ÍNDICE

1. EL PP, INMUNE A LA CORRUPCIÓN

2. DIRIGENTES DEL PP INSINÚAN QUE EL RESULTADO ELECTORAL ABSUELVE A CAMPS

3. AL FINANCIAL TIMES LE "SORPRENDE" QUE EL PP NO HAYA SABIDO DISTANCIARSE DEL PSOE PESE LA CRISIS ECONÓMICA

4. LA FISCALÍA IMPUTA POR COHECHO Y FRAUDE FISCAL AL TESORERO DEL PP

5. "RAJOY, EN EVIDENCIA"

6. LA DECISIÓN DE MARIANO

7. BÁRCENAS PAGÓ SU CHALÉ DE BAQUEIRA CON DOS CHEQUES DE 300.000 EUROS

8. AZNAR CELEBRA QUE EUROPA APUESTE POR "MÁS LIBERTAD ECONÓMICA Y MENOS INTERVENCIONISMO"

9. EL PP BLOQUEA LA ELECCIÓN DE PAJÍN COMO SENADORA

10. EL 'NÚMERO DOS' DE PIQUÉ EN EXTERIORES "NO RECUERDA" LOS VUELOS A GUANTÁNAMO

11. GALICIA. EL PP ADMITE QUE RUEDA TRABAJÓ PARA LOUZÁN SIN COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL

12. GALICIA. LA EMPRESA DEL CONSELLEIRO DE ECONOMÍA NEGOCIÓ PARA HACERSE CON CARAMELO EN 2007

13. GALICIA. UNA JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN Y DELITO URBANÍSTICO EN EL ALCALDE DE O PINO

14. ANDALUCÍA. EL ÚLTIMO DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA ENCUBRIÓ LA MALVERSACIÓN

14. ANDALUCÍA. EL PGOU DE MÁLAGA TIENE PROYECTOS "INVIABLES" PARA EL MEDIO AMBIENTE

15. ANDALUCÍA. EL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA CONTRA UN SENADOR DEL PP

16. ANDALUCÍA. EL PP DE JAÉN SE REVUELVE CONTRA OÑA

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE 'COLÓ' EN EL BALCÓN

18. COMUNIDAD DE MADRID. CCOO ACUSA A AGUIRRE DE ATACAR LA LIBERTAD SINDICAL

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA BENDICE LA GESTIÓN PRIVADA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS

20. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA SE ESCUDA EN LOS TÉCNICOS Y DEFIENDE SU DENUNCIA CONTRA MONTES

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1,8 MILLONES AL EX ALCALDE DE BOADILLA

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE AGUIRRE TRABAJÓ CODO CON CODO CON LOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL EN LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO

23. COMUNIDAD VALENCIANA. DE LOS PAGOS DE CAMPS, NI RASTRO

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELUDE RESPONDER SOBRE LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET

25. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA REITERA QUE SE VA Y DICE QUE A LA GENTE NO LE PREOCUPA SI ÉL Y CAMPS SON CULPABLES

26. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS CONTRASTA DECLARACIONES DE TESTIGOS ANTE LA POLICÍA Y ANTE GARZÓN

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ PIDE A LA POLICÍA QUE IDENTIFIQUE LA VOZ DE ÁLVARO PÉREZ EN LAS GRABACIONES

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓ PAGÓ 75.000 EUROS A LA FIRMA QUE SUBCONTRATÓ A ORANGE MARKET

29. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ARREMETE CONTRA EL PSOE EN PLENA JORNADA DE REFLEXIÓN

30. COMUNIDAD VALENCIANA. GRAU MINTIÓ SOBRE CONTRATOS MUNICIPALES CON LATERNE

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS, HOMBRE DE CONFIANZA DE CAMPS LANZA UN "¡ARRIBA ESPAÑA!"

32. COMUNIDAD VALENCIANA. UN APODERADO DEL PP TRATÓ DE CAMBIAR LA PAPELETA A UN CIEGO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. UN GRUPO DE INMIGRANTES DICE QUE LES OFRECIERON TRABAJO POR IR AL MITIN DEL PP

34. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADO POR PREVARICACIÓN EL ALCALDE DE EL PINÓS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUICIO A DOS EX EDILES DE TORREVIEJA IMPUTADOS POR OBRAS ILEGALES SE RETRASA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADA UNA EX EDIL DEL PP DE IBI POR MALVERSACIÓN

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECONOCE UN AGUJERO EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE 18 MILLONES

37. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. ULIBARRI PRETENDE ACHACAR SU DECLIVE A "LA INSOLVENCIA" DE UNO DE SUS BANCOS ACREEDORES

38. ISLAS CANARIAS. UN CONCEJAL DEL PP DEL PUERTO DE LA CRUZ DENUNCIADO POR AGREDIR A SU PAREJA

39. REGIÓN DE MURCIA. EL PP ESTUDIA LA EXPULSIÓN DE ADOLFO FERNÁNDEZ POR ANUNCIAR SU VOTO EN BLANCO EN LAS ELECCIONES

40. EXTREMADURA. BADAJOZ LEVANTA UN MURO CONTRA LA MEMORIA

41. ISLAS BALEARES. EL INSTITUT GUTTMAN AVISÓ AL PP EN 2006 DE LOS FALLOS DE DISEÑO DEL CENTRO JOAN CRESPÍ

42. ISLAS BALEARES. DETENIDO EL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA POR MALVERSACIÓN

43. ISLAS BALEARES. LA POLICÍA DETIENE EN SU TRABAJO AL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA

44. EL COLEGIO DE QUÍMICOS REITERA QUE NO AVALA EL INFORME IGLESIAS SOBRE LOS EXPLOSIVOS DEL 11-M

---

1. EL PP, INMUNE A LA CORRUPCIÓN

El PP es inmune a las acusaciones de corrupción. Al menos no lo paga en las urnas y consigue que su electorado se movilice en feudos afectados por los escándalos. La Comunidad Valenciana y la de Madrid, epicentro del caso Correa, con destacados dirigentes en situación de imputados, registraron índices de participación por encima de la media y, además, el PP mantuvo su clara ventaja de todas las demás citas electorales. Ha funcionado el mensaje movilizador de la dirección del PP que consistía en presentar las actuaciones judiciales contra la corrupción como ataques al partido. O sea, los "inquisidores del siglo XXI" de los que habló Rajoy.

Visto desde la otra orilla, el PSOE no lo rentabiliza y las organizaciones que encabezan ahora Tomás Gómez y Jorge Alarte en Madrid y Valencia, respectivamente, no despegan ni así. El problema de los socialistas es que su descenso es generalizado.

- Valencia no castiga a Francisco Camps. Camps llegó a asegurar en campaña que el resultado de las europeas le absolvería. Sigue imputado, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero podrá vender que los ciudadanos de su comunidad no castigan al PP. Incluso, refuerzan el apoyo a su partido en comparación con algunas citas electorales, con una ventaja de casi 15 puntos; muy superior a los 11 puntos de las generales de 2008, aunque por debajo de los 18 de las autonómicas. Ha sido la comunidad con mayor participación.

Otro caso de inmunidad electoral ante la corrupción es el de Carlos Fabra, que cuantas más acusaciones hay contra él, más ventaja consigue. En las generales, el PP ganó en Castellón por cinco puntos y, ahora, mantiene 11 puntos de ventaja.

- Madrid se olvida de Correa. En la Comunidad de Madrid, el PP tampoco paga los escándalos del caso Correa o del espionaje. El PSOE queda 12 puntos por debajo. Otro ejemplo de inmunidad electoral ante la corrupción: en Pozuelo de Alarcón, donde el alcalde del PP dimitió y está imputado, han llegado al 62% de los votos, con más de 40 puntos de ventaja. En Madrid, UPyD es la tercera fuerza.

- También ganan en Baleares. En esta comunidad, el PP es investigado por corrupción, pero el electorado no sólo no lo castiga, sino que el PSOE pasa de ganar por un punto a perder por siete.

- Se refuerzan los feudos populares. El Partido Popular refuerza su ventaja donde ya ganó en las elecciones generales. Por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León pasa de 8 a 15 puntos de ventaja; en Murcia bate todos los récords subiendo de 29 a 32 puntos; en La Rioja, de 6 a 10; en Castilla-La Mancha, de 5 a 12, y en Cantabria, de 6 a 11.

- Retroceso en los graneros socialistas. El PSOE ganó en Aragón en las generales por 13 puntos y ahora sólo por siete; en Extremadura, de 11 a 4, y en Asturias gana sólo por 1, perdiendo una ventaja de 5.

- En el País Vasco gana el PNV. Eran las primeras elecciones con Patxi López de lehendakari y el PNV fuera del Gobierno vasco, pese a ser el partido con más votos. Los socialistas pierden casi dos puntos respecto a las autonómicas de marzo y pasan de ganar por 11 puntos al PNV en las generales a perder por casi un punto.

- El PP se refuerza en Galicia. También son las primeras elecciones de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y el PP sube desde mayo y pasa del 47% de entonces al 50,59%.

- Andalucía sin Chaves. En Andalucía hay variación, tras la marcha de Manuel Chaves y su sustitución por José Antonio Griñán. En las autonómicas de hace poco más de un año, el PSOE ganó al PP por 10 puntos y ahora lo hace por algo más de siete. Con respecto a las europeas de 2004, los socialistas bajan siete puntos.

- El tripartito catalán retrocede. Son las próximas elecciones previstas. Serán en 2010 y, significativamente, Cataluña es la segunda comunidad con menos participación. Los partidos del tripartito pierden apoyo electoral. Así, con respecto a las anteriores europeas, el PSC pierde seis puntos y doscientos mil votos. Y, sobre todo, desciende ERC, que tiene ahora menos de la mitad de votos que el PP.

- Canarias, ni con candidato de la tierra. El PSOE presentaba a un candidato canario, pero eso no ha evitado que haya perdido apoyo en las islas. Ha bajado tres puntos respecto a 2004 y el PP ha ganado dos.

- La participación. Europa provoca la misma movilización que la de hace cinco años. , la participación fue del 46% y en 2004, del 45,94%. Baleares es la comunidad más abstencionista y Valencia, la menos.

(www.elpais.com, 08/06/09)

2. DIRIGENTES DEL PP INSINÚAN QUE EL RESULTADO ELECTORAL ABSUELVE A CAMPS

Varios dirigentes del PP se han referido a la contundente victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana para insinuar que supone una absolución popular del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel de corrupción y que durante la campaña fue arropado hasta en tres ocasiones por la plana mayor del partido.

Especialmente clara en ese sentido ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien declaró en rueda de prensa: "Quiero resaltar el resultado en comunidades donde hemos sufrido un ataque muy especial y agresivo del PSOE, donde han pretendido ganar no en las urnas, sino en los tribunales". Copedal se refirió a "toda una estrategia diseñada para perjudicar al PP le ha dado el resultado contrario al que quería el PSOE (...), con la publicación de conversaciones grabadas que no figuran en los sumarios". También hizo alusión a "las palabras de Pajín y Aguilar, que decían que daría igual lo que decidieran los tribunales, porque Camps ya estaba condenado". Al ser preguntada si quería decir que los jueces están a las órdenes del PSOE, proclamó: "Nadie más que el PP va a defender de manera más convencida la independencia de los tribunales".

El cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja, ha afirmado que los resultados son una muestra de que "cuando se ataca a políticos honestos como Camps se produce un efecto bumerán y la gente sale en su apoyo". Asimismo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que los valencianos han dado un mensaje muy claro a los socialistas: que "las elecciones se ganan en las urnas y no en los juzgados". Subrayó que los resultados electorales demuestran que Camps es un político "muy querido". También la directora de campaña del PP y vicesecretaria de Organización, Ana Mato, dijo que los resultados en Valencia "han demostrado" que Francisco Camps es un "magnífico gestor" y un "magnífico presidente" y que los valencianos "no están dispuestos a que se eche basura sobre su presidente".

A pesar de ello, Mayor Oreja afirma que el aplastante triunfo de los partidos conservadores en la mayor parte de Europa constituye un reflejo de que el socialismo europeo es el "reflejo de la crisis". "Ha habido una crisis de decencia", ha añadido. Para Mayor, los resultados de abren una "nueva etapa" en la que la sociedad busca una nueva mayoría, según ha asegurado en una entrevista en RNE.

Mayor Oreja ha agradecido al ex presidente José María Aznar y al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato, que "se hayan volcado" en la campaña electoral y así ha indicado que "forman parte del éxito" del 7 de junio. Ha destacado también el "papel relevante" que "debe seguir teniendo" Mariano Rajoy pero al mismo tiempo defendió que el "pasado más reciente forme parte" de los "activos" del partido. "Tenemos que ser leales con nosotros, con nuestro pasado y nuestro futuro bajo el liderazgo de Rajoy pero, en mi opinión, cabe todo el reconocimiento a todos los que han hecho muchas cosas para que sea una alternativa en la democracia española", ha señalado.

"Tengo muy poca esperanza en el Gobierno de Zapatero", ha manifestado y ha instado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a "entender que el esfuerzo político es esencial" y no se puede "buscar la lapidación del adversario".

(www.elpais.com, 08/06/09)

3. AL FINANCIAL TIMES LE "SORPRENDE" QUE EL PP NO HAYA SABIDO DISTANCIARSE DEL PSOE PESE LA CRISIS ECONÓMICA

Este miércoles, el diario económico Financial Times publicó un informe dedicado a España. A través de numerosos artículos, el prestigioso tabloide británico analiza las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país, así como algunos temas de política nacional como la ley de la memoria histórica o la diversidad lingüística.

La prensa conservadora española ha preferido centrarse en el artículo que bajo el título La silenciada voz europea de España, denuncia que en los últimos años hemos ido perdiendo influencia entre los socios comunitarios.

Sin embargo, a este respecto, Financial Times también señala que "la vuelta al poder del Partido Popular puede que no suponga mucha diferencia: Mariano Rajoy, el líder del partido, tampoco habla ningún otro idioma y está interesado principalmente en la política nacional. Cuando él y Zapatero debatieron en televisión durante la campaña electoral, sólo dedicaron 90 segundos a la política exterior".

Pero éste no ha sido el artículo que más escocido en Génova 13. A buen seguro, en la sede del Partido Popular no habrá hecho ninguna gracia la crónica que bajo el título "la oposición a examen", firma el periodista Victor Mallet.

En esta crónica, el Financial Times saca a relucir el caso Gürtel, un escándalo que pone en entredicho "a los empresarios acusados de sobornar y conceder favores a políticos del PP a cambio de contratos gubernamentales lucrativos en Madrid, Valencia y otras ciudades y regiones que controla este partido".

En este sentido, el rotativo recuerda que Francisco Camps "es la figura más destacada de los implicados", a quien "se le acusa de recibir trajes caros gratis", y quien "ha sido incapaz de presentar recibos de los mismos".

Acto seguido, y tras recordar que "los socialistas españoles parecen tan propensos a la corrupción como sus rivales de derechas", el Financial Times apunta que "los seguidores del PP dicen que en cualquier caso ha sido explotado implacablemente por los socialistas de cara a las elecciones europeas de este mes, para distraer la atención del desempleo y la recesión, así como del fracaso del Gobierno a la hora de abordar dichas cuestiones".

"Pero aún teniendo en cuenta los efectos del caso Gürtel sobre la opinión pública, no obstante, sorprende el hecho de que el PP no haya sacado provecho del aumento del desempleo hasta más de 4 millones de personas y del, algunas veces, inepto manejo de la crisis por parte del Gobierno", concluye el diario británico.

(www.elplural.com, 11/06/09)

4. LA FISCALÍA IMPUTA POR COHECHO Y FRAUDE FISCAL AL TESORERO DEL PP

La fiscalía anticorrupción ha hallado indicios suficientes para imputar al senador Luis Bárcenas, tesorero del PP, por los delitos de cohecho y fraude fiscal, y ha pedido por ello al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que remita el caso Gürtel al Supremo. El fiscal también ha encontrado pruebas contra el diputado popular Jesús Merino que acreditan que fue sobornado por el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa.

La fiscalía anticorrupción realizó su petición tras analizar los informes policiales y de la Agencia Tributaria que le remitió Pedreira. Estos documentos revelan que Bárcenas cobró unos 72.000 euros como soborno que le fueron entregados por la trama de Correa. El magistrado Baltasar Garzón --primer instructor del caso Gürtel-- explicó, en su auto de inhibición al TSJM, que el tesorero del PP habría intervenido en una "adjudicación amañada" de una variante de una carretera de León. En la misma operación pudo participar también Merino, que fue vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Además, el juez de la Audiencia Nacional acusó a Bárcenas de haber recibido unos 1.353.000 euros de la misma trama que no han sido declarados al erario. La Agencia Tributaria ha detectado este fraude, que prescribe el 1 de julio, ya que el dinero fue cobrado durante el 2003. Por ello, la fiscalía ha metido prisa a Pedreira para evitar que esta actuación quede impune. No obstante, fuentes jurídicas sostienen que la prescripción ha quedado interrumpida por la imputación del fiscal. Además, desde la investigación aclaran que, de momento, no han podido acreditar que el dinero cobrado por Bárcenas haya ido a parar a las arcas del PP.

En el extenso informe de la fiscalía anticorrupción, el ministerio público reclama a Pedreira que ceda todas las pesquisas al alto tribunal. Según los fiscales, no se puede separar la investigación de Correa de la de las personas a las que presuntamente sobornó. Las fuentes consultadas han indicado que la instrucción de Pedreira ha avanzado mucho, pero que está pendiente del resultado de varias comisiones rogatorias remitidas a paraísos fiscales.

Por contra, la fiscalía no apoyará que la causa que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y otras tres personas pase al Supremo.

El juez José Flors ha enviado a su secretaria a Madrid a revisar la contabilidad de Milano, la tienda en la que los imputados encargaron trajes que fueron supuestamente pagados por la red, aunque ellos declararon que los abonaron en efectivo, pero sin aportar facturas.

(www.elperiodico.com, 12/06/09)

5. "RAJOY, EN EVIDENCIA"

"La imputación de Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote pondría definitivamente en evidencia a Mariano Rajoy". Es la conclusión del secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remita el caso Gürtel al Tribunal Supremo, como ha pedido la Fiscalía. "Ha sido el presidente del PP el que en todo momento ha avalado incondicionalmente a estos dirigentes, que son personas de su máxima confianza", añadió.

Rajoy, recordó Hernando, "nombró a Bárcenas tesorero del PP en sustitución de Álvaro Lapuerta, Rajoy puso en la dirección del Grupo Parlamentario del PP a Jesús Merino, y Rajoy ha nombrado a Gerardo Galeote asesor de Asuntos Europeos del PP", cargo que asumió después de que el líder del PP decidiera sacarle de la lista de candidatos populares al europarlamento.

En consecuencia, "Rajoy debería responder políticamente de la posible imputación de tres personas de su máxima confianza", reclamó el diputado socialista.

(www.elpais.com, 12/06/09)

6. LA DECISIÓN DE MARIANO

El pobre Rajoy no ha podido disfrutar una semana de gloria después de las elecciones del domingo. La noticia de que el juez Pedreira ha decidido elevar el caso Gürtel al Tribunal Supremo ha amargado su viaje por todas las Españas para celebrar, ora el magnífico resultado obtenido en Castilla-La Mancha, que antaño fuera fortín inexpugnable de Bono, ora en Navarra, donde el PP ha rebasado las mejores expectativas de sus dirigentes, y, por supuesto, en Madrid y Valencia.

Estas dos comunidades son, precisamente, los escenarios de la trama montada por Correa y sus socios. El PP considera que el caso es un montaje para perjudicarle en sus feudos electorales ante dos citas seguidas con las urnas. Es una hipótesis razonable. ¿Podría tratarse de un mero azar? La casualidad existe, pero su probabilidad es estadísticamente irrelevante. Llama la atención que no se haya adelantado esta noticia una semana, para estallar en las portadas cuando el personal estaba rumiando el sentido de su voto. Garzón estimó los indicios contra Bárcenas cuatro días antes de las autonómicas vascas y gallegas. Una cierta simetría habría podido llevar el asunto al Supremo cuatro días antes de las europeas.

Nunca se sabe, sin embargo. A la luz de los resultados en Valencia y Madrid, tal vez habrían alcanzado más votos en Cantabria, que es la circunscripción por la que consiguió su acta de senador el tesorero del PP. Hasta el momento, hay algunos indicios, que, contemplados en su conjunto, abonan la decisión del Juez Antonio Pedreira. Grabaciones, un patrimonio inmobiliario considerable y pagado religiosamente al contado son indicios de un presunto delito fiscal y otro de cohecho, aunque no de corrupción del partido. ¿Una azarosa concatenación de hechos? Vale lo escrito en el párrafo anterior para la casualidad.

"Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes", dijo Rajoy hace dos meses, refiriéndose a Bárcenas y Galeote, a pesar de lo cual Galeote se cayó de la lista a las europeas. "El señor Bárcenas es que no está ni imputado, ni le ha llamado ningún tribunal, ni a él se ha dirigido la Fiscalía, ni hay acusación por parte de nadie, ni hay nada de nada en estos momentos", insistió hace sólo 48 horas, con dudosa capacidad profética.

El próximo lunes, fecha en que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitirá la causa, o bien Bárcenas debería facilitar el trámite a su partido, o bien Mariano Rajoy debería tomar una decisión: pedirle un apartamiento cautelar de las finanzas del partido. Pueden quejarse los populares de la diligencia que en este caso puso Garzón, tan remiso en el del chivatazo del bar Faisán, o de que, senador por senador, ya esté en el Supremo lo de Bárcenas mientras lo de Luis Moreno, senador socialista y alcalde de Baena, cuyo equipo hacía facturas falsas para pagarse excursiones erótico-festivas a un puticlub de Marbella, sigue dormido en los juzgados. Teníamos una Europa de dos velocidades y autonomías de dos velocidades. ¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la Justicia?

(www.elmundo.es, 12/06/09)

7. BÁRCENAS PAGÓ SU CHALÉ DE BAQUEIRA CON DOS CHEQUES DE 300.000 EUROS

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha dispuesto en los últimos años de una cantidad ingente de dinero con el que ha cimentado un patrimonio inmobiliario valorado en más de tres millones de euros, según desveló este periódico el pasado mes de marzo.

Una de sus adquisiciones más importantes, por la cuantía económica del inmueble, fue la compra de un chalé en una de las mejores zonas de la estación invernal de Baqueira Beret, en el valle de Arán (Lérida). La casa costó 941.100 euros y fue adquirida en 2008. Lo que llama la atención es la forma de pago: Bárcenas liquidó la compra con dos cheques bancarios de 300.000 euros cada uno, según la certificación literal del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso este periódico. Previamente, el tesorero del PP había dado al vendedor a lo largo de 2005 y 2006 varias cantidades abultadas, de 50.000 euros para arriba, siempre a través de cheques bancarios.

Los dos talones finales que suman 600.000 euros en total se entregaron en julio de 2008. Bárcenas fue investigado hace meses por la Policía por haber ingresado en un banco precisamente 330.000 euros en billetes de 500 euros, según reveló El País. Esa cantidad coincide con el pago de uno de los cheques que fueron destinados al chalé de Baqueira.

Además, en la contabilidad B de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta del caso Gürtel, aparecen distintas anotaciones de pagos que Bárcenas habría ido recibiendo al menos desde hace 10 años. La Fiscalía Anticorrupción está rastreando, con ayuda de la Agencia Tributaria, todos esos ingresos sospechosos, según fuentes de la investigación.

"No es nada habitual que alguien disponga de tanto dinero en una cuenta bancaria y pague al contado un inmueble", explican fuentes notariales a este periódico. Según esta fuente, los cheques entregados por Bárcenas no tuvieron que ser declarados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) puesto que el dinero estaba ya en la cuenta. Si se hubiera tratado de cheques al portador, la entidad bancaria sí habría tenido que dar cuenta a las autoridades antiblanqueo.

El patrimonio inmobiliario del tesorero no se limita sólo al chalé de Baqueira, que cuenta con 151 metros cuadrados más dos plazas de garaje. Junto a su esposa, Bárcenas posee también un piso de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid, una casa en Guadalmina (Marbella) y varias plazas de garaje en la capital de España.

El tesorero justificó en su día esos ingresos como producto de sus acertadas inversiones bursátiles y pidió a Hacienda que investigara su patrimonio. La Agencia Tributaria le contestó que él mismo podía dar a conocer sus datos fiscales sin contar con ella. Hasta el momento, Bárcenas no ha hecho pública su declaración.

(www.elmundo.es, 12/06/09)

8. AZNAR CELEBRA QUE EUROPA APUESTE POR "MÁS LIBERTAD ECONÓMICA Y MENOS INTERVENCIONISMO"

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha celebrado que el resultado de las elecciones europeas marque un rumbo favorable al centro derecha europea con políticas de mayor libertad económica y menos intervencionismo. "El viento de las europeas sopla claramente en toda Europa en una dirección de más libertad económica y no en más intervencionimo", ha dicho una conferencia en Esade en la que ha presentado, ante dirigentes del PP catalán y empresarios, su libro España puede salir de la crisis.

Para Aznar, el resultado de las elecciones es "muy bueno" porque refleja que los europeos abogan por una política de reforma de control del gasto y no por un aumento de los impuestos y de una mayor intervención en la economía.

El ex presidente ha aprovechado la conferencia para seguir alabando su gestión ejecutiva y ha aludido la polémica creada en torno al cierre de Garoña. En este sentido, Aznar ha insistido en que cuando él gobernaba impulsó, con el respaldo de ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, que España acogiera el proyecto de la Agencia europea de Fusión del proyecto ITER en Barcelona. "Era una misión muy difícil, porque un país que ha decretado un parón nuclear y quiere tener instalaciones nucleares de futuro, pues es un país que tiene un cierto arrojo", ha dicho.

Una vez más ha defendido su época como presidente apuntándose nuevos tantos, reivindicando en esta ocasión que en todos los años de democracia, nunca Catalunya progresó tanto como en el periodo en el que fue presidente del Gobierno con proyectos como el del AVE Madrid-Barcelona o la "mayor" ampliación del Aeropuerto de El Prat.

El ex presidente ha abordado una vez más el tema de la crisis económica en relación a su libro, donde asegura que él sabe como salir de la misma. Ha asegurado que para poder salir de la crisis económica "harán falta líderes" que lleven a cabo las reformas estructurales que necesita España y recuperar el espíritu de la Transición para poderlas poner en marcha.

El presidente de FAES, vivero de ideas del PP, ha afirmado, sin concretar, que "harán falta líderes capaces de transformar las propuestas de reformas en políticas reformistas y de convocar a una amplia mayoría de españoles para que esas políticas tengan el respaldo y la aceptación necesarias para que funcionen". "España necesita personas con capacidad de liderazgo, con convicciones, con principios, con valores, con plena confianza en nuestra capacidad para salir de la crisis", ha añadido. Y es que, según el ex presidente, toda crisis económica es en última instancia "política", y de este ámbito deben partir las soluciones.

"Me parece evidente que uno de principales problemas que tiene España es que el impulso político que nació históricamente durante la Transición se ha agotado, y una de las obligaciones más importantes que tenemos por delante es recuperarlo", ha opinado.

Según Aznar, ese impulso permitió que España pudiera ser "un país normal", y ahora se necesita ese "conjunto de voluntades positivas", porque sin ese clima no es posible "poner en marcha una agenda de reformas para superar la crisis". "Si España no afronta medidas estructurales de mayor calado en muchos ámbitos de nuestro tejido económico y político, el coste que pagará será extraordinario; tanto, que es muy posible que España se suma en una crisis sin capacidad de salir", ha alertado.

(www.publico.es, 10/06/09)

9. EL PP BLOQUEA LA ELECCIÓN DE PAJÍN COMO SENADORA

El PP de la Comunidad Valenciana, que preside Francisco Camps y que domina con mayoría absoluta las Cortes Valencianas con Ricardo Costa como portavoz, bloqueó el penúltimo trámite para convertir en senadora territorial a Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. La Comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes, el órgano que examina los requisitos de los nombramientos, se reunió para comprobar si Pajín está empadronada en la Comunidad Valenciana y si incurre en incompatibilidad para ser designada senadora por las Cortes. Pero el PP rechazó la documentación que aportaron los socialistas porque aseguraba que cumple la ley autonómica sobre nombramientos pero no aludía a la Ley Electoral. Habría dado lo mismo. La primera es mera transposición de la segunda.

Los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Joan Lerma fueron elegidos senadores con documentación muy similar. "Un atropello más", sentenció Ángel Luna, portavoz socialista, "pero con especial inquina". "El presidente Camps pretende castigar a los socialistas en la persona de Leire Pajín por los problemas que él tiene con la justicia y que se ha buscado por sus malas compañías", concluyó.

El argumento del PP era tan nimio que Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, solicitó un aplazamiento de 24 horas para que los socialistas pudieran "subsanar los errores" en su solicitud. El PP también rechazó esa posibilidad. El periodo ordinario de sesiones en las Cortes Valencianas está a punto de concluir y el nombramiento de Pajín podría retrasarse hasta octubre.

El PSOE en el Senado tiene un enfado monumental por la situación. "Yo no he visto nada igual", aseguró la portavoz, Carmela Silva. Los socialistas llevan más de un mes con un senador menos, que renunció para ser eurodiputado, esperando a Pajín. "La actuación del PP en las Cortes Valencianas no puede afectar a la composición de otra Cámara", se quejó. El PSOE, aunque ve "prevaricación", no quiere iniciar vías judiciales porque dilataría mucho más la cuestión. Para Silva, "hay que resolverlo políticamente. Rajoy tiene que hacer una llamada de orden a Valencia. Esto no se puede consentir".

El dirigente socialista Antonio Hernando puso palabras a una idea que está en el aire: Camps quiere "vender el acta de senadora [de Pajín] a cambio del silencio" de los socialistas sobre la trama Gürtel, en la que están imputados él y Costa.

(www.elpais.com, 12/06/09)

10. EL 'NÚMERO DOS' DE PIQUÉ EN EXTERIORES "NO RECUERDA" LOS VUELOS A GUANTÁNAMO

Actuó como los testigos que no quieren dar información al juez pero tampoco quieren dar falso testimonio: alegó amnesia. Miquel Nadal, número dos de Josep Piqué mientras fue el penúltimo ministro de Exteriores del PP, adujo falta de memoria ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cuando se le preguntó sobre los vuelos con prisioneros destinados al penal ilegal de Guantánamo que hicieron escala en España con la autorización del Gobierno de José María Aznar. Nadal fue uno de los destinatarios del informe "muy secreto" en el se daba cuenta al Ejecutivo de la petición de EE UU de usar aeropuertos españoles. El autor de ese documento, el ex director general para América del Norte Miguel Aguirre de Cárcer, asegura que se reunió personalmente con él para informarle del asunto.

Ese informe fue lo primero que le mostró el juez nada más iniciar el interrogatorio. En él, Aguirre de Cárcer le informó el 10 de enero de 2002 -a él y al ministro Piqué- de que EE UU iba a iniciar "vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta Guantánamo". En ese mismo papel se explicaba que el Ejecutivo de George Bush quería "disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país".

Sin embargo, cuando el magistrado Moreno le preguntó por ese papel, Nadal respondió que no lo recordaba. Tampoco se acordaba de haber recibido algún otro documento "relativo a la solicitud de las autoridades americanas de efectuar posibles escalas en territorio español" ni de que alguien de su departamento -el propio Aguirre de Cárcer- solicitara "información del ministro sobre autorización a las autoridades americanas para realizar estas escalas".

El número dos de Exteriores entre 2000 y 2002 se escudó en los "centenares de asuntos" que llegaban a su mesa y en sus frecuentes viajes al extranjero para justificar sus lagunas mentales. "No digo que no me llegara información sobre esos vuelos o que no lo transmitiera a otras personas sino que no recuerdo haberlo hecho", insistió durante su declaración, según fuentes jurídicas. Aseguró, además, que esa práctica -una petición escrita respondida por él verbalmente- "no es habitual en la Administración".

Sin embargo, un día después de informar por escrito a Nadal y a Piqué, el 11 de enero de 2002, Aguirre de Cárcer, en una carta remitida al entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, para ponerle al corriente, aseguró: "Tanto el Secretario de Estado [Miquel] Nadal como Ramón Gil-Casares [director del gabinete de Internacional de presidencia del Gobierno cuando la ocupaba José María Aznar], con quienes despaché el tema anoche, eran lógicamente partidarios de contestar afirmativamente a las autoridades norteamericanas".

Nadal tampoco se acordaba de esa reunión con Aguirre de Cárcer, ni siquiera pudo responder si el día en que se produjo -el 10 de enero de 2002- se encontraba en España. "Despachaba con frecuencia con Aguirre de Cárcer y consultaba o no con el ministro dependiendo de la cuestión que fuera", añadió a preguntas del letrado de IU, Enrique de Santiago, según fuentes jurídicas.

Más información ofreció uno de los controladores de la base de Rota que aseguró que en esos días llegaban "15 o 20 vuelos al día procedentes de Irak o Afganistán", aunque no recordaba si alguno procedía de Cuba. También relató que se les comunicaba mediante un "documento diplomático" si los aviones llevaban "carga peligrosa". En ese caso se estacionaban en una zona concreta bajo control de los militares americanos. "Pero no se verificaba la carga por funcionario o personal español".

(www.elpais.com, 11/06/09)

11. GALICIA. EL PP ADMITE QUE RUEDA TRABAJÓ PARA LOUZÁN SIN COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Partido Popular admitió en sede parlamentaria que su secretario general, Alfonso Rueda, "no cobraba, ni estaba en nómina, ni estaba afiliado a la Seguridad Social" cuando figuraba como asesor de la Diputación de Pontevedra. Y lo hizo a través de su portavoz, Manuel Ruiz Rivas, que aludió "a la trayectoria profesional, pulcra, transparente y honesta" de quien ahora ocupa el cargo de conselleiro de Presidencia. Ruiz Rivas intervino después de que el PSdeG preguntase al presidente de la Xunta por la excedencia que permitió a Alfonso Rueda mantener el destino como secretario de ayuntamiento en Cambados, que la oposición considera un "claro fraude de ley".

El titular de Presidencia tenía la plaza como funcionario en el consistorio de Cambados. Al ser elegido número dos del PP, en enero de 2006, Rueda se vio obligado a dejar su puesto en la Administración pero se garantizó el camino de vuelta.

La Diputación de Pontevedra, que presidía entonces -como ahora-, un compañero de partido, Rafael Louzán, lo contrató como asesor. Y esa maniobra le sirvió para mantener el destino en Cambados que de otro modo hubiera perdido. El PP ha admitido que Rueda nunca cobró de la institución provincial que preside Louzán. Según socialistas y nacionalistas, esa circunstancia esconde la "liberación" del secretario general del PP, "utilizando una institución pública para reservarle una plaza en el Ayuntamiento de Cambados".

Feijóo delegó en su conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, para responder sobre la compatibilidad con la Lei de Función Pública de Alfonso Rueda. Y la responsable política del funcionariado de la Xunta no halló irregularidades en el hecho de que Rueda se hiciese con un puesto de asesor no remunerado en la Diputación de Pontevedra. Fernández Currás avaló sus tesis con un informe del Ministerio de Administraciones Públicas, emitido en julio de 2007. "Rueda se encuentra en situación de servicios especiales [que se otorgan a funcionarios cuando son designados personal eventual o cargo público] desde el 10 de febrero de 2006", explicó. La titular de Facenda aludió, igualmente, al Estatuto Básico del Empleado Público. "Es evidente que no se realizó", concluyó, "ningún uso perverso de la Lei de Función Pública".

Exactamente ése, "uso perverso de la Lei de Función Pública", fue el argumento manejado por José Manuel Lage Tuñas, del PSdeG. "Se trata de una confluencia de intereses públicos y partidarios", apuntó, "los cuales siempre tienen una misma raíz, la Diputación de Pontevedra". El diputado socialista, en medio de las advertencias de la rigurosa presidenta del Parlamento -Pilar Rojo (PP)-, habló de "cueva de Ali-Babá" al referirse a la institución provincial. "¿Pero qué trienios va a cobrar Rueda, los de la Diputación o los del Ayuntamiento?", se preguntó Lage Tuñas: "Es un fraude que afecta a miles de trabajadores públicos que no pudieron acceder a esa plaza [en la administración local de Cambados]".

Para el nacionalista Alfredo Suárez Canal, el de Marta Fernández Currás fue "un papelón". "Todos los partidos liberan a algunos militantes", argumentó, "pero no se pueden utilizar las instituciones democráticas para ello". El ex conselleiro de Medio Rural comparó la actitud del PP con la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México en su "patrimonialización de las instituciones".

Fue el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, quien, tras aludir a los resultados electorales del 1 de marzo y el pasado domingo, se refirió a la oposición como "dolida porque Rueda haya aprobado unas oposiciones".

La defensa del conselleiro de Presidencia de Ruiz Rivas incluyó un ataque al BNG. Que el grupo parlamentario nacionalista vaya a contratar a Guillerme Vázquez, portavoz nacional, como asesor, resulta equiparable al caso de Rueda. El diputado del PP aseveró que Vázquez utiliza este contrato para"conservar su plaza de funcionario de Educación en Pontevedra".

(www.elpais.com, 10/06/09)

12. GALICIA. LA EMPRESA DEL CONSELLEIRO DE ECONOMÍA NEGOCIÓ PARA HACERSE CON CARAMELO EN 2007

Poner como ejemplo la gestión de su empresa privada en el Parlamento puede costarle caro al conselleiro de Economía, Javier Guerra, que el miércoles abrió la caja de Pandora en su intervención en la Cámara. Y más teniendo en cuenta que, en su condición de empresario, él mismo inició conversaciones para comprar la compañía textil Caramelo antes de que Inveravante, propiedad de Manuel Jove, se hiciera con su control. Gran parte de las ayudas recibidas en este tiempo por Caramelo, entre ellas créditos participativos de 11 millones de euros y la toma de un 7,5% de su capital por parte de Xesgalicia, procedieron de la consellería que ahora dirige Guerra y que, en su momento y en manos del bipartito, denegó apoyo financiero al grupo de empresas del ahora conselleiro.

El episodio da una vuelta de tuerca a la bronca entre Gobierno y oposición sobre las actividades privadas del conselleiro. , el presidente Alberto Núñez Feijóo defendió a Guerra, y aseguró que es "un honor" contar con él en el Ejecutivo. En su opinión, hay que "desburocratizar" la política, incorporando más profesionales como el empresario vigués. Mientras Feijóo avalaba la trayectoria del conselleiro de Economía e Industria calificando de "intachable" su conducta, y negando que su empresa textil haya deslocalizado su producción en Portugal para abaratar la producción, los socialistas arremetían contra la mezcla de lo público y lo privado en el debate.

Porque la crisis de Caramelo va más allá de un ERE que afecta a 237 trabajadores y que tendrá que resolver la Xunta, que además es juez y parte en la situación de la empresa textil, al participar en su capital y haberle concedido cerca de 30 millones de euros en ayudas.

El interés de las empresas de Guerra por la compra de Caramelo fue tal que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, tras las elecciones y en pleno traspaso de poderes de la Xunta bipartita al PP, el conselleiro hizo explícito su malestar por la poca receptividad que el Igape, brazo financiero de Economía, había mostrado hacia su interés por hacerse con la mayoría de la firma textil coruñesa ahora en plena crisis. La queja se habría transmitido, según las mismas fuentes, directamente a su antecesor en el cargo, José Ramón Fernández Antonio.

Guerra no atendió las llamadas de este periódico. No así su socio en su grupo de empresas, que tiene como principal enseña El Secreto del Mar. Juan Costas, que ocupa el primer puesto ejecutivo de la empresa, explicó que la capacidad financiera que lograron tener hace ahora año y medio les permitió "valorar y analizar varias operaciones, entre las que se encontraba la compra de Caramelo y otras más, tanto del sector textil como de otros".

De acuerdo con Costas, hubo muchas opciones sobre la mesa, sin que llegaran a cuajar. "Pero no mantuvimos una relación directa con la propia empresa para su adquisición", subrayó. Según el socio del actual conselleiro de Economía, fueron brokers e intermediarios los que plantearon la operación de compra de Caramelo, "entre otras", insistió, que meses después se materializaría con la entrada de Inveravante y Xesgalicia en su capital. "No debemos un euro a nadie ni hemos tenido ayudas públicas", aseguró el directivo de El Secreto del Mar.

Al margen de acusaciones políticas, los trabajadores de la firma siguen pendientes de su futuro y han intensificado las acciones de protesta.

(www.elpais.com, 12/06/09)

13. GALICIA. UNA JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN Y DELITO URBANÍSTICO EN EL ALCALDE DE O PINO

El trato político que el alcalde de O Pino (A Coruña), Manuel Taboada Vigo, ha dispensado a la promotora Fadesa en la tramitación administrativa de su polémico parque empresarial sentará al regidor popular en el banquillo. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa, ha dictado un auto que ordena la apertura de juicio oral contra el citado alcalde del PP.

ón indicios de "prevaricación y de un delito urbanístico" y solicita tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular que formulen sus escritos sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

El auto, con fecha 20 de mayo, alude a la "tala de arboles sin licencia" (más de 66.000) efectuada por la empresa para llevar a cabo el parque empresarial. Y pone en tela de juicio la controvertida aprobación del proyecto de urbanización por el gobierno del PP el mismo día en que el Ayuntamiento de O Pino recibió una orden de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura.

Según la versión del alcalde, en una misma mañaña recibió tres alegaciones de distintos grupos de propietarios, solicitó informes técnicos a los funcionarios y una consultora externa que le fueron entregados antes del mediodía para denegar las reclamaciones de los particulares y sólo entonces aprobó el proyecto de urbanización para las parcelas, un millón de metros cuadrados, donde se ubica el polígono empresarial.

Meses antes, el mismo regidor había recomendado por carta a sus vecinos vender las tierras a Fadesa por 6,05 euros el metro cuadrado. Dicho importe se probó irrisorio cuando el Jurado de Expropiaciones de Galicia fijo el justiprecio en 17,65 euros, tres veces más de lo que habían percibido los propietarios de terrenos que se guiaron por su alcalde y cerrarron tratos con la promotora inmobiliaria. Un grupo de particulares mantienen varios pleitos con el Gobierno de O Pino por este caso.

(ww.elpais.com, 09/06/09)

14. ANDALUCÍA. EL ÚLTIMO DELEGADO DEL PP EN LA ZONA FRANCA ENCUBRIÓ LA MALVERSACIÓN

Miguel Osuna aún tiene apoyos en el PP. Todavía consideran que en su etapa de delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, desde 2001 a 2004, realizó un esfuerzo ímprobo por arreglar y perseguir las presuntas irregularidades dejadas por su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, de quien sus entonces compañeros de partido ahora reniegan. Pero la Abogacía del Estado no lo ve tan claro. En su informe entregado al Tribunal de Cuentas desvela que Osuna pudo haber evitado la malversación que le costó al organismo público 4,2 millones de euros pero no lo hizo. "Su contribución a encubrir las irregularidades es clara y, en su día, impidió recuperar el dinero", reza el documento.

Miguel Osuna accedió al cargo tras la dimisión de Manuel Rodríguez de Castro en 2001, quien dejó un reguero de escándalos y proyectos a medio acabar, entre ellos, el portal informático Rilco. Según el relato de la Abogacía del Estado, Rodríguez de Castro contrató a la empresa Miami Free Zone para montar una red de comercio internacional, que nunca llegó a funcionar ni a aclarar el objeto de su adjudicación. Después, esta empresa subcontrató los servicios de otra con sede en Panamá, Duater Corporation, que en 2003 ingresó, al menos, 215.000 euros en cuentas de empresas de Rodríguez de Castro y personas de su entorno.

Según la Abogacía del Estado, Osuna conoció las anomalías del proyecto pero aún así autorizó el último pago que recibió Miami Free Zone el 27 de abril de 2001 por importe de 2.832.334,63 euros. "Las evidencias de que los fondos se liberaron de forma, como mínimo, indebida son notables", dice el informe. En sus declaraciones a la prensa, cuando ya abandonó el cargo en 2004 y las irregularidades de Rilco eran públicas, Osuna llegó a calificar el proyecto como una "locura" por la que Rodríguez de Castro debía responder penalmente. ¿Por qué continuó entonces los pagos? Entonces culpó a los abogados del Estado. "Cuando vi el contrato con Miami Free Zone y su contenido, pedí un informe a la Abogacía del Estado por si se podía anular. Me dijeron que no porque el único requisito de la ley de contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Si no lo cumplíamos, nos podían demandar".

Estas declaraciones están recogidas en el informe de la Abogacía del Estado, que acusa a Miguel Osuna de mentir. "Jamás solicitó un informe y nunca le dio traslado de la documentación que obraba en su poder". Además tacha la supuesta respuesta que le dieron los abogados del Estado como absurda: "Un contrato de cualquier naturaleza se puede romper si hay incumplimiento de una de las partes".

La Abogacía del Estado recuerda que, "ante la evidencia de la falsedad de sus afirmaciones", Osuna cambió de discurso en sus declaraciones en el juzgado que sigue la instrucción penal del caso, el 4 de Cádiz, donde dejó de criticar Rilco y sostuvo que las empresas contratadas para levantar este portal, Telvent y Miami Free Zone, cumplieron su objetivo. Entregaron material informático y conocimiento de comercio exterior, aunque para la Abogacía del Estado esta ejecución "nada tiene que ver con el objeto del contrato por el que había recibido subvenciones". Consta que Osuna exigió a estas compañías que entregaran material y pagaran viajes a Miami que corroboraran las cantidades recibidas pero la Abogacía del Estado lo ve más como un intento de salvar su papel. "Se conformó con que esta empresa aparentara su participación en el proyecto e indemnizara a través del pago de convenciones, reuniones o viajes".

El PP volvió a defender la gestión de Miguel Osuna. "Él fue quien desveló todo e inició los procesos penales", aseguró el presidente provincial, José Loaiza, quien no dudó en poner en duda el trabajo de la Abogacía del Estado. "Es extraño que los abogados que estaban con Rodríguez de Castro sean ahora los que emitan este informe en contra".

ACUSACIONES

- "Manuel Rodríguez de Castro dejó in extremis atados los cabos para la malversación. Osuna podría haberlo evitado, al menos en su mayor parte".

- "Las evidencias de que se liberaron fondos de forma, como mínimo, indebida son notables".

- "Las declaraciones de Osuna en la prensa y en el juzgado han resultado contradictorias, tratando de justificar una actuación difícilmente justificable, más por quien era interventor del Estado".

- "Jamás solicitó informe de la Abogacía del Estado y nunca le dio traslado de la documentación que obraba en su poder".

- "¿Por qué pagó sin exigir avales? Se podría pensar que no tuvo conocimiento de la realidad pero hay indicios de que no fue así".

- "Miguel Osuna prefirió pagar a pesar de los oscuros indicios que rodeaban aquel contrato".

(ww.elpais.com, 09/06/09)

14. ANDALUCÍA. EL PGOU DE MÁLAGA MANTIENE PROYECTOS "INVIABLES" PARA EL MEDIO AMBIENTE

Sostenella y no enmedalla. El Ayuntamiento de Málaga, que preside Francisco de la Torre (PP), no va a modificar los proyectos incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que han sido considerados como "inviables" en los distintos informes sectoriales emitidos por otras administraciones.

El pleno de Málaga celebrará mañana una sesión extraordinaria para aprobar una serie de modificaciones al documento para dar cumplimiento a estos informes sectoriales y para corregir errores, pero no se tocarán proyectos que han tenido algún reparo como la construcción en Arraijanal, última parcela libre en primera línea de playa, las torres de Repsol o el desarrollo de los suelos que ocupó la antigua central térmica junto a la playa de La Misericordia. El Ayuntamiento prevé ingresar 170 millones de euros por los convenios firmados con los propietarios de estos terrenos.

En total, el pleno verá 162 modificaciones que, según la asesoría jurídica municipal, no suponen una alteración sustancial del planeamiento aprobado provisionalmente el 14 de agosto de 2008. Por ello, no será necesario convocar un nuevo periodo de información pública.

Especialmente significativa es la desconsideración del consistorio hacia el informe de impacto ambiental que emitió la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento considera inviables proyectos como la urbanización en Arraijanal, en los terrenos al norte de la ronda de circunvalación y en la vega del río Campanillas, lo que afecta a unas 8.000 viviendas, prácticamente la tercera parte de las proyectadas en el nuevo PGOU.

Los 500.000 metros cuadrados de Arraijanal ya se preservan como suelo no urbanizable en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) a punto de ser aprobado por el consejo de Gobierno de la Junta. Pese a que el Ayuntamiento de Málaga conocía esta consideración, firmó con la promotora Vallehermoso un convenio para construir 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial por el que recibirá 28 millones de euros.

El Ayuntamiento considera que el informe ambiental es una invasión de competencias municipales por parte de la Junta. En noviembre, el consistorio pidió a la consejería que modificara su estudio de impacto amparándose en un informe de la asesoría jurídica municipal. El equipo de gobierno sí ha modificado nueve puntos derivados del informe de impacto ambiental, pero sobre cuestiones menores.

Una vez aprobado por el pleno, el Ayuntamiento remitirá el paquete de modificaciones a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que es a la que compete la aprobación definitiva del PGOU, y que, a la vista de la persistencia de estos proyectos ambientalmente inviables, decidirá presumiblemente dejarlos en suspenso. La oposición ha criticado la actitud del alcalde, Francisco de la Torre. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, entiende que trata de "eludir los controles de las demás Administraciones", y considera que se requeriría una nueva aprobación provisional con información pública porque sí hay modificaciones sustanciales. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, critica que el alcalde "se empeña en la defensa de los intereses privados de unos cuantos".

(www.elpais.com, 08/06/09)

15. ANDALUCÍA. EL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA CONTRA UN SENADOR DEL PP

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella contra el senador del PP y alcalde de Gádor (Almería), Eugenio Jesús Gonzálvez García, por hechos relativos a las "adjudicaciones de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación"

El fiscal había interesado que se pudiese trasladar íntegro un procedimiento contencioso al juzgado de lo contencioso número 2 de Almería y tras examinar el mismo ha aprobado la admisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha designado instructor al magistrado Miguel colmenero.

La Fiscalía vio indicios de delito en la adjudicación de un contrato de obras que ascendió a 144.837 euros pero que se tramitó pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local expresó su "reparo", informa EP. Según subraya el auto del tribunal, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

(www.elpais.com, 10/06/09)

16. ANDALUCÍA. EL PP DE JAÉN SE REVUELVE CONTRA OÑA Y CONSIDERA UN "ÉXITO" SU RESULTADO

El Partido Popular de Jaén ignoró el mensaje de la portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, que el lunes reclamó "cambios importantes" en las estructuras de los populares en Jaén, Sevilla y Huelva por los malos resultados electorales de los comicios europeos. "Esperanza Oña no habrá visto bien los resultados". De esta manera, se despachó el secretario general del PP de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, cuando se le preguntó por las críticas de su portavoz en la Cámara andaluza. García Anguita no sólo rechazó de plano cualquier cambio en la cúpula provincial de su partido, sino que incluso calificó de "éxito rotundo" los resultados del PP en Jaén.

Fuentes del PP andaluz aseguraron que a partir de los próximos días se analizarán con más detenimiento los resultados, pero descartaron reformas profundas en las direcciones del PP en Sevilla, Huelva y Jaén, aunque sí "habrá retoques". La autocomplacencia de los populares jiennenses contrasta con sus resultados el 7-J, donde fueron superados por el PSOE en 91 de los 97 municipios de la provincia y, en el cómputo general, quedaron a 12,1 puntos de los socialistas (51,1% frente al 39%).

La lectura de la dirección del PP en Jaén suena a conformismo pues se limitan a resaltar que han recortado la distancia con los socialistas en 80 municipios y, en términos generales, han reducido la diferencia en 26.000 votos. Eso sí, García Anguita intentaba justificarse ante las voces que reclaman cambios en su partido al resaltar que han sido capaces de ese recorte "en una provincia tan difícil y con tanta implicación del PSOE".

Con todo, la dirección del PP de Jaén rehúye los análisis electorales del conjunto provincial y pone todos los focos en enfatizar una y otra vez su victoria en la capital, donde aventajaron en más de 4.000 votos al PSOE. Para el presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya, esos resultados "significarán la vuelta a la alcaldía de Jaén del PP en las próximas municipales".

(www.elpais.com, 11/06/09)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE 'COLÓ' EN EL BALCÓN

El balcón de Génova siempre trae historias y comidillas entre los dirigentes populares. En la noche del domingo, de nuevo, se armó un pequeño revuelo. Estaba previsto que salieran sólo Mariano Rajoy y Jaime Mayor, y así sucedió al principio. Pero poco después, antes de que empezaran a hablar, apareció Esperanza Aguirre, y el público, casi todos militantes del PP madrileño, empezó a gritar "¡Esperanza, Esperanza!", olvidándose de Rajoy. Según coinciden algunos de los presentes (el despacho contiguo, que es el de Aguirre como líder del PP de Madrid, estaba lleno de gente), la presidenta se coló sin que Rajoy o Mayor, que ya estaban fuera, la invitaran a salir.

En las generales de 2008, tras la derrota de Rajoy, Aguirre no salió al balcón. Entonces dijo que ella no era candidata y nadie le había pedido que saliera. Por eso, el domingo, cuando tampoco era candidata y nadie le pidió que saliera, su aparición sorprendió. Unos minutos después, para compensar, alguien hizo que saliera también Dolores de Cospedal.

El gesto de Aguirre es, para sus enemigos, un intento de apuntarse al carro vencedor. Otros más benévolos lo ven como un acercamiento. La propia presidenta rindió pleitesía al líder: "Rajoy sería el Rey si esto fuera una partida de ajedrez", sentenció. También el ex presidente José María Aznar, mostró su "especial alegría" por la victoria del PP y apostó por "una Europa atlántica basada en la creencia de los valores tradicionales".

(ww.elpais.com, 09/06/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. CCOO ACUSA A AGUIRRE DE ATACAR LA LIBERTAD SINDICAL

El Comité Regional de CC OO aprobó una resolución en la que se denuncia el "ataque sostenido contra la libertad sindical, impulsado por el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre" durante el último año.

El documento señala que "con la complicidad de los medios de comunicación que les son afines, y en especial Telemadrid", la Comunidad de Madrid está extendiendo su campaña antisindical a los delegados sindicales. Además, esa campaña, según Comisiones, se complementa con la ruptura del diálogo social y la negativa a abordar las consecuencias de la crisis, así como el incumplimiento de los acuerdos firmados "y una permanente agresión a los servicios públicos y a quienes trabajan en ellos".

El sindicato asegura que esta campaña "trata de esparcir sospechas que diluyan las graves responsabilidades de corrupción" en la Comunidad de Madrid y exige al Gobierno regional que ponga fin a los ataques a los delegados sindicales.

(www.elpais.com, 06/06/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA BENDICE LA GESTIÓN PRIVADA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS

La apuesta del Gobierno de Aguirre en materia sanitaria está clara: más colaboración entre el sector público y el privado. Y por si no hubiera dado suficientes muestras de ello -siete nuevos hospitales de gestión mixta, uno enteramente privado y cuatro prometidos que también serán administrados por empresas-, la Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones de la comisión de estudio de la sanidad que llevó a 73 comparecientes a la cámara entre los meses de noviembre y marzo.

Un texto de dos páginas y media que compendia una entusiasta defensa del modelo privatizador: "La colaboración público privada", rezan las conclusiones, "no sólo ha facilitado la financiación de la construcción de infraestructuras hospitalarias, sino también una oportunidad para aplicar las mejores prácticas de gestión sanitaria y un régimen de incentivos para mejorar la equidad, la calidad y la eficiencia en la gestión". En resumen, que lo privado funciona mejor.

El texto, que se aprobó por 63 votos a favor (los del Partido Popular, con mayoría absoluta en la cámara) y 53 (los del grupo socialista e IU) en contra, insiste en la "honda tradición en la aplicación de formas de colaboración público-privada en el ámbito sanitario" en España. Cita el mutualismo, las entidades colaboradoras y los conciertos y convenios con gestores privados que utilizan "comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña". Todas, subraya, "con independencia del color político de los partidos que las gobiernan, acuden a formas de gestión en colaboración con organizaciones o entidades de naturaleza privada".

El texto original de los populares incluía la creación de una comisión permanente no legislativa para evaluar la calidad de los hospitales madrileños. Los gerentes de los centros estarían obligados a comparecer para dar cuenta de la marcha de su gestión, una idea que compartían los socialistas. Finalmente, ese punto fue eliminado. Los grupos de la oposición defendieron sus votos particulares. El socialista propuso un "nuevo pacto social" que rompa "la actual dinámica del Gobierno de Aguirre de opacidad y de la sanidad como una oportunidad de negocio", afirmó la portavoz, Maru Menéndez. IU defendió un "modelo público en su totalidad" y la creación de un observatorio independiente.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de la ley de libre elección de médico, que incluye el área única sanitaria, y lo remitió al Consejo Económico y Social (CES) para que elabore su informe. Después volverá a la Asamblea para seguir la tramitación. Así lo explicó el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, quien precisó que la nueva ley tendrá su desarrollo reglamentario en un plazo máximo de tres meses tras su aprobación.

(www.elpais.com, 11/06/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA SE ESCUDA EN LOS TÉCNICOS Y DEFIENDE SU DENUNCIA CONTRA MONTES

Un inmigrante, sorprendido por la concentración con pancartas a las puertas de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, preguntó qué pasaba. "Un político dijo que un médico de la sanidad pública mataba a la gente, era mentira y ahora hay un juicio contra él", le respondió un señor de mediana edad, también observador de la escena. Un sencillo resumen del caso Leganés. El político es el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela. El médico, Luis Montes, ex jefe de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Ambos estaban en Plaza de Castilla, pero esta vez el investigado era Lamela. "Es de justicia que declaren las autoridades sanitarias madrileñas", se congratuló Montes, acompañado de un centenar de simpatizantes. "Igual que nosotros tuvimos que ir cada 15 días a los juzgados durante 2007".

Lamela salió tranquilo del salón de actos de los juzgados, donde se celebró la declaración durante casi una hora y media, y expresó que todo había ido "muy bien". "No tengo por qué defender mi inocencia", dijo a los periodistas. "¿Soy culpable de algo?".

Los seis médicos que elaboraron el informe que sirvió de base para la imputación de Luis Montes -integrantes de la llamada comisión Lamela- desfilaron a lo largo de todo el día ante Coro Cillán, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 43. Eran los jefes de servicio de oncología de La Paz y del 12 de Octubre, el jefe de pediatría de Alcorcón, el jefe de servicio de anestesia del Clínico San Carlos, una psiquiatra del Ramón y Cajal y un inspector.

Manuel Lamela declinó hacer declaraciones. Dijo que en la hemeroteca estaba bien clara su posición. "Yo tampoco tengo nada nuevo que añadir", señaló el oncólogo Hernán Cortés-Funes. "Estoy convencido de lo que hice. Analizamos hechos objetivos, vimos ciertas cosas y las probamos. Eran casos muy claros. Cuando era dudoso lo dijimos. ¿El porqué de esta querella? Será afán de notoriedad. Yo qué sé". Los médicos insistieron en que se habían limitado a aplicar criterios técnicos.

Los supuestos casos "muy claros" de irregularidades en las sedaciones a los enfermos terminales quedaron en nada. El procedimiento judicial contra Montes fue archivado sin mención a mala praxis alguna. Una vez concluido, Montes y su ex compañero en el Severo Ochoa Miguel Ángel López Varas se querellaron por denuncia falsa y falsedad contra Lamela y los seis médicos. Acusan al ex consejero de Esperanza Aguirre de fabricar un caso en contra de la evidencia empírica, de sus propios inspectores -que en 2003 habían descartado la mala praxis-, y de un informe de 2005, elaborado tras la denuncia anónima que dio origen al caso, que afirmaba que del examen de las historias clínicas no podían extraerse conclusiones válidas. Tras esta última investigación, Manuel Lamela nombró a dedo un comité de expertos -los ahora querellados- que concluyeron que en 73 casos la sedación "fue realizada fuera de la lex artis".

"Lamela ha defendido su actuación escudándose en el informe de sus técnicos", señala la abogada de Luis Montes, María Jesús Díaz Veiga. "Y ha reconocido que sólo le importaban las conclusiones, que casualmente fueron las que él quería, y no el método utilizado por su comité de expertos. Esto es muy relevante, porque demuestra que la única intención era incriminar. Las declaraciones de los querellados han dejado claro que hubo un grave problema de metodología. Las historias clínicas tenían problemas de legibilidad, faltaba información y los inspectores anteriores habían determinado que no se podían sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, estos médicos, sin conocimiento de cómo se trabaja en las urgencias y sin entrevistar a los implicados, se aventuraron a hacer acusaciones gravísimas estudiando en un mes 169 historias, algunas de 300 y 400 folios".

La letrada asegura que los médicos se contradijeron . "No han sabido decir ni cuándo se reunían. Unos aseguran que pidieron peritos porque las historias eran ilegibles y otros, que se leían bien. Fue una chapuza hecha con prisa porque, como han reconocido, el caso era mediático".

El 'caso Leganés'

- 3 de marzo de 2005. Lamela ordena que la Inspección investigue una denuncia anónima que acusa a los médicos de Leganés de 400 homicidios con sedaciones terminales a pacientes no graves.

- 11 de marzo. Tras estudiar 339 historias, los investigadores encuentran incidencias en 25 casos. Lamela los remite a la Fiscalía y destituye a Luis Montes.

- 13 de abril de 2005. La Fiscalía descarta 12 casos y remite los otros 13 a la Clínica Médico Forense.

- 14 de abril de 2005. Lamela elige un nuevo grupo de expertos, la comisión Lamela, para que investigue 169 historias clínicas.

- 26 de mayo de 2005. La comisión Lamela concluye que existen 73 casos de mala praxis y atribuye a 20 la muerte de pacientes.

- 24 de junio de 2005. La Clínica Médico Forense dice que no hay mala praxis.

- 27 de mayo de 2005. Lamela presenta una denuncia con las conclusiones de su comisión.

- 18 de septiembre de 2006. Los médicos de Leganés van a declarar.

- 22 de junio de 2007. El caso es sobreseído por el juzgado.

(www.elpais.com, 10/06/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1,8 MILLONES AL EX ALCALDE DE BOADILLA

El juez instructor del caso Gürtel, Santiago Pedreira, ha impuesto una fianza de 1,8 millones de euros al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien, tras una reunión de 35 minutos con el juez, se ha negado a declarar esta mañana por su presunta implicación en la trama de corrupción.

La fianza, establecida para cubrir las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del caso, es la más alta impuesta hasta el momento a los imputados en la trama Gürtel. Esta decisión es susceptible de recurso. El magistrado acusa a González Panero de los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.

González Panero se ha negado a declarar acogiéndose al artículo 24 de la Constitución. El imputado se mantendrá en esta decisión hasta que se levante el secreto sumarial, según explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

A su salida de las dependencias judiciales, el ex alcalde de Boadilla criticó que el secreto de sumario,a su juicio, no se está cumpliendo. "Hay un secreto de sumario que en muchos casos no se está cumpliendo y, por lo tanto, no voy a ser yo el que lo rompa", dijo. "Arriba hemos declarado lo que hemos tenido que declarar". El ex alcalde es el primero de los cuatro ediles imputados por el juez Baltasar Garzón que comparece ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El pasado 4 de marzo, durante su comparecencia ante Garzón, González Panero, conocido como El albondiguilla, se negó a declarar alegando que prefería esperar a que se conociera qué tribunal iba a ser competente para instruir la causa. "Estaré encantado de declarar cuando se sepa quién es competente".

El nombre de González Panero se citaba en varias ocasiones en las grabaciones interceptadas al cabecilla de la trama Francisco Correa, quien le implica directamente en la red de dádivas y sobornos que lideraba a cambio de adjudicaciones de contratos de administraciones gobernadas por los populares. A González Panero se le acusa de haber recibido hasta 500.000 euros de la trama corrupta. A finales de febrero González Panero protagonizó una disputa con la dirección de su partido hasta que decidió dimitir de su puesto al frente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Hasta el momento, han comparecido ante Pedreira un total de 15 imputados, entre ellos el presunto cerebro de la trama, el empresario Francisco Correa, así como los diputados regionales del PP en Madrid Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo.

El magistrado imputó a todos ellos los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Además, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros, mientras que a López Viejo le impuso una fianza de 750.000 euros.

La trama de corrupción tuvo presencia principalmente en los municipios de Madrid de Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas y Arganda del Rey, en los que se dieron contratos supuestamente fraudulentos. En las próximas semanas, el magistrado citará a declarar al ex regidor de Arganda Ginés López Rodríguez; el de Pozuelo Jesús Sepúlveda; y el de Majadahonda Guillermo Ortega.

(ww.elpais.com, 09/06/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE AGUIRRE TRABAJÓ CODO CON CODO CON LOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL EN LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO

La familia: un término que en Italia está ligado a la mafia. Por el contrario, en España está estrechamente ligado al Partido Popular. Y no sólo por la defensa a ultranza que el PP hace de esta "piedra angular" de la sociedad. Basta con hurgar un poco en las entrañas del partido para encontrarse una extensa red de matrimonios, primos, sobrinos, hijos y demás parientes. Un ejemplo: David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid (y número cuatro de Aguirre) y su esposa, Elena Cerezo, jefa de Gabinete de Arturo González Panero, El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, y, por ende, de su sucesor, Juan Siguero

Sin embargo, el hecho de ser matrimonio no implica, ni mucho menos saber a qué se dedica el otro, sobre todo cuando se habla de política. Y es que, después de una jornada de trabajo similar, a ninguna pareja le apetecería hablar de su día a día en la "cosa pública". El ejemplo más claro es el de Ana Mato, número tres del PP, quien dijo que no le constaba que su marido, Jesús Sepúlveda y ex alcalde de Pozuelo, tenía un Jaguar supuestamente regalado por Correa.

Vayamos por partes. Elena Cerezo es jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde el año 2003, cuando fue nombrada por El Albondiguilla, el ex alcalde de la localidad epicentro de la Gürtel y a quien el juez impuso una fianza de 1’8 millones de euros, la más alta del caso. Cerezo, sin embargo, sigue en su puesto, ratificada por el nuevo alcalde, Juan Siguero.

Elena Cerezo cobra 55.000 euros anuales. Fue El Albondiguilla quien le subió el sueldo un 24% en 2008, lo que le valió la denuncia del partido Alternativa por Boadilla. Esto, junto a su nombramiento en 2003 y 2007 como jefa de Gabinete, demuestra que era de la máxima confianza de Panero. De hecho, tenía acceso directo a su agenda. ¿No sabía nada Cerezo de la trama Gürtel? Y de saberlo, ¿no le comentó nada a su esposo, habida cuenta de su relación con Esperanza Aguirre?

Quizá no hubiera hecho falta. Porque, antes de llegar a ser el portavoz del PP en la Asamblea, y el encargado de lavarle la cara a Aguirre en la Comisión de los espías, David Pérez ya había trabajado duro en el partido, en el área de organización. Y lo hizo, codo con codo, con Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ambos imputados en el caso Gürtel. David Pérez, proviene de las filas del Ayuntamiento de Madrid, de donde fue reclutado por el entonces concejal de personal del PP, José Ramón Pin Arboledas.

Corría el año 2003, en el mes de mayo. Aguirre preparaba su primer asalto a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que curiosamente acabó con el bochornoso espectáculo del tamayazo. En aquella campaña, todos formaban un equipo bien engrasado: David Pérez hacía las notas de prensa; López Viejo, imputado por contratar a empresas de Correa, se encargaba de la "infraestructura" y Alfonso Bosch se encargaba de las convocatorias de prensa. ¿Se acuerda Pérez de sus compañeros de campaña?

(www.elplural.com, 10/06/09)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. DE LOS PAGOS DE CAMPS, NI RASTRO

Quedan pocas declaraciones, una pericial contable y el dictamen del magistrado juez instructor del TSJ, José Flors, para saber qué pasará con el caso Camps, la ramificación del denominado Caso Gürtel que afecta al presidente de la Generalitat. De lo que ha ocurrido hasta ahora dentro de la sala ha quedado constancia precisa en las grabaciones de cada sesión.

Han quedado claras contradicciones evidentes. La fundamental es que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, aseguró haber pagado 2.400 euros por unas prendas que compró en julio de 2008, pocos días antes de la celebración de la Fórmula 1 en Valencia. Pero no hay constancia del gesto ni rastro del dinero. Alegó como coartada que estaba entonces de vacaciones el sastre José Tomás, principal testigo de la causa, quien mantiene que Camps no pagó.

El presidente dice que es que no le vio porque no estaba. Pero nadie de los que ha declarado y supuestamente tenía que haberle visto ha dicho que pagara los trajes. Que pagó unos zapatos, sí. Lo dijo un empleado de Forever Young.

Pero tampoco hay constancia documental de ello. Según la acusación, la cuenta de Camps, pagada por Álvaro Pérez, El Bigotes, representante en Valencia de Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, superaría los 18.000 euros. Una cantidad que corresponde a siete u ocho trajes, cuatro o cinco americanas, un smoking, un chaleco, varios pantalones y tres pares de zapatos, al menos dos de una delicadísima piel de anca de potro, trabajada en Estados Unidos, para cuyo cuidado se envió un kit específico a la esposa del presidente. Los zapatos rondan los 400 euros el par.

Parece claro que Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, tuvo al menos la intención de pagar la ropa que encargó, aunque finalmente lo hiciera también Álvaro Pérez a través de Pablo Crespo, otro de los dirigentes de la trama. La secretaria de Costa intentó la gestión en varias ocasiones, pero El Bigotes neutralizó la tentativa y Costa no abonó esas prendas, aunque sí dos vaqueros en la primavera de 2008, uno de hombre y otro de mujer.

El gasto de trajes podría ser bastante más abultado de lo que hasta ahora se conoce. El que tiene la cuenta más alta es Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo. El sastre le tomó medidas, dos veces en Madrid y una en Valencia, para, al menos, cuatro trajes y un abrigo de cachemir. Cada pedido de Betoret alcanza entre 5.000 y 6.000 euros. Nunca, según consta en declaraciones del sumario, preguntó qué se debía. Tomás conocía las dependencias de la vicepresidencia de la Generalitat. Fue allí, según declaró, donde tomó medidas a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, también imputado por cohecho.

El juez instructor José Flors es duro en los interrogatorios, se conoce la causa y pregunta sin admitir despistes ni digresiones. Dos horas, por ejemplo, empleó con el sastre José Tomás, al que dejó claro que se había aprendido cómo se registraban las compras, los pagos aplazados, los apuntes de los clientes ilustres y las facturas difusas. El juez ha puesto límites y ha desestimado peticiones de las dos representantes del ministerio público. "Las lleva firmes", comenta una persona próxima a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ. "Pero no puede con ellas", afirma otra. Tampoco permite Flors a los abogados de los imputados que repregunten hasta el hartazgo, especialmente al letrado de Camps.

En la sala, en la primera planta del Palacio de Justica, ha habido problemas informáticos que han alargado sesiones y líos con carnés de identidad, especialmente el día que acudieron la treintena larga de testigos de la administración. El apellido Vidal coincidía en tres de los citados y hubo alguna que otra confusión. También sobre las responsabilidades de cada cual. José María Vidal dijo ser director de cuentas de Orange Market. Y de pronto el ministerio público paró máquinas. ¿Director de qué? ¿Qué cuentas?

El pánico quedó despejado al aclarar que esa dirección nada tenía que ver con los números. Hubo algún olvido: uno de los empleados de Forever Young fue perseguido por un guardia civil porque no había completado algún trámite.

El magistrado dejó que dos de los testigos salieran por dependencias privadas del presidente del TSJ.

(www.elpais.com, 07/06/09)

FRANCISCO CAMPS: Encuentros de madrugada

Se veían en el hotel Ritz de Madrid, tarde, muy tarde. José Tomás ha asegurado que tomó medidas a Camps incluso a la una de la madrugada.

El día de su declaración Francisco Camps llegó también temprano, a las 9.05 y estaba citado a las 10.00. Su anticipación no sirvió para adelantar la entrada en la sala. ¿Dónde esperó? ¿Se vio Camps con su más que amigo Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)? No. Camps esperó en el pasillo, durante una hora.

RICARDO COSTA: Un lío de fechas y cargos

Está convencido de que como sus responsabilidades últimas, como secretario general y como portavoz, son posteriores a los hechos porque las asumió en 2007 y 2008, no cometió cohecho. La fiscalía ignora esa excusa y busca en él al eslabón que pudo introducir desde el partido popular a la administración a un hombre con el que había tenido relaciones profesionales desde varios años antes, Álvaro Pérez. Costa dice que pagó sus trajes, no tiene tickets y nadie le vio hacerlo.

VÍCTOR CAMPOS: Explicaciones escasas

Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, fue escaso en sus repuestas ante el magistrado juez. No pudo negar que conocía a los principales actores de la trama, ni que se hizo trajes a medida de la mano de José Tomás. No pudo demostrar que pagara algunas de las piezas y dijo poco sobre la relación que pudo tener con Álvaro Pérez y sobre los contratos de sus empresas con la Generalitat. Campos fue, dicen algunas fuentes, poco explícito, ni siquiera para excusar la dádiva que le inculpa.

RAFAEL BETORET: De gusto exquisito

Al actual asesor de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo le recuerdan los empleados de Milano y Forever Young como un cliente "de gusto exquisito, caprichoso, fino en los más nimios detalles". De él, que dijo conocer mucho a Álvaro Pérez, es la más abultada facturación que la trama pagó supuestamente a los imputados valencianos. La consejería de la que fue alto cargo firmó algunos de los mayores contratos con la empresa de Pérez.

(www.elpais.com, 07/06/09)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS ELUDE RESPONDER SOBRE LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET

Altas temperaturas políticas en las Corts valencianas, donde el presidente, Francisco Camps, ha eludido contestar al portavoz socialista si finalmente permitirá "que los diputados conozcan, sin engaños, los contratos y subvenciones que otorga la Generalitat, o si los va a seguir ocultando". Camps se ha escudado en el "respaldo mayoritario" de los ciudadanos, que elección tras elección "piensan justo lo contrario". La sesión de control de esta mañana terminó con la escapada de la mayoría de los populares tras la intervención de su president, y una oposición impotente a la que no le quedó otra cosa que abandonar, en bloque, el hemiciclo como protesta, en medio de insultos por parte de un diputado del PP.

El portavoz socialista, Ángel Luna, le aseguró a Camps que los contratos con la empresa Orange Market y las razones por las que está imputado en el caso Gürtel "no se van a borrar con el resultado" de las elecciones europeas, y le avisó de que su Partido no va a cambiar de estrategia en esta materia, porque no se trata de "un tacticismo a corto plazo, sino de respetar las reglas de juego".

Camps se escuda en las elecciones

El president de la Generalitat reivindicó que el PP cuenta "con el respaldo mayoritario" de los ciudadanos, que elección tras elección "piensan justo lo contrario" y acusó a los socialistas de estar inmersos en una "deriva incomprensible" y "absurda". Camps  les reprochó  intentar "crear un telón de acero entre su incompetencia" y la forma de gobernar del PP, pero ese telón de acero, -dijo- basado en la mentira y en la insidia, los ciudadanos saben mirarlo por encima, y saben perfectamente que hay un Gobierno y un partido que de verdad está todos los días trabajando por el presente y el futuro de nuestra tierra, que es el PP", aseguró.

El portavoz socialista señaló que se ha equivocado quien pensaba que las elecciones permitirán al PP, a partir de ahora, "hacer más todavía lo que quieren", y ha destacado que la diferencia respecto a la anterior sesión de control es que ahora conoce el sumario de la imputación de Camps, ya que el PSPV se ha personado en la causa.

Una vez terminada su intervención, el presidente Camps se ha marchado del hemiciclo, seguido por la mayoría de los diputados populares, aunque aún faltaba la votación de una moción del grupo Compromís sobre la política general del Gobierno valenciano sobre el sector audiovisual. Ante la posibilidad de que prosperara la iniciativa, por las ausencias en la bancada del PP, la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, impidió que se llevara a votación. Los grupos de la oposición en Les Corts valencianes abandonaron entonces, en bloque, el hemiciclo. El portavoz adjunto de los populares, Rafael Maluenda, que había subido a la tribuna para defender la posición de su grupo frente a esta iniciativa, afirmó dirigiéndose a los diputados que salían de la sala que "los malos perdedores siempre abandonan".

El portavoz de los socialistas, Angel Luna, declaró que la "situación de degradación" democrática en que se halla la Comunitat ha tenido un nuevo reflejo con este incidente, "¿A qué venimos aquí –preguntaba- simplemente a hacer el paripé, a que aplaudan al presidente y a ver cómo manipulan a la Cámara para que no pierdan votaciones?".

(www.elplural.com, 11/06/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA REITERA QUE SE VA Y DICE QUE A LA GENTE NO LE PREOCUPA SI ÉL Y CAMPS SON CULPABLES

No hay cita electoral en la que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no deje fluir su locuacidad desde que está en el punto de mira de una investigación judicial. Al borde del procesamiento por falsificación documental y con causas pendientes por fraude fiscal y delitos contra la Administración Fabra se equiparó al jefe del Consell Francisco Camps, investigado por cohecho. "A la gente le preocupa que somos cuatro millones de parados ahora mismo y no si Carlos Fabra o Paco Camps somos culpables o inocentes", afirmó el dirigente castellonense después que el PP ganase en su provincia por más de doce puntos a los socialistas.

Fabra insistió en su próxima retirada de la primera línea y en que no volverá a formar parte de ninguna candidatura, desligó el resultado electoral de los procesos judiciales que protagonizan él y Camps e insistió en ubicarlos en una estrategia de desprestigio por parte de los socialistas : "La gente no es tonta, la gente es lista y está harta de todo este procedimiento paralelo que vienen teniendo como único argumento". Y añadió: "Ya dirán los tribunales y asumiremos cada uno la responsabilidad que tengamos que asumir".

Pero hubo una diferencia entre Fabra y Camps. El primero no recibió el aluvión de apoyos que dirigentes nacionales regalaron al presidente de la Generalitat, imputado por el caso Gürtel. Los cuadros autonómicos y locales lo ovacionaron constantemente durante su intervención en la junta directiva organizada en la sede de Valencia para analizar los resultados y celebrar la victoria. En Madrid, dirigentes como el vicesecretario nacional de Comunicación, Esteban González Pons, la secretaria de Organización, Ana Mato, e incluso el cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja, cargaban contra el PSOE por emplear en campaña el caso Gürtel contra Camps. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aludió a "la persecución a la que se ha sometido a Francisco Camps, con filtraciones de conversaciones privadas que no figuran ni en los sumarios". "Aquellos que han pretendido manipular actuaciones que están en sede judicial, pues al final, vulgarmente hablando, les ha salido el tiro por la culata".

Mayor Oreja dijo que se "ha atacado de manera injusta a Camps" y añadió que como consecuencia de ello se ha producido un "efecto boomerang" con la movilización del electorado popular en la Comunitat Valenciana. González Pons añadió que "las elecciones se gana en las urnas y no en los juzgados" y dijo que Francisco Camps es "un político muy querido". Ana Mato calificó de "magnífico gestor" al jefe del Consell y afirmó que no están dispuestos "a que se eche basura sobre su presidente".

En Valencia, más de un centenar de cargos populares se reunieron en la sede del PP. Las ovaciones y los gritos de "campeones, campeones" acompañaron a Francisco Camps durante su intervención a puerta cerrada, en la que pidió a su partido que no baje la guardia y marcó la estrategia de reclamar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la convocatoria de elecciones anticipadas tras la derrota del PSOE del domingo. En la rueda de prensa, Ricardo Costa cargó duramente contra el líder del PSPV, Jorge Alarte, al que hizo responsable del resultado de su partido en la Comunitat y le invitó a "empezar a pensar en dimitir".

(ww.levante.com, 09/06/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS CONTRASTA DECLARACIONES DE TESTIGOS ANTE LA POLICÍA Y ANTE GARZÓN

El juez instructor de la trama valenciana del caso Gürtel, José Flors, contrastará las declaraciones que han prestado ante él varios testigos con las que les tomaron previamente, en el marco de la investigación que desarrolló el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. firmó una providencia que solicita a la policía judicial que compare las declaraciones que ha recibido de algunos testigos y de Álvaro Pérez, responsable de la empresa Orange Market, con las que realizaron en dependencias policiales y ante la Fiscalía Anticorrupción.

Álvaro Pérez, hombre en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de una supuesta trama de corrupción vinculada al PP, declaró ante la policía y en la Audiencia Nacional antes de hacerlo en el TSJ. Su declaración en Valencia fue selectiva, ya que no respondió a la Fiscalía. Además de Pérez, imputado, han declarado testigos como el sastre José Tomás, la cajera de Milano y dos empleados de Forever Young, tiendas donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compró los trajes que le habría pagado la trama corrupta.

Los abogados de los cuatro imputados por cohecho, Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, buscaron hasta la saciedad las contradicciones de los testigos.

(ww.elpais.com, 09/06/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ PIDE A LA POLICÍA QUE IDENTIFIQUE LA VOZ DE ÁLVARO PÉREZ EN LAS GRABACIONES

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha pedido a la Policía Científica que identifique la voz de Álvaro Pérez, imputado en Madrid por la trama de corrupción del PP, durante sus conversaciones telefónicas grabadas los días 21 y 24 de enero, poco antes de ser detenido junto a otros tres implicados que están en prisión. El objetivo es autentificar tanto su voz como las de sus interlocutores, por si se corresponden con las de los imputados en Valencia.

Precisamente, fue en enero de 2009 cuando la policía grabó una conversación entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Álvaro Pérez en la que se hablaba de unos regalos a su mujer y a su hija. La esposa del presidente valenciano consideró que era un regalo excesivo hasta el punto de sugerirle que lo iba a devolver. Fue en esta grabación donde el presidente llamaba a Pérez "amiguito del alma" y le decía "te quiero un huevo".

Pero, el juez no sólo ha pedido la investigación de los pinchazos telefónicos ordenados por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. También rastreará las transferencias bancarias y los asientos contables de las tiendas Milano y Forever Young, de donde salieron unos trajes para Camps y otros altos cargos como supuestos regalos de la empresa de Álvaro Pérez, Orange Market, adjudicataria de la Generalitat.

Lo que el magistrado del caso Gürtel en Valencia, José Flors, intenta averiguar a través de una minuciosa y exhaustiva instrucción es si el presidente Francisco Camps y otros tres altos cargos cometieron un delito de cohecho en la supuesta recepción de unos trajes.

Así, según comunicó el TSJCV, "el magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho atribuido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa; al ex conseller Victor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo", solicitó "al laboratorio de la Policía Judicial que emita un informe, así como la aportación de documentación, para poder contrastar el contenido de las declaraciones prestadas ante él las pasadas semanas".

En este sentido, el magistrado Flors ha oficiado a la Policía Científica para que analice en su laboratorio nacional, con sede en Madrid, si la voz de Álvaro Pérez, El Bigotes, se corresponde con la que aparece en las conversaciones grabadas por la policía anticorrupción lo días 21 y 24 de enero de este año. Además, se intenta identificar en estos pinchazos telefónicos a todos los que hablaban con él y si sus voces pertenecen a algunos de los cuatro imputados en Valencia.

La petición del juez es extremadamente precisa. Por ejemplo, señala el día, 21 d enero, la hora, los minutos y los segundo (18h.13´8´´).

Estas conversaciones se produjeron en dos días de enero, 21 y 24, dos semanas antes de ser detenidos los miembros de la trama en Madrid, incluido Álvaro Pérez.

(www.levante-emv.com, 09/06/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTELLÓ PAGÓ 75.000 EUROS A LA FIRMA QUE SUBCONTRATÓ A ORANGE MARKET

La empresa Mediterránea de Música y Eventos, que subcontrató para celebrar el ascenso del C.D. Castellón en el ayuntamiento a Orange Market -firma implicada en la causa judicial Gürtel junto con altos cargos del PP-, también se benefició de un contrato municipal sin concurso público por valor de 75.000 euros para la celebración del Carnaval del Grau en 2009, según consta en los expedientes municipales.
Esta circunstancia revela que el Ayuntamiento de Castelló (PP) ha contratado de forma discrecional con una empresa que mantuvo vínculos empresariales con Orange Market y con la que trabajó durante aquel acto de junio de 2005, una jornada por la cual la firma Álvaro Pérez facturó 55.000 euros. La noche pasó a la historia por el triunfo del Club Deportivo Castellón, pero sus documentos gráficos también evidencian que Pérez no era ni mucho menos un desconocido en los círculos del Partido Popular del ayuntamiento. De hecho, una de las instantáneas del evento del ascenso del C.D. Castellón permite distinguir a Álvaro Pérez -conocido como "El Bigotes"- junto al alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, y la portavoz adjunta del PP, Marta Gallén.

Alberto Fabra sigue negándose a responder a las 199 preguntas que el pasado 10 de febrero presentó el grupo socialista sobre los posibles contratos del ayuntamiento con 201 empresas vinculadas a personas imputadas en la supuesta trama de corrupción que destapó el juez Baltasar Garzón. Su objetivo era conocer "hasta qué punto ha habido vínculos entre el Ayuntamiento de Castelló y la empresa que está siendo investigada en la operación contra la corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales".
Los meses han transcurrido y con ellos una investigación que ha sido asumida parcialmente por el TSJ de la Comunitat, el cual no ha dudado en imputar por presuntos delitos vinculados a la trama al presidente del Consell, Francisco Camps, al diputado Ricardo Costa y al ex vicepresidente Víctor Campos. La postura de Alberto Fabra respecto a las preguntas del caso Gürtel queda reflejada en un decreto que él mismo firmó y en el que argumenta que responder a las cuestiones del PSPV "implicaría una lesión de principio de eficacia administrativa y rompería la marcha normal del trabajo en las secciones del ayuntamiento".

La sombra de Álvaro Pérez también dejó su huella en la provincia de Castelló. No pasa desapercibido que Orange Market organizó eventos como el congreso provincial del PP que se celebró en 2004 en Peñíscola o la presentación del proyecto de la Ciudad de la Música de Benicàssim. En ambos actos fueron protagonistas activos altos cargos del PP que comparten imputación judicial con el más de medio centenar de personas presuntamente implicadas en el caso Gürtel. Entre ellos, Francisco Camps, Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos.

(www.levante-emv.com, 08/06/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ARREMETE CONTRA EL PSOE EN PLENA JORNADA DE REFLEXIÓN

"Si quieren, recordamos aquella jornada de reflexión, para vergüenza histórica del partido socialista, para vergüenza democrática del partido socialista", respondió con énfasis la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, cuando le preguntaron los periodistas sobre la polémica en torno al acto inaugural de la línea aérea Valencia-Nueva York, que llevó a AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) a hacer una consulta previa ante la Junta Electoral dado que se celebró en la jornada de reflexión de las elecciones para el Parlamento Europeo.

Pese a que la Junta Electoral había advertido de que el acto podía celebrarse siempre que no tuviera connotaciones electoralistas, Barberá justificó su convocatoria porque estaba preparado desde el día en que se anunció el vuelo directo y, acto seguido, arremetió contra el PSOE a cuenta de la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004, tras el atentado del 11-M en Madrid, en la campaña electoral que dio la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella jornada hubo manifestaciones de ciudadanos, convocados por teléfono móvil con el famoso lema "¡Pásalo!", ante las sedes del PP en protesta por la actitud del Gobierno de José María Aznar, que mantenía que los atentados habían sido obra de ETA, cuando todos los indicios apuntaban a radicales islamistas.

La contundente arremetida de Barberá en plena jornada de reflexión fue comentada por el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, quien criticó la "obsesión" del PP por quejarse de haber perdido a causa de las protestas y no debido a las mentiras del Gobierno de Aznar. "Sería bueno que dejaran de mirar al pasado", sentenció. El director general de Turespaña, Antoni Bernabé, lamentó "el vergonzoso uso partidista" del acto por parte de de la alcaldesa de Valencia y de la consejera de Turismo, "en un intento de apropiarse de un éxito que es fruto del trabajo y el esfuerzo del conjunto del sector turístico valenciano y de la colaboración de todas las Administraciones".

Desde el PSPV-PSOE, el coordinador para la campaña europea, Víctor Sahuquillo, aconsejó a Barberá, que "arregle lo que tiene en su casa en lugar de perturbar la jornada de reflexión", en referencia a los casos que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a Carlos Fabra.

En las elecciones europeas, están convocados a las urnas 3,5 millones de ciudadanos en la Comunidad Valenciana, 119.337 más que hace cinco años. El número de residentes extranjeros con derecho a voto asciende a 74.718, 42.000 más que en 2004 y casi una tercera parte de los de toda España.

(www.elpais.com, 07/06/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. GRAU MINTIÓ SOBRE CONTRATOS MUNICIPALES CON LATERNE

Alfonso Grau, primer teniente de alcalde de Valencia, negó en una respuesta por escrito que el Ayuntamiento hubiera contratado como proveedoras a las empresas Laterne Council, Product Manager Council o City Marketing Council, todas ellas administradas por Vicente Saez Tormo. En una respuesta fechada en mayo de 2009, Grau firma: "El Ayuntamiento no. Y en cuanto al resto de organismos autónomos y demás debe dirigirse usted y solicitarlo a cada uno de ellos".

Ana Botella, concejal socialista, quiso conocer las posibles relaciones del Ayuntamiento de Valencia con las empresas de Saez Tormo porque los trabajadores de las tres sociedades mantienen un pleito por impago de varios meses de salarios y sostienen que las tres empresas "confunden sus actividades y patrimonio".

Laterne es propietaria de la marca Valencia Experience que exhiben los jugadores del Valencia CF en sus camisetas. Saez Tormo se comprometió a pagar seis millones de euros al club de fútbol en concepto de patrocinio. La temporada de fútbol de Primera División ya ha terminado y el club no ha recibido ni un solo euro de su patrocinador fantasma.

Al margen de los pleitos de la empresa, los socialistas detectaron que el Servicio de Innovación y Sociedad de la Información del Ayuntamiento de Valencia cerró dos contratos con Laterne, una empresa cuyo objeto social es la publicidad y las relaciones públicas. En febrero de 2006, Laterne facturó 3.351,47 euros por el plan de comunicación de un congreso de astronáutica que se celebró en Valencia. En noviembre de 2006, Laterne facturó otros 2.852,90 euros por la elaboración de un vídeo de la ciudad para la presentación de la guía del estudiante. Grau volvió a mentir ante el pleno municipal al negar la existencia de ambos contratos. se apresuró a distribuirlos en una rueda de prensa previa a la denuncia de las socialistas Carmen Alborch y Ana Botella.

Los socialistas tenían conocimiento de otros contratos de Laterne con la Fundación para Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento, en 2007, por una cuantía de 126.250 euros, "el mayor volumen contratado nunca por la fundación"; y, en 2008, por 4.463,75 euros.

Botella deslizó que "Laterne está relacionada con un congreso sobre marketing político que inauguró la alcaldesa, Rita Barberá, en la Universidad Católica y también colaboró en 2007 en algún acto de campaña del PP". Pero el problema que reiteraron Alborch y Botella son la trabas del equipo de gobierno para acceder a la información sobre contratos municipales. Los socialistas tuvieron que trasladar una fotocopiadora al servicio de innovación del Ayuntamiento de Valencia para poder obtener una copia de las facturas con Laterne. Antes, amenazaron con recurrir a un notario para obtener las facturas.

Grau calificó como "un circo" el trasiego de la fotocopiadora para ridiculizar la actitud de los socialistas. Entregó las dos facturas del servicio de innovación con Laterne, aseguró que "el Ayuntamiento no tiene nada que ocultar" y explicó: "Con la empresa Laterne se mantuvieron relaciones mucho antes de que la empresa tuviese ningún problema laboral con sus trabajadores. Hace dos años, cuando se tuvo noticia de que empezaban los conflictos internos de la empresa, se cortó toda relación con ella". Grau también negó una acusación que nadie había vertido: "El Ayuntamiento nunca ha contratado nada con Orange Market [la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes], ni con ninguna empresa que tenga relación con esa firma".

(www.elpais.com, 06/06/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS, HOMBRE DE CONFIANZA DE CAMPS LANZA UN "¡ARRIBA ESPAÑA!"

El presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, del PP, sorprendió en el último pleno municipal, el viernes, en Xàtiva, localidad de la que es alcalde, al responder con el saludo franquista de "¡Arriba España!" a la oposición socialista. El portavoz del PSOE, Roger Cerdà, había solicitado dos veces que se retire al dictador Francisco Franco el título de alcalde honorario de la ciudad, a lo que Rus se niega. El viernes los socialistas recordaron que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, sí lo ha hecho en su ciudad, y Cerdà anunció que no reiterará la petición porque ese gesto, que solo corresponde a un demócrata, lo tendrá que adoptar un futuro alcalde de la localidad. Rus se limitó a responder: "¡Arriba España!"

Alfonso Rus es el hombre de confianza del presidente de la Generalitat Valenciana y del PP valenciano, Francisco Camps, quien propició su elección como presidente provincial del partido. Es conocido por su facilidad para las salidas de tono y las afirmaciones sorprendentes. Recientemente aseguró que, a los profesores de valenciano que utilizan determinadas expresiones que él considera demasiado catalanas, "hay que rematarlos", lo que le ha valido querellas de los sindicatos educativos pendientes de resolución. También había anunciado en la campaña electoral que llevaría la playa a Xàtiva, localidad a 80 kilómetros de la costa, y después no se recató en llamar "burros" a sus votantes por haberlo creído. También armó un gran revuelo su afirmación de que los músicos de las bandas son "más rojos que un pavo".

Rus es empresario y se ufana de poseer un coche deportivo marca Ferrari y de haber ganado sin estudios mucho más dinero que los titulados universitarios. El poder popular en la provincia de Castellón está férreamente controlado por Carlos Fabra, imputado judicialmente por fraude fiscal, falsedad y delitos contra la Administración Pública, y es este quien da apoyo a Camps, no al contrario. En Alicante es el zaplanista José Joaquín Ripoll quien une la presidencia del PP y de la diputación, crítico hacia Camps, que no consiguió desbancarlo en el último congreso provincial. En Valencia, en cambio, es Camps el único responsable de haber situado a un personaje como Rus en la diputación y la presidencia provincial del PP.

(www.elplural.com, 06/06/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. UN APODERADO DEL PP TRATÓ DE CAMBIAR LA PAPELETA A UN CIEGO

Durante la jornada de elecciones para el Parlamento Europeo, ocurrió un incidente insólito. El presidente de una mesa electoral de Pamplona comunicó a la Junta Electoral una presunta irregularidad cometida por un apoderado del PP que intentó cambiar el sentido del voto de una persona con dificultades visuales.

El suceso, informó la Delegación del Gobierno en Navarra, tuvo lugar en un colegio de Pamplona, donde una persona mayor con problemas visuales pidió a un policía que le metiera en el sobre la papeleta del PSOE. Sin embargo, el agente le explicó que esa petición no podía atenderla él, sino el apoderado del Partido Socialista.

Mientras se intentaba localizar al representante del PSOE en ese colegio electoral, según la Delegación del Gobierno, un apoderado del PP aprovechó para meter una papeleta de su partido en el sobre de este votante, aunque su 'jugada' fue observada por otras personas que se encontraban en el lugar.

Según las mismas fuentes, esta persona pudo finalmente votar al partido político que deseaba y la actuación del apoderado del PP fue comunicada a la Junta Electoral.

Además, en Navarra se ha producido el caso de un elector que había remitido su voto por correo pero que había fallecido antes de la jornada electoral, aunque la Junta Electoral, tras estudiar lo sucedido, ha terminado por dar por bueno el sufragio.

(www.publico.es, 09/06/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. UN GRUPO DE INMIGRANTES DICE QUE LES OFRECIERON TRABAJO POR IR AL MITIN DEL PP

El Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos denunció un supuesto fraude a 39 familias de inmigrantes residentes en Castelló a las cuales se les prometió un puesto de trabajo -que nunca llegó- con la condición de acudir al mitin electoral que celebró el PP el pasado martes 2 de junio en la plaza de toros de Valencia. Según un comunicado oficial del colectivo, alrededor de 100 personas (incluidos los familiares de los aspirantes) fueron convocadas por un mediador de Burriana para que acudieran a un acto en el parque Ribalta de Castelló.

Una vez en el punto de encuentro, las mencionadas familias fueron invitadas a subir a una serie de autobuses habilitados al efecto para trasladar a simpatizantes del Partido Popular a Valencia. En total, la agrupación popular había fletado 350 vehículos en distintas poblaciones de la Comunitat Valenciana con el objetivo de llenar el coso taurino de la capital del Turia. La asociación hizo público que el supuesto mediador de Burriana había impuesto como requisito a los futuros empleados que apoyaran el mitin político del PP. Las familias siguieron la consigna porque la promesa era una ansiada oferta de trabajo para laborar durante la cosecha del ajo en las localidades de Albacete y Murcia. El acto fue un éxito de participación, pero tras la gloria de los populares llegó la desilusión para 39 cabezas de familia que ahora se sienten engañados.

Un escrito público de la asociación confirmó que mismo fueron informados de que no habrá empleo para estos ciudadanos extranjeros. Según los portavoces del centro, "esta persona de Burriana ha respondido que no le interesan suramericanos, colombianos, ni moros, ni mucho menos negros; sólo necesitaban españoles para este trabajo". Las mismas fuentes precisaron que el mediador comenzó a ofrecer las supuestas gestiones de trabajo dos meses atrás y que gracias a ello obtuvo los datos telefónicos y personales de los asociados, dado que uno de los objetivos del colectivo es la inserción sociolaboral de inmigrantes. La asociación castellonense de inmigrantes latinoamericanos condenó este supuesto fraude. "Es una actitud deplorable de xenofobia, y exclusión social, que atenta contra el derecho universal al trabajo y el respeto a las personas. Y lo hacemos público para que estos traficantes de ilusiones que juegan con los necesitados de empleo no sigan impunes aprovechándose de nuevas víctimas y no comprometan las buenas intenciones de la asociación y sus voluntarios". El PP fletó para el mitin de la Plaza de Toros de Valencia 14 autobuses de inmigrantes, la mayoría rumanos, búlgaros y colombianos. En la plaza pudieron verse pancartas de "senegaleses con Camps", "venezolanos con Camps" e incluso una que decía "los inmigrantes con Camps".

(www.levante-emv.com, 12/06/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADO POR PREVARICACIÓN EL ALCALDE DE EL PINÓS

El titular del Juzgado número 2 de Novelda ha imputado al alcalde de El Pinós, José María Amorós, del PP, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la calificación como suelo protegido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la parcela de un particular. El magistrado ha citado a declarar al regidor el próximo día 17.

La imputación del alcalde se produce a raíz de una querella presentada por Juan López Méndez, propietario de tres parcelas en el polígono 7 (paraje Los Carlos), de 11,5 hectáreas de superficie. El suelo estaba calificado, según el denunciante, por error como no urbanizable de protección arqueológica en las normas urbanísticas.

Ante la nula respuesta del consistorio para subsanar el error, el vecino acudió a la Consejería de Cultura. Este departamento emitió un informe el 28 de febrero de 2007, donde se reflejaba que no existen yacimientos arqueológicos ni ningún otro bien patrimonial sujeto a la legislación relativa al patrimonio cultural valenciano en esas parcelas.

(www.elpais.com, 12/06/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUICIO A DOS EX EDILES DE TORREVIEJA IMPUTADOS POR OBRAS ILEGALES SE RETRASA

Ninguno de los tres imputados (dos ex concejales del PP y el arquitecto municipal) por una obra ilegal en Torrevieja se presentó ante el juez instructor, el titular del número 2 de la localidad. Ello supone un nuevo retraso en un sumario cuya instrucción se remonta a 2005, cuando el grupo municipal de Los Verdes llevó al juez la reforma de un ático, propiedad de la familia de uno de los ediles imputados.

Los ex concejales, Fernando Gómez y Pascual Ortiz, del PP, no comparecieron por un error en la citación. El juzgado remitió la orden al Ayuntamiento ante la creencia de que ambos aún eran cargos públicos. Mientras, el arquitecto no justificó su incomparecencia y el juez le apercibió de ser conducido por la fuerza pública si no acude a la nueva cita.

Curiosamente, en la oficina judicial, aparte del letrado de la acusación popular de Los Verdes, sólo compareció el letrado del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. El regidor también estuvo inicialmente imputado en la causa. Sin embargo, su condición de aforado (el alcalde es también diputado autonómico) motivó que el sumario se trasladara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal exculpó al regidor y devolvió el sumario al juzgado instructor para completar las diligencias. Hernández Mateo, no obstante, está imputado en otro sumario por supuesto tráfico de influencias derivado de una millonaria plusvalía (5,2 millones de euros) en la compraventa de una finca rústica.

La investigación judicial que afecta a los dos ex ediles y al arquitecto trata de esclarecer una denuncia de Los Verdes presentada en 2003 en relación con unas obras ejecutadas en el edificio propiedad de la familia del entonces concejal Pascual Ortiz que vulneraban el planeamiento vigente. Según Los Verdes, el Ayuntamiento permitió que la infracción prescribiera sin imponer ninguna sanción y sin obligar a los infractores a restituir la legalidad urbanística.

(www.elpais.com, 11/06/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADA UNA EX EDIL DEL PP DE IBI POR MALVERSACIÓN

El titular del Juzgado número 2 de Ibi ha imputado por supuesta malversación de fondos públicos a Ana Sarabia, ex concejal de Deportes, del PP. El magistrado investiga un supuesto desvío de fondos (unos 20.000 euros) de la recaudación del polideportivo municipal para uso privados de ediles. El juez tomará declaración a Sarabia como imputada al considerar que es la "persona presuntamente responsable" de las irregularidades en el pago de viajes, ropa y comida por parte del gobierno municipal de Ibi.

El Grupo Socialista municipal, personado como acusación popular, ha solicitado que se amplíe la imputación a la alcaldesa de Ibi, la popular Mayte Parra, a la vista del testimonio del gerente del polideportivo. El funcionario ratificó ante el juez que la primer edil era conocedora de las posibles irregularidades en el pago de facturas con cargo a la recaudación del polideportivo municipal y que no fueron fiscalizadas.

El interventor del Ayuntamiento de Ibi, Pedro Luis García Vargas, atribuyó en su comparecencia del martes ante el juez instructor a la ex concejal Ana Sarabia el pago de más de 20.000 euros en facturas sin control. García cuestionó la contabilidad del polideportivo de los ejercicios 2005 y 2006, en los que el concejal de Hacienda era Miguel Ángel Agüera, presidente local del PP. Según su testimonio, en esos años la ex concejal de Deportes Ana Sarabia dio conformidad al pago de facturas no intervenidas por importes superiores a 10.000 euros cada año.

El interventor va a elaborar un informe detallado sobre esos años, que deberá presentar al Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi en un plazo de 20 días. Para ello ha requerido a los proveedores que aporten duplicados de todas las facturas para justificar los gastos.

El funcionario explicó al juez que en 2005 y 2006 los gastos e ingresos del polideportivo no se corresponden con los declarados en el Ayuntamiento. El interventor lo ha comprobado tras examinar la contabilidad del polideportivo que le facilitó el gerente.

En su declaración, el interventor señaló que los ingresos y gastos del polideportivo por viajes y actividades no estaban sometidos a ningún control, por lo que nunca fueron comunicados. No obstante, matizó que algunos de esos viajes sí habían sido controlados. Algunas de las facturas del polideportivo son irregulares, según el funcionario, porque no incluyen el IVA.

(www.elpais.com, 11/06/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECONOCE UN AGUJERO EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE 18 MILLONES

Después de varios años hablando de superávit y alegando la existencia de remanentes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón ha desvelado la existencia de un agujero de 18 millones de euros. Pese a que el PP siempre ha insistido en que las cuentas estaban saneadas, su situación económica obligó a la redacción y aprobación de un plan económico financiero que, entre otras cosas, hablaba de la necesidad de subir los impuestos municipales, recomendación que sí llevó a efecto el equipo de gobierno.

A principios de año, ya se firmó una póliza de crédito, para lo que el equipo de gobierno quiso llamar "desajuste transitorio de tesorería", que sirvió para tapar otro agujero, principalmente de facturas no pagadas, por valor de 15 millones de euros.

Ahora, el alcalde, Alberto Fabra, ha presentado una nueva modificación que, en esta ocasión, eleva a 18 millones de euros el montante total de endeudamiento necesario, principalmente, para cubrir "obligaciones vencidas", es decir, más facturas sin pagar.

El "afloramiento" de esta nueva deuda se realiza apenas un mes después de que el Gobierno central publicara el decreto de medidas extraordinarias y urgentes "para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago a empresas y autónomos", tal como recoge el propio alcalde en la memoria justificativa de la necesidad de realizar esta modificación de crédito. De esta manera, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, exigió a los concejales del PP que "tengan la humildad de reconocer que son los peores gestores que han pasado por la institución en 30 años de Ayuntamientos democráticos". Además, les reclamó que "tengan la valentía moral de reconocer que si no fuera por el Gobierno de Zapatero este año el Ayuntamiento de Castellón no invertiría ni un céntimo de euro ni podría pagar lo que debe a centenares de empresas".

A juicio de Juan María Calles, "el caos financiero que impera en el Ayuntamiento de Castellón está a punto de hacer estallar la contabilidad municipal". Además, considera que el reconocimiento de estas necesidades de crédito revela que "el PP ha estado maquillando las cuentas municipales en los últimos años y ocultando a la ciudadanía el verdadero estado de la contabilidad, tan lamentable y tan calamitoso".

(www.elpais.com, 10/06/09)

37. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. ULIBARRI PRETENDE ACHACAR SU DECLIVE A "LA INSOLVENCIA" DE UNO DE SUS BANCOS ACREEDORES

El Diario de León, propiedad de José Luis Ulibarri, se hace eco de la versión que el empresario quiere dar sobre el ERE que planea sobre una de sus empresas, Begar Construcciones y Contratas, perteneciente al Grupo Begar S. A. Según esta explicación, la situación de la compañía es debida a la insolvencia de uno de los bancos que debía refinanciar su deuda.

El periódico reproduce que "fuentes de la empresa han informado que la situación de crisis de Begar Construcciones y Contratas se debe a la posición de alguno de los bancos acreedores, que ha dejado las negociaciones en punto muerto, a causa de su propia insolvencia o incapacidad económica, situación que no permite a estas entidades cubrir la parte correspondiente de la línea de crédito que inicialmente habían otorgado a la empresa constructora".

Lo cierto es que el imperio Ulibarri vió llegar su hora, cuando el empresario fue imputado en el caso de corrupción Gürtel, por presuntas irregularidades en un concurso público de suelo de una compañía suya, UFC S.A., en Boadilla del Monte. Desde su implicación por el juez Baltasar Garzón, el magnate leonés ha dejado de recibir los favores de los políticos que antes le habían mimado. Su imperio está construido sobre una infinidad de concesiones públicas de obras y servicios, que ha obtenido gracias a sus buenas relaciones con las administraciones del PP en Castilla y León y Valencia.

A partir de su implicación en la trama de corrupción Gürtel, los bancos han ido cerrando el grifo a José Luis Ulibarri. El punto de mira ahora se traslada a Caja España, la entidad de Castilla y León, cuyos vínculos con el empresario leonés son más que notables, y que puede sufrir el impago de parte de la gran deuda que tiene Begar. Cabe recordar que Ulibarri aupó a la dirección de la caja a su socio Victorino González Ocho, según reveló Público.

(www.elplural.com, 06/06/09)

38. ISLAS CANARIAS. UN CONCEJAL DEL PP DEL PUERTO DE LA CRUZ DENUNCIADO POR AGREDIR A SU PAREJA

Un concejal del Partido Popular (PP) del municipio tinerfeño de Puerto de La Cruz ha sido denunciado por la Policía Local de esa localidad tras haber agredido supuestamente a su pareja en plena calle. Al parecer, la víctima está tan atemorizada que se ha negado a denunciarle. El edil denunciado es Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, según confirmaron fuentes del PP.

Según informó la Cadena Ser, la agresión se produjo en plena calle y el supuesto agresor huyó cuando vio acercarse a la policía. Según la emisora, la mujer estaba boca abajo tirada en la calle con sus gafas rotas, tras lo cual se la derivó a un centro de salud que confirmó que sufrió un traumatismo en el hombro.

"No lo voy a denunciar porque es amigo de ustedes y si lo hago me va a hundir", es lo que parece que declaró literalmente la víctima, que ha insistido en los últimos días en que no va a denunciar por el temor a que este concejal utilice su poder para hacerle daño.

Según las mismas informaciones, el político se dirigió incluso a la comisaría para saber "cómo se puede arreglar esto" ya que dijo: "esto puede hundir mi carrera". El concejal ha negado los hechos y las fuentes aseguran que pretende querellarse incluso con la propia policía. El presunto agresor mantiene una relación sentimental con la agredida, fruto de la cual tienen un hijo desde hace dos años.

Luis Miguel Rodríguez Rodríguez es un histórico del PP del Puerto de La Cruz y es considerado el número dos de esa organización en el citado municipio. De hecho, ocupó ese puesto en la lista municipal al Consistorio, una candidatura encabezada por Eva Navarro.

(www.canarias7.es, 12/06/09)

39. REGIÓN DE MURCIA. EL PP ESTUDIA LA EXPULSIÓN DE ADOLFO FERNÁNDEZ POR ANUNCIAR SU VOTO EN BLANCO EN LAS ELECCIONES

Las declaraciones del ex senador popular Adolfo Fernández, que anunció su voto en blanco en las pasada elecciones al Parlamento Europeo, le pueden traer consecuencias dentro de su partio, que está estudiando su expulsión. La Junta Directiva Provincial del Partido Popular decidió el pasado miércoles encargar al Comité de Derechos y Garantías que estudie las últimas declaraciones de Adolfo Fernández, según informaron a La Verdad fuentes autorizadas de este partido.

Dicho Comité, que preside María Dolores Alarcón, deberá decidir si las manifestaciones del ex senador motivan la apertura de un expediente disciplinario. Las mismas fuentes no descartan que este expediente, si se abre, pueda acabar con la expulsión del partido del veterano político y periodista.

El PP está analizando varias declaraciones realizadas por Adolfo Fernández, la última de ellas en un artículo publicado en este periódico en el que anunciaba, el pasado 25 de mayo, que iba a votar en blanco en las elecciones europeas. Señaló que, a su juicio, ninguno de los dos grandes partidos, PP y PSOE, "asumen en sus programas el impulso de propuestas de reconsideración de la actual política europea y la defensa de la necesaria interconexión de cuencas, imprescindible para la subsistencia de la Europa sedienta y el necesario desarrollo de una política comunitaria integral del agua", escribió.

En el PP regional sostienen que varias manifestaciones, realizadas antes de los comicios europeos, no encajan con la postura que debe mantener un afiliado de este partido. Añaden que el Partido Popular sí propone la interconexión de cuencas en su programa europeo, y que postula lo mismo en todas las comunidades autónomas.

Otras declaraciones que se van a estudiar aluden a la propuesta de Adolfo Fernández de crear un partido regionalista. Fernández ingresó en el PP procedente del CDS. Fue diputado regional y diputado nacional del PP, así como senador, durante tres legislaturas. Pertenece a la Plataforma que promueve la recogida de firmas a favor del Trasvase del Tajo. Adolfo Fernández indicó anoche a este diario que no pensaba hacer declaraciones al respecto.

(www.laverdad.es, 12/06/09)

40. EXTREMADURA. BADAJOZ LEVANTA UN MURO CONTRA LA MEMORIA

El Ayuntamiento de Badajoz (PP) está levantando un muro que borra uno de los principales iconos de la represión franquista. Las "obras de refuerzo y acondicionamiento del cerramiento perimetral en el cementerio de San Juan", proyecto que comenzó a ejecutarse el 5 de junio con cargo al Plan E del Gobierno, suponen en la práctica la construcción de un muro que oculta las tapias del viejo camposanto, escenario de fusilamientos masivos tras la entrada a sangre y fuego en la ciudad de las tropas del general Juan Yagüe. El Gobierno local argumenta que la debilidad arquitectónica de las tapias obliga a la obra, concebida para integrar el camposanto en la ciudad y quitar de la vista el cementerio, situado en una zona en pleno desarrollo urbanístico.

Los historiadores Francisco Espinosa, Ian Gibson, Julio Aróstegui, Mirta Núñez, Julián Casanova, Josep Fontana, Paul Preston, Hilari Raguer, Alberto Reig Tapia, Ángel Viñas y Helen Graham, entre otros, suscriben el manifiesto No se puede esconder el pasado, que también intentó en vano influir contra el proyecto. El texto recuerda que "es posible que Badajoz sea la ciudad en que en relación con su población un mayor número de personas fueran asesinadas a consecuencia del golpe militar y de la masacre tras su ocupación". Y añade: "Las blanquísimas tapias del cementerio fueron una de las primeras evidencias ante el mundo de la política de exterminio programado". Unas 1.200 personas murieron en los días posteriores a la entrada de Yagüe.

El manifiesto de los historiadores hace hincapié en la potencia evocadora de las tapias del cementerio: "El Tercio, los regulares y los fascistas, al servicio del avance del ejército de África, habrían logrado ahora, más de setenta años después, una nueva victoria si (...) desapareciese la memoria de lo ocurrido y los engarces del recuerdo".

La historiadora Mirta Núñez se muestra "apenada". "Badajoz es emblemático del borrado de huellas de la memoria no sólo de Badajoz, sino de cosas que afectan a toda España", afirma. "No creo que la única opción fuera este muro. Percibo una obsesión por parte de algunos de borrar todo lo relacionado con la República y la represión", añade.El hecho de que haya constancia documental gráfica de los asesinatos en las tapias es un argumento esgrimido por los defensores de que estas sean conservadas, al menos parcialmente, o de que se coloque alguna placa oficial, peticiones que el PP ha desestimado.

El otro argumento es que se borra así el único gran icono de la represión en la ciudad. La plaza de toros, escenario de reclusión y fusilamientos, fue derribada en 2002 para la construcción de un palacio de congresos, promovido por la Junta de Extremadura (PSOE).

Da idea de la relevancia de la plaza el que Francisco Espinosa, autor de La columna de la muerte y uno de los historiadores que más ha aportado al conocimiento de la represión en Extremadura, lo incluya en la terna de "lugares más significativos de la memoria" junto a Gernika (Vizcaya) y el barranco granaíno de Víznar.

El proyecto del muro fue llevado a la comisión de Gobierno local, donde recibió el apoyo del PP, que gobierna con mayoría absoluta, y del PSOE, y el voto en contra del edil de IU, Manuel Sosa. "Nos hemos quedado solos en la defensa del único lugar de memoria que quedaba", afirma Sosa. Celestino Vegas, portavoz del PSOE, puntualiza que la postura socialista fue la de "pedir que se reservara una parte de la tapia o que se incluyera algún reconocimiento, pero el PP no escuchó".

Según José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Extremeña, "el Ayuntamiento nunca ha hecho nada por reconsiderar ni siquiera mínimamente el proyecto, pese a las alterantivas razonables que la asociación ha hecho públicas".

La edil de Cementerios, Dolores Beltrán (PP), afirma que la obra "no tiene nada que ver con la memoria histórica" y sólo pretende "evitar la caída del muro". ¿Hay algún informe que acredite este riesgo? "Hay unos contrafuertes desde hace 20 años. Y yo confío en lo que dicen mis técnicos", responde.

El Gobierno local del PP ha tomado medidas sobre memoria histórica que la oposición ha calificado de "revanchistas". En el pleno de mayo, obligado por la Ley de Memoria Histórica, apoyó cambiar de nombre las calles General Mola y Regulares Marroquíes y quitar una placa a Yagüe. A cambio, empleó su mayoría absoluta para quitar la calle que tenía desde 1985 Margarita Nelken, diputada en la República, feminista e ilustrada. La concejal de Cultura, Consuelo Rodríguez, presentó a Nelken como una mujer violenta, sectaria y contraria al sufragio femenino, desmintiendo la historiografía al respecto.

(www.publico.es, 12/06/09)

41. ISLAS BALEARES. EL INSTITUT GUTTMAN AVISÓ AL PP EN 2006 DE LOS FALLOS DE DISEÑO DEL CENTRO JOAN CRESPÍ

El Institut Guttman, el centro privado de referencia en todo el país para el tratamiento de lesionados medulares, avisó al Partido Popular en 2006 de los fallos de diseño del centro Joan Crespí, un edificio que fue inaugurado en marzo de 2007 por el Govern para el tratamiento de grandes discapacitados y que a día de hoy –dos años más tarde y con un cambio de Ejecutivo por en medio– permanece cerrado y a la espera de que se le adjudique un nuevo uso.

Según ha explicado el director gerente de esta institución, el doctor Ramírez, representantes del Institut se desplazaron hasta Palma para conocer el edificio cuando ya estaba empezado, en 2006, y manifestaron que "tal y como se había diseñado no era el equipamiento más idóneo para albergar una actividad asistencial dirigida a personas con una gran discapacidad física que, como tal, tienen importantes problemas de movilidad". Cabe recordar que el Joan Crespí es un edificio de cinco plantas, con habitaciones muy reducidas y con ausencia de rampas en algunos accesos.

Fue en el segundo semestre de 1998 cuando el Govern popular contactó por primera vez con el Institut Guttman para explorar las posibilidades de construcción de un centro para la rehabilitación especializada de personas con gran discapacidad física, "iniciativa que quedó paralizada por falta de espacio físico donde ubicarla". El Govern recibió un proyecto del Institut sobre cómo crear esa unidad.

A pesar de tener ese documento, el Govern hizo un centro con un equipamiento poco "idóneo". Cuando el PP volvió a llamar al Institut en 2006 el edificio ya estaba encaminado y fue entonces cuando se les avisó lo poco apropiado que era su diseño. A pesar de ello, la entidad catalana siguió haciendo estudios y concluyó que, con el edificio "convenientemente adaptado", se podría desarrollar un programa de neurorehabilitación en una "segunda fase". Recomendaba que la rehabilitación intensiva continuase haciéndose fuera (en el Institut o en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo) ya que, dada la incidencia en Balears de lesiones medulares y daños cerebrales adquiridos, y por razones de "seguridad, calidad y eficiencia", no era buena idea implantar un servicio de estas características en la propia Comunidad. A instancias del anterior Govern, incluyeron un centro de día y una serie de plazas residenciales ´de respiro?

(www.levante-emv.com, 09/06/09)

42. ISLAS BALEARES. DETENIDO EL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA POR MALVERSACIÓN

El agente de seguros Óscar Collado Edo, que fue director gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) con el PP hasta 2007, fue detenido por la policía por supuesta malversación de caudales públicos, relacionados con adjudicaciones de obras y gastos en viajes privados con cargo a esa sociedad. Collado fue arrestado junto al empresario de Llucmajor Juan Perelló. El importe defraudado asciende a unos 60.000 euros, según fuentes de la investigación.

El actual equipo de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, del PSOE, denunció a la fiscalía "indicios de irregularidades en facturas y contratos". En febrero de 2009, el Bloc IU-Verds-PSM presentó una denuncia, tras detectarse pagos de billetes de avión a cargo de las cuentas públicas, por un "ejemplo claro e indiscutible de gestión irresponsable y de falta de rigor".

La ex concejal de Palma Marina Sans, que fue presidenta de la EFM y responsable de la gestión de Collado en la etapa del PP, devolvió más de 6.000 euros al detectarse que se cargaron más de 20 desplazamientos de sus familiares a cuentas de la empresa municipal. Collado, por su parte, abonó el pasaje de su esposa a una feria funeraria en Chicago, por más de 3.000 euros.

Collado es un ejemplo de cargo público acomodado a las sucesivas etapas políticas en Baleares. Se inició en la Transición con el Gobierno preautonómico de UCD, posteriormente se hizo del PSOE y luego pasó al PP cuando este grupo se convirtió en hegemónico en Palma (1991-2007). Su hijo, Pablo Collado, ex alto cargo de Jaume Matas, está imputado en el caso Gürtel que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al figurar como consejero o administrador de las firmas de la trama Good and Better y Easy Concept.

(www.elpais.com, 12/06/09)

43. ISLAS BALEARES. LA POLICÍA DETIENE EN SU TRABAJO AL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detuvo , en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción con la autorización del Juzgado de Instrucción nº 11 de Palma, al ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Oscar Collado, al que imputan la comisión de los supuestos delitos contra la administración pública, malversación de caudales públicos y el empleo de facturas falsas.

Collado fue arrestado en la sede de la empresas en la que trabaja actualmente, y antes de ingresar en los calabozos de la Policía Nacional, acompañó a la comisión judicial en los registros realizados en la empresa y en su domicilio particular.

Según los primeros datos conocidos , la 'operación Funeraria' viene gestándose desde hace varios meses. El Ajuntament de Palma detectó a principios de año facturas manipuladas y probablemente falsas, que corresponderían a gastos y, también, a obras no realizadas y cobradas desde la Funeraria cuando Collado era el gerente de la empresa pública.

El origen de la investigación municipal partió tras encontrar entre siete u ocho facturas de viajes de tipo personal que la regidora popular Marina Sans, por aquel entonces la edil de Salut y presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), había comprado a través de la EFM para ella o algún familiar. Los viajes se habían realizado entre 2003 y 2007 y su importe era de unos 6.700 euros. Tras ese incidente, desde la Regiduría d'Hisenda, que gestiona Andreu Alcover, se decidió "indagar para descubrir si había indicios de irregularidad en otras facturas" de la Funeraria, como explicó Alcover.

Acto seguido, y tras encontrar indicios de irregularidad, se trasladó la información a la Fiscalía. Más adelante, Anticorrupción solicitó a Cort más información. El Bloc, por su parte, interpuso una denuncia el pasado mes de febrero ante la Fiscalía por el tema de los viajes privados que realizaron Oscar Collado y Marina Sans.

Alcover precisó que el equipo de gobierno siempre ha actuado con "discreción" al tratarse de cuestiones que afectan a terceras personas, al tiempo que insistió en que el Consistorio "no sabe por qué han detenido (a Collado) ni qué cargos se les imputan". "Nuestra actuación se limitó a trasladar los documentos a la Fiscalía por si ella consideraba que había que hacer una investigación", agregó. Por todo ello, se mostró "prudente" al tratarse de un asunto que compete al Ministerio Público y sobre el que, según dijo, el Ajuntament no tiene más información al respecto.

Por su parte, el regidor del área de Benestar Social, Participació Ciutadana i Cultura de Cort, Eberhard Grosske, volvió a reclamar responsabilidades políticas por este caso, tras recordar que el Bloc per Palma -formación a la que pertenece- denunció el pasado mes de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción una decena de viajes privados que realizaron el detenido, Oscar Collado y Marina Sans.

(www.ultimahora.es, 12/06/09)

44. EL COLEGIO DE QUÍMICOS REITERA QUE NO AVALA EL INFORME IGLESIAS SOBRE LOS EXPLOSIVOS DEL 11-M

El Colegio Oficial de Químicos de Madrid ha enviado una carta de rectificación a El Mundo, con fecha de cuatro de junio, en la que desmiente que haya avalado el trabajo realizado por el perito Antonio Iglesias sobre los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, como había asegurado ese diario. El Colegio pide expresamente a Pedro J. Ramírez que difunda su carta, sin embargo, a día de hoy, aún no ha sido publicada.

La noticia de El Mundo, del pasado día tres de junio, aseguraba que "el Colegio de Químicos avala el trabajo de casi 500 páginas realizado por Iglesias sobre el tipo de dinamita utilizada en la masacre" del 11 de marzo y que "los resultados refrendados por el Colegio contradicen claramente al Tribunal".

Contrariamente a lo publicado por El Mundo, el Colegio Oficial de Químicos había colgado en su página web un comunicado en el que certificaba que Antonio Iglesias es licenciado y colegiado con una experiencia contrastada de años, pero en ningún caso decía que avalaba su estudio.

En la carta dirigida a El Mundo, en la que solicitan al periódico su rectificación, el Colegio de Químicos advierte que la propiedad intelectual de los trabajos pertenece exclusivamente a sus autores y que el Colegio es completamente ajeno al contenido y al uso que de sus trabajos puedan hacer los autores de los mismos". El Colegio de Químicos reafirma en su misiva que en ningún momento ha realizado una valoración oficial "del contenido del informe" ni de la publicación Titadyn".

El análisis de Antonio Iglesias, uno de los peritos que participó en los estudios que se entregaron en la Audiencia Nacional durante el juicio, contradice la sentencia del Tribunal Supremo y apunta a que el explosivo utilizado no fue la Goma Dos-Eco, sino el Titadyn, el tipo de explosivo que emplea la banda terrorista ETA. Iglesias recogió su estudio en un libro titulado Titadyn, cuya promoción fue apoyada con entusiasmo por el director de El Mundo, quien lleva defendiendo durante años la teoría de la conspiración.

(www.elplural.com, 06/06/09)