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Del 17 al 23 de Enero 2009
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ÍNDICE
1. EL LÍDER DEL PP DESCARTA DIMITIR AUNQUE LAS EUROPEAS LE VAYAN MAL
2. TRILLO ADMITE QUE RAJOY SE LA JUEGA EN LAS EUROPEAS
3. RAJOY RECONOCE QUE NO DEBIERON CRITICAR A LAS MINISTRAS POR LAS FOTOS EN 'VOGUE'
4. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
5. MAYOR OREJA ANIMA AL PP A "SUMAR" A AZNAR AL PROYECTO POR SER "UN ACTIVO ENORME"
6. AZNAR DIXIT. "TENEMOS UNA CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA, DE IDEAS Y DE VALORES"
7. AZNAR TIENE REPAROS CON EL CIERRE DE GUANTÁNAMO "SI AFECTA A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO"
8. AZNAR CAPITANEA A LOS NEGACIONISTAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
9. EL PP PIERDE EN EL CONSTITUCIONAL SU RECURSO CONTRA LA NORMA DE IGUALDAD VASCA
10. GALICIA. BALTAR GESTIONA LA POLÍTICA TURÍSTICA CON UN ÓRGANO FANTASMA
11. GALICIA. BALTAR PUGNA CON FEIJÓO PARA SALVAR A LOS SUYOS EN LA LISTA ORENSANA
12. GALICIA. LA CONVIVENCIA ENTRE GALLEGO Y CASTELLANO ESTÁ ROTA, SEGÚN EL PP
13. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE LA LÍNEA, INHABILITADO SEIS MESES POR NO PAGAR UNA DEUDA
14. COMUNIDAD DE MADRID. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
15. COMUNIDAD DE MADRID. MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
16. COMUNIDAD DE MADRID. LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
17. COMUNIDAD DE MADRID. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
18. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
19. COMUNIDAD DE MADRID. LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
21. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
22. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
23. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ SE NIEGA A ACLARAR SU ADJUDICACIÓN A SEGURISA DE UN CONTRATO MILLONARIO
24. COMUNIDAD DE MADRID. LA LUCHA POLÍTICA AMENAZA CON OBSTRUIR LA GESTIÓN DE CAJA MADRID
25. COMUNIDAD DE MADRID. EL DEFENSOR DEL PUEBLO INVESTIGARÁ EL "GRAVE PROBLEMA" DE LAS URGENCIAS
26. COMUNIDAD DE MADRID. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE AGUIRRE
27. COMUNIDAD DE MADRID. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PROHÍBE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
28. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA MINUSVALORA LA GESTIÓN DE CAMPS EN PLENA CRISIS ECONÓMICA
29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUSTICIA TUMBA LA OCURRENCIA DEL TRADUCTOR AL INGLÉS EN CIUDADANÍA
30. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS PERITOS SE CENTRAN EN LA INSPECCIÓN DE 1999 QUE DETECTÓ EL FRAUDE FISCAL DE FABRA
31. COMUNIDAD VALENCIANA. JUSTICIA ADMITE QUE EL HIJO DE FONT DE MORA NO CONCURSÓ Y QUE COBRA 43.000 EUROS AL AÑO
32. COMUNIDAD VALENCIANA. OTRO FONT DE MORA EN LA GENERALITAT
33. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL MARGINA A LOS CAMPISTAS EN LAS AYUDAS PROVINCIALES
34. CASTILLA Y LEÓN. LOS SOCIALISTAS CRITICAN AL ALCALDE LANZAROTE: "EL PP TIENE QUE DEJAR DE MANOSEAR LA FIGURA DE UNAMUNO"
35. ISLAS CANARIAS. LOS SINDICATOS POLICIALES, INDIGNADOS CON EL VICEPRESIDENTE CANARIO
36. ISLAS BALEARES. LOS INVESTIGADORES ESTUDIAN IMPUTAR A JAUME MATAS EN EL CASO PALMA ARENA
37. ISLAS BALEARES. EL FISCAL INVESTIGA EL PATRIMONIO DEL EX PRESIDENTE BALEAR MATAS
38. ISLAS BALEARES. ROSSELLÓ RECLAMA AL PP 36.000 EUROS POR TRABAJOS ELECTORALES
39. ISLAS BALEARES. ORDINAS INSISTE EN QUE FUE CARDONA EL QUE ENCARGÓ LA PUBLICIDAD DEL PP
40. "SORAYA ES EL SÍMBOLO Y LA REALIDAD DE LA DERROTA POLÍTICA DEL PP"
1. EL LÍDER DEL PP DESCARTA DIMITIR AUNQUE LAS EUROPEAS LE VAYAN MAL
Las elecciones europeas pueden ser un buen barómetro para calibrar si la crisis económica hace mella en el Gobierno, pero también para vislumbrar el futuro del PP. El líder de los populares, Mariano Rajoy, trató , sin embargo, de desvincular los resultados de su inmediato futuro político. Aseguró, así, que no piensa dimitir aunque el PP fracase en los comicios, una declaración de principios que no comparte ni el sector crítico en el seno de su partido, ni tampoco su núcleo de colaboradores. Rajoy recordó, en cambio, que fue elegido "recientemente" por un congreso del partido y que su mandato es "para tres años".
Rajoy, en una entrevista en la Cadena Ser, se mostró convencido de que el PP "va a ganar las elecciones europeas y las gallegas", pero descartó, en caso de que ocurra lo contrario, convocar un congreso extraordinario del partido para elegir un nuevo presidente. Esa es su posición, pero no la del grueso de la dirección de su partido, que ha comenzado a movilizarse. El diputado del PP y exministro Federico Trillo aseguró el pasado viernes que los populares deberían iniciar "un proceso de reflexión" que explique por qué está por debajo del PSOE en las encuestas. Trillo consideró que las europeas, que se convocarán en junio, serán "un buen momento para hacer balance". "Esas elecciones nos dirán si estamos en la buena vía o hemos de volver a empezar", añadió.
(www.elperiodico.com, 18/01/09)
2. TRILLO ADMITE QUE RAJOY SE LA JUEGA EN LAS EUROPEAS
Todos los dirigentes del PP son absolutamente conscientes de que el futuro interno de este partido depende de las elecciones europeas. Pero hasta ahora ningún miembro de la dirección de Mariano Rajoy lo había dicho tan claro como Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas del PP. Para él, el resultado de las europeas previstas para junio marcará si el principal partido de la oposición "está en la buena vía" o si por el contrario tiene que "volver a empezar". Aunque esto último no implica que él esté pensando en una posible dimisión de Rajoy, la mayoría del partido sí cree que una derrota en las europeas llevaría a un congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder.
Durante una entrevista a Punto Radio, recogida por Servimedia, Trillo admitió que algo no se debe de estar haciendo bien en el PP cuando, en plena crisis económica, aparece en todas las encuestas detrás del PSOE. Trillo admitió: "Debemos iniciar un proceso de reflexión de por qué estamos por debajo".
Trillo subrayó que el PP logró situarse "al mismo nivel de puntos que el PSOE" en intención de voto tras el congreso nacional celebrado en Valencia el pasado junio, cuando Rajoy fue reelegido presidente del partido. Sin embargo, se lamentó de que meses después, cuando llegó el otoño y "curiosamente la crisis era más profunda", Zapatero logró "remontar" la situación y volvió a dejar las cosas "en situación semejante a hace un año".
Preguntado sobre los motivos, Trillo hizo autocrítica y dio una razón: "Lo único que puedo reconocerle, porque es un hecho, es que Zapatero, con una audacia tremenda en cuanto a la retórica, se ha puesto enfrente de la manifestación de la crisis que él mismo ha generado y quizá ahí el PP se ha visto desbordado comunicativamente por el Gobierno".
(www.elpais.com, 17/01/09)
3. RAJOY RECONOCE QUE NO DEBIERON CRITICAR A LAS MINISTRAS POR LAS FOTOS EN 'VOGUE'
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, elogió las fotos que publica 'El Mundo' de la portavoz parlamentaria de su partido, Soraya Sáenz de Santamaría, y reconoció que el PP no debió criticar a las ministras del primer gobierno de Zapatero que posaron para otro reportaje de la revista Vogue. En una entrevista a la cadena Ser, Rajoy calificó las fotos de "muy bonitas", y aseguró que a los políticos hay que juzgarlos por "su actividad política" y no por la forma en que posen en una foto.
En este sentido, el principal líder de la oposición aseguró que en España se "ha avanzado mucho en tolerancia y respeto a los demás, pero no lo suficiente". "Nos queda mucho por recorrer", enfatizó Rajoy, quien aprovechó la ocasión para lamentar la polémica surgida a raíz del traje que llevó la ministra de Defensa, Carme Chacón, durante la celebración de la Pascua militar.
(www.publico.es, 18/01/09)
4. RAJOY CHOCA CON LOS 'AGUIRRISTAS' EN LA BATALLA POR EL CONTROL DE CAJA MADRID
La batalla de Caja Madrid ya no tiene nada de económico. Por si había dudas, la pelea por el poder en la cuarta entidad financiera de España -que vive la peor crisis institucional de su historia precisamente en plena tormenta financiera, cuando más necesita no perder la confianza de clientes e inversores- se trasladó al choque político. Los dos principales partidos se responsabilizaron de la situación interna, pero con una diferencia: mientras que en el PSOE, al día siguiente de que uno de sus consejeros desobedeciera al partido, hubo unidad de criterio, en el PP se vivió un claro choque entre el líder, Mariano Rajoy, y el consejero madrileño Francisco Granados, uno de los más convencidos aguirristas.
Tanto María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, como José Blanco, número dos del PSOE, reclamaron a Rajoy que ponga orden en su partido para resolver el embrollo de Caja Madrid, condenada a una situación de bloqueo porque el viernes los aguirristas perdieron una votación clave. El consejero de Economía, Antonio Beteta, garante de la caja, ha respondido considerando "nula de pleno derecho" la reunión de la comisión de control -el organismo que regula las elecciones internas de la caja- en la que fue destituido Pablo Abejas, el hombre de confianza de la presidenta en la caja.
Para De la Vega, la situación de Caja Madrid "es un problema del PP" por lo que, "en todo caso, Rajoy es quien tiene que dar instrucciones, poner orden y coordinar los esfuerzos en relación a ese tema". En el Gobierno hay una gran preocupación sobre la caja, aunque, según fuentes socialistas, por el momento no se baraja la posibilidad de intervenir.
Blanco fue más lejos en su ataque. En un acto en Sevilla, aseguró que el PP se ha convertido en un "barco a la deriva" por lo que pidió a Rajoy que imponga su autoridad y ponga fin a la guerra entre Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por el control de la caja. "Es tiempo de liderazgo, de propuestas y respuestas políticas, y es necesaria la determinación para generar confianza en nuestro país y en nuestro sistema financiero y sus entidades", aseguró Blanco. Para él, toda esta situación está generando "más desconfianza" precisamente en un momento difícil para el sistema financiero: "No es consentible que Caja Madrid esté inmersa en un debate por la ambición política de Aguirre y Gallardón para controlarla".
Rajoy fue entrevistado por la cadena SER y habló un buen rato de la crisis de la entidad. Lejos de reconocer el papel de responsable del descontrol que le atribuyen Blanco y De la Vega, el líder del PP admitió que su partido está dividido en esto, pero dijo que también lo está el PSOE, ya que precisamente la ruptura de la disciplina de Francisco Pérez, uno de los representantes socialistas en la comisión de control que tenían la orden de votar con los aguirristas, fue lo que inclinó la balanza a favor de los gallardonistas y Miguel Blesa.
El líder del PP, incapaz de poner de acuerdo a los aguirristas y los gallardonistas, defendió una solución drástica que ya había apuntado la pasada semana: la despolitización de las cajas. "Este espectáculo de que uno que es concejal de este partido o de este otro vote de una manera o de otra me parece muy poco edificante y que contribuye a generar muy poca confianza. Por eso creo que algunas cajas, especialmente Caja Madrid y La Caixa, deberían ser tuteladas por el Banco de España, y no por las comunidades".
Aunque Rajoy trataba de mantener una posición neutral y con su frase criticaba tanto a aguirristas como a gallardonistas, lo cierto es que su propuesta iba dirigida contra Aguirre, que ha cambiado la ley de cajas para que el PP madrileño controle aún más la caja. Así lo tomó Francisco Granados, consejero de Presidencia, que contestó con dureza a Rajoy mostrando la enorme división interna del PP. "No puedo estar más en desacuerdo" con Rajoy, declaró a Efe. "No le supongo mayor independencia a un gobernador del Banco de España nombrado por Zapatero sin el consenso del PP, que al consejero de Economía y Hacienda nombrado por Esperanza Aguirre, sino más bien todo lo contrario", sentenció.
(www.elpais.com, 18/01/09)
5. MAYOR OREJA ANIMA AL PP A "SUMAR" A AZNAR AL PROYECTO POR SER "UN ACTIVO ENORME"
El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha subrayado que el ex presidente José María Aznar "es un activo enorme para el PP del presente y del futuro" y ha apelado a que cuanto antes "sumemos su figura a nuestro proyecto, de manera clara e inequívoca". Mayor Oreja ha reconocido que en general "somos poco generosos y, a veces, se es injusto con Mariano y a veces con José María".
Mayor Oreja ha hecho hincapié en que "en este terreno se acierta con la generosidad y con la altura de miras si es que nos creemos lo que decimos, es decir, que España vive una crisis como no ha vivido nunca desde el arranque de la transición democrática".
A la pregunta de por qué ha aceptado la propuesta de ser candidato a las elecciones europeas si tuvo sus diferencias con Rajoy en el Congreso de Valencia, Mayor Oreja ha comentado que en un partido hay opiniones distintas, "nunca se piensa lo mismo que todos los demás y hay circunstancias donde realmente eso se pone en evidencia". "Eso no significa -ha dicho- que si no piensas exactamente igual que el portavoz de tu grupo en una institución te tengas que ir. Si algo se quiere cambiar será mejor hacerlo desde dentro que desde fuera", ha puntualizado.
En relación a si Rajoy es el mejor líder que puede tener el PP, Mayor Oreja ha dicho que "Rajoy es el líder que tiene el PP, el que ha surgido del Congreso de Valencia y para algunos eso significa punto y final".
Cuestionado por quien va llevar su campaña en las europeas si será desde Génova o será él mismo quien elija un director, Mayor Oreja ha explicado que será "conjuntamente" pero ha apuntado que "en mi vida nadie me ha determinado las cosas que tengo que decir, salvo lo que puede significar la disciplina lógica en campaña de un equipo político". Así ha hecho hincapié en que es evidente que sus preocupaciones "no hay director de campaña que me las vaya a cambiar". Ha apelado a que los candidatos, por encima de todo, digan la verdad y "en eso no hay que ser cobardes nunca pero inteligentemnte, sabiendo que uno no puede entrar como si fuese un elefante en la cacharrería".
(www.publico.es, 19/01/09)
6. AZNAR DIXIT. "TENEMOS UNA CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA, DE IDEAS Y DE VALORES"
A cierta altura del discurso que José María Aznar pronunció en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, el ex presidente pareció francamente conciliador. "Parece Rajoy", comentó alguien en las últimas filas de la sala del Palau de la Música. Aznar no había trazado todavía la línea divisoria en la reciente historia de España.
La primera etapa de la cronología, dijo, se inició con la Transición y constituyó el periodo de "prosperidad, estabilidad y crecimiento más prolongado de nuestra historia reciente". "Hubo una generación de españoles" que supo pasar "del afán de división a un afán de común que integraba la diversidad"; "entendimos que la convivencia pacífica vale más que el cumplimiento de los objetivos partidarios de cada uno"; "aprendimos a ser adversarios políticos porque renunciamos a mirarnos como enemigos". Aznar ensalzó los logros alcanzados y nombró a sus predecesores, incluido Felipe González.
La segunda etapa, siguió, la estamos viviendo. Se caracteriza por "un relato oficial que desacredita el pacto por la Transición"; por "el absurdo de considerar que el único Estado aceptable es un Estado residual"; "la pérdida de presencia, proyección y relevancia internacional", y "los episodios de enfrentamiento territorial". Una etapa, sostuvo, en la que "el impulso modernizador que nos permitió obrar la mayor transformación de nuestra historia se ha diluido". "Cuando llegó la crisis económica ya estábamos sumergidos en una crisis de cohesión política, de ideas y de valores. Esto contribuye a explicar la diferencia del impacto y la profundidad de la crisis en España".
Para entonces Aznar parecía Aznar, y la ausencia del líder del PP y de prácticamente toda la cúpula nacional del partido resultaba patente. El ex presidente, cuya laudatio corrió a cargo de Pedro Schwartz, no cerró el discurso, sin embargo, con una visión apocalíptica de España, sino con el llamamiento a despertar "una gran corriente de opinión nacional que recupere vitalidad, confianza, concordia y esperanza en el futuro". Un movimiento, construido sobre "los valores básicos": "el esfuerzo y la exigencia"; "el respeto y el reconocimiento de la autoridad"; "la retribución del mérito frente a la gratificación instantánea"; "la responsabilidad personal frente a la eterna adolescencia patrocinada por el Estado".
(www.elpais.com, 21/01/09)
7. AZNAR TIENE REPAROS CON EL CIERRE DE GUANTÁNAMO "SI AFECTA A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO"
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha pasado en apenas quince días de calificar al líder estadounidense, Barack Obama, de "exotismo histórico" a considerarlo un "cambio histórico" por ser el primer presidente negro de EEUU. Aznar ha valorado el cierre de Guantánamo anunciado por Obama, y si bien le parece "una decisión correcta", tiene reticencias ante la posibilidad de que afecte a la lucha contra el terrorismo.
El ex presidente del Gobierno, cuyo regreso reclaman a voces muchos miembros del PP, ha afirmado que "muchos europeos creen que Obama es antiestadounidense, lo que es un grave error, porque es profundamente estadounidense". "Muchos europeos piensan: finalmente hemos llegado a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, creen que Obama es un antiestadoundense", declaró en una entrevista en la emisora Europe 1.
El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) comentó que cree que habrá "muchos cambios en el estilo político" de Obama frente al del presidente saliente, George W. Bush, pero "pocos cambios en la política final" de ambos. El también presidente de la FAES dijo que la Unión Europea debería responder positivamente si Obama o la OTAN piden refuerzos militares para Afganistán, y se mostró convencido de que desde el 11 de septiembre de 2001 el mundo es un lugar más seguro. "Desde el punto de vista de la responsabilidad de la seguridad, es un éxito. Desde el punto de vista económico o de las relaciones con los otros, es más opinable", apuntó. Escéptico sobre la viabilidad de una política europea de defensa común, Aznar definió a la OTAN como "la expresión política de unos valores que compartimos con muchos países", entre los que citó a Australia o Japón y excluyó a Rusia, Estado que "por el momento" no comparte esos valores.
En el plano económico, aseguró que "los países con más intervenionismo (...) serán los que tendrán más dificultades para salir de la crisis", frente a aquellos que opten por "la flexibilidad, por la liberalización y por la libertad". Para Aznar, "Estados Unidos saldrá de la crisis antes que Europa", ya que es "más flexible".
Aznar desmintió en París el rumor que le atribuye una relación sentimental con la actual ministra de Justicia francesa, Rachida Dati. Preguntado sobre el "rumor" que reproducen muchos sitios de Internet sobre la presunta relación sentimental entre Aznar y Dati, el ex presidente aseveró que "no existe esa cuestión" "No existe y nunca ha existido", insistió Aznar, que afirmó desconocer quién ha podido hacer circular el rumor y recordó que ha emprendido acciones judiciales al respecto.
El pasado mes de septiembre, el diario marroquí L'Observateur, atribuyó a Aznar la paternidad de la recién nacida hija de Dati, quien no ha querido revelar el nombre del padre y ha afirmado que su vida privada es "complicada". Ya entonces, Aznar aseguró en un comunicado que dicha vinculación es "una total y completa falsedad" y avanzó que sus abogados habían recibido instrucciones para llevar el caso de "difamación" a los tribunales". Tras el nacimiento de la pequeña, Zora, el periódico digital Bakchich Info, fundado por ex periodistas del prestigioso diario satírico y de investigación Le Canard Enchainé, felicitó a Aznar. "Estoy acostumbrado a los rumores y a las difamaciones", declaró el ex presidente del Gobierno.
(www.publico.es, 23/01/09)
8. AZNAR CAPITANEA A LOS NEGACIONISTAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
El presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, ha dejado atrás su postura ambigua sobre el calentamiento global y parece dispuesto a acaudillar el movimiento escéptico a partir de 2009. El ex presidente del Gobierno será el cabeza de cartel de la mayor cumbre de negacionistas del cambio climático de la historia.
La conferencia, que tendrá lugar del 8 al 10 de marzo en Nueva York, busca "llamar la atención sobre las nuevas investigaciones que contradicen que el moderado calentamiento de la Tierra durante el siglo XX esté causado principalmente por el ser humano y haya alcanzado proporciones críticas".
Aznar compartirá púlpito con la plana mayor de los escépticos. Entre los más de 70 ponentes confirmados aparecen el nuevo presidente de la Unión Europea y reconocido "amigo" de Aznar, Václav Klaus; el meteorólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts Richard Lindzen, uno de los científicos a contracorriente más respetados; e incluso el último astronauta que puso un pie en la Luna, el estadounidense Jack Schmitt. Aznar no se ha arrugado tras las críticas recibidas por su apoyo al libro negacionista de Klaus, Planeta azul, no verde, presentado en Madrid el pasado 22 de octubre. En aquel acto, el líder conservador aseguró que no tiene sentido dedicar cientos de miles de millones de euros "a causas tan científicamente cuestionables como ser capaces de mantener la temperatura del planeta Tierra dentro de un centenar de años y resolver un problema que quizá, o quizá no, tengan nuestros tataranietos".
Tras estas declaraciones, el secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Yvo de Boer, afirmó que "en unos pocos años" Aznar podría ver el Sáhara español desde su ventana si no se toman medidas para mitigar los efectos del calentamiento. Y el economista inglés Nicholas Stern, autor a petición del Gobierno británico del informe más completo sobre los efectos del cambio climático, aseguró a este periódico que Aznar "no sabe nada sobre ciencia". El presidente de honor del Partido Popular acudirá a Nueva York invitado por el Instituto Heartland, organizador del acto junto a otras 40 entidades de corte neoliberal.
El Instituto se jacta de su independencia y de no estar afiliado a ningún partido político. Sin embargo, algunas conexiones de Heartland hacen dudar de la supuesta inocencia intelectual de la organización. Uno de los miembros de su junta directiva es Thomas Walton, director de política económica de General Motors, el segundo fabricante de automóviles del mundo, tras Toyota. Y la empresa estadounidense pidió en octubre a Bruselas límites de emisiones de CO2 menos estrictos para los coches que circulan en el continente europeo. El Instituto Heartland también es uno de los favoritos de una de las bestias negras del movimiento ecologista, la petrolera ExxonMobil. Sólo en 2006, la compañía de EEUU donó 90.000 euros al anfitrión de Aznar en Nueva York, según refleja la propia petrolera en su web. Sin embargo, según la organización ecologista Greenpeace, el Instituto ha recibido hasta 540.000 euros en los últimos 10 años por parte de ExxonMobil.
La portavoz del Instituto Heartland, Zonia Pino, no esconde el objetivo de la cumbre de Nueva York. "Hay mucha gente que se cree que el cambio climático es un problema y, como consecuencia, muchos países están tirando el dinero [para mitigar sus efectos] en lugar de utilizarlo para dar de comer a los pobres", explica a Público. Según Pino, algunas figuras políticas "tienen miedo de dar la cara" y participar en una cumbre negacionista, pero Aznar estaba "muy interesado" en acudir al acto de Nueva York. El ex presidente del Gobierno cobrará por su charla, aunque los organizadores no han querido desvelar esos honorarios. Actualmente, el caché de Aznar ronda los 30.000 euros por conferencia.
El Instituto Heartland, con sede en Chicago, comparte otros ideales, además del escepticismo sobre el cambio climático, con el político español. "Nosotros promovemos la educación privada, porque las escuelas públicas no son eficientes, y la sanidad privada, porque queremos que la gente se pueda quedar con su dinero e ir a hospitales privados, en lugar de tener un sistema de salud nacionalizado", aclara la portavoz. El presidente del Instituto, Joseph Bast, es autor del libro Por qué gastamos demasiado en sanidad, en un país, Estados Unidos, donde más de 45 millones de personas no tienen seguro médico.
Los anfitriones de Aznar también sostienen otras opiniones polémicas. El Instituto Heartland pide una reducción en los impuestos de los cigarrillos y mayor libertad para los fumadores. Un ex miembro de su junta directiva, Roy Marden, trabajaba al mismo tiempo en una de las mayores tabaqueras del mundo, Philip Morris, mientras el Instituto reclamaba estas medidas a favor del tabaquismo. Philip Morris, que produjo 850.000 millones de cigarrillos en 2007, es otro de los donantes de la organización de Chicago. Según el Instituto Heartland, esto no supone "ningún conflicto de intereses".
(www.publico.es, 23/01/09)
9. EL PP PIERDE EN EL CONSTITUCIONAL SU RECURSO CONTRA LA NORMA DE IGUALDAD VASCA
El pleno del Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 parlamentarios del Partido Popular contra varios artículos de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de febrero de 2005. Con esa decisión, que ha contado con nueve votos a favor y dos en contra -de los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado-, el Constitucional avala la legalidad de la norma y rechaza por segunda vez un recurso del PP contra una ley de paridad. El alto tribunal adelantó el fallo por la proximidad de la presentación de las candidaturas para las elecciones vascas del 1 de marzo, aunque el texto de la sentencia se hará público dentro de unos días.
La Ley del Régimen Electoral General (LOREG), de aplicación en toda España, ya establecía que las candidaturas deben estar integradas por un mínimo del 40% de mujeres y deja la posibilidad de que las comunidades autónomas aumenten ese porcentaje.
La Ley de Igualdad vasca, que fue la impugnada por el PP, elevó el porcentaje de mujeres en las listas hasta "un mínimo del 50% de mujeres". Y el Tribunal Constitucional entiende que el porcentaje máximo no puede superar el 60%. Además, mientras la norma general de aplicación en toda España mantenía la misma proporción del 40% mínimo de mujeres en cada tramo de cinco candidatos de las listas -de forma que nunca se pudiera poner a cinco hombres los primeros de la lista y a cinco mujeres al final-, la ley vasca exigía que hubiera tres hombres y tres mujeres en cada tramo de seis nombres en todas las candidaturas. El 57% de los miembros del Parlamento vasco son mujeres.
El Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre las modificaciones introducidas en la ley autonómica andaluza de paridad electoral, de tipo cremallera, ya que sólo se aceptan candidaturas que alternen hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos impares y los de otro, los pares.
(www.elpais.com, 20/01/09)
10. GALICIA. BALTAR GESTIONA LA POLÍTICA TURÍSTICA CON UN ÓRGANO FANTASMA
El Patronato de Turismo de Ourense, presupuestado con más de 400.000 euros, es una entelequia. El organismo creado en 1995 por iniciativa del presidente de la Diputación, José Luis Baltar, para promocionar la imagen de la provincia carece de sede propia, no tiene personal -utiliza el del Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde)- y no figura en el Registro Mercantil, pese a que tiene un CIF (distinto al de la Diputación y al del Inorde) al que el Ayuntamiento de Ourense y otras instituciones han estado haciendo pagos durante más de una década. "Funciona como un organismo autónomo, como una entidad local. Tiene entidad jurídica", justifica el gerente, que también lo es del Inorde, José Manuel Rodríguez.
Pero a su singular situación se une su escasa operatividad. "Dilapida el dinero público sin rentabilidad para el turismo, que cada vez es menor", reprochan los socios nacionalistas del Ayuntamiento de Ourense, responsables del área municipal de Turismo, que se plantean cortarle la aportación anual de 50.000 euros. "Los viajeros no pernoctan en Ourense, no hay planes de excelencia turística y el número de visitantes disminuye cada año", señalan desde el ayuntamiento. El gobierno orensano enumera las carencias para advertir que no seguirán aportando dinero si no "funciona en serio". A ello añade que la mayor parte de las mancomunidades, casi todas presididas por alcaldes del PP, llevan tiempo sin hacer sus pagos, "cantidades ínfimas" de 1.000 a 2.000 euros.
La oposición en la Diputación cuestiona la gestión del presupuesto. La partida más grande del patronato, 200.000 euros, se destina en 2009 a folletos publicitarios. La siguiente en importancia, 100.000 euros, es para "gastos diversos" derivados de asistencia a ferias y exposiciones, pese a que, según sostienen socialistas y nacionalistas, "el patronato acude siempre bajo el auspicio de Turgalicia o del Inorde". Este último es el encargado de la gestión del patronato y participa en otras instituciones provinciales como la Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense.
Tras éstas, las partidas más grandes son de 25.000 euros para pagar "eventos hípicos", en los que participan los caballos que la Diputación tiene en sus fincas orensanas, y de otros 26.000 para "gastos de promoción turística en regatas". En este caso, el dinero subvenciona a unos empresarios locales, propietarios de un comercio de venta de embarcaciones en Vigo, que patronean un barco con la inscripción "Ourense" en su vela. A "prensa, revistas, libros y otras publicaciones", el patronato dedica 500 euros. Los gastos de protocolo y representación ascienden a 18.000.
El patronato ha estado en manos de los alcaldes de Xinzo, Celanova y Barbadás, los sucesivos presidentes que ha tenido el Inorde, hombres de confianza de Baltar.
(www.elpais.com, 23/01/09)
11. GALICIA. BALTAR PUGNA CON FEIJÓO PARA SALVAR A LOS SUYOS EN LA LISTA ORENSANA
El presidente del PP orensano, José Luis Baltar, mantiene una pugna con la dirección del partido en Galicia, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, para salvar su representación en la candidatura provincial. Baltar intenta que Miguel Ángel Santalices conserve su puesto en la lista frente a la propuesta de la dirección de sustituirlo por Enrique Novoa, el fracasado candidato a la alcaldía de Ourense, alineado ahora con el sector contrario al hasta ahora tradicional hombre fuerte de los populares orensanos.
Del grupo de diputados fieles a Baltar, protagonistas en 2004 de un golpe de mano contra Fraga, el presidente provincial sólo tiene garantizada la presencia en las listas de su hijo José Manuel. Fuera de la candidatura se ha quedado Roberto Castro, juno de los baltaristas más combativos, que llevaba en el Parlamento de Galicia desde 1989.
El cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, en cuya elección por primera vez no ha participado Baltar, fue presentado ayer por Alberto Núñez Feijóo junto a los números uno de las provincias de A Coruña (Carlos Negreira) y Lugo (Raquel Arias). Feijóo admitió implícitamente las dificultades del PP para completar sus candidaturas ("Galicia tiene sus tiempos; remitimos las listas cuando las tenemos", explicó). De hecho, los populares siguen sin hacer público cuándo creen que habrán completado un proceso que legalmente tiene como fecha límite el día 26.
En cualquier caso, el aspirante a la Presidencia por el PP se mostró orgulloso de sus cabezas de cartel, a los que calificó de "valor emergente" (Negreira) y representantes de la "primera línea de la Galicia rural" (Arias) y la "sociedad civil" (Carrera). "Cumplimos nuestro compromiso de hacer una renovación responsable", resumió Feijóo.
(www.elpais.com, 17/01/09)
12. GALICIA. LA CONVIVENCIA ENTRE GALLEGO Y CASTELLANO ESTÁ ROTA, SEGÚN EL PP
"Se ha roto la convivencia entre gallego y castellano", afirmó Pío García Escudero, portavoz del PP en el Senado, quien acusó al bipartito que gobierna Galicia de ese resultado "porque en cuatro años ha querido hacer un proceso de inmersión muy rápido y con cierta virulencia" que atribuyó a las presiones del BNG. La senadora Corina Porro, que compareció junto al portavoz parlamentario, enfatizó el compromiso de derogar el decreto que regula el uso del gallego en el sistema educativo.
Para García Escudero, que participó en Vigo en un foro sobre libertad y derechos lingüisticos, es momento "de recuperar el sentido común y los planteamientos de la Constitución", esto es, que "el idioma oficial es el castellano y los demás, cooficiales". A su juicio, no se está yendo por ese camino y se está rompiendo el espíritu constitucional. "Hemos recibido muchas quejas de la sociedad por lo que está sucediendo en Galicia", añadió, para señalar la existencia de "situaciones desagradables" que han causado disgregación y "algunos casos de agresión".
El portavoz popular consideró asimismo roto "el bilingüismo cordial o armónico, que es el que nosotros defendemos", y atribuyó la situación a "los intereses del BNG, por llevar el nacionalismo mal entendido a extremos que en muchos casos son excesivos".
Corina Porro insistió en atribuir las responsabilidades a los nacionalistas "porque consideran la lengua más importante que las personas" y a los socialistas "por su complicidad". La senadora y presidenta del PP de Vigo acusó a la Xunta y a algunos ayuntamientos de "coartar el derecho fundamental" que es la libertad de los ciudadanos para comunicarse en cualquiera de las dos lenguas y recordó, con especial énfasis, el compromiso del PP de derogar el decreto que regula el uso y la promoción del gallego en la enseñanza.
Porro defendió el derecho preferente de los padres a elegir la lengua escolar de sus hijos en la educación infantil y censuró que en la educación secundaria la totalidad de las asignaturas troncales sean en gallego. "Incluso en algunos centros se imparte la práctica totalidad de las materias en gallego y la norma prohíbe la conversación de profesores y alumnos en otro idioma que no sea el gallego", añadió la senadora.
También señaló el compromiso del PP, si gana las próximas elecciones, de suprimir el artículo de la futura Lei de Comercio "que multa a los comerciantes que no rotulen en gallego"; de acabar con la prioridad del uso del gallego o que sea una condición para recibir ayudas públicas en sectores como la investigación, y de reformar la Lei da Función Pública para derogar la parte que obliga para ser funcionario "a hacer exámenes no de gallego, sino en gallego de otras materias, incluso todos los exámenes en gallego".
(www.elpais.com, 17/01/09)
13. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE LA LÍNEA, INHABILITADO SEIS MESES POR NO PAGAR UNA DEUDA
La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, Nieves Marina Marina, emitió una sentencia condenatoria contra el alcalde de La Línea de la Concepción, el popular Juan Carlos Juárez, por un delito de obstrucción a la Justicia. La sentencia condena al ex gilista, ahora en las filas del PP, a seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público y al abono de una multa de 720 euros por el llamado caso Palex.
Los motivos que llevaron a Juárez al banquillo de los acusados se remontan al año 2001, cuando el TSJA emitió una sentencia que condenaba al Ayuntamiento linense al pago de 1,84 millones de euros a la empresa Palex, encargada entre 1994 y 1998 del suministro de material al servicio de hemodiálisis del entonces hospital municipal.
Durante la vista oral celebrada el pasado 12 de diciembre, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron dos años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, además de sendas sanciones económicas.
El alcalde incumplió hasta cinco requerimientos desde mayo de 2008, para hacer frente a los pagos a los que obligaba la sentencia del TSJA. En su defensa, Juárez dijo que: "El Consistorio ha hecho frente al principal y está abonando los intereses". A este argumento, el letrado de la defensa sumó la situación de crisis económica que padece el Ayuntamiento de La Línea.
El Ministerio Público mantuvo su petición de inhabilitación para Juárez reclamando una pena económica a razón de 18 euros diarios durante nueve meses. La acusación particular, por su parte, pidió el pago de una multa de 100 euros diarios durante 10 meses para el alcalde al considerar que aún existe una deuda de 900.000 euros por los intereses de demora.
(www.elpais.com, 17/01/09)
14. COMUNIDAD DE MADRID. UN CONSEJERO DE AGUIRRE MONTA UN 'SERVICIO SECRETO' CON EX AGENTES
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.
El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según declaró. Peroo, el propio Peña ha confirmado, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.
Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. "Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos", explican altos cargos de la.
Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: "Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía". Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: "No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra". Y añade sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".
Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.
Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: "Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan". Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.
Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.
Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. "Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto", alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.
El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.
La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.
Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).
Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. "Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera", admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: "Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo".
(www.elpais.com, 19/01/09)
15. COMUNIDAD DE MADRID. MANUEL COBO, 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN, DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EL PRESUNTO ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
El vicealcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, ha denunciado ante la Fiscalía el presunto espionaje sufrido por parte del Gobierno de Aguirre. Cobo ha anunciado que va a denuciar estos presuntos espionajes después de las informaciones publicadas por el diario El País.
En concreto, Cobo quiere saber quién ha realizado esos seguimientos y "quién o quiénes" lo han ordenado, si esas personas tienen una retribución pública y, en ese caso, si esa administración o entidad que les paga tiene competencias para realizar un seguimiento, a "quién o a quienes" se entregaban los informes y con qué fin se realizaban.
El 'número dos' de Gallardón ha confirmado todas las informaciones publicadas hasta el momento y ha asegurado que los seguimientos se han hecho "de forma ilegal". "No se puede realizar este tipo de actuaciones ni conmigo ni con nadie".
Cobo no ha querido apuntar a nadie del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsables de los espionajes. "No quiero lanzar sospechas", ha dicho, y ha añadido que se tiene que poner bajo la tutela judicial. Además, no cree que haya sido por hacerse con el control de Caja Madrid, ya que en el mes de abril no tenía nada que ver. También ha declarado que lo considera un hecho "muy grave" y que no sabe "cuál era el objetivo". "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias se depuren responsabilidades". Ha apuntado a posibles equipos parapoliciales, por la jerga que utilizan, y ha asegurado que ha hablado con Granados, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pero no con Rubalcaba, además de recibir mensajes de Esperanza Aguirre.
El grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados, habría hecho seguimientos diarios a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón.
Estos seguimientos, según documentos en poder de este diario, se realizaron el pasado mes de abril, cuando en el PP surgieron discrepancias internas sobre la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido tras su derrota electoral en los comicios de marzo.
(www.publico.es, 21/01/09)
16. COMUNIDAD DE MADRID. LOS ESPÍAS SIGUIERON AL CONSEJERO PRADA ANTES DE SER DESTITUIDO POR AGUIRRE
Algunos de los ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP, en 2008, a Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy. Aquellos días, el equipo de espías de la Comunidad de Madrid vigilaba también a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, que mantenía posiciones muy críticas con Aguirre por la batalla que estaba dando por desbancar a Rajoy al frente del PP. Tras más de tres meses de seguimiento de estos espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. En septiembre, Rajoy lo fichaba para su dirección como responsable de exterior.
Los ex agentes iban de un "objetivo" a otro en sus seguimientos, de los que dejaban constancia en partes diarios. Los asesores de seguridad de Granados dedicaron semanas enteras a espiar celosamente a uno de los miembros del Gobierno de Aguirre caído en desgracia. Prada, que llegó a ser vicepresidente y consejero de Justicia e Interior en el primer Gobierno de Aguirre, se mantenía en 2008 sólo como consejero de Justicia. En el Ejecutivo de Madrid se estaba produciendo la insólita circunstancia de que empleados de una consejería espiaban al máximo responsable de otra. Los seguimientos incluían todo tipo de actividades de Prada: citas privadas, comidas de trabajo, actos públicos... Éstos son los "partes" principales:
- Llega nuestro director. Los partes revelan para quién trabajan los espías. El 22 de abril, mientras vigilan las entradas y salidas en el despacho oficial de Prada, anotan lo siguiente: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director (Sergio)". Y el 15 de marzo detallaban cuál era su sede: "Prada sale sólo del restaurante, se monta en el vehículo oficial y nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D. G. [Dirección General]". El 23 de abril anotan: "A las 18.25 nos desplazamos a la Dirección a requerimiento de Miguel [supuestamente, Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad]".
- Seguimiento a Chinchón. Prada fue vigilado en su desplazamiento hasta el parador de Chinchón, a 46 kilómetros de Madrid, el 13 de abril de 2008. "Sobre las 12.20 horas detectamos el vehículo de P [Prada] en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón. En torno a las 18.15 horas sale P del Parador de Chinchón dirección a Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19.35". Los espías luego le seguirán hasta su casa. Ese día, Prada tuvo una reunión en el parador con los 25 miembros de su equipo de trabajo de la Consejería de Justicia.
- De un objetivo a otro. Los partes diarios sobre el objetivo "P" prueban la intensidad del seguimiento al que fue sometido Prada. El 2 de abril de 2008, tras montar una vigilancia en torno a Manuel Cobo, los espías no encuentran nada relevante: "No observamos movimientos del mismo, por tal motivo desmontamos el dispositivo y nos dirigimos a Prada".
- Control de visitas. Los espías, de alguna manera, llegaban a controlar no sólo los pasos de Prada, sino a identificar a sus visitantes oficiales. El 4 de abril se inquietan: "Nos dirigimos al puesto de trabajo de P. Observamos que su vehículo oficial se encuentra aparcado en el lugar habitual y que en la esquina está estacionado con un conductor dentro de un vehículo. Una vez verificados los datos comprobamos que pertenece a Clara R.". Aquí hay dos lecturas: los espías han tenido acceso a los datos de Tráfico, sólo accesibles legalmente a las unidades policiales, algo que no son. Clara R. era promotora de una fundación.
- Comprobar matrículas. El 14 de abril persiguen un kilómetro a Prada cerca de la plaza de Colón. Le pierden la pista. Por fin retoman el seguimiento cuando vuelve a su despacho oficial. "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven; permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas, en la que salen. Al mismo tiempo, observamos un grupo de personas sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios". Los hombres de la Consejería de Interior están practicando contra un consejero del Gobierno de Aguirre las mismas técnicas que sus compañeros en activo utilizan para capturar a delincuentes: pacientes seguimientos del objetivo e identificación de todos sus contactos para después analizar su perfil y vínculos con el investigado.
- Amplio despliegue y fotos. A veces pierden, como el 16 de abril, el rastro de su objetivo: "Esta persona se monta en el coche con P y se dirige dirección Miguel Ángel-Rubén Darío-Almagro, itinerario descubierto [no vigilado] por el dispositivo por falta de medios y personas, estando cubiertas las salidas de General Martínez Campos y de Paseo de Castellana con un vehículo con una persona cada uno y el otro componente dando la salida del objetivo". No menos de tres coches, más de cuatro agentes, conforman el grupo que espía a Prada. "Desde las 20.30 hasta las 22.30 horas nos desplazamos constantemente al domicilio de la persona y a su puesto de trabajo, así como al estadio Vicente Calderón de esta capital siendo infructuosos todos los intentos mencionados, desmontamos el dispositivo a las 22.45 horas".
Nuevo problema el día 18: "A las 22.22 horas lo perdemos debido a que toma un camino que sólo está cubierto por un vehículo y sale otro de un garaje que obstruye nuestra maniobra". El 20 de mayo, Prada acude al restaurante del hotel Hesperia: "Se reúne en el interior con un hombre de edad avanzada y una estatura similar a la de P. Se hicieron fotos por parte de los otros dos hombres del dispositivo que también entraron posteriormente". Prada fue seguido durante tres meses. Al mes, fue destituido.
(www.elpais.com, 22/01/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
- De noviembre de 2003 a junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior desde noviembre de 2003 hasta junio de 2007. Ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.
- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume también las competencias de Interior.
- 11 de septiembre de 2007. Granados ficha a tres guardias civiles de Valdemoro (localidad de la que fue alcalde) como asesores de seguridad.
- Abril de 2008. Espionaje de agentes de la Consejería de Interior a Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid) y Prada (consejero de Justicia).
- 27 de junio de 2008. Por recomendación de Jaime Ignacio del Burgo, Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad.
- Junio de 2008. Mariano Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Rajoy le adjudica más tarde un cargo orgánico en la dirección del PP.
- 26 de junio de 2008. Aguirre destituye a Prada como consejero de Justicia.
- 27 de junio de 2008. Sergio Gamón, director general de seguridad ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que pertenecían a Granados y que se elaboraron contra Ignacio González).
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de seguridad ciudadana y ficha a Enrique Barón, hasta entonces jefe superior de policía de Madrid.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).
- Enero de 2009. Peña asegura que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción política que afectan a municipios gobernados por alcaldes sociales y sobre diversos escándalos.
(www.elpais.com, 22/01/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY EXIGE A AGUIRRE QUE ACLARE LA TRAMA DE ESPIONAJE EN MADRID
Mariano Rajoy está muy preocupado por las repercusiones que pueda tener la trama de espionaje destapada alrededor de la Comunidad de Madrid, así como por la circunstancia de que hayan trascendido seguimientos a miembros del PP: hasta ahora, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. "Quiero que se aclare esto cuanto antes", le dijo por teléfono Rajoy a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el lunes por la mañana.
Según parece, ella le garantizó entonces que su gobierno --especialmente su consejero de Interior, Francisco Granados-- no estaba vinculado a ningún equipo de espías, pese a que así lo publicaba El País ese mismo día. Rajoy dio por buena esa versión, pero avisó de que consideraría "muy grave" que lo publicado por el diario resultara ser cierto. En la misma línea se pronunció ante la prensa, unos minutos después, su secretaria general, Dolores de Cospedal. "La Comunidad de Madrid ha desmentido tajantemente la información y yo me remito a ese desmentido. Se trataría, si fuera cierto, de unas cuestiones muy graves", declaró entonces Cospedal, marcando así la línea oficial del partido: respaldo a Aguirre, pero con reservas.
Una vez que se supo que González y Cobo habían sido espiados, el responsable de Interior en Madrid, Francisco Granados, desmintió por activa y por pasiva que él tenga a su disposición una miniagencia de espías. Y menos, según su versión, para vigilar a compañeros. Eso sí, ha admitido que un expolicía y varios exguardias civiles trabajan para él en calidad de asesores, pese a que la Comunidad ya cuenta con un responsable de seguridad, Enrique Barón.
Aguirre, en un intento de frenar la polémica, anunció que la Comunidad presentaba una denuncia en el juzgado por los seguimientos realizados al vicepresidente González. El propio González denunció a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el asunto. Granados, ante los medios de comunicación, dio su visto bueno a esa estrategia. Y Rajoy y su equipo también, porque vieron "voluntad" de aclarar "un tema turbio que perjudica a todo el partido". El vicealcalde Cobo, al conocer que también él fue sido espiado, recurrió a la fiscalía.
Ante los escritos de los espiados, fuentes de la fiscalía consultadas por este diario se declaran "sorprendidas" por el hecho de que tanto González como Cobo se hayan dirigido directamente a la fiscalía del Tribunal de Madrid, dando por hecho que a quien se tendrá que investigar es aforado. Es decir, diputado autonómico. No obstante, esas mismas fuentes apuntan que el hecho de que la presidenta haya presentado la denuncia en un juzgado ordinario desactiva de inmediato cualquier posible actuación del fiscal, que debe dejar el caso en manos del juez competente.
En cualquier caso, las mismas fuentes prevén una investigación con difícil resolución, dada la complejidad del tema y que es un medio de comunicación el que posee los dosieres sobre González y Cobo. De hecho, la Comunidad ya se enfrentó a otro supuesto caso de espionaje ligado a Granados: el del registro del despacho del exconsejero Alfredo Prada, finalmente archivado.
Y, a la espera de que los tribunales actúen, los afectados barajan todo tipo de hipótesis. El vicealcalde Cobo dijo , en rueda de prensa, que no cree que tras sus seguimientos estén Aguirre y Granados. Pero su escrito a la fiscalía se sustenta en esa tesis.El vicepresidente González también aparta a Granados del espionaje al que ha sido sometido. En declaraciones dijo que "no prejuzga ni descarta" nada sobre quién pueda estar detrás de su dosier, pese a que considera que para realizarlo se ha necesitado "una estructura, mucho dinero y medios sofisticados". Los afectados tienen prisa por saber. Rajoy, por lo que a él y a la imagen de su partido atañe, también.
(www.elperiodico.com, 22/01/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. LAS EVIDENCIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO A POLÍTICOS MADRILEÑOS
- El ex policía Marcos Peña reconoce que hace informes para el consejero Granados.
El ex inspector de policía Marcos Peña, asesor del consejero de Interior, Francisco Granados, desde junio de 2008, declara a EL PAÍS que su trabajo para Granados consiste, sobre todo, en realizar informes reservados, para lo que cuenta con tres ex guardias civiles. "Yo asesoro o hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida. Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza". Peña aseguró que había investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal, Ginés Jiménez, y el caso Ciempozuelos, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex regidor) en la cárcel.
- El vicepresidente, Ignacio González, denuncia a la fiscalía que espías que le han seguido han utilizado información reservada. EL PAÍS consiguió el dossier que incluía las fotos, tomadas desde una cámara oculta, de González y sus acompañantes durante un viaje oficial que efectuó a Cartagena de Indias en agosto de 2008. Para un segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de González y su esposa del viaje privado que efectuaron a Johanesburgo en marzo de 2008, junto al empresario y contratista de la Comunidad Enrique Sánchez González. En su denuncia a la fiscalía por ambos seguimientos, González explica: "Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener en ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos".
- Los espías que siguen al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada hablan del coche oficial del que dispone su director. El equipo que espió en primavera al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, describe en su parte del 22 de abril: "A las 17.30 llega al puesto de trabajo habitual de P [Prada] el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo". Sergio es, supuestamente, Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad. Prada, el consejero de Aguirre más afín a Rajoy, fue vigilado en semanas previas al Congreso del partido, tras el cual fue destituido. Granados dijo sobre esa frase referida a Gamón: "Eso no significa absolutamente nada. Es como si [el dossier] dijera 'entra nuestro presidente, Zapatero"
- El ex delegado del Gobierno en Ceuta con Aznar ofrece a Ignacio González legalizar el servicio de inteligencia regional. Luis Vicente Moro declara a EL PAÍS que en verano propuso al vicepresidente Ignacio González un proyecto de servicio de inteligencia "para aplicarle legalidad y legitimidad" al que había, y que se había hecho muy popular "entre los expertos en el sector de la seguridad". "Se decía que altos cargos de la Seguridad estaban siendo vigilados por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad".
(www.elpais.com, 23/01/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca. En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se aclaren".
"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar". Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales".
La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde de Madrid o cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales". La presidenta, que ha justificado su ausencia en el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto personal comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un Estado de Derecho y esto quiere decir que la inocencia no se tiene que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar pruebas es quien acusa".
No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz esta supuesta trama pero que sí mantuvo comunicación , a través de varios mensajes de móvil, con el vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que "lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de estas falsas acusaciones".
Con quien si ha estado en contacto desde es con los miembros de la dirección nacional del PP, incluidos su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados que hagan.
La presidenta ha recordado que no es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía investigarlo". En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el consejero Francisco Granados ya han dirigido un escrito a El País para que rectifique" y el Gobierno regional ha pedido motu proprio la comparecencia de Granados en la Asamblea de Madrid.
La presidenta ha defendido, además, que sólo da credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está acreditado que ha sido espiado". "El resto, no digo que no se hayan hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho la Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
21. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE UNOS 40 EX AGENTES TRABAJAN EN EL 'SERVICIO DE INFORMACIÓN'
Según se ha podido confirmar con fuentes de la Comunidad de Madrid, estos 40 antiguos agentes dependen directamente de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Según fuentes del ejecutivo, la mayoría de estos agentes ya estaban en la consejería cuando Francisco Granados llegó al cargo en junio de 2007.
Todos han sido contratados como técnicos de seguridad en el capítulo de cargos de confianza, en definitiva, contratos 'a dedo' puesto que no han superado prueba alguna para acceder a este puesto. Se ocupan de revisar la seguridad de los edificios públicos, pero también de otras misiones, que en principio, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.
En torno a una cuarte parte de este grupo policial ha sido contratado por el actual consejero, el resto, unos 30, ya trabajaban para la consejería. Altos cargos del departamento ven como algo normal que vigilen, investiguen, recaben datos de policías en activo o prevengan a los políticos de la Comunidad de Madrid. La lealtad, dicen, se la deben al consejero.
(www.cadenaser.com, 23/01/09)
22. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA DE MADRID ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO
La fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para aclarar el escándalo de espionaje a políticos, por ahora sólo del PP, desatado en la Comunidad de Madrid. Como primera providencia, ha sido citado a declarar el periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, autor de las publicaciones sobre la red parapolicial, de quien pretende que explique el origen de las informaciones. Además, la fiscalía ha requerido a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, para que le remita "cuanta información tenga" sobre los seguimientos al vicepresidente autonómico, Ignacio González; el ex consejero Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
También se ha reclamado a Granados que informe sobre la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad, así como información sobre quiénes trabajan en ella y su relación contractual con la Comunidad de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, confirmó a Europa Press que ya incoó ante diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por Ignacio González, por los seguimientos y grabaciones con cámara oculta que le realizaron sin su consentimiento durante un viaje oficial a Colombia (agosto) y otro privado a Suráfrica (en marzo). A ésta se ha acumulado la presentada por Cobo y se hará lo mismo, probablemente, con la que ya prepara Prada. Moix no descartó la práctica de más diligencias y dijo que la llamada a declarar de Granados "dependerá del curso de la investigación", aunque aún no lo tenga "en mente".
Mientras, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid por esta trama. La denuncia ha recaído sobre este juzgado por reparto, después de que el de Instrucción número 31, de guardia el martes, remitiera el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Si el magistrado admite la denuncia y abre diligencias previas, la fiscalía podría remitirle sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos denuncias se acumularían.
(www.elpais.com, 23/01/09)
23. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ SE NIEGA A ACLARAR SU ADJUDICACIÓN A SEGURISA DE UN CONTRATO MILLONARIO
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no entró a valorar este jueves la información de Público en la que se revelaba la adjudicación por parte del Canal de Isabel II, empresa que dirige, de un contrato de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa.
En un dossier sobre el número dos de Aguirre que desveló esta semana El País, se señalaba que, presuntamente, Enrique Sánchez González, socio mayoritario de Segurisa, invitó a Ignacio González y a su esposa el pasado marzo a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. Se trataría, según dicho dossier, de un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En ese mismo medio, el vicepresidente madrileño aseguró: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es nada mío, ni le adjudiqué nada". Añadió que el viaje se lo pagó él "en metálico".
A pesar de que había negado la adjudicación, González rechazó a aclarar la información de Público en la que se revelaba que Segurisa firmó un contrato millonario con el Canal. Preguntado sobre la cuestión, Gonzaléz la calificó de "insinuaciones" y añadió que "si alguien considera que hay una actuación ilícita" acuda a los tribunales. "Estamos en un Estado de derecho", subrayó.
Al contrario de lo que González había mantenido, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge que sí hubo adjudicaciones a Segurisa. En su edición del 9 de marzo de 2006, aparece una adjudicación del Canal de Isabel II a la citada empresa por un importe de 33.489.078 euros.
Concretamente el contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias" de la citada empresa pública. La adjudicación fue por un periodo de dos años y por el denominado "procedimiento restringido", el que limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo.
Lo que sí aseguró Ignacio González es que la empresa de seguridad Segurisa, "es contratista del Canal de Isabel II desde el año 2001". "Es decir, es responsable de la seguridad del Canal desde ese año", insistió el vicepresidente.
En este sentido, mantuvo que "todos los contratos que se realizan por parte de la administración son públicos, siguen los procedimientos legales, se publican en los boletines oficiales y se adoptan por los órganos competentes".
Volviendo a la presunta trama de espionaje sobre su persona, explicó que, más allá de "insinuaciones", lo que hay es "una práctica ilícita de seguimiento ilegal a mi persona, y eso es lo que yo he denunciado ante el fiscal y ante las autoridades judiciales". González remató su intervención asegurando que él es el primer interesado en saber quién es el responsable de haberle sometido a vigilancia. En el PP de Madrid aseguraban que la noticia de las adjudicaciones había dejado "tocado" al vicepresidente.
(www.publico.es, 23/01/09)
24. COMUNIDAD DE MADRID. LA LUCHA POLÍTICA AMENAZA CON OBSTRUIR LA GESTIÓN DE CAJA MADRID
Si alguien no le pone fin, la lucha interna del PP madrileño por el control de Caja Madrid podría paralizar los órganos de gobierno de la entidad. Pablo Abejas, que fue destituido el viernes pasado de la presidencia de la comisión de control de Caja Madrid, convocó dos reuniones de este organismo para mañana. Las citas se produjeron después de que el nuevo presidente, Fernando Serrano, invitara a los 13 miembros de la comisión a reunirse el miércoles.
Abejas sostiene que impedirá el acceso de Serrano a las instalaciones de la caja de ahorros porque está suspendido cautelarmente en su cargo por la consejería de Economía madrileña. La suspensión se basa en la incompatibilidad de Serrano para pertenecer a la comisión de control, de la que forma parte desde hace más de dos años. Según Abejas, hasta la semana pasada no conoció con exactitud la categoría administrativa que conlleva el cargo de defensor del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, que es el empleo remunerado de Serrano.
La batalla se centra en torno a la comisión de control porque es la encargada de velar por los procesos estatutarios, en especial de los electorales. Y ahí es donde está el problema: Miguel Blesa, presidente de la caja y enemistado con Esperanza Aguirre, quiere la reelección, pero la Comunidad de Madrid se ha apresurado a cambiar la ley autonómica de cajas para impedirlo. Blesa y sus aliados, entre los que se encuentra Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, consideran que el inicio del proceso de renovación de cargos es anterior a la nueva ley, por lo que esta no le afecta.
El consejo de administración de la caja tiene prevista una reunión ordinaria en la que, aunque no figura en la orden del día, abordará la dura batalla que enfrenta a la mitad de los integrantes de sus órganos de gobierno con el resto.
CCOO, con presencia en la entidad, anunció la presentación de una denuncia contra la Consejería de Economía de la comunidad para reclamar responsabilidades penales porque entiende que está dañando los intereses de la caja.
(www.elperiodico.com, 19/01/09)
25. COMUNIDAD DE MADRID. EL DEFENSOR DEL PUEBLO INVESTIGARÁ EL "GRAVE PROBLEMA" DE LAS URGENCIAS
El caos de las urgencias de los hospitales públicos de Madrid ha alcanzado ya el rango de problema nacional. Sólo así se entiende que el Defensor del Pueblo, la institución dirigida por Enrique Múgica, habitualmente cautelosa a la hora de destapar escándalos, haya decidido abrir una investigación específica sobre la situación de estos servicios públicos. Múgica ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en la que le anuncia el inicio de esta investigación y le pide que le explique qué planes tiene para arreglar el problema.
La carta del Defensor califica la situación de las urgencias de "grave problema" por la "saturación" del servicio. El organismo, que tiene como misión la "protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos", según la Constitución, dibuja un panorama dramático de la situación basándose en las quejas de los ciudadanos, en la comprobación in situ de funcionarios del Defensor y en noticias aparecidas en prensa.
En concreto, cita una declaración de una información de EL PAÍS en la que se relata que 50 profesionales firmaron un escrito con frases como ésta para la gerencia del 12 de Octubre: "La sobrecarga asistencial de este servicio es de tal magnitud que impide ejercitar la asistencia con la mínima calidad profesional y humana necesaria... Resulta imposible asumir las consecuencias que en cuanto a la vida de las personas pudieran derivarse de esta situación".La carta del Defensor admite que en periodo navideño, cuando se tomó la decisión de iniciar la investigación al comprobar los funcionarios la situación, el servicio de urgencias empeora. Pero asegura que las quejas son constantes y por eso ha decidido "llevar a cabo un exhaustivo estudio de la estructura, organización y funcionamiento de estos servicios" para proponer mejoras. Estos estudios suelen ser voluminosos y detallados, ya que es la principal actividad de este organismo con funcionarios muy cualificados.
La situación de las urgencias madrileñas es muy complicada. La carta del Defensor cita específicamente dos hospitales, el 12 de Octubre y el Clínico. De este último critica que en las salas A y B, previstas para atender a 18 enfermos cada una, sistemáticamente dan servicio "a más del doble de esa cifra de pacientes con la misma dotación de personal".
(www.elpais.com, 22/01/09)
26. COMUNIDAD DE MADRID. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE AGUIRRE
El TSJM ha anulado el decreto del gobierno madrileño que desarrolló en 2006 la Ley Antitabaco "por haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo" regional
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el decreto del gobierno madrileño que desarrolló en 2006 la Ley Antitabaco "por haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo" regional.
La sentencia, de fecha 30 de diciembre pasado y dada a conocer este martes, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la asociación nofumadores.org y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
En realidad, ha sido la razón argumentada por la OCU -que el Decreto es nulo de pleno derecho porque en su elaboración se han omitido tramites esenciales- la que ha fundamentado la decisión judicial y ha hecho innecesario, según explica la sentencia, que puedan analizarse las alegaciones planteadas por Sanidad.
El Ministerio solicitó la nulidad de cinco artículos y de la disposición transitoria del Decreto por entender que la regulación autonómica, de noviembre de 2006, resultaba contraria a la estatal, de carácter "básico", en vigor desde diciembre de 2005.
Entre otras cosas, Sanidad ha defendido siempre que el Decreto madrileño permitía fumar en lugares que prohíbe la Ley, como las cafeterías con más 100 metros cuadrados de superficie ubicadas en centros de trabajo. También que autorizaba aspectos rechazados en la Ley, como los "espacios reservados" para fumadores en cualquier establecimiento de hostelería, independientemente de su tamaño, siempre que se tratara de zonas aisladas y de acceso restringido.
Sin embargo, el TSJM ha analizado primero, y con eso le ha resultado suficiente, la ausencia en la elaboración del Decreto del informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, que "es preceptivo en la elaboración de las disposiciones generales que afectan directamente a los consumidores".
Aunque la Comunidad argumentó que no era exigible porque dictó su norma al amparo de sus competencias en "sanidad e higiene" y no en materia de "consumidores y usuarios", la sentencia declara que "no cabe duda" de que se trata de "una disposición reglamentaria que afecta a los derechos e intereses de los consumidores", aunque "bajo el punto de vista de protección de la salud".
La "nulidad de pleno derecho" por ese motivo, precisa el Tribunal, "impide que puedan analizarse las restantes alegaciones planteadas en este recurso contencioso administrativo".
En el proceso han sido demandadas entidades como la asociación empresarial de Hoteles de Madrid, la de Hostelería La Viña y la de Juegos Autorizados" (ASEJU), la Federación de Empresarios de la Comunidad, la Federación Empresarial de Ocio y Turismo de Madrid, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la región y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
(www.publico.es, 20/01/09)
27. COMUNIDAD DE MADRID. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PROHÍBE AL AYUNTAMIENTO ENDEUDARSE MÁS
El Ayuntamiento de Madrid jugaba con fuego. Y se ha quemado. Hace dos semanas anunció que en 2008 cerraba sus cuentas con un déficit de 1.200 millones. Al tiempo explicaba su intención de sacar esa deuda al mercado de capitales para buscar inversores que la adquirieran. No había por qué preocuparse. Sólo había que sumar la nueva losa económica a los 6.496 millones de números rojos que arrastran las arcas municipales. Y ya se había pedido autorización para ello al Gobierno. Pero el Ministerio de Economía, lejos de permitir la rápida jugada, se ha plantado.
A través de un documento oficial firmado por Alain Cuenca García, director general de coordinación financiera del ministerio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo saber al concejal de Hacienda, Juan Bravo, que no podrá sacar al mercado el déficit del año pasado convertido en deuda, tal y como había solicitado el 30 de diciembre de 2008. En el documento, se subraya que el Ayuntamiento no ha cumplido los planes económico-financieros acordados, que su deuda es excesiva y se le acusa de no haber tomado las medidas adecuadas para frenar el endeudamiento. Economía sólo deja un camino al Ayuntamiento para salir del agujero (de 4.800 millones) que cavó la M-30: deberá someterse a la tutela del ministerio.
Para empezar, tendrá que elaborar una propuesta de saneamiento. Después deberá asumir las decisiones que el Gobierno le imponga."Al final tendrán que aceptar que convierta en deuda esos 1.200 millones, sí o sí. Que me digan, si no, cómo se pueden sacar adelante los pagos pendientes sin endeudarse", zanja Juan Bravo. El concejal insiste en una sola idea: "No pueden pedirnos lo que el Gobierno no cumple. Ellos van a incurrir en déficit. ¿Por qué nosotros no podemos?".
Para el Ayuntamiento, ahora, el tiempo es oro. El déficit ahoga la liquidez y temen que, si tardan mucho en sacar su deuda al mercado, los inversores ya hayan adquirido la de otras instituciones."El Ayuntamiento ha incurrido en gastos de inversión teniendo conocimiento de que las previsiones iniciales de ingresos no se iban a cumplir". Con estas palabras el Ministerio de Economía anunció al Ayuntamiento de Madrid que deniega su petición de hipotecar más deuda, al menos de momento. El documento oficial es además una respuesta clara a los argumentos con los que Juan Bravo justifica el déficit de 2008. Según el concejal de Hacienda madrileño, los 1.200 millones de balance negativo son culpa de la crisis. El ministerio le recuerda, sin embargo, que en 2007, en plena bonanza económica, ya cayó en números rojos.
El Gobierno se niega a que el endeudamiento de Madrid crezca y a que los 1.200 millones de déficit se sumen a la deuda de 6.000 millones que arrastra sobre todo desde el soterramiento de la M-30, entre otras cosas porque el Ejecutivo asegura que la petición se hizo fuera de plazo. Y sin ni siquiera entregar toda la documentación necesaria (falta la liquidación de 2008, por ejemplo). Y añade: si quieren permisos, tendrán que pactar un plan de saneamiento y dejarse tutelar.
Sin el permiso del Ministerio de Economía, el Ayuntamiento tiene las manos atadas, ya que el endeudamiento alcanza el 169,9% de sus ingresos, y el límite que marca la Ley de Haciendas Locales es del 110%. "¿Por qué yo tengo que cumplir requisitos adicionales [para obtener el permiso]? La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha saltado por los aires con el déficit en el que va a incurrir el Estado. ¿Por qué la norma municipal no tiene excepciones?", insiste Bravo.
El Ayuntamiento necesita sacar al mercado de capitales la nueva deuda, para que sea adquirida por inversores que faciliten liquidez. Y lo necesita ya. Pero tendrá que esperar. Eso le preocupa, porque asegura que si no emite deuda pronto, los inversores comprarán la de otras administraciones, de las comunidades o incluso del Estado. "Ahora trabajaremos en el plan de saneamiento, y luego en acordar los términos con el ministerio, que esperamos sean razonables", repasa Bravo. Espera que, en mes y medio a lo sumo, logre el acuerdo con el Ministerio de Economía. Quizá entonces el Ayuntamiento pueda emitir su deuda por partes. Después llegará otra batalla: la de la deuda a largo plazo. Los 7.200 millones que arrastrará el Consistorio requerirán de otro plan de saneamiento aprobado por Economía.
En el Ayuntamiento, en manos del PP, se sienten discriminados, sobre todo respecto a las comunidades autónomas. Temen que por el hecho de "gobernar quien gobierna" (en alusión al PSOE) acaben penalizados. Para Bravo, el Consistorio no tiene culpa de nada. La culpa, dice, la tiene la crisis y la caída de ingresos ante la falta de venta de suelo. "No somos una situación excepcional. Hay ayuntamientos que están peor, pero son menos mediáticos", se excusa. Insiste en que sin crisis y con más ingresos, habrían cuadrado las cuentas.
Sin embargo, Economía discrepa. En su documento recuerda que en 2007, año de gran bonanza económica, "el Ayuntamiento ya incumplió el plan [económico-financiero], al liquidar 2007 con un déficit no financiero de 1.531 millones", frente al objetivo fijado de 990 millones.
(www.elpais.com, 21/01/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA MINUSVALORA LA GESTIÓN DE CAMPS EN PLENA CRISIS ECONÓMICA
El ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana minusvaloró , sin referirse explícitamente a ella, la gestión del actual titular del Consell, Francisco Camps, en plena crisis económica. Zaplana, que coincidió con Camps en el acto de investidura en Valencia de José María Aznar como doctor honoris causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, fue interpelado por la situación económica y sus efectos sobre el empleo. "Siempre se podrán hacer las cosas mejor, pero será difícil firmar un balance como el que durante esos años se produjo", dijo Zaplana refiriéndose a los años de Aznar como presidente y a los suyos al frente del Consell.
El ex presidente de la Generalitat y actual alto cargo de Telefónica explicó que un "balance es cómo se coge una cosa y cómo se deja" y destacó que él se siente "bastante orgulloso" de haber protagonizado "lo que creo que hasta ahora ha sido el balance más positivo de la historia de la Comunidad Valenciana".
En 1995, cuando Zaplana llegó a la Generalitat, había 390.200 parados en la Comunidad Valenciana. En 2003, cuando tomó el relevo Camps los desocupados ascendían a 207.100. El pasado mes de diciembre el número de personas sin empleo registradas se situó en 357.800.
Zaplana ha buscado sin éxito el reconocimiento en su propio partido en Valencia, que llegó a hacerle el vacío, hace dos años, en la presentación de la publicación La transformación de la Comunidad Valenciana 1995 -2003. , Zaplana acudió al acto de homenaje académico a Aznar con otros ex ministros como Pilar del Castillo, Gabriel Elorriaga o el actual candidato popular al Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja.
Camps, acompañado de buena parte de su gobierno, cruzó tan sólo un frío saludo con Zaplana. El jefe del Consell elogió la gestión de Aznar con la que "España alcanzó las mayores cotas de riqueza y bienestar de la historia"."Los logros fueron extraordinarios: el presidente Aznar se encontró una tasa de paro en España del 22,2% y la dejó en la mitad, aumentó la tasa de actividad del 51% al 56% y durante su mandato se generaron cerca de 5 millones de empleos, muchos de ellos para mujeres", explicó Camps en su intervención.
El presidente de la Generalitat volvió a hablar de la situación de crisis económica. Por la mañana, Camps cerró con el secretario general del PP, Ricardo Costa, la ronda con los portavoces de las Cortes Valencianas antes del pleno del próximo miércoles. Un pleno donde el vicepresidente económico, Gerardo Camps, presentará las bases para un nuevo impulso económico. En ese contexto, el jefe del Consell adelantó que en la reunión ordinaria del próximo viernes se aprobará un "plan especial de inversiones en infraestructuras" con el que pretende transmitir confianza a los agentes económicos, aunque no adelantó nada de su contenido.
Confianza fue el mensaje repetido por Camps en sus dos comparecencias públicas. "La confianza es la base esencial para seguir trabajando en línea de seriedad, esfuerzo y convicción de las cosas que tenemos que hacer y proponer todos los días", insistió Camps, que tiene previsto desplazarse a la factoría de Ford en Almussafes para ver in situ la nueva producción del Ford Fiesta. El presidente de la Generalitat no desaprovechó la oportunidad para cargar de nuevo contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de falta de interés y de tensión por la preocupante situación de desempleo.
Respecto a la situación de las cajas de ahorro y la posición de Rajoy de que el Banco de España debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para supervisar su situación, Camps afirmó que el control de cualquier entidad financiera, como las cajas de ahorros, "es siempre bienvenido" y argumentó que las entidades valencianas tienen "un doble control, el del Banco de España en la medida que corresponde según ley y el del Instituto Valenciano de Finanzas, que le corresponde de control de las cajas de ahorro".
Costa también se pronunció en términos parecidos al asegurar que "nadie pone en duda la solvencia financiera de las cajas de ahorro valencianas". El portavoz del PP en las Cortes argumentó también que su partido fue pionero en la "despolitización" de las cajas, pese a que la mayor de ellas esté presidida por un ex presidente de la Generalitat.
(www.elpais.com, 21/01/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUSTICIA TUMBA LA OCURRENCIA DEL TRADUCTOR AL INGLÉS EN CIUDADANÍA
No hay parche que valga. El intento del consejero Alejandro Font de Mora para mantener en pie Educación para la Ciudadanía en inglés sumó un nuevo fracaso: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano suspendió cautelarmente la figura del traductor. Su presencia, impuesta a los centros por el Gobierno de Francisco Camps, "puede causar perjuicios irreparables para el profesor titular de la materia pues se le priva, aun cuando sea parcialmente, de sus competencias esenciales", señala el auto en respuesta al recurso interpuesto por CC OO-PV.
Los docentes titulares (de los departamentos de Filosofía e Historia), establece el tribunal, tienen "autonomía" para fijar "la distribución del contenido curricular, el procedimiento de evaluación, los materiales didácticos y la adecuación a objetivos". Mientras que el proceso de aprendizaje de los alumnos "se ve obstaculizado por la necesidad de traducción". La consecuencia es que, salvo que el profesor de la asignatura esté capacitado y dispuesto a dar la asignatura en inglés, y son la minoría, podrán darla con toda tranquilidad en castellano o valenciano. El fallo, consideró el sindicato, invalida la campaña puesta en marcha por la Generalitat para averiguar qué centros cumplían la orden del doble profesor, encomendada a la inspección educativa.
Font de Mora, siguiendo el guión de los últimos meses, trató de salvar la cara después del nuevo mazazo. Con un doble argumento. De un lado, destacando que la decisión no es firme y que presentará un recurso de súplica ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ que ha emitido el auto. Del otro, afirmando que en la práctica nada cambia: la moratoria aceptada a mediados de diciembre por el Consell, a 48 horas de la huelga convocada por el sector educativo y después de una gran movilización, ya permitía a los centros elegir la lengua de la asignatura.
Pero lo cierto es que aquello solo fue una tregua: Camps se negó a retirar las instrucciones y planteó un largo calendario de negociaciones que, tras lo conocido , son innecesarias al menos en lo que respecta al traductor.Comisiones Obreras pedía la suspensión de los cinco puntos de las instrucciones dictadas por Educación. El tribunal, sin embargo, extiende las medidas cautelares solo a dos. Entre otras cosas, señala, porque los "hipotéticos perjudicados" por el resto de apartados (el primero de ellos establece que la asignatura se dará en inglés) serían los alumnos, y al ser el recurrente un sindicato el TSJ se limita a analizar los daños que pueden padecer los profesores.
La instrucción de Font de Mora exigía a los docentes "coordinar semanalmente" con sus traductores lo que el tribunal considera "aspectos capitales de la programación didáctica que corresponden al profesor titular de la asignatura": la distribución temporal de los contenidos; los procedimientos para evaluar el aprendizaje del alumnado y seguir su progresión; los materiales y recursos didácticos a utilizar, y la adecuación de los objetivos. Esa invasión de competencias, dice el TSJ, puede "causar perjuicios de carácter irreparable".
La última decisión de los jueces sentó bastante mal en el departamento de Font de Mora. Así se desprende, al menos, del tono poco habitual con el que respondió en un comunicado. Tachó de "escandaloso", y afirmó no entender "de ningún modo", el supuesto trato desigual que recibía respecto al Gobierno. Buceando en la normativa del Ministerio de Educación, la consejería encontró el artículo 8.5 de la orden que establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (una especialidad de FP en inglés) que establece: "Con carácter excepcional y de forma transitoria, cuando el profesorado con atribución docente no cuente con el nivel de inglés exigido en estos módulos profesionales compartirá, un total de tres horas semanales para módulos que se impartan en el primer año y dos horas para los que se desarrollen durante el segundo curso, con un profesor de la especialidad de inglés".
Educación volvió a apelar al plan de plurilingüismo que ha empezado a elaborar para salir del paso del último episodio de una guerra que le va francamente mal. Su plan ha tenido que afrontar desde el principio tres frentes. El primero, de carácter práctico, consistió en la negativa de la mayoría de profesores (incluidos parte de los que envió como refuerzo a los centros y que sí saben inglés) a dar la clase en esa lengua, debido, entre otras cosas, al muy bajo nivel en el idioma de los alumnos que tenían ante ellos.
(www.elpais.com, 20/01/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS PERITOS SE CENTRAN EN LA INSPECCIÓN DE 1999 QUE DETECTÓ EL FRAUDE FISCAL DE FABRA
Cinco años después de que estallara el caso Fabra, los peritos de la Fiscalía Anticorrupción comienzan a tener sobre su mesa todas las piezas del puzzle que conforma el patrimonio del presidente de la Diputación de Castelló y su familia. Y de todas ellas destaca una: el informe que los inspectores de Hacienda llevaron al juzgado tras detectar ingresos sin justificar por 600.000 euros en la declaración de renta de Carlos Fabra correspondiente al año 99.
Según ha podido saber Levante de Castelló por fuentes judiciales, la principal prueba de cargo contra el líder provincial del PP es este informe de la Agencia Tributaria, en el que se constatan cientos de ingresos en casi un centenar de cuentas corrientes a nombre de Fabra, su mujer y sus hijos.
La inspección de los años posteriores, es decir de 2000 a 2004, no ha arrojado de momento resultados importantes, por lo que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción de aferran a la denuncia del año 1999 como pieza clave de todo el sumario.
El escándalo estalló a finales de 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó a Fabra de cobrarle comisiones millonarias a cambio de favores políticos e interpuso contra él dos querellas en los juzgados de Nules.
Desde hace cinco años, los inspectores han escudriñado minuciosamente las cuentas corrientes de la familia Fabra, han examinado centenares de cheques y letras, y han seguido el rastro del dinero que entró en Carmacas, la asesoría del presidente de la diputación, en el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Ninguna de estas pesquisas ha resultado ser tan trascendente como esa inspección del año 99, donde se ha hallado la irregularidad fiscal más relevante supuestamente cometida por Fabra.
"El informe de los peritos está cerca, pero no variará mucho de la denuncia que ya puso en su día la Agencia Tributaria por supuesto fraude fiscal", han asegurado fuentes próximas al juzgado de Nules. La prueba pericial que están elaborando los técnicos de la Fiscalía Anticorrupción podría estar entrando en la recta final y una vez que sea remitida al juzgado le tocará al fiscal asignado al caso, Luis Pastor, calificar los hechos.
"La calificación no puede ir más allá de lo que dicen los datos fiscales; desde este punto de vista el fiscal tiene poco margen de maniobra para calificar, en el caso de que haya habido alguna irregularidad tributaria", añaden las citadas fuentes.
El sumario acumula ya más de 20.000 folios, cinco años de instrucción, diez juezas, entre titulares y sustitutas, y cuatro fiscales. Desde el inicio de la investigación, en la que consta como imputado el presidente de la diputación de Castelló y otros seis ex altos cargos del gobierno de Aznar, los retrasos, relevos y una constante parsimonia judicial ha llevado a la casi paralización del proceso.
En febrero del año 2006 la Audiencia Provincial de Castelló consideró que sería útil para la investigación que se aportaran las certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades de Carlos Fabra, su esposa y los hijos de ambos. Asimismo, el auto ordenó la realización de una prueba pericial para determinar "la naturaleza y el origen del incremento patrimonial" del presidente de la Diputación Castelló.
El tribunal consideró además que el patrimonio de los hijos de Fabra ha de estar al "alcance" de la investigación, ya que "no es infrecuente" que el posible lucro obtenido "se trate de ocultar en la esfera familiar".(www.levante-emv.com, 19/01/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. JUSTICIA ADMITE QUE EL HIJO DE FONT DE MORA NO CONCURSÓ Y QUE COBRA 43.000 EUROS AL AÑO
La Generalitat ha confirmado que la contratación de Jaime Font de Mora Rullán, hijo del conseller de Educación Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia de Castelló se hizo sin que mediara un concurso público abierto a otros aspirantes. Jaime Font de Mora cobra más de 43.000 euros al año, unos emolumentos correspondientes a los de un funcionario de clase A.
En una respuesta parlamentaria por escrito, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, explica los pormenores del polémico fichaje del hijo de Alejandro Font de Mora. Según justifica, la plaza de jefe de sección de gestión interna de la Ciudad de la Justicia de Castelló se creó por resolución de 16 de mayo de 2007, después de la publicación del último concurso de méritos, "por lo que este puesto no pudo ser incluido en el mencionado concurso". De manera que se habilitó un cargo en comisión de servicios que, desde el pasado 20 de mayo, ostenta de forma provisional Jaime Font de Mora Rullán, funcionario de carrera y miembro titular del cuerpo de secretarios judiciales.
Respecto a las retribuciones de la plaza, son las correspondientes a las de un funcionario de clase A, nivel 24 y específico 046, sin ningún complemento retributivo. La ley de presupuestos de la Generalitat de 2009 contempla para este puesto 43.434,84 euros al año.
La consellera no se explaya a la hora de definir las competencias del jefe de sección de gestión interna. Según dice, "son las genéricas atribuidas a los puestos de jefes de sección, relacionadas con la gestión judicial, existentes en la administración". Añade que la entrada en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Castelló "implica necesariamente una mínima estructura administrativa que permita coordinar y gestionar todos los servicios allí establecidos, por lo que fue necesario crear diversos puestos de trabajo", entre ellos el asignado al hijo del conseller de Educación.
Cuando se destapó la polémica por la contratación, la conselleria de Justicia llegó a decir en un comunicado que la elección de Jaime Font de Mora casi fue por obligación, ya que ningún funcionario quiso el puesto. Según señaló, el cargo permaneció vacante durante un año porque no se encontraron otros aspirantes y hubo funcionarios del grupo A que rechazaron el ofrecimiento.
Para la diputada autonómica de Iniciativa Mónica Oltra, la respuesta de la consellera de Justicia "confirma la sospecha de que se creó una plaza ex profeso para el hijo del conseller, saltándose los principios de mérito y capacidad". Y cuestionó que "en una situación de crisis la consellera diga que nadie quería el puesto". "Estoy segura de que si hubiera habido un concurso, habría habido más aspirantes", añadió. La parlamentaria aseguró que esta respuesta "es la gota que colma el vaso" y exigió el cese de Alejandro Font de Mora, "después de los varapalos judiciales a sus experimentos con Educación para la Ciudadanía".
(www.levante-emv.com, 20/01/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. OTRO FONT DE MORA EN LA GENERALITAT
Después del hijo, una nuera y, ahora, un primo. Los familiares del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, tienen una notable presencia en la administración autonómica. En esta ocasión, el puesto ocupado depende directamente de la cartera de Font de Mora ya que se trata de una plaza de profesor en la Escuela Para Adultos de Benicàssim. Vicente Font de Mora es profesor interino, es decir, contratado, pero no funcionario, ya que no dispone de ninguna plaza en propiedad por oposición. Desde el pasado mes de noviembre imparte clases en la EPA de Benicàssim, algo que fue acogido de muy buen agrado por el centro y el ayuntamiento ya que llevaban ocho años reclamando este refuerzo. Fue en 2001, cuando el ayuntamiento pidió un incremento de plantilla dada la importante demanda y el crecimiento de población en el municipio. Incluso la inspección respaldó la iniciativa que, sin embargo, no tuvo respuesta en la Consejería. Desde entonces, el ayuntamiento se hizo cargo de la contratación de los profesores para impartir talleres y clases que se ofrecían en la EPA. Hasta ahora, la Consejería de Educación sólo ha enviado un profesor de apoyo en una ocasión. Fue en 2004 cuando a una profesora funcionaria se le concedió una comisión de servicios después de salir elegida como concejal del mismo municipio.
Fuentes de la Consejería de Educación aludieron al grado de parentesco de Vicente Font de Mora, que está cercano a la jubilación, con el consejero, alegando que no se trata de "un primo hermano, ni segundo".
La colocación del primo se suma a la denunciada en noviembre, cuando se conoció que Jaime, uno de los hijos de Alejandro Font de Mora, ocupa desde mayo la jefatura de sección de gestión interna de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Una nuera del consejero trabaja como letrada en la Fundación de Atención de Víctimas del Delito.
(www.elpais.com, 23/01/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL MARGINA A LOS CAMPISTAS EN LAS AYUDAS PROVINCIALES
La bronca y represalias internas en el PP de Alicante, entre los partidarios de Camps y los del presidente provincial, José Joaquín Ripoll, suma y sigue. , en el pleno extraordinario de la Diputación de Alicante, que preside Ripoll, aprobó el Plan de Obras y Servicios que primó a los municipios que son fieles al titular de la corporación provincial.
De los 39 municipios que se beneficiarán este año de los Planes de Obras y Servicios, un total de 29 están en mano de populares afines a Ripoll, y sólo dos (La Nucia y Benissa) del PP, se alinean con Camps. El resto son 7 del PSPV y otro del Bloc. Estos ayuntamientos recibirán ayudas por 22 millones de euros para la ejecución de obras menores.
Ripoll replicó así a la reunión del Consell del pasado de 12 de diciembre en Alicante, en vísperas del congreso provincial del PP. En esa sesión, Camps aprobó una lluvia de millones en obras que beneficiaban a los municipios del PP gobernados por alcaldes afines a Camps. La friolera de 833 millones en obras para estos municipios, de los que quedaron excluidos Alcoi o Villena, fieles al presidente provincial.
Ripoll, no obstante, evitó entrar en polémicas, y se limitó a destacar la "unanimidad" alcanzada en la votación. "Estados satisfechos con este apoyo, hemos negociado con los socialistas y al final hemos llegado a acuerdos". De los ayuntamientos que se beneficiarán por estas ayudas el 73% están gobernados por el PP, el 26% por los socialistas y el 1% por el Bloc. Antonio Amorós, portavoz socialista, estimó que aumenta en un 7% "el reparto a favor de nuestros alcaldes". Sobre las tensiones que afectan al equipo de Gobierno del PP, entre los afines a Camps y a Ripoll, el portavoz socialista dijo que "ese problema lo tiene el PP y demuestra el lío tan grande que tienen en esta provincia".
El acuerdo unánime llega tres días después de que el presidente de la Diputación, y del PP, mantuviera su primera reunión oficial con la nueva secretaria provincial del PSPV en Alicante, Ana Barceló, alcaldesa de Sax.
La mayoría de las obras se realizarán en las capitales de comarca y su presupuesto oscila entre los 100.000 y un millón de euros. La Diputación destina 12 millones de euros, el Ministerio de Administraciones Públicas 1,7 y los Ayuntamientos otros 7,5 millones, según explicó el diputado de Infraestructuras, Carlos Mazón.
(www.elpais.com, 23/01/09)
34. CASTILLA Y LEÓN. LOS SOCIALISTAS CRITICAN AL ALCALDE LANZAROTE: "EL PP TIENE QUE DEJAR DE MANOSEAR LA FIGURA DE UNAMUNO"
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Pablos, ha exigido al alcalde de la ciudad, el popular Julián Lanzarote, que deje de "manosear" la figura del escritor Miguel de Unamuno. La advertencia que el filósofo hiciera a Millán Astray sobre la victoria de los nacionales en la Guerra Civil, Venceréis, pero no convenceréis, ha sido nuevamente colgada en una pancarta en el Ayuntamiento para reeditar la polémica de los papeles de Salamanca.
Pablos recuerda que se trata de una campaña de "engaños" ya que el Centro de la Memoria se está enriqueciendo con nuevos documentos, como los procedentes del Tribunal de Orden Público. Y denuncia que el PP utiliza las palabras de Unamuno cuando no sólo no ha querido rehabilitar su figura como concejal de la ciudad, sino que mantiene a Franco como alcalde de honor perpetuo.
Pablos reclama al PP "que deje de manosear la figura de Unamuno", después de que Lanzarote haya vuelto a colgar en el Ayuntamiento el lema Venceréis, pero no convenceréis para reeditar la polémica en torno a los papeles de Salamanca.
El socialista recuerda que aquella frase se produjo en un contexto muy diferente, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y ante el fundador de la Legión, Millán Astray, cuando ahora el PP la usa "en un intento de fomentar enfrentamientos territoriales".
Pablos alerta de en el PP "durante años están engañando a los ciudadanos" respecto al Archivo, y recuerda que durante 2008 llegaron al nuevo Centro de la Memoria más de 300.000 documentos de Cruz Roja Internacional, además de las primeras 5.000 de las 70.000 cajas previstas con documentos originales.
Además, el socialista recuerda que desde el PP usan las palabras de Unamuno cuando desde este mismo partido se negaron a aceptar una propuesta de su grupo para rehabilitar su figura como concejal de la ciudad. En 1936 y sólo un día después de su histórico enfrentamiento con el general fascista, una resolución destituyó al escritor como concejal. El gobierno de Lanzarote también ha evitado por dos veces que se revoque el nombramiento del dictador Francisco Franco como alcalde honorario perpetuo de la ciudad.(www.elplural.com, 20/01/09)
35. ISLAS CANARIAS. LOS SINDICATOS POLICIALES, INDIGNADOS CON EL VICEPRESIDENTE CANARIO
Los dos principales sindicatos de la Policía Nacional en Canarias tildaron ayer de "gravísimas" las acusaciones de José Manuel Soria en relación con la actuación del cuerpo en la detención del empresario Santiago Santana Cazorla y expresaron el profundo malestar que existe entre los funcionarios. Agustín Brito, secretario general de la Confederación Española de Policía de Canarias, instó a la Jefatura Superior de Policía a adoptar medidas contra Soria y consideró "todavía más grave" que estas declaraciones procedan de todo un vicepresidente del Gobierno regional. "Yo le quiero recordar a Soria que ya no existe la policía política de la etapa franquista, que ya no estamos en la dictadura y que este cuerpo actúa siempre en el cumplimiento escrupuloso de la legalidad", señaló Brito.
"Estas acusaciones son muy graves y no tienen antecedentes en la democracia. Sólo sirven para desprestigiar a este cuerpo policial y es muy chocante que provengan del número dos de la jerarquía de la principal administración pública del Archipiélago", matizó Brito, quien recordó que "no sabe si se trata de un pataleo" del líder de los populares canarios o si a lo mejor "está defendiendo a la policía pretoriana que está montando el Gobierno de Canarias para defender unos determinados intereses".
Enrique Pérez, secretario general en Canarias del Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), señaló por su parte que las acusaciones de José Manuel Soria "son un absoluto despropósito viniendo de quien vienen, del vicepresidente del Gobierno de Canarias". "Soria sabe perfectamente que sólo acatamos órdenes de nuestros superiores y de los jueces y fiscales, y que nadie más puede darnos órdenes. Sus palabras son una barbaridad y no es la primera vez que se refiere a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de esta manera", precisó Pérez, para quien sería el Gobierno central o la delegación del Gobierno en Canarias los que tendrían que adoptar medidas frente a las polémicas declaraciones de Soria. "Es sencillamente una falacia señalar que la Policía Nacional acata órdenes de un político en concreto. Y esto para lo único que sirve es para desprestigiar a unos profesionales que ya de por sí afrontan una labor tan compleja como la nuestra", añadió.
El líder regional del Partido Popular en Canarias acusó al secretario general de los socialistas, Juan Fernando López Aguilar, de estar detrás de la detención del empresario Santiago Santana Cazorla en el denominado caso Góndola. "López Aguilar tiene que dar una respuesta de por qué se detuvo a Cazorla, puesto que el empresario ha declarado que fue sin orden judicial. ¿Quién le detuvo? ¿Quién lo ordenó? ¿Fue López Aguilar? ¿A quién se lo ordenó? ¿Al anterior jefe de Policía de Canarias? ¿A la actual jefa superior, que era entonces la número dos?", ha repetido José Manuel Soria en los últimos días.
(www.laopinion.es, 23/01/09)
36. ISLAS BALEARES. LOS INVESTIGADORES ESTUDIAN IMPUTAR A JAUME MATAS EN EL CASO PALMA ARENA
Los investigadores del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno a la construcción, entre 2005 y 2007, del velódromo del mismo nombre, están estudiando citar como imputado en el sumario al ex president del anterior Govern del Partido Popular (PP) Jaume Matas. El encausamiento de Matas se haría en una segunda fase de la instrucción, que se tramita desde agosto pasado bajo secreto sumarial.
El caso Palma Arena está siendo investigado por la delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción, el juzgado de instrucción 3 de Palma, el grupo de delitos Económicos y la Agencia Tributaria.
La fiscalía anticorrupción presentó en agosto pasado una querella por el descuadre millonario en el proyecto y construcción de la instalación deportiva y por supuestos desvíos de fondos públicos a fines distintos a los presupuestados.
Inicialmente las diligencias abiertas por el juez de instrucción 3 José Castro se dirigen contra los integrantes del Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma, una entidad integrada por el Govern, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca. Todos los órganos directivos del consorcio estaban ocupados por dirigentes del Partido Popular. Las sospechas se han ampliado a algunos técnicos y a proveedores que participaron en el complejo proceso de construcción del Palma Arena, que se hizo en un tiempo récord y mediante sucesivos concursos y licitaciones.En el proyecto participaron diversos organismos y entidades públicas: la dirección general de Deportes del Govern; la Fundació per al Suport i la Promoció de l´Sport (Illesport); el Ayuntamiento de Palma; el Consell de Mallorca y su Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
En las pesquisas realizadas hasta el momento habrían aparecido indicios de que el president del Govern Jaume Matas tuvo un papel protagonista en el diseño del velódromo y en el impulso para su construcción.
De hecho, existe constancia documental en el sumario respecto a que Matas, defendido por Rafael Perera, habló con el presidente nacional de FCC, la constructora que junto a Melchor Mascaró ganó el concurso, sobre los miedos y dudas iniciales de la UTE ante lo limitado de los plazos de construcción y la baja licitación. Matas también se habría reunido con los técnicos que dirigieron el proyecto en la segunda etapa, los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz y el ingeniero industrial Miguel Ángel Verger.
Otra de las líneas de investigación en torno a una de las mayores obras públicas del anterior Govern es el posible desvío de fondos públicos para financiar la campaña electoral del PP de las municipales y autonómicas de 2007.
El Palma Arena se presupuestó en unos 48 millones de euros y en él ya se han invertido más de 110 millones de euros. A pesar de dicho desembolso las instalaciones, inauguradas en 2007, presentan numerosos malos acabados, desperfectos y disfunciones. El juzgado ha encargado una prueba pericial para tratar de cuantificar cuál fue el coste real de los trabajos y equipamientos del velódromo. El anterior Govern culpó de buena parte de los sobrecostes al primer arquitecto del velódromo, el alemán Ralf Schürmann, al que acusó de retrasos en la entrega de los planos y de calcular mal los fondos necesarios.
(www.diariodemallorca.es, 20/01/09)
37. ISLAS BALEARES. EL FISCAL INVESTIGA EL PATRIMONIO DEL EX PRESIDENTE BALEAR MATAS
La Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira a Jaume Matas. Los fiscales se han fijado en el incremento que experimentó el patrimonio de Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (PP), mientras permaneció en la vida pública, hasta el verano de 2007. Miembros de la Guardia Civil y especialistas de la Agencia Tributaria han tomado declaración a más de una decena de personas para documentar si existió en el entorno de Matas un supuesto manejo de dinero negro, fruto de presuntas comisiones ilegales, mediante facturaciones a precios ficticios o mediante la receptación directa de regalos.
Las cuentas y facturas de Matas con su albañil, decorador, electricista, galerista de arte, arquitectos (los vendedores del piso) están bajo la lupa de la fiscalía. Una pieza central del caso radica en la compra en 2006 del lujoso palacete de Palma, de 725 metros cuadrados, por 950.000 euros, así como su equipamiento y decoración. Matas defendió la transparencia de la operación. En el mercado inmobiliario de casas en zonas históricas de Palma, el valor del inmueble era de 4,9 millones.
Las indagaciones se extienden a otro piso de alto rango que Matas (y después su familia) ocupó en el centro de Madrid mientras era ministro (2000-2003). El repaso de los gastos se extiende a las obras de arte que ocupan las paredes de ambas casas y a la selecta colección de relojes deportivos que exhibió el político. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau abrieron semanas atrás unas diligencias de investigación tras conocer al menos dos comunicaciones escritas con datos sobre posibles irregularidades. Hacienda obtuvo idéntica información.
En el eje del rastreo de las finanzas de Matas figura su cuñado, Fernando Areal, empleado de banco y gestor de carteras de fondos de grandes empresas, al que designó gerente del PP y de la Fundación Antonio Maura que se nutría de las donaciones y patrocinios de empresas. Los fiscales examinan el tráfico de inversiones millonarias de concesionarias del Gobierno Matas en las carteras que administraba el pariente del presidente. Areal era consejero, a la vez, la empresa familiar Eléctrica Matas, compañía que liquidó. Los interrogatorios y la demanda de entrega de documentación sobre el piso-palacete se han extendido a carpinteros, pintores, electricistas o tapiceros. Un grupo de guardias civiles recorrió diversas tiendas de lujo donde Matas y su esposa se suministraron en Palma y en Pollença, para saber qué se adquirió y cómo se pagó. Un proveedor aseguró que cobró parte de su trabajo en dinero opaco, a través de un decorador.
Matas ha designado al penalista del PP Rafael Perera como representante legal y ha mostrado su disposición a declarar porque considera que no cometió ilegalidad alguna. El político vive en EE UU desde 2007 gracias a un contrato que tramitó Barceló Hotels.
(www.elpais.com, 23/01/09)
38. ISLAS BALEARES. ROSSELLÓ RECLAMA AL PP 36.000 EUROS POR TRABAJOS ELECTORALES
Joan Rosselló, el diseñador de Binissalem imputado en el caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al CDEIB (un consorcio público de la conselleria de Comercio) durante el pasado Govern del PP, declaró ante la jueza que investiga una supuesta financiación electoral de dicho partido con fondos públicos. Rosselló admitió que diseñó la precampaña electoral del PP de Eivissa en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2007, unos encargos que no ha cobrado y que no ha facturado hasta casi dos años después, cuando reclama 36.000 euros.
El empresario, defendido por Llorenç Salvà, facturó entre 2004 y 2007 más de 5,5 millones al CDEIB, el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, a través de sus empresasFires Geremí S.L. y Estudio Joan Rosselló. La ex gerente del CDEIB, y principal encausada en el caso Scala, Antònia Ordinas, mantiene que el entonces conseller de Comercio e Industria, Josep Juan Cardona, forzó a Rosselló a hacer la precampaña electoral del PP de Eivissa y Formentera gratis, porque ya facturaba bastante al Govern. Cardona, defendido por Josep Zaforteza, es diputado del PP en el Parlament y en 2007 era también el presidente del PP de Eivissa y del CDEIB.
Rosselló se encargó de preparar unos folletos específicos para cada municipio de Eivissa y otro para la AIPF, la marca del PP en Formentera y su líder, el actual diputado Josep Mayans. Elaboró los panfletos con los datos que le facilitó el entonces jefe de gabinete de Cardona, José Manuel Alcaraz Escandell, presidente del PP en Formentera y ahora secretario del diputado Mayans. El empresario mallorquín insistió en atribuir a Alcaraz el tema del transporte de los panfletos electorales desde la imprenta palmesana Bahía a Eivissa.
Rosselló ante la jueza Piedad Abrines y el fiscal Juan Carrau, calificó de "reunión de cortesía" la mantenida con Cardona, en el despacho oficial del conseller. En ese encuentro el político ibicenco le dio las pautas principales de la campaña. En su declaración ante el Grupo de Delitos Económicos de la Policía el pasado 1 de diciembre el empresario de Binissalem dijo no recordar si había presentado una factura por su trabajo, pero sí manifestó no haberlo cobrado.
En el juzgado señaló que acaba de girar una factura al PP por 36.000 euros por sus servicios electorales, aunque no sabe si lo tiene que pagar el partido de Eivissa o el de Palma. Rosselló añadió que no es habitual en sus negocios facturar trabajos de hace casi dos años, pero sí que es normal que las instituciones se demoren en los pagos: "ahora mismo hay muchas instituciones que me deben mucho dinero". A la pregunta de por qué ha tardado tanto en hacer la factura, manifestó que siempre había pensado en cobrar por sus servicios, "un trabajo totalmente transparente".
En los 36.000 euros que reclama al PP están sus honorarios, los de sus colaboradores y los de la imprenta, unos siete mil euros. El transporte urgente, unos 13.000 euros, fue pagado por el CDEIB.
(www.diariodemallorca.es, 23/01/09)
39. ISLAS BALEARES. ORDINAS INSISTE EN QUE FUE CARDONA EL QUE ENCARGÓ LA PUBLICIDAD DEL PP
La ex gerente del Centre per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) Antònia Ordinas se ha ratificado, punto por punto, de la declaración que realizó el pasado mes de diciembre, cuando ante la juez del 'caso Scala' involucró de lleno al ex conseller de Comerç Josep Juan Cardona en la supuesta trama de financiación irregular del PP con el envío de folletos de esa formación política a Eivissa y Formentera.
En una nueva comparerencia de Ordinas ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau y los abogados personados, apuntó de nuevo a Cardona como la persona que le había encargado la campaña publicitaria para el PP. El ex conseller le insistió en que la campaña la debía realizar Joan Rosselló, propietario de Estudi Joan Rosselló SL y Fires Geremi, "gratis, porque facturaba mucho (con el CDEIB)".
Ordinas declaró por expreso mandato de la juez, ya que había decidido no acudir a la cita al creer que su comparecencia "no era necesaria". Su abogado, Eduardo Valdivia, la llamó por teléfono y se presentó al mediodía en el juzgado.
La ex gerente del CDEIB insistió en que a Rosselló le sentó "muy mal" cuando el ex conseller Cardona le comunicó que tenía que realizar la campaña publicitaria del PP gratis. Añadió que, a pesar de que Rosselló no le reclamó el pago, sí le comentó que podía servir de "apuesta de futuro" para que le siguieran encargando campañas del PP. También, desmintió a otro imputado, Felipe Ferré, concejal en Lloseta, expulsado del PP, quien afirmó que ella "hacía tres montones" de las cantidades que recibía. Dijo que el sistema era mucho más "discreto", ya que las entregas se hacían "en sobres cerrados y en la sede del CDEIB, aunque después también se hacían "en la Conselleria o en el despacho de Kurt (Viaene)".
Joan Rosselló, por su parte, presentó ante la juez la factura por la campaña publicitaria del PP por valor de 36.000 euros. Con ello, quiso dejar claro que su intención siempre fue la de "cobrar" por ese trabajo, y no hacerlo gratis como, al parecer, le había pedido el ex conseller Cardona. Cuando le preguntaron si era normal que cobrara con tanto retraso, Rosselló admitió que no lo era, pero reiteró que "siempre" quiso facturar ese trabajo.
Asimismo, compareció ante la juez el ex drector general de Promoción Industrial Kurt Viaene, quién negó haber tenido cualquiera relación con el envío de publicidad del PP. "Tuve conocimiento de ello a través de mi abogado", precisó.
(www.ultimahora.es, 23/01/09)
40. "SORAYA ES EL SÍMBOLO Y LA REALIDAD DE LA DERROTA POLÍTICA DEL PP"
No hay tregua. Sea a derecha, a izquiera o por el centro, el locutor de la Cope, Federico Jiménez Losantos, ha dedicado parte de su programa a lanzar dardos envenenados a la clase política. La derecha, sin embargo, se ha llevado la mayor parte de los ataques. Durante la primera hora de su programa 'La Mañana', Losantos ha dedicado su análisis de la actualidad a criticar las palabras de Rajoy y la foto de Sáenz de Santamaría en El Mundo.
Tras hablar de las declaraciones de Pedro Solbes, Ministro de Economía, donde reconocía haber agotado el margen de los fondos públicos para solventar la crisis económica, Losantos ha hecho alusión a las palabras de Rajoy en las que se preguntaba quéva a hacer el Gobierno después de haber agotado todo el margen y haber obtenido malos resultados. El líder del Partido Popular ha declarado que sólo les quedaba "rezar", a lo que el locutor de la Cope ha respondido diciendo que no le ve rezando junto a Soraya, a la cual "no se la ve muy piadosa, a la criaturita".
También ha criticado las palabras de Rajoy donde recomendó a Solbes que "lo más patriótico" es retirarse. Losantos se ha preguntado cómo hace una semana sólo pedía la dimisión de Magdalena Álvarez y no la del responsable de la economía del país, que está por encima de ella en el Gobierno. Según Jiménez Losantos, el problema es que Rajoy va de centrista y pedir la dimisión de dos ministro sería "demasiado radical".
El periodista de la cadena de los obispos considera que "Soraya, como mano derecha de Rajoy, es la que ha convertido el PP en una ruina". "Esta semana el PP ha cosechado el fruto de cuatro meses de humillación", afirmaba en relación a la no comparecencia de Zapatero en el Congreso para hablar del paro. "¿Para qué tanto apuñalar a los otros, para qué tanto mendigar la caridad de la progresía, para qué ha servido eso?, para nada".
"Una cosa es perder la votación y otra cosa es perder la cara y la vergüenza. Soraya ha sido incapaz de conseguir que Zapatero fuera al parlamento a hablar del paro, esa es la parte seria de Soraya. Ella es el símbolo y la realidad de la derrota política del PP."
"En España por desgracia tenemos dos taras, hay señoras que utilizan su condición de mujer para llegar a ser algo en la política, y políticas que utilizan su poder para mejorar su glamour de mujer. Pero es peor todavía, después de la crítica razonable del comportamiento despótico, tercermundista, hortera, de las ministras en el posado del Vogue, que sean perdonadas porque la nuestra también hace el tonto."
Hablando del posado en El Mundo de Soraya Sáenz de Santamaría y las consiguientes declaraciones del presidente del PP disculpándose por haber criticado el reportaje de las ministras en Vogue y asumiendo que en temas de tolerancia y respeto todavía "les falta un largo trecho por recorrer", Losantos ha sido contundente: "Y usted, don Mariano, en vez de apuñalar y traicionar a todos los que le han llevado a estar donde está para permanecer una temporadita más en el cargo, debería tener menos tolerancia con el vicio, con la ruina y con la corrupción y más respeto a los ciudadanos que les pagamos el sueldo."
Antes de terminar su particular análisis de la actualidad política, ha ofrecido su última reflexión sobre el ya polémico posado de Soraya Saénz de Santamaría: "El machismo sirve para justificar cualquier cosa. Si un señor del PP o del PSOE hace el ridículo y se pone sexy delante de la cámara, como lo ha hecho esta señora, lo estaríamos poniendo verde y con razón"
(www.publico.es, 20/01/09)
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