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Del 18 al 24 de Abril 2009

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ÍNDICE
 

1. RAJOY ARROPA A CAMPS, PERO BUENA PARTE DEL PP ASUME QUE ESTÁ QUEMADO

2. EL SUPREMO CONFIRMA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR COHECHO

3. RAJOY EXPLICA SU RELACIÓN CON LOSANTOS: "BUENO, EH, AHHH, EHHH"

4. RAJOY SE VUELCA EN PACTAR CON LOS NACIONALISTAS PARA ACORRALAR AL PSOE

5. EL "CÍRCULO ÍNTIMO" DE TRILLO CONOCÍA LAS FALSAS IDENTIFICACIONES DEL YAK

6. RAJOY Y AGUIRRE SALEN EN DEFENSA DE TRILLO, DESAPARECIDO DE LA ESCENA PÚBLICA

7. AZNAR RECLAMA AL GOBIERNO QUE FLEXIBILICE EL MERCADO LABORAL

8. BOTELLA: "AZNAR ESTÁ LEGITIMADO POR LA HISTORIA PARA HABLAR DEL PARO"

9. AZNAR PRESUME DE LOS VIEJOS TIEMPOS

10. EL PP RECAUDÓ DINERO PARA LIBERTAD DIGITAL, LA EMPRESA DE LOSANTOS

11. CATALUÑA. AFINES A FERNÁNDEZ DÍAZ CONECTAN LOS CASOS DE LOS BURDELES Y LA EXTORSIÓN

12. GALICIA. EL GOBIERNO DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY GALLEGA DE IGUALDAD

13. GALICIA. UN EX CONSELLEIRO DEL PP GOBERNARÁ EN ABEGONDO GRACIAS A UN TRÁNSFUGA

14. ANDALUCÍA. UN EX ALCALDE AFRONTA 30 AÑOS DE CÁRCEL Y 111 DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR

15. ANDALUCÍA. EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PAGA 84.000 EUROS ANUALES A UN EDIL DE RITA BARBERÁ POR HACER LOS FUEGOS DE LA FERIA

16. ANDALUCÍA. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA LA GESTIÓN DEL PP EN SANLÚCAR

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL ESPAÑOL

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS"

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PLANEA OTRA LEY PARA CAJA MADRID TRAS LA SUSPENSIÓN JUDICIAL

20. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX CONSEJERO LAMELA, INVESTIGADO POR FALSEDAD EN EL CASO MONTES

22. COMUNIDAD DE MADRID. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?"

23. COMUNIDAD DE MADRID. SEGUNDA HUELGA EN TELEMADRID EN UNA SEMANA

24. COMUNIDAD DE MADRID. ENRIQUE PORTO, IMPUTADO EN OTRO CASO URBANÍSTICO

25. COMUNIDAD DE MADRID. ALCALDES Y CARGOS DEL PP EN MADRID OFRECIERON NEGOCIOS A LA RED DE CORREA

26. COMUNIDAD DE MADRID. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON EL PP EN MADRID

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE LÓPEZ VIEJO

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DESCONFIANZA EN EL SENO DEL PP OBLIGA A CAMPS A ASUMIR SU DEFENSA

29 . COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 OCULTA EL CASO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INSISTE EN QUE SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL 'CASO GÜRTEL' ES "UN MONTAJE"

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ESPOSA DE CAMPS, SOBRE UN REGALO DE EL BIGOTES: "TE HAS PASADO 20 PUEBLOS"

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL AFIRMA QUE CAMPS DEVOLVIÓ LOS VALIOSOS REGALOS DE EL BIGOTES A SU FAMILIA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. "YA TENGO UN SITIO PARA CONTAR LA VERDAD Y ACALLAR LAS MENTIRAS"

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DA UN TRATO ESPECIAL AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA VA MUY A MENUDO A CASA DE ´EL BIGOTES´

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CARGOS DEL PP RECLAMAN UNA EXPLICACIÓN CLARA

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DE VALENCIA ABRE DILIGENCIAS CONTRA CAMPS Y COSTA POR COHECHO

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SASTRE: "CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES"

39. COMUNIDAD VALENCIANA. "LOS TRAJES PARA CAMPS Y COSTA FUERON ABONADOS POR ORANGE MARKET"

40. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA, CON ACTIVIDAD PRIVADA, DIMITE DE PRESIDENTE DE UNA COMISIÓN PORQUE TIENE TRABAJO EN EL PP

41. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA PRIVATIZA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL ACUSA A UNA EX CONCEJAL DEL PP DE IBI DE MALVERSACIÓN

43. COMUNIDAD VALENCIANA. FAMILIARES DE CINCO EDILES DE LA NUCIA TIENEN CASAS ILEGALES EN LA HUERTA

44. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA ASCIENDE A UN IMPUTADO EN EL 'CASO NAVAS DEL MARQUÉS'

45. REGION DE MURCIA. EL ALCALDE DE VILLANUEVA CONTRATO A DETECTIVES PRIVADOS PARA ESPIAR A SUS POLICÍAS

46. ISLAS BALEARES. HACIENDA AFIRMA QUE EL ´PALACETE´ DE MATAS VALE EL TRIPLE DE LO QUE DECLARÓ


1. RAJOY ARROPA A CAMPS, PERO BUENA PARTE DEL PP ASUME QUE ESTÁ QUEMADO

"Lo he tenido que leer dos veces. La primera pensé que era una broma. Pero no, es verdad, y es terrible que se publique eso". Esta reacción de un dirigente del PP resume el estupor y la desolación con la que recibió el partido la publicación de una conversación que demuestra la profunda amistad que mantenía Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, con el jefe de la trama corrupta del caso Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, una relación que el entorno del presidente valenciano ha intentado minimizar, especialmente desde que Pérez fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón. Y sin embargo, tanto Camps como Mariano Rajoy, líder del PP, actuaron como si nada nuevo hubiera pasado. "Ya he dicho en muchas ocasiones que es un montaje y que todo es mentira y que la verdad, si Dios quiere, será lo que pronto sabrá todo el mundo", afirmó el presidente valenciano.

Cuando le preguntaron si la conversación en la que su mujer comenta con Pérez los regalos navideños que éste le mandó era falsa, Camps no contestó. El entorno del presidente insiste en que él devuelve todos los regalos y no quiere comentar la conversación. Sus portavoces aseguran que él hablará sólo ante la justicia, y que está deseando declarar. Rajoy decidió arropar sin matices a un dirigente cuyo apoyo fue clave tras la derrota electoral de 2008. También contestó, como Camps, a una sola pregunta sobre el asunto. "Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps", dijo en Barcelona, aunque cuando se le preguntó si pone la mano en el fuego por él se quedó mudo y esperó a otra pregunta. Después, en TV3, aseguró: "Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes".

La dirección del PP, preocupada por la imagen de un personaje muy importante en el partido, está convencida, según varios de sus miembros, de que este caso no les afecta electoralmente. "A la gente sólo le preocupa la crisis. Se ve en las encuestas, nuestras y ajenas. Se ha visto en Galicia y en todas partes. El caso Gürtel es grave internamente, pero para nuestros electores es irrelevante", sentencia un dirigente de Génova. Sin embargo, tras el impacto inicial, -diputados y senadores comentaban con sorpresa el lenguaje entusiasta de Camps con su "amiguito del alma"- llegaron los análisis políticos. La mayoría de los dirigentes de base consultados coincidían en que el presidente valenciano está muy tocado políticamente. "Si se demuestra que le regalaron los trajes, aunque no haya cohecho, habrá mentido a la gente y al partido", sentenciaba un diputado.

"Está quemado, por no decir muerto políticamente. La única duda es si cae ahora o simplemente aguanta y no vuelve a presentarse dentro de dos años", aseguraba otro dirigente en una opinión muy extendida.

De hecho, en Valencia, según varios dirigentes, ya se especula con posibles sucesores. Dos nombres que suenan siempre son los del campista Vicente Rambla, el vicepresidente, y Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. También Gerardo Camps o Esteban González Pons, aunque este no es diputado autonómico, por lo que ahora no podría ser presidente.

(www.elpais.com, 24/04/09)

2. EL SUPREMO CONFIRMA EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR COHECHO

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la querella por cohecho que un abogado presentó contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber recibido supuestamente, durante su estancia en Nueva York, 1,7 millones dólares del Banco Santander.

En un auto notificado, la sala de lo penal del Alto Tribunal rechaza el recurso de súplica interpuesto por el letrado Antonio Panea contra la decisión que este órgano tomó el pasado 9 de marzo de archivar la querella al considerar que los hechos no constituyen delito.

Panea se querelló contra Garzón en junio del año pasado al estimar que pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación al recibir 1,7 millones de dólares del Santander para actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York y después archivar con "inusitada celeridad" una querella interpuesta contra los responsables del banco.

El Supremo reitera ahora que, en su opinión, los hechos no constituyen delito "tanto por la falta de vinculación directa del patronazgo a la persona del querellado, cuanto porque nada hace sospechar que el patronazgo tuviera por finalidad el ilícito propósito que el recurrente denuncia con más voluntad que aval probatorio".

El Alto Tribunal, sin embargo, sí acordó deducir testimonio de su resolución y de la documentación recibida de la Universidad de Nueva York al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque Garzón no comunicó al órgano de gobierno de los jueces las cantidades que cobró en concepto de sueldo a través de nómina.

El CGPJ abrió a continuación una investigación sobre los ingresos de Garzón durante su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006 que, una vez archivada definitivamente la causa penal en el Supremo, seguirá ahora adelante para ver si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria.

(www.publico.es, 21/04/09)

3. RAJOY EXPLICA SU RELACIÓN CON LOSANTOS: "BUENO, EH, AHHH, EHHH"

La flexible cintura dialéctica del presidente del PP, Mariano Rajoy, ha estado a punto de crujir esta mañana. El líder conservador se ha mostrado firme en su discurso contra la crisis, sobre la política vasca, sobre el gobernador del Banco de España e, incluso, sobre Aznar y sus protestas contra los subsidios a los parados.

Pero cuando el periodista de Punto Radio Luis del Olmo le ha sacado el tema del locutor del Cope Federico Jiménez Losantos, la firmeza se ha convertido en duda.

"¿Se lleva bien con Rouco -presidente de la Conferencia Episcopal Española-?", ha preguntado Del Olmo. Rajoy, con convicción, ha respondido "sí, me llevo bien con todo el mundo".

Ante la firmeza en la respuesta, Del Olmo ha ido un paso más allá. "¿También con Losantos?". Rajoy, en ese momento, ha comenzado a balbucear. "Bueno, eh, ahhh, ehhh, ummm. Con Losantos, usted ya me entiende. No voy a entrar en esos asuntos", ha zanjado con una mezcla de resolución y desasosiego.

El líder del PP también ha pasado de puntillas sobre las palabras del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, quien criticó que en Europa se "subsidie" al parado en vez de animarle a encontrar trabajo.

"A nadie se le ha pasado por la cabeza acabar con los subsidios", ha argumentado Rajoy, en defensa de Aznar, a lo que ha añadido: "De lo que se trata es de crear empleo, porque es la mejor manera de mejorar los gastos sociales".

Según el líder conservador, "hay que crear empleo y esa es la apuesta principal del PP", y para ello "hay que cuidar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas

(www.publico.es, 21/04/09)

4. RAJOY SE VUELCA EN PACTAR CON LOS NACIONALISTAS PARA ACORRALAR AL PSOE

La nueva situación política surgida de las elecciones gallegas y vascas ha dado un vuelco a la estrategia y el discurso del PP. Durante cinco largos años, los populares han sufrido la imagen de la soledad en el Congreso. Una imagen que, según los estrategas de Mariano Rajoy, hizo mucho daño a sus expectativas electorales. Parecía, recuerdan, que el PP sólo podría gobernar en 2008 si lograba una mayoría absoluta casi imposible. Pero el proceso de moderación de su discurso y acercamiento a los nacionalistas iniciado tras el tormentoso congreso del PP en Valencia ha abierto el camino, y la ruptura entre el PNV y el PSOE ha hecho el resto. se vio el primer resultado tangible.

El PP ya no es un anatema para los nacionalistas, hasta el punto de que varios de ellos han estampado su firma en un documento promovido por los populares para exigir la convocatoria urgente del Pacto de Toledo -el que garantiza la estabilidad de las pensiones- en la que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explique si es cierto que la Seguridad Social puede incurrir en déficit y qué planes de futuro hay para las pensiones. Los populares han convencido al PNV, UPN, UPyD, Coalición Canaria e incluso un partido tan distante como Nafarroa Bai para que firmen su texto, una demostración del cambio radical que se ha producido en el Congreso. Además, tienen el compromiso de apoyo de CiU.

Rajoy explicaba el jueves en una conversación informal con periodistas que él confía en pactar su plan anticrisis de 12 puntos con PNV y CiU, los partidos que apoyaron la investidura de José María Aznar en 1996 y en los que él pone todas sus esperanzas para volver a la centralidad política mientras el PSOE vuelve a mirar a la izquierda: a ERC e IU-ICV.

El líder del PP no tiene especial confianza con Íñigo Urkullu -sí la tuvo con Josu Jon Imaz, el anterior líder del PNV- ni con Artur Mas, presidente de CiU, pero en el Congreso las estrategias de los tres grupos parecen coincidir y la relación es buena. Desde las elecciones vascas, el PNV apoya prácticamente todo lo que propone el PP -incluida una comisión de investigación sobre el ex ministro Mariano Fernández Bermejo-. Con CiU es más difícil, entre otras cosas porque Josep Antoni Duran siempre ha sido más partidario de pactar con el Gobierno que con la oposición. Sin embargo, los populares confían en los deseos de venganza de Artur Mas, que no pudo ser presidente de la Generalitat al configurarse el gobierno tripartito.

La ofensiva del PP para acorralar a los socialistas es total. El optimismo después del triunfo en Galicia es tal que Jaime Mayor, candidato a las europeas, que tuvo en Sevilla su primer gran acto con Rajoy, pidió rebajar las expectativas: "Si nos emborrachamos de euforia, nos suicidamos políticamente", dijo a los suyos.

El cambio de ritmo en el PP se percibe por todas partes, a medida que aparecen encuestas y pruebas del deterioro de imagen y descontrol del Gobierno. Los dirigentes, preocupados internamente por el escándalo de corrupción en el que está implicado incluso su tesorero, Luis Bárcenas, están convencidos de que no les afecta electoralmente.

(www.elpais.com, 18/04/09)

5. EL "CÍRCULO ÍNTIMO" DE TRILLO CONOCÍA LAS FALSAS IDENTIFICACIONES DEL YAK

"Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo, Lorenzo, Jiménez Ugarte, entiendo que tú. Dudo que Antonio Moreno y Gallarza lo supieran. ¿Torrente? ¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste ante posturas más valientes o duras? ¿Por qué estuviste a punto de cortar la carrera de Emilio [Pérez] Alamán, que defendía posturas parecidas a la de la actual Administración?"

Cuando compareció como testigo, el pasado 1 de abril, ante el tribunal que juzga el caso Yak 42, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre dijo no entender a quiénes se refería un abogado con la expresión "círculo íntimo" de Trillo. Pero en la carta que escribió el 13 de junio de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, parecía seguro de quiénes lo integraban: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y "tú". Es decir, el destinatario de la misiva: el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, quien también declaró como testigo en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de los dos generales ante el tribunal coincidieron en un punto: en la reunión que el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente, celebró el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa nadie comentó que hubiera problemas con la identificación de los cadáveres.

Alejandre alegó además no recordar si le comentó al ex jefe de la cúpula militar Félix Sanz, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio. Lo que, en todo caso, subrayó, nunca hizo.

Pero si el entonces jefe del Ejército no sabía nada de las falsas identificaciones ¿quién lo sabía? "Dudo que Antonio Moreno [Barberá] y [Eduardo González] Gallarza lo supiesen", prosigue Alejandre en su epístola al general Bretón, aludiendo a quienes eran en esa época jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, respectivamente. "¿[Francisco] Torrente?", insinúa, en referencia al almirante jefe de la Armada, con quien se enfrentó al final de su carrera.

¿Quién lo sabía? Alejandre no es el único que se ha hecho esta pregunta. También la han formulado repetidamente, sin hallar respuesta, las familias de los militares muertos en el accidente. Lo que parece claro, a la luz de lo oído en el juicio, que entra en su fase final con los alegatos del fiscal y las acusaciones, es que mucha gente estaba al corriente de que casi la mitad de los 62 cadáveres fueron repatriados sin identificar y se les enterró o incineró con nombre falso.

Según Bulent Sam, uno de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar, el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico, y el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta en el que se comprometían a identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles. Aunque alegaron que no entendieron el sentido del acta porque estaba en turco, el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. El forense turco reveló además que los dos generales recibieron una copia del acta tras firmarla, aunque jamás ha aparecido. Como tampoco lo han hecho las fichas que sirvieron para elaborarla y que, según confesó Navarro, destruyó después de que estallase el escándalo. Pero aunque Navarro y Beltrán no hubieran informado a la cúpula del departamento, sí lo hizo como mínimo el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien, según dijo en el juicio, nada más llegar a Madrid, el mismo día del funeral, advirtió a sus superiores, en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.

Oficialmente, algunos de ellos lo habían sido gracias a objetos personales como anillos con el nombre del cónyuge y la fecha de la boda. Cuando las viudas los reclamaron, Defensa les contestó -y no sólo a ellas, sino también al Congreso, en respuesta por escrito- que habían sido enterrados en los féretros por orden del juez turco. Mentía: ningún juez turco intervino en el caso y, cuando se reabrieron los ataúdes (para intercambiar los cadáveres erróneamente asignados a familias que no eran suyas), los anillos no estaban dentro. Su desaparición es uno de los misterios sin aclarar.

Tampoco se ha explicado quién ordenó desactivar el equipo de catástrofes de la Guardia Civil, que estaba ya listo en la base de Torrejón para salir hacia Turquía con todo el material necesario para realizar una identificación correcta. Y por qué.

El tribunal ha tendido un cortafuego alrededor a los tres mandos militares que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Trillo ni siquiera ha sido citado como testigo, igual que Jiménez-Ugarte, y la declaración de Beltrán, imputado en la instrucción pero no en el juicio, fue desmontada por el testimonio de los forenses turcos. Con estos mimbres, puede haber sentencia. Pero será muy difícil explicar la razón de que los acusados actuaran como lo hicieron."¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste?", le reprocha el general Alejandre a Bretón en su misiva.

En el caso Yak-42 hubo algunos que supieron y muchos que no quisieron saber. Al menos, cuando aún era tiempo.

(www.elpais.com, 20/04/09)

6. RAJOY Y AGUIRRE SALEN EN DEFENSA DE TRILLO, DESAPARECIDO DE LA ESCENA PÚBLICA

Mariano Rajoy y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se afanaron en respaldar al exministro de Defensa Federico Trillo cuando se les preguntó por su posible responsabilidad en el caso. ¿Y dónde estaba Trillo? Desaparecido de la escena pública desde que comenzara el juicio, donde se juzga a algunos de sus colaboradores.

Rajoy sostuvo , en declaraciones a Punto Radio, que Trillo tiene "tranquilidad de conciencia" y que solo está preocupado por las sanciones que pudiera recibir el que fuera su equipo. Esperanza Aguirre, por su lado, pidió que no se criminalice a quien, bajo su punto de vista, intentó "acortar el sufrimiento de las familias", aunque "muy probablemente" se equivocara.

(www.elperiodico.com, 22/04/09)

7. AZNAR RECLAMA AL GOBIERNO QUE FLEXIBILICE EL MERCADO LABORAL

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha reclamado al Gobierno que flexibilice el mercado laboral para poder atajar el crecimiento del paro. Así, el anterior mandatario ha lamentado que Europa "prefiera subsidiar" al desempleado en vez de incentivarle a buscar un nuevo trabajo, y ello porque se trata de un sistema laboral caracterizado por la "carencia de flexibilidad y dinamismo" que "paga un precio en términos de renta con el norteamericano".

Frente a esta situación, Aznar ha exigido a los países europeos, y especialmente a España, centrar sus esfuerzos en diseñar una nueva agenda económica para salir de la crisis. "España no puede seguir enviando a 7.000 personas diarias al paro y negarse a hablar de una reforma seria del mercado laboral", ha subrayado el ex presidente del Gobierno.

Ha insistido, en este sentido, en la necesidad de ejecutar una política de empleo basada en tres ejes: la flexibilidad, un aumento de la protección social para desempleados orientada a su formación y un régimen de derechos y deberes que incentive la búsqueda de trabajo. Todo ello complementado con una rebaja de impuestos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y a familias con menores cargas tributarias.

También ha apostado por aumentar la austeridad, recuperar los elementos del pacto de estabilidad -como las finanzas saneadas o el control del déficit-, reducir la competencia desleal con la empresa privada y disminuir el número de las públicas, entre otras medidas.

Durante la jornada sobre reformas económicas organizada por FAES, que ha contado con la presencia del ministro italiano de Políticas Comunitrias, Andrea Ronchi, Aznar ha descartado que la actual crisis económica mundial suponga el fin del sistema de libre mercado ni el comienzo de una "gran depresión".

(www.elpais.com, 20/04/09)

8. BOTELLA: "AZNAR ESTÁ LEGITIMADO POR LA HISTORIA PARA HABLAR DEL PARO"

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y dirigente del PP, Ana Botella, ha afirmado este martes que su marido, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, está "legitimado por la historia" para hablar de creación de empleo porque al comienzo de su mandato había una tasa de paro superior al 20%. "Si hay una persona legitimada por la historia para hablar de creación de empleo es José María Aznar y el gobierno que presidió durante ocho años", ha manifestado la concejala respecto a las críticas que vertió su marido a la UE por subsidiar a los desempleados en lugar de animarles a buscar trabajo.

Aznar y aquel gobierno, ha considerado Botella, "tienen las recetas para salir de la crisis porque ya lo hicieron una vez. No podemos olvidar que en el año 96 había un veintitantos por ciento de desempleo y en esos ocho años se creó la mitad de todo el empleo que se creaba en la UE, y ahora creamos la mitad de todo el desempleo que tiene la UE".

La también responsable municipal de Medio Ambiente hizo estas declaraciones tras visitar el que será parque Cordel de Pavones, en Vicálvaro, que se financiará con parte de los fondos estatales de inversión local y empleará a cincuenta personas hasta final de año. "Creo que algo tendremos que hacer", ha considerado Botella, porque en los últimos meses España está destruyendo empleos "como nunca antes".

La concejala ha agregado un mensaje de "ánimo a los parados porque -ha dicho- seremos capaces de trabajar y de salir de la crisis si contamos con las medidas apropiadas del Gobierno, que por el momento, no llegan".

(www.publico.es, 21/04/09)

9. AZNAR PRESUME DE LOS VIEJOS TIEMPOS

Todos los consultados coinciden en un comentario sobre la comida que, , juntó a 13 de los 15 miembros del primer Gobierno de José María Aznar: fue un momento nostálgico. No sólo porque han pasado 13 años desde la llegada de la derecha al poder tras 14 años de Gobiernos socialistas. Sobre todo por el discurso del ex presidente José María Aznar, que fue quien convocó a todos sus ex ministros para apoyar la candidatura a las elecciones europeas de Jaime Mayor Oreja, muy cercano a él a pesar de que no le eligió como sucesor, ya que optó por Mariano Rajoy.

El ex presidente, a decir de varios comensales, después de dedicar un homenaje a Loyola de Palacio -la ex ministra fallecida- dedicó la mayor parte de su discurso en el almuerzo a reivindicar lo que se hizo en su primer Gobierno y a compararlo con el actual. Aznar se cebó especialmente con la, en su opinión, desastrosa gestión del PSOE. La situación económica centró las conversaciones. No en vano la mayoría de los ex ministros se dedican ahora a sus negocios, entre ellos el magnate Abel Matutes, que se ha dado de baja del PP en medio de las acusaciones de corrupción que acechan a este partido en Baleares.

Rajoy apenas habló, según las mismas fuentes. Algunos dirigentes marianistas se quejaban en privado de que Aznar haya querido ahora subirse al caballo ganador de las europeas después de estar durante meses atacando a Rajoy cuando las cosas iban mal. Algunos comensales apreciaron en ciertos gestos la conocida frialdad entre Rajoy y Aznar.

Mayor, que según fuentes de la dirección, fue quien pidió a Aznar que organizara esta comida y le ayudara en la campaña -también le presentará en un desayuno la próxima semana, y Rodrigo Rato hará lo propio en otro acto- hizo un largo discurso centrado en su asunto favorito: el nacionalismo vasco.

Mientras, Francisco Álvarez Cascos, ex secretario general del partido, tocó el asunto que más preocupa internamente a los populares, el caso Gürtel. Y lo hizo para criticar la "ofensiva" del juez Garzón y de la fiscalía y para pedir al PP que salga al contrataque con más fuerza. Esperanza Aguirre abundó en el asunto y también sacó el caso de Manuel Lamela, su ex consejero, que ha sido citado a declarar esta semana por el caso de las sedaciones en el hospital de Leganés.

(www.elpais.com, 23/04/09)

10. EL PP RECAUDÓ DINERO PARA LIBERTAD DIGITAL, LA EMPRESA DE LOSANTOS

Durante los últimos meses Federico Jiménez Losantos ha sido un dolor de cabeza constante para Mariano Rajoy, pero el líder del PP tampoco podrá descansar del todo si se consuma la salida del locutor de la cadena COPE. Aunque finalmente abandone la cadena de los obispos, Losantos dispone de su propia red de comunicación, y si la tiene es precisamente porque ha sido el PP el que salvó Libertad Digital (LD) de sus graves dificultades económicas. Fue en 2004, tras la derrota electoral del PP, con la participación clave de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre y del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes. Mariano Rajoy ni se enteró de la operación.

Libertad Digital S.A., la empresa de comunicación participada por Losantos y presidida por el consejero de Caja Madrid Alberto Recarte, empezó en Internet y se extendió posteriormente a la televisión. En 2004 atravesaba serias dificultades económicas, agravadas por una derrota electoral del PP que mermaba sus ingresos y expectativas, como explica en su blog Ignacio Escolar, ex director de Público.

El 9 de septiembre de aquel año, la empresa lanza una ampliación de capital por valor de 5,34 millones para cubrir los agujeros, aunque como reconoce la propia empresa es más la solicitud de un donativo que una oportunidad para inversores que esperasen rentabilidad. Así, la notificación de Libertad Digital S.A. a la CNMV justificaba posibles "pérdidas de ingresos futuros" en "nuestra defensa de un ideario liberal-conservador", e insisten en que "no podemos dar garantías económicas de rentabilidad futura del proyecto". Los nuevos accionistas tampoco participarían del control de la compañía, que seguiría en manos de sus fundadores.

Losantos confiaba en su popularidad para alentar a sus oyentes y lectores, pero la colecta fracasó. Entonces recurrió al PP, como explica Escolar: "Durante el fin de semana del 23 al 24 de octubre de 2004, se reunió con dos de sus principales aliados en la derecha: Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre". Desde el PP han confirmado al periodista que la pretensión de Losantos era que el partido utilizase su influencia entre empresarios afines para que cubrieran la ampliación de capital de Libertad Digital, y quedaba poco tiempo, apenas una semana. Acebes y Aguirre se comprometieron a ayudarle, pero la presidenta regional pensaba que había más garantías si se hacía desde el PP nacional, y por tanto fue el secretario general el que se encargó de las gestiones junto a otros miembros del aparato del partido.

Además, desde Génova aseguran que Acebes ocultó la operación a Mariano Rajoy y éste ni se enteró de que su partido estaba salvando a quien después intentaría evitar que continuara al frente del PP.

(www.elplural.com, 20/04/09)

11. CATALUÑA. AFINES A FERNÁNDEZ DÍAZ CONECTAN LOS CASOS DE LOS BURDELES Y LA EXTORSIÓN

Alberto Fernández Díaz, máximo responsable del Partido Popular (PP) en Barcelona y en su día presidente de la formación en Cataluña, ha sido el padrino político de los imputados en el caso Saratoga -de prostitución- y en el caso Store Café -de corrupción y soborno-. Incluso ha aupado a puestos de responsabilidad en el PP a familiares de los implicados. La tupida trama de compraventas políticas y familiares abarca desde los tres abogados imputados en el caso de los prostíbulos de Castelldefels -del despacho Corporación Legal- hasta los dos militantes del PP acusados de cobrar dinero por agilizar licencias de apertura de bares en el barrio de Gràcia. Y por mucho que Fernández Díaz insista en que ambos casos no están relacionados, uno de los militantes, Alberto Belón -consejero del distrito de Gràcia y asesor del propio Alberto en el Ayuntamiento-, trabajó para Corporación Legal por su amistad con el letrado Fernando Martínez. Éste incluso ha organizado diversos actos electorales con empresarios para las campañas electorales de Alberto Fernández.

En el caso Saratoga están implicados los tres socios fundadores del despacho Corporación Legal: Fernando Martínez, Àlex Garberí y Carlos Carretero, por incitar presuntamente las redadas policiales en los prostíbulos para después erigirse en defensores de los acusados. Martínez y Garberí salieron bajo fianza de 20.000 euros, y Carretero, en libertad con cargos. Martínez ha sido presidente del PP en Les Corts y consejero de distrito. El padre de Carretero ha ocupado también ambos cargos, pero en el distrito de Horta-Guinardó.

Por su parte, en el caso Store Café están imputados Alberto Belón y el concejal de Vallirana Antonio Penalba. La propietaria de este bar de la Travessera de Dalt asegura que ambos le pidieron 18.000 euros -de los que pagó 6.000- para resolverle los problemas administrativos para la apertura del bar. Todos los imputados son viejos conocidos de Alberto Fernández Díaz.

- Militancia universitaria. La amistad del abogado Fernando Martínez, el principal socio de Corporación Legal, y Alberto Fernández Díaz se remonta a la época en la que estudiaban en la Facultad de Derecho. Se conocieron militando en el sindicato Organización Catalana de Estudiantes Universitarios (OCEU), próximo al PP. Cuando Fernández Díaz cogió las riendas del partido en Cataluña, situó a Fernando Martínez como número tres, en el cargo de vicesecretario de Organización, y después al frente del Comité de Derechos y Garantías, encargado de las actas de expulsión de los militantes. De este comité formaba parte también Alberto Belón. De ahí surgió la amistad entre Belón y Martínez, hasta el punto de que este último le contrató para trabajar en su despacho de abogados.

Alberto Fernández Díaz tenía en Martínez un fiel colaborador y le mantuvo hasta 2004 como presidente del partido en Les Cortes y como consejero de distrito.

La relación entre Alberto Fernández y Fernando Martínez no se limitó al propio organigrama del partido. Martínez, como presidente de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y gran conocedor de la noche barcelonesa, ha organizó para Alberto algunos actos electorales con empresarios.

En el último congreso del PP catalán, en julio de 2008, a ambos se les vio juntos recogiendo avales para la actual presidenta, Alicia Sánchez-Camacho. Sin embargo, la relación entre Fernández Díaz y Martínez se ha deteriorado en los últimos meses. El abogado firmó a favor de la candidatura del nebrerista Santiago Gotor para presidir el partido en la provincia de Barcelona.Otro de los socios fundadores del bufete Corporación Legal e implicado en el caso de los prostíbulos, Carlos Carretero, también es un viejo conocido de Alberto Fernández. Su padre, Fernando Carretero, fue presidente del PP en Horta-Guinardó y todavía continúa como consejero de distrito. Según fuentes del PP, este dirigente es uno de los "intocables" de Alberto Fernández, entre otros motivos por sus buenas relaciones con las casas regionales del barrio.

- Abogado, consejero y asesor. A pesar de su juventud, Alberto Belón, imputado en el caso Store Café, ha tenido una carrera envidiable en el PP de Barcelona. Conoció al abogado Fernando Martínez en el Comité de Derechos y Garantías del PP. Después éste le contrató para trabajar en su despacho de abogados y, una vez finalizada la relación laboral, convenció a Alberto Fernández para ocupar un cargo de asesor en el grupo municipal del PP de Barcelona. Alberto también le designó consejero del Distrito de Gràcia, de cuya comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente forma parte. Belón dimitió la pasada semana de este cargo cuando se conoció su imputación en el caso de soborno del Store Café.Belón rechaza todo vínculo con el caso del bar de la Travessera de Dalt. Asegura que no conoce a su propietaria, pero nada dice de su relación con el ex compañero sentimental de ésta, encargado de tramitar la documentación del bar. Y reconoce que desde el Ayuntamiento se asesora a empresarios en sus trámites administrativos con el Ayuntamiento de Barcelona. A Antonio Penalba, concejal de Vallirana e imputado en el mismo caso, Belón no le conocía con anterioridad. Fuentes del PP aseguran que Belón supo de Penalba por mediación del mismo Alberto Fernández Díaz, lo que desmienten fuentes oficiales de la formación.

- Concejal y asesor. El segundo implicado en el caso Store Café es Antonio Penalba, que encabezó la lista del PP en el Ayuntamiento de Vallirana (Baix Llobregat) y en la actualidad es concejal de Relaciones Institucionales. Tiene un despacho de asesoramiento legal y consultoría.

Penalba no sólo es muy amigo de Alberto Fernández Díaz, sino también de la actual presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, con quien entabló amistad por cuestiones de familia, en la época en que la líder popular estaba casada. Penalba incluso participó en algunas campañas electorales en Girona cuando Sánchez-Camacho presidía el partido en esa provincia.

Aunque fuentes oficiales del PP lo desmienten, Antonio Penalba entró a militar en la formación de la mano de Esteban Gesa, un técnico de la sede catalana del partido y, casualmente, hermano de Gema Gesa, secretaria personal y mano derecha de Alberto Fernández en el Ayuntamiento. De ahí la amistad entre Penalba y Fernández Díaz. Éste influyó para colocar a Penalba como cabeza de lista en Vallirana, cuando el partido en la provincia de Barcelona lo presidía Dolors Montserrat, una reconocida fernandista.

(www.elpais.com, 20/04/09)

12. GALICIA. EL GOBIERNO DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY GALLEGA DE IGUALDAD

El de Alberto Núñez Feijóo es "un Gobierno inválidamente constituido". Así de tajante se mostró el portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, después de examinar la composición del nuevo Ejecutivo, del que forman parte siete hombres (incluido el presidente) y sólo cuatro mujeres.

La disposición transitoria cuarta de la Lei de Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia, aprobada en 2007, exige que ambos sexos tengan una representación en el Consello de la Xunta de al menos un 40% (en el Gobierno de Núñez Feijóo la proporción de mujeres no pasa del 36%).La acusación del PSdeG no tardó en tener respuesta. El nuevo Ejecutivo, a través de un comunicado, negó estar incumpliendo la ley porque desde su punto de vista el presidente de la Xunta y los conselleiros del Gobierno "son órganos diferenciados". Para apoyar esta teoría, la Xunta cita el artículo 152 de la Constitución, que "establece claramente que el Consejo de Gobierno y el presidente asumen competencias distintas".

El presidente, sin embargo, forma parte del Consello, tal y como dice la Lei reguladora da Xunta e do seu Presidente en su artículo 2: la Xunta "está compuesta por el presidente, vicepresidente o vicepresidentes -en su caso- y los conselleiros; todos ellos constituyen conjunta y colegiadamente el Consello".

El incumplimiento de la ley, aseguró Leiceaga, crea una situación de "inseguridad jurídica" porque, al haber constituido la Xunta en contra de la ley, cualquier decisión que tome puede ser impugnada. Si el Gobierno opta por ignorar esta situación, existen "otras vías" para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de la legislación en materia de paridad, aunque el portavoz socialista no quiso adelantar cuáles. Lo mejor, sugirió Leiceaga, sería que Feijóo destituyera al titular de Política Territorial y lo reemplazase por una mujer. De ese modo, ironizó, resolvería tres problemas:

tener un conselleiro que incumple la ley de incompatibilidades, respetar la ley de igualdad y, si además elige a alguien de la provincia de Lugo, corregir el desequilibrio territorial del nuevo Gobierno.

El PP reaccionó a la petición del PSdeG con un comunicado en el que su portavoz, Manuel Ruiz Rivas, acusa a los socialistas de intentar "derivar la atención" ante "el temor de que puedan salir a la luz datos comprometedores" sobre Manuel Vázquez, el principal aspirante a hacerse con el liderazgo del PSdeG en el congreso extraordinario que comienza mañana en Pontevedra.

(www.elpais.com, 23/04/09)

13. GALICIA. UN EX CONSELLEIRO DEL PP GOBERNARÁ EN ABEGONDO GRACIAS A UN TRÁNSFUGA

José Antonio Santiso Miramontes, ex conselleiro de Agricultura con el PP durante el último mandato de Fraga en la Xunta, recuperó la alcaldía del concello coruñés de Abegondo al consumar la moción de censura contra el que hasta ahora ocupaba el cargo, Juan José Rocha, líder de APdeA, grupo formado tras una escisión del PP. De esta forma, Santiso acabó con el mandato de Rocha en este concello después de cuatro años al frente del gobierno municipal. Una responsabilidad heredada en primera instancia del propio Santiso, cuando este saltó a la política autonómica, y después gracias a un pacto alcanzado por su agrupación junto al BNG y al PSOE al principio de esta legislatura.

Santiso justificó la legitimidad de la medida argumentando que "el grupo popular obtuvo la mayoría simple en las pasadas elecciones y lo justo es que gobernase la lista más votada". Santiso Miramontes criticó también el clima de "inestabilidad" del gobierno local que se desató "el pasado mes de marzo con la dimisión del edil del PSOE, Manuel Eladio Fernández, y dejar al gobierno en minoría".

Por su parte, el alcalde saliente, Juan José Rocha, se limitó a leer una especie de comunicado institucional en el que dio cuenta de su "orgullo y satisfacción" del trabajo bien hecho por su gobierno en estos dos años, tiempo en el que avanzó en la "modernización y transparencia" de la administración o en "la liquidación de deudas heredadas por un importe de 800.000 euros". En su despedida, Rocha citó a los vecinos del municipio para las próximas elecciones.

Manuel Eladio Fernández consumió un ajustado turno de intervención en el que su único argumento para justificar la moción de censura fue denunciar que se sentía "muy incómodo" con el trato que le dio la anterior corporación.

(www.lavozdegalicia.es, 21/04/09)

14. ANDALUCÍA. UN EX ALCALDE AFRONTA 30 AÑOS DE CÁRCEL Y 111 DE INHABILITACIÓN POR PREVARICAR

El ex alcalde de Valle de Abdalajís (Málaga, 2.908 habitantes), Tomás Gómez Arrabal, del Partido Popular, se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para cargo público por doce delitos continuados de prevaricación urbanística. El Ministerio Público también acusa a otros cuatro concejales de la localidad, a los que se pide un total de 51 años de cárcel por participar en las juntas de gobierno local que concedieron numerosas licencias de obra ilegales entre 2001 y 2004, informa Efe.

El fiscal entiende que dichas licencias se concedieron "a sabiendas de que los expedientes administrativos incoados para ello, no se habían tramitado por el procedimiento legalmente establecido". Los imputados otorgaban las licencias pese a que los expedientes no contaban con los preceptivos proyecto técnico y de actuación de las obras. En todos los casos el técnico municipal había emitido un informe en el que advertía de la necesidad de que se aportar tales documentos.

El secretario de la Corporación también advirtió a los ediles de que los expedientes no reunían los requisitos necesarios para otorgar las licencias. A pesar de los citados informes, los acusados concedieron las licencias "a sabiendas de que por tratarse de una resolución contraria a derecho resultaban ser totalmente arbitrarias e injustas", dice el fiscal.

(www.elpais.com, 18/04/09)

15. ANDALUCÍA. EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PAGA 84.000 EUROS ANUALES A UN EDIL DE RITA BARBERÁ POR HACER LOS FUEGOS DE LA FERIA

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga ha denunciado que el equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Málaga, ha contratado el espectáculo de fuegos artificiales que clausura de la Feria de Málaga -durante los cuatro últimos años y este próximo también-, a un concejal de su mismo partido en el consistorio de Valencia. Según fuentes socialistas, la empresa Garuda, ha sido contratada de forma reiterada siendo propiedad de un concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia y ello es, a juicio de los socialistas, una "posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades" por la doble condición de concejal y de empresario del dueño de la empresa.

Según el portavoz socialista, Rafael Fuentes, además de una inmoralidad política es un posible trato de favor". La oposición socialista dice poseer documentación donde se demostraría que el Ayuntamiento adjudica desde 2005 el espectáculo pirotécnico, con motivo de la clausura de la Feria de Agosto a la empresa Garuda, propiedad del concejal del Ayuntamiento de Valencia Juan Vicente Jurado Soriano.

Se da la circunstancia además que Jurado Soriano es responsable, en régimen laboral de exclusividad, del departamento de Alumbrado y Fuentes Ornamentales. El precio abonado a cuenta de los presupuestos municipales ha oscilado entre los casi 80.000 euros en 2005 a los 84.000 para los años 2008 y 2009.

Jurado Soriano es el propietario y único accionista de Garuda, siendo los administradores de la empresa él mismo y dos de sus hijas, mientras que como accionista figura la empresa Representaciones Valencianas, de la que Jurado Soriano es propietario junto con sus hijas en un 97 por ciento.

Según denuncia "La Opinión de Málaga", Jurado Soriano aparece como el representante de la empresa y firmante de todos los escritos y documentos que Garuda debe cumplimentar con el Ayuntamiento como exigencia a la hora, primero, de realizar su oferta y, después, de confirmar el contrato. Jurado Soriano es concejal del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Valencia, que preside la alcaldesa Rita Barberá.

El PSOE considera que el concejal del PP y propietario de Garuda debería estar afectado por la Ley de Incompatibilidades y para poder compatibilizar ambas actividades, la pública y la privada, Jurado Soriano tendría que haber solicitado y obtenido un permiso especial por parte del pleno del Ayuntamiento, cosa que no consta, según ha verificado el PSOE. Es por todo ello que el grupo socialista va a solicitar la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, "para que ofrezca todas las explicaciones necesarias sobre este procedimiento teñido de irregularidades", concluyó el portavoz municipal del PSOE, Rafael Fuentes.

(www.elplural.com, 22/04/09)

16. ANDALUCÍA. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA LA GESTIÓN DEL PP EN SANLÚCAR

La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha apreciado indicios de delito en la gestión municipal que llevó a cabo el Partido Popular en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) entre 2002 y 2005. Su titular, Virginia Alonso, ha presentado en los juzgados una denuncia por los delitos de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Entre los imputados figura el entonces primer teniente de alcalde del consistorio, el popular Rafael Rubio, y el delegado municipal de Hacienda y compañero de filas Marco Antonio Caballero, ahora concejal de la oposición, dirigido desde las últimas elecciones municipales por la socialista Irene García.

Fue el actual gobierno del PSOE el que tras advertir posibles irregularidades en varios documentos públicos trasladó al fiscal la información. Como resultado, Anticorrupción denuncia la supuesta existencia de un total de nueve facturas falsas por valor de 21.821 euros, firmadas por los dos ex concejales imputados que rubricaron los pagos a diversas empresas por servicios que nunca se materializaron.

En el listado de personas que la fiscal Alonso ha trasladado al juzgado de Sanlúcar también se encuentran el interventor municipal, la secretaria de Rubio y los responsables de las compañías a las que supuestamente se les transfirió, sin que conste trabajo alguno que justifique el pago, fondos de las arcas municipales de Sanlúcar, que arrastran una deuda de 108 millones de euros.

(www.elpais.com, 24/04/09)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL ESPAÑOL

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado la "manía de todo el mundo" por mantener el marco laboral actual, que no facilita la contratación, es "obsoleto, franquista, anacrónico y generador de parados", y ha abogado por cambiarlo "para mejor" y equipararlo al de la Unión Europea.

Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, donde ha dicho que coincide con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez , en criticar "la manía de todo el mundo" en mantener un sistema laboral que tiene "grandes problemas de contratación" y que ha convertido a España "en una fábrica de generar parados".

Un sistema, ha añadido, que "no es comparable con el de todos los demás países" europeos que crean empleo, mientras España "es el único que genera paro", tal y como, ha dicho, han reconocido el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el gobernador del Banco de España.

"Nuestro marco laboral consiste en que cada vez que hay una crisis, aunque el crecimiento de la economía sea el mismo, o incluso el decrecimiento sea menor que en el resto de los países europeos, la generación de paro es inmensa", ha indicado la presidenta madrileña, que también ha coincidido en este extremo con Fernández Ordóñez.

Ha manifestado al respecto que si España "ha generado 1,3 millones de desempleados, nos cargamos los 250.000 empleos nuevos que se han creado en el resto de los países de la Unión", donde el índice de paro es de "un 3, un 6 o un 5%" porque no existe "esa manía de mantener un sistema laboral obsoleto, franquista, retrógrado que no hace más que generar parados", ha aseverado.

Aguirre ha indicado asimismo que no se trata de "abaratar" el despido sino de "tener verdadera libertad de contratación" y de cambiar el marco laboral actual.

(www.publico.es, 22/04/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS"

Ni funcionarios, ni sindicatos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, como buena liberal, no es amiga ni de unos ni de otros. Y la andanada les tocó a los primeros: "Es una vergüenza que quienes tienen un empleo fijo y garantizado como los funcionarios tengan una subida del 5% cuando los precios bajan el 1% y cuando 7.000 españoles van al paro todos los días".

Aguirre convirtió un acto público para presentar el proyecto del nuevo acceso a Alcalá de Henares desde la M-300 en un ataque a los funcionarios y al Gobierno estatal. "Si no hemos congelado el sueldo a los funcionarios [de la Comunidad de Madrid] es porque no nos deja la ley del Estado", lanzó ufana la presidenta tras alardear de que ha sido la primera en actuar contra la crisis al congelar la nómina de los altos cargos y reducir el número de consejerías. Olvidó mencionar que los sueldos de su Gobierno no quedaron en la nevera y sí han subido. Poco, pero han crecido. "Se les aplicó un corrector mínimo. Pero un aumento al fin y al cabo", dicen los sindicatos.

"Con demasiada frecuencia carga contra los 200.000 empleos públicos que trabajan para el Gobierno que ella preside. Parece que somos los culpables de la crisis o incluso de sus problemas políticos", argumentó Juan Luis Martín Sierra, secretario de política sindical de UGT. "Es sorprendente que Aguirre hable de una subida del 5% cuando el incremento en la nómina de los empleados de la Administración regional es del 2%, establecido en los presupuestos del Estado". "El convenio de los funcionarios públicos venció en diciembre de 2007 y se niegan a negociarlo", agrega Juan Antonio Olmos, representante de Comisiones Obreras. "Es una demagogia que arremeta contra el sueldo de los empleados públicos, cuando no se quiere sentar a negociar el convenio", concluye.

Es conocido el poco aprecio que tiene la presidencia por los servicios públicos, a los que ha llegado a calificar de "monopolios". Por eso ha embestido en repetidas ocasiones contra los funcionarios. En marzo espetó sin pudor en la cámara regional que "si todos los españoles fueran funcionarios, habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción". Y tan tranquila. Lapidaria frase que dejó boquiabiertos a los diputados de la oposición, que le habían cuestionado si consideraba que el empleo público es un factor de calidad y estabilidad en el mercado laboral. Entonces, su posición quedó clara por si alguien tenía dudas. Atrás quedan también sus enfrentamientos con funcionarios de Educación, Sanidad y Justicia de la Administración regional por su estrategia de privatizar los servicios públicos.

(www.elpais.com, 21/04/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PLANEA OTRA LEY PARA CAJA MADRID TRAS LA SUSPENSIÓN JUDICIAL

Otro revés para Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno a finales de marzo contra el artículo 28 de la Ley de Cajas de Madrid aprobada por el Ejecutivo regional al cierre de 2008. Dicho artículo modifica los criterios establecidos en la ley de 2003 sobre la proporcionalidad en la representación de los ayuntamientos.

La admisión del recurso supone la suspensión cautelar de ese artículo durante cinco meses y quizá, en función de la interpretación que se haga, la paralización del proceso electoral que debería terminar en septiembre con la renovación del presidente de la entidad, Miguel Blesa.

Ante esta adversidad, el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, ofreció -a las pocas horas de conocerse la noticia- la posibilidad de "iniciar conversaciones" con el Gobierno central para modificar la ley y alcanzar un consenso con el que reanudar las elecciones en la caja.

Si hubiera consenso político amplio -que pasa por unir a los representantes del alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón- el consejo de la caja adaptaría los estatutos a la última ley y se votarían en la asamblea de la caja. Las elecciones podrían iniciarse a final de julio o septiembre.

Sin embargo, otras fuentes opinan que si se considera que el Constitucional ha anulado la ley de Aguirre, está vigente la de 2003, que marcó el inicio del proceso electoral. Así Gallardón podría intentar reanudar las elecciones si domina la comisión de control.

Comisiones Obreras cree que el tribunal ha paralizado la ley y sólo se puede esperar cinco meses hasta su resolución y rechaza la propuesta de Beteta.

Por otro lado, la agencia de evaluación de riesgos Fitch ha rebajado la calificación de Caja Madrid por el "rápido" deterioro de sus activos. La deuda a largo plazo pasa de AA- a A+ y la calificación individual, de B a B/C.

(www.elpais.com, 23/04/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS DESGAJA EL 'ÁREA DE LOS ESPÍAS'

Los casos de supuesto espionaje a altos cargos del PP de Madrid han dejado una profunda cicatriz en la Consejería de Presidencia e Interior, que dirige Francisco Granados. Las funciones de los 39 trabajadores del área de Seguridad son difusas. La fugaz comisión de investigación celebrada en la asamblea para esclarecer los casos de espionaje apenas pudo determinar a qué se dedicaban algunos de estos trabajadores. Ahora, Presidencia e Interior se prepara para una reorganización que pasa por la asignación de los cerca de 40 trabajadores a cuatro áreas diferentes distribuidas en otras consejerías, según precisan fuentes del Gobierno regional.

La decisión está relacionada con el convenio firmado con el Ministerio de Interior por el que se crea una unidad del Cuerpo Nacional de Policía, integrada por 80 agentes, adscrita a la Comunidad de Madrid. Según el convenio, se crearán cuatro departamentos, entre los que se encuentran el área para la preparación de eventos con personalidades públicas, la unidad para el tratamiento de datos confidenciales -como matrículas de coches-, la unidad para la coordinación de la seguridad física del complejo gubernamental de la Puerta del Sol y otra área para supervisar la actuación de los servicios de seguridad privada contratados en diversas sedes de la Comunidad de Madrid. El plan fue explicado por Granados en sede parlamentaria hace unas semanas.

Enrique Barón, director general de Seguridad e Interior de la Consejería de Presidencia e Interior, está comunicando los cambios a los trabajadores, según fuentes del Gobierno regional.

La reordenación del área de Seguridad, avanzada por el diario gratuito ADN, despertó los rumores sobre una posible crisis de Gobierno del Ejecutivo de Aguirre. Pero tanto la propia presidenta, Esperanza Aguirre, como el vicepresidente, Ignacio González, se apresuraron a desmentirlo. "Es pura especulación y no hay nada más", comentó González en referencia a posibles cambios en la dirección de la Consejería de Presidencia e Interior. La figura de Granados ha perdido peso político en el Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Descartada una reordenación inmediata de las consejerías, la decisión se aplaza para después del verano. Fuentes populares cuentan con que una vez pasadas las elecciones europeas y las vacaciones estivales se produzca una reforma del Gobierno regional para encarar la recta final de la legislatura.

El área de Seguridad dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior cuenta con 39 trabajadores. La mayoría de ellos tienen una actividad programada a diario que se detalla en partes internos. En el organigrama de la Dirección General de Seguridad, que dirige Enrique Barón, figuran los destinos de los casi 40 trabajadores. Ocho agentes están destinados al complejo de la presidencia, otros siete están asignados a diferentes consejerías, otros dos se encargan de la seguridad electrónica y nueve empleados figuran en la seguridad de exteriores. En la estructura figura un agente técnico de guardia asignado a la sede de la consejería en la calle de Gobelas, número 34. Hay un trabajador al cargo de los vehículos de la Dirección General de Seguridad, y otro de la informática. Cinco trabajadores tienen una baja laboral prolongada y otros tres están liberados por ser representantes sindicales. Los dos trabajadores restantes están al servicio del director general de Seguridad, Sergio Gamón.

Este alto cargo fue destituido por Francisco Granados en junio de 2008 tras acceder con un grupo de funcionarios a una oficina de la Consejería de Justicia, cuyo titular denunció el robo de un ordenador. Pero Gamón encontró acomodo en un área de Seguridad paralela de la Comunidad de Madrid, bajo las órdenes del vicepresidente regional, Ignacio González.

Los dos agentes al servicio de Gamón son José Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto (técnico especialista de Seguridad). Ambos son compañeros desde hace cinco años. Pinto ha sido identificado como uno de los que supuestamente elaboraron los informes de seguimientos a altos cargos del PP de Madrid durante el pasado año, según una prueba pericial caligráfica encargada por este diario. Pero otro informe pericial encargado por la Comunidad desvincula al mismo agente de los espionajes.

José Manuel Pinto y José Palomo son los únicos de los 39 agentes que no tienen una actividad definida en el estadillo de funciones diario. Ambos desarrollan su trabajo en el turno diurno. En los partes de trabajo sólo aparecen referencias que les vinculan al servicio del director general.

Tras estallar el caso de los supuestos espionajes a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, los dos agentes redactaron una carta a sus compañeros. En el documento justificaban sus tareas y negaban que hubieran espiado a políticos. A la vez criticaban al resto de sus compañeros porque, según escribieron, se sentían "despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores, por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de seguridad".

(www.elpais.com, 24/04/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX CONSEJERO LAMELA, INVESTIGADO POR FALSEDAD EN EL CASO MONTES

El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), declarará en el juzgado por un presunto delito de denuncia falsa y falsedad contra los doctores Luis Montes y Miguel Ángel López Varas, al haberles acusado de practicar sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), que luego resultaron ser falsas.

Al ex consejero le acompañarán los seis médicos que formaron parte del comité de expertos creado a instancias del propio Lamela. Los facultativos emitieron un informe en mayo de 2005 en el que acusaban a Montes, entonces jefe de Urgencias del Severo Ochoa, y a su equipo de haber causado la muerte a centenares de enfermos terminales al aplicarles sedaciones irregulares. El caso fue finalmente archivado por los tribunales. Y a los doctores se les exculpó de mala praxis médica.

La titular del juzgado de Instrucción 43 de Madrid, María del Coro Cillán, emitió una providencia en la que admite la querella presentada por Montes y López Varas contra Lamela y su equipo de expertos. Todos ellos declararán el próximo 9 de junio en los juzgados de Plaza de Castilla.

"Lamela cometió una serie de tropelías indescriptibles contra nosotros y esta actuación judicial demuestra el despropósito de todo aquello", afirmó a Público Miguel Ángel López Varas. Este médico, que se vio obligado a dejar su trabajo en el hospital de Leganés ante las "presiones insoportables" a las que fue sometido, se mostró "satisfecho" por la decisión de la jueza. "Han pasado ya varios años pero ha quedado demostrado que actuamos correctamente, que no hubo jamás ni media sedación irregular y que la Consejería de Sanidad ha perdido", añadió el compañero de Luis Montes. Aun así, se mostró muy escéptico ante la posibilidad de ser indemnizados: "Si nos dan un euro por Lamela, ya podemos dar las gracias".

En su querella, Montes y López Varas señalaban al ex consejero de Aguirre como el principal responsable de la "campaña" que se inició contra ellos. La investigación partió de una "denuncia anónima" que acusaba al equipo de Urgencias del hospital de Leganés de cometer centenares de homicidios por sedaciones irregulares.

Montes fue destituido. Su defensa basó entonces la querella contra Lamela en que dichas sedaciones habían sido "sometidas a inspección previamente, incluso por el Comité de Ética del Hospital Universitario deGetafe". No obstante, Lamela obvió este informe y encargó uno nuevo. Conclusión: "No hubo indicios para plantear la denuncia".

(www.publico.es, 18/04/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. "SINVERGÜENZA, ¿VIENES A DENUNCIARNOS?"

"Sinvergüenza, ¿vienes a denunciarnos?". Es el recibimiento con el que Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, se ha topado esta mañana al llegar al hospital Severo Ochoa de Leganés. El aguirrista ya está acostumbrado a los encontronazos con los sindicalistas, a los que suele descalificar siempre que tiene oportunidad, pero el motivo de las protestas no era su nefasta política sanitaria privatizadora sino su decisión de acudir a este centro apenas tres días después de que el Juzgado admitiera la querella del doctor Luis Montes –acusado y absuelto en el llamado caso Leganés- contra su antecesor en el cargo, Manuel Lamela. La actitud de Güemes ha sido considerada una "provocación" por los sindicatos, que se han apresurado a recordarle que "hoy no toca" porque le verán "el 9 de junio en el Juzgado".

Los antecedentes más inmediatos del último rifirrafe entre Güemes y los manifestantes se remiten al viernes pasado, cuando el Juzgado admitió una querella de los doctores Luis Montes y Miguel Ángel López Varas contra Lamela y otros seis médicos por denuncia falsa y falsedad en el llamado caso Leganés.

Las raíces del problema se remontan, no obstante, a mayo de 2005, cuando los médicos ahora denunciados elaboraron un informe a petición del entonces consejero acusando a Montes y a su equipo de sedaciones irregulares de enfermos terminales en las urgencias del hospital. El caso finalmente fue archivado por los tribunales, pero los perjudicados intentan resarcir su honor y se han querellado contra los que fueran sus inquisidores. El viernes pasado, además de admitirse la denuncia, se citó a Lamela el 9 de junio.

Precisamente, a esta fecha se ha referido la comitiva que recibió a Güemes. "Hoy no toca. Mejor el 9 de junio en el Juzgado. Tú ve con Lamela, que nosotros acompañaremos a Montes", rezaban las pancartas de una decena de trabajadores. "Sinvergüenza, ¿vienes a denunciarnos?", gritaban. La secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el hospital, Isabel Serrano, apuntalaba las protestas: "¿Por qué viene hoy, después de las noticias del viernes? Sigue con la provocación. No es el momento. Lo veremos el día 9".

Al increpado, entre tanto, no se le ha ocurrido otra cosa que atizar los ánimos con declaraciones muy de su estilo. Así, esta mañana ha asegurado que la querella contra Lamela es "puramente política" y debe situarse en un "contexto preelectoral". El consejero ha desviado la atención preguntándose "por qué el PSM en colaboración con el doctor Montes promueve una querella contra Lamela y no contra la ex ministra (de Sanidad) Elena Salgado si hicieron exactamente lo mismo ese día" –remitir una denuncia de supuestas malas prácticas que llegó a la Consejería y al Ministerio a la Fiscalía-.


Güemes ha recordado que la iniciativa legal se ha admitido pero "no va a llegar más lejos que la propia campaña electoral", indicando que el aceptarla "no significa, ni mucho menos, que Manuel Lamela tenga ninguna responsabilidad". El gracioso consejero también ha tenido tiempo para cargar contra el juez que instruyó el caso Gürtel, que nada tenía que ver en el asunto, asegurando que "las únicas querellas que no se admiten a trámite son las del juez Garzón". Tales palabras no parecen, sin embargo, de su cosecha: Esperanza Aguirre había asegurado lo mismo el sábado 18 de abril.


Aguirre, que acudió a los actos de posesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, afirmó que en el caso Leganés "no hay ninguna denuncia falsa". Lo que ocurrió, según dijo, es que las referencias a "malas praxis o sedaciones excesivas" no se pudieron demostrar porque "no se habían hecho las autopsias". Tal como ella cree, no es que las prácticas equivocadas no ocurrieran sino que no se consiguió probarlas. "Y como dice alguien en el mundo judicial: en día las únicas querellas que no se admiten a trámite son las que se hacen contra el juez Garzón, todas las demás se admiten", concluyó en relación a la causa contra Lamela.

(www.elplural.com, 21/04/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. SEGUNDA HUELGA EN TELEMADRID EN UNA SEMANA

La pantalla de Telemadrid y el sonido de Onda Madrid desaparecieron , una vez más. Los niños estaban viendo un programa de dibujos japoneses, Doraemon, cuando a las diez de la mañana apareció el rotulito: "Una nueva huelga de CC OO, UGT y CGT impide que Telemadrid pueda ofrecerles su información y programación habitual. La emisión se reanudará a las 10.00 del lunes 20 de abril". Luego vino la serie Walker, Texas ranger, un par de anuncios y la pantalla se quedó negra. En la radio, a las diez en punto de la mañana se levantó el técnico de Hoy en Madrid fin de semana. Sin él no pudo seguir la emisión.

Se trata de la segunda huelga en menos de una semana que deja al ente público en negro. Los sindicatos ya han convocado un nuevo parón el 2 de mayo y amenazan con una huelga indefinida a partir del día 5.

El motivo es la pérdida de empleos, la externalización de programas y la negociación del convenio colectivo, que lleva parada un año y medio.

(www.elpais.com, 20/04/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ENRIQUE PORTO, IMPUTADO EN OTRO CASO URBANÍSTICO

Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de Madrid desde diciembre de 2003 hasta su dimisión en octubre de 2006, se ha visto de nuevo envuelto en un presunto delito urbanístico. Retirado de la política, es el principal implicado en el caso Porto, al que dio nombre y donde se le investiga desde hace tres años por beneficiarse de la recalificación de unos terrenos de su propiedad que él mismo desbloqueó en el municipio de Villanueva de la Cañada. Ahora, Porto deberá comparecer ante el juez número 4 de Instrucción de El Escorial, que el pasado día 13 ordenó citarlo en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística.

El magistrado, que ha reabierto el caso tras un sobreseimiento provisional dictado por otra juez y al que se opuso la Fiscalía, indaga si Porto y otros cargos prevaricaron al bloquear indebidamente entre 2003 y 2008 la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Entre los imputados figura el sucesor de Porto que tampoco ocupa ya el cargo así como ediles del anterior equipo de El Escorial (PSOE-IU) y del actual (PP).

La Consejería de Ordenación del Territorio subrayó su convicción de que el caso no prosperará, porque "los usos hosteleros en edificios de valor arquitectónico situados en suelo no urbano protegido estuvieron prohibidos hasta julio de 2007", cuando se modificó la Ley del Suelo mediante la Ley de Medidas Urgentes. El propietario de El Enebral y denunciante del caso, DiegoGuillamón, sostiene que la norma original ya autorizaba los establecimientos de turismo rural.

El Ayuntamiento de El Escorial había aprobado en diciembre de 2003 la modificación de las Normas Subsidiarias para reconvertir El Enebral en hotel: no hubo informes contrarios de la Comunidad, pero sí una petición encadenada de nuevos informes que demoraron la aprobación definitiva hasta diciembre de 2008. La Comunidad asegura que el trámite fue el correcto. ¿Por qué si el proyecto era ilegal nadie avisó a El Escorial? Porque el procedimiento no lo prevé, dice la consejería.

El empresario Guillamón fue quien acudió a la Fiscalía en diciembre de 2007. Según su versión, la Comunidad retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación "para favorecer a La Granjilla", una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no figura en la denuncia. La modificación no afecta a La Granjilla, cuyo grado de protección es superior.

(www.publico.es, 23/04/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. ALCALDES Y CARGOS DEL PP EN MADRID OFRECIERON NEGOCIOS A LA RED DE CORREA

Dirigentes del PP en Madrid, diputados autonómicos, concejales y cargos municipales intermedios no sólo favorecieron a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa en la adjudicación de contratos en las administraciones donde gobernaban, sino que llegaron a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la red corrupta. Así se desprende de los testimonios y documentos recogidos en el sumario del caso Gürtel, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Algunos cargos del PP, como el ya ex alcalde de Arganda Ginés López, o el diputado autonómico Alfonso Bosch, ofrecieron nuevas posibilidades de negocio a una de las directivas de la trama, Isabel Jordán. López, según la confesión de Jordán al juez, le llegó a plantear la posibilidad de que, al igual que había hecho la red empresarial de Correa en Majadahonda, se instalara en Arganda una Oficina de Atención al Ciudadano privatizada que gestionase la empresa de la trama corrupta. El negocio, al final, no salió adelante. Tampoco prosperó otra componenda que, según la propia Jordán, ideó Alfonso Bosch, diputado autonómico, para que la red empresarial se hiciera con los servicios de la grúa de Boadilla del Monte. En este municipio, Correa echó sus redes y logró cuantiosos contratos. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria acredita que Easy Concept, una de las empresas de la trama, tenía en el Ayuntamiento de Boadilla una de sus principales fuentes de ingresos. El entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, recibió como prueba de agradecimiento no sólo comisiones en dinero, sino también trajes de Milano, según la investigación.La directiva de Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta, declaró que en el sector de la publicidad eran "habituales" ese tipo de regalos, que también hizo, según su confesión, a otros concejales de Boadilla.

El director de venta de Milano, José Tomás, corroboró la información al declarar ante la policía que Isabel Jordán acudió en varias ocasiones a su tienda acompañada del entonces alcalde de Boadilla, al que compró unos trajes.

Hubo más regalos. El ex concejal del PP José Luis Peñas, que denunció a la trama corrupta ante la Fiscalía, aseguró en su declaración que Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, recibió una vivienda de una constructora a cambio de permitir el desmontaje de una línea de alta tensión que pasaba por encima del solar donde se iban a edificar pisos.

Los directivos de la trama también confiesan que recibían contratos por sus amistades con cargos relevantes del PP. Así, Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, declara ante la policía: "Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo, y a Yolanda, que me daba algunos contratos". La investigación también intenta acreditar el supuesto pago en especia, un vehículo, al alcalde Sepúlveda por sus tratos de favor a la trama corrupta.

En el informe de Easy Concept elaborado por la Agencia Tributaria, esta empresa de la trama corrupta declara unos ingresos por contratos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón próximos a los 200.000 euros entre 2003 y 2005.

En relación con los numerosos contratos facturados por la trama corrupta con la Comunidad de Madrid, el contacto era Alberto López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relata Isabel Jordán al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, además de eso, había actos que no estaban [previstos], que surgían. De repente, viene AXA a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto [que hicimos] porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".

(www.elpais.com, 21/04/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. LOS NUEVOS VÍNCULOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON EL PP EN MADRID

Los trajes del alcalde

- Arturo González Panero. El ex alcalde de Boadilla del Monte, al que aún mantiene el PP con responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento, recibió varios trajes de regalo de la empresa Easy Concept, según la responsable de esta compañía y del director de ventas de Milano, José Tomás. En las declaraciones de ambos que obran en el sumario se explican estos regalos. Además, González Panero habría recibido, según la investigación judicial, comisiones millonarias por su intermediación en concursos de suelo.

Otro negocio en Arganda

- Ginés López. El ex alcalde de Arganda del Rey, imputado en el caso de la corrupción masiva de la red del empresario Francisco Correa, llegó a ofrecer nuevos negocios a los directivos de la trama. Según las declaraciones de Isabel Jordán, Ginés López se puso en contacto con ella para estudiar la posibilidad de privatizar la oficina de atención al ciudadano de Arganda, al igual que la red corrupta había hecho, con la connivencia del entonces alcalde Guillermo Ortega, en el Ayuntamiento de Majadahonda.

Grúas para Boadilla

- Alfonso Bosch. El diputado autonómico del PP trabajaba como director general de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte y, según la investigación policial, intentó que una de las sociedades de la trama corrupta se encargase de gestionar el servicio de la grúa municipal de ese municipio tras la instalación de parquímetros en el mismo. Llegó a contactar con los directivos de la red para que se encargaran de ese contrato, que tenía que salir a concurso. Al final, la operación no salió adelante.

Contratos autonómicos

- Alberto López Viejo. La Comunidad de Madrid fue uno de los clientes principales de la trama corrupta. En la facturación de las distintas empresas, la Administración gobernada por Esperanza Aguirre era, con diferencia, una de las que más facturaba. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue quien metió a la red de Correa en el negocio de los contratos públicos. Los técnicos de su departamento, según las pruebas que obran en el sumario, siempre llamaban a las empresas de Correa, incluso para actos no previstos.

Negocios por amistades

- Jesús Sepúlveda. El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón tenía amistades con los miembros de la trama corrupta, que aprovecharon para lograr contratos en el Ayuntamiento que presidía Sepúlveda. En el informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario sobre Easy Concept, una de las empresas pertenecientes a la red de Correa, aparece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como uno de los clientes principales. En dos años, la facturación a Pozuelo declarada a Hacienda por Easy Concept casi alcanzó los 200.000 euros.

Un piso para el regidor

- Guillermo Ortega. El ex alcalde de Majadahonda recibió una vivienda como pago de una constructora, a cambio de que permitiera desmontar una torre de alta tensión ubicada en un solar edificable. Lo denunció con documentación un ex concejal del PP en Majadahonda ante la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia, incluida en el sumario, detalló algunas componendas entre Francisco Correa, el jefe de la trama, y Ortega, al que destituyó Esperanza Aguirre como alcalde para hacerle director general de una empresa autonómica

(www.elpais.com, 21/04/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL 'GUATEQUE' PIDE INFORMACIÓN SOBRE LÓPEZ VIEJO

A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, le crecen los enanos. A la imputación por el caso Gürtel a la que tiene que hacer frente por su presunta vinculación con la trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa ahora se le suma el interés del juez Santiago Torres, que ha pedido información sobres sus bienes por la imputación de su esposa, Teresa Gabarra, en otro escándalo de corrupción: el caso Guateque. Un juez de instrucción no puede imputar a un aforado, como es el caso de López Viejo, diputado de la Asamblea de Madrid. En caso de que encuentre indicios, tiene que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que solicite al parlamento autonómico el correspondiente suplicatorio para proceder contra él.

El magistrado, en una providencia fechada el 27 de marzo, reclama a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid las declaraciones de López Viejo que figuren tanto en el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid como en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. Dicho interés proviene de la imputación de la esposa de López Viejo.La esposa del consejero, Teresa Gabarra, está imputada en la concesión de licencias por un supuesto trato de favor: la obtención de permisos para un restaurante de su propiedad en la calle de Ibiza. Uno de los expedientes solicitados por el juez, el relativo al local de la mujer de López Viejo, contenía una anotación con la palabra: "Urgente". Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado mes de diciembre.

Además, en la providencia, el juez reclama también al registro mercantil información sobre cuatro sociedades en las que figuran la imputada Teresa Gabarra y presuntamente también el propio López Viejo; entre ellas, se encuentra la empresa Marvel. Gabarra figura como apoderada en dos: de La Pampa Hostelera SL y Loga Siglo XXI SL, sociedades de las que fue vicepresidenta hasta agosto de 2008.

De la misma manera, el juez solicita información al registro civil sobre el régimen económico matrimonial de esta pareja por si se hubieran acogido a separación de bienes.

López Viejo, de 41 años, está imputado y fue investigado por el juez Baltasar Garzón por el presunto cobro de comisiones y regalos a cambio de adjudicar contratos a la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Fraccionó contratos para adjudicarlos a la trama mafiosa y recibió sobornos por 563.000 euros, según consta en el sumario. Su causa ha pasado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá continuar con el proceso.

La trama tenía presuntamente su contacto en López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre, quien conoce a la presidenta desde su etapa en el Ayuntamiento (fue concejal de Limpieza entre 1999 y 2003), les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relató Isabel Jordán, otra de las imputadas, al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, había actos que no estaban, que surgían. De repente, viene Axa a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".

Cuando López Viejo era concejal en el Ayuntamiento fue señalado por el interventor del Consistorio por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. También fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos de una marca para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en la tienda de su padre, Fernando López Paredes.

(www.elpais.com, 24/04/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DESCONFIANZA EN EL SENO DEL PP OBLIGA A CAMPS A ASUMIR SU DEFENSA

Soledad y desconfianza. El presidente de la Generalitat tuvo que afrontar uno de sus días más amargos tras la publicación en EL PAÍS de una conversación grabada en la investigación del caso Gürtel que muestra la estrecha amistad que unía a Francisco Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes. Pérez, según esta grabación, no solo entregaba trajes a dirigentes del PP, sino que también hizo regalos a la esposa y la hija de Camps.

La publicación del contenido de la conversación telefónica dejó al presidente y al PP en estado de shock. Camps tuvo que hacer de tripas corazón y acudió, casi sin dormir, a la romería de la Santa Faz en Alicante, arropado por los suyos y en un ambiente de funeral. Al finalizar la romería el jefe del Consell tuvo que asumir su propia defensa y, ante los medios de comunicación, argumentó que su implicación en el caso Gürtel es un "montaje" destinado a dañar su carrera política. "Es todo mentira y, si Dios quiere, en poco tiempo todo el mundo conocerá la verdad", afirmó al ser preguntado por su conversación con Pérez. En la estructura nacional del PP la reacción fue de estupor y prudencia a la hora de salir en defensa de Camps.

Los populares valencianos, acostumbrados a salir en tromba a defender a su presidente, guardaron un extraño silencio, probablemente fruto de la desconfianza que el contenido de la grabación ha provocado en el seno del PP. Tras más de dos meses de escándalos relacionados con el caso Gürtel, varios cargos del partido apuntaron que se necesita algo más que la apelación a la confianza, la honradez y la buena gestión de Camps para mantener la cohesión en torno al presidente de la Generalitat.

A diferencia de semanas anteriores, la mayoría de consejeros, diputados y alcaldes -incluida la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y los presidentes de las diputaciones provinciales- guardaron silencio. En las filas populares no se ocultaba la preocupación por cómo puede afectar a Camps el hecho de que el escándalo alcance a su entorno familiar más próximo, aunque nadie se atrevía a vaticinar cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas.

El ambiente de desolación se dejó sentir también en el seno del Gobierno valenciano, que trasladó una jornada más una sensación de parálisis difícil de ocultar.

Por el contrario, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, pidió al jefe del Consell que dé cuenta de sus responsabilidades políticas en las Cortes Valencianas, que es donde tiene que "explicar por qué tenía una relación persistente, continuada y sistemática con Orange Market, con Álvaro Pérez y con los responsables de la trama de corrupción de la que algunos se encuentran en prisión".

"Ya sabemos la sisa del presidente, las medidas del traje, dónde va y quién es el sastre y pasamos un paso adelante. Hoy tenemos la constatación de que en esta trama el presidente tenía una relación íntima y confirmada [con Álvaro Pérez]".

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, por su parte, afirmó que "ni el peor enemigo de Camps podría imaginar un escenario más perjudicial para él mismo".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "vergüenza" que Camps evite las Cortes Valencianas para contar "la verdad de la que presume". Sanz instó al presidente de la Generalitat y al portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, a "abandonar sus cargos para garantizar la honorabilidad de las instituciones".

(www.elpais.com, 24/04/09)

29 . COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 OCULTA EL CASO

Canal 9, la televisión pública sufragada con los impuestos de los valencianos, demostró nuevamente su capacidad para hacer caso omiso de todo aquello que pueda resultar perjudicial para los intereses del PP y del presidente de la Generalitat. Las secciones sindicales de UGT y Comisiones Obreras en Canal 9 denunciaron la ocultación de las conversaciones entre Camps y Álvaro Pérez, así como las manifestaciones del propio jefe del Consell sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigar si cometió un delito de cohecho. "La realidad existe aunque nuestros directivos la censuren en una nueva muestra patética de servilismo", afirmó CC OO. "Lo que a nosotros se nos prohíbe ofrecer se puede seguir en otros medios", añadió el sindicato.

Este sindicato volvió a reclamar la dimisión del director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, que mantiene una estrecha relación de amistad con Álvaro Pérez y que, según el auto del juez Baltasar Garzón, también recibió trajes de Orange Market.

(www.elpais.com, 24/04/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INSISTE EN QUE SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL 'CASO GÜRTEL' ES "UN MONTAJE"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha afirmado hoy en relación a su supuesta implicación en el caso Gürtel que "es un montaje y una mentira". Camps ha respondido así al ser preguntado por las últimas informaciones publicadas en relación a la investigación iniciada por la Audiencia Nacional. "Es una cuestión que está bajo secreto de sumario y lo que corresponde es que cada uno sepa cuál es su responsabilidad", ha afirmado. "La mía --en alusión a la citada responsabilidad-- es esperar el momento de decir lo que tengo que decir en el lugar donde corresponde", ha agregado. Asimismo, ha reiterado que se trata de "un montaje" y que "todo es mentira". "La verdad será la que, si Dios quiere, dentro de muy poco todo el mundo conozca", ha añadido.

(www.elperiodico.com, 24/04/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ESPOSA DE CAMPS, SOBRE UN REGALO DE EL BIGOTES: "TE HAS PASADO 20 PUEBLOS"

Grabaciones telefónicas efectuadas por la policía en el curso de la investigación sobre la trama corrupta vinculada al PP acreditan que Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, mantenía una estrechísima relación con Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red empresarial que dirigía Francisco Correa. Pérez y Correa están imputados por diversos delitos. Estas grabaciones, fruto de pinchazos telefónicos autorizados por el juez, también muestran cómo Pérez hizo regalos de alto valor a Camps, a su mujer y a su hija en enero de 2009. La esposa del presidente valenciano consideró que era un regalo excesivo, a tenor de las expresiones utilizadas durante la conversación que ella mantuvo con Álvaro Pérez, hasta el punto de sugerirle que le iba a devolver el regalo.

Las nuevas revelaciones incorporadas al sumario se suman a las pruebas recabadas anteriormente sobre el pago por parte de la trama corrupta de 12.000 euros en trajes de las tiendas Milano y Forever Young para el presidente valenciano.

Pérez, apodado El Bigotes, montó una empresa en Valencia meses después de que Francisco Camps ganase sus primeras elecciones autonómicas. Desde entonces, y durante los últimos cuatro años, la empresa de Pérez, Orange Market, ha recibido contratos por más de cinco millones de euros de la Administración valenciana. Una portavoz del Gobierno valenciano aseguró que ni Camps ni su familia habían recibido regalos de Pérez y que, en cualquier caso, "los regalos de alto valor, se devuelven".

(www.elpais.com, 23/04/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL AFIRMA QUE CAMPS DEVOLVIÓ LOS VALIOSOS REGALOS DE EL BIGOTES A SU FAMILIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, habría devuelto los regalos que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, envió a su familia las pasadas navidades. Los obsequios, los últimos conocidos, que el imputado en la trama de corrupción relacionada con el PP habría enviado a la mujer y a la hija de Camps se citan en una grabación que destapa, además, la íntima relación que existía entre el jefe del Consell y el presidente de Orange Market antes de que Pérez fuera detenido el pasado 6 de febrero en Valencia.

Todo ello aparece en una grabación telefónica realizada por la Policía en el transcurso de la investigación de la trama Gürtel y que publicó el diario El País. En la conversación telefónica entre Camps y Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, también participa la mujer del jefe del Consell, Isabel Bas, quien da a entender que piensa devolver el regalo a Pérez por su alto valor. El diálogo pone de manifiesto la relación de amistad entre todos ellos y demuestra que el imputado hacía regalos al jefe del Consell, a su esposa y a su hija. Camps se refiere a Pérez como "amiguito del alma", le dice "te quiero un huevo" y le pide que se vean "con tranquilidad" para hablar de lo suyo, "que es muy bonito".

Desde el Consell aseguraron que los regalos de los que se habla en la conversación intervenida han sido devueltos y que el resto de obsequios que recibe el presidente también son devueltos cuando tienen un alto valor.

El propio Camps insistió en Alicante en que su implicación en el caso Gürtel "es un montaje". El presidente, en una breve comparecencia ante los medios tras la romería a la Santa Faz, indicó que "todo es mentira" al ser preguntado por la investigación judicial. "Es una cuestión que está bajo secreto de sumario y lo que corresponde es que cada uno sepa cuál es su responsabilidad", añadió Camps. "Mi responsabilidad es esperar el momento de decir lo que tengo que decir en el lugar donde corresponde", agregó el presidente de la Generalitat, quien ya ha asegurado en varias ocasiones que dará cuenta de su relación con la presunta trama de corrupción en sede judicial.

"En cualquier caso ya he dicho en muchas ocasiones que es un montaje y que todo es mentira", reiteró el presidente. "La verdad será la que, si Dios quiere, dentro de muy poco todo el mundo conozca", añadió.
Las nuevas informaciones relacionadas con el caso Gürtel se producen la misma semana en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se declaraba competente para investigar al presidente y a su número dos en el Partido Popular, Ricardo Costa, también aforado.

Mientras, el vicepresidente político, Vicente Rambla, defendió la "honorabilidad" de Camps y reclamó que la Policía aclare las filtraciones. El portavoz del Consell dijo que le gustaría que la Policía "investigara por qué las investigaciones de la Policía son conocidas antes que nadie por un medio de comunicación y siempre el mismo".

(www.levante-emv.com, 24/04/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. "YA TENGO UN SITIO PARA CONTAR LA VERDAD Y ACALLAR LAS MENTIRAS"

"Ya tengo un sitio para contar la verdad y acallar tantas mentiras como he escuchado esta semana". Así reaccionó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigarle por un supuesto delito de cohecho.

Camps, que ha eludido en las últimas semanas las preguntas relacionadas con su implicación en el caso Gürtel, compareció ante los medios de comunicación tras entrevistarse con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para hablar de financiación autonómica. Camps admitió una pregunta sobre la decisión del tribunal de investigar el supuesto cohecho y si será en sede judicial donde demostrará que pagó sus trajes. "El proceso continúa", dijo Camps, que confesó que espera compartir un "final feliz" con todas las personas que le han expresado su cariño desde que estalló el escándalo y que quieren que el asunto acabe cuanto antes.

El Tribunal Superior se declaró el pasado martes competente para instruir la parte del sumario instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que afecta a Camps; al secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Gobierno autonómico Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

Según la parte del sumario que instruirá este tribunal, Camps y los otros tres cargos del PP recibieron, presumiblemente, varios trajes pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama corrupta- que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes y que logró contratos millonarios de la Generalitat.

(www.elpais.com, 23/04/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DA UN TRATO ESPECIAL AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) da un trato de favor al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al resto de imputados en el caso Gürtel al advertir en el auto por el que asume la competencia de que existe un secreto sumarial y unas penas para quien revele información sobre el contenido del procedimiento. El texto alude expresamente a abogados, procuradores, funcionarios públicos y hasta al Ministerio Fiscal.

Según la nota de prensa remitida el martes por el TSJ referente al auto de competencia -que no se ha facilitado, como no se facilita ninguno que afecte a una causa penal en fase de instrucción-, la Sala "ha efectuado también un pronunciamiento sobre el secreto sumarial" a la vista de las "numerosas filtraciones que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación".

En este sentido, el auto recuerda que este secreto, "que afecta a todas aquellas personas que no sean parte", tiene una regulación clara y expresa en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto señala textualmente: "Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente Ley. El abogado o procurador de cualquier de las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas (sic). En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo".

Esta responsabilidad, añade la Sala, "está recogida en el artículo 417 del Código Penal, cuyo artículo 466 tipifica como delito el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento".

Según la nota de prensa, "la Sala indica en su pronunciamiento que esta alusión expresa a la regulación del secreto sumarial podría parecer innecesaria, ya que su contenido es sobradamente conocido por quienes ejercen funciones públicas y profesiones jurídicas o periodísticas".

Y añade que, "ello no obstante, en consideración a que recientemente ha sido objeto de reproducción en diversos medios de difusión, previo su "scaneado" y remisión por medios electrónicos, algún escrito dirigido por el Ministerio Fiscal a esta Sala, que es la única destinataria del mismo, y han sido también objeto de publicación en diferentes medios, datos concernientes, bien a informes emitidos por dicho Ministerio Público, bien a supuestas intenciones decisorias de este tribunal, bien al contenido de actuaciones procesales cuya tramitación, en la parte que le corresponde, compete desde ahora únicamente a esta Sala, el tribunal se ve en la necesidad de recordar la vigencia de dichos preceptos y la exigibilidad del deber de su rigurosa observancia".

Fuentes jurídicas se preguntaban el por qué de esta advertencia en este auto y no en otros, y si se trata de un caso especial que se ha de tratar especialmente al pedir un trato especial. Por su pare, fuentes de la Fiscalía apelaban a la obligación que tiene el Ministerio Fiscal de informar a la opinión pública y que está recogida en su Estatuto Orgánico.

(www.levante-emv.com, 23/04/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA VA MUY A MENUDO A CASA DE ´EL BIGOTES´

Cuentan que el número dos y portavoz del PP en las Corts, Ricardo Costa, está permanentemente en casa de Álvaro Pérez, El Bigotes, presidente de Orange Market y uno de los imputados en la supuesta trama de corrupción vinculada a los populares que investiga el juez Garzón y el regalo de trajes al propio Costa, Camps, Betoret y V. Campos.

Por cierto que una gran foto de la mujer de Álvaro Pérez, Noemí Ramal, desnuda recibe a las visitas en el vestíbulo. El conocido también como Alvarito se encuentra que no puede ir por los despachos de la Generalitat como iba antes.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, asegura que su nieto será músico. Amen de que él toca la batería, un pariente del padre de la criatura fue el profesor, músico y compositor setabense Melchor Peropadre.

Los responsables del Palau de la Música tendrán que cuidar los programas de mano para no hacer el ridículo. En la versión en valenciano del concierto del martes dirigido por Gustavo Dudamel, el compositor venezolano Silvestre Revueltas -del que se interpretó "Sensemayá"- figuraba como Silvestre Revoltes.

El PSPV de las Corts ya tiene iaia por antonomasia. La secretaria del grupo y ex alcaldesa de Gandia, Pepa Frau, acaba de ser abuela por primera vez. Su hija Teresa ha dado a luz una niña que se llama Laia y que pesó al nacer 3.280 gramos.

Dos nuevas diputadas fueros protagonistas en las Corts. Son Alejandra y Sofía, las mellizas que acaba de tener Marién, la secretaria de la vicepresidenta de las Corts María Fernanda Vidal. fueron el centro de atención en la Cámara de la calle Navellos.

Representantes del metro de Kuala Lumpur (capital legislativa de la Federación Malasia) visitaron Metrovalencia para conocer la tarjeta inteligente Móbilis que quieren implantar en su red. La tarjeta incorpora un chip de forma que es permanente, con el consiguiente ahorro de papel.

(www.levante-emv.com, 23/04/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CARGOS DEL PP RECLAMAN UNA EXPLICACIÓN CLARA

Diputados del PP creen que Camps debería dar una explicación clara, mientras que otros defienden su honradez. El contenido de la conversación publicada ha sido acogido con división de opiniones entre dirigentes del PP. Mientras que unos siguen defendiendo la "honradez" de Camps, otros creen que ya es hora de que el presidente valenciano dé una explicación pública, clara y precisa sobre su relación con los imputados en esta trama y sus empresas. En general, la mayor parte de los diputados populares en el Congreso han acogido con malestar la publicación de conversaciones privadas entre el presidente y el cabeza visible de la supuesta trama en la Comunitat Valenciana en las que se revela la estrecha amistad que mantienen ambos.

Sin embargo, y pese a que ese malestar es generalizado, hay división de opiniones. Algunos destacan la "honradez" de Camps y consideran que esta nueva grabación persigue desgastar al PP antes de las europeas, aunque creen que lo que ha salido de este tema está ya "amortizado" en lo que se refiere a intención de voto. Incluso alguno señala que, más allá de lo "cursi" de los términos del diálogo, el contenido de la grabación no supone ningún delito en sí.

Otros consideran que Camps debería dar una explicación pública, clara y detallada de su relación con Alvaro Pérez y con la empresa de éste. Hay incluso quien tacha de "deplorable" que un presidente autonómico pueda tener una conversación en esos términos.

Varios diputados critican que el presidente no haya dado la cara, ni haya comparecido ante los medios para eliminar cualquier sombra de sospecha sobre la implicación del PP valenciano. Estas fuentes censuran que el presidente de la Generalitat evite enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre este asunto y se limite a sostener que todo es un montaje y una mentira como, de nuevo, hizo .

(www.levante-emv.com, 24/04/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DE VALENCIA ABRE DILIGENCIAS CONTRA CAMPS Y COSTA POR COHECHO

"Posible delito de cohecho". Esta es la calificación jurídica que el magistrado José Flors atribuye a los trajes que Camps y Costa recibieron por parte de Orange Market. En un auto en el que asume la competencia para investigar los hechos derivados de la operación Gürtel, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió diligencias previas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra el número dos del PP en la Comunitat, Ricardo Costa.

Según informó el TSJ de Valencia, la Sala dictó en la mañana de un "auto en el que se declara competente para conocer los hechos derivados de la resolución dictada por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el conocido como caso Gürtel". Estos hechos, añade en un comunicado, "son atribuidos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa; al ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia".

En este mismo auto, que no se ha facilitado a los medios como el resto de los que han dictado la Sala y el juez ponente, "se ha acordado la apertura de diligencias previas, por posible delito de cohecho, para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".

El magistrado José Flors, que ha actuado como ponente para asumir la competencia, ha sido designado también instructor de la investigación penal. Con la apertura de estas diligencias, se inicia la fase de instrucción judicial en la que el juez llamará a declarar a los implicados como imputados -como garantía procesal o porque ya hay indicios contra ellos- por el delito que se investiga, en este caso, el de cohecho.

También puede solicitar otro tipo de pruebas documentales o declaraciones de testigos. n este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la pasada semana al ponente que asumiera la competencia y tomara "declaración a los dos aforados".

En su petición a la Sala, Anticorrupción explicaba que los hechos investigados se referían a la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa, sin que en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten vinculados a una concreta actividad del entorno de Francisco Correa".

Ello significa que la causa puede quedar abierta por un tiempo determinado en el que se derivará que hay indicios suficientes de criminalidad o, por el contrario, que no los hay y, por tanto, se decida el archivo.

Los hechos por los que se investigará al presidente de la Generalitat, al número dos del PP y al resto de imputados se refieren a la entrega de trajes como "dádivas" a cambio de adjudicaciones de eventos públicos por parte de la Generalitat a la empresa Orange Market. Ésta es una filial de Special Events radicada en Valencia, de la que son consejeros Francisco Correa -en prisión- y otro imputado, Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes". Al menos, esto es lo que se desprende de la investigación realizada por el juez Garzón.

En su auto, Garzón aludía también al delito de tráfico de influencias y falsedad, declarando imputados a Víctor Campos y a Rafael Betoret.

De momento, el TSJ de Valencia sólo investigará el delito de cohecho "del artículo 426 del Código penal". Este delito se refiere a la "aceptación de regalos por parte de una autoridad o funcionario público para conseguir un acto no prohibido legalmente", que sería la adjudicación de contratos de distintas consellerias, como el "stand" de Fitur.

Garzón explicaba el 5 de marzo que Francisco Correa concurre desde 2005 a los concursos para la adjudicación de los "stands" de la Comunitat Valenciana en distintas ferias de turismo, a través de Orange Market.

Y añadía que Orange Market obtuvo desde 2006 la adjudicación del paquete de cuatro ferias de turismo que incluye Fitur, TCV, Expovacaciones, SITC e Intur.

(www.levante-emv.com, 22/04/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SASTRE: "CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES"

Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces sólo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

(www.elpais.com, 21/04/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. "LOS TRAJES PARA CAMPS Y COSTA FUERON ABONADOS POR ORANGE MARKET"

La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.

Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.

La Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía entregó el pasado 23 de febrero un "informe sobre ventas en las tiendas de la cadena Forever Young y Milano" al juzgado de Baltasar Garzón. Lo que sigue es un amplio resumen de ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que consta en el sumario que está instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana:

- Pagos a cuenta. "Una vez analizados los distintos pagos a cuenta y la forma de liquidación de los mismos, en cuanto al listado que se detalla (compras por más de 20.000 euros en ropa para Rafael Betoret, Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Pedro García) se puede manifestar, siempre según los datos aportados por la empresa Cortefiel (matriz de Milano), que las compras efectuadas por todas esas personas, a excepción de uno de los [dos] pedidos a nombre de Camps, que todos ellos han sido abonados, junto con otros, mediante dos talones bancarios por importe de 10.672 euros y 16.936 euros, ingresados con fecha 20 de septiembre de 2006, en la cuenta del Banco Barclays Bank de la tienda, procedentes de la mercantil Orange Market".

- Facturas a gusto del cliente. "Es de destacar que no se disponen (sic) de las facturas que habrían elaborado al objeto de justificar los distintos pagos efectuados, puesto que Milano no elabora sistemáticamente las facturas de las ventas que efectúa, salvo petición expresa del cliente, no guardando copia de las mismas, y menos en el caso que nos ocupa, en que habrían generado una serie de facturas a gusto del cliente, con conceptos, fechas y números de las mismas inexistentes".

- Conclusiones. "Por parte de las personas que trabajaban en Milano y Forever Young, bien sea directamente por su responsable José Tomás, o bien por parte de personal a su cargo, dependiente del mismo, el cual seguía sus instrucciones, se elaboraban facturas, alterando el concepto de las mismas, siguiendo las instrucciones de Pablo Crespo y Álvaro Pérez [directivos de la trama corrupta], adaptando el contenido de éstas a distintos productos que nada tienen que ver con la prenda de vestir real que se vende, con el único fin de ocultar el verdadero destinatario de las ventas efectuadas, por lo que se trata de facturas falsas. El importe de las facturas achacables a Camps, Costa, Betoret, García y Campos, que no habrían sido abonadas directamente por los mismos, según información facilitada al respecto por dichos establecimientos asciende a 36.442 euros. Todas estas compras han sido saldadas mediante transferencias bancarias o cheques de las compañías Servimadrid, Diseño Asimétrico y Orange Market".

Las tres empresas están dirigidas por Francisco Correa y sus principales colaboradores, todos ellos imputados en el caso de la trama corrupta vinculada a Administraciones gobernadas por el PP.

(www.elpais.com, 21/04/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA, CON ACTIVIDAD PRIVADA, DIMITE DE PRESIDENTE DE UNA COMISIÓN PORQUE TIENE TRABAJO EN EL PP

El portavoz del grupo popular de las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha dimitido como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia "dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere". La justificación resulta insólita, toda vez que las responsabilidades que tengan los diputados en sus respectivos partidos es una cuestión que afecta a las formaciones políticas pero que no puede alterar la marcha de la institución.

Pero además, Ricardo Costa es también uno de los seis diputados que no tiene la dedicación exclusiva del Parlamento, ya que realiza una actividad profesional (asesoría fiscal y económica) al margen de su responsabilidad en la Cámara y de su condición de número dos del PPCV como secretario general del partido. Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria -de donde se percibe el sueldo- mientras no se renuncia a la actividad privada. Costa ejerce en un despacho de asesoría fiscal y financiera radicado en Castelló.

El dirigente popular, quien atraviesa por una complicada situación tras su implicación por el juez Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP -a propósito de los trajes que pagaron presuntamente empresas de la red corrupta liderada por Francisco Correa que obtuvo también contratos de la Generalitat-, se ha beneficiado de la última reforma reglamentaria de las Corts, ya que éstas han pasado a pagarle su seguro autónomo como consecuencia de su actividad privada. Hasta la legislatura pasada, el diputado que tenía otra ocupación como autónomo se tenía que abonar el seguro de su bolsillo.

Para rizar el rizo, la comisión a la que renuncia Costa no se ha reunido nunca en casi dos años desde su constitución, el 28 de junio de 2007. Ese día, los diputados adscritos a la misma designaron a Costa (entonces portavoz adjunto y no síndic) como presidente, mientras la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue nombrada vicepresidenta. La socialista Josefa Frau fue elegida secretaria. En su intervención, Ricardo Costa prometió que la comisión se regiría por los mismos principios que presidieron la reforma del Estatuto y concluyó animando a "esperar la primera convocatoria de la comisión".

Desde entonces, si te he visto, no me acuerdo, porque los miembros de esta comisión permanente legislativa no se han vuelto a ver las caras. La creación de este órgano vino motivada en el nuevo reglamento de la Cámara tras la reforma del Estatuto por la conveniencia de crear un foro específico para abordar las normas de desarrollo de la Carta Magna valenciana.

(www.levante-emv.com, 21/04/09)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA PRIVATIZA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO

La Generalitat Valenciana ha cedido a las empresas privadas la prestación de atención a domicilio. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas y de cómo debería funcionar este servicio según la Ley de Dependencia, el usuario recibirá el dinero para pagar el servicio y él mismo deberá escoger quién se lo presta. Un total de 40 empresas ya se han apuntado en el registro de la Conselleria de Benestar Social para ofrecer este servicio. Ninguna de ellas ha tenido que someterse a concurso público.

"El objetivo de la Conselleria es buscar el máximo negocio", critica el portavoz socialista de Benestar Social en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, que pedirá en breve la comparecencia del conseller, Juan Cotino, para que explique "en qué se basa para ofertar esa ayuda, si ya existe en los ayuntamientos".

Con su decisión, la Generalitat incumple la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según esta norma, sólo "se incorporará la prestación económica vinculada al servicio de no ser posible la atención" en la red de servicios públicos y concertados.

Ningún dependiente valenciano recibe aún la ayuda de atención a domicilio. En Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra sucede lo mismo: estas ayudas sólo se reciben en los servicios sociales municipales, que las administran a sus usuarios. Y estos no siempre son personas dependientes. La diferencia con el resto de comunidades es que Cotino -cuya familia posee varias residencias en el País Valenciano- ha llevado hasta las últimas consecuencias la autorregulación del mercado.

La calidad de los servicios privatizados no será supervisada, denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "No se puede dar un cheque para que la persona contrate un servicio y que luego este no se controle, porque se trata de un servicio público", critica.La secretaria de Política Social de CCOO en la Comunitat Valenciana, Eva Hernández, también recrimina a la Administración valenciana que no aproveche los servicios sociales municipales para atender a las personas dependientes.

(www.publico.es, 18/04/09)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL ACUSA A UNA EX CONCEJAL DEL PP DE IBI DE MALVERSACIÓN

La Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha remitido al juzgado de Ibi todas las diligencias sobre un presunto delito de malversación de fondos públicos cometidos por la ex concejal de Deportes Ana Sarabia, del PP. El fiscal ha visto indicios de que la edil "destinaba fondos públicos a usos particulares", y comprobado que las cuentas del polideportivo municipal se gestionaban "sin ninguna fiscalización por parte del departamento correspondiente".

Ana Sarabia renunció de su cargo el pasado 6 de abril precisamente porque la Fiscalía de Alcoi inició una investigación por pagos a través de una caja B en el polideportivo municipal, desde donde se pagaban facturas de viajes, ropa y comida. La Fiscalía amplió a los años 2004 al 2008 la investigación sobre la gestión y control de los ingresos obtenidos por las cuotas de los usuarios del polideportivo municipal de Ibi.

Las diligencias iniciadas por la Fiscalía tienen su origen en una denuncia del Grupo Socialista municipal, que presentó ante el ministerio fiscal documentación que hacía referencia al pago de facturas de viajes desde 2004 a cargo de las cuentas del polideportivo municipal y que no fueron fiscalizadas por el interventor del Ayuntamiento. De estos viajes, uno de ellos a Andorra en el año 2007 y otro al Camino de Santiago en 2006, se han beneficiado familiares de la edil dimisionaria de Deportes, Ana Sarabia, y de la alcaldesa Mayte Parra, según los socialistas.

Esta es la segunda investigación judicial que afecta al Ayuntamiento de Ibi tras la crisis en el Grupo Popular a raíz de la expulsión de la concejal ripollista Felicidad Peñalver. La primera es consecuencia de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre supuestas ilegalidades en la tramitación de un PAI. La Fiscalía ha remitido al juez la denuncia al observar indicios de un posible delito de cohecho. La magistrada del juzgado número 1 de Ibi ha comenzado a investigar el posible cobro irregular por parte de los técnicos municipales por asesoramiento técnico y ha citado a declarar como imputados a los cuatro técnicos denunciados por la promotora Toplabi, SL, por exigirle pagos para que el Ayuntamiento diese por acabado un proyecto urbanístico.

(www.elpais.com, 22/04/09)

43. COMUNIDAD VALENCIANA. FAMILIARES DE CINCO EDILES DE LA NUCIA TIENEN CASAS ILEGALES EN LA HUERTA

"Hemos sido muy blandos en el tema de la huerta", les dijo Bernabé Cano el pasado tres de marzo a los militantes y concejales del PP de La Nucia. Esta afirmación llevaba implícita el reconocimiento de que el asunto se le podría volver en contra en el futuro, dado que el término está plagado de viviendas ilegales, aprovechando la posibilidad que otorga la ley de construir casas de aperos que en la práctica se convierten en residencia en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. Cinco concejales están afectados por estas irregularidades urbanísticas.

La mayoría de las construcciones están levantadas por los familiares directos de los concejales antes de su llegada al consistorio, salvo la del concejal de Medio Ambiente, Serafín López, que recibió autorización de la consejería para levantar una casa de aperos de 90 metros, una superficie excepcional para el uso que pretendía darle, y acabó haciendo una casa de dos plantas en la partida de Almasil. Sólo tras la pregunta sobre esta casa del concejal socialista Vicent Santamaría en una sesión plenaria, López decidió derribar la edificabilidad sobrante, y luego denunció a Santamaría. El edil socialista se enfrentará a un juicio de faltas por llamar chalé a la casa de la huerta de López.

La concejal del Bloc, Sònia Pérez, tuvo a su nombre una casa ilegal "procedente de una la herencia familiar" en la partida del Captivador, que construyó su padre en 2001 con una autorización para casa de aperos de 25 metros. Pérez asegura que ha recibido diferentes órdenes municipales de paralización de las obras ya hechas, una de ellas tres meses antes de que a los cuatro años prescribiera la infracción urbanística. A pesar de haber intentado legalizar la obra, la concejal nacionalista afirma no haber recibido "ni siquiera una respuesta del Ayuntamiento". "Espero que el resto de construcciones ilegales estén en la misma situación que la de mi familia, porque si no fuera así estaríamos hablando de persecución política".

La familia de la concejal de Juventud, Noelia Cerezuela, también tiene una construcción en la huerta de la partida de Armaig, "una casita", aunque la edil del PP asegura que "hace muchos años que está hecha".

En el intento de solucionar los problemas que le pudiera ocasionar una situación parecida está la familia del concejal de Deportes e Informática, José Benavente. Reconoce que en la partida de Almasil su padre tiene "una casa de 75 metros que fue construida hace más de 10 años". La legislación establece que la parcela mínima para construir en suelo no urbanizable debe ser de una hectárea, a lo que está aplicada la familia de Benavente, que ha comprado parcelas contiguas para poder reunir la superficie necesaria.

(www.elpais.com, 24/04/09)

44. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA ASCIENDE A UN IMPUTADO EN EL 'CASO NAVAS DEL MARQUÉS'

La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha ascendido al principal imputado por la urbanización de Las Navas del Marqués, Mariano Torre Antón, al que ha nombrado delegado territorial de Medio Ambiente en León, según fuentes próximas a la Comunidad. Torre Antón fue director general de Medio Natural hasta 2007 y ocupaba el cargo cuando en 2002 se aprobó una urbanización en un pinar protegido de Ávila. La obra fue declarada ilegal y Torre Antón está imputado junto a una decena de técnicos y responsables de la Junta. El juez que instruye el caso intentó imputar a la vicepresidenta autonómica, María Jesús Ruiz, pero el Tribunal Superior rechazó la imputación al considerar que no había pruebas. Torre, que es funcionario, dejó el cargo de director general en 2007 y desde entonces ocupa su puesto de funcionario autonómico en León.

Torre fue clave en la aprobación del plan. El 5 de noviembre de 2003 el director de Especies Amenazadas de Ávila, Sabas Yagüe, afirmó en un informe que parte de la finca en la que estaban previstos 1.600 chalés con campo de golf era zona crítica para la cigüeña negra, lo que impedía la recalificación. Pese a ello, ocho días después, Torre autorizó la urbanización citando el informe aludido como si hubiera sido positivo y autorizó a talar más de 35.000 pinos.

(www.elpais.com, 18/04/09)

45. REGION DE MURCIA. EL ALCALDE DE VILLANUEVA CONTRATO A DETECTIVES PRIVADOS PARA ESPIAR A SUS POLICÍAS

También en Villanueva del Río Segura, pequeña localidad del Valle de Ricote (Murcia), y no solo en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular echa mano del espionaje, El alcalde de este municipio, José Luis López Ayala, (PP), contrató los servicios de detectives privados para seguir y espiar a funcionarios. Según han denunciado el portavoz socialista, Jesús Motellón, el regidor municipal hizo el encargo el pasado mes de junio, a una conocida empresa con base en Murcia, que se ha dedicado al seguimiento y posteriores informes de agentes de la policía local. Pero, por si fuera poco, además de contratar a los detectives privados, no les han pagado. Así, esta redacción ha conocido que la empresa envió al ayuntamiento en un burofax reclamando el pago de los servicios prestados, que ascienden a 3.500 euros.

Según el representante del grupo municipal socialista, Jesús Motéllón, "es una prueba más de la actitud de cacique y de dictador del alcalde, además de su falta de ética". El edil calificó de gravísimo el hecho de que se utilice dinero público para investigar a trabajadores municipales. "Son métodos antidemocráticos ya que la administración tiene procedimientos reglados para actuar frente a situaciones laborales del funcionariado".

Además, desde el PSOE no entienden que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y otros dirigentes del PP, "consientan y mantengan a este alcalde en un cargo institucional, que utiliza cualquier fórmula para mantenerse en el poder".

(www.vegamediapress.com, 21/04/09)

46. ISLAS BALEARES. HACIENDA AFIRMA QUE EL ´PALACETE´ DE MATAS VALE EL TRIPLE DE LO QUE DECLARÓ

La Agencia Tributaria en Balears ha constatado en un informe entregado a la Guardia Civil que la vivienda que posee el matrimonio Matas-Areal en la calle San Felio de Palma tiene un valor real de tres millones de euros. Es decir, Hacienda afirma que el conocido "palacete" de Matas vale el triple de lo que declaró el ex president Matas para justificar esta compra con los ingresos económicos que percibía como político en activo.

Este informe de los peritos de Hacienda fue solicitado por la Guardia Civil, y se ha añadido a la amplia documentación que recoge toda la investigación sobre el patrimonio del ex president, que tras perder el poder en las últimas elecciones autonómicas decidió trasladar su residencia a Estados Unidos. La Guardia Civil lleva meses intentando aclarar cuál es exactamente el patrimonio que tiene el ex president, ya que hay fundadas sospechas de que se habría enriquecido ilegalmente aprovechando su cargo público.Dentro de todas las operaciones inmobiliarias que rodean el patrimonio del ex president, la más sospechosa de todas es el "palacete" que adquirió hace pocos años el matrimonio Matas-Areal. Se trata de una lujosa casa de una superficie de más de 400 metros cuadrados que está enclavada en una antigua casa señorial del casco antiguo de Palma. Es una finca que era propiedad de una orden religiosa, que se vendió para realizar pisos. La finca se dividió en siete viviendas. Jaume Matas y su esposa adquirieron la más grande de todas.

En la documentación que tiene en poder la Guardia Civil figura un precio catastral del "palacete" de 251.334 euros. Pocas veces el valor catastral coincide con el valor real de la finca. Matas ha declarado que pagó algo más de un millón de euros por esta casa (sin reformar) y que la pudo comprar tras vender un chalet que tenía en la barriada de Cas Català y con una hipoteca. Con este préstamo abonó los gastos de reforma, aunque los investigadores han comprobado que el ex president ya ordenó que se iniciaran obras en la finca mucho antes de que comprara el piso. Este millón de euros que, según afirma Matas, vale la casa, en nada coincide con el valor que señala el informe de los inspectores de Hacienda, que han realizado un estudio de mercado de esta zona de Palma para alcanzar esta conclusión. Durante la investigación de la denominada "Operación Buckingham" que se realiza bajo la supervisión de la fiscalía Anticorrupción, se ha llamado a declarar a más de 30 personas, entre las que se incluye a albañiles y decoradores que han trabajado en la equipación de la casa. También se ha hablado con propietarios del mismo inmueble. Uno de ellos, por ejemplo, ha afirmado que compró su piso, que tiene la mitad de superficie que la vivienda del ex president, por un valor de 1,7 millones de euros. A juicio de los investigadores, este vecino sí habría abonado por su casa el valor que marca el mercado en una de las mejores zonas de Palma. Lo que desconocen los investigadores es cuánto dinero llegó a pagar Matas por esta finca, aunque sospechan que si es verdad que sólo abonó el millón de euros, este precio tan bajo habría sido a cambio de algún favor político.


Además del "palacete" la Guardia Civil sospecha que el matrimonio posee un lujoso piso en Madrid, que figura a nombre de un ex conseller de su gobierno, donde residen en la actualidad los hijos del ex president. La persona que figura como propietario afirma que Matas le paga un alquiler.

(www.diariodemallorca.es, 22/04/09)

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