1. RAJOY ASEGURA QUE UNA IMPUTACIÓN DEL SUPREMO NO SUPONDRÍA LA EXPULSIÓN DE BÁRCENAS

2. RAJOY NO DA LA CARA

3. RAJOY DIVIDE AL PP POR LA RESPUESTA "FRÍVOLA" AL ‘CASO BÁRCENAS’

4. CRECE LA PRESIÓN EN EL PP PARA QUE RAJOY APARTE AL TESORERO

5. FRAGA DICE QUE LA DIMISIÓN DE BÁRCENAS "SE ANDARÁ"

6. EL PP HIZO DIMITIR A OTROS IMPLICADOS CON PRUEBAS SIMILARES

7. EL SUPREMO ENCAUSA EN EL 'CASO GÜRTEL' AL TESORERO DEL PP POR DELITO FISCAL Y COHECHO

8. EL INSTRUCTOR DEL SUPREMO FUE VOCAL DEL PP EN EL PODER JUDICIAL

9. LA FISCALÍA INVESTIGA UN SAFARI DE LUJO DE BÁRCENAS AL CREER QUE LO PAGÓ CORREA

10. EL TESORERO DEL PP OCULTÓ AL FISCO MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS COBRADOS DE CORREA

11. EL TESORERO DEL PP CUADRUPLICÓ SUS POSESIONES DESDE 2002

12. EL JUEZ ENCUENTRA INDICIOS DE UNA RED DE BLANQUEO LIGADA A BÁRCENAS

13. EL JUEZ VE 'POCO CREÍBLES' LAS EXPLICACIONES DEL TESORERO DEL PP

14. EL PP CREE QUE LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS NO ES CONTRA EL PARTIDO

15. EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DICE QUE FOREVER YOUNG APROVECHÓ EL 'CASO GÜRTEL' PARA ECHARLE

16. UNA HIJA DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG TRABAJÓ PARA CORREA

17. AZNAR, SECUNDADO POR AGUIRRE, ARREMETE CONTRA LAS "TAIFAS AUTONÓMICOS" Y ADVIERTE CONTRA LA "DESVERTEBRACIÓN" DE ESPAÑA

18. AZNAR: "SI DIGO QUE VUELVO A LA POLÍTICA, LA QUE SE PUEDE LIAR"

19. EL PP IMPIDE LA APROBACIÓN DE UNA DECLARACIÓN EN FAVOR DEL DÍA DEL ORGULLO GAY

20. PAÍS VASCO. EL POPULAR ITURGAIZ ROMPE EL APOYO SIN FISURAS DE SU PARTIDO A PATXI LÓPEZ

21. GALICIA. BALTAR YA GASTA EL DOBLE EN PERSONAL QUE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

22. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE OURENSE SE LANZA AL MERCADO INMOBILIARIO

23. GALICIA. CONSEJEROS DE TVG INGRESARON HASTA 150.000 EUROS EN UN AÑO

24. ANDALUCÍA. EL PP RETIRA LA QUERELLA PRESENTADA CONTRA CHAVES

25. ANDALUCÍA. EL PP SE ALÍA CON IMPUTADOS EN EL 'CASO ASTAPA' CONTRA EL ALCALDE DE ESTEPONA

26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECUERDA A RAJOY QUE LE QUEDAN DOS AÑOS ANTES DE LAS ELECCIONES

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA UNA CONCESIÓN DE CONTRATOS DE LIMPIEZA

28. COMUNIDAD DE MADRID. UN IMPUTADO EN LA GÜRTEL TIENE SUELO VALORADO EN 64 MILLONES

29. COMUNIDAD DE MADRID. UN ALTO CARGO DE AGUIRRE HIZO UNA OBRA ILEGAL

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DEUDA DE LA GENERALITAT SE DISPARA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS REAVIVA EL CONFLICTO POR LA CLASE DE CIUDADANÍA EN INGLÉS

32. COMUNIDAD VALENCIANA. IVEX-DUBAI, LA PLAZA DE LOS APELLIDOS ILUSTRES

33. COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO SE GASTA 700.000 EUROS EN 'OPERACIÓN TRIUNFO'

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL SOSTIENE QUE BARBERÁ FAVORECIÓ LOS INTERESES DEL VALENCIA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA DECLARÓ NÚMEROS ROJOS PESE A QUE SU ASESORÍA GANÓ 574.000 EUROS

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS POPULARES PIERDEN LA MAYORÍA EN BENIDORM

37. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL TRASVASE

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL CONSIGUE "BARRACONES - ESCUELA PARA TODOS"

39. ISLAS CANARIAS. EL SUP PRESENTA ANTE EL TSJC UNA DENUNCIA CONTRA SORIA Y NAVARRO POR ACUSAR A LA POLICÍA DE FALSEAR INFORMES

40. ISLAS BALEARES. EL JUEZ FIJA UNA FIANZA DE 100.000 EUROS A COLLADO PARA SALIR DE LA CÁRCEL

41. ISLAS BALEARES. ORDINAS GANÓ MILES DE EUROS CON LOS ´PRODUCTES DE BALEARS´

42. ISLAS BALEARES. LA AHORA MAGISTRADA DEL TSJB VIDAL AVALÓ CON SU VOTO ACTUACIONES DE ORDINAS

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA A LA EX REGIDORA DEL PP, MARINA SANS

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1. RAJOY ASEGURA QUE UNA IMPUTACIÓN DEL SUPREMO NO SUPONDRÍA LA EXPULSIÓN DE BÁRCENAS

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reiterado su defensa del senador y tesorero nacional de su partido, Luis Bárcenas, implicado en la trama Gürtel que investiga posibles delitos fiscales y de cohecho en las filas del PP y que está en trámites de ser asumido por el Tribunal Supremo.

Rajoy asegura en una entrevista que publica el diario La Razón que si el alto tribunal decidiera imputar a Bárcenas no sería suficiente para decidir su expulsión del partido mientras él mismo no tenga "la convicción de que se han cometido irregularidades".

El líder del PP justifica su postura en que, por , ni él ni los implicados saben exactamente de qué se los acusa, por lo que carece de la información necesaria para tomar una decisión. Además, Rajoy pone de ejemplo el caso del presidente del PP en Canarias, Manuel Soria, que vio cómo se archivaban causas en las que aparecía como imputado.

Además, Rajoy se muestra convencido de que los casos de corrupción asociados al PP que investigan distintos tribunales no desgastarán al partido que dirige ya que "la gente tiene capacidad para discernir" y asegura que "la mayoría de los políticos son honrados", pero "solo los corruptos son noticia".

En la entrevista, Rajoy asegura, sobre la crisis económica, que el Gobierno vive "en la autocomplacencia y la mentira". Aunque afirma que los problemas económicos que vive el país son culpa de todos ("hemos vivido por encima de nuestras posibilidades"), cree que el Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de hacer pedagogía y de tomar decisiones.

En cuanto a la política territorial, Rajoy espera que la etapa de reforma de estatutos haya terminado y que empiece "una de cooperación". El líder del PP defiende su afirmación de que su partido puede pactar con cualquier otro de España y recuerda que ellos ya lograron acuerdos cuando solo contaban con 156 escaños en el Parlamento.

Rajoy entra también en el debate sobre el futuro de las centrales nucleares españolas y asegura que "no cerraría ninguna, salvo que tuviera un informe técnico en contra" y aboga por un amplio debate sobre el abastecimiento energético de España: "Estoy a favor de las energías renovables, pero son costosas y su alcance es limitado".

Por último, el líder del PP asegura que pedirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se presente a la reelección en 2011, tal y como hizo con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien ya anunció que concurrirá a las municipales como cabeza de lista por la ciudad.

(www.elpais.com, 22/06/09)

2. RAJOY NO DA LA CARA

El Tribunal Supremo ha decidido investigar a los aforados del PP, Luis Bárcenas y Jesús Merino, pero Mariano Rajoy sigue mirando hacia otro lado en el caso Gürtel. el líder del PP no quiso pronunciarse sobre este asunto y, por el momento, no tiene pensado adoptar ninguna medida contra ellos.

El jefe de la oposición no dio la cara pero tampoco lo hizo ninguno de sus lugartenientes. Nadie salió a dar una explicación. Sólo una de las colaboradoras de Rajoy destacó, en los pasillos del Congreso, que en sus filas respiraban por fin aliviados tras descubrir que el auto del Alto Tribunal "dejaba claro que no hay una causa general contra el PP". A medida que avanzaba la mañana, el silencio de la derecha comenzaba a ser surrealista. Hasta que se quebró gracias a cuatro SMS, una nueva modalidad de comunicación con la que han dado los conservadores para transmitir su posición, a los suyos y a los periodistas, sin tener que enfrentarse a cuestiones incómodas.

El argumentario del PP señala que "al no aceptar la competencia sobre la totalidad del caso Gürtel, el Supremo descarta la tesis de Garzón y de la Polícia judicial, asumidos después por la Fiscalía de que exista una trama de financiación ilegal del PP". También indica que el auto "no aprecia conexiones entre las empresas de los aforados" y la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. Además destaca el hecho de que el Alto Tribunal "limita su investigación a los indicios sobre presuntos delitos fiscales y de cohecho pero descarta el blanqueo de capitales". Y, por último, celebra que se haya agilizado este asunto y sin filtraciones.

Un resumen sobre el que habría que puntualizar algunas cosas. Entre ellas, que la Fiscalía nunca ha hablado de financiación irregular del PP y que al tesorero no se le ha atribuido aún un delito de blanqueo.

El PP, como se puede comprobar por sus mensajes, sigue cargando contra el juez de la Audiencia Nacional. "Es que nos ha hecho padecer mucho", dice un diputado. Y defendiendo que no se trata del caso Filesa, el escándalo de corrupción que salpicó al PSOE a principios de los noventa .

"El auto es equilibrado, razonable y positivo para nosotros", recalcaba un miembro de la dirección conservadora. En la sede nacional están contentos porque "se han separado asuntos y encima se han limitado las acusaciones que iban apareciendo en los medios". En el PP valenciano también celebraban que su causa no viajara al Supremo.

Los conservadores, que llevan días quejándose de no disponer de información, presumían de que ya contaban con la exposición razonada del juez Pedreira, el escrito del fiscal y el de la Agencia Tributaria. "Ahora sabemos por fin de qué se les acusa y de qué no", comentaban. Pero aún con los datos en la mano, el PP no reaccionó. Desde la cúpula se explica que no existe ningún "elemento de fundamento" para actuar contra ambos aforados. Fuentes cercanas a Rajoy aplaudían que el Supremo hubiese admitido la personación de Bárcenas y Merino. Confían en que, tras ejercer su derecho de defensa y presentar sus alegaciones, no se les llegue a imputar.

Rajoy reza porque se archive. Y si no ocurre, lo suyo es que se les suspenda en el cargo. Sin embargo, los que rodean al líder del PP dicen que "ya se verá". El Comité de Dirección está, en ese sentido, dividido. Algunos se inclinan por echar a Bárcenas, hay quien cree en su palabra. Y en general todos piensan que lo mejor es que, si se le imputa, se vaya por su propio pie.

Entre los diputados del PP se extiende la idea de que se está tardado mucho tiempo en tomar una decisión y le echan en cara a su jefe de filas que no aplicara desde el principio un "criterio único" para todos los casos. Algunos creen que convendría que se levantara el secreto de sumario. La primera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien dijo que ya no había "excusa" para que no se hiciera. "Nadie se va a escapar", afirmó.

(www.publico.es, 25/06/09)

3. RAJOY DIVIDE AL PP POR LA RESPUESTA "FRÍVOLA" AL ‘CASO BÁRCENAS’

La respuesta oficial que el PP dio el miércoles a la decisión del Supremo de encausar a su tesorero, Luis Bárcenas, y a su portavoz adjunto en el Congreso, Jesús Merino, por cohecho y fraude fiscal fue cuanto menos arriesgada: se optó por exhibir alegría ante el mal menor, esto es, ante el hecho de que se acuse a ambos parlamentarios "solo" de dejarse sobornar e incumplir con Hacienda y no de blanqueo de capitales o de financiar ilegalmente el partido. Apenas 24 horas después, una parte del entorno de Mariano Rajoy admitía no comulgar ni con el fondo ni con la forma de tan "alegre y frívola" estrategia, según sus propias palabras, que se hizo llegar a los periodistas a través de un puñado de mensajes de móvil, cuyo contenido fue supervisado por Federico Trillo.

Así, a las voces consideras críticas en el seno del PP que venían pidiendo, desde hace tiempo, medidas internas contra Bárcenas, también se han sumado en los últimos días algunos diputados y senadores y, en las últimas horas, cargos de confianza del líder conservador. "Sinceramente, Bárcenas nos haría un favor marchándose", admitió un alto dirigente del partido.

Lo cierto es que la dimisión-no dimisión del tesorero popular y las supuestas ganas de Merino de dejar su cargo eran los temas principales de las conversaciones entre los populares. Seguramente influyó en ello la cercanía del auto del Supremo, la insistencia de la prensa en recabar opiniones y la sinceridad con la que el vicesecretario de comunicación y portavoz del PP, Esteban González Pons, se pronunció en RNE, donde admitió que hay "mucha gente" en su partido que piensa que Bárcenas debería dimitir, tal y como dijo hace tiempo el diputado Vicente Martínez-Pujalte. Por su lado, el fundador del PP, Manuel Fraga, afirmó que el cese del tesorero "se andará" si es oportuno, pero pidió tiempo.

Pero mientras ese tiempo transcurre, hay quien ya se pregunta en el partido si a Bárcenas le queda ya legitimidad "para algo tan simple como rechazar a un empleado una nota de un taxi o de gastos". Es Rajoy quien debe decidirlo si el guardián de sus cuentas no da el paso. De momento el líder calla. ¿Estará preparando el terreno?

(www.elperiodico.com, 26/06/09)

4. CRECE LA PRESIÓN EN EL PP PARA QUE RAJOY APARTE AL TESORERO

"A Rajoy, como presidente nacional del PP, la forma en la que está gestionando la implicación de Luis Bárcenas en el caso Gürtel no le supone ningún riesgo. El problema está en que la imagen que estamos dando no es buena para el partido". Esta declaración, de un diputado del PP, resume una opinión extendida en las filas conservadoras, donde cunde la preocupación por la impresión que las sospechas sobre el tesorero del partido puedan estar causando en la opinión pública.

"Es muy duro que se traslade a la ciudadanía la idea de que hay gente en política que acaba forrándonse, que no rinde cuentas a Hacienda y que, pese a todo, su partido se queda de brazos cruzados", precisa otro dirigente conservador, en referencia a los indicios de cohecho y fraude fiscal que sobre Luis Bárcenas maneja el Tribunal Supremo. mismo, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló en declaraciones a Radio Nacional, que en su partido son "conscientes" del coste político que supone mantener a su tesorero en el cargo. Estas declaraciones se producían sólo 24 horas después de que el Supremo se declarara competente para investigar a Bárcenas y al diputado Jesús Merino.

Una mejor defensa

En este contexto, cada día son más los diputados y dirigentes del partido de Mariano Rajoy que consideran que el tesorero debería dar un paso al frente y poner su cargo a disposición del partido. "Es fácil, nadie va a pensar que es más o menos culpable si abandona la tesorería del partido. Simplemente, sería más útil para él y para el partido. Para él, porque así se puede defender mejor. Y para el partido, porque así se le restan argumentos a los rivales políticos", consideraba un diputado. "Creo que Bárcenas está siendo extraordinariamente irresponsable con sus compañeros de partido", añadía otro .

El propio González Pons reconoció que "hay mucha gente" que piensa "legítimamente" como el diputado Vicente Martínez Pujalte, que la semana pasada invitó a Bárcenas a reflexionar sobre su continuidad en el PP. En el partido hubo quien interpretó estas palabras como una invitación de la dirección nacional a Bárcenas a que sea él mismo el que se marche.

"Creo que Bárcenas está siendo extraordinariamente irresponsable"

No obstante, González Pons precisó que el PP puede tomarse todavía el tiempo que considere necesario para pronunciarse al respecto, puesto que hasta ahora no se ha producido ninguna imputación formal contra el tesorero. "No podemos arriesgarnos a ser injustos", dijo, a la vez que precisó que el tesorero ha dado las explicaciones pertinentes a su partido y que estas han resultado satisfactorias.

En una línea similar a la trazada por González Pons, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, despachó con un "eso se andará" las preguntas sobre si Bárcenas debe dimitir. A su juicio, la marcha del tesorero "es asunto de él" y lo que "realmente interesa" al partido es lo que haga su presidente nacional. "Entiendo que lo que ha decidido el señor Rajoy es que en cuanto haya una inculpación se tomarán las medidas correspondientes y ahí estamos todos".

Por su parte, el diputado conservador por León Juan Morano aseguró que respaldaba de forma "incondicional" la tesis sostenida hace unos días por el también parlamentario Martínez Pujalte, según informó Europa Press.

En la mañana de , varios diputados conservadores congregados en el Congreso coincidían en señalar que la dimisión de Bárcenas como tesorero "es cuestión de días". También se quejaban de que el partido hubiese respondido por SMS a la noticia de que el Supremo se declaraba competente para investigar al tesorero y al diputado.

Mientras crecen las críticas internas por la forma en la que Rajoy está gestionando esta crisis "está arriesgando demasiado", se lamentaba un diputado, el líder del PP siguió esquivando a la prensa. Rechazó contestar las preguntas de los periodistas en dos ocasiones. Tampoco Merino quiso hacer ningún tipo de valoración sobre las novedades judiciales.

El núcleo más próximo a Rajoy sigue empeñado en defender la forma en la que su jefe está gestionando el caso Bárcenas. "Es una persona que sabe medir muy bien los tiempos. Cuando tenga que tomar una decisión, la tomará", explicaba un colaborador. ¿Cuándo será esto? "Cuando se conozca la imputación formal", añadieron las mismas fuentes.

En todo caso, el círculo del presidente del PP sostiene que es muy difícil que se le eche en cara no haber manejado bien el asunto, puesto que "Luis Bárcenas siempre ha podido presentar su baja voluntaria en cualquier momento para no dañar al partido".

(www.publico.es, 26/06/09)

5. FRAGA DICE QUE LA DIMISIÓN DE BÁRCENAS "SE ANDARÁ"

El presidente fundador del PP y senador, Manuel Fraga, afirmó que la dimisión como tesorero de su partido de Luis Bárcenas "se andará", aunque es "asunto de él", y que al PP lo que le interesa "es lo que tiene que hacer Rajoy".

"Entiendo que lo que ha decidido el señor Rajoy es que en cuanto haya una inculpación se tomarán las medidas correspondientes y ahí estamos todos", se limitó a añadir.

Fraga hizo estas declaraciones en el Senado, minutos antes de asistir a la Comisión General de Comunidades Autónomas, y tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir la causa contra el también senador y contra el diputado Jesús Merino.

Preguntado por su opinión acerca de si Luis Bárcenas debe plantearse dimitir como tesorero de los 'populares', Manuel Fraga respondió: "eso se andará". "Lo que tenga que hacer él es asunto de él. Lo que tiene que hacer Rajoy es lo que nos interesa a todos".

(www.publico.es, 25/06/09)

6. EL PP HIZO DIMITIR A OTROS IMPLICADOS CON PRUEBAS SIMILARES

En las escasas ocasiones en las que tienen que responder a periodistas sobre el caso Gürtel -Mariano Rajoy no ha dado una rueda de prensa en semanas-, los dirigentes del PP insisten en negar que haya una diferencia de trato entre los diversos implicados en la presunta red corrupta ligada al principal partido de la oposición. Sin embargo, un mínimo análisis del recorrido procesal del caso y sus consecuencias políticas deja muy en evidencia esa diferencia de trato.

Después de unas iniciales reticencias y ataques al juez Baltasar Garzón y a los medios de comunicación, el PP de Madrid destituyó fulminantemente uno tras otro a todos los implicados que dependían de este partido. La dirección nacional ha argumentado en alguna ocasión que Luis Bárcenas, el tesorero del PP, no está aún imputado, por lo que no se puede tomar una decisión. Pero tampoco estaban imputados aún -quedaban semanas para eso- ni Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, ni Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, ni Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, cuando su partido les forzó a dimitir.

Fue el propio Rajoy quien vendió en una sus pocas ruedas de prensa que González Panero había dimitido, aunque el propio ex alcalde lo desmintió y el partido tuvo que forzar su salida pocas horas después. Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey, también dimitió antes de ser imputado.

En la constante búsqueda de excusas para explicar por qué Bárcenas no ha dimitido mientras todos los demás implicados, salvo Francisco Camps y Ricardo Costa, sí lo han hecho, la dirección del PP también ha argumentado que Bárcenas tiene un cargo interno del partido mientras los alcaldes tenían un cargo público. Pero Benjamín Martín Vasco, que es, como López Viejo y Alfonso Bosch, aforado de Madrid como diputado autonómico, también dejó un cargo interno, el de portavoz adjunto y número dos del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, antes incluso de ser imputado.

Otro de los intentos de exculpar a Bárcenas se centra en que no están claras las pruebas. Sin embargo, los datos que se han conocido hasta ahora contra Panero, López Viejo y otros implicados madrileños son muy similares a los que figuran contra Bárcenas tanto en el auto de Garzón, como en el del juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que ahora el Supremo da por buenas para seguir investigando. Se trata de documentos de la contabilidad B de la red de Correa, avalados por las declaraciones de algunos de los trabajadores de la red.

En el caso del tesorero, estas pruebas están reforzadas, y así lo asume el auto del Supremo, por un informe de la Agencia Tributaria que le incrimina, algo que no ha sucedido con otros implicados que han dimitido y han sido suspendidos cautelarmente de militancia. Por eso, en los comentarios en privado hay cada vez más dirigentes que destacan la diferencia de trato entre los cargos nacionales, especialmente Bárcenas y Camps, y los locales, que han caído todos rápidamente sin que lo impidiera Rajoy, que ahora insiste en que necesita "alguna prueba" para echar al tesorero.

(www.elpais.com, 25/06/09)

7. EL SUPREMO ENCAUSA EN EL 'CASO GÜRTEL' AL TESORERO DEL PP POR DELITO FISCAL Y COHECHO

La Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó investigar las vinculaciones entre la trama corrupta del caso Gürtel y el tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado del mismo partido Jesús Merino, por si el primero hubiera incurrido en delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y Merino, en delito de cohecho. Por el momento, el resto del caso Gürtel seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a que las imputaciones a los aforados son "escindibles" del resto de los delitos que se investigan. Ambos tienen ya acceso a la documentación que les atañe. El tesorero pidió el martes comparecer voluntariamente y sin necesidad de suplicatorio ante el juez instructor nombrado por la Sala.

La Fiscalía había solicitado que el Tribunal Supremo se hiciese cargo de la totalidad de la causa, pero la escisión no fue mal recibida, dado que el Supremo ordena al instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, que continúe la instrucción. Según fuentes fiscales, lo que la Fiscalía temía era un posible parón en el proceso mientras se cursaban y resolvían los suplicatorios contra ambos aforados.

El Supremo justifica la separación de la causa para investigar sólo a los aforados. Considera que el presunto delito fiscal de Bárcenas no plantea problemas respecto al procedimiento que sigue el Tribunal Superior de Madrid y el de cohecho "hace que deba extenderse la competencia, por conexión, sólo respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Si en las investigaciones que ahora se inician aparecen indicios sobre hechos distintos se podrá ampliar la instrucción ante la Sala Penal.

Según el Supremo, en la exposición razonada que hizo el magistrado de Madrid Antonio Pedreira se da cuenta de la percepción de cantidades económicas por Bárcenas (casi un millón de euros) y Merino (50.000), según la documentación intervenida en el registro de la sede central de las empresas de Correa en la calle Serrano de Madrid y en el pen drive donde consta la contabilidad B del grupo.

Según el Supremo, esas cantidades supuestamente percibidas por los aforados no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción, por lo que "los indicios resultan, en principio, suficientes para la instrucción de una causa criminal" por delito de cohecho. También pueden derivarse de ella los delitos fiscales que correspondan a los ingresos detectados. Sin embargo, en Merino ni el Supremo ni Pedreira aprecian delito fiscal. De hecho, señala que el informe de la Agencia Tributaria que analizó sus empresas "destaca la normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto de las empresas relacionadas como aquellas que generaron ingresos a estas empresas".

Bárcenas hizo llegar al juez Pedreira unas alegaciones en las que trata de justificar esos ingresos en la obtención e inmediata devolución de un crédito, y en las ganancias derivadas de una venta de acciones erróneamente declaradas a Hacienda. Ese argumento, sin embargo, es para el tribunal insuficiente para contrarrestar el informe de la Agencia Tributaria, que ya tuvo en cuenta los argumentos de Bárcenas.

Pedreira refiere también indicios de un "desvío de fondos, típico del blanqueo de dinero y, en general, respecto a los delitos cometidos mediante la utilización de empresas del denominado grupo Correa". En una de esas operaciones, en concreto una inmobiliaria, el juez Pedreira aportaba un documento manuscrito en el que aparecía "LBárcenas" como indicio de la participación del tesorero en la red de blanqueo en paraísos fiscales. Pero, según el Supremo, ese manuscrito "carece de fuerza". El tribunal considera que no se han aportado indicios de relevancia penal que acrediten su participación en una trama de blanqueo de dinero. Pero si aparecen nuevos indicios en el curso de la investigación, se podría ampliar el proceso al delito de blanqueo, concluye el Supremo.

(www.elpais.com, 25/06/09)

8. EL INSTRUCTOR DEL SUPREMO FUE VOCAL DEL PP EN EL PODER JUDICIAL

Francisco Monterde, un magistrado "muy conservador" y al que se considera cercano al Opus Dei, es sobre quien ha recaído la instrucción del caso Gürtel, según el turno predeterminado que lleva la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Monterde es un magistrado que siempre se ha situado en defensa de las posiciones más conservadoras y corporativistas. Pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que le impulsó como vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que accedió en 1996 a propuesta del Partido Popular. Está considerado como un juez "íntegro" en el ejercicio de su función.

Nacido en Valencia en 1947, fue juez instructor durante ocho años en diversas localidades y, según Servimedia, lleva más de 25 años sin realizar ninguna investigación judicial. La de Luis Bárcenas y Jesús Merino será la primera desde entonces. En noviembre de 2003 accedió al Tribunal Supremo gracias a los votos del sector conservador del Poder Judicial.

(www.elpais.com, 25/06/09)

9. LA FISCALÍA INVESTIGA UN SAFARI DE LUJO DE BÁRCENAS AL CREER QUE LO PAGÓ CORREA

Los investigadores del caso Gürtel estrechan el cerco sobre Luis Bárcenas. Cuantos más datos analizan, más detalles aparecen de su estrecha vinculación con Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta que ofrecía, supuestamente, todo tipo de regalos y sobornos a políticos para obtener concesiones públicas, contratos de organizaciones de actos y favores en operaciones inmobiliarias.

Además de las múltiples anotaciones en la contabilidad B de la red de Correa que suman casi un millón de euros en 2002, 2003 y 2007 en supuestos sobornos al tesorero del PP, los investigadores han encontrado en el registro de la sede de la trama en la calle Serrano de Madrid un documento que, según la fiscalía, podría probar un regalo de Correa a Bárcenas. Se trata de un detallado plan de ruta, de siete folios, que describe un viaje de superlujo en un safari a Suráfrica.

"La relación entre el señor Bárcenas y el señor Correa por cuestiones distintas a los contratos entre empresas del segundo y el Partido Popular se confirma igualmente por otro documento intervenido en el registro de la sede de Serrano", escribe en su informe la Fiscalía Anticorrupción.

"Se trata de un viaje del señor Bárcenas a Suráfrica del que se desconoce la fecha si bien el documento aporta suficientes datos para su comprobación. Este viaje, a diferencia de otros localizados igualmente en la documentación hasta ahora examinada, no consta haberse pagado y parece haber sido facilitado a través de Pasadena Viajes, entidad perteneciente al grupo de Francisco Correa", concluye el informe.

Los documentos del viaje han sido incorporados por el Tribunal Supremo, que ha decidido hacerse cargo de la investigación del caso Gürtel en la parte referida a Luis Bárcenas y al otro aforado, el diputado Jesús Merino. De hecho, el auto del Supremo señala que "las anotaciones existentes en los documentos intervenidos son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico al aforado, al que se identifica con su nombre, con su apellido o con la expresión Luis el cabrón". Se refiere, aunque no lo cita expresamente, a este viaje a Suráfrica.

Se trata de un paquete de superlujo de nueve días que, según los cálculos de varias agencias de viajes, tiene un coste mínimo de unos 15.000 euros por persona. Los documentos no aclaran cuántas personas viajaron con Bárcenas, aunque sí que el viaje era suyo, puesto que concluyen con una anotación: "Archivo de Word: carta a Bárcenas".

El tesorero, preguntado a través de un portavoz -Bárcenas no habla directamente con periodistas, a pesar de ser senador- admite que el viaje existió, asegura que es "de hace tiempo", y sostiene: "Yo me pago todos mis viajes. Me gusta mucho viajar. Viajo lo que puedo y quiero". El tesorero del PP, sin embargo, no aporta ningún tipo de factura o prueba de que efectivamente pagara el viaje. Tampoco la ha aportado en sus alegaciones.

El viaje de nueve días se realizó con billetes en preferente hasta Johannesburgo, que tiene un coste mínimo de 6.000 euros. En el paquete de superlujo estaban incluidos ocho vuelos, algunos de ellos en avión privado, uno en una avioneta de cinco plazas, además de un sobrevuelo en helicóptero sobre las cataratas Victoria.

Los hoteles del viaje también eran de superlujo, entre ellos el Victoria Hotel, en Sandon Towers en Johanesburgo, el Mount Nelson en Ciudad del Cabo y el Main Kamp en Mala Mala, en el Parque Kruger. Y dentro de esos hoteles, el viaje reservado por Bárcenas incluía las habitaciones más caras, suite, suite deluxe o superior en el Parque Kruger. También en un tren, incluido en el viaje, la cabina elegida era "deluxe".

El viaje incluía un safari por el Kruger, un viaje a Zimbabue para visitar las cataratas Victoria en helicóptero y un crucero privado por el río Zambeze. Todo, supuestamente, pagado por la red de Correa, según los investigadores, aunque Bárcenas insiste en negarlo.

Correa era un especialista en viajes. De hecho, fue así como entró en el PP. En la época de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general, Correa acudió al partido para ofrecer sus servicios como agente de viajes. En poco tiempo se hizo con todos los voluminosos contratos del PP, hasta el punto de que organizaba todas las campañas electorales y los viajes de los periodistas que seguían al partido de José María Aznar. "Los hacía de maravilla, y así poco a poco se hizo con todo, por desgracia", sentencia un veterano de la calle Génova, 13.

(www.elpais.com, 26/06/09)

10. EL TESORERO DEL PP OCULTÓ AL FISCO MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS COBRADOS DE CORREA

El auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Santiago Pedreira por el que pide al Tribunal Supremo (TS) que se haga cargo de la investigación de la trama Gürtel al menos en lo que respecta al senador y tesorero del PP Luis Bárcenas y al diputado nacional Jesús Merino pone en una situación realmente comprometida a ambos aforados, en especial a Bárcenas. Según los datos que maneja el juez, el tesorero popular pudo haber incurrido en un delito fiscal al no haber declarado a haciende entre 2002 y 2003 cobros de más de un millón de euros que habría recibido de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa. Además, los datos muestran que Bárcenas cuadruplicó su patrimonio en los últimos cinco años, algo que ha explicado por sus operaciones de compra-venta de viviendas.

Aunque Mariano Rajoy y la cúpula del PP continúan insistiendo en que no hay aún indicios suficientes para cesar a Luis Bárcenas, los datos arrojados por el auto del juez Santiago Pedreira para solicitar al Supremo que asuma la investigación completa del caso Gürtel no parecen dejar muchas dudas sobre la responsabilidad del tesorero popular. Los periódicos El País y ABC sacan a la luz parte del contenido de ese auto, en el que se señala, por ejemplo, que Bárcenas ingresó de las empresas de Correa más de un millón de euros que posteriormente no declaró a Hacienda, lo que podría considerarse un delito fiscal.

Un millón sin declarar

Según recoge el auto, Correa entregó a Bárcenas 459.565 euros en 2002, 515.630 euros en 2003 y 72.000 en 2007, un total de 1.047.195 euros que nunca figuraron en las declaraciones fiscales del tesorero del PP. El magistrado asegura en este texto que puede afirmarse con certeza que los registros de los libros de contabilidad B de las empresas de la trama con las iniciales "L.B.", "LBárcenas", "Bárcenas" o "Luisito el cabrón" se corresponden con entregas hechas al tesorero del PP, igual que considera probado que las iniciales "J.M." y "G.G." se refieren a Jesús Merino y Gerardo Galeote respectivamente.

El auto analiza también algunas operaciones dudosas realizadas por el tesorero. La más destacada es el ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 en enero de 2003. Bárcenas ha justificado este ingreso tan abultado en metálico alegando que pidió un crédito y retiró el dinero para comprar un cuadro. Un mes después habría reingresado la cifra al haberse frustrado la operación.

Sin embargo, el juez considera en su escrito que es "poco creíble" que se formulase un crédito de estas características – que "supone unos gastos de 2.321,49 euros- si no estaba cerrada la operación, y tampoco parece lógico retirar el dinero en metálico cuando existen "alternativas mucho más seguras" para manejar una cifra tan elevada. Además, al juez le "sorprende" que alguien que "no es coleccionista de arte" se lance "a una inversión tan elevada".

El documento indica que, aunque la versión de Bárcenas fuese cierta, también habría una irregularidad en su actuación, puesto que el senador no incluyó esta operación en su declaración sobre el Impuesto de Patrimonio de 2002 presentada al año siguiente. En ella no se especificaba el dinero guardado en metálico, ni la deuda contraída por el crédito.

Por otra parte, el juez destaca que el patrimonio de Bárcenas pasó de 711.592 euros en 2002 a 2,5 millones de euros en 2007. El tesorero lo explica con varias operaciones de compra-venta de inmuebles, pagados siempre al contado, y a una favorable inversión en acciones de la compañía eléctrica Endesa que adquirió por 8 euros y vendió por 40. El dirigente, que ingresó de las arcas del PP en 2003 más de 225.500 euros, y 21.600 euros más como consejero de Gesmadrid Sociedad Gestor, manejaba en 2007 una cuenta que tuvo más de tres millones de euros en abonos. Su esposa contaba en 2007 con otra cuenta similar que reportó 11 millones en abonos en 2007. El juez apunta, no obstante, que estos meteóricos ascensos pueden deberse a sucesivas reinversiones en deuda pública.

(www.elplural.com, 23/06/09)

11. EL TESORERO DEL PP CUADRUPLICÓ SUS POSESIONES DESDE 2002

El patrimonio e incluso el sueldo de Luis Bárcenas ha sido el eje de los comentarios en el PP en las últimas semanas. Los dirigentes que llevan 20 años trabajando con él saben que es un funcionario del partido que empezó desde abajo, como contable, y no le conocían fortuna personal. Por eso sus posesiones y el aumento de su patrimonio está en boca de todos.

El escrito del juez Antonio Pedreira aporta datos de las declaraciones del impuesto de patrimonio -ahora desaparecido por decisión del PSOE- y del impuesto sobre la renta de las personas físicas que muestran las grandes cantidades que movía Bárcenas y el espectacular aumento de su patrimonio desde los 711.592 euros que declaró en 2002 a los 2,5 millones de 2007. El tesorero lo achaca a una exitosa política de venta y compra de varios inmuebles -siempre al contado- y a una también acertada inversión en acciones de Endesa, que compró a 8 euros y vendió a 40, según ha explicado.

Según sus declaraciones, Bárcenas ingresaba del PP, como senador y tesorero, un total de 225.501,30 euros en 2003 -mucho más de lo que cobran la mayoría de los dirigentes- y, además, ingresaba otros 21.600 euros como consejero o administrador de Gesmadrid Sociedad Gestor. En Hacienda, según el escrito, figura que el tesorero del PP es titular de una cuenta que en 2007 tuvo más de tres millones de euros en abonos, si bien aclara que se puede deber a diversas operaciones de deuda pública en las que Bárcenas reinvierte sucesivamente un capital de 300.000 euros.

También analiza el juez otra cuenta de la esposa del tesorero, R. I., en la que figuran en 2007 casi 11 millones de euros en abonos. También aquí "podría deducirse que ese importe está provocado por sucesivas reinversiones en deuda pública de dos capitales, uno de 650.000 euros y otro de 370.000". El juez concluye de los análisis de las declaraciones que Bárcenas pudo ocultar al fisco ingresos de la red corrupta de Francisco Correa que supondrían más de 120.000 euros defraudados en el IRPF, por lo que hay indicios de delito fiscal.

(www.elpais.com, 23/06/09)

12. EL JUEZ ENCUENTRA INDICIOS DE UNA RED DE BLANQUEO LIGADA A BÁRCENAS

La exposición razonada que el juez Antonio Pedreira ha enviado al Tribunal Supremo, de unos 30 folios, está llena de indicios contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien dedica el 90% del texto.

La mayoría del informe se concentra en analizar los registros contables de los supuestos pagos de la red corrupta de Francisco Correa a Bárcenas, pero el juez Pedreira se detiene especialmente en explicar un complejísimo entramado de empresas en paraísos fiscales que tienen el objetivo de blanquear dinero y que estarían, según estos indicios, vinculadas finalmente con el tesorero del PP.

Todo el entramado concluye en una operación inmobiliaria en Majadahonda (Madrid) cuyo principal responsable es Jacobo Gordon, un ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, que también, como Francisco Correa, fue testigo en su boda con Ana Aznar. La operación es de 2004. Las 16 casas de lujo previstas se construyeron, aunque aún no han sido vendidas todas, y se ofrecen por un millón de euros.

El detalle muestra la complejidad de la trama montada por Correa para ocultar el dinero. En el registro de las oficinas del imputado José Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y vicepresidente de Repsol cuando la presidía Alberto Cortina, se encontró un archivador sobre la empresa Rustfield, que registra movimientos en la cuenta que tenía esta firma en una oficina de Barclays en Reino Unido.

Desde allí se mandaban fondos a España, a la cuenta que otra empresa, Inversiones Kintamani, tenía en el Banco Pastor.

El sistema consistía en hacer sucesivas ampliaciones de Kintamani para recibir los fondos, que se invertían en negocios inmobiliarios. Los ingresos a Kintamani llegaban desde paraísos fiscales como Madeira o Mónaco. Para encubrirlo, según el juez, "se utilizaban trusts (grupos de empresas) situados en países blancos. El principal era Pearse (con sede en Irlanda y Reino Unido).

Desde allí se enviaba la información al despacho De Miguel & Abogados. Desde este despacho se mandaban los extractos para que José Luis Izquierdo, contable de Correa, los registrara. Para ocultar aún más, había un tercer trust, Morning Star Holding, que gestionaba en la isla de Nevis, otro paraíso fiscal, a Pacsa, titular a su vez de las acciones de Rustfield.

En ese archivador encontrado, en una hoja manuscrita presuntamente por el abogado Luis De Miguel [ver gráfico] se puede apreciar un supuesto pago a "L Barcenas" de 50 millones de pesetas (300.000 euros). El texto habla del "Proyecto Twain". Además, hay otras evidencias, como un correo electrónico, que conducen a Jacobo Gordon, responsable de Proyecto Twain.

La cifra total que figura en la columna B, 125 millones (750.000 euros), coincide con la opción de compra que se pagó por el terreno en Majadahonda en enero de 2004, según datos de Hacienda. Seis meses después, ese terreno se vendió por 4,2 millones de euros.

(www.elpais.com, 24/06/09)

13. EL JUEZ VE 'POCO CREÍBLES' LAS EXPLICACIONES DEL TESORERO DEL PP

El instructor de la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido al Tribunal Supremo el auto en el que solicita que asuma la causa y detalla una serie de indicios delictivos contra dos aforados del PP: el senador y tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino.

Pedreira atribuye a Bárcenas los delitos de fraude fiscal y cohecho. Principalmente, habría cobrado sobornos por más de un millón de euros de las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, ingresos que, además, tampoco habría declarado al Fisco.

Asimismo, el juez detalla otro cobro de 300.000 euros que deduce de un apunte contable de la empresa Rustfield -que se dedicaría a blanquear dinero a través de paraísos fiscales, principalmente la isla caribeña de Nevis-. Bárcenas lo habría dedicado a una operación inmobiliaria en Majadahonda en la que habría obtenido una plusvalía de unos 3,5 millones de euros.

En la resolución , se dice que "parece poco creíble" y que "no parece razonable" la explicación que dio el tesorero del PP para intentar aclarar de dónde salen los 330.000 euros en billetes de 500 que ingresó en una sucursal del Banco Popular en enero de 2003. Bárcenas había dicho que pidió un crédito por esa cantidad para invertirlo en obras de arte, pero que después se echó atrás y lo devolvió. "Sorprende que alguien que no es coleccionista haga una inversión así", razona el juez Pedreira.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también aprecia indicios de delito contra el diputado nacional del PP Jesús Merino. A éste le atribuye el cobro de un soborno de 50.000 euros, pero descarta que haya cometido fraude a la Hacienda Pública.

(www.elmundo.es, 24/06/09)

14. EL PP CREE QUE LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS NO ES CONTRA EL PARTIDO

El PP ha acogido con "tranquilidad" la decisión del Tribunal Supremo de aceptar sólo investigar al tesorero y senador, Luis Bárcenas, y al diputado nacional Jesús Merino. A la espera de conocer los detalles del auto del alto tribunal, el PP cree que deja claro que "no hay una causa general" contra el partido, informaron fuentes conservadoras.

El Supremo ha admitido la investigación de los aforados del caso Gürtel y dejará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el resto de la investigación sobre la presunta trama corrupta ligada al empresario Francisco Correa.

Por lo tanto, el TS sólo se declara competente para investigar la posible actuación delictiva de Bárcenas y de Merino, en contra de la opinión de la Fiscalía, que entendía que el alto tribunal debería asumir la instrucción de toda la trama por la conexión que existe entre todos los implicados.

El primer partido de la oposición destacó el hecho de que el Supremo no haya atendido ni la petición de la Fiscalía ni del juez Antonio Pedreira para que asumiera la totalidad del caso Gürtel, señalaron las mismas fuentes.

Los conservadores están a la espera de conocer los detalles del auto que publicó el Supremo antes de decidir si toman alguna decisión sobre los afectados. Eso sí, hace un par de días el propio Mariano Rajoy afirmó que para actuar necesita "alguna prueba" y que mientras tanto tiene que ser "obligatoriamente justo".

En las últimas semanas, el PP se ha quejado reiteradamente de que los implicados en este caso sigan sin saber de qué se les acusa, algo que, a su entender, les lleva a estar en una situación de indefensión.

(www.publico.es, 24/06/09)

15. EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DICE QUE FOREVER YOUNG APROVECHÓ EL 'CASO GÜRTEL' PARA ECHARLE

El sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, pagados por la trama de corrupción que supuestamente dirigía Francisco Correa, ha negado haber falseado facturas y ha dicho que la empresa Forever Young aprovechó el caso Gürtel, para despedirle.

Así lo ha asegurado Tomás durante el juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid por la demanda por su despido de la empresa Forever Young -la cadena de ropa de lujo que supuestamente sirvió trajes pagados por Orange Market a Camps- después de haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel.

A su salida del juicio, y preguntado por las afirmaciones de Camps respecto a que no hubo "regalo alguno" a su persona, el sastre ha dicho que "es su problema, a la Justicia no se la puede engañar". "Creo en la Justicia y desde el primer momento se ha hecho una muy buena instrucción, tanto por parte de los fiscales como del juez Garzón", ha indicado a los periodistas, a los que ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la vista.

Durante el juicio, su abogado, Luis Zumalacárregui, ha sostenido que en el despido disciplinario que le fue comunicado el pasado 11 de febrero se pretendió aprovechar el caso Gürtel para librarse de él y hacerle "chivo expiatorio" de cualquier repercusión que esa investigación pudiera tener para la empresa.

Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Según el letrado de la empresa demandada, se procedió al despido de Tomás, que había sido director de las sucursales de la empresa, por, además de las devoluciones no justificadas, la elaboración de facturas falsas o incorrectas.

Este extremo ha sido negado también por el letrado de Tomás, que ha dicho que está acreditado que era el responsable de compras y ventas, no de facturación, y que "no ha hecho una factura en su vida".

El presidente del Consejo de Administración de Forever Young ha afirmado que Tomás era el responsable de coordinar las facturas y que ocultó las devoluciones no justificadas.

(www.elpais.com, 23/06/09)

16. UNA HIJA DEL DUEÑO DE FOREVER YOUNG TRABAJÓ PARA CORREA

El juicio por el despido del sastre José Tomás dejó a las claras las estrechas relaciones del propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, con empresarios de la trama Gürtel. Relaciones que Hinojosa intentó diluir, pero que quedaron en evidencia por las declaraciones de los testigos.

Hinojosa reconoció a regañadientes que conocía al jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y a Pablo Crespo, el segundo de Correa. Les conocía "de una comida que me montó Tomás". Después, admitió que una hija suya había trabajado en una empresa de Correa. Tomás, fuera del juicio, puntualizó que la hija de Hinojosa estuvo un año como becaria en Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel.

Hinojosa negó haber estado con ellos en las subastas de cuadros y otros objetos que organizaba en un local, aunque precisó que ellos podrían haber asistido, pero no con él. Sin embargo, el testimonio de Antonio del Fresno, el ex directivo de una de las sucursales que admitió haber puesto en las facturas "tejidos o metros de tela" a petición de Álvaro Pérez o Crespo, no dejó lugar a dudas: "Yo le he visto con Álvaro en las subastas, departiendo allí, hablando. Las subastas se hacían en el Paseo de La Habana. A Álvaro le gustaban mucho los relojes. Era un cliente importante".

La magistrada Pilar Varas, que se estrenaba en su primera jornada como juez de lo social de Madrid, se topó con el juicio de año, plagado de periodistas y de decenas de cámaras a la entrada del edificio. Procede de la jurisdicción de Toledo pero es una veterana que llevó el juicio con paciencia -tres horas en lo social no es frecuente- y con autoridad. Ahora es ella la que tiene la palabra.

(www.elpais.com, 24/06/09)

17. AZNAR, SECUNDADO POR AGUIRRE, ARREMETE CONTRA LAS "TAIFAS AUTONÓMICOS" Y ADVIERTE CONTRA LA "DESVERTEBRACIÓN" DE ESPAÑA

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha calificado de "disparate" la forma en que el Ejecutivo está llevando a cabo la negociación del modelo de financiación autonómica, tras considerar además un "error" que se esté haciendo en un momento de crisis económica. También arremetió contra aquellos que "desde sus taifas autonómicos [sic] piensan que pueden salir de la crisis por su cuenta simplemente arañando un poco más del pastel de la financiación autonómica", concluyendo que "se equivocan". Aznar hizo estas declaraciones en una conferencia este viernes en la que estuvo arropado por Esperanza Aguirre, quien le definió como "uno de los principales artífices de lo que en todo el mundo se conoce como el milagro económico español" y "una de las voces más autorizadas del mundo" para analizar la crisis económica y poner remedios a la actual situación.

Aznar pronunció una conferencia sobre "la crisis y sus efectos en la economía real", con motivo del aniversario de la Organización de Patronales de Capitales Europeas (OPCE). Durante la misma, expuso que "el actual modelo de Estado, con una administración hipertrofiada, no es financieramente viable" y ha recalcado que "no es razonable continuar con la centrifugación del Estado" hasta que sea "incapaz de cumplir las funciones imprescindibles que tiene y que debe seguir teniendo encomendadas".

"Las energías de la Nación lamentablemente se encuentran dispersas en afanes disgregadores y eso dificulta extraordinariamente la salida de la crisis", ha comentado Aznar, antes de censurar el "espectáculo" al que "estamos asistiendo con la financiación autonómica o con el plan de subsidios al sector del automóvil.

También se ha referido a las dificultades que hay para enseñar la lengua común de todos, cuestiones todas ellas que, en su opinión, son manifestaciones "muy claras de hasta qué punto hemos llegado en la centrifugación del Estado". Esta se ha puesto de manifiesto "de forma dramática" -ha proseguido- con la "imposibilidad de poner en marcha en España unas medidas económicas razonables e impulsadas desde el Gobierno", y que han llevado a que un "Estado residual" sea incapaz de garantizar la cohesión territorial entre los españoles, insistiendo en que la "desvertebración" de España "merma" la capacidad gubernamental para afrontar la crisis.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebró la conferencia "magistral" pronunciada por el presidente de FAES a quien definió como "uno de los principales artífices de lo que en todo el mundo se conoce como el milagro económico español" y "una de las voces más autorizadas del mundo" para analizar la crisis económica y poner remedios a la actual situación.

En el encuentro, las patronales reclamaron una reducción de impuestos, en el caso de España, considera que debe bajar el impuesto de Sociedades y las Cotizaciones Sociales, así como mayor apoyo a las pymes y el impulso de la innovación. El presidente de CEIM, Arturo Fernández, intervino para advertir de que "subir los impuestos no es una respuesta apropiada a la crisis económica porque podría dañar nuestra capacidad de reacción ante la misma e impedir la recuperación".

(www.elplural.com, 21/06/09)

18. AZNAR: "SI DIGO QUE VUELVO A LA POLÍTICA, LA QUE SE PUEDE LIAR"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha continuado con su discurso del "y yo más" al afirmar -en Telecinco- que "entregué el país más próspero de la historia de España". Según Aznar, quien permanece de gira de presentación de su libro España puede salir de la crisis, la actual situación  de "muy mala, muy profunda, de las peores que hemos tenido nunca [...], y lo peor es que me echan la culpa a mí".

Sin embargo, para Aznar la clave de que "España esté tan mal es el actual Gobierno". "Negaron la crisis, paralizaron las reformas y aumentaron el gasto público, [...], el nivel de los ministros actuales es el más bajo que he conocido nunca", ha argumentado el ex presidente.

Aznar, quien ha afirmado que se implica en el PP en la medida en que se lo piden, ha ironizado sobre un hipotético anuncio de su regreso a la política: "Imagínate si te digo que sí quiero volver a la política, la que se lía esta mañana".

El ex presidente, tras reconocer que "no hice todo bien", ha valorado que su balance al frente del Gobierno es positivo. "No te voy a decir los errores, porque hay gente que se dedica a ello todos los días", ha expresado entre risas. A renglón seguido, Aznar ha mostrado su convicción de que "una parte de la izquierda quiere destruirme", y ha garantizado que si se siguen sus recomendaciones, España saldrá "saldrá rápidamente de la crisis"."En España necesitamos líderes políticos muy fuertes, son necesarios puntos de referencia, gente que diga las cosas muy claras, y no es cuestión de ideologías".

Aznar ha reivindicado el papel de los ex presidentes del Gobierno "por su experiencia", y ha defendido —sin demasiada efusividad— al actual líder del PP, Mariano Rajoy. "Sabe lo que tiene que hacer, su liderazgo sería bueno para España", ha considerado el ex presidente, quien ha celebrado la victoria del PP en las europeas."Lo importante es ganar, aunque sea de penalty injusto y en el último minuto", ha afirmado.

Aznar ha afirmado que recomendaría al PP presentar una moción de censura sólo en el caso de que pudiera ganarla, porque, si no saliera adelante, produciría "frustración" en el partido. "No soy Mariano Rajoy, ni pretendo serlo, pero solamente la presentaría (la moción de censura) si la fuese a ganar; si la fuese a perder, no la presentaría", ha afirmado.

El ex jefe del Ejecutivo ha recordado que cuando estuvo en la oposición, nunca planteó este mecanismo de censura al Gobierno en el Congreso porque asumió que no tenía los apoyos suficientes para sacarla adelante. "Y para no ganarla, siempre se ha dicho que los esfuerzos inútiles producen melancolía y la moción de censura produciría, si no triunfa, frustración", ha añadido.

(www.publico.es, 22/06/09)

19. EL PP IMPIDE LA APROBACIÓN DE UNA DECLARACIÓN EN FAVOR DEL DÍA DEL ORGULLO GAY

El Partido Popular ha impedido que el Congreso de los Diputados haya aprobado una declaración institucional "en contra de cualquier tipo de discriminación y odio hacia las personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales".

La diputada socialista de Igualdad en el Congreso, Carmen Montón, ha considerado -en un post escrito en su blog- "una verdadera lástima" que en el Pleno de no se haya podido leer esta declaración con motivo del día del Orgullo Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual.

"Todo porque el PP se ha mostrado en contra de que los y las representantes de la ciudadanía mostremos unánimemente nuestro compromiso con el respeto y la igualdad de trato", agrega.

El Congreso sí ha aprobado , en cambio, una declaración de apoyo a los opositores iraníes y otra a la candidatura de la Torre de Hércules a Patrimonio de la Humanidad.

Para Montón, el PP ha vuelto a poner de manifiesto su "hipocresía", ya que la redacción de la declaración tenía como base una proposición no de ley aprobada por todos los Grupos Parlamentarios en el seno de la Comisión de Igualdad.

"Pero no han podido liberarse de sus prejuicios y -siguiendo su estrategia de que lo que no se nombra, no existe- han preferido negar la visibilidad y dar la espalda en el Hemiciclo a los derechos de ciudadanía", asegura.

El texto propuesto indicaba que la homofobia y la transfobia son unas de las "formas de odio más extendidas, encontrando reflejo en la legislación de numerosos países del mundo", siendo esta situación "fruto de la incomprensión, el miedo y rechazo a lo desconocido".

La declaración pedía "mayores esfuerzos" para lograr "una igualdad real" y reafirmaba el compromiso del Congreso en luchar "por lograr que todas las personas en España, pero también en el resto del mundo, puedan vivir con seguridad y libremente su orientación sexual o su identidad de género".

(www.publico.es, 26/06/09)

20. PAÍS VASCO. EL POPULAR ITURGAIZ ROMPE EL APOYO SIN FISURAS DE SU PARTIDO A PATXI LÓPEZ

El vil asesinato del policía Eduardo Puelles ha provocado una unidad en el País Vasco desconocida: Ertzaintza, Policía y Guardia Civil unidas, retirada de retratos de etarras por parte del cuerpo autonómico, todo el PP apoyando sin fisuras al nuevo lehendakari… ¿Todo? En realidad, no. El eurodiputado y ex presidente de los populares vascos se ha salido por la tangente: "No se me puede olvidar la imagen de Patxi López echándonos de un velatorio" o "haciendo arrumacos con Otegi en un hotel de San Sebastián".

Dos días antes de las últimas elecciones generales ETA asesinaba al socialista Isaías Carrasco. Durante los cuatro años de oposición, y especialmente en la campaña electoral, el PP de Rajoy había exprimido al máximo su discurso contra la política antiterrorista de Zapatero, llegando a acusar al Gobierno de "agredir" y "traicionar" a las víctimas.

Según explicó Patxi López aquellos días, fue la familia de Isaías la que no quería que el PP acudiera al funeral, pero cambió de opinión en el último momento para que "no hubiera interpretaciones perversas". En cambio, se mantuvieron firmes en no querer saludar a Rajoy, después de que en el debate televisivo previo a los comicios el líder del PP acusara a Zapatero de haber "agredido" a las víctimas del terrorismo. Y así se lo hizo saber López a Rajoy y María San Gil.

Más de un año después, Carlos Iturgaiz "no puede olvidar" aquel episodio y lo relata días después del último atentado mortal de ETA, cuando todo su partido, con Basagoiti a la cabeza, cierra filas con el nuevo lehendakari. "A mí hay cosas que no se me olvidan", asegura en una entrevista en Periodista Digital. "No se me puede olvidar la imagen de Patxi López echándonos de un velatorio", comenta ahora. "Y tampoco me olvido de las imágenes de Patxi López haciendo arrumacos con Otegi en un hotel de San Sebastián fotografiándose conjuntamente, y sonrisitas por aquí y sonrisitas por allá", añade Iturgaiz.

No obstante, Iturgaiz asegura también que prefiere "a Patxi López como lehendakari que a Ibarretxe" y se alegra de que por fin el presidente del Gobierno vasco "dijera lo pensamos la mayoría de los ciudadanos" y que además lo hiciera "sin ningún matiz".

(www.elplural.com, 23/06/09)

21. GALICIA. BALTAR YA GASTA EL DOBLE EN PERSONAL QUE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

En la planta principal de la Diputación de Ourense, a unos metros del despacho del presidente, José Luis Baltar, un grupo de conserjes (dos sentados en una misma mesa y dos de pie, por falta de espacio) pasa sin gran cometido su jornada laboral. No hay documentos en las estanterías ni ordenadores a la vista. Uno de los bedeles traza garabatos imaginarios sobre la madera.

En el edificio Simeón, 33 porteros hacen turnos para atender las tres entradas del contenedor cultural que la institución dedica a sala de exposiciones.

Ambas estampas definen bien la política de personal de la Diputación de Ourense que preside el incombustible José Luis Baltar, a la que acuden diariamente más de mil personas (1.100 en este momento, según cálculos de la oposición) que perciben mensuamente de ella sus salarios. El porcentaje que dedica a pagar las nóminas, el 35% del presupuesto, es el doble de lo que gasta en el mismo capítulo la Diputación de A Coruña.

La principal fábrica en número de empleos en la provincia, tras Coren, arrastra una deuda que roza el límite legal (67,3 millones de euros de un presupuesto de 86 millones) aunque Baltar sigue contratando masivamente pese a la escasez de puestos y cometidos en interminables convocatorias de oposiciones.

Casi siempre en periodo electoral, las pruebas acaban favoreciendo a personas vinculadas a su propio partido o a su entorno familiar.La Diputación de Ourense destina a pagar a su personal el 35% de todo su presupuesto. El caso no tiene parangón en Galicia. El organismo que preside el todopoderoso Baltar gasta prácticamente el doble que la que preside el socialista Salvador Fernández Moreda en A Coruña (invierte en el mismo capítulo el 18,20% de sus fondos) y bastante más que la de Pontevedra, también con presidente del PP, que dedica un 20,72% a este apartado o la de Lugo, donde el bipartito emplea el 24,87% del presupuesto en pagar las nóminas.

La peculiar política de recursos humanos de la institución orensana engulle uno de cada tres euros y por supuesto también la principal partida de gasto: 29,4 millones, incluido el del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

Para encontrar un caso similar en España, hay que buscarlo en Castellón, el feudo de Carlos Fabra, donde la Diputación invierte una cifra similar en personal, 29 millones, pero dentro de unas cuentas, 170 millones, que duplican a las de su compañero de partido. Según el último censo actualizado en enero de 2008, la Diputación de Castellón atiende a 594.915 personas. La de Ourense, sólo a 336.099.

Pese a que Fabra es el paradigma del enchufismo (él mismo se ha jactado públicamente de no saber a cuánta gente emplea en una conversación telefónica grabada que revela los métodos clientelares de contratación que utiliza), la plantilla de la Diputación de Castellón, incluidos sus organismos autónomos y patronatos, es de 605 personas según consta en sus presupuestos de este año.

La Diputación de Ourense duplica esa cifra. Paga menos pero a mucha más gente. Aunque sólo 600 trabajadores son funcionarios, el resto es personal contratado que depende de sus oposiciones para conseguir un empleo definitivo. Esto es, según Bloque y PSdeG, lo que la diferencia del resto de diputaciones de España en donde las contrataciones "son puntuales".

En Ourense hijos, mujeres y parientes de alcaldes de la provincia, cuando no ellos mismos, trabajan para la Diputación. La "red clientelar" que sistemáticamente denuncia la oposición, es, a la vista de los presupuestos, la principal razón de ser de la institución. Al poco de llegar al Ayuntamiento de Ourense, el alcalde Francisco Rodríguez, descubrió con sorpresa que algunos de los empleados de la Diputación habían buscado acomodo en la casa consistorial, ante la falta de espacio en la Diputación. Como tampoco el Ayuntamiento tenía mesa para todos, idearon un sistema de sillas calientes. Y así, mientras unos ocupaban la oficina, otros aprovechaban para hacer recados.

El dinero que Baltar emplea en pagar nóminas supera casi en 7 millones la cantidad (22,8 millones) consignada en los presupuestos de este año a "inversiones reales". Así, las cosas hace muchos años que la Diputación de Ourense no anuncia una carretera nueva.

Sus cuadrillas, las que Baltar ofrece en los mítines a los paisanos para bachear todo lo que haga falta -siempre que voten al PP-, se emplean en lavar la cara a algunas carreteras secundarias. Al ritmo que acometen los trabajos, la oposición ha calculado que tardaría aproximadamente 110 años en parchear su red de infraestructuras.

Para planes provinciales, objetivo básico de las diputaciones (junto con el apoyo a los ayuntamientos más débiles), este año se ha destinado una partida exigua, de 5,2 millones de euros.

En lo que respecta a otro de los fines de estos organismos, el apoyo que ofrece a los ayuntamientos más pequeños sin capacidad para contratar personal es de 42.000 euros anuales a cada uno. La Diputación desembolsa el 37%%, 16.000 euros los aporta el Ministerio para las Administraciones Públicas y los 9.500 restantes, cada municipio. El de Lobeira no pudo acceder este año al plan provincial. No disponía de los 9.500 euros necesarios.

No hay dinero para inversiones, pero Baltar reparte "sin control técnico y bajo su propio criterio", subvenciones a asociaciones y particulares por más de 2 millones de euros.

Los aspirantes a estas ayudas hacen cola un día a la semana en la antesala del despacho del presidente en espera de la dádiva. Es la jornada de más tarea para los conserjes que deben ordenar los turnos. Luego Baltar firma esas concesiones discrecionales "sin que el demandante presente un programa o figure en un registro de asociaciones", según denunció el BNG.

(www.elpais.com, 22/06/09)

22. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE OURENSE SE LANZA AL MERCADO INMOBILIARIO

La Diputación de Ourense se incorpora como promotora -a través de la recién constituida sociedad mercantil UrbaOurense- al libre mercado inmobiliario. El pleno de la institución aprobará mañana la transferencia de las cuatro parcelas (el 33% de los derechos urbanísticos) que le quedan en la finca Santamarina, una gran área de expansión de la ciudad, después de haber vendido por 1.397 millones de pesetas a la inmobiliaria Flager el 67% restante. La institución pública deja en manos de una empresa mercantil, de propiedad pública, la gestión de uno de los principales patrimonios inmobiliarios que le quedaba en la capital orensana.

UrbaOurense ha sido creada como una sociedad anónima de forma que, aunque la Diputación tiene el 100% de las acciones y los beneficios revierten en ella, puede actuar con libertad en el mercado inmobiliario especulando con los terrenos. La sociedad anónima está ya redactando las bases para sacar a concurso la adjudicación de las cuatro parcelas y venderlas a las empresas interesadas en su desarrollo urbanístico.

La finca Santamarina, de 178 hectáreas, es el pastel más deseado por los promotores. Está prevista la instalación de un centro de El Corte Inglés, un supermercado, un auditorio y la construcción de más de un millar de viviendas distribuidas en torres de 17 alturas, de las que la gestión de más de 400 queda en manos de la Diputación.

Baltar ha decidido que UrbaOurense actúe como operador en la gestión de 175 viviendas de promoción pública, mientras deja las 300 restantes en el libre mercado. El Ayuntamiento destina a la promoción pública los derechos urbanísticos que tiene en la finca. La Diputación ha transferido 3,9 millones de euros a UrbaOurense y las cuatro parcelas de la finca, tasadas en 18,7 millones.

La promotora consumió el año pasado 500.000 euros sólo en su constitución. Baltar contrató como gerente a un ex director general de Urbanismo de Fraga, Jesús Cudeiro, y le puso un sueldo de 75.000 euros anuales. UrbaOurense se constituyó sin proyectos y sin inversión. Ahora anuncia la contratación de un auxiliar administrativo y un arquitecto. El presidente sostiene que la ampliación de capital está condicionada a la "existencia de crédito suficiente en los presupuestos" de la institución que arrastra una deuda en el límite legal.

(www.elpais.com, 25/06/09)

23. CONSEJEROS DE TVG INGRESARON HASTA 150.000 EUROS EN UN AÑO

La política de austeridad de la que presume el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha llegado al Consejo de Administración de la televisión autonómica. Los 12 consejeros de la compañía CRTVG recientemente elegidos por el Parlamento se han asegurado con su nombramiento unos ingresos que rondan los 90.000 euros anuales, en su mayor parte, gracias al elevado número de consejos y comisiones que celebran. El récord de ingresos es para el portavoz de los consejeros del PP, José Luis Iravedra, que llegó a recibir 152.132 euros en 2005.

Para completar estas cantidades, Iravedra, que fue presidente del PP de Lugo, se benefició de un sistema que funcionó hasta 2006, que permitía a los consejeros cobrar por asistir a cualquier acto al que fueran invitados. Iravedra facturó 199 en cinco años. Da igual que fuera una conferencia sobre el trasplante hepático con donante vivo, un funeral o un partido de la selección gallega de fútbol.

Una ex consejera confiesa: "Si no había orden del día para convocar una comisión, se inventaba; lo importante era cobrar, aunque luego las reuniones duraran 30 segundos". La situación adquirió tal cariz que, en marzo de 2006, los consejeros aprobaron por unanimidad dejar de cobrar por asistir a actos. Pero la convocatoria de consejos y comisiones ha seguido a gran ritmo, para completar unos ingresos fijos que son de 2.700 euros mensuales hasta convertirlos en sueldos de 90.000 euros al año.

La voracidad de Iravedra para pasar al cobro todo tipo de actos le llevó a facturar por asistir a actos difícilmente relacionables con su actividad como consejero. Por ejemplo, a una conferencia sobre el desafío de la energía atómica en la II Guerra Mundial, los actos del Día del Aguardiente en Portomarín o al pregón de Navidad de la Asociación de Belenistas de Lugo. También a la recogida de credenciales de los propios consejeros. Destaca el elevado número de invitaciones que el ex presidente del PP lucense recibía, y aceptaba, procedentes del Grupo El Progreso, editor del diario El Progreso de Lugo.

Iravedra ingresó 553.020 euros de las arcas de TVG en los últimos cinco años. En ese periodo, los consejeros costaron al erario público 5,6 millones de euros. Pese a que los estatutos de la compañía establecen que los consejeros deben ser profesionales de reconocido prestigio, los partidos gallegos han propuesto para la legislatura recién comenzada a alcaldes como el de Verín (PP), sindicalistas (PSOE) o sus secretarios de Organización y Política Municipal (BNG). El Consejo de Administración de CRTVG es el único órgano elegido por el Parlamento de Galicia con capacidad para establecer su propio sistema retributivo.

(www.elpais.com, 25/06/09)

24. ANDALUCÍA. EL PP RETIRA LA QUERELLA PRESENTADA CONTRA CHAVES

El Partido Popular ha decidido retirar la querella que había presentado ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y su hija Paula por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, alegando que en las últimas 48 horas ha recibido una copia de la subvención de la Junta de Andalucía a la empresa Matsa.

Según fuentes del partido conservador, tras recibir esa documentación han decidido retirar la querella a fin de ampliarla y formularla en todos los extremos en los próximos días, asegurando que será entonces cuando interpondrán las acciones judiciales correspondientes.

Esta marcha atrás del PP se produce horas después de que el partido en Andalucía negase conocer que se había presentado la citada querella contra el ex-presidente de la Junta de Andalucía, extremo que habían confirmado los abogados del PP en Madrid.

El Tribunal Supremo registró la querella presentada por el PP de Andalucía contra Chaves y su hija Paula por las subvenciones que la Junta andaluza otorgó a la empresa Matsa en la que trabaja la hija del ex presidente autonómico como apoderada.

La querella fue elaborada la semana pasada y presentada a principios de esta y en ella se incluía la acusación de un posible delito de malversación de fondos públicos. Además la representación legal del partido no descartó la posibilidad de que una vez iniciada la investigación puedan atribuirse a la actuación de Chaves otras infracciones como un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental o cohecho, entre otros.

Asimismo, el Tribunal Supremo informa de la existencia de una providencia de la Sala Segunda del alto tribunal en la que se recoge la presentación de esta acción judicial en nombre del Partido Popular de Andalucía.

Sin embargo, fuentes del PP de Andalucía aseguraron a Servimedia que ningún representante legal ni ningún miembro de la formación había presentado una querella contra Chaves, y explicaron que todas las actuaciones que se están llevando sobre esta cuestión se circunscribían exclusivamente a "vías parlamentarias y administrativas".

Entre dimes y diretes, Público consultó al PP de Andalucía y no consiguió que se confirmase ni negase nada: sí aseguraron que se estaba investigando la 'presunta' querella y que un comunicado (ver en PDF ) lo aclararía todo. Esta aclaración es que la querella sí existió y que ahora ha sido retirada con el pretexto de la reformulación.

Esta acción se produce un día después de que la Fiscalía Superior de Andalucía decidiese remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el anterior presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, también por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a las subvenciones concedidas a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) siendo su hija una trabajadora de la empresa.

Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota, fue el pasado día 8 de junio cuando este colectivo formuló la denuncia contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno, una denuncia que fue registrada designándose, con la misma fecha, al fiscal competente para su tramitación.

El Tribunal Supremo sería el encargado de investigar a Chaves ya que, si bien no es diputado, tiene condición de aforado como miembro del Gobierno nacional.

(www.publico.es, 26/06/09)

25. ANDALUCÍA. EL PP SE ALÍA CON IMPUTADOS EN EL 'CASO ASTAPA' CONTRA EL ALCALDE DE ESTEPONA

Los ediles del PP del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se unieron a los concejales imputados en el caso Astapa contra la corrupción para aprobar una moción que retire las competencias del equipo de gobierno, dirigido en minoría por el alcalde David Valadez (PSOE). La medida dificulta aún más la gobernabilidad del Consistorio, ya que la Junta de Gobierno perderá la potestad para aprobar proyectos o servicios, ejercer acciones judiciales o solicitar créditos del más del 10% del presupuesto municipal y se suma a la reciente dimisión del edil de Economía y Hacienda, Antonio Sánchez motivada por la "difícil" situación que atraviesa el Consistorio esteponero, con 164 millones de deuda y verdades dificultades para pagar la nómina de sus 1.317 trabajadores municipales.

La moción salió adelante en un pleno celebrado con 14 votos de los 25 integrantes de la Corporación. La apoyaron los cinco ediles del PP y los ocho concejales imputados en el caso de corrupción, entre los que se encuentran los dos ediles de la formación posgilista Partido Estepona (PES) que pasaron seis meses en prisión preventiva por el caso Astapa, los cinco concejales expulsados del PSOE y un edil destituido del PA. Votaron en contra los 10 miembros del ejecutivo local -formado por los socialistas, Izquierda Unida, PA y Estepona 2007-.

La propuesta tenía fecha original del pasado 16 de enero de 2009, pero no se presentó hasta con una pequeña corrección hecha a bolígrafo. El regidor ve en este movimiento un nuevo intento del PP y los concejales imputados de "boicotear y dinamitar la acción del gobierno". "Llevaban seis meses trabajando con esta idea y buscando el momento oportuno. No han tenido la cortesía, siquiera de tachar con tippex la fecha", criticó David Valadez.

La moción, presentada por los concejales ex gilistas durante los asuntos urgentes, alude a la necesidad de "transparencia en la gestión municipal" en situaciones como la actual, de "crisis económica coyuntural", e incide en que los grupos municipales de la oposición "ofrecen la más estrecha colaboración" en la gobernabilidad del municipio.

El portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que "un gobierno en minoría no se puede permitir el privilegio de concentrar competencias del pleno en la Junta de Gobierno" y descartó que la medida suponga un "freno a la gestión municipal". "El tener las competencias delegadas pretende agilizar la labor de la gestión municipal, pero ese privilegio no debe suponer dejar al margen a los miembros que quedan en la oposición", dijo.

El edil del PES, Juan Manuel Rodríguez, recordó que el PSOE ya pidió que se retiraran las competencias a la Junta de Gobierno en 1995, cuando el Grupo Independiente Liberal (GIL) ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta. Rodríguez, que no está imputado en el caso de corrupción, formaba parte entonces de este partido.

En la sesión no salió adelante la propuesta del PP de instar al Consejo de Ministros a disolver la Corporación y convocar elecciones, amparada en la situación en la que se encuentra el Consistorio tras el caso Astapa y la reciente dimisión del edil de Hacienda.

El equipo de gobierno dio cuenta al pleno de la personación del Consistorio como acusación en el caso por corrupción municipal. El decreto de alcaldía, firmado el 28 de mayo, justifica esta decisión en que la investigación se ha centrado "en una amplia relación de hechos protagonizados por autoridades y funcionarios públicos de este Ayuntamiento" que han podido defraudar "los intereses legítimos tanto de esta entidad como en general de los ciudadanos y vecinos".

(www.elpais.es 20.06.09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECUERDA A RAJOY QUE LE QUEDAN DOS AÑOS ANTES DE LAS ELECCIONES

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha respondido esta mañana al líder del PP, mariano Rajoy, que es un "honor" que piense en ella como candidata para las elecciones autonómicas del 2011, aunque le ha recordado que todavía "quedan dos años de trabajo". En declaraciones a los periodistas antes de asistir a una conferencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, la presidenta de Madrid se ha referido así a las declaraciones en las que Rajoy ha adelantado que pedirá a Aguirre que repita como candidata.

"Para mi es un honor que el presidente piense que lo estamos haciendo bien", ha dicho Aguirre, antes de recordar que aún quedan dos años de legislatura en los que cumplir los compromisos electorales que adquirieron en el año 2007. El pasado viernes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que volvería a ser candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales, en respuesta a la petición que le había hecho Rajoy. Y siguiendo esta senda de anuncios y adelantos, Rajoy ha indicado que pedirá a Aguirre que también repita.

En una entrevista en La Razón, Rajoy dice además sentirse apoyado por su partido, también por el ex presidente José María Aznar y el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Preguntado por si da por cerradas todas las heridas que "se abrieron" en el PP en la etapa que precedió al Congreso de Valencia, el líder del PP responde: "¿Ven ustedes alguna cicatriz?". Rajoy afirma que el Partido Popular es un partido unido. "Es verdad que hemos pasado por algunos momentos difíciles, pero el PP es un partido cada vez más grande y más unido", asegura.

Aguirre también se ha pronunciado sobre el anuncio de Gallardón. Al final de una visita al municipio madrileño de Navas del Rey, Aguirre ha sido preguntada por los informadores "qué le parecía" que Ruiz-Gallardón "vaya a repetir" como número uno del PP en mayo de 2011, en la candidatura al Ayuntamiento madrileño. La presidenta, que estaba subiendo a su vehículo para regresar a Madrid en el momento en que escuchó la pregunta, ha respondido a la prensa con un simple "será a tripitir...". Fuentes de la Comunidad han precisado después que la presidenta "no escuchó bien" la pregunta de la prensa y que ha respondido en la creencia de que se le cuestionaba por la posibilidad de que ella volviese a concurrir como cabeza de lista del PP al Gobierno regional.

(www.elpais.com, 22/06/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA UNA CONCESIÓN DE CONTRATOS DE LIMPIEZA

La mañana de fue especialmente movida en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso por la supuesta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que salpica a los dirigentes del PP de municipios del noroeste, ordenó que revisaran uno a uno decenas de expedientes municipales. Durante 12 horas, una veintena de funcionarios puso patas arriba sendos consistorios y salieron cargados de cajas con fotocopias. La llamada trama Gürtel comenzó el pasado 6 de febrero a raíz de una investigacion del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Después, el caso ha salpicado a los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y a tres diputados regionales, entre otros.

El nexo entre las dos inspecciones fue el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. En ambos municipios se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE), formada por Sufi y FCC. Un cargo de esta última empresa, el ex director de Calidad, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, está imputado en esta trama. En ambos casos, el concurso salió por un montante de dos millones de euros y por un plazo de 10 años. Pero el gasto final ha ido subiendo en ambos Ayuntamientos hasta superar los cuatro millones de euros, según fuentes de la investigación.

Los dos consistorios lo firmaron en 2002, cuando en Majadahonda era alcalde Guillermo Ortega, del PP, y en Boadilla, González Panero. Los policías fotocopiaron estos expedientes para adjuntarlos a la causa que se instruye en el TSJM.Sendas comisiones judiciales coincidieron también en el expediente de mantenimiento de zonas verdes. En Boadilla, está adjudicado a la empresa FCC, según fuentes municipales. Por el contrario, en Majadahonda, el contrato no fue resuelto. Coincidió la adjudicación con el cambio de equipo de gobierno municipal: el actual alcalde, Narciso de Foxá, que sustituyó a Ortega, decidió paralizarlo.

En Majadahonda, los policías pidieron el expediente del Residencial Adriática, que era promovido por Jacobo Gordon Levenfelt, socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) e imputado en la causa desde el pasado febrero. Pero la promoción de estas 16 viviendas de lujo, promovida por Twain Jones, no está vinculada con el Ayuntamiento majariego. Éste la paralizó por no respetar el gusto estético de la zona.

Los funcionarios también solicitaron que les enseñaran numerosos (algunas fuentes cifran en más de una treintena) pequeños contratos y reconocimientos de deuda municipal, en los que, supuestamente, estaban detrás las empresas vinculadas a Correa. Todos ellos eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Ortega. La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, fue secretaria del PP en el municipio y ex jefa del gabinete de Guillermo Ortega.

Otros de los puntos en los que hicieron hincapié los funcionarios judiciales fue la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte. Los agentes revisaron todas las contrataciones de viviendas protegidas realizadas por la empresa Teconsa, que está implicada en la trama Gürtel. El registro de se produjo justo una semana después de que el contable de la EMVS y la secretaria del anterior gerente de la empresa, diputado autonómico e imputado en el caso, Alfonso Bosch, declararan como testigos ante el magistrado instructor del TSJM.

Los agentes que permanecieron en tres edificios de Boadilla (la EMVS y dos sedes del Ayuntamiento) inspeccionaron el área de Urbanismo, de la que se llevaron varios expedientes y planos de planes parciales, según fuentes municipales. Asimismo, examinaron los contratos de Hispánica, adjudicataria del Parque del Deporte por 30 millones de euros, la mayor inversión del consistorio. Esta contratación estuvo rodeada de polémica. Un informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, González Panero, escogió a Hispánica, que valoró con el doble de puntos que a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final, en contra de un informe municipal que prefería a Sacyr.

El conserje del edificio municipal tuvo que salir hasta en dos ocasiones cargado con archivos repletos de documentos. Junto a un policía judicial, se pasaron horas en una copistería cercana fotocopiando documentos.

El Consistorio trató de restar importancia al registro de . "Ya han venido en otras ocasiones desde que saltara el escándalo", aseguró un portavoz municipal. "Esta nueva visita de la policía confirma que Boadilla era el centro de operaciones de la trama Gürtel", aseguró el portavoz socialista, Pablo Nieto.

(www.elpais.com, 25/06/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. UN IMPUTADO EN LA GÜRTEL TIENE SUELO VALORADO EN 64 MILLONES

La red de sociedades que está tras la promoción de viviendas de lujo que vende Jacobo Gordon en Majadahonda (Madrid), y que desveló este periódico el pasado lunes, suma más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 corresponden a terrenos y proyectos inmobiliarios en curso. La sede de todas las empresas es un despacho en el número 128 de la madrileña calle Príncipe de Vergara.

La sociedad matriz, Real Estate Equity Portfolio, la preside Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y ex socio del yerno del ex presidente del Gobierno. Gordon está imputado en la operación Gürtel como una pieza clave del entramado urbanístico con el que contaba la red corrupta dirigida por Francisco Correa.

Real Estate Equity Portfolio controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas, todas ellas dedicadas al negocio del ladrillo: Proyecto Elfo (100% de las acciones), Proyectos Inmobiliarios Altamira (100%), Avitante Proyectos Empresariales (99%), Proyecto Twain Jones (75%), Proyectos Inmobiliarios Proavitante (50%) y Proyectos Inmobiliarios Residenciales (24%).

Según los últimos balances de cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2007, las inversiones de estas firmas inmobiliarias van desde el citado edificio de pisos de lujo que se ofertan por un millón de euros en Majadahonda (Residencial Adriático), hasta promociones de viviendas en Ibiza valoradas en 13 millones de euros o terrenos en Colmenar Viejo, en la periferia de Madrid.

La sociedad con activos más importantes es Proyectos Inmobiliarios Residenciales, que sumaba 63 millones de euros, de los que 42 corresponden a terrenos, solares y obras en el Polígono Industrial Norte Los Alamillos de San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para esta operación, Jacobo Gordon, al que Correa identifica en al menos dos grabaciones como su hombre en asuntos inmobiliarios, se alió con otras dos promotoras, Procasa y Proinsa.

Esta última, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, es la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel. Teconsa ha sido la gran beneficiaria de las adjudicaciones de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), que dirigían los imputados Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, el diputado autonómico del PP que durante su etapa como concejal de El Escorial organizó la boda Agag-Aznar.

El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien va a investigar el Tribunal Supremo.

Teconsa ha logrado contratos allí donde ponía los pies la trama Gürtel, desde León a Valencia, pasando por distintos municipios de Madrid.

El vicepresidente de esta constructora, José Luis Martínez Parra, ha sido consejero de Real Estate Equity Portfolio, al igual que José Ramón Blanco Balín, amigo de José María Aznar y vicepresidente de Repsol en la etapa de Alberto Cortina al frente de la petrolera recién privatizada.

Blanco Balín está imputado en el caso Gürtel, al igual que el directivo al que sustituyó en Real Estate, el abogado Luis de Miguel. Ambos son sospechosos de haber organizado la trama de evasión y blanqueo de capitales de la organización que lideraba Correa. En cuanto a Procasa, en su consejo de administración aparece la familia Sarasola. De hecho, sigue figurando el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario que en los años ochenta se vio involucrado en el presunto cobro de comisiones en varios escándalos financieros durante la etapa de la denominada beautiful people, como el de las Torres Kio con los Albertos

Procasa, que se encuentra en situación concursal la antigua suspensión de pagos, también está asociada a Real Estate Equity Port-folio, la matriz de la red vinculada al caso Gürtel creada entre 2003 y 2005, en Proyectos Inmobiliarios Proavitante, que cuenta con 12 millones de euros en terrenos y promociones en Ibiza.

Hay un denominador común en la trama de empresas que desvela Público y es que no cuentan con empleados, según refleja su contabilidad. Se trata de sociedades patrimoniales que mueven decenas de millones sin gastar un solo euro en salarios y, además, la mayoría de ellas declaran cuantiosas pérdidas año tras año. El juez Antonio Pedreira sospecha que los beneficios reales obtenidos por esta red de empresas han ido a parar a mercantiles constituidas en paraísos fiscales, por lo que estaríamos ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.

(www.publico.es, 26/06/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. UN ALTO CARGO DE AGUIRRE HIZO UNA OBRA ILEGAL

El viceconsejero de Transportes de Madrid, Luis Armada, hizo obras sin licencia en una vivienda del centro de la capital enclavada en un palacete de su familia y en la que él mismo estaba empadronado. Así lo confirma el informe pericial encargado por el juez Santiago Torres, instructor del caso Guateque, y al que ha tenido acceso Público. Armada está imputado en ese caso desde enero de 2008 por presunta responsabilidad penal en la concesión de licencias ilegales durante su etapa como gerente de Urbanismo de Madrid (1997-2003). Entre los expedientes urbanísticos que la empresa pública Tragsa ha auditado por orden del juez figuran dos relativos al citado palacete familiar: el de la vivienda mencionada y otro sobre la reforma del semisótano, que, según el magistrado Torres, obtuvo licencia con "singular agilidad".

Y a través de un portavoz oficial, Armada admitió que, en efecto, la reforma de su piso se efectuó sin licencia. "Pero las obras se hicieron en 1980, cuando él no era aún gerente de Urbanismo", alegó su portavoz, quien puso énfasis en subrayar que la infracción "ha prescrito en la vía administrativa hace 25 años" y que "el fiscal [del caso Guateque] ya ha dicho dos veces que no ve indicios de delito" en la actuación de Armada. El informe pericial de Tragsa no especifica en qué momento se hicieron las obras, dado que no hay más rastro documental que una solicitud de licencia formulada, efectivamente, en 1980 por el propio Armada y denegada por el ayuntamiento de Madrid.

En noviembre de 2008, un año después del estallido de la operación que destapó la trama de corrupción municipal madrileña bautizada como Guateque y en la que ya hay un centenar de implicados, el juez Torres desestimó el sobreseimiento de la imputación de Luis Armada.

Para mantener la imputación de Armada, el juez aportó, entre otros, el argumento de que la licencia de rehabilitación del semisótano se había otorgado en 2001 con "singular agilidad" y sin que se agotaran "los plazos establecidos" en las ordenanzas urbanísticas. Esa licencia, a la que Armada dio vía libre como gerente de Urbanismo bajo mandato del entonces regidor José María Álvarez del Manzano (PP), había sido solicitada por su tío y presentada con un proyecto elaborado por una sobrina. Ahora, el informe de los técnicos, al que ha tenido acceso Público, resulta inequívoco: "no consta licencia" para las obras de reforma interior de la vivienda, situada en un edificio protegido de comienzos del siglo XX.

Según los peritos que analizaron más de un centenar de expedientes por encargo del magistrado Torres, la vivienda de Armada está "en uso y habitada". "La distribución actual precisa el informe coincide parcialmente con las obras de reforma interior solicitadas, cuya licencia resultó denegada". Y hay más: "Se concluye que, respecto al plano primitivo se han ejecutado nuevas obras de reforma interior, dado que existen cambios adicionales en la distribución respecto al plano presentado como primitivo". El piso de Armada, al que se refieren los entrecomillados, figura en una lista de 16 inmuebles donde se acometieron obras sin licencia.

La semana pasada, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aventuró la siguiente definición sobre la trama de corrupción municipal puesta al descubierto gracias a la operación Guateque: "Es un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros [el PP] vamos a extirpar".

El alcalde se pronunció así después de que el juez Torres pidiera que se identifique a cuatro concejales de distrito del mandato 2003-2007, cuando Gallardón ya empuñaba el bastón de mando. Las investigaciones apuntan a que varios ediles mediaron para agilizar licencias.

Tras la imputación de Armada, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se declaró dispuesta a poner "la mano en el fuego" por su honorabilidad. Poco después, el secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, Francisco Granados, repitió la frase: "Ponemos la mano en el fuego por él", dijo públicamente.

Cuando el juez Torres lo imputó el 18 de enero, Armada se declaró "encantado de colaborar con la justicia". El viceconsejero de Transportes aseguró que la suya era una "tranquilidad total". "En mi etapa como gerente de Urbanismo, la concejalía fue modélica", apostilló Armada.Armada no es el único político implicado en el ‘caso Guateque’. El concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna también está imputado.

(www.publico.es, 25/06/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DEUDA DE LA GENERALITAT SE DISPARA

La deuda de la Generalitat valenciana y sus empresas públicas creció mil millones de euros en los tres primeros meses del año y suma 15.284 millones, un 14,5% del PIB regional, según datos que difundió el Banco de España.

La deuda estricta de la Generalitat creció en 903 millones entre enero y marzo de 2009. A finales de 2008, la deuda de la Generalitat representaba el 11,6% del PIB, la relación más abultada entre todas las comunidades autónomas. A finales de marzo, la deuda de la Administración autonómica ya representaba el 12,5% del PIB y la horquilla respecto al resto de autonomías quedaba más abierta. La media estatal de la relación entre la deuda y la riqueza regional se cifra en el 6,7%.

La deuda conjunta de las comunidades autónomas suma 73.385 millones. La deuda de la Generalitat representa, pues, el 18% del total de la deuda autonómica cuando la población ronda el 11% o la riqueza regional el 10% de la riqueza del Estado.

El presupuesto de la Generalitat para 2009 estimaba un recurso al déficit del 1% del PIB a lo largo de todo el ejercicio. Esa cantidad se ha agotado en el primer trimestre.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó el miércoles que el déficit de las comunidades autónomas podía alcanzar hasta el 2,5% de su PIB. Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, votó en contra de la ampliación del tope de déficit y lamentó que el Gobierno central empujara a las comunidades autónomas a "una enloquecida carrera por el endeudamiento".

El Consell limitó a finales de mayo la inversión pública y las transferencias a terceros al 65% de lo previsto inicialmente en los presupuestos ante la caída de ingresos tributarios. Una medida de austeridad para poder garantizar el pago de las nóminas a los empleados de la Generalitat y la prestación de los servicios de Sanidad y Educación.

Pero el Consell también ha anunciado planes de impulso económico para los sectores productivos, para el fomento del empleo y para la inversión municipal que todavía no se han dotado y cuya financiación está prevista a través del recurso al crédito ajeno. Más deuda.

Enrique Pérez Boada, director del Instituto Valenciano de Finanzas, comparó los crecimientos porcentuales de la deuda en plazos trimestrales y anuales con el resto de comunidades autónomas para defender que el crecimiento es homologable al resto de España. Pérez Boada señaló, por ejemplo, que la deuda pública del País Vasco creció por encima del 53% en términos interanuales. Olvidó mencionar que a final de marzo pasado, la deuda pública del País Vasco representaba el 1,3% de su riqueza regional.

"Las cuentas de la Generalitat han explotado", sentenció Cristina Moreno, portavoz socialista, "nos endeudamos más que nadie en momentos de expansión y ahora, que vienen malas, no tenemos margen de maniobra". La dirigente socialista concedió que el modelo de financiación autonómica que aprobó el Gobierno de José María Aznar cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat "es malo, pero mil millones al trimestre no los soporta nadie".

Mireia Mollà, diputada autonómica de Compromís, subrayó el volumen de la deuda, recordó el calibre de las operaciones avaladas por la Generalitat a terceros y dijo: "Estas cifras son inasumibles para nuestra economía y comprometen seriamente las posibilidades de gestión de éste y futuros gobiernos".

(www.pais.com, 20/06/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS REAVIVA EL CONFLICTO POR LA CLASE DE CIUDADANÍA EN INGLÉS

Por encima de las trabas legales y de todo un curso académico de fuertes protestas en la comunidad educativa, la Generalitat Valenciana está decidida a impartir la materia de Educación para la Ciudadanía en inglés. El PP rechazó este martes en Las Cortes Valencianas una propuesta de IU y PSOE para derogar definitivamente la orden que impone la lengua extranjera para esta materia.

Además, la Conselleria de Educación, mediante instrucciones verbales de sus inspectores, ha ordenado a los directores de los centros de Secundaria que no asignen las horas semanales de Ciudadanía a los profesores de Filosofía o Historia, quienes tienen la atribución de impartirla.

La materia será enseñada por profesores interinos e itinerantes dispuestos a hacerlo en inglés y contratados por la Conselleria para este fin.

La consecuencia ha sido la reactivación del conflicto. Durante el pasado otoño, representantes de padres, alumnos, directores y sindicatos de profesores, unidos en la Plataforma por la Enseñanza Pública, acusaron a la Generalitat de utilizar el sistema educativo para boicotear la asignatura, que el PP considera "doctrinaria". La Generalitat aseguró que pretendía potenciar el plurilingüismo.

El conflicto, que incluyó encierros, concentraciones y una gran manifestación, pareció haber llegado a su fin en diciembre, cuando la Conselleria publicó una moratoria que autorizaba a los profesores a dar sus clases en castellano o valenciano. El Gobierno regional consiguió así evitar la huelga prevista para mediados de aquel mes.

"Ahora, un año después, estamos exactamente en el mismo punto", se lamenta Marc Candela, del sindicato STE-PV. Fuentes de la Conselleria recuerdan que "nunca se renunció a la orden de impartir la asignatura en inglés". Y explican que, en los centros a los que no lleguen los profesores itinerantes, los docentes podrán dar la clase en castellano o valenciano.

La impartición de la asignatura en inglés se enfrenta a los límites legales impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En julio de 2008, el tribunal avisó de que no se puede obligar al alumno a que se examine en inglés. En enero de 2009, suspendió cautelarmente la figura del traductor simultáneo, que había sido impuesta por la Administración durante las clases de Ciudadanía.

(www.publico.es, 24/06/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. IVEX-DUBAI, LA PLAZA DE LOS APELLIDOS ILUSTRES

No está en el objeto social del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), cuya razón de ser es evidente, pero si algo ha promovido el organismo público de la Generalitat es el sueño americano.

Su delegación en Dubai (Emiratos Árabes) constituye una demostración palmaria de cómo alguien puede empezar de botones (en este caso de becario) y convertirse en delegado promotor de negocios (máximo rango en la red exterior del IVEX) en tiempo récord y sin solución de continuidad.

La oficina se abrió hace cinco años y ha tenido tres responsables: Teresa Almerich, Luis Aznar y Ernesto Casanova. Pasaron de becarios (la primera, del ICEX) a delegados. Fueron ascensos meteóricos. También comparten tener buenos padrinos.

Almerich es hija del vicepresidente de la Cámara de Comercio, tesorero de la Feria de Muestras y reputado empresario del sector de la iluminación Antonio Almerich.

A su hija le tomó el relevo Luis Aznar Bonilla, sobrino del presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, e hijo de la ex directora general de Economía María Bonilla Musoles, quien, en razón de su cargo, fue miembro del consejo de administración del IVEX. El tercero en llegar fue Ernesto Casanova, hermano de la directora general del IVEX, Mar Casanova.

En todos los casos fueron n0mbramientos sin publicidad en la selección de aspirantes, que, cuando la hubo, fue muy particular. El Síndic de Comptes llama incluso la atención sobre el contrato de 60.500 euros anuales que como promotor de negocios (prone) se le hizo el 19 de abril de 2007 a Casanova como delegado en Dubai, justo en los días en que su hermana pasó de asesora del presidente Francisco Camps a directora de general del instituto exportador.

El organismo fiscalizador del uso del dinero público denuncia que en el expediente no consta que se hiciera "publicidad de esta contratación". La concurrencia de aspirantes en un proceso de selección contratado con una empresa externa sí se hizo, pero curiosamente en la documentación entregada a la Sindicatura ni constaba "la relación de solicitudes y currículos recibidos para el ejercicio del puesto", ni tampoco el "informe de valoración emitido por la empresa consultora" encargada de evaluar al personal.

Unas conclusiones que deberían "motivar de forma adecuada y suficiente la contratación, atendiendo a criterios objetivos y cuantificables". Tampoco constaba informe de la supuesta comisión de evaluación del IVEX, según el Síndic. Casanova se convirtió en delegado y allí sigue, después de ejercer un tiempo en prácticas en la delegación.

Le cedió el testigo Luis Aznar, que pasó a dirigir la oficina del IVEX en Chicago, inaugurada en octubre de 2006 por el propio presidente Camps durante el viaje oficial que hizo al frente de una misión comercial e institucional de la que formaba parte el tío del inminente delegado. La oficina de Chicago coordina, además, la actividad de las seis delegaciones de la Generalitat en Estados Unidos: Miami, Nueva York, Dallas, Washington y California, además de la citada Chicago.

Con su nombramiento en el Estado de Illinois, Aznar confirmó una carrera meteórica que arrancó cuatro años antes (2003) cuando entró en el IVEX como becario en Los Ángeles con la cerrera recién terminada. En apenas un año, se hizo cargo de la delegación del Golfo Pérsico recién abierta por Teresa Almerich, por encargo de la Generalitat. Almerich saltó de ahí al IVEX Hong Kong, en marzo de 2004.

Tras una breve estancia en China, regresó a la empresa de su padre, donde ya trabajaba en el momento en que fue requerida por el IVEX. Fuentes próximas a Teresa Almerich indicaron que la ex delegada en Dubai es una profesional cualificada en comercio exterior. Licenciada en económicas, empezó con una beca del ICEX en Londres y ha ejercido labores comerciales para la empresa de Antonio Almerich en varios destinos del mundo.

Las mismas fuentes no aclararon el proceso de selección para enviar a Almerich a Dubai. La capacitación ya fue esgrimida en su día por otros elegidos para el cargo. No pudieron demostrar su aplastante superioridad curricular midiéndose con otros aspirantes.

(www.levante-emv.com, 24/06/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO SE GASTA 700.000 EUROS EN 'OPERACIÓN TRIUNFO'

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó la adjudicación definitiva de la campaña de promoción de Turismo en el programa de televisión Operación Triunfo por un montante total de 696.000 euros. La adjudicación se ha realizado por el procedimiento de urgencia "negociado y sin publicidad", tal como figura en el anuncio, a la empresa Publiespaña, encargada de comercializar los espacios publicitarios de Telecinco, la cadena que emite el programa.

La primera de las tres fases en las que consiste la campaña se centraba en la creación de un tema musical basado en la oferta turística valenciana. Una canción que habla del mar, el cielo, las "noches de estrellas", "el verde de las montañas", la primavera y el estribillo "pueblos de fuego, pueblos de agua, pueblos de luz" al hablar de la Comunidad Valenciana, donde "te dan amor, sentimiento, pasión, riqueza y gratitud". El secretario general del Bloc, Enric Morera, criticó a la consejera de Turismo, Angélica Such, "ahora que hemos sabido que la cancioncita ha costado cerca de 700.000 euros". Así, acusó a Such de "preferir regalar dinero sin medida a Operación Triunfo, mientras el sector está en una crisis sin precedentes y bajan escandalosamente los turistas". Para Morera, esta política en materia de turismo es "imperdonable". "Solo falta que echen mano de un famoso compositor valenciano y le dediquen un pasodoble a El Bigotes, eso sí, con dinero público", señaló irónicamente.

Fuentes de Turismo señalaron que la partida destinada a esta campaña forma parte de los ocho millones de euros aportados por el Plan Confianza, de apoyo a los sectores productivos, al Plan de Marketing y promoción de la Comunidad Valenciana. Este plan, por ejemplo, incluye una partida para promocionar el turismo en ciudades europeas que asciende a 500.000 euros, cantidad inferior a la destinada a Operación Triunfo.

Según fuentes de Turismo, la promoción se desarrollará a lo largo de once galas del programa y las redifusiones de las mismas. La campaña incluye también la visita de los concursantes expulsados a diferentes puntos turísticos de la Comunidad Valenciana y su emisión en los programas siguientes. Además, el presentador del programa incorporará en sus intervenciones mensajes para invitar a los espectadores a visitar los pueblos y ciudades de Castellón, Valencia y Alicante y a acceder al portal turístico de la Generalitat.

(www.elpais.com, 25/06/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL SOSTIENE QUE BARBERÁ FAVORECIÓ LOS INTERESES DEL VALENCIA

La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas.

La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones. Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".

Fuentes del Valencia CF achacaron a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros.

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".

(www.elpais.com, 23/06/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA DECLARÓ NÚMEROS ROJOS PESE A QUE SU ASESORÍA GANÓ 574.000 EUROS

El pasado jueves el PP, con la ayuda de las abstenciones del PSPV, vetó en las Corts una propuesta de Esquerra Unida para limitar las actividades privadas y prebendas de los diputados. La intención de la norma era endurecer las incompatibilidades públicas y privadas de los cargos para "aumentar la confianza y la transparencia en la actuación". En la actualidad, la situación de los 99 diputados es muy variada. Existen quienes se dedican exclusivamente a su trabajo en el parlamento, quien desempeña una profesión liberada o quien participa de una empresa. En esta última situación se encuentra el portavoz del PP en las Corts, el castellonense Ricardo Costa, que figura como copropietario de la firma de asesoría legal Cas Legis.

Costa puede participar de los beneficios de esta empresa por las facilidades que da el parlamento valenciano para desempeñar otras tareas. No es el caso de las Cortes Generales, que obligaron al también castellonense y hermano de Ricardo, el ex ministro Juan Costa, a desprenderse de sus participaciones en la propia Cas Legis. Tras el abandono del mayor de los Costa, Ricardo recogió el testigo.

Cas Legis obtuvo en cinco años (según los datos depositados en el registro mercantil desde 2003 a 2007) unos beneficios netos de 574.671 euros. Unos resultados que clarifican el sueldo que Costa, como copropietario, puede cobrar. La cifra choca con la declaración de bienes que hizo pública el portavoz popular y en la que aseguró tener cinco cuentas corrientes con un saldo en negativo de -1.435,26 euros. Además, para poder desempeñar su labor Costa ha renunciado a la Seguridad Social que garantiza el acta de diputado pero se ha acogido a una normativa por la que el Parlamento valenciano le abona el seguro máximo de autónomo de 920 euros mensuales.

En estos momentos, la empresa de Costa ofrece sus servicios a europeos comunitarios no residentes en España que vendieron alguna propiedad inmobiliaria entre mediados de 2004 y finales de 2006 para que demanden al Estado español, ya que fueron objeto de una discriminación prohibida por el Tratado de la Unión Europea. El despacho explica que inició una acción legal "sin precedentes" al reclamar a España por aplicar a ciudadanos de la UE un impuesto por plusvalías del 35% cuando los españoles pagan un 15%. En su página web aseguran que ya han ganado una sentencia al Tribunal Superior de Justicia valenciano y que se han aceptado "el 100% de sus argumentos".

La norma que regulaba este pago a Hacienda es la ley 41/1998 del impuesto sobre renta de no residentes. Curiosamente en esta época (1998) el secretario de Estado de Economía y Hacienda era Juan Costa, fundador de Cas Legis en 1996, y quien en consecuencia debería conocer muy profundamente este caso.

Por otra parte, el socio de Costa en Cas Legis, Emilio Álvarez Arjona, es un reputado gestor de Castelló. Según datos del registro mercantil, en 2007 era secretario de tres empresas azulejeras de la provincia: Innovaciones Técnicas Aplicadas a Cerámicas Avanzadas S.A., Goromar XXI S.L. y Esmalglass S.A. Las tres firmas facturaron en 2007 entre 90 y 257 millones de euros y obtuvieron pingües beneficios de entre 3 y 7 millones de euros. Pero la lista de buenos contactos no termina aquí.

En las tres empresas donde Álvarez es secretario figura como presidente Mark Heappey, un conocidísimo ejecutivo de inversiones que es director internacional del Sector Consumo de 3i Group y que ha participado en importantes operaciones de capital riesgo como Imaginarium y AC Hotels. Curiosamente, la madre de los Costa, María Dolores Climent, fue relaciones externas de AC Hotels en Castelló.

(www.levante-emv.com, 22/06/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS POPULARES PIERDEN LA MAYORÍA EN BENIDORM

El PP, que gobierna en Benidorm con mayoría absoluta desde que Eduardo Zaplana se alzó como alcalde con el apoyo de una tránsfuga, corre ahora el riesgo de perderla porque el edil popular José Francisco Bañuls ha decidido pasarse al grupo de no adscritos.

Las causas de la renuncia del edil del PP son "la falta de confianza y las diferencias de criterio en la gestión" del alcalde, Manuel Pérez Fenoll, con el que se reunió la semana pasada. En la práctica el PP pierde la mayoría absoluta de la que disfruta desde noviembre de 1991. Ahora, populares y socialistas se quedan empatados con 12 regidores, así que el voto de Bañuls será clave en las votaciones.

Bañuls se limitó a leer un comunicado. En su comparecencia advirtió de que contestaría preguntas breves y puntuales. Y sólo hubo una: ¿Veremos una moción de censura en unos meses? "Esa pregunta algunos llevan haciéndosela un mes y medio, pero todo esto no tiene ese objetivo. Me limito a decir que la intención de este concejal es apoyar todo aquello que sea beneficioso para Benidorm". El portavoz del grupo socialista, Agustín Navarro, se ciñó a comentar que su partido no habla de futuribles y que "una semana en política es una vida". Conclusión: ni uno ni los otros la rechazan.

El anuncio pilló al grupo popular con el paso cambiado, y con Pérez Fenoll de viaje. Los populares, que se pronunciarán , se encuentran ante una encrucijada. Deben decidir entre forzar públicamente a Bañuls a renunciar a su acta de concejal o tender puentes con el regidor díscolo para poder acabar la legislatura. La presidenta local del PP, Gema Amor, concejal sin competencias delegadas, ha mantenido diferentes contactos con Bañuls en las últimas semanas. Navarro dijo que la decisión de Bañuls "demuestra que el PP está dividido, agotado y sin ganas".

Bañuls mantiene una hoja de ruta encaminada a las elecciones de 2011. confirmó que desde su condición de concejal no adscrito formará "un grupo político que abra una nueva etapa". Este regidor ya encabezó una lista en 2003 en coalición con el Bloc Nacionalista Valencià y en 1999 se presentó como independiente, aunque nunca consiguió ser elegido. Nadie da por hecho que se pueda producir una moción de censura, pero lo cierto es que algunos concejales la atisban en un horizonte no muy lejano. El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, dio por roto en la provincia el pacto antitransfuguismo tras la moción de censura que presentó el PP en La Vall de Laguar para descabalgar a los socialistas con el apoyo de un edil tránsfuga de Esquerra Republicana. Los tránsfugas también dieron al PP las alcaldías de La Vila y Dénia.

(www.elpais.com, 25/06/09)

37. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP ACUDE A LA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL TRASVASE

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Talavera de la Reina (Toledo) en defensa del Tajo. Detrás de la pancarta estaba el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y buena parte del Gobierno regional. Pero se le puso falta a la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal, de baja por una intervención quirúrgica.

La multitud congregada no lo tuvo en cuenta. Y junto a las pancartas en las que se podía leer "Cospedal, qué poco te mojas", se oían los gritos de algunos coreando "Dónde está, no se ve, a la presidenta del PP". La número dos de Mariano Rajoy tenía la firme intención de asistir. De hecho, desde el primer momento y para enfado de sus compañeros de partido en Murcia y en la Comunidad Valenciana, apoyó "completamente" la marcha.

En su lugar acudió una amplia representación de la formación conservadora. Entre las caras conocidas estaban las de los senadores Agustín Conde y Carmen Fúnez, además de las de los diputados Arturo García-Tizón o José Ignacio Echániz. También fueron varios cargos encabezados por el secretario regional del PP, Vicente Tirado.

Todos dieron el paso en contra del trasvase a las cuencas del Segura y del Guadiana. La Plataforma en defensa de los rios Tajoy y Alberche que lo organizaba leyó un manifiesto en el que recordaba que en los setenta se había consumado "el mayor expolio de recursos en la Historia". Además denunciaba que "es tal la codicia hidrológica de la clase política de algunos territorios que se pretende un nuevo trasvase desde el cauce medio del río, en Extremadura, además de nuevos embalses para trasvasar desde el río Tiétar o el Guadyerbas".

Con su presencia, el PP castellano manchego daba por bueno el mensaje y evidenciaba que sigue vivo el enfrentamiento con sus compañeros valencianos y murcianos. Entre los ciudadanos se veían carteles contra Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel. Ambos dirigentes conservadores quieren desterrar el debate sobre la supresión de este acueducto y piden que se atiendan las necesidades de la "España seca. Este sábado, Valcárcel prefirió no hurgar en la herida y culpó del problema del agua a Zapatero.

En medio de esta guerra interna siempre ha estado el presidente del PP, que ha intentado satisfacer a todas las partes diciendo que "el agua es de todos" y recurriendo al Plan Hidrológico como solución. Hasta hace unas semanas, cuando Rajoy en un mitin de campaña se negó a poner fecha de caducidad al trasvase levantando iras en Castilla-La Mancha.

Por su parte, Barreda mantuvo que en las disputas sobre el agua son ellos quienes tienen "razón" frente a otros que tienen "intereses". Y lamentó que se les tachara de egoístas e insolidarios porque nunca iban a "negar agua para beber".

(www.publico.es, 21/06/09)

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL CONSIGUE "BARRACONES - ESCUELA PARA TODOS"

La solución a los importantes problemas que padece la región murciana en materia de educación y enseñanza pública los está solucionando el presidente de la comunidad y del Partido Popular de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, instalando barracones-escuela a lo largo y ancho de toda la región. La Consejería de Educación se va a gastar 517.241 euros para la instalación de más de cuarenta aulas-barracones o escuelas prefabricadas para el próximo curso escolar, según lo publicado por el Boletón Oficial el pasado día seis. Cada una de ellas cuesta unos 12.000 euros, ha indicado una empresa consultada por el diario 20 Minutos.

Si ya en diversos colegios normales murcianos se ha denunciado la imposibilidad de impartir y recibir enseñanza por las pésimas condiciones climatológicas de estas semanas debidas a las altas temperaturas, que impiden cuando menos la concentración, que no puede estar pasando y pasará el próximo curso con la instalación de cada vez más barracones.

Porque no serán esos 43 los únicos barracones que Valcárcel está dispuesto a instalar ya que el año pasado ya contrató su gobierno varias veces este tipo de barracones prefabricados, según denuncia en un comunicado Jesús López, diputado socialista murciano.

"Como setas. Así van a crecer las aulas prefabricadas" y "será fácil ver barracones en septiembre por toda la región", se señala en el periódico 20 Minutos, que se hace eco de un hecho más propio de países africanos subdesarrollados.

Es más, el diputado socialista ha confirmado que la "saturación" de los centros educativos murcianos continuará un año más, pese a que la comunidad autónoma que preside Valcárcel se había comprometido a ampliar o construir más de cuarenta centros. "No hay perspectiva" de que se solucionen los problemas que los colegios e institutos murcianos vienen padeciendo", y "desgraciadamente, serán pocos los que concluyan las obras para el próximo curso, si es que hay alguno", añade el diputado del PSOE.

(www.vegamediapress, 21/06/09)

39. ISLAS CANARIAS. EL SUP PRESENTA ANTE EL TSJC UNA DENUNCIA CONTRA SORIA Y NAVARRO POR ACUSAR A LA POLICÍA DE FALSEAR INFORMES

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de Canarias ha presentado este jueves en la Secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un escrito en el que se formaliza la anunciada denuncia contra el vicepresidente del Gobierno canario y presidente regional del PP, José Manuel Soria, así como contra la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, por sus declaraciones a los medios de comunicación de los pasados días 4 y 6 de abril, respectivamente, en las que se acusaba a la policía de falsear informes y datos por orden de sus superiores en relación con el conocido como 'caso salmón'.

En un comunicado de prensa, el sindicato explica que entiende que estas declaraciones pueden ser constitutivas de un presunto delito de calumnias porque "las imputaciones han sido realizadas a autoridades o funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, además de suponer injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

José Manuel Soria realizó estas declaraciones, por las que ahora está siendo denunciado, a los medios de comunicación el pasado lunes, a raíz de su comparecencia ante la jueza que instruye el caso, que duró más de dos horas y media, sobre los pagos realizados por el entonces presidente del Cabildo grancanario con su tarjeta durante el polémico viaje a Noruega y Austria con un empresario en su avión privado al que luego la institución insular dio el visto bueno para la ampliación de la urbanización turística Anfi Tauro.

Al término de su comparecencia ante la jueza Margarita Varona, el también consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario convocó una rueda de prensa para denunciar el contenido de este informe, una situación que dijo no saber "si es por ignorancia, mala intención u órdenes de la superioridad". "Pero qué broma es esta, en qué Estado estamos", se preguntó.

El informe fue encargado por la jueza a la Brigada de Delitos Cconómicos y Financieros de la Policía Judicial tras la primera declaración de Soria –imputado por presunto cohecho-, el pasado 26 de noviembre, con el objeto de verificar los pagos que aseguró había hecho durante su viaje.

El 6 de mayo pasado, la presidenta del Partido Popular (PP) de Gran Canaria y del Grupo Parlamentario Popular en Cámara regional, Australia Navarro, calificó de "valiente" al presidente de su partido en las Islas y vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, por "demostrar documentalmente" las "falsedades, mentiras e insidias" de dos informes policiales relacionados con el 'caso salmón'.

Navarro afirmó que al PP de Gran Canaria "le parece muy bien" que el Sindicato Unificado de Policía defienda a uno de los afiliados, "pero nos parecería aún mejor que antes de opinar se tomase la molestia de leer los informes que alguno de sus afiliados hacen para comprobar la chapuza que algunos son capaces de hacer siguiendo el dictado de los mandos policiales".

Para Australia Navarro, José Manuel Soria había tenido "la valentía de demostrar públicamente y documentalmente las falsedades, las mentiras y las insidias que sobre su persona se vierten en los dos informes policiales que se han hecho sobre él".

La también diputada regional se preguntó entonces, "cómo es posible" que después de cinco meses "lo que se supone que es la Unidad de la Policía especializada en investigar los delitos económicos sea capaz de hacer afirmaciones como que una persona hace pagos con una tarjeta de crédito de una entidad determinada, cuando jamás ha tenido tarjeta de crédito de esa entidad".

(www.canarias7.es, 26/06/09)

40. ISLAS BALEARES. EL JUEZ FIJA UNA FIANZA DE 100.000 EUROS A COLLADO PARA SALIR DE LA CÁRCEL

El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha remitido una citación a Marina Sans para acudir a declarar en calidad de imputada el próximo martes por el "caso Funeraria". Marina Sans, que actualmente forma parte del grupo municipal del Partido Popular en el Ajuntament de Palma, fue presidenta de la Funeraria Municipal durante la última etapa de Oscar Collado como gerente de la empresa.

Sans, que tiene como abogado a Rafael Perera, se mostraba muy tranquila y espera poder explicarle al juez toda la información que dispone sobre la gestión de Collado. Precisamente, Sans se vio implicada hace unos meses en una polémica sobre el pago de viajes privados a través de la Funeraria. La ex teniente de alcalde recurría a su secretaria para reservar billetes para ella y sus familiares, que posteriormente abonaba de su propio bolsillo.

Sin embargo, el actual equipo de gobierno descubrió que algunos billetes no fueron abonados por Sans sino por la Funeraria. Sans, al descubrirse esta anomalía, devolvió el dinero abonado por la Funeraria. Este supuesto error también se produjo con viajes de Oscar Collado y su esposa. Collado también retornó el dinero.

El juez instructor del 'caso Funeraria', Manuel Vicente Penalba, por otra parte, ha dictado un auto por el cual decreta prisión eludible con fianza de 100.000 euros para el principal imputado en la causa, el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Oscar Collado. El juez adoptó esa decisión por la tarde, tras una petición formulada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Collado se encuentra en prisión sin fianza desde el pasado sábado 13 de junio, según el auto dictado por el juez tras escuchar su declaración. Casi dos semanas después, en las que el Ministerio Público y la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional hubieran realizado diversas actuaciones encaminadas a aclarar los hechos, y de que el juez haya tomado declaración a varios testigos, el juez cree oportuno facilitar la salida de Collado de la cárcel si avala 100.000 euros.

El ex gerente de la EFM está imputado en la causa por la supuesta comisión de los delitos de fraude contra la administración pública, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Collado habría, supuestamente, 'hinchado' facturas, sustraído dinero de la caja y cobrado comisiones en la compraventa de tumbas y ataúdes. Su nuevo abogado defensor Juan Ignacio Herrero, que ha sustituido a Jaime Rodríguez Viñals, espera que su cliente recupere la libertad en las próximas horas.

El origen de la investigación del 'caso Funeraria' partió después del hallazgo de una serie de facturas de viajes de índole personal que Marina Sans había contratado a través de la empresa pública para ella o algún familiar. Tras ese incidente, Hisenda del Ajuntament de Palma decidió investigar si había otros recibos dudosos. El Bloc, asimismo, denunció el pasado mes de febrero las supuestas irregularidades a la Fiscalía.

Una comisión judicial fue la encargada de detener a Óscar Collado el jueves 11 de junio en la empresa en la que trabaja. Ese mismo día, los agentes procedieron a registrar su domicilio particular en el que se incautaron de diversa documentación, así como del disco duro del ordenador del ex gerente de la EFM.

La policía y Anticorrupción ha continuado desde entonces con las pesquisas, que han incluido la investigación de un posible patrimonio oculto que puede tener Óscar Collado.

(www.ultimahora.es, 26/06/09)

41. ISLAS BALEARES. ORDINAS GANÓ MILES DE EUROS CON LOS ´PRODUCTES DE BALEARS´

Antònia Ordinas, ex gerente del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, investigado por una presunta trama de corrupción político-empresarial en el anterior Govern del PP, se lucró, junto a su esposa, la soprano Isabel Rosselló, con miles de euros de ´Productes Balears´. El anterior Govern pagó unos sobreprecios de hasta el 55 por ciento por las sobrasadas, quesos de Maó y aceite de Mallorca que se expusieron en ferias y oros certámenes, debido a las comisiones cargadas por los intermediarios, entre ellos la propia Rosselló.

La delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción alude a estos sobreprecios como un indicio más en contra del ex conseller de Comercio e Industria del PP, el diputado en el Parlament Josep Juan Cardona. La fiscalía ha pedido a la jueza de instrucción 4 que exponga al Tribunal Superior de Justicia la conveniencia de asumir el caso Scala para acusar y enjuiciar a Cardona, defendido por Josep Zaforteza.
Los fabricantes de quesos, sobrasadas, dulces, aceites y otros artículos englobados bajo el concepto ´Producte Balear´ remitían directamente el género a la sede del CDEIB, en Inca. El consorcio almacenaba allí los alimentos y otros objetos y luego los distribuía por las ferias y demás eventos organizados en las islas y en el extranjero, especialmente China, Alemania y Estados Unidos.

Pero el CDEIB, cuyo presidente era el entonces conseller Cardona, no compró directamente los productos a los fabricantes, sino que éstos los vendían a Gabinete Alays, la empresa tapadera usada supuestamente por Isabel Rosselló y Ordinas para el cobro de sobornos y otros negocios ilícitos.

Según han declarado en el sumario dos de los proveedores del consorcio imputados, Felipe Ferré y Joan Rosselló, Ordinas les obligaba a comprar los productos de Balears a Gabinete Alays, que ya incrementaba su precio al llevarse su porcentaje. Felipe Ferré ha añadido que él, a través de la sociedad Gourmet and Boutique Island, "refacturaba luego al CDEIB con un aumento del 10 por ciento".

Así, formalmente, Isabel Rosselló no era la suministradora de embutidos o quesos para el Govern, sino que los productos eran facilitados por Gourmet o por alguna de las empresas del diseñador Joan Rosselló, entre ellas Estudi Joan Rosselló y Fires Geremí.

Joan Rosselló también ha reconocido que compraba artículos a Gabinete Alays y luego los revendía al Govern (CDEIB) "con un 10 o un 15 por ciento de recargo".

Pero ahí no acababan los sobreprecios de los alimentos o incluso objetos de artesanía, tanto Joan Rosselló como Felipe Ferré, han confesado también que Ordinas les exigía comisiones (sobornos) de entre el 30 y el 40 por ciento de cada contrato con el CDEIB. Ambos han explicado que en ocasiones tuvieron que inflar las facturas para poder pagar esas comisiones.

Felipe Ferré ha confirmado que Productes de Balears comprados a Isabel Rosselló fueron expuestos en algunos de los viajes a China efectuados por altos cargos de la conselleria de Comercio e Industria, entre ellos el imputado Josep Juan Cardona. Posteriormente Kurt Viaene y Ordinas compraron acciones de Gourmet para ganar todavía más,

(www.diariodemallorca.es, 25/06/09)

42. ISLAS BALEARES. LA AHORA MAGISTRADA DEL TSJB VIDAL AVALÓ CON SU VOTO ACTUACIONES DE ORDINAS

Felisa Vidal, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a propuesta del PP, avaló con su voto durante la pasada legislatura actuaciones de los entonces gerente Antònia Ordinas y conseller Josep Juan Cardona al frente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Balears (CDEIB). Algunas de estas actuaciones derivaron posteriormente en la acusación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de irregularidades efectuadas a través de una trama urdida para saquear dicho ente y desviar los fondos públicos para fines privados suyos y de terceros.

Vidal se sentó por lo menos en cuatro ocasiones entre 2004 y 2007 con Cardona y Ordinas, en reuniones en las que tuvo conocimiento en primera persona de la pésima situación financiera que acarreaba el consorcio y de cómo iba disparándose su gasto en millones de euros. También fue testigo de las advertencias de los auditores del CDEIB de irregularidades en la contratación de empresas y proveedores por parte de Ordinas. Sin embargo, no consta en acta que la abogada del Estado y en esos años jefa de los servicios jurídicos del Govern Matas pusiera jamás la más mínima objeción a la gestión de la principal acusada ni que interpelara sobre la misma, limitándose a dar su visto bueno como el resto de los miembros.

Si finalmente el TSJB asume el caso –tal y como lo acaba de solicitar Anticorrupción–, la instrucción del mismo podría recaer sobre la magistrada, e incluso podría ser ella la que juzgara a Ordinas y Cardona, a no ser que se inhiba o sea recusada.

La elección de Vidal como nueva magistrada del TSJB provocó una auténtica tormenta política. Con el Govern del PP presidido por Jaume Matas, Vidal ocupó el cargo de directora general de la Abogacía, y en virtud de ello formaba parte de la junta rectora y de la comisión ejecutiva que regían el CDEIB, el equivalente a lo que sería un consejo de administración.

En cuatro ocasiones –el 22 de junio de 2004, el 24 de febrero y el 16 de mayo de 2006, y el 29 de marzo de 2007–, la ahora magistrada estuvo en las juntas con Ordinas y otros cargos del PP, incluido Cardona en dos de ellas, o el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, en libertad con fianza al igual que la ex gerente.

En una de estas comisiones ejecutivas, el 29 de marzo de 2007 –poco antes de las elecciones autonómicas–, Ordinas explicó a los integrantes de la misma el desfase presupuestario del ejercicio 2006. En concreto, se soportaron gastos por valor de 7,6 millones de euros, cuando el presupuesto inicial era de 2,4 millones.

La ex gerente investigada también relata que había sido necesario que el Govern aportara 2 millones de euros extras para hacer frente a las pérdidas acumuladas procedentes de años anteriores. Tras esta breve explicación, lo único que figura en el acta es lo siguiente: "Se aprueba por asentimiento y unanimidad de los asistentes", sin que nadie pidiera ningún dato aclaratorio ni justificación a la gerente por los 5,1 millones de euros gastados de más en un solo año.

Ese mismo día, Vidal y el resto de los presentes fueron informados por el asesor jurídico externo del CDEIB, Enric Riera, de que la auditoría realizada a las cuentas advertía de que no se realizaban los oportunos concursos públicos. Ordinas lo justificó porque "se eligen a las empresas que más rápidamente hacen el trabajo, y no otras, porque son las que responden a las tareas con urgencia que necesita el CDEIB". Ni Vidal ni ningún otro asistente hizo objeciones que constaran en acta y acto seguido ratificaron todos los expedientes de contratación del año 2006.

Llama la atención que el propio Riera, al comparecer en sede judicial como imputado por este caso, declarara que la metodología que seguía Ordinas "era un desbarajuste, porque todo se quería hacer por el procedimiento de urgencia", y que la ex gerente le dijo siempre que todo obedecía a órdenes directas de Cardona, que exigía premura. El abogado afirmó que Felisa Vidal le planteó en alguna comisión ejecutiva del consorcio "sugerencias" sobre cómo deberían hacerse las contrataciones para ajustarse a la legalidad, aunque esta aseveración no aparece recogida en ningún documento por escrito.

(www.diariodemallorca.es, 25/06/09)

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA A LA EX REGIDORA DEL PP, MARINA SANS

La regidora del PP en Cort y ex presidenta de la Funeraria durante la pasada legislatura, Marina Sans, ha sido imputada en una presunta trama de corrupción en torno a la citada empresa municipal. Tendrá que ir a declarar el próximo martes a las 12,00 horas ante el juzgado de instrucción número 11.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y el juez está investigando, entre otros presuntos hechos delictivos, los viajes particulares que realizó la concejala conservadora entre 2003 y 2007 y que fueron pagados con fondos de la EFM (Empresa Funeraria Municipal).

El juez de instrucción, Manuel Penalva, también está recabando datos sobre presuntos delitos como sobornos a proveedores, desvíos de fondos, obras particulares que fueron sufragadas con fondos de la Funeraria, compras irregulares de tumbas y ataúdes, etc.

Por todo ello está imputado el ex gerente de la sociedad pública, Óscar Collado, que se encuentra en prisión preventiva desde el sábado 13 de junio. Los hechos que se le imputan son cohecho, falsedad de documento, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

El juez de instrucción número 11 decretó , a petición del fiscal Anticorrupción, la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Collado. Tras el correspondiente auto judicial que le permitirá salir de la cárcel, el ex gerente, que está defendido por el abogado Jaime Rodríguez Viñals, podría quedar en libertad en varios días.

Sin embargo, fuentes cercanas al imputado señalaron que tienen dificultades para reunir el dinero de la fianza, ya que la situación económica de Óscar Collado es muy mala. Además, dichos medios consideran que los 100.000 euros impuestos por el juez a petición del fiscal son "excesivos".

En cuanto a la imputación de Marina Sans, defendida por Rafael Perera, el martes deberá explicar su conocimiento e implicación en las presuntas irregularidades que se han cometido en la EFM. Sans es actualmente regidora del Partido Popular, en la oposición en Cort, aunque entre 2003 y 2007 fue la presidenta de la Funeraria.

A principios de 2009 salió a la luz que en aquella época utilizó fondos públicos de la empresa para sufragar al menos siete viajes de carácter particular.

En concreto, Marina Sans se gastó 6.000 euros en desplazamientos de avión que efectuaron familiares de la regidora. Cuando se destapó este caso, la entonces presidenta de la EFM dijo que se debió a un error y devolvió el dinero.

(www.diariodemallorca.es, 26/06/09)

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