gobierno y miembros de la cámara. Las causas judiciales abiertas a dirigentes del PP son muy numerosas en Baleares.

Pese a estos antecedentes, el Consejo tumbó la candidatura de De España, la candidata del grupo socialista. De España tiene seis años más de ejercicio que la candidata del PP que finalmente resultó elegida. Uno de los vocales conservadores más activos en la defensa de Vidal fue Antonio Monserrat, quien procede justamente del TSJB que, durante años, archivó varias denuncias contra el ex presidente del PP balear, Jaume Matas.

El socialista Francesc Antich, presidente balear, consideró que la decisión del Poder Judicial supone la ruptura de un acuerdo. El portavoz socialista Antonio Diéguez recalcó que "Vidal debería renunciar al puesto por respeto a la voluntad del Parlamento". Vidal replicó que había logrado una victoria aplastante (12 de los vocales frente a los seis que votaron a favor de Carmen de España).

El vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa (ex consejero de Justicia del Gobierno valenciano, del PP), declaró: "Habrá que ver cada caso concreto" para saber si la magistrada Felisa Vidal podrá participar en los procesos judiciales abiertos contra el Partido Popular. "Se ha tenido en cuenta quién era la persona más adecuada para ocupar la plaza", señaló De Rosa.

Otros vocales del Poder Judicial aseguran que el nombramiento de Vidal fue un mero cambio de cromos, pues a cambio los conservadores prometieron su voto a futuros nombramientos de progresistas.

El vocal Monserrat, elegido a propuesta del PP, se defendió asegurando que el Consejo General del Poder Judicial no es "una correa de transmisión de ningún partido político". Y añadió que del mismo modo que al órgano de Gobierno de los jueces no se le ocurriría nunca interferir en la voluntad de los órganos del Gobierno, "lo normal es esperar que tampoco se intente en sentido contrario".

(www.elpais.com, 09/04/09)

49. ISLAS BALEARES. DE SANTOS ALUDE EN SU DECLARACIÓN A UN ATAQUE SEXUAL SUFRIDO EN SU JUVENTUD

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, para el que la fiscal reclama un total de 24 años y 3 meses de cárcel por supuestos abusos sexuales con cuatro adolescentes, tres de ellos menores de edad, alude, de una manera indirecta y en sus declaraciones sumariales, a un ataque sexual que habría sufrido en su juventud. De Santos, que se halla en libertad provisional bajo fianza y en espera de juicio, se ha declarado también inocente y su letrado, José Ignacio Herrero, pedirá la libre absolución ante la Audiencia.

Rodrigo de Santos se enfrenta a una grave acusación por parte del ministerio fiscal, que le imputa siete delitos: dos de suministro de drogas prohibidas a menores y jóvenes; cuatro de abusos sexuales y un séptimo de corrupción de menores. El ex dirigente del Partido Popular también tiene otras dos causas judiciales pendientes: una por supuesta malversación continuada de fondos públicos mediante la utilización de una tarjeta de visa municipal en clubes de alterne homosexuales y otros establecimientos y la segunda por presunta prevaricación y cohecho en relación a un castillo de juegos infantiles.

El ex regidor y antiguo número dos de Cort en la pasada legislatura niega tajantemente las acusaciones vertidas contra él por los cuatro adolescentes, tres de ellos hermanos y que tenían, a finales del 2007, 14, 16 y 18 años, respectivamente. Rodrigo de Santos pasó muchas horas declarando ante el juez de instrucción 8 de Palma, que investigó este caso. Su versión ocupa muchos folios y se plasmó en tres jornadas diferentes.

El acusado culpa a un conocido empresario de la noche mallorquina de encabezar una especie de conspiración política y de medios de comunicación contra él, como venganza por algunas actuaciones suyas desde su puesto de teniente de alcalde de Urbanismo. Las denuncias de los menores y del otro joven se enmarcarían, siempre según De Santos, en este clima de confabulación. El inculpado ha aportado datos que vincularían a alguno de los chicos con negocios del mencionado industrial. De Santos también ha facilitado en sus comparecencias multitud de detalles cronológicos relacionados con su vida privada, sus tareas en el Ayuntamiento o su rol en el PP para tratar de demostrar que las versiones de las supuestas víctimas son falsas y no coinciden las fechas.

Así, De Santos alude a ceremonias religiosas, viajes a Valencia para ver al anterior Papa Juan Pablo II, campañas electorales, etc como hitos importantes que desvirtuarían las versiones de las presuntas víctimas de los abusos, al ser imposible que en esas fechas los menores pudieran haber acudido a dormir a su casa. Su experiencia sexual juvenil con otros chicos forma parte del mismo relato exculpatorio donde se mezclan numerosos asuntos y cuyo hilo cuesta mucho seguir.

La alusión a un ataque sexual en la etapa juvenil entra indirectamente en el relato cuando el inculpado explica su conversación con un sacerdote que atendía al grupo neocatecumenal en el que estaba integrada la familia De Santos. En el resto de la larga declaración no se vuelve a mencionar este extremo, que el imputado tampoco ha querido destacar en su versión.

(www.diariodemallorca.es, 16/04/09)

50. CIUDAD DE MELILLA. EL PP NO RETIRARÁ LA ESTATUA DE FRANCO EN MELILLA SI DEFENSA NO LE DA OTRA UBICACIÓN

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, ha asegurado que no retirará la estatua de Franco de la ciudad, la única que queda en España en una vía pública, a no ser que el Ministerio de Defensa le busque otra ubicación en algún acuartelamiento o en el Museo Militar. Imbroda ha manifestado que la estatua se retirará para "llevarla a algún sitio concreto", por lo que se va a tramitar "por escrito" al Ministerio de Defensa la solicitud de que sea trasladada a alguna dependencia del Ejército. "Si no, si resulta que esto no está cuajando, se quedará ahí", ha afirmado la primera autoridad melillense.

Imbroda ha querido dejar claro que el monumento, que se encuentra situado en Melilla a la entrada del puerto de la ciudad, a los pies de las murallas antiguas, no está dedicada a Franco como caudillo, sino al comandante de La Legión que en 1921 salvó a la ciudad del sitio en el que se encontraba. "Estamos hablando del año 1921, de un militar y del Ministerio de Defensa", ha dicho el presidente, quien ha considerado que la estatua tiene poco sentido que se lleve a un museo civil o arqueológico, de ahí que se pida una ubicación a Defensa.

En el caso de que no se encuentre otro emplazamiento, el mandatario autonómico ha aseverado que seguirá en el mismo lugar en el que se encuentra y en el que está como comandante de una unidad militar, no como Generalísimo. Según Imbroda, la llegada de La Legión hace más de 80 años al mando de Franco hizo posible que Melilla siguiera siendo española, por lo que ha señalado que esa figura no sólo le representa a él, sino a todos los que vinieron en aquellos momentos. "Si el Ministerio de Defensa nos dice que no se lo lleva a sus instalaciones militares, que a lo mejor nos dice que sí, nosotros en un museo no lo vamos a poner, por lo que se quedará allí", ha insistido.

En opinión del presidente de Melilla, el hecho de dejar la figura de Franco no vulneraría la Ley de Memoria Histórica y ha señalado que, en ese caso, que sea el Gobierno de la Nación el que diga qué es lo que hay que hacer. No obstante, ha deseado que se busque un lugar a la figura del comandante Franco y ha aclarado que no fue él el que mandó colocarla, como tampoco fue el PSOE el que la ha querido quitar mientras gobernó en Melilla.

El Gobierno melillense se comprometió públicamente en septiembre, durante el transcurso de una sesión plenaria, a retirar la estatua con el comienzo de las obras de la muralla a cuyos pies se ubica. Dichas obras ya han comenzado, por lo que, según Imbroda, "se apartará" para poder ejecutarlas y a la espera de que Defensa conteste sobre su futuro.

Tras la retirada el pasado mes de diciembre de la estatua ecuestre de Santander, Melilla se quedó como único lugar de España con un monumento de Franco en la vía pública. A la escultura le acompañan tres placas, una con un escudo franquista, otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977".

(www.publico.es, 13/04/09)