1. RAJOY LLAMA FASCISTAS A QUIENES ATACAN AL PP POR LA CORRUPCIÓN

2. EL PP CREE QUE LA IMPUTACIÓN DE CAMPS NO ES MOTIVO PARA DUDAR DE ÉL

3. EL PP ENSALZA AL SUPREMO POR ABRIR UNA CAUSA CONTRA GARZÓN POR PREVARICACIÓN

4. TRILLO OCULTÓ AL CONGRESO QUEJAS SOBRE LOS VUELOS A AFGANISTÁN

5. "EL HONESTO" MAYOR OREJA, EX MINISTRO DE INTERIOR, MANTUVO INTERESES EN EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD

6. MAYOR OREJA DEFIENDE LA COMPARACIÓN DE ABORTO Y ABUSOS DE CAÑIZARES

7. BECERRIL PIERDE EL RESPETO POR EL TC POR NO ILEGALIZAR LA LISTA DE SASTRE

8. AZNAR IBA EN SUS VACACIONES A MENORCA… ¡EN AVIÓN MILITAR!

9. RAJOY, TRILLO, PIQUÉ, ARENAS Y AZNAR VOLARON EN AVIONES DEL ESTADO EN VIAJES NO INSTITUCIONALES

10. CATALUÑA. EL PPC ENVÍA A TV-3 A VIDAL-QUADRAS PESE A QUE MILITA EN MADRID

11. GALICIA. EL DELEGADO DE OURENSE CULPA DEL FRAUDE A UNA EMPRESA DE LA QUE ES APODERADO

12. GALICIA. FEIJÓO REBAJA A 8 MILLONES DE EUROS EL AHORRO POR REDUCIR ALTOS CARGOS

13. GALICIA. MÁS DE 10. 000 GRANDES DEPENDIENTES SE QUEDARÁN ESTE AÑO SIN ASISTENCIA

14. ANDALUCÍA. DE LA TORRE ELUDE DAR CUENTA AL AL PLENO SOBRE LAS ADJUDICACIONES

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

16. COMUNIDAD DE MADRID. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN

17. COMUNIDAD DE MADRID. LAS DONACIONES AL PP REAVIVAN LAS SOSPECHAS DEL 'TAMAYAZO'

18. COMUNIDAD DE MADRID. FUNDESCAM TAMBIÉN RECAUDÓ FONDOS EN VÍSPERAS DEL 14-M

19. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL CASO DEL ESPIONAJE

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ INVESTIGA 8 TELÉFONOS DE 'AGENTES' DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL ESPIONAJE

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR PREVARICACIÓN

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL DEFENSOR DENUNCIA LAS LISTAS DE ESPERA DE MADRID

23. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD ADMITE QUE NO HARÁ LOS 55 CENTROS DE SALUD PROMETIDOS

24. COMUNIDAD DE MADRID. DETENIDO UN CONCEJAL DEL PP EN ARGANDA DEL REY POR CONDUCIR EBRIO

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELUDIÓ A LAS CORTS CON UN VIAJE A BOSTON PARA RUBRICAR UN ACUERDO QUE YA ESTABA FIRMADO

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 70% DEL GOBIERNO VALENCIANO DIO CONTRATOS A LA TRAMA CORRUPTA

27. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DECLARACIÓN DEL SASTRE DE CAMPS DA UN FUERTE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ BLOQUEA CUENTAS EN SUIZA TRAS DECLARAR UN IMPUTADO DEL 'CASO GÜRTEL'

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ COTEJA LOS DATOS DEL SASTRE DE CAMPS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. FOREVER YOUNG NO REGISTRÓ LOS PAGOS EN METÁLICO DE CAMPS

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ADVIERTE A CAMPS DE QUE ´TENDRÁ UN PROBLEMA´ SI EL PROCESO JUDICIAL SALE MAL

32. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAL DE LA FEMP

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES: " TENEMOS UN MARRÓN "

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS VIAJÓ AL MITIN DE ALICANTE CON SU COCHE OFICIAL DE PRESIDENTE, UN AUDI A-8

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE PARA FABRA DOS AÑOS DE PRISIÓN POR FALSEAR DOCUMENTOS

37. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "NO PIENSO DEJAR MI PUESTO"

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE ASEGURA QUE LOS "DE EL PAÍS DEBERÍAN ESTAR EN CÁRCEL"

39. COMUNIDAD VALENCIANA. AL PP SE LE COMPLICA LA VIDA EN BENIDORM

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA CONTRA RUS POR INSULTOS Y AMENAZAS

41. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA REABRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ELCHE RECHAZA HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO

43. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE COMPROMETE A RECOLOCAR A 150 TRABAJADORES DE LAGUN AIR Y LOS ABANDONA A SU SUERTE

44. REGIÓN DE MURCIA. EL JUZGADO DE SAN JAVIER REABRE LA CAUSA CONTRA LA ALCALDESA DE FUENTE ÁLAMO POR COHECHO

45. REGIÓN DE MURCIA. ESPECTACULAR E INDIGNANTE SUELDO DEL ALCALDE DE MOLINA EN TIEMPOS DE CRISIS: 84.677,74 EUROS AL AÑO

46. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ: ´ME DABAN ÓRDENES EN NOMBRE DEL JEFE (MATAS) Y DE LA VICE (ESTARÁS)´

47. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CITA A LOS PRINCIPALES ENCAUSADOS

48. LA AUDIENCIA RATIFICA EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA PISCINA DE PEDRO J. RAMÍREZ

49. NUEVO VARAPALO JUDICIAL A LOSANTOS Y LA COPE

50. EL SUPREMO ADMITE LA QUERELLA DE UN GRUPO ULTRADERECHISTA CONTRA GARZÓN

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1. RAJOY LLAMA FASCISTAS A QUIENES ATACAN AL PP POR LA CORRUPCIÓN

En una plaza del casco viejo de Santa Cruz de Tenerife, rodeado de globos y militantes que vestían camisas con el lema de la Marea Azul de esta campaña, Mariano Rajoy aprovechó la reciente absolución de José Manuel Soria, líder del PP canario, en un caso de cohecho, para lanzarse contra los que atacan a los populares por los casos de corrupción que estallan en el seno de este partido.

En defensa de Soria, Rajoy subió mucho el tono, hasta el punto de que en un momento de su discurso acusó a los socialistas que no se han disculpado de sus ataques tras el archivo de las causas de tener un "carácter antidemocrático, fascista y antiliberal".

Los populares han decidido salir al contrataque ante la sucesión de malas noticias judiciales, entre ellas la imputación del presidente valenciano, Francisco Camps, y de media docena de dirigentes madrileños ya expulsados del partido.

Rajoy insistió en la línea expresada minutos antes por Soria, que repitió que los socialistas "siempre han caído en la tentación de utilizar las instituciones básicas del Estado en contra de sus adversarios políticos". Pero el líder del PP fue más lejos: "Lo que ha pasado aquí [EN CANARIAS] en Baleares o en Valencia nunca les ocurrió a ellos en la época en la que gobernó el PP". Rajoy, que hoy ofrecerá un mitin en Castellón con Carlos Fabra, otro imputado en varios casos, insistió en su idea de los "inquisidores del sibglo XXI" que persiguen al PP.Mientras, en su único acto de campaña en Barcelona, el cabeza de cartel europeo del PP, Jaime Mayor Oreja, puso deberes a sus correligionares catalanes para dejarles claro que sin Cataluña, y teniendo en cuenta lo ajustado de los sondeos, no es posible una victoria electoral. Ni europea ni española. "El PP en Cataluña debe crecer mucho, tanto cómo para que Rajoy sea presidente", sostuvo Mayor. El dirigente popular, insistiendo en el perfil doméstico del 7-J, remarcó que "son las primeras elecciones desde la crisis en la que los españoles podemos decir lo que pensamos" y reclamó castigar a Zapatero.

(www.elpais.com, 29/05/09)

2. EL PP CREE QUE LA IMPUTACIÓN DE CAMPS NO ES MOTIVO PARA DUDAR DE ÉL

La condición de imputado por cohecho del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no es motivo para que se ponga en duda su honorabilidad. Esta es la postura unitaria del PP y el argumento que ha defendido la portavoz conservadora en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. "Por una cuestión de esta naturaleza no se puede poner en duda la honorabilidad de nadie, y menos la de Camps", ha argumentado Sáenz de Santamaría —en RNE—, en referencia a los 7.325 euros que supuestamente recibió en trajes el líder del PP en Valencia.

Sáenz de Santamaría, quien ha acusado a los medios de comunicación de hacer juicios paralelos, ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha restado importancia a que alguien te haga un "detallín". "A lo mejor otro portavoz te regala algún libro, y nos regalamos productos típicos en Nochebuena. Yo suelo mandar vino de mi tierra, un buen Ribera del Duero, también hay aceites muy buenos, y las cosas hay que hacerlas en un ámbito de normalidad", ha afirmado. Saénz de Santamaría ha vuelto a defender la memoria del ex líder del PP José María Aznar y su capacidad para "experiencia acreditada" para sacar a España de la crisis.

La portavoz del PP ha defendido como líneas básicas para salir de la crisis la austeridad, una rebaja de impuestos y reformas básicas en energía y educación. La portavoz conservadora ha lamentado la decisión del Tribunal Constitucional, que permite a la formación Iniciativa Internacionalista presentarse a las europeas.

(www.publico.es, 25/05/09)

3. EL PP ENSALZA AL SUPREMO POR ABRIR UNA CAUSA CONTRA GARZÓN POR PREVARICACIÓN

El Tribunal Supremo admitió una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por supuesto delito de prevaricación en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil, ocho meses después de la denuncia inicial formulada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. La inesperada actuación de la Sala Penal, adoptada en el apogeo del caso Gürtel, que investiga una trama de corrupción masiva vinculada a numerosos cargos públicos del PP, desbordó la euforia en este partido. Los portavoces populares se felicitaron por la decisión y se apresuraron a poner en tela de juicio la instrucción del sumario contra la trama corrupta realizada por Garzón, pese a que sus reiterados recursos y querellas contra el juez por esta causa han sido archivados o desestimados.

Los populares pasaron del respeto habitual a las decisiones judiciales y de quitar importancia a la condición de imputado al alborozo y la euforia por la actuación del Supremo. En un inusual comunicado, calificaron de "valiente y ejemplificadora" la decisión del Supremo, que demuestra que "no hay inmunidad para nadie".

De hecho, la resolución otorga a Garzón la misma cualidad de "imputado" que corresponde al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, o al consejero y alcaldes implicados en supuestos delitos de cohecho y aforados al Tribunal Superior de Madrid. Al igual que éstos, Garzón tendrá que declarar, asistido de abogado, ante el juez instructor que nombró la Sala, el magistrado Luciano Varela.

El auto del Supremo aún no es firme y el juez anunció su intención de recurrirlo. Pero si, como es previsible, el Supremo confirma la admisión de la querella, Garzón tendrá que enfrentarse a una eventual suspensión de sus funciones como juez central de la Audiencia Nacional, decisión que corresponderá en su momento al Consejo General del Poder Judicial.

La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Todo ellos, excepto Jiménez, pertenecen al sector conservador y el ponente, Adolfo Prego, y Francisco Monterde, fueron designados en su día por el PP vocales del Poder Judicial.

El auto de admisión del Tribunal Supremo señala que la investigación de los crímenes de la Guerra Civil se centró en delitos para los que el juez "reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito para el que se proclama competente". Para el Supremo, no se advierte que sea "absurda ni irracional" la hipótesis de la prevaricación, por lo que "no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de la querella".

Éste es el segundo aviso que la Sala Penal del Supremo da al juez Garzón, después de que, en marzo pasado, remitiese al Consejo del Poder Judicial la investigación sobre los pagos percibidos por el juez por cursos impartidos en la Universidad de Nueva York. El magistrado ponente de aquella decisión, Luciano Varela, archivó la causa pero remitió sus investigaciones al Poder Judicial por si fueran "falta muy grave". Precisamente , Varela, que instruirá la querella por prevaricación contra Garzón, confirmó el archivo de la querella de los pagos de Nueva York, aunque el asunto seguirá en el Consejo.

(www.elpais.com, 28/05/09)

4. TRILLO OCULTÓ AL CONGRESO QUEJAS SOBRE LOS VUELOS A AFGANISTÁN

Varios meses antes del accidente del Yak-42 en Turquía, la cúpula militar que se encontraba a las órdenes de Federico Trillo conocía el pésimo estado de los aviones como el que acabó siniestrado en

Trabzon, justo hoy hace seis años, donde perdieron la vida 62 militares españoles. El ex ministro de Defensa negó en el Congreso haber recibido alertas del Ejército del Aire sobre las condiciones en las que operaban estos vuelos.

En su primera comparecencia parlamentaria tras el accidente, Trillo esquivó a la oposición acotando su respuesta al Yak-42, pero las máximas autoridades militares le habían trasladado ya las graves quejas de los efectivos obligados a desplazarse a bordo de vuelos basura contratados con compañías de bajo coste.

Cinco mandos militares están imputados por la Audiencia Nacional acusados de homicidio imprudente por la contratación del avión siniestrado. La documentación recogida en el sumario confirma el conocimiento del ex titular de Defensa acerca de las penosas condiciones de vuelo de los militares españoles. El ex ministro, sin embargo, ocultó al Congreso esta circunstancia.

El 4 de junio de 2003, Trillo compareció en el Congreso para explicar las circunstancias del accidente del Yak-42. El ex ministro negó haber sido advertido por Ejército del Aire sobre el mal estado de los aviones rusos empleados en los vuelos que operaban desde Afganistán. "Ni lo conozco, ni creo que exista", afirmó Trillo refiriéndose sólo a un informe sobre el avión siniestrado, cuando el PSOE le requirió la documentación que probaba las denuncias de los militares.

En su respuesta, Trillo se parapetó detrás de sus subordinados: "El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general Gallarza, ha declarado públicamente que no ha tenido conocimiento de ninguna queja sobre este avión".

El ex ministro acotó su respuesta al Yak-42, pero sólo un día antes de su comparecencia, el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Emilio Moreno Barberá, informó al ex ministro de la existencia de esas quejas sobre los vuelos, como hizo constar en una nota interna fechada el 5 de junio de 2003. El JEMAD tituló su informe Quejas del Ejército del Aire sobre aviones de carga IL 76 empleados en diversos vuelos de sostenimiento a Afganistán.

Esta nota fue el último eslabón de la cadena de comunicaciones que partió del informe redactado en diciembre de 2002 –cinco meses antes del accidente del Yak– por un mando de la base norteamericana de Manás (Kirguistán), trampolín de las operaciones militares sobre Afganistán. La queja fue elevada al responsable del Mando Aéreo de Levante quien, a su vez, se la hizo llegar al JEMAD.

La denuncia llegó a la cúspide de la pirámide de mando cuando el JEMAD se la remitió a Trillo un día antes de que negara en el Congreso conocer las protestas de los militares sobre las condiciones de los vuelos.

En esta última nota se informaba, entre otras deficiencias de los vuelos, de que los pasajeros no disponían de cinturón de seguridad, las mascarillas de oxígeno parecían usadas, y el atado de la carga era insuficiente. Este diario intentó sin éxito conocer la versión de Trillo sobre los datos que ocultó al Congreso.

(www.publico.es, 26/05/09)

5. "EL HONESTO" MAYOR OREJA, EX MINISTRO DE INTERIOR, MANTUVO INTERESES EN EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD

El candidato del PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja, se está presentando de cara al 7-J como un político sin tacha, que hace gala de honestidad y además llama a ser "implacable" con los corruptos. "¿Los honestos no podemos hablar?", se pregunta en una entrevista para contraponer su figura a los acusados de corrupción dentro del PP. Mayor Oreja es tan celoso de esa imagen que interpuso una demanda apelando a su derecho al honor contra Xavier Arzalluz, y es que éste había denunciado que el ex ministro de Interior tenía intereses familiares en empresas de seguridad privadas. Sin embargo, los tribunales consideraron que los hechos descritos por el del PNV estaban probados, es decir, que la situación por la que Mayor Oreja sintió su honor comprometido estaba probada y las "imputaciones" del peneuvista eran "veraces". El Supremo acaba de desestimar una demanda del popular por aquel asunto.

Mayor Oreja está utilizando su honestidad como un argumento más de campaña en las europeas. Así, en una entrevista a Vogue asegura que el PP "está respondiendo correctamente" respecto a los casos de corrupción investigados judicialmente dentro de su partido. Insiste en que él habla "tranquilamente" ya que "sé exactamente lo que he hecho en la vida en esos terrenos, en esos ámbitos". En la entrevista, recogida por Europa Press, Mayor Oreja se pregunta si "los honestos no podemos hablar" si "la corrupción" afecta "a un trozo de mi partido". "La consecuencia sería horrible, un disparate", se responde.

Si no la honestidad, lo que si está en entredicho es su honorabilidad. En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz. El peneuvista había denunciado que la familia del popular tenía intereses en el sector de las empresas de seguridad privada y relacionaba esta circunstancia con la negativa de Interior a negociar con el Gobierno vasco la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza para proteger a los amenazados por terrorismo.

El Juzgado de Primera Instancia de Álava y después la Audiencia provincial desestimaron la demanda al considerar que no se había quebrado el derecho al honor de Mayor Oreja, entre otras cosas "porque las imputaciones son veraces, por haber sido indagadas con suficiente diligencia". Los jueces dieron por probada la participación del ministro de Interior en Eulen, compañía que gestiona empresas de seguridad privada, y detallaron las vinculaciones societarias de sus hermanos José María y Carlos en otras empresas de seguridad. Mayor Oreja y también Mariano Rajoy, que como su sucesor en Interior le había secundado en aquella demanda, tuvieron que pagar las costas procesales.

Mayor Oreja insistió e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que fue desestimado en noviembre del pasado año. "En el curso del procedimiento se consideró probado que los demandantes, miembros de la familia Mayor Oreja, habían pertenecido como apoderados, administradores o accionistas, a diversas compañías de seguridad privada y que en el momento de presentarse la demanda aún seguían ostentando cargos en las mismas u otras empresas", confirmó el TS.

(www.elplural.com 23/05/09)

6. MAYOR OREJA DEFIENDE LA COMPARACIÓN DE ABORTO Y ABUSOS DE CAÑIZARES

El primer candidato del PP al Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, ha defendido al cardenal Antonio Cañizares por defender que el abuso de menores no es tan malo como el aborto. "Lo único que hizo fue establecer una cierta ordenación, dentro de la aberración de ambas cosas", ha opinado Mayor.

El candidato conservador no ha desperdiciado la coyuntura para atacar a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, por afirmar que "un feto es un ser vivo, pero no podemos hablar de ser humano". "Estas palabras arrojan más gravedad que cualquier comparación que se pudiese establecer de qué es más odioso", si el aborto o los abusos a menores, ha afirmado Mayor Oreja, antes de señalar que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, "debería enjuiciar primero si está de acuerdo en que los que van a nacer no son seres humanos" antes de pedir a Cañizares que rectifique porque, después de que Aído dijera "que los que van a nacer no son seres humanos", "el criterio moral del Gobierno en ese terreno es más que relativo".

Mayor Oreja ha explicado que Cañizares "ha pedido perdón por los abusos, pero considera más graves" los abortos y "lo único que hace es una cierta ordenación, dentro de la aberración de ambas cosas". "Todo es repugnante, pero la ordenación es la que es, y más en él que es un cardenal, un obispo de la Iglesia y, obviamente, es la doctrina que tiene que defender", ha agregado.

Ha recalcado que el cardenal -nombrado recientemente prefecto de la Congregación por el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos- se refería a que debe prevalecer el derecho a la vida, tal y como se enjuicia en el Código Penal. "Dice que la cultura de la muerte es el pisoteo de la dignidad de la persona. Eso es lo primero y, luego, condena lo segundo, en el sentido de que los abusos son repugnantes. Los abusos a los menores son de las cosas que más repugnancia nos producen y estoy seguro que al cardenal Cañizares también", ha argumentado. Tras señalar que no entra en valorar la oportunidad de la comparación, ha dicho que "en la ordenación, lo que significan estrictamente las dos cosas, la postura del cardenal es exacta".

(www.publico.es, 29/05/09)

7. BECERRIL PIERDE EL RESPETO POR EL TC POR NO ILEGALIZAR LA LISTA DE SASTRE

Teresa Jiménez Becerril, número tres de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, no siente "ningún respeto" por el Tribunal Constitucional (TC) por haber aceptado que concurra a esos comicios Iniciativa Internacionalista (II), un conglomerado de grupos de la izquierda radical encabezado por el dramaturgo Alfonso Sastre. La política era hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, que fue asesinado por la banda terrorista ETA junto a su mujer en 1998.

La candidata dijo en un acto de su partido en Madrid que no entiende por qué el TC permite que "se sienten en un Parlamento libre" personas como el representante de II Luis Ocampo, quien el viernes pasado se resistió a condenar la violencia de la banda por considerarlo un planteamiento "simplista". Jiménez Becerril dijo que ETA negó a su hermano y a su cuñada "el derecho a criar a sus tres hijos pequeños" (de 5, 7 y 8 años), el mismo derecho que se concede ahora al terrorista que les disparó y a su novia. La pareja de etarras, Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa, ha sido instalada en un módulo de la prisión de Granada para que cuide de su hija de 3 años y de otro hijo que esperan.

La coalición proaberzale, que el sábado pasado recibió el apoyo de Arnaldo Otegi, exdirigente de la ilegalizada Batasuna, se presentará esta mañana oficialmente en Barcelona en un acto que contará con la presencia de Josep Garganté, que figura como número tres de la lista.

(www.elperiodico.com, 28/05/09)

8. AZNAR IBA EN SUS VACACIONES A MENORCA… ¡EN AVIÓN MILITAR!

3 de agosto de 2002. El presidente del Gobierno, José María Aznar, llega acompañado de su familia a Menorca para disfrutar de unas merecidas vacaciones. En el aeropuerto le reciben la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, y el director insular del Gobierno en Menorca, Guillermo de Olives. ¿Y de dónde descienden los Aznar-Botella? Pues de un avión militar, por supuesto.

Parece normal, por otra parte. Nadie esperaría que el presidente del Gobierno hiciese cola en Barajas, ante los puestos de facturación, con toda la troupe Aznar cargada de maletas atestadas de bañadores y chancletas.

La noticia, la recogía en aquel entonces El Mundo: "El presidente, acompañado por su esposa, Ana Botella, y sus hijos Ana y Alonso, ha posado para la prensa junto a la piscina de su finca, en la que se instaló después de su llegada al aeropuerto de la capital menorquina a bordo de un avión militar".

Sus vacaciones, no obstante, tenía fecha de caducidad: el día 25 de agosto. Y es que, para aquel día, la familia debía volver a Madrid porque tenían un compromiso de grandes dimensiones, casi imperiales: la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag. Un enlace que debió acarrear unos costes mucho mayores de los que le hubiera supuesto a Zapatero viajar en clase turista hasta Sevilla.

Aznar, que quería dedicar sus vacaciones "a navegar, leer y jugar al golf en Son Parc" también tenía planeado realizar una última actividad antes de volverse, bastante más alejado de la austeridad de la que presumen en el PP: cenar "junto a los militantes menorquines del Partido Popular en los salones del Insotel Punta Prima, un complejo hotelero de cinco estrellas".

(www.elplural.com, 27/05/09)

9. RAJOY, TRILLO, PIQUÉ, ARENAS Y AZNAR VOLARON EN AVIONES DEL ESTADO EN VIAJES NO INSTITUCIONALES

El viaje del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al mitin del PSOE, del pasado domingo, en la población de Dos Hermanas (Sevilla); viaje efectuado por él en un avión Falcon, del llamado Grupo 45, puede provocar mucha más polémica de la ya desarrollada en los últimos días.

Y, posiblemente, puede suscitar en cualquier momento alguna que otra sorpresa -no demasiado agradable- entre ciertos ministros del Gobierno presidido por José María Aznar. Parece evidente que este affaire no está en absoluto archivado.

En La Moncloa disponen de dossiers sobre viajes no institucionales, de carácter privado, llevados a cabo en aviones del Estado. Tales viajes los habrían realizado -entre otros altos cargos del PP- Mariano Rajoy, Federico Trillo, Josep Piqué, Javier Arenas y el propio presidente, José María Aznar. Recuérdese que Rajoy, convertido en líder del PP gracias al dedo de Aznar, fue vicepresidente del Gobierno popular.

(www.elplural.com, 27/05/09)

10. CATALUÑA. EL PPC ENVÍA A TV-3 A VIDAL-QUADRAS PESE A QUE MILITA EN MADRID

El PP catalán envía al debate electoral de TV-3 a un candidato que no milita en su partido. No es algo que los populares catalanes escondan: Alejo Vidal-Quadras dejó de integrar sus filas cuando se trasladó a vivir a Madrid, después que la colaboración entre Jordi Pujol y José María Aznar motivara su abrupta salida de la presidencia del PPC. El otro candidato catalán es Santiago Fisas, este sí militante del PPC, aunque también instalado desde hace años en Madrid, donde ejerció como consejero de Cultura del Gobierno de Aguirre.

El partido alterna la presencia de Vidal-Quadras y Fisas en actos y debates, y fuentes oficiales aseguran que no hay un motivo especial por el que sea el primero el elegido para actuar hoy. Como ejemplo recuerdan que también Fisas ha sido entrevistado en esa cadena y ha participado en otros debates.

En el fondo se intuye la voluntad de sacarle jugo a la oratoria florida de Vidal-Quadras, que conserva intacta su capacidad de combinar acidez e ironía, un activo en tiempos de campaña europea, que no suele atraer a las masas. Fisas es su contrapunto, por constituir un ejemplo de esos políticos que empatizan hasta con el peor enemigo y que no se hallan cómodos en la trinchera.

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, no logró colocar a un militante en los 10 primeros puestos. Pero es cierto que, al revés que Josep Piqué, mantiene una sintonía innegable con Vidal-Quadras, número cuatro de la lista del PP al Europarlamento. Fisas es el 23, una posición que hace que su elección no esté asegurada. Los populares obtuvieron 24 eurodiputados en el 2004 y calculan que, con los mismos resultados y el actual reparto de escaños, ahora lograrían 23.

(www.periodico.com, 29/05/09)

11. GALICIA. EL DELEGADO DE OURENSE CULPA DEL FRAUDE A UNA EMPRESA DE LA QUE ES APODERADO

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, declaró durante hora y media ante la juez de instrucción de Ribadavia, a quien la Audiencia Provincial ordenó el pasado enero reabrir la investigación sobre los supuestos delitos de estafa, malversación y falsedad documental en la gestión de fondos europeos. El representante de la Xunta negó haberse quedado con el dinero de los fondos que, según el informe de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), del Ministerio de Agricultura, y de una sentencia firme de la Audiencia Nacional no se invirtieron en las obras que él y sus socios en la agrupación local Ceivam certificaron como realizadas.

Martínez sembró la duda sobre el destino de esos más de 50.000 euros de las arcas públicas, aunque en su declaración ante la juez apuntó hacia los técnicos señalando que él firma lo que le ponen delante. En su comparecencia posterior ante los medios de comunicación reiteró su inocencia y advirtió: "Tendrá que devolver el dinero la promotora adjudicataria porque ya le quedó clarísimo a la jueza que yo no cometí ningún fraude". Sin embargo, acabó reconociendo que él es apoderado en esa empresa adjudicataria, Actuar, S.L. (de la que el Ayuntamiento de Arnoia tiene el 50% del capital), junto con sus socios de Ceivam, que también declararon.

El dirigente del PP restó importancia a la investigación judicial. "No estoy imputado; esto es una imputación procesal y la juez tendrá que ver si la mantiene", explicó. El representante del Gobierno gallego tildó la denuncia, presentada en 2006 por el BNG de Arnoia, de "política" y calificó de "camarilla del BNG" a la Axencia Galega de Desenvolvementio Rural (Agader), que abrió el expediente administrativo, y al Ministerio de Agricultura que le exigió la devolución del dinero no invertido (acuerdo que Martínez recurrió ante la Audiencia Nacional, que desestimó su petición y lo condenó a devolver las subvenciones). "Agader estaba manejada por la misma camarilla que presentó la denuncia y el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por los mismos", afirmó. "Había que joder a alguien; a alguien que se llamaba Rogelio Martínez", espetó.

"Está clarísimo que yo no metí nada en el bolsillo", dijo, y acusó a PSOE y BNG de someterlo a un proceso paralelo. Entre quienes "impiden que el asunto se resuelva en sede judicial" citó a "personas imputadas y procesadas, en algún caso por acoso laboral, como [el secretario de los socialistas gallegos] don Pachi de Carballiño, [el senador socialista] Miguel Fidalgo, o [la ex vicepresidenta del Parlamento gallego] Tereixa Paz".

Minutos después, el PSOE anunció que estudia personarse en el juicio junto con otros colectivos sociales de Ribadavia. Los socialistas aseguran que "cada vez que se levanta un papel sobre Ceivam aparecen irregularidades más graves" y denunciaron adjudicaciones a empresas a las que está vinculado Martínez como Cultivos Ribeiro, en la que es apoderado y que percibió de Ceivam (en la que era presidente) más de 45 millones de pesetas.

Por su parte, el PP cierra filas con su delegado. El número dos, Alfonso Rueda, negó la semana pasada que hubiera una sentencia de la Audiencia Nacional y habló de "fallo administrativo". , el vicesecretario y portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, subrayó que la condena no recae sobre Martínez sino sobre las empresas encargadas de las obras, olvidando mencionar que Martínez formaba parte Actuar, S.L. El PP, que presentó una querella penal por la autovía del Barbanza, sobre la que basó su estrategia de oposición cuando el juez imputó a cuatro funcionarios de Política Territorial que fueron absueltos, recrimina ahora a PSdeG y Bloque que acudan al juzgado.

(www.elpais.com, 26/05/09)

12. GALICIA. FEIJÓO REBAJA A 8 MILLONES DE EUROS EL AHORRO POR REDUCIR ALTOS CARGOS

El plan de ahorro de los nuevos inquilinos del Gobierno gallego sigue adelante, aunque sus cifras se desinflan. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, dio cuenta de una reducción de asesores y personal de libre designación de las consellerías de "en torno al 26%", después de que el Consello cerrara la estructura orgánica de la Xunta. Lo que ocurre es que el ahorro total, incluidos altos cargos, se quedará en 7,8 millones de euros anuales, muy lejos de los 100 millones que el candidato del PP prometió en campaña.

La promesa de Feijóo tenía como objetivo sufragar parte de la rebaja en el IRPF que también anunció para el primer año de mandato, a la que ya ha renunciado en 2009. El ahorro procedería de la reducción de altos cargos y asesores, publicidad y otros actos considerados suntuarios. Pero las cifras que facilitó el presidente de la Xunta distan mucho de los 100 millones de euros previstos.

Feijóo cifró en dos millones de euros el ahorro anual por la supresión de personal de confianza. A esa cantidad añadió la disminución del 46% de altos cargos, al suprimir 47 delegados provinciales y tres consellerías. La suma asciende a 7,8 millones al año, cifra que Feijóo elevó a 30 millones al multiplicarla por los cuatro años de legislatura. "Unos 5.000 millones de pesetas", subrayó.

El destino de lo que bautizó como "fondo de austeridad" ya no será la rebaja del IRPF, sino que parte se destinará a "gasto social" y otra, "a tapar el agujero presupuestario" que la actual Xunta cifra en 1.200 millones de euros, y que atribuye a sus antecesores en el Gobierno gallego. De las medidas de ahorro adoptadas , destacó la supresión de una agencia marítima con un presupuesto anual de más de un millón de euros, sustituida por tres plazas de funcionarios de nivel 30. En Facenda, mientras, se rebajaron tres subdirecciones generales a la categoría de servicios, mientras que en Sanidade habrá una dirección general y dos subdirecciones menos que con el bipartito.

El agujero presupuestario del que habla la Xunta tendrá efectos en las inversiones que desarrollará la Xunta en las ciudades, entre ellas la Cidade do Mar que está en proyecto en Vigo, aunque Feijóo anunció que el alcalde, Abel Caballero, será el primero en ser consultado e informado al respecto.

A las medidas de austeridad sumó las de transparencia, con la aprobación por el Consello de una reforma de la ley de régimen financiero de la Xunta que permitirá que 53 entidades que reciben fondos públicos integren sus presupuestos en los de la Xunta. Se trata de 39 fundaciones privadas, una agencia pública, 12 consorcios y una sociedad anónima participada por el Gobierno gallego, que manejan un total de 100 millones de euros que ahora se someterán al control presupuestario y del Parlamento. Con la nueva norma, explicó Feijóo, los gallegos podrán saber "qué gastan, qué deben y qué hacen" todas estas instituciones. El titular del Gobierno gallego señaló que la modificación se tendrá en cuenta en la elaboración de los Presupuestos de 2010, que, según avanzó, comenzará a diseñarse en el próximo mes de junio.

(www.elpais.com, 29/05/09)

13. GALICIA. MÁS DE 10. 000 GRANDES DEPENDIENTES SE QUEDARÁN ESTE AÑO SIN ASISTENCIA

Alberto Núñez Feijóo prometió en febrero que los 16.565 grandes dependientes cuantificados en aquel momento en Galicia cobrarán las ayudas de la Ley de Dependencia antes de que termine 2009. Lo dijo en un acto de campaña en Vilagarcía y lo repitió en el debate parlamentario de investidura. , en la primera comisión parlamentaria de Sanidade, la secretaria general de Familia y Benestar, Susana López Abella, reveló que la cifra real de grandes dependientes se ha casi duplicado. Hasta el pasado 17 abril, según la Unidade de Coordinación de Dependencia de la Consellería de Traballo y Benestar, había 27.399 grandes dependientes en Galicia. Datos todavía más recientes del Ministerio de Sanidad elevaban el número a 28.874, el 1 de mayo.

La Xunta, por lo tanto, debe abonar las ayudas a 10.834 dependientes más de los previstos. Y la secretaria general de Familia e Benestar no dejó claro que eso sea posible. "Estamos haciendo un estudio exhaustivo y riguroso para buscar las fórmulas adecuadas y, sobre todo, cumplir la ley", afirmó. La explicación no hubiera convencido ni de lejos a Feijóo hace sólo tres meses cuando, en campaña, animó a los dependientes que todavía no han cobrado ni un euro a "acudir a los juzgados y demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley".

A la Consellería de Traballo e Benestar le corresponde gestionar los 80 millones de euros que el Ejecutivo central se comprometió a traspasar este año a Galicia para aplicar la ley de Dependencia. El gabinete de Feijóo, sin embargo, tiene escasas esperanzas de que ese dinero acabe llegando y lo incluye en el "agujero de 1.200 millones" que le dejó el bipartito.

Con todo, el objetivo de la Xunta actual sigue siendo la promesa de Feijóo, atención para 16.565 dependientes. Pero esa cifra era sólo una previsión que establecía el Libro Blanco sobre la Dependencia, editado en 2006, y ha quedado obsoleta. Abella, sin embargo, repite que la prioridad del Gobierno es atender a los "4.665 grandes dependientes que faltan" para cumplir la promesa electoral de Feijóo. En respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Carlos Aymerich, aseguró que en estos momentos ya están cobrando las prestaciones 11.900 personas.

López Abella acusó al bipartito de ocultar las nuevas cifras de dependientes en Galicia y denunció "la maraña" y "el caos" que dejaron sus antecesores en el área de Benestar. Criticó su "despilfarro en "publicidad y propaganda" y aludió repetidamente al "agujero" que viene denunciando desde hace semanas la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y el propio presidente Feijóo.

La primera comisión de Sanidade sirvió para desmontar otra de las promesas de campaña del PP: la supresión del Consorcio Galego de Servizos Sociais, creado por Vicepresidencia en la anterior legislatura. Fue el primer anuncio que hizo Feijóo como presidente electo, el pasado 5 de marzo. Entonces argumentó su determinación por la gestión "poco eficiente del modelo", que "gasta más en burocracia que en atención a los mayores". Apenas dos meses después, la promesa se desinfla.

La Xunta mantendrá "el chiringuito" contra el que el PP cargó en la oposición y en su comparecencia en la Cámara, Abella anunció además la creación de otro organismo paralelo: el Consello Galego da Dependencia. Su misión será dar "más protagonismo a los ayuntamientos y que estén representados de forma permanente y sin presiones" en la gestión de la dependencia.

(www.elpais.com, 27/05/09)

14. ANDALUCÍA. DE LA TORRE ELUDE DAR CUENTA AL AL PLENO SOBRE LAS ADJUDICACIONES

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga se llevó una sorpresa mayúscula al comprobar que ni el alcalde ni ningún otro concejal del equipo de gobierno quisieron comparecer en el pleno para dar explicaciones políticas sobre las adjudicaciones en el área de Turismo, Juventud y Deportes, después de que en los últimos días hayan salido a la luz ciertas anomalías que incluso han provocado que se hayan anulado dos contratos.

El PSOE solicitó la comparecencia del alcalde en el pleno. Llegado el punto del orden del día, pasadas las 21.30 de una sesión iniciada 10 horas antes, comprobó que De la Torre había delegado y no en ningún responsable político, sino en el director del área. El alcalde adujo que "no tenía más remedio" que ausentarse para atender obligaciones, pero el hecho es que permaneció en la presidencia de la sesión mientras se produjo el debate. El concejal responsable del área, que es presidente provincial del PP, Elías Bendodo, estaba ausente por su reciente paternidad, y la portavoz del PP y edil de Economía, Carolina España, eludió comparecer porque dijo que ya había contestado al asunto en mociones anteriores y que era "ridículo" continuar.

El secretario informó de que según el reglamento es posible la delegación del alcalde. Para el portavoz socialista, Rafael Fuentes, se trató de "una falta de respeto a los ciudadanos por eludir la obligación democrática dar explicaciones", mientras que el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, hizo constar su "profunda indignación".

(www.elpais.com, 29/05/09)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que Tomás Gómez no puede "ampararse" en la "impunidad" que la da ser líder de los socialistas madrileños para acusar al PP de "delitos falsos" y sacar beneficio electoral, porque eso es "como si yo le acuso a él de asesinar viejecitas".

Aguirre se ha referido de este modo al anuncio del secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) de que va a denunciar al PP madrileño por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción, por supuesta financiación irregular de la campaña electoral de este partido en las elecciones autonómicas de 2003.

Al término de una visita la Instituto Isabel La Católica de Madrid, la presidenta de la Comunidad ha negado rotundamente esa acusación de Gómez y ha insistido en que el PSM les está imputando un "delito falso". Por esto mismo, el PP ha interpuesto esta mañana una querella en los Juzgados para demandar a Gómez por "injurias y calumnias".

Ha indicado que el Derecho les dan la oportunidad de interponer esa querella para que el PP de Madrid puede defenderse, pero ha añadido que "previamente" harán "un acto de conciliación" para que Tomás Gómez "nos diga de dónde se ha sacado que hemos cometido esos delitos".

Aguirre también ha negado que el PP madrileño se financiara con donaciones de empresarios: "Desde luego que no". La 'lideresa' ha asegurado que Fundescam tiene sus cuentas "perfectamente presentadas y justificadas".

Lo que ha recalcado Aguirre es que el líder del PSM "de ninguna manera puede quedar impune" de las "injurias y calumnias" que ha vertido contra el PP de Madrid, pues eso sería "como si yo le acuso a él, no sé de asesinar viejecitas", ha indicado.

La presidenta ha subrayado que ni el secretario general de los socialistas madrileños ni nadie se puede amparar en la "impunidad" de un cargo para verter acusaciones "falsas" con la creencia de que de ese modo va a "ganar las elecciones".

(www.publico.es, 25/05/09)

16. COMUNIDAD DE MADRID. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN

En el PP de Madrid sólo tienen dos respuestas ante la red de financiación paralela. O no contestan, o culpan a sus propios compañeros de partido. Nadie niega las evidencias. Esta estrategia de defensa está provocando nuevas divisiones entre los dirigentes del PP. El que más molesto está es Pío García Escudero, el ex presidente del PP de Madrid y actual portavoz en el Senado. Pío está que trina por la única respuesta que, por el momento, ha dado Aguirre ante las muchas irregularidades en la financiación de sus campañas electorales del año del tamayazo. "En el 2003 yo no estaba [como presidenta del PP de Madrid]. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", contestó el martes Esperanza a un periodista de La Sexta Noticias.

Al día siguiente, Esperanza Aguirre llamó por teléfono a Pío García Escudero para intentar rebajar la tensión y pactar una estrategia común ante los documentos revelados por Público. No lo consiguió. Cuando colgó, Pío estaba aún más enfadado que antes de su llamada. Según aseguran fuentes del PP, Aguirre intentó convencerle de que no había pronunciado esas palabras, una mentira ante la que Pío contestó que sabía perfectamente lo que había dicho, pues lo había visto con sus propio ojos. Fuentes de su entorno aseguran que Escudero se siente engañado y traicionado, pues dicen que no tuvo nada que ver ni con la financiación ni con las donaciones de empresarios durante las campañas de Aguirre del año 2003.

Aunque Pío García Escudero fue el presidente del PP de Madrid hasta el año 2004, el jefe de las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, cuyas cuentas pronto pueden estar bajo la lupa de la Justicia, fue el diputado Juan Carlos Vera, un habitual en la maquinaria electoral de los años de Aznar. Bajo sus órdenes directas, trabajaron en las autonómicas de Madrid dos de los aforados del PP que han sido imputados por el caso Gürtel: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico Alfonso Bosch.

Según fuentes del PP, fue Juan Carlos Vera quien puso en contacto a Correa con López Viejo, cuando era concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental en el Ayuntamiento de Madrid. Vera también es íntimo de otro de los imputados, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Según fuentes de esta localidad, la pareja sentimental de Vera es Yolanda Estrada, ex concejal de Obras Públicas de Pozuelo.

Su nombre aparece en los sumarios del caso Gürtel. Según asegura el juez Garzón en uno de sus autos, Estrada era "la persona con la que contactaban en Pozuelo" los dirigentes de las empresas de Correa. Fuentes del PP afirman que la ex concejal tenía una relación muy estrecha con ellos y que incluso veraneó, en agosto de 2004, en la casa de Correa en Ibiza junto con otra de las imputadas, Isabel Jordán.

Pero el "pío, pío, que yo no he sido" no sólo divide, como de costumbre, a los partidarios de Rajoy de los seguidores de Aguirre. El escándalo Fundescam también ha abierto nuevas brechas en las propias filas de la lideresa. El equipo del consejero de Interior, Francisco Granados, está molesto porque la respuesta de la gente de Ignacio González sobre Fundescam fue decir que eso lo sabía mejor Granados.

Sin embargo, el vicepresidente de Madrid, Ignacio González -al que algunos en el equipo de Aguirre apodan "el estratega"- tuvo la última palabra, por encima de Juan Carlos Vera, sobre la mayoría de las decisiones de las campañas ahora cuestionadas. En las elecciones, a las órdenes de González, también tuvo un papel relevante el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

Las tensiones internas entre González y Granados no son nuevas, pero han aumentado en los últimos meses tras el caso de los espías de Madrid. Fuentes del PP creen que Granados teme que Esperanza Aguirre entregue su cabeza si los escándalos políticos arrecian de nuevo. Al igual que muchos otros ajustes de cuentas internos, el desenlace dependerá de cómo evolucionen los demás casos de corrupción que asedian al PP, pero también del resultado de las elecciones europeas: de la fuerza que tenga Rajoy.

(www.publico.es, 23/05/09)

17. COMUNIDAD DE MADRID. LAS DONACIONES AL PP REAVIVAN LAS SOSPECHAS DEL 'TAMAYAZO'

La noticia con la que desveló Público cómo el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP de Madrid a través de la desconocida fundación Fundescam en 2003, el año del tamayazo, cayó como un mazazo en las filas de la izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones legales: "Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de "cohecho" en el caso Fundescam y lanza un aviso:

"Si se demuestra que hay empresas amigas de Esperanza Aguirre que financian al PP para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique obras y servicios, será motivo suficiente para que la presidenta se largue a su casa". Desde el PP, fuentes muy próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy "ni siquiera conocía la existencia de Fundescam", informa María Jesús Güemes.

Gómez aseguró que su partido actuará en los tribunales contra los conservadores por presunta financiación ilegal a través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño. "Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo en referencia al ascenso de Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la traición protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán qué tipo de acciones acometerán contra el PP.

Desde IU, la portavoz de la federación en Madrid, Tania Sánchez, exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El portavoz parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares, se preguntó "a qué espera la Fiscalía Anticorrupción" para actuar de oficio y acusó al PP de haber incurrido en "flagrante ilegalidad".

Llamazares no cree que los 790.000 euros recaudados por Fundescam entre una docena de empresas con Díaz Ferrán a la cabeza fueran fruto de donaciones "gratis et amore" [por amor], sino que los donantes "pagaban favores" y recibían luego "trato de favor". Varios de los empresarios que donaron dinero a Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos públicos de la Comunidad de Madrid.

La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de personas físicas o jurídicas con adjudicaciones de cualquier Administración pública. Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo más de la Comunidad de Madrid.

Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula conservadora remarca su doble estrategia sobre la corrupción: mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.

El caso de Fundescam, que no presenta cuentas desde 2002, "es la gota que ha colmado el vaso", apostilló Tomás Gómez. Lo hizo durante la clausura del congreso regional de UGT. Al cierre del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández, que donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.

(www.publico.es, 23/05/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. FUNDESCAM TAMBIÉN RECAUDÓ FONDOS EN VÍSPERAS DEL 14-M

Fundescam, la misteriosa fundación del PP de Madrid contra la que Francisco Correa facturó gastos electorales de la campaña de Esperanza Aguirre en 2003, también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios en las vísperas de las elecciones generales del 14-M, las primeras que perdió Rajoy ante Zapatero. Según demuestran nuevos documentos de su contabilidad interna a los que ha tenido acceso Público, el total recaudado por Fundescam en marzo de 2004 fue de al menos 154.250 euros.

Entre las nuevas pruebas, destaca un extracto de movimientos de la cuenta corriente de Fundescam con fecha 4 de marzo de 2004, en plena campaña electoral de Mariano Rajoy. En él se detallan las transferencias que han llegado durante esos días a la fundación.

Junto a cada anotación relevante, alguien en el PP de Madrid escribió de su puño y letra el nombre de las compañías responsables de cada transferencia. Aparecen tres nombres manuscritos, que coinciden con otros documentos a los que ha tenido acceso Público: "Hotetur Club" (12.000 euros), "Aerolíneas Baleares" (12.000 euros) y "Cantoblanco" (12.000 euros).

Las dos primeras empresas, Hotetur y Aerolíneas Baleares, están situadas en la órbita empresarial del entonces presidente de la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán, y hoy presidente de la CEOE. La tercera, Cantoblanco, es propiedad de su cuñado, Arturo Fernández, que también fue su sucesor al frente de la patronal madrileña. Los dos donantes, tal y como acreditó Público la semana pasada, también aportaron, a través de otras empresas, importantes sumas a Fundescam en los días previos a las campañas electorales de Esperanza Aguirre del año 2003.

La misma persona desconocida que detalló a mano en el extracto de movimientos a qué empresa pertenecía cada transferencia también escribió, al pie del documento, el "total recibido hasta la fecha", una cantidad muy superior a los 36.000 euros que suman las tres transferencias acreditadas en ese extracto: "154.260 euros".

¿Quién aportó el resto del dinero? Parte de la respuesta aparece en otros documentos de la contabilidad interna de Fundescam. Además de otros donativos de Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández en ese mismo mes, en la contabilidad de Fundescam de marzo de 2004 aparece la eléctrica Unión Fenosa, con 36.000 euros, y también una empresa que hasta ahora no había aflorado dentro de las cuentas de Fundescam: Iberia. La areolínea, presidida entonces por Fernando Conte, ingresó 36.000 euros en la cuenta corriente de la fundación del PP de Madrid el 1 de marzo de 2003, en plena campaña.

La transferencia de Iberia aparece registrada en otro de los nuevos documentos de la contabilidad de Fundescam: la impresión en papel de una consulta, a través de Internet, de la cuenta corriente de esta fundación en Caja Madrid. En ella se detallan los "últimos 19 movimientos" de la cuenta, por lo que probablemente la consulta fue realizada en los primeros días de marzo de 2004. La hoja cuenta también con anotaciones manuscritas en los márgenes, una letra que parece salida de la misma mano que señaló el "total recibido" en el extracto de movimientos de Fundescam.

El número de cuenta corriente que aparece en ambos documentos es el 2038 1053 91 600736415. Es la misma cuenta que está acreditada en otros extractos bancarios de la cuenta de Fundescam en Caja Madrid a los que ha tenido acceso Público. La oficina 1053, la sucursal donde está registrada esta cuenta, está situada en la calle Génova número 10, en la acera de enfrente del cuartel general del partido. Fundescam, que depende orgánicamente del PP de Madrid y está hoy presidida por Esperanza Aguirre, tiene su sede en la primera planta de ese edificio.

Iberia, en la fecha en la que se registró esta transferencia, ya había sido privatizada. La antigua arerolínea pública salió a Bolsa en la primavera de 2001. Sin embargo, en marzo de 2004 el Gobierno entonces presidido por José María Aznar aún mantenía la acción de oro, que le daba derecho a veto en caso de que cambiasen los principales accionistas.

Según un portavoz de la compañía, Iberia colabora con muchas instituciones y fundaciones y, entre las fundaciones políticas, las hay "de todo tipo de ideologías". En el mismo documento de Fundescam, en esos útimos 19 movimientos de marzo de 2004, también aparecen registrados varios pagos a través de cheques con destino desconocido. Entre ellos, el más llamativo es uno de 45.679,43 euros con fecha 6 de febrero de 2004. Y también figura un importante ingreso, por valor de 17.130 euros, realizado en cheques y que la misma mano que señala la transferencia de Iberia anota en el margen como "Desconocido".

(www.publico.es, 27/05/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS NO VE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN EL CASO DEL ESPIONAJE

Ante el avance de la investigación judicial sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró que tiene "la absoluta seguridad de que desde el Gobierno [regional] no se ha mandado ni amparado seguimientos". Granados rechazó cualquier nivel político de responsabilidad en caso de que se demuestren unos hechos que, en cualquier caso, no considera demostrados. "En el caso de que se demuestre que algún responsable o miembro de la consejería haya realizado actuaciones al margen del Gobierno, tendrá que dar las explicaciones pertinentes y asumir la responsabilidad", subraya.

El departamento de Granados contiene la Dirección General de Seguridad, en la que trabajan al menos dos de los supuestos espías que presuntamente realizaron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, entre marzo y mayo de 2008. La juez que investiga estos hechos por un presunto delito de malversación de fondos públicos ha pedido datos de ocho teléfonos móviles de policías y guardias civiles adscritos a la Consejería de Granados.

"Celebro que la investigación avance", dijo Granados ante los nuevos datos revelados por este periódico. "Es el resultado de una denuncia de Manuel Cobo, y el Gobierno de la Comunidad es el primer interesado en que se aclare".

Granados rechazó también que haya responsabilidad política alguna en una investigación relativa a fondos públicos. "Habrá que ver una responsabilidad política si hay algún político involucrado en esto. Si no, no hay tal responsabilidad". Siempre, "en el supuesto de que se haya producido, que nosotros no tenemos ningún indicio de que eso sea así", aclaró. El consejero afirmó también que la juez no se ha dirigido a su departamento ni a ningún otro de la Comunidad hasta el momento.

(www.elpais.com, 25/05/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ INVESTIGA 8 TELÉFONOS DE 'AGENTES' DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EL ESPIONAJE

La juez que investiga un supuesto delito de malversación de fondos públicos en el espionaje supuestamente ejecutado desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, se ha fijado en ocho personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a la persona que los ordenó.

Un auto judicial de hace más de una semana requiere a la compañía MoviStar, de Telefónica, que facilite información sobre "el posicionamiento" de ocho números de teléfono durante marzo, abril y mayo de 2008. Durante este periodo, los supuestos espías de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados, habrían hecho seguimientos a Manuel Cobo (durante semana y media) y a Alfredo Prada (durante varios meses). Prada fue destituido por Aguirre como consejero de Justicia mes y medio después de que finalizara el espionaje.

Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y a Prada, entonces consejero de Justicia (llegó a ser vicepresidente segundo), se desarrollaron en los meses previos al congreso que el PP celebró en Valencia en junio de 2008, y que supuso la confirmación de Mariano Rajoy al frente del partido.

En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno madrileño y ahora es responsable del PP en el exterior. Cuando el asunto del espionaje fue revelado por este diario, la presidenta regional se enfrentó a una investigación interna de su partido, que no confiaba en los métodos del Ejecutivo de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas de tira y afloja con la dirección nacional del PP, Aguirre accedió a que se celebrase una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar los hechos.

Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de los comparecientes no declaró, por las prisas del Grupo Popular en la Asamblea de dar cerrojazo al asunto. La conclusión oficial fue que no hubo espiados ni espías, y por tanto no pudo haber espionaje. El PP sacó adelante esta conclusión con su mayoría absoluta.

El auto de la juez también pide que se investigue en especial el posicionamiento de esos ocho teléfonos entre las doce de la mañana y las seis de la tarde del 13 de mayo de 2008. Ese día, en el parte de los espías figura un seguimiento a Prada hasta el Parador Nacional de Chinchón, donde estuvo entre las 12.20 y las 18.00, según reflejan por escrito los espías.

Los ocho números de teléfono de los que tendrá que informar Telefónica a la Policía Judicial pertenecen a personal de confianza de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior. De las ocho personas, sólo dos son empleados públicos, los agentes Pinto y Palomo. Curiosamente, son los únicos de todo el personal fijo del departamento que no tenían a diario una función de seguridad asignada a una consejería determinada, sino que dependían directamente de Sergio Gamón, el director de Seguridad Ciudadana, hombre de confianza de Aguirre.

La presidenta le mantuvo a sueldo incluso después de ser destituido por entrar con alguno de sus hombres en el despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia y, supuestamente, robar un ordenador.

Cuando Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, le destituyó como director general, Aguirre le ordenó que le mantuviese en un puesto de responsabilidad con un sueldo muy elevado. Eso ocurrió hace casi un año, y Gamón sigue con su sueldo próximo a los 100.000 euros anuales.

IU y PSOE denunciaron en su día que la presidenta autonómica había "comprado" de esta manera "el silencio de Gamón".

De los otros seis teléfonos que investiga la juez, tres corresponden a agentes del Cuerpo Nacional de Policía que Gamón fichó cuando le nombraron director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad, que son personal de su absoluta confianza y que sólo trabajaban para él. Los tres restantes los usan tres guardias civiles que fueron fichados personalmente por Granados, que los conocía de Valdemoro, el municipio madrileño del que fue alcalde.

Estos tres guardias trabajaron un tiempo a las órdenes de Gamón hasta que llegó a la Consejería de Interior, algunos meses después de acabados los espionajes de Prada y Cobo, el ex policía Marcos Peña, un colaborador de la dirección nacional del PP en tareas de información sobre la teoría de la conspiración del 11-M y similares.

Peña se encargaba de espiar por su cuenta asuntos relacionados con tramas corruptas en pueblos madrileños dirigidos por socialistas, y en algún caso informó al consejero de Interior madrileño que, según las fuentes a las que acudía, se había hallado la tarjeta de visita del ahora director general de Seguridad, Enrique Barón, en el bolsillo de una persona asesinada a las puertas de una discoteca de Madrid.

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LAMELA POR PREVARICACIÓN

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, presentó el pasado 22 de abril una querella contra el ex consejero de Transportes de Madrid, Manuel Lamela, y contra su segundo, José Antonio Llano, ex director general del departamento. La fiscalía considera que podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación porque iniciaron proyectos de carreteras sin tener el preceptivo plan global y sin contar con una evaluación ambiental.

Lamela y su mano derecha en la Consejería de Transportes aprobaron los proyectos para ejecutar 17 desdoblamientos, siete nuevas carreteras y obras menores en travesías y cruces, entre ellas el cierre de la M-50, que la Comunidad bautizó como M-61 y que incluye un túnel bajo El Pardo.

La actuación del fiscal se produce a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción a principios de abril. "Actuaron sin planificación, eludiendo una ley regional y sin evaluación ambiental del plan global", detalla Paco Segura, de Ecologistas.

La Comunidad intenta hacer borrón y cuenta nueva. Para ello, ha modificado recientemente la ley que obliga a elaborar un plan de carreteras. Transportes se basa en un informe jurídico, elaborado por funcionarios regionales, que exime al Ejecutivo autonómico de contar con un plan global. Por otra parte, ha iniciado los trámites para aprobar un verdadero plan de carreteras 2009-2020.

El representante de Ecologistas, Paco Segura, explica que el Gobierno regional troceó el proyecto global para eludir los trámites. "Existe una descarada vulneración de la legislación ambiental por parte de la Comunidad madrileña", denuncia.

"El problema surge cuando a finales de 2007 presentamos un plan de carreteras 2007-2011. Era un conjunto de actuaciones que se iban a hacer en la legislatura, no un plan como tal. Fue una mala denominación", reconocen fuentes de la Consejería de Transportes. Pero esa mala denominación constituía lo que Ecologistas y la fiscalía reconocen como un verdadero plan global de transportes y que no está legalizado. "Un plan de carreteras es un documento estratégico, que fija los criterios que se deben cumplir y establece las zonas de crecimiento a largo plazo", precisan en la consejería. "Lo que presentamos no era un plan y no tenía que ser legalizado. No estamos obligados", remarca un portavoz, que añade que todos los proyectos cuentan con su evaluación ambiental. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, tachó de "impresentable" al fiscal por acusar a Lamela por cumplir con sus obligaciones.

(www.elpais.com, 26/05/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL DEFENSOR DENUNCIA LAS LISTAS DE ESPERA DE MADRID

"Amplios e inaceptables". Así son los tiempos de espera que aguantan algunos ciudadanos en la sanidad española. Lo denunció el defensor del pueblo, Enrique Múgica, durante la presentación en el Congreso de los Diputados de su último informe, de 2008. Y puso ejemplos que dejan especialmente mal parada a la región. De nueve casos de demoras excesivas, siete ocurrieron en Madrid: ocho meses de espera para una consulta de oftalmología en La Paz, ocho meses para cardiología en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Aguacate, otros ocho meses para una prueba en el Puerta de Hierro, cuatro meses para una mamografía en La Paz...

Prácticamente no hay página en el apartado sanitario del informe en la que el Defensor no se refiera a quejas que le llegan desde Madrid. En sus conclusiones denuncia la existencia de agendas cerradas en varios centros sanitarios, y destaca el "significativo número de quejas" recibidas por la "externalización" de los servicios sanitarios.No sólo es que los ciudadanos se eternicen en las listas de espera para que les vea el especialista o les hagan una prueba. Es que, además, esas listas se gestionan de manera "irregular", denuncia el Defensor del Pueblo. Se refiere a la práctica de las "agendas cerradas". Cuando el paciente va a pedir hora para el especialista en su centro de salud, le dicen que no se la pueden dar porque la agenda todavía no está abierta. Eso se traduce, explica el Defensor, en "la existencia de pacientes en espera, en ocasiones durante un elevado número de meses, de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos".

Y lo ilustra con cuatro ejemplos, todos en Madrid: endoscopia digestiva en el Gregorio Marañón, neurología en el centro de especialidades de Villaverde-Cruce, ginecología y obstetricia en el hospital Infanta Elena y oftalmología en el centro de especialidades de Moratalaz. Las agendas cerradas, señala Múgica en sus conclusiones, "demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos".

La privatización de la sanidad madrileña también ocupa varias páginas del informe. El Defensor dice haber recibido quejas de "un amplio número de usuarios y profesionales" acerca del "posible deterioro" de la sanidad pública. Múgica deja constancia de su "inquietud" al respecto y, más adelante, retoma la "externalización" de los servicios sanitarios para a continuación lanzar un aviso: su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".

La privatización de los centros de especialidades de Pontones y Quintana también motivó que el Defensor iniciara una investigación, aún no concluida, para determinar si una empresa privada puede prestar asistencia sanitaria en un edificio de titularidad pública.

Múgica también se ocupa, como consecuencia del "representativo número de quejas", de la falta de pediatras que aqueja al sistema sanitario público. De los cinco ejemplos que cita, cuatro corresponden a Madrid. Por ejemplo, 600 usuarios del centro de salud de Ciempozuelos denunciaron la masificación de las consultas y el hecho de que los médicos de cabecera estaban asumiendo la atención pediátrica. Éstos, por seguridad, en ocasiones derivaban a los niños al 12 de Octubre. Algo similar ocurría en el centro de salud de Perales del Río (Getafe) y en el de Embajadores (Madrid).

El informe va desgranando denuncias e investigaciones en materia sanitaria del año pasado. Como la que el Defensor inició de oficio sobre el centro de salud El Soto, en Móstoles. Las vacaciones del médico titular dejaron sin actividad una consulta durante ocho días. También se denunció que en el hospital infantil Niño Jesús no había intérpretes o traductores de signos para atender a los menores sordomudos, especialmente cuando sus padres también lo eran.

(www.elpais.com, 26/05/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD ADMITE QUE NO HARÁ LOS 55 CENTROS DE SALUD PROMETIDOS

Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007 con varias promesas sanitarias bajo el brazo: cuatro nuevos hospitales, 40 días como máximo para someterse a pruebas diagnósticas, libre elección de médico y 55 nuevos centros de salud. Todo ello en una legislatura.

Está por ver que pueda cumplirlas todas, pero cada vez parece más claro que construir 55 ambulatorios antes de mayo de 2011 se va a quedar en eso, en promesa. Así lo admitió la directora general de Atención Primaria, Patricia Flores, en una reunión con cinco concejales de salud de varios municipios de la región.

Según han relatado, Flores aseguró que, debido a la crisis, Sanidad no iba a poder hacerlos todos y que tendría que establecer prioridades.

La reunión tuvo lugar el 6 de mayo en la sede de la Dirección General de Atención Primaria. Patricia Flores recibió a los concejales de la recién creada Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid. Hablaron del área única sanitaria, de la desaparición de la dirección general de salud pública y de la construcción de nuevos centros de salud, unos equipamientos que muchos municipios, con consultas muy saturadas, esperan como agua de mayo. Fue entonces cuando Flores les dijo que no se iban a poder construir los 55 prometidos, según figura en el acta de la reunión y confirman cuatro de los cinco concejales presentes.

La directora general negó a este periódico haber hecho esa afirmación. "Lo que dije fue que no podía decirles cuáles se iban a hacer porque estaba pendiente de decisión".

Sin embargo, los concejales reiteran que sí admitió la imposibilidad de construir todos los centros. "Dijo que harían los que pudieran, los más urgentes. Si no se puede hacer hay que decirlo a las claras. Yo no voy a pasar por mentirosa. Uno dice lo que dice", afirmó María Ángeles Díez, concejal de Salud de Getafe (PSOE). "Fue así. Dijo que no se iban a poder hacer los 55 centros y que iba a establecer prioridades", asegura también Amparo Ortiz, concejal de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo de Collado-Villalba (PSOE).

"Lo dijo, pero si ahora ha cambiado de opinión, no tengo ningún problema en asumir el malentendido. Yo encantado de que se hagan los centros", afirmó Adolfo García, concejal de Salud y Consumo de Rivas Vaciamadrid (PSOE).

Su municipio pactó en 2005, con el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, la construcción de un nuevo ambulatorio. "El consejero se comprometió en 2008 a construir nuestro tercer centro de salud, pero ahora ya no tengo nada claro que lo vaya a cumplir", afirmó Asunción Fernández, concejal de Sanidad y Consumo de San Fernando de Henares. "El anuncio de Flores de que no iban a hacerlos todos nos dejó un poco sorprendidos, porque pensábamos que estaban presupuestados", añadió.

La responsable de Sanidad de Tres Cantos, Carmen Posada, la única concejal del Partido Popular presente en la reunión, declinó confirmar lo afirmado por el resto de ediles: "No puedo afirmar que [la directora general] dijese eso en esos términos. No creo que fuese tan tajante", respondió a preguntas sobre el contenido de la reunión.

La segunda legislatura de Esperanza Aguirre ha llegado a su ecuador y ninguno de los 55 centros de salud prometidos ha sido licitado aún, según reconoció a este periódico la directora general. Tampoco ha existido nunca una lista aprobada para saber qué municipios se beneficiarían de los nuevos ambulatorios. Sin embargo, Flores se mostró convencida de que la promesa se cumplirá a tiempo: "Estamos en plazo", aseguró. Y añadió: "Un centro de salud se construye en un año". También avanzó que "uno de los más necesarios" es el de Las Margaritas, en Getafe.

La responsable de Atención Primaria también desveló durante la reunión del 6 de mayo que los nuevos centros serán de gestión pública directa, como hasta ahora, frente a los rumores de que la gestión se iba a ceder a empresas privadas. "A pesar mío", aseguran dos concejales que afirmó la directora general. El acta de la reunión también recoge que "se ha descartado la gestión indirecta", a pesar de las "ventajas que, para ella [Patricia Flores], tiene este tipo de gestión".

"Vamos a continuar con el modelo implantado", se limitó a explicar a este periódico la directora general, que no quiso comentar si había valorado otras opciones de modelo de gestión. Admitió, eso sí, que "hay otros magníficos". El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, ratificó el miércoles pasado en una jornada con empresarios que los próximos centros de salud que se construyan serán de gestión directa. Por el momento, el modelo Alzira (concesión de hospital y los centros de salud de su zona a la empresa que gana el concurso) no se aplicará en Madrid.

(www.elpais.com, 29/05/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. DETENIDO UN CONCEJAL DEL PP EN ARGANDA DEL REY POR CONDUCIR EBRIO

El segundo teniente de alcalde, portavoz del PP y concejal de Régimen Interior de Arganda del Rey, Manuel Cercadillo Toledo, de 41 años, se enfrentará en los próximos días a un juicio rápido por dos delitos. Fue detenido por la Guardia Civil cuando conducía con una elevada tasa de alcoholemia por el centro de la localidad. El edil también se enfrentó a los agentes y les insultó de forma reiterada.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado sábado. A esas horas, dos guardias civiles que patrullaban por la calle de Santiago Apóstol, cuando vieron a un coche que iba dando bandazos y que incluso se subía por los bordillos de la acera. Los agentes dieron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso. Eso obligó a que los guardias cruzaran el coche oficial para detenerlo, según fuentes del instituto armado. El coche lo conducía Manuel Cercadillo.

Cuando los agentes solicitaron su documentación y la del vehículo, el concejal se arrojó al suelo de manera desafiante, mientras no paraba de proferir todo tipo de insultos e increpar a los agentes. De hecho, no dejó de decirles a los agentes que él era concejal del Ayuntamiento de Arganda, con la intención de intimidar a los guardias. También buscaba no mostrar su documentación y dejar abandonado incluso el coche. En ese momento, y pese a su resistencia, Cercadillo fue detenido acusado de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.

Pero aún faltaba más por llegar. Los agentes se percataron de que el concejal podía estar bebido, por lo que llamaron a una patrulla de la Policía Local de Arganda. Cuando llegaron los policías, el concejal se negó a hacer la prueba de alcoholemia, por lo que los guardias civiles le informaron de que estaba cometiendo un nuevo delito.

Al final, Cercadillo accedió a soplar y dio una tasa que cuadruplicaba el límite legal para conducir: 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Cercadillo dio una tasa de 1,03 miligramos en la tercera prueba (la llamada de contraste) que le practicaron cerca de las tres y media de la madrugada en la sede de la Policía Local. Al sobrepasar los 0,60 miligramos, fue acusado de un delito contra la seguridad del tráfico, según fuentes de la Guardia Civil. El edil fue trasladado al cuartel del instituto armado en Arganda, donde se instruyó el correspondiente atestado por los dos delitos. Cercadillo fue puesto en libertad cerca de las diez y media de la mañana, tras ser asistido por su abogado. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda, que celebrará en los próximos días el juicio rápido por ambos delitos.

Este periódico intentó recabar la versión de lo ocurrido a Cercadillo. Una portavoz municipal aseguró que el edil se encuentra en reposo por una baja médica y que está pasando "por problemas familiares" que le han dejado en estado de shock. El imputado es concejal en Arganda desde 1995 y lleva en el gobierno desde hace seis años, según la fuente.

El equipo de gobierno de Arganda (53.309 habitantes) no ha querido hacer declaraciones sobre la actuación del concejal. tan sólo tenían noticia de que se había producido "un incidente" la madrugada del sábado, pero aseguraron que no conocían el alcance del mismo, según fuentes municipales.

(www.elpais.com, 27/05/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELUDIÓ A LAS CORTS CON UN VIAJE A BOSTON PARA RUBRICAR UN ACUERDO QUE YA ESTABA FIRMADO

El acuerdo que el presidente de la Generalitat firmó el pasado 6 de mayo en Boston para que Alicante repitiera como sede de la Volvo Ocean Race durante las próximas tres ediciones ya había sido rubricado semanas antes por representantes del Consell. El viaje de Francisco Camps se produjo en una de sus semanas más complicadas desde el estallido del caso Gürtel. El TSJ de la Comunitat Valenciana rechazó el 4 de mayo el recurso de nulidad de las actuaciones que había solicitado su abogado, Javier Boix, y esa decisión abría de par en par la puerta a su declaración como imputado, que se ha producido esta semana.

Ese día, 4 de mayo, Presidencia anunció el viaje a EE UU que permitía al presidente eludir la sesión de control del jueves 7. La oposición calificó de "huida" su ausencia y en ese pleno la síndica de Compromís, Mònica Oltra, exhibió la camiseta de "Wanted Camps".

Según fuentes conocedoras de los detalles del viaje, el presidente no firmó en Boston ningún documento relevante con los responsables de la Volvo. Y el anuncio del acuerdo pudo haberlo realizado en cualquier otro momento ya que en nada afectaba a la celebración de la prueba, cuya salida desde Alicante estaba acordada desde hacía semanas. Pero Camps eligió precisamente ese día. Los comunicados de prensa enviados por su departamento aquellos días se referían a que el viaje de Camps permitía cerrar la negociación.

El jefe del Consell, que en público ha admitido sus dificultades para expresarse en inglés, también mantuvo, según dijo entonces Presidencia, una "reunión de trabajo" con los responsables del Berklee College de Boston, un colegio musical privado que por primera vez tendrá en Valencia una sede fuera de EE UU. Pero ese encuentro con el presidente de Berklee no justificaba que Camps y sus acompañantes, entre ellos el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, viajaran a EE UU durante cuatro días. Hasta Punt Dos retransmitió un acto en directo y mostró imágenes de la firma con Volvo.

Pero el contrato había sido firmado un par de semanas antes del viaje por el vicepresidente Rambla o por la gerente de la Sociedad de la Imagen Promocional, Arantxa Vallés, aunque desde la Conselleria de Presidencia se ha negado tanto el contrato como la información sobre qué alto cargo estampó su rúbrica en el contrato con la Volvo, alegando que es confidencial. El viaje formaba parte de la campaña para prestigiar la agenda de Camps en plena investigación judicial y que ha incluido varios baños de multitudes.

(www.levante-emv.com, 25/05/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 70% DEL GOBIERNO VALENCIANO DIO CONTRATOS A LA TRAMA CORRUPTA

El 70% del Gobierno valenciano adjudicó contratos a empresas de la trama corrupta que destapó el juez Baltasar Garzón, según se deduce de la identidad de los 35 cargos que desfilaron ante el juez para hablar de las concesiones a las empresas de Francisco Correa. La actividad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, como organizador de la mayoría de los actos del PP de la Comunidad Valenciana se fue extendiendo como una mancha de aceite que alcanzó a casi todos los departamentos de la Generalitat.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye la causa contra el presidente Francisco Camps por un supuesto delito de cohecho, tomó declaración a 35 cargos y funcionarios de alto nivel de una decena de consejerías que adjudicaron contratos a Orange Market. El Consell que preside Camps tiene 14 consejerías.

Desfilaron ante el juez nueve directores o ex directores generales, cargos de confianza que en la Administración valenciana no tienen por qué ser funcionarios de carrera. Tres secretarios autonómicos y un subsecretario completaron la nómina de cargos de designación política. El resto fueron funcionarios de carrera que formaron parte de mesas de contratación que adjudicaron concursos públicos.

La fiscalía repitió la misma pregunta a todos los altos cargos y funcionarios, según fuentes judiciales. "¿Recibió usted alguna presión, indicación o insinuación para actuar en favor de Orange Market?". No hubo ninguna sorpresa en las respuestas: 35 veces la palabra fue no a distintas modalidades de pregunta.

Las citaciones tenían intervalos de un cuarto de hora y los interrogatorios se presumían cortos. Pero los altos cargos y funcionarios de las consejerías de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, e Infraestructuras tardaron más de lo previsto. Otros apenas declararon durante tres minutos.

Después de comparecer ante el juez, los comentarios a las puertas del Palacio de Justicia tuvieron el mismo tenor. Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional, dijo: "No puedo decir nada, pero estoy encantada, como todos". Auxiliadora Hernández, directora general de Evaluación Educativa, apuntó: "He salido tranquilísima, igual que entré". David Serra, que fue director general de Deportes durante la pasada legislatura y ahora es vicesecretario de Organización del PP valenciano, concluyó: "Fenomenal, mi declaración ha durado lo que estaba previsto".

Puertas adentro, la fiscalía se interesó por aquellos contratos de servicios que se adjudicaron a dedo por cantidades inferiores a 18.000 euros, los denominados contratos menores que se adjudican sin convocar concurso público. La fiscalía intentó identificar, además, adjudicaciones que aparentan ser independientes pero en realidad responden al mismo objeto. Mientras los abogados de los imputados insistían en la ausencia de presiones para las adjudicaciones a Orange Market, el ministerio público reclamaba detalles sobre la ejecución de los servicios contratados.

Orange Market se adjudicó a través de concurso público el montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009, por un total unos 5,5 millones de euros. Pero el resto de adjudicaciones que obtuvo fueron a través de procedimientos negociados, cuando se requieren ofertas a tres empresas; o por adjudicación directa en el caso de los contratos menores.

El Consell se ha negado sistemáticamente a ofrecer detalles sobre los contratos menores adjudicados a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta. Todos los que se conocen han sido arañados por la oposición parlamentaria, singularmente por el grupo Compromís, o por los medios de comunicación. El monto de todos los contratos de la Generalitat valenciana con la empresa Orange Market suma unos ocho millones de euros.

(www.elpais.com, 27/05/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DECLARACIÓN DEL SASTRE DE CAMPS DA UN FUERTE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'

Se reanudan las declaraciones ante el Juez que investiga el 'caso Gürtel' en Valencia. Por el Tribunal de Justicia desfilarán este martes 35 altos cargos de la Generalitat que han participado en alguna adjudicación a la empresa Orange Market que dirige Álvaro Pérez.

La semana pasada fueron interrogados, acusados de un presunto delito de cohecho, Francisco Camps y Ricardo Costa. También lo hizo en calidad de testigo el sastre José Tomás cuyo testimonio, según fuentes jurídicas consultadas, ha dado un importante impulso a la investigación y el caso está más lejos de archivarse.

José Tomás dijo a los periodistas después de prestar declaración durante casi 6 horas que le había contado al magistrado José Flors más cosas que a su compañero Garzón. Y así fue. Según fuentes jurídicas, el sastre recordó ante el Juez de Valencia los encargos de ropa que habría recibido del President Francisco Camps y de su número 2, Ricardo Costa, así como las fechas en las que éstos se produjeron. El último, hace menos de un año con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Valencia.

Tomás le explicó también al Juez que las compras de los trajes se apuntaban en la cuenta del número 2 de la trama, Pablo Crespo, quien periódicamente liquidaba los gastos. Según estas fuentes, los intentos de los abogados de Camps y Costa por poner en evidencia las contradicciones del sastre fueron en vano. Añaden que José Tomás ofreció detalles que difícilmente responden a una historia inventada y que el caso está ahora más lejos de archivarse.

(www.cadenaser.com, 27/05/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ BLOQUEA CUENTAS EN SUIZA TRAS DECLARAR UN IMPUTADO DEL 'CASO GÜRTEL'

El magistrado del caso Gurtel en Madrid, Antonio Pedreira, imputó por seis delitos (entre ellos, evasión fiscal y cohecho) a Gianfranco Fasana, el broker que supuestamente gestionó en Suiza parte del dinero opaco al fisco proveniente de la trama corrupta que dirigía el empresario afín al PP Francisco Correa. Tras tres horas y media de declaración, el juez le dejó en libertad sin aplicarle ninguna medida cautelar, según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Madrid. Supuestamente, Fasana colaboró con la justicia y por eso el juez, aunque le mantiene la imputación, no adoptó contra él ninguna medida cautelar.

Fasana habría facilitado al magistrado nombres de integrantes de la red corrupta y cuentas bancarias utilizadas por la trama en el extranjero para blanquear el dinero. Por este motivo, el juez habría enviado mismo, tras la declaración, comisiones rogatorias a los lugares indicados por Fasana para bloquear el dinero que haya en las citadas cuentas.

Fasana fue detenido por la policía el pasado jueves en el aeropuerto de Barajas cuando se disponía a salir de España. Un apunte en la contabilidad B de las empresas de Correa revela que fue Fasana quien gestionó en Suiza el blanqueo de distintas cantidades de dinero de la trama corrupta.

150.000 euros del dinero blanqueado pudo acabar, según la investigación, en las manos del diputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

Pedreira también interrogó , en calidad de testigo, al ciudadano de origen italiano Dante Jacues Canónica, quien supuestamente, y a las órdenes de Fasana, ayudó a éste en sus tareas. Jacues también colaboró con la justicia. En Valencia, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, confirmó que en unos días presentará una querella contra Francisco Camps y el resto de imputados en la trama valenciana del caso Gürtel. "Hemos sido excesivamente responsables. Pero hay veces que no actuar es no cumplir con nuestras responsabilidades", dijo Alarte para justificar la querella que, de prosperar, permitirá al PSPV- PSOE personarse en el caso y acceder al sumario.

Según Alarte, el partido ha esperado a que Camps declarase ante el tribunal y luego compareciese en las Cortes para explicar su relación con la supuesta trama corrupta. "Su respuesta ha sido desprecio y mentiras. Por eso no vamos a esperar más", concluyó.

(www.elpais.com, 23/05/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ COTEJA LOS DATOS DEL SASTRE DE CAMPS

El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia interrogó a dos representantes de las tiendas en las que se vendieron los trajes que Francisco Camps, presidente autonómico, recibió presuntamente como regalo de la trama corrupta. La información aportada servirá al instructor para comprobar la veracidad del testimonio del sastre de Camps y ex director de ambas tiendas, José Tomás, que la pasada semana describió cómo los supuestos cabecillas de la trama Gürtel abonaban habitualmente la ropa que el presidente se probaba.

El primero en comparecer fue el perito contable de la cadena de lujo Forever Young, que a la salida del tribunal rehusó hablar del contenido del interrogatorio. Sólo contestó con un "suficiente", cuando se le preguntó si el juez se había dado por satisfecho con la documentación que había traído sobre las cuentas del establecimiento. Fue entonces el turno del abogado de Milano. El letrado, obsesionado con evitar las preguntas de la prensa, salió del Palacio de Justicia por una puerta secundaria y corrió durante varias manzanas, sin poder evitar que los fotógrafos le dieran caza. Camps recibió más de 12.000 euros en trajes de ambas tiendas, según el juez Garzón.

Ambos testigos completaron la ronda de testimonios anunciada por el juez, José Flors. El martes, el magistrado intentó averiguar si la empresa que presuntamente regaló los trajes a Camps, Orange Market, recibió a cambio un trato de favor de la Generalitat en forma de contratos públicos. Para ello, Flors interrogó a 35 altos cargos y funcionarios de libre designación (aquellos cuya permanencia en su puesto depende del criterio del político que dirige su departamento). Cada uno compareció cinco minutos, en los que, según se publicó en varios medios de comunicación, negaron ante el juez haber recibido presiones de sus superiores para contratara Orange Market.

La trama ha recibido al menos 5,5 millones de euros de la Generalitat. Es imposible conocer el montante total de las adjudicaciones, ya que el Gobierno de Camps se niega a facilitar la información a la oposición. El Ejecutivo remite a quienes preguntan a una plataforma de contratación en Internet, en la que es imposible acceder a los contratos porque no existe la opción de buscar por empresa adjudicataria.

(www.publico.es, 28/05/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. FOREVER YOUNG NO REGISTRÓ LOS PAGOS EN METÁLICO DE CAMPS

Francisco Camps dijo al juez la pasada semana que los trajes que le han llevado a los tribunales por un supuesto delito de cohecho los pagó él personalmente en efectivo. El contable de Forever Young, una de las empresas que hizo esos trajes, no pudo mostrar el apunte de contabilidad en el que quedaran registrados esos pagos. No dijo que no se hicieran, sino que no hay correspondencia acreditada en los libros de contabilidad de las entradas concretas en cantidad y fecha que dijo el presidente de la Generalitat ante el juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, encargado de investigar la trama valenciana del caso Gürtel.

El contable, que no quiso identificarse ante los periodistas y cuyo nombre tampoco quisieron facilitar ni el magistrado ni los abogados de las partes, confirmó, a preguntas de la Fiscalía, que las empresas Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, con las que está relacionado Pablo Crespo, realizaron pagos mediante transferencia o cheques. El sastre José Tomás señala a Crespo como pagador de los trajes del presidente autonómico y de los otros tres imputados. Y que los pagó por encargo de Álvaro Pérez, hombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en Valencia.

Lo que sí hizo el contable fue decir que las cantidades que dijo el presidente en sede judicial no están registradas como tales. Y explicó que podrían quedar recogidas en partidas de entrada en efectivo mayores, en bruto. Al contable también se le preguntó por la relación con el sastre, sobre cómo se articulaban los pagos y cómo se registraban las facturas de los trajes realizados para Forever Young y para Milano. En este punto, los abogados de los imputados preguntaron por la supuesta doble contabilidad del sastre.

El primero que contradijo al presidente fue precisamente José Tomás, el sastre. Según aseguró en su declaración como testigo, los trajes del presidente y de los otros tres imputados los pagó Pablo Crespo por encargo a través de distintas sociedades relacionadas con Orange Market. Nunca vio a Camps abonar ninguno de los trajes que se encargó y que se le entregaron. El juez y la Fiscalía pretendieron contrastar las afirmaciones realizadas hasta ahora tanto por Camps como por el resto de imputados populares: Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. Las entradas en efectivo no aparecen registradas en ningún caso.

También la contabilidad de Milano fue sometida a examen. Y el perito contable que acudió también a declarar a propuesta del juez instructor tuvo que responder sobre cómo quedaron registrados pagos y facturas. El perito examinó además documentación obrante en la causa, fundamentalmente facturas, contratos y pagos de la firma de Álvaro Pérez, Orange Market. Para algunas de las cuestiones planteadas por la Fiscalía sería necesario aportar más documentación a la causa.

Tras declarar 37 testigos y un perito, la Fiscalía Anticorrupción considera oportuno seguir explorando y entiende que deberían acudir como testigos varios de los empleados de las firmas Forever Young y Milano, quienes tuvieron que ver, por ejemplo a Camps, abonar en efectivo los trajes que dijo haber pagado.

(www.elpais.com, 28/05/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ADVIERTE A CAMPS DE QUE ´TENDRÁ UN PROBLEMA´ SI EL PROCESO JUDICIAL SALE MAL

El presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, afirmó que el presidente regional del partido y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, "no está cuestionado", y apuntó que "estará cuestionado desde el punto de vista judicial, si eso sale mal, entonces sí tendrá un problema, o tendremos un problema todos".

Ripoll remarcó que Camps "desde el punto de vista popular no está cuestionado", como tampoco lo está él ni "nadie en esta Comunitat Valenciana". "Creo que Camps no está cuestionado, estará cuestionado desde el punto de vista judicial, si desde el punto de vista judicial eso sale mal, entonces sí tendrá un problema, o tendremos un problema todos, pero solamente desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista popular no está cuestionado, ni estoy cuestionado yo ni está cuestionado nadie en esta Comunidad", señaló.

Preguntado sobre si el caso Gürtel puede pasar factura al PP en las urnas, opinó que "electoralmente no", aunque "otra cosa es que tenga repercusiones judciales, y eso será una factura más personal, pero desde luego creo que electoralmente no". En este punto, insistió en que Camps "no tiene ningún tipo de contestación, a parte del tema concreto y personal", sino que cuenta con "el apoyo del cien por cien de todo el partido", tal y como se ha demostrado "en los actos importantes".

"Los únicos que se cuestionan la continuidad de Camps son los cuatro o cinco que siempre están al lado del poder, que estaban con Zaplana, que estaban con Agramunt y que ahora están con Camps y que estarán con el siguiente", reiteró.

En esta línea, recordó que "los que se cuestionan esas cosas son esos que siempre viven en el entorno del poder, que siempre están al lado de, a ver si el siguiente que viene es más espabilado y a estos cuatro o cinco los archiva de una vez", señaló. Para Ripoll, en su lugar debería haber "gente al lado que sea gente normal, y leal que trabaje por un proyecto y que esté vinculada a este proyecto, no vinculado siempre a los puestos del poder".

(www.levante-emv.com, 26/05/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAL DE LA FEMP

Pasadena Viajes SL, una de las empresas adscritas a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa, operó como agencia oficial de viajes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de la alcaldesa de Valencia y dirigente del PP Rita Barberá. Según los documentos a que ha tenido acceso Público, Pasadena facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003, un mes después de que Barberá cesara como presidenta de la federación.

En esos dos años y medio, la empresa, cuyo administrador único era el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, endosó a la FEMP 216 facturas, muchas de ellas emitidas por conceptos múltiples es decir, distintos viajes o alojamientos en hotel, lo que ilustra la fortaleza de su relación comercial con la entidad municipalista, que entonces tenía como secretario general y mano derecha de Barberá a Álvaro de la Cruz. Según el diario El País, en la contabilidad B de Correa figura anotada una entrega de 30.000 euros a De la Cruz, que desembarcó en la FEMP en noviembre de 1995 tras haber sido jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en su etapa como número dos del PP.

Las fuentes consultadas por Público subrayan que Pasadena fue ganando peso en la FEMP desde finales de los noventa bajo los auspicios de Barberá y De la Cruz. La Federación, que históricamente había encargado los desplazamientos y estancias de sus representantes a Viajes El Corte Inglés, abrió su mercado a Pasadena, como también lo hizo con Special Events, otra sociedad del grupo de Correa que recibió a dedo el encargo de organizar las asambleas generales de la FEMP celebradas en 1999 y 2003.

El crecimiento de la cuota asignada por el equipo de Barberá a Pasadena fue tal que, al final de su etapa, la compañía llegó a copar el 30% de la tarta presupuestaria destinada a viajes. A través de la alcaldesa de Valencia, el PP controló la FEMP entre 1995 y 2003.

Meses antes de las elecciones municipales de ese último año, celebradas el 25 de mayo, los encargos de la FEMP a Pasadena se disparan de modo extraordinario. Un ejemplo: en los once días transcurridos entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre de 2002, la empresa emitió 45 facturas por importe global de 86.637 euros, lo que representa un tercio del monto total facturado a la FEMP en dos años y medio.

Aunque Pasadena también recibió encargos del PP madrileño, su principal cliente dentro del partido fue la organización valenciana que ahora dirige el imputado Francisco Camps. En Madrid, recibió contratos del ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde fue el primer detenido en la operación Gürtel. , el Tribunal Superior confirmó que el PP podrá seguir ejerciendo la acusación en el caso. Tres de los imputados continúan en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

(www.publico.es, 29/05/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES: " TENEMOS UN MARRÓN "

Una grabación anterior a que estallara el caso Gürtel recoge cómo El Bigotes alerta a Costa de que algo está ocurriendo y le pide que vaya a su despacho para hablar del problema

De que las cosas se estaban poniendo feas se percató Álvaro Pérez, el hombre de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, antes de que intuyera que podía tener pinchado el teléfono. De haberlo sabido quizá habría sido más prudente en una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP en la Comunitat antes de que estallara la operación Gürtel y que el secretario general del PP y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, tuvo que escuchar el martes pasado durante su comparecencia ante el juez José Flors.

En la grabación se oye cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, le pide a la mano derecha del jefe del Consell que vaya a su despacho para hablar porque, dibuja gráficamente, "tenemos un marrón". Frente al nerviosismo del responsable de Orange Market, Costa parece asumir la cuestión con calma e incluso le dice a su ahora compañero de proceso que no sabe a qué viene tanta preocupación.

Ésta es sólo una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, además de El Bigotes.

Todos ellos han prestado declaración esta semana y han escuchado grabaciones dentro de una instrucción que pretende esclarecer si existe relación entre los trajes que presuntamente pagaron firmas del entramado empresarial de Francisco Correa -para regalárselos a los imputados- y las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta por parte de la Generalitat. Entre los contratos públicos y los firmados con el PP suman 8,2 millones sólo en los últimos cinco años.

Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas de Correa.

A los papeles que ya obran en poder del juez Flors se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida.

A estas pruebas se unirá ahora la práctica de diligencias que plantee la nueva parte, en caso de que el magistrado acepte la personación en el proceso que el PSPV hará efectiva en los próximos días. Esto, sin duda, prolongará una investigación que, fuentes cercanas al caso, aventuraban rápida hace menos de quince días.

Tanto es así que incluso estaban convencidas de que las declaraciones de esta semana prácticamente iban a ser una antesala al fin del caso en lo que al jefe del Consell respecta, para quien se vaticinaba el archivo de unas actuaciones que habrían seguido abiertas para el resto de los imputados y de las que Costa sería el que peor parado saliera.

No obstante, la causa sigue viva a la espera de que Flors concluya sus indagaciones y opte por abrir juicio oral para uno, varios o todos los imputados o la archive.

(www.levante-emv.com 24/05/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS VIAJÓ AL MITIN DE ALICANTE CON SU COCHE OFICIAL DE PRESIDENTE, UN AUDI A-8

Mientras el domingo 24 de mayo Mariano Rajoy, en el mitin de Alicante, bendecía con fervor a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y le decía aquello de "Paco, estamos contigo" –entre el lógico entusiasmo de los presentes-, a la misma hora, más o menos, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba en el mitin de Dos Hermanas (Sevilla) e insistía: "No habrá despido más barato". Zapatero viajó desde Madrid en un Falcon, avión de las Fuerzas Armadas, al servicio del presidente del Gobierno. Horas después, los medios afines a la derecha, así como diversos portavoces del PP y el mismísimo Rajoy, arremetían contra Zapatero y le recriminaban que hubiera volado en un avión del Estado para acudir a un acto de partido.

¿Y Camps? ¿Cómo se trasladó Camps desde Valencia a la ciudad de Alicante para estar en el mitin? Según ha podido saber El Plural, Camps viajó en su coche oficial, un Audi A-8. Viajó, pues, utilizando el vehículo que le corresponde como presidente del Gobierno autonómico valenciano. Por cierto, el mismo modelo que tanto escándalo –atizado por el entonces candidato Núñez Feijoo- produjo en la campaña gallega, porque lo utilizaba Emilio Pérez Touriño siendo presidente de la Xunta de Galicia. ¿Es "crueldad infinita de los inquisidores del siglo XXI" –frase empleada por Rajoy en ese mitin- acusar a Zapatero de viajar en un Falcon como jefe del Gobierno y no criticar a Camps por haber ido en el coche oficial de presidente de la Generalitat?

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado que "lo más seguro" para Zapatero es viajar en avión oficial. Y ha añadido: "Si un presidente autonómico me preguntara cómo va a un mitin electoral, le diría, vete con tus escoltas y con tu coche oficial, que en general son blindados, vete con las máximas medidas de seguridad".

Zapatero voló en avión oficial. Y Camps viajó en su coche oficial. Pero Rajoy y sus mosqueteros arremeten contra Zapatero y, en cambio, callan como muertos respecto a Camps. ¿Quiénes son en la actualidad los torquemadas?

(www.elplural.com, 28/05/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE PARA FABRA DOS AÑOS DE PRISIÓN POR FALSEAR DOCUMENTOS

La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito de acusación del fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas.

Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Anticorrupción considera también autores de este delito al entonces amigo de Fabra, el empresario Vicente Vilar, y a la ex esposa de éste, Monserrat Vives. Y dice de los tres que "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada".

Vives era, entonces, socia de la ex esposa de Fabra, a la que, sin embargo, el fiscal excluye de su escrito de acusación al considerar que "no constan indicios de los que pueda desprenderse su participación".

De la misma manera, considera que no debe ser juzgado ni el ex director general del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía, ni una de las personas que trabajaba para el laboratorio de la fábrica de Vilar. Sin embargo, sí pide un año de cárcel para el impresor Manuel Martínez, al que acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos falsos.

Según el fiscal, "consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación" presentada ante el Ministerio de Agricultura entre diciembre de 2001 y agosto de 2002.

Tras celebrar la festividad de Santa Rita con los funcionarios de la Diputación, Carlos Fabra cargó contra la Fiscalía y, además de aludir al inicio de la campaña de las elecciones europeas, sostuvo que "la Fiscalía es una institución jerarquizada y se nota que está a las órdenes del Gobierno".

En el escrito de acusación, el fiscal apunta que la manipulación consistía en la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para ello utilizaban tampones falsos que, según el escrito, "en principio fueron proporcionados por Fabra". Después, los encargos se realizaron al impresor Martínez.

Ésta es una de las causas por las que se investiga a Carlos Fabra. En el Juzgado número 1 de Nules, desde hace cinco años, el presidente de la Diputación de Castellón está imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, después de que Vicente Vilar le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

(www.elpais.com, 23/05/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA: "NO PIENSO DEJAR MI PUESTO"

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, obvió la existencia de la responsabilidad política, al margen de la judicial, y se aferró al "no pienso abandonar mi puesto" como conclusión tras el primer pleno provincial celebrado desde que se conoció que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de cárcel por un presunto delito de falsedad documental. De nada sirvió que los socialistas, a los que , por primera vez, se unió la representante del Bloc, reclamaran su dimisión por "decencia", "por no ensuciar más el nombre de la provincia", y por "desafiar la moral pública". En la única intervención que no leyó, casi al finalizar el pleno, el también imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal dijo estar "igual de tranquilo que el primer día" y mantuvo tener un "soberano respeto a la justicia", aunque insistió en que la Fiscalía depende del Gobierno, pero no contestó al portavoz socialista, Francesc Colomer, si estaba insinuando que los fiscales en España están prevaricando. Es más, después de asegurar que no piensa abandonar su puesto, Fabra le espetó a Colomer: "Usted va a perder las elecciones y posiblemente después le tiren de su sitio".

La respuesta del PP a la ya sabida intención del PSPV de pedir la dimisión de Fabra fue una moción de reprobación contra el portavoz socialista "por hacer dejación de sus funciones como portavoz y convertir los plenos en un auténtico espectáculo", según dijo uno de los vicepresidentes de la Diputación, Rubén Ibáñez. Para entonces, Colomer ya había hecho referencia no sólo a la solicitud del fiscal para Fabra sino también a los siete años de cárcel que pide la Fiscalía para el vicepresidente Vicente Aparici por un presunto delito medioambiental por permitir vertidos tóxicos cuando era alcalde de La Vall d'Uixó.

"Si el fiscal me pidiese lo mismo que a ustedes, yo me iría a casa por dignidad y no les condenaría a pasar un espectáculo como este", les espetó Colomer. El socialista reprochó a Fabra que "en su relación con la Generalitat", él "gana porque le mantienen, y ahora más que nunca, pero la provincia pierde". Y después de que Carlos Fabra le hablara de cuatro casos judiciales en los que están implicados políticos del PSPV.

(www.elpais.com, 27/05/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE ASEGURA QUE LOS "DE EL PAÍS DEBERÍAN ESTAR EN CÁRCEL"

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, no sólo ha arremetido hoy contra el mensajero, sino que directamente pidió su encarcelamiento. "Los de EL PAÍS deberían estar en la cárcel", ha espetado el también presidente de la Diputación a la hora de valorar la información ofrecida por este periódico sobre la trama corrupta que afecta a los populares y que ha desembocado en la imputación por cohecho del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Ripoll, enfrentado a Camps por el control provincial del partido, ha hecho estas manifestaciones durante un desayuno de trabajo con los periodistas para comentar el arranque de la campaña para las elecciones europeas. A preguntas sobre el coste electoral que el caso Gürtel tendrá en la figura del presidente del Consell, Ripoll ha respondido con un ataque a EL PAÍS. "Nadie entiende que en un tema judicial nos enteremos todo el mundo antes que los interesados. Si estuviéramos en Estados Unidos habrían pasado cosas importantísimas y estarían directores de periódicos en la cárcel o las fuentes que lo publican. En Estados Unidos, un director de un periódico reconoce quien es la fuente que le ha filtrado o se va a la cárcel", ha explicado. "No cabe en cabeza humana que el caso Gürtel esté en EL PAÍS, los de EL PAÍS deberían estar en cárcel", ha añadido.

La descalificación de Ripoll a EL PAÍS por sus informaciones sobre el caso Gürtel se suman a las de las pasadas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, aunque en este caso aliado con el bando del líder regional de los populares valencianos. Con motivo de la publicación de EL PAÍS de la grabación de una conversión privada entre Camps y uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes, Castedo dijo. "Que EL PAÍS publique lo que quiera, que yo leeré lo que me da la gana".

Además de este ataque frontal a EL PAÍS, Ripoll ha admitido que la imputación de Camps sí puede ser "un problema". "El apoyo popular a Camps no está cuestionado, pero si el proceso judicial a Camps sale mal, tendrá un problema", ha dicho, "o mejor, dicho, todos tendremos un problema", ha apostillado. El líder provincial del PP ha augurado que la investigación judicial acabará por perjudicar a Camps. "No se entiende que el caso Gürtel sólo nos vaya mal en España, y no en la Comunidad Valenciana", ha aseverado.

(www.elpais.com, 25/05/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. AL PP SE LE COMPLICA LA VIDA EN BENIDORM

La ocultación de los informes de tasación y del departamento de Intervención del Ayuntamiento para una permuta de suelo que posibilitara obtener liquidez a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para Terra Mítica le puede salir cara, más allá del valor económico, al gobierno del Partido Popular de Benidorm.

El concejal de Seguridad y Movilidad, José Francisco Bañuls, tiene convocada una rueda de prensa para el lunes en la que anunciará si abandona el equipo de gobierno, con lo que la mayoría del PP correría riesgo, o si se modifican las condiciones en las que se mantiene. Bañuls confirmó a este periódico la semana pasada que se tomaba unos días libres para reflexionar sobre la situación del gobierno local, controlado por el portavoz Toni Pérez, el concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, y el de Hacienda, Francisco Saval, que llegan a obviar a sus propios compañeros de partido en las cuestiones trascendentes.

Tras admitir que había votado a favor de la permuta sin haber visto la información, y visiblemente molesto, dejó de atender las llamadas de sus propios compañeros y de los periodistas y decidió aislarse. El pasado lunes, los socialistas terminaron por solicitar la dimisión del concejal de Urbanismo, que llevó a la sesión plenaria la propuesta de permuta, si bien la decisión final de ocultar los informes fue de Toni Pérez.

El asunto de la permuta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sus desencuentros con la forma de dirigir el Consistorio del alcalde, Manuel Pérez Fenoll, el ínfimo presupuesto del que dispone en sus concejalías delegadas y la sucesión de decisiones contrarias a su opinión, incluso afectas a sus competencias, han acabado con la paciencia de este concejal, dedicado los últimos años a los negocios inmobiliarios desde un despacho céntrico de la ciudad. Todavía se recuerdan algunas de sus actuaciones pretéritas, como cuando vació una bolsa de tierra en un pleno ante el anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, para manifestar su disconformidad con la aprobación del PAI de Armanello, adjudicado a Enrique Ortiz.

La posible salida de Bañuls, que no tiene dedicación exclusiva como concejal, dejaría empatados a los dos partidos con 12 concejales y la capacidad de decisión en los plenos quedaría en sus manos. También quedaría abierta la posibilidad de una moción de censura.

(www.elpais.com, 23/05/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA CONTRA RUS POR INSULTOS Y AMENAZAS

El juez admite la denuncia contra Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde Xàtiva, del PP, presentada por Escola Valenciana por supuestos insultos y amenazas. El titular del juzgado de Instrucción número dos de Xàtiva ha abierto un procedimiento abreviado entendiendo que existen indicios para investigar exactamente las manifestaciones que Rus realizó el 25 de abril respecto de los miembros de Escola Valenciana que se concentraron en Xàtiva para protestar por el modelo educativo de la Generalitat. El presidente de la Diputación y alcalde de Xàtiva, según Escola Valenciana, dijo de los participantes en el acto, que fue por la mañana y junto al monumento a maulets, que eran "gilipollas" y "poca vergüenza". Y, además, según la denuncia admitida, Rus añadió, todo ello en un mitin en la tarde de ese mismo día, que había que "rematarlos". Estuvieron presentes, entre otros, Ricardo Costa, secretario general del PP e imputado en la trama valenciana del caso Gürtel, y el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla. A ambos pretende proponer como testigos Escola Valenciana.

El juez, además, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si existe en Alfonso Rus aforamiento alguno, cosa que según fuentes de la institución no existe. Una vez reciba esa respuesta, decidirá cómo continuar la investigación.

Ángel Martín, gerente de Escola Valenciana, dijo que la admisión de la denuncia "es un paso más". Y añadió: "Pero en este y otros frentes continuaremos defendiendo los valores de la radicalidad democrática frente a la actitud de bajeza moral y autoritarismo de nuestros gobernantes".

No es este el único conflicto judicial para Rus derivado de sus manifestaciones del 25 de abril por la concentración contra el modelo educativo de la Generalitat y en defensa de una mayor presencia del valenciano en las aulas. El sindicato STEPV presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valencia. Ésta la remitió a su vez a la jefatura de área de Alzira y su responsable ya ha nombrado fiscal instructor para que investigue y decida.

En esta denuncia, los insultos están claros, pero no parece estarlo tanto la identificación de los destinatarios, lo que dificultaría que acabara en un juzgado. Y queda por ver, además, si las diligencias abiertas por el Juzgado de Xàtiva, al ocuparse de los mismos hechos, obligarán a la Fiscalía a dejar su investigación dado que está conociendo del asunto un juzgado.

(www.elpais.com, 23/05/09)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. FISCALÍA REABRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA

La fiscalía quiere recuperar para la causa sobre fraude fiscal de una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, toda la información judicial que se derivó de la querella del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales durante la construcción del parque. El juez, de permiso según consta en un escrito firmado por el secretario del juzgado, aún no ha contestado.

Eduardo Zaplana se querelló contra los empresarios imputados en el caso Terra Mítica José Herrero y Antonio Moreno Carpio, y contra los diputados socialistas autonómicos José Camarasa y Antoni Such. Lo hizo porque se hicieron públicas unas grabaciones realizadas por los diputados de dos reuniones mantenidas con los empresarios en las que Herrero y Moreno Carpio explicaban que el también empresario e imputado en el caso Vicente Conesa entregaba supuestamente dinero que presumían era para Eduardo Zaplana y que provenía del cobro de comisiones ilegales de las empresas que participaban en la construcción del parque.

La querella fue inicialmente archivada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lo que a los diputados se refería, pero continuó viva para los dos empresarios. El Juzgado de Lo Penal número dos archivó la causa porque un día antes del juicio Eduardo Zaplana aceptó un supuesto perdón pedido por los empresarios acusados.

Ahora, la fiscalía, en el marco de las diligencias por fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático de Benidorm reclama toda la documentación del caso. Un escrito firmado el pasado día 12 y con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia de seis días después pide al magistrado que reclame toda la documentación.

En concreto, la fiscalía reclama que se pida la querella interpuesta por Eduardo Zaplana, la información que generó en prensa, la ampliación de la querella, el sobreseimiento de la querella por parte del TSJ para los parlamentarios autonómicos, la declaración del empresario imputado Vicente Conesa, la de José Herrero, el informe pericial de procesado de las dos cintas de conversación, el informe fiscal, el escrito de conclusiones del fiscal, el escrito de defensa del empresario acusado y también imputado en el caso Terra Mítica José Herrero, el auto de señalamiento de juicio oral, el escrito de renuncia del querellante y la sentencia dictada. Y, además, la fiscalía pide al juez del caso Terra Mítica que se dirija a la Dirección General de la Policía, a la sección de acústica, y que le solicite una copia del disco compacto que se grabó con el contenido de las grabaciones y que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el que se encargó de la investigación de la querella cuando quedó reducida a los dos empresarios.

Por último, la fiscalía de Valencia pide que el instructor del caso Terra Mítica cite a los peritos que firman el informe para que lo ratifiquen. Según fuentes de la causa, a pesar de que el grueso de la investigación se centra en el delito fiscal, el pago de comisiones ilegales no está ni mucho menos descartado, por difícil que pueda resultar acreditarlo con pruebas.

Precisamente, para encontrar esas pruebas están aún pendientes de respuesta las comisiones rogatorias instadas por el juez a entidades bancarias en el extranjero, en Andorra y Suiza entre otros destinos, para despejar si el presunto principal cerebro de la red, Vicente Conesa, directamente o a través de su mujer o alguno de sus dos hijos, imputados también, depositaron dinero en el extranjero, con qué objeto y con qué origen. La causa Terra Mítica está abierta por delito fiscal, falsificación, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, alteración contable y estafa. Hay casi 30 imputados.

(www.elpais.com, 26/05/09)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ELCHE RECHAZA HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO

El PP de Elche evitó apoyar una moción en el pleno para que los concejales hagan públicos su patrimonio y las actividades remuneradas que realizan. La moción fue presentada por el equipo de gobierno (PSPV y Compromís). El alcalde de Elche, Alejandro Soler, defendió que este es un ejemplo más de la doble moral del PP ya que fue un dirigente popular "el que vino a Elche a pedir que el alcalde hiciera público su patrimonio". Soler y el resto de concejales deberá hacerlo público en el plazo de dos semanas ya que tanto los concejales socialistas como la de Comprimís, Ángeles Candela, votaron favorablemente esta moción, en la que los ediles del PP se abstuvieron.

Mientras se debatía este asunto, la portavoz del PP, Mercedes Alonso, se ausentó para ir al baño, así como otra concejal popular, Consuelo Campello, por lo que ninguna estuvo en la votación. El portavoz adjunto del PP, Manuel Latour, explicó que su grupo estaría dispuesto a apoyar la moción "si la misma se aprobara en todos los ayuntamientos del país". Los socialistas acusaron a Alonso de "tener algo que ocultar".

El episodio es un capítulo más en el ambiente crispado que se vive en Elche desde que el PP denunciara presuntas irregularidades del pago de unas facturas por parte del Ayuntamiento a un periódico gratuito. El asunto se dirime en los juzgados.

(www.elpais.com, 26/05/09)

43. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE COMPROMETE A RECOLOCAR A 150 TRABAJADORES DE LAGUN AIR Y LOS ABANDONA A SU SUERTE

La compañía leonesa Lagun Air ya está en trámite de liquidación tras meses de desmantelamiento progresivo, un proceso al que el Gobierno regional del PP ha asistido impasible, según denuncian desde el seno de la compañía. Hace meses, cuando la línea aérea anunció un ERE, el consejero de Fomento de la Junta Antonio Silván y Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum, comparecieron ante los medios para anunciar que esta última compañía de origen valenciano asumía a partir de entonces los vuelos de Lagun Air e incluso se comprometía a recolocar sus trabajadores, una solución privada de coste cero para el Gobierno regional.

Pero las condiciones ofrecidas hicieron finalmente inviable la reubicación de la práctica totalidad de los trabajadores. Desde UGT lamentan que la Junta no sólo no ha apoyado una compañía aérea regional, como ha hecho la Generalitat con Spanair, sino que ni siquiera pagarán las deudas que tienen pendientes con ésta. El camino queda ahora libre para la compañía de Bertomeu, amigo del consejero Silván.

En septiembre del pasado año los trabajadores de Lagun Air se vieron sorprendidos por el anuncio de la cancelación temporal de los vuelos de la compañía, así como por un ERE, y es que hasta ese momento los gestores de la empresa presumían públicamente de la buena situación de la compañía.

También sorprendió la celeridad con la que el consejero de Fomento de la Junta Antonio Silván y Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum, comparecieron juntos ante los medios para anunciar que esta última compañía de origen valenciano asumía a partir de entonces los vuelos de Lagun Air e incluso se comprometía a recolocar sus trabajadores.

El consejero popular Silván lo presentó como una solución privada de coste cero para el Gobierno regional e incluso presumió, según recogió entonces El Mundo en su edición regional: "¿Cuántos trabajadores en una situación de crisis pueden tener antes de que se extingan sus contratos un ofrecimiento de puesto de trabajo?". Aquella presunta solución quedó en nada, porque como denuncia una de las personas que integró el ya extinto comité de empresa de Lagun Air, las condiciones ofrecidas por Air Nostrum eran inadmisibles para la mayoría de los empleados. Abandonar Castilla y León, y cobrar como mucho 700 euros para el personal de tierra, mientras que a los pilotos se les obligaba a seguir un curso que costaba 36.000 euros. Muy pocos aceptaron.

En cualquier caso, la solución Bertomeu permitió a la Junta da por cerrado el problema y no buscar nuevas alternativas, cuando todavía en el seno de la empresa se estaba luchando por su viabilidad. El responsable de la sección de Transportes de UGT Castilla y León, Pedro Aller, explica que advirtieron de la inviabilidad de esas recolocaciones "desde el primer día" y alerta de que las compañías aéreas de este tipo necesitan de los apoyos públicos para sobrevivir, las cuales se justifican por lo que aportan estas líneas al desarrollo regional y representa en puestos de trabajo directo e indirecto.

"Se podía haber tenido un apoyo mucho mayor de la Junta a la empresa, como hizo la Generalitat con Spanair", insiste Aller. En febrero de este año, la Generalitat de José Montilla lideró un acuerdo de compra para Spanair que presentó como la "unión" de los sectores privados y públicos para ayudar a compañías claves. En el caso de Lagun Air, la Junta no sólo no echó una mano sino que, según llevó la compañía a los juzgados, ni siquiera les abonó una deuda de 1,3 millones de euros que el Gobierno regional todavía les adeuda. Cuando se denunciaba la pasividad de la Junta respecto a los problemas de la línea aérea, algunas voces del entorno del PP insinuaron que la deuda por cerca de tres millones de euros que mantenía el Ayuntamiento de León con el consorcio que gestiona el aeropuerto de la localidad repercutía finalmente en las cuentas de Lagun Air y era clave en su delicada situación financiera. El Ayuntamiento, en manos del PSOE, abonó aquella deuda.

Para lo que sí hay dinero en la Junta es para los 60 millones de euros en concepto de publicidad que percibirá en seis años Air Nostrum después de haber ganado un concurso público. La pasividad de algunos de los gestores de Lagun Air, controlada por el grupo AGELCO (Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción), algunos de ellos como José Luis Ulibarri privilegiados por la Junta, así como la amistad entre el consejero Silván y Bertomeu de Air Nostrum han levantado las suspicacias de algunos de los ex trabajadores de la compañía aérea leonesa ahora en vías de liquidación.

(www.elplural.com, 29/05/09)

44. REGIÓN DE MURCIA. EL JUZGADO DE SAN JAVIER REABRE LA CAUSA CONTRA LA ALCALDESA DE FUENTE ÁLAMO POR COHECHO

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier ha reabierto la causa por cohecho contra la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP, que fue archivada hace ahora cuatro meses a instancias del fiscal, que no apreció entonces indicios de criminalidad contra la misma.

Esta decisión judicial se ha tomado tras las declaraciones prestadas por el ex guardaespaldas del promotor inmobiliario Facundo Armero, José María Calzada, que asegura que aquél le entregó un sobre con 12.000 euros, en billetes de 500 euros, para que se los entregara a la alcaldesa.

Según Calzada, el dinero se lo entregó Armero, que también ha sido citado a declarar como imputado, días antes de las elecciones municipales celebradas el 27 de mayo de 2007.

Tanto la alcaldesa como este empresario han mantenido siempre que esta cantidad fue entregada a María Antonia Conesa por la venta de entradas para la corrida que todos los años se celebra en Fuente Álamo, como hicieron otros empresarios a los que se les solicitó su colaboración.

En 2007 la corrida se celebró el 3 de junio, por lo que esta fecha, han indicado a EFE fuentes de la investigación, se ha constituido en un elemento a tener "muy en cuenta" a la hora de aclarar en qué concepto se hizo llegar el dinero a la alcaldesa.

Las mismas fuentes añadieron que además de las manifestaciones hechas por el ex escolta, que grabó una conversación con Armero sin que éste lo supiera, hay otros indicios que han aconsejado la reapertura del caso.

El letrado defensor de la regidora municipal, Luis Ruipérez, ha manifestado que tanto él como Conesa están "muy tranquilos" y convencidos de que la causa volverá a ser archivada.

(www.vegamediapress.com, 29/05/09)

45. REGIÓN DE MURCIA. ESPECTACULAR E INDIGNANTE SUELDO DEL ALCALDE DE MOLINA EN TIEMPOS DE CRISIS: 84.677,74 EUROS AL AÑO

Según la documentación recibida hoy, y en poder de Vega Media Press, no sería el alcalde de Mazarrón el que más cobra de los regidores murcianos, sino el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, con un sueldo bruto anual de 84.677,74 euros, más los gastos que ocasiona para protocolo y representación. Una cantidad espectacular y que no se corresponde con los tiempos de crisis que estamos viviendo. Además, hay que sumar todos los sueldos de los concejales con dedicación exclusiva del ayuntamiento de Molina de Segura, de los que informaremos en breve, así como otros destinados a asesor jurídico, 43.000 euros anuales por cinco horas de trabajo, según informó en su momento el grupo municipal socialista. Desde luego, una cifra para la reflexión.

(www.vegamediapress.com, 25/05/09)

46. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ: ´ME DABAN ÓRDENES EN NOMBRE DEL JEFE (MATAS) Y DE LA VICE (ESTARÁS)´

Juan Francisco Gosálbez, el principal encausado en la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público Turisme Jove en el anterior Govern del PP, ha insinuado que el presidente y la vicepresidenta de dicho Ejecutivo, Jaume Matas y Rosa Estarás, estaban al tanto de determinadas órdenes irregularidades que recibió.

Gosálbez hizo estas declaraciones cuando todavía estaba en prisión preventiva y accedió a colaborar con la fiscalía anticorrupción y el grupo policial de Delitos Económicos.

El joven Gosálbez fue en la pasada legislatura jefe de servicios y mantenimiento, pero en realidad actuó como hombre clave en el funcionamiento del consorcio dependiente de la conselleria de Esports i Juventut del Govern. El encausado ha revelado una serie de irregularidades, operaciones sospechosas, reparto de comisiones, falsificación o duplicidad de facturas y otros presuntos delitos.

El factotum del organismo público dedicado a los alberges e instalaciones juveniles y de tiempo libre atribuye a sus dos inmediatos superiores, el gerente de Turisme Jove, Damià Amengual y el director general de Juventut del Govern, Juan Francisco Gálvez, un papel capital en el supuesto entramado de corrupción.

Pero Gosálbez añade que Gálvez, cuando le pedía alguna cosa irregular se escudaba en que recibía órdenes superiores. En aquellas ocasiones "Gálvez, cuando se excusaba alegando órdenes superiores se refería al Jefe y a la Vice; siempre pensé que se refería al presidente de la Comunidad Autónoma y a la vicepresidenta (Jaume Matas y Rosa Estarás, respectivamente)".

Gosálbez también acusó a Damià Amengual y Juan Francisco Gálbez de repartirse las comisiones del 20 por ciento de las facturas pagadas por los proveedores del consorcio y de falsificar facturas para conseguir elevadas cantidades en dinero negro.

Según el declarante, este dinero era utilizado para beneficiar a personas o empresas afines al Partido Popular.

Entre las pistas facilitadas por el ex jefe de servicios de Turisme Jove destacan el pago de facturas por 120.000 euros a sociedades frances y portuguesas por servicios no prestados realmente y la simulación de la compra de mantas y otra ropa de cama a una empresa mallorquina para conseguir dinero con el que sobornar a personas opositoras a la construcción del centro para altos discapacitados de la calle Joan Crespí.

(www.levante-emv.com, 25/05/09)

47. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CITA A LOS PRINCIPALES ENCAUSADOS

El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ha decidido concentrar las próximas declaraciones del caso Turisme Jove para el próximo 17 de junio. Los tres principales encausados en el sumario son: Juan Francisco Gosálbez; Damià Amengual y Juan Francisco Galvez. Algunos de ellos volverán a declarar el 17 de junio.

Para el 8 de junio estaba prevista la comparecencia, en calidad de imputados, de José Manuel Maíz, productor, publicista y novio de la cantante Nuria Fergó, y de un empresario autónomo. Estas declaraciones al parecer también se harán el 17 de junio.

Los principales encausados han sido convocados para que den explicaciones sobre las nuevas pistas seguidas en el caso Turisme Jove sobre la falsificación, hinchado o duplicidad de facturas; el uso de fondos públicos para fines diferentes a los previstos; el pago y reparto de comisiones y otras supuestas irregularidades.

José Manuel Maíz está acusado de pagar comisiones a dirigentes del consorcio o facilitar la duplicidad de facturas, extremos que él rechaza de plano.

(www.levante-emv.com, 25/05/09)

48. LA AUDIENCIA RATIFICA EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA PISCINA DE PEDRO J. RAMÍREZ

Doble revés de la Audiencia al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en el caso de su piscina construida en dominio público y anejo a su chalé de Mallorca. Pierde su uso exclusivo y privado en verano y se determina que la compra de la concesión de la pileta a la anterior propietaria es "una transmisión claramente prohibida por la legislación de Costas".

En otra sentencia el tribunal anula "la suspensión del uso público" de la piscina los meses que Ramírez veranea en la casa. El Gobierno elaboró en 2006 una solución para permitirle usarla en verano. El resto del año, el uso de la piscina se cedía a escolares. Las decisiones de la Audiencia responden a sendas demandas del Lobby per la Independència.

(www.elpais.com, 25/05/09)

49. NUEVO VARAPALO JUDICIAL A LOSANTOS Y LA COPE

El periodista Federico Jiménez Losantos, conductor del programa radiofónico La mañana, de la cadena COPE, sigue recibiendo malas noticias de los juzgados. Un magistrado de Madrid le ha impuesto una fianza de 132.000 euros al entender que existen indicios de que el locutor cometió un delito de injurias contra el doctor Luis Montes, excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Por los mismos hechos, el juez ha decretado también fianzas para otros dos periodistas de la misma emisora, César Vidal (110.000 euros) y Cristina López Schlichting (66.000 euros).

En un auto fechado el 10 de mayo al que tuvo acceso la agencia Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid considera que la COPE es el responsable civil subsidiario en el supuesto de que los tres locutores no presenten la fianza exigida. Con su resolución, el juez subsana el "error material" de un auto anterior, dictado el 7 de abril, en el que acordaba la apertura del juicio oral pero no disponía fianza alguna para los acusados.

La ley de enjuiciamiento criminal establece que, cuando existen indicios de criminalidad contra una persona, se le debe imponer una fianza que asegure "las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades" en caso de que no presente dicho depósito. Así lo recuerda el juez en el auto, en el que da la razón al doctor Montes, que había solicitado la subsanación del error que suponía la ausencia de petición de indemnización.

Después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificase el sobreseimiento del caso Severo Ochoa, destapado a raíz de una acusación de presuntas sedaciones irregulares de pacientes terminales en el hospital madrileño, Montes presentó en el 2006 querellas contra cinco periodistas (César Vidal, Cristina López Schlichting, Isabel San Sebastián, Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez) y contra la presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias, Antonia Moral, por entender que habían atentado contra su "honor y buen nombre" al dedicarle calificativos como "asesino" y "Doctor Muerte".

En los últimos tres años, Jiménez Losantos ha reunido una notable colección de sentencias desfavorables (no firmes, puesto que han sido recurridas), ya que ha sido condenado a indemnizar a ERC; al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; al exdirector de Abc José Antonio Zarzalejos, y al magistrado Carlos Fanlo, fallecido en el 2007, por delitos de injurias. Tanto él como César Vidal dejarán la COPE tras el verano.

(www.elperiodico.com, 28/05/09)

50. EL SUPREMO ADMITE LA QUERELLA DE UN GRUPO ULTRADERECHISTA CONTRA GARZÓN

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación —precepto recogido en el artículo 446 del Código Penal, que castiga al magistrado que dicta una resolución injusta a sabiendas— presentada por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias   contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por la causa contra el franquismo, según fuentes judiciales.

"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión, tras tomar la decisión por unanimidad de los magistrados.

La querella fue presentada el pasado 26 de enero por el sindicato —que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo— presidido por Miguel Bernard, ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, que también solicitaba que, en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento —según fuentes del sindicato—.

Bernard ha explicado que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevariación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional. 

(www.publico.es, 27/05/09)