ÍNDICE

1. EL ‘CASO BÁRCENAS’ Y ERRORES INTERNOS EMPAÑAN EL AUTOHOMENAJE DE RAJOY

2. RAJOY ELUDE REACCIONAR PESE A QUE YA TIENE LAS PRUEBAS CONTRA BÁRCENAS

3. EL PP SILENCIA EL DEBATE INTERNO SOBRE BÁRCENAS

4. EL PP MANTIENE EN EL CARGO A OCHO IMPUTADOS EN LA GÜRTEL

5. BÁRCENAS SE ENROCA EN SU RESISTENCIA Y RAJOY DECIDE NO PEDIRLE LA DIMISIÓN

6. CASCOS EMPUJA A BÁRCENAS A RESISTIR

7. UNA RED DE CORRUPCIÓN A LA SOMBRA DEL PP

8. LA INVESTIGACIÓN A BÁRCENAS REVELA UNA RED DE FACTURAS FALSAS DE UNA CONSTRUCTORA DEL AVE

9. RAJOY Y LA CÚPULA DEL PP SE ENCIERRAN EN UN PARADOR

10. EL PP FIJA COMO RETO INELUDIBLE TENER ALIADOS EN EL CONGRESO

11. AZNAR Y (EL ‘EX FASCISTA’) FINI CRITICAN JUNTOS A LA IZQUIERDA Y EVITAN MENTAR A BERLUSCONI

12. AZNAR RECLAMA ACCIÓN ANTE EL CONFLICTO EN IRÁN

13. MANUEL PIZARRO ANUNCIA QUE DEJARÁ LA POLÍTICA "EN CUANTO PUEDA"

14. EL PP CATALÁN PIDE A GÉNOVA QUE NO RECURRA LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

15. GALICIA. FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO

16. GALICIA. EL EX CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE DE FRAGA FICHA POR ENCE

17. GALICIA. EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE SEGURIDAD

18. GALICIA. EL DELEGADO DE OURENSE ADMITIÓ EN UN PLENO QUE CERTIFICÓ MÁS OBRAS FALSAS

19. GALICIA. HIJOS DE ALCALDES DEL PP SUPERAN OTRAS OPOSICIONES DE BALTAR

20. GALICIA. BALTAR SE NIEGA A UN BAREMO PARA CONTRATAR AL PERSONAL

21. ANDALUCÍA. EL PP, OBSESIONADO CON CARGARSE AL EX PRESIDENTE DE ANDALUCÍA

22. ANDALUCÍA. EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA DEL OJO POR PREVARICACIÓN

23. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA PIDE A LA JUEZ QUE INTERROGUE A OCHO PRESUNTOS ESPÍAS DE AGUIRRE

24. COMUNIDAD DE MADRID. NOMBRES PROPIOS DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID

25. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY: "ALGUIEN TE PUEDE TIRAR UNA PIEDRA, PERO SI TE APARTAS HÁBILMENTE..."

26. COMUNIDAD DE MADRID. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO

27. COMUNIDAD DE MADRID. UNA EX DIRECTIVA DE CORREA REITERA EL PAGO A CARGOS DEL PP

28. COMUNIDAD DE MADRID. LA REBAJA FISCAL DEL PP SÓLO AHORRA CUATRO EUROS AL AÑO A CADA MADRILEÑO

29. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN: 'NO QUIERO TROPEZAR DOS VECES EN LA MISMA PIEDRA'

30. COMUNIDAD DE MADRID. LA MADEJA DEL CASO GUATEQUE SE VUELVE A ENMARAÑAR

31. COMUNIDAD DE MADRID. DOS AGUIRRISTAS SE FUERON A TOMAR CAFÉ MIENTRAS SUS COMPAÑEROS VOTABAN NO AL DICTADOR

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL ADMITE QUE NO TENDRÁ DINERO HASTA OCTUBRE PARA SUS PLANES ANTICRISIS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DE ZAPLANA DIO CONTRATOS POR 51 MILLONES A LA FIRMA DEL CASO BÁRCENAS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ÁLVARO PÉREZ COLABORÓ EN EL INICIO DE CURSO DEL PP EN 2006

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT SACA A CONCURSO 18 FERIAS POR 600.000 EUROS, LAS CINCO DE ORANGE MARKET COSTABAN CASI UN MILLÓN

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LLEGAN LOS RESGUARDOS DE 19 TRAJES A ORANGE MARKET A NOMBRE DE ÁLVARO PÉREZ

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EDUCACIÓN REABRE EL FRENTE DE CIUDADANÍA Y TRASLADA A QUIENES NO LA DEN EN INGLÉS

38. COMUNIDAD VALENCIANA. AL IVEX LE FALTAN LAS FACTURAS DE LOS CONCIERTOS DE ORLANDO Y MÉXICO

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL INDAGA SI EL PP LLEVÓ A INMIGRANTES A UN MITIN ENGAÑADOS

40. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN DEL 'CASO FABRA' VIGILARÁ LA ACTUACIÓN DEL NUEVO JUEZ DE NULES

41. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ MANTENDRÁ LOS SÍMBOLOS Y ESCUDOS FRANQUISTAS EN VALENCIA

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL SOSTIENE QUE EL EX ALCALDE DE ORIHUELA COMETIÓ COHECHO

43. COMUNIDAD VALENCIANA. EL NUEVO PGOU DE DÉNIA PREVÉ CONSTRUIR 16.000 VIVIENDAS

44. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GUERRA DEL PP EN VILLENA AMENAZA EL GOBIERNO LOCAL

45. ISLAS CANARIAS. GLEZ. ARROYO DICE QUE "EL ÚNICO CULPABLE" DE LA INDEMNIZACIÓN MILLONARIA QUE PAGARÁ LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR TEBETO ES LUIS SORIA

46. ISLAS BALEARES. MATAS NO PUEDE JUSTIFICAR SU PATRIMONIO

47. ISLAS BALEARES. CORT AFIRMA QUE EL PP QUISO PRIVATIZAR LA FUNERARIA EN 2005

48. ISLAS BALEARES. LLEVÁRSELO MUERTO

49. ISLAS BALEARES. EL FISCAL ACUSA A MASSOT DE ASESORAR A UNA EMPRESA EN UN PLEITO CONTRA EL GOVERN

1. EL ‘CASO BÁRCENAS’ Y ERRORES INTERNOS EMPAÑAN EL AUTOHOMENAJE DE RAJOY

La victoria cosechada en las últimas europeas animó tanto a Mariano Rajoy que, sin paños calientes, decidió organizarse un autohomenaje o, lo que viene a ser lo mismo, un acto de conmemoración del primer año transcurrido desde el 16° congreso del PP en el que fue reelegido, no sin cierta discrepancia interna, líder del partido. El acontecimiento (que fue retrasado tras el último atentado de ETA), se celebra hoy en Valencia. Pero llega desinflado: habrá algunos dirigentes relevantes que faltarán por motivos de agenda –Esperanza Aguirre, entre otros– y habrá quien, aunque acuda, todavía estará bajo los efectos de la resaca causada por una semana con errores de bulto en la estrategia popular y la decisión del Tribunal Supremo de investigar al tesorero Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.

El enfado que ha exhibido una parte relevante del partido por el polémico apoyo de Rajoy a Bárcenas y el desaire que se le hizo a Javier Arenas –prohombre del PP– al presentar una querella contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sin consultarle previamente se han colado inevitablemente en esta fiesta pese a no haber sido invitados por su organizador. Rajoy, por tanto, le tendrá que ver la cara hoy a un enojado Arenas que obligó a la dirección popular a dar marcha atrás con la querella que, contra Chaves y su hija Paula, se registró el miércoles en el Supremo. Claramente, hubo un error de estrategia y alguien tomó una delicada decisión sin consultar al barón andaluz. ¿Quién? Todo el mundo mira para otro lado en la sede partido, aunque hay quien, sin grabadoras delante, da pistas. "El abogado habla de un malentendido con el responsable de la estrategia jurídica", o sea, con Federico Trillo.

Los conservadores andaluces, además de querer conocer el nombre del culpable de tan llamativa metedura de pata, insisten en que aún "no tocaba" dar un paso hacia los tribunales, ya que ven margen para seguir atosigando a Chaves por vía parlamentaria. De hecho, se disponen a seguir exigiendo la apertura de una comisión de investigación y, con la colaboración de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso, intentar forzar su comparecencia en la Cámara en pleno verano para que explique por qué concedió una subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja su hija.

Con estos planes inmediatos en la cabeza, el equipo de Arenas prefiere retrasar la vía jurídica, especialmente cuando el sindicato ultraderechista Manos Limpias –el mismo que ha logrado imputar al magistrado Baltasar Garzón en el Supremo– tiene presentada su propia denuncia contra el expresidente de la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya fiscalía la ha remitido a sus colegas del Supremo para su estudio.

Ayudado con esos argumentos y tras unas horas de tira y afloja, Arenas ha ganado el pulso a la dirección del partido y ha conseguido que se retire su querella contra Chaves. mismo se registró un escrito con este objeto en el Supremo, tribunal al que los populares ruegan que se les devuelva la denuncia para su "modificación y ampliación al objeto de aportar nuevos antecedentes sobre los hechos objeto de denuncia". Habrá que ver si la amenaza es seria o se trata de un nuevo farol.

Con este panorama y un partido dividido por el caso Gürtel, Rajoy se empeña en convencer a los suyos de que están en el mejor de sus momentos y que, con dos victorias electorales en la cartera (las autonómicas gallegas y las europeas) y un Gobierno "incapaz" de remontar la crisis, la Moncloa está a un paso.

Ese espíritu de reconquista es el que quería transmitir en Valencia con tono festivo y un discurso elaborado. Pero el líder de los conservadores no tiene demasiada suerte, porque se va a encontrar con unas tropas cansadas de tanta polémica interna y ansiosas de escuchar qué va a ocurrir con su tesorero Bárcenas, que está encausado por el Supremo por supuestos tejemanejes con el dinero y, sin embargo, sigue custodiando todavía los fondos del PP. Hasta que Rajoy decida mover pieza, como demanda el partido.

(www.elperiodico.com, 27/6/09)

2. RAJOY ELUDE REACCIONAR PESE A QUE YA TIENE LAS PRUEBAS CONTRA BÁRCENAS

El Partido Popular trabaja como si no existiera el caso Gürtel. Mariano Rajoy dijo la semana pasada que necesitaba "alguna prueba" para decidir qué hacer con su tesorero, Luis Bárcenas, encausado por delito fiscal y cohecho como supuesto receptor de casi un millón de euros de la red corrupta de Francisco Correa. Según confirman varias fuentes de la dirección, esas pruebas, esto es, los documentos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juez Antonio Pedreira que aportan todo tipo de detalles para implicar a Bárcenas, y que el Tribunal Supremo ha dado de momento por buenos, están ya en poder del PP.

Tanto el senador Bárcenas como el diputado Jesús Merino, el otro aforado implicado, como Federico Trillo, responsable de Justicia y principal estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, poseen desde el jueves todos los informes con las pruebas que les incriminan.

Los documentos sobre el safari de superlujo a Suráfrica que Correa supuestamente pagó a Bárcenas; las 27 anotaciones de pagos que los investigadores atribuyen al tesorero; las declaraciones de diversos imputados que lo implican; los documentos que prueban la red de facturas falsas de una constructora del AVE que también, supuestamente, habría pagado a Bárcenas en la época en que su amigo Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento, están en la sede central del PP en la calle Génova.

Las mismas fuentes no han aclarado si Rajoy ha pedido los papeles, aunque sí que Trillo los ha estudiado con detalle. Sin embargo, y a pesar de que ya tiene todas las evidencias, el PP no quiere decir absolutamente nada sobre las graves acusaciones que pesan sobre su tesorero. Rajoy no concede una rueda de prensa desde hace casi dos meses. Y en los actos públicos, cuando los periodistas tratan de preguntarle, los esquiva.

Eso es algo habitual cuando hay asuntos polémicos, pero lo que no es tan frecuente es que María Dolores de Cospedal, la secretaria general, suspenda por tercera vez consecutiva la tradicional rueda de prensa de los lunes. Ocurrió de nuevo , cuando Rajoy decidió llevarse al Comité de Dirección, la cúpula marianista, a un retiro en el Parador de La Granja (Segovia) para preparar la estrategia después de la victoria en las elecciones europeas.

Tampoco allí hubo declaraciones ni respuestas de ningún tipo a preguntas sobre el caso Gürtel. Javier Arenas, líder del PP andaluz, esquivó la cuestión: "De eso no voy a hablar esta mañana", dijo al llegar a La Granja. "Vamos a hablar de las cuestiones que preocupan de verdad a los españoles", concluyó.

También José María Aznar, en Navacerrada, donde inauguraba el Campus FAES, rechazó cualquier pregunta sobre el caso, a pesar de que afecta a varios amigos suyos -Correa fue testigo en la boda de su hija Ana con Alejandro Agag- y a casi toda la estructura de organización de la época en la que él dirigía el PP.

En público, el mutismo es total, pero en privado, varios dirigentes reconocen que en el partido crece la preocupación ante la evidencia de que el caso Gürtel sigue su curso judicial y puede afectar a más dirigentes importantes. De hecho, la información publicada en EL PAÍS, según la cual Hacienda ha encontrado una red de facturas falsas y empresas fantasma vinculadas a una constructora del AVE que hizo supuestos pagos millonarios a Bárcenas mientras era ministro de Fomento su amigo Álvarez-Cascos, generó una gran inquietud interna porque, según varios dirigentes, podría abrir la vía para investigar una posible financiación ilegal del partido, lo que más teme Rajoy.

(www.elpais.com, 30/06/09)

3. EL PP SILENCIA EL DEBATE INTERNO SOBRE BÁRCENAS

Ajenos al clamor en el PP para que su tesorero, Luis Bárcenas, sea apartado del cargo por su supuesta implicación en el caso Gürtel, los miembros del Comité de Dirección del PP abandonaron su encierro de dos días en el Parador de la Granja de San Ildefonso (Segovia) sin hacer una sola declaración pública sobre el tema. Ninguno de los dirigentes allí congregados, encabezados por Mariano Rajoy, quisieron pronunciarse sobre la delicada situación judicial que atraviesa el senador Bárcenas y el futuro que el partido le tiene reservado.

Pero el tema sí estuvo sobre la mesa en estas jornadas convocadas a puerta cerrada, según comentaron a este periódico fuentes conocedoras de la reunión. La tesis de la dirección nacional es esperar a que exista una imputación formal y después tomar las medidas adecuadas. Una decisión que cuenta con el visto bueno del Comité de Dirección. Todo, pese a que cada vez son más las voces en el PP que consideran que Bárcenas debe apartarse para defenderse mejor y para no perjudicar a la formación política. "La irresponsabilidad de este señor no tiene palabras", relató a Público un veterano diputado conservador.

Pese a que el caso Bárcenas sí estuvo presente en el parador de La Granja, varios dirigentes conservadores insistieron en negarlo. Pío García-Escudero el que lo hizo con rotundidad. Y le tocó el turno al vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, que dijo que no se había hablado "nada sobre el tesorero". El también líder de los conservadores andaluces rechazó también pronunciarse sobre las insistentes declaraciones de Antonio Basagoiti, líder del Partido Popular de Euskadi. El presidente de los conservadores vascos ha señalado en un par de ocasiones en los últimos días en que si él fuera Luis Bárcenas ya se habría apartado de la tesorería del partido. Se trata de una postura similar a la del diputado Vicente Martínez Pujalte, que hace un par de semanas invitó al tesorero a abrir un proceso de reflexión sobre su futuro. El escaño de Bárcenas en el Senado, donde se votaba el techo de gasto para los Presupuestos, estaba vacío. Según el partido, había excusado ausencia alegando motivos personales.

Mientras, el PP sí quería hablar de los otros contenidos de la cita segoviana. En los pasillos de la Cámara Alta, Arenas informó de que el partido ha encargado a Ana Mato, vicesecretaria de Organización, diseñar un plan específico para preparar las citas electorales de 2001. Además, la cúpula del PP estudió los últimos sondeos en los que, según Arenas, se aprecia una "distancia muy clara" de los socialistas.

Preguntado sobre la posibilidad de pactos con otros partidos, el dirigente conservador señaló que la intención de su partido es "construir mayorías alternativas" contra la crisis todos los días. Además el partido colgó en su web un comunicado en el que precisa algunos de los contenidos de la reunión, como la preocupación por el cierre de Garoña, la subida de las tarifas eléctricas o la situación del director del CNI.

También se acordó en el retiro de Segovia que la querella contra el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, retirada la semana pasada, se presentará la próxima semana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el Gobierno autonómico "acometerá con carácter inmediato" una bajada de sueldo del 2 por ciento para todos los miembros y altos cargos y responsables de las empresas dependientes del Ejecutivo regional "a partir de la nómina de agosto", una recomendación que hace a todos los Ayuntamientos del PP de la región, según informó Europa Press. Subrayó que la razón de esta medida es evitar que "los más débiles" sean "los paganos" en la situación de crisis que viven Madrid y España en la actualidad.

(www.publico.es, 01/07/09)

4. EL PP MANTIENE EN EL CARGO A OCHO IMPUTADOS EN LA GÜRTEL

Baja, baja fingida y actividad plena. Por analogía, en esas tres situaciones cabe encuadrar hoy a los 18 imputados en el caso Gürtel en total hay más de 70 directamente vinculados al PP. Cinco meses y medio después de que estallara el escándalo y en espera de que el Supremo se pronuncie sobre el tesorero Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, la geometría variable aplicada aquí por el partido de Rajoy ha alcanzado tal elasticidad que ocho de esos imputados, los de mayor relevancia política, se mantienen en cargos públicos sujetos a la disciplina del mismo partido que en teoría, y exceptuando a Francisco Camps y Ricardo Costa los ha suspendido cautelarmente de militancia.

La explicación del PP ante esta multiplicación de raseros pivota sobre dos argumentos: cada caso es distinto y la presunción de inocencia prima sobre todo lo demás. Y, como cada caso es distinto, los dos polos del arco de posibilidades coinciden en Valencia, donde el citado Camps continúa al frente del partido y de la Generalitat arropado por la cúpula de Mariano Rajoy mientras que Víctor Campos, vicepresidente de la Comunidad Valenciana y consejero de Justicia hasta 2007, se dio de baja en cuanto el juez Baltasar Garzón lo señaló como implicado en la presunta trama de corrupción. Campos aparece como el imputado que menos recibió de la trama: según Garzón, 4.850 euros en trajes.

En Madrid, la paradoja tiene el nombre de tres diputados autonómicos y de los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. Los cinco están imputados y los cinco han sido apartados "temporalmente" del partido, pero los cinco mantienen sus cargos electos y actúan fieles a las directrices del partido.

El ardid otras veces usado por siglas de todo color despojar del cargo público al sospechoso pero sin expulsarlo se ha invertido aquí. El PP no sólo no ha exigido la devolución del escaño a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco sino que ni siquiera los ha arrojado de la bancada conservadora. Los quiere en su grupo.

A la pregunta de por qué el PP considera que hay elementos para apartarlos de la vida interna del partido pero no para que dejen de representarlo en la Cámara autonómica, las respuestas son confusas. "Están en el grupo parlamentario como la concejal Alicia Moreno, que es independiente, está en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid", dice una fuente del PP madrileño al tiempo que subraya que sobre ninguno de los tres diputados pesa ahora un "mandato imperativo" para que voten en la Asamblea siguiendo las directrices del partido.

Y todos ellos pidieron su baja "voluntariamente", remacha el PP obviando que la suspensión cautelar de militancia de los tres diputados no se produjo hasta que, el 5 de mayo, el Tribunal Superior de Madrid impuso a Martín Vasco una fianza de 950.000 euros.

Habían transcurrido tres meses desde que el 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón ordenara las primeras detenciones del caso, López Viejo dimitió como consejero de Deportes. Ese día, Público había informado de cómo el dirigente del PP madrileño adjudicó 76 contratos a dedo en un año a dos empresas de la trama, Easy Concept y Good and Better. Según Garzón, la red corrupta compensó con 563.000 euros a López Viejo por sus adjudicaciones.

Fuentes del grupo parlamentario del PP sostienen, por el contrario, que López Viejo, Bosch y Martín Vasco ex portavoz adjunto de los conservadores y que presidió la fallida comisión de investigación del espionaje pertenecen al grupo con todas las de la ley. Enfatizan que "no existe la figura del independiente". E ilustran su afirmación con un ejemplo: "Si no acudieran a una votación se les sancionaría como a cualquier otro diputado".

Con 67 diputados frente a los 53 que suman PSOE e IU, el PP no vería en riesgo su mayoría absoluta si prescindiera de los tres imputados. No lo hace porque "no están expulsados del partido, sólo suspendidos temporalmente", alega la fuente parlamentaria mientras subraya que el PSOE "también tiene parlamentarios imputados" y si no los ha suspendido de militancia, vienen a decir los conservadores, es su problema.

A tenor de los hechos, para el PP no constituye ningún problema que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, prosigan como concejales adscritos a los respectivos grupos municipales del PP. "Sepúlveda ni aparece por los plenos", asegura indignada Eva Izquierdo, portavoz socialista en Pozuelo y cuyo partido ha pedido con reiteración y nulo éxito al PP que reclame el acta al imputado que supuestamente recibió un lujoso Jaguar como regalo, amén de recibir cantidades en metálico hasta superar los 422.000 euros.

El PP corroboró a Público que Sepúlveda no tiene en la práctica actividad municipal. El contrapunto lo pone el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, sobre quien pesa la fianza más alta del caso: 1,8 millones de euros.

Panero, que se negó a declarar ante Garzón y luego ante el instructor designado por el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, está perfectamente integrado en el grupo municipal del PP. Su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero, le encomendó representar al partido en dos comisiones municipales, la de Personal y la de Hacienda.

"Se montó tal cisco que lo quitaron de la de Hacienda", cuenta Pablo Nieto, portavoz del PSOE en Boadilla y autor de una infructuosa iniciativa para que el pleno reprobase a González Panero. La moción se votó en el pleno celebrado el 24 de abril. El PP que tampoco aquí necesita al ex alcalde para preservar su mayoría absoluta la derrotó. Se abstuvo González Panero, quien según Garzón se habría repartido con el también imputado Tomás Martín Morales 510.000 euros procedentes de la red corrupta.

(www.publico.es, 28/6/09)

5. BÁRCENAS SE ENROCA EN SU RESISTENCIA Y RAJOY DECIDE NO PEDIRLE LA DIMISIÓN

Los políticos del PP que están deseando que Luis Bárcenas, el tesorero, dimita cuanto antes, comienzan a asumir su derrota. El senador regresó a su trabajo en la sede central de la madrileña calle Génova, después de unos días desaparecido, y según varios dirigentes de esta formación ha vuelto aún más convencido de lo que se fue de no dimitir en ningún caso.

Los dirigentes consultados asumen que la situación se ha vuelto más compleja, y Bárcenas está tan enrocado, que ya sólo Mariano Rajoy podría desbloquearla pidiéndole que dimita por el bien del partido. Sin embargo, varias fuentes coinciden en que el líder ha decidido no decirle nada a su tesorero al menos hasta que no haya una novedad, como la decisión del Tribunal Supremo de ofrecerle la declaración que él ha pedido.

El clima en el partido es cada vez más hostil a Bárcenas, al que muchos consideran en privado un irresponsable por permitir que, en un momento positivo para el partido, tras la victoria en las europeas, su implicación en un caso de corrupción -los jueces investigan si se llevó casi un millón de euros en sobornos de la red de Francisco Correa- y su resistencia a dimitir están impidiendo que el discurso de Rajoy llegue con claridad.

El líder del PP ha decidido que este asunto es tabú para él, y por eso ha evitado durante semanas cualquier pregunta. Tras su decisión, el equipo de prensa ha inaugurado una nueva estrategia que consiste en facilitar cualquier información a través de discursos cerrados, notas, mensajes de móvil o textos colgados en la web oficial del partido; cualquier cosa con tal de evitar preguntas de los periodistas. Después de las críticas internas y mediáticas que ha provocado esta actitud, Rajoy decidió conceder cuatro preguntas a los informadores.

La primera fue sobre la dimisión del director del CNI, Alberto Saiz. Y el líder del PP se explayó. "Necesidad nacional", "enorme error su nombramiento", "espectáculo lamentable", "enorme imprevisión" fueron algunas de sus expresiones para calificar la dimisión. Pero entonces llegó la segunda pregunta:

-El señor Saiz ha dicho que es inocente pero dimite para no hacer daño al Gobierno. ¿Cree usted que su tesorero, Luis Bárcenas, debería dimitir para no hacer daño al PP?

Rajoy cambió el gesto. Ante la primera pregunta que tenía que responder sobre este asunto desde el pasado 28 de mayo -en ese tiempo el Supremo ha decidido encausar a Bárcenas, se han publicado las pruebas que obran contra él y el PP ha recibido todos los documentos-, el jefe de la oposición no quiso mojarse, ni siquiera para defender la inocencia del tesorero.

-"No hay ninguna novedad sobre ese asunto. Cuando haya alguna se la comunicaré", cortó tajante. Y fue peor con el segundo intento.

-¿Coincide con Antonio Basagoiti [líder del PP vasco]? ¿Si usted fuera Bárcenas dimitiría?

-¿Alguna cosa más?

(www.elpais.com, 03/07/09)

6. CASCOS EMPUJA A BÁRCENAS A RESISTIR

La fama de hombre serio y tozudo, casi arrogante, que arrastra Luis Bárcenas le viene de la época en la que Alianza Popular era el hermano pobre de la derecha española, y aún no se había trasladado a la lujosa sede la calle de Génova, 13, inaugurada en 1983. Los poquísimos veteranos que trabajaron en la antigua sede de la calle de Silva, "de modestia más que franciscana", según Manuel Fraga, recuerdan que Bárcenas ya era entonces el hombre del no. "Esto no se puede hacer, es muy caro..." Era cuando todo se hacía por voluntarismo, cuando la posibilidad de llegar al poder era muy lejana, y Bárcenas -"un típico chico de derechas", según le definen varios veteranos (aún mantiene ese estilo en su forma de vestir y peinarse)-, licenciado en Empresariales por ICADE, ya estaba en el equipo de gestión de AP. El actual tesorero del PP ya era entonces un funcionario del partido, un economista eficaz, que nunca se preocupó de hacer política. Lo suyo eran los números y el dinero.

Más tarde llegaría el escándalo a las finanzas del PP, el caso Naseiro: el entonces tesorero, Rosendo Naseiro, fue acusado de montar una red de financiación ilegal del partido. José María Aznar decidió dar entrada como nuevo tesorero a Álvaro Lapuerta, un hombre muy rico, no sólo por la fortuna de su esposa sino gracias a la exitosa venta del diario La Rioja. Aznar pensó que no tendría tentaciones. Lapuerta apostó por Bárcenas como gerente. "Es un chico estupendo que siempre estuvo conmigo. Yo tengo mucho más patrimonio que él", dijo esta semana. Lapuerta se ocupaba de buscar dinero y Bárcenas de cómo gastarlo. El tesorero no se relacionaba con la gente que trabajaba para el PP. De hecho, casi no tenía relación con Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta destapada por el caso Gürtel, mientras Bárcenas, poco a poco, se hizo amigo del máximo proveedor del partido.

Bárcenas contó con el apoyo de Francisco Álvarez-Cascos, el todopoderoso secretario general del PP en los años noventa, para entregar casi todos los contratos del PP a Correa. Ahora muchos en el partido lamentan que los populares hayan tenido al mismo equipo controlando el dinero durante 20 años. "Es difícil no ceder a las tentaciones si no eres rico, y Bárcenas no lo era. Y tienes tantos millones para gastar sin control...", afirma un dirigente.

Los partidos funcionan casi como una empresa privada. Para entender el dinero que ha podido manejar Bárcenas en estos años, baste un dato. En 2003, uno de los años en los que aparecen más supuestas entregas de dinero de la red de Correa al actual tesorero, el PP gestionó 93 millones de euros. Sólo en "servicios exteriores", los jugosos contratos por los que competía Correa, se gastó 66 millones de euros. En las elecciones generales de 2008 el PP gastó 15 millones. El Tribunal de Cuentas controla cómo se ingresó y se gastó, pero no a quién se entregaron los contratos o si eran realmente los mejores. Ahí la discrecionalidad es total. "Nadie controla eso. Los políticos confían en tesoreros y gerentes, no se ocupan del dinero, sólo quieren saber que las cosas van bien", sentencia un veterano. "Un partido es un caos económico. Mira lo del acto de Valencia: se cancela una semana, se convoca a la siguiente. ¿Alguien sabe lo que cuesta eso? Es imposible controlarlo", insiste.

Esa fama de tozudo de Bárcenas es ahora lo que más preocupa a los dirigentes del PP. En privado, nadie entiende por qué no dimite. Muchos echan la culpa a Mariano Rajoy. Creen que es él quien debe pedírselo, como hizo Esperanza Aguirre con los implicados de Madrid, que con pruebas muy similares a las que hay contra Bárcenas dimitieron mucho antes de ser imputados. Pero el líder no tiene ninguna intención de hacerlo, no es su estilo. Por eso en su entorno crece el nerviosismo. Si hay que esperar a que imputen a Bárcenas, señalan, pueden pasar muchas semanas.

La situación es aún más incomprensible porque el diputado Jesús Merino, el otro aforado encausado por el Supremo, está tan dispuesto a dimitir que ha presentado oficialmente su renuncia a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, ya que es miembro de la dirección del grupo. No se la han aceptado, sobre todo, dicen en la dirección, porque no tendría sentido que Merino dimitiera y Bárcenas no.

El tesorero, que estos días apenas pasa por la sede porque anda en uno de sus frecuentes viajes, se resiste a la presión. Varios dirigentes atribuyen su resistencia al consejo de Álvarez-Cascos, su amigo, que ha reaparecido para ayudarle en estos momentos difíciles. Cascos fue siempre un gran defensor de la tesis de la resistencia y el contrataque, aplicada en los momentos más duros de la crisis del Prestige. Y, a quien quiere escucharle, Álvarez-Cascos insiste en la inocencia de Bárcenas, que ha cuadruplicado en cinco años su patrimonio, alega, porque tuvo buen ojo al comprar acciones de Endesa a ocho euros y venderlas a 40. Pero cada día que pasa, con cada noticia, crece el estupor y la indignación interna. Bárcenas no presumía de su tren de vida, y al descubrirlo muchos se han indignado. "Sabíamos que era un gran aficionado a la montaña, que se iba al Kilimanjaro con su amigo Luis Fraga [sobrino del fundador y también senador] pero nada más", cuentan.

El patrimonio inmobiliario del tesorero (en 2007 declaró 2,5 millones de euros), su sueldo (225.000 euros anuales como gerente) y su tren de vida han indignado a casi todos. Conocer el ritmo de vida del hombre del no le ha dejado casi sin apoyos internos. Todos se han descolocado al leer los detalles de un safari de superlujo de nueve días por Suráfrica y Zimbabue que, según los investigadores, le regaló Correa. Él admite el viaje e insiste en que lo pagó. Pero en el PP hay mucha gente molesta al pensar que el tesorero, funcionario del partido, hace viajes al alcance sólo de millonarios, con un coste mínimo de 15.000 euros por persona que se evaporan en una semana.

(www.elpais.com, 28/6/09)

7. UNA RED DE CORRUPCIÓN A LA SOMBRA DEL PP

Todas las consejerías del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (previa imposición del que fue su consejero de Deportes y antes viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo) y más de la mitad de las del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos; los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Arganda del Rey bajo gobiernos del PP; y las organizaciones del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Todos permitieron a la red empresarial corrupta de Francisco Correa hacer negocios millonarios con distintos tratos de favor.

Los tentáculos de Correa, que hizo carrera en los negocios a la sombra de José María Aznar (al que organizó todos los eventos del PP en los que participaba durante su mandato), se extendieron por numerosas instituciones donde mandaban dirigentes populares y obtuvo contratos por varias decenas de millones de euros durante casi diez años. Hasta que las denuncias de José Luis Peñas, un antiguo amigo y colaborador, ex concejal del PP en Majadahonda que fue expulsado tras anunciar su rebeldía ante un concurso de suelo supuestamente amañado, acabaron con un imperio que había dispersado sus millonarios beneficios por Cádiz, Málaga, Madrid, Colombia, Miami o Panamá, además de abrir cuentas en distintos países para evitar el pago de impuestos al fisco español.

Correa contrató los servicios de un experto, Arturo Gianfranco Fasana, para que le moviera su capital por el mundo, por lo que le cobraba un 0,3% de la cartera anual. Fasana ha declarado ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, que conoció a Correa hace ocho años y que éste se mostró interesado en que le traspasara unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó que Correa era muy conservador a la hora de invertir el dinero de sus negocios en España: sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con un mínimo riesgo. Cuando llegó la crisis, Correa preguntó a Fassana dónde podía invertir tres o cuatro millones de euros y éste le recomendó el Banco Europeo de Inversiones. Fassana gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos pisos en Cartagena de Indias (Colombia).

Rutsfield, sociedad domiciliada en la isla de Man, también la creó Fasana para Correa. A través de ella se hicieron transacciones de dinero que acabaron en una promoción inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), que investiga el juez, ya que en algún documento requisado a los asesores jurídicos de la red se han hallado apuntes que vinculan el dinero de esta sociedad con Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP.

El Supremo considera insuficientes de momento estos indicios para investigar a Bárcenas por blanqueo de capitales. La policía, según adelanto Interviú, mostró a Fasana extractos de cuentas hallados en cajas de seguridad que la trama tenía en un banco de la calle de Velázquez. Esos extractos hacían referencia a fondos en sociedades extranjeras que Fasana le había creado a Correa con hasta 15 millones de euros en su balance a febrero de 2007. Cuando Correa fue detenido y Fasana lo supo, ordenó el bloqueo de las cuentas en Suiza en las que él estaba como administrador mientras Correa y su socio Pablo Crespo figuraban como apoderados

(www.elpais.com, 27/6/09)

8. LA INVESTIGACIÓN A BÁRCENAS REVELA UNA RED DE FACTURAS FALSAS DE UNA CONSTRUCTORA DEL AVE

La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.

Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.

La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".

Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".

Los amigos del tesorero del PP siempre alegan en su defensa que fue él quien rompió con Francisco Correa en 2004, cuando supo que utilizaba su nombre para hacer negocios inmobiliarios en la sierra de Madrid.

Entre la documentación requisada durante la intervención policial contra la red corrupta hay unos folios, hallados dentro de una carpeta azul localizada en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde se registraban algunas operaciones de cobro de comisiones a constructores. Entre ellos figuraba García Pozuelo, directivo de Constructora Hispánica, quien entre 2002 y 2003 hizo dos desembolsos de casi 1,6 millones de euros a la trama corrupta, que a su vez lo distribuía entre varias personas. Una de ellas era L. B., al que la investigación identifica como Luis Bárcenas, que habría cobrado un primer pago de 270.000 euros en 2002 y un segundo de 330.000 euros en diciembre de 2003.

Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también logró contratos del AVE. La investigación, que en realidad está en fase incipiente, según se destaca en varios documentos, aún no ha analizado esa vinculación de esta constructora con las obras del AVE.

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal, o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, resultaron ilocalizables para Hacienda.

Precisamente Álvarez-Cascos es, según diversas fuentes del PP, una de las personas cercanas a Bárcenas que más está empujándole a que resista y no dimita, y el que con más ahínco defiende internamente la inocencia del tesorero, mientras la mayoría de los dirigentes prefiere que dimita cuanto antes para no hacer más daño al partido.

(www.elpais.com, 29/06/09)

9. RAJOY Y LA CÚPULA DEL PP SE ENCIERRAN EN UN PARADOR

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se encerró con la cúpula del partido en el parador de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, para diseñar la estrategia de los próximos meses. El encuentro, que estuvo rodeado de un gran secretismo, recupera una costumbre del líder popular en la anterior legislatura, en pos de debatir de forma "relajada y tranquila" los temas de la agenda política.

En el cónclave de , que proseguirá hasta el mediodía de hoy, participaron la secretaria general, Dolores de Cospedal; los tres vicesecretarios, Ana Mato (Organización), Javier Arenas (Territorial) y Esteban González Pons (Comunicación); los dos portavoces parlamentarios, Soraya Sáenz de Santamaría (Congreso) y Pío García Escudero (Senado); el cabeza de lista de las pasadas elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el sociólogo Pedro Arriola, asesor de Rajoy.

La reunión no se incluyó en el orden del día de la agenda del partido y, desde el cuartel general de los populares en la calle de Génova de Madrid, ni siquiera se confirmó a los medios de comunicación su existencia. Tampoco hubo valoraciones públicas de los participantes y lo único que trascendió fue que se trataron asuntos tan diversos como la financiación autonómica, la crisis económica, el debate sobre los presupuestos del 2010 y las próximas citas del calendario electoral. H

(www.elperiodico.com, 30/06/09)

10. EL PP FIJA COMO RETO INELUDIBLE TENER ALIADOS EN EL CONGRESO

Para volver a gobernar España, el PP necesita recuperar aliados. Una estrategia para algunos obvia, pero que los populares han tardado un lustro en asumir tras la conmoción de la derrota del 2004, que les llevó de la mayoría absoluta a los bancos de la oposición. La concatenación de resultados positivos en las elecciones gallegas y vascas de este año y en las europeas de junio ha consolidado en la cúpula del partido la importancia de dar un giro en pos de tender puentes hacia otras formaciones. Un cambio de táctica que se oficializó y el lunes durante el cónclave celebrado por Rajoy junto a los principales dirigentes del partido en el parador de la Granja de San Ildefonso, en Segovia.

Los dos días de retiro espiritual y reflexión conjunta se cerraron con el convencimiento de que ha llegado el momento de sondear y alcanzar pactos puntuales que permitan construir "mayorías alternativas frente a la crisis", y "afrontar reformas". Así lo expresó el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, que mostró su "confianza plena" en la victoria en las generales del 2012. Para ello marcó como citas previas claves las elecciones al Parlament de Catalunya del año que viene y las municipales y autonómicas del 2011.

El presidente del PP andaluz avanzó que Rajoy ha encargado a la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, la elaboración de un "plan especial" para preparar ambos comicios y ganar votos que refuercen el liderago del partido y sus aspiraciones reales de recuperar la Moncloa. A falta de más valoraciones públicas de líderes del partido sobre el ‘encierro’ de Segovia, el PP colgó en su página web un comunicado en el que explica que la dirección del partido trató otros temas más concretos como la ratificación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la ilegalización de Batasuna, el rechazo al cierre de la central nuclear de Garoña y al aumento del 2% de las tarifas eléctricas. También se decidió reclamar la convocatoria de la Diputación Permanente para debatir este mes en el Congreso de los Diputados lass últimas acusaciones hechas públicas contra la gestión del director del CNI, Alberto Saiz.

Respecto a la querella contra Manuel Chaves que el PP presentó el pasado jueves y retiró solo unas horas después, la dirección del partido acordó ‘resucitarla’ la semana que viene. Los populares acusan al vicepresidente tercero de haber concedido una subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja su hija, cuando era presidente de Andalucía. Un comportamiento que, a juicio del PP, "vulnera de manera flagrante las obligaciones de un vicepresidente del gobierno, del que dependen las incompatibilidades de los altos cargos".

(www.elperiodico.com, 01/07/09)

11. AZNAR Y (EL ‘EX FASCISTA’) FINI CRITICAN JUNTOS A LA IZQUIERDA Y EVITAN MENTAR A BERLUSCONI

La crisis económica más importante desde el crash de 1929 no ha tenido efectos negativos para la derecha europea, sino para la izquierda. Con este dato, sacado de los resultados de las elecciones europeas, dos conocidos dirigentes de esa derecha, el ex presidente José María Aznar y Gianfranco Fini, presidente del Congreso italiano, muy amigos desde que el primero ayudó a entrar en el Partido Popular Europeo a los posfascistas de Alianza Nacional, se lanzaron en tromba a criticar a la izquierda.

Fue en el acto de inauguración del Campus FAES, que este año contaba con Fini, un personaje emergente en Italia por su seriedad y moderación frente a los excesos de Silvio Berlusconi, de la Liga Norte y de sus propios compañeros de partido, mucho más extremistas. "Los ciudadanos europeos han dicho muy claramente [en las urnas] que no están dispuestos a tragarse esa gran mentira que intentaba culpar de la crisis a la economía de libre mercado. Los europeos han rechazado las recetas económicas socialistas. Han dado la espalda a la opción política que sólo promete subsidios y subidas de impuestos, y con ellos sólo consigue más paro y recesión", sentenció Aznar.

"Algunos marxistas o pos-marxistas recibieron con gozo intelectual la crisis, como una prueba de que el mercado no puede autoregularse, del fracaso de la cultura liberal-capitalista. La responsabilidad de la crisis no es del mercado, sino de las instituciones políticas, que lo han vigilado de manera deficiente, no han garantizado que produjera riqueza real, y no especulativa. No podemos volver al estatalismo", dijo Fini.

Ambos se alabaron mutuamente, pero evitaron cualquier referencia al polémico Berlusconi, a pesar de la buena relación que siempre tuvo con Aznar. De hecho, el ex presidente hizo una referencia al futuro de Fini que pareció una apuesta por él como sucesor. Hace un año, el político italiano propuso públicamente a Aznar como presidente del Consejo Europeo. Fini evitó hablar de Berlusconi, pero más tarde, en una entrevista en TVE, explicó por qué cree él que en Italia los ciudadanos resisten un escándalo como el de las fiestas del primer ministro. "Los italianos diferencian bien la esfera privada y juzgan al Gobierno por lo que hace. Berlusconi tiene una relación con su electorado que algunos no comprenden, pero lo cierto es que su éxito electoral es indiscutible", sentenció.

(www.elpais.com, 30/06/09)

12. AZNAR RECLAMA ACCIÓN ANTE EL CONFLICTO EN IRÁN

José María Aznar ha vuelto hoy a la carga con una postura que mucho ha recordado a su actuación previa a la Guerra de Irak. El ex presidente ha criticado, en un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal, lo que calificó de "pasividad" e "inacción" de EE.UU, y de los países occidentales en general, ante la actual situación de Irán. "El presidente Obama ha dicho que no quiere interferir en los asuntos internos de Irán, pero esto es una disculpa pobre por su pasividad", escribió Aznar.

En el artículo, Aznar reflexiona que "las manifestaciones públicas retrasadas de indignación pueden ser buenas para la política interna, pero las consecuencias de la inacción de los países occidentales ya se han materializado", y criticó que no se haya dado un apoyo decidido a los "disidentes" iraníes que protestan por el "fraude electoral descarado que dió la victoria al fanático Mahmud Ahmadineyad", según afirmó en su artículo publicado en el mencionado diario estadounidense.

Aznar no considera suficientes las firmes declaraciones hechas por el presidente Barack Obama y la canciller alemana, Angela Merkel, contra la represión del gobierno iraní y exigió una actuación más rotunda de los países occidentales en favor de la oposición iraní. "Si, como parte de un intento de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, los líderes de las naciones democráticas dan la espalda a los disidentes cometerán un error terrible", vatició Aznar.

(www.elplural.com, 27/6/09)

13. MANUEL PIZARRO ANUNCIA QUE DEJARÁ LA POLÍTICA "EN CUANTO PUEDA"

El ex presidente de Endesa y diputado del PP en el Congreso Manuel Pizarro, que fue el fichaje estelar de Mariano Rajoy en las últimas elecciones generales, afirmó que no tiene "mucho interés en hacer carrera", y añadió: "Le deseo lo mejor a mi partido pero -tampoco digo nada que no se sepa- en cuanto pueda me iré a mi casa, que es donde tengo que estar".

En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Pizarro reflexionó en público sobre su futuro político y comentó que, aunque se siente "satisfecho de haberse metido" en política y "lo volvería a hacer", no aspira "a nada".

Pizarro, a quien el PP convenció para ser la alternativa al vicepresidente económico Pedro Solbes en los comicios generales, ha dicho que permanecerá en política mientras sea "útil".

"Si quieren que me saquen al campo, y si no, no. Yo no me enfado. No soy de los que piden el balón, porque sé que no tengo carrera política por delante, ni la tengo ni la quiero", afirmó Pizarro. Añadió que entró en política para contribuir a que España fuera un país mejor. Pizarro precisó que tras las elecciones dejó de lado su perfil económico para evitar que se le acusara de "ajustar cuentas" con el mundo económico cada vez que hablase, y ha dicho sentirse "a gusto" como portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso.

A la misma hora, Rajoy aseguró en Cuenca que uno de los objetivos esenciales es "reforzar la cohesión interna", por lo que ha abierto la organización "a todos los que quieran trabajar lealmente".

(www.elpais.com, 02/07/09)

14. EL PP CATALÁN PIDE A GÉNOVA QUE NO RECURRA LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

La nueva Ley de Educación de Cataluña, aprobada esta semana con el apoyo del PSC, CiU y ERC, obliga a mojarse al Partido Popular, que, pese a considerarla contraria a la Constitución, todavía no ha decidido si la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El PP catalán, que todavía está pagando las consecuencias de la batalla política contra el Estatuto, ha pedido a Mariano Rajoy que no presente un nuevo recurso hasta que el Constitucional decida sobre la carta autonómica.

Rajoy, por ahora, ha aceptado esta estrategia de ganar tiempo, y criticó la ley, pero no aclaró si la recurrirá. A poco más de un año de las elecciones autonómicas, el PP catalán trata de dejar atrás su perfil más antinacionalista y centrar su discurso en la crisis económica. Un nuevo recurso en el Constitucional podría desbaratar la estrategia de su presidenta y candidata en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho.

(www.elpais.com, 03/07/09)

15. GALICIA. FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO

La Xunta ha puesto en venta una parte importante de su parque móvil. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se extendió en detalles sobre el sistema que se seguirá para permutar tres Audi blindados y subastar otros 20 de los modelos A6 y A8. Ahora que está en el Gobierno, el PP, que convirtió los coches oficiales en bandera electoral, le resta importancia al responsable del gasto. "Lo importante no es hacer distinción de quién los compró, sino optimizar el ahorro en época de crisis", argumentó Rueda. En realidad, dos de los blindados y 18 de los convencionales que salen a la venta fueron adquiridos durante el mandato de Manuel Fraga.

De acuerdo con los datos confirmados por Presidencia, Fraga adquirió en el plazo de 14 meses, entre septiembre de 2001 y noviembre de 2002, dos Audi A8 blindados de características y precio similar al polémico blindado del anterior presidente, Emilio Pérez Touriño: 266.230 euros de la época el primero y 331.157 el segundo. De la relación de audis que permanecen en el parque móvil de la Xunta se desprende que el rechazo del PP a esta marca es reciente. Sólo en 2003, la Xunta de Fraga adquirió 13 coches Audi. La cifra se eleva a 34 entre 1999 y 2005, los dos últimos, matriculados con el Gobierno ya en funciones. No fueron las únicas compras de coches en período de transición. En 2005 el bipartito recibió 24 Volkswagen Passat encargados por el anterior Gobierno.

Pero no era la intención de Alfonso Rueda distinguir quién adquirió los vehículos y sí poner de relieve los criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" que imperan en el nuevo Gobierno gallego. La oposición lo tendrá difícil para calcular cuánto dinero se pierde en la venta del blindado de Touriño, ya que para enajenar los tres blindados, Presidencia opta por un sistema de "permuta" por otros vehículos nuevos, que se destinarán a fines sociales y Protección Civil. El resto saldrá en subasta con un precio global de salida de entre 350.000 y 400.000 euros. Estos ingresos se destinarán a "gasto social y equipamiento para policías locales". En este paquete no entran algunos de los coches más antiguos de la marca Audi que permanecen en los garajes de la Xunta, pero sí los dos únicos A-6 que adquirió el bipartito.

La oferta inicial, que hoy aprobará el Consello de la Xunta, es de 12 vehículos para servicios sociales y Protección Civil para la permuta por los tres blindados, aunque se negociarán "posibles mejoras" en las ofertas. Los 20 vehículos sin blindar se someterán a un proceso de subasta "abierta y publicitada" que se abrirá en septiembre. Según los cálculos de Rueda, permuta y subasta permitirán reducir en un 25% los gastos del parque móvil oficial en la legislatura, con un ahorro de entre un millón y 1,5 millones de euros a lo largo de cuatro años. Con la enajenación de esta parte del parque móvil, la comunidad autónoma se queda sin ningún vehículo blindado. Rueda afirmó que "a día de hoy" la Xunta no prevé hacerse con ningún coche de estas características.

Para el PSdeG, la operación supone "malvender" patrimonio público para "justificar la campaña electoral del Partido Popular, acusó la portavoz del partido, Mar Barcón. La dirigente socialista lamentó los "tintes ridículos" de la operación anunciada por la Xunta, y se preguntó si el Gobierno gallego incluirá en la subasta el coche que utiliza en la actualidad el ex presidente Fraga, un Volkswagen Touareg pagado por la comunidad autónoma.

También el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que los coches oficiales que salen a subasta son "los mismos" que compró el Gobierno de Fraga "en su mayoría", y que también utilizó el ahora presidente Alberto Núñez Feijóo en su etapa de vicepresidente. Aymerich afirmó que "se venderán todos" excepto uno "de color burdeos", que quedó "siniestro total" tras un accidente ocurrido durante la campaña de las autonómicas de 2005 con Feijóo a bordo, según denunció el portavoz del BNG.

(www.elpais.com, 02/07/09)

16. GALICIA. EL EX CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE DE FRAGA FICHA POR ENCE

ENCE encara las negociaciones con la Xunta para trasladar su planta de celulosa de Lourizán con un fichaje que tiene mucho que ver con el Partido Popular y con desastres ecológicos en Galicia. A propuesta de su presidente, Juan Luis Arregui, la junta general de accionistas de la compañía aprobó el nombramiento de Carlos del Álamo Jiménez como consejero independiente de la compañía.

El que había sido titular de la Consellería de Medio Ambiente con la Xunta de Manuel Fraga entre 1997 y 2003, hasta que la crisis del Prestige se lo llevó por delante, asumirá el puesto en el máximo órgano de administración de ENCE durante los tres próximos años, según los acuerdos que fueron aprobados .Carlos del Álamo, que tras dejar la Xunta presidió el patronato del Parque Nacional das Illas Atlánticas hasta 2006, es en la actualidad el decano de la Asociación de Ingenieros de Montes de España, puesto que compagina con la actividad privada. De acuerdo con las remuneraciones establecidas a los consejeros de ENCE, y según consta en su informe de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Del Álamo percibirá un salario anual de casi 67.000 euros en su nuevo puesto en la empresa de celulosas. Al consejo de la compañía papelera se incorpora como profesional de reconocido prestigio.

Del Álamo y Aguerri ya conocen las intenciones de la nueva Xunta de Núñez Feijóo en cuanto al futuro de la planta de celulosa de Pontevedra, cuya concesión de dominio público finaliza en 2018. El compromiso del nuevo Gobierno gallego pasa por adelantar el traslado de la compañía, en línea con lo que pretendía el bipartito, pero siempre bajo el parámetro de ubicar las instalaciones en áreas industriales de la propia provincia, con el menor impacto posible en cuanto a reducción de plantilla y efectos sobre el empleo inducido por la celulosa.

Tras la junta general de accionistas celebrada en Madrid, desde el grupo no quisieron abordar la situación de Galicia, ni siquiera en cuanto a las nuevas inversiones que abordará en sus plantas españolas. De hecho, apenas hubo mención a Lourizán en la junta. Arregui avanzó los nuevos proyectos de ENCE, como la próxima construcción de una central de biomasa de 50 megavatios en su fábrica de Huelva, al tiempo que analiza nuevas ubicaciones en el entorno de la provincia. Este proyecto sucede a la central de 37 megavatios recientemente instalada con motivo de la ampliación de la fábrica de Navia.

(www.elpais.com, 30/06/09)

17. GALICIA. EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE SEGURIDAD

La Xunta se va a quedar sin coches blindados, pero su presidente no descarta adquirir uno nuevo. Lo hará "si se lo recomiendan los servicios de seguridad", reconoció . A pesar de ello, la operación para enajenar esos tres vehículos y otros 20 convencionales, todos ellos de la marca Audi, se puso en marcha, con la autorización de la operación por el Consello de la Xunta.

Los tres blindados, cuyo precio de compra conjunto supera el millón de euros, serán permutados por 12 vehículos que se destinarán a Protección Civil y fines sociales, lo que ha provocado las críticas de la oposición por "despilfarro". Pero la austeridad es precisamente el argumento que esgrime el Gobierno para promover su venta. Uno de los tres Audi A8 blindados es el que provocó una polémica en la campaña electoral, cuando el PP reprochó al ex presidente Emilio Pérez Touriño su afán por el lujo. Según datos confirmados por la Consellería de Presidencia, Fraga compró otros dos vehículos similares en características y precio entre 2001 y 2002.

Si Fraga compró dos blindados y Touriño uno, Alberto Núñez Feijóo puede adquirir el siguiente tras desprenderse de los tres de su parque móvil, según reconoció . "Viajo en un coche que creo que cumple con todos los requisitos", manifestó. Pero a continuación matizó: "Si en algún momento soy avisado por los servicios de seguridad de algún tipo de riesgo, estoy dispuesto a revisar mi decisión".

Mientras Feijóo no descartaba la adquisición de un coche blindado, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, aseguraba que el presidente de la Xunta ya ha encargado en París el blindaje de un coche de la marca Citroën. Lo hizo en su blog personal, en el que asegura que mientras Feijóo vende los vehículos de la marca Audi, encarga otros de Citroën "para sí mismo y para sus conselleiros, mientras espera que en París le blinden el presidencial".

De los 23 coches que salen a la venta, 20 fueron comprados durante los gobiernos de Manuel Fraga. Con los convencionales, que serán subastados, la Xunta recaudará unos 350.000 euros. Feijóo salió al paso de las críticas de socialistas y nacionalistas a la dudosa rentabilidad de la operación. "Esta no es una medida contra el bipartito", expuso, antes de preguntarse si el anterior gobierno no tenía previsto vender esos 23 vehículos "que no se usan".

Para justificar el carácter económico de la operación apeló al ahorro en mantenimiento de los vehículos. Feijóo situó la venta en un marco de "eficiencia y austeridad", y resaltó que la reordenación de los vehículos permitirá reducir en un 25% los gastos del parque móvil de la Xunta.

(www.elpais.com, 03/07/09)

18. GALICIA. EL DELEGADO DE OURENSE ADMITIÓ EN UN PLENO QUE CERTIFICÓ MÁS OBRAS FALSAS

Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.

Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.

Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.

Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.

Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.

Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.

Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.

(www.elpais.com, 02/07/09)

19. GALICIA. HIJOS DE ALCALDES DEL PP SUPERAN OTRAS OPOSICIONES DE BALTAR

Hijos y parientes de alcaldes del PP, además de familiares de Baltar y de reconocidos letrados y jueces de la provincia, copan las abultadas listas de aspirantes en las oposiciones que está celebrando la Diputación de Ourense. Su presidente, José Luis Baltar, sumará de esta forma nuevos funcionarios al más del millar que tiene ahora y que sitúan la institución a la cabeza de las diputaciones españolas en porcentaje de gasto en nóminas.

Las oposiciones finalizan esta semana, pero buena parte de los aspirantes vinculados al PP van superando las pruebas. De momento se ha hecho ya con plaza el hijo del ex alcalde de Vilamartín de Valdeorras y hermano de la actual alcaldesa, María Jesusa Candal Jarrín. El nuevo funcionario es presidente y administrador de empresas dedicadas al vino, a la asistencia a ancianos y a los servicios jurídicos. Su plaza es la única de técnico superior en desarrollo local y fondos europeos.

Pero la mayor parte de las calificadas en su día por Fraga como mentes "prominentes", para justificar que obtuvieran mejor calificación los hijos de cargos del PP que el resto de ciudadanos, se presentan a las plazas de las escalas más bajas de la institución, en las que no se exige título universitario. Hasta el punto de que la elección de seis funcionarios administrativos se presenta muy reñida. Tras la primera criba del examen de gallego quedaron 136 aspirantes, de los que 11 han superado la primera prueba. Al menos cuatro de ellos están vinculados al PP.

Entre los aprobados figuran un hermano de la nuera de Baltar, Antonio Aydillo, a quien el presidente provincial empleó ya este año en con un contrato de superior categoría, técnico en recursos humanos. Junto a él aprobaron las primeras pruebas para las plazas de administrativos la compañera del hijo del alcalde de Xinzo de Limia, Isaac Vila; un hijo del alcalde de Padrenda, Manuel Pérez Pereira, y un hijo del alcalde de Muíños y nuevo portavoz del PP en la diputación, Plácido Álvarez. Este último se estrenó en el cargo la semana pasada defendiendo la negativa de su partido a aprobar una moción del BNG, que demandaba una lista baremada para las oposiciones.

José Antonio Rodríguez Ferreiro, alcalde de Os Blancos por el PP entre 1991 y 1999, cuando erigió en el pueblo un busto de José Luis Baltar, ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años y tres meses por delitos de malversación de fondos públicos y falsificación documental.

(www.elpais.com, 01/07/09)

20. GALICIA. BALTAR SE NIEGA A UN BAREMO PARA CONTRATAR AL PERSONAL

José Luis Baltar sólo amaga con hacerle oposición al PP en la trastienda. En los actos institucionales cierra filas como el que más con las tesis oficiales de su partido. , en el pleno de la Diputación, renunció al galleguismo que abandera entre los suyos y rechazó una moción del BNG contra la derogación, por la Xunta, del decreto del gallego. Los nacionalistas sacaron carteles con el lema "eu amo o galego" que motivaron al popular: "¡Yo también lo amo!", clamó. Presionado por la incongruencia de sus tesis, les advirtió: "Ya sé lo que quieren" (evidenciar la división interna del PP) y rechazó la propuesta.

También tuvo que lidiar con el PSOE por el documento que envió a sus alcaldes para que firmaran y forzar al presidente de la Xunta a darle mayores cuotas de poder. Los socialistas lo acorralaron. "Denos a nosotros esa carta, que se la firmamos sin ningún problema", le sugirió el portavoz del PSOE, Alfredo García, destacando la indecisión de los regidores del PP. Baltar salió del paso como pudo. "A ustedes no se la doy, que no tienen categoría", contestó.

Pero el presidente no se mueve un milímetro de su política de personal. No vacila en contravenir la tesis de austeridad que predica Feijóo. Primero rechazó una moción del PSOE para crear una comisión de investigación de la "escandalosa" creación de empleos "que usa con tintes partidistas". Después, rechazó otra del BNG encaminada a incluir en las bases de contratación unas listas baremadas "como las del Sergas o las de Educación" con el consenso de los grupos y participación de los sindicatos "para que todo el mundo conozca sus posibilidades de acceder al puesto de trabajo".

Al nacionalista Xosé Manuel Fírvida le respondió el nuevo portavoz del PP (sustituye al superdelegado, Rogelio Martínez), Plácido Álvarez. "No tiene sentido aprobar lo que ya estamos haciendo", le espetó. Baltar, que se sintió personalmente aludido -"la moción está más dirigida a mí que al grupo", dijo- fue más explícito en la negativa. Reconoció su fastidio al preguntársele por los 33 porteros del edificio Simeón que atienden tres puertas. "Son necesarios", destacó, "no es una dictadura, hay trabajadores que descansan y tienen turnos". Y dejó clara su intención de seguir igual. "No hay que investigar nada; les doy los contratos y las explicaciones que me pidan, caso por caso, y les digo por qué unos se hacen de una forma, y otros de otra", zanjó.

(www.elpais.com, 27/6/09)

21. ANDALUCÍA. EL PP, OBSESIONADO CON CARGARSE AL EX PRESIDENTE DE ANDALUCÍA

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado hoy que "por supuesto" irán "a los tribunales en los próximos días" para denunciar al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, porque, según afirmó, no le deja "otro camino", al rechazar las comisiones de investigación.

Arenas, que ha clausurado en la localidad malagueña de Torremolinos la sexta Escuela de Verano del PP andaluz, ha afirmado que la subvención de la Junta a la empresa donde trabaja la hija del vicepresidente Chaves es "la historia de un abuso". Ha criticado que la compañía "que pedía seis millones de euros le den diez" y que, mientras que otras empresas "tardan meses en recibir una contestación" de la Administración, "aquí a los cinco días se le dice que sí".

"Si no me dejan investigar en el Parlamento, no me dejan más camino que los tribunales", añadió el líder de los populares en Andalucía, quien dijo que acudirá a la vía contencioso-administrativa y a la penal, y que "las responsabilidades políticas se dirimen en el Parlamento y las jurídicas, en los tribunales".

Según Arenas, la "penúltima estación" para el cambio que él cree se producirá en Andalucía serán las elecciones municipales de 2011, en las que los retos serán "ganar y gobernar en las ocho capitales, ganar en varias provincias y que signifique gobernar en varias diputaciones, mantener el  apoyo en la costa y crecer cinco o seis puntos en los municipios del interior".

El aborto, otra vez

También ha lamentado que el PSOE "no respete a la sociedad" en temas como el del aborto, porque "no se puede frivolizar con asuntos que tienen que ver con las creencias, los valores individuales o con la vida", y ha calificado de "disparate" proponer "que una niña de 16 años pueda abortar sin que se enteren sus padres", opinión que a su juicio "comparte la inmensa mayoría de los votantes socialistas" y que "se gaste dinero público en explicar que un aborto no supone ningún trauma y que puede ser incluso bueno".

(www.elplural.com, 28/6/09)

22. ANDALUCÍA. EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA DEL OJO POR PREVARICACIÓN

Después de un largo peregrinar por distintas instancias judiciales, el caso Del Ojo, que atañe al que fuera diputado nacional del PP y ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), José Luis del Ojo, está más cerca de su fin. El fiscal ha solicitado 11 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación. Lo hace tras revocar la Audiencia de Granada el archivo de la causa que decretó el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, tras volver ésta del Tribunal Supremo, al que llegó por su entonces condición de aforado. El PSOE, que fue el que denunció los hechos y ejerce la acusación popular, pide también 10 años de inhabilitación.

Desde las elecciones municipales de 2003 y hasta octubre de 2006, cuando tuvo que renunciar a su cargo, Del Ojo fue concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde. En julio de 2005, y en su condición de alcalde en funciones, adjudicó varias obras "sin cumplir los requisitos necesarios", entre ellas, las de la Casa de la Cultura.

Tras el archivo de la causa y la reapertura posterior, después de que el fiscal recurriera, sólo se limita el caso a las adjudicaciones de la Casa de la Cultura y las obras del Ayuntamiento y varias calles. En esos procedimientos, Del Ojo adjudicó las obras "sin los requisitos necesarios y sin informes" pertinentes, con lo que eludió así las exigencias de publicidad e imparcialidad en la contratación pública, según el fiscal.

Así, "encargó verbalmente" a la empresa García Mejías las obras del Ayuntamiento, la plaza del pueblo y varias calles. Todas con la condición de "contratos menores" [inferiores a 30.020 euros] para "obviar los trámites más estrictos de su contratación por cantidad mayor".

Una de las facturas superaba esa cuantía por lo que el acusado "dio las órdenes oportunas a los técnicos municipales para que se modificara ésta y así siguiera estando dentro de la categoría de contrato menor". De 31.292 euros pasó a 26.926.

Del mismo modo, se las arregló para a través de un "procedimiento claramente arbitrario" adjudicar las obras de la Casa de la Cultura a la empresa UCOP, pese a que había otras que concurrían con mejores condiciones. Con su actuación, destaca el fiscal, "conculcó la libre concurrencia y transparencia de la contratación en la Administración pública". Del Ojo adjudicó esta obra de 4,1 millones de euros en dos fases para eludir los controles.

(www.elpais.com, 01/07/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. PRADA PIDE A LA JUEZ QUE INTERROGUE A OCHO PRESUNTOS ESPÍAS DE AGUIRRE

El ex consejero de Aguirre y miembro de la dirección nacional del PP Alfredo Prada quiere agilizar la investigación judicial del espionaje que sufrió por agentes de la Comunidad de Madrid. Para ello, ha pedido la declaración como imputados de ocho agentes de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados y que se les someta a una prueba caligráfica para cotejarla con los partes del seguimiento. Tal iniciativa de Prada, que evitó realizar antes de los pasados comicios europeos para no perjudicar a su partido, tiene un claro contexto. La investigación del espionaje por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo -ambos afines a Rajoy- avanza lentamente. Tres meses después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitase a Telefónica los posicionamientos de los móviles de seis de los funcionarios sospechosos durante los meses del seguimiento a ambos políticos del PP (marzo a mayo de 2008, en vísperas del congreso por el liderazgo del PP), la respuesta aún no se ha incorporado al sumario que instruye la juez Carmen Valcarce por un presunto delito de malversación de fondos.

Tampoco ha sido citado ninguno de los sospechosos ante dicho juzgado, el número cinco de Instrucción de Madrid, que asumió la denuncia de Cobo y las pesquisas de la fiscalía a resultas de otra denuncia de Prada. Por último, tampoco ha sido ordenada una prueba pericial para cotejar los partes de los espías con la grafía de los agentes de Aguirre sospechosos. Ni siquiera Prada, víctima destacada de este espionaje, ha sido interrogado por la juez.

Por todo ello, Prada ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita, como primera medida, que le tome declaración para ratificar y ampliar su denuncia de hace medio año ante Moix.

Prada pide que la juez interrogue como imputados a los siguientes ocho agentes de la Consejería de Interior, a las órdenes de Granados: José Manuel Pinto y José Palomo trabajadores de la Consejería que puso bajo su mando directo el ex director general de Seguridad Sergio Gamón; los ex guardias civiles fichados por Granados José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro; y tres ex policías con los que Gamón trabajó en anteriores destinos: Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.

Pinto, de baja en el servicio junto con Palomo desde hace meses a raíz del escándalo, fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este diario como el autor de varias anotaciones manuscritas que figuraban en los partes donde los espías relataban todas sus observaciones sobre los movimientos de Prada y Cobo. La lentitud del proceso es tanto más notable si se tiene en cuenta que Moix ordenó las primeras pesquisas policiales el 30 de enero a raíz de las informaciones publicadas por este diario que destaparon este escándalo.

Buena parte de los agentes cuyo interrogatorio judicial exige ahora Prada ya declararon ante la policía bajo las órdenes de Moix. Todos alegaron no recordar dónde estaban en los momentos descritos por los partes del espionaje a Cobo o a Prada, y que tampoco tenían una agenda a la que acudir para refrescar su memoria. Su tono fue calcado.

Ahora se verán en la tesitura de mantener tal versión ante la juez con el riesgo de que, si los posicionamientos teléfonicos o cualquier prueba colateral (repostajes, facturas, dietas...) la contradice, podrían verse en un serio problema jurídico en su afán por ocultar un delito del que no son presuntamente autores, ya que la malversación de fondos que persigue la juez salpica, en principio, sólo a sus jefes en la Consejería de Interior. Granados hasta ahora ha proclamado que él no ordenó tal espionaje, pero no pone la mano en el fuego por la actuación de todos sus agentes en torno a tales hechos. Cunde el desamparo entre el colectivo de espías.

(www.elpais.com, 02/07/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. NOMBRES PROPIOS DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID

- Noviembre de 2003-junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En su mandato la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana. En la consejería ya estaban José Manuel Pinto y José Palomo.

- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume las competencias de Interior. Prada se queda sólo con Justicia. Gamón ficha a los policías Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. [Los tres, junto a Pinto y Palomo, están en la lista que Prada ha remitido al juez para que les tome declaración].

- Septiembre de 2007. Granados ficha como asesores de seguridad a los guardias civiles de Valdemoro (de donde fue alcalde) José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. [Prada también pide que se impute a los tres].

- Abril y mayo de 2008. Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, son objeto de seguimientos que quedan plasmados en partes.

- Junio de 2008. Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad. Peña asegura en enero de 2009 que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción, que afectan a municipios gobernados por alcaldes socialistas, y sobre diversos escándalos.

- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Aguirre le destituye como consejero de Justicia. En septiembre, Rajoy le da un cargo en la dirección del PP.

- Junio de 2008. Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales.

- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.

- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).

(www.elpais.com, 02/07/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY: "ALGUIEN TE PUEDE TIRAR UNA PIEDRA, PERO SI TE APARTAS HÁBILMENTE..."

Mariano Rajoy sigue sin hablar del caso Correa y el futuro del tesorero del PP, Luis Bárcenas. , en Cuenca recurrió a una metáfora que resume su filosofía y actuación política: "Sólo nos debe preocupar seguir haciendo lo que hemos hecho este año. Tenemos un objetivo, un horizonte, hemos fijado un camino. Te puedes encontrar una curva, puedes descarrilar, pero vuelves a meterte en el camino. Alguien te puede tirar una piedra, pero si te apartas hábilmente... Si seguimos en esta línea, vamos a celebrar muchas cosas en los próximos años, aquí y en toda España".

Manuel Fraga, presidente fundador del PP, fue más práctico: "El señor Rajoy quiere agotar la presunción de inocencia [de Bárcenas]. En cuanto haya otro síntoma, actuará".

Y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, abogó en TVE por "intentar ser justos con un compañero" aún a sabiendas del "coste político" que puede conllevar. Después de lamentar que Bárcenas todavía no ha tenido ocasión de explicarse ante un tribunal, sentenció: "El partido debe hacer lo que está haciendo con el señor Bárcenas".

(www.elpais.com, 02/07/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO

El PP de Madrid se topó inesperadamente con la petición al juez del ex consejero Alfredo Prada, hecha pública por el Grupo Socialista en la Asamblea, que ejerce la acusación popular en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid. Por eso, la presidenta, Esperanza Aguirre, paró a Prada en los pasillos del hemiciclo y se lo llevó a su despacho durante una media hora.

A la salida, el ex consejero, que sigue como diputado regional, no quiso precisar de qué habían hablado: "Mis conversaciones en privado con la presidenta, lógicamente se quedan en privado". Pero sí arremetió contra los socialistas por la "instrumentalización política" del caso, que él considera que "no entra en la órbita de la política, sino de lo personal". Y negó que haya presentado la carta ahora para mantener vivo el proceso. "Nada me daría más satisfacción que el espionaje no tuviera que ver con la Comunidad de Madrid", zanjó.

(www.elpais.com, 02/07/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. UNA EX DIRECTIVA DE CORREA REITERA EL PAGO A CARGOS DEL PP

La investigación judicial del caso Gürtel avanza en Madrid. El caso se ha convertido en una hidra de tres cabezas y la ramificación que salpica a diputados y alcaldes de la región parece cada vez más clara. Felisa Isabel Jordán, ex administradora de tres de las empresas de Francisco Correa -el cerebro de la trama- y una de las principales implicadas en el caso, testificó ante el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Tras cuatro horas de interrogatorio, el magistrado le imputó los delitos de participación en una trama, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad por su participación en la trama.

Jordán ratificó la declaración que realizó el 11 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Entonces, la imputada reconoció que la trama que dirigía Correa pagó a políticos del PP. Durante aquella comparecencia, señaló al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. "Estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaba dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo", dijo entonces. También apuntó a la supuesta implicación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. La declaración de Jordán sirvió para que Garzón concluyera que "la trama de Correa utilizaba el conglomerado de empresas para ocultar facturas de productos entregados de forma gratuita al presidente de la Comunidad Valenciana". Esos productos eran trajes. En una conversación, la administradora de Easy Concept, una de las principales firmas de la trama, asegura: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". Tras su declaración ante Garzón, Jordán negó estas declaraciones.

Jordán también apuntó entonces a políticos del PP de Madrid, entre los que se encuentran el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo. "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia [de la Comunidad de Madrid] ya nos llamaban y nos preguntaban si nos íbamos a presentar...", dijo ante Garzón. El nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama. La referencia PCSABOSCH aparece en uno de esos apuntes junto a una cantidad de dinero. Jordán reveló que esa clave se refiere a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego, y Alfonso Bosch, diputado de Madrid. Jordán también reconoció ante Garzón que gastó 3.000 euros en Milano para regalar varios trajes al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. También reveló la relación de Correa con el ex alcalde de Arganda Ginés López y con el diputado de Madrid Benjamín Martín Vasco.

(www.elpais.com, 01/07/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. LA REBAJA FISCAL DEL PP SÓLO AHORRA CUATRO EUROS AL AÑO A CADA MADRILEÑO

La ley anticrisis de Esperanza Aguirre salió adelante en la Asamblea de Madrid, una vez más, exclusivamente con los votos del PP: 65 síes, frente a los 50 votos en contra de la oposición (PSOE e IU). Pero el debate parlamentario puso en entredicho que las medidas fiscales del Gobierno regional vayan a cumplir el objetivo que se había impuesto el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta: ayudar "a las familias y las pequeñas empresas" al "bajar los impuestos, ser austeros en el gasto y contraer la deuda".

La ley establece deducciones en el tramo autonómico del IRPF para la compra de nueva vivienda y bonificaciones en el impuesto de actos jurídicos documentados, cuando se trata de modificar créditos. Como subrayó el diputado socialista Adolfo Piñedo, este "paquete" fiscal sólo ahorra 24 millones de euros a los madrileños, dinero que dejan de ingresar las arcas regionales. "Son cuatro eurazos por persona", ironizó Piñedo. "Es exactamente el 0,01% de los ingresos tributarios en 2009".

O lo que es lo mismo, una "tomadura de pelo", como dijo el diputado de IU, Miguel Reneses. "¿Con 24 millones de euros van a paliar la crisis de la comunidad de Madrid, que afecta a medio millón de parados y a más de 100.000 personas que no tienen ningún ingreso?", preguntó a la bancada popular.

En las primeras filas, la presidenta Esperanza Aguirre repitió varias veces a los diputados de la oposición el gesto de cortar con unas tijeras uniendo los dos dedos. A su lado, entre las risas de Beteta, Francisco Granados y la propia presidenta, el vicepresidente, Ignacio González, se sacó el fondo de los bolsillos para ilustrar la falta de dinero.

Porque el que era un pleno para debatir exclusivamente lo que en el papel se denomina proyecto de ley de medidas fiscales contra la crisis económica pronto mudó en otro sobre el anuncio de la presidenta regional de bajar un 2% el sueldo de los altos cargos, pese a que esta medida no está en el texto legal.

En realidad, las retribuciones de los puestos de confianza sólo bajarán el 0,4%, porque Aguirre ya se encargó de subirlas el 1,63% entre abril de 2008 y abril de 2009: un director general cobraba 90.184 euros el año pasado, según las cifras presupuestarias, mientras que ahora cobra 91.658 euros. Desde la legislatura anterior, 2006, su sueldo ha subido el 10,48%.

"Es pura propaganda", criticó la medida Piñedo, que aseguró que el ahorro prometido apenas supone rebajar 15 céntimos de euro por cada 20.000 euros del presupuesto. "Si recortara a la mitad el gasto en propaganda, el ahorro sería 140 veces más que la rebaja de los altos cargos", espetó. Además, como señaló Miguel Reneses, la medida no contempla ampliar las incompatibilidades para impedir que un viceconsejero cobre también por ser diputado o un director general por estar en una empresa pública. "Si quiere hablamos de austeridad, pero con todo", advirtió el diputado.

(www.elpais.com, 02/07/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN: 'NO QUIERO TROPEZAR DOS VECES EN LA MISMA PIEDRA'

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que no tiene intención de volver a pedir a su partido ir en las listas al Congreso, porque no quiere ser, ha dicho, "ese hombre que tropieza dos veces en la misma piedra".

En rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, el alcalde ha garantizado que en estos momentos "no hay más candidatura" en su cabeza que la que anunció hace unos días para repetir como cabeza de lista del PP en la capital en las municipales de mayo de 2011. Para esa cita electoral ha anunciado que su equipo ya ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos que, sin embargo, no ha querido adelantar porque sería "precipitado" a más de año y medio de los comicios. Sí ha afirmado que ese nuevo programa electoral "será sugestivo para los madrileños" y tendrá como objetivo "consolidar el enorme esfuerzo" e inversiones realizados estos últimos años.

En todo caso, ha manifestado que "lo primero es conseguir los Juegos Olímpicos y luego habrá tiempo para pensar en otras cosas". En la rueda de prensa, Ruiz-Gallardón ha sido preguntado por la situación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, tras su imputación en el caso Gürtel, pero se ha limitado a decir que, en su condición de miembro de la dirección del PP, se remite y hace suyas "absolutamente" las consideraciones hechas por el partido.

(www.lavanguardia.es, 03/07/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. LA MADEJA DEL CASO GUATEQUE SE VUELVE A ENMARAÑAR

Un año y siete meses después de que fueran detenidos por presunta corrupción 16 funcionarios municipales de Madrid, casi todos con edad de haber bailado en algún guateque por eso la Guardia Civil bautizó así la operación, la madeja de esta presunta trama de sobornos a cambio de licencias empieza a parecerse a la piedra de aquel personaje de la mitología griega llamado Sísifo: cada vez que el juez instructor, Santiago Torres, la ha empujado trabajosamente hasta lo que parecía la cima, la madeja ha vuelto a caer para regresar engordada por nuevos hilos e imputados, que, según fuentes cercanas al caso, ya suman 102.

Un arrepentido que se cansó de pagar, grabaciones policiales, agendas incautadas con anotaciones detalladas de cobros, un alto cargo de Aguirre ex gerente de Urbanismo presuntamente implicado, 187 expedientes urbanísticos bajo sospecha e incluso una pareja la formada por el ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, y su esposa unida por el matrimonio y los tribunales. De todos esos ingredientes consta la receta del caso, eclipsado por el fogonazo de la operación Gürtel y donde ahora se cocina algo más.

Porque, ahora, el magistrado Torres ha pedido que se le informe oficialmente de la identidad de cuatro concejales que dirigían otros tantos distritos en el primer mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Los cuatro han aparecido en un momento u otro del sumario señalados como las personas que supuestamente mediaron para acelerar la concesión de determinadas licencias. Y los cuatro siguen hoy al frente de distritos municipales: Luis Asúa, Luis Miguel Boto, Elena Sánchez y Dolores Navarro. Según fuentes del caso, al reclamar la identificación de los ediles, el juez está preparando el terreno para llamarlos a declarar. Si como testigos o como imputados, es todavía una incógnita.

Por citar un ejemplo, Asúa permitió que siguiera abierta una discoteca con 234 denuncias de la Policía Local. La sala era propiedad del hijo del ahora ex jefe de Evaluación Ambiental Joaquín Fernández de Castro, imputado en el caso Guateque.

Tras una comisión de investigación anunciada a bombo y platillo y que Gallardón logró disolver antes incluso de que comenzara a investigar, el alcalde de Madrid ha logrado hasta ahora driblar al PSOE, cuyo portavoz municipal, David Lucas, no cesa de repetir que el gobierno municipal tiene una responsabilidad política ineludible.

Al aflorar la trama, el alcalde se limitó a destituir a los funcionarios de alto y medio rango implicados y a aplicar una suspensión de seis meses de empleo a los restantes.

Pero negó y sigue negando que su equipo conociera o tolerase la existencia de una red integrada por un mínimo de 27 funcionarios los que están imputados y cuyos miembros cobraban hasta 20.000 euros por cerrar los ojos ante los proyectos que incumplían la norma municipal o por pisar el acelerador de la burocracia. Diez imputados funcionarios y empresarios conseguidores permanecieron en prisión hasta el 24 de enero de 2008, fecha en que salieron en libertad bajo fianza.

En ese segundo supuesto, la tramitación se reducía desde los dos años de media ordinaria hasta incluso cinco días. El PSOE sostiene que el número de licencias paralizadas por el colapso ha pasado de 13.000 a 21.000.

Pero, hasta ahora, Gallardón no sólo no ha sufrido ningún arañazo por las aristas del caso Guateque sino que ha utilizado el escándalo como palanca para aprobar, hace 15 días, una nueva ordenanza de licencias que, en la práctica, privatiza su tramitación.

La nueva norma introduce la figura de "entidades colaboradoras" privadas con el objetivo proclamado de agilizar la tramitación y favorecer la rápida apertura de negocios. El Colegio de Arquitectos de Madrid ya ha anunciado un recurso sustentado en que la ordenanza no se ajusta a lo preceptuado en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. "La ordenanza de licencias institucionalizará el Guateque", opina en la misma línea el socialista Lucas.

Lejos de replegarse tras la orden de identificación de ediles cursada por el juez Torres el pasado jueves 18, Gallardón se lanzó a disparar... contra la oposición. El caso Guateque, dijo al día siguiente, es "un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid". Y el PP agregó lo va a "extirpar". El regidor ha explotado desde el inicio un dato: que Victoriano Ceballos, ex jefe de Impacto Ambiental y supuesto jefe de la trama, aunque él sostiene que seguía órdenes políticas, ganó la plaza de funcionario en 1984 durante la etapa del PSOE, uno de cuyos concejales era su cuñado. El PP gobierna en Madrid desde que, hace 19 años, ganó las elecciones municipales de 1991.

Cuando el viceconsejero de Transportes de Madrid y ex gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, fue imputado en enero de 2008, miembros del PP afines a Gallardón recordaron que el implicado pertenece al bando de Esperanza Aguirre. En julio de ese mismo año, con la imputación del concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, en una rama desgajada del sumario Guateque el llamado caso Becara, llamado así por la tienda del mismo nombre, la explicación se repitió.

(www.publico.es, 27/6/09)

31. COMUNIDAD DE MADRID. DOS AGUIRRISTAS SE FUERON A TOMAR CAFÉ MIENTRAS SUS COMPAÑEROS VOTABAN NO AL DICTADOR

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado hoy por unanimidad de sus tres grupos políticos, PP, PSOE e IU, y a petición de este último, retirar todos los honores que durante la Dictadura concedió a Franco y a su familia, como Alcalde Honorario de la capital, Hijo Adoptivo y medallas de Oro y Honor. El grupo municipal del PP se sumó a la propuesta pero no al completo, y es que Fernando Martínez Vidal y el edil del distrito de Salamanca Iñigo Herníquez de Luna se ausentaron justo cuando el pleno abordó esa cuestión. Los dos ediles son del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya que Martínez trabajó directamente para ella en un puesto de confianza como el de jefe de gabinete, mientras que Henríquez promovió el manifiesto a favor de las primarias en el PP cuando la lideresa pretendía desbancar a Mariano Rajoy.

El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido con la Ley de Memoria Histórica, lo que han celebrado desde el grupo promotor de la resolución que retira los honores municipales a Franco, IU. La concejala Milagros Hernández, ha asegurado que "la capital de España queda limpia hoy de apoyos a dictadores".

Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho que todos los honores a Franco estaban ya "borrados" para el PP y que su partido "no sólo está en contra de la dictadura franquista, sino de todas las dictaduras", reclamando a PSOE e IU que dejen de exigir a su partido "reválidas democráticas". Sin embargo, dos miembros de su grupo municipal han evitado aprobar la retirada de los honores al dictador, concretamente Fernando Martínez Vidal y el edil del distrito de Salamanca Iñigo Herníquez de Luna, según informa El Mundo en su edición digital.

El diario explica que durante más de los 20 minutos que duró el debate ninguno de los dos concejales entró al salón de plenos ni durante la votación. "He salido al baño y me he encontrado con Fernando y nos hemos ido a tomar un café", aseguraba Henriquez de Luna, mientras que Martínez Vidal se justificaba diciendo que había asuntos en Madrid que tenían "mucha más importancia". Ambos han negado haberse ausentado por una cuestión de conciencia y Martínez Vidal insinuaba que desconocía lo que se estaba debatiendo.

Los dos ediles que se han resistido a apoyar la retira de los honores al dictador son del entorno de Esperanza Aguirre. Martinez Vidal, concejal de Moratalaz, es ex jefe de gabinete de la presidenta de la CAM, y ya se ausentó de la votación del pleno municipal que aprobó dedicar una calle al ex presidente de Prisa, Jesús de Polanco. Por su parte, Henríquez de Luna fue el encargado de promover las primarias en el PP durante los prolegómenos del Congreso de Valencia, una iniciativa ampliamente aplaudida, difundida y apoyada por los medios que defendían la opción de Aguirre a la cabeza del PP frente a la de Mariano Rajoy.

(www.elplural.com, 27/6/09)

32. COMUNDIAD VALENCIANA. EL CONSELL ADMITE QUE NO TENDRÁ DINERO HASTA OCTUBRE PARA SUS PLANES ANTICRISIS

La caja de la Generalitat, generosa con los grandes proyectos, tiene muy mermada la capacidad de respuesta ante la situación económica. Tan es así que los planes anticrisis del Consell no empezarán a tener financiación al menos hasta octubre. Así lo admite el Ejecutivo en los informes que acompañaron al decreto-ley por el que se dotaron con 1.715,8 millones tres planes especiales para hacer frente al parón económico y se aprobaron los créditos extraordinarios para atender a su financiación, según denunció la portavoz de Economía del PSPV en las Corts, Cristina Moreno.

Para colmo, el Consell de Camps reconoce que, de los 1.020 millones prometidos en el Plan Local de Inversión que lanzó frente al de Zapatero, para 2009 sólo hay 318 millones, menos de la tercera parte. En contraste, el Plan de inversión local del Gobierno central ha transferido ya a los ayuntamientos 500 de los 864 millones de la Comunitat.

Criticado por la supuesta parálisis ante el bache económico, el Consell lanzó tres planes anticrisis, uno de inversiones locales, con los citados 1.020 millones; otro, de impulso a los los sectores productivos, 335 millones; y un tercero de apoyo al empleo, 360,8 millones. En total, 1.715,8 millones. Al margen, articuló, a través del IVF, líneas de avales a las empresas por 705 millones. Todo ello suma los 2.420 millones del "Plan Confianza". Ante los reproches por la ausencia de financiación de sus planes, el Ejecutivo aprobó el 20 de febrero un decreto-ley por el que se aprobaron los créditos para nutrir las actuaciones. El 4 de marzo, las Corts convalidaron esta ley especial cuyo uso se justificó por la "urgencia" en la adopción de medidas ante el "rápido debilitamiento general de las condiciones económicas".

Entre febrero y marzo, Camps protagonizó al menos cuatro macroactos para difundir su "Plan Confianza", uno, centrado en el turismo, en Benidorm; otro, con el mundo agrario, en Carlet; en Feria Valencia, con los empresarios; y en Sociópolis, con alcaldes y promotores. Los actos, implicado ya en el caso Gürtel, se transformaron en homenajes.

El PSPV pidió copia de los informes que avalaron la norma. Para su sorpresa, el director general de Presupuestos, Ignacio Ventura, deja claro en su documento del 17 de febrero, subrayó Moreno, que hasta el último trimestre no empezarán a obtener la financiación de estas actuaciones. Según explica, el decreto fija "tres orígenes" de los fondos, estableciendo una "prelación".

El primero es el recurso a las "economías de gasto", es decir, los ahorros hipotéticos en el presupuesto "En este sentido —advierte Ventura—conviene apuntar que será en el último trimestre del ejercicio cuando fundamentalmente puedan concretarse los créditos susceptibles de dar soporte a la financiación que nos ocupa". Esto es, que a partir del 1 de octubre será cuando comience a verse si de ahí se rascan fondos. La segunda fuente son los mayores ingresos que puedan darse. Al respecto, indica que será "determinante" ver la evolución de la recaudación por impuestos, así como la "materialización" de la revisión del sistema de financiación, "este momento en fase avanzada". Los impuestos han caído por la crisis y, sobre el nuevo sistema, el conseller de Economía, Gerardo Camps, declaró el martes que ve complicado que pueda aplicarse para 2009.

El titular de Presupuestos revela que el decreto prevé "subsidiariamente" el recurso a la deuda pero "siempre que", insiste, la cobertura de la financiación a través de las dos primeras fuentes resulte insuficiente. Algo que sólo se podrá verificar a final de año. En otro informe, el subsecretario José Miguel Escrig concreta la periodificación de la inversión en los municipios.

El documento desvela que, para 2009, sólo se aprobarán proyectos por 318,5 millones. En 2010 se realizará el 80% restante de las obras, aunque la justificación puede demorarse hasta 2011, con lo que en 2010 sólo se estima un gasto del 70%, 599,3 millones; y en 2011, 101,9 millones.

(www.levante-emv.com, 02/07/09)

33. COMUNDIAD VALENCIANA. EL CONSELL DE ZAPLANA DIO CONTRATOS POR 51 MILLONES A LA FIRMA DEL CASO BÁRCENAS

Constructora Hispánica, una de las empresas investigadas en el procedimiento judicial abierto contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, recibió 51 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana entre 1999 y 2002. Por esos años la constructora realizó presuntamente pagos por valor de 1,6 millones de euros a empresas de la red que lideraba Francisco Correa. Ese dinero se utilizaba después, según la investigación de la rama madrileña de la trama Gürtel, para el pago de dádivas. Constructora Hispánica recibió el grueso de las adjudicaciones del Gobierno valenciano en los últimos años de Eduardo Zaplana como jefe del Consell.

Desde 2002, fecha en la que el ex presidente se marchó a Madrid como ministro de José María Aznar, el Consell sólo ha firmado con Constructora Hispánica dos contratos, ambos de la Conselleria de Infraestructuras por valor de 3,4 millones.

Entre los supuestos receptores del dinero que salió de Constructora Hispánica en dirección a las firmas de Correa estaría el senador Bárcenas, imputado ahora por el Tribunal Supremo. El guardián del dinero del PP habría recibido diferentes cantidades en efectivo del grupo del encarcelado Correa, que según el alto tribunal era "un entramado de sociedades que obtenían ilícitamente contrataciones de administraciones públicas a través de pagos a funcionarios".

El mayor de los contratos recibidos en la Comunitat Valenciana por Constructora Hispánica en estos años fue el de la construcción del Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña, y que fue adjudicado en septiembre de 2002 por 25,9 millones. Durante su construcción el edificio sufrió el derrumbe de parte de su estructura. El accidente, ocurrido en julio de 2005, causó dos heridos y obligó a rediseñar el edificio.

Ese mismo año la empresa se hizo con el contrato para construir el centro de salud de Natzaret por 4,1 millones y meses antes logró el de la rehabilitación del antiguo hospital Peset para centro de media estancia y atención a enfermos crónicos y larga estancia por 14,9 millones.

El presidente de Constructora Hispánica es Alfonso García-Pozuelo Asins quien está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red de Correa. Según el informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, la empresa justificaba los pagos de esas cantidades al entramado Gürtel a través de facturas falsas que a su vez realizaban otras firmas sin personal ni estructura o ilocalizables. Constructora Hispánica también optó en marzo de este año a la construcción del edificio que acogerá la futura sede de los grupos políticos en las Corts. La firma también era una habitual en las contrataciones del Ministerio de Fomento en la época en que Álvarez Cascos dirigía ese departamento del Gobierno de Aznar, al que Zaplana se incorporó en julio de 2002 como ministro de Trabajo. Los numerosos contratos recibidos por esta firma causaron malestar en el resto de empresas e incluso la Sindicatura de Comptes halló anomalías en algunas contrataciones.

(www.levante-emv.com, 30/06/09)

34. COMUNDIAD VALENCIANA. ÁLVARO PÉREZ COLABORÓ EN EL INICIO DE CURSO DEL PP EN 2006

La jurisdicción de Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, y contratista de cabecera del PP y del Consell se extendía desde Vinaròs a Guardamar y, por el lado de poniente, alcanzaba hasta el Rincón de Ademuz. El empresario imputado en el caso Gürtel viajó también a Casas Altas para vigilar sobre el terreno la puesta a punto de todos los detalles de la multitudinario almuerzo que abría el curso político popular de 2006/2007 y la precampaña el sábado 2 de septiembre.

El jefe de la franquicia valenciana de la trama de Francisco Correa se encargó de la intendencia del acto, igual que hizo un año antes, también en el inicio de curso, en ese caso una cena que se organizó en la Cartuja de El Puig. Por esa conmemoración, Orange Market facturó al PP 105.378,75 euros.

A Casas Altas, municipio de unos 180 habitantes, se desplazó, como es tradicional en este clásico evento popular, toda la plana mayor del partido y prácticamente el Consell en pleno. Un falló en el GPS provocó que el presidente provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se perdiera y tardara más de lo previsto. Aquella comida se celebró en pleno debate sobre la moción de censura que el PSPV de Ignasi Pla iba a presentar en las Corts dos semanas después. Los casos de presunta corrupción que entonces afectaban a varios alcaldes populares y a Carlos Fabra eran uno de los detonantes esgrimidos por los socialistas para justificar la iniciativa. En su discurso, Camps defendió la "honestidad y la honradez" de los cargos y la militancia del PP. Álvaro Pérez aplaudió tanto esas palabras como Carlos Fabra.

La ventanilla valenciana de la presunta red de corrupción contrató con el PP y el Consell más del 73% del total de su facturación entre 2003 y 2007, la primera legislatura de Francisco Camps.

(www.levante-emv.com, 02/07/09)

35. COMUNDIAD VALENCIANA. LA GENERALITAT SACA A CONCURSO 18 FERIAS POR 600.000 EUROS, LAS CINCO DE ORANGE MARKET COSTABAN CASI UN MILLÓN

La Agencia Valenciana de Turismo ha sacado a licitación el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Comunitat Valenciana en nueve ferias nacionales e internacionales durante los próximos ejercicios de 2010 y 2011 - o sea, un total de 18 ferias-, por un importe global de 610.160 euros. La convocatoria ha puesto en evidencia el coste de los cinco eventos que durante cinco años consecutivos se adjudicaron a Orange Market, la filial valenciana de la supuesta red corrupta del caso Gürtel, por un coste de 915.820 euros.

Un portavoz de Turismo justificó al diario Levante que las ferias "no son comparables", ya que, según aseguró, se trata de montajes de unos 120-140 metros cuadrados frente a instalaciones más amplias, en el caso de las contratadas con Orange Market, y que en el caso de la más importante, Fitur, ocupaba hasta 6.000 metros cuadrados y casi un pabellón completo en Ifema de Madrid.

La convocatoria hecha pública por la Generalitat asciende a 526.000 euros, más 84.160 euros en concepto de IVA, que se repartirán entre 2010 (324.800 euros) y 2011 (285.360 euros), según el expediente firmado por el subsecretario de la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz. Los montajes corresponden a las ferias Turismur, que se celebra en Torrepacheco (Murcia); Madrid Golf; Tural, que se desarrolla en Alicante, y Agrotur, que tiene lugar en Cornellà del Llobregat (Barcelona), además de otras que se realizarán en el exterior, hasta sumar nueve eventos por cada año.

La adjudicación a Orange Market incluía las ferias Fitur (Madrid), TCV (Valencia), Expovacaciones (Bilbao), SITC (Barcelona) e Intur (Valladolid). La adjudicación por año ascendía a 915.820 euros. Tras la celebración de Fitur, estalló el caso Gürtel, lo que impidió que Orange Market cumpliera con la totalidad del contrato. El imputado Álvaro Pérez (Bigotes), director de la empresa, reclama a la Generalitat el pago de 500.000 euros por el trabajo realizado. La Agencia de Turismo aún está en negociaciones.

(www.elplural.com, 27/6/09)

36. COMUNDIAD VALENCIANA. LLEGAN LOS RESGUARDOS DE 19 TRAJES A ORANGE MARKET A NOMBRE DE ÁLVARO PÉREZ

Diecinueve resguardos de envíos de prendas remitidas por Milano a Orange Market acaban de llegar a Valencia, como parte de la prueba pedida por el instructor del caso Gürtel. El juez José Flors investiga la comisión de un posible delito de cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la supuesta aceptación de unos trajes como regalo por parte de aquélla empresa, adjudicataria de contratos públicos. En la causa también están imputados el portavoz del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Se trata de las confirmaciones de los pedidos de la sastrería externa y los justificantes de los envíos de la mensajería o empresa que transportaba a domicilio las prendas. Lo que ha llegado son los resguardos de 19 pedidos, todos a nombre de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, tanto a su domicilio particular en Valencia como a la sede de su empresa, que lo recepcionaba con un cuño de Orange Market.

Los resguardos decían que se enviaban de Milano y señalaban el número de bultos, el peso y que iba a portes pagados. Quedan por llegar los correspondientes a los cuatro imputados. Los 19 justificantes de envíos corresponden al periodo investigado entre los años 2006 y 2008. Además, siguen pendientes las transferencias bancarias con que se habrían pagado los trajes.

(www.levante-emv.com, 30/06/09)

37. COMUNDIAD VALENCIANA. EDUCACIÓN REABRE EL FRENTE DE CIUDADANÍA Y TRASLADA A QUIENES NO LA DEN EN INGLÉS

La Consejería de Educación ha vuelto a reabrir el frente de Educación para la Ciudadanía y ha hecho efectiva su amenaza verbal de trasladar al profesorado que se niegue a dar esta materia de nuevo cuño en inglés. La inspección educativa remitió el viernes un fax al instituto público Ballester Gozalvo conminando a la dirección a "dar el nombre" del titular de Filosofía -con destino definitivo en el centro- que no acepta impartir Ciudadanía en inglés, con el fin de trasladarlo para que su plaza sea ocupada por otro "itinerante".

Ante esta situación, el claustro de profesores denunció este acto de "coacción" y "chantaje" hacia un profesor, que ya ha sido llamado el próximo día 8 a los actos de adjudicación para asignarle otra plaza.

La ofensiva del Consell se produce en vísperas de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano emita su fallo definitivo sobre la demanda interpuesta por CC OO y el Gobierno. Razón por la que todos los directores entrevistados coinciden en calificar de "provocación" las instrucciones dadas a los inspectores para que vayan centro a centro y "secuestren" las horas de Ciudadanía asignadas a los Departamentos de Filosofía y de Geografía e Historia, hasta que lleguen los 120 profesores itinerantes de inglés que se necesitan para aplicar esta "ocurrencia" disfrazada de "plurilingüismo" que rechazan el profesorado, los directores y los padres porque los alumnos de 2º curso de ESO no tienen el nivel para poder seguir en inglés una clase de Derechos Humanos."Con esta actitud, la consejería está tensando aún más la cuerda de las relaciones con la comunidad educativa que han dado lugar a las manifestaciones más masivas contra un Gobierno valenciano del PP y a una jornada de huelga general histórica", reprochó Marc Candela, del STEPV, al presidente de la Generalitat, que ha protagonizado la primera huelga general del sistema educativo público.

CCOO calificó el traslado del profesor de Filosofía de "persecución política". "Desplazar de su plaza a un profesor por no acatar unas órdenes de la inspección (dadas en el límite o fuera de la legalidad) se puede considerar prevaricación", afirmó el sindicato a través de un comunicado. "Más bien, esta actitud, parece fruto de una persecución política contra el profesorado de un centro que se ha significado desde el principio por su oposición a los desvaríos de la Consejería de Educación en todo lo relacionado con la asignatura de Educación para la Ciudadanía".

Directores de diferentes centros consultados confirman que la inspección educativa -a través de unas instrucciones meramente "verbales"- está "secuestrando" las horas de clase de Ciudadanía que corresponden a los Departamentos de Filosofía y Geografía e Historia para cubrirlas con profesores itinerantes que sepan inglés. A pesar de que tampoco está claro qué tipo de titulación o de nivel se exigirá a los futuros contratados..

La consejería justifica esta manera de someter al sistema educativo al dictado de una orden -que está recurrida, precisamente, por pretender introducir el inglés a través de esta materia de carácter abstracto- para poder "contar los itinerantes que se necesitan". Y rechaza que el traslado del profesor con plaza definitiva se deba a una cuestión política, sino como parte de una reestructuración "porque el centro tiene menos alumnos y sobra un profesor".

(www.elpais.com, 02/07/09)

38. COMUNDIAD VALENCIANA. AL IVEX LE FALTAN LAS FACTURAS DE LOS CONCIERTOS DE ORLANDO Y MÉXICO

Los pagos están hechos, pero no aparecen las facturas. La sospecha de irregularidades es mayúscula. Lo dijo el perito encargado por el juzgado de Instrucción para examinar la documentación contable sobre los conciertos que el cantante Julio Iglesias realizó en el extranjero promocionando para la Generalitat la imagen de la Comunidad Valenciana. El perito confirmó que faltan facturas que justifiquen determinados pagos en relación con el concierto de Orlando y que del evento de México, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) no tiene factura alguna. Ese ha sido el resultado de la última diligencia que estaba pendiente de resultado sobre el caso en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.

En el primer informe, quedó claro que el Ivex contabilizó de forma deficiente algunos pagos de conciertos de Julio Iglesias. Y se solicitó una ampliación, requiriendo documentación al propio Ivex. El perito explicó que en el Ivex consta un gasto del concierto de Julio Iglesias en México algo superior a 300.000 dólares sin que esté suficientemente justificado, pero resulta que no hay facturas en el archivo. Y en el caso del concierto de Orlando pasa exactamente lo mismo.

El fiscal solicitará la próxima semana a la sección quinta de la Audiencia de Valencia toda la documentación sobre la búsqueda decretada contra José María Tabares, ex director del Ivex, condenado por ese tribunal a cinco años de prisión por un delito de estafa, también desde su responsabilidad en el Ivex, que no ha cumplido porque se dio a la fuga. Es Tabares el principal imputado. Tras su primera declaración, los demás responsables han ido destruyendo su versión y ahora no se puede contrastar porque está fuera del alcance de la justicia española. Los datos de que se dispone le sitúan como hombre de negocios en Japón, país sin convenio de extradición con España.

El juzgado investiga supuestos pagos dobles de los conciertos del cantante. El Ivex, que es perjudicado en esta causa y sin embargo no está personado como acusación particular, contrató en 1997 a Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana con la celebración de exclusivos conciertos. La Generalitat no presentó en Cortes toda la documentación, y la investigación se inició por un supuesto contrato B que se ocultó a los diputados y que supondría un desembolso de 5,5 millones de euros.

(www.elpais.com, 27/6/09)

39. COMUNDIAD VALENCIANA. EL FISCAL INDAGA SI EL PP LLEVÓ A INMIGRANTES A UN MITIN ENGAÑADOS

La Fiscalía de Castellón investiga al PP valenciano por dos posibles delitos contra los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros y un tercero de carácter electoral. El ministerio fiscal ha incoado diligencias tras la denuncia presentada por los socialistas valencianos, quienes solicitaron que se investigue la reclamación de un grupo de inmigrantes de Castellón, que acudió al mitin ofrecido por Mariano Rajoy en Valencia el pasado 2 de junio, en plena campaña de elecciones europeas, previa promesa de un contrato laboral en Albacete.

Ese día, según un portavoz del Centro de Inmigrantes Latinoamericanos de Castellón, alrededor de 100 personas fueron convocadas por un intermediario laboral de Burriana -Pablo Larrocha- para que acudieran a un acto en el parque Ribalta de Castellón, donde se les invitó a subirse a varios autobuses para desplazarse al mitin en Valencia del PP. Unas semanas antes, este mismo intermediario, siempre según la versión del centro de Castellón, había ofrecido a 39 de estos inmigrantes un contrato temporal. Tras el mitin, las ofertas de trabajo se fueron al traste.

El PP ha negado haber utilizado a nadie para llevar gente a sus mítines y mucho menos haber prometido puestos de trabajo a cambio de acudir a sus actos. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, mostró su respeto al proceso judicial abierto, pero calificó de "chiste" que se diga que su formación "necesita a 30 personas para llenar" la plaza de toros de Valencia. La socialista Clara Tirado señala al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y al consejero Rafael Blasco como posibles "responsables directos de esta acción".

Jacobo Pin es hijo de Emilio Pin, abogado, cabeza de lista al Congreso por AP en 1977 y actual representante legal del PP en la junta electoral provincial, un cargo remunerado que depende del partido. En declaraciones a EL PAÍS, Jacobo Pin no quiso hacer ninguna valoración sobre su nuevo puesto y la vinculación de su padre al PP. "Mi padre es mi padre y yo soy yo", indicó.

(www.elpais.com, 27/6/09)

40. COMUNDIAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN DEL 'CASO FABRA' VIGILARÁ LA ACTUACIÓN DEL NUEVO JUEZ DE NULES

Ni la acusación popular ni la fiscalía anticorrupción han previsto, de momento, adoptar medida alguna respecto al próximo nombramiento de Jacobo Pin como titular del juzgado número 1 de Nules y, por lo tanto, próximo instructor del llamado caso Fabra. Jacobo Pin es hijo de Emilio Pin, abogado y representante legal del PP en la junta electoral durante los últimos procesos electorales, cargo remunerado y dependiente del partido. El juzgado número 1 de Nules instruye las diligencias por las que se investiga al presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Tanto la acusación popular, que representa la Unión de Consumidores de España (UCE), como la fiscalía anticorrupción, tienen la posibilidad de recusar al juez, si consideraran que puede existir una "amistad íntima" del magistrado con alguno de los acusados, ya que ésta es una de las causas de recusación que recoge la ley. Sin embargo, de momento, no adoptarán ninguna medida aunque, tal como indicaron fuentes de la UCE, se mantendrán "vigilantes" a las actuaciones del juez y no descartan la posibilidad de adoptar esta medida "si se generara una actuación llamativa". Aún así indicaron que la vinculación de su padre con el PP provincial no es un hecho de suficiente calado como para plantear una recusación. Fuentes de la fiscalía, por su parte, se remitieron al hecho de que Pin aún no ha tomado posesión de su cargo (lo hará el próximo 8 de julio) y, por lo tanto, ni siquiera han barajado la posibilidad de presentar una recusación.

La Ley orgánica del poder judicial recoge, además de la recusación, otra posibilidad para que los jueces se abstengan de participar en casos con los que puedan estar comprometidos. El juez podría inhibirse particularmente del procedimiento en el caso de que considerara que no está legitimado para instruir el proceso. Aún así, el hecho de que Pin pidiera, de forma voluntaria, ese destino, a sabiendas de que era el juzgado que instruía el caso Fabra y sus propias declaraciones, en las que señaló que "mi padre es mi padre y yo soy yo", no hacen previsible esta posibilidad.

El juzgado número 1 de Nules lleva un año y medio con una juez sustituta ya que nadie ha querido, hasta ahora, hacerse cargo de él, al igual que ocurre con otras plazas. El próximo 20 de julio, Jacobo Pin se convertirá en el noveno juez, entre titulares y sustitutos, participante de las instrucciones del caso Fabra. Mientras, el juzgado sigue a la espera del informe de los peritos de Hacienda, con el análisis de las cuentas y del patrimonio de Fabra y su familia.

(www.elpais.com, 30/06/09)

41. COMUNDIAD VALENCIANA. BARBERÁ MANTENDRÁ LOS SÍMBOLOS Y ESCUDOS FRANQUISTAS EN VALENCIA

Otro intento, otro fracaso. La petición socialista de que el Ayuntamiento de Valencia retire los símbolos y escudos de la dictadura franquista que exhiben algunos edificios municipales se estrelló una vez más contra la negativa de la alcaldesa, Rita Barberá, del PP, que ya ha rechazado en el pleno mociones similares. "Sorpréndanos", le pidió con ironía el concejal socialista Juan Soto, ya que en realidad no esperaba una "rectificación" del PP y de la alcaldesa, a la que acusó de vivir presa "de ataduras del pasado".

La moción de la oposición se apoyaba por primera vez en el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, que señala que las administraciones públicas "tomarán las medidas para la retirada" de escudos, insignias y placas "conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Dio igual, porque el portavoz del PP, Alfonso Grau, no se molestó en buscar argumentos jurídicos. "¿No se percata usted de que es el mejor propagandista de Franco? Es el único que habla de Franco", replicó al edil socialista. Grau pervirtió el sentido de la ley hasta el punto de equiparar los escudos franquistas de yugos y flechas con cualquier escudo de España, y se preguntó retóricamente si también hay que "quitar los de la época de Carlos III".

"Excusas", contraatacó sin éxito el concejal socialista, que insistió en que el Ayuntamiento de Valencia acabe "con esta anomalía democrática y asuma la legalidad".

Barberá optó por ignorar el asunto y se centró en la lectura de unos documentos mientras Soto la invitaba a seguir el ejemplo de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, que ha suprimido los títulos honoríficos a Franco y está dispuesta a discutir con las asociaciones de memoria histórica la eliminación de los símbolos franquistas en su ciudad.

(www.elpais.com, 27/6/09)

42. COMUNDIAD VALENCIANA. EL FISCAL SOSTIENE QUE EL EX ALCALDE DE ORIHUELA COMETIÓ COHECHO

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante mantiene su acusación contra el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, vinculados con la adjudicación de programas urbanísticos a promotores. El titular, Felipe Briones, sitúa el tráfico de influencias en recalificaciones ilegales de suelo no urbanizable para construir viviendas y el cohecho en el uso por parte del ex regidor de bienes de empresarios beneficiados con adjudicaciones municipales. En este segundo apartado, Briones pone el acento en un Audi A-8 y un Rolls Royce, que Medina uso como propios, sin acreditar su titularidad.

Felipe Briones ha vertebrado en base a estas dos líneas el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Alicante al auto de archivo provisional de la causa decretado por el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, el magistrado Fernando Madrid Rodríguez. Al juez le bastó la declaración del ex alcalde para acordar el sobreseimiento provisional del sumario, el principal de los 16 en los que el fiscal desglosó su denuncia al Ayuntamiento por corrupción urbanística y contable.

Fernando Madrid Rodríguez archivó también provisionalmente otro sumario de esas 16 causas, el relacionado con las subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela a la entidad Festera de Moros y Cristianos. No obstante, la Audiencia corrigió al juez por considerar "precipitado" el sobreseimiento. El tribunal provincial ha ordenado al instructor que reabra el sumario y practique las pruebas que solicitaba el fiscal.

En cuanto al Audi A-8, el fiscal mantiene que Medina lo pagó después de que se hiciera púbico que lo estaba usando como propio. "¿Qué lógica tiene el disfrute durante varios años de un coche sin abonarlo al concesionario? ¿Dónde está el documento de compraventa del vehículo y la cláusula que ampare el aplazamiento de su pago y hasta cuándo? Nada de ello se ha aportado a la causa", recoge el recurso del fiscal.

Y respecto al Rolls Royce, el fiscal rechaza la tesis de Medina de que se lo pedía ocasionalmente al propietario, un promotor local, para bodas. "Qué derecho ostentaba Medina a prestarlo para las bodas si no era suyo? ¿O más bien, Medina disponía del Rolls Royce como si fuera de su propiedad, mientras su amigo fue quien pagó el precio y pagaba los impuestos", se pregunta el fiscal.

(www.elpais.com, 02/07/09)

43. COMUNDIAD VALENCIANA. EL NUEVO PGOU DE DÉNIA PREVÉ CONSTRUIR 16.000 VIVIENDAS

Pese a la actual crisis del ladrillo, el Ayuntamiento de Dénia prevé mantener parte del crecimiento urbanístico de antaño. El nuevo concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue presentado por el gobierno local de PP e independientes, contempla para el futuro una ciudad con un máximo de 131.000 habitantes (ahora el municipio tiene unos 45.000, aunque esta cifra se duplica en verano), así como la construcción de casi 16.000 nuevas viviendas que añadir a las 44.000 actuales.

No obstante, , la concejal de Ordenación del Territorio, la centrista Pepa Font, aseguró que el futuro planeamiento supone un freno a la edificación masiva toda vez que el anterior concierto previo, presentado en pleno auge del sector inmobiliario por PSPV y BNV, preveía alcanzar los 244.000 habitantes. Font aseguró que respecto al plan transitorio que en la actualidad está vigente el suelo urbanizable se reduce en más de un millón de metros cuadrados y que el número de nuevas viviendas también se recorta en 4.000. "Hemos apostado por un nuevo modelo que nos permite poner en valor nuestro territorio como lo demuestra que el suelo no urbanizable aumente en dos millones de metros cuadrados", dijo la edil.

El nuevo concierto acata algunos de los dictámenes que en su día impuso la Consejería de Territorio en el Plan Transitorio para aumentar la edificabilidad en el litoral de Les Marines. Así sucede con una zona de más de 300.000 metros cuadrados junto a un humedal que Territorio calificó como urbano residencial, decisión que motivó un recurso judicial por parte de PSPV y BNV. Sin embargo, el actual gobierno decidió retirar el recurso antes de que el juez emitiera su fallo, maniobra por la que el PSPV acusó al PP y a sus socios de beneficiar a los empresarios que apoyaron la moción de censura que en su día desbancó a la izquierda del poder. El nuevo concierto previo también contempla 1.352 viviendas en la zona de Les Rotes y el Montgó, frente a las 800 del anterior plan.

El concierto incluye una estación intermodal para el ansiado ferrocarril con Gandia y un tranvía circular que una el puerto con las diferentes zonas turísticas. También se contempla un gran bulevar en el litoral de Les Marines, una amplia zona agrícola en el interior y la reserva de suelo para universidades y "grandes complejos que complementen la oferta turística de la ciudad".

(www.elpais.com, 02/07/09)

44. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GUERRA DEL PP EN VILLENA AMENAZA EL GOBIERNO LOCAL

De una mayoría holgada a una situación incierta. La batalla que libran los dos sectores del PP alicantino en Villena complica el gobierno popular de la localidad. Y es que si el viernes la alcaldesa, Celia Lledó, afín al presidente provincial, José Joaquín Ripoll, retiró las delegaciones a tres ediles campistas y ese mismo día una cuarta edil de este sector anunció su intención de renunciar a sus competencias, hizo lo propio otra concejal. Según informó la Cadena SER, Adela Serra (concejal de Comercio y Seguridad Ciudadana) ha anunciado su decisión de abandonar también sus responsabilidades en el gobierno local.

El PP cuenta con 12 concejales en el Ayuntamiento de Villena, siete tiene el PSPV-PSOE y dos Los Verdes. De los 12 ediles populares, sin embargo, seis son del sector ripollista y los seis restantes, afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La batalla entre ambos es abierta, sobre todo desde el último proceso electoral del partido en la provincia del que salió ganador Ripoll. Seis concejales del PP de Villena apoyaron en aquel momento al candidato de Camps en Alicante, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. El pulso llevó en febrero a Lledó a destituir a tres ediles campistas de la comisión de gobierno porque se negaron a votar a favor de los proyectos municipales del Fondo Estatal de Inversión Local.

(www.elpais.com, 28/6/09)

45. ISLAS CANARIAS. GONZÁLEZ ARROYO DICE QUE "EL ÚNICO CULPABLE" DE LA INDEMNIZACIÓN MILLONARIA QUE PAGARÁ LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR TEBETO ES LUIS SORIA

El concejal del Ayuntamiento de La Oliva, ex alcalde de la localidad y ex presidente insular del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, acusó al ex consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Luis Soria, de ser "el único culpable" de que la Comunidad Autónoma tenga que indemnizar a la empresa Cabo Verde con más de 101 millones de euros por no poder explotar la cantera de Tebeto, en el mismo municipio majorero, al encontrarse en suelo protegido.

"La culpa es de quien dio la licencia, no de quien la tramitó", insistió este viernes ante los micrófonos de la Cadena Ser el ex alcalde de La Oliva en alusión, respectivamente, a Luis Soria y a Paquita Luengo, dirigente socialista que entonces era secretaria general técnica de la Consejería de Industria, a la que González Arroyo exculpa de la polémica.

En declaraciones al programa 'El drago', González Arroyo sostuvo que la licencia "la dio Luis Soria con un informe de un tío suyo que es ingeniero", por lo que pidió al hermano del ex consejero y presidente del PP canario y actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que "se deje de historias".

Según González Arroyo, él mismo advirtió en su día "a José Manuel [Soria] de que era un tema farragoso, que no diera la licencia", por lo que descartó que el líder del PP canario no estuviese al corriente de esa acción. "¿Cómo no lo iba a saber, si el hermano no hacía nada sin consultárselo?", aseguró.

Domingo González Arroyo considera que el 'caso Tebeto' tiene culpables y que deben ser los responsables políticos los que paguen sus responsabilidades "y no los ciudadanos". Por eso, dijo, "animo, y también exijo como ciudadano, que el Ministerio Fiscal intervenga en este tema porque los canarios no pueden ser empobrecidos en 101 millones de euros. Ya es hora de que los políticos empiecen a pagar por sus errores", insistió.

Por último, González Arroyo, enfrentado desde hace años a José Manuel Soria, lo que derivó hace año y medio en su expediente de expulsión del PP majorero, lamentó que ese partido se haya convertido en "el PP de los lamedores de Soria y su entorno" y de "estómagos agradecidos con sueldos millonarios".

(www.canarias7.es, 03/07/09)

46. ISLAS BALEARES. MATAS NO PUEDE JUSTIFICAR SU PATRIMONIO

La Guardia Civil ha apuntalado el cerco en torno a Jaume Matas, ex presidente de las Islas Baleares, poniendo de manifiesto que el patrimonio del ex dirigente ha crecido de una forma injustificada en los últimos años. Así consta en un informe elaborado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que tramita una denuncia sobre compras astronómicas realizadas por el ex presidente para equipar su lujosa casa la calle San Felio, un inmueble conocido como ‘palacete’. Según los expertos de la Guardia Civil, Matas y su mujer, Maite Areal, invirtieron 150.000 en muebles y decoración para su nueva morada. Pero no sólo por esta fastuosa inversión las cuentas no cuadran: los especialistas no tienen claro de dónde salió el dinero para pagar los tres millones de euros en los que está valorado el citado inmueble.

Tal como ha declarado Matas, su casa de 700 metros cuadrados costó un millón de euros que pagó vendiendo otra residencia en Cas Catalá (Calviá-Palma de Mallorca). Los peritos, sin embargo, no coinciden: en el mismo bloque, pisos bastante más pequeños que el del ex presidente cuestan 2 millones de euros. Los cálculos de Hacienda cifran el palacete en tres millones.

La familia Matas-Areal disfruta, no obstante, de más inmuebles. Por ejemplo, los hijos del ex presidente viven en una casa de 200 metros ubicada en el lujoso barrio de Salamanca en Madrid. El inmueble está a nombre de un conocido empresario madrileño, apunta Diario de Mallorca. Para los agentes, se trataría de un testaferro de Matas, propietario real de la casa. Ello explicaría, por ejemplo, que los hijos del matrimonio voten en las reuniones de propietarios como hacen –esta facultad no está al alcance de los inquilinos-.

Los investigadores también han señalado que la familia Matas tiene otro amplio apartamento de varano en la Colonia de Sant Jordi. En este caso, el inmueble fue comprado hace pocos años y está a nombre de la madre de Matas, una mujer de 70 años a la que difícilmente un banco avalaría. O no cualquier banco: la familia ha concedido un crédito en una entidad en la que trabaja Fernando Areal, cuñado del ex popular.

En definitiva, para los investigadores los ingresos de Matas son insuficientes para afrontar los gastos de la familia, con tres hijos estudiando fuera de la península y con múltiples obligaciones inmobiliarias. Los peritos se preguntan, por tanto, de dónde ha sacado el ex presidente su dinero. Este, entretanto, se ha limitado a asegurar a la prensa que está "estupendo" y "magníficamente bien" dejando, eso sí, el trabajo sucio al PP balear. El grupo ha denunciado una "persecución" contra el que fuera su cabeza de lista.

(www.elplural.com, 27/6/09)

47. ISLAS BALEARES. CORT AFIRMA QUE EL PP QUISO PRIVATIZAR LA FUNERARIA EN 2005

La presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Begoña Sánchez, reveló en el transcurso del pleno constituido en junta general de accionistas de la sociedad anónima que, en 2005, el anterior equipo de gobierno de Catalina Cirer, y siendo presidenta de la Funeraria la actual concejala del PP, Marina Sans, ahora imputada por presunta malversación de caudales públicos, redactó unos pliegos de bases tendentes a la privatización de la empresa.

La actual presidenta respondió así a la acusación del concejal conservador Julio Martínez, en el sentido de que, de las actuaciones de la actual gestión de la empresa se desprende la voluntad de su privatización a corto plazo. Sánchez desmintió rotundamente esta afirmación y recordó que el plan de viabilidad aprobado por el actual equipo de gobierno y que estará en vigor hasta 2011 no contempla esta posibilidad.

El cruce de acusaciones se produjo a la hora de aprobar las cuentas anuales de la empresa correspondientes al año pasado, que arrojaron un déficit de 1 millón de euros, 800.000 menos que en 2007, según destacó la presidenta.

Antes de la sesión plenaria celebrada también tuvieron lugar las juntas generales de la EMT, cuyas cuentas de 2008 arrojaron un superávit de 858.889 euros y la de la Societat Municipal d´Aparcaments (SMAP), con pérdidas en 2008 de 803.905 euros.

La Empresa municipal d´Aigües i Clavegueram (Emaya) también finalizó 2008 con 973.000 euros de déficit, una situación que, según su presidenta, Cristina Cerdó, constituye una mejora sobre el plan de saneamiento aprobado el año pasado. El concejal del PP Mauricio Rovira justificó la abstención de su grupo en la "inexistencia de cambios visibles en la política de limpieza de la empresa".

Por último, la Empresa municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) cerró 2008 con un superávit de 399.000 euros tildado de "ficticio" por Rovira puesto que se debe a la venta de unos estacionamientos.

(www.diariodemallorca.es, 30/06/09)

48. ISLAS BALEARES. LLEVÁRSELO MUERTO

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma fue presuntamente utilizada por sus responsables para ganar dinero ilegal. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de supuesto tráfico de tumbas, facturas falsas, cobro de comisiones, desvíos de fondos y proyectos no ejecutados. Óscar Collado, gerente de EFM entre 1983 y 2007, supuestamente tramó negocios sucios con tumbas, ataúdes y transporte de difuntos. Ha estado 15 días en prisión preventiva, imputado por cinco delitos de corrupción. La concejal del PP Marina Sans, ex presidenta de la EFM, declaró como imputada. Además, Sans y Collado cargaron entre 2003 y 2007 pasajes privados a la EFM. Unos 6.000 euros que retornaron meses atrás.

El gerente y la edil ya fueron censurados por la Comisión Nacional de la Competencia que, en marzo de 2009, sancionó con 500.000 euros a la EFM y al Ayuntamiento de Palma por dominio ilegal en un monopolio de mercado y por "obstaculizar la competencia real o potencial". La concejal advirtió a clínicas y residencias privadas de Palma que debían "impedir" las "actividades ilegales" de funerarias de los pueblos de Mallorca. Sans escribió a los centros para que sólo la EFM recogiera cadáveres. "Las funerarias bajaron su facturación un 60%", según un portavoz del sector, liberalizado desde 1996.

La venta de 4.000 féretros en régimen de monopolio convirtió en un negocio lucrativo la funeraria municipal. Así, la única carpintería de ataúdes de la isla cesó la producción al perder clientela, tras negarse a ceder a las pretensiones de la EFM. El nicho de mercado abierto lo ocuparon las cajas importadas de China.

Competencia actuó ante la denuncia de la Asociación de Agencias Funerarias de Baleares y de una empresa expulsada de Palma por la EFM a Sóller, donde la persecución municipal prosiguió. Los denunciantes levantaron actas notariales de cómo Collado bloqueó féretros en la puerta del tanatorio de Palma si no actuaba su empresa. "Se impedía el acceso" para una incineración y "se negó la posibilidad de dejar un cadáver en la cámara de refrigeración", aseguran los denunciantes.

(www.elpais.com, 01/07/09)

49. ISLAS BALEARES. EL FISCAL ACUSA A MASSOT DE ASESORAR A UNA EMPRESA EN UN PLEITO CONTRA EL GOVERN

Jaume Massot, ex director general d´Ordenació del Territori del Govern Matas, se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados. Se le acusa de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà, solicitaron una condena de inhabilitación y una pena de multa. El abogado defensor, Fernando Mateas, pide la absolución porque entiende que el delito ha prescrito.

A Massot se le acusa de haber constituido una empresa de asesoramiento urbanístico y de haber desarrollado trabajos técnicos cuando era jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, lo que sería incompatible. Esta empresa, llamada Territorio Asesores, estaba domiciliada en la casa de la madre de Massot. Su mujer figura como administradora de la sociedad.

El ex director general, a diferencia de los otros dos juicios del denominado caso Andratx, por el que ya ha sido condenado a ocho años de prisión, se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo quiso responder a su abogado, que no le planteó cuestiones sobre el juicio sino sobre su actual situación económica. El acusado aclaró que está suspendido y cobra unos 500 euros al mes. Con este dinero mantiene a su familia.

Las acusaciones sostienen que Massot firmó a través de esta sociedad un contrato con un empresario catalán, Mariano Vives, dueño de s´Almudaina, una sociedad que era propietaria de un terreno en Andratx que fue protegido por la Ley de Espacios Naturales de Balears, lo que impedía cualquier proyecto de urbanización. Vives planteó una demanda contra el Govern por daños y perjuicios, ya que al aprobarse la ley ya había iniciado la construcción del terreno. El empresario, cuyo abogado era Miquel Coll, ex presidente del Consell Consultiu, reclamó 30 millones de euros al Govern, aunque el pleito fue desestimado. El empresario catalán argumentó con un informe técnico realizado por Territorio Asesores, en que se valoraba el aprovechamiento urbanístico del solar de Andratx y se cuantificaban los daños económicos que le había supuesto su inclusión en la ley de protección medioambiental.

Massot nunca ha reconocido que la empresa Territorio Asesores fuera de su propiedad. Sin embargo, el empresario catalán que declaró como testigo sostuvo que, aunque no conocía inicialmente la relación de Massot con esta empresa asesora, lo descubrió después. Explicó que el acusado se presentó en su oficina de Barcelona para cobrar una factura de dos millones de pesetas por la realización de este estudio que afectaba al solar de Andratx, pese a que en aquel momento era jefe de Urbanismo de este ayuntamiento. Después se abonaron otros cinco millones. Mariano Vives explicó que decidió contratar esta empresa porque Massot le había asegurado que también participaba un arquitecto técnico con el que tenía plena confianza. Este técnico, sin embargo, señaló que nunca intervino en el estudio que se incluyó en el pleito contra el Govern.

Las acusaciones sostienen que la relación entre Vives y la empresa de Massot se prolongó hasta 2006, lo que evitaría la prescripción del delito. Se cuenta con una carta enviada por el empresario dirigida a Massot, en la que le indica que había llegado momento en el que "debe intervenir la empresa que tú creaste".

(www.diariodemallorca.es, 02/07/09)