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Del 01 al 06 de Marzo 2009
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EL ALCALDE SE NIEGA A RESPONDER SI CONTRATÓ CON LAS 200 EMPRESAS DE IMPUTADOS EN LA TRAMA DE GARZÓNÍNDICE
1. LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID
2. GARZÓN DESTAPA SOBORNOS A CAMPS Y UNA RED DE CORRUPCIÓN MASIVA EN MADRID
3. EL PRESIDENTE VALENCIANO Y SU 'NÚMERO DOS' RECIBIERON 20.000 EUROS EN ROPA
4. EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS IMPLICADOS POR GARZÓN SALVO A CAMPS Y OTROS CUATRO AFORADOS
5. LAS CORTES INVESTIGAN A DOS LETRADOS DEL BUFETE DE MICHAVILA
6. DIMITEN LOS ALCALDES DE ARGANDA Y POZUELO POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO GÜRTEL
7. CATALUÑA: EL ASPIRANTE A DIRIGIR EL PP DE LLEIDA PRESENTÓ SIETE AVALES DE FALLECIDOS
8. GALICIA. FEIJÓO PIDE AHORA QUE SE DEJE DE HABLAR DEL COCHE DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA
9. ANDALUCÍA. EL PP REHÚSA INVESTIGAR EL 'STAND' DE FITUR DE GRANADA
10. ANDALUCÍA. UN JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN DE GARCÍA PELAYO EN UN CASO URBANÍSTICO
11. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA
12. COMUNIDAD DE MADRID. LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ A CORREA BAJO 4 NOMBRES DIFERENTES
13. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX ALCALDE DE BOADILLA CONTRATÓ A DOS ABOGADOS DEL BUFETE DE MICHAVILA
14. COMUNIDAD DE MADRID. EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
15. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS ADQUIRIÓ MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
15. COMUNIDAD DE MADRID. ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
17. COMUNIDAD DE MADRID. CALVO, CONCEJAL DE GALLARDÓN, DICE QUE EL PP HACE EL RIDÍCULO
18. COMUNIDAD DE MADRID. LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN
19. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID IMPULSA LA ESCUELA CONCERTADA CON 180.000 METROS DE TERRENO
20. COMUNIDAD DE MADRID. 49.000 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA, LA PEOR CIFRA DESDE 2004
21. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN APRUEBA EL MINIVATICANO SOÑADO POR EL CARDENAL ROUCO
22. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EQUIPO DE CAMPS NO ADMITE PREGUNTAS SOBRE EL CASO GÜRTEL
23. COMUNIDAD VALENCIANA. DE ROSA INCUMPLIÓ LA LEY SI EN SUS REUNIONES CON CAMPS LO ASESORÓ SOBRE SU IMPLICACIÓN
24. COMUNIDAD VALENCIANA.
25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO
26. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "ES EL PARTIDO EL QUE HACE LOS NOMBRAMIENTOS"
27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL ADJUDICÓ SIN CONCURSO UNA OBRA DE 8 MILLONES EN VILA-REAL
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CHOLBI PIDE COBRAR EL FINIQUITO COMO DIPUTADO ANTES DE SU ELECCIÓN COMO SÍNDIC DE GREUGES
29. COMUNIDAD VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN RECURRE QUE SE EXCULPE A DÍAZ ALPERI Y ALEGA QUE EL JUEZ NO AGOTÓ LA INSTRUCCIÓN
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP LLEGA AL PODER EN BENITAXTELL CON EL APOYO DE CUATRO TRÁNSFUGAS
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA CONTRATA EMPRESAS VINCULADAS A DOS CONCEJALES
32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP IGNORA SENTENCIAS QUE ANULAN CONCESIONES A ULIBARRI
33. REGIÓN DE MURCIA. LA MANSIÓN "HOLLYWODIENSE" DEL CONCEJAL DE LAS BASURAS DE MURCIA
34. REGIÓN DE MURCIA. DETENIDO UN EX CONSEJERO MURCIANO POR EL 'CASO ZERRICHERA'
34. REGIÓN DE MURCIA. EL TSJ ANULA EL AUTO QUE RETIRÓ LA IMPUTACIÓN DE COHECHO AL ALCALDE DE TOTANA
36. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DECLARA QUE MATAS COBRÓ POR LA GALA DE INAUGURACIÓN DE IB3
37. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA SI EN EL METRO HUBO FALSEDAD, MALVERSACIÓN Y ESTAFA
38. ISLAS BALEARES. EL FISCAL EXTIENDE EL CASO PALMA ARENA A UNAS OBRAS EN EL PRÍNCIPES DE ESPAÑA
1. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID
Baltasar Garzón ha tirado de la manta y la nube de polvo cada vez cubre más capas del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional asegura que la organización dirigida por Francisco Correa, ya en prisión, "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación "Gürtel", al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.
El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".
Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'. Además de inhibirse a favor del TSJ de Valencia, tal como le pidió ayer la Fiscalía anticorrupción, también cede parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al hallar indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.
En el primer auto acusa a Francisco Camps de recibir 12.783 euros en trajes a cambio de adjudicaciones por valor de cuatro millones a las empresas de Correa. No contento con esto, el discutido magistrado amplía las imputaciones a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. El juez retendrá temporalmente parte de la causa hasta que los tribunales superiores de justicia decidan si se la quedan. El PP, en boca de su portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, "pone en cuarentena" la decisión de un juez "cuya trayectoria en este caso se ha distinguido por filtraciones a la prensa que han juzgado y condenado a determinadas personas en los medios de comunicación".
El Gobierno valenciano ha declarado que iniciará "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación a la persona del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que "en los próximos días" se aclarará la "no relación" del jefe del Consell en los hechos. Garzón imputó a 37 personas (ahora hay otras seis) en la presunta trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Ya ha interrogado a todos y ha enviado a la cárcel a tres de ellos: a Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.
Ayer dejó en libertad sin medidas cautelares al ex alcalde popular de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega; al empresario de la comunicación José Luis Ulibarri, así como a los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández y a un empleado del despacho R. Blanco-Guillamot de nombre Juan Antonio. Todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
(www.publico.es, 06/032/09)
2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. GARZÓN DESTAPA SOBORNOS A CAMPS Y UNA RED DE CORRUPCIÓN MASIVA EN MADRID
Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.
Dirigentes públicos del PP en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.
La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP. En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas.
El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos. Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi 5 millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana. Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.
En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (básicamente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica. La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.
Implicados del PP
- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.
- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.
- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.
- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.
- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.
- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.
- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.
- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).
- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).
- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).
- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.
- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
- José Galeote, ex concejal de Boadilla.
- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).
(www.elpais.com, 06/032/09)
3. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. EL PRESIDENTE VALENCIANO Y SU 'NÚMERO DOS' RECIBIERON 20.000 EUROS EN ROPA
El juez Baltasar Garzón accedió por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región. La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros.
Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young.
El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps. Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros. Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.
Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.
Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".
Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez. La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.
(www.elpais.com, 06/032/09)
4. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS IMPLICADOS POR GARZÓN SALVO A CAMPS Y OTROS CUATRO AFORADOS
El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.
Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.
Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.
Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades
En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".
Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad". Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".
(www.elpais.com, 06/032/09)
5. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LAS CORTES INVESTIGAN A DOS LETRADOS DEL BUFETE DE MICHAVILA
El Congreso investigará a dos abogados del despacho del diputado del PP José María Michavila para determinar si cumplen las incompatibilidades legales, según acordó la Mesa de la Cámara.
Los abogados investigados son Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz y ambos compatibilizan su actividad en ese bufete privado con su condición de letrados de las Cortes.
El secretario general de las Cortes y letrado mayor, Manuel Alba, informó a la Mesa y pidió autorización para abrir las diligencias informativas, después de que este periódico informara el domingo de las actividades de Eius, el despacho de Michavila, diputado y miembro de la dirección del PP. Michavila y los dos letrados tienen concedida una compatibilidad genérica, pero la ley les impide cobrar de otras Administraciones públicas. El despacho ha contratado con varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, como el de Boadilla del Monte, relacionado con la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.
Dorrego ha firmado escritos en nombre de dichos ayuntamientos, en concepto de asesor legal. El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, dimitido por el escándalo, contrató a otro letrado del despacho como responsable de los asuntos legales.
Además, los tres sindicatos representados en el Congreso, UGT, Comisiones Obreras y CGT, han remitido una carta al secretario de la Cámara en la que le piden información sobre la situación de los dos letrados. Le solicitan "los acuerdos que hayan podido adoptar las mesas sobre reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada" de los dos funcionarios. El diputado del PP sortea la ley asegurando que él no ha sido contratado, sino que lo ha sido su despacho.
Los dos letrados de las Cortes alegan que, aunque defienden a esos ayuntamientos en distintos pleitos, nunca han elaborado informes. La ley les impide también "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden" en empresas públicas. Sin embargo, Dorrego es secretario del consejo de dos empresas públicas valencianas. El despacho ofrece sus servicios vendiendo, precisamente, su cercanía a la actividad pública. La página web asegura que sus abogados compatibilizan su trabajo en el despacho con "el servicio del Estado".
La página web del despacho ha sido desactivada después de la información de este periódico. Al intentar acceder a ella aparece la frase "disculpen las molestias, estamos realizando modificaciones en el diseño de nuestra página web". Hasta , la página remitía a las sucursales de Madrid, Valencia, Londres y Miami, pero sólo aparecía la referencia a los dos primeras. Antes, aparecía como titular de la sucursal de Londres el diputado Michavila.
Eius ha mediado ante la Comunidad Valenciana para que una de las empresas investigadas por la trama de corrupción ligada al PP obtenga licencias de televisión. De hecho, en la web se ofrecían los servicios del letrado Alfredo Gómez-Acebo como especialista en "obtención y desarrollo de ofertas y concesiones de radio y televisión digital -autonómica y local- en diversas comunidades autónomas".
Añade también como oferta del despacho que dicho letrado "ha asesorado en la implantación jurídica y comercial del sistema de Radio Digital por Satélite, en contratación y producción de contenidos, así como en la creación de entes de gestión de medios audiovisuales de titularidad pública para corporaciones locales". Este contenido también ha desaparecido desde el domingo de la página del despacho.
El listado de abogados eliminado incluía a José Marí Olano, portavoz del PP en las Cortes valencianas y hombre de confianza del presidente, Francisco Camps, desde que coincidieron en el Ministerio de Administraciones Públicas.
La Cámara interviene por las informaciones publicadas, pero la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en rueda de prensa que no pedirá explicaciones a Michavila porque ella no actúa sólo por informaciones periodísticas. "No estoy acostumbrada a tomar medidas respecto de informaciones que sólo aparecen en los medios de comunicación. No me voy a hacer eco de ninguna manera en mi actuación respecto de los diputados de esta Cámara", aseguró la portavoz del PP.
(www.elpais.com, 04/032/09)
6. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. DIMITEN LOS ALCALDES DE ARGANDA Y POZUELO POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO GÜRTEL
La operacion Gürtel se ha cobrado dos nuevas víctimas: los alcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón se han visto obligados a dimitir por su supuesta relación con la trama de corrupción destapada por Garzón, que les imputó. El alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, ha presentado su dimisión como primer edil y ha pedido a la Dirección del PP su suspensión cautelar de militancia.
"He solicitado voluntariamente a la Dirección del PP la suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la situación actual", dijo el primer edil. "Con la finalidad de dejar al margen a la institución a la que represento y quiero, y por coherencia personal con lo que siempre he defendido, pensado y luchado, dimito como alcalde de Arganda", agregó.
López ha negado las imputaciones y ha asegurado que "son falsas". Ha explicado que se ha enterado de los hechos investigados en el caso Gürtel por los medios de comunicación, y ha destacado que se encuentra en "una situación de indefensión". López ha negado que haya cometido "nada fuera de la ley" y ha incidido en que desconoce los hechos que le imputa el juez Garzón. En las próximas horas se reunirá una Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Arganda del Rey y se convocará un Pleno Extraordinario para dar cuenta de su dimisión.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido la que ha anunciado que el alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, ha pedido la suspensión de la militancia del partido después de saber que está imputado en la trama de corrupción destapada en la operación Gürtel. Aguirre ha dicho que con estas decisiones los dos imputados pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que el PP respalda "absoluta y totalmente" su decisión de justificar que no están implicados en el caso.
El juez Baltasar Garzón se inhibió en la operación Gürtel en favor del TSJ de Madrid al hallar indicios contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco e imputó a otras seis personas, entre ellas los alcaldes del PP de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda.
(www.publico.es, 06/032/09)
7. CATALUÑA: EL ASPIRANTE A DIRIGIR EL PP DE LLEIDA PRESENTÓ SIETE AVALES DE FALLECIDOS
El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Lleida Ismael Zapater presentó varias firmas de militantes fallecidos y de personas no afiliadas para poder presentar su candidatura a presidir el partido en el último congreso provincial, celebrado a finales del año pasado. Zapater, de 58 años, dimitió hace dos semanas como portavoz del grupo municipal y se dio de baja del PP por discrepancias con las direcciones provincial y regional.
Zapater se ha mostrado muy sorprendido de que la supuesta irregularidad haya trascendido tres meses después del congreso, donde fue elegida presidenta provincial Dolors López con el 94,2% de los votos. Zapater no llegó a rivalizar con López porque, aunque aportó más de las 75 firmas necesarias para superar la primera fase del proceso electoral, finalmente quedó excluido porque la comisión organizadora le invalidó unas 50.
Fuentes del PP de Lleida han confirmado que Zapater tuvo que retirarse de la lucha por la dirección porque no consiguió los apoyos necesarios, ya que la comisión organizadora del congreso constató que entre los firmantes figuraban siete militantes fallecidos, 10 habían firmado en otras candidaturas y otras firmas correspondían a ex militantes o a personas que no eran militantes del partido.
El edil asegura que ignora el motivo por el que le fueron anuladas la mitad de las firmas y contraataca para denunciar que hubo "juego sucio" hacia su candidatura porque no le dejaron consultar la lista de afiliados. "¿Que yo presenté firmas de personas muertas? No tengo ni idea. Yo recabé muchas firmas personalmente y algunas fueron recogidas por personas de confianza que trabajaban en mi equipo y me cuesta mucho creer que me engañaran. Si fuera así, eso sería una traición", contestó . Zapater, que dimitió como concejal y causó baja en el PP el pasado 20 de febrero, atribuye la filtración de estas supuestas irregularidades a una campaña de difamación orquestada por la actual dirección provincial del partido, con la cual mantiene un agrio enfrentamiento porque le ha exigido que devuelva el acta de concejal. Él se ha negado aduciendo que el acta es suya y que los electores le votaron a él y no a las siglas del partido que representaba.
El concejal afirma que su decisión de dejar el partido fue meditada y que una de las razones que le indujeron a ello fue que la dirección provincial se inmiscuía demasiado en los asuntos municipales. "Ahora quieren que renuncie al acta de concejal para que Dolors López pueda ocupar mi puesto y cobrar 4.000 euros mensuales".
Zapater es catedrático de Geografía e Historia y compagina sus tareas docentes con las municipales, ahora como concejal no adscrito. En las últimas elecciones municipales fue propuesto por el sector de Josep Piqué como candidato a la alcaldía de Lleida y su partido pasó de cuatro a tres concejales. Empezó el mandato con decisiones polémicas, como los ceses de dos secretarias y un asesor del grupo municipal por SMS. En el lugar de una de las secretarias cesantes entró a trabajar su actual compañera sentimental. Después llegaron otros ceses de representantes del PP en empresas municipales sin aprobarlo el partido. El PP de Lleida considera que esta forma de actuar de Zapater, "personalista y arbitraria", le estaba creando mala imagen ante la ciudadanía.
(www.elpais.com, 06/032/09)
8. GALICIA. FEIJÓO PIDE AHORA QUE SE DEJE DE HABLAR DEL COCHE DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA
Feijóo ha lamentado que todavía colee el tema del coche oficial que utilizará como jefe del Ejecutivo. Ese fue uno de los puntos más ácidos de la campaña electoral popular contra los gastos del ex presidente socialista, Emilio Pérez Touriño. Feijoo ha insistido en que utilizará un Citröen C6, firma que, a pesar de contar con una factoría en Vigo, no fabrica ese modelo, procedente de Francia.
"Creo que deberíamos parar de hablar de esto", ha apelado Feijóo para añadir que "tenemos que empezar a construir el futuro". El nuevo presidente gallego ha insistido en que el vehículo elegido es el C6, un modelo que según han confirmado a La Ventana, está reservado, será fabricado en Francia y valorado en torno a los 60.000 euros. "Creo que es el representativo que tiene la marca", ha señalado el candidato popular. Pero se equivoca. En la planta que la automotriz francesa tiene en Galicia se fabrican la Berlingo y los modelos Picasso, C4 Picasso (de 5 y 7 plazas) y la Peugeot Partner.
(www.elpais.com, 05/032/09)
9. ANDALUCÍA. EL PP REHÚSA INVESTIGAR EL 'STAND' DE FITUR DE GRANADA
No hubo sorpresas. El Ayuntamiento de Granada, que gobierna con mayoría absoluta el PP (16 de los 27 concejales), rechazó ayer por "improcedente" crear una comisión de investigación como solicitó la oposición municipal para aclarar si se ha contratado desde 2003 a alguna empresa más de las involucradas en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.
Sí que ocurrió en 2004, cuando el consistorio adjudicó a Down Town Consulting el stand del Ayuntamiento para Fitur 2005. Lo hizo respetando "escrupulosamente la legalidad", según defendió tras hacer público el expediente. El PSOE cree que eso no es suficiente y por eso va a remitir toda la documentación a la Audiencia Nacional. "Si no lo quieren aclarar en clave municipal que lo haga quien investiga la trama", indicó el concejal socialista José María Rueda.
La moción que apoyaron tanto los ediles del PSOE (9) como los de IU (2) generó un tenso debate en el salón de plenos del consistorio granadino, en el que la sesión se prolongó hasta bien entrada la tarde. En opinión de los socialistas, el alcalde, José Torres Hurtado, aplazó hasta la tarde el debate para evitar tratar con "público y en horario de mañana" el asunto.
La concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento, Marifrán Carazo, aseguró que "no va a permitir al PSOE que continúe sembrando dudas" sobre la mesa técnica de contratación ni que siga generando una "polémica inexistente". El PP considera que se dio a conocer de inmediato toda la documentación y así "queda claro" que todo se hizo conforme a la Ley.
Claridad
No creen lo mismo los grupos de la oposición. No sólo el PSOE argumentó que "toda la información es poca" para disipar las sombras de dudas a los ciudadanos, sino que IU tildó de "procedente y oportuna" la comisión que solicitaron crear los socialistas y apuntó que los populares deben ser los primeros interesados en constituirla si las cosas están "tan claras". Las reticencias "siembran dudas" apuntó la portavoz de IU, Lola Ruiz.
El Ayuntamiento adjudicó a finales de 2004 a Down Town Consulting el expositor del Ayuntamiento para Fitur 2005, primer año en que el Consistorio no acudió con la Diputación. Fue la empresa que obtuvo más puntos de las siete que se presentaron. El Ayuntamiento mantiene que ha sido "transparente".
(www.elpais.com, 28/02/09)
10. ANDALUCÍA. UN JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN DE GARCÍA PELAYO EN UN CASO URBANÍSTICO
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez aprecia la presunta comisión de un delito de prevaricación de la ex alcaldesa y actual concejal María José García Pelayo, del PP, en el caso Huertos de Ocio, que investiga el desalojo de unos 30 parcelistas asentados sobre unos terrenos que fueron transmitidos a una promotora local para que edificara decenas de viviendas unifamiliares.
El magistrado Antonio-Jesús Jiménez Álvarez hace constar en la resolución, firmada el 25 de febrero, que de las actuaciones practicadas en el procedimiento "parecen indicios racionales de criminalidad" imputables, entre otros, a la también parlamentaria andaluza.
Precisamente por su condición de aforada, el juez se inhibe del caso a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y emite el auto. García Pelayo ocupa la vicepresidencia segunda del Parlamento de Andalucía.
En el documento, el juez informa al alto tribunal andaluz de que García Pelayo en el año 2003, en calidad de alcaldesa de Jerez y presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), adoptó varias resoluciones "presuntamente prevaricadoras".
Jiménez Álvarez detalla que el 7 de agosto de 2003 el Consejo de la GMU dictó un acuerdo para requerir el desalojo de una parcela a unas personas que tenían cedido por contrato el uso de unos huertos de ocio "sin tramitar el correspondiente expediente administrativo de resolución de los contratos". Los huertos de ocio son unas pequeñas parcelas en las que los arrendatarios cultivaban productos hortícolas, sin que estas labores constituyeran una actividad profesional.
Asimismo, el magistrado advierte tras tomar declaración a la mayoría de los denunciados por los parcelistas y examinar las pruebas periciales que el desahucio se materializó "con la intención de facilitar la transmisión, en el mes de octubre de 2003, de dicha parcela a una empresa privada mediante un contrato de permuta". Ese contrato de permuta evita la cesión de los terrenos por concurso público, con lo que el juez entiende que los acuerdos adoptados se hicieron "con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones, S.A. [propiedad del conocido empresario jerezano José Antonio Monreal] con la disponibilidad inmediata de dicha parcela".
Se añade en la resolución que el área de Urbanismo que entonces dirigía el andalucista Pedro Pacheco desalojó a los parcelistas en el mes de mayo de 2004, incluso después de haber transmitido los terrenos a la promotora y por tanto sin gozar ya de la titularidad del suelo.
Cabe recordar que los 30 parcelistas desalojados de los huertos de ocio, asentados sobre unos 25.000 metros cuadrados, denunciaron a todos los vocales con presencia en los mencionados Consejos de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Como consecuencia, también están implicados en la causa la actual alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, entonces concejal de la oposición; y Pedro Pacheco, entonces primer teniente de alcalde de la corporación presidida por García Pelayo y delegado municipal de Urbanismo. Sánchez ya declaró ante el magistrado su ausencia de esos Consejos de Gestión.
(www.elpais.com, 28/02/09)
11. COMUNIDAD DE MADRID. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA
El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los alrededor de 300 contratos fueron aprobados por el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado, para no ser descubierto.
Según revela hoy el diario El Mundo, la información en manos del Juez Baltazar Garzón, a partir de documentos recopilados por la propia Comunidad de Madrid, casi todos los contratos, que tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, fueron cedidos a las empresas Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico, todas propiedad de Francisco Correa.
Cuatro nombres diferentes de empresas, único dueño
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red, y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma.
En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%).
Las arducias societarias continuaron en 2006 con pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.
(www.elplural.com, 28/02/09)
12. COMUNIDAD DE MADRID. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LÓPEZ VIEJO CONTRATÓ A CORREA BAJO 4 NOMBRES DIFERENTES
El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los 268 contratos facturados en ese periodo los ordenó el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado para no ser descubierto.
Casi todos los contratos tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, con distintas consejerías.Las empresas beneficiadas fueron Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico.
La mayoría de esos 368 contratos se hicieron por orden del que fue primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que durante años se ha ocupado de organizar los actos de Aguirre. El 9 de febrero, fue destituido por contratar de forma masiva a estas sociedades ahora bajo investigación judicial.
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red. Y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma. El objetivo, según están convencidos ahora en el Gobierno de Madrid, era burlar el control de la presidenta y que nadie pudiera pensar que había algo raro, ni dentro, ni fuera del Ejecutivo.
En 2004, Aguirre preguntó a López Viejo si contrataba a Special Events, ya que diversas informaciones apuntaban a presuntas irregularidades en las relaciones de esta sociedad con la administración. El ex consejero le respondió que no. Sin embargo, como ha dicho Aguirre a sus más próximos, López Viejo le ocultó que lo hacía con otras que pertenecían a la misma red. Ese fue el motivo principal de su destitución.
Según los contratos recopilados por la Comunidad y que desde están en poder del juez Baltasar Garzón, en 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept.
Se ha tenido acceso a toda la información año a año y por consejerías. Cotejando lo gastado a lo largo del tiempo es evidente el baile de sociedades, pero siempre con un mismo beneficiario: Correa. En 2005, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, pero ya no fue una sola empresa la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total. Pero ese año aparecieron dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%), como puede verse en el gráfico adjunto.
El baile societario continuó en 2006. En ese ejercicio, los pagos ascendieron a 846.192 euros. Y la mayor parte de los mismos fue a parar de nuevo a Servimadrid, que se llevó un 73% del dinero.Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.
El ex consejero no sólo contrató a cuatro empresas diferentes para evitar el control de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del resto del Ejecutivo. También utilizó de forma masiva una táctica para burlar la Ley de Contratos: troceaba los actos para que las facturas no ascendieran a más de 12.000 euros.
En ocasiones, incluso, facturó un mismo acto a dos sociedades diferentes. La entrega de los Premios Siete Estrellas del Deporte 2007, cuando él ya era consejero, se troceó en dos contratos: uno de 11.994 euros y otro de 10.637. Como las cantidades eran inferiores a 12.000 euros, pudo hacer las dos adjudicaciones a dedo. Y lo hizo a dos sociedades de la trama: la primera a Diseño Asimétrico; la segunda, a Servimadrid. Este mismo procedimiento lo utilizó en multitud de actos para evitar cualquier control y poder elegir directamente la empresa beneficiada.
Como también adelantó este diario, Alberto López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En 2007, fue el destinatario de tres pagos de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, según apuntes del número dos de la trama: Pablo Crespo, en los que consta "Entregado a ALV". Otro documento en poder de Baltasar Garzón refleja pagos por importe de 200.000 euros.
Además de estos 3,23 millones abonados por la Comunidad de Madrid, las empresas de Correa facturaron hasta un mínimo de cinco millones más gracias a la intervención de López Viejo, aunque ya no fueron pagados por el Gobierno de Aguirre. Todas las primeras piedras e inauguraciones de las consejerías de Transportes (para la ampliación del Metro) o Sanidad (siete nuevos hospitales) las costean las grandes constructoras adjudicatarias, porque así aparece en el pliego de adjudicación. En esos casos, ACS, Ferrovial, Sacyr...abonaban los actos institucionales que decidía el ex consejero.Como no era dinero público, no había que trocear contratos. Esas cantidades tampoco figuran en la contabilidad de la Comunidad de Madrid, ya que eran facturados por empresas privadas.
Durante dos semanas, el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, ha recopilado todos estos contratos a petición de Garzón. por la mañana, funcionarios de la Comunidad entregaron en la Audiencia Nacional 2.271 folios distribuidos en 458 carpetas.En ellas no están los contratos de la Comunidad no abonados porque se hicieron en 2008 sin asignación presupuestaria. Esas facturas podrían ascender a otros cinco millones de euros, pero esa documentación no figura en los registros contables de la Intervención General autonómica, que es lo que solicitó el juez.
(www.elmundo.es, 28/02/09)
13. COMUNIDAD DE MADRID. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. EL EX ALCALDE DE BOADILLA CONTRATÓ A DOS ABOGADOS DEL BUFETE DE MICHAVILA
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (37.900 vecinos), nombró como cargo de confianza del Ayuntamiento a Francisco Javier González Sánchez, accionista y alto ejecutivo del despacho de abogados que asesora el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, Eius. González Sánchez ocupó entre 2007 y 2008 la dirección técnica jurídica del municipio. En ese periodo la firma de abogados que representaba facturó a Boadilla más de 100.000 euros por la defensa de asuntos de contratación pública. Cuando abandonó el cargo fue sustituido por otro abogado que trabajó para el despacho de Michavila.
El nombramiento de González Sánchez fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el 25 de julio de 2007. Fue uno de los nuevos altos cargos nombrados a dedo por el alcalde tras las elecciones municipales de mayo de 2007. Ocupó la dirección técnica jurídica del Consistorio. Pero González Sánchez era, además, apoderado del bufete Eius, según consta en el Registro Mercantil. Fue uno de los fundadores del despacho de abogados, creado en julio de 2004, que asesora Michavila. Además, ocupó el puesto de administrador único de la firma hasta mayo de 2005, cuando lo sustituyó Alberto Dorrego, ex colaborador del ministro. González Sánchez recibió poderes de la firma el 20 de noviembre de 2006 otorgados mediante escritura pública. Actualmente no hay ninguna inscripción en el Registro Mercantil anulando dichos poderes. En el despacho de abogados Eius confirmaron el jueves que Francisco González Sánchez trabajó allí durante unos años. Pero evitaron aportar más detalles.
González Sánchez abandonó su cargo municipal a mediados de 2008. Lo sustituyó Carlos Ruiz Cabrera, abogado asociado al despacho de Michavila. Trabajó adscrito al departamento de derecho mercantil de la firma, según consta en una página web modificada ayer para eliminar el rastro de su paso por Eius. A pesar de que el nombramiento de Ruiz Cabrera aún no ha sido publicado, trabaja para el Ayuntamiento de Boadilla como director técnico jurídico, el mismo cargo que ocupaba González Sánchez.
Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla confirmó ayer que Ruiz Cabrera trabaja en el Consistorio como director técnico jurídico. El portavoz precisó que "antes de llegar a Boadilla era un trabajador autónomo que realizaba colaboraciones para muchos despachos". "Pero nunca", precisó, "estuvo en nómina de Eius". Sin embargo, no supieron explicar la vinculación entre González Sánchez y Eius. "Sólo conocemos el trabajo que realizó aquí", apuntó el portavoz. González Panero contrató la asesoría jurídica de Eius hasta en siete ocasiones durante los años en que estos abogados ocupaban la dirección técnica jurídica. Los contratos, ninguno de los cuales superan los 18.000 euros, fueron adjudicados mediante concurso negociado sin publicidad.
Entre los casos que el bufete de abogados defendió se encuentra la cesión del palacio del Infante Don Luis, del siglo XVIII, a la Sociedad General de Autores (SGAE). El Consistorio adjudicó en septiembre de 2006 la cesión durante 75 años del palacete a cambio de la restauración del inmueble. Para financiar las obras el Consistorio permitió a la SGAE hipotecar el conjunto histórico. El caso fue llevado a los tribunales por el partido independiente Alternativa por Boadilla. El Consistorio ganó el caso, pero otro proceso está pendiente de sentencia en un juzgado de lo contencioso de Madrid. Eius también defendió al Consistorio en otros casos relacionados con el aumento de sueldos a una treintena de cargos de confianza.Entre ellos figura el caso relativo a "la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual del Ayuntamiento y contra el decreto por el que se realizan los nombramientos del personal eventual". Eius representa al Consistorio en el proceso judicial contra el acuerdo municipal relativo a "las retribuciones a concejales con dedicación exclusiva o parcial y asistencias a órganos de la Corporación". O el caso relativo a "la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento en 2008".
González Panero se resiste a abandonar el Ayuntamiento pese a ser uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa en administraciones gobernadas por el PP. Está acusado de adjudicar supuestamente contratos a empresas de Correa, presunto cabecilla de la trama. El ex regidor ha sido suspendido cautelarmente de militancia en el Partido Popular, pero mantiene el acta de concejal.
(www.elpais.com, 28/02/09)
14. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. EL SEGUNDO DE GALLARDÓN ACTIVA EL CASO AL DENUNCIAR ANTE EL JUEZ QUE FUE ESPIADO
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), que sufrió seguimientos supuestamente realizados por agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia -tras hacerlo hace un mes ante la Fiscalía de Madrid- para que se reactive la investigación del espionaje del que fue objeto entre los meses de abril y mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP. En estas semanas, la fiscalía ha llamado a declarar al periodista de EL PAÍS que destapó los hechos y ha solicitado algunos datos a la Consejería de Interior.
Cobo pide ahora al juez que abra una investigación y que compruebe si, como mantienen dos peritos calígrafos que hicieron un informe para EL PAÍS, la letra manuscrita que aparece en los partes de seguimiento corresponde a uno de los agentes que trabajan a sueldo del Gobierno regional. "Dado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el vicealcalde desconocen las investigaciones realizadas, nos vemos en la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del juzgado, por si los mismos fueren constitutivos de ilícito penal al amparo del artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el letrado del Ayuntamiento en la denuncia presentada el pasado 20 de febrero.
El escrito llegó ayer a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los mismos que durante las próximas cuatro semanas investigarán en una comisión especial los seguimientos a políticos para depurar posibles responsabilidades. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Popular se han negado a facilitar documentación clave para poder investigar estos hechos.
Cobo fue seguido supuestamente por agentes autonómicos -según se desprende de los partes de seguimiento publicados por este periódico- en los mismos meses en los que el entonces consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, sufría un espionaje similar. Tanto Prada como Cobo se habían convertido para entonces en adversarios políticos de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella amagaba con disputar la dirección del PP tras la derrota de la candidatura de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Cobo y Prada apoyaban a Rajoy.
Aguirre destituyó a Prada como consejero de Justicia unos días después del congreso que el PP celebró en Valencia, donde Rajoy revalidó finalmente su cargo por amplísima mayoría sin tener que competir con ningún candidato alternativo. Los seguimientos a Prada fueron más exhaustivos que los del vicealcalde, llegando en algún caso a tomarse fotografías de las personas que acompañaban al entonces consejero de Justicia en un almuerzo.
El 27 de junio de 2008 -el día siguiente de la destitución de Prada-, cuatro agentes de la Consejería de Interior comandados por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, entraron en un despacho de un organismo de la Consejería de Justicia donde trabajaba un hombre de confianza del ya ex consejero, y requisaron una serie de documentos y un ordenador personal. La fiscalía investigó estos hechos pero acabó archivándolos dado que la videocámara que grabó la irrupción de los agentes en el despacho había borrado las imágenes cuando se inició la investigación.
[Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha denegado a PSOE e IU la posibilidad de personarse como acusación popular en la investigación del espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio González en sendos viajes el año pasado. Los dos grupos de oposición recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial, informa Europa Press].
(www.elpais.com, 04/032/09)
15. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. GRANADOS ADQUIRIÓ MOTOS POTENTES Y CÁMARAS PARA EL ÁREA DE LOS ESPÍAS
El ex director general de Seguridad de la Consejería de Interior de Madrid, Sergio Gamón, bajo cuyo mandato algunos de sus subordinados espiaron a políticos del PP, según los partes de seguimiento publicados por este periódico, abordó a finales de 2007 diversas compras de material para sus hombres de confianza: cuatro cámaras fotográficas, dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238 kilómetros por hora, y una amplia flota de vehículos. En los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, se relatan entre marzo y mayo de 2008 seguimientos con motos y el uso de cámaras para fotografiar a acompañantes de los dos políticos espiados.
El material adquirido por Gamón, según fuentes sindicales, salvo dos Citroën C4, nunca ha sido usado por los 40 funcionarios en los que descansan las labores legales que tiene por competencia la Consejería de Interior: el control administrativo del juego y la vigilancia de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid.
A la sombra del consejero de Interior, Francisco Granados, el entonces director general Sergio Gamón no escatimó recursos públicos para sus agentes de confianza, en su mayoría procedentes, como él, de labores de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en La Moncloa. De entrada, les dotó de dos poderosas motos Honda VFR 800, de 108 caballos, cuyo precio superaría los 14.000 euros cada una.
Una de esas motos, según fuentes sindicales, se la autoasignó el propio Gamón: de color rojo con matrícula 5320 FYM. Asimismo, en abril de 2008, por un monto de 254.000 euros se alquilaron 10 vehículos (cinco de tipo medio, cuatro ligeros y un todoterreno) a la firma Finanzia Autorenting.
Dos de ellos son de uso habitual de Gamón, un Toyota Land Cruiser y un Peugeot 207, matrícula 1462 GFT. Previamente, en noviembre de 2007, Gamón había logrado para sus chicos de la calle Gobelas 33 la compra de cinco C4 por un monto de más de 65.000 euros. Dos de estos vehículos acabaron siendo usados por la plantilla de Seguridad y otros dos cayeron en manos de Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad, y de Marcos Peña, asesor de Granados.
Ese mismo mes se produce una nueva compra con destino a Gobelas 33, cuartel general de Gamón: cuatro cámaras de fotos. Dos Canon Ixus Wireless por 898 euros, y dos Canon EOS 300D por un monto de 2.076 euros.
Interior pagó por las cámaras el doble de lo que costaban entonces estos aparatos en el mercado, alguno de ellos ya por entonces descatalogado. ¿Para qué necesitaban los hombres de confianza de Gamón dos discretas cámaras de fotos de bolsillo y dos de tipo aficionado medio? El consejero Granados da una respuesta: "Se compraron para aplicarlas a los helicópteros de la Bescam". Pero, ¿cómo puede usarse una cámara diminuta como la Ixus, sin apenas teleobjetivo, apenas 105 milímetros, y escasa definición, para hacer fotos desde el aire? Esto no lo aclara Granados.
El consejero de Interior añade una respuesta singular sobre el uso dado por los agentes de su departamento a las motos Honda VFR 800: "Las usan para el traslado de correspondencia". ¿Traslado de correspondencia oficial en motos de 14.000 euros capaces de alcanzar los 238 por hora? Si tales motos se reservaron para Gamón y su equipo de confianza, significaría que asesores con nivel 28 o 29, cobraban una de las más altas remuneraciones funcionariales por repartir correo en motos de lujo.
La Consejería de Interior no da respuesta oficial al supuesto despropósito: asesores motorizados en tareas de cartero. De puertas para adentro, hay versiones que dan luz: "Ninguno de los elementos de la plantilla oficial de la dirección de Seguridad [que hoy dirige Enrique Barón] hemos usado nunca tales vehículos, cámaras y motos. Tal material ha estado adscrito al equipo de Gamón. Y, después, lo repartió con el equipo de Marcos Peña", plantean veteranos de Interior. De hecho, desde el aterrizaje de Barón ya no se usan las motos. ¿Ya no hay correo para repartir?
Gamón nunca compró cámaras de fotos ni motos para su equipo de seguridad cuando tuvo como jefe a Prada, según los ex colaboradores del consejero. Su sucesor, Granados, sí le dio luz verde.
(www.elpais.com, 04/032/09)
16. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. ARRANCA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 12 DÍAS PARA 29 COMPARECIENTES
El primer mes de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje en Madrid -fue constituida en el Parlamento autónomo el 6 de febrero- se ha perdido en los trámites previos: el PP esperó a que pasaran tres semanas para presentar su lista de comparecientes, y eso lo atascó todo. Hoy empiezan por fin las sesiones, pero ya sólo quedan 12 días hábiles -los lunes, miércoles y viernes- hasta el 31 de marzo, cuando se echará el cierre, y en ese tiempo los diputados deben escuchar a 29 comparecientes.
Ésa es la primera traba con la que nace la comisión, aunque hay más: la Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, vetó la mitad de los documentos solicitados por PSOE e IU -también vetó documentación ajena al caso pedida por los populares-. Además, fue rechazada la comparecencia de 18 personas, y a quienes sí sean llamados no se les podrá hacer repreguntas; por último, las sesiones comienzan cuando la documentación aún no ha llegado.
- La primera sesión mira al pasado. La primera jornada está copada por comparecientes que, aparentemente, nada tienen que ver con la trama: dos ex consejeros que dejaron el cargo en los años noventa -el socialista Virgilio Cano y el popular Carlos Mayor Oreja-, otro ex consejero y hoy concejal de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo; y un cargo policial de éste, Juan Carlos Durán. El PP los llama porque tuvieron en su día o tienen ahora "competencias de seguridad".
- Policías y políticos. Los siguientes en acudir serán policías o responsables de Seguridad de la Consejería de Interior desde cuyos departamentos se sospecha que pudieron realizarse los seguimientos ilegales. Entre ellos, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad -que entró en 2008 en un despacho de un alto cargo y se llevó un ordenador-; y el asesor Marcos Peña. La comparecencia de los principales dirigentes políticos -Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados- se deja para más adelante.
- ¿Podrán hablar las víctimas? Dos políticos del PP fueron sometidos a seguimientos en 2008: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero -defenestrado por Aguirre- Alfredo Prada. De forma colateral, también fueron víctimas del espionaje la diputada Carmen Rodríguez y el alto cargo Juan Carlos Fernández. El PP no ha pedido su comparecencia aunque ha aceptado, en principio, que los llame la oposición. Puede revisar su decisión en cualquier momento, así que la presencia de las víctimas no está garantizada. Ignacio González, también espiado, está llamado "sólo en calidad de vicepresidente", subraya el PP.
(www.elpais.com, 04/032/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. CALVO, CONCEJAL DE GALLARDÓN, DICE QUE EL PP HACE EL RIDÍCULO
Con amigos como Pedro Calvo, el PP de Madrid no necesita enemigos.Está claro que ayer dijo lo que pensaba. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital arremetió contra el Gobierno y el grupo parlamentario de su propio partido en la Asamblea de Madrid, a los que calificó de "ridículos". El PP quería demostrar, en la primera jornada de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en la Asamblea de Madrid, que la estructura de seguridad del Gobierno de la Comunidad no la ha creado Aguirre. La teoría del PP es que la creó Leguina y la desarrolló Gallardón. El actual Ejecutivo sólo ha mantenido esa estructura.
Para ello llamó al ex consejero de Gobernación de Joaquín Leguina Virgilio Cano y a Carlos Mayor Oreja (PP), que estuvo en el cargo durante unos meses. Cano dijo educadamente que ellos ni espiaban, ni hacían contravigilancia ni nada de nada. Vigilaban las sedes y sólo tenía escolta el presidente Leguina. Sin embargo, cuando abandonó la comisión, David Pérez (PP) repartió unos documentos a la prensa en los que demostraba que Cano firmó un convenio que permitía la labor de vigilancia a personas y otro acuerdo para que algunas personas pudieran utilizar armas.
Carlos Mayor Oreja, ex consejero del actual alcalde, aseguró que, en los 10 meses en que él dirigió las competencias de seguridad, el cuerpo de vigilantes "exclusivamente controlaba edificios", mientras que las "labores de contravigilancia las realizaba la Policía Nacional, que para eso estaba". Pero llegó Pedro Calvo y quiso desmontar la teoría de sus compañeros del PP. Lo único que hizo en su época, dijo, fue un plan de seguridad, que apenas se puso en marcha.
La respuesta más dura no le vino de la oposición, sino de su compañero David Pérez, que le enseñó hasta diplomas de cursos sobre protección de personas, amenazas de ETA, negociación, contravigilancia y contraseguimientos... El plan de Calvo, que fue repartido por el PP, incluye todas estas materias como uno de sus objetivos y añade que los integrantes del colectivo de seguridad "podrán realizar aquellas otras tareas que les sean encomendadas por sus superiores". El PP de Gallardón matizó luego que el documento de Seguridad que había pasado el PP de Aguirre lo firmó una persona que antes estaba en el PP de Gallardón, pero que ahora está en el PP de Aguirre. Un lío.
Calvo se calentó y cargó contra sus compañeros por solicitar su comparecencia en esa comisión, que también fue pedida por el PSOE. "No sé", añadió, "qué intentan investigar ustedes, pero me parece un poco ridículo que intenten investigar al Gobierno de Gallardón. Es un despropósito que nos hagan comparecer a mí y al señor Mayor Oreja. Es como si en una comisión sobre lo que hizo el director general de la Guardia Civil Luis Roldán se llamara a comparecer desde al duque de Ahumada a todos los directores generales hasta llegar al señor Roldán. Es absurdo. El problema es cuando se encarga algo que no se debe hacer y que, además, es ilegal".
(www.elmundo.es, 05/032/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. LAS CUENTAS DE LA MANSIÓN QUE ENCARGÓ GRANADOS NO CUADRAN
Ninguna promotora construye para perder dinero. Ninguna si se exceptúa la que desde 2006 edifica en Valdemoro (Madrid) una casa de 1.000 metros diseñada siguiendo un proyecto encargado por Francisco Granados, alcalde de ese municipio hasta 2003, número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre e hipotético cliente que, hasta la fecha, no figura como titular. En 2006, y según aseguró Granados hace dos semanas, la promotora de la mansión, perteneciente al grupo Obras y Vías, le pidió un millón de euros por hacer la casa, lo que le hizo desistir de formalizar la compra. Pero ya a finales de 2006 los costes superaban en 36.000 euros ese precio de un millón de euros.
Promovida por Vicfidem, la casa se alza sobre seis parcelas gemelas cuya superficie total sobrepasa los 1.700 metros. El 21 de mayo de 2003, Vicfidem había adquirido cuatro de esas seis por 288.480 euros. Un año más tarde, compró las otras dos, por 144.400 euros. En total, hacerse con ese suelo, adscrito al Plan Parcial del sector de El Caracol, le costó 432.000 euros. El proyecto de ejecución se cuantificó en 559.105 euros, lo que significa que la licencia equivalente al 4% de esa cifrasupuso otro gasto de 22.364 euros. Según fuentes conocedoras del asunto, la casa se edifica con materiales y equipamientos de lujo, como piscina cubierta y gimnasio en el sótano, lo que, según los arquitectos consultados eleva el coste real del proyecto de ejecución.
A lo anterior hay que añadir los honorarios del arquitecto por redacción del proyecto y dirección de obras. Incluso calculando por ambos conceptos unos honorarios equivalentes sólo al 4% del importe del proyecto las tarifas suelen oscilar entre el 5% y el 10%, habría que sumar otros 22.364 euros, con lo que el monto de costes ascendería a 1.036.713 euros. No se ha computado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Es una incógnita por qué Obras y Vías, un boyante grupo que posee intereses urbanísticos en Valdemoro, accedió a un negocio que implicaba perder seis millones de las antiguas pesetas. Aunque oficialmente ningún vínculo une a Granados con el inmueble, su esposa visita asiduamente la obra, hasta el punto de que se le han dado a elegir materiales. El coche que en 2006 conducía la esposa del consejero, Nieves Alarcón, pertenecía a otra filial de Obras y Vías. Hasta ahora, Obras y Vías tampoco ha explicado por qué, en lugar de hacer los seis chalés que en esa área prescribía el planeamiento, optó por edificar una mansión hecha a la medida de Granados, quien ni siquiera ha formalizado una opción de compra.
(www.publico.es, 05/032/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID IMPULSA LA ESCUELA CONCERTADA CON 180.000 METROS DE TERRENO
Aún es un armazón de ladrillo visto rodeado de obras en un barrio a medio hacer. En medio año se convertirá en el segundo centro concertado del Ensanche de Vallecas, el colegio Torrevilano. Enseñanza bilingüe, gimnasio, comedor, capilla... Ya dan información en la caseta abierta a pie de obra. Es uno de los últimos nueve colegios concertados que se levantan sobre suelo público madrileño. En un solo año, la Comunidad de Madrid ha cedido casi tanto suelo para colegios concertados como en los siete anteriores: 180.000 metros cuadrados de 377.000, según estimaciones de la Consejería de Educación. Es un 30% menos de lo que ocupan las 32 escuelas públicas construidas en 2008.
Madrid es la segunda comunidad autónoma (empatada con Cataluña y por detrás del País Vasco) que más impulsa la enseñanza privada concertada, según datos del Ministerio de Educación. Son colegios más baratos. La Administración no construye ni mantiene sus edificios. Y los profesores cobran menos. En la región hay 1.171 colegios concertados y 2.524 públicos. El Gobierno regional defiende el respaldo a la concertada como una forma de garantizar la libertad de elección de los padres. Tiene que haber oferta para todos, dicen. Enfrente, sindicatos, oposición y asociaciones de padres lo consideran "favorecer el negocio de unos pocos con el dinero de todos". Entre otras razones, porque algunos cobran tarifas encubiertas por una enseñanza "gratuita".Entran como bebés y salen rumbo a la Universidad. Los colegios concertados, normalmente grandes edificios con todas las etapas educativas juntas, admiten a los alumnos antes de que cumplan el año y los despiden a los 18. A las familias que los eligen, les tocará pagar más del doble que si sus hijos fueran a un colegio público. El gasto anual medio en la enseñanza pública asciende a 658 euros, frente a 1.433 euros de la concertada, según los últimos datos publicados por el INE. Y eso aunque ambos modelos son gratuitos por ley y los dos se sostienen con fondos públicos.
La mayoría de los nuevos concertados de Madrid cobran por clases de refuerzo en horario escolar. Entre 50 a 170 euros al mes por más horas de inglés, de informática o de mates, encajadas en el horario habitual de 9.00 a 17.00. Algunos alertan de que son cuotas y clases "voluntarias", pero otros no lo dejan tan claro.
Dinero por las clases, cuotas más caras de comedor -88 euros fijos en la pública, hasta 130 euros en la concertada-, uniformes y libros que también se compran en el colegio... La libertad de elección para los padres se diluye entre cuotas cuando no hay dinero para elegir. "La concertada crea castas, grupúsculos en los que los niños no se relacionan con otras capas sociales, sino sólo en torno a un grupo de privilegiados", critica Rafael Feito, sociólogo de la Universidad Complutense experto en educación.
Dos de los nueve colegios recién adjudicados a la enseñanza concertada en el último año separan a los alumnos por sexos. En Alcorcón y Alcalá de Henares, los colegios Juan Pablo II y Alborada empezarán sus clases el curso que viene con aulas distintas para niños y niñas. Mientras Madrid respalda estos centros, otras comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, han aprobado una orden que corta la financiación pública para los colegios que separan por sexos.
En el caso de Alcalá, el concierto es para una fundación del Opus Dei que paga 12.500 euros anuales de canon por una parcela de 24.000 metros cuadrados. Tendrán laboratorios, pabellón cubierto de gimnasia y baloncesto y pistas polideportivas al aire libre, además de un oratorio. En el mismo municipio, otra parcela, destinada esta vez a un centro 100% público, tendrá 10.000 metros cuadrados menos. La oposición socialista acusa a Educación de favorecer una "estrategia" de respaldo a la concertada, que tiene más espacio para ofrecer mejores instalaciones a las familias.
También hablan de "estrategia" en el Ensanche de Vallecas, donde construyen el colegio Torrevilano. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos denuncia que en esta nueva zona de Madrid, la oferta privada llegó antes que la pública. "Los concertados se adelantaron con el apoyo de la Administración", denuncia Benito Muñoz, representante en Vallecas de la FAPA. "El colegio concertado estaba construido antes y el público comenzó a aceptar matrículas más tarde", añade. La Consejería de Educación niega que haya algún nuevo barrio al que haya llegado antes un centro concertado que uno público. Y recuerdan que los conciertos se acuerdan con los ayuntamientos en función de la demanda de plazas de un tipo de enseñanza u otro.
Otro de los nuevos centros, que estará en Torrelodones, iba a ser un colegio público. Así aparecía en el programa electoral del PP, que cambió de opinión tras ganar las elecciones municipales de 2007. "Hacen negocio con el patrimonio de todos", protesta Gonzalo Santamaría, profesor y concejal de Vecinos por Torrelodones. En El Álamo, la cesión se hizo con el colegio ya construido con fondos públicos, el Miguel Ángel Blanco. Hubo protestas sin éxito.
(www.elpais.com, 28/02/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. 49.000 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA, LA PEOR CIFRA DESDE 2004
"Me siento estafado", dice Juan David Cano, ingeniero de 29 años de Vallecas. A él, como a todos los madrileños que tienen que operarse, le dieron a firmar una hoja con el compromiso de que no esperaría más de 30 días: la promesa estrella de Esperanza Aguirre en la campaña de 2003. Eso fue el 19 de enero pasado en el Infanta Leonor. Unos días después le llamaron y le dijeron que, para poder cumplir ese plazo, tenía que elegir otro centro.
Entre Santa Cristina y la Cruz Roja, prefirió el primero. La cita, para el 17 de febrero. Y una vez allí, la sorpresa. Y "el truco", como lo califica él: "Me volvieron a diagnosticar, exactamente lo mismo que la otra vez, y me dieron a firmar la misma hoja". Es decir, que el contador volvía a ponerse a cero. Su quiste en la espalda tendría que esperar, no ya 30, sino 60 días.
Hay más trucos en el recuento de la lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid. El primero, que no hay una lista, sino tres: la oficial, la de los que esperan visita con el anestesista y la de los que rechazan ser derivados a la privada. El número total de pacientes pendientes de entrar al quirófano es de 48.825, según los últimos datos, recién publicados por la Consejería de Sanidad, y que corresponden al 31 de diciembre de 2008. Pero sólo un tercio de ellos (15.997) están en lista de espera oficial, la llamada "estructural". Únicamente con estos pacientes -trucos como el de Juan David aparte- se cumple la promesa de los 30 días. Al resto no les queda más remedio que seguir esperando. En ocasiones, hasta un año.
La cifra de pacientes en espera de operación es la peor desde que la Comunidad puso en marcha el Plan Integral para la Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica, en 2004.Sólo en el último año, a pesar de la apertura de ocho nuevos hospitales y de sus flamantes 75 quirófanos, los enfermos en lista de espera quirúrgica han aumentado un 16% (son 6.966 más que a 31 de diciembre de 2007). A la vista de estas cifras, que son oficiales y que la propia Consejería de Sanidad publica en la página web www.listadeesperamadrid.com, la Comunidad de Madrid responde que "las intervenciones quirúrgicas se incrementaron un 4% durante el 2008" y reitera que "ningún paciente tiene que esperar más de 30 días para ser operado".
Lo cierto es que el tiempo de espera medio también ha subido el año pasado, aunque ligeramente: ha pasado de 12 días a 12,4. El incremento con respecto al trimestre anterior sí es significativo. A 31 de septiembre, Sanidad había conseguido reducir la espera a 10 días. Para diciembre, en cambio, la cifra había vuelto a subir al nivel más alto desde marzo de 2005. Pero claro, ésos son los días que aguarda de media un paciente de la lista oficial. Para los otros dos tercios de enfermos, las esperas se doblan y hasta se triplican. Por ejemplo, el tiempo medio de espera para los pacientes que rechazan operarse en clínicas privadas alcanza los 60,3 días según los últimos datos. A 31 de diciembre había 137 pacientes que esperaban entre tres meses y un año su operación.
La Consejería de Sanidad cataloga a este grupo (15.725 personas, el 32,8% del total) con la frase "en espera tras rechazo de centro alternativo". El asterisco lleva a la definición: son pacientes "cuya espera es motivada por la libre elección del ciudadano". El resultado es que la sanidad pública madrileña tiene ya a tantos pacientes en la lista de espera oficial como en ésta. Y es un grupo que no deja de crecer. En el último año, los que rechazan la privada han aumentado un 14%. "Cada vez más gente insiste en ser operada en su hospital público. No se entiende que el Gobierno regional siga incentivando la privada", reflexiona Carmen López, secretaria de Políticas Sectoriales de UGT.
Tampoco deja de crecer el otro tercio de pacientes que quedan fuera del compromiso de los 30 días: los que esperan ver al anestesista, están pendientes de las pruebas preoperatorias o tienen algún problema de salud que desaconseja la operación en ese momento. Desde diciembre de 2006 ese grupo siempre es más numeroso que el de la lista oficial: sólo en el último trimestre aumentó un 11%. Nada que ver con lo que ocurría antes de que entrara en vigor el plan de Aguirre. En septiembre de 2004, únicamente el 5,9% de pacientes figuraban como lo que Sanidad llama "transitoriamente no programables". Ahora ya son el 35%. Y todos ellos esperan, al menos, el doble de lo prometido.
Fue precisamente por esta argucia, la de no incluir al paciente en lista de espera en el momento en que el especialista prescribe la intervención, como sucede en el resto de España, por lo que el Consejo Interterritorial de Sanidad (organismo que coordina al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas) decidió en octubre de 2005 excluir a Madrid del cómputo nacional. Al contabilizar a los pacientes de este modo, los tiempos de espera parecen menores de lo que son en realidad, argumentó en su momento el ministerio. Aguirre gana los 30 días de media que se tardan en conseguir la visita con el anestesista. Sólo entonces empiezan a contar los otros 30, los de la garantía.
Por especialidades, traumatología es la que acumula más pacientes en lista de espera: 11.323, un 12% más que hace un trimestre. También es la que tiene un tiempo medio de espera superior. Si un ciudadano rechaza el centro que le ofrece Sanidad en primer lugar, aguardará para operarse, de media, 70,2 días. Según los últimos datos, había 111 pacientes en la horquilla que va de los tres meses al año a la espera de un quirófano. Los pacientes de neurocirugía que insisten en operarse en su hospital público aguardan, de media, 63,1 días. Los de dermatología, 62,7. En cambio, las intervenciones cardiacas están muy cerca de cumplir el compromiso de Aguirre, incluso si el paciente rechaza la oferta de Sanidad. En ese caso espera, de media, 29,5 días.
Si se tiene en cuenta únicamente al tercio de pacientes que figuran en la lista de espera estructural, las especialidades con las esperas más largas son cirugía cardiaca (13,8 días de media), plástica (13,6) y neurocirugía (13,6). En el otro lado, el de las esperas más cortas, figura la cirugía torácica (9,9 días de media), la ginecológica (11,2) y la angiología y cirugía vascular (11,6).
(www.elpais.com, 02/032/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN APRUEBA EL MINIVATICANO SOÑADO POR EL CARDENAL ROUCO A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL PSOE E IU
La operación Ciudad de la iglesia, que pone fin a 20 años de negociaciones, ha salido adelante en el Pleno municipal de Madrid con los votos a favor del PP y la oposición de PSOE e IU, así como de buena parte de los vecinos, que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la polémica medida.
"Clero y Gallardón, roban un montón" o "Vaticano 2 en Madrid, no" figuraron como lemas en las pancartas que se agitaron en la plaza de la Villa, exigiendo al alcalde madrileño que diera marcha atrás en un proyecto que, en opinión de numerosos arquitectos y paisajistas, amenaza con destrozar una de las vistas más famosas de Madrid, la de las Vistillas, que han pintado desde Goya a Teixeira y produciría un importante impacto ambiental.
La Federación Internacional de Ateos (FIDA) ha anunciado que se sumará a la convocatoria de una concentración, el domingo 1 de marzo a las 12 horas en el Parque de la Cornisa, organizada por varias asociaciones vecinales. Los manifestantes se oponen "a la entrada de hormigón y excavadoras en Parques y Jardines que se encuentran protegidos por el propio Plan General de Madrid, y a que la Iglesia Católica siga obteniendo constantes privilegios por parte de los poderes públicos".
Para el portavoz del PSOE en el Consistorio, David Lucas, el complejo eclesiástico privará a los madrileños de más de 15.000 metros cuadrados de arbolado "y de unas vistas excepcionales", y acusó a Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "ha autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande. "Es una fechoría urbanística y un atropello histórico", argumentó
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió al Arzobispado de
Madrid una extensión de 25.000 metros cuadrados, en plena Cornisa de San
Francisco, donde se construirá una biblioteca diocesana, una casa de la
iglesia con 200 plazas de aparcamiento, una residencia para sacerdotes,
oficinas y un hogar para indigentes.
En el Arzobispado de Madrid se espera ahora que, después de que se aprobara el proyecto, las obras arranquen de inmediato, de modo que puedan estar finalizadas para el año 2011. La aprobación de este proyecto es una muestra más del omnímodo poder del cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, quien espera que su proyecto sea bendecido por el Papa Benedicto XVI, cuando acuda a Madrid en agosto de 2011 para la Jornada Mundial de la Juventud, a la que se asistirán unos dos millones de jóvenes, y cuya organización costará más de 50 millones de euros, provenientes de los fondos del Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado.
(www.elplural.com, 28/02/09)
22. COMUNIDAD VALENCIANA. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. EL EQUIPO DE CAMPS NO ADMITE PREGUNTAS SOBRE EL CASO GÜRTEL
¿Por qué llamó Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, ocho veces a su sastre mientras este estaba siendo interrogado en la instrucción del caso Gürtel? ¿Por qué se reunió Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial el mismo día en que éste atacó al juez Garzón? ¿No es comparable esta reunión con la cacería que hizo dimitir al ministro Bermejo? ¿Está la Generalitat investigando si existen más conexiones de las conocidas entre esta administración y las empresas investigadas por corrupción?
Estas fueron algunas de las preguntas que los periodistas dirigieron hoy al vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla. Todas quedaron sin respuesta. O más bien, con una sola respuesta por parte de Rambla: "No querría yo referirme a cualquier cuestión que tenga que ver directa o indirectamente con la instrucción que se está llevando a cabo. Cuando esa instrucción acabe, se harán todas las valoraciones que correspondan".
El vicepresidente valenciano repitió además los argumentos que maneja el PP valenciano desde que, hace ocho días, la prensa reveló que Camps podría estar implicado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón. Rambla habló de un "proceso abierto al Partido Popular". Y volvió a hablar del éxito electoral del PP en el País Valenciano como origen de la investigación judicial: "El gran problema de esta comunidad y del president Camps es ganar elecciones, tener el respaldo electoral de la sociedad valenciana de manera continuada y no ser cómodo para el gobierno de Rodríguez Zapatero".
El jueves, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, afirmó no conocer la información publicada por este diario sobre la reunión de Francisco Camps y Fernando de Rosa el pasado viernes. Ese mismo día, De Rosa atacó a Garzón, afirmando que el juez podría estar rozando la prevaricación.
(www.publico.es, 28/02/09)
23. COMUNIDAD VALENCIANA. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. DE ROSA INCUMPLIÓ LA LEY SI EN SUS REUNIONES CON CAMPS LO ASESORÓ SOBRE SU IMPLICACIÓN
Ni cobrando, ni gratis. Ni en un despacho oficial ni en un domicilio particular, ni en el bar de la esquina. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ejemplo Fernando de Rosa, como árbitros que son tienen la obligación legal de desarrollar su actividad con dedicación exclusiva y les está tajantemente prohibido desempeñar cualquier otra tarea, pública o privada, "por cuenta propia o ajena, retribuida o no", además de la propia de su cargo.
Así de contundente es la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando, en el artículo 117, establece el régimen de incompatibilidades de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Para que no quede ninguna duda de que el asesoramiento en materia legal está claramente incluido entre las tareas proscritas, el apartado segundo del artículo 389 de la citada ley, lo subraya: "el cargo de juez o magistrado [incluye a los miembros del CGPJ] es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Así pues, con la ley en la mano, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, tendría un serio problema jurídico, al margen del político, si se demostrara que en las reuniones que mantuvo con el presidente Francisco Camps y varios consellers y altos cargos asesoró sobre el escenario judicial que podría plantearse si el jefe del Consell es implicado en la trama.
Esas citas en casa propia o en territorio institucional tendría al menos tanto recorrido que la rocambolesca estanmpa del juez, el ministro de justicia y toda la cornamenta de los muflones y venados abatidos en la cacería de Jaén que acabó costándole el cargo al ministro Fernández Bermejo. Aquello fue un desliz político en toda regla. De hecho, allí se especuló con el motivo de las conversaciones si las hubo. En los al menos dos encuentros mantenidos por De Rosa con Camps no hay, ni por la agenda ni por el escenario, orden del día lúdico que explique el encuentro entre dos amigos y unos cuantos agregados.
El primero de ellos, del que informó este diario, se produjo el 13 de febrero en el domicilio del magistrado y ex conseller de Justicia, en la Avenido Barón de Cárcer. El segundo tuvo lugar una semana después en el Palau de la Generalitat. Preguntado por este diario sobre el contenido de la reunión en su casa, De Rosa se limitó a contestar: "No voy a contar lo que hago en mi vida privada", tras señalar que ni confirmaba ni desmentía la reunión. Fuentes oficiales de Presidencia se instalaron en la misma versión, aunque destacaron que entre Camps y su ex subordinado De Rosa hay "una relación personal, que es muy conocida". No obstante, a esa reunión acudieron al menos dos consellers y algún otro alto cargo. El encuentro se celebró el día que los periódicos publicaron el auto del juez Baltasar Garzón en el que se desenmarañaba el entramado de 23 empresas montado por Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, entre otros, para, a través del presunto soborno a políticos y funcionarios, lograr contratos de la Administracion y desviar los fondos a paraísos fiscales.
Ese mismo día trascendió, además, que el magistrado apreciaba "serios indicios" de que aforados del PP podrían estar implicados. En ese contexto se habría convocado, según fuentes solventes, el improvisado gabinete de crisis para evaluar la situación jurídica y política en casa de Fernando de Rosa. En un edificio propiedad de la familia del ex conseller en el que hace años estaba la sede del PP valenciano, concretamente en la primera planta. El jueves 19 de febrero, de buena mañana, en la tertulia de Canal 9, De Rosa soltó la traca al afirmar que si Garzón no se inhibía en la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación". "Puedo decir que si yo fuera juez y en un procedimiento hubiera la más mínima sospecha de que hubiera un aforado, la responsabilidad del juez es paralizar el procedimiento y remitirlo al órgano competente". "Al presidente de la Generalitat sólo lo puede investigar el TSJCV", concluyó.
Al cabo de unas horas, De Rosa visitó el Palau. El número dos del CGPJ aseguró a este diario que había ido a recoger teletipos. Salió así al paso de las informaciones sobre una reunión, a la que también habría asistido el ex ministro Michavila, de un minigabinete de crisis. El vicepresidente Rambla también participó en el encuentro.
(www.levante-emv.com, 03/032/09)
24. COMUNIDAD VALENCIANA. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. EL ALCALDE SE NIEGA A RESPONDER SI CONTRATÓ CON LAS 200 EMPRESAS DE IMPUTADOS EN LA TRAMA DE GARZÓN
El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, se niega a responder por escrito y ha desestimado las 199 preguntas del grupo socialista sobre los posibles contratos del ayuntamiento con 201 empresas vinculadas a personas imputadas en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel. La postura del primer edil queda reflejada en un decreto que él mismo firmó el pasado viernes y en el que argumenta que responder a las cuestiones del PSPV "implicaría una lesión del principio de eficacia administrativa y rompería la marcha normal del trabajo en las secciones del ayuntamiento".
Como contrapartida, el alcalde facilitó al grupo socialista un tomo con un listado en papel de los 75.000 proveedores contratados por el ayuntamiento desde el año 2003. Eso sí, dicho listado no especifica ni la cantidad ni las cuantías de los contratos. Además, el PSPV no podrá cotejarlos a través de una base de datos digital y deberá repasar las empresas, una a una, en formato impreso.
La respuesta de Alberto Fabra llega una semana después de que el vicealcalde, Javier Moliner, ofreciera a la oposición en declaraciones públicas el "acceso a cualquier expediente de contratación del ayuntamiento".
El portavoz socialista, Juan María Calles, advirtió que el alcalde "no ha dado la respuesta que pedíamos y sigue sin decir claramente si ha contratado a empresas vinculadas al caso Gürtel; si había una sospecha la semana pasada, ahora esta se amplía ante la negativa del señor alcalde. Y por eso mismo advertimos que vamos a seguir investigando y vamos a pedir más documentación, porque nuestras preguntas se presentaron en tiempo y forma".
A juicio de Calles, resulta importante para los ciudadanos "preservar las actuaciones municipales de toda sospecha" y descartar posibles vínculos con la investigación de la Audiencia Nacional que implica Orange Market S.L. -mercantil que organizaba actos del Partido Popular- por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y tráfico de influencias.
Con este argumento en la mano, el portavoz socialista requirió que se informe a la oposición de los posibles contratos firmados con mercantiles vinculadas, los importes y las fechas de autorización de los mismos.
(www.levante-emv.com, 03/032/09)
25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO
El presidente del Consell, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, utilizan como coche oficial un Audi A-8. Es decir, el mismo modelo que su compañero de filas, Núñez Feijóo, echó en cara durante la campaña electoral de las gallegas a su rival socialista, Emilio Pérez Touriño, presentándolo como sinónimo de derroche. El futuro presidente de la Xunta, que se comprometió a usar un coche fabricado en Galicia que finalmente tendrá que adquirir en Francia, reclama ahora "parar de hablar" de la polémica de los automóviles y mirar "al futuro".
El automóvil oficial de la Xunta, el Audi A-8 blindado
que durante la campaña electoral Feijóo reprochó insistentemente a Touriño
como prueba de derroche, es también el modelo que usa el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón o la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre. Es
también el modelo predilecto entre el PP valenciano. El presidente Francisco
Camps tiene desde hace cinco años un Audi A-8 del que la Generalitat no
quiso dar el precio. El Ayuntamiento de Valencia de la también popular Rita
Barberá adquirió hace tres años un A-8 blindado que costó 267.336 euros y
hace unos meses alquiló con opción de compra (renting) que supone 2.000
euros al mes para el consistorio.
La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, prometió austeridad pero
mientras mantiene los dos A-8 a su servicio que tuviera su predecesor. Los
consellers disfrutan del modelo inferior al Audi A-8, el A-6, que sin
blindar puede llegar a costar más de 60.000 euros, un vehículo que hasta en
número de ocho disponen en las Corts valencianas por sistema de renting
también adquirieron hace unos meses mediante el sistema de renting otros
ocho Audi A-6, y también cuentan por el mismo sistema con dos Audi A-4 para
los escoltas. El contrato se adjudicó por 896.000 euros y dos meses después
emplearon otros 12.000 para cambiar los asientos delanteros de la flota.
El A-8 también es el coche del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, el polémico Carlos Fabra, mientras que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también disfruta de un Audi. Como explica también el diario levantino, la moda del A-8 en las instituciones valencianas la inició el ex presidente Eduardo Zaplana rompiendo con la tradición de comprar coches de la marca Ford, que cuenta con una factoría en la localidad valenciana de Almussafes.
Prrecisamente Feijóo apeló al regionalismo para comprometerse a cambiar el A-8 de la Xunta por un modelo Citroen fabricado en Vigo, pero finalmente tendrá que acudir a Francia para tener un coche blindado. Preguntado sobre este asuntoel futuro presidente de la Xunta reconoció que usará un C-6, modelo que no se fabrica en Vigo, justificándolo en que es "representativo de la marca". El líder del PPG cree que ahora "deberíamos parar de hablar de esto" porque "ya forma parte del pasado". "Lo único que comentamos es que no nos gustan los gastos suntuarios del presidente [Touriño]", explicó Feijóo volviendo a comprometer a todos sus compañeros de partido que usan el mismo coche.
(www.elplural.com, 04/032/09)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "ES EL PARTIDO EL QUE HACE LOS NOMBRAMIENTOS"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha afirmado este jueves que cuando "se ganan unas elecciones, quien hace los nombramientos y quien coloca en los sitios de responsabilidad a la gente es el partido". Fabra ha respondido así al ser preguntado por unas grabaciones difundidas en las que, según aseguró en el último pleno el portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, el también presidente provincial del PP en Castellón "presumía de colocar a mucha gente en doce años al frente de la Diputación".
El presidente de la Diputación ha ofrecido una rueda de prensa para presentar la web de Nuevas Generaciones del PP en Castellón, a la que han asistido medio centenar de miembros de esta organización que aplaudían a Fabra cuando éste respondía a las preguntas de los periodistas.
"A mi tampoco me ha preguntado el Gobierno de la nación sobre los nombramientos de los cuatro consejeros del Puerto, no me ha preguntado si me parecía que fuera fulanito; los ha nombrado y punto, porque es su facultad de designarlos, y ponerlos ahí, y colocarlos ahí", ha declarado Fabra.
Ante las preguntas de un periodista sobre las citadas grabaciones, Fabra ha ironizado con que creía que le iba a preguntar por "los doce arrestados en un Ayuntamiento socialista de Málaga esta mañana" o por "el juez Garzón o por el ex ministro de Justicia".
Ha explicado que actualmente está "averiguando las colocaciones que se produjeron en la Diputación entre 1987 y 1994, cuando gobernó el Partido Socialista". "Le aseguro que pasarán de ochocientos", ha continuado el presidente de la Diputación, quien ha acusado al citado periodista de tener una "obsesiva persecución fabrista".
Asimismo, le ha recriminado estar "perfectamente conectado" con los socialistas cuando el informador le ha preguntado por la alusión al "voto cautivo" que se le oía hacer en las citadas grabaciones, de las cuales, ha insistido, no hablará, porque están "manipuladas".
El presidente de la Diputación ha recordado a los periodistas presentes en la rueda de prensa que esto "no es un diálogo" y ha añadido que no le "apetece" hablar "especialmente" con los medios de comunicación. Preguntado por la difusión de una grabación en la que puede escuchársele, a micrófono abierto durante el pleno, la palabra "payasos" al finalizar su respuesta al grupo socialista, Fabra ha dicho no recordar "absolutamente nada" al respecto, pero ha afirmado que "desde luego, payasadas allí se hicieron muchas".
Tras asegurar que continuará dirigiendo los plenos de la Corporación provincial hasta el final de la legislatura, ha instado a los periodistas a que le preguntaran a él por qué los asistentes al pleno llamaron "fascistas" y "caraduras" a los miembros del PP.
(www.publico.es, 28/02/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL ADJUDICÓ SIN CONCURSO UNA OBRA DE 8 MILLONES EN VILA-REAL
La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.
La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.
La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.
El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".
Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".
El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.
La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona.
(www.elpais.com, 01/032/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CHOLBI PIDE COBRAR EL FINIQUITO COMO DIPUTADO ANTES DE SU ELECCIÓN COMO SÍNDIC DE GREUGES
El próximo Síndic de Greuges, José Cholbi, hasta ahora vicepresidente primero de las Corts Valencianes, se ha acogido al Reglamento de pensiones y otras prestaciones en favor de los ex parlamentarios para solicitar el finiquito que le corresponde como ex diputado, antes de su elección mañana como alto comisionado para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.
La citada normativa prevé que los diputados, al dejar el acta, tendrán derecho a un finiquito de una cantidad equivalente a la última nómina completa multiplicada por los años de mandato. En el caso de Cholbi, son unos 14 años en la Cámara, ya que fue diputado en la primera legislatura y luego de la cuarta hasta la actualidad.
El hasta ahora parlamentario fue elegido por el presidente Francisco Camps para asumir la institución del Síndic de Greuges, al reunir las condiciones para recabar el consenso con el PSPV en su elección. Sin embargo, la designación le salía muy cara al popular, ya que podía perder el finiquito como consecuencia de sus años de diputado, toda vez que el puesto es incompatible para percibir esta indemnización. Antes de iniciarse hoy el pleno en el que se le eligirá como Síndic, Cholbi dimitió como diputado, solicitando la percepción de la indemnización, que podría estar en torno a los 90.000 euros.
El ex presidente de las Corts Julio de España no lo pidió
en su momento, cuando no revalidó el escaño tras las elecciones de mayo de
2007 y el Reglamento de pensiones estaba recurrido en los tribunales. Luego
fue designado senador territorial. Al desbloquearse el citado reglamento, ya
no tiene derecho al resultar incompatible. Cholbi defendió que tiene toda
una vida dedicada a la vida parlamentaria por lo que el finiquito es un
"derecho legal" al que se ha acogido, como puede existir en cualquier otra
actividad profesional, y al que, a su juicio, no tenía por qué renunciar
ahora que inicia una nueva etapa en la Sindicatura de Greuges. El popular se
ha dado de baja en el PP, al que pertenece desde hace 30 años.
Una veintena de ex parlamentarios solicita la indemnización
El caso de Cholbi no es aislado sino que una veintena de ex diputados está pendiente de percibir la indemnización por cese del mandato parlamentario, prevista en el "Reglamento de pensiones parlamentarias". Varios de ellos lo percibirán aunque ahora serían incompatibles al ostentar un cargo electo o político de libre designación, invocando que en el momento en que lo solicitaron no tenían este puesto. Cabe recordar que el citado reglamento ha estado paralizado en los tribunales desde mayo de 2007.
El pleno de las Corts comenzará hoy con la toma de posesión del nuevo diputado del grupo popular, Antonio Lorenzo Paredes, alcalde de Algorfa, y la elección de Antonio Clemente como vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara autonómica en sustitución de José Cholbi.
Éste, que presentó su renuncia al escaño, será designado en la sesión plenaria de mañana como nuevo Síndic, tras el acuerdo entre socialistas y populares para desbloquear la renovación de la institución, sin titular desde abril de 2006. César Asencio será el portavoz adjunto del PP en sustitución de Clemente.
(www.levante-emv.com, 04/032/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN RECURRE QUE SE EXCULPE A DÍAZ ALPERI Y ALEGA QUE EL JUEZ NO AGOTÓ LA INSTRUCCIÓN
La Fiscalía Anticorrupción entiende que la instrucción del caso Mercalicante, por lo que respecta al ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi (PP) está "inacabada" y asegura desconocer qué averiguaciones realizó el magistrado instructor para determinar el sobreseimiento de la causa. Por ello el fiscal ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que sobreseyó los hechos imputados a Díaz Alperi al considerar que "no son constitutivos de delito".
El caso Mercalicante surgió en 2002 tras las presuntas irregularidades contables detectadas en la empresa mixta Mercalicante, participada por el Ayuntamiento de Alicante, entre 2000 y 2002 y que generaron un desfalco de unos seis millones de euros.
La Fiscalía pregunta cuáles son las pruebas practicadas por el juez para haber acordado el sobreseimiento, ya que cerró la causa en siete días tras llegar al TSJCV al estar Díaz Alperi aforado. Y asegura que la instrucción está "inacabada", pese a haberse demorado durante seis años, criterio esgrimido por el magistrado para archivar al entender que con esas dilaciones "se ha vulnerado el derecho".
Por el contrario, el fiscal afirma en su apelación que su deber "es llegar hasta el final de las instrucciones, con o sin aforamiento, y que éste no perjudique la investigación penal".
Los hechos que se le imputan a Alperi son de administración desleal, ya que entre 1999 y 2001, el Consejo de Administración aprobó adjudicaciones por 6,3 millones de euros. Sin embargo, las deudas ascendieron a 11,3 millones de euros, con inversiones en Bolsa y el patrocinio de un coche de rally.
(www.levante-emv.com, 04/032/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP LLEGA AL PODER EN BENITAXTELL CON EL APOYO DE CUATRO TRÁNSFUGAS
El PP accedió al poder en Benitatxell gracias al apoyo de cuatro ediles tránsfugas que hasta ahora pertenecían al Partido Independiente Democrático (Piddeb) del ex alcalde Juan Cardona. Estos cuatro ediles, tras la dimisión de Cardona por corrupción urbanística, se han pasado al Grupo de No Adscritos.
La portavoz del PP, Josefa Ronda, se convirtió en alcaldesa "por sorpresa", como ella misma manifestó, toda vez que las negociaciones con los ex independientes antes del pleno habían fracasado. En el último momento la dirección ripollista del PP en Alicante forzó a que la líder de los tránsfugas, Nieves García, apoyara a Ronda a cambio de encabezar la lista popular en las próximas elecciones. En febrero, el PP y los cuatro tránsfugas ya intentaron una moción de censura con García de candidata a la alcaldía que fue anulada al presentarse contra Cardona cuando éste ya había dimitido. Esta es la tercera ocasión en la que los populares se valen del transfuguismo para conquistar el poder, después de los casos de Dénia y La Vila Joiosa.
El nuevo gobierno eludió comprometerse a investigar la trama urbanística que obligó a renunciar al anterior alcalde, acusado de un delito de cohecho por exigir a un promotor 50.000 euros a cambio de mantener urbanizables sus terrenos. Tampoco aclararon nada sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni sobre el proyecto de un puerto en unos acantilados protegidos por la UE.
Ninguna de estas cuestiones parece preocupar a la dirección popular, cuyo desembarco en un salón de plenos abarrotado evidenció que el acuerdo con los tránsfugas no era tan improvisado. El coordinador provincial popular, Ximo Ferrando, señaló: "Nuestros cuatro nuevos socios ya son del PP y han honrado la democracia". Y el diputado provincial Juan Roselló, imputado por la trama del caso Aguas de Calpe, aseguró que la alianza frenará los escándalos urbanísticos y que la Diputación se volcará con Benitatxell.
Al acuerdo era contrario el otro edil del PP, el campista Josep Colomer, que, aunque votó por Ronda, apostaba por un gobierno con PSPV y BNV. Estos últimos se mostraron decepcionados con el nuevo pacto. "El pueblo esperaba otra cosa después de que la oposición, incluido el PP, fuéramos de la mano contra el Piddeb", señaló el portavoz socialista, Josep Buigues. La hasta alcaldesa en funciones, la austriaca Hannelore Rheindorf, aún en el Piddeb e imputada en el caso de Cardona, criticó a su ex compañera García, a la que preguntó: "¿Cuánto tiempo tardarás en presentarle una moción a Ronda?".
(www.elpais.com, 05/03/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA CONTRATA EMPRESAS VINCULADAS A DOS CONCEJALES
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Orihuela (PSPV-PSOE, Los Verdes y Centro Liberal Renovador) han denunciado que el equipo de gobierno local, en manos del PP con mayoría absoluta, contrata con dos empresas vinculadas a ediles populares, en concreto el concejal de Juventud, José Manuel Cutillas, y la responsable del área de Cultura, Josefa Ferrando.
En el caso del edil Cutillas, la oposición mantiene que el Ayuntamiento ha adjudicado en el último año obras por 120.000 euros a una mercantil cuyos dos administradores son socios del edil en otra empresa. Los contratos, salvo uno adjudicado por decreto de la alcaldía, fueron aprobados en la junta local de gobierno. Cutillas no tiene la dedicación exclusiva y tampoco integra la junta de gobierno.
La portavoz municipal socialista, Antonia Moreno, ha exigido que el equipo de gobierno popular "dé explicaciones" de las contrataciones que se formalizan. Moreno considera que el PP muestra una "actitud despótica y poco clara" en cuanto a las contrataciones municipales, ya que, según la oposición, el gobierno local podría haber concedido obras y servicios a personas supuestamente vinculadas a los populares.
La portavoz municipal socialista ha manifestado que "todas las empresas tienen derecho a ganarse la vida" y ha destacado que son "muchas" las pequeñas mercantiles de la localidad oriolana que "tratan de subsistir" en estos momentos de recesión. Un portavoz oficial del gobierno local desmintió cualquier irregularidad: "El Ayuntamiento no ha adjudicado nada a ninguna empresa de Cutillas".
Los contratos adjudicados por valor de 200.000 euros a la firma de una cuñada de Ferrando serán detallados hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes.
(www.levante-emv.com, 03/032/09)
32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP IGNORA SENTENCIAS QUE ANULAN CONCESIONES A ULIBARRI
El Ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha hecho caso omiso desde 2007 a cuatro sentencias de concesiones irregulares al empresario José Luis Ulibarri. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dictó en 2007 y 2008 dos sentencias firmes que anulan el macroproyecto urbanístico de La Rosaleda, en pleno centro, que tuvo a Ulibarri como principal beneficiario: obtuvo parcelas para hacer 2.000 viviendas a un precio equivalente al 20% del que fijaba el mercado en 2002, cuando se produjo la operación.
El tribunal anula todo el proceso por estar trufado de irregularidades: en una sentencia, niega la recalificación del suelo. En la otra, el pliego de condiciones para las adjudicaciones, por falta de publicidad y concurrencia, como informó el domingo Público. Sin embargo, las sentencias no se han ejecutado. Y no son las únicas que anulan concesiones o contratos con el empresario, cuyas supuestas comisiones en la compra de suelo para vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), gobernada también por el PP, están siendo investigadas por Garzón.
En 2008, los tribunales anularon por irregulares otras dos decisiones del consistorio de Ponferrada que beneficiaban a Ulibarri. Tampoco se han ejecutado. Tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Carlos López Riesco, ocupa un escaño en el Congreso. Una de estas sentencias no ejecutadas se convirtió en firme en mayo de 2008, cuando el TSJCYL ratificó un auto de 2007 que anulaba una adjudicación de 2001 justo antes de la concesión irregular de La Rosaleda para construir el auditorio municipal. La demanda fue presentada por el Colegio de Arquitectos de León.
El fallo es rotundo: de nuevo no hubo publicidad ni, por tanto, concurrencia, con lo que Ulibarri se aseguró la adjudicación. Únicamente se publicaron dos anuncios en la prensa local, recalca el fallo, "un instrumento de publicidad que no permite el conocimiento por la generalidad de los interesados". La adjudicación tuvo otra "peculiaridad", agrega la sentencia, porque se trataba de un "contrato mixto, no sólo de obras, sino también de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras", con lo que en realidad se juntaron sin publicidad dos adjudicaciones. Los jueces recuerdan que esta mezcla sólo puede darse en ocasiones excepcionales, lo que no era el caso.
La segunda sentencia de 2008 que anula concesiones del Ayuntamiento de Ponferrada a Ulibarri afecta a la recalificación, en 2004, de suelo rústico para que Graveras del Bierzo controlada por el Grupo Begar instalara una planta de hormigón. La demanda fue presentada por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) y, aunque la sentencia se dictó en julio de 2008, tampoco ha tenido repercusión alguna: la planta sigue funcionando con normalidad. En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima que la recalificación del suelo no se ajustó a la ley ni tenía justificación: ningún elemento aconsejaba que el suelo dejara de ser considerado rústico, pese a lo cual el Ayuntamiento hizo las modificaciones que le reclamaba Ulibarri. El fallo anula la autorización del Ayuntamiento para instalar la planta y exige "reponer el suelo a su situación anterior".
(www.publico.es, 03/032/09)
33. REGIÓN DE MURCIA. LA MANSIÓN "HOLLYWODIENSE" DEL CONCEJAL DE LAS BASURAS DE MURCIA
Mientras en Murcia las denuncias contra el presunto fraude del reciclaje se acumulan por parte de Ecologistas en Accion y varios ciudadanos, el concejal responsable de la Limpieza Viaria, y de la gestión de las basuras, José Ros, del Partido Popular, está construyendo una mansión de nuevo rico al más puro estilo hollywodiense en la urbanización de Torre Guil, ubicada en Sangonera la Verde. Una gran obra, en donde "no se escatima el dinero, y destaca el boato y la pompa en una inversión multimillonaria". Se trata de una edificación de tres alturas, con más de 300 metros construidos y un entorno lujoso que no pasa desapercibido.
En esta mansión "se puede ver ejemplares de palmeras, que deberían estar en un jardín público, ya que en las fechas en que fueron transplantadas, se encontraban en el colegio murciano de Cristo Rey". Estos hechos están denunciados ante el Seprona por Ecologstas en Acción. También se observan dos oliveras milenarias, igualmente transplantadas, con un valor elevadísimo, según los especialistas consultados.
Además, se han vuelto a trasplantar otros cuatro ejemplares de palmera, de los que se desconoce la procedencia, así como media docena de palmeras de jardín, de origen también desconocido. Tememos que viendo como actúa este señor, la oposición debería investigar y pedir la documentación al concejal José Ros.
En la mansión se está construyendo una gran piscina con cascadas artificiales, "propia de Marina D´or o de la chabacanería de nuevo rico". Además, hay cuatro columnas que recuerdan a los baños de los romanos de donde "fluirá una fuente de agua que caerá por las cascadas haciendo un conjunto artificial que terminará en la piscina, todo un alarde cinematográfico". Igualmente se han observado bloques de piedra antigua trabajada de la "que es necesario que la oposición pida que documente su procedencia".
Este concejal, que ahora es de Limpieza Viaria, y responsable del vertedero de Cañada Hermosa, ha sido también edil de Parques y Jardines. Todo el material empleado, "es de primerísima calidad, apreciando que no se ha reparado en gastos".No entendemos como "con un sueldo de concejal se puede permitir esta suntuosa mansión. En tiempos de crisis sería bueno que nos explicara cómo lo ha hecho, pues es sin duda todo un logro". "A no ser que como dice el dicho, en las basuras se encuentran muchos tesoros".
Ecologistas en Acción presentó pruebas ante el servicio de protección del medio ambiente de la Guardia Civil, el SEPRONA, de las palmeras que se arrancaron del colegio murciano en el centro de la capital.
(www.vegamediapress.com, 03/03/09)
34. REGIÓN DE MURCIA. DETENIDO UN EX CONSEJERO MURCIANO POR EL 'CASO ZERRICHERA'
El ex consejero del Gobierno regional Francisco Marqués ha sido detenido por la Policía Nacional en el marco de las actuaciones abiertas por los delitos de prevaricación y cohecho en el 'caso Zerrichera', según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ). La Zerrichera es un proyecto urbanístico que inició el Grupo Hispania, propiedad del promotor Trinitario Casanova, ahora retirado del mismo, que incluía la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de La Almenara, en Águilas, parte de las cuales cuentan con protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la detención de Francisco Marqués se produjo a última hora de esta mañana en Madrid, cuando se encontraba de viaje de trabajo, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que lleva el caso de La Zerrichera y que ha decretado parcialmente el secreto de las actuaciones judiciales. Marqués fue consejero de Sanidad del Gobierno murciano (1999-2003), delegado del Gobierno en Murcia (2004) y consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004-2006).
El caso fue abierto por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, el 22 de febrero de 2007, que presentó una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez y un ex edil de este ayuntamiento, cuatro altos cargos de la Comunidad y un funcionario.
El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
Francisco Marqués (Valladolid, 1960) ha desempeñado durante años varios cargos en la Administración Pública y actualmente es director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), empresa de distribución farmacéutica, con sede en Murcia.
El jefe superior de Policía de Murcia, Carlos Llorente, no quiso hacer declaraciones acogiéndose el secreto del sumario, y el viceportavoz parlamentario del PP, José Antonio Ruiz Vivo, también declinó hacer valoraciones de lo ocurrido.
(www.publico.es, 05/032/09)
35. REGIÓN DE MURCIA. EL TSJ ANULA EL AUTO QUE RETIRÓ LA IMPUTACIÓN DE COHECHO AL ALCALDE DE TOTANA
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el auto del magistrado instructor del presunto caso de corrupción urbanística en Totana, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional del delito de cohecho contra el alcalde José Martínez Andreo, según el auto remitido por el TSJ de Murcia.
El magistrado instructor, Julián Pérez Templado, en diciembre del año pasado, argumentó que de las investigaciones llevadas a cabo contra el alcalde y otras personas no se deducían indicios de criminalidad contra Martínez Andreo para mantener su imputación como presunto autor de un delito de cohecho.
El fiscal recurrió este Auto y solicitó que se dejara sin efecto el sobreseimiento, pero en enero de este año, el magistrado-instructor volvió a ratificarse y argumentó que "ni las cuestiones estaban claras en la instrucción, ni se van a aclarar en el juicio oral con toda probabilidad".
Al no ver atendida su petición, el fiscal acudió al TSJ que ahora ha estimado en parte el recurso. El Auto señala que "lo que no está claro, debe esclarecerse en diligencias previas", por lo que le pide al instructor que continúe la investigación, "con absoluta libertad de criterio".
(www.vegamediapress.com, 05/03/09)
36. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DECLARA QUE MATAS COBRÓ POR LA GALA DE INAUGURACIÓN DE IB3
Un testigo, el ex director de programas de IB3 Luis Velasco, ha declarado ante los investigadores de la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción que el ex president del anterior Govern del PP, Jaume Matas, cobró un soborno en plena gala inaugural de la citada televisión autonómica, un evento celebrado el 4 de septiembre de 2005 en el casino de Mallorca.
Velasco es una de las personas que han testificado dentro de las diligencias informativas que la fiscalía anticorrupción abrió a finales del año pasado para tratar de esclarecer desvíos de fondos y presuntos cohechos y otras corruptelas que habrían tenido lugar en la anterior etapa de IB3, coincidiendo con el Govern de Jaume Matas.
Velasco trabajó durante años para el productor y artista José Luis Moreno y fue considerado su hombre de confianza en Mallorca. Sin embargo, empresario y director de programas acabaron distanciándose y el primero denunció al segundo por supuestas amenazas telefónicas. Las presiones y presuntas maledicencias por parte del antiguo empleado contra el empresario madrileño también habrían tenido lugar a través de Internet.
Luis Velasco declaró hace algunas semanas ante la Policía Judicial de la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción. El ex director de programas de IB3 iba a comparecer inicialmente como imputado, pero acabó deponiendo como testigo.
Esta persona asegura haber sido testigo de cómo el president del Govern Jaume Matas, defendido por Rafael Perera, habría recibido con ocasión de la gala inaugural de IB3, un espectáculo que fue televisado por TV3, un sobre que contenía entre 200.000 y 250.000 euros como contraprestación por algún favor concedido.
La Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción está siguiendo está pista y otras sobre posibles corruptelas en torno a la televisión autonómica. Anticorrupción deberá decidir si archiva las diligencias o remite el caso a los juzgados.
(www.diariodemallorca.es, 03/03/09)
37. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA SI EN EL METRO HUBO FALSEDAD, MALVERSACIÓN Y ESTAFA
Las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las presuntas irregularidades presupuestarias en la ejecución del metro de Palma tratan de comprobar si éstas son producto de actuaciones constitutivas de los delitos continuados de falsedad en documento oficial y malversación de fondos públicos o, en su caso, de estafa y apropiación indebida.
Los fiscales trabajan a partir de la denuncia presentada por los actuales responsables del Govern en los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), en la cual se insta a investigar la actuación de la exdirectora de obras, Ana García; de la empresa consultora del proyecto, "Global PM"; y de determinadas empresas contratistas. Todo con la intención de averiguar "quién se ha beneficiado económicamente" de las irregularidades detectadas.
La denuncia expone en la Fiscalía, que ya ultima un primer listado de citaciones para los implicados, que se ha comprobado que la responsable técnica certificó partidas de obras por valor de 2.472.794 euros "que nunca se han ejecutado". Ana García, contando para eso con las mediciones técnicas que le hacía la consultora ‘Global PM’, iba certificando la realización de obras "con base a las cuales se pagaba a las empresas constructoras".
A partir de esta actuación, "la administración autonómica ha pagado por obras inexistentes" por valor de la anterior cantidad mencionada. En los hechos expuestos en la denuncia también se aporta el proyecto de liquidación con el cual se pagaba al contratista. En las certificaciones investigadas se hace la observación "no "realizado", "es decir, no efectuada la partida de obra certificada en falso".
Por eso se insta a Fiscalía a aclarar "por qué la sra. García ha certificado en falso, por qué ‘Global PM’ ha efectuado mediciones sobre obras inexistentes, por qué contratistas de obras han cobrado o reclaman actualmente por construcciones no realizadas y quienes se ha beneficiado económicamente" de todos estos hechos.
Desde Mobilitat también se ha puesto en conocimiento de los fiscales que la empresa consultora implicada en las presuntas irregularidades cobró entre julio de 2005 y marzo de 2007 la cantidad de 1.334.000 euros por parte de SFM "sin ninguna cobertura contractual", y se aporta la documentación sobre estos pagos.
(www.ultimahora.es, 03/03/09)
38. ISLAS BALEARES. EL FISCAL EXTIENDE EL CASO PALMA ARENA A UNAS OBRAS EN EL PRÍNCIPES DE ESPAÑA
La delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción ha ampliado las pesquisas sobre presuntas irregularidades económicas y desvíos de fondos millonarios en torno al velódromo palmesano Palma Arena a las instalaciones deportivas del Príncipes de España. se programó una inspección ocular por parte de la fiscalía anticorrupción y agentes policiales al polideportivo Príncipes de España, situado en el polígono de Son Castelló de Palma y dependiente del Govern.
La nueva línea de investigación es, al parecer, un fleco o una pista tangencial sobre el núcleo del caso Palma Arena. Entre la abundante documentación que se está estudiando en torno al descuadre millonario entre lo presupuestado inicialmente para construir y equipar el velódromo ubicado junto al cementerio palmesano, y lo realmente desembolsado, habrían aparecido datos sobre obras realizadas en el Príncipes de España.
Los investigadores del caso Palma Arena llevan meses tratando de poner luz en el complicado proceso de diseño, elaboración de los proyectos, construcción y equipamiento del Palma Arena, una instalación que fue construida en la pasada legislatura por un consorcio integrado por miembros del Partido Popular del Ayuntamiento, el Govern y el Consell de Mallorca.
El caso es un auténtico rompecabezas y en dicho maremágnum habrían aparecido datos sobre gastos efectuados en relación al Príncipes de España. La comisión de la fiscalía y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía programada para tenía previsto inspeccionar in situ unas obras efectuadas en el polideportivo del polígono de Son Castelló.
La fiscalía anticorrupción abrió hace unos meses una investigación para tratar de determinar las causas de que el precio del Palma Arena, que estaba presupuestado en unos 48 millones de euros y que ya ha costado unos 100 millones de euros, se disparase. Anticorrupción sospecha que se pudo desviar dinero para otros fines y que alguien pudo lucrarse ilegalmente con este estadio, que fue construido para acoger los campeonatos del mundo de ciclismo en pista cubierta del 2007.
De momento, en el sumario únicamente han declarado varios testigos. El juzgado de instrucción 3, cuyo titular es José Castro, también realizó a finales del año pasado otra inspección ocular en el propio velódromo.
(www.diariodemallorca.es, 04/03/09)
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