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Del 24 al 31 de Enero 2009
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ÍNDICE
1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
6.ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS
7. EL TRIBUNAL SUPREMO DECIDE QUE NO SE PUEDE OBJETAR A CIUDADANÍA
8. EL PP OBVIA EL VARAPALO Y ANIMA A IR AL CONSTITUCIONAL
9. EL PP RINDE PLEITESÍA A RATO EN PLENA CRISIS
10. SAN GIL Y ORTEGA LARA REAPARECEN JUNTOS EN UN ACTO DE LA FUNDACIÓN DENAES
11. AZNAR PRECONIZA MAYOR LIBERALISMO Y MENOR INTERVENCIÓN ESTATAL PARA SALIR DE LA CRISIS
12. PAIS VASCO: MAYOR OREJA SE BORRA DE LA CAMPAÑA VASCA PARA EVITAR ROCES CON EL PP
13. GALICIA. UN CANDIDATO POPULAR GALLEGO ACUSA A SEBASTIÁN DE "SUBNORMALIDAD"
14. GALICIA. BALTAR CONTRATA A 33 PORTEROS PARA UN CENTRO CON DOS PUERTAS
15. ANDALUCÍA. MARBELLA MANTIENE AL INTERVENTOR DE GIL Y LE PAGA 115.000 EUROS
16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
17. COMUNIDAD DE MADRID. LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
18. COMUNIDAD DE MADRID. "MARTÍN MARÍN ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
19. COMUNIDAD DE MADRID. PROPINAS A DEDO EN LA ASAMBLEA
20. COMUNIDAD DE MADRID. "MANIFIESTA FALTA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD"
21. COMUNIDAD DE MADRID. LA RADIO-TELEVISIÓN PÚBLICA MADRILEÑA RETOMA LOS PAROS EN FEBRERO
22. COMUNIDAD DE MADRID. MONTES SE QUERELLA CONTRA LAMELA Y SUS EXPERTOS POR DENUNCIA FALSA
23. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SÍNDIC ALERTA DEL PODER QUE QUIERE "OCUPAR TODO EL ESCENARIO PÚBLICO"
24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA BENEFICIADA MILLONARIAMENTE POR CAMPS ACOGE A AMIGOS DE AZNAR, VILLALONGA Y ALEJANDRO AGAG
25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL NO SE DA POR ALUDIDO
26. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS 'DEBERES' DE LA JUEZ DE FABRA
27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP EXPULSA DEL GRUPO MUNICIPAL AL CONCEJAL QUE DEFIENDE A ESTELLÉS
28. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA CONCEDE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA A MÉNDEZ POZO Y ULIBARRI
29. CASTILLA Y LEÓN. ALCALDE DE SALAMANCA: "87 SEÑORAS MUERTAS, GOBIERNO DE ESPAÑA; AVIONES QUE SE CAEN, GOBIERNO DE ESPAÑA..."
30. CASTILLA Y LEÓN. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DICE QUE LA JUNTA PERMITE SUPERAR LOS LÍMITES DE CONTAMINACIÓN EN PALENCIA Y LEÓN
31. REGIÓN DE MURCIA. NUEVA CONDOMINA: UN PELOTAZO A COSTA DE LA ILUSIÓN DE LOS MURCIANOS
32. REGIÓN DE MURCIA. PEÑALVER: "PAGUÉ ENTRE 90.000 Y 100.000 EUROS EN METÁLICO AL ALCALDE Y AL EDIL DE URBANISMO"
33. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS PÚBLICOS 'A DEDO' Y SUPUESTAMENTE ILEGALES EN TORRE PACHECO
34. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL AMPLÍA LA ´OPERACIÓN BUCKINGHAM´ SOBRE LA FORTUNA DE MATAS
35. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA SI EL EX PRESIDENT JAUME MATAS TIENE UN SEGUNDO PISO DE LUJO EN MADRID
36. ISLAS BALEARES. DIRIGENTES DEL PP FACTURARON A LA FUNERARIA GASTOS DE LOS VIAJES DE SUS FAMILIARES
37. ISLAS BALEARES. LOS INVESTIGADORES PEDIRÁN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR ASUMA EL CASO SCALA
38. ARAGÓN. EL PP IMPIDE LA RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO A FRANCO CONCEDIDA POR CALATAYUD
39. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LOS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA DE LOS EDILES POPULARES DE OVIEDO: MALTRATO, PREVARICACACIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS
1. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. UN JUEZ APRECIA INDICIOS DE DELITO EN LA PRESUNTA TRAMA DE MADRID
José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ordenó incoar diligencias en el caso de los espionajes en la Comunidad de Madrid, al hallar indicios de delito en la denuncia presentada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional, sobre los dossiers que hacían referencia a dos de sus viajes al extranjero, uno público y otro privado, en los últimos ocho meses. La actuación del juez se une a la emprendida hace varios días por el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, que decidió abrir una investigación sobre los casos de espionaje que habían denunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada.
Estos dos últimos han sido objeto de seguimientos por un grupo de agentes que, según apuntan en sus partes de espionaje, dependen de la dirección general de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
En dichos documentos, que acreditan el espionaje político -y que EL PAÍS puso a disposición de la Fiscalía de Madrid-, se detalla la dependencia de los supuestos espías tanto del "director Sergio [Gamón]", como de "Miguel [Castaño]", subdirector de la dirección general de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Ambos altos cargos fueron destituidos de sus puestos en junio de 2008, aunque el Gobierno de Esperanza Aguirre los ha mantenido en nómina con un salario de alto nivel en asuntos relativos a la seguridad. Tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como el vicepresidente, Ignacio González, y la presidenta, Esperanza Aguirre, han rechazado que hubieran dado orden para los seguimientos a políticos en Madrid por parte de algunos de los trabajadores de la dirección general de Seguridad Ciudadana.
El titular del juzgado 47 de Madrid, José Sierra, se centra en el caso del espionaje que sufrió Ignacio González durante dos de sus viajes (uno público y otro privado) al extranjero. En el primero, realizado en la Semana Santa pasada, González se trasladó a Johanesburgo junto a su amigo Pedro Antonio Martín Marín, y el empresario Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje. Las fotocopias de los billetes de avión reflejan que González pagó su viaje y el de su mujer, 8.000 euros, en metálico.
El segundo viaje, en el que sufrió seguimientos con cámara oculta del que hay testimonios gráficos, tuvo lugar a finales de agosto de 2008. González se desplazó como presidente del Canal de Isabel II hasta Cartagena de Indias (Colombia), donde fue fotografiado cuando entraba y salía del hotel en el que se alojó. González relata en su denuncia ante el juzgado que, basándose en la información publicada por EL PAÍS, podría haber sido objeto "de distintos seguimientos parapolicías en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".
En la denuncia también se resalta que el espionaje podría haber afectado a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Se refiere a los partes de seguimiento, publicados por este periódico, en que personal a sueldo de la Consejería de Interior -y que citan expresamente a sus jefes- habrían seguido al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Los meses del seguimiento parapolicial por presuntos agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid -marzo, abril y mayo de 2008- coincidían con la mayor crisis interna del PP. Tanto Cobo como Prada se habían situado del lado de Mariano Rajoy, y enfrente de Esperanza Aguirre, en la batalla por el poder dentro del partido. En el mismo periodo precongresual, en mayo de 2008, el entonces tesorero nacional del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, denunció ante su jefe, el presidente del partido, Mariano Rajoy, que tenía fundadas sospechas de que un aparato al servicio de la Comunidad de Madrid le estaba espiando.
Aunque Lapuerta exculpa expresamente a Esperanza Aguirre del supuesto espionaje, señala que se había enfrentado a algunos dirigentes de su Gobierno en relación con adjudicaciones de contratos que consideraba irregulares.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
2. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. CLAVES PARA UNA INVESTIGACIÓN
Seguimiento a Cobo
- El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue espiado en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP. Cobo confirma que lo publicado por EL PAÍS coincide con su agenda esos días y denuncia al fiscal el caso: "Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines".
Gamón y el 'dossier'
- Los espías siguieron al director de Seguridad de Justicia, Juan Carlos Fernández, al que apodaban El Cabezón y que dependía de Prada. Tras ser destituido, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, requisó de su despacho documentación y un ordenador personal.
Viajes de González
- El vicepresidente de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue espiado en un viaje realizado a Cartagena de Indias (Colombia) en agosto de 2008. González viajaba como presidente del Canal de Isabel II; los informes de los espías apuntan a la supuesta connivencia del mandatario con un constructor que iba con él en la comitiva.
- Otro dossier revela que González viajó a Suráfrica en marzo pasado junto al empresario Enrique Sánchez. Los billetes (8.000 euros) fueron pagados en metálico. González afirma que lo pagó de su bolsillo.
- "Para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma González en su denuncia.
Espionaje a Prada
- Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, fue espiado antes de su destitución. En junio de 2008, tras más de tres meses de seguimiento y después de que Prada apoyase a Rajoy, Aguirre lo destituyó. Los espías llaman a su jefe "Sergio", supuestamente Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad.
El tesorero avisó
- Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, alertó a Mariano Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales de la Comunidad de Madrid. Lapuerta, afín a Rajoy, exoneró en su denuncia a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
(www.elpais.com, - 27/01/09)
3. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado "transparencia" para que se aclare la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, de la que se siente "una víctima" porque "políticamente van a por mi". Aguirre, que ha presidido hoy un homenaje a las víctimas del Holocausto nazi en la Asamblea de Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la Justicia investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo esto se aclare".
La presidenta ha recordado que el Juzgado de Instrucción ha decidido abrir diligencias sobre este caso, a raíz de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere decir que ha visto indicios de delito en el espionaje " al vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González.
Se ha mostrado convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto".
"Mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se nos han puesto de manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que desea que "singularmente" se averigüe la responsabilidad del espionaje a Ignacio González.
(www.publico.es, - 27/01/09)
4. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha su casa, la Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de las alfombras de Génova, la sede nacional del PP. La presidenta regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los conservadores cuando llegó a las 12.30 de a la Asamblea de Madrid, antes de inaugurar la conmemoración del Día del Holocausto.
La esperaba un muro de periodistas: "En 2006, me llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dosieres de Ignacio González y Francisco Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso".
Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la semana pasada a la secretaria general, Dolores de Cospedal, instruir una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado por El Mundo: que el líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta, un informe que contenía datos comprometedores contra González, vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa llamada telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios generales, como afirmaba el rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP se recrudeciese. Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la intención de Aguirre de lanzar un mensaje a Rajoy. "Ha sido suficientemente explícita, no hace falta interpretarla", aseguró un portavoz a Público.
En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse. Pidió una y otra vez "transparencia, transparencia, transparencia", porque es la "primera interesada en que todo esto se aclare". Eso es lo que ocurrirá, pronosticó: "Saldrá a la luz quiénes son los responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados".
Aguirre dejó otra idea escrita en su minicomparecencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: "Me siento una víctima. Políticamente, van a por mí", lamentó. Tampoco habrá ceses: "Tengo toda la confianza puesta en todos los miembros de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula nacional de mi partido". Mejor no reventar aún demasiadas heridas.
(www.publico.es, 28/01/09)
5. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
Las informaciones publicadas en los últimos días en las que se asegura que la dirección del PP y su propio presidente Mariano Rajoy tenían conocimiento de los dossieres anónimos que en últimos años circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado una gran indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes cercanas al líder del PP consideran la filtración de esas noticias como un ataque al corazón del partido, ya que se ha metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se reprocha a Génova que optara por abrir una investigación interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera que él también había sido espiado desde la Comunidad de Madrid. Dos versiones de una polémica que ha ha avivado el enfrentamiento y la lucha interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en las filtraciones periodísticas de los últimos días una estrategia por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid para implicar a la dirección nacional del PP en la 'guerra de dossieres', al revelar que Mariano Rajoy sabía de este asunto desde el año 2006.
También admiten que ha causado un gran enfado e irritación en Génova que se haya puesto en la picota al ex tesorero Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan "aireado" conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de supuestos informes sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva nacional se suma a su preocupación por las últimas informaciones publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener detrás un trasfondo económico que podría poner en duda la honorabilidad de todo el Partido Popular.
En este contexto, varios parlamentarios del PP coincidieron en la necesidad de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de su investigación interna para zanjar el asunto y evitar que perjudique electoralmente en el País Vasco y Galicia. "Hay que cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos comen", confiesa un veterano diputado. En la dirección nacional se comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse en las tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y se recuerda que el partido no puede permitir un minuto más que se siga dañando su imagen de esta manera.
También hay quien exige un gesto de autoridad por parte de Mariano Rajoy, a la vista de que las declaraciones llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional el pasado domingo no han servido para poner freno al desgaste que está sufriendo "la imagen del PP en toda España".
Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha optado en estos últimos tres días por no hablar del asunto ante los medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha mantenido en los dos últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde 2006 al afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle que circulaban dosieres en los que figuraban su 'número dos' y su 'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.
Esas declaraciones, que para Génova son un ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar que ha causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por Mariano Rajoy y que, a su entender, pone en duda la credibilidad que el líder del PP dijo tener en ella.
Sin embargo, la percepción que tienen algunos miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta. Reprochan que la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera pábulo a las informaciones sobre presunto espionaje abriendo una investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid.
(www.publico.es, 30/01/09)
6. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS EVITA "PONER LA MANO EN EL FUEGO" POR TODOS SUS FUNCIONARIOS
"Hemos hecho una investigación reservada en la consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios. "Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características". Como se temía la oposición, no ha dado explicaciones sobre la trama de espionaje que, según ha destapado EL PAÍS, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detalado sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón. La falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza Aguirre que le destituya.
Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones. Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en una comisión extraordinaria del ramo- para informar sobre cómo su consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Minutos después de las 11.00, Granados ha empezado su comparecencia analizando la actuación del Gobierno regional el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas. Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".
Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual". Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".
(www.elpais.com, 30/01/09)
7. EL TRIBUNAL SUPREMO DECIDE QUE NO SE PUEDE OBJETAR A CIUDADANÍA
Tras dos días y medio de deliberaciones, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido por 22 votos a favor y 7 en contra que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para Educación para la Ciudadanía (EpC), confirmado así la obligatoriedad de la asignatura q. El Supremo ha fallado sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en qué puntos estaban en desacuerdo con la asignatura, y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en qué puntos estaban en desacuerdo. "El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", señala el Supremo en un comunicado.
Desde el pasado lunes, cuando se iniciaron las deliberaciones, los magistrados han acumulado más de 20 horas de debate, porque tales deliberaciones desbordaron el marco inicial (la discusión sobre los citados recursos) y se amplió el campo: el Pleno, integrado por 30 magistrados (aunque uno de ellos no ha estado presente en la votación por motivos médicos) no sólo ha debatido si era posible la objeción de conciencia a la asignatura, sino también si los contenidos de ésta vulneraban el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según reza el artículo 27.3 de la Constitución.
El pronunciamiento del TS unifica la jurisprudencia respecto a esta cuestión, que ha generado centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos.
En febrero de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó en tres fallos similares la pretensión de varios padres de que la Consejería de Educación admitiera la objeción como parte de los derechos constitucionales de libertad religiosa e ideológica. El tribunal precisó que se desconocía el contenido de la materia a la que se oponían las familias y, por tanto, las enseñanzas concretas que pudieran ser contrarias a la libertad ideológica. "Resulta patente que el mero enunciado de una determinada asignatura no afecta a derecho fundamental alguno", argumentó el TSJ de Asturias. Aún más, consideró que el planteamiento general de EpC recogido en la Ley Orgánica de Educación "no puede suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad". Por ello, "no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho de libertad ideológica", ya que "sólo cabe invocar el referido derecho fundamental en relación con el caso concreto en que se desarrollan las citadas enseñanzas".
Por el contrario, el TSJ de Andalucía resolvió un mes después a favor de unos padres a los que la Junta había denegado la objeción para un hijo. La familia argumentó que EpC vulneraba sus derechos fundamentales "a educar a los hijos en la formación religiosa y moral conforme con sus propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa", según la Constitución. Sobre los Reales Decretos que fijan los mínimos de EpC, el tribunal andaluz entendió que emplean conceptos de "indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales". Ante esta situación, el tribunal creyó "razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas (...), pueden estar en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten que se excluya de ella a su hijo". El tribunal andaluz, que fundamentó la sentencia en la jurisprudencia de los tribunales Constitucional, Supremo y Europeo de Derechos Humanos, añadió que la objeción de conciencia es "directamente aplicable" aunque no hubiera sido regulada legislativamente.
En los próximos días, el Supremo dará a conocer la sentencia, previsiblemente con los siete votos particulares, que confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía. Ciudadanos contrarios a la asignatura han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la suspensión cautelar de la obligatoriedad de cursar la materia. Tampoco descartan acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
(www.elpais.com, 28/01/09)
8. EL PP OBVIA EL VARAPALO Y ANIMA A IR AL CONSTITUCIONAL
El PP sufrió un tremendo varapalo a la tesis central en la que se había instalado la cúpula del partido, con Mariano Rajoy a la cabeza, esto es, la defensa a ultranza del derecho a la objeción de conciencia contra Edudación para la Ciudadanía.
Hubo algunas dudas iniciales. Rajoy llegó a desautorizar en plena campaña electoral de 2007 a Esperanza Aguirre, que no quería impartir la asignatura, al decir "la ley hay que cumplirla". Pero al final, en una reunión presidida por Javier Arenas el 22 de septiembre de 2008, la dirección del PP se volcó con la línea dura, la de la Conferencia Episcopal: no a la asignatura, sí a la objeción. Se alejaba así de la más moderada posición de la FERE, la organización que agrupa a los colegios católicos concertados, que aceptan con condiciones la asignatura.
A pesar de esta contundencia, Génova, la sede nacional del partido, no consiguió imponer a todos sus tesis. Castilla y León siempre se ha resistido y no acepta la objeción de conciencia. Fuentes de esta comunidad señalaban que allí sólo hay 153 objeciones reales sobre 351.000 alumnos.
El PP nacional optó por la posición más intransigente, e incluso apoyó la deriva de la Comunidad Valenciana, que trató de imponer la asignatura en inglés hasta que se rindió por la presión de los profesores. Y , tras el varapalo del Supremo, los populares decidieron no dar un paso atrás e incluso animar a los padres a que sigan su lucha y lleguen hasta el Tribunal Constititucional. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que su partido "va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento" de la asignatura Educación para la Ciudadanía y anunció que "respaldará a las actuaciones que emprendan en el futuro los padres" objetores, informa Efe, entre ellas las de acudir al Constitucional.
Pese al varapalo, Alonso trató de limitar el impacto de la sentencia al señalar que ésta rechaza el derecho a objetar pero sólo "en los casos en los que se ha planteado", esto es, que se podrían presentar otros. La contundencia de lo que se conoce de la sentencia -el diputado también señaló que quiere esperar a ver la argumentación jurídica- no ha hecho al PP dudar de la promesa electoral que repitió Rajoy durante la campaña. Según Alonso, cuando llegue al Gobierno el PP suprimirá esta asignatura "que intenta meter doctrina partidista en las aulas".
Alonso trató de rebajar el optimismo que poco antes había transmitido en la misma sala del Congreso el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso. Para el diputado del PP, la sentencia "no le está dando al Gobierno un aval para adoctrinar a nuestros hijos ni se puede entender como una carta blanca para introducir el catecismo socialista".
El portavoz del PP, ex alcalde de Vitoria y uno de los hombres clave del nuevo equipo de Mariano Rajoy, insistió en que su partido seguirá estando con los padres "en la batalla que están dando para defender sus derechos y los de sus hijos". "Les hemos respaldado antes y les vamos a respaldar ahora. Los padres tiene que saber que estamos con ellos", recalcó.
(www.elpais.com, 29/01/09)
9. EL PP RINDE PLEITESÍA A RATO EN PLENA CRISIS
Seis años después de que la varita mágica de José María Aznar reca en el hombro de Mariano Rajoy como su sucesor al frente del partido, el PP rendía pleitesía al gran perdedor de aquella contienda política, Rodrigo Rato, al que la Universidad Rey Juan Carlos nombraba doctor honoris causa de Economía y convertía de nuevo en referente de los populares en plena crisis interna a cuenta del espionaje en Madrid.
Allí estaban, en primera fila, sus antiguos competidores, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja, el ahora revalidado candidato europeo del PP. Y allí también, el presidente fundador, Manuel Fraga, y otros históricos del PP, como Juan José Lucas o Federico Trillo -vicepresidente segundo del Senado y portavoz de Justicia e Interior en el Congreso, respectivamente-. Tampoco faltaron los portavoces parlamentarios, Soraya Sáenz de Santamaría y Pío García-Escudero, y otros pesos pesados de Génova, como el vicesecretario Javier Arenas. Ello, sin contar con Manuel Pizarro, Gabriel Elorriaga, Teófila Martínez... y un compendio de viejos colaboradores de Rato en el Gobierno, como Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, Elena Pisonero, Ramón Aguirre o Vicente Martínez-Pujalte. Los dos grandes ausentes fueron Aznar y Alberto Ruiz-Gallardón, ambos fuera de España.
La presencia del presidente del PP fue, más allá del gesto de cortesía, un factor multiplicador del morbo político del acto.Ni su esforzado silencio sobre la reciente investigación interna abierta en Génova ni su rápida despedida al término del acto evitaron que los juicios sobre su personal gestión de la crisis presidieran las conversaciones del cóctel que siguió al acto académico. Algo a lo que no dejó de contribuir el propio Fraga, cuando, a su entrada, declaró a los medios: "Esto, en mis tiempos, no pasaba. Si alguien intentaba espiar, yo le cascaba".
Esperanza Aguirre también puso su granito de arena al ensalzar las bondades del galardonado. "Es el mejor ministro que ha tenido nunca España y el que sacó al país de la crisis", dijo la presidenta de Madrid, antes de ocupar su asiento en el estrado. "Es un buen amigo y un excelente político", apostilló.
Pero Rato, que hizo gala durante dos horas de una autocomplaciente sonrisa, sobrevoló con impecable determinación la tormenta y hasta el propio ambiente político. Más profesoral que nunca, como correspondía a la ocasión, el ex vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional no dijo una palabra sobre la recesión en España.
En tono monocorde, el nuevo doctor habló de globalización y, desde una perspectiva internacional, explicó la actual crisis como una consecuencia de las dos anteriores -la asiática y la tecnológica- de los años 90. "El Estado", dijo, "resultó entonces un ineficiente e insatisfactorio asignador del crédito, y nada nos hace pensar que eso haya cambiado". No obstante, Rato abogó por extender las actuaciones políticas "hacia regulaciones financieras más estrictas", y a "otros terrenos".
(www.elmundo.es, 29/01/09)
10. SAN GIL Y ORTEGA LARA REAPARECEN JUNTOS EN UN ACTO DE LA FUNDACIÓN DENAES
María San Gil y José Antonio Ortega Lara, dos emblemas de la lucha antiterrorista que salieron espantados del PP de Rajoy, reaparecen en la vida pública de la mano del diputado popular vasco, Santiago Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española –DENAES-. Ambos concurren como invitada y jurado respectivamente en una entrega de premios de la institución. Según Abascal, el acto no es "ni político ni partidista" sino meramente "patriótico" pero, teniendo en cuenta que entre los miembros del jurado estará, además de Ortega Lara, Esperanza Aguirre, un eterno dolor de cabeza para el líder del PP, cabe preguntarse si, en el fondo, el evento no es más que un nuevo desafío a Rajoy.
Desde que María San Gil dejó la política activa hace aproximadamente seis meses, tan sólo ha hecho tres apariciones públicas. La primera y la última, en actos de homenaje a víctimas del terrorismo - a finales de noviembre en la celebración del X aniversario del Colectivo de Víctimas del Terrorismo el País Vasco (COVITE), y hace una semana en un homenaje a Gregorio Ordóñez en el 14 aniversario de su asesinato-.
La más polémica, sin embargo, ha sido su segunda aparición desde Santiago de Chile y de la mano del ex presidente José María Aznar que anunciaba triunfalmente su fichaje para FAES. El hecho fue interpretado inmediatamente como una nueva bofetada del ex mandatario a su sucesor frente al PP.
Y aunque San Gil no había vuelto a pisar Madrid para participar en un acto público, hoy ha salido a la luz que su regreso triunfal a la capital lo hace de la mano de Santiago Abascal, diputado del PP Vasco, en un acto de DENAES al que acudirá en calidad de invitada, informa El Semanal Digital.
En el mismo evento, San Gil coincide con dos jurados excepcionales: José Antonio Ortega Lara y Esperanza Aguirre. El primero abandonó la militancia del PP tras la espantada de la ex presidenta del PP vasco y, precisamente, regresó a la vida pública de la mano de la segunda. Aguirre, además, ha intentado tentar a San Gil con un cargo en su Ejecutivo.
Con tantas voces críticas al liderazgo de Rajoy juntas, es inevitable pensar en un que el acto, que se celebra esta tarde, es una bofetada al jefe de Génova, sin embargo, Abascal ha negado esta mayor aseverando que se trata de un evento meramente "patriótico". "Ni político ni partidista", ha aclarado.(www.elplural.com, 28/01/09)
11. AZNAR PRECONIZA MAYOR LIBERALISMO Y MENOR INTERVENCIÓN ESTATAL PARA SALIR DE LA CRISIS
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, niega que la actual crisis económica certifique el fracaso del liberalismo y de hecho preconiza más flexibilidad y libertad en la economía, menos impuestos, menos intervención estatal y más equilibrio presupestario.
"No es de ninguna manera el fracaso del liberalismo sino el fracaso de los mecanismos actuales de regulación y de intervención del Estado en un sector que está ya muy regulado, el sistema bancario", señala en una entrevista que hoy publica el diario conservador francés Le Figaro.
Para Aznar, ocurre en economía como en política, que "cuando se elije a un mal gobierno ello no cuestiona sin embargo la democraia". Así pues, para salir de la crisis defiende "sobre todo las reformas económicas, más flexibilidad y libertad en el sector económico, menos impuestos, menos gastos, más estabilidad presupuesaria y menos intervención del Estado".
En este sentido y dado que Europa está haciendo justamente lo contrario, Aznar se muestra convencido de que Estados Unidos saldrá de la crisis antes que el Viejo continente. "Los países más intervencionistas serán los países con la crisis más larga, más dura y que tendrán más dificultades para salir.
Los países que opten por la flexibilidad y por la liberalización serán los que empiecen a salir antes", dijo al respecto en la emisora de radio 'Europe 1'. Aznar cree, por tanto, que en Europa la crisis será larga y "para algunos países especialmente peligrosa, como lamentablemente" para España
(www.elpais.com, 24/01/09)
12. PAIS VASCO: MAYOR OREJA SE BORRA DE LA CAMPAÑA VASCA PARA EVITAR ROCES CON EL PP
El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha decidido centrarse en preparar su propia campaña y ha renunciado a participar de manera intensa en la contienda electoral en Euskadi, donde fue líder del partido y candidato a lendakari. Según explican fuentes de su entorno, Mayor Oreja pretende evitar de este modo que los mensajes que lance en el País Vasco sean "interpretados" en clave de conflicto con la dirección y acaben perjudicando al candidato popular, Antonio Basagoiti. Y, de paso, al presidente del PP, Mariano Rajoy.
Ahora que Rajoy está empeñado en centrar el partido, o al menos en que proyecte una imagen de moderación, el político vasco reconoce en privado que su discurso podría tener un efecto opuesto a ese objetivo. Así se lo transmitirá a Basagoiti, según avanzan las citadas fuentes, en una conversación que ambos tienen previsto mantener en los próximos días. El que fuera ministro del Interior en tiempos de Aznar no quiere problemas con el partido. El eurocandidato conservador dará así respuesta a la llamada telefónica que recibió hace unas semanas de Basagoiti, quien le invitó expresamente a participar en los preparativos de la campaña electoral. Ambos quedaron en volver a hablar de este asunto en profundidad.
Y es que el aspirante popular en el País Vasco se juega mucho en la cita electoral del 1 de marzo: como los sondeos no le son muy favorables, necesita conservar el voto de los simpatizantes de su predecesora en el cargo, María San Gil, referente del ala dura del partido que abandonó la organización alegando discrepancias insalvables con Rajoy y con su nueva estrategia, más proclive al entendimiento con los nacionalistas. A tal efecto, Mayor Oreja, que en su día dio el relevo a San Gil, era un buen reclamo para neutralizar el descontento de los votantes que añoran a la hoy colaboradora de Aznar en la FAES.Pero el candidato a las europeas no piensa aceptar la invitación del PP vasco. Como mucho, apuntan desde su entorno, estará "en uno o dos mítines", además del acto que compartirá en Bruselas, el próximo 11 de febrero, con Basagoiti. En realidad, aventuran fuentes conservadoras, "dará igual lo que haga". Si no está en la campaña, "se comentará", pero si participase "se acabaría comentando aún más". Además, Mayor Oreja es consciente de que hay una parte del PP vasco que no ha visto con buenos ojos su reelección como candidato al Parlamento europeo, al entender que su imagen no es positiva para esta etapa.
Estas reflexiones que Mayor Oreja desliza en el ámbito privado son, sin embargo, contradictorias con los discursos que hace en público. El último, en el foro que el PP celebró en Madrid el pasado fin de semana, donde instó a sus compañeros a no alimentar el estereotipo que distingue a los populares entre "duros y blandos, halcones y palomas, renovadores y continuistas", porque lo considera absurdo.
Pero, en periodo preelectoral, pragmatismo obliga. También a Mayor Oreja, que tratará de que la etiqueta de "duro" que arrastra consigo no tenga efectos negativos en las urnas. Especialmente, después de que ese mismo calificativo llevara a Rajoy a cuestionarse durante meses si era el mejor cabeza de cartel.(www.elperiodico.com, 28/01/09)
13. GALICIA. UN CANDIDATO POPULAR GALLEGO ACUSA A SEBASTIÁN DE "SUBNORMALIDAD"
El número dos de la candidatura del PP de A Coruña en las próximas elecciones autonómicas, Pedro Arias, describió como "autarquía de subnormalidad mental" la idea del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de promover el consumo de productos fabricados en España como una fórmula para paliar la crisis.
Arias hizo estas declaraciones en el acto de presentación de la candidatura coruñesa del PP. En su discurso, Arias también afirmó que "Goebbels es un puro aprendiz de este Gobierno, que lo está manipulando todo". El candidato comparó así al Ejecutivo con el que fue jefe de propaganda nazi.
La dirección del PSOE pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, que desautorizara las palabras de Arias y que este rectificara de inmediato. Los socialistas gallegos se preguntaron si este va a ser el tono de la campaña de los populares en Galicia.(www.elmundo.es, 29/01/09)
14. GALICIA. BALTAR CONTRATA A 33 PORTEROS PARA UN CENTRO CON DOS PUERTAS
El edificio cultural de la Diputación de Ourense, Simeón, destinado a sala de exposiciones y, eventualmente, a la celebración de conferencias, tiene dos puertas de acceso y 11 porteros en plantilla. En los dos últimos años, ambos electorales, la cifra se disparó: José Luis Baltar, presidente de la Diputación y del PP, contrató a otros 22 porteros eventuales.
Lo denunció el portavoz del PSOE en la Diputación, Alfredo García, quien aseguró que en los documentos que le remitió la institución en respuesta a una pregunta de su grupo consta que, en 2007, Baltar realizó 470 contratos temporales y, en 2008, 490. La plantilla de la Diputación es de unos 600. "Contrata agentes electorales con dinero público", acusó. El socialista contrastó "la evidencia del descontrol" de los empleos y de la gestión de fondos públicos con "el férreo control de intereses y voluntades" de los contratados a la hora de votar.
El portavoz socialista y alcalde de O Barco aseguró que muchos de los contratados se han quejado de que se sienten "coaccionados políticamente tiempo después de finalizado el periodo de trabajo", que suele durar entre 3 y 6 meses. "No hay peor favor que aquel que no se paga nunca", señala Alfredo García, para destacar la "obligación de por vida al PP" que contraen los beneficiarios. "Aunque ellos también son culpables", matiza el socialista. Y aumenta la lista de responsables con los "diputados provinciales del PP que aprueban esto en los plenos porque, después, cuando hablas con ellos ninguno sabe nada".
Pero, según la lista que tiene el PSOE, que renuncia a facilitar nombres, buena parte de los cerca de 1.000 empleados temporales de los dos últimos dos años están vinculados al PP. "Son hijos o familiares de cargos de ese partido", señala. Y puntualiza que al menos 76 de los contratados fueron en candidaturas del PP en las últimas elecciones. A estos hay que añadir la parentela, "porque hay hermanos, primos y demás familia".
El PSOE sostiene que cada vez que se aproximan unas elecciones los empleos se disparan en la institución provincial, y "estos días están contratando más, porque falta un mes para las autonómicas". Los socialistas apelan a los votantes ante el 1 de marzo. "Basta ya de caciquismo, de este poder absoluto", reclama el portavoz, quien calcula en cerca de un millón de euros anuales el coste para las arcas provinciales de este "clientelismo".
Además de los 22 porteros del edificio Simeón, la Diputación contrató en los dos últimos años a 16 operarios limpiadores eventuales, que se suman también a los de plantilla, para el Teatro Principal. "No sabemos si la programación es fuera de serie, pero no nos cabe duda de que el teatro debe estar como los chorros del oro", aventura el socialista.
Mientras tanto, la Diputación destinará este año 32 millones de euros, de un presupuesto de 86 millones, al gasto en personal. "Aunque esta es una cifra inexacta", sostiene García, porque "cada año electoral hay que recurrir a una modificación de crédito para aumentarla". Apenas 24 horas antes de la denuncia de los socialistas, Baltar anunció la creación de 500 empleos en la provincia a través del programa Innova, financiado por el Fondo Social Europeo y la Diputación.
(www.elpais.com, 29/01/09)
15. ANDALUCÍA. MARBELLA MANTIENE AL INTERVENTOR DE GIL Y LE PAGA 115.000 EUROS
Juan Antonio Castro, interventor del Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, cobra 115.054 euros al año, una cifra similar al sueldo del alcalde de Madrid, la mayor ciudad de España, y muy por encima del salario medio de sus colegas en la provincia de Málaga, que no llega a los 70.000 euros.
Castro fue el interventor de los gobiernos gilistas, que sumieron Marbella en la corrupción, y está imputado en varias causas urbanísticas. Su labor ha sido también muy cuestionada por el Tribunal de Cuentas: "El sistema [gilista de corrupción] pudo permanecer [entre otras cosas] porque no existió control a posteriori, a pesar de que la ley obligaba al interventor".
Su salario depende en gran medida de una decisión discrecional del ayuntamiento. El PP tiene mayoría absoluta. "Si bien depende del Pleno, este equipo de gobierno ha optado por no revisar las retribuciones de ningún habilitado nacional [interventor, secretario, tesorero] independientemente de que nos pareciera bien o mal", explicó a Público Félix Romero, portavoz municipal. Otras fuentes afirman que Castro es mayor y que el PP está esperando a que se jubile. Castro utilizó el Rolls de Gil para la boda de su hija, según declaró Marisol Yagüe a la justicia.
La comisión gestora, que dirigió el consistorio desde su disolución en abril de 2006 hasta los comicios de 2007, instó al Ministerio de Administraciones Públicas a que apartase a Castro. Esto no se llevó a cabo debido a que el encargado de sacar adelante el asunto tuvo un accidente, según ex miembros de la gestora. Entonces, se decidió nombrar un viceinterventor, Manuel Fernández, para que controlase las actividades de Castro. La gestora también le anuló la ayuda a la vivienda por la que percibió 53.084 euros entre 2002 y 2006, hasta 2004 fuera de nómina. Sin embargo, a finales del año pasado, Fernández fue destituido. El PP lo justificó en recortes económicos y en que sólo podía hacerse cargo de lo que Castro quería.
(www.publico.es, 29/01/09)
16. COMUNIDAD DE MADRID. CONTINÚA EL ESCÁNDALO: AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
Parece que los dossiers siguen dando mucho de sí. La Cadena SER ha revelado cómo el Gobierno regional de Esperanza Aguirre adjudicó supuestamente contratos y subvenciones por un valor de 2.340.000 euros a la socia de la mujer del vicepresidente autonómico Ignacio González. El perfil de la beneficiada, Carmen Cafranga, resulta altamente relevante: consejera y miembro de la Comisión de Control de Cajamadrid, Cafranga es socia de una firma de subastas de obras de arte presidida por la esposa de González, Lourdes Cavero. Además, según la misma fuente, Cafranga es amiga personal de la esposa del ex presidente Aznar, Ana Botella.
"Subastas Segre· es el nombre de una firma de subastas de obras de arte presidida por Lourdes Cavero, esposa del vicepresidente autonómico Ignacio González. Tal sociedad cuenta como secretaria general con Carmen Cafranga, y obtuvo en 2007 unos beneficios que superaron el medio millón de euros. Cafranga destaca también por ser consejera y formar parte de la Comisión de Control de Cajamadrid, organismo del cual dependerá la nominación de consejeros que en el próximo mes de junio designarán al nuevo presidente. Es de sobra conocida la pugna entre Aguirre, Gallardón y Mariano Rajoy por mantener o quitar al actual presidente de la segunda caja de ahorros española, Miguel Blesa. No es mucho suponer que el voto de Cafranga es favorable a las tesis aguirristas.
Pero las actividades de Carmen Cafranga no quedan ahí. Según informa la SER, Cafranga, propietaria de varias empresas y una fundación, habría recibido supuestamente 2.340.000 de euros en concepto de adjudicaciones y subvenciones destinadas a los entes que preside. Más concretamente, las consejerías de Empleo y mujer y la de Asuntos sociales le habrían adjudicado la gestión de varios centros ocupacionales y de día. Así mismo Carmen Cafranga habría recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.
(www.elplural.com, 30/01/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. LOS CONTRATOS SOSPECHOSOS DE GONZÁLEZ
El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?
Los datos que constan en los dos dossiers elaborados sobre las actividades de González, junto a otras informaciones que manejó el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, permiten concluir que hay al menos cinco concesiones públicas que levantaron sospechas entre los propios compañeros del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, se desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas/año de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector". Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente. Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret. Los datos de esta adjudicación fueron publicados por Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión". Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain. Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es, 29/01/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. "MARTÍN MARÍN ME PIDIÓ QUE RECALIFICARA SUELOS PROTEGIDOS"
El arquitecto Pedro Ortiz, un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, aseguró en la Cadena Ser que uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y antiguo dirigente del PP, Pedro Antonio Martín Marín, le pidió que recalificara ilegalmente una finca que éste poseía en Collado Villalba.
Los hechos ocurrieron, según contó Ortiz a este periódico, a principios de su mandato como director General de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (entre 1995 y 1999): "No recuerdo si fue en el 95 o en el 96, pero fue muy al principio. Martín Marín vino a mi despacho y me pidió que recalificara aquellos terrenos. Estaban en el parque Regional del Manzanares, así que le expliqué que era imposible urbanizar allí porque atentaba contra el medio ambiente y además era ilegal". "Y él me respondió que tampoco era tan grave", relató Ortiz.
Según el ex director general, su negativa a las peticiones de Martín Marín, hicieron que éste presionara en más altas instancias. "Sé que me puso a parir, pero al menos en mi mandato no consiguió lo que buscaba", comentó Ortiz. Según publicó este periódico en un artículo de mayo de 1997, la fiscalía acusó al Ayuntamiento de Collado Villalba, entonces gobernado por el PP, de haber ocultado a la Comunidad de Madrid que la finca de 23 hectáreas llamada Arroyo Arriba, en vías de ser recalificada, tenía especial protección ecológica. Parte de los suelos de aquella propiedad eran del entonces secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Marín Marín.
En aquella ocasión, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que la recalificación se había denegado definitivamente. El fiscal, en su escrito dirigido al Ayuntamiento, calificó el intento municipal de levantar chalés en la zona protegida como algo "absolutamente injustificado". "Su carácter de suelo de alta protección ecológica fue configurado en virtud de colindar con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, así como por el estado de buena conservación del medio natural que concurre en el citado espacio", esgrimió el fiscal.
La presunta trama de espionaje revelada por este periódico y que afecta al Gobierno regional y al PP, roza a Pedro Martín Marín en el viaje que realizó con Ignacio González a. En aquel viaje también estaba Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa. Los espías elaboraron un dossier donde se apuntaba que Sánchez González, que ha recibido contratos multimillonarios en el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, le había regalado el viaje a Johanesburgo.
Pedro Antonio Martín Marín, ex concejal de la UCD de la localidad, empresario y alto cargo en el gobierno de Aznar (fue secretario de estado de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes), es también amigo de Ignacio González, la mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad. Martín Marín desciende de un ex alcalde de Collado Villalba, Juan Martín Galache, que gobernó el muncipio poco después de la Guerra Civil. Su familia era propietaria de muchos terrenos del municipio.
(www.elpais.com, 30/01/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. PROPINAS A DEDO EN LA ASAMBLEA
La presidenta de la Cámara gratifica a 13 miembros de su gabinete con pagas de entre 500 y 1.000 euros por "los trabajos realizados" en la celebración del 25 aniversario. A los funcionarios, que lo han solicitado, se les ha denegado. El 17 de julio los miembros del Gabinete de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, recibieron un inesperado regalo de 500 euros, en unos casos, 600 en otros y 1.000 en el mejor de ellos. ¿El motivo? La decisión discrecional de la presidenta, que respondía así al "buen trabajo" de los suyos durante la celebración de los 25 años de la Asamblea.
"Se trata de una gratificación por el exceso de horario. Los funcionarios tienen su convenio. Se trata del mecanismo que tiene la Asamblea para hacerlo", precisó un portavoz de la Cámara.Los trabajadores que están en el Gabinete de la Presidencia están elegidos a dedo y, por lo tanto, no fichan. Es decir, no hay forma de controlar su horario. Preguntado sobre el método que se ha seguido para hacer la estimación económica de la paga extra, precisó que la cantidad la fijó la directora de Gabinete, Susana Andrade. "Lo hemos hecho tirando por lo bajo", aclara.
"No es la primera vez que se hace. Todos los presidentes de la Asamblea lo han realizado", asegura. Preguntado por la fecha, el concepto y la gratificación que hicieron, la fuente informante dijo "no poder aportar esos datos". Según la documentación que obra en poder de este periódico, hasta 13 personas del Gabinete de la presidenta fueron gratificados por Elvira Rodríguez en pleno julio de crisis económica.
Pero la cuestión tiene aún una vuelta de tuerca. Los trabajadores solicitaron más de un mes antes, el 11 de junio, al órgano de Gobierno de la Cámara, la Mesa, -en donde están representados todos los partidos- "una gratificación extraordinaria para el personal", según consta en el escrito de la Candidatura Unitaria Funcionarios Asamblea de Madrid, que tiene fecha de 21 de julio. Entendían los trabajadores que "todos los departamentos" del Parlamento regional "han realizado un esfuerzo adicional" con motivo de la celebración del XXV Aniversario. La cantidad que solicitaban era de "400 euros".
Los miembros de la Mesa tumbaron la iniciativa de los trabajadores.El 27 de octubre del pasado año el presidente de la Junta de Personal hizo llegar, a través de un escrito, el "malestar" de los trabajadores por la negativa, "máxime cuando hemos tenido conocimiento que el personal eventual de la Cámara sí ha sido gratificado por este motivo", según consta en el escrito. "Nos parece que esto responde a un trato discriminatorio del personal funcionario de la Cámara y que no valora el esfuerzo realizado por este personal para que esta celebración haya podido tener lugar". Dos días después, volvía a dirigirse a la Mesa para conocer "su parecer" por esas gratificaciones "que se vienen concediendo con carácter periódico".
Pero la gota que colmó el vaso fue que se les separase de los diputados en la tradicional Copa de Navidad. "Supone un agravio que recuerda a viejos momentos históricos". La Asamblea organizó un evento navideño para ellos en otra fecha. Los trabajadores entienden que se les ha separado.
(www.elmundo.es, 28/01/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. "MANIFIESTA FALTA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD"
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, acentúa su rebelión frente a Esperanza Aguirre en plena crisis política por el espionaje.El pasado día 26, tras una semana de escándalo político en la Comunidad de Madrid por presuntos espionajes ilegales, Blesa remitió una carta al consejero madrileño de Hacienda, Antonio Beteta, en la que, por primera vez, explicita de su puño y letra su decisión de desobedecer al Ejecutivo regional, "dada la manifiesta falta de competencia de la comunidad autonómica madrileña".
Así se expresa Blesa en la carta de tres páginas y de la que reproduce unos párrafos.
El presidente de Caja Madrid responde así, nueve días después, a una carta que le remitió Beteta el pasado día 17, en la que le conminaba a aceptar que el presidente legítimo de la Comisión de Control es Pablo Abejas y que el favorito de Blesa en este organismo, el gallardonista Fernando Serrano, está suspendido cautelarmente de funciones por incompatibilidad.
En opinión del hombre de confianza de Aguirre, Serrano no puede ser miembro de la Comisión de Control y, al tiempo, defensor del contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid con rango de director general.
Beteta abortaba así, con un expediente sancionador al proclamado sustituto de Abejas, lo ocurrido el pasado día 16. Ese día, Serrano -apoyado por Blesa y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón- dio un golpe de mano y se erigió en nuevo presidente de la Comisión de Control. Se trata del órgano clave para conseguir que la nueva Ley de Cajas que ha impulsado Aguirre no se aplique al actual proceso de renovación de la cúpula de la entidad y, así, no recorte este año ni el poder del Ayuntamiento ni las posibilidades de reelección de Blesa.
En opinión de éste, Beteta no es quién para suspender cautelarmente a Serrano como miembro de la Comisión de Control. "No es posible que órgano alguno distinto de la Comisión de Control pueda apreciar la posible existencia de una causa de incompatibilidad y, menos aún, la adopción de medidas destinadas a la suspensión o cese de los miembros de la citada Comisión por este motivo". Y alega que el 25 de julio de 2007 nadie protestó cuando conoció la doble condición de Serrano.
"Por ello, dada la manifiesta falta de competencia de la Administración autonómica madrileña para decretar la suspensión (...), se estima válida la participación de don Fernando Serrano Antón". Además, Serrano se ha inscrito posteriormente en el Registro Mercantil con poderes concedidos por Caja Madrid. El desafío no puede ser más claro porque, en la carta de Beteta éste sentenciaba: "La caja no debe otorgar validez alguna a cualquier acto dictado por don Fernando Serrano".
El consejero autonómico recordó a Blesa que cualquier desobediencia a sus instrucciones será objeto "de la aplicación de las normas sancionadoras vigentes". Es decir, que Blesa podría ser desde multado con 150.000 euros a inhabilitado. La carta de Blesa abre, así, una nueva espiral en el enfrentamiento entre entidad tutelada y Administración que tutela. El presidente de Caja Madrid tiene también la obligación esta semana de remitir a Beteta un proyecto de estatutos adaptado a la nueva Ley de Cajas. Es decir, una nueva norma interna de la entidad que recoja cambios para el proceso de renovación de cargos que deberá concluir el próximo septiembre.
La intención de Blesa, que preside hoy un Consejo de Administración al respecto, es elaborar unos estatutos que ignoren aspectos que Aguirre considera claves para restar poder al Ayuntamiento de Madrid. Es posible que ni siquiera los someta a votación.El consejero socialista Ramón Espinar planteó evitar el voto para no mostrar más fracturas en la caja.
(www.elmundo.es, 29/01/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. LA RADIO-TELEVISIÓN PÚBLICA MADRILEÑA RETOMA LOS PAROS EN FEBRERO
La Asamblea de trabajadores de Onda Madrid y Telemadrid ha aprobado una nueva serie de movilizaciones "contra la destrucción de empleo" y la viabilidad del Ente, del que en el último año han desaparecido más de 120 empleos, "ninguno de ellos directivos". Los paros, que ya se tradujeron en cortes de emisión en junio del pasado año, volverán así a los medios públicos madrileños todos los viernes del mes de febrero.
Los últimos despidos en el Ente Público Radio Televisión Madrid han incrementado el malestar de los trabajadores y las denuncias sobre un "ERE encubierto"
para sustituir profesionales vinculados a la casas desde hace años por periodistas del gusto del PP de Esperanza Aguirre, éstos últimos con contratos fuera de convenio.
Los trabajadores tanto de Onda Madrid como de Telemadrid, reunidos en asamblea el pasado viernes, acordaron "por amplísima mayoría" reanudar los paros "contra la destrucción de empleo, por la internacionalización del trabajo y por la viabilidad" de los medios públicos dependientes de la Comunidad, según un comunicado del Comité de Empresa integrado por los sindicatos UGT, CGT y CCOO.
Así, el comunicado denuncia que en el último año se han perdido 120 empleos en el Ente y "ninguno de ellos directivo". La asamblea también decidió "informar" por escrito a la presidenta Aguirre "del desmantelamiento progresivo" de los medios públicos madrileños y "el despilfarro de dinero público a favor de empresas y productoras privadas". "Las movilizaciones no cesarán hasta conseguir un acuerdo que garantice el futuro de la radio-televisión pública de todos los madrileños", advierten.
Los paros se celebrarán durante dos horas cada viernes de febrero en Onda Madrid, en Telemadrid, en ambas y en toda la empresa en las sucesivas cuatro semanas. Las movilizaciones de junio del pasado año ya dejaron sin emisión a la radio y a la televisión por la negativa de la dirección a convocar los servicios mínimos, lo que en esta ocasión todavía no está resuelto.(
www.elplural.com, 29/01/09)22. COMUNIDAD DE MADRID. MONTES SE QUERELLA CONTRA LAMELA Y SUS EXPERTOS POR DENUNCIA FALSA
Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha presentado una querella en el juzgado contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela por denuncia falsa. En su escrito, Montes se querella también contra seis de los médicos (entre ellos el prestigioso Hernán Cortés, oncólogo del 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos) que emitieron un informe encargado por la consejería en el que, con errores de bulto, acusaron a Montes y su equipo de sedaciones fuera de la lex artis (regla de actuación). El juzgado que investigó el caso ya archivó la denuncia de la Consejería.
"Quiero ver a Lamela en el banquillo". Luis Montes termina así sus conferencias. Desde que la Audiencia de Madrid archivó el asunto, en enero de 2008, sus abogados han preparado una querella (más fundamentada que una denuncia) contra el ex consejero que instigó el caso Leganés. El resultado, un escrito de 46 folios, en el que afirman que las sedaciones en urgencias que Lamela acabó denunciando "habían sido conocidos, investigados e inspeccionados por Sanidad" en 2003. Entonces la consejería, en manos del PP, recibió una denuncia anónima similar a la que le llegó a Lamela dos años después y concluyó que no había irregularidades.
La querella relata cómo, a partir de una denuncia anónima, el 8 de marzo de 2005, Lamela le pide a su segundo, Arturo Canalda, que lo investigue. Éste le replica que las investigaciones previas no habían encontrado "indicios de mala praxis". Dos días después, Lamela denuncia el caso a la fiscalía. Lamela ordenó investigar las muertes en urgencias entre octubre de 2003 y marzo de 2005. Los inspectores concluyen que no pueden decir que los pacientes, todos terminales, murieran por la sedación. Luego crea una comisión de expertos que halla 73 casos de muerte en que "la sedación fue realizada fuera de la lex artis". Con ese informe, Lamela presenta una denuncia en el juzgado y desactiva la investigación del fiscal, que se preparaba para archivar el caso. Las decisiones del ex consejero demuestran, según la querella, que la verdadera intención de Lamela no era "esclarecer los hechos" sino presentar una denuncia falsa. Además, acusa al consejero de "falsedad al haber participado, ordenado o cooperado en la confección deliberada del informe del comité de expertos con la única finalidad de acreditar unas valoraciones absolutamente mendaces que indujeron a error y produjeron grave descrédito en los profesionales".
Pero además, carga contra los médicos de la Comisión Lamela, algunos de ellos figuras muy relevantes de la medicina, por "haber elaborado un informe con unas conclusiones predeterminadas, equivocadas e incriminatorias" para lo que "no tuvieron inconveniente en tergiversar conceptos médicos (...) y emitir unas conclusiones carentes de método y de criterio". "Como su quehacer profesional y su buen nombre no tiene reparación económica posible", Montes y Miguel López, reclaman un euro como indemnización.
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www.elpais.com, 28/01/09)23. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SÍNDIC ALERTA DEL PODER QUE QUIERE "OCUPAR TODO EL ESCENARIO PÚBLICO"
Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones; Paqui Viciano, ex alcaldesa socialista de Dénia derribada por una moción de censura con apoyo de un tránsfuga; y Mònica Oltra, portavoz de Compromís en las Cortes, compartieron las dificultades para el ejercicio de sus funciones institucionales cuando el poder que ejerce de forma hegemónica el PP pretende "ocupar todo el escenario público". Caballero parafraseó a Federico Mayor Zaragoza, director de la Unesco, para lamentar la obsesión absolutista que impregna los gestos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Caballero, Viciano y Oltra participaron en un foro sobre el Deterioro de la democracia organizado por Valencians pel Canvi. La Síndic de Greuges ha sido objeto de una persecución implacable de parte del PP desde que ocupa el cargo de forma interina, pero prefirió referirse a "la salud de la democracia, por puro respeto institucional". Si Viciano y Oltra expresaron en primera persona los agravios a los que han sido sometidas en su posición institucional por parte del PP y desde otros "intereses particulares", Caballero prefirió abordar una reflexión más amplia. "Hemos evolucionado a peor desde la Transición", dijo, "salimos de una dictadura feroz y los usos modos y costumbres de 40 años no se disuelven como un azucarillo, solo si hay pedagogía desde las instituciones. El franquismo no es un sistema político, es una cultura del silencio metida en el alma de la gente. Toda una generación transgresora y democrática se nos perdió en el exilio y aquí nos quedamos en el silencio más absoluto. Tenemos mucha pedagogía que hacer. En otros países con mayor tradición democrática, el poder, al menos, tiene vergüenza".
La Síndic recordó que su papel como "comisionado de las Cortes" exige la más absoluta "independencia" para poder defender a los ciudadanos de los abusos del poder. Y citó, perpleja, una de las perlas que algún dirigente del PP lanzó en su contra. "Vamos a controlar a la Síndic, decían, pero no era yo la que tenía que controlarles a ellos". El comentario despertó las risas del público. Tanto Oltra como Viciano detallaron "la angustia" que implica el desamparo de concejales y diputados autonómicos cuando las mayorías absolutas imponen su criterio sin ningún respeto a los mecanismos institucionales.
La portavoz de Compromís reclamó modificaciones legales para que los tribunales puedan resolver los agravios que sufren los representantes públicos por abusos del poder. "Si hay que esperar cuatro o cinco años para que un tribunal decida si un diputado tenía derecho a determinada documentación, no hay tutela legal efectiva", señaló.
Viciano, por su parte, recordó que fue desplazada de la alcaldía cuando se revisaba el Plan General de Ordenación Urbana de Dénia; cómo "los grandes promotores y constructores" alentaron sucesivos pleitos contra su gestión; y cómo el actual "pentapartito en el gobierno está en manos del concejal socialista tránsfuga" que le arrebató la alcaldía. Y lamentó, como Oltra, que todos los recursos planteados contra decisiones del actual gobierno municipal puedan retrasarse durante años mientras los vecinos de Dénia sufren "la bofetada democrática que es el transfuguismo".
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www.elpais.com, 28/01/09)24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA BENEFICIADA MILLONARIAMENTE POR CAMPS ACOGE A AMIGOS DE AZNAR, VILLALONGA Y ALEJANDRO AGAG
La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.
La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto,
inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por "infracción grave", al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.
El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también alNo se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín,
que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario.Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.
Según este diario, "el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad". Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.
Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.
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www.elplural.com, 28/01/09)25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL NO SE DA POR ALUDIDO
El Gobierno valenciano indicó que "acata" la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía pero ha añadido que entiende que "el fallo, lógicamente, no afecta en absoluto al modo de impartir la asignatura en la Comunitat".
Así, a través de un comunicado de la Consellería de Educación, este gobierno se ha referido a "la lengua vehicular recogida en la orden que regula Ciudadanía" en la Comunitat Valenciana, por lo que ha recalcado que "se va a continuar con el régimen que en estos momentos se está dando en cada centro".
Una Orden de la Generalitat, de fecha 11 de junio del pasado año, recogía que los alumnos valencianos que cursen Educación para la Ciudadanía lo harán en inglés o, como opción B, harán un trabajo con un "enfoque transversal", elegido "con el consentimiento de la familia" y que permita acceder a los contenidos de la materia.En un comunicado, el Consell, tras conocer la sentencia del Supremo, ha explicado que por ahora, sólo se conoce el fallo de la sentencia respecto a la objeción, "por lo que habrá que esperar a que se haga pública para conocer el alcance de la resolución judicial y si afectará a cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura". Además, el ejecutivo valenciano ha lamentado que "la falta de voluntad de consenso inicial por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya provocado división en la sociedad y haya judicializado este tema de una manera no deseable".
La secretaria de Educación del PSPV, Pilar Sarrión, aseguró que la resolución del Supremo "reafirma que el PP desprecia la educación de los valencianos". La responsable socialista considera que "el PP, Francisco Camps y el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, han hecho el ridículo más espantoso, en un ejercicio de irresponsabilidad sin parangón".
Sarrión lamenta el "caos provocado" por el PP con motivo de la asignatura es "la gota que colma el vaso del modelo de política educativa del Gobierno de Camps", que se encuentra, a su juicio, "claramente agotado" y que "ha colocado a la C. Valenciana a la cabeza del fracaso escolar temprano, un porcentaje muy elevado de jóvenes que carece de bachillerato o formación profesional y que ha sembrado el territorio valenciano con 1.300 barracones", subrayó.
Esquerra Unida manifestó su satisfacción por el fallo del Supremo ya que "garantiza el derecho a la educación por encima de intereses particulares", aseguró Glòria Marcos, coordinadora general de EU y diputada autonómica. Marcos se felicita porque la decisión del Supremo pone "punto y final" a la reacción que han desarrollado los "grupos neofundamentalistas y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP", poniendo trabas al desarrollo de Educación para la Ciudadanía. Marcos ha exigido responsabilidades políticas, y ha señalado que "Camps debe cesar al conseller Font de Mora, que tan activa y alegremente ha participado en el boicot al cumplimiento de la ley con esperpentos como la obligación de impartirla en inglés o el despropósito de que fueran los padres los que eligieran el temario".
La plataforma Valencia Educa en Libertad (VAEL) aseguró , tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de que no se puede objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), que animará a las familias que aún no hayan objetado a que lo hagan y a los objetores -que el colectivo cifra en unos 6.000 en la Comunitat Valenciana- a continuar pleiteando "hasta las últimas consecuencias".
El portavoz de la agrupación, José Carlos Muñoz recalcó que los miembros de la plataforma están "plenamente convencidos de que nos asiste la razón". Por ello, avanzó que van a seguir animando a las familias que estén "convencidas" a que objeten y, como se les denegará esta opción, a que, "si siguen seguras", insistan en la vía judicial "hasta las últimas consecuencias".
Valencia Educa en Libertad les ofrecerá "todo el asesoramiento que necesiten para los trámites burocráticos y el ejercicio de los recursos", garantizó. Muñoz interpreta que la sentencia del Supremo "no se trata de una negativa tajante" y que habrá que analizar caso por caso, según opinaban algunas fuentes.
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www.levante-emv.com, 29/01/09)26. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS 'DEBERES' DE LA JUEZ DE FABRA
La juez de refuerzo para Nules dejará el trabajo de su compañera reducido a casi la mitad. De los casi 3.600 casos, entre diligencias previas penales y asuntos civiles, que durante el año pasado recibió el juzgado número 1 de Nules, la juez de refuerzo se hará cargo de todos los civiles, con lo que pasará a tramitar cerca de 1.500 expedientes. Los demás, los penales, quedarán en manos de quien, desde noviembre de 2007, se hace cargo del juzgado, una juez, sustituta, la octava responsable también del caso Fabra.
La última diligencia practicada se remonta al mes de septiembre, cuando autorizó a los peritos judiciales a que acudieran a los bancos, acompañados de la policía, para reclamar la documentación que las entidades no habían facilitado. Esta información resulta crucial para la elaboración del informe en el que se cruzarán los datos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de su familia, con los movimientos en sus cuentas.
Desde entonces, se ha cumplido el quinto aniversario del llamado caso Fabra, por el que se investiga al presidente provincial del PP ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Una vez descargada de trabajo, la juez cuenta con tiempo para tratar de agilizar el caso, si quiere. Sus posibilidades, pese a lo adelantado de la instrucción, no son banales.
El escrito por el que el juzgado autorizó la realización del informe de los peritos inspectores de Hacienda es de mayo de 2005. Como en el resto de pruebas aprobadas, Carlos Fabra recurrió la decisión y un año después la Audiencia provincial avaló la decisión del juzgado y dio vía libre a la recopilación de información. Dos años y medio después, el informe aún no se ha concluido. Algunos bancos y cajas de ahorro suministraron la información por goteo. Pero hasta septiembre, momento en el que los peritos acudieron a las entidades junto a la policía para reclamar exactamente lo que querían, tampoco hubo nadie que les apercibiera o recriminara su lentitud. Además, la última titular del juzgado número 1 de Nules dictó que el acceso a esta información por parte de los peritos se hiciera "ordenadamente", que después de una cosa, se estudiara otra. Y los peritos tampoco utilizaron ninguna argucia legal para aligerar la transmisión de esa información.
La documentación ya está acumulada y la juez, que ahora tiene más tiempo, podría actuar con la misma diligencia que lo hizo en septiembre y reclamar, exigir, la presentación del informe o la designación de cierta exclusividad para que los técnicos saquen adelante el trabajo de un proceso que lleva abierto cinco años y que ha causado alarma social. Estos peritos inspectores dependen de la fiscalía anticorrupción, pero tampoco el fiscal que lleva el caso les ha reclamado premura.
En diciembre de 2007, la acusación popular solicitó la práctica de una nueva prueba. La petición no ha sido ni contestada, con lo que la juez también podría responder a este escrito.
Carlos Fabra nunca ha sido interrogado por la denuncia presentada por la Agencia Tributaria que, tras comprobar sus ingresos y declaraciones de renta del ejercicio de 1999, le acusó de impago de cuotas y desveló un desfase de 600.000 euros. Según la denuncia, las cuentas de Fabra y de su familia presentaban este volumen de ingresos sin que estuviera acreditada su procedencia. La juez le llamó entonces a declarar para que explicara el origen del dinero, pero el presidente de la Diputación se acogió a su derecho a no hacerlo porque había recurrido la denuncia. Su recurso fue visto y desestimado y las jueces, titulares y sustitutas, que desde entonces han pasado por el juzgado, no volvieron a reclamar sus explicaciones. El propio Fabra ha manifestado en más de una ocasión su deseo de que la investigación a la que está sometido concluya. También el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, arengó hace unos días con una petición para que Carlos Fabra pueda defenderse "donde le corresponde, que es en los juzgados". Sin embargo, al igual que dispone del derecho a no declarar, el imputado también tiene en su mano otro derecho, el de acudir al juez tantas veces como considere oportunidades para explicar estos desfases. Y Carlos Fabra no lo ha hecho y su partido, el PP, tampoco se lo ha reclamado.
La juez podría llamarle a declarar por esta acusación y, con sus explicaciones, el presidente del PP castellonense podría arrojar algo de luz al caso, sobre todo en lo que se refiere a su incremento patrimonial y a sus cuentas. Así, quizá, los peritos también contarían con alguna pista para concluir su informe.
Las diligencias del caso Fabra suman sus folios por decenas de miles. La juez que más tiempo ha permanecido en el número 1 de Nules estuvo poco más de dos años y, después, pidió el traslado. Las otras seis que precedieron a la actual pasaron meses en la plaza, con un importante volumen de trabajo y un caso especialmente complejo por la índole de los delitos, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas... La actual juez estará hasta julio, en el caso de que algún nuevo juez reclame la plaza para cubrirla como titular, o hasta enero de 2010, en que habrá otro concurso de destinos, o no se sabe hasta cuándo. De momento, el margen de maniobra que tiene, aunque importante, es limitado. Otra cosa será cuando llegue el esperado informe, momento en el que habrá de estudiar, analizar y determinar si es suficiente para decretar la apertura de juicio oral, si pide más pruebas, si interroga a alguien más o si archiva la causa.
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www.elpais.com, 30/01/09)27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP EXPULSA DEL GRUPO MUNICIPAL AL CONCEJAL QUE DEFIENDE A ESTELLÉS
El grupo municipal popular de Burjassot ha cerrado filas en torno a su portavoz y presidenta local, Cristina Subiela. En un comunicado los ediles adelantan que han acordado expulsar del grupo al número dos en las pasadas elecciones, Julio Talavera. Está previsto que se dé cuenta de la decisión en el pleno de hoy. Tras meses de crisis, el concejal hizo pública la ruptura del grupo la pasada semana. Y defendió, entre otras cuestiones, que el partido había tomado decisiones para apartarle de los órganos de decisión y forzarle a dimitir. Afirmó que la ruptura se generó "principalmente" desde sus declaraciones de apoyo a Vicent Andrés Estellés, en las que argumentó que había sido "políticamente maltratado desde los sectores más conservadores del PP de Burjassot". Y planteó que su partido debía realizar una reflexión para "rehabilitar la figura" del poeta.
Subiela, puntualizó que la crisis del grupo "no tiene relación con Vicent Andrés Estellés" sino con "infracciones graves" de los estatutos del partido. Los ocho concejales del PP afirman que "son rotundamente falsas las imputaciones injuriosas y calumniosas vertidas contra la portavoz por Julio Talavera, que suponemos, las realizó en un momento de desesperación ante el conocimiento de la existencia de un expediente disciplinario abierto contra su persona". Y añaden que "al contrario, ha sido Talavera el que durante meses y en presencia nuestra y de testigos, ha faltado al respeto, presionando e insultando a la portavoz en reiteradas ocasiones, así como al resto de concejales".
El grupo del PP indicó que el hasta ahora número dos "reiteradamente ha cuestionado las directrices de la dirección local, regional y nacional del PP en público como en privado". También defienden que el edil "no quiere trabajar en beneficio de los ciudadanos de Burjassot, lo que quiere es aprovecharse del cargo público que ostenta en su propio beneficio" y explicaron que "sólo quiere pertenecer a la comisión de urbanismo, y ha utilizado su condición de concejal para visitar otros ayuntamientos para averiguar la situación administrativa de posibles programas urbanísticos". Los ediles indican que "se le ha solicitado reiteradamente que modificara su comportamiento, haciendo caso omiso al respecto, motivo por el cual nos vimos obligados a retirarle de todas las comisiones" Defienden que quieren "honestidad" y que "se es concejal para servir a los ciudadanos y no para servirse a uno mismo".
El grupo municipal popular mostró su "total e incondicional apoyo y confianza" en la portavoz. Explicaron que "dado que reiteradamente ha solicitado al concejal Julio Talavera la entrega del acta de concejal, y obteniendo por su parte continuas negativas" decidió apartar del grupo al edil. Los ocho concejales también indican que "se elevarán informes al comité ejecutivo provincial y regional para proceder a la inmediata expulsión de Julio Talavera en su condición de afiliado".
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www.levante-emv.com, - 27/01/09)28. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA CONCEDE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA A MÉNDEZ POZO Y ULIBARRI
Castilla y León abre paso a la televisión autonómica tras la adjudicación a una sociedad privada de dos canales que emitirán en digital terrestre, después de su tradicional rechazo a la implantación de una televisión pública, como han hecho otras comunidades desde 1983. El Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera, del PP, ha adjudicado dos canales de TDT a una sociedad participada al 50% por Canal 4 Castilla y León y Televisión Castilla y León, las dos cadenas de televisión regional privadas que emiten en analógico, a través de una red de cerca de 30 emisoras, presididas por los empresarios Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, respectivamente.
Uno de los primeros acuerdos de la sociedad ha sido la del nombramiento de un director general de consenso, que no procede de ninguna de las dos empresas. Se trata del periodista leonés Oscar Campillo Madrigal, de 47 años, hasta ahora director de El Mundo de Valladolid y de El Mundo de Castilla y León, autor de dos libros biográficos sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aunque la sociedad tiene plazo para iniciar sus emisiones hasta el próximo otoño, las empresas que la conforman tienen recursos suficientes para poder anticiparse a las previsiones. Al concurso, entendido por el Gobierno de Herrera como un paso decisivo en la configuración del mapa de medios audiovisuales de esta comunidad, también se presentó Kiss TV, presidida por el empresario asturiano Blas Herrero.
La resolución contempla la explotación de dos canales de televisión por un periodo de 10 años, prorrogables. Uno de ellos emitirá las 24 horas del día un canal íntegramente autonómico, mientras que el otro albergará una oferta regional con desconexiones provinciales, sin que se permita la emisión de contenidos de forma simultánea.
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www.elpais.com, 26/01/09)29. CASTILLA Y LEÓN. ALCALDE DE SALAMANCA: "87 SEÑORAS MUERTAS, GOBIERNO DE ESPAÑA; AVIONES QUE SE CAEN, GOBIERNO DE ESPAÑA..."
Porque le gusta mucho el mundo de la publicidad, el polémico alcalde de Salamanca, el popular Julián Lanzarote, se ha animado a crear un slogan para burlase de la publicidad institucional del Gobierno de España. Para ello, ha propuesto los siguientes lemas: "Cuatro millones de parados, Gobierno de España; 87 señoras muertas, Gobierno de España; Aviones que se caen, Gobierno de España..." De este modo tan poco afortunado, culpando al Gobierno socialista de las víctimas por violencia machista o de la tragedia aérea de Barajas, el alcalde del PP pretendía criticar la publicidad institucional.
Su historial incluye muchas y controversiales batallas.
Gracias a estas declaraciones, Lanzarote se ha convertido en noticia. Pero no es la primera vez que los medios de comunicación informan de sus hazañas.En el pasado, Julián Lanzarote se apropió de Unamuno en su defensa exacerbada de la permanencia del archivo de Salamanca en la localidad, se negó a retirar los honores a Franco, y exigió a la Policía de Salamanca que retirase la bandera multicolor que ondeaba en el balcón del grupo socialista en el Ayuntamiento con motivo del orgullo Gay.
Lanzarote también es conocido en el mundo de la política por su afición a subir los impuestos y a organizar mítines en la catedral.
(www.elplural.com, 28/01/09)
30. CASTILLA Y LEÓN. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DICE QUE LA JUNTA PERMITE SUPERAR LOS LÍMITES DE CONTAMINACIÓN EN PALENCIA Y LEÓN
Ecologistas en Acción (EA) ha recurrido las autorizaciones ambientales concedidas por la Junta de Castilla y León a las centrales térmicas de León y Palencia al considerar que permiten superar los niveles de contaminación permitidos.
Dieciocho grupos ecologistas de Castilla y León han recurrido, en vía administrativa, las autorizaciones ambientales otorgadas por la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a las centrales térmicas de Anllares y La Robla, en León y Velilla del Río Carrión, en Palencia.
Con estas autorizaciones la Junta de Castilla y León permite a estas centrales térmicas contaminar hasta 8 veces por encima de los límites legales, ha afirmado hoy EA en un comunicado. Por ello considera nulas de pleno derecho estas autorizaciones ya que "permiten la emisión de contaminantes tóxicos como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas muy por encima de los límites legalmente establecidos", y solicitan su modificación.
Los ecologistas sostienen que de esta manera "la Junta de Castilla y León sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de grandes empresas como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa". Además han subrayado que estas empresas tienen suficiente capacidad económica para hacerse cargo del coste de las instalaciones necesarias para reducir las emisiones de contaminantes tóxicos a los valores más bajos.
Sin embargo, se les permite superar hasta en 8 veces los límites legales de emisión establecidos por el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión, y hasta en 150 veces los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles publicadas por la Comisión Europea, ha insistido el colectivo ecologista.
En el comunicado detallan que el Grupo 1 de la central térmica de La Robla (León) tiene autorizadas unas emisiones de dióxido de azufre (SO2) que multiplican por 5 el límite legal y que desde hace años esta central supera los valores límite de este contaminante. También la central térmica de Velilla del Río Carrión superó en 2007 los valores límite de SO2 para proteger la salud de las personas, han asegurado. Precisamente esta central acaba de poner en marcha una planta de desulfuración que reduce las emisiones de SO2 pero los ecologistas precisan que "solo afecta a uno de los dos que posee".
Finalmente concluyen que las concentraciones medias anuales de este contaminante en el entorno de las 3 centrales térmicas rebasan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el límite legal para la protección de la vegetación, en espacios como el Parque Natural Fuentes Carrionas, y los sitios Red Natura 2000 Alto Sil y Sierra de Ancares.
(www.nortedecastilla.es, 29/01/09)
31. REGIÓN DE MURCIA. NUEVA CONDOMINA: UN PELOTAZO A COSTA DE LA ILUSIÓN DE LOS MURCIANOS
Se ha publicado un manifiesto cual ha sido el modus operandi para conseguir ingresos multimillonarios en un pelotazo que promete ser un escándalo nacional: Nueva Condomina. Siempre con el apoyo necesario del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. Samper no vino nunca a salvar al Real Murcia. Solo vino con la intención de hacerse inmensamente rico. El deporte fue una excusa. Durante el periodo de gestación de la Revisión del PGOU de Murcia, Samper-Nueva Condomina-Real Murcia-Sport Management, compran los derechos del Club Real Murcia y unos terrenos rústicos o agrícolas o No Urbanizables en el PGOU vigente entonces, situados al norte de la Autovía A-7 y de la pedanía de Churra, en una extensión aproximada de un millón de m2 que gestiona junto a otro millón de m2 de otros propietarios.
Los terrenos son comprados a la Cooperativa de Viviendas "Ladera" al resultarles sobrantes del lote de la "Finca Lo de Casas" que habían adquirido para su urbanización al sur de la A-7, en una operación de compra-venta muy polémica que varios de los cooperativistas llevaron a los tribunales por entender que había existido connivencia entre miembros de la Junta Rectora de la Cooperativa y Samper (los terrenos fueron subastados y Samper presentó una oferta insólita que le valió la adjudicación al ofrecer un 10% más que la mayor oferta) y que había existido información privilegiada y/o tráfico de influencias en las reclasificaciones y recalificaciones posteriores.
En el primer avance del PGOU los terrenos se clasificaban como Sistema General de Espacios Libres(SGEL) excluyéndose la posibilidad de usos dotacionales o residenciales al norte de la A-7. PRIMER PELOTAZO, los terrenos ya tienen aprovechamiento urbanístico.
En la APROBACIÓN INICIAL (1998) los terrenos cambian de uso y pasan a ser urbanizables de uso económico - dotacional, preferentemente para gran industria, es decir que pasan a tener un aprovechamiento urbanístico y un uso objetivo, ya son edificables aunque sin usos residenciales. SEGUNDO PELOTAZO.
Tras las sucesivas tramitaciones los terrenos van cambiando de uso de tal suerte que de económico (industrial) y dotacional (equipamientos) pasan a dotacional – residencial con una edificabilidad de 0.09 m2/m2, TERCER PELOTAZO y tras la firma de convenios, interpretaciones y demás artificios contables -urbanisticamente- se admite una edificabilidad de asta 0.40 m2/m2 en la parte residencial, CUARTO PELOTAZO, para terminar tras la última (al escribir estas líneas probablemente sea la penúltima) Adaptación-Modificación del PGOU suprimiendo la parte dotacional de forma que todo el suelo pueda ser de uso residencial y elevando la edificabilidad a 0.50 m2/m2. QUINTO PELOTAZO.La Ley del Suelo regional 1/2001 denomina "Muy baja densidad" a edificabilidades no superiores a 0.25 m2/m2. Samper, en su doble condición de presidente/propietario del Real Murcia y Nueva Condomina y siempre apoyado por la prensa deportiva tiene las puertas abiertas del Ayuntamiento, pero en vez de entrar por la puerta de la Concejalía y Gerencia de Urbanismo a cuyo frente se encontraba Gines Navarro, entra por la Alcaldía de Miguel Angel Cámara iniciando la era de los convenios urbanísticos que auspicia el muy hábil abogado Juan E. Serrano, ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, asesor de Samper y exportador del modelo alicantino-valenciano a la Región de Murcia. Resultado de lo cual es el Convenio de la Condomina, en el que se construye un "Estadio Municipal" a cambio de mas edificabilidad. Es decir se pasaba de una edificabilidad de 180.000 m2 (1.800 viviendas) a más de 500.000 m2 (5.000 viviendas) a cambio de un estadio valorado en 4.000 millones de Ptas.
Esta entrada de Samper por la Alcaldía puenteando al concejal Navarro pudo tener dos lecturas, por un lado que el honrado Navarro no se prestaría a tamaño despropósito o por otro lado que la tarta a repartir era de tal calibre que el alcalde Cámara no podía quedar fuera. También hay que tener en cuenta que en ese momento Navarro gestionaba una operación urbanística de similares características con Metrovacesa (competencia comercial mortal para las pretensiones de Samper) para construir un estadio municipal en la zona de Churra donde precisamente lo tenía previsto el PGOU.
(www.vegamediapress.com, 30/01/09)
32. REGIÓN DE MURCIA. PEÑALVER: "PAGUÉ ENTRE 90.000 Y 100.000 EUROS EN METÁLICO AL ALCALDE Y AL EDIL DE URBANISMO"
Cantó de plano. Se fue de la húmeda, que se dice en el argot de la delincuencia. Y fueron esas declaraciones, prestadas por el ingeniero, empresario y ex funcionario del Ayuntamiento de Librilla Domingo Peñalver Rojo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las que llevaron al juez a ordenar la detención del alcalde de esa localidad, José Martínez García; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
"Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos". "Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación".
"Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano".
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. "La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B".
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que "al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa".
"Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...)
(www.laverdad.es, 30/01/09)
33. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS PÚBLICOS 'A DEDO' Y SUPUESTAMENTE ILEGALES EN TORRE PACHECO
Decenas de contratos adjudicados a dedo y en vulneración de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que supuestamente obligaba a convocar concurso público. Tal es la hipótesis de trabajo en la que se basa la última investigación de la Fiscalía de Murcia sobre otro presunto caso de corrupción en las instituciones públicas.
Fuentes contrastadas han confirmado a La Verdad que esta investigación, coordinada por el fiscal José Luis Díaz Manzanera, tiene de nuevo por escenario el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ya fue objeto de una gran operación policial en junio del 2007.
En esta ocasión, las sospechas de la Fiscalía se centran en los concejales de Urbanismo, Santiago Meroño León, y de Deportes, José Saura Meroño, por la supuesta adjudicación directa -a dedo-, y de forma supuestamente ilegal, de decenas de contratos de obra pública y de redacción de proyectos.
La Ley de Contratos, que fue reformada en el año 2007 por última vez, establecía antes de ese momento que todos los contratos no considerados menores, esto es, por encima de los 30.050,61 euros en el caso de las obras, y de los 12.020,24 euros en los suministros y servicios, debían ser otorgados mediante concurso público. Pues bien, según las mismas fuentes, ambas concejalías habrían suscrito varias decenas de estos contratos (entre una treintena y medio centenar), sin atenerse presuntamente a esa norma legal.
En todos los casos, siempre según fuentes contrastadas, los beneficiarios fueron un arquitecto, Francisco C.G., que recibió numerosos encargos de redacción de proyectos, y un empresario de la construcción cuya identidad no ha trascendido.
La Fiscalía, que sospecha que el objetivo de esas adjudicaciones a dedo era favorecer y promover el enriquecimiento del arquitecto y el constructor de forma supuestamente ilícita, tiene localizados además varios casos en los que la cuantía se ha dividido en dos contratos, con el supuesto fin de que no superara el mínimo marcado por la ley para convocar concurso público. La propia Ley de Concursos prohíbe expresamente en su artículo 74.2 echar mano de ese tipo de argucias.
El montante total de todos los contratos oscilaría entre los 350.000 y los 500.000 euros, según las mismas fuentes, que resaltan el hecho de que algunos de los contratos alcanzan los 70.000 euros y que, pese a lo elevado de la cantidad, "ni siquiera en esos casos se convocó el obligado concurso".
Los dos ediles, Meroño y Saura, fueron llamados el pasado viernes a comparecer ante el fiscal Díaz Manzanera, en calidad de investigados (el equivalente a la figura del imputado cuando una persona es requerida por un juez de instrucción para prestar declaración como sospechoso de un delito).
Cuando el fiscal se dispuso a interrogarlos, los dos concejales, que habían acudido acompañados de sus respectivos abogados, anunciaron que se iban a acoger a su derecho a no declarar. Esta circunstancia no sólo habría sorprendido al fiscal Díaz Manzanera, sino que, visiblemente contrariado, habría anunciado in situ a estos cargos públicos que iba a presentar una denuncia contra ambos en el juzgado, como sospechosos de un supuesto delito de prevaricación, entre otros.
(www.laverdad.es, - 27/01/09)
34. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL AMPLÍA LA ´OPERACIÓN BUCKINGHAM´ SOBRE LA FORTUNA DE MATAS
La Policía Judicial de la Guardia Civil ha ampliado la
llamada ´Operación Buckingham´ en torno al equipamiento de la vivienda
(conocida como el palacete) que el anterior president del Govern Jaume Matas
compró a finales de la pasada legislatura en la calle Sant Feliu a todo el
patrimonio de dicho político conservador. Matas
salió al paso de las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre
las sospechas que pesan contra él y negó haber tenido ningún incremento
ilícito de su fortuna.
La delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción abrió hace algunas
semanas unas diligencias informativas sobre las casas, ajuares y otros
bienes usados por Matas y su familia. Jaume Matas, defendido por Rafael
Perera, dejó la política activa tras perder el poder en las elecciones de
mayo del 2007 y reside actualmente en Estados Unidos.
Las principales sospechas sobre el anterior presidente del PP de Balears se centran en cómo pudo financiar la adquisición de parte de una antigua casa señorial manierista del casco antiguo de Palma; cómo sufragó el costoso equipamiento de dicha vivienda; y cómo pagó o accedió a otros bienes inmuebles: un apartamento de verano en la Colònia de Sant Jordi y un piso en un lujoso barrio de Madrid.
Los investigadores han bautizado el caso como ´Operación
Buckingham´, en alusión al majestuoso palacio donde reside la reina Isabel
II de Inglaterra. Matas remitió una carta al director al periódico madrileño
El País, que el viernes pasado informó de las pesquisas de la fiscalía
anticorrupción sobre él.
Matas explica que "después de veinte años en la política, (y) exceptuando la
herencia familiar, mi único incremento de patrimonio ha sido el vender mi
residencia habitual de un chalé en las afueras de Palma (Cas Català) y
comprar un piso antiguo en rehabilitación en el casco histórico de la ciudad
(Sant Felio)". El ex president añade que la antigua casa palacio se dividió
en ocho viviendas diferentes, de las que él y su familia poseen una.
El antiguo dirigente apostilla que su actual casa "es un piso antiguo, de
unos 450 metros cuadrados" y aporta un dato importante: "Hacienda acaba de
valorar catastralmente el piso en 251.334,99 euros·". Para las reformas y
equipamiento de Sant Feliu Matas dice que se subrogó en una hipoteca con su
esposa Maite Areal.
(www.levante-emv.com, 28/01/09)
35. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA SI EL EX PRESIDENT JAUME MATAS TIENE UN SEGUNDO PISO DE LUJO EN MADRID
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa con la
investigación para tratar de esclarecer el patrimonio de Jaume Matas, ex
president del Govern y en la actualidad residente en Washington. Como se ha
informado a raíz de las investigaciones abiertas por la Fiscalía
Anticorrupción, se ha ‘encontrado’ un piso situado en la calle Don Ramón de
la Cruz, en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. En dicho piso
estarían residiendo familiares del ex president. Además, y al hilo de
informaciones que se han recibido, el ex president podría estar también
relacionado con otro piso de lujo, situado en el mismo edificio.
En concreto, lo que se quiere aclarar es si el grupo de empresas Sacyr Vallehermoso, que figura como propietaria del inmueble, habría unido las dos viviendas y se las habría alquilado, cedido o vendido a Jaume Matas o a un familiar directo.
La entrada está controlada por un vigilante de seguridad privada. Al pedirle si en el edificio reside, o ha visto a Jaume Matas, el hombre explica que "conozco a esta persona de cuando fue ministro, y sé que despues fue presidente del Gobierno de Baleares... yo no le he visto por aquí".
Otras fuentes aseguran todo lo contrario y, con total seguridad, éste es el edificio donde los agentes de la UCO están centrando la investigación del caso. De hecho, estos días se está trabajando para saber quién paga los recibos del fluído eléctrico, el agua y el teléfono del quinto piso del edificio señalado con el número 105 de la calle Don Ramón de la Cruz. Todas estas gestiones se incluyen en las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción de Palma. Hasta ahora, Jaume Matas ha reconocido públicamente que es propietario, con su esposa, de un piso en Palma procedente de la herencia y del ‘palacete’ de la calle Sant Feliu, también en Palma.
El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, declaró que no tiene "sospechas" sobre la gestión del ex presidente de su partido y del Govern, Jaume Matas. Simarro recordó que "por ahora no hay ninguna denuncia oficial por parte de un juez que le obligue a tener que defenderse".
(www.ultimahora.es, 30/01/09)
36. ISLAS BALEARES. DIRIGENTES DEL PP FACTURARON A LA FUNERARIA GASTOS DE LOS VIAJES DE SUS FAMILIARES
Marina Sans y Oscar Collado, ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y ex director-gerente de la misma respectivamente, facturaron a la sociedad pública viajes realizados por sus cónyuges e hijos. Según una serie de facturas, Oscar Collado y su mujer Francisca Moll partieron con destino a Chicago el día dos de octubre de 2005 y regresaron a Palma cinco días después. El importe de este viaje, facturado a la EFM, ascendió a 5.183,50 euros.
En otro documento también figura una factura, igualmente remitida a la
empresa pública municipal, por los gastos de dos habitaciones dobles en el
hotel Bauzá del exclusivo barrio madrileño de Salamanca con entrada el día
23 de junio de 2005 y salida el 24 a nombre de Oscar Collado, Marina Sans y
el marido de ésta, Miguel Xamena. La factura, por un importe de 381,26
euros, incluye el desayuno.
Otra de las facturas cargadas a la funeraria da constancia de un viaje de
ida y vuelta realizado en el mismo día a Madrid por parte de Marina Sans y
de su hija Marta Xamena. Madre e hija volaron el 20 de septiembre de 2005 de
Palma a Madrid en Iberia y regresaron en un vuelo de Spanair por un coste
total también facturado a la funeraria de 300,86 euros.
Y, en la última de las facturas que se reproducen a la derecha, figura un
viaje realizado en solitario por el hijo de Marina Sans, Esteban Xamena,
desde la capital grancanaria de Las Palmas a Madrid el 11 de septiembre de
2005 por un importe de 296,51 euros. Esta factura, como todas las
mencionadas en esta información fueron giradas a la empresa pública de Cort.
Otras facturas en poder de este diario certifican además que los hijos de la
por entonces presidenta de la funeraria cubrieron trayectos de Palma a
Madrid y viceversa siempre facturando los gastos a la empresa pública.
Marina Sans negó que los pagos de estos viajes se cargaran a la empresa
municipal y alegó que encargaba a su secretaria la reserva de los billetes y
que luego ella los abonaba religiosamente con su tarjeta particular de
crédito. No obstante, como se demuestra en los documentos reproducidos al
lado, los pagos se facturaron a la EFM. "Tengo todas las facturas", recalcó
al tiempo que añadía que todo este asunto "es un intento por intentar
ocultar los escándalos que están afectando últimamente a la funeraria".
Por último, fuentes del Ayuntamiento calificaron todo este asunto de
"irregular" y anunciaron que investigarán los pagos facturados a la EFM.
(www.diariodemallorca.es, 26/01/09)
37. ISLAS BALEARES. LOS INVESTIGADORES PEDIRÁN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR ASUMA EL CASO SCALA
Los investigadores del juzgado de instrucción 4 de Palma y la fiscalía anticorrupción están preparando ya la posible inhibición del caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno a un consorcio público del anterior Govern del PP, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La fiscalía anticorrupción pretende así formalizar la imputación de Josep Juan Cardona, anterior conseller de Comercio e Industria y actual diputado del PP en el Parlament.
Antes de que previsiblemente se eleve ante la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB la preceptiva exposición razonada sobre las sospechas que recaen sobre Cardona (una persona aforada por su condición de diputado), éste tendrá que volver a prestar declaración ante la magistrada titular del juzgado de instrucción 4, Piedad Marín.
La fiscalía anticorrupción ha solicitado que el ex president del PP de Eivissa, y su ex jefe de gabinete en la conselleria de Comercio, José Manuel Alcaraz Escandell, sean interrogados, en calidad de imputados, por presunta financiación ilegal de su partido.
Los investigadores del caso Scala presumen que Josep Juan Cardona, defendido por Josep Zaforteza, pudo haber ordenado que en abril del 2006 seis toneladas de folletos electorales del PP de Eivissa y la AIPF de Formentera fueran trasladadas desde Palma a Evissa con fondos del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB). Esta entidad dependía de la conselleria de Cardona y dio pie en la pasada legislatura a un supuesto expolio de varios millones de fondos públicos. Cardona también habría conseguido que otro imputado en el caso Scala, el diseñador Joan Rosselló, le hiciera gratis la campaña y pagara la impresión de los folletos como compensación por los millones que facturaban sus empresas al CDEIB.
La inhibición al TSJB, que ya se está estudiando, se haría después de estas declaraciones. La fiscalía y la jueza Abrines deben fundamentar con la mayor precisión y claridad los indicios que pesan sobre el diputado aforado en el voluminoso sumario del caso Scala.
(www.diariodemallorca.es, - 27/01/09)
38. ARAGÓN. EL PP IMPIDE LA RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO A FRANCO CONCEDIDA POR CALATAYUD
Las abstenciones de siete de los nueve concejales del PP y dos de los cuatro del PAR en el Ayuntamiento de Calatayud han hecho que no se apruebe la moción presentada por el grupo Socialista para retirar la medalla de oro de la ciudad que se concedió al dictador Francisco Franco en 1951. A pesar de que PSOE, CHA y parte de los representantes de PP y PAR votaron a favor de retirar la medalla a Franco, la medida no salió adelante porque requería la aprobación de dos tercios del pleno, ha informado en un comunicado el grupo Socialista del Ayuntamiento de Calatayud.
Los dos concejales de PP y los dos PAR que votaron en contra han explicado que lo hicieron para no "reabrir heridas", mientras que, en opinión del portavoz socialista, Miguel Lavilla, el propósito de la moción era precisamente cerrar las heridas de quienes sufrieron la represión o perdieron a un familiar o amigo a causa del "pulso sereno" del dictador que se premió con la medalla. En su opinión, la abstención de los representantes del PAR y el PP va en contra de la Ley de la Memoria Histórica, que establece que las administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para retirar este tipo de menciones.
(www.publico.es, - 27/01/09)
39. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LOS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA DE LOS EDILES POPULARES DE OVIEDO: MALTRATO, PREVARICACACIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Oviedo reclamó al alcalde del PP, Gabino de Lorenzo, que ratifique o rectifique su confianza en el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, después de que haya sido denunciado por una mujer por maltrato. Este caso se une a otros problemas con la Justicia de los ediles ovetenses del PP, como un proceso por prevaricación contra una edil, Conchita García, y una condena contra otra ex concejal por tráfico de drogas.
El PSOE de Oviedo manifestó en un comunicado que salvaguarda la presunción de inocencia a la que tiene derecho cualquier ciudadano de este país, pero mostraron su "profunda preocupación" por los hechos que se le imputan al concejal Mortera, denunciado por maltrato de género.
Los socialistas recuerdan que Mortera se pasó del PSOE al PP ironizando con que "ha demostrado claramente su coherencia y honestidad, pasando de un grupo a otro, sin dejar de cobrar en el intento", e instan al alcalde Gabino de Lorenzo a que decida si es "digno de la confianza suficiente para representarnos como ciudad y para ejercer la responsabilidad que se le ha asignado". En este sentido apuntan que el Partido Popular ha tomado medidas con el Alcalde de Villalón (Valladolid), por haber justificado el maltrato hacia las mujeres por lo que preguntan si en Oviedo tendrán "la misma coherencia".
Además, el grupo municipal socialista ha expresado su "preocupación" ante la "cascada de procesos judiciales que parecen embargar en este momento al Partido Popular de Oviedo", y es que además del caso de malos tratos, la edil de Seguridad Ciudadana, Conchita García, está imputada en otro delito de prevaricación. También el equipo municipal de Gobierno del PP afronta en los juzgados varias denuncias de una sargento de la Policía Local, y una ex concejala del Partido Popular en la pasada legislatura ha ingresado en prisión por tráfico de droga.
(www.elplural.com, 29/01/09)
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