1. EL FUTURO POLÍTICO DEL TESORERO DEL PP ESTÁ YA EN MANOS DEL SUPREMO

2. LOS INVESTIGADORES VEN EN BÁRCENAS UNA PIEZA CLAVE DE LA TRAMA CORRUPTA

3. RAJOY ARROPA A BÁRCENAS ANTE EL SUPREMO

4. "POSIBILIDAD VERAZ DE LA COMISIÓN DE DELITOS DE COHECHO Y CONTRA HACIENDA"

5. PUJALTE INSTA A BÁRCENAS A REFLEXIONAR SOBRE SU CONTINUIDAD EN EL PP

6. AL EX TESORERO DEL PP NO LE EXTRAÑA EL PATRIMONIO DE BÁRCENAS: "YO TENGO MÁS"

7. LA ÉTICA CAMBIANTE DEL PP

8. ¿TEME ARENAS, "AMIGO DEL ALMA" DE BÁRCENAS, LA CAUSA CONTRA EL TESORERO?

9. RATO AMPLÍA SUS NEGOCIOS Y SE OLVIDA DE LA POLÍTICA

10. EL PP ENVIÓ CINCO AUTOBUSES DE ALBACETE CON RECOLECTORES DE AJO AL MITIN DE RAJOY

11. EL NÚCLEO DURO DE RAJOY DIVIDIDO Y ENFRENTADO SÓLO UN AÑO DESPUÉS DEL CONGRESO DE VALENCIA

12. EL ANIVERSARIO DE VALENCIA DESPIERTA RECELOS EN EL PP

13. EL PP, ENFADADO CON VILLALOBOS POR VOTAR IGUAL QUE ROSA DÍEZ EN LA MOCIÓN DEL ABORTO

14. CATALUÑA. EL PP DESOYE AL CONSULTIVO Y AÚN ESTUDIA RECURRIR LA LEY DE EDUCACIÓN

15. BALTAR ADMITE SUS DIFERENCIAS CON LA DIRECCIÓN DEL PP GALLEGO

16. ANDALUCÍA. MÁLAGA REVOCA OTRO CONTRATO A DEDO TRAS HALLAR IRREGULARIDADES

17. EXTRAÑAS MANIOBRAS DEL PP EN RINCÓN DE LA VICTORIA

18. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA: "JAMÁS INSINUÉ QUE HUBIERA EUTANASIA EN LEGANÉS"

19. COMUNIDAD DE MADRID. UN NOTARIO FUE ESPIADO TRAS ALERTAR A AGUIRRE DE UN CASO DE CORRUPCIÓN

20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAN A CONCEJALES DEL PP EN MADRID TRAS DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCIÓN

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA OPOSICIÓN PIDE A AGUIRRE QUE ENSEÑE LAS CUENTAS DE FUNDESCAM

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP IMPIDE EVALUAR LA GESTIÓN PRIVADA DE LA SANIDAD

24. LA ASAMBLEA DE MADRID APRUEBA LA NUEVA LEY DE CAJAS

25. EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' CENTRA LA INVESTIGACIÓN EN CUATRO CONCEJALES

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASI UN MILLAR DE VALENCIANOS PIDE LA DIMISIÓN DE CAMPS

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL RECORTA LA TERCERA PARTE DE SUS INVERSIONES PARA PODER PAGAR LA NÓMINA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RESUCITA CIUDADANÍA EN INGLÉS

29. COMUNIDAD VALENCIANA. 40 INMIGRANTES DICEN QUE FUERON ENGAÑADOS A UN MITIN DEL PP

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EMPRESARIO DENUNCIA UNA RED DE SUPUESTOS COBROS ILEGALES EN VALENCIA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓN EXPONE OTRA VEZ EL PGOU DE 2000 ANULADO POR EL SUPREMO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DESESTIMA LA QUERELLA POR CALUMNIAS QUE FABRA PRESENTÓ CONTRA NOGUERA

33. LA FISCALÍA DE ALZIRA INVESTIGA A RUS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONCEJAL DEL PP DE CALP DIRIGE COMIDAS OFICIALES HACIA EL BAR DE SU HIJA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP GANA LA VALL DE LAGUAR CON DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

36. ISLAS BALEARES. LA JUEZ IMPLICA EN UN CASO DE CORRUPCIÓN A UN EX CONSEJERO DEL PP BALEAR

37. ISLAS BALEARES. OTRO PROVEEDOR DEL CONSORCIO RECONOCE QUE HINCHÓ LAS FACTURAS

38. ISLAS BALEARES. GÁLVEZ DECLARA QUE ROSA PUIG TRANSFIRIÓ 120.000 EUROS QUE TURISME JOVE PAGÓ EN FACTURAS FALSAS

39. ISLAS BALEARES. EL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA EN PRISIÓN, Y SIN FIANZA

40. ISLAS BALEARES. LA FUNERARIA PAGÓ LA REFORMA DE LA VIVIENDA DE UN EX CONCEJAL DEL PP

41. ISLAS BALEARES. DURÁN NO PUDO JUSTIFICAR ANTE LOS FISCALES CÓMO SE ABONÓ LA SEPULTURA

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1. EL FUTURO POLÍTICO DEL TESORERO DEL PP ESTÁ YA EN MANOS DEL SUPREMO

Se acabaron las excusas. El Tribunal Supremo va a poner a prueba la credibilidad de Mariano Rajoy, que en varias ocasiones se ha comprometido a echar del partido a los militantes que se demuestre que estaban implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira remitió el caso Gürtel al Supremo al hallar pruebas que implican al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, en un delito fiscal y otro de cohecho y al diputado Jesús Merino y el exeuroparlamentario Gerardo Galeote en sendos cohechos.

El magistrado ha asumido la petición de la fiscalía anticorrupción, que ahora ha visto indicios de delito en la actividad de los dirigentes populares. El TSJM informó , en una nota de prensa, de que Pedreira "ha descubierto hechos nuevos" que han puesto de manifiesto "la posibilidad veraz" de que Bárcenas y Merino hayan podido cometer los hechos que debe investigar el Supremo por su condición de aforados. Galeote ha perdido su fuero tras las elecciones al Parlamento Europeo del día 7.

El juez recoge en su escrito el informe de la Agencia Tributaria que acredita que Bárcenas no declaró al erario el dinero que presuntamente recibió de la trama de Correa. Este dinero lo percibió a partir del 2003. Por ello, el delito fiscal prescribe el próximo 1 de julio. Sin embargo, fuentes jurídicas sostienen que esta prescripción ha quedado interrumpida por la decisión del magistrado de remitir el caso al Supremo. Pese a ello, el juez del TSJM insta a sus superiores a llamar a "declarar con carácter de urgencia" a los aforados implicados "para evitar la posible prescripción del delito fiscal".

La sala de admisión del Supremo, integrada por cinco jueces, pedirá un informe a la fiscalía de esta sede judicial antes de decidir si se declara competente para investigar "la totalidad" de la trama --como le propone Pedreira-- o solo la parte que afecta a los aforados. Después nombrará a un instructor que será el que escuchará las explicaciones de Bárcenas, Merino y Galeote.

Los tres aforados han reiterado su inocencia. La policía ya había investigado a Bárcenas después de que cancelara un crédito bancario con billetes de 500 euros. El senador explicó que realizó el ingreso tras fracasar una operación de compra de cuadros. Además, el tesorero popular ha acumulado en los últimos años un importante patrimonio inmobiliario. Es dueño de tres casas, en Madrid, Marbella y Vaquèira-Beret. El juez Baltasar Garzón --primer instructor del caso Gürtel-- lo acusó de haber percibido de la organización corrupta 1.353.000 euros. El magistrado de la Audiencia Nacional reveló que Bárcenas y Merino habían participado en la "adjudicación amañada" de una obra de una carretera de León a la empresa Teconsa, que cedió el 3% del presupuesto de la construcción a Correa para que lo repartiera "entre todas las personas que, al parecer, hicieron posible la adjudicación".

Además, Garzón detalló el dinero que presuntamente cobró el tesorero de la contabilidad de la trama corrupta. En estos documentos se ocultaba su identidad con el apodo "el cabrón". La policía explicó que los miembros de la red lo llamaban así "porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían". Asimismo, el magistrado explicó que Correa había reconocido que "cobraba comisiones por obras y adjudicaciones y que se las entregaba" al tesorero del PP.

Fuentes de la investigación han recordado que el Código Penal no recoge el delito de financiación ilegal de partidos. Por ello, este tipo de actuaciones se encuadran en delitos de cohecho o tráfico de influencias. El cohecho puede ser de dos tipos: propio e impropio. El primero lo comete el funcionario público y el segundo se produce cuando un político recibe una dádiva sin tener cargo público. El primer delito está castigado con penas de cárcel, y el segundo, con multas.

El juez de la Audiencia Nacional también acusó a Galeote de cobrar 628.310 euros de la red. Además, Correa le regaló dos todoterreno Land Rover valorados en 12.000 euros cada uno. El exeurodiputado aparece relacionado con la organización desde 1996. A su nombre hay facturas pagadas por la red por compra de telas, reservas de apartamentos e ingresos en bancos extranjeros.

(www.elperiodico.com, 16/06/09)

2. LOS INVESTIGADORES VEN EN BÁRCENAS UNA PIEZA CLAVE DE LA TRAMA CORRUPTA

La investigación del caso Gürtel está convencida de que el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, es una de las piezas clave de la red de corrupción urdida por el empresario Francisco Correa. Además, hay fuertes indicios que apuntan a la supuesta connivencia de Bárcenas con la macroestructura de evasión de capitales tejida por Correa con la ayuda, crucial, de José Ramón Blanco Balín.

Ex socio de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la trama corrupta del caso Gürtel en Valencia, Blanco Balín está considerado el cerebro del montaje de la red de empresas que permitió a Correa blanquear muchos millones de euros en paraísos fiscales, según la investigación. "Si cae Balín, caigo yo", manifiesta Correa en una de las conversaciones telefónicas que le ha interceptado la policía.

Pero, al igual que Balín, los investigadores sostienen que el tesorero nacional del PP es otro de los ejes de la trama corrupta de Correa. Bárcenas siempre ha negado cualquier implicación en el escándalo de los sobornos que mantiene implicadas a más de 70 personas; entre ellas, cuatro ex alcaldes madrileños y tres diputados regionales de la Asamblea de Madrid, todos ellos del PP. En la variante valenciana del caso Gürtel, figuran implicados el presidente del Ejecutivo valenciano Francisco Camps, y el número dos regional del PP, Ricardo Costa.

Bárcenas ha manifestado que su patrimonio, tasado por la investigación policial en casi 3,5 millones de euros, es fruto de "una herencia y de compraventas exitosas". Al menos, eso comentó el tesorero del PP y senador por Cantabria cuando fue investigado fiscalmente a raíz de un crédito de 330.000 euros que pidió para adquirir unos cuadros. El dinero lo devolvió un mes más tarde al banco tras, según él, resultar fallida la operación de las pinturas.

En la contabilidad B de la trama corrupta de Correa figuran anotaciones de pagos a Bárcenas cercanos a los 1,6 millones de euros. También constan salidas de dinero hacia Bárcenas para que éste viajase a Suiza y Reino Unido, dos de los países en los que la trama corrupta de Correa tiene "millonarias cuentas secretas y opacas al fisco", siempre según los citados medios. En concreto, una de las anotaciones de la contabilidad secreta de Correa refiere la entrega al tesorero popular de casi 3.500 euros para viajar, en marzo de 2002, a Zúrich, Ginebra y Reino Unido. Precisamente, entre enero y marzo de 2002 recibió Bárcenas 639.000 de los casi 1,6 millones de euros que supuestamente habría obtenido de la trama corrupta que dirigía Correa, encarcelado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Los investigadores del caso Gürtel y la Agencia Tributaria, que la semana pasada entregó a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre el patrimonio de Bárcenas, han descubierto coincidencias entre las anotaciones de la contabilidad B de Correa y operaciones inmobiliarias realizadas por el senador por Cantabria. Sólo entre 2006 y 2008, Bárcenas efectuó inversiones inmobiliarias que superan el millón de euros. Su patrimonio, según se desprende de la investigación, no se corresponde con sus ingresos como tesorero del PP.

Tiene dos pisos y plazas de garaje en Madrid, apartamentos en Marbella y Baqueira-Beret y una inversión en cartera de 600.000 euros en Endesa. En 2006, vendió un piso en Sierra Nevada (Granada), canceló una hipoteca por importe de 240.000 euros y adquirió la casa de Baqueira-Beret por 940.000 euros, según los citados medios. Parte de su patrimonio también está a nombre de su esposa.

Bárcenas se halla entre los implicados del caso Gürtel que más dinero habrían recibido de la trama de Correa, a juzgar por las anotaciones que figuran en la contabilidad opaca de sus sociedades. La investigación revela, además, ciertas conexiones societarias entre Bárcenas y los también implicados en el caso Gürtel Jesús Sepúlveda -quien dimitió como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón tras verse implicado en este escándalo- y el diputado por Segovia Jesús Merino. Este último, a través de su esposa, según las mismas fuentes.

La investigación sostiene que Merino ha podido percibir de la trama corrupta más de 200.000 euros. En la contabilidad B de Correa figura un apunte de entrega de 50.000 euros "al diputado Jesús Merino", y otras entregas que totalizan 180.000 a una persona cuyas siglas son "J. M.", que la fiscalía cree que se trata de Jesús Merino.

El pasado mes de febrero, poco antes de las detenciones decretadas por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, fue clausurada una sociedad participada directa o indirectamente por Bárcenas, Sepúlveda y Merino. La sociedad no tenía actividad ni trabajadores. Lo que también ha destapado la investigación sobre la trama corrupta, aparte de sobornos y tratos de favor a las sociedades de Correa por parte de Administraciones públicas gobernadas por el PP, es un conglomerado de sociedades en el extranjero que habrían permitido evadir del fisco español muchos millones de euros.

Correa obtenía dinero ilícito de la Administración, lo lavaba en el extranjero a través, supuestamente, de la red tejida por Blanco Balín y lo retornaba luego a España para pagar sobornos a altos cargos populares a cambio de contratas de ayuntamientos y recalificaciones de suelo.

Blanco Balín es otra de las piezas clave en la trama corrupta en lo que respecta al blanqueo de capitales, según la investigación. Las comisiones rogatorias en busca del dinero supuestamente evadido abarcan una docena de países. Además de Suiza y Portugal, los investigadores creen que la trama esconde dinero ilícitamente obtenido en Colombia, Islas Caimán, Panamá y Antillas Holandesas y en un país asiático. Sólo en varias cuentas de Suiza se han descubierto ya cerca de 20 millones de euros. Pero la sospecha es que "hay muchísimo más dinero oculto en otros paraísos fiscales".

(www.elpais.com, 15/06/09)

3. RAJOY ARROPA A BÁRCENAS ANTE EL SUPREMO

El PP siempre creyó que no llegaría, pero se dio de bruces contra el peor de los escenarios. El caso Gürtel viajó camino del Tribunal Supremo por la implicación del tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, en la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y que ya ha supuesto la imputación de una docena de dirigentes o ex dirigentes del PP.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, decidió enviarlo al TS al encontrar "indicios de un delito contra la Hacienda pública y otro de cohecho" en Bárcenas, y de cohecho en el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario, y Gerardo Galeote, eurodiputado. La presión interna en el partido es muy intensa para que Bárcenas dimita cuanto antes y evite así manchar a la formación con un asunto turbio, mucho más grave al tratarse de la persona que controla todo el dinero del PP. Sin embargo, Mariano Rajoy no tiene intención de hacer nada hasta que Bárcenas sea formalmente imputado por el Supremo. Entonces podría plantearse una suspensión temporal como tesorero, pero no una dimisión de senador, que le haría perder el fuero.

Algunos dirigentes reclaman que Bárcenas deje de ser senador, entre otras cosas para que el caso vuelva al Tribunal de Madrid, más favorable en principio a los intereses del PP. Sin embargo, fuentes de la dirección explican que ninguno de los diputados autonómicos imputados ha dejado su escaño, aunque sí han sido suspendidos de militancia.

La destitución de Bárcenas como tesorero, aunque fuera temporal, tendría otro problema añadido. Quedaría en evidencia el doble rasero con Francisco Camps, que pese a estar imputado, ni ha dimitido, ni ha cesado como presidente del PP regional, ni ha sido suspendido de militancia.

Consciente de esa presión interna, el líder del PP mandó un mensaje a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano, con casi 500 personas, para que dejen en sus manos la gestión de esta crisis. "Este partido no se ha financiado ilegalmente. No somos inquisidores. Defenderemos la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra que alguien ha hecho cosas no aceptables, actuaremos en consecuencia. Pido a la Junta Directiva que confíe en lo que hace la dirección de este partido".

Rajoy estaba así, sin citarlo, mostrando una vez más su apoyo al tesorero, el único de los implicados al que él nombró directamente, hace un año, cuando el veterano Álvaro Lapuerta dejó el cargo. Lapuerta dijo , a la salida de la Junta Directiva que está "absolutamente" convencido de la inocencia de Bárcenas. Preguntado por el patrimonio inmobiliario del tesorero -unos 3,5 millones de euros- difícil de explicar para un funcionario del partido con un buen sueldo y nada más, Lapuerta contestó: "No es tanto patrimonio. Yo tengo bastante más que él. Ha estado conmigo siempre, es un tío espléndido. Me trae sin cuidado que lo impute el Supremo, porque lo van a absolver".

Precisamente la diferencia entre Bárcenas y Lapuerta es fuente de muchos comentarios en el PP. Mientras todos los dirigentes conocían que este último era un rico empresario mucho antes de llegara al PP, de Bárcenas no constaba más que su trabajo como funcionario del partido, por lo que muchos se extrañan de su riqueza sin ninguna deuda.

Barcenas, según fuentes del PP, se resiste a dimitir, y espera a su imputación. Mientras, Rajoy, que es hijo de juez, está cada vez más molesto con algunas decisiones judiciales. incluso llegó a decir que "el Tribunal Constitucional se ha equivocado" por permitir que Iniciativa Internacionalista estuviera en las elecciones europeas. Además de recusar a Baltasar Garzón, en varias ocasiones ha criticado a los jueces que, tanto en Canarias, como en Baleares o Murcia, toman medidas cautelares contra dirigentes del PP implicados en casos de corrupción que quedan en nada.

Con el Supremo no ha llegado a tanto, de momento guarda silencio. Aunque presumió de los buenos resultados en las comunidades más afectadas por el caso Gürtel, un asunto que, según miembros de su dirección, está "políticamente amortizado" porque no afecta electoralmente al PP.

(www.elpais.com, 16/06/09)

4. "POSIBILIDAD VERAZ DE LA COMISIÓN DE DELITOS DE COHECHO Y CONTRA HACIENDA"

"Los avances de la investigación han descubierto nuevos hechos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz de que Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables, sin perjuicio de la presunción de inocencia, de la comisión de un delito de cohecho y un delito contra la Hacienda Pública, en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino", asegura el juez Antonio Pedreira en la resolución en la que pide al Supremo que asuma la causa al estar implicado un senador (Bárcenas) y un diputado (Merino). Pedreira pide, además, que "para evitar la posible prescripción del delito fiscal", llame a declarar "con carácter de urgencia a los aforados Bárcenas, Merino y [al eurodiputado] Gerardo Galeote".

Los tres mantuvieron relaciones estrechas con Francisco Correa, presunto cerebro de la trama, cuando coincidieron durante años en el aparato del PP. Correa confesó a sus colaboradores que había entregado más de 1.000 millones de pesetas a Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción entiende que de lo investigado y de los informes de la Agencia Tributaria se puede concluir que las siglas "L. B." o el nombre de "Luis, El Cabrón" (hallados en la caja B de Correa) se corresponden con Bárcenas. En los documentos requisados figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la policía, corresponderían al diputado.

Galeote fue acusado por Garzón del presunto cobro de 628.310 euros, a los que hay que añadir 12.000 euros más como pago de parte de un vehículo Land Rover Discovery, y 12.000 euros más recibidos para su mujer.

(www.elpais.com, 16/06/09)

5. PUJALTE INSTA A BÁRCENAS A REFLEXIONAR SOBRE SU CONTINUIDAD EN EL PP

El portavoz del grupo popular en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha invitado hoy al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a reflexionar sobre su continuidad en este partido debido a su supuesta implicación en el caso Gürtel.

Martínez-Pujalte se ha referido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de remitir la causa al Tribunal Supremo, para que éste cite a declarar con carácter de urgencia a Bárcenas, que también es senador del PP, al diputado Jesús Merino y al eurodiputado Gerardo Galeote.

Al ser preguntado por la conveniencia de que el líder del PP, Mariano Rajoy, actuase contra Bárcenas, Martínez-Pujalte ha respondido que, a su juicio, lo ideal sería que "él mismo pensara si es buena su continuidad". Para el diputado del PP, debe ser el propio Bárcenas quien haga una "reflexión personal", para evitar que este asunto pase a una instancia superior del partido.

(www.elpais.com, 16/06/09)

6. AL EX TESORERO DEL PP NO LE EXTRAÑA EL PATRIMONIO DE BÁRCENAS: "YO TENGO MÁS"

Yo tengo bastante más patrimonio que él". Con esa frase respondió Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, cuando los periodistas le preguntaron su opinión sobre los bienes de su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, quien, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pudo haber cometido un delito contra la Hacienda Pública y otro de cohecho en relación con el caso Gürtel. Los investigadores del caso calculan que Bárcenas ha acumulado un patrimonio de entre 3 y 3,5 millones de euros.

Cuánto es ese "bastante más" con que describió Lapuerta su patrimonio constituye una incógnita, pero algunas fuentes calculan que "con facilidad puede tener 20 o 30 millones", en su mayoría procedente de herencias. Madrileño de 82 años con raíces familiares en La Rioja, en el PP es vox populi que Lapuerta es rico por su casa. Lo es también, y más desde , que el antiguo tesorero del partido apoya de modo incondicional a Bárcenas. "Es un tío espléndido", exclamó al tiempo que remarcaba que le da igual que el caso acabe en el Supremo "porque lo van a absolver".

"Uno de sus bisabuelos tenía uno de los bancos más importantes de París", cuenta un antiguo cargo del PP. Y "le unen lazos de consanguineidad a grandes fortunas españolas", añade. Pero nadie aporta datos concretos más allá de los conocidos: que es abogado del Estado, que está casado y es padre de diez hijos, y que ocupó altos puestos de representación política y ejecutiva en el franquismo. De joven fue boxeador. En los setenta saltó a la vicepresidencia del Banco de Crédito Local y a la dirección de relaciones externas de la ya extinta Empresa Nacional de Petróleo SA.

Abogado del Estado, procurador en las Cortes franquistas por el llamado tercio familiar desde 1967 y diputado al Congreso desde 1977 hasta 2004 primero, por Alianza Popular; luego, por el PP, la trayectoria política y vital de Lapuerta siempre ha navegado en las aguas de la discreción. En 1997 creó la empresa Inmobiliaria El Royuelo SL, cuyos inmovilizados materiales (inmuebles, en este caso) se cifraban en 6,2 millones de euros al cierre del ejercicio 2007.

A nombre de El Royuelo SL, donde Lapuerta desempeña el cargo de administrador solidario junto con su esposa, aparecen consignadas propiedades en nueve registros: uno de Barcelona, otro de Logroño, otros seis de Madrid capital y uno más del también municipio madrileño de Majadahonda.

¿Sabía el PP que Lapuerta se dedica al negocio inmobiliario? "Sí", responde una fuente, que diluye el propio núcleo de la pregunta el negocio inmobiliario con el siguiente dato: "El Royuelo se dedica a la administración de los bienes propios de su familia". La sociedad no construye ni promueve: sólo alquila.

La empresa se constituyó en abril de 1997 con un capital social de cuatro millones de las antiguas pesetas. En diciembre de ese mismo año, y tras dos sucesivas ampliaciones, su capital se situó en 216 millones de pesetas; es decir, 1,3 millones de euros. Previamente, mediante escritura suscrita el 23 de septiembre, El Royuelo compró la que todavía es su sede social, un apartamento de 35 metros cuadrados en una céntrica avenida de Madrid. Otras propiedades fueron adquiridas también mediante compra: por ejemplo, una tienda en Barcelona de 516 metros cuadrados de superficie, una vivienda de 200 metros cuadrados construidos en pleno centro de Madrid y un garaje junto al eje de La Castellana. Por aportación, se hizo con otros inmuebles: un piso de 103 metros cuadrados próximo al madrileño paseo del Prado y un apartamento en el entorno de la transitada plaza de Castilla.

Tras el estallido del caso Gürtel, trascendió que fue Lapuerta quien, en 2004, aconsejó a Rajoy cortar de raíz con el grupo de Correa al detectar que exigía contratos en nombre de la tesorería del PP.

Su nombre se ha visto vinculado a otro caso judicial, pero en calidad de víctima: él mismo reveló a finales de enero que había sido objeto de seguimientos, extremo del que había informado a Rajoy en mayo de 2008. Según Lapuerta, en su conversación con este le transmitió sus sospechas de que los espías trabajaban al servicio de altos cargos del Gobierno de Aguirre.

(www.elmundo.es, 16/06/09)

7. LA ÉTICA CAMBIANTE DEL PP

El PP, tan reacio ahora a asumir responsabilidades políticas, no siempre sostuvo esta posición. Sobre todo en los noventa, cuando el partido salpicado por los escándalos era el PSOE.

En 1993, los conservadores llegaron incluso a aprobar, poco antes de las elecciones generales, un código ético ejemplar (ahora derogado por los estatutos de 2008). En él prohibía a sus afiliados "dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de sus competencias".

En teoría, en el PP estaba prohibido recibir favores personales para uno mismo o para terceros utilizando el nombre o la posición, con independencia de que existiesen responsabilidades jurídicas. De hecho, y aunque no hablaba de trajes, el código establecía expresamente que sería motivo de expulsión inmediata, "sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros".

En caso de verse involucrado en la apertura "de cualquier procedimiento jurisdiccional" del que pudiesen "derivarse indicios racionales de comisión de un delito", añadía el documento, los militantes debían además poner su cargo a disposición del partido.

Aquel código ya fenecido fue presentado por José María Aznar como una norma "beligerante a favor de una vida pública limpia y transparente".

A diferencia del PSOE, que ahora aplica el criterio de expulsar a sus cargos en cuanto resultan imputados o cuando el fiscal solicita la condena con penas de cárcel (en los noventa defendía exactamente la posición contraria), en estos momentos en el PP ni siquiera una condena firme por un delito doloso tiene por qué acabar en expulsión.

De hecho, la última versión de sus estatutos establece que el único efecto "automático" de una condena firme "en un procedimiento penal por la comisión de cualquier delito doloso" será "la suspensión de funciones y de militancia". La expulsión sólo es una de las tres sanciones posibles que el PP puede aplicar a quienes cometen "faltas muy graves".

La dirección del PP, de la mano de Francisco Álvarez-Cascos, llegó a obligar a los conservadores catalanes a cambiar su propio código en 1995 porque asumía que sólo debía haber dimisiones cuando existiese condena firme.

En aquella época se aferraban a la distinción entre responsabilidades penales y políticas para exigir la renuncia al cargo de altos responsables del gobierno socialista. La responsabilidad política es exigible en cuanto un cargo es procesado, defendía entonces el PP, con independencia de lo que determine la justicia.

(www.publico.es, 14/06/09)

8. ¿TEME ARENAS, "AMIGO DEL ALMA" DE BÁRCENAS, LA CAUSA CONTRA EL TESORERO?

Aunque en el PP han denunciado profusamente las filtraciones judiciales en la investigación delcaso Gürtel, ahora con los indicios de delito del tesorero Luis Bárcenas ya en el Supremo, "lo del sumario los tiene a todos en un ¡ay!", revelan desde la prensa conservadora gallardonista. Uno de los que se muestra más taciturno estos días es Javier Arenas, "pieza maestra en el engranaje de poder del PP", "amigo del alma" de Bárcenas, y que sabe "más de lo que muchos piensan y menos de lo que esconde el sumario".

La corrupción de la trama Correa en torno al PP asusta a los dirigentes de este partido, donde "nadie descarta que el día menos pensado el incendio, a priori delimitado, del caso Gürtel, pueda ser avidado por un vendaval intempestivo para chamuscar a más dirigentes nacionales e este partido, en cuyo sancta sanctorum de los secretos financieros está sentado el tesorero Bárcenas".

Así lo cuenta Estrella Digital, medio próximo al alcalde de Madrid que dirige el periodista Pablo Sebastián, que tuvo que abandonar el diario junto a Zarzalejos. Con el seudónimo de Marcello, en el confidencial explican que "lo del sumario secreto los tiene a todos en un ¡ay!" dentro del PP y destacan el silencio de dos sus pesos pesados, Gallardón, enfrascado en sus labores olímpicas, y Arenas, "pieza maestra en el engranaje de poder del PP y especialmente en el aparato, donde tiene colocado a parte de su harén".

El responsable de política autonómica y local del PP y barón del partido en Andalucía es "amigo del alma" del tesorero, con quien fue visto en Sevilla compartiendo confidencias durante la Semana Santa. Así, Marcello se pregunta "qué sabe Javier Arenas de todo esto" y responde que "más de lo que muchos piensan y menos de lo que esconde el sumario, como pronto se sabrá".

En cuanto a las disputas internas del partido, el digital de Sebastián recuerda que "los conspiradores habituales" no pierden la esperanza de derribar a Rajoy, y recuerdan que estos días el diputado Martínez Pujalte "saltándose a la torera" la consigna de silencio marcada por la dirección, a instado públicamente a Bárcenas a que abandone su cargo, por lo que se preguntan si "va a su aire o trabaja para algún que otro conspirador".

(www.elplural.com, 18/06/09)

9. RATO AMPLÍA SUS NEGOCIOS Y SE OLVIDA DE LA POLÍTICA

El ex ministro entra en el sector de energías renovables, refuerza su presencia en la actividad inmobiliaria e inyecta dinero en su red de sociedades. Ya ostenta cargos en once compañías. Arrecia la tormenta financiera pero uno de los principales protagonistas de la historia económica de España, el ex ministro de Economía Rodrigo Rato, se moja cada vez menos en sus apariciones públicas. Aunque muchos vieron en su regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) la vuelta de Rato al panorama político nacional, su presencia pública se ha ido diluyendo conforme ha avanzado la crisis.

¿Dónde está el primer, y único, español director gerente del FMI y para muchos la voz más autorizada del Partido Popular en política económica? Todos los datos apuntan a que Rato se está volcando de lleno en su creciente red de intereses empresariales, mientras simétricamente ha aparcado sus actividades políticas, que prácticamente han quedado limitadas a ayudar a algunos amigos. En ese contexto hay que interpretar la colaboración que prestó a Jaime Mayor Oreja en temas económicos durante la campaña electoral de las europeas.

En total, el ex cargo político ostenta ya cargos o funciones en 11 empresas. Ocho de ellas son de índole familiar o particular, y con el regreso de Rato la mayoría de ellas han recibido una buena inyección de dinero. Las sociedades de las que forma parte aumentaron su capital social en 2007 (cuando regresó a España) y 2008 en un millón de euros, casi un 40% más respecto al año anterior.

Además, Rato ocupa cargos de relevancia en tres grandes empresas. El caso más destacado de implicación creciente es el de Criteria Caixacorp, el holding empresarial de La Caixa.Rato participaba ya en Criteria en una comisión asesora internacional, pero a mediados del año pasado le pidieron que formara parte del Consejo de Administración y hace apenas un mes ha pasado a integrar también la Comisión Ejecutiva, el principal órgano de toma de decisiones de la compañía. El entonces presidente de Criteria, Ricardo Fornesa, explicó que le eligieron por su experiencia internacional, ya que el mayor objetivo del holding es reforzarse en el extranjero. Al puesto en Criteria, Rato suma su papel de asesor en el Banco Santander (parte internacional) y en el Banco de Inversión Lazard, donde fue nombrado director general.

Pese a esta prolífica actividad en el sector financiero, el ex ministro de José María Aznar ha tenido tiempo para iniciar dos nuevos proyectos empresariales de muy distinta índole: Algaenergy, una empresa que busca producir energía mediante las algas marinas, y Vistarties, una pequeña empresa que declara dedicarse a la compraventa de inmuebles.

En Algaenergy, Rato entró como consejero a principios de año, y forma parte del Consejo de Administración junto a Augusto Rodríguez-Villa y Juan Luis Mato Rodríguez, presidente y vicepresidente, respectivamente. El primero es un conocido empresario del motor que introdujo Mazda en España y está vinculado a Asturias como Rato. Mato Rodríguez fue presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, gestiona una empresa textil y es consejero de OHL.

El año pasado fue el primero en el negocio de Algaenergy y aún no ha publicado las cuentas. A finales de noviembre, un mes antes de que se incorporara Rato, duplicó su capital social, hasta 100.000 euros. En Vistarties, Rato ostenta el cargo de administrador mancomunado junto con José Riva Francos y Begoña González Targhetta. Riva es consejero de Enagás y de Logista y tiene cargos en casi medio centenar de empresas, según el Registro Mercantil. Durante la etapa de Rato en el Gobierno, formó parte del grupo de empresarios que lideró la privatización de sociedades públicas. González Targhetta está vinculada a Gijón y forma parte de los consejos de otras tres sociedades, una de ellas Ceatres.

Esta última ostenta a su vez un 33% de Vistarties junto con el propio Riva y Rodanman Gestión 3, una de las sociedades patrimoniales de la familia Rato que administra su ex mujer, María Ángeles Alarcó. El otro socio mayoritario de Vistarties es Era Luna, una empresa de Riva que gestiona hoteles en Vielha (Lleida). La sociedad amplió capital en casi medio millón de euros el mismo día que Rato se incorporó al Consejo.

"Está fuera, y cada día más lejos"

"Rodrigo está fuera". Fuentes cercanas a Rato señalan sin dudar que el ex ministro está al margen de la actividad política, "y cada día que pasa está más lejos" de lo que ocurre en el Partido Popular. Sólo sus relaciones personales con algunos miembros destacados del partido, como Jaime Mayor Oreja, le hacen participar muy de vez en cuando en actos de naturaleza política. Sus posibilidades de regresar a la primera línea de la política son ahora muy remotas. "Su única opción para volver era que el partido se lo pidiera por aclamación", admiten las mismas fuentes, pero las victorias electorales en Galicia y en las europeas han reforzado la posición de Mariano Rajoy ("con quien no tiene ninguna relación"), y por tanto han aparcado el debate sobre la sucesión en el PP.

Atrás quedan las intrigas palaciegas dentro del partido, en las que se vieron envueltos Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, y que él procuró esquivar, a la espera de que se produjera, o no, el relevo en la cúpula del PP. El perfil bajo de Rato no sólo se percibe en su escasa incidencia en el ámbito político. Incluso cuando aparece en actos académicos o en conferencias de carácter económico, elude casi siempre referirse a la situación en España y se limita a opinar de la crisis a nivel internacional, para evitar polémicas.

www.publico.es 15.06.09

10. EL PP ENVIÓ CINCO AUTOBUSES DE ALBACETE CON RECOLECTORES DE AJO AL MITIN DE RAJOY

El público que reventó la Plaza de Toros de Valencia la tarde del 2 de junio, en el mitin central de la campaña del PP en las europeas, era de lo más heterogéneo. Desde cargos públicos con casi cinco trienios hasta asalariados, autónomos, profesionales liberales o temporeros de la recolección del ajo. Al menos cinco autobuses fletados por el PP en Albacete, donde se está en plena campaña de recolección de este bulbo, contribuyeron al éxito absoluto del mitin más concurrido de cuantos se celebraron en España en estas europeas. La mayoría de los trabajadores del campo que llegaron desde la provincia castellano-manchega son miembros de colectivos de inmigrantes rumanos y se citaron en el aparcamiento de un conocido hipermercado.

Se da la circunstancia de que el Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos de Castelló denunció que un mediador de Borriana prometió a 39 de sus asociados un empleo como cosecheros de ajo en Albacete y Murcia a cambio de su asistencia al acto electoral. Después, según la versión de los citados inmigrantes, esa misma persona que teóricamente los reclutó les comunicó que no le interesaban para el citado empleo. "No le interesan sudamericanos, colombianos, ni moros, ni mucho menos negros; sólo necesitaban españoles para este trabajo", fueron las palabras que la entidad de inmigrantes atribuyó al supuesto mediador.

El caso ha provocado un vendaval político, que el PSPV no ha desaprovechado, hasta el punto de presentar una denuncia en Fiscalía. El líder de los socialistas, Jorge Alarte, exigió al ministerio público una "rápida actuación" para aclarar si desde la Conselleria de Inmigración de Rafael Blasco "se hizo algún tipo de promesa" y si intervino "directamente" en los hechos denunciados. Alarte subrayó que pretenden averiguar si ha sido una "actuación aislada o es la forma que tiene el Partido Popular de organizar sus actos". Anunció que preguntarán en las Corts sobre "la implicación del Consell" en el asunto. Asimismo, avanzó que los socialistas "estaremos vigilantes" ante el acto que este sábado protagonizará Rajoy en la Feria de Muestras y "para ver si este modus operandi se reproduce".

Los que no parecen interesados en conocer los detalles de la denuncia del Centro de Inmigrantes Latianoamericanos son los populares, que optaron por despreciar incluso la queja. A preguntas de Levante-EMV sobre si el PPCV tenía previsto iniciar algún tipo de investigación o averiguación interna sobre los hechos denunciados, el secretario general, Ricardo Costa, lanzó una negativa "porque no le damos la mínima credibilidad", dijo en relación a la denuncia. Costa aseguró que la queja de los inmigrantes se ha presentado "sin dar ningún nombre". "No nos la creemos, entre otras cosas, no hay ningún nombre". No obstante, los inmigrantes dicen que hablaron con un mediador de Borriana, Pablo Larrocha.

Los populares parecen haberse acostumbrado a interpretar toda información que afecte a sus intereses como un ataque al conjunto del partido. Ricardo Costa optó por cerrarse en banda desacreditando la queja de un colectivo de inmigrantes que hace apenas unos meses colaboraba con el Ayuntamiento de Castelló, en manos del PP. La actitud del secretario general contrasta con la que expresan en privado altos cargos del PP, que no descartan que alguno de sus miembros pueda haberse excedido a la hora de reclutar asistentes al mitin de la Plaza de Toros.

11. EL NÚCLEO DURO DE RAJOY DIVIDIDO Y ENFRENTADO SÓLO UN AÑO DESPUÉS DEL CONGRESO DE VALENCIA

Este sábado el PP conmemorará en Valencia el primer aniversario del Congreso Nacional que supuso la reelección de Mariano Rajoy como presidente del partido, un acto que según la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, servirá para escenificar que tras el 7-J "empezamos un nuevo ciclo y todo el partido está unido". Sin embargo y aunque se insista en que las europeas han cerrado heridas, la propia Mato es la prueba de que incluso en la noche electoral se reeditaron los enfrentamientos que desde hace meses dividen el núcleo duro de Rajoy, con ella y Arenas por un lado y Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero y María Dolores de Cospedal por otro. Mato, que fue la responsable de la campaña, fue excluida de la foto de la victoria en el balcón de Génova en la que se colaron otros muchos, y la dirigente acabó siendo consolada por Javier Arenas con tan mala fortuna que acabaron acudiendo al mismo hotel en el que UPyD celebraba el escaño conseguido por Sosa Wagner.

Los resultados de las europeas parece que han afianzado la posición de Rajoy ante quienes dentro de su propio partido pretenden arrebatarle el liderazgo, pero no ocurre lo mismo con sus más directos colaboradores dentro del PP. El núcleo duro que designó en el Congreso de Valencia del año pasado y que participará con él en la fiesta con la que este sábado conmemorarán su primer aniversario, está fuertemente polarizado a pesar de la victoria de Mayor Oreja.

Lo cuentan medios del propio entorno del PP, que recuerdan que los enfrentamientos no vienen de ahora y que además lejos de aminorarse se recrudecen. En los preparativos de las europeas se vivió una tensa situación cuando los portavoces parlamentarios, Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso y Pío García Escudero en el Senado, convocaron para abril un encuentro de sus grupos parlamentarios, pero la cita fue boicoteada por Javier Arenas y Ana Mato contraprogramando para las mismas fechas una Unión Interparlamentaria. Y es que Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local, y Mato, vicesecretaria de Organización -y además con creciente influencia en el control del partido en detrimento de la secretaria de Organización, María Dolores de Cospedal- no querían perder protagonismo ni que se les escaparan las riendas del partido. La Interparlamentaria se celebró en Sevilla y los agraviados mostraron su malestar: Sáenz de Santamaría volviendo a Madrid antes de que el encuentro finalizara y Escudero rechazando comer con el resto de pesos pesados en la comida organizada por Arenas.

La escena de celos y rencillas de Sevilla la cuenta El Semanal Digital, que explica también que esa división volvió a escenificarse en la misma noche electoral del 7-J, aunque en esa ocasión la agraviada fue Mato. Estaba previsto que sólo Rajoy y Mayor Oreja salieran al balcón de la sede popular en la calle Génova, pero al final acabaron colándose muchos más: Cospedal, Sáenz de Santamaría, García Escudero, Esperanza Aguirre, Luis de Gandes, Pilar del Castillo…

Sin embargo Mato, responsable de la campaña, no apareció en la foto, se sintió menospreciada y abandonó la sede "echando pestes" contra Sáenz de Santamaría y Cospedal, según cuenta el digital citando a testigos populares de la escena. La vicesecretaria de Organización acabó siendo consolada por Arenas en la cafería del Hotel Villa Real, enfrente del Congreso, donde además tuvieron que cruzarse con los dirigentes de UPyD, que se había concentrado en ese mismo lugar para seguir el recuento electoral.

(www.elplural.com, 18/06/09)

12. EL ANIVERSARIO DE VALENCIA DESPIERTA RECELOS EN EL PP

El PP reunirá a alrededor de 5.000 personas en Valencia para celebrar el triunfo de las elecciones europeas, pero en el acto no hablará el cabeza de lista, Jaime Mayor -aunque sí estará presente-, ni asistirá una larga lista de miembros del partido que empujó a la victoria. Y es que, tal como lo ha planteado Rajoy, el segundo triunfo electoral del PP tras el de Galicia, es sólo una carta de presentación para la conmemoración de su propia victoria interna, hace un año, en el congreso de Valencia.

"Yo aplaudiré desde casa", "yo tengo coartada", "a mí no se me ocurre ir a un acto que, en lugar de celebrarse en Madrid como un mensaje de fuerza contra Zapatero, se celebra en Valencia para sacar pecho frente a los tuyos"; "pues yo voy por imperativo legal", "qué remedio"... iban confesando, uno a uno, los parlamentarios convocados. A todos les habían pasado lista en el escaño, credencial en mano.

Salvo Esperanza Aguirre -cuya ausencia habría dado pábulo a los titulares-, y sorpresas de última hora, ninguno de los llamados "críticos" en la antesala del congreso de hace un año estará presente el sábado en Valencia. Y eso que en los últimos días Génova ha lanzado dos ideas, la de "unidad" y la de "futuro", para corregir el sesgo aparentemente revanchista del mensaje inicial.

Pero la desafección hacia el acto que, sea como sea, será un éxito de aforo, alcanza a más sectores del partido. "Se ha juntado", decía un diputado, "que a los caídos en el congreso de Valencia no les interesa acudir por razones obvias, que a algunos no les hacen gracia los excesos valencianos; y que en muchos ha cundido un cierto desconcierto por la ambigüedad de Rajoy con respecto a Bárcenas, con la natural pereza imperante para adecuar la agenda al madrugón de un sábado que amenaza ser caluroso".

Lo curioso es que las críticas a la idea, ejecutada por Ana Mato y todo el aparato de organización del partido, se escuchaban también en los despachos de Génova. "Yo lo habría hecho en cualquier sitio que no fuera Valencia"; "¿pero a quién se le ocurre volver a organizar otra movida con Camps?, ¿es que no hemos tenido bastante? ¡A ver si ahora vamos a pasarnos de rosca, que estas cosas no les gustan a los jueces!", decían incluso fuentes próximas a la dirección.

Por otra parte, entre los propios, el acto va a contar con ausencias forzosas, como la del presidente de la Rioja, Pedro Sanz -por problema de agenda-, el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel -por un asunto privado-, y la de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, convaleciente de una pequeña intervención.

Claro que tampoco estarán presentes los parlamentarios y dirigentes castellanomanchegos, convocados de manera inexcusable en Talavera de la Reina a la concentración en defensa de "la salud del Tajo y del Alberche". Una bandera que -pese al bajísimo caudal del río a su paso por la ciudad- está por verse cómo será interpretada por los populares murcianos, defensores acérrimos del trasvase.

Rajoy y Camps -quien esta vez volverá a ser el telonero del presidente del partido- protagonizarán la fiesta conmemorativa del congreso. Y lo harán bajo un nuevo eslogan que adornará el escenario al aire libre, "Ahora España", que sustituye al "ahora soluciones" de la campaña europea. Proyecto, futuro, ideas; ése será el argumentario, según los organizadores del evento al que, en cualquier caso, pasará revista el grueso de los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional nombrados hace un año.

Los valencianos redoblarán su cuota con las intervenciones de Alfonso Rus y Rita Barberá; las Nuevas Generaciones, con la de Ignacio Uriarte, y la llamada sociedad civil, con las de una joven desempleada, una profesora y un empresario autónomo.

(www.elmundo.es, 19/06/09)

13. EL PP, ENFADADO CON VILLALOBOS POR VOTAR IGUAL QUE ROSA DÍEZ EN LA MOCIÓN DEL ABORTO

La abstención de la diputada popular Celia Villalobos en la votación de una moción para pedir el retraso de la nueva ley del aborto ha provocado un malestar generalizado en las filas del PP. El Grupo Popular votó a favor de la moción, presentada por UPN, con la excepción de Villalobos que, igual que Rosa Díez, se abstuvo. Le critican sobre todo que lo haya hecho justo cuando pretenden desmarcarse al máximo de UPyD, que les ha arañado votos en estas últimas elecciones en el feudo madrileño.

El Grupo Popular votó esta semana en el Congreso a favor de una moción de UPN que pedía que se retrase la nueva ley del aborto, pero no lo hizo al completo: la polémica diputada Celia Villalobos se abstuvo en la propuesta, que no salió adelante. Su voto ha generado el revuelo entre los de Mariano Rajoy, que se han opuesto frontalmente a la tramitación de esta norma desde que fue anunciada, y, según recoge La Razón, son muchos los que están exigiendo que se le aplique el reglamento interno del partido y reciba una sanción, que podría alcanzar los 300 euros, por romper la disciplina de voto.

Al parecer, ha molestado especialmente que su voto fuese en la misma dirección que el de Rosa Díez. Las suyas fueron las dos únicas abstenciones en la votación y, según una información de El Mundo, esto ha generado un gran malestar, puesto que el PP está actualmente tratando por todos los medios de distanciarse de UPyD y marcar las diferencias con el nuevo partido. Por eso, muchos consideran que la abstención de Villalobos, que forma parte de la Mesa del Congreso pese a sus controvertidas actuaciones, ha sido realmente "inoportuna".

El partido aún no se ha pronunciado sobre si la sancionará o no. En principio, se seguirá la rutina habitual: la dirección del Grupo Popular se reunirá con ella para saber si su voto fue una equivocación o si se abstuvo en conciencia. De ser así, sería sancionada, como ya le ocurrió cuando votó a favor de la Ley de Matrimonios Homosexuales en contra del criterio de su partido.

Pero Villalobos no ha aclarado qué motivo su abstención. apuntaba que desde su escaño había entendido que todo el grupo se abstendría, pero cuando le preguntaron si se había equivocado, aseguró: "Yo no lo achaco a ningún error". No obstante, más tarde aseguró que el signo del voto "fue un error". "Yo en la vida me he abstenido de nada. O voto sí, o voto no, pero yo no me abstengo, porque ni soy ambigua ni me pongo de canto", aseguró.

(www.elplural.com, 18/06/09)

14. CATALUÑA. EL PP DESOYE AL CONSULTIVO Y AÚN ESTUDIA RECURRIR LA LEY DE EDUCACIÓN

Pese a que el Consejo Consultivo de la Generalitat ha dictaminado que el proyecto de ley de educación es constitucional en sus líneas centrales -incluyendo el capítulo lingüístico (véase EL PAÍS del 13 de junio)-, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que su partido no descarta llevar la ley al Tribunal Constitucional cuando la apruebe el Parlament con apoyo de los grupos del tripartito y de CiU.

El Consultivo entregó su dictamen al Parlament. Su informe avala la inmersión en catalán, el derecho a la escolarización en castellano desde el inicio de la escuela en aulas conjuntas e implícitamente la no aplicación del decreto estatal de la tercera hora obligatoria de castellano en las escuelas. El dictamen ha tenido un voto particular del jurista Joaquim Borrell.

Aun así, el Consultivo plantea cinco aspectos inconstitucionales que no afectan al grueso de la ley, de 200 artículos y una treintena de disposiciones adicionales y transitorias. Estos aspectos se refieren básicamente a la expedición de títulos de formación profesional y deportiva.

Los grupos del tripartito ya se congratularon el viernes del dictamen. , la diputada Irene Rigau, encargada de fraguar la ley por parte de CiU, también lo hizo. "Se cumple lo que esperábamos: la legitimidad de nuestra opción", recalcó.

(www.elpais.com, 16/06/09)

15. BALTAR ADMITE SUS DIFERENCIAS CON LA DIRECCIÓN DEL PP GALLEGO

José Luis Baltar justifica el documento dirigido al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el que cargos del PP orensano denuncian la "humillación" a la que éste lo está sometiendo a él, y a la provincia, al recortarle poderes territoriales. Tras un día de silencio, el dirigente orensano reprochó , en una entrevista en la Cadena Cope, que se hubiera filtrado el documento a este periódico. El dirigente orensano ha dado un paso al frente y ha mostrado su disposición para negociar con Feijóo, llegado el momento, una salida al conflicto interno.

Baltar confesó que el documento evidencia las discrepancias del PP orensano sobre "diversas posturas" adoptadas por la dirección gallega del partido. Reconoce además que el escrito pretendía recoger las firmas de 40 o 50 alcaldes para negociar con la dirección llegado el momento "y no tener que ir los 50 allí, sino sólo dos o tres y decir que esa postura la apoyan señores que tenemos aquí". "Se están haciendo unas cosas", dijo, "y nosotros pensamos que deberían hacerse de otra manera".

El duro escrito en el que los cargos fieles a Baltar demandan a Feijóo que enderece su "errónea y errática" política, al tiempo que amagan con la escisión, pretendía generar, según el barón orensano, "un debate interno para el mejor funcionamiento del partido y de las instituciones". El objetivo del documento era, según señaló en la entrevista, "no estar callados a ver si se puede corregir algo".

El presidente orensano lamentó la filtración - "mala suerte", dijo- de ese "debate interno" ya que había un "compromiso de que no se haría público". Considera que su difusión "hace un daño tremendo al partido". "Quienes se encargaron de filtrarlo son esa gente que, con el cariño que le tienen al partido, piensan que con esto mejora la situación", reprochó.

En cualquier caso, Baltar asume la situación que se ha generado y, tras negar que haya recibido llamada alguna del secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, para reprocharle el escrito, puso de manifiesto su voluntad de negociar. "Llegado el momento" le comunicará a Feijóo aquello a lo que "aspira" el PP de Ourense, al tiempo que se muestra dispuesto a escuchar "los razonamientos suyos para ver cómo está la situación".

Mientras Baltar da la cara, tras negar el lunes a este periódico tener conocimiento del escrito, el núcleo de sus afines (encabezado por su hijo, el diputado José Manuel Baltar Blanco y quienes ya intentaron una escisión durante el Gobierno de Fraga) insiste en evitar pronunciarse. Antes de conocer las declaraciones del presidente orensano, los alcaldes alineados en el sector contrario a Baltar se planteaban mantener una reunión para advertir de que el documento contra la dirección del PP gallego no está secundado por los alcaldes "sino sólo por los más fieles" al barón provincial. Algunos de los más próximos al presidente, que negaban hace unos días tener conocimiento del escrito, sostienen ahora que se lo ofrecieron, pero no lo han firmado. Fuentes del PP orensano advierten de la difícil situación en que se ven algunos de estos cargos provinciales ya que el escrito se les presentó para firmar coincidiendo con un proceso de oposiciones en la Diputación al que concurren varios de sus hijos y familiares.

(www.elpais.com, 18/06/09)

Las advertencias al líder del PPdeG

- "[El PP gallego está generando] una situación que produce la aparición de contrapoderes respecto del único poder político que reconocemos: el de quien lidera incuestionablemente todas las victorias y esfuerzos del PP en Ourense"

- "Sabemos bien lo que tenemos que hacer, que no será otra cosa que seguir las indicaciones y los criterios de quien nos representa como nadie, con las consecuencias políticas y sociales que correspondan"

- "Un José Luis Baltar decisivo en todas las contiendas electorales, incluso en la interna que resolvió la sucesión de Manuel Fraga al frente de nuestro partido"

(www.elpais.com, 16/06/09)

16. ANDALUCÍA. MÁLAGA REVOCA OTRO CONTRATO A DEDO TRAS HALLAR IRREGULARIDADES

El Ayuntamiento de Málaga ha admitido la existencia de nuevas irregularidades en las adjudicaciones que realiza sin convocatoria pública mediante procedimiento negociado. anunció que ha iniciado los trámites para resolver el contrato con Animaciones Chispy Guay, la empresa a la que había adjudicado la organización de actividades en las bibliotecas municipales por 31.286 euros, después de comprobar que está dirigida por la misma persona que está al frente de la otra sociedad que se presentó al concurso restringido.

Hace menos de un mes el consistorio tuvo que anular dos contratos en el área de turismo que dirige el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, porque las empresas presentadas estaban también controladas por los mismos socios. El Ayuntamiento adujo entonces que fue engañado, aunque todas concurrieron porque fueron llamadas por el consistorio a presentar sus ofertas, igual que en este nuevo caso.

A partir de ahora el Ayuntamiento va a pedir a todas las empresas que acudan a procedimientos negociados sin publicidad que presenten un certificado de que no tienen vinculación con otras concurrentes.

Mientras el delegado de Cultura, Miguel Briones, insistió en que el consistorio no tiene medios para comprobar las posibles vinculaciones de las empresas, la oposición recrudeció sus críticas por la falta de control y de transparencia. En el último pleno el equipo de gobierno rechazó la propuesta socialista de crear una comisión especial de control de las contrataciones.

(www.elpais.com, 18/06/09)

17. EXTRAÑAS MANIOBRAS DEL PP EN RINCÓN DE LA VICTORIA

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Francisco Javier Conejo, criticó las "maniobras" del secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, para "torpedear la estabilidad" del pacto de gobierno entre independientes y socialistas en Rincón de la Victoria (Málaga). Además, lo acusó de practicar el "todo vale" y de tener "afán de poder". "Cree que cuanto peor le vaya al municipio, mejor para los intereses del PP", afirmó Conejo, quien añadió que "el PP se esta dedicando a desestabilizar e intentar romper todo gobierno donde participe el PSOE".

"Ya lo vimos en la Mancomunidad de la Costa del Sol y ahora quieren hacerlo en Rincón", dijo el socialista. Para Conejo, el pacto de gobierno entre el Partido Social Independiente de Rincón de la Victoria (Psirv) y el PSOE "ha dado muestras de madurez política y el Consistorio se ha dirigido con responsabilidad y lealtad entre las dos formaciones". El pacto entre el PSOE y el Psirv ha dado, a juicio de Conejo, "estabilidad institucional y política a Rincón, algo de lo que ha carecido en los últimos años. Por lo cual, el PP tiene mucho que callar", declaró en un comunicado.

Según el secretario de Organización del PSOE de Málaga, durante este mandato en Rincón se han "desbloqueado" proyectos atrasados como el centro de salud de la Cala del Moral o el aparcamiento de Llano de Torroba.

Por su parte, Salado, también el presidente del PP del municipio malagueño, desmintió el sábado que su formación hubiera ofrecido apoyos al alcalde del municipio, José Miguel Fernández, Carloni, para que pueda seguir al frente de la alcadía en lugar de dar el relevo al PSOE el 20 de junio, como reza en el pacto de gobierno.

(www.elpais.com, 15/06/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA: "JAMÁS INSINUÉ QUE HUBIERA EUTANASIA EN LEGANÉS"

El ex consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela tiene muchas tablas. Se vio sobradamente cuando en 2005 dio pábulo a una denuncia anónima sobre cientos de homicidios del hospital en el Leganés y denunció a los médicos de urgencias del Severo Ochoa por sedar de forma irregular a enfermos terminales. Y lo demostró el pasado 9 de junio cuando compareció ante la juez de Madrid Coro Cillán, imputado por denuncia falsa. Con las piernas cruzadas y hablando con calma, soltó sin inmutarse: "La consejería jamás dijo, ni siquiera insinuó algo parecido, a que hubiera eutanasia en Leganés". Así transcurrió la declaración de Lamela ante el juzgado, de una hora y 34 minutos.

En su declaración, el ex consejero de Esperanza Aguirre se escudó, para defender su actuación, en la comisión que nombró a dedo para investigar las historias clínicas: "La metodología que siguieron fue la que ellos mismos se autoimpusieron. Lo hicieron como lo vieron oportuno. La consejería jamás le dijo cómo tenían que hacerlo. Lo único que se pidió fue un análisis y unas conclusiones".

Afirmó que los miembros de la comisión eran "profesionales de prestigio y con una carrera acreditada nacional e internacionalmente". Este comité conocido como comisión Lamela, analizó 169 historias clínicas de unos 300 folios cada una en 42 días -en los que mantuvieron su trabajo como médicos- y sin hablar con los doctores y el resto del personal del Severo Ochoa. En ese tiempo récord, concluyeron que había 73 muertes en que "la sedación fue realizada fuera de la lex artis".

El informe fue desmontado por la Audiencia de Madrid -que archivó la causa y ordenó retirar cualquier mención a la mala práctica médica- y por la Sociedad Española de Epidemiología. La comisión Lamela justificó sus conclusiones en que los pacientes con más dosis de sedantes fallecían antes. Los epidemiólogos replicaron: "Los pacientes más graves, los que mueren antes, reciben más dosis de sedantes debido precisamente a la gravedad de su situación".

Lamela criticó a la Sociedad Española de Epidemiología. "Me sorprendió, como lego que soy, que los epidemiólogos se posicionasen sobre los cuidados paliativos", declaró a preguntas de María Jesús Díaz-Veiga, abogada del ex coordinador de urgencias de Leganés Luis Montes. Montes es el que ha presentado, junto a su segundo Miguel Ángel López Varas, la querella contra Lamela y seis miembros de su comisión.

El ex consejero entró en numerosas contradicciones al explicar por qué siguió con la investigación a pesar de que en 2003 la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por el popular José Ignacio Echániz, había recibido una denuncia anónima similar a la de 2005. La inspección de 2003 concluyó que no había existido mala praxis. Y Lamela supo de la existencia de esta investigación el 8 de marzo de 2005. Le informó por escrito su mano derecha, el viceconsejero Arturo Canalda, quien le dijo que "dicho informe puede corroborarse con el elaborado por el comité de ética de Getafe, que tampoco ha encontrado indicios de mala praxis".

Lamela, que insiste una y otra vez a lo largo de su declaración en que el Leganés había "irregularidades muy graves" y "sedaciones no ajustadas a lo que es ortodoxo en la práctica", tiene algunos problemas en justificar por qué hizo caso omiso de la investigación previa. Reconoce que debido a ese informe de 2003 "no se investigan los hechos anteriores a esta fecha".

Pero, a pesar de que según las autoridades sanitarias antes de 2003 no había pasado nada irregular en el hospital, Lamela dice en un momento de su declaración que la denuncia anónima de 2005 indicaba que en el Severo Ochoa "se seguía haciendo lo mismo". Con estas palabras, parece que el consejero pone en duda las conclusiones de su antecesor en el cargo.

Si él insiste en que había irregularidades después de 2003 y antes se hacía "lo mismo", también las habría antes de esa fecha y no fueron detectadas por el anterior consejero. O bien se seguía haciendo "lo mismo", es decir, nada, y Lamela se empeñó en seguir adelante con su cruzada.

Lamela criticó que se sedara en urgencias, algo que consideró irregular. Sobre por qué entonces había en urgencias dos habitaciones destinadas a la sedación que construyó el PP, replicó: "Es algo que yo me encuentro cuando llego a la consejería. Se sedaba en urgencias. Y es una práctica indebida, que lo dicen los protocolos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos".

Montes y López Varas reclaman un euro de indemnización con el argumento de que su buen nombre no puede ser reparado. Aunque es complicado que la querella prospere, los médicos ya han obtenido una primera satisfacción al ver a Lamela en el juzgado y a los médicos que ampararon su denuncia, algunos de ellos tan prestigiosos como Hernán Cortés, oncólogo del 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos.

El ex consejero explicó que presentó la denuncia ante el juzgado en lugar de dejar que la fiscalía continuara su investigación por la alarma social que generó el caso, para intentar que el juez decretara el secreto de sumario y el asunto se calmara. Culpó de la alarma social al ex líder de los socialistas de Madrid Rafael Simancas: "Lo único que ha hecho la consejería ha sido paliar, mitigar que eso fuese a más. Evidentemente reconozco que con absoluto fracaso". Lamela denunció el caso a la fiscalía y cuando supo que éste estaba a punto de archivarlo, lo llevó al juez para desactivar la investigación del fiscal.

(www.elpais.com, 18/06/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. UN NOTARIO FUE ESPIADO TRAS ALERTAR A AGUIRRE DE UN CASO DE CORRUPCIÓN

Benito Martín Ortega, notario de Torrelodones, fue espiado durante el verano de 2006 tras reunirse con la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en la sede de la calle de Génova para relatarle supuestas irregularidades urbanísticas. El notario también le expuso a la presidenta regional sus dudas sobre el destino de las aportaciones que algunos empresarios entregaban a dirigentes del PP local para financiar el partido, según avanzó la cadena SER. Según sus sospechas, los recaudadores se quedaban con este dinero.

El seguimiento a Martín se produjo en la misma época en la que fueron espiados los ex concejales populares de Torrelodones Jesús Pacios y Reyes Tintó, que denunciaron ante Francisco Granados, secretario general del PP madrileño, supuestas decisiones urbanísticas interesadas del alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y del jefe del PP local, el diputado nacional Mario Mingo.

Tras el encuentro con Aguirre, Martín Ortega fue objeto de un espionaje exhaustivo entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2006. El dispositivo incluía varios turnos de seguimiento entre las ocho de la mañana y las diez de la noche, según la SER. Una vez terminada la investigación sobre el notario se elaboró un dossier con completa información sobre sus cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, números de teléfono, identificación de sus familiares y coches. El informe incluye una treintena de fotografías de los movimientos del notario. "No tenía noticias de que me hubieran espiado, pero no me extraña. He tenido miedo físico", asegura Benito Martín, que señala directamente a la cúpula del PP local y a empresarios afines como los responsables del espionaje.

El notario de Torrelodones participó en la comisión de investigación que se creó para aclarar las supuestas denuncias de corrupción. Entre ellas el intento de recalificar el Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida de 128 hectáreas donde el Ayuntamiento pretendía construir 1.500 viviendas, un campo de golf y un centro de ocio. Otra de las polémicas decisiones fue la expropiación de un solar para construir un aparcamiento municipal. El constructor propietario del terreno denunció que el alcalde le pidió 150.000 euros a cambio de no ejecutar la expropiación. El notario relató, además, que algunos empresarios habían aportado dinero al partido para pagar los guardaespaldas de dirigentes populares en el País Vasco y que nunca había llegado a su destino. "Vivimos en un estado policial. Aquellos que hemos criticado al alcalde estamos liquidados", cuenta. Tiene un sentimiento de impotencia: "Hay una mafia empresarial en Madrid que es capaz de cualquier cosa para lograr sus intereses. No entiendo cómo todavía un fiscal no se ha metido en el asunto".

Benito Martín cuenta que estudia llevar el caso a los tribunales. Su consuelo son las llamadas de políticos del PP nacional que le han dicho que lo ocurrido es una vergüenza.

(www.elpais.com, 18/06/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAN A CONCEJALES DEL PP EN MADRID TRAS DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCIÓN

Dos concejales del Partido Popular que denunciaron casos de corrupción en el ayuntamiento madrileño de Torrelodones ante el Secretario General del PP en Madrid Francisco Granados, fueron espiados en el verano de 2006. La Cadena SER ha tenido acceso a ambos dossieres que incluyen numerosas fotografías de uno de los concejales con su hija menor, un seguimiento exhaustivo con turnos de vigilancia en la puerta de su domicilio durante nueve días o revelaciones de sus entidades bancarias y movimientos de saldo. Ambos políticos fueron expulsados del PP meses más tarde.

Los seguimientos comienzan días después de que les quitaran sus competencias como concejales del PP en el ayuntamiento madrileño de Torrelodones tras pedir de manera interna al partido que investigara diversos casos de corrupción en el municipio. Las supuestas irregularidades implicaban principalmente al diputado nacional y secretario local del PP Mario Mingo además del actual alcalde, Carlos Galbeño.

Ninguno de los dos informes contiene grandes revelaciones, pero sí copiosa información sobre su vida privada o de sus cuentas bancarias, por ejemplo. El dossier del entonces concejal de Juventud, Jesús María Pacios incluye numerosas fotografías con su hija menor en el cine, la calle, o en el parque junto a su pareja. El concejal tuvo durante al menos 9 días un equipo de vigilancia en la puerta de su domicilio que le siguió y registró por escrito todos sus movimientos entre el 1 y el 9 de agosto.

En el caso de la concejala de Cultura y Educación, Reyes Tintó, no hay seguimientos pero el dossier incluye un informe del patrimonio de su marido y familiares directos. La investigación revela hasta tres entidades bancarias, y saldos de los movimientos de cuenta de la concejal. Con cantidades, número de cuenta y cifra exacta de sus ahorros.

Otro seguimiento, por el tiempo que le dedican de menor relevancia, es al que fue sometida Maria Luisa Alcanda, la esposa del arquitecto municipal.

El fin del encargo, según se lee en el encabezamiento de los informes, es 'determinar la situación económica de ambos, sus movimientos, lugares visitados y personas con las que se relacionaban. Los dossieres se entregaron el 7 de septiembre. Hasta esa fecha ambos concejales se habían reunido varias veces con el secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en Génova y en Presidencia. Semanas después los concejales fueron expulsados del PP sin que se abriera la investigación por corrupción que habían solicitado dentro del Partido Popular.

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA OPOSICIÓN PIDE A AGUIRRE QUE ENSEÑE LAS CUENTAS DE FUNDESCAM

Ni PSOE ni Izquierda Unida van a dejar pasar de largo el caso Fundescam, que toca de lleno la financiación de la campaña electoral del PP de Madrid de 2003 –la del tamayazo– y la donación de más de 800.000 euros al partido por parte de los grandes empresarios de la Comunidad, encabezados por el actual presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Ambos partidos pidieron a Aguirre que enseñe las cuentas de la fundación.

, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó que "algo huele muy mal" en el PP. Lo decía después de que se supiera que el Registro de Fundaciones negó a Público las cuentas de Fundescam, fundación de la que Esperanza Aguirre es presidenta y que ha financiado numerosos actos del PP madrileño. Para José Antonio García Rubio, secretario federal de Economía y Empleo de IU, lo que está cada vez más claro es que la presidenta "no cumple con la ley".

El registro depende de la Consejería de Presidencia, cuyo titular es Francisco Granados, a su vez vicepresidente de Fundescam. El 8 de junio, el subdirector general de Política Interior, Antonio Piñol, arguyó ante este periódico que a partir de ahora se aplicará "un nuevo criterio", de forma que no se podrá acceder a la copia de balances o memorias de la fundación del PP desde 2003, el último año en el que se depositaron las cuentas. El "nuevo criterio" contravendría la ley estatal y la autonómica, pues ambas permiten el libre acceso a los ficheros archivados en los registros de fundaciones.

Así, será imposible conocer si se computaron las donaciones de los empresarios que luego recibieron adjudicaciones de la Comunidad por valor de más de 300 millones de euros. O cómo se anotaron las deudas que el PP madrileño contrajo con Special Events, compañía clave en la red de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel.

Para Gómez, Fundescam es el "gran caso de financiación de Aguirre y del PP de Madrid". El ex alcalde de Parla recordó que el PSM ya ha hecho los deberes para exigir responsabilidades al Gobierno regional. "Este caso nos llevó a ir a los juzgados, a la Junta Electoral, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción y a la delegación de Hacienda", citó. A su juicio, el PP podría haber incurrido en cuatro delitos: falsificación de documento público, delito fiscal, delito electoral y cohecho –por el presunto trato de favor a empresas "que han financiado a Aguirre y sus campañas", indicó–. "Lo que la presidenta no quiera explicar ni en sede parlamentaria ni ante los ciudadanos, lo va a explicar en los juzgados", avisó Gómez.

Desde IU, García Rubio denunció que la ocultación de las cuentas de Fundescam supone un "incumplimiento flagrante de la ley", por el que Aguirre "debe responder políticamente". "Los registros son públicos", abundó. La ejecutiva regional de IU, por su parte, también estudiará posibles acciones en próximas reuniones. La siguiente es dentro de una semana, el 24 de junio.

(www.publico.es, 18/06/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO TILDA LOS SEGUIMIENTOS DE "BASURA" MÁS PROPIA DE "PAÍSES FASCISTAS" QUE DE UN ESTADO DE DERECHO

Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y una de las víctimas de los presuntos espionajes a altos cargos del PP regional, se ha referido a estos seguimientos como una "auténtica basura". Aunque en ningún momento ha hablado de la posible responsabilidad de la Comunidad de Madrid en todo esto, sí podía hun mensaje muy claro a Aguirre: estos casos son más propios de "países totalitarios, fascistas o comunistas" que de un Estado de Derecho. . Cobo, que también ha tachado de "muy graves" los dossiers sobre dos ex concejales del PP de Torrelodones que han salido a la luz esta semana, tampoco ha querido opinar sobre si el escándalo pasará factura al PPM. "No voy a entrar en valoraciones, cada uno puede hacer la reflexión que quiera" respondió, ante la insistencia de los periodistas sobre este punto.

El 9 de febrero de 2009 Francisco Mercado, el periodista de El País que destapó el escándalo de los espías en la comunidad, desvelaba que los seguimientos a dos de los más destacados rivales políticos de Aguirre, el mismo Cobo y su defenestrado consejero de Justicia Alfredo Prada, se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. Concretamente, apuntaba a personal de la Dirección General de Seguridad dependiente de la Consejería de Interior capitaneada por Francisco Granados.

Aguirre y Granados son número uno y número dos del PPM. Sin embargo, Cobo no ha querido instarles a "mover ficha", según se le preguntó. Igualmente, ha rehusado valorar las posibles repercusiones del escándalo, atajado de malos modos en la comisión de investigación en la Asamblea Regional que se cerró prematuramente, en el partido. De momento, el vicealcalde de Madrid no parece dispuesto a más que a condenar el caso, eso sí, de forma prolífica.

"Me parece de auténtica basura, de asco, que cualquier persona pueda ser seguida, fotografiada, que se anote cuál es su actividad diaria. En su momento dije que este tipo de actuaciones en un Estado de Derecho sólo se pueden realizar cuando la autoridad judicial, a través de la policía y de los medios que tiene, la ordenar para resolver o prevenir determinados delitos. Fuera de ese ámbito, me parece una actuación que tiene mucho más que ver con países totalitarios, fascistas, comunistas...", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Cobo también ha valorado las últimas informaciones sobre seguimientos a Jesús María Pacios y Reyes Tintó, ex concejales de Juventud y Cultura de Torrelodones que esta semana han descubierto sendos dossiers sobre sus actividades elaborados, casualmente, en el verano de 2006, inmediatamente después de denunciar ante Granados presuntos delitos de corrupción en el municipio. Para el número dos del Ayuntamiento, es "muy grave" que se den "datos de su actividad personal" y también que "aparezcan menores de edad" –hay fotos e información de los hijos de los espiados-.

"No sé quién ha realizado estos seguimientos, ni los del vicepresidente (regional, Ignacio González), ni los del ex consejero Prada ni los míos. Pero no entiendo que cualquier seguimiento a cualquier persona, sea político, periodista, médico, notario..., se pueda realizar sin las condiciones y circunstancias referidas. En los casos anteriores, tanto Ignacio González como Prada y yo hemos ido a los tribunales de Justicia, sabiendo que es ahí donde se puede dirimir, si es posible probarlo, quién ha sido el responsable, por qué, para qué y para quién se hacían los seguimientos" ha insistido el vicealcalde, repitiendo las incógnitas que desde el primer día desea responder.

Esperanza Aguirre, entretanto, ha aprovechado las declaraciones del último espiado, el notario de Torrelodones, para librarse a sí misma de culpas. Preguntada al respecto por la cadena Ser, que ha destapado los tres casos de esta localidad madrileña, ha declarado: "Yo escuché al notario de Torrelodones en su emisora exculparme a mí y excluirme de todo lo que le ha ocurrido. Por lo tanto, no tengo nada que decir".

(www.elplural.com, 18/06/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP IMPIDE EVALUAR LA GESTIÓN PRIVADA DE LA SANIDAD

Cinco meses y casi 40 sesiones, algunas de mañana y tarde, en las que comparecieron 73 expertos en sanidad. Ha sido la comisión monográfica más larga y con más intervenciones desde que Esperanza Aguirre manda en la Asamblea de Madrid (2003). Fue sobre la sanidad. Los expertos que han participado coinciden en que todavía no se ha evaluado si la gestión privada reporta algún beneficio.

La comisión sobre la sanidad empezó en noviembre, después de que el líder de los socialistas, Tomás Gómez, mostrase su preocupación por "el deterioro que atraviesa la sanidad madrileña". Una vez finalizado el desfile de expertos, cuatro comunidades, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, se han interesado por sus conclusiones: una férrea defensa de la colaboración entre el sector público y privado. El diputado Lucas Fernández, responsable de Sanidad del grupo socialista, asegura que estas autonomías han seguido "la evolución" de la comisión y ahora han reclamado "las resoluciones y el voto particular" de su grupo. La razón, explica, es que se trata del estudio más amplio sobre gestión sanitaria elaborado en España.

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, propuso enviar todo el material a la comisión del Pacto por la Sanidad del Congreso de los Diputados. Por la Asamblea pasaron académicos, gestores de la sanidad pública y privada... Mucho trabajo, pero poco visible. Se finiquitó con unas conclusiones de dos páginas y media -las del PP, que hizo valer su mayoría- y un mini debate de una hora escasa, en el último pleno.

Los populares eliminaron de las conclusiones una propuesta que habían planteado ellos mismos: crear una comisión permanente para evaluar la calidad en todos los hospitales. Funcionaría como un observatorio, en el que comparecerían los responsables de los centros sanitarios. Varios expertos aportan su opinión al debate sobre si es beneficiosa la gestión privada de la sanidad:

- Guillermo Sierra, ex presidente de la Organización Médica Colegial.

"Desconozco las razones científicas que avalan la eficiencia de esta forma de gestión [privada] frente a los de gestión directa pública. Si existieran y se pudiera demostrar su eficiencia, las aceptaríamos todos. Dudo de que sean mejores. No tengo evidencia de que hayan reducido la burocracia ni hayan aumentado la productividad, ni la eficiencia, ni la calidad".

- Juan José Cañas, ex director de gestión del Severo Ochoa. "Los nuevos modelos no están suficientemente evaluados". "En la pequeña experiencia que ha habido, en Alzira, hubo problemas y tuvo que acudir el sector público a rescatar la concesión, a revisar los precios y a entregar también la atención primaria. No quiero ni pensar si hay un fracaso de siete hospitales. La Administración tendría que ir a recuperar y a salvar un modelo que no está testado".

- Guillem López Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. "Estaría bien que hubiera un mayor control. Esto lo hemos hecho en época de vacas gordas, cuando todo iba bien, y puede que en vacas flacas se produzca cierta simetría. No hay garantías cuando se entra en este tipo de licitaciones como para asegurar que las cláusulas de la concesión no van a tener revisiones en el futuro".- Javier Murillo. Consejero delegado de Adeslas. "No se sabe muy bien cuáles son las iniciativas que verdaderamente funcionan y cuáles no; muchas de ellas no se han evaluado con suficiente profundidad y hay mucha confusión entre lo que puede o no puede servir. Yo creo que sería muy bueno contar con un observatorio independiente".

- Mark Britnell, director general del Sistema Nacional de Salud británico. "Nosotros lo que pretendemos es estimular la oferta; es decir, estimular a los prestadores de servicios, obligándoles a ser más competitivos, lograr que a quienes les compramos los servicios sean más eficientes, y poder ofrecer, además, la libertad de elegir a la población británica, que es lo que ellos quieren".

- José Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. "La quiebra de una entidad privada que administra un servicio público en régimen de monopolio territorial supone un riesgo político inasumible, como se demuestra en las tres crisis de la Fundación Jiménez Díaz desde 1983, que llevó al rápido rescate con dinero público.

- Enrique Moreno, presidente del Consejo Superior de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "Valoramos positivamente la aplicación de nuevas fórmulas de gestión a la sanidad, cuyo exponente más claro es la puesta en funcionamiento de ocho hospitales nuevos en la Comunidad de Madrid, y apoyamos el fortalecimiento de los grandes hospitales de referencia como centros destinados a procesos e intervenciones de gran complejidad y destinados a la excelencia investigadora en el campo científico médico y docente".

(www.elpais.com, 15/06/09)

24. LA ASAMBLEA DE MADRID APRUEBA LA NUEVA LEY DE CAJAS

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado esta noche la reforma de la Ley autonómica de Cajas de Ahorros, con 76 votos a favor (PP e IU) y 39 en contra (PSOE), tras un debate en el que el diputado socialista Adolfo Piñedo ha exigido que "cese la injerencia política en Caja Madrid".

La reforma aprobada hoy deroga la que hizo el Parlamento regional el pasado diciembre y adapta la legislación madrileña a la norma nacional de cajas atendiendo las razones del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de España a algunos artículos modificados en diciembre.

En el debate, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha defendido que la nueva ley "garantiza la seguridad jurídica y la apertura del proceso electoral que tiene que llevarse a cabo en otoño" en Caja Madrid.

También ha criticado la "arbitrariedad del Gobierno de la nación a la hora de utilizar los recursos de inconstitucionalidad" y ha expresado el "máximo interés" del Ejecutivo regional por que "todos" y "muy especialmente" el PSOE se sumen al "acuerdo de estabilidad" alcanzado en la entidad.

El socialista Adolfo Piñedo le ha replicado que "no es de recibo ir a un reparto de cargos en Caja Madrid sin otra sustancia que asegurar a Esperanza Aguirre que sea la que controle la Caja".

"El ansia de Esperanza Aguirre por controlar Caja Madrid no es la solución al problema de la entidad, es un problema añadido, por eso esperamos que Rajoy ponga orden en este 'carajal'", ha aseverado Piñedo.

El diputado del PP Pedro Muñoz ha hecho hincapié en la falta de "coherencia" de los socialistas madrileños, por criticar aspectos de Caja Madrid similares a los de las cajas de las comunidades donde gobierna el PSOE, y ha afirmado que "el discurso de la pelea del PP en Caja Madrid y del PP está solo ya no existe".

"Quienes hoy están solos y crispados son ustedes. Nosotros hemos firmado un acuerdo con más de diez instituciones en Caja Madrid y cuando ustedes se enteraron parece que les dio un ataque de cuernos", les ha espetado a los parlamentarios del PSOE.

El representante de IU, Miguel Reneses, se ha mostrado convencido de que con esta ley y con el acuerdo de estabilidad impulsado en Caja Madrid por el PP, IU y Comfia-CCOO "se puede recuperar lo desandado, hacer posible la normalización de la Caja, mejorar su funcionamiento y evitar veleidades privatizadoras".

El PP -con mayoría absoluta en la Cámara- ha incorporado a la ley cuatro enmiendas de IU y ha rechazado las nueve propuestas por el PSOE. Las enmiendas de IU suponen que los miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid que quieran solicitar un crédito a la entidad tendrán que pedir autorización a la Comunidad madrileña y que los consejeros generales tendrán copia del acta de los acuerdos que se adopten en la Asamblea.

También, que los consejeros generales correspondientes a cada entidad representativa serán elegidos por estas entidades "de entre personas de reconocido prestigio o experiencia en las materias relacionadas con la actividad de la Caja".

La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid mantiene algunas de las novedades introducidas en la reforma de diciembre, que afectan a la composición de los órganos de dirección de Caja Madrid y que, según el PSOE, permiten que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "tenga más poder" en la entidad.

Entre ellas, Piñedo ha destacado la potestad que reserva al consejero Beteta de elegir al 51% de los consejeros generales que representan a las entidades sociales.

(www.publico.es, 19/06/09)

25. EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' CENTRA LA INVESTIGACIÓN EN CUATRO CONCEJALES

El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.

Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios.

Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".

Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de las licencias.

El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba uno de los altos cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.

Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.

(www.elpais.es, 19/06/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASI UN MILLAR DE VALENCIANOS PIDE LA DIMISIÓN DE CAMPS

Jóvenes con rastas, arregladas señoras de mediana edad cargadas con bolsas de centros comerciales, ancianos adornados con chapas con los colores de la III República, sindicalistas y políticos que habían aparcado sus banderas o familias de clase media. Gente de todo tipo se reunió este sábado en la plaza de Manises de Valencia, frente al Palau de la Generalitat, para concentrarse bajo el lema "No a la corrupció, Camps dimissió" (No a la corrupción, Camps dimisión).

La particularidad de la cita está en su origen. Todo empezó cuando César García, informático de 28 años, se sintió indignado por los indicios de corrupción que pesan sobre el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado por presunto cohecho en el caso Gürtel. César montó un grupo en la red social de Facebook llamado Macro-manifestació contra la impunitat de Francesc Camps que hoy tiene 9.000 miembros. La culminación de la idea es la cita de este sábado, que reunió a centenares de personas, 1.000 según la organización y 200 según la Policía Local.

"Que se acaben las corruptelas y el amiguismo del presidente, de los consellers, de los amigos de los consellers y de los amigos de los amigos de los consellers". La queja de Amparo, una de las manifestantes, resume el sentir de los concentrados. "Claro que ganaron las elecciones, pero también hay gente que no les apoya ni vota, y de esos aquí se informa poco", destacó Esther, veinteañera, que había acudido acompañada por su madre.

Entre los lemas hubo referencias a los más de 12.000 euros en trajes que presuntamente recibió el presidente de Álvaro Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la trama, y a la íntima amistad que une a ambos imputados: "T’estime un ou, fes-me un trage nou" (Te quiero un huevo, hazme un traje nuevo). Hubo lemas que optaron por la acusación directa: "Camps a Fontcalent" (una prisión del País Valenciano).

La concentración sirvió para protestar por las decisiones más polémicas del PP. Lo que más duele es el gasto en grandes eventos, como el circuito de Fórmula 1 en Valencia, "en vez de gastar en Dependencia", en palabras de Mari Carmen. Pilar, maestra, se quejaba de la falta de recursos en Educación, y Julio, de 83 años, se lamentaba de que hay "hierbas más altas que yo" en la fosa común en la que descansan los republicanos fusilados en el cementerio de Valencia.

La cita pretendía ser apolítica, pero algunos asistentes se saltaron la recomendación. Hubo pancartas de las Juventudes Socialistas y líderes de Iniciativa per Poble Valencià se colaron en la pancarta principal. Una de las portavoces de la organización, Reyes Matamales, ocultó su pertenencia a este partido y su condición de concejal porque, aseguró, "vengo como ciudadana".

(www.publico.es, 14/06/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL RECORTA LA TERCERA PARTE DE SUS INVERSIONES PARA PODER PAGAR LA NÓMINA

La nómina se come el presupuesto de la Generalitat y la caída de ingresos, como consecuencia de la crisis económica, ha obligado al Consell a sacar la tijera para recortar inversiones. El pleno del pasado 22 de mayo acordó limitar al 65% los gastos inicialmente previstos en el presupuesto de la Generalitat en los capítulos de transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de capital "para asegurar la cobertura de actuaciones ineludibles en materia de sanidad, educación y servicios sociales", las tres áreas que consumen más del 90% de la nómina de los empleados públicos.

Las transferencias corrientes cubren las subvenciones que concede la Generalitat y los conciertos para la prestación de servicios por terceros. Quedan excluidos del recorte las transferencias corrientes en las áreas de Sanidad, Educación y Bienestar Social. La cantidad afectada por el recorte en el capítulo de transferencias corrientes supera los 800 millones de euros.

El presupuesto para inversiones reales del Consell es de 835 millones de euros y el capítulo de transferencias de capital, las subvenciones de la Generalitat para inversiones reales ejecutadas por terceros, suma 832 millones en el presupuesto inicial.

El recorte afecta en números redondos a unos 2.370 millones de euros, luego representa un tijeretazo en torno a 840 millones de euros de gasto público.

El acuerdo que firma el vicepresidente Vicente Rambla como secretario del Consell alude al "necesario control del gasto" y "al eficaz cumplimiento de los objetivos de contención del déficit público, teniendo en cuenta la situación económica que vivimos en la actualidad".

Esa "situación económica" arrastró a la baja la recaudación de la Generalitat un 25% durante el primer trimestre del año, según los últimos datos de tesorería difundidos por la Consejería de Hacienda.

A pesar de las estrecheces económicas de la Generalitat, Gerardo Camps, vicepresidente y consejero de Hacienda, aseguró estar en contra de cualquier modificación de los objetivos de déficit establecidos para las comunidades autónomas en el 1% para 2009, unos mil millones de euros en el caso de la Comunidad Valenciana. El Gobierno sugirió elevar ese límite al 2%. Antes de entrar a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a los consejeros de Hacienda de todas las autonomías con el Gobierno y que debía acordar los nuevos topes del déficit público, Camps aseguró: "Esta loca carrera por aumentar el endeudamiento no debe producirse".

Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en Compromís, denunció que al acuerdo del Consell no se haya publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y que el recorte no afecte a las partidas de gastos "asignados a asistencias técnicas sin objetivos concretos a disposición de los consejeros" sobre las que su grupo parlamentario reclama detalles desde hace meses sin ningún éxito.

"El mismo día", recordó Mollà, "que el señor Rambla firmaba este acuerdo, el Consell adoptaba acuerdos para regalar dinero a un evento hípico, y se entrampaba en pagos a Terra Mítica. Es inadmisible esa doble moral económica".

(www.elpais.com, 18/06/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RESUCITA CIUDADANÍA EN INGLÉS

La amenaza de una huelga general del sistema educativo público valenciano obligó el 16 de noviembre pasado a Francisco Camps a enterrar su "ocurrencia" de traducir al inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Superada la reválida de las elecciones europeas -y por goleada en la Comunidad Valenciana- el PP, con su presidente al frente, ha vuelto a mirar a los gestores de la escuela pública con las espadas en alto. Medio centenar de inspectores de la Consejería de Educación recorrieron ayer las tres provincias para reunirse con los directores de instituto y recalcarles que la orden que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y tiene dos suspensiones cautelares "está en vigor" y que esta materia de nuevo cuño introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que los populares han tratado de boicotear en algunas ocasiones- se dará "en inglés".

Si el centro no tiene profesores titulares de Filosofía o Geografía e Historia con la doble capacitación del inglés, sus horas de Ciudadanía serán impartidas por "itinerantes". Y podrán ser desplazados de su destino fijo o impartir otra materia afín.

Desde el pasado 8 de abril, cuando se rompieron las negociaciones que el consejero Alejandro Font de Mora y su número dos, Concha Gómez, dilataron durante tres meses con sindicatos, padres, alumnos, profesores e inspectores, el propio consejero fue el primero en advertir de la vuelta de la Ciudadanía en inglés tomando como argumento "la política que ha votado el pueblo valenciano".

El paro general del 28 de abril, que vació las aulas de alumnos y profesores, fue la gota que colmó el vaso de la Administración. Desde entonces en círculos más o menos amplios, tanto con directores como con sindicatos, Gómez siempre ha advertido que "la orden está en vigor".

La puesta en escena de ayer, mediante un amplio despliegue de inspectores, forma parte de una política de hechos consumados que sortea dos suspensiones cautelares: una que le impide legalizar la objeción de los padres a la materia y evaluar las competencias en inglés de los niños; y otra, que le prohíbe poner un traductor de inglés en la misma aula en la que da clase el profesor titular de Ciudadanía.

Pero, esta vez, las instrucciones, de momento verbales, pueden rozar la "prevaricación", advierte Luis García Trapiello, de CC OO, porque despoja al profesor titular de Ciudadanía que no hable inglés o no quiera darlo de su cómputo legal de horas.

Con esta medida, la Administración autonómica, denuncia Adolf Sanmartín, portavoz socialista de Educación en Las Cortes, "está modificando el acceso a la función pública de unos funcionarios que obtuvieron su puesto mediante oposición o concurso, lo que supone una discriminación frente a los que saben inglés". Trapiello advierte de que "estas personas pueden actuar por la vía penal contra la Administración por supuesto delito de prevaricación".

Todas las reuniones -que han sido confirmadas a EL PAÍS por directores de las tres provincias y dos inspectores de la Administración educativa- son la última vuelta de tuerca para tensar un curso, que arrancó en septiembre con paros y encierros, y culmina con la Administración del PP enfrentada a pecho descubierto con todos los agentes educativos del sector público y con vías de judicializarse aún más.

"De aplicarse estas instrucciones, el Gobierno entrará al fondo, porque son una barbaridad", confirmó el abogado del Estado y actual subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Felipe Martínez. "La Administración valenciana sabe que va a haber una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en breve, que va a resolver el fondo de la cuestión que es precisamente el inglés. Esto es una provocación irresponsable que tensa el sistema educativo". Y recordó a Camps que "las elecciones europeas sirven para elegir diputados al Parlamento Europeo, no eximen de ningún delito, ni sirven de amnistía".

(www.elpais.com, 13/06/09)

EL BOICOTEO

- Junio de 2006. La Conferencia Espiscopal tacha EpC de "ataque a la familia" y el PP llama a la objeción.

- Noviembre de 2007. Francisco Camps anuncia que se dará en inglés.

- Septiembre de 2008. Con suspensiones cautelares del Tribunal Superior, Camps sigue adelante.

- De septiembre a mayo. Encierros semanales, múltiples manifestaciones y una huelga general el 28-A.

(www.elpais.com, 13/06/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. 40 INMIGRANTES DICEN QUE FUERON ENGAÑADOS A UN MITIN DEL PP

Unos 40 inmigrantes y sus familiares asistieron el 2 de junio al mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció en la plaza de toros de Valencia. Lo hicieron bajo la promesa de un trabajo. Dos semanas después del multitudinario acto organizado por el PP con motivo de la campaña de las elecciones europeas, este grupo de extranjeros sigue sin empleo y se siente engañado. Ayer denunciaba el caso Luis Almeida, presidente del Centro Integral de Inmigrantes de Castellón, una asociación con 300 miembros y tres años de vida que se dedica a la inserción laboral de sus asociados. El PP asegura que no tiene nada que ver con el episodio.

La historia, según Almeida, es como sigue. Unos dos meses antes del mitin, Pablo Rocha, un intermediario de Burriana (Castellón), contacta con el centro porque busca trabajadores para la campaña de recolección del ajo en Albacete y Murcia. El centro se vuelca: busca a unas 40 personas interesadas, facilita las gestiones y canaliza el papeleo -fotocopias del DNI y la tarjeta sanitaria compulsadas- para la contratación de estas personas por tres meses, relata Almeida.

Con el papeleo hecho, Rocha se pone en contacto con la asociación para que sus miembros acudan a un acto político el 2 de junio en el parque Ribalta de Castellón. Alguno de los asistentes confesó ayer que no sabía exactamente de qué se trataba. Pero el presidente del centro remachó: "Si no, no tendrían el trabajo". Finalmente el escenario del mitin cambió, y a las dos de la tarde de aquel martes los inmigrantes fueron citados en el centro de Castellón y conducidos hasta el estadio de fútbol de Castalia, donde les esperaban unos autobuses para trasladarles hasta el mitin del PP en el coso taurino valenciano. Esos mismos vehículos les devolvieron a Castellón unas horas después.

Desde entonces no cesaron de preguntar por los contratos, sin respuesta. Hace unos días, Rocha les informa de que el empleador no quiere inmigrantes, sólo españoles, y en el centro de Castellón estalla la indignación. "Nos han utilizado", lamenta el presidente, quien no descarta emprender acciones legales "por daños y perjuicios" contra el intermediario.

Rocha, en conversación telefónica con este diario, reconoció que otra persona -no quiso revelar su nombre y aseguró que no sabe si es o no del PP- se dirigió a él para pedirle que buscara trabajadores y de paso le llenara dos autobuses. "Yo no prometí nada. A mí me dijeron que hiciera un favor y llenara dos autobuses, y como yo lo que buscaba es un empleo para todos...", dijo.

El PP de Castellón niega haber prometido trabajo a nadie por ir a un mitin. El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, desvinculó ayer al partido de este episodio y afirmó que quienes van a los mítines lo hacen "por su identificación con el proyecto del PP".

(www.elpais.com, 13/06/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EMPRESARIO DENUNCIA UNA RED DE SUPUESTOS COBROS ILEGALES EN VALENCIA

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta clase de docencia.

La investigación tiene lugar después de la presentación de una denuncia en la que se afirma que entre los años 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del PP, el 15% del importe de los cursos para parados adjudicados por la Generalitat.

La Consejería de Economía, de la que depende el Servef, no ha respondido a los requerimientos de este periódico. Sin embargo, una comunicación de la secretaria general del Servef, Pilar Máñez, da cuenta de que a primeros de año inició "actuaciones previas en aras a esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles medidas legales a adoptar con arreglo al vigente ordenamiento jurídico".

La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaban la mordida del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.

Las comisiones se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros (500.000 pesetas de entonces) para evitar que se pudiesen rastrear por parte de la Agencia Tributaria. Las empresas adjudicatarias de los cursos de formación -entre las que figuraban las sociedades Eurotutor, Medicontrol e Interlumen- que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la denuncia.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario, ya jubilado, Fernando Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la comisión a cambio de la concesión.

Machí negó que hubiese sido requerido por el Servef para aclarar las adjudicaciones. "Siempre ha habido rumores, era habitual que eso ocurriera, pero yo sólo era uno más del comité que adjudicaba los cursos", sentenció.Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo siempre, a nosotros nos llamaban el clan del Inem y en aquella época se denunció a una serie de empresas porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado. Machí recordó, además, que el superior del que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.

La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999. Otro de los documentos que la denuncia asegura incluir es un escrito en el que aparecen los números hechos por el denunciante y por el denunciado sobre las cantidades entregadas y las pendientes.

En el escrito se indica que Machí llegó a ser presidente del comité que concedía los cursos de formación para parados, en el que también estaban representados los principales sindicatos y diversos miembros de consejerías. Posteriormente, el propio funcionario, siempre según la denuncia, se encargaba él mismo de supervisar que se impartiesen los cursos para parados.

Según los cálculos del denunciante, que fue socio de una de las empresas que abonaron la comisión del 15% por cada adjudicación, las cantidades recogidas a cuenta de los cursos para parados pudieron llegar a los tres millones de euros durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002.

Además de los cursos de formación para parados, y siempre según la denuncia, las intermediaciones en nombre del Partido Popular también se produjeron en la adjudicación de controles de calidad, programas juveniles y sociales a cambio de porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 15% del monto total.

Los escándalos relacionados con la adjudicación de cursos de formación no son algo nuevo. La Consejería de Economía ya abrió en 2001 un expediente sancionador al propio Machí en relación con la homologación de las academias que impartían cursos para parados.

(www.elpais.es 14/06/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓN EXPONE OTRA VEZ EL PGOU DE 2000 ANULADO POR EL SUPREMO

El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el inicio del trámite de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón, aprobado por las administraciones local y autonómica en el año 2000 y anulado por Tribunal Supremo en diciembre de 2008. De esta manera, el Ayuntamiento acata la sentencia, que exige retrotraerse al momento en el que dejó de aplicarse la fórmula legal de participación, ya que se expuso al público en una ocasión pero no con las modificaciones con las que posteriormente fue aprobado.

Aún así, el PP se empecinó ayer en negar la anulación, pese a que el PGOU tendrá que volver a ser aprobado tras el trámite de exposición al público. El PSPV votó en contra de iniciar la exposición pública, después de seis meses exigiendo que se acatara el fallo, al considerar que ésta se debería prolongar por tres meses y no uno, plazo concedido para la presentación de alegaciones.

Durante el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castellón, el PP hizo caso omiso a la petición del PSPV de admitir "aunque solo sea por esta vez", que "lo hicieron mal", tal como dijo el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mario Edo, quien se dirigió al alcalde, Alberto Fabra, que ostentaba la responsabilidad de Urbanismo cuando el plan fue aprobado. Al contrario, el vicealcalde, Javier Moliner, insistió en que se trata únicamente del "cumplimiento de una cuestión formal" y reiteró que el plan "no está anulado" porque la sentencia del Supremo no utiliza esas palabras.

Ante la acusación de la paralización que ha supuesto la actitud "obcecada" y "empecinada" del equipo de gobierno municipal, por no haber asumido antes el fallo, el vicealcalde argumentó que se han concedido un centenar de licencias pero no respondió al reproche del edil del Bloc, Enric Nomdedéu, de que todas ellas han sido licencias menores.

El concejal del Bloc también planteó otra cuestión para la que no obtuvo respuesta y es que, según consideró, el acatamiento de la sentencia no se ha realizado hasta ahora ya que, de haberlo hecho antes, el plan vigente sería el aprobado en 1984, que declaraba el parque Ribalta como zona verde, norma con la cual el Ayuntamiento de Castellón no hubiera podido autorizar las obras para la puesta en marcha del trolebús que atraviesa este jardín.

(www.elpais.com, 16/06/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ DESESTIMA LA QUERELLA POR CALUMNIAS QUE FABRA PRESENTÓ CONTRA NOGUERA

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la querella por calumnias presentada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra la diputada del PSPV en las Corts Valencianes Ana Noguera, por unas manifestaciones realizadas en un artículo de opinión.

En el escrito del TSJCV se señala que una vez valorado el artículo de opinión en su conjunto, la sala de lo civil y penal entiende que "no se realiza en el mismo ninguna imputación de concretos y genuinos hechos delictivos contra el querellante". Asimismo estima que las expresiones "pueden resultar molestas e irónicas pero, valorando el artículo en su conjunto y en el contexto en el que se realizan, no implican la imputación de un delito de malversación de caudales públicos".

La diputada manifestó en un artículo de opinión publicado en Levante-EMV el 18 de noviembre de 2008 expresiones en las que, según Carlos Fabra, se le imputaban falsamente los delitos tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Los magistrados argumentan que no se aprecia el "necesario y exigible ánimo de calumniar y difamar", sino que "lo que realiza en realidad es una crítica de tipo político, y de exigencia, a juicio de la querellada, de una conducta ética". "Dichas manifestaciones no impliquen una clara y concreta imputación de un delito", añade.

(www.levante-emv.com, 18/06/09)

33. LA FISCALÍA DE ALZIRA INVESTIGA A RUS

La fiscalía del área judicial de Alzira notificó ayer al sindicato de enseñanza STEPV que ha decidido abrir diligencias de investigación penal contra Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP. La Fiscalía ha designado ya un fiscal instructor y ha decidido remitir las diligencias al Juzgado número 2 de Xàtiva para acumular dichas diligencias a la denuncia judicial de Escola Valenciana.

El sindicato de enseñanza y la entidad cultural decidieron denunciar a Rus después de que el político popular insultara el pasado 25 de abril, en un mitin de partido, al profesorado valenciano que ha participado en las múltiples manifestaciones celebradas este curso contra la política educativa del presidente Francisco Camps y terminara su proclama diciendo "Hay que rematarlos" [a los profesores].

El STEPV pidió inmediatamente a Camps el cese de Rus como presidente de la Diputación de Valencia y como alcalde. Rus no solo no rectificó, sino que además se negó a retirar los insultos en el último pleno de la Diputación.

Desde el sindicato subrayaron que más de 30 centros educativos les han hecho llegar manifiestos de protesta y de reprobación contra el presidente provincial del PP de Valencia, como consecuencia de la campaña iniciada por la central para dar a conocer el rechazo del profesorado y de la comunidad educativa a "agresiones tan graves de un cargo público". El sindicato se felicitó por la decisión adoptada por la fiscalía de Alzira.

Por otra parte, ayer el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Xàtiva realizó un balance de la gestión de Rus, en el ecuador del mandato, y calificó al alcalde de "símbolo de la gestión del despilfarro". Roger Cerdà, el portavoz municipal del PSPV-PSOE, lamentó, a su vez, que Rus se haya convertido "en el referente de la extrema derecha del Partido Popular" con el mantenimiento de los honores a Francisco Franco y sus "actuaciones antidemocráticas" respecto al profesorado.

(www.elpais.es, 19/06/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. UN CONCEJAL DEL PP DE CALP DIRIGE COMIDAS OFICIALES HACIA EL BAR DE SU HIJA

Los casos de presuntas incompatibilidades de los concejales del PP de Calp arrecian. El PSPV desveló ayer que el concejal de Seguridad y Protección Civil, el popular Vicente Catalá, organiza algunas de las comidas del personal de su área en el bar que regenta su propia hija.

El socialista Nicolai Pérez esgrimió cinco facturas expedidas hasta abril con cargo a las arcas municipales y a nombre de la hija del concejal que demuestran que en los almuerzos llegaron a participar de diez a 14 personas del cuerpo de Protección Civil con distintos importes que oscilan entre los 140 y los 240 euros y que han alcanzado ya los 600 sin contabilizar las correspondientes a los meses de mayo y junio. En el pleno, Catalá admitió los hechos pero matizó que si los miembros de su departamento acuden a ese establecimiento "es porque les gusta la comida que sirven allí".

Este caso se une al de la también concejal del PP Linda Townsend, quien desde 2005 lleva cobrando al Ayuntamiento el alquiler de un piso de su propiedad por el que percibía 600 euros al mes, con lo que se habría embolsado una suma total de 22.000 euros. Townsend admitió que el piso es de su propiedad pero matizó que se había limitado a alquilárselo a otra ciudadana inglesa, Brigitte Richdmond, quien a su vez se lo subarrendaba al Ayuntamiento.

Sin embargo, nuevos informes aseveran que el contrato entre la concejal del PP y la ciudadana inglesa se formalizó en junio de 2005, apenas un mes antes de que el Ayuntamiento comenzara a pagar por el inmueble a Richdmond, con lo que ésta apenas lo utilizó. Richdmond pagaba a la concejal 600 euros, la misma cantidad que ella cobraba del Ayuntamiento por el subarrendamiento, con lo que no percibía ingreso alguno y se limitaba a realizar una mera transacción. Ante este "alquiler a la carta" que, según el PSPV, demuestra que "Richdmond solo hacía de mera tapadera para beneficio de la edil" los socialistas presentaron en el pleno una moción de urgencia en la que exigían la dimisión de la regidora del PP. La moción ni siquiera pudo ser leída.

El alcalde, el nacionalista Ximo Tur, zanjó el tema diciendo que la actuación de la edil "ha sido intachable".

(www.elpais.com, 13/06/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP GANA LA VALL DE LAGUAR CON DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

Entre gritos de indignación, pancartas que denunciaban corrupción y transfuguismo y vecinos muy enfadados que casi llegan a las manos, el PP se hizo ayer con la alcaldía de La Vall de Laguar tras prosperar una moción de censura apoyada por el concejal tránsfuga Josep Manel Barber, quien se presentó a las elecciones liderando la lista de Esquerra Republicana. El popular Francisco Gilabert se convirtió en el nuevo alcalde en detrimento del socialista Juan José Puchol, que llevaba 14 años en el cargo. Es la cuarta alcaldía que logran los populares con apoyo de tránsfugas, después de las de Dénia, Benitatxell y La Vila.

Unos 12 militantes de Esquerra, entre ellos su secretario de organización, Jordi Vayà, flanquearon a Barber durante buena parte de la sesión con camisetas en las que podía leerse Manel, devuelve el acta de concejal y pancartas con el lema No a la corrupción, no al transfuguismo, sí a la dignidad política. Al terminar el pleno, los republicanos escoltaron hasta la carretera principal de la localidad con gritos de "traidores a la democracia" a Barber, al nuevo alcalde del PP y a toda la plana mayor del PP. "Durante toda la vida, Josep Manel Barber se ha hecho el aperitivo con nosotros; ahora se va con esa gente", señalaba uno de los militantes republicanos.

Seguidores del PSPV también esgrimieron pancartas en las que podía leerse PP igual a ladrones y Manel, el PP te lo está pagando bien. Gilabert exigió su retirada -"No permito que me insulten", justificó- pero el edil que dirigió la sesión, el socialista Paco Carrió, se negó en aras de la libertad de expresión. Por su parte, seguidores del PP acusaron a los socialistas de "ladrones" y de "esquilmar el Ayuntamiento" y se enfrentaron a los del PSPV entre insultos y empujones.

El urbanismo planeó en la sesión. El socialista Juan José Puchol aseguró que la moción se debe a una "venganza personal de Barber", quien inició la reforma de una vivienda familiar sin permiso municipal, lo que le valió una investigación del anterior alcalde. Por su parte, el nuevo edil popular aludió a la necesidad de superar el "grave problema urbanístico que estamos padeciendo". Lo hizo mirando a Puchol, a quien el fiscal pide ocho años de cárcel por haber modificado el PGOU para evitar que un vial atravesara un terreno de su propiedad. En el pleno pasó de todo: continuas interrupciones, documentos que pasaban de unas manos a otras y hasta cortes de mangas.

(www.elpais.com, 16/06/09)

36. ISLAS BALEARES. LA JUEZ IMPLICA EN UN CASO DE CORRUPCIÓN A UN EX CONSEJERO DEL PP BALEAR

Una juez de Palma ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares una causa por corrupción en la que está supuestamente implicado José Juan Cardona, que fue consejero de Jaume Matas y ahora es diputado autonómico. El PP balear ha reaccionado con defensa numantina, como ha hecho el PP de Madrid y Valencia en otros casos de supuesta corrupción.

El fiscal acusa a Cardona de liderar una trama desde la Consejería de Comercio e Industria para apoderarse de "ingentes cantidades de dinero de los fondos públicos" a través de "una actividad fraudulenta, constante y reiterada".

El PP se siente "indignado" y víctima de "una persecución" por el Gobierno y la fiscalía y niega que se financiara con fondos públicos. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau afirman que Cardona puso la firma en más de 130 contratos "ficticios" que facilitaron los desvíos de fondos. Lo malversado supera los dos millones de euros. En la causa se detalla cómo al menos 10.000 euros públicos se gastaron en el envío, urgente y por avión, de seis toneladas de propaganda electoral del PP a Ibiza.

Cardona fue líder del PP en Ibiza y Formentera hasta 2008. La juez Piedad Marín elevará, como reclama la Fiscalía, el razonamiento para su imputación ante el Tribunal Superior y el político del PP se convertirá en el primer ex consejero de los Gobiernos de Matas que será juzgado, según cree la acusación. Fue titular del departamento de Industria y Comercio (2003-2007) y antes de Agricultura (1996-1999).

El PP atribuye un mero papel de "parte" a la Fiscalía Anticorrupción y se quejará por las "filtraciones" ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

(www.elpais.com, 13/06/09)

37. ISLAS BALEARES. OTRO PROVEEDOR DEL CONSORCIO RECONOCE QUE HINCHÓ LAS FACTURAS

Pau Pujalte, un joven empresario autónomo que realizó en la pasada legislatura varios trabajos de elaboración de rótulos para Turisme Jove, admitió ante el juez de instrucción 6 de Palma que hinchó algunas de las facturas giradas a dicho consorcio del Govern. Otro encausado citado a declarar, el publicista Manuel Sáez, no compareció alegando problemas de salud.

Pujalte, asistido por Juan Enríquez de Navarra, es rotulista de profesión y fue contratado por Manuel Sáez para hacer varias tareas para Turisme Jove.

El autónomo hizo sus trabajos con normalidad, pero aseguró que el intermediario le pidió que hinchara las facturas y cargara más de la cuenta al Govern. Así Pujalte recibió 3.546 euros del consorcio por un contrato, pero sólo se quedó 1.324. El resto fue a Sáez.

El joven imputado insistió en que nunca pagó comisiones directamente a responsables de Turisme Jove.
El pequeño empresario relató que hizo otras tareas para la entidad objeto de investigación judicial y que algunas las cobró directamente y otras por mediación de la agencia de publicidad de Manuel Sáez.

Precisamente Sáez es uno de los encausados que han reconocido haber pagado comisiones (sobornos) a Juan Francisco Gosálbez, el principal imputado y que era la persona que hacía y deshacía en Turisme Jove. El publicista ha justificado esas acciones en las presiones que Gosálbez le habría hecho: si quería seguir trabajando por la entidad tenía que abonarle comisiones.

Sáez aseguró que, al principio, le daba dinero en metálico a Gosálbez, pero luego convino con él que las dádivas las haría en forma de trabajos para la peluquería de su compañera sentimental, también encausada.

Otros proveedores del consorcio dedicado a la promoción de actividades para jóvenes han admitido claramente el pago de sobornos a Gosálbez.

Sáez dijo que la comisión para el directivo del consorcio era del 25 por ciento de cada contrato.
Los empresarios que han reconocido estos hechos en cierta medida han suscrito un pacto de colaboración con la fiscalía anticorrupción. en medios jurídicos próximos al caso se comentó que el publicista también está dispuesto a dar explicaciones sobre las nuevas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria y el grupo de Delitos Económicos de la Policía tras unas primeras revelaciones de Gosálbez, que también se ha mostrado dispuesto a cooperar.

El Partido Popular está personado en el caso a través del letrado Rafael Perera, que asistió a la ronda de declaraciones.

Sáez y otros imputados serán citados para ser interrogados.

(www.diariodemallorca.es, 18/06/09)

38. ISLAS BALEARES. GÁLVEZ DECLARA QUE ROSA PUIG TRANSFIRIÓ 120.000 EUROS QUE TURISME JOVE PAGÓ EN FACTURAS FALSAS

El ex director general de Joventut y presidente del Consorci Turisme Jove (CTC) Francisco Gálvez declaró ante el juez instructor del 'caso Turisme Jove' que la ex consellera de Presidència i Esports Rosa Puig transfirió 120.000 euros a Turisme Jove, cantidad que más tarde fue empleada para pagar unas facturas por estancias hoteleras en Francia y Portugal.

Los 120.000 euros fueron abonados a los propietarios de tres hoteles franceses y portugueses por el alojamiento de medio centenar de personas en el verano de 2006. El dinero fue transferido desde las arcas de Turisme Jove, pero esas estancias nunca se realizaron y no consta el viaje de ninguna personas o grupo de ellas en los archivos del consorcio.

Se trata de facturas 'fantasmas' investigadas en una pieza separada del 'caso Turisme Jove' -abierto desde agostos de 2008-, declarada secreta, y en la que también intervinieron agentes de la Interpol.

La declaración textual de Gálvez ante el juez, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y los abogados personados, fue: "Quien tenía potestad para transferir una partida extraordinaria de esa cantidad al CTJ era la consellera de Presidència doña Maria Rosa Puig Oliver y antes tenía que seguirse un expediente administrativo fiscalizado por el interventor general del Govern Balear".

La ex consellera de Presidència Rosa Puig aseguró que "si hubo transferencias de la Conselleria a Turisme Jove tenía que haber un expediente administrativo previo con un informe favorable del director general y fiscalizado por la Intervención General de la Comunitat". La ex consellera del Govern en la etapa de Jaume Matas quiso dejar muy claro desde el primer momento que las transferencias financieras de la Conselleria de Presidència a cualquiera de sus empresas u organismos "seguía un procedimiento muy detallado en el que participaban varios departamentos".

Puig dijo que "las transferencias siempre fueron correctas y se puede comprobar, otra cuestión es el uso que se hizo del dinero ya que el control le correspondía al Consorcio de Turisme Jove del que yo no formaba parte", precisando que "además, no conozco en absoluto las empresas (tres hoteles de Francia y Portugal) que fueron beneficiadas con estas facturas ni quién pudo beneficiarse de estos pagos".

La ex consellera de Presidència i Esports insistió en advertir que no figuraba en ningún órgano de dirección del Consorci Turisme Joven "y que estoy segura que todas las transferencias que se hicieron en la Conselleria fueron correctas, es por eso que estoy muy tranquila. Lo cierto es que deseo que la justicia llegue hasta el final de todo este asunto".

(www.ultimahora.es, 18/06/09)

39. ISLAS BALEARES. EL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA EN PRISIÓN, Y SIN FIANZA

Dos nuevas caras de la corrupción durante la etapa del mandato del PP en Baleares. Óscar Collado Edo, ex director gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma, y cuyo hijo está imputado en la trama Gürtel, deberá ingresar en prisión, sin fianza. También ha sido acusado José Juan Cardona, consejero del ex presidente Jaume Matas y, actualmente, diputado autonómico.

Oscar Collado está imputado en presuntas actividades de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental. El hijo de Collado, Pablo Collado Serra, ex alto cargo del Gobierno de Jaume Matas, está imputado en el caso Gürtel, por ser administrador y consejero delegado de una de las empresas de la trama corrupta, Easy Concept Comunicación S.A.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha investigado la supuesta trama urdida por Oscar Collado Edo para percibir cobros ilegales en obras no ejecutadas por empresas concesionarias, sobreprecios de ventas de tumbas y monopolios en el suministro ataúdes, que podrían alcanzar cientos de miles de euros.

Los populares baleares han alegado que no tiene responsabilidad ni relación con Collado, que es "un funcionario laboral designado por el alcalde socialista Ramón Aguiló". Sin embargo, desde hace casi dos décadas es de conocimiento público que Collado y su familia son activistas de confianza del PP.

José Juan Cardona, que fuera consejero de Jaume Matas y actualmente diputado autonómico, está acusado de liderar una trama corrupta desde la Consejería de Comercio e Industria para apoderarse de "ingentes cantidades de dinero de los fondos públicos". Los fiscales afirman que Cardona puso la firma en más de 130 contratos "ficticios" que facilitaron los desvíos de dinero.

En este caso, el PP balear ha reaccionado con una defensa a ultranza, al estilo de la dirección del partido en Madrid (con su tesorero, Luis Bárcenas) y en Valencia (con Francisco Camps) respecto las implicaciones en el caso Gürtel.

(www.elplural.com, 14/06/09)

40. ISLAS BALEARES. LA FUNERARIA PAGÓ LA REFORMA DE LA VIVIENDA DE UN EX CONCEJAL DEL PP

Las presuntas irregularidades que han llevado a la cárcel al ex gerente de la funeraria municipal, Óscar Collado, parece que no son recientes. La fiscalía Anticorrupción tiene en su poder una factura por los gastos de reforma que se realizaron en el domicilio particular del que fuera concejal del Partido Popular en el primer mandato de Joan Fageda y posteriormente gerente de la Funeraria, José Carlos Tous, que se abonó a cargo de los fondos de la empresa municipal. Tous falleció hace tres años.

Esta factura, que asciende a la suma de dos millones de pesetas, fue introducida en la contabilidad de la EFM cuando Tous era gerente y Óscar Collado director de la empresa municipal. Durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado sábado ante el juez, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach le preguntó a Collado sobre esta factura y el ex gerente reconoció que se había pagado con fondos públicos. Se trata de unos gastos por haber pintado una vivienda que Tous tenía en la zona de Establiments, donde parece ser que también realizaron trabajos las brigadas de la funeraria, caso que en su día ya fue denunciado por la oposición.

A Collado no se le acusa de ningún delito por haber abonado estos gastos, porque no se habría beneficiado él, sino Tous, pero es una situación que se contextualiza en la desorganizada gestión que se estaba realizando en la empresa municipal.

José Carlos Tous asumió en la primera época del alcalde Fageda las áreas de Cultura y Pompas Fúnebres. Posteriormente, el alcalde le otorgó la responsabilidad de dirigir la empresa municipal y ocupó la gerencia entre 1996 y 2003. Collado fue su más estrecho colaborador, según recuerdan algunos de los trabajadores de la funeraria. De hecho trabajaron juntos entre los años 1991 y 2003

Sin embargo, no es esta factura el principal problema que salpica al ex gerente de la EFM. El Grupo de Blanqueo de dinero de la Policía está rastreando las facturas de los últimos años y las compara con los expedientes, tanto de obras como de servicios, que se han tramitado bajo las órdenes de Collado. Se cree que el ex gerente se benefició económicamente con el negocio de las tumbas y los ataúdes, y que para ello tuvo que falsificar facturas para maquillar la salida de estas cantidades económicas.

La Policía tiene en su poder varias facturas que son falsas. Collado, defendido por el abogado Jaime Rodríguez Viñals, ha negado que se hubiera aprovechado de su condición de gerente para cobrar comisiones por los servicios que proporcionaba la funeraria. Ha reconocido, en cambio, que en alguna ocasión sí cogió dinero de la caja. A pesar de que tenía un sueldo mensual de 6.000 euros, en ocasiones, según ha confesado, no llegaba a fin de mes y se veía obligado a pedir dinero por adelantado. Le bastaba escribir una nota con la cantidad que cogía de la caja e introducirla en la contabilidad. Nadie le pedía explicaciones.

Durante el interrogatorio le señaló que cómo podía ser que dirigiendo una empresa municipal que prácticamente estaba en bancarrota su máximo dirigente tuviera acceso a cantidades tan elevadas por adelantado. Collado le contestó que era una práctica habitual en la empresa que seguía, no sólo él, sino también otros empleados.

(www.diariodemallorca.es, 15/06/09)

41. ISLAS BALEARES. DURÁN NO PUDO JUSTIFICAR ANTE LOS FISCALES CÓMO SE ABONÓ LA SEPULTURA

El actual portavoz del grupo municipal en Cort, Rafel Duran, confirmó que el pasado mes de marzo acudió a la Brigada de Delincuencia Económica en representación de sus padres "como haría cualquier hijo", a quienes la policía había citado en relación a la compra de una tumba en el cementerio de Palma hace tres años cuando Óscar Collado era el gerente de la Empresa Funerària Municipal. Se le solicitó que aportara la factura, el título de propiedad, el recibo en el que se confirmaba que hubiera pagado y que justificara los gastos de mantenimiento. Duran declaró voluntariamente y sin abogado. La tumba se encuentra en el cementerio antiguo.

La comparecencia de Durán ante los investigadores del ‘caso Funeraria’ se produjo como consecuencia de su mediación en la operación de compraventa de una sepultura para sus padres, debido a su condición, durante la pasada legislatura, de teniente de alcalde de Esports y, por tanto, integrado en el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma que presidía la entonces alcaldesa, Catalina Cirer.

La declaración de Durán, que tuvo lugar hace ya varios meses, detalló que tras transmitir a Collado el interés por adquirir una sepultura en el cementerio viejo de Palma, el entonces gerente ofreció la posibilidad de elegir entre dos sepulturas, una de las cuales fue finalmente adquirida por los padres del político.

Según la versión ofrecida por el portavoz del PP en Cort, sus padres obtuvieron el correspondiente título de propiedad y la factura de la operación, documentación que se entregó a la policía.

Rafael Durán, por su parte, no ha querido hacer público el importe de la compraventa de la sepultura que adquirieron sus padres.

Entre la documentación solicitada por la policía y que no ha podido ser entregada figura el justificante del abono de la factura, razón por la que se desconoce cómo se abonó el importe de la factura.

El propio Durán explicó que el domicilio de sus padres fue asaltado por unos ladrones, los cuales extraviaron esta documentación. Los padres del edil interpusieron la correspondiente denuncia.

(www.ultimahora.es, 18/06/09)

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