Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
Del 21 al 27 de Marzo 2009
| Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRID
2. RAJOY DECIDE CAMBIAR EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL PARTIDO
3. MATO CONOCÍA EL JAGUAR DE SU EX MARIDO PERO INSISTE EN QUE "NO FUE UN REGALO"
4. EL TESORERO DEL PP INVOCA ALTOS INGRESOS PARA JUSTIFICAR SU PATRIMONIO
5. EL CGPJ ARCHIVA LAS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN
6. PIZARRO COBRA DIETAS DE CARGOS HONORÍFICOS Y LÓPEZ-AMOR GESTIONA DERECHOS DE FÚTBOL
7. CASO YAK-42. UN CAPITÁN DESMONTA LA VERSIÓN DEL PRINCIPAL ACUSADO
8. CASO YAK-42. LOS ENTIERROS DEL YAK-42 FUERON ILEGALES
9. LA EUROCÁMARA TUMBA EL INFORME LINGÜÍSTICO DEL PP
10. MONTORO ACUSA A LA PATRONAL DE "LANZAR FLORES AL GOBIERNO"
11. AZNAR DIXIT: "CUANDO DEJÉ EL GOBIERNO ETA ESTABA PRÁCTICAMENTE DERROTADA"
12. AZNAR PIDE A OBAMA QUE DESVELE LAS LÍNEAS GENERALES DE SU POLÍTICA EXTERIOR
13. CATALUÑA. LA IMPOSIBLE HEGEMONÍA DEL PP
14. CATALUÑA. EL PP FULMINA A UN CONCEJAL POR DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA
15. GALICIA. FEIJÓO APROBÓ EN FUNCIONES 39 CONVENIOS Y ADJUDICÓ POR 100 MILLONES
16. GALICIA. DENUNCIAN AL FISCAL QUE UNA FUNDACIÓN CREADA POR CACHARRO "PERDIÓ" 3 MILLONES
17. GALICIA. VECINOS DE O PINO DENUNCIAN AL ALCALDE POR DELITO URBANÍSTICO
18. ANDALUCÍA. ÉSTA ES LA PESADILLA DE JOSEFA TORRES
19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE VUELCA EN LAS EUROPEAS PARA RECUPERAR PESO EN EL PP
20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "ASISTIMOS A ALGUNOS INTENTOS DE NEGAR E INCLUSO ATACAR EL HECHO RELIGIOSO"
21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REPARTE POR SEGUNDA VEZ LAS TELEVISIONES LOCALES A LOS MISMOS
22. COMUNIDAD DE MADRID. TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE, SEÑALADOS POR VARIOS DELITOS
23. COMUNIDAD DE MADRID. EL CASO DE CAJA MADRID ES UN "INTERVENCIONISMO PÚBLICO DESCARADO"
24. COMUNIDAD DE MADRID. EL EQUIPO DE GALLARDÓN OCULTÓ AL PSOE EL CONTRATO CON INGESPORT
25. COMUNIDAD DE MADRID. UN PISO PARA EL ALCALDE DE MAJADAHONDA
26. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS PRUEBAS PARA EL TRAJE DE CAMPS
27. COMUNIDAD VALENCIANA.EL SASTRE INFORMATIVO DE CAMPS
28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL PRESIONA A LOS EMPRESARIOS PARA "HACER LA OLA" A CAMPS
29. COMUNIDAD VALENCIANA. ORANGE MARKET AUMENTÓ SUS INGRESOS UN 78% EL AÑO DE LA CAMPAÑA DE CAMPS
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL ACREDITA REGALOS DE AL MENOS 7.393 EUROS DE LA RED CORRUPTA A CAMPS
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP TUMBA 456 PREGUNTAS Y DEJA EN EL PUNTO DE MIRA ORANGE MARKET Y LA FIRMA DEL AMIGO DE CASTELLANO
32. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ELUDE RESPONDER SOBRE LOS HONORES A FRANCO
33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA CONSIDERA UN ACIERTO EL LIBRO QUE EXALTA A FRANCO Y DEFINE A SU AUTOR COMO UN VALIENTE
34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VE LÍCITO QUE FABRA SE JACTARA DE "COLOCAR" GENTE
35. COMUNIDAD VALENCIANA. ORIHUELA ADJUDICÓ UNA OBRA YA INAUGURADA
36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DA AL PP DE DÉNIA EL PROYECTO ESTRELLA DEL TEATRO QUE LE ANULÓ AL PSPV
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS POPULARES DE CALP SE DIVIDEN EN PLENA TEMPESTAD POR LA TRAMA DEL AGUA
38. CASTILLA Y LEÓN. LOS POPULARES DE ÁVILA REGALAN A LA IGLESIA UNA PARCELA VALORADA EN 450.000 EUROS
39. ISLAS CANARIAS. ABIERTO EL JUICIO ORAL CONTRA LA 'TRAMA EÓLICA' CANARIA DEL PP
40. ISLAS CANARIAS. EL NÚMERO DOS DEL PP CANARIO OCULTÓ QUE DIRIGE UNA EMPRESA BAJO SOSPECHA
41. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DESCARTA PEDIR AL HIJO DE UN CONCEJAL DEL PP QUE DEVUELVA EL DINERO DE SUS CONTRATOS
42. ISLAS BALEARES. LA DIVISIÓN INTERNA Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN ACABAN CON LA CARRERA POLÍTICA DE CIRER
43. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS CONVENIOS PROMOCIONALES DEL IBATUR BAJO LA ETAPA DEL PP
44. ISLAS BALEARES. EL FISCAL SE OPONE DE NUEVO A LA LIBERTAD DE RODRIGO DE SANTOS45. ISLAS BALEARES. EL CONDENADO MASSOT DARÁ UN CURSO DE LEGALIDAD URBANÍSTICA
46. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. EL PP DE NAVARRA NO ENCUENTRA LÍDER NI GANA AFILIADOS
1. RAJOY DUDA DE QUE NO HAYA HABIDO ESPIONAJE EN MADRID
Mariano Rajoy se desmarcó de las conclusiones de la Asamblea de Madrid sobre que no ha habido espionaje político alguno, al menos, imputable al Gobierno de la Comunidad. Lo que dijo el presidente del PP a Ana Rosa Quintana en Telecinco es que la comisión de investigación de la Asamblea -cuya apertura ponderó como idea propia- no ha demostrado su existencia, y que él queda a la espera de lo que resulte de la investigación judicial.
"Yo no puedo echar a nadie del partido sin pruebas, porque ni siquiera la propia oposición dijo: el espionaje consistió en esto, o el espía fue esta persona. Yo no sé si lo ha habido, y desde luego, no sé quién lo ha hecho, si es que alguien lo ha hecho, pero estaré a lo que diga la investigación judicial". Ponderó, eso sí, la decisión del Gobierno de Madrid de aceptar la comisión de investigación, en contraposición con las sucesivas negativas de Rodríguez Zapatero a sus propias peticiones en el Congreso de los Diputados. "Zapatero jamás ha hecho una comisión de investigación, salvo la del 11-M porque la pidieron todos los grupos, y pese a que yo la he pedido para Endesa, los incendios de Guadalajara y Forum Afinsa".
"La Comunidad de Madrid lo hizo", dijo, para añadir matices a las propias conclusiones del Grupo mayoritario de la Asamblea: "Y allí salió lo que salió. Salió que no había ningún dato ni ninguna persona acusada de espionaje". "¡Ya me gustaría a mí saber si hubo espionaje y quién lo hizo! Si yo sé que hay alguien de mi partido que ha espiado a otro utilizando medios públicos, yo a esa persona la echo del partido, pero yo no puedo echar a nadie sin pruebas", insistió.
Su matizado apoyo a Esperanza Aguirre, al día siguiente de que el vicealcalde de Madrid insistiera en que fue espiado, contrastó en la misma entrevista con la apasionada defensa que hizo en favor del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en relación con la investigación en torno a los trajes supuestamente regalados por los imputados en el Gürtel.
El presidente del PP manifestó su "plena confianza" en Camps, que hizo extensiva "a todo el equipo que yo he nombrado", en alusión tácita -nunca hasta ahora expresa- a su tesorero, Luis Bárcenas, cuyo abultado patrimonio se ha hecho público y ha abierto sospechas en sus propias filas.
Rajoy llegó a definir a Camps y todos los miembros de su equipo comprometidos por las últimas informaciones como "inocentes".Pero sobre Camps, dio un paso más al responder de él personalmente: "porque le conozco, sé cómo vive, quién es su mujer y sus hijos, y es una persona honrada", afirmó.
(www.elmundo.es, 27/03/09)
2. RAJOY DECIDE CAMBIAR EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL PARTIDO
Mariano Rajoy no quiere más sustos, titulares de prensa o autos judiciales con los asuntos económicos del partido. Por eso, ha decidido crear un nuevo órgano en el PP que se denominará comité de contrataciones y cuyo objetivo último, según parece, será evitar tentaciones. O lo que es lo mismo, impedir que la elección de una u otra empresa para prestar determinados servicios a los populares --especialmente en época electoral-- quede en manos de una única persona. Según explicó a los periodistas la vicesecretaria de organización y responsable de la campaña de los populares para las elecciones europeas, Ana Mato, todas las contrataciones que tenga que hacer el partido para afrontar estos comicios quedarán bajo la supervisión de dicho comité, que estará integrado por representantes de la secretaría general; del área de organización; de comunicación; de prensa y gerencia del partido. Habrá concurso de ideas y la selección tendrá que llevarse a cabo, al menos, entre siete empresas.
De esta forma, el PP vigilará al vigilante de las cuentas populares, el tesorero Luis Bárcenas, cuyo nombre es citado en varias grabaciones realizadas a los empresarios implicados en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y publicadas por el diario El País.
La que no estará en ese comité de contrataciones será Ana Mato, "por decisión propia", como ella misma se encargó de aclarar. Mato ha aparecido también en algunas de las informaciones que, en los últimos días, se han publicado en torno a la red de corrupción. Se da la circunstancia de que fue la esposa de uno de los imputados en la trama, el exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, a quien Garzón achaca haber recibido sobornos a cambio de contratos. Además, El Mundo informó de que el empresario Francisco Correa, cabecilla de la red, le había regalado un Jaguar, supuestamente a cambio de contratos.
Cuando se le preguntó a Mato por este asunto, se limitó a responder que no le constaba. Sin aclarar si, por aquel entonces, aún estaba casada con Sepúlveda y, lo que es realmente relevante, si compartían o no bienes gananciales.Pero Mato dio más detalles sobre la campaña de las europeas, que calificó de fundamentales para el devenir de la política española, dada la situación de debilidad parlamentaria en la que ha quedado el Gobierno tras el 1-M. Los populares piensan hablar mucho de economía y sobre todo de paro, para presentarse como única salida a la crisis.
(www.elperiodico.com, 21/03/09)
3. MATO CONOCÍA EL JAGUAR DE SU EX MARIDO PERO INSISTE EN QUE "NO FUE UN REGALO"
La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dicho que "obviamente" sabía que su ex marido, el ex alcalde de Majadahonda Jesús Sepúlveda, poseía un coche Jaguar, pero ha recalcado que él ya ha explicado que "no fue un regalo". Mato ha contestado al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que su ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió del principal encausado en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, un coche de lujo como regalo cuando era secretario electoral de este partido en el año 1999.
Tras aclarar que a ella los coches no le llaman "absolutamente nada la atención", Mato ha destacado que Sepúlveda ya ha dicho que "no fue un regalo" y se ha mostrado "segura" de su inocencia y de que "todas las acusaciones que se le han hecho son infundadas"."En muchos años de convivencia, Jesús Sepúlveda nunca me consultó sobre qué tipo de coche adquiría", ha aseverado Mato quien ha aclarado que ella nunca dijo que no conociera la existencia del coche, sino que no le constaba que fuera un regalo.
"Obviamente, yo sabía que había un coche. Le he dicho que yo nunca he influido en el tipo de coche que adquiría. No me extrañó, porque a Jesús Sepúlveda le gustaban y le gustan los coches, solía cambiar los coches con frecuencia, creo que se lo podía permitir", ha continuado.
La diputada del PP ha insistido en que el ex alcalde de Majadahonda "ha dicho que no se lo regalaron y va a demostrarlo" y ha subrayado que, "en todo caso", esas explicaciones "las tendrá que dar Jesús Sepúlveda". Ha hecho hincapié en que nunca ha mezclado su vida personal con la política, y ha recordado que "en muchas familias donde la actividad profesional es independiente en el hombre y la mujer, también hay independencia económica".
"Sin duda tenemos gastos compartidos, pero los coches no entraban en ese capítulo", ha puntualizado.
Mato ha considerado que no tiene "por qué dar explicaciones sobre esa cuestión" y que sólo debe responder de sus responsabilidades políticas. "Desde luego, mi vida familiar, mi vida privada, la que no tiene que ver con la política es mía y de mi familia y nunca voy a entrar en ello", ha concluido.
(www.publico.es, 27/03/09)
4. EL TESORERO DEL PP INVOCA ALTOS INGRESOS PARA JUSTIFICAR SU PATRIMONIO
El tesorero del PP ha comprado al contado inmuebles valorados en más de tres millones en el barrio de Salamanca, en Guadalmina y en Baqueira. Fuentes de su entorno explican que su sueldo en el partido es mayor que el de Rajoy y unido al de senador llega a los 300.000 euros al año. También aseguran que ganó 600.000 euros con acciones de Endesa tras la Opa de Enel pues las había comprado a 8 E y las vendió a 40 Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Todos esos inmuebles -en el barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira Beret- han sido pagados al contado.
Fuentes de su entorno justificaron ese abultado patrimonio en que Bárcenas tiene unos ingresos anuales de unos 300.000 euros, sumando su sueldo como senador y el salario que le paga el PP, que es mayor que el del presidente del partido. Aseguraron que, además, el tesorero popular ganó 600.000 euros con sus acciones de Endesa.
Bárcenas está siendo objeto de investigación policial dentro de las diligencias del caso Gürtel, ya que su nombre aparece relacionado con la red de contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que en una conversación grabada se jactaría de haberle entregado 1.000 millones de pesetas. Fuentes de la investigación consultadas por este diario aseguran que, en los próximos días, podría dictarse un auto judicial que implicaría en la trama de forma expresa al tesorero del PP.
Las propiedades inmobiliarias de Luis Bárcenas no guardan relación, aparentemente, con el sueldo que recibe como senador, de unos 5.000 euros brutos al mes. A ese salario público hay que sumarle la cantidad que obtiene como tesorero del PP, no desvelada por el partido. El grueso del valioso patrimonio inmobiliario de Bárcenas ha sido cimentado en los últimos seis años. En 2002, el matrimonio compró una vivienda de 186 m2 en Guadalmina (Marbella), más trastero y plaza de garaje. El valor del inmueble se estima en un millón de euros, según diferentes sociedades de tasación consultadas por este diario. El piso, que está en una de las zonas de mayor lujo de Marbella, está a nombre de la esposa, Rosalía Iglesias Villar, y no tiene ninguna carga hipotecaria, según consta en el Registro.
Además, el matrimonio posee otro inmueble de lujo, adquirido en julio de 2008, en una de las mejores zonas de la estación invernal de Baqueira Beret, en el Valle de Arán (Lérida). Se trata de un chalé de 151 m2 más dos plazas de garaje cuyo valor estimado supera el millón de euros, según los tasadores consultados. Este inmueble fue comprado, también, al contado.
El chalé en Baqueira no fue la única propiedad adquirida durante ese año. Sólo tres meses después de comprar el inmueble en el Valle de Arán, en octubre, Bárcenas adquirió al contado una plaza de garaje en el barrio de Salamanca de Madrid valorada en unos 100.000 euros. Justo un año antes, también en octubre, el matrimonio había adquirido otra plaza en la misma dirección de Madrid que pagó, igualmente, al contado. Estos dos bienes están a nombre de la esposa del tesorero.
El patrimonio de los Bárcenas-Iglesias se compone también de un piso de 220 m2 en la calle del Príncipe de Vergara, en una de las zonas más caras de la capital. Su valor de mercado estimado supera el millón de euros. En el Registro de la Propiedad no consta, al igual que en los demás inmuebles, ninguna carga hipotecaria. Fuentes cercanas a Bárcenas han corroborado a este diario la composición del patrimonio inmobiliario del tesorero y de su esposa, aunque puntualizaron que sus bienes están justificados por los ingresos del senador, de unos 300.000 euros anuales, y por unas altas plusvalías obtenidas en Bolsa. La cartera de valores de Bárcenas, según estas fuentes, asciende a 1,2 millones de euros.
Las abultadas ganancias de los últimos años se han debido sobre todo a su inversión en Endesa, que le reportó enormes plusvalías tras la Opa de Enel. Bárcenas, según estas fuentes, compró a ocho euros y vendió a 40 euros. Las fuentes consultadas cifran las ganancias del tesorero del PP con la eléctrica en unos 600.000 euros. Estas fuentes también afirman que el senador cobra un "buen" sueldo en el partido. "Es el mejor retribuido, más que Rajoy", aseguran. Su esposa, que no tiene ningún cargo en el PP ni sociedades mercantiles a su nombre, está vinculada al sector de las antigüedades.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga el caso Gürtel, ha recibido ya dos informes policiales sobre la implicación de Bárcenas en la trama. El instructor ha solicitado inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ya que considera que existen indicios de responsabilidad penal en varios aforados autonómicos del PP, entre ellos el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Si concluye que también los hay contra el senador y tesorero del PP, debería dirigirse al Tribunal Supremo, que es el único órgano judicial que puede imputar a Bárcenas, previa aceptación del suplicatorio en el Senado.
En los documentos aportados al juez por la Policía aparecen las iniciales "L. B.", por lo que el magistrado pidió a los investigadores que indagasen si esas iniciales que aparecen en los documentos, los ordenadores y los archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. Las fuentes consultadas cercanas al tesorero aseguran que se trata de una prueba muy endeble, pues podrían corresponder a miles de nombres. Sin embargo, el juez Garzón pidió un nuevo informe policial que recibió la semana pasada, en el que se relacionaría con nuevas pruebas al tesorero del PP con la trama presuntamente corrupta.
(www.elmundo.es.com, 23/03/09)
5. EL CGPJ ARCHIVA LAS QUEJAS DEL PP CONTRA GARZÓN
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido Luis Bárcenas presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la Operación Gürtel. Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la comisión ha seguido así la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ.
En su informe, relativo tanto a la queja que presentó el partido presidido por Mariano Rajoy como a la que, a título particular, interpuso el senador popular por Cantabria Luis Bárcenas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón.
La inspección ha señalado que el magistrado abrió, en el marco de la causa en la que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, una pieza separada para averiguar el origen de las filtraciones y que tomó declaración al abogado Gustavo Galán y a su representada e imputada en la causa Felisa Jordán, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación.
Además, el Servicio de Inspección recordaba que la Fiscalía hizo su propia investigación sobre las filtraciones, concluyendo que los datos publicados ya figuraban en la denuncia que dio origen al caso. Por ello, consideró que la posible responsabilidad por las filtraciones "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados en la prensa, sin que, por tanto, pueda achacarse la culpabilidad al magistrado señor Garzón".
(www.publico.es, 24/03/09)
6. PIZARRO COBRA DIETAS DE CARGOS HONORÍFICOS Y LÓPEZ-AMOR GESTIONA DERECHOS DE FÚTBOL
El Pleno del Congreso ha aprobado el informe secreto de la Comisión del Estatuto del Diputado que permitirá a 79 parlamentarios desarrollar actividades al margen de la Cámara. El informe detalla las actividades autorizadas que, en la mayoría de los casos se refieren a conferencias, participación en tertulias y pertenencia a fundaciones sin ánimo de lucro o vinculadas a sus partidos. Los diputados votarán a ciegas el informe, que sólo conocen los portavoces.
Se incluyen casos conflictivos como el de Manuel Pizarro, diputado del PP, que admite que hace 9 meses no declaró ingresos que ahora sí admite. Detalla las 14 fundaciones, academias y comités de honor, entre las que se incluyen la presidencia de honor de Endesa y la de la Fundación Ibercaja, y se concluye que el diputado "aclara que es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia a las sesiones que se celebren". Es decir, rectifica su declaración anterior, a pesar de lo cual se le da una nueva autorización y hasta se le añaden nuevas actividades compatibles en el Consejo Asesor de la Editorial Aranzadi y en el Patronato de la Fundación de Estudios Financieros. O sea, ya tiene 16 "cargos honoríficos".
Otro caso llamativo es el de Fernando López-Amor, diputado del PP y ex director general de RTVE, al que se le autoriza para ejercer como consejero de la Sociedad Grupo Santa Mónica Sports, de la que se dice que su objeto, entre otros, es "la adquisición de derechos publicitarios, de imagen, de derechos comerciales o licencias, de patrocinio, mecenazgo o similares para la explotación de los mismos o para su venta a terceros y explotación comercial de toda clase de eventos relacionados con el deporte del fútbol". Es decir, explotación de publicidad y derechos del fútbol. Se hace la recomendación de no contratar con Administraciones Públicas, pero en su web esta empresa se presenta como intermediaria ante televisiones, incluidas RTVE y las autonómicas, y como agente comercial de la Federación Española de Fútbol y de explotación de eventos que emiten las televisiones públicas, como la final de la Copa del Rey, la Supercopa y los partidos de la selección.
A Ángel Acebes se le autoriza ser consejero de Caja Madrid Cibeles SA, y a José María Michavila se le permite ser "coadministrador solidario de la sociedad limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jurídico, a familias en la mejor gestión de su patrimonio, aclarando que la empresa no será ni contratista ni prestadora de servicios incompatibles".
A Miguel Arias Cañete (PP) se le autoriza a ser miembro del Consejo Asesor de Bao & Partners Siguives International, dedicada a la búsqueda de ejecutivos y consejeros.
Manuel Pizarro
- "Cargos honoríficos" con dietas. El informe recuerda que en el dictamen del 19 de junio el diputado sólo declaraba "cargos honoríficos, sin percibir por ninguno de ellos remuneración". Luego detalla las 14 fundaciones, comités, academias e institutos a los que pertenece y concluye que ahora "[Pizarro] aclara que es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia a las sesiones que se celebren".
F. López-Amor
- Gestión de derechos del fútbol. Se le autoriza a ser consejero de la sociedad Grupo Santa Mónica Sports que gestiona los derechos del fútbol de 10 equipos de Primera División y de la Federación de Fútbol, así como su publicidad. Parte de esos derechos están vendidos a televisiones públicas, estatal y autonómicas, con las que contrata la sociedad. En su web aparecen patrocinadores públicos como Renfe.
Ángel Acebes
- Gestión de cajas, sin ser cajas. Consejero de Caja Madrid Cibeles, SA, con esta explicación: "Es una sociedad anónima que tiene por objeto la mera tenencia o titularidad, así como la gestión de participaciones en otras sociedades que desarrollan su actividad en el sector financiero, de seguros y el negocio bancario minorista fuera de España". Pero añade que "no es ni una caja de ahorros ni una compañía aseguradora".
(www.elpais.com, 24/03/09)
7. CASO YAK-42. UN CAPITÁN DESMONTA LA VERSIÓN DEL PRINCIPAL ACUSADO
La comparecencia del capitán enfermero Antonio González, la primera tras la declaración el martes de los tres militares acusados de identificar erróneamente a 30 de los 62 fallecidos en el accidente aéreo del Yakovlev 42 el 26 de mayo del 2003, desmontó en pocas palabras la versión del principal acusado. El general de Sanidad, Vicente Navarro, pese a reconocer que él pudo cometer algún error, había desviado la mayor parte de la culpa a los forenses turcos, quienes, según él, "manipulaban" a veces de forma descontrolada los cadáveres. Sin embargo, el capitán sostuvo que las autoridades turcas tuvieron una actitud "pasiva" y que la colocación de los restos mortales en féretros no solo fue "ordenada" sino dirigida completamente por los militares españoles.
El capitán reconoció además que le dieron órdenes de "darse prisa" y acabar cuanto antes su tarea para llegar al funeral de Estado que se celebró en España 48 horas después de la tragedia. Pero no fue el único que admitió que fueron apremiados. El general José Antonio Beltrán, que coordinó la recuperación de los cuerpos, reconoció que las "únicas" instrucciones del exministro de Defensa, Federico Trillo, fueron que se trajeran "cuanto antes" a los fallecidos a España. Según publicó El País, el exministro y actual portavoz de justicia del PP conocía las dificultades para reconocer los cuerpos pero aún así apremió a los médicos militares. Las familias han luchado por sentar a Trillo en el banquillo, pero la falta de pruebas hace que ni si quiera vaya a testificar.
De todas formas, no todo está siendo blanco sobre negro en el transcurso de esta vista. Las contradicciones entre los testigos y los imputados entre sí son más que palpables e incluso algunas acusaciones reconocen la dificultad de que los tres militares lleguen a ser condenados por falsedad documental. El fiscal solicita penas de cinco años para Navarro y de cuatro años y medio para los dos médicos que le ayudaron.
La declaración del comandante auditor jurídico Alberto Ruiz de los Paños, por ejemplo, irritó al presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. El oficial, que apenas estuvo unas horas en Turquía, explicó que antes de volver le recomendó al cónsul Raimundo Ezquerra escribir un documento en el que especificara que, "debido a las circunstancias excepcionales del accidente", no se habían podido cumplir "todos los requisitos necesarios" para emitir la licencia de entierro.
(www.publico.es, 26/03/09)8. CASO YAK-42. LOS ENTIERROS DEL YAK-42 FUERON ILEGALES
Una ilegalidad sólo se tapa con otra. Y así sucesivamente. La tercera jornada del juicio por las falsas identificaciones del Yak-42 dejó en evidencia el cúmulo de irregularidades y complicidades que rodearon la gestión de la tragedia por parte del Ministerio de Defensa, cuyo responsable político era el actual diputado del PP Federico Trillo.
El cónsul de España en Estambul (Turquía), Raimundo Ezquerra, se sentó en el asiento reservado a los testigos pero, a juzgar por la dureza del interrogatorio al que le sometió el fiscal Fernando Burgos, parecía situarse un poco más atrás, junto a los acusados.
Ezquerra reconoció que, con los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003, no cumplió ninguno de los trámites previstos en la normativa sobre policía sanitaria mortuoria: ni recabó los certificados de defunción, ni inscribió los fallecimientos en el registro civil consular, ni se ocupó de tramitar los permisos para el traslado de cadáveres, ni levantó acta del cierre de los féretros, ni los lacró, ni los selló.
"¿No sabe que era su deber abrir un expediente por cada fallecido?", le preguntó el fiscal.
"Eso es lo que generalmente ocurre", respondió.
"¿Le dijeron que no se preocupara porque ya lo arreglaría el Ministerio de Defensa?"
"No sé si me lo dijeron, pero es obvio que eso es lo que iba a pasar".
"¿Y no es cierto que usted sabía que lo que iba a hacer no era legal y por eso emite ese certificado, para cubrirse por si hay problemas en el futuro?"
"Lo hice porque me lo pidieron. Por si lo necesitaban para el traslado".
El certificado por el que le preguntaba el fiscal es una nota manuscrita en la madrugada del día 28 en la que el cónsul dejó constancia de que "debido a las circunstancias excepcionales referentes a la repatriación de los restos mortales de las víctimas del accidente [...] no se han podido cumplir todos los requisitos habituales para la obtención de la licencia de entierro".
Esa nota es el único documento con el que salieron de Turquía y llegaron a España 62 cadáveres. La inscripción de los fallecimientos se hizo los días 29 y 30 de mayo, después de los entierros; y los certificados de defunción e informes de necropsia se confeccionaron el día 28 por la mañana en la base de Torrejón (Madrid), a pesar de estar fechados el 27 en Trabzon (Turquía). Por falsificar estos documentos se sientan desde el martes en el banquillo de la Audiencia Nacional el general Vicente Navarro y sus dos ayudantes: el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García.
El cónsul reconoció que, cuando se confeccionó el acta de entrega de los cadáveres, en la madrugada del día 28, era consciente de que "no estaban todos identificados". Pero dio por hecho que la identificación había terminado cuando los féretros salieron hacia España.
"El asunto no estaba en mis manos. Se tramitaba directamente entre militares" dijo Ezquerra para justificar su pasividad. En cambio, el comandante jurídico Alberto Ruiz de los Paños declaró el miércoles que sus superiores le dijeron que podía volver a España en el primer avión, pues el consulado ya se estaba ocupando de los trámites para la repatriación. El fiscal preguntó a todos los familiares que pasaron por el estrado si recibieron alguna documentación con los ataúdes. La respuesta fue negativa en todos los casos.
Sin embargo, pese a que algunos empleados de funerarias pusieron reparos, los 62 cuerpos fueron enterrados o incinerados el 29 de mayo. Casi la mitad de ellos bajo identidad falsa. ¿Cómo fue posible? Los testigos no pudieron responder, pero un informe del Ministerio de Defensa explica lo que sucedió: en la madrugada del día 28, el general José Antonio Beltrán, a quien Trillo encomendó la repatriación, pidió desde Turquía que un juez acudiera a la base de Torrejón a recibir los cadáveres.
La Asesoría Jurídica de Defensa contactó con el juez de guardia de Torrejón de Ardoz (Madrid), pero éste se negó, alegando que no tenía competencia sobre el caso. Por la mañana, Defensa lo intentó de nuevo con el juez que lo sustituyó en el turno siguiente. Pero tampoco dio su brazo a torcer.
Finalmente, Trillo echó mano de la justicia militar. Fue el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 quien, desde Barcelona, y sin más apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración. Y evitó el escándalo. Fue una sepultura irregular y temporal. Pasado 18 meses, la Audiencia Nacional ordenaba exhumar 21 cadáveres de los 30 mal identificados. Otros nueve habían sido incinerados.
(www.elpais.com, 27/03/09)
9. LA EUROCÁMARA TUMBA EL INFORME LINGÜÍSTICO DEL PP
El Parlamento Europeo tumbó un informe promovido por el Partido Popular Europeo (PPE) donde se cuestionaba el multilingüismo en la educación y el modelo de inmersión lingüística en catalán. El texto, promovido por el conservador portugués Vasco Graça Moura, logró unir a socialistas, nacionalistas, liberales y verdes en su contra tras las enmiendas presentadas por el diputado conservador Luis Herrero, donde se exigía salvaguardar el derecho "esencial" de los padres a decidir la lengua de escolarización de sus hijos.
La resolución alternativa, que logró 335 votos a favor y 279 en contra, borró otros fragmentos que criticaban la promoción "de una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra" o que defendían que ningún alumno fuese privado de la lengua oficial del Estado, sin reconocer idénticos derechos a otras lenguas oficiales. El PPE, grupo mayoritario, trató hasta el último momento de defender "a la Cámara de convertirse en un instrumento para la exacerbación nacionalista", en palabras del propio ponente, que vio como su informe, no vinculante, decaía.
(www.publico.es, 25/03/09)
10. MONTORO ACUSA A LA PATRONAL DE "LANZAR FLORES AL GOBIERNO"
El portavoz económico del Partido Popular, Cristobal Montoro, ha acusado este miércoles al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, de "lanzar muchas flores a este Gobierno". El encontronazo se ha producido durante una edición sobre la crisis económica del programa 59 segundos, de TVE, en la que Gobierno, patronal y sindicatos han escenificado su voluntad de mantener el diálogo social aunque mostrando las fuertes diferencias que les separan en temas como el despido, la Seguridad Social o los impuestos.
Después de que el máximo responsable de la organización empresarial mantuviera que el Ejecutivo socialista es el único que ha rebajado el impuesto de sociedades, Montoro afirmó que cuando gobernaba el PP, redujo "en cinco puntos este impuesto para las pymes". "Jesús [Bárcenas, presidente de Cepyme] lo recordará mejor que usted, que entonces estaba en otros menesteres", añadió.
En su respuesta, Díaz Ferrán admitió que es cierto que el PP rebajó el impuesto de sociedades a las pymes, pero advirtió a Montoro de que "no tiene derecho" a decirle que alaba al PSOE. "Nosotros con el Gobierno que han elegido los ciudadanos tratamos de colaborar", aseguró el máximo responsable de la patronal, quien añadió que, "gobierne quien gobierne", los empresarios dicen "las cosas que les parecen bien y las que les parecen mal" y se callan cuando lo creen "necesario".
(www.elmundo.es, 26/03/09)
11. AZNAR DIXIT: "CUANDO DEJÉ EL GOBIERNO ETA ESTABA PRÁCTICAMENTE DERROTADA"
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado durante su visita a Colombia que ETA estaba "prácticamente derrotada" en el año 2004 cuando dejó la presidencia del Gobierno, igual que "lo está prácticamente ahora". Además, considera que es posible su fin a través de la acción policial. En una entrevista a El Tiempo, Aznar se muestra convencido de la posibilidad de terminar con la organización terrorista y subraya que ahora lo necesario es "no cometer errores de negociación " y ni "intentar apaciguar el terrorismo".
A su juicio, el terrorismo "sólo merece ser derrotado" y para ello hay que poner en ello "todos los impulsos y todas las decisiones". El ex jefe del Ejecutivo compara a ETA con la situación de Colombia y reconoce que "el terrorismo es igual", aunque diferencia entre los términos utilizados en ambos países. "En Europa hablamos de una lucha policial contra el terrorismo y ETA puede ser derrotada, de hecho creo que será finalmente derrotada policialmente desde el punto de vista de la seguridad".
(www.publico.es, 26/03/09)
12. AZNAR PIDE A OBAMA QUE DESVELE LAS LÍNEAS GENERALES DE SU POLÍTICA EXTERIOR
El ex presidente del Gobierno español José María Aznar ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que desvele las líneas generales de su política internacional y que lo haga durante la cumbre de la OTAN de la semana próxima.
"Por el momento sólo conocemos pequeños detalles de la política internacional de Estados Unidos", afirmó Aznar durante una conferencia en París, en la que dijo que los presidentes de EEUU han hecho tradicionalmente un gran discurso en el que trazan las grandes líneas de su política exterior. "Por el momento Obama no lo ha hecho. Es necesario que exponga su visión global, que diga cual es su visión de los problemas de la globalización", señaló, antes de considerar contradictorios algunos de los mensajes del nuevo presidente estadounidense.
"En dos semanas hemos sabido, por un lado, que enviará 17.000 soldados más a Afganistán y que pedirá un esfuerzo suplementario a Europa, y por otro, que comienza las discusiones para la retirada del país. No es compatible enviar tropas y pensar en la retirada", dijo.
En su conferencia, titulada 'La OTAN: una alianza para la libertad', el ex presidente español repasó sus ideas para la adaptación de la Alianza Atlántica a la nueva situación nacida en el mundo tras los atentados del 11-S. "En el nuevo escenario, la OTAN debe recuperar su misión original: constituir un instrumento eficaz capaz de garantizar con éxito la seguridad de las naciones", afirmó.
Tras señalar que la nueva amenaza es el terrorismo fundamentalista islámico, apostó por adaptar a la OTAN a esta nueva situación. "Abogamos por la inclusión del terrorismo en el corazón del pensamiento estratégico, así como por la creación de un mando funcional antiterrorista en el seno de la OTAN", indicó.
Aznar apostó por la creación de "un marco colectivo transatlántico centrado en el terrorismo yihadista" y porque los Estados miembros faciliten "información de sus servicios de inteligencia a la Alianza para poder evaluar el grado real de las amenazas y establecer mecanismos comunes de defensa". También se mostró favorable a la intervención de la OTAN para solucionar los casos de escalada nuclear: "Un Irán nuclear sería inaceptable", dijo.
En cuanto a Rusia, el ex presidente del Gobierno español aseguró que la Alianza debe adoptar una política común que aúne "diálogo y firmeza (..) Parece como si de un tiempo a esta parte Rusia estuviera buscando de nuevo la confrontación con Europa y EEUU.
La Alianza tiene la obligación de huir de estas provocaciones sin permitir que el Kremlin interfiera en sus actividades". En este sentido, señaló que la comunidad internacional no debe aceptar las imposiciones de Moscú, como hizo durante la reciente crisis de Georgia.
(www.publico.es, 27/03/09)
13. CATALUÑA. LA IMPOSIBLE HEGEMONÍA DEL PP
Quien quiera conocer cualquier cosa acerca de la agitada vida y trayectoria del Partido Popular (PP) en Cataluña dispone de un instrumento muy difícilmente mejorable, una extensa monografía que bajo el título La dreta espanyola a Catalunya. 1975-2008, obra del historiador Joan B. Culla, explica con abundancia de detalles las más de tres décadas de frustrados esfuerzos para alcanzar la hegemonía en el ámbito de la derecha. Culla explica en su obra que ese fracaso procede de que los sucesivos intentos de adaptar el discurso general del PP a la realidad catalana han sido siempre postergados ante lo que en cada momento la dirección ha considerado conveniencia del propio partido en el resto de España.
"Tanto si ha habido giro catalanista como si ha habido giro españolista, ha sido siempre en función de las necesidades de Génova 13", afirmó Culla en la presentación del libro al que ha dedicado casi tres años de trabajo. Y cada giro ha ido acompañado del correspondiente cambio de líder, siempre designado desde Madrid. Fue José María Aznar quien en 1995 colocó a Josep Maria Trias de Bes y en 2000 a Josep Piqué al frente del PP catalán en sendos esfuerzos para atraer el voto de la clase media catalana moderada, pero también fue él quien en 1991 impuso a Vidal-Quadras para que aplicara una política de signo contrario.
Y así, una y otra vez. Aunque la vida interna de todos los partidos registra innumerables pugnas y tensiones, en el caso del PP catalán esta dinámica es ciertamente extrema. Mientras sus rivales directos de Convergència Democràtica, por ejemplo, han tenido sólo dos líderes en más de tres décadas (Jordi Pujol y Artur Mas), el PP ha tenido una docena en Cataluña.
Pero, ésta no es la única causa de que el PP no haya logrado imponerse en el ámbito de la derecha o el centro-derecha en Cataluña. A lo largo de las 592 páginas cargada de información, Culla explica cómo este partido permanece voluntariamente prisionero de un esquema político-ideológico que le encasilla, y arrincona, como guardián de unas posiciones minoritarias en la sociedad catalana.
Es, por decirlo rápido y corto, la posición propia del nacionalismo español heredero del franquismo, que niega a Cataluña el carácter de nación y tolera de mala gana el impulso público del idioma catalán. Hay espacio social para ella en Cataluña, y en ocasiones es bastante amplio, que en 2000 alcanzó un techo de nada menos que el 20% de los votos. Pero es un espacio fuertemente acotado del que es imposible salir sin modificar el ideario.
En la presentación del libro, Culla situó el origen de esta limitación del PP en Cataluña en los inicios de la transición. Los elementos esenciales del actual imaginario político catalán, explicó, se configuraron en 1975-1976, a la salida del franquismo, y de todos los partidos que entonces emergieron, el PP, entonces AP, optó voluntariamente por situarse "en contra de la corriente principal, un catalanismo transversal compartido por los demás partidos". Queda muy bien definido en una cita de Manuel Fraga, que Culla reproduce, referida a una entrevista de éste con Jordi Pujol el 20 de abril de 1974: "Almuerzo mano a mano con Pujol. Debo decir que estuvo franco; no le interesaba el huevo sino el fuero. 'Somos nacionalistas, y lo que nos interesa es la identidad, el hecho diferencial'. Yo le repuse que, a mi vez, era nacionalista de España; pero que aceptaba las autonomías, para unión más perfecta de los españoles".
De ahí viene que el PP registre un rechazo de hasta el 70% de los electores en los sondeos sobre intención de voto. Y la conciencia, infinidad de veces expresada por afiliados y dirigentes, de que ser del PP en Cataluña "es muy difícil".
(www.elpais.com, 25/03/09)
14. CATALUÑA. EL PP FULMINA A UN CONCEJAL POR DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA
El PP catalán ha decidido expulsar de manera fulminante a su concejal en el Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona), Alfredo Preñanosa, impulsor de una moción en favor de la convocatoria de un referéndum sobre el establecimiento de un Estado propio para Catalunya dentro de la Unión Europea.
Poco después de hacerse público que Preñanosa estaba detrás de esta moción, que se votó por la tarde en el pleno municipal, el PP emitió un comunicado en el que explica que, de confirmarse este hecho, el partido "no se sentiría en absoluto representado" por el edil, ya que el texto presentado "no responde, evidentemente, a las tesis defendidas por el PP tanto en Catalunya como en el conjunto de España". "Si da apoyo a la autodeterminación, la dirección del PPC procedería a abrir un expediente de expulsión a Alfredo Preñanosa y a reclamarle el acta de concejal en el Ayuntamiento de Cardedeu", añade la nota.
En el comunicado se precisa que hasta este momento la dirección del PPC "no ha podido contactar" con el edil y se explica que la vicesecretaria de ámbito municipal del PP de Barcelona, Susana Calvo, "se ha trasladado a Cardedeu para confirmar estos hechos".Preñanosa se ausentó repentinamente de la reunión, alegando que no se encontraba bien, según han explicado fuentes presentes en la sesión plenaria.
La moción propone dar apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide al Parlament regular por ley la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya con la intención de celebrarlo en 2010. El texto fue presentado la semana pasada en comisión informativa del Ayuntamiento de Cardedeu por el concejal del PP catalán Alfredo Preñanosa, ante la sorpresa del resto de grupos municipales, y ERC ya anticipó que suscribía la moción, por lo que en el orden del día aparece como una iniciativa conjunta de ambos partidos.
El gobierno local de Cardedeu está formado por CiU y ERC, liderado por la alcaldesa Calamanda Vila (CiU), y el pleno del Ayuntamiento está integrado por siete concejales de CiU, cuatro del PSC, tres de ERC, uno de ICV-EUiA-EPM, uno del PP y otro de la CUP.
(www.publico.es, 27/03/09)
15. GALICIA. FEIJÓO APROBÓ EN FUNCIONES 39 CONVENIOS Y ADJUDICÓ POR 100 MILLONES
Los últimos días de Feijóo en la Xunta de Fraga no fueron precisamente un ejemplo de lo que ahora predica. El entonces vicepresidente del Gobierno gallego aprobó, entre la pérdida de las elecciones de 2005 y el traspaso de poderes, 39 convenios y contratos programa. La gran mayoría de los ayuntamientos beneficiados por aquellos convenios, que se pueden consultar en la página web de la Xunta, beneficiaron a ayuntamientos gobernados por el PP, en algún caso sin que mediara proyecto que los sustentara.
El futuro presidente de la Xunta también adjudicó en esas fechas obras por valor de 100 millones de euros, según denunció la conselleira de Política Territorial en funciones, María José Caride. Como afirma el diputado electo del PP Agustín Hernández, Feijóo no firmó ninguna de esas adjudicaciones. Según la costumbre en la Administración, llevan la rúbrica de su secretario general en la consellería. El entonces vicepresidente de la Xunta y titular de Política Territorial se limitó a dar su visto bueno.Las acusaciones del PP contra la actividad del Gobierno gallego contrastan con las declaraciones de Feijóo en 2005, cuando defendía las obras adjudicadas por la Xunta de Fraga por "legales y lógicas". El 13 de julio de ese año, y en medio de una polémica similar a la actual, recordaba que el Ejecutivo en funciones no podía "esperar el relevo sin trabajar". Feijóo agregó que quien adjudicaba no era la Xunta, sino la mesa de contratación.
El candidato del PP a la Presidencia se mantuvo al margen de la polémica, que dejó en manos de Agustín Hernández, y prefirió hablar de la gravedad de la crisis económica que requiere, dijo, "unidad y responsabilidad". Al término de la primera reunión del nuevo Grupo Parlamentario Popular, Feijóo se mostró respetuoso con la decisión del PSdeG de ejercer una oposición implacable, pero subrayó que el PP intentará "llegar a pactos" para "no defraudar a la gente".
El futuro presidente se mostró crítico con la actitud del conselleiro de Economía en funciones, José Ramón Fernández Antonio, que el martes hizo un balance positivo del bipartito en materia económica y pidió que no se cambie su política sin medir las consecuencias. Feijóo reprochó al aún conselleiro su falta de "prudencia y de modestia" por "vanagloriarse" de los logros económicos del Gobierno, cuando "tenemos la tasa de paro más alta de Europa".
Feijóo también calificó de "error" la decisión del PSOE de oponerse, de común acuerdo con la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo, a la pretensión del PP de aprobar una recomendación para que los padres puedan elegir la lengua en que deben ser educados sus hijos en los países en que haya uno o más idiomas oficiales. Una recomendación que no sólo fue rechazada el martes, sino que fue sustituida por otra que dice que "es esencial salvaguardar el multilingüismo en los países o regiones en que coexistan dos o más lenguas oficiales". "Los derechos civiles están por encima de cualquier organismo" y "debe prevalecer".
(www.elpais.com, 26/03/09)
16. GALICIA. DENUNCIAN AL FISCAL QUE UNA FUNDACIÓN CREADA POR CACHARRO "PERDIÓ" 3 MILLONES
Una fundación de carácter cinegético y medioambiental, promovida por la Diputación de Lugo y por la Consellería de Medio Ambiente, gastó desde que empezó a funcionar en el 2003 cerca de tres millones de euros. Según informó la Diputación, recibió 2.321.536 euros del propio organismo provincial y de la consellería para comenzar a funcionar. Además de otros ingresos, ahora acaba de vender madera de hectáreas de terreno. Todo ello sin que la entidad lucense tenga conocimiento del destino del dinero. El presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, confirmó la apertura de una investigación y el envío de la documentación al fiscal.
La Diputación descubrió que había un agujero contable cuando llegó una orden de embargo de la Agencia Tributaria por no pagar impuestos. La corporación provincial ya desconfiaba de la transparencia contable de la fundación porque constantemente le negaba información sobre los gastos. Y cuando la Diputación decidió suspender la entrega de fondos periódicos a la fundación hasta que aclarase sus cuentas, los patronos amenazaron con denunciar el asunto en la Fiscalía. Ante ello, fue el propio presidente de la Diputación quien decidió abrir una investigación interna y poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía de Lugo.
Gómez Besteiro recordó que la institución provincial, además de los fondos entregados, también le donó a la fundación la finca monfortina en la que se asienta, que fue valorada en 3 millones euros. Desde hace varios meses, una empresa maderera está talando los extensos bosques de la finca, de 200 Has. de extensión, que se supone que ha vendido la fundación, pero no informó del importe de la venta ni de los m3 de madera.
Al margen del capital fundacional de casi tres millones, la Diputación de Lugo calcula que en los cinco años de funcionamiento le entregó a la fundación casi otro millón de euros en cantidades fijas anuales.De acuerdo con los estatutos, desde el 2004 al 2006, la Consellería de Medio Ambiente y la Diputación tenían que aportar 100.000 euros anuales cada una. Tras una modificación estatutaria, las aportaciones pasaron a 170.000 euros, cifra que la fundación recibió de la Diputación en el 2007, en tanto que, a la vista de la opacidad del destino del dinero, el año pasado solo le entregó 30.000. No consta si Medio Ambiente traspasó a la fundación los 640.000 euros que le correspondían en concepto de anualidades, y tampoco está contabilizado el importe de la venta de la madera. Ante la falta de datos, la Diputación pidió información a la consellería, como órgano protector de esta fundación.
Fue creada en el año 2003 por el entonces presidente, Francisco Cacharro, y por José Manuel Barreiro, que entonces era el conselleiro de Medio Ambiente y todavía mantenía buenas relaciones con Cacharro. Según explicó Besteiro, tras diversas modificaciones de los estatutos a medida que el PSOE y el BNG iban entrando en la Xunta y en la Diputación, la fundación consiguió ocultar toda la información sobre su funcionamiento y ni siquiera consta oficialmente quien la preside en estos momentos. Oficiosamente, podría estar dirigida por el miembro del patronato Javier Castroviejo, y también podría estar sin director-gerente, tras dejar el cargo en diciembre Francisco García-Bobadilla Prósper
(www.lasvozdegalicia.es, 26/03/09)
17. GALICIA. VECINOS DE O PINO DENUNCIAN AL ALCALDE POR DELITO URBANÍSTICO
El condescendiente trato administrativo que el Ayuntamiento de O Pino, gobernado por el PP, ha dispensado durante estos últimos años a la promotora Fadesa ha vuelto a sentar a su alcalde, Manuel Taboada, ante los tribunales. La agrupación de propietarios de terrenos afectados por el polémico parque empresarial que la inmobiliaria proyecta en este ayuntamiento coruñés y paralizado por la Justicia, ha presentado dos denuncias más por la vía penal contra el regidor popular.
En la primera, los vecinos acusan a Taboada de hacer la vista gorda sobre la construcción en suelo rústico de unas oficinas de hormigón y cristal que Fadesa utilizaba para atender a sus clientes. Los hechos parten de 2007, cuando comenzaron los movimientos de tierras para obrar sobre un suelo clasificado como rústico. Los particulares sostienen ahora que, pese a sus denuncias de entonces, el gobierno local no hizo nada para frenar los trabajos y que, una vez concluidas las oficinas, tampoco acordó medida alguna a "restaurar la legalidad urbanística infringida". En la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Arzúa, los vecinos acusan al alcalde de un "delito urbanístico y de omisión del deber de perseguir el mismo".
La segunda de las denuncias también se centra en las relaciones de Fadesa y el regidor al que atribuye un doble "delito de prevaricación y falsedad documental". Esta querella, que ya está en poder del juez, se fija en la convalidación mediante decreto municipal de una serie de compraventas de tierras entre la inmobiliaria y un grupo de vecinos. El escrito llama la atención sobre las fechas de los actos administrativos de la alcaldía. Revela que, pese a que Fadesa empezó a comprar las fincas muchos meses antes de presentar el proyecto de expropiación, el alcalde ratificó los contratos en presencia de su secretaria, casi dos años y medio después. Los demandantes señalan a su vez que treinta de las compraventas de terrenos, documentadas en papel timbrado del Ayuntamiento de O Pino como "convenios de adquisición por mutuo acuerdo" se llevaron a cabo antes de que se firmase el contrato de adjudicación a Fadesa. Según la demanda, dos de las fincas, las de mayor extensión, que suman casi 40.000 m2 "están fuera del ámbito" del parque empresarial.
Las denuncias entre un grupo de propietarios de tierras y el alcalde de O Pino comenzaron poco después de que Manuel Taboada recomendase por carta a los dueños de las tierras vender a la promotora Fadesa a cinco euros el metro cuadrado, una cantidad tres veces menor a la que fijó después el Jurado de Expropiaciones que tasó las fincas en 17,95 euros, el metro cuadrado.
(www.elpais.com, 25/03/09)
18. ANDALUCÍA. ÉSTA ES LA PESADILLA DE JOSEFA TORRES
Sierra de Yeguas (Málaga, 3.522 habitantes) se parece a cualquier otro pueblo del interior de Andalucía, con su biblioteca pública Miguel Hernández y sus parados, cada vez más parados, paseando por la plaza a media mañana. La mayor peculiaridad de esta localidad reside en su Ayuntamiento. El alcalde, Rafael Sánchez Lavado (PP), sigue en su puesto ocho meses después de que su compañera de corporación Josefa Torres le denunciara por acoso sexual e intento de violación. Tampoco ha renunciado tras conocerse una grabación telefónica en la que una voz -supuestamente la del regidor, aunque él lo niega- vomitaba una retahíla de insultos, a cuál más soez, contra la concejal.
El escándalo explotó a finales de julio de 2008. El entonces presidente del PP malagueño, Joaquín Ramírez, suspendió de militancia al alcalde, tras conocer su imputación en el caso que instruye un juzgado de Antequera, y le abrió un expediente de expulsión. Sánchez Lavado recurrió la expulsión. Es el comité de garantías del PP, que todavía está estudiando el expediente en Madrid, el que ha enfriado el asunto. Esta lentitud permite al alcalde seguir usando las siglas del PP en sus comunicados o en la página del consistorio en Internet. "Está usurpando el nombre del partido, pero no podemos hacer nada", asegura Francisco Salado, secretario provincial del partido. "Es más fácil echar a un militante por impago de las cuotas o por presentarse por otras listas que por un tema judicial", admite.
Tras varios meses de tratamiento, Josefa Torres regresó el pasado febrero a la vida política municipal. Sólo aguanto dos plenos y recayó en la depresión. Pese a que Sánchez Lavado no miró en ningún momento a la esquina izquierda del salón de plenos, donde está ahora el escaño de su antigua número dos, Josefa, de 36 años, sufrió temblores y taquicardias. La misma sensación padece cuando sube la escalinata del consistorio. Por orden de su psiquiatra, no volverá al pleno en los dos años que le quedan de mandato aunque mantendrá su acta.
Con Josefa fuera del equipo de gobierno, la aritmética haría posible una moción de censura contra Sánchez Lavado, que mantiene sólo a cinco de los 11 concejales, frente a cuatro del Partido Andalucista y uno del PSOE. Sin embargo, ninguno de los partidos está por esa labor. Salvador Ortiz, portavoz del PA, recuerda que en el anterior mandato expulsaron a Sánchez Lavado con una moción de censura, y lo único que consiguieron fue reforzarle para los siguientes comicios.
La gestión del alcalde, condenado en 2007 a un año de prisión por agredir a un vecino, recibe duras críticas. Sánchez Lavado ha contratado a dedo a numerosos vecinos para puestos como monitores deportivos o del centro informático pese a los reparos del secretario municipal. En eso, Sierra de Yeguas también se parece a otros pueblos de Andalucía.
(www.elpais.com, 22/03/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE VUELCA EN LAS EUROPEAS PARA RECUPERAR PESO EN EL PP
Esperanza Aguirre, la gran rival de Mariano Rajoy, fue una de las principales derrotadas, al menos desde el punto de vista interno, de las elecciones gallegas. La victoria del PP dejó sin argumentos a los críticos; pero es que, además, ella no había acudido a un solo mitin, al contrario que Alberto Ruiz-Gallardón, su gran enemigo, que se volcó. La ausencia de Aguirre en la noche electoral desató todo tipo de comentarios en el partido, aunque en su entorno insistían en que estaba feliz porque creía que, en caso de derrota, le iban a echar la culpa por el caso del espionaje en Madrid.
La presidenta madrileña no quiere volver a aparecer como derrotada tras las elecciones europeas de junio, donde el PP parte como favorito. Así que Aguirre, que tiene una enorme capacidad para reponerse de los golpes, ha decidido colocarse al frente de la manifestación. La presidenta se volcará en la campaña para sacar un buen resultado en Madrid y recuperar su prestigio interno.
Aguirre se presentó ante la Junta Directiva regional con un discurso de ataque a la prensa que ha destapado sus escándalos y a la oposición que ha tratado de investigarlos. Pero sobre todo con la intención de animar a los suyos a volcarse en las europeas "para enseñar a Zapatero que su proyecto está acabado, que los españoles no aguantan más esta sangría de parados y no aguantan más esas maniobras para desprestigiarnos desde sus medios afines o por medio de sus jueces estrella". Aguirre ha logrado que Mariano Rajoy cierre su investigación interna sobre el espionaje, y ahora se siente más fuerte, según su entorno.
(www.elpais.com, 24/03/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "ASISTIMOS A ALGUNOS INTENTOS DE NEGAR E INCLUSO ATACAR EL HECHO RELIGIOSO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que "asistimos a algunos intentos" de negar, "e incluso atacar", el hecho religioso, y que el objeto de esos ataques sólo es el cristianismo, "base de la civilización occidental". Esperanza Aguirre se ha pronunciado así en la conferencia 'Estado laico, ¿estado neutro?', que ha inaugurado la sexta edición de Encuentromadrid 2009 en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino, en la que también ha participado el presidente de la Región de Lombardía (Italia), Roberto Formigoni.
Aguirre ha explicado que el Estado laico, aunque no pueda tener ninguna religión oficial, debe "respetar escrupulosamente" las creencias de los individuos, y ha subrayado que el clericalismo no es ninguna amenaza para la sociedad española. Para Aguirre, el estado democrático es laico por su no identificación con ninguna visión del mundo, pero "en absoluto" es "neutral e indiferente" con los valores de la tradición social predominante.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que la Constitución, aunque define al Estado como "aconfesional", dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia católica, "citada específicamente en el texto". A juicio de Aguirre, el problema es que la definición de laicidad ha ido adquiriendo connotaciones políticas que la han desviado de su acepción original y ha recordado que su significado original es "libre de toda organización religiosa".
Esta concepción -ha indicado Aguirre- motivó la separación de la Iglesia y del Estado tras la revoluciones liberales del siglo XIX, que dieron paso al Estado Liberal, que ha sido "el que mejor ha garantizado la libertad y el progreso material y moral en la historia". En este sentido, Aguirre se ha proclamado "firme partidaria" del Estado liberal porque supone que el poder público no puede imponer a los ciudadanos ninguna doctrina religiosa oficial y que ninguna confesión puede recurrir al Estado para imponer a los ciudadanos sus postulados.
(www.publico.es, 26/03/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REPARTE POR SEGUNDA VEZ LAS TELEVISIONES LOCALES A LOS MISMOS
La Comunidad de Madrid ha cuadrado las puntuaciones para conceder las emisoras locales de televisión digital terrestre a los mismos adjudicatarios que obtuvieron en 2005 las 30 licencias en juego. Tal y como le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Gobierno que preside Esperanza Aguirre volvió a resolver el concurso. La resolución se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en pleno puente de San José. Las nuevas adjudicaciones han ido a parar, en cada una de las demarcaciones, a los mismos que recibieron las frecuencias hace cuatro años: la Iglesia católica y el Arzobispado de Madrid, la Cope (cadena gestionada por la Conferencia Episcopal), El Mundo, Onda Cero, Intereconomía, el locutor Federico Jiménez Losantos, el empresario Blas Herrero, el productor José Frade y la compañía liderada por el productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
El TSJM tiró por tierra en noviembre pasado la orden por la que la Comunidad de Madrid otorgó las licencias en agosto de 2005. La sala de lo Contencioso Administrativo sostenía que la Mesa de Contratación que evaluó las candidaturas no ponderó los criterios exigidos conforme al pliego de bases del concurso. Y dio un plazo de un mes para que se presentaran las puntuaciones que recibieron cada una de las ofertas teniendo en cuenta los criterios elaborados por el propio Gobierno.
La orden publicada en el boletín regional el pasado día 20 da cuenta de que la Mesa de Contratación ha evaluado las propuestas presentadas, y, tras ser valoradas, ha elevado al vicepresidente, Ignacio González, la "propuesta de adjudicación acompañada de la ponderación de los criterios" fijados en la convocatoria. A continuación, se detallan los adjudicatarios en cada una de las diez demarcaciones en la que se dividió el mapa de la Comunidad de Madrid. Las licencias coinciden milimétricamente con las concedidas en 2005, pero la orden especifica la puntación dada a cada uno de los adjudicatarios.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid explicó que se ha seguido "lo legalmente establecido", y eludió dar detalles sobre las notas otorgadas a los distintos candidatos. El pliego de bases articulaba un mecanismo de calificación en torno a diez criterios. Se valoraban cuestiones como la pluralidad de la oferta informativa, viabilidad económica, calidad técnica del proyecto, creación de empleo, promoción social o cultural y contribución al desarrollo tecnológico e industrial de Madrid.
El Ejecutivo regional sostuvo que el concurso fue "lícito y ajustado a derecho" y que el fallo del concurso sólo tuvo un defecto de forma. Pero algunos adjudicatarios no lo ven así. Canal 7, empresa liderada por Frade, recibió licencias en tres localidades (Aranjuez, Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón) pero se le negó la de Madrid, donde tiene una notable implantación. Canal 7 se queja de que la orden publicada la semana pasada no explica cómo se han ponderado los criterios fijados en el concurso y "se limita a reproducir" la anulada por el TSJM, lo que "podría suponer una aparente y fraudulenta" ejecución de la sentencia.
Canal 7 argumenta, además, que a tenor de la resolución del TSJM tenían que haber sido excluidos -o haber abierto un nuevo plazo para que subsanaran las deficiencias registradas- dos licitadoras: Libertad Digital, la empresa que lidera Federico Jiménez Losantos, y Homo Virtualis (Intereconomía).
(www.elpais.com, 27/03/09)
22. COMUNIDAD DE MADRID. TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE, SEÑALADOS POR VARIOS DELITOS
La red de corrupción que dirigía Francisco Correa hizo sus principales negocios en la Comunidad de Madrid gracias a la connivencia de varios alcaldes y de tres diputados autonómicos: Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP está a la espera de que sean imputados -algo que deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- para pedirles que entreguen su acta de diputado y suspenderles de militancia.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala múltiples indicios de que los tres parlamentarios autonómicos del PP "percibieron diversos pagos" por parte de los dirigentes de la trama corrupta. Anticorrupción sostiene que esos pagos se hicieron en función del cargo que los parlamentarios ocupaban en el momento del supuesto delito, por lo que concluye que los tres podrían haber cometido un delito de "cohecho en sus diversas modalidades" y otro de "tráfico de influencias".
- Alberto López Viejo. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción apunta que en la carpeta de un archivo informático con el nombre Pendrive Trascend 8GB, hallada en el registro de la sede principal de la trama corrupta, aparecen apuntes con el nombre de Alberto López Viejo, que en la etapa investigada ocupó los cargos de viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Desde estos puestos se encargó de organizar todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre, cuyo montaje encargaba a empresas de la trama. En los apuntes encontrados en la investigación judicial aparecen supuestos pagos de al menos 286.000 euros a López Viejo por parte de la trama corrupta.
- Benjamín Martín Vasco. Desde el 28 de agosto de 2003 hasta el 17 de octubre de 2008, la contabilidad de la trama registró pagos a Benjamín Martín Vasco, que fue alto cargo del Ayuntamiento de Arganda (Madrid), donde supuestamente facilitó los negocios de Correa. Entre las entregas en efectivo y el pago de viajes, joyería, gastos de boda y estancia en hoteles, Martín Vasco recibió de la red corrupta 345.166 euros.
- Alfonso Bosch. Como alto cargo en la empresa pública de gestión de suelo del Ayuntamiento de Boadilla (Madrid), este diputado mantuvo relaciones con las empresas de Correa. La investigación ha acreditado, a partir de la contabilidad de la trama, que Bosch recibió al menos 120.000 euros.
(www.elpais.com, 27/03/09)
23. COMUNIDAD DE MADRID. EL CASO DE CAJA MADRID ES UN "INTERVENCIONISMO PÚBLICO DESCARADO"
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, ha considerado que la situación de Caja Madrid se ha convertido en el caso de "intervencionismo público más descarado que recuerdo en los 26 años que llevo en el sector" y supone "la prostitución de un modelo".
Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, Quintás ha considerado que el hecho de que los partidos políticos pueden pactar fuera de los órganos de gobierno de una entidad lo que se va a decidir en ellos supone claramente "la prostitución de un modelo". En su opinión, más que "lamentable", adjetivo que usó el ministro de Economía, Pedro Solbes, para calificar la situación de Caja Madrid, se trata de un caso "esperpéntico". Ante estas situaciones de intento de control político en las cajas, Quintás aseguró que el Consejo de Administración de la CECA ha pedido a todas las fuerzas políticas que "recapaciten".
"A ver si al final vamos a ser capaces de extinguir uno de los elementos estructuralmente más sólidos de la economía de este país simplemente por una pequeña ambición política de peleas en el patio del colegio", advirtió. Según Quintás, el problema de Caja Madrid es "de incomprensión o de olvido deliberado" por las fuerzas políticas de la regulación que tienen las cajas.
La Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA), recordó Quintás, dice "claramente" que el mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas no es "imperativo", es decir, que nadie puede indicar el sentido del voto. Sin embargo, lamentó, "nos estamos encontrando con que cualquier partido político está abriendo expedientes a consejeros generales de las cajas y lo hace, con todo descaro, porque no ha seguido el sentido del voto" que ellos querían. A su juicio, estos actos "violan la ley".
Para el presidente de la patronal bancaria, esta situación en la que entidades que durante casi dos siglos han sido autónomas y han tenido soberanía empresarial ahora sufran controles políticos es "extraordinariamente preocupante". "Se ha roto el principio fundamental constitutivo de los órganos de gobierno de las cajas, que es una representación equilibrada de los distintos grupos con intereses legítimos en la entidad", aseguró.
La Asamblea General de Caja Madrid rechazó , con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, tras lo cual el Ejecutivo autonómico de Madrid aseguró que los impondrá en el plazo máximo de un mes.
(www.publico.es, 25/03/09)
24. COMUNIDAD DE MADRID. EL EQUIPO DE GALLARDÓN OCULTÓ AL PSOE EL CONTRATO CON INGESPORT
Ocultar, según la Real Academia, es "callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir". Y con esta definición en la mano parece evidente que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón ocultó a la oposición socialista, en diciembre de 2007, que la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid había adjudicado un contrato a Ingesport. Un hecho relevante porque una de las consejeras de dicha sociedad es la concejala Patricia Lázaro y como intermediario de Ingesport actuaba Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de la edil.
Además, Ingesport gestionaba el lujoso spa del hotel NH Eurobuilding y dio un pase gratuito a Lázaro para utilizar las instalaciones a cambio del trato de favor que recibía de la concejala, según la versión ofrecida por el propio Martín en diversos correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario.
Carlos Martín ha utilizado sus contactos políticos para negociar adjudicaciones públicas. Entre esos contactos destaca el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien también dio clases de pádel. Tal y como desveló Público la semana pasada, el monitor reconvertido en intermediario recibió información privilegiada sobre un concurso público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante una reunión con González.
El concejal socialista Pedro Sánchez preguntó, a finales de 2007, por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Ingesport. Dentro de la labor de control que realiza la oposición, es frecuente que se interese por los beneficiarios de las adjudicaciones públicas. "Es evidente que si preguntas al Ayuntamiento por los contratos que tiene con una empresa determinada, esa pregunta incluye a los organismos y empresas municipales", explica el propio Sánchez.
Al Gobierno de Gallardón no le debió parecer tan evidente. El 19 de diciembre de 2007, respondió a Pedro Sánchez que el Ayuntamiento de Madrid no había firmado desde 2003 ningún contrato con Ingesport. La realidad es que, a principios de 2006, el Club de Campo otorgó una consultoría por importe de 22.000 euros a dicha empresa. El Ayuntamiento tiene la mayoría del capital y de los miembros del consejo de administración del Club de Campo, que preside el vicealcalde, Manuel Cobo.
Un portavoz del Gobierno de Madrid se amparó en la literalidad de la pregunta del PSOE para explicar que no informasen del contrato con Ingesport: "Se respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas, que era sobre el Ayuntamiento, y no sobre las empresas municipales. En todo caso, estará mal planteada la pregunta, no la respuesta. Además, el Club de Campo no depende administrativamente del Ayuntamiento".
El consejo de administración del Club de Campo que adjudicó el contrato a Ingesport se celebró el 30 de enero de 2006. Ese día no estuvo presidido por Cobo, sino por la propia Patricia Lázaro, que no se inhibió a la hora de votar pese a su relación de amistad con Carlos Martín.
La adjudicación se realizó apoyándose en un informe técnico de cinco folios, donde se asegura que se pidieron propuestas a tres empresas. La lectura del informe no aclara qué baremos se utilizan para inclinarse por Ingesport. Y el único argumento claro en favor de la empresa elegida es que "diseña un negocio global". El portavoz municipal sostiene que se "cumplió con los requisitos de publicidad y concurrencia que establecía la Ley de Contratos" vigente entonces, aprobada en 1995.
(www.publico.es, 25/03/09)
25. COMUNIDAD DE MADRID. UN PISO PARA EL ALCALDE DE MAJADAHONDA
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que Francisco Correa, el presunto jefe de la trama empresarial corrupta que durante los años de mandato en el PP de José María Aznar montó todos los eventos de este partido, "no declaraba por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas desde 1999".
La fiscalía explica que su investigación arrancó de la denuncia presentada por José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que trabajó durante algunos años para Correa. Y que se fundamenta además en información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las distintas empresas y dirigentes del entramado.
La primera denuncia plantea diversas irregularidades de una serie de empresas de la trama en relación con la contratación de la organización de eventos que tenían como "principales clientes a Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana". Anticorrupción comenzó sus pesquisas, según cuenta en su escrito, con dos escenarios distintos:
- La posible adjudicación irregular de una Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda a la trama corrupta y la entrega al entonces alcalde de esta localidad, Guillermo Ortega (PP), de un inmueble en pago por permitir un desmontaje de cableado.
- El supuesto pago de tres millones de euros al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP) dirigido a obtener la adjudicación de una promoción inmobiliaria.
La investigación descubrió que la promoción inmobiliaria fue adjudicada a una empresa de José Luis Ulibarri por tres millones de euros menos que la mejor oferta presentada al concurso.
(www.elpais.com, 27/03/09)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS PRUEBAS PARA EL TRAJE DE CAMPS
Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna.
Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps.
Antes de que Garzón llamara al sastre, el juez ya tenía pruebas para imputar a Correa y los suyos el supuesto delito de sobornar a políticos valencianos con regalos a cambio de contratos millonarios de esa administración autonómica. La trama se instaló en dicha comunidad en 2005, cuando Camps ya gobernaba y Mariano Rajoy, por desconfianza, había cortado relaciones con Correa.
Correa creó para operar en Valencia Orange Market y logró en cuatro años más de cinco millones de euros en contratos de consejerías del Gobierno de Camps. El delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, se hizo amigo íntimo de Camps, a quien llevó hasta el sastre Tomás. En la investigación judicial hay numerosas pruebas sobre las relaciones entre la trama corrupta y el Gobierno de Camps. Son éstas:
- Grabaciones. Un ex edil del PP de Majadahonda (Madrid) que trabajó para Correa grabó conversaciones comprometedoras con los directivos de la trama y las entregó junto a una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas, Isabel Jordán, subordinada de Correa que planificó la expansión en Valencia, admitía: "He hecho trabajos reales para la [Comunidad Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps. Vamos, que tengo yo la factura... que he pagado yo la factura". La investigación demostró que esta frase se basaba en datos reales. En la contabilidad de Easy Concept, otra firma de la red, figura un apunte de 63.220 euros bajo el título "entradas y salidas de Milano". Jordán explicó al juez que eran compras en Milano.
- Pinchazos telefónicos. Los pinchazos telefónicos que ordenó Garzón revelaron que Álvaro Pérez hacía gestiones, algunas privadas, para Camps y Ricardo Costa, el número dos del PP valenciano.
- Facturas. Garzón tiene en su poder documentos de empresas de la trama y de las tiendas Milano y Forever Young que dan pistas sobre lo ocurrido:
- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps.
- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps.
- Declaraciones de Tomás. En su escrito al servicio de conciliación y arbitraje por su despido, el sastre señala: "A través de los directivos de Orange Market (...) entré en contacto profesional con altos cargos de la Administración valenciana, y así confeccioné trajes para varios, entre otros, el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Cada varios meses, y siguiendo la práctica habitual con clientes importantes, una persona de Orange Market se ponía en contacto con el responsable de facturación de la empresa y cuadraba los vales pendientes, que eran abonados por Orange Market mediante transferencias bancarias y, en algún caso, mediante pago en efectivo".
Ante el juez, Tomás explica: "Camps es el destinatario de otras compras en 2008 pagadas mediante transferencia bancaria de 4.040 euros de Orange Market (Documento 31) a cuyo nombre se realizó también la factura (documento 30). Cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva barbour y una chaqueta fantasía por 2.689 euros".
(www.elpais.com, 23/03/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA.EL SASTRE INFORMATIVO DE CAMPS
Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana, se tragó un par de bostezos en la comisión de control del ente público en las Cortes mientras los diputados reclamaban su dimisión y aireaban todo tipo de trapos más o menos salpicados. García obvió los trapos, se ciñó al guión y explicó a quienes le acusaron de ser "el sastre informativo del señor [Francisco] Camps, quien le corta las noticias a medida" que la manipulación de los informativos de Canal 9 "es subjetiva".
García se explayó en su primera comparecencia sobre el contrato programa que regirá la gestión económica de Canal 9 para no decir nada. "Se encuentra en estudio". "Es una negociación a dos bandas". "Siento no poder ser más concreto". Apenas especificó que será trienal y obligará a la RTVV entre 2009 y 2011. También apuntó que el acuerdo aliviará la carga financiera que arrastra RTVV y que supera los 1.200 millones de euros. "La Generalitat asumirá la deuda y los intereses", reiteró.
La socialista Nuria Espí cargó en primer lugar para denunciar "la clara simbiosis entre lo público y lo privado" que revela la decisión de "bajarse al moro a celebrar un cumpleaños y negociar concesiones con contratistas de la Generalitat en la misma fiesta". Espí recordó que Álvaro Pérez Alonso, El bigotes, imputado por el juez Baltasar Garzón, participó en esa fiesta de cumpleaños en Marrakech en 2007, a la que García acudió en el avión privado de Vicente Cotino Escribá, sobrino del consejero de Bienestar Social y socio de residencias para mayores concertadas con la Generalitat. También aludió al repetidor de la televisión pública que usó de forma fraudulenta una radio de José Luis Ulibarri, otro de los imputados por el juez Garzón.
Glòria Marcos, de Esquerra Unida, lamentó la ausencia de información sobre el contrato programa y Enric Morera, portavoz de Compromís, cerró: "El traje que le han hecho a Televisió Valenciana es infame, tiene dos tallas menos. Yo no sé dónde se hacen los trajes, pero la televisión necesita uno nuevo". García se escudó en la situación económica, en la revolución del panorama audiovisual y apenas lamentó algunas "acusaciones fuera de lugar" porque "buscan un titular en prensa".
Pero la cosa iba en aumento. "¿Es usted el Pedro García que aparece en el auto del juez Garzón [como uno de los clientes de la tienda Forever Young]?", preguntó Espí. "Díganos que lo de Marrakech fue un sueño, que no es cierto", añadió.
Marcos apuntó las dificultades de la televisión catalana para emitir en territorio valenciano mientras "le facilitan a un facineroso el uso de un repetidor de la televisión pública". Y Morera cerró: "¡Claro que buscamos un titular! ¡Si tenemos que esperar a que nos saquen en Canal 9...!".
García fingió severidad para desmarcarse del uso fraudulento de un repetidor en Elda: "Detectada una anomalía, se interrumpió". Pero hizo caso omiso del resto y acometió desenvuelto la defensa de la calidad informativa de Canal 9: "Nuestro compromiso con la información de proximidad es definitivo".
La socialista Carmen Ninet le recordó que "la mayoría absoluta no le da derecho a manipular hasta la inmundicia", en alusión a la cobertura en Canal 9 de la manifestación contra la política educativa del PP que congregó en Valencia a 40.000 personas el 29 de noviembre pasado, según la Policía Nacional. "En 35 segundos la presentaron como una protesta contra el Consell y José Luis Rodríguez Zapatero; como un fracaso que reunió a 12.000 personas, muy por debajo de las expectativas; ofrecieron las protestas de los comerciantes contra el Delegado del Gobierno por permitir una manifestación el primer día de la temporada de Navidad; y la ilustraron con cuatribarradas y pancartas contra Bolonia. ¿Cabe más en 35 segundos?"
"Se informó", replicó García con media sonrisa, "¿de manera incorrecta? Eso es subjetivo. Son los profesionales los que deciden la escaleta. No conozco una televisión pública que no sea acusada de manipulación".
Ninet exigió a García que descendiera a la tierra: "Ustedes confunden las instituciones con sus personas, usted es el director general de Canal 9 nombrado a dedo por el presidente de la Generalitat, pero usted no es Canal 9. Un respeto a la soberanía popular. Ya tarda en presentar su dimisión". García no se despeinó.
(www.elpais.com, 27/03/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL PRESIONA A LOS EMPRESARIOS PARA "HACER LA OLA" A CAMPS
Desde el empresariado valenciano desvelan presiones del Consell valenciano para que acudan a las numerosas convocatorias con la presencia de Francisco Camps, actos que, según denuncian, están vacíos de contenido pero que buscan una imagen de adhesión al popular en medio de sus problemas con el caso Gürtel. Segundos y terceros escalafones del Gobierno valenciano, según asegura un empresario, "te llaman y te dicen que hay que apoyar al presidente porque no se merece lo que está pasando" y "si no vas te llaman para decirte que no te han visto, cuando lo normal es que estemos trabajando". Estas coacciones han provocado malestar, ya que además son conscientes de que les llaman para "hacer la ola al presidente".
Estos días en la agenda de Camps figuran varios actos con el empresariado valenciano, como este lunes con la colocación, por tercera vez, de la primera piedra del barrio de Sociópolis, en Valencia, o este martes con Noche de las Finanzas, en el Centro de Eventos de Feria Valencia, mientras que la semana pasada presentó sus medidas contra la crisis.
"No ha habido toques de corneta", desmienten en Cierval, la patronal valenciana, a El País. Sin embargo, varios empresarios han denunciado a ese mismo diario las presiones que están recibiendo para que comparezcan junto a Camps en esos actos, primero para movilizarles y luego para darles un toque telefónico si no asisten. A pesar de que, salvo los "adictos", se sienten "incómodos" en estos actos, un industrial apunta que "te ves forzado a ir a cosas que no puedes decir que no, aunque eres consciente de que te están utilizando para hacer la ola al presidente".
Estos empresarios creen que se les instrumentaliza para buscar la imagen que arrope al presidente, ya que los actos en sí no son sino "planes vacíos", y denuncian "la falta de medidas serias de la Generalitat para ayudar a las empresas". Además creen que "con esta sobreactuación" en el PP "se están equivocando" y "están dando a entender que lo que tratan de negar es cierto".
El malestar es mayor puesto que algunos patronos piensan que en la Generalitat se preocupan por sus propios problemas en vez de preocuparse por los problemas reales de la economía, y es que la economía valenciana fue la que peor se comportó en toda España el año pasado, según el diario Levante. El PIB de la Comunitat creció en 2008 un 0,5% respecto al ejercicio precedente, el peor dato de todas las autonomías españolas, según los datos del INE. El dato valenciano está cuatro décimas por debajo de la media europea (0,9) y también siete décimas inferior al conjunto de España (1,2%).
(www.elplural.com, 26/03/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. ORANGE MARKET AUMENTÓ SUS INGRESOS UN 78% EL AÑO DE LA CAMPAÑA DE CAMPS
Casi al mismo ritmo en que se confeccionaban los trajes con destino, según el auto del juez Baltasar Garzón, a responsables políticos valencianos como el presidente, Francisco Camps, o su número dos en el partido y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, la cifra de negocios de Orange Market, la marca valenciana de la supuesta trama corrupta vinculada al PP, se incrementó de forma exponencial. Según las cuentas de 2007 presentadas por la firma que preside el imputado Álvaro Pérez, disponibles desde hace unos días en las bases de datos mercantiles, la sociedad elevó ese ejercicio nada menos que un 78% sus ingresos, al pasar de 1.486.856 euros a 2.649.400 euros. Un espectacular aumento en el año de la campaña electoral autonómica de Francisco Camps, en la que Orange Market realizó numerosos servicios, y en el que la firma gozó igualmente de contratos de la Generalitat. Aquel 2007, un año verdaderamente de vino y rosas -culminó con la fiesta sorpresa en Marrakech que Pérez y otros contratistas del Consell dieron en diciembre al director general de RTVV, Pedro García-, tiene su contrapunto en la imputación de todos los gestores de Orange Market y dos ex responsables del Consell -Rafael Betoret y Víctor Campos- mientras el TSJ decidirá si imputa a Camps y a Costa.
En 2006 la firma había logrado por segundo año la contrata del montaje del stand de Fitur y otras ferias, un encargo que supuso el 72% de todos sus ingresos de ese ejercicio. En 2007, además del stand por poco más de un millón de euros (contrata que ha mantenido hasta la última de 2009), Álvaro Pérez se ocupó de actos para la campaña electoral de Camps a la Generalitat. El importe no se conoce, pero la Sindicatura de Comptes censura que la empresa no le informara de servicios al PP por 175.000 euros. En la campaña de Camps de 2003 intervino Special Events, la matriz madrileña del jefe de la presunta trama Francisco Correa. Orange Market también participó en la presentación de la candidatura de Luis Díaz Alperi en Alicante en las últimos comicios locales de hace dos años.
Los contratos de 2007 conocidos y cuyo importe ha trascendido suman 1,4 millones, el 52% de la facturación de la firma en aquel ejercicio. La empresa, creada en julio de 2003, tuvo ese año ingresos por tan solo 76.170 euros. Nada que ver con los 2,6 millones de 2007. Su facturación se ha multiplicado por 34 en cinco años. O, lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 3.378%.
Pese al volumen de negocio, la sociedad cerró el año con unos beneficios de sólo 4.971 euros, frente a los 13.374 de 2006. Claro que en 2003 los beneficios fueron 848 euros. La empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros, aparece en informes comerciales con un endeudamiento considerado importante, de 483.816 euros, el 84% del total de su activo, que alcanza los 574.105 euros. El cuadro (abajo) muestra los ingresos y contratos hasta 2007, con lo que no se incluyen, además de los stands de Fitur de 2008 y 2009, trabajos como la fiesta de la Volvo Ocean (516.000 euros), la telemaratón de Canal 9 (2.500 euros), el congreso regional de 2008, una cena con Rajoy en Castelló, trabajos para la Fórmula 1, la Feria Hábitat (800.000 euros) o la despedida de Villalonga como gestor del Valencia CF, entre otros.
Las cuentas fueron presentadas por Cándido Herrero, consejero delegado e imputado también por Garzón. Los datos señalan la baja como consejero, reflejada con fecha 19 de febrero pasado, trece días después de saltar el escándalo, de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol que fue imputado por Garzón. Lo ha sustituido Nuria Pérez Alonso.
(www.levante-emv.com, 21/03/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL ACREDITA REGALOS DE AL MENOS 7.393 EUROS DE LA RED CORRUPTA A CAMPS
La fiscalía anticorrupción asegura en su escrito de conclusiones sobre la trama empresarial dirigida por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP que la investigación ha destapado la existencia, a través de diversa documentación, de unos pagos de al menos 7.393 euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps, por parte de la red corrupta. Así se desprende del escrito de 18 folios fechado el pasado 18 de febrero y que forma parte del voluminoso sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que debe decidir si admite a trámite la causa.
En el escrito, la fiscalía anticorrupción, que investigaba los hechos desde hace año y medio, señala que la sociedad propietaria del establecimiento donde la red corrupta adquiría ropa para el presidente valenciano ha aportado documentación que acreditaría el pago de al menos 7.393 euros.
La fiscalía añade a esta prueba la declaración prestada por José Tomás García, el responsable de ventas del establecimiento que se relacionaba directamente con Camps para tomarle medidas o mostrarle telas. Tomás, según el escrito de anticorrupción, confesó que Pablo Crespo, uno de los dirigentes de la trama corrupta -y ex alto cargo del PP gallego-, pagó a la tienda más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco vendidos a Francisco Camps.
La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps. La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana.
El mismo documento de la fiscalía anticorrupción, donde se detallan las conductas supuestamente irregulares de tres diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre; Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch), explica que la investigación ha recabado información de la Agencia Tributaria sobre estos implicados que sustentaría la acusación.
Además, el escrito de la Fiscalía remacha la intensa relación del Gobierno de Aguirre con la trama corrupta: "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007".
El PP ha destituido a los alcaldes de estos municipios -en el caso de Majadahonda, el imputado era ex alcalde y Aguirre le había colocado como gerente en una empresa autonómica-, aunque aún no ha tomado medidas contra los tres diputados autonómicos, que siguen ocupando su escaño en la Asamblea de Madrid. La Agencia Tributaria ha acreditado que la Comunidad de Madrid contrataba con hasta cuatro empresas distintas de la trama corrupta: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico.
(www.elpais.com, 27/03/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP TUMBA 456 PREGUNTAS Y DEJA EN EL PUNTO DE MIRA ORANGE MARKET Y LA FIRMA DEL AMIGO DE CASTELLANO
Del "mayor ejercicio de transparencia en la historia de la Comunitat", como calificó el Ejecutivo las comparecencias de todos los consellers en las que debían informar sobre los contratos con empresas ligadas a la presunta trama corrupta del PP (aunque luego no lo hicieran) se ha pasado al veto masivo para impedir que la oposición conozca en las Corts los compromisos sellados con firmas bajo sospecha. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara protagonizaron la mayor censura de iniciativas parlamentarias en la historia de la institución al tumbar 456 de una tacada. De la crema sólo se salvó las que el Ejecutivo permite que queden en el punto de mira de la oposición: Orange Market, la empresa de El Bigotes, y Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo del conseller de Gobernación, Serafín Castellano.
El argumento esgrimido es el odiado artículo 153.2 que faculta la Mesa a vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana". Con esta base se liquidan las preguntas sobre los contratos de todas las conselleries con 36 empresas, la mayoría incluidas en la investigación de Garzón en la Audiencia Nacional y otras que la oposición ve sospechosas. De este modo, no habrá información sobre, por ejemplo, Special Events, la sociedad matriz de la trama liderada por Francisco Correa, o las firmas del imputado José Luis Ulibarri, que controla 13 licencias de TDT en la Comunitat tras las presiones del Consell a las adjudicatarias y la del Ayuntamiento de Valencia.
A la pregunta de cuál era el criterio para distinguir entre estas firmas y Orange Market y Taroncher, ya que la mayoría de las vetadas también están implicadas en la investigación judicial, el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda señaló que no están pensando en el auto sino en las firmas que, a su juicio, tienen "trascendencia en este momento en la Comunitat" y las que no. "Son los medios de comunicación los que han dado trascendencia a unas empresas y a otras no. Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", indicó, obviando que los contratos con otras sociedades han tenido similar eco.
Los populares hasta tumbaron una interpelación al conseller de Infraestructuras, Mario Flores, sobre su política general en materia de licitaciones y adjudicaciones alegando que no es materia de política general. El 23 de febrero, en cambio, Castellano tuvo que responder en el pleno a una interpelación sobre su política general en materia de contrataciones.
(www.levante-emv.com, 26/03/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ELUDE RESPONDER SOBRE LOS HONORES A FRANCO
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eludió responder a la petición de la oposición de revocar las distinciones concedidas en su día por el Ayuntamiento a Francisco Franco. La alcaldesa afirmó que contestará a la solicitud en el pleno de mañana. Hace unas semanas, Barberá dijo que pediría un informe jurídico al respecto.
Para los socialistas, que han presentado la moción, ese informe es innecesario, ya que la Ley de la Memoria Histórica prevé la retirada de placas, escudos y menciones conmemorativas de la exaltación de la Guerra Civil y la represión franquista. Según defendió el concejal Juan Soto el martes, la revocación del título honorífico a Franco es un "acto de dignidad democrática".
(www.elpais.com, 26/03/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA CONSIDERA UN ACIERTO EL LIBRO QUE EXALTA A FRANCO Y DEFINE A SU AUTOR COMO UN VALIENTE
El libro editado por la Diputación de Castelló que niega el golpe militar de 1936 y justifica el régimen de Franco está prologado, como todos los que edita la institución provincial, por el propio presidente Carlos Fabra. En su aportación a la obra, Fabra destaca "la valentía que caracteriza a algunas mentes", en este caso el autor, para afrontar el resumen de la historia de España. Además de valorar "el reto" que ha supuesto el trabajo, dice de José Luis Lapeña Carrasco, ex coronel del Ejército, que "su inmenso deseo de lectura y erudición hicieron de él el personaje ideal para emprender la tarea de repasar nuestra historia desde sus inicios hasta el final de la Guerra Civil".
Fabra considera "un acierto digno de ser tenido en cuenta" que el Servei de Publicacions de la Diputación de Castelló haya editado el libro. Para el presidente de la institución provincial, la publicación de "España, sueño imposible" es una demostración del "empeño por ofrecer las muestras de nuestros insignes eruditos para beneficio de la cultura de nuestra tierra". Fabra añade que "como presidente de la Diputación sólo puedo sentirme orgulloso por el esfuerzo que hacemos en este sentido y agradecer el soporte que, vía colaboraciones como esta, recibimos de toda la población para mayor prestigio de nuestras tierras. Nuestro empeño no es sino servir a estos nobles fines".
Por otra parte, en su prólogo, el presidente de la Diputación también valora algunos de los capítulos del libro. Así, asegura que el autor, "trata con gran conocimiento de causa" los capítulos dieciséis al diecinueve, que recogen el reinado de Alfonso XIII, la dictadura militar de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, páginas donde ensalza el franquismo y niega el golpe militar del 1936.
Por último, Fabra no escatima en adjetivos y habla de una obra "total, ambiciosa y concluyente". Eso sí, reconoce que la obra tiene "un ensamblaje premeditado y compendiado con clara intencionalidad" ya que el autor "se extiende más en unos momentos considerados cruciales para él, como se limita en otros".
(www.levante-emv.com, 22/03/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VE LÍCITO QUE FABRA SE JACTARA DE "COLOCAR" GENTE
El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón no ve "ningún hecho ilícito" en las declaraciones del presidente de la Diputación y del partido en la provincia, Carlos Fabra, en las que afirmaba que había "colocado a un sinfín de gente en 12 años" para obtener un "voto cautivo". Era la respuesta del vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, a las preguntas formuladas al respecto por el concejal Mario Edo. Fabra también comentó que cuando una madre tenía un problema para colocar a su hijo en un determinado colegio de Castellón, llamaba al entonces director territorial de Educación, Francisco Baila, y éste colocaba al hijo. Fabra concluía diciendo que eso era "un voto agradecido". El PP lo ve lícito.
(www.elpais.com, 27/03/09)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. ORIHUELA ADJUDICÓ UNA OBRA YA INAUGURADA
Los Verdes en Orihuela denunciaron nuevas y presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento, en manos del PP, a empresas vinculadas a familiares de concejales en el gobierno. La reforma de la plaza del Escorratel se adjudicó el 25 de julio de 2008, según el acta de la junta de gobierno local, pero según las informaciones en prensa y la propia web del PP la inauguración de la plaza se hizo 22 días antes, el 3 de julio. "Házmelo y después lo arreglamos, este el estilo caciquil del PP", dijo el concejal Montesserrate Guillén, que habló de una "red de clientelismo político" que beneficia a familiares del equipo de gobierno. Según Los Verdes, la empresa beneficiaria de la adjudicación es una constructora de un cuñado de la concejal de Cultura del PP a la que se han adjudicado varias obras por procedimiento negociado sin publicidad ni concurso.
(www.elpais.com, 25/03/09)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DA AL PP DE DÉNIA EL PROYECTO ESTRELLA DEL TEATRO QUE LE ANULÓ AL PSPV
El gobierno local de Dénia que comparten el PP, tres partidos independientes y un tránsfuga ex socialista ya tiene su proyecto estrella para esta legislatura. Después de dos décadas de reivindicaciones, el Consell anunció que invertirá casi 9 millones para construir un gran teatro-auditorio con dos mil plazas que comenzará a construir en pocos meses. Curiosamente, la Generalitat anuló un proyecto semejante tramitado por el gobierno de PSPV-BNV en mayo del año pasado, apenas dos meses antes de que una moción de censura permitiera al PP y a sus socios acceder al poder.
La administración autonómica consideró entonces que el convenio firmado por socialistas y nacionalistas con una empresa privada, que se comprometía a edificar el teatro a cambio de poder construir un centro comercial en el área Oeste de la ciudad, no era más que una "adjudicación a dedo" que incumplía la legislación europea sobre contratos públicos. Aquel dictamen fue clave para que Centre Unificat retirara su apoyo al ejecutivo de la ex alcaldesa socialista Paqui Viciano y firmara el voto de censura.
Ahora, el nuevo proyecto del Consell, que se financiará con los fondos de su Plan Especial de Apoyo para municipios, supone todo un espaldarazo para el gobierno de la popular Ana Kringe, quien hace pocos meses se pasó a las filas campistas olvidando su pasado zaplanista. El futuro teatro se ubicará en una zona emblemática de Dénia, a orillas de la dársena del puerto donde en la actualidad hay un varadero y junto a las escolleras donde atracan los barcos de lujo. Contará con dos salas polivalentes con aforo para mil personas y un tercer escenario exterior "con el mismo mar como telón de fondo" para otro millar de espectadores.
Desde los años noventa, las asociaciones culturales y cívicas de la población han exigido este espacio cultural e incluso realizaron manifestaciones en las que entregaban un "ladrillo" al alcalde de turno como símbolo del teatro frustrado. Sin embargo, ningún edil logró financiación para este propósito.
(www.elpais.com, 23/03/09)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS POPULARES DE CALP SE DIVIDEN EN PLENA TEMPESTAD POR LA TRAMA DEL AGUA
Las nuevas revelaciones del caso del agua en Calp, investigado por un juzgado al considerar que se pagaron más de un millón de euros por obras que nunca se realizaron, han puesto contra las cuerdas a la dirección local del PP, liderada por Javier Morató, que era alcalde cuando se fraguó la trama en 2004, y Juan Roselló, entonces concejal de Aguas e imputado por el caso. Ambos ediles, que ahora comparten gobierno con el alcalde nacionalista Ximo Tur, se han encontrado con la oposición de un amplio sector de su militancia, que exige que Morató no vuelva a presentarse como candidato a la alcaldía.
Aunque las divergencias venían fraguándose desde hace meses de forma soterrada, la ruptura del partido quedó escenificada hace unos días en una asamblea en la que Morató fue de fracaso en fracaso. Así, los siete compromisarios campistas que representaron a Calp en la última asamblea provincial rechazaron su propuesta de integrarse en la ejecutiva local "al estar en total desacuerdo con el modo de dirigir el partido durante los últimos años", según fuentes del PP local. Y gran parte de la militancia también se opuso indignada al sistema de cuotas que pretendía establecer Morató y que a juicio de los campistas quería condicionar la pertenencia al partido de nuevos militantes que se oponen a la actual dirección. La contestación de buena parte de los 800 afiliados ha ido en aumento tras las denuncias del caso Aguas de Calpe y de los testimonios sobre el importante papel que en el mismo desempeñó Francisco Artacho, cuñado de Roselló y propietario de Obras Hidráulicas de Levante, la empresa de buzoneo a la que se le adjudicaron las obras.
En tan complicada situación, el PP de Calp sólo ha encontrado un aliado en el alcalde, Ximo Tur, quien durante los últimos días ha salido día tras día en defensa de la gestión de los populares en la trama del agua mientras Morató y Roselló guardaban silencio al respecto. Pese a las continuas exigencias del PSPV, Tur se niega a abrir una comisión de investigación sobre el caso al considerar que las obras de la red, que llevan cinco años funcionando, constituyeron un éxito y ni siquiera se vieron afectadas por la riada de 2007.
(www.elpais.com, 22/03/09)
38. CASTILLA Y LEÓN. LOS POPULARES DE ÁVILA REGALAN A LA IGLESIA UNA PARCELA VALORADA EN 450.000 EUROS
El ayuntamiento de Avila ha cedido gratuitamente una parcela municipal, valorada en 450.000 euros al Obispado, a pesar de la oposición de PSOE e Izquierda Unida, que consideran que ese patrimonio debiera utilizarse para "paliar" la situación económica por la que atraviesa el Consistorio, y que "el alcalde, el popular Miguel Ángel García Nieto, y su equipo carecen de un listado de prioridades sobre las necesidades reales de los abulenses".
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín ha dicho que "con el debido respeto a la Iglesia católica, no entendemos cómo se puede regalar para una actividad religiosa un terreno de estas características, tanto por la superficie que ocupa como por su valor en el mercado, cuando existen muchas carencias en equipamientos y dotaciones fundamentales para el día a día de los ciudadanos, tales como parques infantiles, aparcamientos o zonas ajardinadas", señaló la concejala socialista al diario Avila Digital.
"Estamos ante un claro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en la gestión pública, y menos en tiempos de crisis", ha señalado Mercedes Martín, quien ha anunciado que "el Grupo Socialista no limitará su actuación al voto contrario en la Junta de Gobierno", sino que exigirá "la máxima transparencia" al alcalde, que "tendrá que explicar a los ciudadanos qué se esconde detrás de esta cesión gratuita".
También el portavoz de IU-Los Verdes, Pedro Tomé, ha calificado de "intolerable" que "en una situación de crisis, el Ayuntamiento ceda una parcela gratuita al Obispado, valorada en 450.000 euros" y ha mostrado su "tajante oposición" a que ese dinero se destine a la construcción de una parroquia.La portavoz socialista afirmó que la Iglesia "cuenta con patrimonio y solvencia suficiente para financiar una obra de este tipo", y ha recordado que el Gobierno municipal recalificó unos terrenos en Vicolozano, por cuya venta el Obispado "se embolsó 19 millones de euros, cantidad más que suficiente para construir una parroquia", además de las ayudas que recibe la Iglesia de las distintas administraciones.
La dirigente del PSOE se refería a los 19 millones de euros ganados, el año pasado, por el Obispado al vender unos terrenos rústicos que habían sido recalificados previamente por el gobierno local del PP. Con esos beneficios la Iglesia tapó el enorme agujero económico de la Universidad Católica, promovida en su día por el Arzobispo Antonio Cañizares y por el entonces alcalde de Ávila, Ángel Acebes.
La Universidad Católica acumulaba esta deuda desde su creación en el año 1996, una iniciativa liderada por el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, y por dirigentes populares, entre ellos, Ángel Acebes, en aquel momento alcalde de Ávila, y Sebastián González, ahora número tres del Partido Popular y que fue presidente de la Diputación Provincial de Ávila.
(www.elplural.com, 22/03/09)
39. ISLAS CANARIAS. ABIERTO EL JUICIO ORAL CONTRA LA 'TRAMA EÓLICA' CANARIA DEL PP
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, ha notificado el auto de apertura de juicio oral contra los imputados por el conocido como caso Eólico, la trama surgida al amparo de la concesión de parques eólicos durante el mandato de Luis Soria, hermano del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, cuando éste era consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en la legislatura anterior.
Finalmente, el juez imputa al ex director general de Industria, Celso Perdomo, delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos. A su pareja, Mónica Quintana, le imputa violación de secretos y malversación. El funcionario de Industria Honorato López está imputado por un delito continuado de cohecho. Los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel deberán afrontar imputaciones por cohecho. Los señalados deberán afrontar fianzas de entre 200.000 y 400.000 euros y siguen en libertad provisional con obligación de presentarse ante los juzgados dos veces al mes.
Se considera probado que, antes de que la convocatoria fuese pública, Celso Perdomo, desde su despacho oficial, con ayuda del funcionario Honorato López, envió información privilegiada sobre el concurso eólico a varias sociedades privadas concretas, información por la que recibió pagos millonarios. Tras saltar el escándalo, el Gobierno canario cesó a Perdomo, suspendió el concurso eólico y convocó uno nuevo.
(www.elpais.com, 21/03/09)
40. ISLAS CANARIAS. EL NÚMERO DOS DEL PP CANARIO OCULTÓ QUE DIRIGE UNA EMPRESA BAJO SOSPECHA
Manuel Fernández González, número dos del PP canario y diputado autonómico, mintió a la juez que instruye el caso salmón, en el que está imputado por cohecho junto con su mentor y jefe de filas en el partido, el vicepresidente del archipiélago, José Manuel Soria. Fernández ocultó que en el momento de su interrogatorio judicial, el 26 de noviembre de 2008, ya era uno de los dos consejeros delegados mancomunados de Anfi Tauro SA, la promotora a la que el Cabildo de Gran Canaria habría dado un supuesto trato de favor después de que su propietario invitara a Soria a un viaje.
El nombramiento de Fernández se produjo el 2 de noviembre de 2006, pero no quedó inscrito hasta el 29 de marzo de 2007. Al día siguiente, y con los votos de Coalición Canaria y el PP, el pleno del Parlamento avaló el proyecto de Anfi para construir 1.682 plazas turísticas en Mogán.
Anfi había sorteado la moratoria turística vigente en las islas gracias a que, en 2005, el Cabildo de Gran Canaria, entonces presidido por José Manuel Soria, declaró su proyecto como de interés general. Ese era el único resquicio legal posible para que el proyecto llegara al Parlamento. Y Anfi, a la que Fernández González llevaba años vinculado profesionalmente, se coló por él.
Durante su comparecencia ante la jueza del Tribunal Superior de Canarias que investiga ese caso, Fernández fue interrogado sobre su relación con Anfi Tauro SA, uno de los satélites del grupo Anfi, fundado por el noruego Björn Lyng.
El fiscal fue conciso: ¿qué cargo ocupa Fernández en Anfi? Según el acta de la declaración, el dirigente del PP canario respondió que "el de asesor". Agregó que lo ha ocupado "prácticamente siempre y que fue miembro del consejo de administración".Y contó que había sido miembro del consejo de Anfi "en 2005, 2006 y 2007". En ningún momento mencionó su cargo actual, que puso en sus manos y en las del otro consejero delegado mancomunado "todas las facultades del consejo" salvo las indelegables.
El número dos del PP canario negó en declaraciones a Público que hubiera ocultado datos a la juez, y se aferró a que no recuerda exactamente en qué términos le formuló el fiscal la pregunta. En esa misma comparecencia como imputado, Fernández admitió que, aun sin estar firmado, seguía "tácitamente vigente" un contrato de asesoramiento a Anfi redactado en diciembre de 2006 y por el que se comprometía a asesorar a la empresa en distintos campos a cambio de 48.000 euros. Entre sus funciones de asesor figuraba conseguir licencias urbanísticas. Fernáneez no es arquitecto ni aparejador ni abogado, sino ingeniero técnico industrial.
Pese a lo anterior, en su conversación con este periódico, el dirigente conservador remachó varias veces que ese contrato no existe en realidad porque "no lo necesitaba". Siendo consejero, argumentó, para qué suscribir un contrato con su propia empresa. Según Fernández, la compañía le tiene asignados unos honorarios anuales de 48.000 euros, es decir, la misma cifra que consta en el contrato de asesoramiento. Pero sostiene que en los dos últimos ejercicios no ha cobrado porque no hay fondos. ¿Nunca hizo gestiones en favor del proyecto de Anfi? "Nunca", dice.
En el caso salmón, la magistrada investiga si Anfi Tauro sobornó a cargos públicos -Soria y Fernández- para desbloquear su urbanización. Bajo la presidencia de José Manuel Soria, el Cabildo de Gran Canaria declaró de interés general el proyecto el 20 de octubre de 2005. Dos meses antes, e invitado por Björn Lyng, Soria había ido en viaje de placer a Noruega para pescar salmón.
(www.publico.es, 23/03/09)
41. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DESCARTA PEDIR AL HIJO DE UN CONCEJAL DEL PP QUE DEVUELVA EL DINERO DE SUS CONTRATOS
El Ayuntamiento de Cartagena ha descartado pedir al hijo del concejal Enrique Pérez Abellán que devuelva los 52.000 euros de los ocho contratos del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan Zapatero) que ha recibido por enchufe de su padre. El gobierno municipal defiende, que, si bien el edil ha puesto a disposición de la alcaldesa su cargo por "sugerir" el nombre de su hijo como ingeniero de caminos y que el dinero procede de las arcas municipales, las adjudicaciones son legales y el trabajo ya está hecho.
Enrique Pérez Blaya anunció el viernes al Ejecutivo de Pilar Barreiro que dimitía de su cargo de presidente de la Junta Municipal Vecinal de Pozo Estrecho (un cargo para el que fue designado a dedo por el PP) "para no dañar al gobierno municipal y al Partido Popular". Sin embargo, según fuentes municipales, Pérez Blaya no se brindó a devolver los contratos que el propio gobierno ha reconocido como un error político y que la oposición censura por una cuestión ética y pone en entredicho por posibles problemas legales. En el Ayuntamiento, aseguran que todo el dinero destinado a pagar los servicios como autónomo de Pérez Blaya salen de los presupuestos municipales, ya que el coste de elaborar los proyectos (si los hacen técnicos municipales o empresas contratadas) y dirigir las obras "corre a cargo de los municipios y no del Estado".
El gobierno local aclaró que, del importe total, la redacción de los cuatro proyectos supone 23.358,92 euros, incluyendo el IVA, y la dirección de las obras, otros 28.323,16 euros. Los proyectos se refieren a la reforma de calles en Los Barreros, la Barriada Cuatro Santos, Los Dolores, y El Llano del Beal.
Pilar Barreiro, quien tiene previsto regresar de Madrid a Cartagena después de tres días de actividad como diputada en el Congreso de los Diputados, ha encargado varios informes técnicos y legales sobre las adjudicaciones. Según las fuentes consultadas, en la Alcaldía están convencidos de la legalidad de los contratos porque cada uno de ellos tiene un importe inferior a 18.000 euros y, además, Pérez Blaya no ocupa un cargo público electo (no fue elegido en las urnas por los ciudadanos).
La ley del silencio impera en el gobierno y el PP, y el portavoz del Ejecutivo, Joaquín Segado, defiende que "el gobierno está totalmente unido y fuerte". Pero este diario ha constatado un creciente malestar con Pérez Abellán. Ediles, cargos y militantes del PP consideran que ha sido "innecesario y poco valiente" poner en el disparadero a Barreiro y al resto del gobierno con una crisis que "podría haber evitado" de dos formas.
Una habría sido dar la cara el primer día en lugar de dejar que lo hiciera el vicealcalde y coordinador del Plan ZP, Agustín Guillén; la otra, presentando su dimisión para no "desgastar" a Barreiro al "forzarla a ganar tiempo para decidir" si lo destituye por una cuestión ética y de imagen de su gobierno, o ratificarlo porque ha pedido perdón y no hay reproche legal.
(www.laverdad.es, 26/03/09)
42. ISLAS BALEARES. LA DIVISIÓN INTERNA Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN ACABAN CON LA CARRERA POLÍTICA DE CIRER
Catalina Cirer arroja la toalla y renuncia a ser la líder del PP en Palma. Desde que perdió su consolidada mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2007 y, en consecuencia, la alcaldía, su carrera política empezó a flaquear debido a los casos de corrupción como el sonado escándalo de Rodrigo de Santos y el caso facturas de la Funeraria Municipal de Palma. A todo ello, hay que sumar la división del grupo municipal por luchas internas de liderazgo. Aunque Catalina Cirer seguía manteniendo apoyos más o menos firmes, algunos regidores del grupo municipal se mostraron claramente partidarios de que José María Rodríguez pilotara de nuevo la Junta Local.
Así las cosas, Cirer se puso en contacto el sábado con la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, para comunicarle su decisión de renunciar a su reelección como presidenta de la Junta Local de Palma y de dimitir como por portavoz del grupo popular en Cort. Tampoco se presentará como candidata a la alcaldía de Palma en 2011.
Ante esta nueva situación del grupo municipal palmesano, la dirección del PP anunció que "respeta" la decisión de Cirer. El secretario general de la formación, Guillem Estarellas, descartó una posible reunión entre Estaràs y Cirer. Tampoco supo detallar los motivos que llevaron a Cirer a presentar su dimisión. Aunque Cirer apostó por el silencio, está previsto que dé explicaciones. Desde su entorno indicaron que la política actual no va con ella, aunque podría seguir como concejala hasta 2011.
Estarellas explicó que a partir de ahora los órganos de dirección del PP tomarán las medidas oportunas para reconducir la situación en el seno del PP palmesano. Así, se creará una comisión gestora que se encargará de conducir la Junta Local hasta que se convoquen las elecciones, que se celebrarán entre el 15 y el 30 de septiembre. La misma comisión gestora que constituirá la dirección del PP balear será la encargada de nombrar el nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento.
El regidor Rafel Durán, portavoz adjunto, podría asumir dicha responsabilidad. Pero hay que tener en cuenta que el nuevo cargo será elegido por la dirección del PP. Hay razones políticas que disminuyen sus posibilidades de afrontar el nuevo reto ya que Durán no es una persona del entorno de Estaràs. También pesan otros motivos ya que podría influir la posibilidad de que el concejal se viera perjudicado por el caso Palma Arena ya que entonces era vicepresidente del consorcio y su firma aparece en varios documentos. Así, el concejal Julio Martínez se podría postular como el candidato oficialista impuesto por la dirección. Durán aseguró que respetaba la decisión de Cirer aunque no la compartía. "Tengo más razones personales que políticas para no compartir su decisión", dijo.
José María Rodríguez y Cirer batallaban para liderar el PP de Palma y Francesc Fiol también se sumó a dicha pugna. Estaràs exigía una candidatura de consenso mientras se retrasaron las elecciones a septiembre cuando Cirer reclamaba la inmediata renovación. Como el resto de compañeros, Fiol también respetó la decisión de Cirer. Respecto a la renovación de la junta, explicó que "falta mucho tiempo y tal y como está el patio puede pasar cualquier cosa". Eso sí, pidió prudencia y se puso a disposición del partido.
(www.diariodemallorca.es, 23/03/09)
43. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS CONVENIOS PROMOCIONALES DEL IBATUR BAJO LA ETAPA DEL PP
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los convenios y acuerdos promocionales formalizados en el Instituto Balear de Turismo durante la pasada legislatura con el objetivo de averiguar si se produjo alguna irregularidad contable. Esta investigación se produce como consecuencia del caso IB Blau, que ha motivado la participación de la Policía Judicial para recabar todo tipo de información sobre las actuaciones promocionales que se realizaron, así como el desglose de las partidas económicas. Entre los contratos y convenios sobre los que se ha pedido información se encuentra el acto promocional celebrado a principios de septiembre de 2006 en la calle londinense de Regent Street, donde el Ibatur participó en un acto organizado por Turespaña, junto al resto de comunidades autónomas españolas.
Asimismo, en relación con el caso IB Blau, tras la detención de su ex gerente Miquel Angel Bonet, la Conselleria de Turisme ordenó realizar una auditoría para aclarar si ha habido más actuaciones similares. La auditoría está a punto de finalizar y sus conclusiones serán entregadas al conseller de Turisme, Miquel Nadal, a finales de este mes. El actual equipo de Turisme y del Ibatur quiere la máxima transparencia y colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y Policía Judicial, de ahí que llevan semanas facilitando todo tipo de información que se le requiere en el caso IB Blau.
(www.ultimahora.es, 24/03/09)
44. ISLAS BALEARES. EL FISCAL SE OPONE DE NUEVO A LA LIBERTAD DE RODRIGO DE SANTOS
El fiscal volvió a oponerse a la puesta en libertad del ex concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, que está en prisión preventiva desde junio del año pasado por supuestas agresiones sexuales a menores. La defensa aseguró que la Audiencia provincial deberá decidir la próxima semana sobre su excarcelación. por la mañana se celebró una vista en la sección segunda de la Audiencia en la que el abogado defensor, José Ignacio Herrero, solicitó su salida de la cárcel al entender que no existe riesgo de fuga por motivos familiares. La fiscalía, por el contrario, argumentó que De Santos todavía tiene otras causas pendientes y está en tratamiento por los supuestos problemas de adicción a las drogas.
El pasado 13 de marzo tuvo lugar otra vista que se aplazó hasta al presentar la defensa una recusación al considerar que uno de los magistrados ya se había pronunciado dos veces en contra de la libertad de De Santos, pero ha sido rechazada.
El ex edil tiene varias causas abiertas. Una de ellas es la relacionada con la supuesta malversación de fondos públicos con el uso de la tarjeta Visa del ayuntamiento de Palma, que utilizó para sufragar sus estancias en clubes de alterne de ambiente gay. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos. A ésta hay que sumar otra causa por presuntos abusos sexuales a adolescentes por lo que está en prisión preventiva. La tercera causa tiene que ver con una supuesta prevaricación en la adquisición de un castillo de juegos infantiles.
(www.diariodemallorca.es, 27/03/09)
45. ISLAS BALEARES. EL CONDENADO MASSOT DARÁ UN CURSO DE LEGALIDAD URBANÍSTICA
El lobo dando clases a los corderos. Esta paradoja puede hacerse realidad a partir del próximo martes, 31 de marzo, fecha de inicio de un Curso Básico de Urbanismo organizado por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Mallorca (COAATM) en el que el ponente es ni más ni menos que Jaime Massot Sureda, ex director general de Ordenación del Territorio del Govern de Matas condenado a ocho años y medio de privación de libertad por dos piezas separadas del caso Andratx y en la actualidad en libertad provisional tras satisfacer una fianza de doscientos mil euros.
El curso, que se desarrollará del 31 de marzo al 4 de abril con horario de cuatro a ocho de la tarde de martes a viernes y de diez de la mañana a dos de la tarde el sábado 4 de abril, se llevará a cabo en el salón de actos del centro de estudios del Colegio de Aparejadores en el Polígono de Can Valero.
Según la propaganda del propio Colegio, "el objetivo del curso es dar una información básica en urbanismo a los arquitectos técnicos. Está especialmente dirigido a quienes estén interesados en opositar a plazas de arquitecto técnico municipal".Llama especialmente la atención que uno de los apartados del curso versa sobre la protección de la legalidad urbanística y las infracciones de esta índole, algo sobre lo que sin lugar a dudas el ponente es un experto.
Cabe recordar aquí que Jaime Massot fue condenado en la primera pieza del caso Andratx a tres años y medio de prisión por prevaricación administrativa y un delito contra la ordenación del territorio por amparar la construcción de una vivienda unifamiliar del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, en un terreno rústico protegido utilizando una licencia para levantar una nave agrícola.
En la segunda pieza del caso Andratx, la Audiencia le impuso una pena de cuatro años por falsificar varios certificados urbanísticos dando fe de que los terrenos donde Carlos Hidalgo, el hermano del alcalde, edificó un restaurante tenían la calificación de urbanos y no la zona húmeda protegida que era en realidad. Asimismo, se le impuso otra pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.
Inhabilitación que al parecer no le impidirá impartir este "curso básico".
(www.diariodemallorca.es, 24/03/09)
46. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. EL PP DE NAVARRA NO ENCUENTRA LÍDER NI GANA AFILIADOS
Después de la ruptura con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y tras 17 años, a finales del pasado octubre, el PP decidía volver a asentarse en la Comunidad Foral. El 28 de noviembre, el partido de Mariano Rajoy abrió su primera sede en Pamplona. Y este lunes, el líder conservador inaugura otra en Tudela. Pero el PP de Navarra (PPN) no termina de arrancar. Le fallan la falta de afiliación y la de un liderazgo claro y definido.
Al frente del partido hay una comisión constituyente, coordinada por el senador José Ignacio Palacios. Entre las tareas que se le encomendaron estaban la de implantar el partido en los municipios más importantes y la de convocar un congreso, en el plazo de tres meses, para elegir a su presidente. Y aunque luego Rajoy habló de celebrar el cónclave fundacional durante "el primer cuatrimestre", éste no tiene fecha. Comienza a darse por sentado que se aplazará hasta otoño. Primero, porque en el PPN prefieren centrarse en las europeas y, segundo, porque sus dirigentes quieren aprovechar las fiestas patronales del verano para hacer pueblos y ganar afiliados.
El tiempo les puede venir bien para encontrar a alguien que se ponga al frente. El grupo de personas que compone el PPN es muy heterogéneo y en las últimas semanas han comenzado los movimientos para hacerse con el control. Se manejan varios nombres. Hay quien ha tanteado a algún independiente, un sector está promoviendo al senador José Cruz Lapazarán y otro quiere impulsar a Javier Trigo, ex director general del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, concejal de Egües y primer cargo público de UPN que abandonó esa formación para ingresar en el PPN. También se habla de Nieves Ciprés, hija del último presidente de Alianza Popular. La ex concejala del Ayuntamiento de Pamplona afirmaba hace sólo unos días en el Diario de Navarra que se sentía "animada" a dar el paso.
La decisión es muy delicada porque es común que quien se hace con las riendas sea la persona que se convierte en candidata a las elecciones. La cita es en 2011 y desde la sede nacional no ayudan a impulsar a un candidato. No parecen tener muy claro el perfil adecuado para enfrentarse a la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, de UPN. Hay en el PP quien piensa que el diputado Santiago Cervera podría encarnar la imagen joven y centrista, pero éste siempre se descarta y recuerda que tiene mucho trabajo que desarrollar en el Congreso. El miércoles, Palacios mantuvo que "no es momento de pensar" en un líder.
Cuando se conozca el nombre del elegido habrá otros flecos pendientes, como la estrategia política a seguir. Aquí, se abren dos vías. Unos defienden que debe mantenerse cierta fluidez con UPN y que su electorado es el de derechas con profundas convicciones religiosas. Otro grupo apuesta por la moderación y por diferenciarse de los regionalistas defendiendo que estos están "en manos del PSOE" y en "declive".
Además, tienen que concentrarse en buscar apoyos. Durante los días posteriores a la ruptura, más de 200 personas se adhirieron a través de Internet y algunos cargos de UPN se pasaron a sus filas. El pasado 20 de enero, el líder del PP entregaba carnés a los 200 primeros afiliados. Pero la situación se ha paralizado y, tal y como reconocen desde el PPN, la tarea está resultando más complicada de lo que se esperaban.
(www.publico.es, 23/03/09)
