ÍNDICE

1. CASO GÜRTEL. EL PP OBEDECE A SU LÍDER Y ARROPA AL DIRIGENTE VALENCIANO

2. CASO GÜRTEL. COSPEDAL APUNTA QUE LA CONTINUIDAD DEL DIRIGENTE EN POLÍTICA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

3. CASO GÜRTEL. EL PP NO APLICA A CAMPS LA TESIS QUE AZNAR IMPLANTÓ EN 1986: "LE DOY 24 HORAS PARA DIMITIR"

4. CASO GÜRTEL. CAMPS SE PRESENTA ANTE EL JUEZ SIN PRUEBAS Y SIGUE IMPUTADO

5. CASO GÜRTEL. RAJOY OBVIA LA IMPUTACIÓN Y SE AFERRA A QUE NO HAY FIANZA

6. CASO GÜRTEL. RAJOY MONTA EN PLENA POLÉMICA UN ACTO CON CAMPS Y TRILLO

7. CASO GÜRTEL. EL SASTRE RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE CAMPS NO PAGÓ LOS TRAJES

8. CASO GÜRTEL. LA 'CAJA B' DE CORREA REGISTRA REGALOS DE 3.000 EUROS EN ENTRADAS DE CIRCO A CAMPS

9. CASO GÜRTEL. DETIENEN AL GESTOR EN EL EXTERIOR DE LOS FONDOS DE LA 'TRAMA GÜRTEL'

10. CASO GÜRTEL. DIEZ CONSELLERS, MEDIA DOCENA DE DIRECTORES GENERALES Y 25 CONTRATOS BAJO SOSPECHA

11. CASO GÜRTEL. LA FISCALÍA PREGUNTA A COSTA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

12. CASO GÜRTEL. CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS

13. CASO GÜRTEL. LA ALCALDESA DE VALENCIA PODRÍA VERSE TAMBIÉN SALPICADA POR LA TRAMA CORRUPTA

14. CASO GÜRTEL. EL EDIL DEL PP EN ESTEPONA IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' RENUNCIA AL ACTA

15. TRILLO EVITA ASUMIR RESPONSABILIDADES Y RAJOY DECIDE NO RECLAMARLE NINGUNA

16. LA IMPUNIDAD DE TRILLO Y LA CONDENA DE SUBORDINADOS IRRITAN AL EJÉRCITO

17. DOCE EURODIPUTADOS DEL PP FIGURAN ENTRE LOS MENOS ACTIVOS

18. PLURIEMPLEADOS DE ORO EN EL CONGRESO, CON PIZARRO A LA CABEZA

19. AZNAR SE VUELVE A PONER COMO EJEMPLO PARA SALIR DE LA CRISIS

20. EL PP REACCIONA AL VÍDEO DEL PSOE: "¡QUÉ HIJOS DE PUTA! ¿NO?"

21. CATALUÑA. LA OPOSICIÓN DE VALLIRANA PIDE EL CESE DEL EDIL DEL PP IMPUTADO POR COHECHO

22. GALICIA. EL PLAN DE FEIJÓO APLICARÁ MAYORES DESCUENTOS A LOS VEHÍCULOS MÁS CAROS

23. GALICIA. BALTAR CONTRATÓ A 269 PERSONAS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

24. ANDALUCÍA. EL PRESIDENTE DEL PP DE MÁLAGA CONTRATÓ A UNA EMPRESA ANTES DE CONSTITUIRSE

25. ANDALUCÍA. EL PP ARREBATA BENALMÁDENA AL PSOE CON SÓLO CUATRO EDILES

26. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL PP

28. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN

29. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FUNDACIÓN CASI OCULTA QUE NO RINDE CUENTAS

30. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO"

31. AGUIRRE LLEVA LA CONTRARIA AL GOBIERNO CENTRAL SUBIRÁ UN 20% LA DEDUCCIÓN POR LA COMPRA DE VIVIENDA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN DE FALSIFICAR PERMISOS PARA HERBICIDAS ACERCA A FABRA AL BANQUILLO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PRESIDENTE DEL PP DE VALENCIA ADJUDICÓ A DEDO 1,3 MILLONES

34. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS SE REAFIRMA EN SUS PALABRAS Y DICE QUE NO VA A RETIRAR NADA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE BENIDORM DICE QUE EL EDIL AUSENTE ESTÁ DE VACACIONES PESE A FIRMAR DOS ESCRITOS

36. COMUNIDAD VALENCIANA. UN FUNCIONARIO DE IBI DECLARA QUE UNA EX EDIL DEL PP DESVIÓ DINERO PÚBLICO

37. ISLAS CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL PP CANARIO Y ÉPOCA TIENDEN UNA "ENCERRONA" A UN DENUNCIANTE DE LA CORRUPCIÓN POPULAR

38. REGIÓN DE MURCIA. LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES

39. REGIÓN DE MURCIA. EL ESCOLTA DE FACUNDO ARMERO DECLARA QUE LLEVÓ 12.000 EUROS A LA ALCALDESA DE FUENTE ÁLAMO

40. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ REVELÓ UN SUPUESTO SOBORNO EN RELACIÓN A UN CENTRO DE DISCAPACITADOS

41. ISLAS BALEARES. ASPAYM YA ADVIRTIÓ AL PP DE QUE EL CENTRO JOAN CRESPÍ ERA ´UNA CHAPUZA´

42. CONFIRMADA LA SENTENCIA CONTRA LOSANTOS POR INJURIAR A GALLARDÓN

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1. CASO GÜRTEL. EL PP OBEDECE A SU LÍDER Y ARROPA AL DIRIGENTE VALENCIANO

Mariano Rajoy marcó, a través de un comunicado oficial, la estrategia a seguir por el partido tras la imputación del presidente valenciano, Francisco Camps en el caso Gürtel. Y se puede resumir en un todos detrás de Camps. A tenor de las declaraciones realizadas por diversos cargos públicos del partido, su directriz se está acatando sin excepciones: de la secretaria general para abajo, todo aquel que fue preguntado por este asunto salió en defensa del valenciano. También los dirigentes del PP de Madrid aunque, en privado, admitan sus reservas por una supuesta diferencia de trato entre los militantes madrileños y los valencianos. Y es que se da la circunstancia de que los tres parlamentarios madrileños imputados en este mismo caso pidieron la suspensión temporal de militancia, solicitud que la dirección popular aceptó de buen grado. No ha ocurrido lo mismo con los imputados de origen valenciano.

Sobre ese hipotético trato diferencial a Camps y los suyos frente a los de Esperanza Aguirre se le preguntó a la número dos del PP, Dolores de Cospedal. "Hay otros que tampoco han renunciado a su escaño", contestó. Con esa respuesta --que difícilmente caerá bien en las filas aguirristas-- aludía a los parlamentarios Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo que, pese a haber dejado la militancia, continúan siendo diputados en la Asamblea de Madrid.

Sobre la imputación concreta del presidente de Valencia, Cospedal subrayó que ahora podrá "defenderse" ante los tribunales de las acusaciones que viene recibiendo. En la misma línea, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, destacó que Camps es, a su entender, un político "de trayectoria impecable" y se felicitó por que vaya a tener un juicio "real y no paralelo".

Por su parte, el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció que se ha puesto en marcha una "cacería" con el presidente valenciano como objetivo e, incluso, se atrevió a buscar los motivos: "porque arrasa a los socialistas elección tras elección". Y el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, exigió además que se levante cuanto antes el secreto de sumario del caso para terminar con la "indefensión" de los afectados por la trama de corrupción.

(www.elperiodico.com, 16/05/09)

2. CASO GÜRTEL. COSPEDAL APUNTA QUE LA CONTINUIDAD DEL DIRIGENTE EN POLÍTICA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

El comité de dirección del PP se reunió para analizar, entre otras cuestiones, la estrategia a seguir frente a la imputación del presidente de Valencia, Francisco Camps, en el caso Gürtel. Se insiste en exhibir cierre de filas y en recalcar que, en unas horas, se sabrá "la verdad" sobre este asunto de corrupción. En rueda de prensa, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, apuntó que los populares mantendrán su apoyo al valenciano, que está siendo objeto, dijo, de "una operación de acoso y derribo".

"Esperamos acontecimientos favorables a la verdad", añadió por la mañana Cospedal, quien avisó de que el partido se va a defender de las acusaciones que está recibiendo. Y algo deben esperar de la declaración que Camps hará mañana ante el magistrado, porque todos los dirigentes del PP se muestran optimistas. Mucho. Hasta el propio Mariano Rajoy está en esa senda: aseguró que está "deseando que acabe todo para poder hablar".

¿Qué aguardan los populares? Hace poco, Trillo insinuó que los trajes que, supuestamente, obtuvo Camps de la trama corrupta podrían haber sido abonados dos veces: una por el presidente y otra por los empresarios imputados en el caso. Y que las tiendas implicadas ayudarían a resolver el enigma. A ver.

(www.publico.es, 19/05/09)

3. CASO GÜRTEL. EL PP NO APLICA A CAMPS LA TESIS QUE AZNAR IMPLANTÓ EN 1986: "LE DOY 24 HORAS PARA DIMITIR"

En 1986 Aznar incició toda una estrategia de acoso y derribo contra el entonces presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, que se había visto implicado en un proceso judicial que nada tenía que ver con su cargo público. Al líder de la oposición, José María Aznar, no le importó este detalle y cuando 11 trabajadores de la empresa textil que vendió Madrid cuando inició su carrera política, lo acusaron de irregularidades en la venta, inició una furibunda campaña contra él enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. El diputado popular Luis Ramallo siguió su doctrina y fue el verdugo de Pilar Miró, quien tuvo que dimitir en 1989 por adquirir con dinero de Radio Televisión Española unos trajes cuando estuvo al frente del ente público.

Tanto Madrid como Miró fueron absueltos por la justicia. Él todavía está esperando las disculpas de Aznar y ella no puedo escuchas las de Ramallo porque llegaron demasiado tarde, ya había fallecido.

Un medio de comunicación ha publicado una información en la que denuncia el escandaloso doble rasero de los populares al no aplicar en el caso Camps la tesis que José María Aznar acuñó en 1986 para forzar la salida del entonces presidente de Castilla y León. No sólo consiguió su marcha sino también sustituirlo en el cargo y, posteriormente, dar el salto a la política nacional. Se echa ahora de menos que esa encendida lucha contra la corrupción que enarboló el presidente de honor del PP no se aplique con el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel.

(www.elplural.com, 18/05/09)

4. CASO GÜRTEL. CAMPS SE PRESENTA ANTE EL JUEZ SIN PRUEBAS Y SIGUE IMPUTADO

Hubo regalos. Eso quedó claro en la declaración de Francisco Camps ante el juez que investiga en Valencia el caso Gürtel. El presidente de la Generalitat admitió haberlos recibido de su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre de confianza en Valencia de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Pero argumentó que fueron en condición de amigo, que Pérez nunca le pidió que interviniera en nada y que él no favoreció a la empresa Orange Market desde su cargo, según fuentes del PP conocedoras de la declaración. Pero los 12.783 euros que la empresa de Álvaro Pérez pagó por trajes a Camps siguen sin aclararse. Ni un papel ni una factura. Camps sólo explicó que él se paga su ropa en metálico y que no guarda comprobantes. Y Pérez, que también declaró , admitió su amistad con el presidente y negó haberle pedido ningún favor a cambio de regalo alguno.

El compromiso de Camps en las Cortes valencianas de aclarar en el tribunal todo lo ocurrido se redujo a un relato sin prueba alguna. Tampoco Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, despejó por qué Orange Market abonó trajes a su nombre. Camps, Betoret y El Bigotes salieron del Tribunal Superior de Valencia imputados por delito de cohecho, como entraron.

Camps entró acompañado de los tres vicepresidentes autonómicos y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y contó con el respaldo de otros alcaldes y varios asesores. Fue coreado a favor y en contra a las puertas del tribunal: los gritos de "¡Camps a prisión!" se mezclaron con los de "¡Hasta la muerte con nuestro presidente!". Senyeras valencianas frente a pancartas y carteles con lemas como: "Amiguito del alma, ¿y las privatizaciones?" o "Camps, dimite ya". Hubo tensión entre el público y la policía tuvo que intervenir.

La estrategia de Camps fue la de pedir un acto de fe al juez y a la acusación pública. El presidente popular afirmó que su vestuario se lo paga él y normalmente en efectivo. Dijo que Pérez nunca le pidió que le favoreciera y que confía en la legalidad de las adjudicaciones de su Gobierno. Su abogado intentó enfrentar el testimonio con la declaración que en su día hizo José Tomás, el sastre que le tomó medidas y al que admitió conocer. Todo sin papeles.

La defensa de Camps trató de desacreditar al sastre, quien afirmó en la Audiencia Nacional que por encargo de Orange Market hizo trajes para el presidente autonómico. Tomás declarará hoy como testigo. Camps concluyó su paso por el juzgado con esta afirmación: "Estoy contento de haber podido dar mi versión de lo ocurrido estos meses, estoy satisfecho y espero que vaya rápido y lo mejor posible". Eso dijo al salir.

Las otras declaraciones de no aportaron tampoco luz. Rafael Betoret admitió conocer a Álvaro Pérez, haberse reunido con él por razones de trabajo e ignorar cómo y porqué se le adjudicó durante varios años el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Pero ni un papel sobre los trajes que él recibió de Orange Market. El Bigotes se negó a responder a la fiscalía y con ello evitó escuchar las grabaciones comprometidas que obran en el sumario. Dijo a la sala ser amigo de Camps y no haberle pedido nunca que le favoreciera. Admitió haber hecho regalos, pero negó que fueran en pago a beneficio alguno.

(www.elpais.com, 21/05/09)

5. CASO GÜRTEL. RAJOY OBVIA LA IMPUTACIÓN Y SE AFERRA A QUE NO HAY FIANZA

Una de las primeras cosas que Francisco Camps hizo tras completar su declaración ante el juez José Flors fue llamar por teléfono a Mariano Rajoy, que se encontraba en la localidad vallisoletana de Peñafiel para participar en un acto con alcaldes del PP. Pocos minutos después de mantener esa conversación, Rajoy aseguró a los periodistas que se sentía "muy contento" de que el juez no hubiera adoptado ninguna medida cautelar respecto a Camps y añadió que ya "preveía" que el presidente valenciano saliese "sin ningún cargo". Lo cierto es que el procedimiento "sigue su curso" sin ninguna variación, aclaró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), por lo que la imputación contra Camps se mantiene.

"Reitero mi apoyo y confianza total", dijo Rajoy. Y esas palabras son dogma de fe en el PP valenciano, donde, pese a la inminencia de las elecciones, nadie flaquea lo más mínimo a la hora de defender en público la honradez de Camps y la conveniencia de su continuidad. Al contrario. Cada aparición del dirigente imputado supera en grado de espectacularidad y manifestaciones de adhesión a la anterior. Lo de constituyó un nuevo ejemplo.

El Palacio de Justicia de Valencia, que fue construido en el siglo XVIII como edificio de aduanas y albergó en tiempos una fábrica de tabacos, es lugar de paso del autobús turístico que recorre la ciudad del Turia, y esa circunstancia brindó a los usuarios del servicio la posibilidad de presenciar una estampa de folclorismo singular: apostados a uno y otro lado de la calzada, dos grupos de ciudadanos, equipados con banderas y pancartas y vigilados por agentes de la policía, se increpaban a gritos mientras, en el interior del edificio, el presidente del Gobierno autonómico, imputado por un delito de cohecho, respondía a las preguntas del juez sobre unos trajes que supuestamente le había regalado un hombre apodado el bigotes.

La pintoresca escena, más García Berlanga que Blasco Ibáñez, era un reflejo exagerado pero elocuente de la situación de tensa polarización que vive la Comunidad Valenciana a raíz del escándalo de corrupción. Un clima enrarecido que ha ido contaminando tanto la acción del Ejecutivo que preside Camps --"paralizado", según la oposición-- como la dinámica interna del PP valenciano --cohesionado de puertas afuera pero sacudido por las especulaciones en torno a una posible sucesión-- y la propia vida de los ciudadanos, que dan al asunto lugar de preferencia en las tertulias de sobremesa y las charlas de ascensor.

A todo ello ha contribuido el sentido algo fallero de la puesta en escena con el que los colaboradores de Camps han preparado las apariciones del dirigente desde que se hizo pública su imputación. Después de los homenajes y los actos de adhesión de los días previos, la comparecencia de ante el juez tuvo aires de apoteosis en el sentido clásico. El magistrado había fijado la cita para las diez de la mañana, pero Camps decidió madrugar y presentarse con una hora y cuarto de antelación. No lo hizo solo, ya que les escoltaban los tres vicepresidentes de su Gobierno --Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino-- y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Juntos entraron en el Palacio de Justicia jaleados por una veintena de militantes que agitaban banderas valencianas.

Con el paso de los minutos, esa veintena fue creciendo hasta convertirse en un centenar largo, entre el que se contaban varios alcaldes y numerosos cargos y asesores de la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Frente a ellos, parapetado tras la marquesina de una parada de autobuses, fue formándose un grupo, notablemente más reducido, de detractores de Camps, con visible presencia de sindicalistas.
El intercambio de gritos entre ambas hinchadas estuvo marcado por el clasicismo --al "¡Camps, a la prisión!" de unos respondían "¡Camps, presidente!" los otros--, pero tuvo momentos de rara inspiración: "¡Yes, we Camps!", vociferó en alguna ocasión la militancia del PP; "¡Te quiero un huevo!", respondió, zumbona, la oposición, aludiendo a la expresión con la que Camps se dirige al Bigotes en una de las conversaciones entre ambos cuya grabación forma parte del sumario.

(www.elperiodico.com, 21/05/09)

6. CASO GÜRTEL. RAJOY MONTA EN PLENA POLÉMICA UN ACTO CON CAMPS Y TRILLO

El cierre de filas de Mariano Rajoy es total alrededor de los dos políticos de su partido que más dificultades por distintos motivos están teniendo estos días: Francisco Camps y Federico Trillo. El apoyo expreso del líder es insistente, pero por si fuera poco, Rajoy ha querido que además de palabras, ese respaldo cuente con una valiosa fotografía, siempre más efectiva.

Por eso el PP comunicó que la dirección de campaña electoral para las europeas ha organizado este domingo un acto, hasta ahora no previsto, en Alicante. Y en él coincidirán Rajoy, Camps y Trillo, que fue cabeza de lista al Congreso por esa provincia. El ex ministro no hablará, se limitará a estar sentado entre los invitados especiales, pero Camps sí, en lo que será un claro acto de reivindicación por parte de Rajoy de uno de los dirigentes que más le ha apoyado desde su derrota electoral en 2008.

Cada vez que el caso Gürtel ha puesto contra las cuerdas a Camps, Rajoy ha montado alguna foto para dejar claro que tiene su apoyo completo. El líder del PP incluso ha acudido al balcón del ayuntamiento de la capital valenciana para reforzar esa imagen de cierre de filas. El líder del PP va a mantener hasta el final su apoyo a Camps, según varios dirigentes consultados. Pase lo que pase, no le pedirá que dimita, será él quien tendrá que tomar esa decisión si llega el momento.

La victoria en las elecciones gallegas, en plena explosión del caso Gürtel, ha cambiado mucho la percepción que el líder tenía sobre sus posibles consecuencias, según varios dirigentes. Ahora está convencido de que el caso no tiene efectos electorales, y por eso ha optado por apoyar a los dirigentes con los que él tiene más compromiso, como Camps o el tesorero, Luis Bárcenas, al que él nombró en 2008, y esperar a que la tormenta amaine. Aunque buena parte del PP asume que Camps está quemado políticamente para cualquier apuesta de futuro, el entorno de Rajoy está convencido de que judicialmente el caso acabará en nada, porque será muy difícil probar que Camps favoreció a Orange Market a cambio de los regalos recibidos.

El entorno de Rajoy sostiene que ahora hay que aguantar el chaparrón y que si Camps se libera de la imputación, el PP podrá respirar. Y desde Valencia, aseguran, están trasladando a la dirección nacional la idea de que ese momento está cercano, aunque algunos admiten que Camps ya ha pecado varias veces de exceso de optimismo con este caso, hasta el punto de pensar que nunca sería imputado.

(www.elpais.com, 21/05/09)

7. CASO GÜRTEL. EL SASTRE RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE CAMPS NO PAGÓ LOS TRAJES

Francisco Camps no pagó los trajes. Así lo dijo José Tomás, ex responsable de tienda en Milano y Forever Young, ante el juez instructor del caso Gürtel en Valencia. Los trajes, que el propio Camps encargaba, según Tomás, los pagó siempre, entre 2006 y 2008, Pablo Crespo, hombre de Francisco Correa, en efectivo o a través de sociedades de Álvaro Pérez. Lo repitió varias veces a lo largo de un interrogatorio que duró más de cinco horas entre mañana y tarde.

Tomás ratificó la declaración que realizó en marzo ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, que en las tiendas "jamás" pagaron en metálico ninguno de los políticos imputados en la investigación, ni el presidente de la Generalitat; ni Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; ni Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; ni Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. Añadió que sólo Costa, en una ocasión, pagó con Visa un par de vaqueros y que la secretaria de Costa se había interesado por la manera de hacer frente a los pagos.

Buena parte de la comparecencia se centró en el reconocimiento de facturas y tiques de caja aportadas al proceso por el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, que Tomás tuvo que identificar y relacionar con los artículos adquiridos para regalo por parte de los miembros de la trama. Se mostró muy prolijo en la descripción de las prendas adquiridos por la trama y pagados en efectivo por Crespo, y en alguna ocasión por transferencias de Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, también imputado.

El interrogatorio recayó preferentemente sobre el presidente, especialmente en las fechas de sus compras. Y los intentos de precisión provocaron la protesta del testigo. En un momento determinado, Tomás alegó que hacía casi cuatro años de los hechos y pidió que se hicieran cargo: "Yo intento recordar lo más que puedo...". De nada sirvió a las defensas de los imputados tratar de presionar al testigo sobre imprecisiones entre la declaración que realizara ante la policía primero y ante Garzón después. Tomás se mantuvo en que ni Camps ni los demás imputados pagaron los trajes. También fue interrogado por alguna de las conversaciones telefónicas aportadas por la policía al sumario, entre ellas la que mantuvo con Pablo Crespo para comentarle que le habían llamado declarar de la Fiscalía Anticorrupción. Además, confirmó que el presidente Camps le había estado llamando al móvil en reiteradas ocasiones en las fechas en que fue llamado a declarar por Anticorrupción, José Tomás aseguró estar contento y tranquilo, afirmó que no había recibido amenazas, que Camps había sido siempre muy correcto con él, que sabía hace cinco días -por razones que no explicó- lo que el presidente iba a declarar ante el juez y que aún así, sabiendo que Camps trataría de desacreditar su versión, él se había mantenido en "la verdad".

(www.elpais.com, 22/05/09)

8. CASO GÜRTEL. LA 'CAJA B' DE CORREA REGISTRA REGALOS DE 3.000 EUROS EN ENTRADAS DE CIRCO A CAMPS

El análisis de la contabilidad de la red empresarial corrupta que dirigía Francisco Correa registró unos gastos de 3.000 euros para entradas de circo destinadas a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. El autor del regalo fue, según la investigación policial y judicial, Álvaro Pérez, El Bigotes, directivo de la trama corrupta encargado de hacer negocios en la Comunidad Valenciana, donde facturó en cuatro años de actividad cerca de ocho millones de euros en contratos a dedo y en otros que ganó en distintos concursos.

Camps ha reducido hoy su implicación en el caso Gürtel a una cuestión electoral en la sesión de control de las Cortes Valencianas. "El problema es que el PP gana siempre en la Comunidad Valenciana. Ese es el problema, que quieren pararlo", ha dicho Camps tras ser interpelado por los socialistas acerca de sus relaciones con El Bigotes, y las adjudicaciones a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta que dirigía Correa. En una sesión muy tensa, Camps ha llegado a referirse, sin citarlo, al caso GAL para defenderse de las críticas del socialista Ángel Luna, que le ha recriminado el uso que ha hecho de la Generalitat en el proceso judicial. "Nos están convocando a la defensa del orden constitucional", ha sentenciado el portavoz socialista.

El presidente valenciano ha vuelto a refugiarse en el secreto de sumario para no dar cuenta de sus explicaciones ante el Tribunal Superior de Justicia. Camps ha repetido una y otra vez que no hay "ninguna relación" con la trama corrupta y que todas las adjudicaciones "se han realizado mediante el proceso administrativo previsto en la ley".

La oposición, que no ha dudado en llamar a Camps mentiroso, le ha recordado que ha negado repetidamente la relación con Álvaro Pérez, que no ha facilitado los contratos con Orange Market y el resto de empresas de la trama corrupta y que ha insistido siempre en que tenía "unas ganas, locas, locas de contarlo" y sigue sin dar explicaciones.

(www.elpais.com, 21/05/09)

9. CASO GÜRTEL. DETIENEN AL GESTOR EN EL EXTERIOR DE LOS FONDOS DE LA 'TRAMA GÜRTEL'

El magistrado que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, tomará declaración al suizo Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, detenido en el aeropuerto de Barajas y que supuestamente se encargaba de gestionar en el exterior los recursos financieros de la trama dirigida por Francisco Correa. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) se encontró con el nombre de Fafa el pasado 9 de febrero, tres días después de la detención de Francisco Correa, cuando intervenía una caja de seguridad que Carmen Rodríguez -esposa de Correa- había abierto en una sucursal de Caja Madrid en la capital.

La Policía llegó a la conclusión, a partir de las notas y apuntes que aparecieron en esa caja de seguridad, de que Fasana era "el hombre clave" de la organización de Correa en el extranjero. Fasana tenía una sociedad de gestión en Ginebra y se dedicaba a mover y colocar el capital de empresarios españoles y extranjeros en diferentes mercados internacionales. "Era la plataforma que utilizaban Correa y su organización para comprar productos negociables en los diferentes mercados", afirma uno de los agentes que ha participado en su control y detención.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había pedido una comisión rogatoria a las autoridades suizas para que localizaran y tomaran declaración al gestor de Correa en Ginebra. Fasana, de unos 55 años de edad, tiene la nacionalidad helvética. La caja de seguridad donde apareció su nombre era la número 52 de una sucursal de Caja Madrid en la calle de Velázquez, número 96. A esa caja tenían acceso la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, y Pablo Crespo, ex dirigente del PP en Galicia y socio del principal implicado en la operación Gürtel.

En un auto emitido por Garzón el pasado 9 de marzo se indica que se ha intervenido una caja de seguridad y que en ella ha aparecido "un documento donde consta una relación de dinero en el exterior en euros gestionados por Fafa y Ran (Randal Couso), que trabajan para la organización [se refiere al entramado de Correa y sus socios]". Más adelante, Garzón describe y desglosa "una serie de movimientos de fondos entre los que se encuentra un apunte: 'BENJ por valor de 150.000. FAFA 25 jul'". El magistrado de la Audiencia Nacional aclara que "este apunte coincide con el existente en la cuenta personal del diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, según el cual se le habría hecho entrega de 150.000 euros en efectivo el día 29 de julio de 2005 de la caja B de Serrano [el magistrado hace alusión a la sede principal que Correa y su organización tenían en la calle Serrano 40 de Madrid]".

Hay que recordar que la caja de seguridad donde fue encontrada la anotación de Fafa fue una de las ocho que intervinieron los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial días después de la detención de Correa. La Policía, en realidad, buscaba y sigue buscando un maletín donde Francisco Correa había depositado el material más sensible de su organización con respecto a las prebendas y dádivas que había otorgado a importantes dirigentes del PP.

(www.elmundo.es, 22/05/09)

10. CASO GÜRTEL. DIEZ CONSELLERS, MEDIA DOCENA DE DIRECTORES GENERALES Y 25 CONTRATOS BAJO SOSPECHA

Como la colección de contratos de Orange Market con la Generalitat se ha hecho básicamente al menudeo, en su mayoría escapó a la fiscalización previa, a la publicidad, a la libre concurrencia, a la Sindicatura de Comptes y, en último término, a las Corts, al poder legislativo. El magistrado José Flors, que lleva la investigación de la rama valenciana de la trama Gürtel, no parece dispuesto a que los 25 contratos públicos adjudicados -en un 80% a dedo- a la franquicia valenciana de la red societaria de Correa, escapen también al control judicial. Hasta diez consellers son directa o políticamente responsables de contratar con la empresa de cabecera del Consell y el PP valenciano para organizar campañas, eventos y saraos.

Sólo las cinco adjudicaciones consecutivas logradas por la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur y cuatro ferias más se otorgaron por concurso. Y la Sindicatura de Comptes puso en solfa la valoración de las ofertas económicas. La propia consellera Angélica Such admitió que Orange Market presentó la propuesta más cara en Fitur 2009. Además de Such, con la empresa acusada de regalar 34.908 euros en trajes al presidente Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, han tenido tratos consellerias dirigidas por Milagrosa Martínez (también desde Turismo), Alicia de Miguel (Bienestar Social), Miguel Peralta (Justicia), Esteban González Pons (Presidencia), Rafael Blasco (Sanidad y Territorio), José Ramón García Antón (Infraestructuras), Víctor Campos (Vicepresidencia), Vicente Rambla (Conselleria de Presidencia) y Alejandro Font de Mora (Educación). Éste último era el máximo responsable de la Fundación La luz de las Imágenes y del Consell Valencià de l'Esport cuando abonaron facturas de organización del Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, como contó Levante-EMV en exclusiva.

La ley establece que el conseller es quien, a propuesta de la mesa de contratación, rubrica la adjudicación salvo que el máximo responsable del departamento delegue en otro cargo según lo previsto en el reglamento de la conselleria. En el caso de los contratos de Orange Market sólo hubo mesa de contratación en los concursos de Fitur, dado que el resto o son concesiones directas o están hechas por empresas públicas.

En el caso de estas últimas o los contratos menores, es el director general quien rubrica. Por ejemplo, la de Promoción Institucional, Dora Ibars firmó el acuerdo con Orange Market para el montaje del acto inaugural de la Volvo Ocean Race. También firmó la gerente de la Sociedad para la Imagen, Arantxa Vallés. Pedro García (RTVV), Vicente Farnós (Proyecto Cultural de Castelló) o Juan Miguel Bellver (Vaersa), eran responsables de sociedades públicas las que facturó Álvaro Pérez. La directora general de Archivos e Innovación Tecnológica de Educación era Silvia Caballer cuando desde ahí se pagaron 48.080 euros, troceados en cuatro facturas de 12.020, por la organización de un congreso. Un fraude de ley en toda regla.

(www.levante-emv.com, 19/05/09)

11. CASO GÜRTEL. LA FISCALÍA PREGUNTA A COSTA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

De pronto, los trajes que supuestamente Orange Market pagó a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret pasaron a segundo plano. En la comparecencia de los primeros imputados valencianos en el caso Gürtel, la fiscalía poco menos que se desentendió de los trajes y puso el foco en un aspecto que Garzón no había acabado de investigar: la financiación del PP a través de las empresas de la trama y, singularmente, de Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

Durante media hora, las dos fiscales anticorrupción preguntaron al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por los contratos del partido con las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa, por su intervención en alguna de las adjudicaciones de la Generalitat y por si él introdujo a El Bigotes en la Administración. Antes de Ricardo Costa declaró el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos durante media hora. El juez mantuvo para ambos la imputación por un presunto delito de cohecho.

Ricardo Costa tuvo que escuchar la grabación de una conversación entre él y Álvaro Pérez en la que ambos hablaban de terceras personas y de una determinada reunión. Durante esa conversación ninguno de los dos se refirió ni una sola vez a los trajes ni a ningún tipo de regalo.

Las fiscales insistieron en la relación de Costa con Álvaro Pérez y de éste con el PP y con la Administración valenciana. ¿Favoreció Costa que el PP valenciano contratara a las empresas de Pérez? ¿Medió para que El Bigotes consiguiera contratos de la Generalitat? ¿Cuántas veces se reunió con él, para qué y en calidad de qué? Costa no eludió preguntas de ninguna de las partes. Al terminar su declaración dijo que había contestado a más de lo que le preguntaron.

Tras conocerse el interrogatorio de las fiscales sorprendió menos la enigmática afirmación de Costa a su salida del tribunal: "Todos los hechos que se me imputan son previos a mi elección como secretario general del PP [en 2007]". El dirigente popular se desmarcó así de hipotéticos contratos con Orange Market hechos desde la Administración antes de ser elegido. En el momento de los hechos era vicesecretario general.

(www.elpais.com, 20/05/09)

12. CASO GÜRTEL. CORREA APUNTÓ PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS

La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular. Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.

En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama. De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.

Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos. De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

(www.elpais.com, 19/05/09)

13. CASO GÜRTEL. LA ALCALDESA DE VALENCIA PODRÍA VERSE TAMBIÉN SALPICADA POR LA TRAMA CORRUPTA

Álvaro de la Cruz, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la época de Rita Barberá, quien presidió el organismo entre 1995 y 2003, adjudicó a Special Events, la principal empresa de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa, dos contratos a dedo por valor de 800.000 euros, según revela hoy el diario El País. La FEMP encargo a la presunta trama corrupta la organización de dos Asambleas –hasta 1995 éstas las preparaba personal interno-, una en 1999 por valor de 233.305 y otra en 2003 por 570.000. Ya , el diario de Prisa explicaba que De la Cruz está acusado de recibir presuntamente 30.000 euros en sobornos tal y como indica la supuesta Caja B de Correa.

Con el PP, Gürtel extendió sus tentáculos a la FEMP que vio como el coste de sus Asambleas se cuadriplicaba. Y es que si en 1995 cuando el cónclave era organizado con personal propio se gastaron 194.126 euros, en 2003 la cifra ya ascendió a 570.000 euros, sin incluir los gastos de alquiler del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (15.000 al día) y los de alojamiento de los miembros de la comisión y personal de la Federación.

La elevada cifra, que supera muy significativamente el presupuesto de la misma Special Events en la Asamblea de 1999 -233.305 euros- se explica porque la administración Barberá de la FEMP decidió contratar a la empresa corrupta servicios como seguridad, ADSL, arcos detectores de metal, audiovisuales, iluminación, faxes, impresoras, limpieza, mobiliario y servicio médico. Todas estas facilidades las presta el mismo pabellón en el que se celebra el cónclave habitualmente; a pesar de ello, la administración Barberá decidió contratárselas a Correa.

Cabe mencionar que antes de la llegada de la alcaldesa y su número dos a la cúpula de la FEMP, Special Events no organizaba actos para el organismo, financiado con cuotas municipales y fondos ministeriales..

(www.elplural.com, 20/05/09)

14. CASO GÜRTEL. EL EDIL DEL PP EN ESTEPONA IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL' RENUNCIA AL ACTA

El pleno de la corporación municipal de Estepona (Málaga) ha aprobado la renuncia del concejal del PP, Ricardo Galeote, después de que se haya retrasado en varias ocasiones. Galeote presentó por registro de entrada su dimisión el pasado 12 de marzo, una semana después de que el instructor del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón, le imputara posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, en el marco de la trama corrupta que afecta al entorno del PP. No obstante, en el pleno en el que se debía dar cuenta de su renuncia, Galeote presentó otro escrito solicitando que se dejara el asunto sobre la mesa convencido de que se le iba a levantar su imputación en breve. Pero el juez mantiene su imputación.

Según el auto del juez Garzón, Galeote podría haber cobrado 42.469 euros de la trama encabezada por Francisco Correa, presunto cerebro de la red, entre los años 2001 y 2003, periodo en el que fue gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona. Las empresas de Correa facturaron además 123.000 euros a la citada empresa municipal.

(www.publico.es, 22/05/09)

15. TRILLO EVITA ASUMIR RESPONSABILIDADES Y RAJOY DECIDE NO RECLAMARLE NINGUNA

Casi cuatro meses estuvo Federico Trillo esquivando a los periodistas para evitar responder a ninguna pregunta sobre el Yak-42. Hasta el punto de que el PP se ha quedado prácticamente sin portavoz de Justicia, su cargo en el partido, ya que el veterano diputado no puede hablar en ningún sitio para evitar que los periodistas quieran saber si va a asumir responsabilidades políticas.

Y el día que llegó la sentencia, Trillo volvió a escapar de los periodistas a los que sí buscó cuando quería denunciar algún escándalo del PSOE o pedir la dimisión de Mariano Fernández Bermejo por participar en una cacería con el juez Baltasar Garzón.

Ni una sola pregunta aceptó el ex ministro de Defensa después de leer un comunicado en el que deja claro que no piensa asumir ninguna responsabilidad política por el hecho de que uno de sus subordinados haya sido condenado a tres años de cárcel. "Tengo que respetar la sentencia, pero no compartirla", aseguró.

Después de esta declaración, en la que Trillo aseguró que siempre ha respetado a las víctimas y pidió perdón por los errores, el ex ministro rehuyó de nuevo a la prensa en el Congreso, donde acudió a votar y recibió algunos abucheos de la bancada socialista. Soraya Sáenz de Santamaría, gran aval de Trillo, llegó incluso a suspender su habitual rueda de prensa de los martes. También huyó de la prensa Mariano Rajoy.

En el PP hay división de opiniones. Algunos creen que Trillo debería dejar la política tras esta sentencia de tres años de cárcel para un militar que estaba a sus órdenes. Otros dicen que el PP ya asumió esa responsabilidad con la derrota electoral. Lo que todos asumen es que Rajoy no reclamará nada a Trillo. En el PP se ha extendido la idea de que el líder no va a pedir a nadie que dimita, y mucho menos si, como Trillo o Francisco Camps, le apoyaron tras su derrota electoral en 2008. De hecho, las únicas dimisiones por el caso Gürtel, señalan varios diputados, fueron forzadas por Esperanza Aguirre, no por Rajoy.

(www.elpais.com, 20/05/09)

16. LA IMPUNIDAD DE TRILLO Y LA CONDENA DE SUBORDINADOS IRRITAN AL EJÉRCITO

Las Fuerzas Armadas no son una entidad homogénea y la pluralidad de opiniones en su seno es tan amplia como en la propia sociedad española. Pero la sentencia del caso Yak-42 ha causado una indignación casi unánime. "Lo que más duele es que se ha dado la imagen de que los responsables de esta chapuza somos los militares", se quejaba un oficial, haciéndose eco de una opinión ampliamente compartida. El hecho de que sólo se condenara a los mandos militares y de que los responsables políticos hayan escurrido su responsabilidad producía estupor. "Nadie puede creer que en una organización jerárquica y disciplinada tres militares actúen por su cuenta", alegaban.

Muy pocos critican la condena de tres años de cárcel al general Vicente Navarro, pero muchos consideran injusta la pena de un año y medio para sus dos ayudantes, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez (este último era capitán en 2003). "Una vez más, los platos rotos los pagan los de abajo", alegan. El problema radica en que, si la ratifica el Supremo, la sentencia puede ser más gravosa, en términos prácticos, para los comandantes que para el general. Aunque los segundos no ingresarían en prisión (al ser su pena inferior a dos años), es probable que el primero tampoco lo haga o que sea por muy breve espacio de tiempo, dada su edad (68 años).

Sin embargo, la condena supondrá para los comandantes, que están en activo, la expulsión de las Fuerzas Armadas y la pérdida de su carrera. Lo que no le ocurrirá al general Navarro, ya que se encuentra retirado.

Lo único que puede hacer Defensa, cuando la sentencia sea firme, es echarlo de la orden de San Hermenegildo. Ni siquiera está claro que pueda retirarle la Gran Cruz del Mérito Militar, que le concedió por decreto el Gobierno de Aznar seis meses después del siniestro en recompensa por sus "servicios de destacado mérito e importancia".

El ex ministro de Defensa Federico Trillo decidió no asumir ninguna responsabilidad, pero antes de explicarlo en una comparecencia en la que no admitió preguntas se reunió con Mariano Rajoy y le recordó, como es habitual en estos casos, que su cargo de portavoz de Justicia está a disposición del PP. Rajoy lo confirmó en el puesto. Trillo no se ha planteado en ningún momento la dimisión, según fuentes de la dirección, aunque muchos diputados creen que sería lo mejor para el PP.

(www.elpais.com, 21/05/09)

17. DOCE EURODIPUTADOS DEL PP FIGURAN ENTRE LOS MENOS ACTIVOS

Algunos eurodiputados parecen omnipresentes. Hablan al pleno de la Eurocámara, redactan preguntas o informes que se traducen en montañas de papel. Otros, en cambio, pasan por la Cámara sin dejar huella, salvo por su firma en las actas de asistencia y voto.

La web Parlorama.eu, una iniciativa que pretende arrojar luz sobre la actividad parlamentaria, ha elaborado un ranking que sitúa a 18 de los 61 españoles que pasaron por la Cámara en el furgón de cola de esta legislatura. La lista, que computa presencia en el pleno e iniciativas, muestra que 12 de ellos pertenecen al PP, incluidos Jaime Mayor Oreja y otros cinco candidatos en puestos de salida para el 7-J, mientras que los seis restantes son socialistas, dos de ellos en puestos altos de la lista.

Entre los menos activos está, además de Mayor Oreja, el número dos en la candidatura del PP: Luis de Grandes. Y también otras caras conocidas como Ana Mato, Luis Herrero, Carlos Iturgaiz o Rosa Díez. Varios de ellos, pese a su reducida actividad, fueron reclamados por sus partidos como candidatos a las elecciones generales del año pasado. En el otro lado de la balanza, PP y PSOE se encuentran con partidos pequeños que despliegan gran actividad. De los 20 parlamentarios más dinámicos, 11 pertenecen al PSOE, cinco al PP y cuatro, copando los primeros puestos, a Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), CiU o Los Verdes.

(www.publico.es, 16/05/09)

18. PLURIEMPLEADOS DE ORO EN EL CONGRESO, CON PIZARRO A LA CABEZA

Aunque de los 350 diputados del Congreso más de 250 admite tener segundas actividades al margen de las políticas, existe una gran disparidad en esa labor extraparlamentaria. Los hay que compatibilizan su escaño con coloraciones puntuales en medios de comunicación, otro buen numero participa en los consejos de administración en cajas de ahorros de sus lugares de procedencia y otros mantienen vinculaciones con pymes o empresas familiares. Muchas de estas actividades no están remuneradas o lo son escasamente. Existe otro grupo de privilegiados que trabaja en potentes empresas, como Acebes, Michavilla y Pizarro, tres populares que apenas han intervenido en la Cámara durante esta legislatura. El grupo del PP es el que más se resiste a facilitar datos sobre sus actividades extraparlamentarias y el que más se pluriemplea: por cada diputado del PSOE con actividad privada hay dos populares.

Las posibles reformas en el Estatuto del Diputado sobre incompatibilidades reabrió este debate, y el diario Público ha buceado en labor extraparlamentaria de los políticos, recurriendo a la información disponible en la Cámara y a los propios interesados. Así, más de 250 reconoce otra actividad más allá de escaño, lo que abarca desde participaciones en medios de comunicación hasta otros cargos públicos, docencia, asesoría…

En la empresa privada trabajan 29 diputados: 19 del PP, 9 del PSOE y 1 de CiU. Los socialistas, salvo uno, y el diputado de CiU, Sánchez Llibre -que trabaja esporádicamente en la empresa familiar Dani- han explicado al diario en qué consisten esas actividades. Sin embargo, los populares no quieren dar muchos detalles y apelan a que han presentado su declaración de actividades y "fueron consideradas compatibles sin que el Parlamento pusiese objeción alguna, así que no consideran necesario hacer más aclaraciones", explicaron a través de un portavoz.

Entre los diputados populares que simultanean actividad privada y pública encontramos a algunos de los que menos hablan en la Cámara, como Ángel Acebes, que sólo ha intervenido una vez durante esta legislatura. Trabaja en el consejo de administración de Cibeles, el holding financiero de Caja Madrid.

Otro prácticamente inédito es Manuel Pizarro, que ha tomado la palabra como diputado en dos ocasiones desde que se pasara a la política, aunque sin abandonar del todo su actividad privada. De hecho es el diputado que más actividades privadas declara: es el presidente de honor de Ibercaja y de Endesa, consejero del Centro de Estudies Garrigues (abogacía y asesoría) , asesor del IEE de la Universidad de San Pablo CEU y consejero de Editorial Aranzadi. Otro de los casos más sonados, por sus ecos con la Gürtel, es la de José María Michavila, representante de artistas, colaborador del bufete Eius y codirector de una gestora de grandes patrimonios. Sólo ha podido hablar dos veces en la Cámara.

Estas situaciones contrastan con otras compatibilidades, como la del economista Ceferino Díaz, parlamentario socialista por A Coruña que trabaja en el consejo técnico asesor de una empresa de ingeniería llamada Petisa, labor por la que no cobra. "Hay interesados en sembrar de descrédito la política y se genera confusión; políticos que trabajen en dos cosas hay muy pocos; la política, si la tomas en serio, es una pasión que absorbe mucho", advierte Díaz.

La también socialista María Virtudes Cedial, aclara que como consejera de la Asamblea General de Cajamadrid cobra 800 euros netos al año. "El problema es que se mete en el mismo saco a diputados que tienen actividades empresariales con un altísimo nivel de ingresos y al resto de parlamentarios", lamenta Cediel.

Los diputados tienen como retribución base 3.126 euros brutos al mes, a los que hay que sumar un complemento de 870 si son de Madrid (35 en total) o de 1.823 si son de otra circunscripción, por lo que la mayor parte de los diputados tienen casi 5.000 euros garantizados mensualmente, al margen de otros extras como la participación en comisiones o en órganos de gobierno y control de la Cámara.

(www.elplural.com, 18/05/09)

19. AZNAR SE VUELVE A PONER COMO EJEMPLO PARA SALIR DE LA CRISIS

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha vuelto a aludir a su mandato como referente necesario para salir de la crisis en España, ya que el PP se encontró en 1996 el país "en muy malas condiciones", con un 23% de paro y un 7% de déficit, y ocho años después "dejó el país más próspero de la historia de España". En este contexto, Aznar ha afirmado que el líder del PP, Mariano Rajoy, es "un hombre con una gran experiencia" mientras que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, es "el valiente que va a llevar a España a cinco millones de parados". Además, se preguntó "cuánto costará" cambiar el modelo basado en la construcción y calificó de "absurdas" las propuestas económicas de Rodríguez Zapatero. En esta línea, defendió la implantación de energías renovables pero añadió que la nuclear es de las fuentes "más limpias y baratas que existen dentro de unos costes asumibles".

Aznar ha ahondado en la idea de que negar la crisis económica no es el camino para sacar adelante al país, por lo que ha apostado por lograr un gran acuerdo nacional que contemple un paquete de reformas estructurales para combatir la crisis financiera con mayor facilidad. Para el ex presidente, el aumento del número de desempleados "pone en riesgo" el mantenimiento de la Seguridad Social y el sostenimiento del sistema de las pensiones.

Por todo ello, consideró imprescindible un cambio político en España y reprobó que el estado español ha sufrido "un debilitamiento" en la esfera internacional, pasando, dijo, a un modelo "de introversión y enfrentamiento". Sobre las ayudas en la compra de automóviles propuestas por el Gobierno socialista, Aznar reprobó que realice estas promesas "a costa" del dinero de las comunidades autónomas.

Aznar ha acusado al Ejecutivo de utilizar el debate generado por la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva "para tratar de desviar la atención de la opinión pública, evitando que se centre en su gran fracaso con la crisis económica" y denunció que esta actitud "supone un enorme ejercicio de irresponsabilidad que se acabará pagando".

En este sentido, calificó de "incomprensible" que en estos tiempos de dificultades la medida estrella del Gobierno sea el aborto libre. "No conozco ningún país en el mundo en el que se actúe así, atravesando la crisis económica, social y política más grave de los últimos 30 ó 40 años", criticó. No obstante, se mostró "optimista" y consideró que existen "motivos fundados y de sobra" para superar la "complicada" situación económica. "Nosotros los españoles podemos hacerlo y España, como nación, también es capaz", vaticinó.

En referencia al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, citado a declarar como imputado en el caso Gürtel ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Aznar se ha mostrado convencido de que "todo se aclarará". Aznar ha tachado de "lamentable" que en España se produzcan filtraciones de documentos judiciales y policiales, como está ocurriendo en este caso, y ha advertido de que desacreditan la Justicia. Respecto a la imputación de Camps, ha subrayado: "Él ha repetido tantas veces que todo se aclarará que yo estoy convencido de que así sucederá".

(www.publico.es, 18/05/09)

20. EL PP REACCIONA AL VÍDEO DEL PSOE: "¡QUÉ HIJOS DE PUTA! ¿NO?"

La presencia de las cámaras ha jugado una mala pasada a Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz de Defensa del PP en el Congreso de los Diputados. Un vídeo muestra cómo la diputada conservadora se refiere con el calificativo de "hijos de puta" a los socialistas, después de haber sido preguntada sobre su opinión acerca del vídeo de campaña del PSOE para las europeas.

Antes de lanzar el insulto, Rodríguez Salmones relata a los periodistas que el vídeo es "canalla" y que su partido no se siente identificado con su contenido. En el citado material audiovisual se identifica al PP con el despido libre y con la idea de que la homosexualidad es una enfermedad, entre otros aspectos. "A estas alturas de la vida sabemos que el Partido Socialista hace estas cosas", se lamentó la parlamentaria conservadora. "¿A estas alturas ustedes creen que alguien cree, incluso nuestros más adversarios, que somos así?", cuestionó a los periodistas. Para darse después ella misma la respuesta: "Yo creo que no. No nos hubieran votado todos los que nos votan".

Es cuando los periodistas retiran los micrófonos cuando Rodríguez Salmones se despide con un "hijos de puta ¿no?".

(www.publico.es, 22/05/09)

21. CATALUÑA. LA OPOSICIÓN DE VALLIRANA PIDE EL CESE DEL EDIL DEL PP IMPUTADO POR COHECHO

La oposición en el Ayuntamiento de Vallirana (Baix Llobregat), integrada por Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, presentará una moción para que el concejal del Partido Popular, Antonio Penalba, sea desposeído de sus responsabilidades en el equipo de gobierno. Penalba es tercer teniente de alcalde y responsable de Relaciones Institucionales.

Una juez ha imputado a Penalba cinco delitos, entre ellos los de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación por haber cobrado, presuntamente, 6.000 euros para agilizar una licencia de apertura del bar Store Café, en la Travessera de Dalt de Barcelona. El otro imputado es Alberto Belón, ex consejero del distrito de Gràcia y asesor de Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal del PP en el Consistorio barcelonés.

La moción reclama la destitución "cautelar" de Penalba hasta que haya una sentencia judicial. Los tres grupos de la izquierda "lamentaron" que Convergència i Unió, federación mayoritaria en el Ayuntamiento de Vallirana, no haya destituido "a iniciativa propia" al edil, lo que "puede contribuir a generar una mala imagen de las personas que se dedican a la política".

(www.elpais.com, 20/05/09)

22. GALICIA. EL PLAN DE FEIJÓO APLICARÁ MAYORES DESCUENTOS A LOS VEHÍCULOS MÁS CAROS

Alberto Núñez Feijóo le dio un barniz autonómico al plan de Zapatero para estimular la venta de vehículos. Lo hizo con dos objetivos: desmarcarse de la propuesta del Gobierno con sus propias ayudas y, de paso, guiñarle el ojo al fabricante francés PSA Peugeot Citroën. A juzgar por la reacción de los sindicatos y la oposición, lo consiguió. Desde , los concesionarios gallegos pueden contar con una ayuda de la Xunta de 500 euros por vehículo para aquéllos que cuesten menos de 10.000 euros. A partir de ese precio y hasta 27.000 euros, los compradores recibirán 700 euros que, sumados a los recortes de los fabricantes y el Gobierno, se traducen en 2.200 euros de rebaja. Las pymes y los autónomos podrán comprar vehículos comerciales ligeros, de menos de tres toneladas y media -como los Berlingo y Partner, que se fabrican en Vigo- por 1.000 ó 1.500 euros menos. Estas ayudas también se sumarán a las de Gobierno y fabricantes, con lo que los descuentos en las furgonetas pueden llegar a ser de 3.000 euros. Todas tendrán las mismas condiciones: se otorgarán a cambio de la entrega de un coche de más de 10 años de antigüedad o 250.000 kilómetros. La iniciativa, que no está pensada para motocicletas, consumirá hasta seis millones de euros del presupuesto autonómico y estará en vigor hasta que se agoten los fondos.

Una orden, que será aprobada próximamente por la Xunta, recogerá en detalle su tramitación y tendrá efectos retroactivos a fecha de . Las exigencias medioambientales sobre emisiones contaminantes se mantienen según lo marcado desde Madrid para, en palabras de Feijóo, "no fracturar más el mercado". El presidente de la Xunta quiso desmarcarse todo lo que pudo del anuncio de Zapatero e insistió varias veces en que el plan que ha ideado desde la Consellería de Economía significa que la Xunta aportará "un 40% más" que el Ministerio de Industria.

El anuncio pilló por sopresa a los concesionarios de la comunidad autónoma, que recomendaban a los clientes esperar hasta hoy: "No hemos recibido nada más que las instrucciones sobre las ayudas del Ministerio de Industria. De la Xunta sabemos lo que se ha dicho esta mañana en los medios de comunicación", aseguraba un comercial de Seat en Vigo. Otro de Renault decía algo parecido: "Estamos diciéndole a los clientes que mañana [por hoy] ya tendremos todos los datos. Lo más probable es que seamos nosotros los que tengamos que hacer el papeleo, no el cliente".

Los que sí estaban informados eran los representantes del sector, que reaccionaron abrazando la medida. El presidente del Clúster, Francisco Anguera, la calificó de "satisfactoria". También fue una buena noticia para el secretario general del metal en UGT, Manuel Fernández, aunque le hubiese gustado que fuesen "inversamente proporcionales" al precio del vehículo, de modo que se primase a quien se compra un coche más barato. El portavoz de Industria del PSdeG, Abel Losada, felicitó a Feijóo por "adherirse al plan de ayudas al automóvil y asumir las propuestas de los socialistas". En Galicia más del 30% de los coches en circulación superan los diez años de antigüedad, lo que significa que podrían acogerse al programa de ayudas unos 500.000 propietarios. En el caso de los vehículos industriales se primará a aquellas pymes afectadas por la crisis.

(www.elpais.com, 19/05/09)

23. GALICIA. BALTAR CONTRATÓ A 269 PERSONAS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

La Diputación de Ourense sigue aumentando la plantilla. El presidente de la institución y del PP orensano, José Luis Baltar, ha reconocido en respuesta a una pregunta del grupo provincial socialista, que hace mes y medio tenía a mil personas contratadas en el organismo provincial. Entre ese millar de empleados figuraban los 33 porteros del edificio cultural y los 16 limpiadores del teatro Principal. No entraban en ese cupo, sin embargo, las 269 personas que, según denuncia el PSOE, el presidente provincial sumó a la nómina de la Diputación mediante contratos realizados en la campaña de las autonómicas. En esta ocasión Baltar aumentó en nueve personas el número de contratados respecto a la campaña de las municipales de 2007. "La compra de agentes electorales es imparable", señalan los socialistas.

Pese a las denuncias continuas, la política de personal que lleva a cabo el presidente del PP de Ourense sigue su curso. En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 28 de abril figura la convocatoria de una oposición en la que 42 candidatos aspiran a hacerse con una plaza de técnico especialista en Medio Ambiente. El BOP del pasado 8 de mayo incluye la convocatoria de nuevas oposiciones. En esta ocasión Baltar convoca 53 plazas más para la institución provincial. Hay más de 300 candidatos.

La lista de los aspirantes está plagada de nombres de hijos de concejales, alcaldes y otros ex altos cargos del PP orensano, así como de amigos y familiares, estrechos colaboradores del propio presidente e hijos de jueces y letrados de la provincia. Mientras el barón orensano sigue ampliando la pantilla de la Diputación, la institución destina este año a pagar el personal 32 millones de euros de su presupuesto de 86 millones. En medio de este panorama, Baltar ha anunciado su decisión de recortar o suspender sus aportaciones a proyectos del Ayuntamiento de Ourense si los tribunales obligan a la Diputación a pagar 240.000 euros que debe a la institución local por una reforma del campo de fútbol de Oira que se ejecutaron en 2000, con Manuel Cabezas (PP) de alcalde.

(www.elpais.com, 22/05/09)

24. ANDALUCÍA. EL PRESIDENTE DEL PP DE MÁLAGA CONTRATÓ A UNA EMPRESA ANTES DE CONSTITUIRSE

Los contratos de las áreas de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que tienen como concejal responsable al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, están bajo sospecha. El PSOE desveló ciertas irregularidades, que anunció va a poner en conocimiento de Fiscalía, como la contratación del servicio médico para el gimnasio del Palacio de los Deportes Martín Carpena, que se adjudicó en agosto de 2004 a una sociedad que aún no se había constituido. Además, el consistorio confirmó que retirará dos contratos para sendos planes de marketing turístico que suman 130.000 euros, después de que haya trascendido que ambos se otorgaron mediante un procedimiento negociado restringido al que fueron invitadas a participar tres consultoras pertenecientes a un mismo propietario.

Para estas dos concesiones se invitó a las mismas tres empresas: Consultores y Asesores de RRHH Uncibay S. L., Cau Group Consultores y Risgal Uncibay S. L. La primera de ellas ganó la adjudicación del plan para el desarrollo de producto turístico idiomático en la ciudad por 69.600 euros; y la segunda ha recibido el encargo del plan para el producto turístico-cultural city/break por 60.399 euros. Dos de las tres sociedades sociedades requeridas tienen un mismo administrador único, José Luis Cuadrado Arranz, que lo fue también de la tercera hasta el pasado 24 de marzo. Le sustituyó Luis Ignacio Montañés, que es también apoderado de otra de las sociedades.

Para el PSOE hay un "tufo tremendo de amiguismo en estas concesiones a dedo". "Todo suena a que hay un trato de favor", aseguró el portavoz socialista, Rafael Fuentes.

La concejal de Economía, Carolina España, dijo que la medida de revocar las adjudicaciones es "bastante satisfactoria", y consideró que "es muy difícil, si la empresa no aporta una declaración formal, que por parte de las áreas que llevan a cabo un procedimiento negociado puedan saber con exactitud si existe vinculación o no entre las empresas que presentan sus ofertas". Bendodo, que no atendió los requerimientos de este diario para dar explicaciones, dijo a Efe que las empresas han reconocido ahora que ocultaron el dato de que tenían un mismo administrador.

El contrato para la prestación del servicio médico a los usuarios del Palacio de los Deportes lo firmó Bendodo el 24 de septiembre de 2004 con la sociedad Egead Alavi-Medisport, constituida notarialmente apenas 20 días antes. El consistorio había convocado un concurso restringido en el mes de julio, e invitó a presentar ofertas a tres empresas clínicas, entre ellas Egead S.L. En el contrato se especifica que ha sido ésta la adjudicataria, pero que ha hecho una cesión a Egead Alavi-Medisport, en la que participa accionarialmente, que el Palacio de los Deportes acepta.

Pero lo curioso del asunto es que en el informe que el 18 de agosto firmó el director gerente del Palacio de los Deportes sobre las ofertas presentadas, aconsejó la contratación de "Egead-Alavi Medisport", cuando legalmente ésta no se creó hasta 17 días más tarde.

(www.elpais.com, 22/05/09)

25. ANDALUCÍA. EL PP ARREBATA BENALMÁDENA AL PSOE CON SÓLO CUATRO EDILES

Enrique Moya, del PP, se convirtió en nuevo alcalde de Benalmádena (Málaga, 55.900 habitantes) al prosperar la moción de censura presentada por una amalgama de grupos y ediles independientes, entre los que figura una concejal, Mari Carmen Romero, que hasta ahora había formado parte del gobierno municipal del socialista Javier Carnero. Los populares ocuparán la alcaldía a pesar de contar sólo con cuatro ediles de un total de 25 que tiene la corporación.

Mari Carmen Romero -que había sido concejal de Movimiento por Benalmádena y ahora estaba en el Grupo Mixto- llegó a afirmar en 2007, cuando apoyaba al alcalde del PSOE, que había recibido presiones económicas del PP para romper el equipo de gobierno, lo que le costó una querella. Moya ha restado importancia a aquel episodio: sostiene que ya se aclaró porque hubo una rectificación y "forma parte de las cosas que habitualmente se dicen en política".

La edil tránsfuga explicó que en el equipo del socialista Carnero se sentía tratada como "una concejal de segunda" y que era "un desgobierno". La decisión de esta edil centró buena parte del pleno, con duras acusaciones de sus ex compañeros de gobierno, que la acusaron de haberse vendido. Romero retó a quienes le acusan a que acudan a la fiscalía si tienen pruebas y aseguró no haber recibido nada.

Pese a ostentar la alcaldía, el PP es minoritario en el nuevo equipo gobernante, que se completa con nueve ediles más de cinco adscripciones distintas. Cuatro concejales aporta el Grupo Independiente de Benalmádena (GIB), partido fundado por Enrique Bolín, que fue alcalde durante 28 años en tres etapas, la última entre 1995 y 2007. Iniciativa Democrática de Benalmádena (IDB) cuenta con dos ediles. Este partido fue fundado por el que fuera candidato del PP en 2003, Jesús Fortes, que en 2007 se disgustó porque la dirección provincial popular fichó para reemplazarle como cabeza de cartel a Enrique Moya. Pese a considerar aquella alianza una "estafa política", Fortes ha acabado por investir a Moya, de quien será concejal de Urbanismo.

La amalgama gobernante la completan un concejal no adscrito fugado del partido de Bolín y el fundador de Movimiento por Benalmádena (MpB), José Luis Monleón, que a los pocos meses de pactar con PSOE e IU tras los comicios de 2007 se ofreció al PP, por lo que fue destituido.

(www.elpais.com, 19/05/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ INVESTIGA EL SUPUESTO USO DE FONDOS PÚBLICOS EN EL CASO DEL ESPIONAJE

El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero.

Cobo denunció el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la fiscalía.

Con su decisión de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.

Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.

Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).

Moix, con una unidad de élite policial a sus órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado nº 5 de Madrid, dada la conexión de ambas causas. Durante la investigación policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.

Como no es el espionaje en sí el delito de la causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades ilegales; o el relato de otros funcionarios.

Y, por último, que se realice, como se prevé, un cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.

(www.elpais.com, 17/05/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA CEOE DONÓ 246.000 EUROS AL PP

La admiración que siente Gerardo Díaz Ferrán por Esperanza Aguirre está más que declarada. "Es que es cojonuda", se le oyó decir al presidente de la patronal española CEOE hace unas semanas ante un inesperado micrófono abierto. Pero Díaz Ferrán no sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El presidente de todos los empresarios también donó 192.200 euros al PP de Madrid durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004.

Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres transferencias a Fundescam, la desconocida fundación sin apenas actividad pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo año. En total, el empresario destinó 246.200 euros al PP madrileño a través de Fundescam en doce meses.

El dinero siempre llegaba a la fundación en plena campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán, una por valor de 72.000 euros y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas de Fundescam el 19 y el 20 de mayo, a pocos días de las primeras elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el 25 de mayo de 2003. La tercera donación, otros 72.000 euros, entra en la cuenta corriente de Fundescam el 25 de octubre de 2003, un día antes de que los madrileños votasen por segunda vez en ese año tras la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron a Rafael Simancas ser presidente de Madrid.

y a través de un portavoz, Gerardo Díaz Ferrán alegó que sus empresas hacen "donaciones a muchas fundaciones" y que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam en 2003 y 2004, "no le extraña que la información sea correcta". Como ejemplo de la política de donaciones de Díaz Ferrán, su portavoz citó la de "500.000 euros a ONUART" para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra y las aportadas a la madrileña Fundación Síndrome de Down.

Las tres donaciones efectuadas en 2003 por Díaz Ferrán a Fundescam se canalizaron a través de Seguros Mercurio SL, una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas en varios certificados de donación a Fundescam a los que ha tenido acceso Público y que llevan fecha de entrega posterior a la que señala la contabilidad interna de la fundación.

Las dos primeras transferencias, las de mayo, fueron certificadas unos meses después con fecha 10 y 11 de agosto por medio de un contrato por escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. En ese documento se justifican los donativos en concepto de colaboración y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales. Sin embargo, Fundescam, usó parte de sus fondos procedentes de subvenciones y donaciones para pagar varias de las facturas de las campañas de Esperanza Aguirre a Special Events, la empresa de Francisco Correa que está siendo ahora investigada dentro del caso Gürtel.

Díaz Ferrán no sólo realizó donativos en el año 2003. A través de otras empresas propiedad o participadas por su grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de marzo de 2004, de nuevo en las vísperas de otras elecciones: las primeras generales que perdió Rajoy ante Zapatero. El 3 de marzo, Hotetur Club S.L.dona 12.000 euros; el 4 de marzo, Transportes de Cercanías S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A., otros 12.000.

En total, 54.000 euros en tres transferencias a través de tres sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una semana. Su socio Antonio Mata Ramayo también colaboró: su empresa Aerolíneas de Baleares donó 12.000 euros a Fundescam el 11 de marzo de 2004.

Cuando Díaz Ferrán entregó a través de sus empresas estas importantes sumas al PP, el entonces presidente de la patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el obtenido por Trapsa en unión con otra empresa en febrero de 2001 para gestionar el servicio de autobuses turísticos en Madrid. Pero la operación más sonada, y la que ha terminado convirtiendo al empresario en imputado por presunto delito fiscal, fue la adquisición de Aerolíneas Argentinas a través de Air Comet, filial de Marsans. Propiedad de Iberia, Aerolíneas fue privatizada por el Gobierno de José María Aznar en 2001 y Díaz Ferrán se la adjudicó por el precio simbólico de un dólar. Ese mismo año, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) dio a Marsans 300 millones de dólares para cancelar las deudas de la compañía. Parte del dinero se utilizó supuestamente para otros fines. El caso está siendo investigado por un juez de Madrid desde 2005. La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de empresas que tengan contratos vigentes con "alguna Administración Pública".

Aunque Díaz Ferrán es el empresario que más dinero ingresó en la cuenta corriente de Fundescam durante los años 2003 y 2004, no es ni mucho menos el único. Su sucesor al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, también realizó cuatro donaciones entre el año 2003 y 2004. Las fechas son casi idénticas a las de Díaz Ferrán, otra vez justo en las vísperas electorales. La primera, el 7 de mayo de 2003, tres semanas antes de las primeras autonómicas, por valor de 18.030 euros. La segunda, un día antes de las elecciones forzadas por el tamayazo, el 25 de octubre de 2003, por valor de 15.000 euros. La tercera y la cuarta donación, ambas de 12.000 euros, llegan de nuevo en marzo de 2004: una el 3 y otra el 16. En total Arturo Fernández, que disfruta de varios contratos de catering adjudicados por la Comunidad de Madrid, donó a la fundación del PP madrileño 57.030 euros.

Fernández comparte con Díaz Ferrán una de las adjudicaciones públicas otorgadas a sus respectivas empresas por el Gobierno de Aguirre: Grupo Cantoblanco y Expacontra gestionan desde diciembre de 2006, junto con otras dos sociedades, el teatro-auditorio de San Lorenzo de El Escorial. La adjudicación ascendió aquí a 6,8 millones de euros.

Otra de las grandes empresas que pagó a Fundescam es Unión Fenosa. La eléctrica entregó dos generosos donativos: el primero, de 120.000 euros, llegó a la cuenta de la fundación el 23 de mayo, dos días antes de las primeras autonómicas. El segundo, de 36.000 euros, el 4 de marzo de 2004, diez días antes de las generales. La primera transferencia está certificada formalmente el 25 de julio de 2003 por el entonces presidente de la eléctrica, Antonio Basagoiti, padre del actual líder del PP vasco.

En la cuenta de Fundescam también está registrada una transferencia de la constructora FCC de 60.000 euros el 21 de octubre de 2003, de nuevo pocos días antes de las elecciones. La constructora, entre otras muchas obras de la Comunidad de Madrid, se ocupó de la reconstrucción del Palacio de los Deportes y también ganó la concesión de la futura autopista de peaje M-404.

Otro de los empresarios que donó una importante suma a Fundescam en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2003 es Manuel Moratiel, quien presidía entonces la empresa de autobuses Grupo Avanza y entregó 60.000 euros. Y también Eduardo Montes, entonces presidente de Siemens, que pagó 25.000 euros. , Montes aseguró a Público que "no tiene ni idea" de qué es Fundescam. Cuando este periódico le envió copia del certificado de donación, reconoció que es auténtico y prometió hacer indagaciones sobre la donación.

Entre otros contratos adjudicados en los años de gobierno de Aguirre, Siemens acaba de conseguir de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid una importante adjudicación, por 54 millones de euros, para centralizar los historiales clínicos de los madrileños. En julio de 2006, ya se había alzado con el concurso para poner en marcha los sistemas de información de los nuevos hospitales de Madrid por 44,6 millones de euros. Hewlett Packard (HP) obtuvo la mejor puntuación, pero la Comunidad alegó que su certificación como contratista de servicios llevaba cuatro semanas caducada y otorgó la concesión a Siemens. El asunto está en los tribunales.

En la contabilidad de Fundescam, también aparecen como donantes Celso García, que aportó 60.000 euros en dos transferencias; Salazar Simpson, de Ciuvasa; José Manuel de Riva, presidente del grupo Gesfor; José Antonio López Casas; Carlos del Castillo, de la Inmobiliaria COF; Germán López Madrid y el joyero Valentín López Pombo. Según la contabilidad de Fundescam, el total recaudado entre empresarios fue de 790.230 euros.

Ni Arturo Fernández ni Antonio Basagoiti ni FCC han querido dar su versión de los hechos. Tampoco el PP de Madrid, que guarda silencio desde que Público reveló el martes los primeros datos sobre Fundescam. Esperanza Aguirre sólo respondió, ante el micrófono de un periodista "que se lo pregunten a pío, pío, pío".

(www.publico.es, 22/05/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP PAGÓ FACTURAS ELECTORALES A CORREA A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre.

El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000.

Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña. Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos".

Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público.

En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.

(www.publico.es, 19/05/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FUNDACIÓN CASI OCULTA QUE NO RINDE CUENTAS

Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid. Su sede está en la primera planta del edificio del PP de la calle Génova 13, y, según sus estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional quien nombra a los patronos de la fundación. Está presidida por la propia Esperanza Aguirre y su vice-presidente es el consejero de Interior de la comunidad, Francisco Granados. , una portavoz de este último subrayó que el equipo de Aguirre no se hizo cargo del patronato de la Fundación hasta noviembre de 2004, tras el congreso en que se produjo el relevo en la dirección del PP madrileño. De Fundescam en esa época hay que "preguntarle a Pío García Escudero", presidente del PP hasta noviembre de 2004, recomendó la citada portavoz.

En el patronato de Fundescam también aparecen otros dirigentes destacados del PP de Madrid, como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, o la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Botella. Ignacio González, vicepresidente de Madrid, también formó parte del patronato de Fundescam.

Los fines que declara la fundación son bastante laxos: "Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de carácter socioeconómico", "desarrollar programas de cooperación con instituciones y entidades" o también "organizar cursos, conferencias y similares" para fomentar "el progreso de la Comunidad de Madrid". Pese a ello, Fundescam no tiene página web el PP no se pronunció sobre ese extremo y no hay constancia en Internet de un solo curso, una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación, que ha recibido numerosas donaciones.

A la pregunta sobre cómo se financia Fundescam, la portavoz de Granados respondió que "con las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid". "Las cuentas están justificadas", alegó. Pero, según la información oficial recabada por Público en el Registro de Fundaciones de Madrid, hasta la fecha de Fundescam no había depositado las cuentas de 2003 justamente el año en que financió electoralmente al PP ni las de los siguientes ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en el año 1998 bajo mandato del PP, obliga a presentar la memoria anual al Protectorado, ejercido aquí por la Consejería de Educación, para su posterior depósito en el Registro.

(www.publico.es, 19/05/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO, PÍO, PÍO"

Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso pronunciarse sobre la información publicada por este periódico, que revelaba que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones autonómicas del año 2003, cuando ella era la candidata.

Preguntada en dos ocasiones por los periodistas durante su visita a la Universidad Carlos III de Getafe para una entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del PP de Madrid. Tampoco explicó la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la que ahora es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras que salieron de su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su precedesor en el partido.

En su equipo recuerdan que Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova hasta octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores madrileños. En fechas anteriores su responsable era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir explicaciones.

Pío García Escudero, por su parte, tampoco ha querido responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en su nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que todo se hizo bien mientras él estuvo [al frente de la fundación]".

Esperanza Aguirre tampoco aclaró por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events unas facturas pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la empresa, propiedad de Francisco Correa, les llevase a los tribunales.

Según la versión que ha defendido desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su equipo en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según esa versión, sólo el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que también participó en la campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no decidía sobre los pagos del PP de Madrid en el año 2006.

(www.publico.es, 20/05/09)

31. AGUIRRE LLEVA LA CONTRARIA AL GOBIERNO CENTRAL SUBIRÁ UN 20% LA DEDUCCIÓN POR LA COMPRA DE VIVIENDA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanza un nuevo órdago al Gobierno central. Si hace nueve días el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que se suprimirían las deducciones a la vivienda a partir de 2011 para rentas superiores a 24.000 euros, hoy la lideresa del PP se ha situado contracorriente al afirmar que la Comunidad de Madrid incrementará en un 20% la deducción autonómica por la compra de vivienda habitual nueva.

Además, Aguirre ha informado de que bonificará en un 20% el importe del impuesto de matriculación de vehículos nuevos y suprimirá el Impuesto de Actividades Económicas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis.De la deducción del 20% en la compra de vivienda se beneficiarán el primer año unos 30.000 madrileños y se calcula que más de un millón lo harán en años sucesivos.

La rebaja del impuesto de matriculación supondrá un ahorro para el comprador de hasta 900 euros y en lo que respecta a la supresión del IAE, la Comunidad calcula que dejará de recaudar unos 35 millones de euros que hasta ahora cobraba a los empresarios por este impuesto.

(www.publico.es, 21/05/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN DE FALSIFICAR PERMISOS PARA HERBICIDAS ACERCA A FABRA AL BANQUILLO

"Iba vestido con traje oscuro y corbata y no llevaba maletín ni carpeta". De esta manera se presentó el ex subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía a un encuentro en el Hotel Palace de Madrid, entre finales de 1999 y principios de 2000, según el empresario Vicente Vilar.

En la reunión estaba también el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El objetivo era que el entonces ya jubilado cargo de Agricultura les asesorara ante los infructuosos intentos de que el ministerio aprobara herbicidas y plaguicidas. Los tres, junto a otras cinco personas, están ahora imputados.

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. De momento, a él y a los demás se les acusa de haber falsificado sellos y analíticas y de haberlas presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas. La sociedad beneficiaria era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar, ambas imputadas.

Cadahía había montado una asesoría, Consultores Agroquímicos, para encarrilar los trámites para la obtención de permisos. Vilar, fabricante del sector, acudió a él y, según la versión del empresario, éste les sugirió falsificar la composición de las materias primas. Cadahía declaró ante la juez que, "seguramente", la reunión trató sobre las dificultades para obtener los permisos y la necesidad de presentar una "documentación adecuada", pero negó haber sugerido la falsificación de análisis.

El caso es que Vicente Vilar sostiene que "decidimos hacerlo". El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

La trama precisó de un impresor jubilado, Manuel Martínez, ahora imputado, que recibía los logotipos en un folio y los transformaba en sellos de caucho. Vilar dice que los primeros fueron aportados por el chófer de Fabra. Mientras, dos químicos, Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir, también imputados, rehacían los análisis.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.

(www.elpais.com, 18/05/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PRESIDENTE DEL PP DE VALENCIA ADJUDICÓ A DEDO 1,3 MILLONES

La concejalía de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Xàtiva, del que es alcalde el presidente del PP y de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, adjudicó servicios de forma supuestamente irregular por algo más de 1.300.000 euros entre los años 2006 y 2008, según se desprende del estudio de las facturas de ese período realizado por el grupo socialista en el Consistorio. Según explicó el portavoz del PSPV-PSOE, Roger Cerdà, de las 47 facturas analizadas, todas ellas por un importe superior a 18.000 euros, hasta 34 (un 70%) son resultado de una adjudicación a dedo y suman esos 1,3 millones. En sólo 13 casos consta que se haya adjudicado el contrato a través del procedimiento negociado, una posibilidad que permite la ley de contratos del sector público. El PP rechaza que haya irregularidades.

Se da la circunstancia de que los socialistas ya denunciaron hace unos meses la reiterada contratación, en muchos casos de forma directa, con una empresa de servicios local, Sarri-Hogar SL, cuyo gerente mantiene relaciones de amistad con varios concejales del PP. Ante las sospechas de que el abuso de esta forma de operar estuviese generalizado, los socialistas pidieron que se les entregara una copia de toda la facturación de la concejalía de Feria y Fiestas, dirigida por la edil Rosa María Esteban, pero controlada de forma muy directa por el alcalde. Rus se negó a facilitar dicha documentación, pero autorizó a los concejales socialistas, para no contravenir la ley que garantiza el acceso de la oposición a la documentación municipal, a revisar las facturas visualmente durante la celebración de las comisiones informativas municipales.

Tras anotar a mano los datos y estudiar la facturación, el pasado 6 de mayo el grupo socialista solicitó en el pleno un informe por parte de la intervención municipal para dilucidar si las adjudicaciones de Feria y Fiestas se habían realizado de acuerdo con la ley. "La respuesta fue 'no' porque ellos saben tan bien como nosotros que este Ayuntamiento está trabajando fuera de la legalidad", apuntó Cerdà. Ante el bloqueo del PP, los socialistas hicieron públicos las "numerosas irregularidades detectadas" con los datos de que disponen. Además de poner bajo sospecha las adjudicaciones, en una de las pocas facturas de las que han podido obtener copia, correspondiente a la gala anual de homenaje al fallecido Bruno Lomas, no se hace constar la fecha, no se describen los conceptos y el IVA está mal sumado. Además, existen reiteradas facturas de contratación de artistas con dos empresas, Obvio, SL e Ingenio, SL, regentadas por la misma persona, el promotor Juan Antonio Ramírez.

En algún caso, "se paga a una de esas empresas para que acabe contratando a la otra", denunció el PSPV-PSOE. Los socialistas, además, cuestionan lo que consideran "sobrecostes no justificados" de algunas contrataciones: mientras que una actuación de Miguel Bosé en Orense costó 51.000 euros, en Xàtiva, durante la misma gira, Papito Tour, el concierto sirvió para que la empresa promotora facturara 100.000 euros al Ayuntamiento.

Preguntada al respecto, Rosa María Esteban defendió que está "tranquila porque las cosas se han hecho bien". "Si no, los técnicos no lo aceptarían", aseguró.

(www.elpais.com, 16/05/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS SE REAFIRMA EN SUS PALABRAS Y DICE QUE NO VA A RETIRAR NADA

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha asegurado que mantiene lo que dijo en un mitin del PP acerca de los profesores que decían "aleshores" y "gairebé", a los que calificó de "gilipollas" y aseguró que iba a "rematarlos" y ha añadido que no va a retirar "nada".

Rus ha realizado hoy estas declaraciones durante el pleno ordinario de la Diputación, en el que los socialistas han presentado una moción de urgencia para que Rus pidiera disculpas públicamente a los docentes que utilizan el valenciano normativo.El grupo popular, mayoritario en el pleno, ha rechazado la urgencia de la moción por tratarse de un tema que, según los populares, no corresponde debatir en la cámara. En este sentido, han anunciado que pedirán un dictámen judicial que así lo dicte.

Los socialistas, por su parte, han afirmado que volverán a presentar la moción en el próximo pleno ordinario de junio y que "diga lo que diga" el informe, "nadie hurtará" al PSPV la posibilidad de presentar la moción que crean oportuna. Ante todo esto, Rus se ha negado a emitir la urgencia porque, ha explicado, cuando habla a nivel político "es una cosa" y cuando habla como presidente de la corporación provincial "es otra".

También ha señalado que contestará "las veces que haga falta" al portavoz del grupo socialista, Rafael Rubio, "y a quien sea", pero que no va a entrar "en un debate, en un circo".

El también presidente provincial del PP ha asegurado que no entra en el debate "por la institución", por que si no, "entraría a todo", ya que le "relaja". Así, ha explicado que, sobre sus declaraciones acerca de los profesores, mantiene lo que dijo "sobre tres personas" y que no va a retirara nada. Ha señalado que si conociera a esas personas, les pondría "una denuncia en los juzgados".

Además, Rus ha dicho que la libertad de expresión "es para todos, guste o no" y que en la cámara siempre será "respetuoso", porque allí no es el presidente provincial del PP, sino el presidente "de todos". "A nivel político", ha asegurado, "es otra cosa, me crezco, soy Indurain".

Durante el pleno también se han debatido temas como el de las rentas de ciudadanía, ya que EUPV ha pedido que se inste a la Generalitat a que se acelere el proceso para entregar las ayudas, o la construcción de una rotonda en un punto peligroso en el enlace de las carreteras CV-310 y CV-31 a la altura de Godella.

(www.levante-emv.com, 20/05/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE BENIDORM DICE QUE EL EDIL AUSENTE ESTÁ DE VACACIONES PESE A FIRMAR DOS ESCRITOS

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm aseguró que la ausencia del edil popular José Bañuls se debe a que "está de vacaciones". Es la versión oficial y la que se mantendrá los próximos días, seguramente hasta el lunes cuando el interesado comparezca para explicar los motivos de su ausencia. Sin embargo, lo cierto es que Bañuls no había notificado a ningún miembro del gobierno que se fuera a tomar unos días libres.

El portavoz popular, Antonio Pérez, señaló al ser preguntado que José Bañuls "está de vacaciones". Pérez añadió que los concejales no acostumbran a notificarlas y afirmó que "lo que sabemos es la realidad, lo demás son especulaciones y rumores". Dijo que, pese a ser el coordinador del grupo popular, "no pregunto por qué se ausenta un concejal ni dónde está". Otros miembros del gobierno, por el contrario, se sorprendieron al conocer las manifestaciones de su portavoz. Lo cierto es que resulta sorprendente que se asegure que está de vacaciones cuando hay documentos que probarían lo contrario.

Así, pese a estar ausente desde hace varios días, existe un escrito firmado por el propio Bañuls con fecha de en el que autoriza la reserva de espacio para el mitin de esta tarde de la socialista Leire Pajín en un hotel de Benidorm. También hay otra propuesta firmada por él para un curso de la Concejalía de Juventud. Esta propuesta está fechada el 18 de mayo, día de las comisiones informativas y de Gobierno a las que no acudió, ante el desconocimiento de sus compañeros. Fuentes del PSOE, presentes en las comisiones, han relatado que los ediles del PP le llamaron en repetidas ocasiones a su móvil para saber su paradero. Antonio Pérez trató de transmitir la "tranquilidad" en el gobierno local al recalcar que "no hay nada extraordinario" al tiempo que insistió en que "se trata de una cuestión menor porque en las comisiones son frecuentes las ausencias".

(www.levante-emv.com, 22/05/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. UN FUNCIONARIO DE IBI DECLARA QUE UNA EX EDIL DEL PP DESVIÓ DINERO PÚBLICO

El gerente del polideportivo municipal de Ibi confirmó ante el juez que hubo "desvío voluntario" del dinero de la recaudación de la instalación para usos privados (viajes y compras) de cargos públicos, entre ellos, la ex concejal de Deportes Ana Sarabia. El funcionario, según fuentes del caso, también dijo que de esta situación era sabedora la alcaldesa, la popular Maite Parra.

El funcionario compareció, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado número 2 de Ibi, que dirige la investigación por supuesta malversación de caudales públicos del Consistorio. El juez, a instancias de una denuncia de la Fiscalía, investiga el pago de facturas de viajes, ropa y comidas con cargo a la recaudación del polideportivo municipal. El ministerio público considera responsable de estos hechos a la ex edil de Deportes Ana Sarabia. Ésta dejó el cargo nada más tener conocimiento de que la Fiscalía había iniciado una investigación. El magistrado, no obstante, ha optado por iniciar la instrucción con el interrogatorio a los testigos y aún no ha acordado ningún auto de imputación.

En su declaración judicial, el gerente ratificó su testimonio ante la fiscalía. Es decir, que hubo un desvío de fondos públicos. "La concejal evitó de forma voluntaria la fiscalización de la contabilidad del polideportivo, y manejaba la recaudación a su antojo y capricho", declaró al juez el gerente. "La alcaldesa [Maite Parra] era conocedora de esta situación", añadió el funcionario, según aseguran fuentes judiciales.

La declaración del gerente del polideportivo municipal, como testigo, es una de las 17 propuestas por el Ministerio Fiscal en el escrito que remitió al juzgado decano de Ibi el pasado mes de abril y en el que solicitaba la apertura de diligencias por un delito de malversación de caudales públicos.

El fiscal planteó al juez que tome declaración, entre otros, a seis concejales del grupo municipal socialista; a los dos concejales encargados del área de Hacienda entre 2003 y 2009; al interventor municipal; a un funcionario; a familiares de la ex concejal de Deportes investigada; a una persona particular personada en el caso, y a una cuyo nombre aparece en recibos. El fiscal, además, solicitó al juez del caso que designe un perito-contable sobre la contabilidad del polideportivo durante los años 2004 a 2008.

(www.elpais.com, 22/05/09)

37. ISLAS CANARIAS. EL PRESIDENTE DEL PP CANARIO Y ÉPOCA TIENDEN UNA "ENCERRONA" A UN DENUNCIANTE DE LA CORRUPCIÓN POPULAR

El último numero de la revista Época justifica los juicios por presunta corrupción de cargos del PP en Canarias por la existencia de una trama policial que persigue al partido. Para la elaboración del reportaje contaron con un cebo de excepción, el vicepresidente de Canarias y presidente del PP, José Manuel Soria, que junto a otro miembro del partido y un empresario se reunieron con una de las personas que ha denunciado la corrupción del PP, Francisco Benítez Cambreleng. Éste ha alertado de la "encerrona", así como de la grabación sin su consentimiento de sus palabras y su posterior manipulación, por lo que reclama que salgan a la luz la totalidad de las grabaciones y ha anunciado acciones legales contra Soria y Época.

Incluso advierte de que desde esta revista confesaron que pretendían "preparar un artículo en defensa de José Manuel Soria para sostener su teoría de la conspiración policial y evitar su reprobación en el Parlamento".

Época asegura que existe en Canarias una trama policial para acusar de delitos del PP, lo que comparan en su último número como "un GAL sin crímenes". Para hacerlo se amparan en una grabación a una de las personas que ha denunciado la corrupción popular en las islas, Benítez Cambreleng, ex trabajador del Grupo Europa, constructora acusada de corrupción en los municipios de Telde y Mogán, gobernados por el PP.

Aseguran que el cobro por implicar al PP era "protección policial" y que el denunciante reconoció "presiones policiales", que se había modificado su declaración, y que ésta se produjo en su casa y con presencia de un periodista. La revista también presenta como escandaloso que altos cargos policiales de Canarias conocían que iba a denunciar la corrupción asociada a cargos del PP. El reportaje ya ha sido utilizado por el PP para reclamar la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sin embargo, Benítez Cambreleng ha denunciado en un comunicado "una encerrona" de Época y la participación de Soria en ésta, y se ha ratificado en esta postura en los micrófonos de Canarias Ahora Radio. Insiste en que "la grabación se manipuló y fue tomada ilegalmente" y que Soria cometió "un acto totalmente malintencionado", por lo que le instó a que si "le queda algo de decencia" aporte a los jueces "la grabación íntegra" de la conversación sesgada difundida por Época.

Las grabaciones parten de dos reuniones de Cambreleng con Soria y a las que asistieron el consejero popular del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez, y el empresario Rafael Bello, así como un periodista de Intereconomía que se habría desplazado desde Madrid para entrevistarle. El denunciante del caso Grupo Europa asegura que "es el propio José Manuel Soria el que ha montado toda esta absurda manipulación". También asegura que "las presiones que he recibido son justamente las contrarias a las que cuenta la revista Época" y defiende la actuación de la policía en todo momento. Por ello anuncia también "acciones legales por las declaraciones de Soria en las que dice que me he vendido a la policía".

En un comunicado difundido este fin de semana, Cambreleng denunció la "encerrona" tendida por Soria que le había convocado con la excusa de que "quería saber de primera mano qué había de cierto en el cobro de comisiones por parte de miembros del Partido Popular", a lo que Cambreleng se mostró dispuesto, ratificándose "íntegramente" ante el presidente del PP en sus denuncias, aunque esto "no les interesó", y es que "estaban empeñados en involucrar a López Aguilar, pero empeñados, pero yo les dije que ni lo conozco no he hablado con él en mi vida". "Es totalmente falso que la policía me presionara para inculpar a nadie del Partido Popular", insistía, por lo que interpondrá "una querella, porque la policía actuó de una forma muy profesional".

"Todo esto es una cortina de humo preparada para sacarla el día de su reprobación en el Parlamento", advierte Cambreleng, incluso, "un periodista de Intereconomía (al parecer su director, Carlos Dávila, apunta La Opinión de Tenerife) vino esta semana para reunirse conmigo, y ahí me reconocen que se trata de preparar un artículo en defensa de José Manuel Soria para sostener su teoría de la conspiración policial y evitar su reprobación", advierte el denunciante.

El Grupo Intereconomía desmintió a su vez "las falsas acusaciones" aparecidas en ese comunicado y confirma la existencia de la reunión con el denunciante, aunque niegan "rotundamente" que se hablara de "realizar ningún artículo en defensa de José Manuel Soria, sino de la misma trama policial y mediática que ya era conocida por todos los interlocutores presentes".

(www.elplural.com, 19/05/09)

38. REGIÓN DE MURCIA. LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES

En el mapa de la corrupción de España, Murcia se lleva la palma. Actualmente hay al menos 11 alcaldes imputados por diversos delitos urbanísticos. Todos ellos conservan el cargo. Desde noviembre de 2007 hasta ahora, tres regidores elegidos en las listas del PP han sido detenidos: el de Totana, el de Torre Pacheco y el de Librilla. El asunto más relevante hasta la fecha lo constituye el llamado caso de La Zerrichera, donde se investiga la recalificación de un espacio protegido en el municipio costero de Águilas.

Águilas: ‘caso Zerrichera’ y Hacienda El Hornillo

Águilas tiene abiertos dos frentes. Por una parte el caso "Zerrichera", y por otro Hacienda El Hornillo. En el primero están imputados el alcalde, Juan Ramírez, el empresario Trinitario Casanova, directores generales, empresarios y también el ex consejero y ex delegado del Gobierno Francisco Marqués, quien fue detenido en Madrid y se encuentra en libertad sin fianza pero con cargos. A Marqués se le encontraron 50.000 euros en billetes de 500 en un trastero de una casa suya. Marqués sería también quien con sus declaraciones puso sobre aviso la presunta corrupción en Águilas, a través de la empresa Hacienda El Hornillo, quien entregó a Marqués, y a la consejera de Hacienda, Inmaculada García, pisos a un bajísimo coste. Los dueños de la empresa Hacienda El Hornillo también fueron detenidos y se encuentran en libertad sin fianza pero imputados por cohecho. Se trata del apoderado de la empresa José Cárceles, y el notario de Lorca y presidente de Hacienda El Hornillo Sebastían Fernández.

Totana: ‘operación Tótem’

En Totana, entre otros, fue detenido el alcalde José Martínez Andreo, quien tras pasar dos meses en prisión fue puesto en libertad provisional. Andreo continua al mando del consistorio y se deja ver con altos cargos del PP en Murcia. Junto a él también fue detenido, y en libertad bajo fianza de 200.000 euros, el anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales. Hubo 18 detenciones para destapar una trama de corrupción, en donde el alcalde pedía importantes comisiones para recalificar terrenos.

Alcantarilla
El fiscal ha pedido seis años de cárcel para el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, por un presunto delito medioambiental de contaminación del río Segura a su paso por la ciudad. También está imputado el gerente de la empresa que gestiona el servicio de aguas de la localidad. Recientemente, IU acusó al alcalde y al consejero Bascuñana de gestionar una residencia de ancianos donde había habido abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores contra un anciano. 

Torre Pacheco

El alcalde de Torre Pacheco también estuvo en prisión, y se encuentra en la actualidad en libertad provisional. A pesar de su paso por la cárcel y las imputaciones sigue al frente del ayuntamiento. El arquitecto municipal también estuvo en prisión. Entre otros imputados se encuentran el empresario local Facundo Armero, uno de los fundadores de Polaris World, el secretario del ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También el presidente de Polaris World, José Luis Hernández. Se les acusa de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuente Álamo.

La alcaldesa, María Antonia Conesa, estaba imputada por delitos similares a los de Torre Pacheco. Algunas de las presuntas actuaciones delictivas se cruzan entre los dos municipios vecinos. Se imputó a tres concejales y al arquitecto municipal. 

Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

Archena
Existen varias denuncias contra el alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y la primera teniente de alcalde, Patricia Fernández. El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización. Por otra parte, la edil del PP Patricia Hernández mintió para darse de alta como funcionaria en ASISA, recibiendo prestaciones de la compañía durante los últimos años. En su solicitud, declaró ser funcionaria, y el ayuntamiento le ha estado pagando la cuota de ASISA.

Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.

Villanueva del Río Segura

Actualmente se llevan diligencias en los juzgados de Cieza contra el alcalde, José Luis López Ayala, y la corporación municipal, por la construcción de la urbanización La Morra, en pleno corazón del Valle de Ricote. La urbanización no tiene autorización para agua de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, además de ocupar parte de zona de dominio público hidráulico del río Segura. 

Ulea
El alcalde firmó siete convenios urbanísticos, que convertirían a esta localidad de 900 habitantes en una ciudad de 65.000 personas, con campos de golf y hoteles. El alcalde José Bolarín, tiene varias denuncias en el juzgado, tanto relativas al plan urbano, como a la presunta manipulación del censo municipal. Se puso un sueldo de 4.150 euros mensuales más dos pagas extras y gastos de protocolo. Ulea es uno de los pueblos más pequeños y pobres de la Región de Murcia.

San Javier

El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

Puerto Lumbreras

Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP les acusara de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida.

Alguazas
La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para el alcalde, José Antonio Fernández Lladó, acusado de un delito medioambiental y contra el patrimonio, al haber autorizado la construcción de un restaurante en una zona histórica donde está situada la torre medieval conocida como la torre de Los Moros. El restaurante, a 25 metros del edificio histórico, es una réplica de la torre.

Librilla
La policía detuvo al menos a diez personas relacionadas con un presunto delito de corrupción urbanística. El alcalde José Martínez, y su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión y posteriormente fueron puestos en libertad provisional. Los integrantes de la supuesta trama pudieron obtener 7 millones de euros.

La balsa Jenny

La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya fueron a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel. El expediente se encuentra en paradero desconocido.

(www.vegamediapress.com, 18/05/09)

39. REGIÓN DE MURCIA. EL ESCOLTA DE FACUNDO ARMERO DECLARA QUE LLEVÓ 12.000 EUROS A LA ALCALDESA DE FUENTE ÁLAMO

José María Calzada, escolta del empresario Facundo Armero, declaró el pasado viernes en el juzgado número cuatro de San Javier que le llevó un sobre con 12.000 euros a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa. Según informó la Cadena Ser, este testigo añadió que también fue a Mazarrón con el empresario para entregarle otro sobre a su alcalde.

En el transcurso de su testimonio, realizado a petición de la Fiscalía del TSJ, José María Calzada indicó que no sabía para qué era el dinero que llevó al Ayuntamiento de Fuente Álamo, aunque creía que podía ser para pagar parte de la corrida de toros que programó el municipio con motivo de las fiestas locales.

Facundo Armero negó que él le haya entregado dinero a la alcaldesa a cambio de favores. "Lo único que hice fue enviarle un dinero para pagar la corrida de toros. No recuerdo la cantidad porque lo mandaron desde mi empresa. A mí me pidieron que colaborara asumiendo un número de entradas de la corrida, como hicieron con otros. Ese asunto ya quedó aclarado en el juzgado". Sobre Mazarrón, el constructor dijo, a preguntas de La Verdad, que no tenía idea de ese tema.

José Antonio García, abogado de Facundo Armero, indicó que el testigo es escolta del empresario, cuyo contrato se rescindió el pasado día 3. "Esta persona sólo quiere hacerle daño a Armero a causa de un conflicto laboral. Es curioso que días después sea citado a declarar por el fiscal, ofreciendo unos datos que no tienen ningún viso de credibilidad porque todo lo referido a la corrida de toros se explicó en su momento incluso por parte de la alcaldesa".

Sobre el dinero, el abogado explica que no iba destinado al Partido Popular. "A Facundo Armero le enviaron muchas entradas para que colaborara en el pago de la corrida de toros. Más que a otros empresarios. Lo que hizo fue repartirlas entre sus proveedores, que compraron una parte. A continuación se mandó el dinero recaudado al Ayuntamiento. No sabemos qué cantidad había en el sobre. Todo se hizo con transparencia, hasta el punto de que lo llevó el escolta con toda normalidad".

(www.laverdad.es, 19/05/09)

40. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ REVELÓ UN SUPUESTO SOBORNO EN RELACIÓN A UN CENTRO DE DISCAPACITADOS

Juan Francisco Gosálbez, el ex factotum del consorcio público Turisme Jove en el Govern del PP y principal acusado en el caso que lleva el mismo nombre, reveló a los investigadores un presunto caso de ´soborno´ a unos particulares para evitar la paralización de las obras del centro de discapacitados situado en la calle Joan Crespí de Palma. Gosálbez explicó que Turisme Jove simuló unas compras para obtener dinero negro con el que acallar a los opositores al centro de Joan Crespí.

Gosálbez, que se hallaba todavía en prisión preventiva cuando hizo estas y otras manifestaciones a la fiscalía anticorrupción, al juez y al grupo policial de Delitos Económicos, relató que había alguien que quería paralizar las obras del edificio de Joan Crespí, un proyecto estrella del anterior Govern de Jaume Matas. Estos opositores también podían saber algo muy negativo para el Ejecutivo del PP y, según Gosálbez, cargos del Govern ordenaron que se simulara la compra de mantas y ropa de dormir en Turisme Jove.

En teoría ese material iba destinado a albergues o instalaciones juveniles, pero nunca llegó a ser servido por los proveedores, una tienda especializada en lencería y equipamiento del hogar. Según el declarante, Turisme Jove pagó varias facturas falsas por estas compras inexistentes, pero fueron personas vinculadas al proyecto de Joan Crespí quienes gestionaron la operación con la proveedora.

La Policía y la fiscalía anticorrupción de Balears han hecho algunas gestiones para tratar de comprobar los hechos desvelados por Gosálbez, pero, de momento, no se han hallado pruebas sólidas.
Juan Francisco Gosálbez confesó ese mismo día otras presuntas corruptelas, que sí han sido ratificadas en las posteriores pesquisas realizadas por Policía y Agencia Tributaria.

El principal encausado de Turisme Jove sostuvo que muchos de los proveedores del citado consorcio eran personas muy vinculadas o afines al Partido Popular. El imputado también acusó a altos cargos del consorcio y de la conselleria de Presidencia de repartirse comisiones pagadas por lo proveedores. Gosálbez aventuró que estos sobornos eran "para financiar a empresas o personas relacionadas políticamente (con el PP)".

(www.diariodemallorca.es, 21/05/09)

41. ISLAS BALEARES. ASPAYM YA ADVIRTIÓ AL PP DE QUE EL CENTRO JOAN CRESPÍ ERA ´UNA CHAPUZA´

La Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Balears (Aspaym) ya advirtió en su momento al Partido Popular de que el centro para grandes discapacitados Joan Crespí era "una chapuza".
Así lo explicó el presidente de la entidad, Matías Bosch, quien aseguró no sorprenderse ante la noticia difundida por este diario de que el diseño del centro impide que sirva para grandes discapacitados. "Un edificio dentro de Palma, con cinco plantas..., no nos viene de nuevo que no sirva", indicó.

El Joan Crespí, que el PP presentó como un centro de referencia para el tratamiento y la rehabilitación integral de lesionados medulares, fue inaugurado el 2 de marzo de 2007 y aún permanece cerrado. La actual consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, señaló el miércoles a este diario que el retraso se debe a que tal y como está concebido el centro es "inviable" que ofrezca los servicios que el PP anunció, equiparándolo con el Hospital de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Guttman de Barcelona.

El actual equipo de la Conselleria pidió al centro Guttman un informe sobre la posibilidad de ofrecer ese mismo servicio en el Joan Crespí. Según indicó Santiago, el Instituto de Barcelona señaló en ese informe que era imposible la organización del servicio de salud necesario en dicho edificio. De hecho, Guttman no se presentó al concurso que Asuntos Sociales convocó para gestionar el centro, cuando era el deseo de todas las entidades implicadas. De las tres empresas que concursaron, ninguna cumplía los requisitos, lo que empujó a la Conselleria a buscar otros usos.

Manuel Zafra, presidente de UNAC (Unión de asociaciones y centros de Asistencia a Minusválidos de Balears) y de Asprom (Asociación de Personas con Discapacidad Física), tiene una lectura diferente de los hechos y considera que "con unas pequeñas modificaciones" el centro hubiera podido ofrecer el servicio que se anunció. Respecto a las carencias señaladas por la consellera Zafra indicó que éste sólo es necesario para el tratamiento de choque, algo que podría hacerse en los hospitales. Sobre un posible cambio de uso, Zafra, hablando como presidente de Asprom, señaló que no está de acuerdo. Tanto Zafra como Bosch confirmaron que el PP tenía intención de abrir la parte de centro del día del edificio tras la inauguración, pero que las asociaciones lo frenaron porque preferían que se habilitase todo a la vez y confiaban en que no tardaría.

Santiago señaló que en un plazo de 15 días espera haber acordado con las entidades el nuevo uso del edificio. La consellera señaló que "no será un pequeño hospital" como el PP les dijo, pero garantizó que los servicios de centro diurno, las plazas residenciales ´de respiro´ y una planta para las revisiones periódicas de los lesionados medulares sí se ofertarán en Mallorca, pero en otra ubicación por determinar.

(www.diariodemallorca.es, 22/05/09)

42. CONFIRMADA LA SENTENCIA CONTRA LOSANTOS POR INJURIAR A GALLARDÓN

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena al locutor de la COPE Federico Jiménez Losantos por injurias al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Losantos deberá pagar una multa de 36.000 euros por un delito de injurias con publicidad. Las expresiones  proferidas por Losantos "son tan claramente insultantes o hirientes" que "no existe duda alguna de que  pretendían vejar la imagen y dignidad del querellante en forma innecesaria y gratuita y desacreditarle  públicamente en su condición de Alcalde de la Villa de Madrid y de miembro del Partido Popular", recaba la sentencia.

Durante su declaración en la vista, Losantos insistió en que Ruiz-Gallardón tenía la voluntad de "pasar página" y "obviar toda la investigación" respecto a los atentados de Madrid. Para el comentarista, la actitud del alcalde de Madrid supuso "una voz que hacía claramente el juego al PSOE" dentro del único partido que, a su juicio, perseguía hacer justicia en torno a la masacre, en referencia al PP.

El director de La Mañana de la COPE explicó que, en radio, es prácticamente imposible separar la opinión de la información y ha considerado que calificativos como el de "alcaldín" que dirigió contra Ruiz Gallardón "no tienen la menor carga ofensiva". Losantos, que abandonará la radio de los obispos el próximo verano, ha sido condenado en varias ocasiones por injurias. El juzgado de primera instancia número 69 de Madrid le declaró culpable por atacar al honor del ex director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos. También le sentaron en el banquillo el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, o la formación ERC.

(www.publico.es, 22/05/09)