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Del 14 al 20 de Febrero 2009

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ÍNDICE

1. CORRUPCIÓN EN EL PP. GARZÓN DESMANTELA UNA GRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA VINCULADA A LOS POPULARES

2. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA A LOS DIRIGENTES DEL PP

3. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN

4. CORRUPCIÓN EN EL PP. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA AL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL REGIDOR DE BOADILLA

5. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

6. ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL JEFE DE LA TRAMA

7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP NO EXPEDIENTARÁ "DE MOMENTO" A LOS IMPUTADOS

8. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE BOADILLA DA UN RESPIRO A RAJOY

9. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN PULSO A LA JUSTICIA

10. CORRUPCIÓN EN EL PP. "DÁDIVAS Y SOBORNOS A AUTORIDADES"

11. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE ZANCADILLAS

12. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

13. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

14. AZNAR PIERDE SU EMPLEO EN UN FONDO EUROPEO DE INVERSIONES ESPECULATIVAS

15. PAÍS VASCO. EL NUEVO ESCÁNDALO IRRITA AL PP VASCO

16. CATALUÑA. ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO: "AQUÍ NO CABEMOS TODOS"

17. GALICIA. FEIJÓO RECONOCE QUE FUE UN "ERROR" EL FICHAJE DEL NÚMERO UNO POR OURENSE

18. GALICIA. JUZGAN A UN EX ALCALDE Y A CINCO EX CONCEJALES POPULARES DE BUEU POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

19. ANDALUCÍA. "PIDO DISCULPAS. FUE UN CALENTÓN"

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

22. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ" LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO

23. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID DESPEDIRÁ A 80 TRABAJADORES

24. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVA POLÉMICA ENTRE AGUIRRE Y CAJA MADRID POR LOS ESTATUTOS

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE SEPARA POR SEXOS

26. COMUNIDAD DE MADRID. UN ALCALDE CON LA MANO MUY LARGA

27. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA EMPRESA LIGADA A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ORGANIZA EVENTOS PARA EL PP

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELIGIÓ A ORANGE MARKET PESE A SER LA OFERTA MÁS CARA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, PERO LA TRAMA NO EXISTE PARA CANAL 9

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ULIBARRI Y CORREA QUERÍAN REVENDER EL PAI DE LA NUCIA TRAS DESBLOQUEARLO EN EL CONSELL

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CONCEJAL REBELDE DE IBI ACUSA A LA ALCALDESA DE AYUDAR A FAMILIARES

32. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA PIDE IMPUTAR AL ALCALDE DE ALCALÀ POR PRESUNTA MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

34. ISLAS CANARIAS. 'CASO FAYCÁN': LA TRAMA SE IDEÓ PARA FINANCIAR AL PP LOCAL

35. REGIÓN DE MURCIA. CRISIS?. EL ALCALDE DE TOTANA GASTARÁ 40.000 EUROS EN LA COMPRA DE "UN COCHE OFICIAL"

36. ISLAS BALEARES. DETIENEN A UN EX ASESOR JURÍDICO DEL IBATUR EN EL GOVERN DE MATAS

37. ISLAS BALEARES. RODRÍGUEZ LE PIDE A CIRER QUE NO SE PRESENTE A LA PRESIDENCIA DEL PP PALMA

38. EL ´POPULAR´ HUGUET SIGUE LA ESTELA DE NEBRERA

39. PASTOR ABANDONARÁ LA PRESIDENCIA DEL PP LOCAL Y NO DESCARTA SU SALIDA DEL PARTIDO

40. EL FISCAL PIDE 324.000 EUROS DE MULTA A LA COPE POR INJURIAR A LUÍS MONTES


1. CORRUPCIÓN EN EL PP. GARZÓN DESMANTELA UNA GRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA VINCULADA A LOS POPULARES

Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella y Sotogrande (Cádiz).

Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los registros que hasta el momento se han realizado. Esta trama tiene un doble vínculo con el PP.

Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.

La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Así, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.

Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas.

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.

Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.

Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.

(www.elpais.com, 07/02/09)

2. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL SILENCIO DE RAJOY DESESPERA A LOS DIRIGENTES DEL PP

A menos de tres semanas para unas elecciones clave, Mariano Rajoy trata de seguir como si nada su hoja de ruta. estaba en Bussigny, cerca de Lausana (Suiza), para buscar votos en la campaña la gallega. Al mismo tiempo, su hombre en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estaba haciendo lo mismo en Argentina, donde hay 120.000 gallegos con derecho a voto. Pero ninguno de los dos tenía la cabeza en los gallegos emigrantes. Ambos tienen problemas mucho mayores.

Los dirigentes del PP asisten con estupor a la sucesión de escándalos, investigaciones y acusaciones de corrupción. "Hay un vendaval que recorre al PP de norte a sur y de este a oeste, un vendaval de espías, de mangoneo, de paraísos fiscales, y Rajoy huido. Lo que tiene que saber Rajoy es que este vendaval lo va a llevar a él y al PP por delante", resumió el socialista José Blanco, ya instalado en Galicia para la campaña de su partido.

La preocupación es inmensa en el PP. Nadie ve la salida y la mayoría de los consultados aseguran que, aunque es difícil en las circunstancias actuales, Rajoy debe tomar las riendas con dureza, buscar cabezas que cortar y hacer limpieza en el partido. Hace un año, en el PP se hablaba de crisis de liderazgo. Ahora ya casi todos asumen que, a no ser que tenga unos resultados extraordinarios en Galicia y en las europeas, Rajoy no llegará a 2012. Por eso los comentarios se dedican no tanto al líder, sino a qué pasará cuando se vaya. "Aquí se está fraguando una guerra de todos contra todos", sentencia un veterano pesimista. En el entorno del líder, que insiste en evitar hablar de temas polémicos - no comentó nada de la investigación del juez Baltasar Garzón- aseguran que el último escándalo no le toca a él. De momento, insisten, no hay afiliados entre los detenidos e imputados, con lo que no puede expulsar a nadie.

Rajoy fue quien rompió definitivamente los contactos de Special Events, empresa del detenido Francisco Correa, con el PP. Ante las sospechas generalizadas, la dirección dio en 2003 orden estricta de no contratarla nunca más. La empresa de Elena Sánchez, Free Handicap, que llevaba muchos años trabajando sin queja en el PP, se hizo poco a poco con esos contratos sin que nunca más se hayan producido denuncias internas de sobreprecios ni nada parecido. Los marianistas, por tanto, están convencidos de que este escándalo no toca al líder.

Pero otros dirigentes, más pesimistas, recuerdan que en la planta sexta de Génova, donde está la gestión, siguen las mismas personas que durante años lo contrataron todo con Special Events. "Cuando en un partido se apunta a los tesoreros y al dinero, las cosas siempre se complican", sentencia otro dirigente.

Rajoy dijo estar "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, va a demostrar "su verdad" a través de la comisión de investigación por la presunta trama de espionaje en la región. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al PSOE de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción y a la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

(www.elpais.com, 08/02/09)

3. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE SÓLO ELLOS NIEGAN

Tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han negado que entre ellos existiera un pacto para afrontar la supuesta trama de espionaje y corrupción que salpica a la Comunidad de Madrid. No lo piensa así la mayoría de los dirigentes del partido, que sospecha que sí ha habido un acuerdo o tregua, como se quiera llamar, para evitar "el suicidio político" al que ambos se encaminaban. En el PP consideran que tanto la presidenta de la Comunidad como el líder conservador estaban sufriendo un "tremendo desgaste" con todo este asunto y que, por eso mismo, decidieron echar el freno.

No entienden sino que de la noche a la mañana Aguirre, que desde el primer día puso la "mano en el fuego" por los suyos, termine aceptando una comisión de investigación en la Asamblea regional. Ni que Rajoy, que lanzó un duro comunicado expresando toda su "repugnancia" por esta trama, suspenda la investigación interna que le había encargado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Varios parlamentarios y miembros territoriales del PP consideran, además, que la actitud entre ambos ha cambiado mucho en los últimos días. Cuando saltó el escándalo, Rajoy y Aguirre se enzarzaron en una lucha sin cuartel. La presidenta del PP de Madrid estaba, según algunos de sus colaboradores, dispuesta a "morir matando". De hecho llegó a implicar a su jefe de filas diciendo que Rajoy conocía la existencia de comprometidos dossiers por boca de su ex tesorero, Álvaro Lapuerta, desde 2006.

Rajoy, por su parte, preferió, como cuentan los que le conocen, "mantenerse al margen". Durante 16 días guardó silencio y sólo cuando Aguirre desatascó el asunto, el presidente nacional del PP fue capaz de dar la cara por este tema ante los periodistas. Le habían puesto en bandeja una salida que algunos denominan "cómoda". En una entrevista Rajoy se mostró "absolutamente seguro" de que la presidenta de la Comunidad iba a ser capaz de demostrar "su verdad". "Estoy muy contento de que Aguirre haya tomado la decisión de abrir una comisión", señaló. Los cargos intermedios del PP creen que ésta "no va a servir de nada". Y se muestran desesperados por estar todo el día con este "nuevo estigma" en vez de hablando de Zapatero y de la campaña.

(www.publico.es, 08/02/09)

4. CORRUPCIÓN EN EL PP. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA AL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL REGIDOR DE BOADILLA

Entre la treintena de nombres cuya imputación propone la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia figura el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el ex alcalde de esta misma localidad y el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega, que ocupó el cargo hasta 2005.

El juez Baltasar Garzón debe ahora decidir sobre las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público, para lo que tendrá en cuenta lo que declaren los principales encausados, detenidos el viernes.

Fuentes jurídicas indicaron que el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, también podría figurar entre los investigados, por supuestos contratos firmados con una de las empresas vinculadas al entramado.

De momento, no hay más detenidos que los cinco del viernes, jornada durante la que, en los once registros practicados en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz), la Policía se incautó de abundantísima información que ahora deberá procesar.

Por lo que respecta a Boadilla, los investigadores analizan, entre otros contratos, el suscrito por González Panero con Easy Concept el 19 de diciembre de 2005 para la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano, y que garantizaba a la citada empresa cinco millones de euros en diez años. En  ese municipio madrileño, cuya población censada no llega a los 50.000 habitantes, el servicio de atención al ciudadano cuesta al ayuntamiento 506.000 euros al año.

Según la oposición de Boadilla, Felisa Isabel Jordán, administradora de Easy Concept hasta diciembre de 2007, es la pareja del abogado externo a quien el alcalde ha encomendado en diversas ocasiones la defensa de los intereses municipales. También Guillermo Ortega adjudicó como alcalde de Majadahonda contratos a una de las empresas presuntamente nucleadas en torno a la trama, Special Events. Esa sociedad tuvo como administradora a Carmen Rodríguez Quijano, asesora municipal de Ortega.

(www.publico.es, 08/02/09)

5. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus negocios por Madrid y Valencia.

Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de Majadahonda, Guillemo Ortega.

En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja.

(www.elpais.com, 09/02/09)

6. ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY OBVIA SU RELACIÓN DE PARTIDO CON EL JEFE DE LA TRAMA

Los colaboradores de Mariano Rajoy afirman que los escándalos de corrupción que salpican al PP no tocan a su jefe porque precisamente fue él quien rompió definitivamente los contactos del partido con Special Events, empresa dirigida por Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama que ha puesto al descubierto el juez Baltasar Garzón. Pero por mucho que el líder de la oposición pretenda mantenerse al margen, no le va a ser fácil. No puede echar balones fuera, culpar al PSOE o dejar que su gente lo vincule a la etapa de José María Aznar. Dentro del partido creen que no se puede lavar las manos en este asunto porque él también conocía a Correa.

De hecho, recuerdan que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantenía reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos.

Correa y su socio Álvaro Pérez Alonso, a quien todos llaman dentro del partido "Álvaro bigotes", se pasearon durante años por la sede del PP como reyes por su casa. Y se hicieron amigos íntimos de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Pero se cuenta que fue hasta que llegó Javier Arenas a la secretaría general. Entonces, dicen que "el grifo se fue cerrando" para esta empresa. Y que en 2003, con Rajoy como sucesor, hubo orden de no contratarla nunca más. A pesar de todo, Correa hizo uso de sus contactos y extendió sus lazos por Madrid y la Comunidad Valenciana, administraciones públicas gobernadas por el PP. Para algunos miembros conservadores este último dato debería bastar para que Rajoy, como máximo responsable de la formación, tomara cartas en el asunto y pidiera explicaciones sobre los supuestos sobornos y contratos irregulares que existen en la actualidad.

También, y siempre en privado porque en el PP se ha desatado una auténtica psicosis, algún miembro de la Junta Directiva Nacional se atreve a decir que en el mismo edificio que Rajoy tiene su despacho quedan aún muchas personas cercanas a Correa. Fuentes del PP destacan la "excelente relación" que este mantiene con Luis Bárcenas, ex gerente y actual tesorero del partido. A pesar de todo, la cúpula del PP se resiste a implicarse. Un colaborador de Rajoy apunta que el detenido es un empresario y no un militante del partido. Por eso considera que la resolución tiene que venir por otras vías. Pero al menos dos de las cinco personas arrestadas el pasado viernes –Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano– ostentaron cargos dentro del partido. En las filas conservadoras más de uno opina que "como Correa cante, el PP se viene abajo".

Por esa razón, para varios dirigentes del PP, Rajoy debería abordar el tema personalmente. Esperan que no actúe como cuando se destapó la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, cuando se mantuvo 16 días en silencio. De momento lleva dos. Este fin de semana Rajoy ha estado en Suiza en busca del voto emigrante para las elecciones gallegas. El sábado pidió la dimisión del vicepresidente económico Pedro Solbes. señalaba a Zapatero como "el mayor temporal" de España. Eso sí, al menos dio orden para que María Dolores de Cospedal, secretaria general, diera la cara y afrontara su chaparrón.

(www.publico.es, 09/02/09)

7. CORRUPCIÓN EN EL PP. EL PP NO EXPEDIENTARÁ "DE MOMENTO" A LOS IMPUTADOS

El PP de Madrid no expedientará "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la 'Operación Gürtel' relacionada con una supuesta trama urbanística y que ya ha supuesto la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y del consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Así lo anunció hoy tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid el secretario de Comunicación de la formación, Juan José Güemes, quien quiso dejar claro que "es rotundamente falso" que el supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa, así como cualquiera de sus empresas o de las personas que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "haya participado en la programación o financiación de eventos o actos públicos del PP regional".

"Correa no ha organizado ningún acto del PP de Madrid al menos desde noviembre de 2004, es decir, desde que Esperanza Aguirre es presidenta del partido en Madrid", indicó Güemes.

El secretario de Comunicación del PP madrileño anunció que el Comité de Dirección del partido ha decidido que el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, apoye al PP de Boadilla para salvar la situación tras la dimisión de González Panero y para buscar cuanto antes un nuevo alcalde. No obstante, precisó que de momento no se prevén cambios en el PP de la localidad.

(www.elpais.com, 11/02/09)

8. CORRUPCIÓN EN EL PP. LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE BOADILLA DA UN RESPIRO A RAJOY

"Bueno, ya ha dimitido el alcalde de Boadilla". Mariano Rajoy parecía aliviado a media tarde de en los pasillos del Congreso de los Diputados en una charla informal con periodistas. Más de 24 horas después de que él lo diera por hecho, con la información que Esperanza Aguirre le había facilitado, el PP de Madrid consiguió convencer a Arturo González para que deje la alcaldía, aunque se quedará como concejal, pese a estar imputado por el juez Baltasar Garzón.

Rajoy estaba comentando la buena noticia cuando le entró un mensaje con una noticia a su Iphone y cambió la cara. Después respiró. "Uf, es que con estos mensajes... Cinco detenidos, dice aquí... en el País Vasco francés. Menos mal", sonreía. La anécdota muestra la tensión en la que vive el líder del PP, como todo el partido, ante la sucesión de escándalos internos, y su enorme capacidad de resistencia e ironía.

González cayó al final -aunque no está suspendido de militancia pese a su imputación-, pero se resistió de nuevo, hasta que a las 14.30, en un pleno en el que no dejó hablar a la oposición, cedió. Sólo lo hizo, a pesar de su imputación, cuando entregó su acta de concejal María Jesús Díaz, la segunda en la lista y sucesora natural, a la que estaba enfrentado. Ésa es la cabeza que él pidió y que el partido le concedió para que no se enrocara, lo que les habría forzado a promover una moción de censura de resultado incierto.

Rajoy se enfrenta hoy, resuelto el entuerto de Boadilla, a una reunión clave, un Comité Ejecutivo extraordinario para tratar la investigación interna que ha decidido poner en marcha para investigar la relación del PP con la trama corrupta que persigue el juez Garzón. Rajoy pedirá a los suyos, según su entorno, apoyo a sus medidas en estos momentos difíciles.

Aunque es poco probable que nadie alce la voz en una reunión de más de 100 personas elegidas por el propio Rajoy, que sacó de allí a todos los que le criticaron antes del congreso de Valencia, el desconcierto es total en las filas del partido. Nadie sabe bien cómo acabará la crisis y casi todos los dirigentes temen que deje muy tocada a Esperanza Aguirre y a Francisco Camps, pero especialmente al líder, que es quien sufre el deterioro de la imagen del conjunto del PP.

(www.elpais.com, 11/02/09)

9. CORRUPCIÓN EN EL PP. RAJOY SE HACE ARROPAR POR SU PARTIDO PARA ECHAR UN PULSO A LA JUSTICIA

Mariano Rajoy convocó en Madrid a su comité ejecutivo con la firme intención de exigir lealtad y cierre de filas ante la gravísima crisis que atraviesa el PP. Para arengar a un partido deprimido ante tanta acusación de corrupción, optó por echar un pulso a la justicia. El líder popular culpó de su particular calvario al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón por diseñar una operación contra el PP de la que se declaró dispuesto a defenderse. "Esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP", espetó.

La llamada a la unidad que trasladó a puerta cerrada a su partido se exteriorizó mediante una imagen inédita: la de Rajoy escoltado por todos los miembros de su dirección en una comparecencia en la que no aceptó preguntas de los medios de comunicación. Así arropado anunció que será contundente con cualquier militante que dañe la honorabilidad del PP, pero antes lo fue con Bermejo y Garzón. Anunció la ruptura de relaciones con el ministro, al que reprocha la filtración a la prensa del sumario del caso Gürtel, y exigió al juez que deje de instruirlo.

Pero como Rajoy no espera ni que Bermejo dimita ni que Garzón se inhiba, explicó al partido su plan B. Adelantó que solicitará en el Congreso las comparecencias del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado para que aclaren quién rompió el secreto sumarial y la motivación del "diferente trato" que la fiscalía da a los partidos políticos. Tanto la Fiscalía del Estado como el juzgado de Garzón investigan ya el origen de estas filtraciones.

"Nunca en España, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora", denunció Rajoy, que se quejó de que, últimamente, haya policías "encapuchados" que, acompañados de cámaras de televisión, se dediquen a detener a cargos del PP y a ponerles "grilletes", para después "dejarlos libres sin cargos".

A continuación, añadió que también exigirá a Bermejo que explique en el Congreso por qué se fue de cacería con el juez Garzón el pasado fin de semana, justo "cuando se hicieron públicas filtraciones del sumario". "Esto es un acto obsceno, que liquida la calidad de la democracia (...). El PP dirigirá un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que examine este asunto, para que diga si es sensato, razonable o normal que un juez que está instruyendo un sumario se vaya de cacería con el ministro de Justicia", resaltó. El dirigente conservador insistió en que Garzón debería apartarse del caso. De lo contrario, dijo, el PP se personará en la causa y pedirá la recusación del magistrado. De hecho, los populares acudirán hoy mismo a la Audiencia Nacional para presentar ambas solicitudes.

Se abrió el turno de réplica en esta reunión a puerta cerrada. Según fuentes populares, la primera en hablar fue la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás. Aseguró que ella sufre el "protocolo de actuación" de una fiscalía que detiene a cargos políticos "por interés electoral". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseveró que ella también había sido víctima de ese tipo de prácticas.

Y el valenciano Francisco Camps garantizó a sus compañeros que la Generalitat nada tiene que ver con esta trama de corrupción, y adujo en su defensa que todos los gastos están "fiscalizados". En este caso se refería a los de la Administración, no a los del partido. Hubo muchas otras peticiones de palabra, casi todas para apostar por la unidad.

Entonces, Ana Botella, teniente de alcalde de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar, señaló que le parecían bien los llamamientos a la cohesión, pero demandó que también se defienda la etapa aznarista. "Ana, será así. Y si no es así, me gustaría que lo digas inmediatamente", le respondió Rajoy. En este contexto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, trasladó al líder una idea de otro dirigente valenciano, Vicente Rambla: que compareciera ante los periodistas arropado por toda la Ejecutiva. Así se hizo. Y Rajoy intentó mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes: "Trataremos con valentía y justicia un asunto que en democracia no se puede repetir."

(www.elperiodico.com, 12/02/09)

10. CORRUPCIÓN EN EL PP. "DÁDIVAS Y SOBORNOS A AUTORIDADES"

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados. Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital. Es un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos. Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".

El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones. También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal. El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo". Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos. El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número".

(www.elpais.com, 13/02/09)

11. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PP ARRANCA LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS' CON TODO TIPO DE ZANCADILLAS

No había prácticamente empezado la comisión de investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, y el presidente, Benjamín Martín Vasco, del PP, ya mostraba sus cartas. Hasta cuatro veces quitó la palabra a Maru Menéndez, la portavoz socialista, y a Inés Sabanés, de IU, ante el estupor de ambas.

"Mal empezamos, presidente si me quita la palabra el primer día", le espetó Menéndez. "Presidente, no sabe lo que voy a reclamar, permítame que lo reclame, por favor", se quejó Sabanés cuando Martín Vasco no le dejaba ni siquiera exponer su petición. El presidente, teóricamente un cargo institucional, llegó a decir en un momento: "Entiendo la buena voluntad del Grupo Popular", para aplaudir una intervención de David Pérez, el portavoz del PP. Pérez es el jefe de Martín Vasco, que no es un diputado cualquiera, sino un miembro de la dirección del grupo, por tanto, un aguirrista de la absoluta confianza de la cúpula.

Toda esta bronca se produjo sin que hubiera ningún compareciente polémico, mientras se discutían cosas tan básicas cómo qué días de la semana se trabajará. Después de una sesión de control del jueves durísima, en la que Esperanza Aguirre recuperó escándalos socialistas de hace más de 20 años, lo de es sólo un pequeño avance de una comisión que el PP pretende controlar hasta sus últimos detalles para evitar que se deteriore aún más la imagen de Aguirre y su Gobierno.

El PP arrancó utilizando su mayoría absoluta para poner varias zancadillas a la oposición. Primero, decidió que sólo habrá tres días hábiles: lunes y miércoles a jornada completa y viernes sólo por la mañana. El martes, adujo el PP, hay junta de portavoces, y el jueves pleno.

IU replicó: pongamos también el martes por la tarde, y ampliamos a la tarde del viernes, para poder agilizar. Los diputados del PP, con poco margen porque las decisiones políticas se toman en la Puerta del Sol, donde está el Gobierno madrileño, votaron en contra incluso de esta pequeña ampliación.

Los populares no dieron ninguna garantía de que la comisión pueda ser considerada de investigación, esto es, que incluya repreguntas y capacidad de interrogar realmente al compareciente, como sucedió en todas las comisiones importantes del Congreso. La última fue la del 11-M, con interrogatorios de hasta 12 horas, como el de José María Aznar.

Según el reglamento, el PP puede forzar que haya comparecencias de poco más de una hora y sin ninguna repregunta, como una "sucesión de monólogos", en palabras de Menéndez. El PP no rechazó de plano la idea de las repreguntas, pero tampoco se comprometió a nada. Y la actitud del presidente, cortando constantemente a la oposición, hizo temer a PSOE e IU que no va a dar ningún tipo de facilidades cuando estén allí miembros del Gobierno del PP, y por tanto jefes supremos de Martín Vasco.

El PP puso otras zancadillas de las que la oposición ni siquiera se percató en un primer momento. Concentrados como estaban en las repreguntas y otro tipo de cuestiones, no con en la cuenta de que los populares aprovechaban su mayoría para dilatar al máximo los plazos para empezar a trabajar. Hasta el punto de que aún no se sabe cuándo arrancará. Según lo votado , podría retrasarse indefinidamente la llegada del primer compareciente.

El PP, al contrario que PSOE e IU, no registró sus peticiones, y hasta que no lo haga no se podrá votar y arrancar la comisión. Además, hay que dar un plazo de tres días desde que se llama al primero. La situación llega al absurdo de que, aunque el PP ha prometido ser flexible, formalmente la fecha final de la comisión es el 28 de febrero, pero al paso confuso que marcó el PP para esa fecha podrían no estar ni siquiera decididos los comparecientes.

(www.elpais.com, 07/02/09)

12. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LOS ESPÍAS SON DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.

Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.

La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.

Antes de encargar los informes periciales, se tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.

En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.

Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Direción General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.

Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.

El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.

El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.

El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.

Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones. También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.

A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.

(www.elpais.com, 10/02/09)

13. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, es autor, según dos peritos calígrafos, de las anotaciones manuscritas que figuran en los partes de espionaje a dos cargos políticos del PP contrarios a Esperanza Aguirre: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Además, Pinto formó parte de una red paralela para dar escolta a Esperanza Aguirre en sus actos de partido en la última campaña electoral, como se aprecia en la imagen que ilustra esta información.

El Ministerio del Interior brinda escolta a la presidenta madrileña, por lo que dicho servicio de protección, que prestaban Pinto y otros empleados de la Consejería de Interior, no sólo es redundante, sino ilegal, ya que la Comunidad de Madrid no tiene asignadas esas competencias.

La labor de protección de la presidenta en actos del partido es una de las actividades ilegales que denunció recientemente la sección de UGT del colectivo de Seguridad de la Consejería de Interior, antes de pedir disculpas por enviar por escrito su denuncia al director general de la Función Pública de la Comunidad.

Esta tarea extraordinaria, fuera del marco institucional de la Comunidad de Madrid, ha sido desempeñada, de manera excepcional y a regañadientes, por agentes del colectivo de 40 funcionarios que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior. Una decena de hombres de confianza de Sergio Gamón, hasta el mes de julio director general de Seguridad, han realizado esa función, ajena a su cometido oficial.

Gamón estuvo al frente de la Dirección General de Seguridad desde mayo de 2007 hasta julio de 2008, fecha en que fue destituido al verse implicado en la requisa de documentos y el supuesto robo de un ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia y hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada.

A continuación, Gamón fue recolocado por el consejero Francisco Granados en una dirección de nueva creación con un sueldo superior a 90.000 euros anuales. Desde entonces se dedica en exclusiva a elaborar un informe sobre la seguridad en los edificios de la Comunidad de Madrid.

Durante su etapa de director general contó con un equipo de confianza formado por tres ex policías a los que fichó como asesores y a los que conocía de su labor de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, junto a otros funcionarios del departamento, entre ellos José Manuel Pinto Serrano, el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento a Prada y Cobo.

En este núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior recaen las sospechas de los casos de espionaje perpetrados entre marzo y mayo de 2008, en vísperas del combate por el poder en el partido que había de dirimirse en el Congreso del PP en Valencia.

Las sospechas se basan en varias razones: uno de sus integrantes ha sido identificado ya por peritos calígrafos (José Manuel Pinto); los partes de espionaje aluden a sus jefes (Sergio Gamón y Miguel Castaño) y en privado sus compañeros de trabajo y altos cargos de su consejería lo confirman. Los espiados por los funcionarios de Aguirre eran partidarios de su Rajoy, el adversario político de la presidenta de la Comunidad ante el congreso interno del partido.

(www.elpais.com, 11/02/09)

14. AZNAR PIERDE SU EMPLEO EN UN FONDO EUROPEO DE INVERSIONES ESPECULATIVAS

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar ha perdido su empleo como miembro del consejo asesor del fondo británico de capital riesgo Centaurus Capital, informa hoy el The Guardian en su edición electrónica. Según el diario, que no precisa sus fuentes, el fondo ha decidido prescindir de su consejo asesor como resultado de la crisis crediticia.

Contratados en 2007 , el ex presidente español y Clarke fueron fichados por Centaurus Capital para "aportar experiencia internacional, más que para abrir puertas y facilitar contactos de negocios", según afirma el rotativo. Desde la firma financiera, con sede en Londres, un portavoz ni desmintió ni confirmó la noticia y se ha limitado a declarar: "No vamos a hacer ningún comentario sobre eso".

(www.elpais.com, 11/02/09)

15. PAÍS VASCO. EL NUEVO ESCÁNDALO IRRITA AL PP VASCO

Si malos eran los espías, peor las tramas corruptas. Antonio Basagoiti y otros dirigentes del PP vasco se mostraban hace días "hasta las narices" del espionaje político en Madrid. El estallido ahora de una trama de corrupción vinculada al partido en Madrid y la Comunidad Valenciana ha llenado de preocupación a la cúpula del PP, según reconocían dirigentes próximos a Basagoiti. "Esto es muy frustrante cuando nos estamos matando por elaborar y presentar un buen programa", incidían estas fuentes, al ver el segundo escándalo que le estalla al PP nacional en menos de un mes y a 23 días de una cita trascendental en las urnas.

El PP presentó en un hotel de una Vitoria casi congelada -los candidatos guipuzcoanos que iban a acudir al acto no lo hicieron por la nieve- los 159 folios que detallan su oferta a los ciudadanos para el próximo 1 de marzo. Esta suma de 700 compromisos concretos se resumen en dos ideas, que destacó el propio candidato popular a Ajuria Enea: es un programa "para conseguir derrotar al terrorismo" y para que "Euskadi gane a la crisis", palabra que Basagoiti llegó a citar 18 veces en su breve intervención. En ambas materias, el PP se presenta como "solución", la idea de su lema de campaña, y defiende su propuesta como "único programa alternativo que hay al de Ibarretxe".

En materia de libertades, además de recalcar que Euskadi no tiene que estar "permanentemente bajo la amenaza de ETA", el aspirante popular usó y criticó las últimas palabras de Iñigo Urkullu sobre la colocación de la bandera española en el Parlamento para defender que la "verdadera normalización" de Euskadi es la del respeto a la ley.

Y sobre la crisis, Basagoiti se dirigió expresamente a los jóvenes vascos que confiaron en el PP en los malos momentos económicos de 1993 y 1996 (sendas elecciones al Congreso) para que vuelvan a hacerlo en un partido que ha "demostrado" que sabe crear empleo y cuyas políticas económicas "son las que sirven para que haya más prosperidad".

La elaboración del programa ha sido coordinada por la parlamentaria Laura Garrido, que ha recogido muchas de las propuestas que el grupo popular ha ido presentando en la Cámara en la recién acabada legislatura. El PP ha incorporado demandas de grupos sociales y asociaciones e incluso iniciativas que se le han hecho llegar a través de Internet, por ejemplo en materia de ayuda a dependientes.

(www.elpais.com, 08/02/09)

16. CATALUÑA. ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO: "AQUÍ NO CABEMOS TODOS"

"Aquí no cabemos todos". Lo ha dicho esta mañana Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, cuando le han preguntado por la campaña contra la construcción de un oratorio musulmán en Badalona que ha lanzado el líder de su partido en esa localidad barcelonesa, Xavier García Albiol. SOS Racismo e Iniciativa per Catalunya-Verds calificaron el discurso de Albiol de "xenófobo" y "racista". Hoy, Camacho ha salido en su defensa.

Sin detallar si se opone o no a la apertura del oratorio, Sánchez-Camacho ha asegurado que a ella también le llamaron racista y xenófoba por defender desde hace tiempo una regulación de los flujos migratorios. Pero no por ello ha cambiado su postura, ha añadido: sigue pensando que "los papeles para todos no sirven", y quiere "una inmigración legal y regulada". Un símil le ha servido para defender su postura: Si en una casa con diez personas llegan cien más, no estarían bien ni los diez ni los cien, ha explicado.

Ante un auditorio en el que se encontraba el mismo García Albiol, que ya levantó sospechas de xenofobia cuando relacionó inseguridad ciudadana e inmigración en un vídeo electoral en 2007, Camacho ha reclamado a los inmigrantes "respeto por nuestros derechos y nuestros principios". Y se ha mostrado partidaria de "darles derechos", pero también "obligaciones".

Camacho ha hecho estas declaraciones en el marco de un desayuno en el que también ha repetido el eslogan "Cataluña, país de acogida", para reivindicar su derecho a "amar a Cataluña" y sentirse, al mismo tiempo, "profundamente española, y orgullosa de ello". Desde esta posición, ha criticado a los políticos nacionalistas que, ha dicho, "se miran el ombligo" de forma "provinciana".

(www.elpais.com, 12/02/09)

17. GALICIA. FEIJÓO RECONOCE QUE FUE UN "ERROR" EL FICHAJE DEL NÚMERO UNO POR OURENSE

Uno de los fichajes del PP en su intento por recuperar el poder en Galicia se ha estrellado antes incluso de iniciar la campaña. El hasta cabeza de lista de los populares en Ourense, Luis Carrera Pásaro, ha sido apartado de la candidatura por la dirección del partido después de que la Cadena SER averiguase que en 2004 cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las islas Caimán, en el Caribe. Así lo reconoció el propio Carrera, quien atribuyó su abandono a razones "de estética". Para explicar la incómoda situación, el candidato a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una improvisada comparecencia, aludió sólo a que su elegido para encabezar la lista orensana le había confesado un día antes problemas con Hacienda.

Una hora antes de coger un avión rumbo a Buenos Aires, Feijóo compareció urgentemente ante los medios para comunicar su "decisión irrevocable" de apartar de las listas electorales a Luis Carrera. Feijóo dijo haberse enterado el jueves, a través del propio Carrera, de que el candidato no está "plenamente al corriente con Hacienda". Reconoció su "error" al ficharlo, pero lo atribuyó al "desconocimiento". "Ahora que lo sé, corrijo de forma inmediata", aseveró. Aunque Carrera garantizó al presidente del PP que su deuda con el fisco "ya está subsanada" y a pesar de que su situación, explicó, "puede ser legal", Feijóo decidió no mantenerlo en su equipo para que "no se identifique al PP con este tipo de actitudes".

Superado el mal trago, Feijóo alardeó de su "rápida" decisión, que consideró "propia de un político responsable" y "lo que esperan los ciudadanos de un presidente". El presidente del PP anunció que el cabeza de lista por Ourense pasará a ser la hasta ahora número dos, la concejala del PP en Verín, María del Carmen Pardo.

Los 240.000 euros los cobró Carrera a través de las islas Caimán tras lograr la entrada en el Banco Privado Portugués de Alfa Europa Eco, la empresa con la que Manuel Rodríguez, presidente del astillero vigués Rodman, gestiona su patrimonio. Carrera fue contratado en marzo de 2004 por Rodríguez a través de esta compañía y de ahí pasó a ocupar la vicepresidencia del astillero como relevo de Elena Espinosa, que había aceptado la oferta de Zapatero para ser ministra.

En octubre de ese año, Carrera gestionó la entrada de Alfa Europa en el Banco Privado Portugués a través de la compra del 5% del capital. El movimiento hacia el banco luso supuso un desembolso por parte de Alfa Europa de 10 millones. Pocos meses después, Carrera era destituido por Rodríguez. "Fue una decisión interna de la empresa que no voy a comentar. Se produjo en un momento en que perdí la confianza en él", resumía el presidente de Rodman.

Carrera reconoció estar inmerso en un pleito judicial con Caixanova, la entidad de la que fue director general y a la que denunció en demanda de un fondo de pensiones que "está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Galicia", en donde ha recurrido la primera sentencia contraria a él.

(www.elpais.com, 08/02/09)

18. GALICIA. JUZGAN A UN EX ALCALDE Y A CINCO EX CONCEJALES POPULARES DE BUEU POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

Los criterios de la comisión de gobierno de la época en que el popular Tomás Barreiro fue alcalde de Bueu (1999/2002) centraron una vista en Pontevedra por presunta prevaricación en asuntos urbanísticos. La fiscala pide diez años de inhabilitación para el ex regidor y cinco ex ediles, y el pago las costas, a las que la acusación particular añade el abono de una multa por las cantidades que el Concello dejó de percibir en los expedientes bajo sospecha. El defensor solicitó la absolución. Se enjuiciaron siete resoluciones sobre expedientes variados: un gallinero, varios muros, garajes y áticos. La denuncia la presentaron la ex edila socialista Aurora Cerviño y otro vecino.

La fiscala y la acusación particular aseguran que la comisión rebajó las sanciones por debajo del límite mínimo marcado por ley para las infracciones urbanísticas graves. Añaden que los informes técnicos señalaban que las obras no eran legalizables, que el secretario lo advirtió y por lo tanto no se las podía atenuar tratándolas de leves. En las resoluciones, se dejó la calificación de grave en casi todos los casos, aunque se les aplicó una sanción menor al margen fijado para infracciones graves.

Los ex miembros de la comisión apelaron a razones sociales, técnicas y la costumbre para justificar sus acciones, lo que no convenció a la fiscala, que las tachó de arbitrarias. La defensa negó la discrecionalidad y resaltó que ni Xunta ni Subdelegación del Gobierno reprocharon ilegalidad alguna cuando revisaron los acuerdos de la comisión.

(www.lavozdegalicia.es, 12/02/09)

19. ANDALUCÍA. "PIDO DISCULPAS. FUE UN CALENTÓN"

El diputado del PP Daniel Sánchez, que acusó en el Pleno de la Diputación de Málaga a "algunos" de sus compañeros de corporación de ir a un viaje institucional a Cuba en abril de 2001 a "beber todo el ron que pudieron" y a "buscar compañía en las calles", se retractó por la tarde a la vista del revuelo que causaron sus revelaciones. "Lamento lo ocurrido y pido disculpas a todos mis compañeros de viaje, muchos de los cuales son amigos personales míos. El de fue un pleno inusual por su duración y por su dureza y todos dijimos cosas que no se debieron decir. Fue un calentón y lo siento", aseguró Sánchez.

La grave acusación del portavoz adjunto del PP provocó la reacción del entonces presidente de la Diputación, Juan Fraile (PSOE), quien encabezaba la comitiva a la provincia cubana de Pinar del Río, hermanada con Málaga. "Es una irresponsabilidad extender la sombra de la culpa y la sospecha sobre todo el mundo", afirmó Fraile. "Si estuvo ocho años callado ante algo tan grave es que puede tener algo que ocultar", considera el eurodiputado y concejal de Urbanismo de Ronda (Málaga).

Al viaje a Pinar del Río, organizado conjuntamente por la Diputación y la Cámara de Comercio de Málaga, acudieron Fraile y un representante de cada grupo político, además de un número indeterminado de técnicos y jefes de prensa. Por el PSOE asistió, Francisco Gálvez, actual alcalde de Sedella; por el PP, Daniel Sánchez; por IU, Antonio Blanco y por el Partido Andalucista, Juan José Rodríguez Osorio.

La comitiva pasó dos días en la provincia cubana, principal centro tabaquero de la isla. Allí, asistieron a un acto de hermanamiento con el presidente del gobierno de esa región, Vidal Baños. Posteriormente visitaron el Teatro Milanés -dedicado al poeta José Jacinto Milanés, no del cantautor Pablo-, y los terrenos para la instalación de una planta potabilizadora, ambos sufragados por el ente malagueño. "Las dos actuaciones están funcionando actualmente", recuerda el ex diputado de IU Antonio Blanco. Las autoridades cubanas pidieron también dos camiones de recogida de residuos y 100 contenedores de basura, que se enviaron meses después. El programa de visitas incluía, además de una fábrica de habanos, el Palacio de la Ciencia y el Palacio de las Bodas.

La embajada malagueña viajó después a La Habana, donde permaneció dos días y fue recibida por el entonces vicepresidente cubano, José Ramón Gallego Fernández. En la capital de la isla también cenaron con el alcalde. "El viaje fue una experiencia preciosa y creamos grandes lazos de afecto y colaboración con ellos. Una delegación de Pinar del Río asistió en septiembre de 2001 a la corrida goyesca de Ronda", recuerda Juan Fraile.

En una carta pública, Fraile aseguró : "Tanto en los actos propios de hermanamiento como en los que cumplimentamos con los gobiernos estatal y local que se celebraron en La Habana el comportamiento de la delegación malagueña fue extraordinariamente digno", Acabados los actos oficiales "cada uno volaba por su cuenta", afirma el ex presidente de la Diputación. En la misma carta, Fraile opina: "Lo que cada uno de nosotros pudiera haber hecho en su tiempo libre, aunque pueda ser criticable, es de incumbencia estrictamente personal y no tiene ningún sentido que entre en el debate político". El viaje en el que se generó ese tiempo libre se sufragó con fondos públicos.

"Todos íbamos juntos a comer y a cenar y luego también tomamos juntos unas copas en un pub que nos recomendó el alcalde de La Habana" rememora Fraile. "Después yo lo único que hice fue dormir en una cama estupenda y el resto supongo que haría lo mismo. No se hizo nada delante de mí ni tengo pruebas de otra cosa", asegura. El ex presidente de la Diputación recuerda que en los dos días que pasaron en la capital cubana "Daniel Sánchez estuvo desaparecido casi todo el tiempo libre; según él, visitando a un amigo que tenía allí".

(www.elpais.com, 12/02/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recibido la Medalla de Oro del Senado, acto al que no ha asistido ningún dirigente de la cúpula del Partido Popular. Aguirre ha descubierto su retrato como ex presidenta de la Cámara Alta en un acto en el que ha recordado emocionada su paso por esta institución en la que "se lloraba una vez al llegar y otra vez al salir".

Aguirre ha recordado esta frase de una película y ha dicho que a ella le pasó lo mismo cuando dejó el Ministerio de Educación y asumió la Presidencia del Senado -puesto que ocupó entre 1999 y 2002-, así como en su última intervención ante la cámara cuando fue ovacionada por todos los senadores.

Arropada por la práctica totalidad de su equipo de Gobierno y numerosos familiares y amigos, Aguirre ha descubierto su retrato oficial -obra del pintor Pedro de Oriol- en el que aparece de pie, con los brazos cruzados y con un traje de chaqueta marfil.

Minutos antes de este acto la presidenta madrileña recibía la máxima condecoración del Senado, la Medalla de Oro, otorgada por acuerdo de la Mesa del 29 de octubre de 2002.

El presidente del Senado, Javier Rojo, ha explicado que ha perseguido a Aguirre desde entonces para que encargara su retrato, pero la presidenta madrileña no lo hizo hasta que llegó a amenazarla con colgar una fotografía de su Documento Nacional de Identidad en la Galería de Retratos.

Rojo, que fue vicepresidente del Senado cuando Aguirre lo presidió, ha destacado que en su forma de actuar "siempre primó el interés general" y que "intentaba que el acuerdo prevaleciese".

Aguirre ha asegurado que su tarea en la Cámara Alta fue para ella "emocionante" y "muy gratificante" por "ser representante de todos los españoles en el Senado", y ha añadido que su objetivo fue ser la presidenta "para todos los senadores".

Ha agradecido su apoyo a todos los senadores y senadoras, "incluida Ruth Porta" -ha dicho Aguirre, reconociendo así la presencia de la senadora socialista y ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Al finalizar el acto, Aguirre ha querido inmortalizar el momento fotografiándose junto a su marido y sus hijos, su madre, así como con otros familiares y amigos.

(www.publico.es, 10/02/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL ESPÍA QUE ESCRIBIÓ PARTES DE COBO Y PRADA ESCOLTÓ A AGUIRRE EN MÍTINES

José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, es autor, según dos peritos calígrafos, de las anotaciones manuscritas que figuran en los partes de espionaje a dos cargos políticos del PP contrarios a Esperanza Aguirre: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. Además, Pinto formó parte de una red paralela para dar escolta a Esperanza Aguirre en sus actos de partido en la última campaña electoral, como se aprecia en la imagen que ilustra esta información.

El Ministerio del Interior brinda escolta a la presidenta madrileña, por lo que dicho servicio de protección, que prestaban Pinto y otros empleados de la Consejería de Interior, no sólo es redundante, sino ilegal, ya que la Comunidad de Madrid no tiene asignadas esas competencias.

La labor de protección de la presidenta en actos del partido es una de las actividades ilegales que denunció recientemente la sección de UGT del colectivo de Seguridad de la Consejería de Interior, antes de pedir disculpas por enviar por escrito su denuncia al director general de la Función Pública de la Comunidad.

Esta tarea extraordinaria, fuera del marco institucional de la Comunidad de Madrid, ha sido desempeñada, de manera excepcional y a regañadientes, por agentes del colectivo de 40 funcionarios que trabajan en el área de Seguridad de la Consejería de Interior. Una decena de hombres de confianza de Sergio Gamón, hasta el pasado mes de julio director general de Seguridad, han realizado esa función, ajena a su cometido oficial.

Gamón estuvo al frente de la Dirección General de Seguridad desde mayo de 2007 hasta julio de 2008, fecha en que fue destituido al verse implicado en la requisa de documentos y el supuesto robo de un ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia y hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada.

A continuación, Gamón fue recolocado por el consejero Francisco Granados en una dirección de nueva creación con un sueldo superior a 90.000 euros anuales. Desde entonces se dedica en exclusiva a elaborar un informe sobre la seguridad en los edificios de la Comunidad de Madrid.

Durante su etapa de director general contó con un equipo de confianza formado por tres ex policías a los que fichó como asesores y a los que conocía de su labor de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, junto a otros funcionarios del departamento, entre ellos José Manuel Pinto Serrano, el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento a Prada y Cobo.

En este núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior recaen las sospechas de los casos de espionaje perpetrados entre marzo y mayo de 2008, en vísperas del combate por el poder en el partido que había de dirimirse en el Congreso del PP en Valencia.

Las sospechas se basan en varias razones: uno de sus integrantes ha sido identificado ya por peritos calígrafos (José Manuel Pinto); los partes de espionaje aluden a sus jefes (Sergio Gamón y Miguel Castaño) y en privado sus compañeros de trabajo y altos cargos de su consejería lo confirman. Los espiados por los funcionarios de Aguirre eran partidarios de su Rajoy, el adversario político de la presidenta de la Comunidad ante el congreso interno del partido.

(www.elpais.com, 11/02/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ" LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que "nadie va a empañar" la "transparencia y la responsabilidad" que su Gobierno tiene y tendrá como "señas de identidad". Aguirre ha tildado de "escandalosa" la "campaña de desprestigio" que a su juicio se ha emprendido, -aunque no ha precisado quién- "contra el Partido Popular".

Tras referirse nuevamente a dicha campaña, que ha calificado también de "vergonzosa", y tras despreciar las filtraciones que sobre el caso aparecen en los medios, ha opinado que de todo ello "deberán responder quiénes la están impulsando".

La presidenta madrileña aceptó la dimisión del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, tras aparecer su nombre vinculado a tramas de empresas que supuestamente, y haciendo uso de las siglas populares, habrían incurrido en delitos de corrupción y blanqueo de capitales, un caso que investiga el juez Baltasar Garzón. Un día después de que aceptara esa dimisión -igualmente se anunció la del alcalde Boadilla del Monte, Arturo González Panero, otro nombre presuntamente ligado al caso-, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que su Gobierno tiene dos "señas de identidad", la transparencia y la responsabilidad, y "nadie va empañar" este comportamiento del Ejecutivo madrileño.

En la misma línea que la lideresa,  la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que en su partido no van a permitir que haya "personas responsables o no responsables, que estén o no, que tengan que ver o no con el PP, que empañen la trayectoria intachable" de esta formación política.

Tras confirmar que el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, ha dimitido, Cospedal ha dicho que "tiene bastante gracia" que se critique al PP porque "una persona dimita y también porque no dimita". En este sentido, ha dicho que "en este caso hay personas que han querido mantener alejado su nombre del PP para mantener la honorabilidad y respetabilidad del PP y el trabajo de muchas personas como Basagoiti y como tantos compañeros que se están jugando la vida todos los días".

(www.publico.es, 10/02/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID DESPEDIRÁ A 80 TRABAJADORES

La Dirección de Telemadrid ha cumplido lo que ya había anunciado en noviembre del año pasado y ha informado hoy a la representación sindical de su intención de reducir la plantilla del Ente Público Radio Televisión Madrid en, al menos, 80 personas y de amortizar las 31 plazas que están pendientes de convocatoria. La portavoz de UGT en Telemadrid, Maite Treviño, ha informado hoy, en un comunicado, de que la dirección del ente público les ha reiterado esta mañana su intención de reducir la plantilla de acuerdo a los presupuestos de este año, pérdida de empleo que no incluye a los 44 directivos que son, actualmente, "el doble que hace 5 años".

Además, en los planes de la dirección está el amortizar 31 plazas firmadas, acordadas y dotadas presupuestariamente en su día y que están pendientes de convocatoria.

En la nota de prensa, la Federación de Servicios de UGT (UGT-FeS) informa de que la dirección tampoco ha querido garantizar la renovación de los casi 60 contratos temporales que finalizan este mes de marzo, de los que 34 corresponden a operadores y ayudantes de cámara. Esta situación coincide, según las mismas fuentes, con la salida a concurso del contrato de los servicios de equipos de cámaras para exteriores (ENG) que están en manos de empresas privadas.

"Desde la sección sindical de UGT en Radio Televisión Madrid queremos denunciar -señala el comunicado- la sistemática destrucción de empleo que se está llevando a cabo en esta empresa y que, a la vista de lo manifestado hoy por la dirección, parece que va a ser su política durante este año 2009".

Para UGT en Telemadrid, las empresas públicas deben ser las que tiren del carro de la creación de empleo de calidad en plena crisis económica, y su papel no debe ser el de "desviar 7 millones y medio de euros hacia productoras privadas como 'New Atlantic' para realizar trabajos que se pueden y se deben hacer con los medios propios de Telemadrid". UGT reitera su disposición a seguir negociando hasta el último momento para llegar a un acuerdo que permita desconvocar el paro de dos horas previsto para el próximo viernes, día 13. "Nuestro objetivo no es otro -añade el comunicado- que garantizar la estabilidad del empleo en esta empresa pública, para lo que UGT considera imprescindible sacar a oposición las plazas ya acordadas entre la dirección y la representación sindical".

(www.publico.es, 11/02/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVA POLÉMICA ENTRE AGUIRRE Y CAJA MADRID POR LOS ESTATUTOS

Continúa la tensión entre Caja Madrid y la Comunidad de Madrid. El último capítulo de ese enfrentamiento es la adaptación de los estatutos de la caja a la nueva ley de 2008, que confiere más poder a Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno regional. El pasado 30 de enero de 2009, la entidad que preside Miguel Blesa envió a la Consejería de Economía el proyecto de adaptación a los estatutos. Este proyecto no fue votado por el Consejo de Administración de la caja, que no considera necesario ese trámite.

Este asunto, aparentemente formal y sin mayor trascendencia, ha provocado que la Comunidad envíe una carta a Blesa en la que le pide que se realice la citada votación porque lo considera un defecto de forma. El plazo es de cinco días y expira el próximo jueves. Fuentes de la entidad afirmaron que no habrá votación porque no creen que la normativa lo exija hasta que se reciban los estatutos reformados por la Comunidad, que sí deben votarse. El Gobierno regional podría tomar esta discrepancia como nuevo caballo de batalla jurídico, con lo que se dilatarían los recursos de los ayuntamientos contrarios a Aguirre, que son los que han perdido más peso en la asamblea de la caja.

(www.elpais.com, 09/02/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE SEPARA POR SEXOS

Una clase para niñas y otra para los niños. Alcalá de Henares (203.000 habitantes) tendrá a partir del próximo curso un colegio religioso del Opus Dei que separará a los alumnos por sexos. Estará construido en una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados que le ha cedido el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en el Ensanche de Alcalá. El colegio Alborada, que así se llamará, ya está haciendo entrevistas a sus futuros estudiantes.

Es la segunda parcela pública que la Consejería de Educación cede en los últimos dos meses para centros religiosos que separan por sexos. La anterior, de 26.000 metros cuadrados, fue para un colegio concertado en Alcorcón que también abrirá el próximo curso. Las concesiones madrileñas llegan al mismo tiempo que otras comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, aprueban medidas para dejar de financiar con fondos públicos a colegios que todavía separan. Oposición y sindicatos de Alcalá, gobernada por el PP, rechazan la ayuda al colegio ultracatólico y aseguran que lo que el municipio demanda es educación pública.

El convenio del colegio, que construirá la fundación Tajamar, contempla la cesión del suelo durante 75 años por un canon anual de 12.500 euros, según el promotor del proyecto, Alfonso Aguiló. Tajamar compitió con otras dos propuestas y mejoró el canon de partida en 4.500 euros.

El colegio Alborada impartirá clases desde la etapa infantil hasta Bachillerato (de cero a 18 años). El primer curso, el próximo septiembre, sólo admitirá estudiantes hasta los 11 años, el último curso de primaria. El centro, cuyas obras concluirán en tres años, defiende la separación por sexos para "atender más específicamente a la diversidad entre el hombre y la mujer, que tienen la misma dignidad y los mismos derechos, pero presentan diferencias que afectan a toda su persona", según los principios educativos colgados en su página web.

La Consejería de Educación ha cedido otros terrenos para un centro público de Primaria y Secundaria que abrirá también en septiembre en el Ensanche, una zona de expansión con alta demanda escolar en la que ya funcionan dos centros educativos que ya no disponen de más plazas.

La parcela que corresponde al centro público es 10.000 metros cuadrados más pequeña que la cedida al Opus. Tanto Educación como el Ayuntamiento de Alcalá, que fue el que cedió el suelo a la Comunidad de Madrid para instalaciones educativas, explican que el centro público necesita menos espacio porque cubre un ciclo educativo más corto.

El grupo municipal socialista de Alcalá lo considera una "estrategia" contra la educación pública, según la concejala Eva Llarandi. "Contar con un espacio mucho más grande permitirá que el colegio del Opus construya unas instalaciones más atractivas que el público", añade. El centro incluirá laboratorios, pista cubierta de gimnasia y baloncesto y pistas polideportivas al aire libre además de un oratorio. PSOE, Comisiones Obreras y asociaciones de padres de alumnos de Alcalá planean movilizaciones contra la cesión al centro religioso.

El colegio Alborada ha abierto ya una oficina de información en la misma parcela donde construirán el centro. "En apenas 20 días hemos hecho 350 entrevistas, el interés ha superado nuestras previsiones", explica Alfonso Aguiló, presidente de Tajamar, que gestiona un colegio en Puente de Vallecas abierto hace 50 años. Hasta el momento, admiten solicitudes para el primer ciclo de infantil (cero a tres años). En abril admitirán las solicitudes de primaria, como el resto de centros.

Madrid es una de las comunidades autónomas con más centros concertados que separan a niños y niñas, con nueve colegios. Está por detrás de Cataluña (15) o Andalucía (11). El gobierno autonómico de esta última, igual que Baleares, acaba de aprobar una orden que corta la financiación pública para este tipo de centros, algo que también prevé hacer Cataluña. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que los centros mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria", que no se puede discriminar por sexos y abre la puerta a eliminar las subvenciones para aquellos que separan.

El Ministerio de Educación deja la elección a cada comunidad autónoma. Madrid no prevé ninguna iniciativa similar. Al contrario. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, explicó el jueves que está "en contra" de que las comunidades autónomas retiren conciertos económicos a los colegios que separan por sexos. "Cada uno puede elegir llevar a sus hijos al colegio que quiera, separados, no separados o juntos", concluyó González.

(www.elpais.com, 07/02/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. UN ALCALDE CON LA MANO MUY LARGA

No es fácil la coexistencia entre socialistas y populares en el Ayuntamiento de Móstoles. No lo es sobre todo desde el comienzo de la legislatura. En un clima de malas relaciones personales, desde entonces se han sucedido los cruces de acusaciones y descalificaciones gruesas entre el alcalde, Esteban Parro (PP) y la portavoz del PSOE, Paz Martín. , sin embargo, la tensión subió varios grados. Tras una encendida discusión, el regidor lanzó un manotazo a la portavoz socialista cuando ésta se disponía a hacerle una fotografía con su teléfono móvil. La concejal, que planea denunciar hoy al alcalde, acudió tarde al servicio de urgencias del hospital de Móstoles donde se le diagnosticó un traumatismo en el antebrazo izquierdo y se le puso un vendaje.

Ocurrió durante la reunión de portavoces municipales que se celebraba en la mañana de . Además de Parro y Martín, estaban presentes el edil del PP Daniel Ortiz, y la concejal de IU, Dolores Ruiz. Poco después de iniciarse el encuentro, el regidor pidió explicaciones a la portavoz socialista por su ausencia durante el último pleno municipal. En ese momento, según indicaron los testigos, se inició una fuerte discusión entre ambos.

"Esteban Parro empezó a decirme que no reconocía mi capacidad, que mi actitud generaba problemas al Ayuntamiento, que era una mentirosa y que practicaba la política basura", señaló a mediodía de Paz Martín, quien añadió que, en el transcurso del enfrentamiento, el alcalde la llamó "chavala" en varias ocasiones y le preguntó si ella tenía a alguien que la quisiera. Esta versión la corrobora en términos generales la edil de IU, Dolores Ruiz.

La edil socialista no se quedó callada. A continuación, Martín acusó al alcalde de querer dar un pelotazo urbanístico "con la calificación de cuatro millones de metros cuadrados que eran protegidos", según explicó más tarde el portavoz del PP.

En medio del intercambio de improperios, Esteban Parro solicitó que se le entregase una grabadora y comenzó a registrar las palabras de la portavoz del PSM-PSOE. Paz Martín se levantó entonces de su silla con el móvil en la mano y, en ese instante, recibió un manotazo del alcalde que hizo caer el teléfono al suelo. Según explicaron los portavoces de PP e IU, Paz Martín se disponía a hacer una foto al primer regidor cuando éste lanzó el manotazo. "El alcalde ha tirado el móvil, pero no le ha tocado la mano", precisaron fuentes del equipo de gobierno.

"Ha sido una situación bochornosa y muy desagradable. No es de recibo que se pierdan los nervios como ha sucedido en la mañana de hoy y se mantenga una actitud tan violenta", destacó, visiblemente indignada, la concejal de IU, Dolores Ruiz, tras la reunión. La portavoz de la coalición aseguró que había sido la reunión "más tensa" a la que había asistido desde el inicio de la legislatura e hizo un llamamiento "a la calma y la serenidad" en la corporación municipal mostoleña.

Paz Martín señaló que ha puesto los hechos en conocimiento del Partido Socialista de Madrid y anunció que denunciará a Esteban Parro por agresión. Mientras tanto, el gobierno local precisó que acudirá a los tribunales para defender "el honor" del alcalde, que fue acusado por la portavoz socialista de querer dar "un pelotazo urbanístico".

El gobierno municipal no reparó en calificativos para Paz Martín: "No tiene lealtad institucional", "es lenguaraz", "mancilla al Ayuntamiento", "cobra como portavoz del PSOE sin cumplir sus funciones" o "nadie la soporta como portavoz", fueron algunos de los calificativos que dedicó a la portavoz socialista el segundo teniente de alcalde, Daniel Ortiz, en un comunicado hecho público a mediodía.

(www.elpais.com, 10/02/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA EMPRESA LIGADA A LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ORGANIZA EVENTOS PARA EL PP

Funcionarios judiciales, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se desplazaron hasta la sede que tiene en la avenida de Aragón la Agencia Valenciana de Turismo, que dirige la consejera Angélica Such, para reclamar y requisar toda la documentación relacionada con la adjudicación a la empresa Orange Market del concurso para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en las ferias del turismo de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

El registro, que también se realizó en la sede que tiene Orange Market en la céntrica calle de Colón de Valencia, forma parte de la desarticulación de una trama de personas afines al PP que, presuntamente, prestaba distintos servicios al partido a cambio de un trato de favor en las Administraciones gobernadas por este partido. La trama se extiende por distintas provincias españolas.

Los dos funcionarios judiciales que se presentaron en la Agencia Valenciana de Turismo requisaron toda la documentación relacionada con el expediente 33/08, un concurso para montar los estands de las ferias de turismo en las que participa la Generalitat a lo largo de 2009. El concurso se adjudicó a Orange Market, frente a seis competidoras, con una baja sobre el presupuesto base de licitación del 14%. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el pasado 29 de enero la adjudicación a esta empresa del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid por importe de 916.000 euros. Orange Market se ha adjudicado ininterrumpidamente estos concursos desde hace casi un lustro.

Presidencia de la Generalitat se limitó a reconocer que unos funcionarios judiciales habían solicitado una información en la Agencia Valenciana de Turismo. "Se les ha dado y se han marchado", sentenciaron.

Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez Alonso en Valencia, también se adjudicó la organización de una parte de los festejos de la salida de la Volvo Ocean Race (la regata de veleros alrededor del mundo) en Alicante. Esta empresa aspira a participar en el Gran Premio de España de Hípica que se celebrará la próxima primavera en el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La firma que dirige Álvaro Pérez ha recibido otros contratos de empresas públicas de la Generalitat como Vaersa para realizar campañas de publicidad. Es además una de las empresas que trabaja para Feria Valencia.

Orange Market se creó en julio de 2003 en Algemesí por Pablo Crespo, presidente de Special Events -firma que participó en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003 del PP, en las que el Tribunal de Cuentas detectó distintas irregularidades.

La vinculación de Orange Market con la Generalitat también tiene ramificaciones personales. Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004 -año en el que fue delegado de Canal 9 en Madrid- es asesor de Presidencia con Francisco Camps, desde hace años.

Pero donde Orange Market se mueve realmente como pez en el agua es en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Su responsable, Álvaro Pérez, mantiene una estrecha amistad con el secretario general, Ricardo Costa, y otros miembros de la dirección regional. De hecho, Orange Market es la empresa que organiza la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y aquellos en los que participa su presidente regional, Francisco Camps. La firma de Álvaro Pérez fue la encargada de organizar el último congreso regional del PP celebrado en el recinto de Feria Valencia el mes de octubre.

En la sede del PP ha sido habitual en los últimos años ver entrar y salir a Álvaro Pérez, conocido como El bigotes. En círculos populares es elogiada, con frecuencia, su capacidad para organizar grandes actos y sus contactos a alto nivel. El presidente de Orange Market asesoró a Juan Villalonga en su pretensión de hacerse con el control del Valencia CF. A Orange Market se deben la mayoría de los mítines multitudinarios del PP o la organización de la escenografía de los actos públicos del partido.

Fuentes de la dirección popular indicaron que, desde 2003, se ha contratado con esta firma por su capacidad para organizar los actos del partido. La eficiencia de Orange Market ha hecho que también haya organizado las jornadas parlamentarias del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Las contrataciones del PP regional con Orange Market están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, que revisa la contabilidad de los partidos. "Estamos muy tranquilos", indicaron estas fuentes. Sin embargo, en el seno del PP reconocieron que la fluidez de Orange Market con la dirección regional del PP no es la misma con las direcciones provinciales del partido, con las que no existe el mismo nivel de colaboración.

Por otra parte, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, en la que participa el Arzobispado de Valencia, negó que Orange Market participase en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El desmentido, provocado por el temor del Arzobispado a verse involucrado en un escándalo de corrupción, no se acompañó de la presentación de las cuentas, opacas desde hace años.

(www.elpais.com, 07/02/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELIGIÓ A ORANGE MARKET PESE A SER LA OFERTA MÁS CARA

La Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market un contrato de 915.000 euros a pesar de que la oferta de esta empresa, una de las investigadas en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción ligada a distintas administraciones del PP, era la más cara de las siete que se presentaron a concurso. Orange Market recibió en diciembre el encargo de crear, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad en cuatro ferias de turismo, entre las que se encuentra Fitur, durante el año 2009. La compañía se benefició del mismo contrato en las cuatro ediciones anteriores.

La consellera de Turismo, Angélica Such, explicó este lunes que la empresa fue escogida por su "buenísima creatividad" y porque conseguía "conectar el stand de Fitur con la campaña Te doy todo de la Comunidad". Sin embargo, como ella misma reconoció minutos más tarde, estas capacidades -la creatividad y la creación de un elemento unificador- sólo suponían el 45% de la nota final que recibieron las empresas candidatas, según las condiciones que puso la propia administración. El criterio más importante era, precisamente, el precio, con un 50%. A pesar de que en este aspecto, la de Orange Market era la peor oferta, obtuvo la máxima puntuación: "Veinte sobre veinte puntos", según Such. La consellera se presentó ante los medios de comunicación para, según dijo, preservar la "honradez y honorabilidad del Gobierno" presidido por Francisco Camps.

En su comparecencia, Such rehusó detallar qué empresas compitieron con la investigada. Tampoco aclaró quiénes componían la mesa de contratación que la eligió con la máxima puntuación. Insistió en que la investigación judicial no afecta a su departamento, sino "a una de las más de 40 empresas que a lo largo de 2008 han sido adjudicatarias de los distintos concursos públicos de la Conselleria de Turismo".

Such reconoció que su conselleria recibió el viernes la visita de dos agentes judiciales, que pidieron el contrato firmado con Orange Market. El Gobierno valenciano señaló este martes en un comunicado que las investigaciones no se dirigen contra sus funcionarios o altos cargos. El PSOE regional recordó que el PP se niega desde hace cuatro años a dar explicaciones sobre sus relaciones con esta empresa. Los socialistas pidieron información ya en 2005 sobre esta cuestión. La pregunta fue rechazada por las Cortes valencianas con el argumento de que la compañía no tenía "trascendencia pública". El PSOE y el resto de la oposición anunciaron que volverán a intentar obtener información.

(www.publico.es, 10/02/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, PERO LA TRAMA NO EXISTE PARA CANAL 9

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, ha decidido aparentar normalidad y minusvalorar las relaciones que distintos altos cargos de su entorno han mantenido con la empresa Orange Market. En lugar de dar explicaciones, prometer que investigará lo ocurrido o anunciar que depurará responsabilidades, se ha colocado como víctima de una campaña contra su honor.

Orange Market organiza desde hace años la práctica totalidad de los actos que convoca la dirección valenciana del PP, incluida la última campaña electoral de Camps en 2007 y el último congreso regional. Álvaro Pérez, su responsable en Valencia, fue detenido el lunes por orden del juez Baltasar Garzón.

A diferencia de Esperanza Aguirre, que ha aceptado dimisiones de varios cargos de su partido y crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por el caso del espionaje, Camps tan sólo ha anunciado que interpondrá querellas contra todos aquellos que vinculen a altos cargos de la Generalitat o del partido en Valencia con los delitos que investiga la Audiencia Nacional.

Además, ni la trama de corrupción vinculada al PP ni sus ramificaciones valencianas existen para Canal 9. La televisión autonómica, controlada por Camps, no ha dedicado ni un segundo de sus informativos a abordar la investigación abierta por el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.

Ni una referencia a los 37 imputados, los cuatro detenidos o las dimisiones de altos cargos del PP en Madrid. Ni siquiera a la rueda de prensa de Mariano Rajoy del lunes, en la que anunció medidas excepcionales en su partido. Tampoco a las implicaciones valencianas, ya sea la referencia a un pelotazo urbanístico en la localidad alicantina de La Nucia en unas grabaciones ordenadas por Garzón. Ni mucho menos a la detención en Valencia de Álvaro Pérez, que mantiene una buena amistad con el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García.

Sólo en el informativo de mediodía del domingo pasado se emitieron 25 segundos de declaraciones del secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Pero sólo los más despiertos pudieron relacionar estas palabras con el entramado de tráfico de intereses vinculado al PP, al que no se aludió. En un corte de voz descontextualizado, Costa embestía contra el "uso" de la Fiscalía General del Estado por parte del PSOE y recordaba la dimisión del anterior secretario de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, por no pagar unas obras de su casa.

(www.elpais.com, 11/02/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ULIBARRI Y CORREA QUERÍAN REVENDER EL PAI DE LA NUCIA TRAS DESBLOQUEARLO EN EL CONSELL

El grupo de empresarios vinculados a la trama de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón tenía olfato para los negocios en todas sus manifestaciones. Desde los tablados de última generación en mítines del PP y grandes eventos hasta los desarrollos de proyectos urbanísticos. El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, no sólo se paseaba por la Nucia y la Marina Baixa de la mano de su jefe, Francisco Correa -presunto cabecilla del conglomerado de intereses- para montar el premio periodístico Luis del Olmo. Pusieron el ojo, sobre todo, en los terrenos rústicos con perspectivas de ser reclasificados a urbanizables.

Los dos intentaron adquirir los terrenos incluidos en el PAI Pie del Monte, uno de los dos grandes proyectos, junto con la Serreta que se desarrollan el municipio. El plan, que contempla casi dos millones de metros, fue adjudicado en 2004 y está bloqueado pendiente de los informes favorables de impacto ambiental y de suficiencia hídrica, que otorga la Conselleria de Territorio y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Correa y el responsable de Orange Market pretendían asumir el control del proyecto, desbloquearlo y revenderlo, una práctica bastante habitual en este tipo de operaciones, según fuentes conocedoras de la negociación. Se reunieron al menos dos veces con responsables de la empresa Montemar La Nucia S. L, que tiene entre sus socios al conocido empresario Francisco Murcia Puchades, pero los contactos no derivaron en acuerdo alguno. Las gestiones las realizaron Correa y Álvaro Pérez, pero la financiación iba por cuenta del empresario José Luis Ulibarri, adjudicatario de 13 TDT repartidas por el Consell. Al menos eso se desprende de un pasaje de las cintas reproducidas por El País, en el que Correa asegura: "Ulibarri pone la pasta y vamos al 50%". "De mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro [Pérez], Pablo [Crespo] y el alcalde". Los impulsores del proyecto vendieron después la mitad de los terrenos del PAI que, por cierto, resultó afectado por el incendio del Puig Campana este mes de enero. El segundo de los grandes PAI, el de la Serreta, comprende 2,7 millones de metros, 3.884 casas y campo de golf y fue también paralizado por una sentencia del TSJ de marzo de 2007.

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CONCEJAL REBELDE DE IBI ACUSA A LA ALCALDESA DE AYUDAR A FAMILIARES

El dossier que Felicidad Peñalver -la concejal del PP afín al sector ripollista expulsada del Grupo Popular en Ibi- ha elaborado contra sus compañeros concluye que hubo un presunto "trato de favor a familiares de cargos del PP en Ibi" por parte de la alcaldesa, la campista Maite Parra, según desvelaron fuentes del PP. La edil confirmó este extremo, aunque declinó revelar los detalles de su denuncia.

La concejal ha recopilado datos del registro de la propiedad y del registro mercantil sobre el incremento patrimonial de algunos compañeros de partido y los ha puesto en conocimiento de la dirección provincial del PP, que ha abierto una investigación interna, coordinada por el diputado Carlos Mazón. El lunes están convocados en la sede del PP de Alicante la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, y otras dos concejales.

Peñalver mantiene que determinadas "decisiones del Gobierno municipal beneficiaron a familiares de concejales y de la alcaldesa". Otras fuentes del partido consultadas evitaron concretar en qué decisiones hubo arbitrariedad o presiones. Peñalver, al ser preguntada por esta cuestión, dijo que por "prudencia y coherencia" no pensaba ofrecer ningún detalle hasta el lunes tras comparecer sus compañeros ante la dirección provincial del PP. La edil admitió, no obstante, que hay "presuntas irregularidades urbanísticas" en la gestión del Ayuntamiento y que en el área de su concejalía de Hacienda había "partidas presupuestarias consignadas que se dedicaban a otro fin".

Fuentes de la alcaldía aseguraron, en cambio, que se trata de una acusación "sin fundamento y absurda", ya que no detalla en qué obras o proyectos se cometieron las presuntas irregularidades. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, vinculó estas acusaciones con la denuncia de José Gimeno, un promotor local que ha presentado una querella (inicialmente archivada por el juez) contra la alcaldesa. La génesis de la denuncia es la urbanización de una calle en la partida de L'Alamí, donde Gimeno tiene unos terrenos, que sufragaron dos propietarios que adelantaron el dinero, unos 24.000 euros, y que luego la empresa La Generala les devolvió. "Estaba aprobado y es legal, ahí no hay nada", dijo Agüera, que por cierto asegura que todavía no ha sido convocado el próximo lunes ante la comisión interna del PP en Alicante para declarar sobre estas presuntas irregularidades.

La investigación interna del PP en Alicante, controlado por José Joaquín Ripoll, que pretende fiscalizar la gestión de la alcaldesa, se solapa con otra investigación que arrancará el próximo lunes. Ese día el Ayuntamiento de Ibi celebrará un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación, que se centrará en los supuestos intereses particulares de la abogada urbanista Felicidad Peñalver en la adjudicación de varios proyectos a las empresas que ella representaba. Además, el Ayuntamiento pedirá a la Sindicatura de Cuentas que audite los últimos dos años de su gestión.

Por su lado, la dirección regional del PP, afín a la alcaldesa de Ibi, ha trasladado a la comisión de derechos y garantías el expediente que concluirá con la expulsión de Peñalver del PP. El cruce de acusaciones y de dossiers se enmarca dentro de la fractura del PP en la provincia de Alicante, entre los partidarios de Francisco Camps, presidente regional, y los de Ripoll, presidente provincial, que logró una ajustada victoria en el reciente congreso provincial. Fuentes consultadas del PP vaticinan que estas acusaciones acabarán dirimiéndose en los tribunales.

El caso Ibi salió a relucir en el pleno del Ayuntamiento de Alicante en el que el PP aprobó los presupuestos de 2009 con la abstención socialista, informa Rosa Biot. El portavoz socialista, Roque Moreno, espetó que en Ibi el PP tiene "bastante lío de espías". La referencia fue cortada de raíz por la alcaldesa, Sonia Castedo: "Si quiere hablamos también de los problemas dentro de su propio partido".

32. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA PIDE IMPUTAR AL ALCALDE DE ALCALÀ POR PRESUNTA MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

El fiscal jefe de Castelló ha solicitado que se tome declaración al alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias después de advertir indicios de delitos en las denuncias presentadas por un ex funcionario del consistorio xivertense.

Así se recoge en el decreto del fiscal jefe del pasado 30 de enero en el que se acuerda trasladar las denuncias de este ex funcionario al juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs, en el que ya se está investigando una denuncia previa sobre el destino que se dio al millón de euros que el consistorio cobró por la subasta de una parcela pública y que debería de haberse reinvertido en patrimonio municipal del suelo.

Según la resolución de la Fiscalía, de los documentos aportados por el denunciante se desprende que el equipo de gobierno de Alcalà de Xivert, del Partido Popular, podría haber presuntamente destinado este dinero -que debía haberse utilizado para comprar suelo para la construcción de la depuradora- para "gasto corriente".

Además, la Fiscalía ve indicio de más delitos, ya que según la documentación aportada, ese dinero podría haberse utilizado presuntamente a aumentar el sueldo a los funcionarios públicos de forma "irregular" sin respetar el límite establecido por la legislación presupuestaria y sin tener en cuenta lo marcado por la ley en lo referente a los criterios de distribución previos de las productividades.

Así, en la resolución de la Fiscalía se asegura que si se prueba que el dinero se adjudicó sin que existieron los criterios previstos por ley y si además se prueba que el dinero "procediese de la venta de Patrimonio Municipal de Suelo y se hubiere camuflado la cantidad destinada a tal fin en el presupuesto municipal por la vía de aumentar las partidas de Seguridad Social, nos encontraríamos con delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias".

A tenor de lo expuesto, el fiscal jefe entiende que las investigaciones deberían seguir adelante en los juzgados de Vinaròs -incluso pide la reapertura de la causa si se hubiera archivado- a la luz de los nuevos documentos y propone además algunas de las diligencias a seguir en el juzgado como que se reciba "declaración como imputado al alcalde de la Corporación por estos hechos, teniendo tal condición Francisco Juan Mars, así como a la concejal de Hacienda, Sra. Pinilla Tenas y al interventor municipal". La Fiscalía solicita además que se investiguen las cuentas que el consistorio tiene en tres bancos y si se pagó y cómo productividades a los funcionarios.

Ahora, una vez llegue al juzgado vinarocense el decreto del fiscal, deberá ser su titular si acepta la acumulación de estas nuevas denuncias en el caso ya abierto y si llama o no a declarar en calidad de imputado al alcalde tal como solicita la Fiscalía.

33. ISLAS CANARIAS. 'CASO FAYCÁN': UN MILLÓN EN COMISIONES

El juez del caso Faycán concluye en el auto con el que da carpetazo a la instrucción que el ex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, idearon una trama ilegal para financiar al PP, pero el dinero acabó en sus bolsillos. Llegaron a moverse casi un millón de euros en comisiones ilegales en tres años.

La presunta trama de corrupción municipal que investiga el llamado caso Faycán tenía un núcleo duro. El juez Francisco Javier García sitúa al frente de la orquesta al ex alcalde por el PP, Francisco Valido Sánchez, quien en supuesta connivencia con la ex edil de Obras, María Antonia Torres, el ex de Hacienda, Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, hoy en día apartado provisionalmente de sus funciones, pergeñó un sistema que tenía por cometido inicial la financiación ilícita del PP en el periodo 2003-2006, pero que, como admite el propio magistrado en un auto con el que cierra la instrucción, derivó en una trama para pasar el dinero obtenido a los bolsillos, al "peculio privado", de los cabecillas, de varios ex concejales como María del Carmen Castellano, del ex asesor Francisco Gordillo, y de 2 técnicos municipales, Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera. Se llegaron a percibir casi un millón de euros en comisiones ilegales.

Francisco Javier García llega a esas conclusiones en el auto del 6 de febrero pasado con el que pasa las diligencias previas del sumario a procedimiento abreviado, lo que en la práctica equivale a cerrar la instrucción tras más de tres años de investigación y, de paso, viene a confirmar los plazos que ya avanzó este periódico. El juez disecciona la supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales en un escrito de 24 páginas en el que detalla el modus operandi y justifica los indicios de los que dispone para procesar a 38 personas frente a los 47 imputados que llegó a contabilizarse. Ahora pasan a ser procesados, según, entre otras, la sentencia 828/2008 del Supremo.

En esencia, la clave de la trama estaba en la alteración del sistema de pagos del consistorio. Con el concurso imprescindible del interventor municipal, marido a su vez de Torres, que actuó de facto como tesorero, el gobierno de Valido se saltó el orden de pagos que fija la ley y creó supuestamente un nuevo sistema que facilitaba adelantar los abonos a las empresas que el juez llama de confianza y a las que se les solían adjudicar obras por procedimiento negociado y sin publicidad en contratos que no superaban los 60.000 euros a cambio de comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20%. El ex asesor de Torres, Francisco Gordillo, alertaba a la empresa de cuándo iba a cobrar para que así hiciese su aportación. Y en otros casos, como con Mazotti, se le pasaba antes el pliego.

Con el auto del día 6 el juez del caso Faycán da traslado de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de calificaciones. Empieza la cuenta atrás para el juicio.

Por lo que aparece en el auto, la trama llegó a manejar casi un millón de euros en comisiones ilegales. La empresa que supuestamente más aportaba a la causa era la ferretería de Las Huesas (Felipe y Nicolás Ojeda), que daba un 20%. En total, aportó 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros, Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de 60.000. El resto aparece muy fraccionado.

(www.canarias7.es, 10/02/09)

34. ISLAS CANARIAS. 'CASO FAYCÁN': LA TRAMA SE IDEÓ PARA FINANCIAR AL PP LOCAL

El juez del 'caso Faycán', Francisco Javier García García-Sotoca, ha dictado el auto por medio del cual la instrucción pasa a procedimiento abreviado y solicita el escrito de calificaciones del fiscal, para que éste exponga los argumentos de la acusación. En su escrito, el juez diseccionado un entramado de presuntas corrupciones que tendría como planteamiento inicial la financiación ilegal del Partido Popular de Telde. Seguidamente, el juez concluye que, a la hora de la verdad, no constan ingresos irregulares en el PP, sino que todas las comisiones pasaron al "peculio privado" de varios de los imputados. En concreto, señala al ex alcade Francisco Valido y a la ex concejal María Antonia Torres, su esposo Enrique Orts (interventor municipal) y el ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva como ejes de la trama.

El magistrado, al mismo tiempo ha dictado el sobreseimiento de las imputaciones a varios de los encausados en el 'caso Faycán', entre los que se encuentran los ex ediles del Partido Popular (PP) Sonsoles Martín, José Suárez y Domingo Ramírez, y a la ex edil de CIUCA Candelaria Sánchez se le sobreseen dos de los delitos que se le imputaban, el de tráfico de influencias y cohecho.

En la lista de imputados en el 'caso Faycán' se mantienen, entre otros, María Antonia Torres, considerada la cabecilla de esta presunta trama de corrupción en Telde; su marido, el interventor municipal Enrique Orts, hoy día apartado provisionalmente de sus funciones; el ex asesor de Torres, Francisco Gordillo; el ex alcalde Francisco Valido Sánchez, y los ex concejales María del Carmen Castellano, Carmelo Oliva , Candelaria Sánchez y Guadalupe López. 

El total de imputados queda ahora en 37 personas, pasando de 53 a 37.

(www.canarias7.es, 10/02/09)

35. REGIÓN DE MURCIA. CRISIS?. EL ALCALDE DE TOTANA GASTARÁ 40.000 EUROS EN LA COMPRA DE "UN COCHE OFICIAL"

Mientras la crisis acosa a empresas y familias, el alcalde de Totana, Martínez Andreo, del Partido Popular, imputado y detenido por la operación Totem y en libertad condicional, anuncia la compra de un coche oficial, de lujo, por importe de 40.000 euros. Para Izquierda Unida, en la oposición, se trata de "un sacrilegio mientras no paga a proveedores y las familias totaneras lo están pasando cada vez peor".

Además del coche, el ayuntamiento contratará un chófer oficial. El gobierno municipal tuvo que reconocer en el último pleno, de forma extraoficial, facturas que superaban los 39.000 euros, que habían gastado sin consignación presupuestaria en protocolo, propaganda, comidas y dietas. Esta actitud pone de manifiesto " la burla que supone para los vecinos que el Ayuntamiento derroche, a manos llenas, mientras los obreros ingresan en el paro y Caritas se encuentra desbordada, ante las necesidades básicas de la gente", denuncian desde IU.

Para IU Totana "está sufriendo las consecuencias de la especulación y la corrupción, puesta en marcha por Juan Morales, con el apoyo de Martínez Andreo, Juan Carrión y Roque Molina".

Asimismo desde IU Totana denunciaron que el presidente de PROINVITOSA y portavoz del PP en el ayuntamiento, José Antonio Valverde Reina, cobra unas dietas anuales de 42.405 euros. "Se da la circunstancia de que Valverde Reina, compatibiliza esas cuantiosas dietas de PROINVITOSA con las que percibe por asistencias a los Plenos, Comisiones Informativas y demás Órganos Municipales, siendo el concejal que ha batido todo los record en ingresos del Ayuntamiento de Totana en todos los tiempos".

(www.vegamediapress.com, 10/02/09)

36. ISLAS BALEARES. DETIENEN A UN EX ASESOR JURÍDICO DEL IBATUR EN EL GOVERN DE MATAS

Bonet, que desempeñó el cargo de asesor jurídico del Ibatur en el anterior Govern de Jaume Matas, fue trasladado por la tarde a la sede de la Policía Nacional donde fue interrogado durante varias horas por los agentes y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Al gerente del IB-Blau se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en una supuesta red de corrupción que habría consistido, según pudo saber este diario en fuentes de la investigación, en cobrar diversas cantidades de dinero del Ibatur utilizando como testaferro a M.T.F.N., que actualmente reside en un asilo de ancianos.

Precisamente, policías del Grupo de Delincuencia Económica se desplazaron el pasado miércoles a la sede de la Conselleria de Turisme, donde están situadas las oficinas del Ibatur, para solicitar fotocopias de diversos contratos firmados en el anterior Govern de Jaume Matas relacionados con una empresa de localización de exteriores (fotografías y vídeo), y que están firmados por la supuesta testaferro.

La investigación la dirige la Fiscalía Anticorrupción de Balears, participan los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, con el apoyo de la Policía Nacional.

Una comisión judicial se desplazó al Ibatur en busca de más documentación, y tras interrogar a varios directivos del IB -Blau, le comunicaron a Miguel Angel Bonet que estaba detenido.

El consell de Govern autorizó el pasado mes de junio la creación del consorcio IB-Blau, promovido por la Conselleria de Medi Ambient y la de Turisme a través de los organismos públicos Puertos de Balears y el Institut Balear del Turisme (Ibatur), con el objetivo de "fomentar el turismo náutico sostenible en el archipiélago", según se recoge en la presentación oficial del consorcio.

La investigación se encuentra en una "fase inicial", según las fuentes consultadas por este diario, y no se descarta que tengan lugar más detenciones.Bonet quedó detenido tras prestar declaración durante unas cuatro horas, y hoy se espera que pase a disposición judicial.

Anticorrupción y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional trabajan, desde , con los nuevos datos que el gerente del IB-Blau ha aportado durante su declaración. El juez decidirá si queda en libertad o lo envía a la prisión de Palma.

(www.ultimahora.es, 13/02/09)

37. ISLAS BALEARES. RODRÍGUEZ LE PIDE A CIRER QUE NO SE PRESENTE A LA PRESIDENCIA DEL PP PALMA

José María Rodríguez pidió a Catalina Cirer que no presente candidatura para presidir el PP de Palma. La reunión se celebró en una oficina del grupo parlamentario y, aunque no han trascendido muchos detalles del encuentro, sí se ha sabido que Rodríguez planteó a Cirer que no opte a la presidencia. De esta manera, Rodríguez intenta un pacto con Cirer y, en último extremo, también pretende que Francesc Fiol decida finalmente no optar al cargo para dirigir el PP de Palma. Si se cumplen los planes de Rodríguez, el ex conseller d’Interior será el único aspirante en el congreso para renovar la junta local.

El peso de Rodríguez en Palma sigue siendo importante y desde finales de noviembre el diputado del PP, como adelantó este diario, se estaba planteando optar de nuevo a presidir el PP de Palma. Pero Rodríguez quiere evitar confrontaciones internas que alteren aún más la vida interna en el PP. En esta segunda etapa, Rodríguez no descarta incluso ser el candidato de los populares en Palma en las elecciones de 2011.

Catalina Cirer decidirá en los próximos días si acepta la oferta de Rodríguez. Si es así, Cirer tendrá la posibilidad de negociar su salida política. Cirer es en la actualidad presidenta del PP de Palma y portavoz de los populares en Cort, un cargo que pretende mantener hasta que termine la legislatura. Si Rodríguez consigue la presidencia del PP Palma, Cirer tiene asegurada su continuidad como portavoz hasta que termine la legislatura.

Si Cirer rechaza presentar candidatura a la junta local de Palma, no tiene ninguna posibilidad de volver a encabezar la lista de las próximas municipales.

Tras reunirse con Rodríguez, Cirer negó que hubiese mantenido un encuentro con el ex secretario general de los populares. "Hay muchas más cosas que nos unen dentro del partido de las que nos separan", por lo que en estas condiciones auguró que será "más fácil llegar al entendimiento". En cualquier caso, la actual líder popular abogó por "seguir siendo capaces de trabajar y afrontar el nuevo escenario, dejando nuestro proyecto personal a un lado".

(www.ultimahora.es, 12/02/09)

38. EL ´POPULAR´ HUGUET SIGUE LA ESTELA DE NEBRERA

Por si Rosa Estarás no tenía bastantes problemas en su partido, le llegó el turno a la salida de tono inapropiada del diputado popular Cristòbal Huguet a quien, a menos de un mes de que el PP expedientara a la diputada catalana Monserrat Nebrera por meterse con el acento andaluz de la ministra Magdalena Álvarez, no se le ocurrió mejor idea que imitar a la titular de Fomento desde la tribuna del Parlament exagerando su acento.

La seriedad inicial en las filas socialistas dio paso de inmediato a pataleos. "No tienes ninguna gracia", le espetaban algunos diputados del PSOE mientras Huguet continuaba con su imitación. La verdad es que gracia no tenía mucha, y así lo reconoció el mismo. Ni sentido de la oportunidad.

Hace un mes su compañera de partido Nebrera provocó un auténtico conflicto en el seno del PP cuando afirmó, en referencia a Álvarez, que "esta buena mujer tiene un problema y es que tiene un acento que parece un chiste". La reacción del PP andaluz fue radical, exigiendo la dimisión de la diputada catalana quien entonces matizó sus palabras asegurando que se refería al tono "chulesco" de la ministra. Sus explicaciones no le sirvieron de mucho y el PP catalán decidió expedientarla.

, Huguet también recurrió al tono burlesco para referirse a la ministra, imitando cuál sería su reacción en el caso de que se le planteara sin aportarle ningún informe el traspaso de las competencias en materia de puertos, para lo cual utilizó un marcado acento andaluz mal conseguido. Es de suponer que Estarás estará ahora rezando para que no llegue a oídos del PP andaluz.

(www.diariodemallorca.es, 11/02/09)

39. PASTOR ABANDONARÁ LA PRESIDENCIA DEL PP LOCAL Y NO DESCARTA SU SALIDA DEL PARTIDO

El alcalde de Manacor, Antoni Pastor, no está satisfecho con el rumbo continuista planteado por la cúpula del Partido Popular en Palma. Algo que se venía conociendo desde hace meses ha desembocado ahora en el anuncio de renuncia a la presidencia del PP en Manacor.

"Muy probablemente también deje de formar parte del Comité local, porque no me gustaría condicionar con mi presencia las decisiones de los demás", afirmó, "puedo aconsejar desde fuera pero nada más; yo pedí renovación y es lo que creo que estoy concediendo, mayor libertad de decisiones en clave local".
Desde las elecciones a la presidencia insular de la formación a esta parte, pocas cosas han variado en la estrategia de reconversión solicitada por Pastor en el seno del PP. El que fuera gran beneficiado moral de las votaciones de finales de año, se muestra de nuevo crítico.

Preguntado sobre su posible marcha de la formación conservadora, el primer edil manacorí no quiso confirmar tal extremo, pese a reconocer el distanciamiento político de los últimos meses. "Queda mucho tiempo hasta las elecciones de 2011 y tengo que meditar y planificar mi decisión. Todavía no he tomado una decisión ni en un sentido ni en otro", ratificó.

Respecto a un posible encuentro para contrastar posturas con la presidenta del PP balear, Rosa Estarás, Pastor confirmó que el próximo martes, después de la sesión plenaria del Parlament "me ha pedido si nos podíamos ver y hablar. Por mi no hay ningún problema, hace tres semanas que ya había solicitado una reunión, así que perfecto", ironizó justo después de salir del polideportivo Mateu Canyelles de Inca, donde presenciaba un partido de fútbol sala.

A su vez, Pastor, tiene previsto concretar sus planteamientos y contestar a las preguntas de los medios esta misma semana, a través de una rueda de prensa.

(www.diariodemallorca.es, 09/02/09)

40. EL FISCAL PIDE 324.000 EUROS DE MULTA A LA COPE POR INJURIAR A LUIS MONTES

La Fiscalía de Madrid pretende que los locutores más cotizados de la Cadena Cope se sienten en el banquillo e indemnicen con más de 324.000 euros al doctor Luis Montes y a su equipo, por los insultos que les dedicaron en sus programas, atentando contra su derecho al honor. La petición fiscal llega un año después de que la Justicia determinara que Montes y sus compañeros ni siquiera aplicaron mal los cuidados paliativos por los que una denuncia anónima les acusó de haber matado a cientos de pacientes. Montes considera la petición de la Fiscalía "pobre". "No nos movemos por una cuestión económica, pero al final sale barato insultar".

Los locutores de la cadena de los obispos Jiménez Losantos, Cristina Schlichting y César Vidal se hicieron eco en abril y mayo de 2005 de la denuncia que acusaba a Montes, entonces jefe de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), y a los trabajadores de este servicio de haber matado a centenares de pacientes al haber abusado de los sedantes destinados a paliar su dolor.

"En seis meses, plof, los mandaban a mejor vida", aseguraba Jiménez Losantos el día 11 de abril de 2005 ante el millón y medio de personas que escuchan su programa cada mañana. Sus compañeros tampoco se quedaron cortos a la hora de referirse, por ejemplo, a los cuidados paliativos que aplicaba Montes como "asesinatos" o descalificar al especialista llamándolo "Terminator".

Ante la larga ristra de improperios de que fueron objeto, Montes y otros 11 médicos y enfermeros de las Urgencias del Severo Ochoa se querellaron en marzo de 2006 contra los directores y locutores de los tres programas con más audiencia de la cadena. Los 13 folios de la acusación que la Fiscalía remitió este lunes a las partes recogen las frases con que Losantos, Schlichting y Vidal cometieron el delito de injurias contra los demandantes en sus respectivos programas: La Mañana, La Tarde con Cristina y La Linterna.

El escrito destaca que los locutores no dieron a Montes y al resto de demandantes "la posibilidad de ser oídos en los programas que ellos dirigían y presentaban". Además de poner de relieve que los locutores no contrastaron la información, el fiscal estima que su única intención era "ofender, desprestigiar y perjudicar personal, ética y profesionalmente" a los trabajadores.

El fiscal divide la multa en tres cantidades fijas, para cada uno de los acusados, de 5.475 euros, por el delito de injurias. Además, pide que Losantos Schlichting y Vidal indemnicen con 12.000, 6.000 y 10.000 euros, respectivamente, a cada demandante. Los pagos los asumirá la emisora.

Montes puso otra querella contra la Cope en octubre, donde le siguieron descalificando después de que la Justicia cerrara el caso. Los locutores y sus contertulios Pedro J. Ramírez e Isabel San Sebastián están llamados hoy a declarar. El doctor también se querelló hace dos semanas contra el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela.

(www.publico.es, 10/02/09)

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