ÍNDICE

1. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS

2. CASO GÜRTEL. EL JUEZ VE INDICIOS SÓLIDOS PARA LLEVAR A CAMPS ANTE UN JURADO POPULAR

3. CASO GÜRTEL. LA POLICÍA ENCUENTRA EN UN YATE NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS REGALOS A CAMPS

4. CASO GÜRTEL. "SEGUIMOS APOYANDO Y CONFIANDO EN LA INOCENCIA DE CAMPS"

5. CASO GÜRTEL. EL PP EMPIEZA A ASUMIR PÚBLICAMENTE QUE CAMPS PUDO NO PAGAR LOS TRAJES

6. CASO GÜRTEL. EL FISCAL PIDE JUZGAR A CORREA Y ‘EL BIGOTES’ JUNTO A CAMPS

7. CASO GÜRTEL. UN TRIBUNAL EN ENTREDICHO

8. CASO GÜRTEL. EL ENCUBRIMIENTO DEL 'TRAJEGATE'

9. CASO GÜRTEL. EL JUEZ APUNTA A COSTA COMO INTRODUCTOR DE ÁLVARO PÉREZ EN VALENCIA

10. CASO GÜRTEL. EL RELOJ DE 4.000 EUROS DE RICARDO COSTA

11. CASO GÜRTEL. RAJOY MANTENDRÁ HASTA EL FINAL SU APOYO PERO CRECE LA PREOCUPACIÓN

12. CASO GÜRTEL. EL PRESIDENTE VALENCIANO EVITA ASISTIR A UN ACTO POR TEMOR A LAS PROTESTAS

13. CASO GÜRTEL. BARBERÁ JUSTIFICA REGALOS QUE CAMPS NIEGA HABER RECIBIDO

14. CASO GÜRTEL. EL PP CRITICA LAS ANCHOAS DE BARBERÁ

15. CASO GÜRTEL. EL PP ADMITE QUE CAMPS DEBERÁ MEDITAR LA DIMISIÓN SI VA A JUICIO

16. CASO GÜRTEL. RAJOY PIDE AL PP QUE APOYE A CAMPS PERO ELUDE A BÁRCENAS

17. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS DIXIT: "SI HAY COJONES, QUE ME CESEN. ESTOY ESPERANDO AL MOTORISTA"

18. CASO GÜRTEL. EL JUEZ CIFRA LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET CON EL CONSELL EN 7 MILLONES

19. CASO GÜRTEL. RTVV VUELVE A PASAR DE PUNTILLAS SOBRE EL 'CASO CAMPS'

20. AZNAR AVISA A RAJOY: "LOS ÉXITOS DEL PASADO NO GARANTIZAN EL ÉXITO DEL FUTURO"

21. AZNAR DICE QUE LA LEY DE EDUCACIÓN CATALANA ES "HIJA DEL FANATISMO Y DEL SECTARISMO"

22. EL ASESINATO DE PUELLES, UN INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN ENTRE ETA Y ZAPATERO

23. CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y VALENCIA ABREN UNA NUEVA GUERRA DE CIFRAS

24. CATALUÑA. MAS AVISA AL PP DE QUE EL DISCURSO DE AZNAR LIMITA POSIBLES ACUERDOS

25. CATALUÑA. TARRAGONA RETIRA LA MEDALLA DE ORO A FRANCO CON LA ABSTENCIÓN DE LOS POPULARES

26. GALICIA. EL PP PIDE DAR VOZ A LAS FAMILIAS DE LOS FRANQUISTAS PARA RETIRAR TÍTULOS

27. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO CONSTATA NUMEROSAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL PAZO DE TOR

28. GALICIA. LA FUNDACIÓN CINEGÉTICA QUE CREÓ CACHARRO PAGÓ 30.000 EUROS POR LA COLECCIÓN DE CAZA DEL SECRETARIO

29. GALICIA. EL PP EVITA CONDENAR LA MOCIÓN DE CENSURA DE GONDOMAR

30. GALICIA. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE PORTAS POR DEFRAUDAR A HACIENDA

31. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE COMPARA LOS TRAJES DE CAMPS CON "LAS PICOTAS" QUE LE REGALÓ "UN FRUTERO AMIGO"

32. COMUNIDAD DE MADRID. LÓPEZ VIEJO COBRÓ SIN BASE LEGAL DOS SUELDOS COMO VICECONSEJERO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJERO INSUMISO

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EDIL DÍSCOLO DEL PP PROVOCA LA PARÁLISIS DEL GOBIERNO DE BENIDORM

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE LA VALL D´UIXÓ Y DOS EDILES, INVESTIGADOS POR PREVARICACIÓN

36. REGIÓN DE MURCIA. EL PP ARRASA EN MURCIA PESE A LIDERAL, CON 26 CARGOS IMPUTADOS, EL RANKING POR CORRUPCIÓN

37. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO DE CULTURA SE GASTA PARA ESPECTÁCULOS 20 MILLONES DE EUROS EN DOS AÑOS

38. REGIÓN DE MURCIA. UN COCHE (CASI) COMO EL DE MI JEFE

39. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO

40. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL DICE QUE MATAS USÓ AL PRESIDENTE DE GESA COMO TESTAFERRO

41. ISLAS BALEARES. RODRÍGUEZ AFIRMA QUE EL PP NECESITA RENOVAR ´ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS Y MODOS´

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1. CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS

El juez del caso "Gürtel" en Valencia afirma que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en diferentes tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, "como afirmó en su declaración" judicial.

Así lo indica el auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors, quien sostiene que estos hechos pueden constituir un delito de "cohecho pasivo", por aceptar "dádivas o regalos" ofrecidos "en consideración a su función".

La resolución atribuye una conducta similar al secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, todos ellos imputados por cohecho.

"Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora", los imputados "resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado.

Además, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer "escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas", esto "no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada".

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, José Flors, decidió continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por el supuesto delito de cohecho. Así, fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15. Según ha anunciado el TSJCV, Flors asegura que existen "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos investigados en el llamado caso Gürtel pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho.

En el auto del magistrado se mantiene que siguen como imputados el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

(www.publico.es, 06/07/09)

2. CASO GÜRTEL. EL JUEZ VE INDICIOS SÓLIDOS PARA LLEVAR A CAMPS ANTE UN JURADO POPULAR

Las expectativas del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de salir bien librado de su imputación judicial, alimentadas en las últimas semanas por sus correligionarios, recibieron un mazazo casi definitivo. Una vez finalizadas las diligencias previas y analizadas las nuevas pruebas y declaraciones, el juez de la trama valenciana del caso Gürtel no solo no archivó la causa, sino que confirmó la existencia de "suficientes indicios racionales" de un delito de cohecho cometido por Camps y otros tres altos cargos del Ejecutivo regional e inició el procedimiento para sentarlos en el banquillo ante un jurado popular. El dirigente puede convertirse en el primer presidente autonómico juzgado por un grupo de ciudadanos de su comunidad. Y junto a él, su mano derecha en el partido, el diputado Ricardo Costa; el exvicepresidente del ejecutivo, Víctor Campos, y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

El extenso auto dictado por el magistrado José Flors desmenuza con todo lujo de detalles las pruebas que finalmente le llevan a concluir que es "muy probable" que los cuatro altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieran sin pago alguno por su parte trajes por un valor total de hasta 34.908 euros. Esta actuación sería constitutiva, según estima el juez, de un "delito de cohecho pasivo impropio, previsto y penado en el inciso primero del artículo 426 del Código Penal, en el que se tipifica como tal la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo, que le fueren ofrecidos en consideración a su función".

En el cohecho impropio no es necesario que el funcionario público haya realizado una contraprestación a cambio de las dádivas o regalos, una actuación que en este caso no se ha podido probar, según el juez. Para cometer el cohecho impropio, penado con multa de tres a seis meses, basta con haber aceptado los regalos. "El modo de producirse los hechos, el tipo de relación existente entre Álvaro Pérez [el jefe de la trama valenciana] y las personas obsequiadas, así como la entidad y características de los regalos denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo y la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud y su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación", concluye el magistrado.

El paso siguiente en el procedimiento será la celebración el próximo 15 de julio, a las 10.30 horas, de una vistilla en la que debe confirmarse la decisión de optar por la vía del jurado y a la que deberán asistir los cuatro imputados. En el acto, que se celebrará a puerta cerrada, los implicados podrán solicitar nuevamente el sobreseimiento de la causa, pero fuentes judiciales explican que suele ser un "mero trámite" exigido por la ley del jurado que suele ratificar el procedimiento marcado por el juez.

Antes de que se produzca la vistilla, el procedimiento deberá salvar un primer escollo. La Generalitat Valenciana anunció que la defensa de Camps recurrirá el auto y el recurso lo deberá sustanciar la sala de lo penal y lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidida por un íntimo amigo del imputado. La defensa de Camps alegará, según la nota hecha pública por el Ejecutivo autonómico, que "los supuestos regalos no han quedado probados documentalmente", pese a que en el auto se citan uno por uno los cheques y los pagos en efectivo llevados a cabo por la trama, así como los apuntes contables realizados por los vendedores.

En mayo, Camps tuvo la oportunidad de explicar cómo y cuándo pago los 12.773 euros –4.700 euros de ropa en la tienda Milano y 8.073 en Forever Young– que, según la Fiscalía Anticorrupción, le habría pagado Pérez, responsable de la empresa Orange Market, que se ha beneficiado de contratos con la Generalitat Valenciana por un valor de más de ocho millones, pero se limitó a decir que el pago lo hizo en efectivo con dinero de su esposa sin proporcionar ninguna factura. El juez certifica que la mayoría de los trajes los pagó la trama.

El magistrado responde incluso a aquella afirmación de Rajoy de que "nadie se vende por tres trajes". "El precio de la prendas puede parecer escaso, aun ridículo, en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de la personas obsequiadas, pero esa circunstancia –explica en el auto– no es excluyente del desvalor de su acción, objetivamente considerada".

(www.elperiodico.com, 07/07/09)

3. CASO GÜRTEL. LA POLICÍA ENCUENTRA EN UN YATE NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS REGALOS A CAMPS

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a Gobiernos en manos del PP, no cesa. La policía ha sumado nuevas pruebas para sustentar el posible cohecho por el que están imputados por el juez José Flors cuatro dirigentes de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente Francisco Camps, que recibieron supuestamente más de 30.000 euros en supuestos regalos de la red que dirigía Francisco Correa.

El último informe de la Brigada Policial contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales incluye dos nuevas pruebas documentales. Una de ellas consiste en diversos correos electrónicos de las empresas corruptas y de sus dirigentes, así como de José Tomás, director de ventas de las tiendas de ropa donde se vistieron los dirigentes del PP y principal testigo de cargo contra Camps.

Esos correos acreditan, según el informe policial, las relaciones comerciales entre ambos y las facturas pendientes y pagadas correspondientes a ropa adquirida por cinco dirigentes valencianos: Francisco Camps, Ricardo Costa (número dos del PP en esta comunidad), Víctor Campos (ex vicepresidente autonómico), Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo en la época en la que fueron adjudicados pabellones de turismo a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta) y Pedro García (el máximo responsable del canal autonómico de televisión).

La otra prueba también es novedosa y refuerza la tesis del pago de regalos de la trama de Correa, que a través de Orange Market logró contratos de al menos ocho millones de euros de la Administración valenciana, un lugar donde nunca había trabajado hasta que Camps llegó al poder y Álvaro Pérez, amigo íntimo de Camps, se trasladó de Madrid a Valencia y pasó a lograr casi todos los contratos del PP valenciano y algunos de la Administración de esta comunidad.

Esta segunda prueba es aún más concreta. El informe policial señala que en la embarcación de recreo de la trama, de nombre Parapipi, fondeada en el puerto deportivo de Altea, la policía requisó un ordenador portátil. Al analizar su disco duro encontraron un archivo con el nombre "cuentasmilano".

El documento era en realidad un folio manuscrito y escaneado donde aparecía una relación de personas a las que se adjuntaban unas cantidades y una ropa determinada. Se trata, según la policía, de todas las prendas supuestamente regaladas al presidente valenciano y a alguno de sus colaboradores. En la lista están Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Pablo Crespo (número dos de la trama de Correa), Camps, Betoret, Costa y Pedro García. A cada uno de ellos se le asignan diversas prendas, trajes, pantalones o chaquetas, cada una de ellas con su precio. El documento manuscrito incluye con detalle cada una de las piezas que supuestamente se regalaron a los políticos.

En su nuevo análisis, los investigadores se remiten a sus informes anteriores, donde figuran declaraciones de los distintos empleados de los establecimientos, documentación sobre los pedidos y las ventas de las tiendas de ropa, así como correos electrónicos entre el personal, y pinchazos telefónicos. A esta acumulación de indicios, el informe añade el documento hallado en el Parapipi y los correos electrónicos.

En el relato policial se detalla cómo las cantidades que figuran en los distintos documentos imputadas a los dirigentes valencianos del PP han sido abonadas mediante transferencias bancarias y cheques librados por tres empresas de la trama corrupta: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market. Las cantidades, coincidirían en parte, según la policía, con las anotadas en el folio manuscrito y escaneado que se había guardado en el disco duro de un portátil encontrado en el barco Parapipi.

Camps insiste en su inocencia y asegura que pagó los trajes en metálico con el dinero de la farmacia de su mujer, y lo hizo en la tienda. El diario Levante publicó el pasado sábado que Camps estaba en Valencia, según su agenda oficial, los días de enero y febrero de 2007 en que supuestamente debía estar en Madrid pagando los trajes. La Generalitat contestó que el presidente viaja a Madrid con frecuencia fuera de la agenda oficial y que podría haber estado en las dos ciudades en el mismo día, dado que la distancia es relativamente corta.

4. CASO GÜRTEL. "SEGUIMOS APOYANDO Y CONFIANDO EN LA INOCENCIA DE CAMPS"

El Partido Popular ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho por el TSJV. "La dirección nacional sigue apoyando y confiando en la inocencia del señor Camps", ha dicho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Vamos a seguir sosteniendo la presunción de inocencia de todos los imputados", ha indicado, en referencia también a otros cargos del PP imputados como el tesorero el partido, Luis Bárcenas. "No estamos ante un asunto de financiación irregular del PP", ha añadido.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors ha decidido continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y ha fijado la apertura de juicio oral para el próximo día 15. 

Según ha anunciado el TSJCV, Flors mantiene que no ha lugar al sobreseimiento libre ni al archivo de la causa por existir "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos investigados en el llamado caso Gürtel pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho. 

(www.publico.es, 06/07/09)

5. CASO GÜRTEL. EL PP EMPIEZA A ASUMIR PÚBLICAMENTE QUE CAMPS PUDO NO PAGAR LOS TRAJES

El PP ha dado un giro total a su estrategia frente al inesperado empeoramiento del caso Camps. Los populares, que hasta el lunes siempre defendieron que el presidente de la Generalitat dijo la verdad cuando aseguró en público y ante el juez que la trama de Francisco Correa nunca le regaló ningún traje, se están empezando a poner la venda antes de la herida.

Diversos dirigentes están preparando públicamente un colchón por si las cosas van a peor. Consiste en decir que, aunque haya regalos, son cosas menores, habituales, sin valor. Esto es, se empieza a asumir públicamente que Camps pudo haber mentido al decir "yo me pago mis trajes", algo a lo que los populares parecen no dar excesivo valor.

Comenzó Rita Barberá, alcaldesa de Valencia -también vinculada a la red de Correa, puesto que cuando era presidenta de la FEMP le concedió la organización de todos los actos, 800.000 euros en contratos- que ha comparado los trajes con las anchoas que regala a Rodríguez Zapatero el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y ha llegado a pedir una reforma legal para aclarar mejor el cohecho impropio.

Pero , en esa estrategia de crear un colchón por si acaso queda probado que Camps recibió regalos, entró también la secretaria general, Dolores de Cospedal, la voz oficial del partido ante el silencio de Rajoy. Cospedal admitió la hipótesis de la mentira, aunque insistió en su confianza en Camps y aseguró que "no está probado que no haya dicho la verdad".

"En el hipotético caso de que estuviéramos hablando de algún tipo de regalo es algo muy discutible hasta dónde tiene que llegar el tipo penal o los límites en este asunto", aseguró en una entrevista en Radio Nacional. Cospedal no llegó a pedir una reforma legal pero sí aseguró que ve "muy complicado" dilucidar cuáles son esos obsequios que reciben los responsables públicos por razón de su cargo.

Le contestó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño: "Frente a la ley no hay privilegios. No voy a entrar en interpretaciones del Código Penal, los jueces verán si hay delito de cohecho o no". Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, en la misma línea pero más directo, sentenció: "La acusación contra Camps es una verdadera gilipollez".

Mucho más claro fue un personaje que, teóricamente, debería ser clave en esta historia y sin embargo aún no ha participado. Se trata de Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. Con su firma, el PP ha suspendido de militancia a todos los imputados en el caso Gürtel, menos a dos: Camps y Ricardo Costa. La doble vara de medir llega al extremo de que Víctor Campos, ex vicepresidente, imputado como Camps por los regalos de trajes, está suspendido de militancia y el presidente valenciano no.

Fernández Mañueco, hombre fuerte del PP de Castilla y León, dejó muy claro en público que no descarta la hipótesis de que Camps haya recibido regalos. Preguntado sobre el asunto en Valladolid, señaló, según Efe: "No puedo aclarar este extremo. Una cosa es lo que podamos pensar o debatir... Desconozco absolutamente los extremos salvo la información que sale en determinados medios de comunicación, algunas veces sesgada", sentenció, demostrando que como presidente del Comité de Garantías no ha recibido ninguna información y no tiene claro qué versión creer.

(www.elpais.com, 10/07/09)

6. CASO GÜRTEL. EL FISCAL PIDE JUZGAR A CORREA Y ‘EL BIGOTES’ JUNTO A CAMPS

La ramificación del caso Gürtel en Valencia no para de complicarse, tanto como la estrategia de defensa de los populares: la fiscalía anticorrupción solicitó al juez instructor del caso en esta comunidad, José Flors, que cite como imputados en su causa a los cabecillas de esta trama corrupta, los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, además de a Álvaro Pérez, responsable de la compañía Orange Market y más conocido como el Bigotes. Si el magistrado acepta la sugerencia del fiscal y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) opta por seguir adelante con el caso (pese a que el PP se dispone a solicitar nuevamente su sobreseimiento), se podrían ver sentados juntos, en el mismo banquillo, al presidente autonómico, Francisco Camps; a su amigo el Bigotes y al que fue jefe de este último, Francisco Correa.

La instantánea podría ser demoledora para la imagen pública de los conservadores pero, en todo caso, no será inmediata, ya que el juez Flors permitirá que, el próximo miércoles, puedan librarse de la visita al tribunal el presidente Camps; su portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y el consejero Víctor Campos para conocer la concreción de su imputación en este caso de corrupción. Bastará con que asistan sus abogados. Otra cosa será si se abre juicio oral con jurado popular.

Con este nuevo paso, la Fiscalía Anticorrupción refuerza la tesis de que Camps y sus colaboradores incurrieron en delito de cohecho impropio, esto es, que se dejaron regalar trajes por los citados empresarios sin pensar en los cargos que ocupan. La misma idea que defiende el magistrado Flors en su auto y que tanto ha molestado al entorno del presidente valenciano, que insiste en que él se paga su ropa.

"La fiscalía comparte plenamente el contenido de ese auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádivas debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo proceso", se apuntó desde el ministerio fiscal. O sea, que cree conveniente que el mismo jurado juzgue a los que presuntamente regalaron los trajes y a los que supuestamente recibieron el obsequio.

Mientras, el PP sigue virando en lo que a su estrategia en torno a Camps respecta. En teoría, la dirección nacional del partido le sigue apoyando, pero en la práctica prepara el terreno por si se demuestra, tal y como señalan la fiscalía y el juez, que Camps mintió cuando dijo que él mismo había abonado sus prendas de vestir. Por si llega ese escenario, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, insistió en la poca relevancia que, a su juicio, tiene el delito del que se acusa a Camps y, como Rita Barberá, abogó por cambiar el Código Penal para suprimirlo. El PSPV acusó al PP de querer eliminar los delitos en los que incurren, "igual que Berlusconi".

(www.elperiodico.com, 10/07/09)

7. CASO GÜRTEL. UN TRIBUNAL EN ENTREDICHO

Que Francisco Camps se siente en el banquillo depende de tres hombres: los tres magistrados conservadores de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Ellos deben decidir sobre los recursos anunciados por el presidente valenciano y sus tres compañeros de militancia e instrucción judicial contra el auto del juez José Flors que ratifica la existencia de serios indicios de soborno en la aceptación de trajes pagados por la trama corrupta que dirige Francisco Correa.

Los tres jueces mantienen en vilo a la oposición valenciana, temerosa –en público o en privado–de que, no tanto la adscripción conservadora de los magistrados, sino su trayectoria biográfica, haga tambalearse el principio de independencia.

Quien encabeza la tríada es Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal y juez para cuya relación con Francisco Camps resulta insuficiente la palabra amistad, según lo dicho por el propio Camps en septiembre de 2008. Pese a todo, distintos juristas consultados creen que el auto de Flors posee cimientos tan sólidos que difícilmente De la Rúa podría archivar el caso. Algunas fuentes apuntan a que el magistrado pretende mudarse a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que, bajo esa premisa, evitará cualquier paso que pudiera comprometer su ascenso.

Pero, aun siendo el más conspicuo y el que mayor revuelo mediático levanta, el presidente del TSJV no aparece como el único cuya independencia genera dudas. El segundo miembro del trío judicial que decidirá si la causa sigue adelante o se archiva es Juan Montero Aroca, en cuyo currículum destaca un hito reciente: en febrero archivó, en una semana y sin practicar una sola diligencia, el caso contra el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por su presunta participación en el también presunto saqueo de seis millones de euros en Mercalicante.

Integrado por más de 10.000 folios, el sumario siguió adelante, pero sin Alperi, gracias a la meteórica intervención del juez Montero, miembro, como De la Rúa, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Alperi, que permanecía imputado desde 2005, dimitió como alcalde en septiembre de 2008, un año después de lograr el acta de diputado autonómico por el PP que le garantizaba el rango de aforado y, por tanto, que su imputación se viera en el Tribunal Superior. , la juez alicantina que instruye el caso sobreseyó también las diligencias respecto a los otros cuatro directivos de Mercalicante imputados.

El tercer componente de la tríada judicial es José Francisco Ceres, afiliado también a la APM y cuyo nombramiento como magistrado del TSJV fue anulado por el Supremo en julio de 2008 y reconfirmado por el Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2009. La anulación se produjo por un defecto de forma: el Consejo no había justificado de modo suficiente el porqué de su elección. En febrero, se subsanó el error.

Los cinco años de mandato de Juan Luis de la Rúa como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) concluyeron el pasado día 6, pero la ley lo prorroga en el cargo automáticamente hasta que se nombre a su sustituto. Su reemplazo está en manos del Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente debe todavía sacar la plaza concurso.

Aunque quedan tres reuniones de este órgano en julio, previsiblemente no convocará la presidencia del TSJCV hasta septiembre, según fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Los magistrados dispondrán de entre 10 y 20 días para solicitar el puesto. Tras estudiar los currículos y entrevistarse con los candidatos, la Comisión de Calificación elaborará una terna que elevará al Pleno, donde el pasado mes de marzo se atascó el último nombramiento de estas características que se ha estudiado: el de presidente del TSJ del País Vasco, cargo que sigue ocupando en funciones Fernando Ruiz Piñeiro. Estos puestos requieren mayoría de tres quintos, por lo que deben ser consensuados entre los vocales conservadores y progresistas, lo que complica la elección de un candidato.

(www.publico.es, 10/07/09)

8. CASO GÜRTEL. EL ENCUBRIMIENTO DEL 'TRAJEGATE'

El encubrimiento de una acción, esta es la principal lección del escándalo del Watergate, termina siendo más grave que el presunto delito, error o incompetencia inicial. La estrategia del PP en el Trajegate, que tiene como protagonista principal al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se ha deslizado, a partir del 6 de julio pasado, por el tobogán del encubrimiento.

Hasta entonces el PP podía alegar la presunción de inocencia para guiar su conducta. Ahora el PP ya sabe que, en un auto judicial, el juez José Flors desmiente que Camps hubiera pagado los trajes. El PP ata a partir de dicho auto conscientemente su destino al de Camps, suscribiendo, contra todas las evidencias examinadas, lo que ya puede ser calificada como una coartada falsa, aquella según la cual el presidente de la Generalitat pagó los trajes en metálico con dinero retirado de la caja de la farmacia de su esposa.

El argumento de que este auto no es firme y que una sala de tres magistrados verá los recursos no justifica al PP. Porque lo que importa aquí son los hechos. Y aunque la calificación jurídica pueda teóricamente ser objeto de debate, los hechos que describe el juez Flors no pueden ser objeto de modificación. Son inamovibles aún cuando, como afirma el juez, nos estamos moviendo todavía en un nivel indiciario.

El encubrimiento es cualquier intento de ocultar evidencias de una conducta impropia, un error, incompetencia o cualquier información comprometedora. En cierto momento, esta estrategia implica al conjunto de la dirección de un partido u organización, aunque las personas que pudieran cometer el error o el delito hayan actuado a título individual. El PP había optado hasta ahora por defender formalmente la presunción de inocencia de Camps, pero ahora ha decido respaldarle más allá incluso del apoyo tácito. La anécdota de las anchoas revela que el encubrimiento llegará hasta donde sea necesario.

Pero la estrategia político-legal de Camps, a la que se ha visto arrastrado Rajoy, es aquella descrita en La tapadera, el thriller de John Grisham, por el abogado Mitchell Y. McDeere: "Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en: ¡Negar!¡Negar!¡Negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad".

(www.publico.es, 10/07/09)

9. CASO GÜRTEL. EL JUEZ APUNTA A COSTA COMO INTRODUCTOR DE ÁLVARO PÉREZ EN VALENCIA

El secretario general PPCV, Ricardo Costa, no acudió al bautizo de la hija de Álvaro Pérez el siete de febrero de este año. Un día antes la Policía Judicial registraba la sede de Orange Market en Valencia y los agentes se presentaban en la Agencia Valenciana de Turismo para reclamar los contratos de las ferias de turismo adjudicados a la antena comercial de la rama de Francisco Correa en Valencia. Costa prefirió guarnecerse y se quedó en Valencia. Lo mismo hizo el jefe del Consell, Francisco Camps, que también estaba invitado. El director de RTVV, Pedro García, terminó haciendo de padrino. García, que según los documentos también pudo beneficiarse de los regalos de Álvaro Pérez, no ha sido imputado ni investigado.

Todos eran amigos, hasta el punto de que según algunas fuentes Camps y su esposa han llegado a compartir veladas con cenas frías en el domicilio de Álvaro Pérez en Porta de la Mar. Sin embargo, el auto emitido ante por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Flors, señala especialmente la amistad entre Costa y Álvaro Pérez sugiriéndola como origen del cruce de relaciones con Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Según explica Flors, Costa y Pérez entablaron "relación de amistad" debido a la condición de Orange Market de proveedor de servicios para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, organizando actos. Pero añade un matiz más: "Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa desde el año 1996 porque, según dijo este último, aquel intervenía en la organización de numerosos actos del partido por todo el territorio nacional". El juez se remonta así a los tiempos en que la red de Francisco Correa (considerado el cabecilla del grupo) organizaba actos y viajes para el PP de José María Aznar.

(www.levante-emv.es, 08/07/09)

10.CASO GÜRTEL. EL RELOJ DE 4.000 EUROS DE RICARDO COSTA

Cuando el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana se subió al atril del auditorio de Alaquàs vestido de sport con un polo y vaqueros hubo un detalle que no pasó desapercibido a algunos de los asistentes. Costa lucía en su muñeca derecha un lujoso reloj Panerai Luminor Marina valorado en algo más de 4.100 euros.

Se trata un de un complemento exclusivo que comenzó a ponerse de moda entre las clases pudientes de Madrid pero que por el ejemplo de Costa se ha extendido ahora a la Comunitat Valenciana. El coste del reloj contrasta con el estado de las cuentas que el número dos del PPCV, imputado por cohecho por el juez José Flors dentro de la Operación Gürtel, presentó en su declaración de bienes de las Corts. Costa hizo público que disponía de cinco cuentas corrientes en otras tantas entidades y que su saldo era de 1.435 euros negativos.

El gusto de Costa por los artículos de lujo es conocido. Se compró un coche marca Infiniti FX50S cuyas prestaciones en materia de seguridad le sirvieron para salir casi ileso tras un graves accidente en la AP7. El Infiniti de Costa tiene un precio de 80.000 euros y él sostiene que pidió un préstamo personal de 30.000 euros para poder adquirirlo.

Los relojes Panerai Luminor Marina comenzaron a fabricarse en la década de los cuarenta heredando y desarrollando la técnica del Radiomir que había nacido 1938 para la Marina italiana. Entre los principales modelos están los históricos y los contemporáneos. Hay incluso Luminor sumergibles.

El de Costa es el contemporáneo. El número dos no quiso hacer comentarios a preguntas de este diario: Ni si el reloj era regalado o comprado de su bolsillo.

(www.levante-emv.com, 10/07/09)

11. CASO GÜRTEL. RAJOY MANTENDRÁ HASTA EL FINAL SU APOYO PERO CRECE LA PREOCUPACIÓN

Cada día que pasa, más se ajusta a la realidad la definición que dio de Mariano Rajoy su jefe de gabinete, Jorge Moragas: "Tiene la piel de un rinoceronte". La preocupación se extiende por todo el partido, muchos dirigentes admiten en privado que la situación es gravísima, con un caso de corrupción, Gürtel, que no para de crecer, algunos incluso empiezan a pedir tímidamente una intervención del líder que resuelva la situación, pero Rajoy sigue impasible y confía en que todo se acabará resolviendo.

Cuando más complicado se ponía el frente madrileño, por el encausamiento de Luis Bárcenas, el tesorero del partido, y la presión interna para que Rajoy le obligue a dimitir, explotó el frente valenciano. El líder del PP respaldó tanto internamente como públicamente, a través de su secretaria general, Dolores de Cospedal, a los dos principales protagonistas: Francisco Camps y Luis Bárcenas.

La situación de ambos es muy diferente, según el análisis instalado en la sede central de la calle Génova. Los marianistas señalan que, mientras el tesorero está acusado de llevarse casi un millón de euros en sobornos, lo de Camps es un asunto menor.

Sin embargo, Rajoy respaldó a los dos. De hecho, algunos dirigentes creen que el líder no puede forzar la dimisión del tesorero -que sigue empeñado en seguir porque cree que irse sería admitir su culpabilidad- porque no podría explicar por qué no se la pide también a Camps, que está en una situación procesal mucho peor, imputado y al borde del juicio oral.

Bárcenas seguirá al frente de las finanzas del PP -más de 80 millones de euros anuales, el 80% de subvenciones públicas- al menos hasta que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio, según Cospedal, que ofreció explicaciones detalladas y respondió a todas las preguntas después de semanas de silencio en el PP.

Rajoy habló con Camps por la mañana y le animó, según fuentes de la dirección, a seguir adelante porque cuenta con el apoyo sin matices del presidente del partido. Un respaldo que seguirá hasta el final, señalan en el entorno de Rajoy, esto es, hasta que haya sentencia firme. Camps fue un puntal clave de apoyo a Rajoy durante la batalla interna que siguió a la derrota de las generales en 2008. Y el líder no lo olvida.

Sin embargo, en el PP hay cada vez más dirigentes molestos con la estrategia de Camps. Creen que su optimismo -no admitirán a trámite, no imputarán, no habrá juicio oral y ahora, la sala rechazará la decisión del juez- no está conduciendo a nada. Ya nadie se fía de las informaciones de la Generalitat, que sigue difundiendo que todo está bien, que no pasa nada.

(www.elpais.com, 07/07/09)

Lo que dijo Camps del 'caso Gürtel'...

- 19-2-09. "Es un proceso abierto contra todo un partido político".

- 10-3-09. "Yo me pago mis trajes".

- 15-3-09. "Cada semana hay una mentira nueva (...). Si se coteja mentira tras mentira, se verá que, al final, todo es una tremenda incoherencia".

- 30-4-09. "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar públicamente todo lo que hay, que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde".

- 23-5-09. "No nos quieren ni quieren que la Comunidad Valenciana funcione".

- 24-5-09. "Hemos aguantado como jabatos, y por eso venimos recuperando espacios".

... y lo que Rajoy dijo de Camps

- 19-2-09. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar. Se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si se le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo".

- 16-3-09. "Vamos a defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes mientras no se demuestre lo contrario".

- 23-4-09. "Mantengo mi plena confianza en el presidente Camps. Afecta a la inteligencia pensar que alguien se vaya a vender por tres trajes".

(www.elpais.com, 07/07/09)

12. CASO GÜRTEL. EL PRESIDENTE VALENCIANO EVITA ASISTIR A UN ACTO POR TEMOR A LAS PROTESTAS

Detractores y defensores de Camps se concentraron frente al auditorio de la localidad valenciana de Alaquàs, donde se celebró un acto de los populares, al que finalmente Camps no asistió, pese a estar prevista su presencia. Se vivieron momentos de tensión, con abucheos, insultos y algún empujón entre quienes pedían su dimisión y sus seguidores. Varios consejeros tuvieron que ser escoltados. Ricardo Costa, número dos del PP valenciano, también imputado, clamó ante sus seguidores: "Os pido un sonoro aplauso al presidente Camps, el más honrado".

(www.elpais.com, 08/07/09)

13. CASO GÜRTEL. BARBERÁ JUSTIFICA REGALOS QUE CAMPS NIEGA HABER RECIBIDO

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, intentó minimizar la imputación por supuesto cohecho contra el presidente valenciano, Francisco Camps, con una declaración en la que viene a dar por hechos los regalos que Camps niega haber recibido:

"Todo el mundo conoce que cada vez que el presidente [de Cantabria, Miguel Ángel] Revilla va a La Moncloa le obsequia [al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero], por agasajo o por complacencia, con algunas cajas de anchoas. ¡Y vive Dios que las anchoas son unos productos caros! (...)

Por tanto, yo pido en este momento, por vía de oficio, por vía de citación... el abogado que considere presente la denuncia. Porque me da la impresión de que haciendo un paralelismo con la situación del presidente Camps, también están incursos en este artículo [426 del Código Penal, relativo al cohecho] algunos más, yo también por las flores [que recibo] probablemente, no digo que no, pero también el presidente Revilla y Zapatero por las anchoas de Santoña que le regaló el presidente Revilla".

Barberá ignoró que Camps, en su defensa, niega haber recibido regalo alguno y afirma haber pagado los trajes objeto de investigación, algo que el Tribunal Superior de Justicia valenciano pone en duda. Revilla replicó: "Mal deben de tener el tema cuando el argumento para defenderse provoca la hilaridad nacional".

(www.elpais.com, 08/07/09)

14. CASO GÜRTEL. EL PP CRITICA LAS ANCHOAS DE BARBERÁ

El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha opinado este miércoles que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "ha estado desafortunada" en las declaraciones que hizo sobre las anchoas que regala el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, aunque ha añadido que "todos somos humanos".

Barberá sostuvo que si dimitiera el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, tendría que hacerlo también "todo el país, empezando por el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero, ya que añadió que recibe anchoas como "dádiva" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

A preguntas de los periodistas sobre estas manifestaciones, el líder del PP en Cantabria ha dicho que la valía de Barberá la demuestran todos los valencianos que le otorgan, en las elecciones, la mayoría absoluta para gobernar, además de considerar que se aprecia también en "como está Valencia".

Pero ha reconocido que sus declaraciones fueron "desafortunadas", aunque ha opinado que "hasta el mejor gestor" puede hacer una manifestaciones "no afortunadas". "Somos humanos", ha reiterado.

Diego ha aprovechado también esta pregunta para reiterar su "sincero aprecio" y "valoración" hacia Francisco Camps, de quien ha dicho que es "un extraordinario político y uno de los valores más importantes del PP".

Además, ha afirmado que es "un extraordinario gestor y una excelente persona".

(www.publico.es, 08/07/09)

15. CASO GÜRTEL. EL PP ADMITE QUE CAMPS DEBERÁ MEDITAR LA DIMISIÓN SI VA A JUICIO

Si finalmente Francisco Camps tiene que ir a juicio, será él quien deberá analizar la conveniencia de continuar o no en la vida política. Ese es el mensaje que anoche trasladó la dirección popular, después de haber mantenido en las últimas 48 horas que no se contemplaba la posibilidad de llegar a esa situación. Pero unas declaraciones en Castilla y León Televisión de la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, evidenciaron que en el PP sí se baraja ese escenario. Se le preguntó si el hecho de que Camps llegase a enfrentarse a un jurado popular debería implicar su dimisión. "Dependerá de muchas circunstancias y, fundamentalmente, de una opinión personal", respondió.

En todo caso, el equipo de Mariano Rajoy insiste en que cree al presidente valenciano cuando garantiza que él paga su ropa y que, por tanto, no ha aceptado ningún cohecho en forma de trajes por parte de una red corrupta de empresarios. Además, la dirección de los conservadores reconoce que seguirá apoyando a Camps. "No tiene de qué preocuparse", enfatizó anoche Cospedal.

El entorno del propio Camps reitera que no tendrá que pasar el mal trago de ser fotografiado sentado en un banquillo, ya que cuenta con que la sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acepte su recurso contra el auto judicial que abre esta posibilidad. Estas fuentes confían en que la presencia en dicha sala del máximo responsable del tribunal, Juan Luis de la Rúa –amigo de Camps–, junto a otros dos jueces conservadores, sea una garantía para los intereses del presidente valenciano.

También recurrirán el auto los socialistas valencianos, con el objetivo de que se amplíe la investigación a los delitos iniciales que apuntó el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón: financiación ilegal de partidos, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El portavoz del PSPV en el Parlamento valenciano, Ángel Luna, quiere que se tome declaración a otros testigos como el cabecilla de la red, Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo, y a la exdirectiva de Easy Concept Felisa Jordán, quien declaró ante Garzón que ella pagó, a través de la empresa de Correa, los trajes a Camps. Este último testimonio, clave para entender el entramado de los negocios de Correa y sus conexiones, no ha prestado declaración en Valencia porque el juez no lo ha considerado necesario.

Mientras, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, volvió a comparar las anchoas que regala el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con los trajes que pudiera haber recibido Camps. Barberá consideró que ese tipo de obsequios no son un cohecho y llegó a sugerir un cambio en el Código Penal. Lo paradójico es que ella se refirió a los polémicos trajes también como obsequios, cuando Camps asevera que él los pagó. Al partido no le ha gustado la salida de la alcaldesa, incluso, hay quien piensa que podría haber "destapado" una "mentira" de su jefe.

(www.elperiodico.com, 09/07/09)

16. CASO GÜRTEL. RAJOY PIDE AL PP QUE APOYE A CAMPS PERO ELUDE A BÁRCENAS

Mariano Rajoy cree al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando garantiza que él siempre se ha pagado su ropa y no ha aceptado regalos de ninguna red corrupta. Y le cree aunque el juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), haya encontrado indicios suficientes de que Camps se dejó querer por la trama Gürtel y aceptó trajes como obsequio. Rajoy pretende ahora que "todo" el partido comparta su fe y que se acallen las voces internas que apuntan a un posible "exceso de confianza". Y con ese fin ha impulsado una estrategia de defensa y de comunicación para salvar la imagen de Camps. Algo que no ha hecho por su tesorero, Luis Bárcenas, de quien la mayoría del partido espera la dimisión.

Fuentes de la dirección popular aseguran que se está dando a Bárcenas cobertura jurídica, y que se le ha hecho llegar que su continuidad causa recelos en la organización. "A veces hay que comentar a alguien lo que no quiere ver", puntualiza un dirigente del PP. De momento, se descarta forzar la salida del tesorero, aunque es evidente que el partido no ha cerrado filas en torno a Bárcenas como sí lo ha hecho con Camps. Por orden de Rajoy.

Esa orden llegó a través de un comunicado del PP con la tesis de que Camps tiene el apoyo "de todos", ya que se confía en que la justicia "terminará por dar un pronunciamiento favorable hacia el presidente valenciano". El mensaje fue repetido una y otra vez por los dirigentes que tenían previstas intervenciones ante la prensa.

Hasta el propio Camps subrayó desde Valencia que la verdad sobre este caso está "más cerca que nunca" y que solo le quedan "uno o dos escaloncitos" para librarse del proceso. "Y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado al pasado", añadió el dirigente. Pero ¿en qué confía Camps, que se niega a dimitir, para subir con tanta rapidez los "escaloncitos" de la justicia? Pues básicamente en la estrategia jurídica que han diseñado sus abogados en colaboración con Federico Trillo.

Dicha estrategia pasa por recurrir el fondo y la forma del auto del juez Flors ante la sala de lo civil y penal del TSJCV. La forma, porque los populares no estiman necesario que Camps deba someterse al criterio de un jurado popular, llegado el caso. Y el fondo, porque sostienen que Flors ha elaborado una teoría sin pruebas y ha primado el testimonio del sastre José Tomás (denunciado por su empresa por fraude documental y estafa) sobre el del presidente.

Aquí, el quid de la cuestión está en probar quién pagó los trajes que Camps se hizo en las tiendas Milano y Forever Young de Madrid. Según el juez, fue la red corrupta. Según los conservadores, los abonó Camps delante de "testigos", aunque no descartan que fueran cobrados dos veces por el modisto.

Los abogados del presidente valenciano esperan que, en el peor de los casos –que sea finalmente sometido a un juicio oral con jurado–, se atienda su petición de que se llame a declarar a los supuestos "testigos" con los que cuenta su defendido. Y el equipo de comunicación del PP sigue poniendo la venda antes que la herida: insiste en que un delito de cohecho impropio conlleva una multa de alrededor de 2.500 euros.

Pero la verdad es que el equipo jurídico popular, con Trillo a la cabeza, confía en que no haga falta llegar a ese punto y que la sala de lo penal del TSJCV dé la razón al recurso que, el próximo viernes, registrará en el tribunal. De todos modos, solicitará que dicha sala se pronuncie antes del día 15, la fecha prevista para la vista previa al juicio.

Evidentemente, el PP tiene prisa por resolver el tema en vía judicial. No tanta por abordar limpiezas caseras. ¿Quién debe dimitir en el partido y quién no? "Cada caso es un mundo. No hay regla general ni puede haberla", responde un importante dirigente popular. ¿Y puede alguien sentarse en un banquillo ante un jurado y ser presidente autonómico? "No contemplamos que llegue ese momento", concluye.

(www.elperiodico.com, 08/07/09)

17. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS DIXIT: "SI HAY COJONES, QUE ME CESEN. ESTOY ESPERANDO AL MOTORISTA"

Bárcenas está indignado con sus compañeros de partido porque entiende que no le están defendiendo de forma adecuada, a diferencia de lo que sucede con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El tesorero del PP ha montado su propia estrategia y amenaza a la cúpula del partido, incluido su buen amigo Arenas, con cantar. En este sentido, según asegura el diario El Mundo, citando a fuentes del PP, habría recordado en círculos privados que él ha sido el gerente de todos los presidentes secretarios generales del PP, o sea, que conoce cuanto merece o no saberse.

La columna e Raúl del Pozo en la contraportada de El Mundo relataba el mosqueo de Bárcenas con sus compañeros de partido por la estrategia comandada por Federico Trillo, que pasa por que se "aparte del foco" y que dimita. "Si ha cojones, que me cesen. Estoy esperando al motorista", aseguró un Bárcenas que se niega tajantemente a dimitir: "Ni de manera transitoria ni pollas. Yo no he aguantado cicno meses toda la mierda para rendirme ahora y darme por acusado. El partido no puede ir por delante de la Justicia".

Pero hay más, la "garganta de seda", así llama Raúl del Pozo a su fuente, tilda a Cospedal de "retrasada mental" y asegura que es incapaz de controlar el partido, un PP que se le ha subido a Rajoy a la chepa. Según este informante anónimo, Barcenas fue quien cortó el acceso de Correa a Génova en 2003 al descubrir que era "un desquiciado" y "dejó de hablar a Camps" cuando decidió contar con él en Valencia.

El diario de Pedro J. asegura que en Génova no son pocos los que creyeron identificar a "garganta de seda" como el propio Bárcenas. Añade que el asunto ha encendido todas las alarmas y que la cúpula del PP está nerviosa ante la posible imputación del tesorero. Al parecer, Mariano Rajoy está cada día más incómodo con él pero no se atreve a pedirle directamente la dimisión.

Quien sí que no se ha quedado con los brazos cruzados es Bárcenas, que ha montado su propia línea de defensa al margen del partido. Para empezar ha contratado al abogado Miguel Bajo, prescindiendo de los servicios jurídicos del PP y ha montado su propia estrategia de comunicación, ayudado por su jefe de prensa, Elías Ramos. El diario de Pedro J. resume de esta manera su "hoja de ruta":

"Para empezar, Bárcenas ha dejado sentado que defenderá hasta el final su derecho a la presunción de inocencia. Su segunda premisa es que, si tiene algún problema penal, sólo será fiscal y, en su caso, estará prescrito. La tercera constituye ya un primer aviso a navegantes, que se resume en que él está tranquilo y son otros los que tal vez podrían preguntarse si lo están. Siempre según estas fuentes, Bárcenas ha recordado en círculos privados que él ha sido el gerente de todos los presidentes y secretarios generales del PP; o sea, que conoce cuanto merece o no saberse. Y al fin, la hoja de ruta culmina con un propósito confesado, el de ser tan generoso con el partido como éste lo sea con él, lo que significa que si hay imputación y la dirección le defiende, dejará la tesorería, pero no así el escaño de senador".

(www.elplural.com, 10/07/09)

18. CASO GÜRTEL. EL JUEZ CIFRA LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET CON EL CONSELL EN 7 MILLONES

La relación entre la Generalitat y Orange Market no fue esporádica ni casual. La Administración valenciana adjudicó desde 2005 a 2009 a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y a otras sociedades de la trama Gürtel, contratos por cerca de siete millones de euros, según recoge el magistrado instructor del caso en el auto conocido . Esta red colaboró además con el PP valenciano en la preparación y diseño de actos de partido en varias campañas electorales. "Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa [secretario general del PP e imputado] desde 1996", recoge.

Nada más estallar el escándalo Gürtel, el Consell negó que la Generalitat hubiera trabajado con las empresas de la trama de forma habitual. Sólo admitió -porque en su día se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- la concesión mediante concurso público de contratos por un total de 5,5 millones de euros por el montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria del Turismo de Madrid (Fitur) de 2005 a 2009.

El magistrado instructor elevó esa cantidad a 6,9 millones de euros. "Desde 2005 le fueron adjudicados a esta sociedad por diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto", que el auto concreta en la organización de Fitur y otras ferias como TVC, Expovacaciones, SITC e Intur.

El auto no precisa el resto de contratos con la Generalitat, pero entre los que han trascendido en los últimos meses está el encargo a Orange Market de la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race por 445.000 euros. La Consejería de Bienestar Social le encargó dos actos de una de sus fundaciones por 32.000 euros y la de Cultura le entregó 100.000 euros por actos relacionados con el décimo aniversario de Castelló Cultural. El departamento de Medio Ambiente, a través de su empresa Vaersa, le encargó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no concluyó, aunque por él cobró el 50% del importe del contrato, cifrado en casi 70.000 euros. Hasta ocho consejerías encargaron trabajos a la red de empresas de Correa.

No fueron las únicas. Una serie de entidades controladas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Feria Valencia o la Fundación Agua y Progreso contrataron también con El Bigotes. De ellos, uno de los más costosos fue el adjudicado por la dirección ferial por un monto de 800.000 euros.

Orange Market era una habitual en la preparación de actos para el PP valenciano. Los populares trabajaron con Álvaro Pérez en actos celebrados con motivo de las campañas electorales de 1999, 2003 y 2007. Algunas fuentes elevan a 1,8 millones el importe de estos encargos.

Contratos públicos

Según el juez, la Generalitat adjudicó a Orange Market desde 2005 contratos por cerca de siete millones de euros:

- Año 2005: 1.748.839,19 euros

- Año 2006: 1.174.767,17 euros

- Año 2007: 1.325.741,44 euros

- Año 2008: 1.714.860,26 euros.

- Año 2009: 953.172 euros hasta el pasado mes de mayo.

(www.elpais.com, 07/07/09)

19. CASO GÜRTEL. RTVV VUELVE A PASAR DE PUNTILLAS SOBRE EL 'CASO CAMPS'

Ni rastro de Francisco Camps y el caso Gürtel en los titulares del día en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Los informativos de las dos de la tarde en Canal 9 y Ràdio 9 volvieron a esconder la imputación del presidente de la Generalitat en la investigación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la trama corrupta de Francisco Correa, y tampoco explicaron el motivo de las diligencias abiertas contra Camps, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo).

El tratamiento informativo del auto del magistrado José Flors, que ha encontrado "suficientes indicios racionales" de un supuesto cohecho por los regalos de la trama de corrupción a Camps y el resto de imputados, provocó la protesta de CC OO, que acusó a RTVV de "esconder la información" y presentarla con eufemismos para "camuflar" que se mantienen las imputaciones. También la Intersindical Valenciana denunció que "RTVV continúa infravalorando la investigación del caso Gürtel" y consideró "inaudito" que todos los medios abrieran sus informativos con el auto, y Canal 9 y Ràdio 9 lo hicieran con temas internacionales.

La noticia no se dio en la televisión valenciana hasta las 14.40, tras la media hora de noticias comarcales, y entre la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Rusia y el relevo en la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y se dio después de destacar que los informativos estaban "muy pendientes" de la revuelta en China y las tormentas de verano, además de la situación en Honduras, la del Valencia CF, un asesino en serie en EE UU, los Sanfermines y un plan renove de bombillas.

Canal 9 habló de que Flors "ha decidido mantener la tramitación del procedimiento que sigue" contra Camps, Costa, Campos y Betoret "al apreciar indicios racionales de cohecho". A renglón seguido anunció que la resolución "será recurrida" y que las partes comparecerán el 15 de julio ante el juez. "La dirección nacional del PP ha reiterado su total respaldo a Francisco Camps", añadió para introducir declaraciones de apoyo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ni una palabra de la oposición, tampoco en Ràdio 9, destacaron los sindicatos. CC OO se sorprendió de que Canal 9 usara la palabra "cohecho" en castellano, una forma de "evitar la malsonante traducción al valenciano, que es suborn", y la Intersindical pidió dimisiones en RTVV.

20. AZNAR AVISA A RAJOY: "LOS ÉXITOS DEL PASADO NO GARANTIZAN EL ÉXITO DEL FUTURO"

Coincidían José María Aznar y Mariano Rajoy en la clausura de un curso de verano de la FAES y había mucha expectación por ver qué se decían el uno al otro. Fue Aznar el que dio el primer paso al felicitar públicamente a Rajoy por el triunfo del PP en las pasadas elecciones europeas. Pero la felicidad no podía ser completa: el ex presidente advirtió al actual líder del PP de que "nos engañaríamos si creyéramos que los éxitos del pasado garantizan el éxito del futuro". No es la primera vez que le lanza avisos de ese pelaje. 

"Sólo la defensa decidida y muchas veces a contracorriente de las ideas que defendemos; sólo la determinación de decir la verdad, aunque eso moleste a los guardianes de lo políticamente correcto; sólo la exposición clara de un programa de futuro, con los sacrificios que exigirá y con los objetivos que busca alcanzar, nos hará merecedores del triunfo", dijo Aznar con la mente puesta en las generales previstas para 2012. A su juicio, para alcanzar un triunfo electoral en el futuro se necesita "de una estrella polar, de un sueño" que ofrezca convertir a España en una gran nación "abierta, próspera, pujante, influyente y capaz de medirse muy pronto a las mejores democracias del mundo".

Para conseguir ese objetivo, Aznar puso a "disposición" del PP y de Mariano Rajoy el trabajo de la Fundación FAES, "para generar ideas que puedan ser de utilidad para presentar la mejor oferta a los españoles" cuando lleguen las próximas elecciones generales. Aznar se mostró dispuesto a colaborar con la actual cúpula del PP ofreciendo soluciones, "aunque no sean ni fáciles ni cómodas", porque lo suyo no es ofrecer "sonrisas fáciles, sino ideas para el presente y el futuro" de España.

"Todos esperamos sus mejores éxitos, todos deseamos sus mejores éxitos y todos estamos a su disposición para tener los mayores éxitos", añadió Aznar en referencia directa al actual líder del PP.

Además, pidió a Rajoy que combata con todos los medios la nueva ley de educación aprobada en Cataluña, como un "deber moral" para el PP, denunciar la "conculcación de derechos" fundamentales de los ciudadanos y defender a quienes tienen menos recursos para que no queden "prisioneros del empobrecimiento al que conduce el dogmatismo y el sectarismo de quienes nos gobiernan".

(www.publico.es, 08/07/09)

21. AZNAR DICE QUE LA LEY DE EDUCACIÓN CATALANA ES "HIJA DEL FANATISMO Y DEL SECTARISMO"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha calificado este lunes de "error" la Ley de Educación catalana, y ha subrayado que decisiones así son "hijas del fanatismo y del sectarismo, agreden derechos fundamentales de las familias y nos empobrecen como sociedad, empezando por quienes lo sufren".

Aznar ha presentado el curso 'Desafíos y amenazas a la democracia liberal' en Campus FAES, donde ha arremetido contra la Ley de Educación aprobada en Catalunya, "que supone erradicar la enseñanza del español en la escuela", en su opinión. No se trata, ha dicho, "ni de un problema de derechos de las lenguas ni de un problema de identidad de Catalunya, ni de ninguna reivindicación social", sino de los derechos de quienes hablan las dos lenguas -catalán y español-.

Se ha preguntado en qué país la enseñanza de la lengua común queda reducida a dos horas a la semana y, sobre todo, en qué país que pudiera suceder esto el Gobierno central da como única respuesta a las familias la recomendación de "resignarse" a que sus hijos sean privados de una adecuada enseñanza del español. Desde su punto de vista es "un enorme error, que sobre todo van a pagar muy caro los niños catalanes". "Quiero decirlo muy claro: no estamos ante un problema lingüístico; estamos ante un problema de violación de derechos de las personas", ha insistido.

José María Aznar ha sido especialmente crítico con el Gobierno central, del que "deberíamos esperar que reaccionara en defensa de la libertad" de las familias catalanas, "aunque tampoco nos puede sorprender, cuando ese mismo Gobierno tiene dificultades para distinguir la vida humana de lo que no lo es", en alusión a la reforma de la Ley del Aborto. Por todo ello, Aznar ha pedido al eurodiputado Jaime Mayor Oreja que defienda ante el Parlamento Europeo los derechos de estos ciudadanos que "el Gobierno español y el Gobierno catalán se niegan a defender".

Mayor Oreja, por su parte, ha replicado que la mayor amenaza de cualquier democracia es no entender el momento histórico, político y social que vive, algo que, a su juicio, está sucediendo en España y en Europa, y que provoca que se multipliquen las amenazas.En el caso de España, ha explicado, la amenaza principal es la pérdida de los valores y principios que impulsaron la Transición y que "están exhaustos y agotados, pero no por el mero paso del tiempo", sino por un Gobierno -el socialista- "en búsqueda de una España irreconocible en el ámbito territorial y de los valores".

Mayor Oreja ha apelado al fortalecimiento del liderazgo de Mariano Rajoy para dar una respuesta "organizada y colectiva" a estas amenazas.

(www.publico.es, 06/07/09)

22. EL ASESINATO DE PUELLES, UN INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN ENTRE ETA Y ZAPATERO

Los cursos de verano de la fundación FAES reunía este lunes un cartel de altura: José María Aznar, su presidente, y Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, presentaban juntos el curso "Desafíos y amenazas a la democracia liberal" y qué mayor desafio para la democracia que el terrorismo, han debido de pensar, pues los dos han centrado su discurso en ETA. 

El ex presidente del Gobierno José María Aznar advirtió de que el camino de la derrota del terrorismo hay que recorrerlo "hasta el final", sin desviarse del objetivo y sin "malgastar esfuerzos", y ha exigido al Gobierno que no haya "segunda parte" en la negociación con ETA "para que los terroristas no quieran volver a jugar con la mala memoria de algunos", en alusión al Gobierno socialista.

Aznar remarcó que después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya avalado la ilegalización de Batasuna, o tras el cambio político en el Gobierno vasco, "hay que reiterar la exigencia democrática sin matices ni reservas de que no habrá segunda parte en la negociación política".

Así, dijo, no habrá que asistir "a la repentina transformación de terroristas en interlocutores políticos favorables a la paz, como ya ha ocurrido".

"El camino que conduce al triunfo de la democracia sobre el terrorismo hay que recorrerlo hasta el final, sin desviarnos del objetivo ni malgastar esfuerzos, siendo fieles a la ley y leales al afán de la sociedad española", reiteró, en referencia a cada vez que se detiene a un terrorista.

Además ensalzó el compromiso con la paz del eurodiputado y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y su defensa "de lo correcto, aunque sea a contracorriente", y ha recordado que mientras él llamaba terroristas a los terroristas, "otros les llamaban hombres de paz".

Precisamente Oreja adujo "la falta de atentados antes de las elecciones vascas y europeas" como prueba de que ETA trataba de "favorecer" la derrota del PNV y apuntó que el reciente y "aislado" asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles "se comprende como preludio de un esfuerzo antes de negociar para mostrar previamente su fortaleza y recordar a sus interlocutores que no lo tienen todo ganado".

Y es que para Oreja la estrategia de ETA es muy sencilla: la banda terrorista está preparando una nueva "negociación" con el Gobierno de Zapatero para facilitar su "aterrizaje político" en los ayuntamientos vascos en las elecciones de 2011.

Desde su punto de vista, la banda terrorista está dando pasos en los últimos meses que hacen pensar en que su objetivo es volver a sentar a la mesa al Ejecutivo en una nueva negociación.

"Cada día que transcurre es más fácil de adivinar, se ve con más claridad y nitidez lo que pretende ETA", ha insistido, y ha sostenido que uno de los pasos de la banda terrorista para imponer un nuevo modelo que le convenga ha sido "favorecer" el desalojo del PNV del Gobierno vasco y buscar un nuevo ejecutivo como el catalán, que aglutine a fuerzas de izquierdas "con apariencia de nacionalismo, o a nacionalistas con apariencia de izquierdas".

(www.publico.es, 06/07/09)

23. CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y VALENCIA ABREN UNA NUEVA GUERRA DE CIFRAS

Las autonomías gobernadas por el PP también están poniendo presión a la materialización del acuerdo antes del 15 de julio, aunque de una forma diferente a la de Andalucía. La decisión tomada desde Catalunya por ERC de poner números sobre la mesa mediante la reclamación de un mínimo de 3.800 millones en el tercer año de aplicación del modelo, en el 2011, sirvió a Valencia, Castilla y León y Galicia para abrir la habitual guerra de cifras.

Así, la Comunidad Valenciana, que hace menos de una semana fijaba su base de salida para el primer año en 1.200 millones, la subió hasta los 1.400 millones al dar por buena la versión catalana de que el Gobierno central aumentará los 9.000 millones de aportación global prevista antes de dar comienzo en esta nueva ronda de negociaciones.

Siguiendo esa misma premisa, Castilla y León puso su listón de mínimos en 576 millones, lo que equivale a ganar cuatro décimas de porcentaje en el reparto de recursos (6,4%) respecto a su peso real de población (6%), con el modelo vigente. Un incremento que compensaría, según su opinión, la dificultad existente en comunidades con una gran dispersión territorial para dar cobertura social, lo que se conoce como el criterio de población ajustada. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, llegó a decir que recibir menos de esos 576 millones sería "robar" a sus conciudadanos.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en mantener el porcentaje que delimita su actual trozo del pastel en el reparto (el 7,1%), una cifra inasumible por parte del Gobierno central si se decide a primar el criterio de la población y de su incremento en los últimos años, tal y como reclama, entre otras, Catalunya. Aún así, fue el BNG –en la oposición desde las elecciones del pasado marzo– quien puso la guinda al ir todavía más lejos y subir hasta un 7,8%.

(www.elperiodico.com, 10/07/09)

24. CATALUÑA. MAS AVISA AL PP DE QUE EL DISCURSO DE AZNAR LIMITA POSIBLES ACUERDOS

El líder de CiU, Artur Mas, aprovechó una conferencia en Madrid para poner "deberes" al PP cara a eventuales pactos futuros entre ambos partidos. En presencia de la portavoz parlamentaria de los populares, Soraya Sáenz de Santamaría, y del secretario general del grupo, José Luis Ayllón, Mas advirtió al PP de que no puede pedirle a CiU "según qué cosas" si mantiene el discurso del expresidente del Gobierno José María Aznar, que el miércoles afirmó que la nueva ley de educación catalana (LEC) obligará a algunas familias a mandar a sus hijos fuera de Catalunya para aprender castellano. El dirigente nacionalista se mostró muy contundente contra Aznar, su antiguo aliado, y hasta en cuatro ocasiones calificó las palabras del exlíder popular de "patéticas". Mas afirmó que el exjefe del Ejecutivo actúa o con mala fe –"lo cual podría ser viniendo de quien viene", añadió– o bien con un desconocimiento total de la realidad catalana.

Además, el presidente de CiU recordó que Aznar ha pasado de "hablar catalán en la intimidad", cuando necesitó el apoyo de la federación nacionalista en 1996, a mantener dichas tesis sobre la persecución del castellano en Catalunya.

Varios dirigentes populares consultados respecto a esta invectiva de Mas restaron importancia a las críticas para afirmar a renglón seguido que todo puede cambiar si en el futuro CiU necesita al PP en Catalunya.

Los populares optaron por destacar otra de las frases de Mas. Y es que, minutos antes, al líder nacionalista le preguntaron si mantendría en la campaña catalana el compromiso ante notario de no pactar con el PP. "Cada legislatura tiene sus protocolos, ya veremos", respondió, evitando entrar en la cuestión. "De pactos vamos a hablar muy poco", apostilló. Es decir, que no descarta ningún tipo de acuerdo, pero a lo que aspira CiU es a una "mayoría clara" en las próximas elecciones autonómicas. Hay que recordar que hace unas semanas fue el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien recomendó no repetir la experiencia de firmar ante notario contra el PP.

Pasó de puntillas sobre los casos de corrupción en torno al PP, al afirmar que a él le preocupa la situación económica aunque "parece que son más importantes los trajes y las anchoas", en relación con las acusaciones contra el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho.

(www.elperiodico.com, 10/07/09)

25. CATALUÑA. TARRAGONA RETIRA LA MEDALLA DE ORO A FRANCO CON LA ABSTENCIÓN DE LOS POPULARES

Los símbolos franquistas siguen suscitando controversia más de 30 años después de la muerte del dictador. Al contrario de lo que sucedió hace poco más de una semana en el Ayuntamiento de Madrid, el grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Tarragona se abstuvo en la moción aprobada por el resto de los grupos para retirar la medalla de oro que la ciudad concedió a Francisco Franco en 1952.

"Este tipo de reconocimiento nos proyecta un futuro de libertad y democracia", proclamó el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), tras ser avalada la iniciativa por 21 votos a favor (los del equipo de gobierno formado por PSC y ERC más los de CiU). Pero la abstención de los populares no gustó y Ballesteros recordó al PP que sus compañeros de Madrid respaldaron una propuesta similar hace unos días.

Alejandro Fernández, portavoz del grupo municipal del PP en Tarragona, explicó a este diario que la abstención de su grupo es consecuente con la postura del partido respecto a la ley de la memoria histórica. "Consideramos que iniciativas de este tipo no contribuyen a fomentar la unidad y la concordia entre los ciudadanos. Al contrario, lo que provocan es más división", argumentó Fernández.

(www.elperiodico.com, 10/07/09)

26. GALICIA. EL PP PIDE DAR VOZ A LAS FAMILIAS DE LOS FRANQUISTAS PARA RETIRAR TÍTULOS

El Ayuntamiento de A Coruña eliminará, sin el apoyo de la oposición, la abundante simbología franquista presente en calles y edificios públicos de la ciudad. El PP ha decidido autoexcluirse del lento proceso articulado por el gobierno municipal (PSOE-BNG) para aplicar, a partir del próximo otoño, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007. Los conservadores, con Carlos Negreira como portavoz, se refugiaron en formalismos para abandonar la Comisión municipal de Honores y Distinciones que, con un debate y una votación, daba el primer paso para retirar 53 símbolos franquistas.

Entre ellos se encuentra revocar las distinciones concedidas en la dictadura por el Ayuntamiento coruñés a Francisco Franco y una decena de sus colaboradores o participantes en la sublevación militar.

Hasta tres veces utilizó el PP, en un largo comunicado de tres folios, el término "antidemocrático" con el fin de descalificar el proceso emprendido hace ya un año por el gobierno socialista de Javier Losada para aplicar la Ley de Memoria Histórica. "No nos oponemos a la ley, sino a la forma antidemocrática de aplicarla, porque no se contemplan todas las sensibilidades", justificaron los populares.

Lo que más les molesta es que el proceso para retirar la simbología "nació de forma sectaria" ya que "sólo el alcalde" eligió a los seis expertos que realizaron un informe consultivo sobre los elementos que debían eliminarse de las vías públicas. Y ese proceso, añadió tajante Carlos Negreira, es "excluyente porque a los afectados se les va a condenar sin oírlos. Algo sin precedentes en un gobierno democrático". Por "afectados" y "condenados" se refiere a los familiares de las personas que serán despojadas de los títulos concedidos en la dictadura. Franco es aún en A Coruña hijo adoptivo y predilectísimo, alcalde honorario y tiene la Medalla de Oro de la ciudad.

Para aplicar la Ley de Memoria Histórica, socialistas y nacionalistas decidieron modificar el Reglamento de Honores de A Coruña que establece la necesidad de dar voz a quienes se les suprime una distinción municipal.

Catedráticos, historiadores y representantes de organizaciones sociales, como el Ateneo Republicano, formaron ese equipo de asesores denostados por el PP. Los conservadores ya protestaron en su día y decidieron no participar en la designación de esos expertos por considerar "antidemocrático" que no se eligiesen en proporción al peso político de cada grupo municipal.

(www.elpais.com, 10/07/09)

27. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO CONSTATA NUMEROSAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL PAZO DE TOR

Deudas a trabajadores y proveedores, sanciones de tráfico sin pagar, alquileres de vehículos pese a tener dos en propiedad, pagos de al menos un viaje a África o gastos en reparación de un vehículo ajeno, son algunas de las irregularidades detectadas.

Deudas a trabajadores y proveedores, sanciones de tráfico sin pagar, alquileres de vehículos pese a tener dos en propiedad, pagos de al menos un viaje a África o gastos en reparación de un vehículo ajeno, son algunas de las irregularidades detectadas por la Diputación de Lugo en la gestión de la "Fundación del Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia".

En este sentido informó en conferencia de prensa, el titular del organismo provincial y de la propia fundación, José Ramón Gómez Besteiro, quien explicó que habían iniciado una investigación el pasado 25 de marzo, cuando la diputación sospechó de la existencia de supuestas irregularidades al conocer el inicio de embargo por un impago a la Agencia Tributaria. Se trata de una fundación que había impulsado el anterior Gobierno provincial que presidía Francisco Cacharro Pardo, del PPdeG, y que contaba con la colaboración de la consellería de Medio Ambiente. Inicialmente se había constituido con un carácter medioambiental para gestionar una finca de 200 hectáreas propiedad de la Diputación en las inmediaciones del Pazo de Tor, en la localidad de Monforte de Lemos.

Pese a tener este carácter, desde el pasado mes de marzo se constató la muerte, por presunta inanición, de varios animales, otros se encontraban totalmente abandonados y se produjo una amplia deforestación en un espacio de unas 50 hectáreas, que también ocasionó importantes desperfectos en los 11 kilómetros de caminos que existen en la finca. Ahora, la investigación y los informes técnicos que se trasladaron a una reunión extraordinaria del patronato que gestiona la Fundación, revelaron que los 3 trabajadores adscritos a su gestión tenían pendiente el cobro de 4 a 5 mensualidades y que varios proveedores locales no habían cobrado el suministro que habían facilitado.

En total son 106.000 euros los que se adeudan por ambos conceptos, aunque la investigación también detectó sanciones de tráfico impagadas por 1.490 euros o el arreglo de un vehículo por 2.206 euros que no tenía vinculación con la Fundación y se le reclamó al anterior gerente, Francisco García Bobadilla, la devolución de un vehículo de alta gama, también propiedad de la Fundación, que a día de no ha reintegrado.

Otro de los vehículos utilizado por los trabajadores tiene parte de la documentación caducada y pendiente el pago del impuesto de circulación al ayuntamiento de Monforte. Los informes constataron el pago de 20.000 euros en billetes por un viaje realizado a África el 9 de diciembre de 2008, que se considera de "difícil justificación". Se desconoce a dónde fue a parar el dinero que se recaudó como consecuencia de la deforestación y que los técnicos calcularon que supusieron unos ingresos de 725.000 euros, aunque se generaron daños en pistas por 288.000 euros y serán necesarios otros 55.000 para su reforestación.

La fundación también fue denunciada por la Consellería de Medio Ambiente por cazar dentro de la finca y en los informes se alude a la "dejadez absoluta" de este espacio o que las fincas se encuentran "totalmente abandonadas". Ante esta situación, el actual Patronato decidió hacer frente a las deudas y la Diputación aportará 182.000 euros como consecuencia de su participación en la Fundación.

Gómez Besteiro precisó que de toda esta información se dio traslado a la Fiscalía y que queda a la espera de iniciar "las acciones legales que correspondan", para velar por "los intereses que son de todos", al margen de cuestiones políticas.

(www.lavozdegalicia.es, 08/07/09)

28. GALICIA. LA FUNDACIÓN CINEGÉTICA QUE CREÓ CACHARRO PAGÓ 30.000 EUROS POR LA COLECCIÓN DE CAZA DEL SECRETARIO

La Fundación Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia, cuyo patronato presidió Francisco Cacharro mientras dirigía la Diputación de Lugo, pagó 30.000 euros en el año 2007 por alquilar durante diez años una colección privada de caza. El beneficiario del contrato de cesión fue el propio secretario de la entidad, Carlos Rodríguez de Valcárcel y de Ribed, conde de Rodríguez de Valcárcel. La cuantía abonada por la fundación de la Diputación lucense ubicada en Tor (Monforte) no incluye ningún otro tipo de gastos. El objeto del alquiler de la colección, considerada de escaso valor, es que sirva para realizar trabajos de investigación relacionados con la caza y la pesca.

En el documento, suscrito por el gerente de la fundación, Francisco García-Bobadilla, figuran una corta relación de objetos, entre ellos tres cañas de bambú para la pesca de salmón, de 1950, que valoran en 10.000 euros; otras tantas de trucha, de 1956, tasadas en 3.000, y una ballesta de madera del siglo XVII, de 15.000 euros. Sin embargo, en el informe elaborado por técnicos de la Diputación también figuran media docena de libros de poco valor, trofeos de animales de caza, alguna figura, la calavera de un supuesto lobo, que incluso podría tratarse de un perro, y otro disecado.

Otro de los objetos del lote alquilado tiene una chapa que le atribuye la propiedad a una empresa de otro patrono de la fundación, Carlos Otero Muerza. También se incluye una caja-cuadro con una colección de vainas de cartuchos y balas que carece de valor. Según explicó un técnico, el propietario "hizo limpieza en su casa, porque cualquier aficionado a las colecciones sobre caza tiene una mejor".

Dentro del cúmulo de actuaciones impropias en un centro de estas características, el Servizo de Conservación da Natureza denunció en junio del año pasado a la fundación monfortina por practicar la caza dentro de la finca de Tor empleando para ello jaulas con reclamo.Medio Ambiente le abrió un expediente, con una propuesta de sanción de 900 euros, porque consideró que se debía estimar probado que la entidad "tiña instalada nunha finca unha gaiola coas trampillas abertas e contando cun mecanismo de peche para o caso de que se introducira un animal, e cunha galiña viva no seu interior como chamariz".

Tras recuperar la Diputación lucense el control sobre el centro cinegético, los autores del informe descubrieron unas imágenes en el ordenador central y en una pared de un despacho en las que se ve al guarda de la finca posando con dos corzos abatidos. Por el estado que presentaban los cuernos, los expertos llegaron a la conclusión de que fueron cazados en época de veda. En la finca de Tor no está permitida esa práctica nunca.

(www.lavozdegalicia.es, 08/07/09)

29. GALICIA. EL PP EVITA CONDENAR LA MOCIÓN DE CENSURA DE GONDOMAR

El PP evita condenar la moción de censura presentada por sus concejales en Gondomar y que prosperó gracias al apoyo de los cuatro concejales socialistas que han sido expulsados del PSdeG. El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, su secretario general, Alfonso Rueda, y el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, eludieron un rechazo explícito a la actuación de sus concejales, que Louzán incluso justificó como salida a la situación de "caos permanente" que existía en el ayuntamiento, por lo que cuestionó que pudieran ser considerados tránsfugas, como establece el pacto antitransfuguismo ratificado por el PP hace dos años.

"Nuestra postura es muy clara y muy nítida: hemos dado de baja a todos los que firmaron la moción", afirmó Feijóo en lo que pudiera ser un lapsus del presidente, ya que los concejales de Gondomar se dieron ellos mismos de baja momentos antes de presentar la censura "para no causar problemas al partido", según reconoció el nuevo alcalde de la localidad, Martín Urgal. Urgal, en declaraciones a Radio Galega, admitió que con esta argucia evitan que el PP sea acusado de incumplir el pacto antitransfuguismo.

La baja de los concejales en el partido fue el principal argumento utilizado por los dirigentes del PPdeG para defender que lo ocurrido en Gondomar es sólo "responsabilidad" de los ediles que hasta actuaban bajo las siglas del PP. "Quien apoyó la moción fue el PSOE, habría que preguntarle al PSOE por qué tenía un pacto con el BNG y ahora apoya al PP", esgrimió Feijóo.

Alfonso Rueda, por su parte, señaló que su partido respeta el pacto antitransfuguismo en relación a la moción de Gondomar, pero mantuvo la ambigüedad respecto a su condena: dijo que ya había sido comentada por Rafael Louzán y añadió que "situaciones como ésta ya han tenido lugar". "El PP seguirá siendo el primero y siempre va a ser firme en mantener la exigencia de que se cumpla el pacto antitransfuguismo" si se confirmase que el mismo se vulneró en Gondomar, añadió Rueda en relación a un dictamen que deberá realizar la dirección del partido. A la pregunta de si los ex concejales del PP de Gondomar volverán a concurrir a las elecciones en sus listas, el secretario general del PPdeG se limitó a contestar que "no son afiliados del partido".

Rafael Louzán enmarcó la censura de Gondomar en los "pactos antinatura" promovidos por PSdeG y BNG para toda Galicia y que en Gondomar "duró media hora, lo que la sesión de investidura". A su juicio, decir que en dicho ayuntamiento había una "situación de desgobierno" se queda pequeño: era un "caos permanente", afirmó, contra la voluntad de la "inmensa mayoría silenciosa" que interpretaron los promotores de la moción. "¿Pueden ser considerados tránsfugas cuando son la mayoría?", se preguntó retóricamente el líder del PP en Pontevedra. "Tendremos que esperar al dictamen de los expertos, pero hablamos de términos políticos que los vecinos no entienden."

Manuel Vázquez, secretario general del PSdeG, acusó a Rafael Louzán de ser el "padre político" de la moción de Gondomar y reclamó a Feijóo "rotundidad" en su condena. "No debe dejar dudas de que no está con la trama de corrupción", señaló. Vázquez contrapuso la actitud del PSdeG expulsando a sus cuatro ediles, a los que acusó de "traición", con la "baja voluntaria" que solicitaron los del PP: "Cinismo político de alto voltaje".

(www.elpais.com, 09/07/09)

30. GALICIA. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE PORTAS POR DEFRAUDAR A HACIENDA

La Fiscalía de Pontevedra se ha querellado contra el alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez Souto, por un presunto delito fiscal tras haber sido detectado en la contabilidad de la promotora Pazos Souto 2.000, de la que es administrador único, un fraude de 150.000 euros. La querella fue presentada en marzo pasado por el fiscal especial de Delitos Económicos en el juzgado número 1 de Caldas de Reis. Tras la denuncia, Vázquez Souto, acompañado por su abogado, compareció el martes en calidad de imputado.

Según la investigación de la Agencia Tributaria, ha quedado suficientemente acreditado que en la contabilidad de la empresa del alcalde se inflaron los gastos para rebajar el impuesto de sociedades en el ejercicio fiscal correspondiente a 2005. El presunto fraude hace referencia a diversas obras ficticias que se contabilizaron como inversiones y cuyas facturas falsas se detectaron en la construcción de dos edificios de pisos y apartamentos, Castillo 1 y Castillo 2, que la empresa ejecutó en Fuerteventura (Canarias).

En su declaración judicial, Roberto Vázquez se exculpó de toda responsabilidad y alegó que el trabajo que tiene en el ayuntamiento por el desempeño del cargo de alcalde le impide llevar personalmente el control de la contabilidad de las empresas que administra. "Para eso tengo un contable", dijo.

El mandatario popular se enfrenta a una condena de uno a cuatro años de cárcel y una multa que puede alcanzar el millón de euros. La pena conlleva de tres a seis años de inhabilitación especial para contratar obras con la Administración Pública, así como para solicitar beneficios de la Seguridad Social o subvenciones fiscales.

La defensa de Vázquez Souto podría negociar ahora una conformidad de la condena para minimizarla, "salvo que apareciera un atenuante muy cualificado", indicaron fuentes judiciales. Aun así, se le podría imponer la pena mínima de un año de prisión sin que la ley contemple la inhabilitación que le impida seguir ejerciendo como alcalde de Portas, un cargo que desempeña desde hace casi dos décadas.

Roberto Vázquez es uno de los promotores con empresa propia y con mayor presencia en el sector en las cuatro provincias gallegas, donde preferentemente se ha dedicado a construir edificios de viviendas en zonas urbanas y chalés en enclaves turísticos. El alcalde no sólo ha sabido aprovechar el boom urbanístico en la ría de Arousa, sino que ha llegado incluso al archipiélago canario, donde ha obtenido excelentes resultados económicos.

La promotora fue constituida en 2000 y pertenece al grupo Pazos Souto, que integra unas siete empresas, según declaró el alcalde, y su sede está en Caldas de Reis. Fue creada para dedicarse a la promoción inmobiliaria "aprovechando el momento coyuntural que presentaba la economía española, que atravesaba un ciclo de crecimiento en el que existía una elevada demanda y con unas expectativas de futuro muy buenas", explica la presentación del grupo en su página web.

La empresa ha logrado alcanzar más de un 70% de ventas antes de finalizar las cubiertas de los edificios que construye, añade su promoción en Internet, ofreciendo altas calidades en los materiales y acabados. "Con estos criterios nos podemos permitir dar amplias garantías a los usuarios, asegurando con ello la rentabilidad de la empresa y su viabilidad y estabilidad", asegura.

(www.elpais.com, 04/07/09)

31. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE COMPARA LOS TRAJES DE CAMPS CON "LAS PICOTAS" QUE LE REGALÓ "UN FRUTERO AMIGO"

A partir del año que viene, Federico Jiménez Losantos dejará de presentar La Hora de Federico en Libertad Digital Televisión para dedicarse "en cuerpo y alma" a esRadio. Para poner al punto y final a su programa de televisión, el polémico periodista entrevistó a su musa liberal, Esperanza Aguirre, y al presidente de su equipo de fútbol, el constructor Florentino Pérez.

Antes de empezar a charlar amablemente con Aguirre, el todavía locutor de la COPE alabó la política económica neoliberal (bajada de impuestos, reducción del gasto público…) que la líderesa del PP está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid (la única región, por cierto, en la que aumentó el paro el pasado mes de junio). Cargando contra Keynes, y alabando la política económica de José María Aznar. Así empezó su intervención Esperanza Aguirre en el programa de Federico. Acto seguido, la presidenta del PP madrileño afirmó, emulando a su mentor, que "este gobierno es el peor gobierno de la democracia de la historia", entre otras cosas, porque Zapatero tiene en cuenta las "cuotas" y "cesó a todas las gordas para poner a todas las flacas".

Aguirre, también se posicionó en contra de la elección de Elena Salgado como ministra de economía (prefería para el cargo a Fernández Ordoñez), se posicionó a favor de la energía nuclear porque es "lo que el sentido común dicta" y se mostró partidaria de que "los bancos que estén bien gestionados sigan y los que no, caigan. Al igual que las cajas". En definitiva, Aguirre mostró su perfil más radical, hasta el punto que no tuvo reparos en afirmar que estaría "encantada" de que Álvarez Cascos volviera a la política porque "es un fantástico responsable de cualquier cosa".

Y tras Cascos, llegó la defensa de Francisco Camps. ", un frutero amigo me mandó unas picotas impresionantes. Y cuando fui a comerme la picota dije ¡Dios mió, voy a cometer cohecho impropio!", afirmó Esperanza Aguirre para defender al presidente de la Comunidad Valenciana y cargar contra leyes "poco serias" y "disparatadas" como las del cohecho impropio (delitó que comparó con el "asesinato impropio").

Eso sí, Aguirre dejó claro que ella sí podría demostrar que ha pagado todos sus trajes: "A mí si me piden las facturas de mis trajes puedo asegurar que no las tengo, pero creo que podría demostrar que los he pagado, como supongo que hará Camps", puntualizó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco desaprovechó la ocasión para descalificar a los periodistas de Telemadrid (muchos de ellos sindicalistas) que han realizado múltiples huelgas a lo largo de este año para luchar por sus derechos. Según la líderesa, "han firmado (el acuerdo con la dirección) porque como se tenían que ir de vacaciones, no se iban a poner en huelga". Eso sí, Aguirre recordó que "casualmente" ese acuerdo acaba tres meses antes de las próximas elecciones autonómicas.

"Seguro que después del verano nos veremos y yo le escucharé a usted", dijo Aguirre para despedirse de su amigo Don Federico.

(www.elplural.com, 10/07/09)

32. COMUNIDAD DE MADRID. LÓPEZ VIEJO COBRÓ SIN BASE LEGAL DOS SUELDOS COMO VICECONSEJERO

El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, fue el primer viceconsejero de la era Aguirre en cobrar dos sueldos: el de su cargo y el que recibía como diputado de la Asamblea. Y lo hizo durante los tres años que fue viceconsejero de Presidencia sin ninguna base legal, según fuentes de la Mesa de la Asamblea. La Comunidad de Madrid niega que se incumpliera la ley.

Hasta que López Viejo comienza a cobrar, se aplicaba el régimen de incompatibilidades de los altos cargos que instauró en 2000 el anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y que impedía a los viceconsejeros, y también a todos los altos cargos del Gobierno regional, tener doble retribución pública, sin excepciones.

Esperanza Aguirre nombra viceconsejero a López Viejo el 23 de mayo de 2003, pese a que estaba acusado de supuestas contrataciones irregulares durante su etapa como edil en el último mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano. Cinco años después, López Viejo tuvo que dejar su puesto de consejero de Deportes el pasado 9 de febrero, al ser imputado por la contratación irregular de las empresas de Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel.

A su llegada al Gobierno regional, López Viejo mantiene el escaño y, según fuentes de la Mesa de la Asamblea, comienza a cobrar como diputado con "dedicación parcial". Las mismas fuentes explican que no existía ninguna "cobertura legal" para que López Viejo cobrara este dinero, porque no se produjo ninguna modificación de la ley de Gallardón, ni hubo un acuerdo de la Mesa de la Asamblea, que tiene la competencia sobre las retribuciones de los diputados, para permitirlo. La Ley de Incompatibilidades equipara los sueldos de los altos cargos regionales a los de la Administración General del Estado y establece: "Sin que pueda generarse otra retribución por cualquier otro concepto".

Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento y que fue consejero de Hacienda con Gallardón, explicó que la ley sólo admitía excepciones para las retribuciones por dar conferencias o por escribir un libro. "A partir de esa ley, la entonces viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero, no cobró ningún concepto por su condición de diputada", explicó Bravo. Aunque reconoció que, antes de la Ley de Incompatibilidades, la anterior viceconsejera de Presidencia, Carmen Álvarez Arenas, sí cobró en la primera legislatura de Gallardón como presidente.

Pero ninguna disposición posterior derogó la regulación de Gallardón. Tras las autonómicas de 2007, López Viejo pasa a ser consejero de Deportes. Dos meses después, Aguirre lleva a la Asamblea la Ley de Modernización de la Administración, que modificó varias normas a la vez con el rechazo de PSM e IU. En ella se extiende la doble retribución a todos los viceconsejeros con acta de diputado. Eso les permite cobrar, a día de , unos 8.000 euros mensuales, más que algunos consejeros o la presidenta de la Asamblea.

Sin embargo, el Gobierno regional niega que no hubiera cobertura legal para que López Viejo cobrase. "No se ha vulnerado ninguna norma", afirmó un portavoz que remite a la misma ley de Gallardón para justificar que los viceconsejeros de Presidencia, el enlace entre el Gobierno regional y la Asamblea, cobraran dos salarios. "La Ley de Medidas de 2007 introduce que todos los consejeros pudieran cobrar para equipararlos", agregó.

(www.elpais.com, 08/07/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJERO INSUMISO

El Tribunal Supremo acaba de dictar una última sentencia que obliga a la Consejería de Educación a reconocer la titulación de Filología Catalana en las próximas convocatorias de oposiciones para acceder al cuerpo docente. No es la única. Todas las sentencias emitidas respecto a la unidad lingüística del valenciano y el catalán son muy claras. Y van ya 21 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, 3 del Tribunal Supremo y una del Constitucional. La desproporcionada jurisprudencia consolidada al respecto -desde que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ganó en 1997 el primer recurso en el Constitucional contra la organización ultraderechista Alternativa Universitaria- ha sido ratificada con creces en sucesivos fallos a favor de CC OO, Acció Cultural y las Universidades de Valencia, Alicante y Castellón, que llevan casi dos décadas de lucha en los tribunales por la homologación de un título estatal que la Generalitat no reconoce aún. Y han ganado la batalla. Pero su aplicación no.

Dos argumentos son reiterados en prácticamente todas las sentencias, incluida la del Constitucional. Primero, que "hay campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales". Y segundo, que "la licenciatura de Lengua o Filología Catalana avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente valenciana en su Estatuto de Autonomía y, en el ámbito académico, catalana".

Pero la última novedad, a raíz de la reciente sentencia del TSJ ganada por CC OO, es que el juez ponente Rafael Manzana Laguarda condena a la Generalitat a pagar las costas (al igual que hace el Supremo) porque imputa una conducta de desobediencia a la Administración valenciana. Lo que, en este caso, se singulariza en el consejero Alejandro Font de Mora, que la dirige políticamente, y en el director general de Personal, David Barelles, que firma la orden recurrida. "Es a ellos a quienes hay que imputar una conducta que el juez califica de "temeraria" y de "faltar, reiteradamente, a su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes (artículos 118 de la Constitución española y el 17.2 de la Ley del Poder Judicial", afirma el sindicato.

"Ésta es una acusación lo suficientemente grave", concluye el especialista del Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de València y asesor del STEPV, Alfons Esteve.

Desde que los tribunales han optado por condenar a la Administración a pagar los costes, entre noviembre de 2008 y junio de 2009, el incumplimiento de la consejería acumula 6.000 euros a cargo de las arcas públicas. "En tiempos de crisis, ¿cómo explicas a un ciudadano en paro que estos desacatos del consejero cuestan 1.000 euros al mes?", se pregunta.

"Una Administración no puede recortar los derechos de un titulado, porque no se trata de un título propio de la Consejería. Filología Catalana es el único título reconocido a nivel internacional. Si un profesor quiere trabajar en el departamento de Filología Catalana de la Universidad de Colonia (Alemania), necesita el reconocimiento oficial del título", concluye Esteve.

(www.elpais.com, 06/07/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EDIL DÍSCOLO DEL PP PROVOCA LA PARÁLISIS DEL GOBIERNO DE BENIDORM

La historia de la política municipal de Benidorm está a un paso de retrotraerse al escenario de hace dos décadas. Entonces el PP arrebató la alcaldía del PSPV mediante el concurso de la tránsfuga socialista Maruja Sánchez. El voto de censura fue el trampolín para el entonces novato político, Eduardo Zaplana. Ahora, los socialistas están en disposición de devolver el golpe. El protagonista de esta nueva batalla es el edil díscolo del PP José Francisco Bañuls. Éste ha desestabilizado el gobierno del popular Manuel Pérez Fenoll y reabierto la crisis en el PP local.

Los socialistas están a la expectativa y sin un criterio definido. Romper el pacto antitransfuguismo en Benidorm sería un duro trago para la número tres socialista, Leire Pajín. Su cuna política está en esa ciudad, y uno de los brazos que la mecieron, su madre, es concejal en la Corporación.

Ante este panorama Manuel Pérez Fenoll, sigue sin firmar el decreto que confirme el tránsito de José Francisco Bañuls a la condición de concejal no adscrito, y formalmente es miembro de la Junta de Gobierno y figurando en todas las comisiones municipales. El jueves, el regidor díscolo se hizo acompañar de su abogado para reunirse con el secretario del Ayuntamiento, con la intención de delimitar las prestaciones que puede alcanzar con su nueva condición, dado que Bañuls pretende obtener recursos para lanzar un nuevo partido para 2011.

El gobierno local está paralizado a la espera de las condiciones que imponga el concejal díscolo, al que ni siquiera se han atrevido a pedirle públicamente que entregue el acta de concejal y dimita. Bañuls ya sabe que sus demandas son más una cuestión de aritmética plenaria que de informes jurídicos. De momento, ya se ha aliado con el PSOE en una comisión informativa.

Bañuls mantiene también en jaque al PP de Benidorm. Su solicitud de convertirse en concejal no adscrito ha reavivado el enfrentamiento larvado entre las diferentes corrientes del partido. La reunión de la ejecutiva popular de esta semana ha activado la capacidad de la presidenta local Gema Amor, afín al presidente provincial José Joaquín Ripoll. Amor, que llevaba dos años sin entrar en cuestiones espinosas, exigió "autocrítica" a sus compañeros para reconducir la situación, aunque el núcleo duro de Fenoll sigue instalado en la autocomplacencia.

Para colmo, en una jugada que trata de reforzar la figura de Fenoll, la dirección regional del PP ha adelantado que repetirá como candidato a alcalde. Un veterano ex concejal popular mantiene que ahora "el problema es que hay tres concejales que quieren ser alcalde en 2011: Gema Amor, Ángela Barceló (hija del veterano ex senador Miguel Barceló) y el mismo Pérez Fenoll".

La prueba de fuego llegará en el próximo pleno. El PP tiene intención de aprobar la polémica permuta de unos terrenos para la construcción de un hospital en el entorno de Terra Mítica, a la que se oponen los socialistas, que presentaron 30 páginas de alegaciones finalmente rechazadas. Y quien deshace el empate es Bañuls.

(www.elpais.com, 06/07/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE LA VALL D´UIXÓ Y DOS EDILES, INVESTIGADOS POR PREVARICACIÓN

La titular del juzgado número 4 de Nules ha abierto diligencias de investigación penal por un presunto delito de prevaricación contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó, la popular Isabel Bonig, y dos de sus ediles; el de Urbanismo, Óscar Clavell y el de Agricultura, Joaquín Molina, por no haber actuado, presuntamente, para atajar las molestias de olores y de insectos que un secadero al aire libre de naranjas provocaba a dos empresas cercanas pese a las quejas y denuncias de las dos firmas.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el auto de apertura de diligencias penales se dictó el 12 de junio y en él, la jueza sobreseía parte de la querella interpuesta por las empresas en la que acusaban también a los miembros del equipo de gobierno de cometer un delito medioambiental al permitir la actividad. Las mismas fuentes explicaron que el auto ha sido recurrido en reforma y que el juzgado nulense ha librado un oficio al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó para que aporte la documentación sobre el expediente del secadero de naranjas (que eran utilizadas posteriormente como alimento para el ganado). Fuentes municipales aseguraron que ya se ha remitido la documentación.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Vall d'Uixó, Óscar Clavell, lanzó un mensaje de "tranquilidad" ante la apertura la investigación ya que, según dijo, no había pasado ni una semana desde que entraron a gobernar en 2007 "y ya habíamos precintado esta parcela en la que se secaba naranja". "Esta actuación la llevamos a cabo en nuestra primera semana como equipo de gobierno. Nos parece evidente que es un problema heredado" del PSPV, aseguró el edil. Según su relato, el consistorio precintó la parcela ante las quejas de las empresa que ahora se han querellado, Ventura Rico y Uxoter. "El equipo de gobierno no volvió a abrirla hasta que comprobamos que se habían realizado las obras necesarias".

(www.levante-emv.es, 08/07/09)

36. REGIÓN DE MURCIA. EL PP ARRASA EN MURCIA PESE A LIDERAL, CON 26 CARGOS IMPUTADOS, EL RANKING POR CORRUPCIÓN

¿Pasan factura en las urnas las acusaciones e imputaciones que pesan sobre los dirigentes políticos? Aunque a priori la respuesta clara debería ser que sí, no es lo que ocurre a la hora de la verdad en regiones como Murcia, donde 26 municipios (de un total de 45) tienen a sus alcaldes investigados por diferentes delitos, la mayoría vinculados a la corrupción y al urbanismo salvaje. En la región, 26 dirigentes y altos cargos del PP tienen causas pendientes con la justicia y, sin embargo, los populares arrasaron en la última cita con las urnas, las elecciones europeas del pasado 7 de junio, hasta el punto de que seis de cada diez votos fueron a parar al equipo de Ramón Luis Valcárcel.

Tener cuentas pendientes con la Justicia y estar investigado por los tribunales por delitos relacionados con la corrupción y el desarrollo urbanístico no siempre es sinónimo de perder la confianza ciudadana. El caso más claro se da en Murcia, donde el PP arrasa votación tras votación, pese a que hasta 26 miembros del partido con cargos públicos tienen un proceso abierto o incluso han pasado por el calabozo. Tanto es así que, en las pasadas elecciones europeas, los populares se hicieron con un 63,5 por ciento de los votos, convirtiéndose en la agrupación del PP más votada de toda España.

La situación global de la Región de Murcia se refleja en muchos de sus municipios. Según recoge un reportaje de la revista Interviú, de los 45 que integran la comunidad autónoma, 26 han visto a sus alcaldes implicados en asuntos turbios. De ellos la inmensa mayoría afectan al PP. Solo el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (acusado de delitos urbanísticos) y el ex alcalde de Ceutí y senador Manuel Hurtado (prevaricación y falsedad documental) estaban en las filas del PSOE. A ellos se suma el alcalde de Ojos, Francisco Salinas, acusado de corrupción de menores y miembro de un partido local independiente. El resto de Ayuntamientos salpicados por escándalos son del PP.

Y, sin embargo, en las pasadas europeas, estos alcaldes y ediles imputados del PP han conseguido para su partido la mayoría de los votos. En casi todos los municipios, el porcentaje de apoyos al PP superó el 60 por ciento de los votos. Donde más apoyo consiguieron los conservadores fue en Torre Pacheco, con un 69,46 por ciento de los sufragios. Su alcalde, Daniel García Madrid, está acusado de malversación y fraude entre otros delitos, y fue detenido por la Guardia Civil a principios de abril de 2008.

La trama de corrupción urbanística en la que presuntamente participó supuso cuantiosas pérdidas para el Ayuntamiento de la ciudad, y 13 personas más, incluidos los principales constructores de la zona, pasaron por los juzgados y, igual que él, por el calabozo. El frenazo en la construcción ha dejado sin trabajo a miles de personas en esta localidad de 30.000 habitantes. Pese a todo, García Madrid sigue al frente del Ayuntamiento, y su partido arrasó el 7 de junio en la localidad: solo dos de cada diez votantes apostaron por el PSOE.

Algo similar ocurrie en Águilas, donde el edil popular, Juan Soto Ramírez, está acusado de prevaricación y tráfico de influencias (el PP tuvo un 69,43 por ciento de los votos en las europeas); en Villanueva, donde acusan por un delito ecológico al alcalde José Luis López (recabó el 67,6 por ciento en las europeas), o en Abanillas, donde el teniente alcalde, José Antonio Blasco, está investigado por falsificación de documentos (67,12 por ciento el 7 de julio). Y son solo algunos ejemplos, ya que el patrón se repite en todo el territorio.

¿Por qué los alcaldes imputados siguen recibiendo un apoyo tan masivo de los ciudadanos? Según el reportaje de Interviú los murcianos tienen fuertemente asociado al PP con el crecimiento económico. Y es que el abrumador desarrollo urbanístico llevó a que la región haya sido la que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos diez años, aumentado su PIB en un 3,94 por ciento, medio punto por encima de la media nacional. Con el desplome de la burbuja inmobiliaria, ese crecimiento se ha frenado en seco, algo que relacionan directamente con la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno nacional.

Actualmente la comunidad registra 28.800 parados. Según grupos ecologistas, "la especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murica". "Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras. Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa", explican.

Aunque Murcia es el ejemplo más paradigmático, no es el único. Que se lo pregunten a Carlos Fabra, a quien se imputan hasta nueve delitos en un proceso que llevaba más de año y medio sin encontrar juez que se atreviese a estudiar las más de 25.000 páginas del sumario contra él. Pero, pese a los delitos de los que se le acusa, Fabra ha revalidado su candidatura en las urnas, y el PP sigue siendo el partido más votado en Castellón. Tal vez el presidente valenciano, Francisco Camps, que pronto se sentará en el banquillo por su presunta implicación en el caso Gürtel, espere también un indulto ciudadano en los próximos comicios, al margen de lo que diga la Justicia.

(www.elplural.com, 09/07/09)

37. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO DE CULTURA SE GASTA PARA ESPECTÁCULOS 20 MILLONES DE EUROS EN DOS AÑOS

Los madrileños que pasearon por Callao esta primavera pasada vieron, quizá asombrados, un cartelón de una veintena de metros de alto desde el que un ‘tipo’ con aspecto de profesora les llamaba la atención sobre la excelencia no típica de Murcia. Era el mismo personaje que también pudieron ver todos los españoles en sus pantallas de televisión profiriendo un alarido pseudo-operístico para que fijaran sus mentes en los atractivos turísticos de esa región uniprovincial del rincón sureste de la piel de toro.

Fue la última, hasta el momento, gran boutade cultural del responsable regional de la cosa, Pedro Alberto Cruz, quien desde su nombramiento en junio de 2007, ha gastado más de veinte millones de euros en promociones culturales cuanto menos discutibles. O al menos, así les parece a representantes de algunos sectores culturales de la Región. A otros, que participan de la fiesta, obviamente no.

La última ha sido la participación con un pabellón "de Murcia" en la Bienal del Venecia, que ha acogido a un solo artista de la comunidad y ha costado unos 240.000 euros, según lo publicado en la prensa regional recogiendo información oficial. Con ese último cuarto de millón de euros, las cuentas, no exhaustivas, de gasto en "eventos" artístico-culturales han llegado a los casi 20 millones de euros desde junio de 2007.

Lo del profesor antropólogo estrambótico y gritón que se hacía llamar Vladimir Karabatic, de procedencia croata, y que en realidad era el actor catalán Josep Seguí, no dejaría de ser una más de las salidas de pata de banco con pretensiones de ultramodernidad –o posmodernidad– a que tiene acostumbrada la Consejería de Cultura a los murcianos, si no fuera porque la broma costó tres millones de euros, más otros 600.000 para pagar el lema (‘Murcia no typical’) "inventado" por el falso profesor.

Pero ésa no es más que la punta del iceberg de un Gobierno cuyo presidente, Ramón Luis Valcárcel, tío político del consejero, alardea de tener la estructura más reducida de las 17 autonomías españolas. Sólo Cataluña se permite el lujo de ir por libre a Venecia.

Los críticos a esa política de dispendio cultural se preguntan si los 50 millones de euros ahorrados en los últimos meses (diciembre-junio), según anunció el Ejecutivo regional a principios de junio pasado, han servido para pagar los dos millones y medio de euros, Cruz dixit, gastados en el festival SOS 4.8 de mayo de 2009, superando el millón novecientos mil usados en la edición de 2008.

En ese año, nada más hacerse cargo de la Consejería, Pedro Alberto Cruz utilizó 776.000 euros en el polémico festival bianual PAC (Proyecto de Arte Contemporáneo) 2008, según se publicó en su momento. Otro festival oficial de arte, el Alter Arte, tuvo 250.000 de presupuesto. La Agencia de las Artes, 500.000. Y el Plan de Dinamización-Impulso de la Industria Cultural, la friolera de 9,7 millones de euros.

La lista hasta llegar a los 20 millones de euros en dos años no es exhaustiva, pues no incluye lo gastado o presupuestado para la nueva sede de la Editora Regional o el Centro de Investigación y Fomento del Diseño o el nuevo Archivo Musical, por poner dos ejemplos. Ni las subvenciones de la Consejería en 2009 que serán de 3.819.000 euros.

La perspectiva es que el sobrino político del presidente regional continúe con su política de coleccionar famosos nombres que visitan Murcia, dicen sus críticos. Quienes la aceptan como buena esgrimen que la región está ya en primera línea del arte y el espectáculo mundial, gracias a esa política precisamente, aunque siga a la cola de la mayoría de los índices socioeconómicos entre todas las autonomías españolas.

Cruz, indiferente a las críticas, piensa continuar en la misma línea. El PAC 2010 tendrá más presupuesto que el del 2008. La novedosa participación murciana en la Bienal Europea en Viena, costará tres millones de euros, lo mismos que la pasada campaña del falso antropólogo croata Karabatic. Aunque, quizá en un rasgo de sensatez probablemente debido a la situación de crisis económica, el consejero se ha dirigido a través de la prensa local a la nueva ministra socialista de Cultura, Ángeles González Sinde, para que le ayude con los fastos vieneses. Y así sucesivamente.

(www.vegamediapress.com, 10/07/09)

38. REGIÓN DE MURCIA. UN COCHE (CASI) COMO EL DE MI JEFE

Los altos cargos con coche oficial a su entera disposición se reducen en la Comunidad Autónoma a diez: el presidente Ramón Luis Valcárcel, quien dispone de un Audi A-8 para desplazarse a los actos oficiales, y los nueve consejeros, cada uno de los cuales tiene un Audi A-6 con su correspondiente chófer. El resto de los altos cargos de la Administración Regional se las arregla con sus vehículos particulares, incluso con taxis, pero también pueden echar mano, si lo necesitan, del amplio parque móvil de la Comunidad, que dispone de una flotilla de coches de diferentes marcas y de varios chóferes para prestarles ese servicio. Para que los secretarios y directores generales puedan acudir a un acto en coche oficial les basta con solicitarlo por anticipado.

Así es o, al menos, así debería ser. La excepción a la norma la cumple Ángel Campos, director general de Promoción Turística, que ha adquirido un Audi A-4 que usa como coche oficial. Dispone además de chófer propio, una tarea que este trabajador parece compaginar con la de conserje. El coste de ambos, coche y empleado, va a cargo de los presupuestos de la empresa pública Región de Murcia Turística, según confirma a La Verdad el propio Campos.

El director general explica que el vehículo fue adquirido hace unos dos años, con el sistema de renting, y que se abonan por el mismo algo más de 600 euros mensuales. Campos justifica la adquisición con el argumento de que, además de servirle de coche oficial, se le da otros usos en Región de Murcia Turística, así como que está a disposición del personal de ese organismo, aunque no supo aclarar qué otros servicios presta o qué empleados pueden usarlo. "Tienen que solicitarlo y se controla a quién se le asigna", sostiene.

Campos, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de Pedro Alberto Cruz, añade que su caso no es único en la Administración Regional y que otros organismos públicos, como el Instituto de Fomento (Info), disponen de coche oficial.

Puestos en contacto con el director del Info, Juan José Beltrán, éste explicó que su departamento dispone de tres coches para los técnicos, "y otro un poquito mejor, un Peugeot, que ya tiene diez años de antigüedad, que es el que yo utilizo si tengo que acudir a algún acto".

El uso del Audi A-4 por parte de Campos ha despertado un cierto malestar entre otros cargos de la Comunidad. "Resulta curioso, por no decir otra cosa, que se haya puesto a la altura de los consejeros", afirmaba un director general. "Todos somos iguales, pero al parecer no tanto", añadió.

(www.laverdad.es, 09/07/09)

39. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO

Luis Velasco, el principal testigo de cargo en unas diligencias de los fiscales anticorrupción contra una supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a la primera etapa de la televisión autonómica, IB3, postula que su ex jefe, el productor y artista José Luis Moreno, pagó al ex president del Govern del PP Jaume Matas otros sobornos, aparte del que ya denunció que le había abonado en una gala en el Casino de Mallorca. De forma paralela, el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, estudia las diligencias de sus subordinados Horrach y Carrau sobre el supuesto desfase patrimonial de Jaume Matas para decidir si denuncia el caso o lo cierra.

La fiscalía general del Estado sí que ha autorizado la prórroga, por un máximo de otros 6 meses, de las diligencias informativas que los fiscales anticorrupción de Balears abrieron en diciembre pasado respecto a una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la primera etapa de IB3.

En las diligencias también aparece como sospechoso Jaume Matas, defendido por Rafael Perera. Luis Velasco, un ex directivo de IB3 y antiguo hombre de confianza del productor José Luis Moreno en Balears, acusa a Matas de haber cobrado un soborno de 250.000 euros, en billetes de 500, durante la gala inaugural de la televisión del Govern, celebrada el 4 de septiembre del 2005 en el Casino de Mallorca.

Velasco, al que en medios de la investigación se da credibilidad, pese a que fue denunciado por Moreno por amenazas y acoso, mantiene que su ex patrón dio en su presencia al president del Govern el sobre y, más tarde, le comunicó que ese era el "primer pago" para Jaume Matas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga este caso, y el del incremento patrimonial dudoso, y planea citar a declarar a Maria Umbert y a Arturo Orrico, dos de los máximos responsables de la televisión autonómica en esa época. Velasco ha vinculado a Umbert y Orrico con otros pagos sospechosos de Moreno. Umbert, defendida por Josep Zaforteza, ha negado tajantemente los hechos.

El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, está estudiando el contenido de las diligencias informativas contra el ex líder del PP balear Jaume Matas, cuya prórroga no ha autorizado el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. No obstante, cualquier ciudadano o colectivo pueden denunciar ante el juez a Matas e, incluso, ejercer la acción popular e impulsar las pesquisas contra el ex dirigente conservador.

El fiscal general dejó en manos del fiscal superior de Balears la posibilidad de denunciar el caso Matas ante el juez de guardia o darlo por cerrado. Con independencia de la postura de Barceló, cualquier persona podría acudir ante el juez o la Policía y denunciar a Matas y a sus posibles cómplices, en calidad de cooperadores necesarios o testaferros. Esta denuncia, de ser asumida por el juez, supondría la apertura de unas diligencias previas, a las que se uniría todo el material de las pesquisas ya efectuadas por fiscalía y por Guardia Civil, que ha rastreado a fondo el patrimonio de Matas y las compras efectuadas por su familia.

(www.diariodemallorca.es, 07/07/09)

40. ISLAS BALEARES. LA GUARDIA CIVIL DICE QUE MATAS USÓ AL PRESIDENTE DE GESA COMO TESTAFERRO

El informe que ha efectuado la Guardia Civil sobre el piso de la calle Don Ramón de la Cruz, en Madrid, en el cual figura como propietario Bartomeu Reus, presidente de GESA y ex conseller en el primer Govern que presidió Jaume Matas, afirma que los propietarios reales del piso son Jaume Matas y Maite Areal, y que Bartolomé Reus sería el testaferro de Matas.

En el citado informe, que es el mismo que se entregó al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, se señala la conveniencia de que se tome declaración a Bartolomé Reus en calidad de imputado.

Como se ha venido informando en Ultima Hora, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha centrado las investigaciones sobre el patrimonio de Jaume Matas en tres frentes: el 'palacio' de la calle Sant Feliu, en Palma; el piso situado en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, y en la Colónia de Sant Jordi.

Con respecto al piso de Madrid se ha informado en estas páginas que, oficialmente, la familia Matas-Areal paga cada mes 2.500 euros por el alquiler. Pero según las investigaciones de la Guardia Civil hay suficientes indicios como para pensar que la citada familia es en realidad la propietaria.

Para llegar a esta conclusión se han estado efectuado una serie de indagaciones y se ha tomado declaración, entre otras personas, al presidente de la comunidad de propietarios, a mujeres de la limpieza, a la administradora de la finca y a distintos conserjes que trabajan en el edificio en distintos turnos. Ninguno de ellos ha visto en el piso a Bartomeu Reus, pero sí a Maite Areal, a Jaume Matas y a los tres hijos del matrimonio, de quienes se dice que son los que ocupan el inmueble.

El edificio está situado en el número 105 de la calle Don Ramón de la Cruz y está señalado con la letra 4º C, aunque se anexionó con el 4ºB. Es el más grande de todo el edificio, con una superficie construida de 186 metros cuadrados. Fue adquirido por Bartomeu Reus a la empresa mercantil Vallehermoso, División, Promoción SA, y la escritura se formalizó el 28 de abril de 2005 ante el notario José Aristónico García Sánchez.

De manera oficial el matrimonio Matas-Areal lo tiene alquilado desde la primavera de 2005. Nada más ocuparlo se estuvieron realizando unas obras de reforma durante unos seis meses y se cambiaron todas las puertas, pese a que se trataba de una obra de lujo y el material era de primera calidad.

Otro dato que se apunta es el de que la administradora de la finca ha declarado que a finales de 2008 se puso en contacto telefónico con ella una mujer, que se identificó como 'la propietaria del 4ºC', y se interesó por la adquisición de un trastero en la finca. Unos trasteros que se estaban construyendo cuando se efectuó la llamada, y que no se pueden vender a personas que no sean titulares de inmuebles. La mujer que llamó dejó unos teléfonos de contacto, y uno de ellos, un móvil, ha sido identificado como de Maite Areal.

Con respecto a las obras efectuadas, en la investigación que se ha llevado a cabo consta que, según se señala en el libro de anotaciones de los conserjes de la finca, acudieron unas personas que se identificaron como trabajadores de la empresa Denario. Maite Areral había informado a los conserjes de que les permitieran el acceso al inmueble señalado con el 4ºC. El decorador Antoni Obrador es el propietario de la citada empresa, con sede en la calle Sant Feliu, y ya intervino en la decoración del 'palacio' que la familia Matas-Areal tiene en la misma calle.

(www.ultimahora.es, 09/07/09)

41. ISLAS BALEARES. RODRÍGUEZ AFIRMA QUE EL PP NECESITA RENOVAR ´ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS Y MODOS´

"Más que personas, el PP necesita renovar actitudes, comportamientos, modos y formas", aseguró José María Rodríguez, el ex secretario general del partido en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia de la Junta Territorial de Palma.

El también primer presidente de la estructura territotiral palmesana – "gané consecutivamente cuatro elecciones con mayoría absoluta", recordó– se jacta también de ser en estos momentos "la persona que más conoce lo que piensan los militantes". No en balde, se ha reunido en los últimos meses con más de 600 personas representantes de los quince distritos en los que el PP divide la ciudad, además de con los dirigentes de Nuevas Generaciones.

De su contrincante, Francesc Fiol, no quiso hablar, aunque está seguro que "presentará la mejor candidatura del mundo mundial, si él lo dice", afirmó jocosamente. No obtante, acto seguido, advirtió que, con Fiol, "nos une el 80% de las cosas, aunque yo pongo más énfasis en algunas cuestiones como la necesidad de estar más tiempo con los ciudadanos y él pondrá el acento en otras". Para el ya candidato a la presidencia de la territorial palmesana, el hecho de que se presenten dos opciones –por el momento no existe una tercera vía– "enriquece al partido" y está seguro de que será un proceso "limpio, transparente y democrático". El objetivo de su mandato en el caso de resultar elegido es claro: conseguir devolver la ilusión a la militancia de Ciutat para recuperar la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Palma, en primer lugar ayudar a que el partido vuelva a ser hegemónico en el Consell de Mallorca y en el Parlament. Al respecto recordó que, si en Palma se necesitan 15 concejales para la mauyoría absoluta, los votos de Ciutat pueden contribuir a alcanzar 16 de los 33 escaños del Consell y otros 16 escaños en el Parlament.

Por otra parte, la presidenta del partido, Rosa Estarás, reiteró que su opción sigue siendo conseguir "una candidatura de consenso. Eso es lo que realmente sería ideal, con todos detrás empujando".

(www.diariodemallorca.es, 09/07/09)