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Del 01 al 08 de Mayo 2009
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ÍNDICE
1. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS
2. COSPEDAL: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP "NO ES UN FILESA"
3. COSPEDAL OLVIDÓ DECLARAR 27.000 EUROS, UN TERCIO DE SUS INGRESOS
4. COSPEDAL CRITICA EL "DISPARATE" DEL ESTADO AUTONÓMICO
5. EL PP TIRA LOS TEJOS A CIU, QUE SUPEDITA UN POSIBLE PACTO A LA RETIRADA DEL RECURSO CONTRA EL ESTATUT
6. EL PP SACARÁ A SUS ALCALDES A LA CALLE CONTRA ZAPATERO
7. MAYOR OREJA DIXIT: "LO IMPORTANTE ES SER IMPLACABLE CUANDO SE DETECTA LA CORRUPCIÓN"
8. RAJOY Y SAN GIL, JUNTOS PERO NO REVUELTOS
9. EL BUFETE DE MICHAVILA COBRÓ POR HACER LEYES PARA GOBIERNOS DEL PP
10. EL BUFETE DE MICHAVILA FICHÓ AL ABOGADO JEFE DEL GOBIERNO DE CAMPS
11. AZNAR REIVINDICA QUE MAYOR ABRIÓ EL CAMINO PARA ECHAR AL PNV
12. AZNAR: ´CAMPS NO ESTUVO EN LA MONCLOA´
13. AZNAR, EL NEOLIBERAL, RECETA CONTRA LA CRISIS DESPIDO BARATO Y PRIVATIZACIONES
14. EL EX MINISTRO ÁLVAREZ-CASCOS RETA A VALCÁRCEL A QUE DEMUESTRE QUE NO HIZO LOS DEBERES PARA TRAER EL AVE
15. CATALUÑA. COSPEDAL REPROCHA AL PP CATALÁN QUE NO SEPA "VENDERSE" BIEN
16. GALICIA. HERNÁNDEZ FIRMÓ UNA CERTIFICACIÓN FALSA A FAVOR DE SU ANTIGUA EMPRESA
17. GALICIA. EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE SERÁ INVESTIGADO POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN
18. GALICIA. EL PP RECORTA LA CAPACIDAD DE INICIATIVA DE LA OPOSICIÓN EN LA CÁMARA
19. GALICIA. LOS CONCEJALES DEL PP EN MOS SE DAN DE BAJA EN EL PARTIDO
20. ANDALUCÍA. MÁLAGA ADJUDICÓ A DEDO A LA PIROTECNIA DE JURADO CONTRATOS POR CASI 400.000 EUROS
21. ANDALUCÍA. EL PP PACTA LA ALCALDÍA DE BENALMÁDENA CON INDEPENDIENTES Y TRÁNSFUGAS
22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: LOS DEL 'CASO CORREA' NO SON MÍOS
23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "EL PP SABRÁ ASUMIR RESPONSABILIDADES"
24. COMUNIDAD DE MADRID. EL GARGANTA PROFUNDA DEL CASO GÜRTEL ACUSA: "AGUIRRE NO QUISO ESCUCHARME"
25. COMUNIDAD DE MADRID. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID MANTIENE EN LA CÁRCEL A CORREA
26. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 955.000 EUROS A MARTÍN VASCO POR EL 'CASO GÜRTEL'
27. COMUNIDAD DE MADRID. BOSCH OCULTÓ A LA POLICÍA Y AL JUEZ DOCUMENTOS QUE LE IMPLICABAN EN LA TRAMA CORRUPTA
28. COMUNIDAD DE MADRID. FIANZA DE 750.000 EUROS A LÓPEZ VIEJO, EX CONSEJERO DE DEPORTES DE AGUIRRE, POR EL 'CASO GÜRTEL'
29. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA GÜRTEL VIAJABA GRATIS TOTAL EN YATE DE LUJO A CAMBIO DE CONTRATOS
30. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD SE RETIRA DE UNA CAUSA CONTRA UN HERMANO DE AGUIRRE
31. COMUNIDAD DE MADRID. SUSPENSO EN SANIDAD
32. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REDUCE A LA MITAD EL PODER DE GALLARDÓN EN CAJA MADRID
33. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS: "NADIE ME DEBE NADA Y A NADIE LE DEBO NADA"
34. COMUNIDAD VALENCIANA. VECINOS DE CATARROJA ABUCHEAN Y LLAMAN ´CORRUPTO´ A CAMPS EN UNA INAUGURACIÓN
35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ RECHAZA LA PETICIÓN DE CAMPS DE ANULAR LA INSTRUCCIÓN DE GARZÓN
36. COMUNIDAD VALENCIANA. SIN NOTICIAS DE 'GÜRTEL' EN CANAL 9
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FIRMA DEL NÚMERO DOS DEL PP INGRESÓ 893.692 EUROS Y OBTUVO UNOS BENEFICIOS DE 126.464 EUROS EN 2007
38. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA COMPRÓ UN COCHE DE 80.000 EUROS PESE A DECLARAR QUE TIENE CUENTAS EN NÚMEROS ROJOS
39. COMUNIDAD VALENCIANA. EDUCACIÓN TAMBIÉN DIO A DEDO A ORANGE MARKET CONTRATOS TROCEADOS PARA BURLAR LA LEY
40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SASTRE DE CAMPS, CITADO A DECLARAR SOBRE LOS TRAJES
41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES LOGRÓ CONTRATOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE CAMPS
42. COMUNIDAD VALENCIANA. BRONCA EN LAS CORTS POR LA EXPULSIÓN DE OLTRA AL LUCIR UN ´WANTED´ CAMPS
43. COMUNIDAD VALENCIANA. CORREA FINANCIÓ UN MUSICAL CON DINERO DE 'GÜRTEL'
44. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
45. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ACUSA A LA FISCALÍA DE SELECCIONAR A LAS PERSONAS QUE IMPUTA Y ENJUICIA
46. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VOTA CONTRA LA RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN A FRANCO
47. CASTILLA Y LEÓN. "HEMOS PEDIDO MUCHAS VECES HABLAR CON EL ALCALDE SIN CONSEGUIRLO, ASÍ QUE LO HEMOS DENUNCIADO POR PREVARICACIÓN"
48. ISLAS CANARIAS. EL LÍDER DEL PP CANARIO SE DECLARA VÍCTIMA DE UNA "CACERÍA" POLICIAL
49. REGIÓN DE MURCIA. POLICÍAS ANTICORRUPCIÓN BUSCAN EN DOS CONSEJERÍAS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
50. REGIÓN DE MURCIA. MARQUÉS REGRESA A COMISARÍA CERCADO POR NUEVAS PRUEBAS QUE LO INCRIMINAN
51. REGIÓN DE MURCIA. MORALES DIJO QUE "HABÍA QUE VOTAR A FAVOR" DE LA VENTA DE UNA PARCELA A MARYPER
52. EXTREMADURA. DESMANES URBANÍSTICOS DURANTE EL MANDATO DEL POPULAR PEDRO ACEDO
53. ISLAS BALEARES. EL GRUPO MATUTES DEVUELVE AL GOVERN 3,5 MILLONES QUE COBRÓ ´INDEBIDAMENTE´
54. ISLAS BALEARES. CARA A CARA POR LA PRESIDENCIA DEL PP ´CALVIANER´
1. RAJOY SUSPENDE A TODOS LOS IMPLICADOS EN GÜRTEL MENOS A CAMPS Y BÁRCENAS
Después de varias semanas de dudas, y ante el goteo de noticias complicadas de digerir del caso Gürtel, y ya no provenientes del denostado juez Baltasar Garzón, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el PP decidió cortar por lo sano. Alberto Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres diputados autonómicos madrileños implicados -los dos primeros ya imputados, y el tercero a la espera- dejaron temporalmente de ser miembros del PP por decisi
ón del Comité de Garantías, esto es, por decisión de la dirección comandada por Mariano Rajoy.La suspensión cautelar de militancia es la medida más extrema en un partido, y además estos tres diputados no son dirigentes cualquiera. López Viejo, ex consejero de Deportes de Madrid, ha sido una de las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante muchos años, y Martín Vasco era el número dos del PP en la Asamblea de Madrid.
Rajoy toma así medidas drásticas para evitar que el caso Gürtel le complique la campaña europea. Ya ha dejado fuera de las listas a otro implicado, Gerardo Galeote. Sin embargo, mantiene en su puesto al único implicado que es miembro de su dirección y por tanto que le toca directamente, porque él le nombró: el tesorero, Luis Bárcenas.
Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que fueron imputados dos de ellos no se tomó la decisión. Los tres seguirán como diputados, para no perder el aforamiento, lo que les devolvería a que les investigara Garzón. La suspensión complica aún más la situación interna de Francisco Camps, el único dirigente, con su mano derecha, Ricardo Costa, que pese a estar formalmente implicados a través de un auto judicial no han pedido la suspensión temporal de militancia. Si resulta imputado, será muy difícil de explicar que no sea suspendido cautelarmente.
Unas horas antes de esta decisión drástica, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Martín Vasco se negó a declarar ante el magistrado instructor. Lo mismo hizo la semana pasada Alberto Bosch, otro diputado aguirrista. Ambos se han negado a declarar hasta que se levante el secreto del sumario, según informó el Tribunal Superior de Madrid.
Aún no hay fecha para que preste declaración el tercer aforado madrileño implicado, López Viejo, a quien Garzón atribuye haber cobrado de la trama de Correa, a cambio de lucrativos favores de la Administración, casi 500.000 euros. Todo parece indicar que los tres aforados habrían establecido la estrategia de no declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto sumarial.
El juez impuso la fianza a Martín Vasco, pero no había decretado ninguna medida contra Bosch, pese a que el juez Garzón atribuye a ambos la percepción de dinero de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Bosch habría obtenido 250.000 euros y Martín Vasco, 430.000, según Garzón. En el caso de Martín Vasco ha sido la fiscalía la que ha pedido que se le imponga esa fianza. Si Martín Vasco no abona esa cantidad, el juez podría decretar el embargo de bienes. El diputado regional, que tampoco quiso hablar con los periodistas, dispone de cinco días para recurrir ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior, que puede mantener o reducir la cuantía.
Asimismo, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, mantuvo la situación de prisión provisional del ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, lugarteniente de Correa en sus empresas.
(www.elpais.com, 06/05/09)
2. COSPEDAL: LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP "NO ES UN FILESA"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha manifestado que su partido es el primer interesado en que se sepa la verdad en el denominado 'caso Gürtel', pero ha dejado claro que "aquí no estamos ante un Filesa" ni ante una trama de corrupción generalizada. Cospedal, que ha participado en Toledo en el Foro Cope, se ha pronunciado así al ser preguntada por los asistentes por los casos de presunta corrupción que afectan a tres miembros de su partido, diputados de la Asamblea de Madrid.
La dirigente del PP, que ha recordado el derecho a la presunción de inocencia, ha indicado que si hay personas que han actuado "irregularmente, ilegalmente", su partido es "el primer interesado en que se sepa, en que se asuman responsabilidades y en que la Justicia actúe lo más rápidamente posible".
Sin embargo, aunque ha subrayado su respeto por las actuaciones judiciales que se guíen por el principio, ha manifestado que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inició este caso con "un claro afán e interés de persecución política", pues se planteó como "una especie de trama de corrupción generalizada del PP" y se ha demostrado -ha dicho- que "aquí no estamos ante un Filesa".
(www.publico.es, 06/05/09)
3. COSPEDAL OLVIDÓ DECLARAR 27.000 EUROS, UN TERCIO DE SUS INGRESOS
María Dolores de Cospedal simultanea su labor como secretaria general del PP con su condición de diputada y líder de la oposición en Castilla-La Mancha. En septiembre de 2007 y en la obligada declaración de bienes que tienen que presentar los diputados en las Cortes regionales, Cospedal aseguró que sus ingresos anuales eran de 62.809 euros, pero siete meses después rectificó para elevarlos hasta 89.616, ya que faltaban varios extras procedentes del Senado. Una diferencia de casi 27.000 euros. El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, cree que "es elocuente que Cospedal haya obviado declarar un tercio de su sueldo a las Cortes".
En su declaración de bienes al Parlamento regional presentada en septiembre de 2008 y referente al ejercicio 2007, Cospedal aseguró tener unos ingresos anuales de 62.809 euros. Siete meses y según apareció publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 30 de abril de 2009, la popular había rectificado para elevar los ingresos hasta 89.616, como ha publicado La Tribuna de Ciudad Real. La razón del desfase es que faltaban varios extras procedentes del Senado, en concreto por los el concepto de "indemnización por provincia" (24.650 euros), los gastos en móvil (1.349 euros) y por comunicaciones informáticas (675 euros).
Estos ingresos extras no están sujetos a tributación pero sí deben ser declarados a las Cortes regionales. Cospedal recibiría asimismo del Senado una aportación de 3.500 euros a su plan de pensiones, según el diario ciudarrealeño. Los ingresos de la líder de la oposición manchega procedían en su mayor parte de su condición de senadora, lo que también le reporta un plus procedente de su grupo popular, y también cobra como abogada del Estado en excedencia (casi 3.000 euros anuales) y como diputada regional. Sus ingresos como secretaria general del PP no figuran en esa declaración de 2007, ya que asumió ese cargo en el junio del año siguiente.
El reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha advierte en su artículo 22 de que "la ocultación o falsedad de datos relevantes por su importancia económica o social" en la declaración de bienes puede ser sancionada con la "pérdida de la condición de diputado".
El grupo socialista regional no ha evaluado si presentará una denuncia a la Mesa de las Cortes, el organismo encargado de sancionar las irregularidades en las declaraciones, si bien el secretario de organización del PSOE castellano-manchego, José Manuel Caballero, ha exigido a Cospedal que "explique" la razón de que no incluyera inicialmente todos sus ingresos. "Es elocuente que Cospedal haya obviado declarar un tercio de su sueldo a las Cortes de Castilla-La Mancha", apuntó Caballero.
(www.elplural.com, 07/05/09)
4. COSPEDAL CRITICA EL "DISPARATE" DEL ESTADO AUTONÓMICO
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acudió al Cercle d'Economia y cuestionó la utilidad del Estado autonómico: "No tenemos un país tan rico como para permitirnos 17 comunidades, más de 8.000 ayuntamientos, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el Gobierno central para ejercer competencias que a veces están multiplicadas, porque es un disparate".
Enseguida empezó a matizar, pero su mensaje era diáfano: la convivencia entre la Administración central, la autonómica y la municipal conlleva la duplicación de funciones y un gasto superfluo que no redundan en una mayor atención al ciudadano. "Un disparate" que debe acabar, afirmó. Cospedal precisó que con esta constatación no pretende socavar el poder político que tienen las comunidades autónomas, pero aseguró que, por ejemplo, sería positivo que para preservar la unidad de mercado se pidiera en todas las comunidades lo mismo a las empresas que quieren abrir sus puertas.
Para ello, dijo, es imprescindible un pacto de "los grandes partidos". Como sea que los asistentes pudieran entender que se refería a una gran alianza de socialista y populares para laminar el poder de los partidos nacionalistas, se apresuró a especificar que también estos deberían participar en el acuerdo.
Cospedal también aprovechó para replicar al president, José Montilla, quien calificó al PP de "enemigo de Catalunya". La secretaria general de los populares afirmó que el PPC es un partido tan catalán como el resto, aunque admitió que ante la opinión pública se ha impuesto la imagen que de él tienen los otros partidos. Trató de dejar claro que no es partidaria de disminuir el poder político de Catalunya y defendió, como hace la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que la financiación actual debe ser modificada, aunque, afirmó que eso debe enmarcarse en un debate multilateral que se apruebe de forma conjunta. Sobre el Estatut y el recurso presentado por el PP en su contra, manifestó que su partido no lo retirará, desoyendo así la petición del resto de partidos catalanes. Y subrayó que los populares acatarán "sin discusión" la sentencia del Tribunal Constitucional: "Otros dicen que no".
(www.cadenaser.com, 06/05/09)
5. EL PP TIRA LOS TEJOS A CIU, QUE SUPEDITA UN POSIBLE PACTO A LA RETIRADA DEL RECURSO CONTRA EL ESTATUT
Como en los tiempos de José María Aznar, cuando hablaba catalán en la intimidad, el PP coquetea ahora con CiU con el fin de desalojar al tripartito del Gobierno de la Generalitat. CiU, por el momento, supedita cualquier posible pacto a la retirada del recurso contra el Estatut. Felip Puig, el secretario general adjunto del grupo, ha recordado a los populares que cualquier posibilidad de acercamiento pasa por ahí.
El PP de Mariano Rajoy se considera lo suficientemente maduro para virar en sus relaciones con Cataluña, todo ello después de haber presentado en las dos legislaturas de Zapatero, a los nacionalistas como los enemigos de España. Así lo verbalizó Sánchez Camacho: "Si el tripartito no suma, el PP tiene que ser determinante para un futuro Ejecutivo en Cataluña", aseguró. O lo que es lo mismo, se buscan amigos según la conveniencia de los tiempos.
Su invitación vino acompañada de una condición: que CiU recule en sus "pasos hacia la independencia" y el soberanismo, asegura El Mundo. Al parecer, el PP está desarrollando en Cataluña una estrategia con miras a Madrid y, concretamente, a La Moncloa, a la que Rajoy difícilmente llegará sin apoyos en aquella comunidad. Parte de esta movilización la escenificó el mismo líder el pasado día de Sant Jordi, cuando se dejó ver en las fiestas oficiales y paseando por Barcelona.
Sánchez Camacho, por su parte, insistió en que quiere liderar al "48% de los ciudadanos de Cataluña" que "se sienten tan catalanes como españoles" y continuó perjurando que el PP puede aportar "políticas de moderación, de centralidad, de eficacia" a un Gobierno catalán. En su llamamiento a CiU, la dirigente recordó que en el pasado hubo episodios de entendimiento. Ella misma, destacó, apoyó a Artur Mas, actual cabeza de los nacionalistas, para convertirle en conseller en cap en el último mandato de Pujol.
"El PP dio estabilidad a Cataluña y apoyó a CiU sin pedir nada a cambio" cuando sostuvo el Gobierno nacionalista en la Generalitat, sentenció, tras instar al grupo otrora aliado a abandonar las "proclamas independentistas y de autodeterminación que lo alejan de un mensaje de centralidad". El secretario general adjunto de Convergencia, Felip Puig, ha descartado la invitación de Sánchez Camacho. Cualquier posibilidad de que los suyos hablen con el PP pasa por la retirada de su recurso contra el Estatut.
(www.elplural.com, 04/05/09)
6. EL PP SACARÁ A SUS ALCALDES A LA CALLE CONTRA ZAPATERO
El PP saldrá de nuevo a la calle. Los conservadores quieren convocar "una gran concentración del municipalismo de España" contra José Luis Rodríguez Zapatero y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el socialista Pedro Castro. Según denuncian, las corporaciones locales llevan con los mismos problemas desde hace 30 años y no se está haciendo nada por resolverlos. Así lo anunció Javier Arenas en el marco de la XIV Unión Intermunicipal que su partido celebra en Pamplona.
Durante la legislatura pasada, Mariano Rajoy se manifestó en más de una decena de ocasiones contra la política antiterrorista del Gobierno, contra la política del agua y contra los matrimonios homosexuales.
Parecía que, en esta etapa, el principal partido de la oposición no iba a ponerse al frente de la pancarta. Pero hace unos meses, Arenas decidió hacer un llamamiento para que los andaluces participaran en una serie de marchas por el empleo. Ya van cuatro: Córdoba, Almería, Málaga y Cádiz. Y, por lo visto, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, viendo que en su tierra daba buen resultado, ha pensado en exportar el modelo.
Arenas reconoció que le había cogido "una profunda afición a la calle" y, tal vez animado por ello, se lanzó a hacer públicas las intenciones de su partido sin haberlo llegado a cerrar con Rajoy. Arenas bromeó sobre ello. Reconoció que le faltaba "discutirlo" con su jefe de filas y señaló, en voz alta, que a lo mejor "le recriminaba" por adelantar tanto los acontecimientos. Pero después, en privado, explicó que su partido lo tenía encarrilado.
Lo que comenzó siendo una idea en una reunión de alcaldes en la sede nacional del PP, el pasado mes de noviembre, adquirió forma definitiva en los viajes de Arenas como senador a la Cámara Alta.
Por lo visto, a Rajoy no le disgusta la idea aunque está pendiente de madurarla. Lo importante, según Arenas, es "fijar" una fecha. Lo que no sabe es si convendría hacerlo para antes del verano o para septiembre. Los conservadores tienen la impresión de que ya no basta con lo que se hace en los consistorios, en las comunidades autónomas, ni con el trabajo diario en el Congreso y en el Senado. "Tenemos que salir a la calle", insistió Arenas. El PP desea que sea una manifestación abierta a todos. "Sean de la ideología que sean", dijo Arenas invitando a socialistas, a IU, a nacionalistas y a los independientes. Todo con tal de "defender de una vez por todas una financiación local justa".
El PP presentará dos mociones. Una para pedir que se devuelva a los ayuntamientos el IVA que recupera el Estado del fondo estatal, cifrado en 1.100 millones de euros. Y otra para exigir que la financiación local se afronte de forma paralela a la autonómica. A su juicio, en este punto radica la clave, porque "lo que está en juego de verdad en toda la historia de la financiación autonómica, es el sillón de Zapatero".
Arenas se despachó a gusto con el presidente del Gobierno y mantuvo que si en las generales el Ejecutivo mintió a los españoles negándoles la crisis, ahora lo iba a volver a hacer diciendo que ya estábamos saliendo de ella.
Y ya que estaban en Navarra, tenían que aprovechar la ocasión para darle cierta publicidad a su partido. Los conservadores no despuntan en la Comunidad Foral desde su ruptura con Unión del Pueblo Navarro. Arenas quiso pedir el voto de sus electores: "Tenemos la oportunidad y la legitimidad de pedir a los navarros de centro derecha que confíen en la candidatura del PP a las elecciones europeas".
(www.publico.es, 07/05/09)
7. MAYOR OREJA DIXIT: "LO IMPORTANTE ES SER IMPLACABLE CUANDO SE DETECTA LA CORRUPCIÓN"
El candidato del PP para las elecciones europeas tiene claro que la corrucpión "siempre salpica a todas las instituciones" y considera que "lo importante es ser implacable cuando se detecta". Quien no parece tenerlo tan claro es el presidente de su partido quien, pese a la que está cayendo, sigue apostando por la integridad absoluta de los altos cargos investigados en la trama Gürtel.
Mayor Oreja se ha referido, a la trama de corrupción creada presuntamente por el empresario Francisco Correa en la que han sido imputados tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. En su vertiente valenciana, además, señalaría al presdente de la Genaralita y también del PP en esa comunidad, Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa. En el punto de mira, aunque sin ninguna imputación, de momento, están el propio tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el todavía eurodiputado, Gerardo Galeote.
Según Mayor Oreja, en este asunto, el PP "está dando los pasos que tiene que dar para que las circunstancias no afecten al partido, y seguro que acertará". "Tengo plena confianza -ha añadido- en lo que decida el partido, que es la expresión de cientos de personas decentes". Todo esto lo decía en presencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ofició la presentación del acto.
(www.elplural.com, 08/05/09)
8. RAJOY Y SAN GIL, JUNTOS PERO NO REVUELTOS
Las víctimas del terrorismo han apoyado este miércoles la no negociación con ETA y la derrota de los terroristas en un acto de homenaje en el que han coincidido el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la ex presidenta de este partido en el País Vasco María San Gil, quienes, sin embargo, no se han saludado públicamente. Es el primer encuentro en público de los dos dirigentes políticos desde que San Gil abandonara la Presidencia del PP en el País Vasco, y ha tenido lugar en la Universidad CEU San Pablo durante un acto al que han asistido más de trescientas víctimas del terrorismo procedentes de toda España.
Las víctimas han estado arropadas por el presidente del Senado, Javier Rojo, el del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el director de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, y el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, entre otras autoridades.
Además, representantes de los colectivos de víctimas del terrorismo, y dirigentes políticos, en su mayor parte del PP, como Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Jorge Moragas, Ignacio Astarloa o Ana Botella.
Además, han reclamado la unidad de todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y velar por su dignidad, así como que "se haga justicia" con los terroristas y que sus crímenes sean considerados como "violaciones de los derechos humanos" por la comunidad internacional.
La imagen más perseguida por los fotógrafos en este acto ha sido la del saludo de Rajoy y San Gil, pero el inminente inicio del acto ha impedido que tuviera lugar, según fuentes del PP. La ex presidenta del PP en el País Vasco sí ha saludado al candidato de este partido al Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, así como a Rosa Díez, presidenta de UPyD, quienes han elogiado su trayectoria política.
(www.publico.es, 06/05/09)
9. EL BUFETE DE MICHAVILA COBRÓ POR HACER LEYES PARA GOBIERNOS DEL PP
El bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha sido contratado en numerosas ocasiones por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP para elaborar y aplicar leyes. El bufete incluso compatibilizó sus labores como redactores de una ley de la Generalitat valenciana con el asesoramiento a empresas privadas sobre la misma materia. Así, Eius fue contratado por la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración.
Entre mayo de 2005 y agosto de 2008, el despacho firmó al menos una veintena de contratos con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, éstos últimos en Madrid y todos gobernados por el PP.
Los contratos los firma Alberto Dorrego, administrador único del despacho y letrado de las Cortes. Dorrego y Andrés Jiménez, también letrado del Congreso y socio del bufete, están siendo investigados por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos. El artículo 62 les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas".
Dorrego aseguró a este periódico que no hay incompatibilidad porque el "espíritu de la ley" es que los letrados del Congreso no intervengan en la elaboración de normas que sean competencia de las Cortes. Y Michavila se negó a facilitar a este periódico su versión de los hechos. Su tesis ha sido siempre que Eius no es su bufete, sino sólo el despacho en el que colabora como abogado.
Varios de los contratos con los consistorios se refieren a cómo aplicar la ley 57/03 de medidas para la modernización del gobierno local que, entre otras cosas, permitía acceder a determinados municipios a la condición de grandes ciudades. Dorrego es precisamente letrado en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. Con la Generalitat, Eius firmó al menos tres contratos entre febrero y mayo de 2005. La hermana de Michavila es jefa de gabinete del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y forma parte del despacho el actual portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas, José Marí Olano. Uno de los contratos, de mayo de 2005, tenía por objeto la "asistencia técnica para la elaboración del anteproyecto de ley de ordenación del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana". En diciembre de ese año, sólo siete meses después, el bufete también cobró 150.000 euros por ayudar a la sociedad Mediamed a lograr la adjudicación de 13 licencias de TDT. Es decir, Eius cobró de la Generalitat al mismo tiempo que representaba a una empresa ante esa Administración para lograr contratos.
Dorrego asegura que la norma que elaboró habla de la TDT, pero no de los concursos a los que luego optó la empresa que representa y que, por tanto, no hay, en su opinión, ninguna incompatibilidad ni inconveniente ético. Fuentes del equipo de la Generalitat que otorgó dichas licencias aseguran que no hubo ningún trato de favor, ni irregularidad.
Con el Ayuntamiento de Valencia firmó entre mayo de 2005 y mayo de 2006 al menos cuatro contratos para hacer el reglamento del consistorio y el de participación ciudadana, entre otros.
En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros de contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. Los conceptos de las adjudicaciones son: "Elaboración de un dictamen técnico-jurídico orientado a la progresiva adaptación normativa y organizativa de esta corporación local al régimen de grandes ciudades"; "memoria acreditativa de la corporación de circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales relativas a la consideración del municipio como gran población"; "contrato de consultoría y asistencia jurídica"; "estudio general de recursos humanos y posibilidad de modernización" y "entrega de los borradores de reglamento orgánico de gobierno y administración del pleno del ayuntamiento".
(www.elpais.com, 07/05/09)
10. EL BUFETE DE MICHAVILA FICHÓ AL ABOGADO JEFE DEL GOBIERNO DE CAMPS
El despacho Eius, con el que colabora el diputado del PP José María Michavila, fichó al jefe de la abogacía de la Generalitat valenciana, José Marí Olano, con el que firmó los contratos para redactar proyectos de ley para el Gobierno autónomo. Marí Olano forma parte del círculo de confianza de Francisco Camps, presidente valenciano, y su jefa de gabinete, Ana Michavila. Con Camps estuvo en el Ministerio de Administraciones Públicas cuando éste era secretario de Estado y en la actualidad es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas.
De mayo de 2004 a mayo de 2007 fue director del gabinete jurídico y abogado general de la Generalitat. En mayo de 2005, el bufete Eius fue contratado para redactar varias leyes, entre ellas la del sector audiovisual. Y en enero de 2007 Marí pasó a trabajar directamente para el despacho que había contratado. Marí se negó a hacer declaraciones a este periódico.
(www.elpais.com, 08/05/09)
11. AZNAR REIVINDICA QUE MAYOR ABRIÓ EL CAMINO PARA ECHAR AL PNV
El ex presidente del Gobierno José María Aznar aprovechó el momento -mientras hablaba en Madrid se elegía en Vitoria al primer lehendakari no nacionalista- para reivindicar que todo empezó bajo su mandato. Aznar presentaba a Jaime Mayor en un desayuno del Fórum Europa, y pidió que se le reconociera a su ex ministro que él inició el camino. "Fue Mayor quien prendió la antorcha del constitucionalismo en el País Vasco, en 2001. Si la generosidad no fuera anatema en nuestra clase política, todos se lo habrían agradecido", señaló.
(www.elpais.com, 06/05/09)
12. AZNAR: ´CAMPS NO ESTUVO EN LA MONCLOA´
El ex presidente del Gobierno y del Partido Popular José María Aznar prefiere marcar distancias con el jefe del Consell, Francisco Camps, antes que reivindicar el legado político del implicado en el caso Gürtel. En una entrevista concedida al diario El Mundo, Aznar se muestra parco en palabras al valorar a Camps y simplemente se limita a constatar que el presidente valenciano "fue secretario de Estado en Administraciones Públicas; en Moncloa no estuvo".
El periodista le plantea al entrevistado, presidente de la Fundación FAES, el think tank del PP, que tras la pérdida del poder "no salieron bien ni sus compañeros de pupitre ni aquellos edecanes que tenía usted por Moncloa". Y responde Aznar: "A los jóvenes les ha ido muy bien a todos. Es una generación muy brillante, estoy muy orgulloso. No son perfectos, pero son buenos". "¿Camps estuvo en Moncloa?", repregunta el periodista. "Camps fue el secretario de Estado de Administraciones públicas; en Moncloa no estuvo", replicó Aznar. Y nada más.
Sólo constató un verdad curricular incontestable sobre la persona que lidera el PP en una de las dos comunidades que más votos aportan a la cosecha nacional de apoyos del partido. Efectivamente, en 1999, Camps fue designado secretario de Estado de Administraciones Públicas de Aznar, cargo que ocupó hasta que, tras las elecciones de 2000, fue designado vicepresidente primero del Congreso. Dos años después, en abril, Francisco Camps fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana hasta que, el 9 de julio de ese 2002. Eduardo Zaplana emigró a Madrid para ser ministro y ungió a Camps como candidato a sucederle en el Consell.
(www.levante-emv.com, 05/05/09)
13. AZNAR, EL NEOLIBERAL, RECETA CONTRA LA CRISIS DESPIDO BARATO Y PRIVATIZACIONES
"La economía de libre mercado no necesita ser refundada". Porque lo que ha fallado a escala planetaria y ha dado lugar a la peor crisis económica de los últimos tiempos no es el mercado: "Lo que ha fallado es el Estado". Lo dice José María Aznar, ex presidente del Gobierno, en su libro España puede salir de la crisis, que presenta el lunes en Madrid y que pretende ser un catálogo de recetas para regresar a la bonanza.
También es un ataque frontal en 219 páginas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien -sin citarlo- tacha de "funámbulo político", frívolo, ocultador, desleal, oportunista e irresponsable. "En estos tiempos difíciles no hay espacio para políticos con minúscula", avisa. Frente al intervencionismo y la cultura del "despilfarro", Aznar propone "más mercado": despido barato, sueldos flexibles, privatizaciones de servicios públicos.
- La herencia dilapidada. Aznar afirma que Zapatero ha dilapidado la herencia de prosperidad que él dejó, transformándola en déficit y subida de impuestos. Sugiere que el PSOE prohibió por ley los contratos temporales -no es cierto- y sostiene que redujo del 35% al 1% el impuesto que pagan "los más ricos" en sociedades SICAV -pagan el 1% desde 2003, cuando gobernaba Aznar-. Él, subraya, cambió la ley del suelo para abaratar la vivienda (aunque ocurrió lo contrario).
- Liberalizar servicios públicos. Entre las propuestas del ex presidente están el recorte del gasto público, no crear más puestos de funcionarios, bajar impuestos, una "nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas", participación de privados en servicios públicos, jubilación más flexible, "penalizar la falta de honradez empresarial" y que el salario mínimo no suba por encima del IPC. "No son recetas divertidas, lo sé", remata.
- Reforma laboral. Es prioritario "desterrar el miedo a contratar por parte de los empresarios, es decir, cambiar la legislación laboral para que ningún empresario deje de contratar a causa de la rigidez de la normativa". Es decir, abaratar el despido. También plantea Aznar que se pueda "adaptar" los salarios "a las circunstancias de la empresa". Y rechaza "la espiral de creación de derechos" que puede dar lugar a "privilegios" de ciertos "grupos". "El Estado no puede asumir en exclusiva" tareas que "corresponden a las familias. Si el aumento del gasto público pone en riesgo la prosperidad, perderemos el bienestar".
(www.elpais.com, 07/05/09)
14. EL EX MINISTRO ÁLVAREZ-CASCOS RETA A VALCÁRCEL A QUE DEMUESTRE QUE NO HIZO LOS DEBERES PARA TRAER EL AVE
Francisco Álvarez-Cascos ha solicitado al presidente Ramón Luis Valcárcel que demuestre que no hizo los deberes para la llegada del tren de alta velocidad a Murcia durante su etapa como ministro de Fomento del Gobierno del PP. El ex ministro ha enviado una carta a Valcárcel pidiéndole que aclare esta afirmación o que rectifique. Cascos muestra "su perplejidad" ante las declaraciones que hizo Valcárcel en un programa de televisión, y que fueron reflejadas al día siguiente en un diario. En ellas, el presidente señaló que "no se han hecho los deberes" sobre el AVE. "No los hace el anterior Gobierno del PP y no los hace el gobierno del PSOE. Entre Álvarez ha andado el juego", comentó aludiendo al apellido compartido de ambos ex ministros.
El ex dirigente del PP deja entrever su malestar por el hecho de que Valcárcel haya comparado su gestión con la de la socialista Magdalena Álvarez. Cascos envió una copia de la carta que le ha enviado al presidente Valcárcel, así como una extensa documentación sobre su gestión al frente del Ministerio para la implantación de la red de alta velocidad, y en particular de la línea Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Murcia. Sobre esta base, le invita a que compare lo que cada uno hizo para que el AVE llegara a la Región de Murcia. Cascos supo de las declaraciones del presidente a través de "algunos amigos murcianos" que le han hecho llegar "con perplejidad" tales afirmaciones.
En la carta, el ex ministro le dice a Valcárcel que "eres el primer personaje que nos coloca en el mismo plano a ambos, coincidencias de apellidos aparte. Aseguras que no hemos hecho los deberes, sin hacer ninguna distinción. Como esto es perfectamente comparable, te adjunto toda la información de mi labor impulsando el AVE a Levante y Murcia que, como recordarás, en mayo de 2000 no tenía ni siquiera acuerdo sobre su trazado, acuerdo que alcanzamos precisamente en Murcia, contigo de anfitrión, a comienzos de 2001". Álvarez-Cascos espera que el presidente le informe de qué "importantes decisiones reflejadas en el BOE tomó mi sucesora, para poder hacer comparación rigurosa y así entender tu rotunda acusación de reparto equitativo de culpas". También espera que le indique "qué deberes quedaron sin hacer en mi etapa".
Fuentes del Gobierno regional dijeron que no tenían constancia de que haya llegado la carta. "El presidente no ha declarado nada que no hubiera dicho antes. Con sus palabras demuestra que su único objetivo es defender los intereses de 1,5 millones de murcianos, abandonando cualquier posición partidista o servil, como nos tiene acostumbrados el PSOE en la Región", manifestaron.
(www.laverdad.es, 04/05/09)
15. CATALUÑA. COSPEDAL REPROCHA AL PP CATALÁN QUE NO SEPA "VENDERSE" BIEN
El Partido Popular gobierna o es alternativa en todas las comunidades excepto en Cataluña, ¿por qué? Ante esa pregunta en el foro del Círculo de Economía la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, respondió sin ambages: "Si usted me pregunta por qué los catalanes no votan al PP cómo debieran [...] le tengo que decir, ahora en serio, que quizá en estos años no hemos sabido transmitir nuestro mensaje".
Cospedal culpó al acuerdo del primer tripartito, en el que se proponía no alcanzar pactos con el PP, como freno para su labor en Cataluña. Pero también tuvo mucho interés en canalizar la autocrítica y desplazarla hacia el PP de Cataluña. Cospedal reprochó a sus compañeros catalanes "no saber venderse bien", según reconocieron algunos dirigentes populares.
En el ámbito nacional, la secretaria general de los populares manifestó que debe ser el propio PP el que diga qué piensa y "no que otros digan qué es lo que piensa o lo que quiere hacer el PP en Cataluña". Cospedal apuntó que su formación "ha recurrido algunos artículos del Estatuto y no por eso el PP es un partido menos catalán", respondiendo así a las palabras del presidente de la Generalitat, José Montilla, quien el pasado lunes tildó a los populares de "enemigos de Cataluña".
El diferencial de 17 diputados que sacan los socialistas al PP en Cataluña pesan como una losa en la estrategia popular. Por ello, la presencia de dirigentes populares se multiplicará próximamente. fue el turno de Cospedal y este viernes de la portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría. En la próxima campaña europea la presencia del presidente del partido, Mariano Rajoy, será también habitual.
Cospedal acudió a su cita de con el Círculo de Economía con la idea de transmitir que su partido puede construir la confianza económica necesaria para los empresarios. Es difícil saber si lo consiguió pero sí transmitió que su partido apuesta por una financiación aprobada por unanimidad y que garantice la igualdad de las prestaciones básicas, sin que ello suponga un incremento de los impuestos. La dirigente popular indicó que la financiación actual catalana "hay que modificarla", con carácter multilateral.
(www.elpais.com, 06/05/09)
16. GALICIA. HERNÁNDEZ FIRMÓ UNA CERTIFICACIÓN FALSA A FAVOR DE SU ANTIGUA EMPRESA
Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, certificó como responsable de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra el final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra de Miño, que apenas si ha comenzado a construirse. No obstante, la Diputación de Pontevedra pagó el pasado 17 de marzo 331.629 euros a Sercoysa, adjudicataria de la obra y empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado. El diputado provincial del BNG, Gabriel Martínez, lo presentó como un caso de "grave falsedad" en documento público que implica, además de al conselleiro, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y al alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, como los anteriores, del PP.
La obra, con la denominación oficial E.P. 4102 Variante de acceso a Lira (Salvaterra de Miño), fue solicitada por el Ayuntamiento de Salvaterra e incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2006, con financiación del Estado. Fue licitada por 458.000 euros y adjudicada a Sercoysa por 391.864 euros. El plazo para concluirla acabó en diciembre de 2007, pero la Diputación solicitó una prórroga de un año que le fue concedida.
Un año después, la obra seguía paralizada: tan sólo se han ejecutado unos desmontes y allanamiento de tierras. Pese a ello, desde la Diputación Provincial, con el visto bueno de su presidente, Rafael Louzán; de Agustín Hernández, en tanto que jefe de Infraestructuras del organismo provincial, y de Baltasar Pujales Estévez como director de la obra, el 19 de diciembre de 2008 se certificó el final de la obra "para engañar al Estado y pagar a la empresa Sercoysa", apuntó Gabriel Martínez.
Consecuentemente con esa certificación, la Diputación Provincial pagó el pasado 17 de marzo 331.629,24 euros a Sercoysa. Fuentes próximas al conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras precisaron a este periódico, en relación con el asunto, que a Hernández, en su condición de director de Infraestructuras de la Diputación, no le correspondía "certificar" el final de ninguna obra -competencia del director, Baltasar Pujales-, sino que "meramente daba el conforme como un trámite de control administrativo".
La obra no pudo hacerse antes, desde que fue aprobada en 2006, porque estaba pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Noroeste, según las mismas fuentes, que también señalaron que "hubo que certificar" el final de la obra porque se acababa el plazo y se perdía la financiación del Estado comprometida.
Los diputados Henrique Viéitez, autonómico, y Olaia Fernández Davila, en el Congreso, que acompañaron a Gabriel Martínez, señalaron, sin embargo, que la Diputación Provincial pudo solicitar una segunda prórroga para ejecutar la construcción de la variante, antes que certificar en falso su conclusión.
Este asunto, según Viéitez, refuerza la necesidad de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las actividades del conselleiro Hernández en la Administración y en las empresas que le dieron empleo. Olaia Fernández también interpelará al Gobierno sobre este tema. La posibilidad de llevarlo al juzgado, por los presuntos delitos que implica, será una decisión del BNG como organización, según indicaron.
(www.elpais.com, 01/05/09)
17. GALICIA. EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE SERÁ INVESTIGADO POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN
El superdelegado de la Xunta en la provincia de Ourense, Rogelio Martínez, será investigado por los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La Audiencia Provincial ha reabierto el proceso judicial derivado de una denuncia presentada por el grupo local del BNG de Arnoia contra Martínez por la gestión de fondos comunitarios.
Martínez, alcalde de Arnoia durante los últimos 30 años (hasta este lunes en que tomó posesión como delegado de la Xunta), fue denunciado por haber certificado supuestamente subvenciones, como presidente del grupo de acción local Ceivam, de fondos comunitarios del plan Leader para "la construcción de instalaciones que ya existían". Según la denuncia, el entonces alcalde de Arnoia certificó el final de algunas obras que "no se ejecutaron".
El grupo local del BNG demandó a Martínez en septiembre de 2006 y se inició un proceso, paralizado en 2008 por el juzgado de Ribadavia a petición del abogado del delegado de la Xunta y del fiscal, que esgrimían la prescripción del delito. Alegaban que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, hasta que se registró la denuncia pasaron más de cinco años, plazo que marca la ley.
Los demandantes recurrieron el sobreseimiento del caso y argumentaron que los hechos denunciados no se produjeron al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el final de unas obras "que no se realizaron, pero sí se cobraron".
La Audiencia de Ourense admitió en enero su recurso y ha ordenado al juzgado de Ribadavia que reabra la investigación. Según la documentación aportada por el BNG de Arnoia en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) en la que Rogelio Martínez, en su condición de alcalde, era socio mayoritario, pidió una subvención para construir una planta de biomasa. Dos meses después, Martínez adquirió la "cesión de uso" de unos terrenos municipales propiedad de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo por 1,2 millones de pesetas.
En el documento firmado por las dos partes (ayuntamiento y propietarios) constan como instalaciones existentes en el momento de la compra "un vallado de postes de cemento y alambrada y una edificación".
El proyecto se presentó al programa comunitario antes de que fueran adquiridos los terrenos y quien hizo la solicitud en nombre de Actuar, SL era socio de Martínez y concejal de su gobierno. Según la denuncia, en noviembre de 2001 el actual superdelegado certificó, como presidente de Ceivam, el fin de obra por 13 millones de pesetas. En el documento justificaba la construcción de la nave y del vallado en "que ya existían antes de la compra del uso de los terrenos".
El auto de la Audiencia orensana ordena la reapertura de las diligencias necesarias para "determinar y depurar quiénes participaron en los actos falsarios que se imputan y con qué carácter público o particular medió la necesaria intervención y en especial la que pueda atribuirse a los miembros del grupo de acción local Ceivam" que presidía Martínez.
Junto a la denuncia por la planta de biomasa, el BNG de Arnoia presentó en el juzgado documentación relativa a otros supuestos fraudes del ex regidor en la gestión de fondos comunitarios, entre ellos, el relativo a la creación de cinco talleres artesanales presupuestados en más de 600.000 euros. En la demanda figura la certificación firmada en noviembre de 2001 por Rogelio Martínez como presidente de Ceivam en la que acredita que "tras la comprobación de la ejecución de las obras" el gasto "ha sido efectivamente realizado". Sin embargo, el BNG de Arnoia sostiene que en esa fecha "no se había realizado la urbanización de los talleres, no había sistemas de seguridad y faltaba alguna maquinaria necesaria para que pudieran funcionar".
Rogelio Martínez sostiene que la demanda "es claramente política; de hecho la presentaron en periodo electoral" y advierte que su defensa ha presentado informes periciales que avalan su "buena gestión" con los fondos comunitarios. Reconoce que existía el inmueble y la valla de la planta de biomasa antes de pedir la subvención pero alega que se hicieron "obras dentro". "Aún en el peor de los casos, si se demostrara que hubo alguna certificación incorrecta, quien tendría que devolver el dinero a la Unión Europea sería el grupo de acción local, que era una sociedad mixta, y no yo, que sólo firmé el traspaso de gastos a la vista de los informes favorables del ingeniero y del gerente", sostiene. El grupo del BNG de Arnoia ha incluido también a estos dos en la demanda.
(www.elpais.com, 06/05/09)
18. GALICIA. EL PP RECORTA LA CAPACIDAD DE INICIATIVA DE LA OPOSICIÓN EN LA CÁMARA
Lo que sólo era un globo sonda se convirtió en realidad. El PP transformó sus propuestas electorales de revitalizar el Parlamento en un recorte de la capacidad de los grupos de la oposición de controlar al Ejecutivo. Se abre un período de dos meses para alcanzar un acuerdo entre los portavoces de la Cámara, pero el del PP, Manuel Ruiz Rivas, anunció que se acabó el reparto de proposiciones no de ley e interpelaciones por grupo, para pasar a un sistema de proporcionalidad que perjudicará al BNG y, en menor medida al PSOE. Ambos grupos acusaron a los populares de "desinflar el Parlamento".
La legislatura pasada, socialistas y nacionalistas acordaron un reparto de iniciativas por grupo que obviaba el número de diputados. La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, anunció a la Mesa de la Cámara su intención de revisar el sistema. Según Ruiz Rivas, el hecho de que ahora haya dos grupos en la oposición en vez de uno ya supone un incremento de la capacidad de control al Gobierno.
"El Grupo Popular quiere poner el Parlamento al servicio del Gobierno", acusó el portavoz del PSOE, Xoaquín Fernández de Leiceaga. El del BNG, Carlos Aymerich, mientras, reprochó a los populares que efectúen "una aplicación del reglamento más estricta que en la época de Fraga Iribarne". "Es el cambio del que hablaba Feijóo, un cambio a peor, con menos control de la oposición", acusó.
La menor capacidad de la oposición para presentar iniciativas ya se visualizará en el primer pleno ordinario de la legislatura, la semana próxima. En él, el presidente de la Xunta deberá responder a las presuntas irregularidades cometidas por sus conselleiros Agustín Hernández y Alfonso Rueda. El Bloque preguntará al jefe del Ejecutivo "qué tiene que hacer el conselleiro para ser destituido".
Los socialistas, mientras, pedirán al titular de Presidencia, Alfonso Rueda, que explique qué decisiones ha tomado respecto al expediente abierto por su consellería a Hernández por supuestas incompatibilidades.
(www.elpais.com, 07/05/09)
19. GALICIA. LOS CONCEJALES DEL PP EN MOS SE DAN DE BAJA EN EL PARTIDO
Los concejales del PP de Mos con la alcaldesa Nidia Arévalo a la cabeza han preferido pedir la baja en el partido antes de que los expulsen por violar el pacto antitransfuguismo. Arévalo argumentó que no quiere "generar problemas", después de que el pasado diciembre accediese a la alcaldía con el respaldo del ex edil socialista Gerardo Alonso. Insistió en que su acceso al poder fue "completamente legítimo y legal", y que estuvo motivado por "la situación de desgobierno".
(www.elpais.com, 02/05/09)
20. ANDALUCÍA. MÁLAGA ADJUDICÓ A DEDO A LA PIROTECNIA DE JURADO CONTRATOS POR CASI 400.000 EUROS
El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado desde 2001 diversos contratos a dedo a la pirotecnia de la familia del concejal del PP de Valencia Juan Vicente Jurado. Según denuncia el grupo socialista en el Consistorio malagueño, los encargos por el procedimiento negociado sin publicidad ascienden a 390.500 euros. Además, la empresa Garuda, SA se ha adjudicado en concursos públicos abiertos los espectáculos pirotécnicos de clausura de la feria de agosto en los últimos cinco años, por los que ha cobrado otros 411.000 euros. La pirotecnia de Jurado también se encargó de los fuegos de apertura de la feria en 2008, por 160.000 euros.
El portavoz socialista de Málaga, Rafael Fuentes, ha pedido explicaciones al alcalde, Francisco de la Torre, del PP, por un posible "trato de favor" a Jurado con la contratación "de forma directa" de los fuegos. El equipo de gobierno de Málaga rechaza el trato de favor y defiende que los contratos "son legales".
Los socialistas también han aludido a la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades por la doble condición de concejal y empresario de Jurado. Fuentes del Ayuntamiento de Valencia negaron la incompatibilidad y aseguraron que la empresa Garuda, SA la dirigen las hijas del edil de Alumbrado, que ha declarado sus acciones en el negocio familiar como exige la ley desde que entró en el Consistorio. También destacaron que la pirotecnia trabaja para muchos ayuntamientos del PSOE, y no sólo del PP. Durante años, la empresa de Jurado ha disparado una mascletà del ciclo fallero "por la que no cobraba". EU exigió información al PP sobre la situación de Jurado.
La polémica de Málaga por las contrataciones a dedo ha saltado a otro municipio que ha requerido los servicios de Garuda, SA. El grupo socialista del Ayuntamiento madrileño de Algete, gobernado por el PP y Unión Santo Domingo, denunció la semana pasada la adjudicación provisional a Jurado, por más de 30.000 euros, de los fuegos artificiales de las fiestas patronales.
(www.elpais.com, 01/05/09)
21. ANDALUCÍA. EL PP PACTA LA ALCALDÍA DE BENALMÁDENA CON INDEPENDIENTES Y TRÁNSFUGAS
El PP ha urdido una operación política de funámbulo para hacerse con la alcaldía de Benalmádena mediante una moción de censura en la que participan una amalgama de 13 concejales de seis adscripciones distintas en una mayoría para cuya conformación ha sido determinante el apoyo de la concejal del Movimiento por Benalmádena (MpB) Carmen Romero que hasta mismo formaba parte del equipo de gobierno que preside el socialista Javier Carnero en el que tenía la cartera de Turismo. El acuerdo firmado contempla que el popular Enrique Moya será el nuevo alcalde de Benalmádena y supone un reencuentro del centroderecha local, una vieja ambición del PP que se ha topado siempre con el obstáculo de las ambiciones personales.
Para el PP, el reencuentro es natural, por más que parezca inexplicable en algunos casos, y así lo explicó el presidente del partido en la provincia de Málaga, Elías Bendodo. "Esto no debe sorprender a muchos, y si alguien pensaba que el centro derecha de Benalmádena iba a estar toda la vida dividido, se equivoca", explicó, y enfatizó que el nuevo gobierno municipal representará al 57% de los votos en las últimas elecciones municipales, y aglutina a "la mayoría social" de la ciudad.
En esta nueva mayoría se producen significativos reencuentros. El PP y el Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) que fundó el ex alcalde Enrique Bolín alcanzaron en 2005 un principio de acuerdo de colaboración que incluía el propósito de concurrir en una sola candidatura a los comicios de 2007. Pero al final fue imposible. El PP fichó entonces como cabeza de lista al que fue primer teniente de alcalde de Bolín entre 2003 y 2007, Enrique Moya. Aquella decisión de la dirección provincial de PP irritó a quien fue su candidato en 2003, Jesús Fortes, que en protesta por no repetir fundó su propio partido, Iniciativa Democrática por Benalmádena (IDB), con el que logró dos concejales. Ahora llega al final del trayecto: investir alcalde al candidato que le quitó el puesto y por el que abandonó el partido.
La situación en Benalmádena llega a puntos tan rocambolescos como que los tres concejales del Movimiento por Benalmádena (MpB) que han sido socios del PSOE dejaron teóricamente de pertenecer a este grupo porque la marca le pertenece a Juan Luis Monleón, fundador y cabeza de lista de la organización, que dejó de pertenecer al equipo de gobierno y fue destituido como primer teniente de alcalde cuando anunció su paso al PP en noviembre de 2007.
Al pacto de la moción de censura se han sumado también los cuatro concejales que permanecen del Grupo Independiente de Benalmádena, y un edil más no adscrito que procede de esta formación, José Nieto.
El fraccionamiento del voto permitió que el PSOE ganara las elecciones en Benalmádena con apenas un 25,8% de los votos y siete de los 25 concejales de la corporación. Los socialistas pactaron con los cuatro ediles del MpB y los tres de IU. Javier Carnero lamentó que la moción de censura que supone "la vuelta del bolinismo" se produzca justo cuando su gobierno ha "logrado resolver una serie de graves problemas" que tenía el municpio", y con 33 millones de euros en obras licitadas. "¿Qué va a decir ahora el PP de transfuguismo?", cuestionó.
(www.elpais.com, 06/05/09)
22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: LOS DEL 'CASO CORREA' NO SON MÍOS
Entre pinchos de salmón y cava, entre trajes oscuros y lino, en la sede del Gobierno regional , en Sol, se hablaba sobre todo de la encuesta publicada por EL PAÍS (que revela que el PP ganaría con mayoría absoluta si las elecciones se celebrasen hoy, pese al deterioro de imagen de la presidenta Esperanza Aguirre que refleja la consulta por el caso Correa de corrupción y el escándalo del presunto espionaje a altos cargos).
Los populares sonreían ante sus buenos resultados (y celebraban el malo del socialista Tomás Gómez, el líder peor valorado en la encuesta, con un 4,1) pero, salvo preguntas de los periodistas, evitaban cualquier referencia al caso de corrupción vinculada al empresario Francisco Correa (que ha descabalgado a varios altos cargos populares) o al de los espías.
La presidenta, con la mano entumecida de tanto estrecharla, los ojos cegados por los flashes, justificaba su baja puntuación (4,8): "Yo no soy la de la alta valoración, ese es Gallardón", y disparaba sobre el asunto del espionaje. "Treinta y seis portadas le habéis dedicado", reprochaba la presidenta a los reporteros, "¡no tomó posesión Obama!". Y en eso interrumpe una señora: "Somos de la casa de Madrid en Barcelona". Aguirre, rápida, responde: "Yo estuve allí, tiene una terraza..."
Tras la inevitable foto (y el vídeo) de las admiradoras, la presidenta vuelve a la conversación: ¿Y el deterioro para su imagen que supone el caso Correa? "Bueno, yo he tenido un consejero que porque no me dijo toda la verdad ha salido", dijo en referencia a Alberto López Viejo. "Los tres alcaldes [el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Boadilla, Arturo González Panero, y el de Arganda, Ginés López; todos destituidos] no los puse yo, estaban ya, igual que los diputados".
Pero la red corrupta de Correa organizó todos los actos institucionales de la presidenta de la mano de Alberto López Viejo, que era de su máxima confianza: ella le hizo diputado, viceconsejero y consejero. Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados implicados, era ya parlamentario cuando Alberto Ruiz-Gallardón dirigía la Comunidad, pero Aguirre le convirtió en presidente de la comisión de espías. Por su parte, Alfonso Bosch, ya imputado en el caso, llega a la Asamblea cuando la presidenta se presenta por primera vez, en 2003.Un total de 14 altos cargos del PP regional ha sido implicados por el juez Baltasar Garzón. Entre ellos, los tres alcaldes. El comité electoral que ratifica a los números 1 de las listas municipales (salvo Madrid) lo dirige el vicepresidente Ignacio González. Además, este órgano depende del Comité Ejecutivo Regional, es decir, en última instancia, de Aguirre.
En la recepción también se hacía recuento, con ironía, de los pocos socialistas que habían acudido (por su boicoteo institucional debido al cierre de la comisión de los espías). Al frente, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, -"pero es la única que no es socialista", se susurraba en los corrillos-, además del ex presidente regional Joaquín Leguina. La ausencia del PSM es la "muestra de un enfado. Quizá tengan razón", dijo. Él estuvo por ser ex presidente y "porque le daban un premio a un señor de mi pueblo natal", aseguraba: el ex futbolista Paco Gento, también cántabro y galardonado con la Encomienda de la Orden del Dos de Mayo. También fueron premiadas, entre otros, las hermanas Esther y Alicia Koplowitz, por su labor humanitaria al frente de sus fundaciones.
En el recuento de ausencias, la del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, rival de la presidenta, en Milán para promover la candidatura olímpica, y la de los máximos representantes de CC OO y UGT, que no acudieron por la actitud "insultante" de Aguirre hacia los parados.
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sí acudió, se felicitaba también por los resultados de la encuesta de EL PAÍS: "Es normal este descenso en Madrid, tenemos que subir en Cataluña y Andalucía", decía sonriendo. Pero, más aún, sonreía Inés Sabanés (según la consulta, IU conseguiría dos diputados regionales más, si las elecciones se celebrasen hoy, los que les roba al PP), asediada por micrófonos y las cámaras. "Confío mucho en el trabajo", decía, "aunque los políticos parezca que hablamos un lenguaje distinto al de los ciudadanos".
(www.elpais.com, 03/05/09)
23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "EL PP SABRÁ ASUMIR RESPONSABILIDADES"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se tuvo que enfrentar a la sesión de control de la Asamblea poco después de la comparecencia ante el juez de su antes hombre de confianza y consejero y ahora imputado, Alberto López Viejo. Y lo hizo respondiendo con la misma acusación que le hacen: "Diputados imputados los hay en sus escaños. Y hay dos", espetó a la portavoz socialista, Maru Menéndez.
Aguirre se refería al ex alcalde de Leganés (Madrid) José Luis Pérez Ráez y a la diputada regional Esperanza Rozas. Pero la jefa del Ejecutivo madrileño no consiguió apartar la atención de todos de sus tres imputados: Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, serios, silenciosos y sentados en los bancos del Partido Popular. A los tres se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, dentro del 'caso Gürtel'.
La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, pidió a Aguirre en su intervención que tome medidas o se vaya -"actúe o dimita, señora Aguirre"- porque "se ha hecho explícito y claro que el 'caso Gürtel' ha alcanzado a su círculo de confianza".
Sabanés calificó la situación del Ejecutivo regional y del PP de Madrid de "escándalo" y acusó a Aguirre de ser, "políticamente, la máxima responsable del deterioro del Gobierno y del Parlamento".
La presidenta de la Comunidad de Madrid prefirió no referirse a este caso de corrupción durante el Pleno y se ciñó a las preguntas registradas, pero sí lo hizo antes en los pasillos a requerimiento de los periodistas. Aguirre explicó que el PP de Madrid "sabrá asumir responsabilidades" cuando éstas se concreten con el levantamiento del secreto de sumario.
La también presidenta del partido en Madrid explicó que los tres imputados siguen en el Grupo Popular, aunque hayan sido suspendidos de militancia, porque lo que ha aprobado el PP es "una suspensión temporal y cautelar a la espera de que se sepa de qué se les acusa".
"En este momento, no hay una resolución judicial. Hay una imputación genérica de hechos gravísimos", manifestó, "pero en un proceso garantista, como es el español, es fundamental saber de qué se les acusa".
López Viejo, recién llegado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rehuyó durante toda la tarde a los periodistas, que querían preguntarle por su imputación.
(www.elmundo.es, 08/05/09)
24. COMUNIDAD DE MADRID. EL GARGANTA PROFUNDA DEL CASO GÜRTEL ACUSA: "AGUIRRE NO QUISO ESCUCHARME"
"He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla [Arturo González Panero], Bosch [Alfonso Bosh, diputado madrileño] y otro alto cargo municipal en torno a una mesa de la casa de Correa. Panero está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla". Es ésta una de las revelaciones que hizo en su momento el "garganta profunda" de la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que fue el que denunció la mayor parte de la trama del caso Gürtel.
Según consta en el sumario, Jose Luis Peñas denunció la corrupción en Majadahonda, pero fue expulsado del PP "porque Esperanza Aguirre no quiso escucharle", de acuerdo con su declaración. Por ello, decidió continuar su relación con Francisco Correa [el cerebro de la trama corrupta] para recabar así pruebas para la justicia.
La documentación en poder de la Fiscalía recoge las razones alegadas por el ex concejal para hacer la acusación, quien asegura que estaba desencantado del PP. "Al conocer los hechos irregulares que he conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuve el contacto con Correa y su entorno, pero grabando algunas conversaciones".
Las operaciones económicas de Correa tenían lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta, puerta izquierda, según explicó Jose Luis Peñas en su confesión. "Allí se lleva la contabilidad de la empresa y hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de Inversiones Kintamani, Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan", que era directiva de esta compañía.
"El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC
[promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri, el tercero en la
foto de portada] porque este empresario pagó tres millones de euros de
comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa
pagó, a su vez, en metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer
entregas de dinero en efectivo, que lleva en una caja de zapatos. Ulibarri
pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien
conocía y con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que
tenía relación directa con el alcalde", se recoge literalmente en el
sumario, según publica hoy El País.
"Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, a la que montaba los actos institucionales, para cobrar una deuda de dos millones de euros. Me dijo que amenazara a López Viejo con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar", cuenta Peñas en su declaración.
Peñas consiguió "un contexto de total confianza y cercanía" con Correa, quien le fue relatando detalles de sus negocios. Ambos pasaron una Navidad juntos en la que Correa "le habla de Luis Bárcenas [senador y tesorero del PP], Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Madrid], de Arturo González Panero [ex alcalde de Boadilla del Monte] y de Guillermo Galeote [eurodiputado popular], según consta en los informes
(www.elplural.com, 02/05/09)
25. COMUNIDAD DE MADRID. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID MANTIENE EN LA CÁRCEL A CORREA
El jefe de la trama corrupta vinculada al PP, Francisco Correa, continuará en prisión. Esta fue la decisión que acordó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, tras tomarle declaración durante tres horas y media. El cabecilla de la red pidió al juez su excarcelación para cuidar a un hermano.
La declaración de Correa se inició con más de una hora de retraso, ya que fue trasladado desde la cárcel de Soto del Real en una ambulancia porque padece claustrofobia, que le provoca ataques de ansiedad. El jefe de la trama dio su versión de los hechos al juez tras la corta declaración que prestó ante Baltasar Garzón --el primer instructor del caso Gürtel-- el pasado 12 de febrero. Fuentes judiciales confiaron en que el imputado hubiera aprovechado su comparecencia para exculpar a otros imputados o para aclarar el papel desempeñado por otros en esta trama.
Al término de su declaración, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, reclamó su excarcelación. El letrado alegó que su cliente tiene arraigo familiar, ya que cuidaba de un hermano cuando estaba en libertad. Sin embargo, las fiscalas anticorrupción Concepción Sabadell y Miriam Segura se opusieron a esta pretensión y recordaron que esta operación se precipitó al detectar la policía que Correa tenía intención de fugarse.
El juez le comunicó verbalmente que le mantenía en prisión y también le informó de que le había imputado seis delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tras esta diligencia, Correa esperó tres horas antes de ser trasladado a prisión, a la que regresó también en ambulancia. Durante este tiempo permaneció custodiado por dos agentes de policía y estuvo cabizbajo y abatido.
El jefe de la trama corrupta ha perdido en la cárcel su imagen de triunfador y presenta un aspecto muy desmejorado. La dirección de instituciones penitenciarias le situó, en sus primeras días de reclusión, en el módulo de seguridad por presentar tendencias suicidas.
En la mañana de también declararon los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco. El magistrado les comunicó que habían sido imputados por los mismos delitos que Correa. Sus nombres aparecen en el auto de inhibición dictado por el juez Garzón contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.
El próximo martes continuarán las declaraciones de más imputados. En principio, Pedreira tiene previsto instruir este caso los martes y jueves de cada semana. Garzón imputó, antes de remitirle la causa, a más de 60 personas. La mayoría de ellas se negaron a declarar en la Audiencia Nacional al alegar que el magistrado no era competente para interrogarles.
Ahora, Pedreira deberá escucharles, aunque es posible que sigan el ejemplo del parlamentario de la Comunidad de Madrid Alfonso Bosch, que se negó a contestar a las preguntas del instructor hasta que levante el secreto del sumario.
Además, Pedreira tiene que llamar a declarar a los otros dos presos en este proceso: la mano derecha y el primo de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, respectivamente. Garzón les acusó, en el auto de prisión que dictó el 12 de febrero, de haber sobornado a autoridades para conseguir adjudicaciones, como el presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, el secretario de organización de este partido, Ricardo Costa, y otras dos personas a los que Correa vistió en tiendas de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia les investiga.
(www.elperiodico.com, 02/05/09)
26. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 955.000 EUROS A MARTÍN VASCO POR EL 'CASO GÜRTEL'
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha impuesto al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. El instructor del caso Gürtel imputa al parlamentario autonómico la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Asimismo, le acusa de participar en la trama dirigida por el empresario Correa, de la que habría obtenido 437.000 euros, según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Fuentes jurídicas han indicado que la fianza está encaminada a garantizar la
devolución del dinero que está desaparecido. Si no se deposita esta cuantía,
se embargaría al diputado la cantidad final que se establezca en el recurso
en el supuesto de que impugne esta decisión. En ningún caso, la cantidad se
ha impuesto para que eluda la prisión.
Martín Vasco había acudido esta mañana a la sede del Tribunal de Madrid para comparecer en calidad de imputado, acompañado de su abogado Pedro Colino. Al igual que hizo la pasada semana Alfonso Bosch, el diputado regional se ha negado a prestar declaración ante Pedreira. En su comparecencia, se ha acogido a su derecho a no declarar, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha informado su letrado. Como hizo su compañero del PP de Madrid, Martín Vasco se ha negado a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.
A petición de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, el magistrado ha impuesto al parlamentario una fianza por valor de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, si bien esta decisión judicial es susceptible de recurso.
Martín Vasco es el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante el Tribunal de Madrid. El magistrado acusó la pasada semana a Bosch de participación en la trama encabezada por Correa y de los seis delitos genéricos de la causa; asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Bosch se negó a prestar declaración hasta que no se levanten el secreto de las actuaciones.
El diputado popular abandonó voluntariamente el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la operación Gürtel no perjudicara al grupo parlamentario.
(www.elperiodico.com, 05/05/09)
27. COMUNIDAD DE MADRID. BOSCH OCULTÓ A LA POLICÍA Y AL JUEZ DOCUMENTOS QUE LE IMPLICABAN EN LA TRAMA CORRUPTA
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía. Esos documentos correspondían a concursos públicos y adjudicaciones presuntamente amañadas de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a compañías implicadas en la trama mientras Bosch fue gerente de esa sociedad perteneciente al Ayuntamiento.
Tras los primeros requerimientos de documentación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los agentes constataron que parte de los expedientes que les fueron entregados estaban incompletos. Garzón ordenó entonces a la policía que investigara dónde se encontraban los papeles que faltaban. Varios funcionarios municipales a los que se tomó declaración dijeron que había sido el propio Bosch el que había seleccionado los documentos que finalmente se enviaron al juez, quedándose con el resto.
Entre la documentación que hasta el momento no ha aparecido se encontrarían algunos papeles comprometedores para el diputado autonómico madrileño. Los agentes echaron en falta, por ejemplo, el informe económico y una modificación del contrato por el que se cedieron 32 locales comerciales a la empresa Rústicas MBS a cambio de un canon anual de 320.000 euros que luego fueron rebajados a 81.000. Dos de esos locales fueron alquilados al Ayuntamiento para instalar la comisaría de Policía Local y una oficina de la EMSV. El municipio paga por ello 199.000 euros a Rústicas MBS. El principal accionista y administrador de esta compañía es Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, ex consejero de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa, y también imputado en la investigación judicial.
Las otras dos empresas que se presentaron al concurso de los locales, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga y Eurosanabria, también están relacionadas con Blanco Balín, que es apoderado de la primera. La segunda tiene la misma sede social que otras sociedades gestionadas por él.
En el auto por el que se inhibió a favor del TSJM, Garzón aseguraba que Bosch recibió de Correa 250.562 euros en sobornos por amañar, entre otros, este contrato a favor de quien le indicaba el presunto cerebro de la trama.
(www.elpais.com, 05/05/09)
28. COMUNIDAD DE MADRID. FIANZA DE 750.000 EUROS A LÓPEZ VIEJO, EX CONSEJERO DE DEPORTES DE AGUIRRE, POR EL 'CASO GÜRTEL'
El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira imputó al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".
El ex consejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.
A Martín Vasco el juez le impuso una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.
El PP suspendió de militancia a los tres diputados (Bosch y Martín Vasco y López Viejo), aunque no ha hecho lo mismo Aguirre. La decisión la adoptó el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama corrupta.
(www.publico.es, 07/05/09)
29. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA GÜRTEL VIAJABA GRATIS TOTAL EN YATE DE LUJO A CAMBIO DE CONTRATOS
Varios dirigentes populares de las localidades de Madrid salpicados por la trama de corrupción de la Gürtel –Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón- viajaron en yate de lujo por las Islas Baleares con todos los gastos pagados y una completa gama de atenciones a cambio de contratos municipales. Entre los viajeros se encontraban imputados como Arturo González Panero El Abondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte o Guillermo Ortega, ex regidor de Majadahonda. El encargado de velar por el bienestar de los invitados era el empresario José Vicente Martín Liquiñano, socio del consejero de Caja Madrid Pablo Abejas, hombre clave de Esperanza Aguirre en su intento de toma de control de la entidad. Martín Liquiñano hacía las veces de anfitrión, aunque quien financiaba los viajes era el empresario Gonzalo Raga, imputado por estafa.
Entre los pasajeros que frecuentaban los mini cruceros de lujo regalados por Raga se encuentran imputados por la Gürtel como Arturo González Panero El Abondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega El Rata, ex regidor de Majadahonda; Mario Utrilla, miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid que preside Aguirre y ex teniente alcalde de Pozuelo de Alarcón (en la actualidad es alcalde de Sevilla La Nueva), así como varios concejales de éste último municipio. Así lo asegura El Confidencial, que apunta que la contraprestación a estos regalos era la obtención de contratos de los ayuntamientos de esos municipios para Grupo Raga, una empresa que ofrece varios servicios urbanos como mantenimiento de zonas verdes o pavimentación.
Aunque los viajes los sufragaba Raga quien actuaba de anfitrión para atender a los pasajeros era otro empresario, José Vicente Martín Liquiñano, secretario general del PP en Aldea del Fresno y hombre fuerte de Aguirre en Caja Madrid, entidad de la que es consejero. Hace unos días este digital ya denunció que Abejas había utilizado su influencia en el PP de Madrid para beneficiar a su amigo Martín Liquiñano con contratos del Gobierno regional de Aguirre.
En los viajes en el yate de Raga, que se alquilaba en el puerto de Ibiza, se dispensaban todo tipo de atenciones como suculentas comidas a bordo y en tierra, pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas y entradas a discotecas y salas de fiesta. Muchos de los pasajeros viajaban solos y otros lo hacían acompañados por sus amantes y amigas.
Raga obtuvo decenas de contratos de los citados municipios: Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. En la actualidad, el constructor está imputado junto a Martín Liquiñano por estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes a raíz de la presunta venta fraudulenta de unos terrenos en Aldea del Fresno (Madrid), motivo por el cual ambos empresarios declararon ante el juez el pasado lunes. Irónicamente, un personaje con tantos puntos oscuros es el encargado en la actualidad del Punto Limpio de Boadilla.
(www.elplural.com, 08/05/09)
30. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD SE RETIRA DE UNA CAUSA CONTRA UN HERMANO DE AGUIRRE
El Tribunal Supremo ha archivado una causa contra Santiago Aguirre, hermano de la presidenta regional. La razón es que el Ayuntamiento de El Escorial (PP) y la Comunidad de Madrid han desistido ahora del recurso, que defendía la titularidad pública de un camino que pasa por La Granjilla, una finca del hermano de Aguirre. El anterior gobierno del municipio, una coalición de izquierdas, había presentado un recurso de casación ante este tribunal.
Ecologistas en Acción, Entorno Escorial, Coordinadora Salvemos la Sierra y Grupo Correcaminos denuncian que este este hecho implica "una escandalosa actuación de la Comunidad de Madrid para defender los intereses del hermano de la presidenta".
Una orden autonómica de 2003 había clasificado el camino que pasaba por la finca como vía pecuaria. Los titulares (entonces varios miembros de la familia Aguirre) la recurrieron, y en 2006 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dispuso que dicha vía no transcurría por el terreno. El Ayuntamiento de El Escorial -gobernado por una coalición de izquierdas- y la Comunidad presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ignacio González Velayos, concejal de Urbanismo de El Escorial, justifica el desestimiento municipal del recurso por la sentencia del tribunal madrileño. Este periódico intentó, sin éxito, obtener la versión de Santiago Aguirre.
(www.elpais.com, 01/05/09)
31. COMUNIDAD DE MADRID. SUSPENSO EN SANIDAD
La Comunidad de Madrid no es ajena a la crisis económica en la que está inmerso todo el país. El número de trabajadores desempleados se ha duplicado en un año hasta los 459.000 parados. El paro es el problema más acuciante para los madrileños, según el 55% de los consultados el pasado 29 de abril en una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS. Los tres asuntos que más preocupan a los vecinos de esta comunidad son el empleo, la sanidad (33%) y la inseguridad (20%). Además, el 13% de los consultados hace tres días considera que la crisis económica es el principal problema de la Comunidad de Madrid.
Los principales problemas de la región eran otros en otra encuesta realizada en 2006 para este diario. Entonces el orden de preocupaciones lo encabezaban la delincuencia, el empleo y la vivienda.
Las percepciones varían según el color político de los encuestados. Para los votantes del PP, la delincuencia (31%) es el segundo problema más grave, por encima de la sanidad (22%). Sin embargo, los electores del PSOE muestran una mayor preocupación por la situación de los servicios públicos. Los votantes socialistas consideran que la sanidad (45%) es el segundo mayor problema de la región, seguida de la educación (18%) y de la inseguridad y el transporte (16%). Precisamente, el 38% de los madrileños consultados cree que la sanidad es el servicio público que peor funciona, igual que ocurrió en la encuesta de 2006. Ahora, el dato es peor que el registrado hace tres años (entonces se entrevistó a 1.000 personas, frente a las 400 de esta consulta), cuando un 19,2% de los consultados señalaba la sanidad como el peor servicio.
Los madrileños desaprueban la gestión de la sanidad (53% de los consultados), el funcionamiento de los nuevos hospitales (45%) y la educación no universitaria (47%), servicios que dependen del Gobierno regional. La gestión de la sanidad es la que más críticas recibe entre los votantes del PSOE. Sin embargo, el 62% de los electores populares dan un aprobado a la gestión sanitaria, mientras que un 36% la desaprueban.
Cuatro de cada 100 consultados asegura que el peor servicio es la educación no universitaria, que gestiona la Comunidad de Madrid. Sólo uno de cada 100 considera que es el mejor servicio.
Dos de cada tres madrileños (64%) cree que Telemadrid es una televisión partidista, casi 10 puntos más que hace tres años. "Esta misma opinión es asumida por la inmensa mayoría del electorado socialista (79%)", según las conclusiones de Metroscopia.
Pero también esta percepción cala entre los votantes del PP. La idea de que el canal es partidista es señalada por el 45% de quienes le respaldaron en las elecciones de 2007. Sólo la mitad (49%) cree que no lo es.
(www.elpais.com, 02/05/09)
32. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REDUCE A LA MITAD EL PODER DE GALLARDÓN EN CAJA MADRID
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, realizó una sorprendente jugada que le acerca el control de Caja Madrid y de paso lanza un duro golpe contra su principal rival político, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La presidenta madrileña aprobó un nuevo proyecto de Ley de Cajas de Madrid que reduce a la mitad los representantes del Ayuntamiento de Madrid en la entidad, de 70 a 36, y le permite reanudar el proceso electoral.
Aguirre hace un doble regate: por un lado, deja atrás el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la anterior reforma, que la mantendría suspendida durante cinco meses. Y por otro reserva para la Asamblea de Madrid, que ella controla, el veto para renovar al presidente de Caja Madrid. Eso deja en sus manos el futuro de Miguel Blesa, que fue colocado por Aznar en 1996 y ahora en sintonía con Gallardón.
La jugada demuestra que Aguirre no se resigna a perder la oportunidad de reforzar su poder en Caja Madrid, la cuarta institución financiera del país, que cuenta con más de siete millones de clientes. Además, la estrategia de Aguirre arrincona a Gallardón porque la nueva reforma cuenta con el beneplácito del PSOE y los sindicatos (CC OO y UGT).
El movimiento es fundamental porque se produce a las puertas de las elecciones para renovar buena parte de los miembros de la asamblea general. Las elecciones que se celebrarán este año se regirán con esta nueva norma, según reafirma una nueva disposición transitoria, algo a lo que Caja Madrid siempre se ha opuesto. Además, la Comunidad obliga a la entidad a adaptarse a toda prisa a la nueva ley.
Recurso al Constitucional
El nuevo proyecto de Ley de Cajas, aprobado por el Gobierno de Aguirre, esquiva el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno interpuso, el pasado 30 de marzo, contra dos artículos al considerar que alteraban la proporcionalidad que establece la LORCA (Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros).
El nuevo texto subsana los artículos recurridos. Elimina el límite del 30% para el número de representantes de las corporaciones locales y establece que el número de consejeros generales por los sectores de impositores y ayuntamientos se realizará por criterios de proporcionalidad pura, en función de los depósitos captados en cada comunidad y ayuntamiento, sin ponderación alguna. También se simplifican los requisitos para ser consejero general por el sector de impositores, estableciéndose un saldo medio de 180 euros y 10 movimientos semestrales, frente a los 600 euros y 50 movimientos de la norma original.
La ley suspendida reforzaba el poder de los aguirristas en la entidad, pues Madrid perdía representación en favor de otros consistorios madrileños del PP. El nuevo proyecto, sin embargo, modifica la ley de 2003 en el punto en que permitía primar los municipios del ámbito geográfico de actuación de la caja. Eso, unido al cambio en la composición de los depósitos de la entidad en los últimos años y al hecho de que ahora haya 80 consejeros generales de los ayuntamientos en lugar de 100, tiene como resultado final una menor representación de los municipios de Madrid, especialmente de la capital, en favor de los de otras comunidades, de la propia Asamblea de Madrid y de las entidades representativas.
La lucha por el control de la caja ha llevado al PP a una cruenta batalla interna durante meses. Por un lado, estaban los afines a Aguirre. En el otro, los partidarios de Blesa y Gallardón, que pretendía mantener su hegemonía en la entidad. El vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró que la iniciativa sirve para evitar "conflictos con el Estado y generar un marco legal de normalidad y tranquilidad que permita que el proceso electoral de renovación de cargos en Caja Madrid se pueda llevar a cabo este año, en los plazos que marca la ley". Fuentes municipales celebraron que la nueva ley se acoja al sistema de proporcionalidad como reclamaban los responsables municipales, pero evitaron hacer más comentarios pues desconocen el texto de la norma.
(www.elpais.com, 08/05/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS: "NADIE ME DEBE NADA Y A NADIE LE DEBO NADA"
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se aventuró en el terreno de las frases rimbombantes en la sesión de control a su Gobierno, en las Corts, a cuenta del caso Gürtel. "Nadie me debe nada y a nadie le debo nada, excepto a los valencianos", sentenció Camps en respuesta a las preguntas de la oposición sobre su presunta vinculación con la trama corrupta. El líder valenciano asiste estos días a la publicación de conversaciones telefónicas incluidas en el sumario que evidenciarían su estrecha relación con uno de los implicados, Álvaro Pérez, alias el bigotes, presunto beneficiario de contratos de la Administración autonómica y suministrador de dádivas, como el regalo de trajes.
Camps se escudó en el secreto del sumario y manifestó tener "unas ganas locas" de contar lo que sabe de la trama, investigada por el Tribunal Superior valenciano. A las preguntas de los diputados socialistas Ángel Luna --que le tildó de "políticamente agonizante"-- y Carmen Ninet --"responda a las acusaciones y no siga enfundado en un traje a medida de vergonzante silencio", le espetó-- Camps se limitó a replicar: "No hay nada de nada y no lo hubo nunca porque lo que se sabe solo es la parte subsidiaria de la parte sustancial". Camps, que insiste en que dará explicaciones ante el juez de su relación con el bigotes, fue criticado por la oposición al conocerse que su abogado ha solicitado la nulidad de las actuaciones judiciales.
(www.elperiodico.com, 02/05/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. VECINOS DE CATARROJA ABUCHEAN Y LLAMAN ´CORRUPTO´ A CAMPS EN UNA INAUGURACIÓN
Tenía que hacer una entrada triunfal con ovación incluida para inaugurar la ampliación del Ayuntamiento de Catarroja pero, en lugar de eso, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recorrió la alfombra roja entre silbidos y abucheos de la plataforma contra el proyecto Nou Mil.lenni, que le echaba en cara el caso Gürtel y le llamó "corrupto", y los gritos de otros vecinos que increpaban a los primeros.
"Stop corrupció, Camps: caso Gürtel, Chirivella: Nou Mil.lenni" se leía en el principal cartel que enarbolaba la veintena de manifestantes de Salvem Catarroja. "Fora polítics corruptes", "Camps dimissió", "PP=especulació" y "amiguitos del alma" eran otros de los rótulos. La protesta le acompañó al inicio del acto y en la despedida. El grupo también se dirigió al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, al que coreó "aleshores" y "gairebé" mientras éste discutía con sus representantes, a punto de subir a su coche oficial.
La protesta pilló por sorpresa a la organización y el personal de seguridad ya que los componentes de la plataforma, camuflados entre los invitados, no la escenificaron hasta que el presidente avanzó por el pasillo que flanqueaban altos cargos de la Generalitat y alcaldes de la comarca, así como los invitados del alcalde Francisco Chirivella. Camps saludaba a la comitiva con gesto tenso, acompañado por Chirivella, Rus y Rambla. De fondo, la música del tabal i la dolçaina contratada por el consistorio se mezclaba con el "fora corruptes" y "no a Nou Mil.lenni" de los manifestantes, así como la respuesta airada de vecinos partidarios del presidente que gritaban: "Aneu a treballar" y "a callar y a treballar".
Un cordón policial aisló a los componentes de Salvem
Catarroja y les impidió acceder al recinto. El grupo se quejó de que el
resto de vecinos, incluso los que se habían enzarzado con ellos, pudieron
entrar. Durante los discursos, Chirivella aprovechó para reiterar su apoyo
al presidente -ya fue uno de los primeros en enviar un comunicado con
membrete municipal cuando apareció la primera vinculación con la trama.
"Siempre hemos estado contigo, en los momentos amables y en los difíciles:
Hoy más que nunca te agradecemos que nos visites y que cuentes con
nosotros", dijo. Camps, que se marchó entre abucheos y sin hacer
declaraciones, habló de la "importancia" de construir equipamientos
"educativos y sanitarios".
(www.levante-emv.com, 06/05/09)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ RECHAZA LA PETICIÓN DE CAMPS DE ANULAR LA INSTRUCCIÓN DE GARZÓN
Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.
La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.
La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.
El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.
El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.
(www.elpais.com, 05/05/09)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. SIN NOTICIAS DE 'GÜRTEL' EN CANAL 9
El caso Gürtel, que relaciona al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con una supuesta red corrupta vinculada al PP, prácticamente no existe en la Ràdio Televisió Pública Valenciana (RTVV). Lo denunciaban hace unos días las secciones sindicales de UGT, CC OO y la Intersindical, con representación en el canal autonómico. Entonces lamentaron que se ocultaran a los telespectadores de Canal 9 las conversaciones entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia. "La realidad existe aunque nuestros directivos la censuren en una nueva muestra patética de servilismo", dijeron.
Los responsables de Canal 9 niegan cualquier manipulación, pero los sindicatos consideran que el tratamiento informativo de la radio y televisión públicas han dado a los acontecimientos relacionados con el caso instruido por el juez Baltasar Garzón adquiere tintes surrealistas. Sobran los ejemplos. Cuando se conoció que el Tribunal Superior de Justicia se hacía cargo de la investigación relacionada con Camps y con el secretario general del PP, Ricardo Costa, la noticia se dio como un breve y no se explicó por qué se investigaba a los dos dirigentes.
Frente a este tratamiento, las supuestas irregularidades detectadas a la ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, o la investigación que se sigue contra el regidor de Elche, el también socialista Alejandro Soler, no pasan desapercibidas. "Están destacadas en los arranques de los informativos y casi siempre van acompañadas de declaraciones del secretario regional del PP, Ricardo Costa", describen en la sección sindical de CC OO.
Las informaciones del caso Gürtel, cuando se dan, suelen ir acompañadas de imágenes del juez Baltasar Garzón o de imágenes de las puertas del TSJ. Ni rastro de Camps o de Costa.
En su blog, la sección sindical de la Intersindical va más allá y explica que de las escasas veces que Ràdio 9 ha informado del caso ha sido para asegurar que las conversaciones entre Camps y El Bigotes no son del sumario de Garzón y para dar a entender que el presidente no está siendo investigado. Con esta información dos cortas declaraciones de Juan Cotino y Ricardo Costa hablando del felipismo o del GAL.
Por el contrario, cuando las informaciones se refieren a supuestos casos de corrupción de los socialistas, las noticias en Canal 9 suelen acompañarse del protagonista de turno y, a ser posible, acompañado por algún alto cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o del PSOE, como la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega o José Blanco. "El caso más llamativo", explican en la Intersindical valenciana, es una noticia publicada en la web de Canal 9 sobre un apuñalamiento sucedido en Elche. En ella se cuenta el caso de un hombre que apuñala a su pareja sentimental, y la imagen que ilustraba la noticia era la del alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler. El consistorio ilicitano protestó y se retiró.
(www.elpais.com, 04/05/09)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FIRMA DEL NÚMERO DOS DEL PP INGRESÓ 893.692 EUROS Y OBTUVO UNOS BENEFICIOS DE 126.464 EUROS EN 2007
La pasada semana el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo públicos todos sus bienes. En la lista que colgó en la página web de su partido asegura que es copropietario de la sociedad Cas-legis SL, fundada por su hermano Juan Costa. Esta empresa tiene 15 trabajadores y presta servicios legales de asesoramiento tributario, así como contables y financieros. En las últimas cuentas que hizo públicas, a fecha 31 de diciembre de 2007, la sociedad tuvo unos ingresos de explotación de 893.692 euros y obtuvo unos beneficios de 126.464 euros. Desde que fue creada en 1996, Cas-legis no ha dejado de incrementar sus beneficios ni tampoco sus ingresos de explotación.
Así, en el año 2003 tan sólo disponía de siete trabajadores y facturaba 553.170 euros, mientras que cuatro años después incrementó su plantilla en 8 personas y aumentó sus ingresos de explotación en más de 300.000 euros. Una sociedad que navega viento en popa.
Pero no todo han sido días de vino y rosas para esta empresa creada a la sombra de la familia Costa. El empresario que denunció a Carlos Fabra por tráfico de influencias, Vicente Vilar, implicó a Cas-legis en el conocido caso Fabra. En su declaración ante el juez como imputado, Vilar aseguró que la sociedad de la que es copropietario Ricardo Costa asesoró en la venta de un paquete de acciones de Naranjax, principal empresa de la trama, a una firma portuguesa. José Gas, asesor fiscal de Naranjax, corroboró esta afirmación, lo que llevó al juez a llamar a declarar al pequeño de los Costa.
Vilar también aseguró que la consultora de Ricardo Costa le cobró 12.000 euros por un informe para ceder un registro y le tramitó la creación de Artemis 2000, la sociedad que une a las familias Vilar y Fabra en el negocio de los fitosanitarios. Cas-legis fue creada por Juan Costa y Emilio Álvarez Arjona en 1996. Tres años antes, el mayor de los Costa había sido elegido diputado a las Cortes Generales. Tras conocerse que compatibilizaba su cargo de diputado con un empleo tuvo que dejarla. Las acciones las heredó su hermano Ricardo, a quien en la actualidad las Corts Valencianes le pagan un seguro de autónomo de 940 euros mensuales.
(www.levante.emv.com, 04/05/09)
38. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA COMPRÓ UN COCHE DE 80.000 EUROS PESE A DECLARAR QUE TIENE CUENTAS EN NÚMEROS ROJOS
El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha adquirido un gran turismo, un híbrido entre un todoterreno y un turismo de alta gama, que cuesta cerca de 80.000 euros, lo que contrasta con la débil economía que dice tener. Cabe recordar, que el también diputado autonómico declaró la semana pasada que a fecha del pasado 28 de abril, el saldo de sus cuentas bancarias era de menos 1.435, 26 euros.
Por tanto, el parlamentario en las Corts Valencianes ha adquirido este todo camino de lujo con números rojos, según hizo constar en su declaración de bienes registrada en la cámara autonómica. Precisamente, las altas prestaciones en materia de seguridad del Infiniti FX50S permitieron al dirigente popular salir ileso. De hecho, fuentes conocedoras del caso explicaron a Levante-EMV que el accidentado salió por la puerta del copiloto, debido al terrible impacto sufrido.
La economía de Ricardo Costa le permite comprarse un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros pese a que presenta un saldo negativo de cerca de 1.500 euros en sus cuentas, según reza en la declaración personal de bienes que presentó en las Corts Valencianes esta semana. Los recursos económicos con que cuenta el diputado valenciano, según su propia declaración son las cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, y también en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural.
Además paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso de Castelló, otra de 25.000 euros por otro de Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la Conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo en enero.
Además, Costa se ha beneficiado de un privilegio que conceden las Corts a aquellos diputados que ejercen una actividad privada, al margen de la propia del cargo del parlamentario. El parlamento autonómico costea el seguro de autónomo del número dos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pero para ello tuvo que renunciar a la exclusividad en el ejercicio del cargo y, por tanto, a cobrar 365,60 euros mensuales.
A cambio, la Cámara le reintegra los más de 920 euros al mes del máximo de cotización como autónomo, y paralelamente, Costa puede seguir trabajando como asesor fiscal y económico en virtud de una reforma del reglamento auspiciada por su partido a finales del mandato pasado.
Por otro lado, el también portavoz del grupo popular en les Corts, dimitió recientemente como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia "dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere". Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria —de donde se percibe el sueldo— mientras no se renuncia a la actividad privada y se solicita a les Corts que te costeen un seguro que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que pagar de su bolsillo con gran sacrificio.
El turismo que conducía Costa el pasado sábado cuando sufrió el accidente se conoce en el mercado norteamericano por las siglas S.U.V, un turismo grande capaz de adaptarse a la carretera o la montaña con las máximas prestaciones de velocidad, potencia y comodidad. En 2008, se vendieron un centenar de unidades y en España solamente hay cuatro concesionarios, dos en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia. El de la capital del Turia se inauguró hace un año y las ventas que realiza son muy contadas debido a los elevados precios de los distintos modelos.
(www.levante.emv.com, 04/05/09)
39. COMUNIDAD VALENCIANA. EDUCACIÓN TAMBIÉN DIO A DEDO A ORANGE MARKET CONTRATOS TROCEADOS PARA BURLAR LA LEY
La Conselleria de Educación también está entre los clientes que han hinchado las cuentas de Orange Market con dinero público. El departamento dirigido por Alejandro Font de Mora y la empresa Proyecto Cultural de Castellón S. A., 100% de la Generalitat, pagaron 112.483 euros a la franquicia valenciana de la trama Gürtel por servicios prestados en el montaje de la infraestructura de un congreso informático que se celebró en Castelló en mayo de 2005. Documentos que obran en poder de Levante-EMV revelan que la empresa de Álvaro Pérez recibió hasta cuatro encargos a dedo de la conselleria ya dirigida entonces por Font de Mora por un importe total de 48.080 euros, y un quinto de la entidad pública nacida para impulsar la vida cultural de Castelló.
La sociedad Proyecto Cultural de Castellón asumió 64.403 euros de los costes del II congreso sobre software libre, que se celebró en la capital de la Plana, y en el que Educación aprovechó para presentar y distribuir copias de su programa Lliurex, la aplicación que opera en los ordenadores de los centros de enseñanza públicos y concertados. Igual que ocurrió con el acto inaugural de la Volvo Ocean Race, el Consell optó aquí por utilizar una empresa pública para centrifugar costes y así repartir la carga, pero, sobre todo, para esquivar los controles de la contratación con Orange Market. Cuando no era una firma de la Generalitat, se recurría a una fundación pública, caso de La luz de las Imágenes en el Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, como contó este diario en exclusiva.
La Conselleria de Educación fraccionó en cuatro contratos de importes calcados (12.020 euros) la factura para evitar la publicidad y concurrencia a las que obliga la Ley de Contratos. La actualmente vigente (la Ley 30/2007 de 30 de octubre) y la entonces aplicable, la 2/2000 de 16 de junio. Los cuatro pagos a la firma creada por Pablo Crespo, el número dos y brazo ejecutor de Francisco Correa -según el juez Garzón-, se fijaron en 12.020 euros, la cifra exacta, al céntimo de euro, que marcaba entonces el tope a partir del cual un contrato ya no pude considerarse menor y, en consecuencia, no cabe la adjudicación directa sin fiscalización previa. De esta forma, se evitó el concurso de empresas pretendientes a quedarse con los servicios y hasta se pudo prescindir de la preceptiva consulta a tres firmas invitadas a presentar presupuestos fijada en el llamado procedimiento negociado sin publicidad.
Con el abono de 64.403 euros son ya dos los encargos que han aflorado de Proyecto Cultural a la empresa de Álvaro Pérez, después de que trascendiera, al estallar el escándalo político y judicial el pasado 6 de febrero, que Orange Market resultó adjudicataria de una campaña conmemorativa del décimo aniversario de Castellón Cultural. La nómina de clientes de Álvaro Pérez alcanza ya a la práctica totalidad de consellerias, empezando por la propia Presidencia, y a un buen puñado de empresas públicas, según se desprende de las últimas revelaciones, que destapó la existencia de contratos de Territorio e Infraestructuras con la empresa de Álvaro Pérez para asumir parte de los costes de montaje de la edición de Fitur de 2005. Este diario también reveló, el pasado domingo, la adjudicación de contratos de servicios directamente desde el Palau de la Generalitat.
Para montar, entre otras cosas, el decorado de algunos de los actos protagonizados por Francisco Camps en un viaje oficial a Estados Unidos. Una expedición que se celebró, curiosamente, en las mismas fechas en las que Orange Market se hizo cargo de los preparativos del congreso informático, presentado, por cierto, por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, junto a Font de Mora.
Sólo a través de las subcontratas podía hacer frente Orange Market, con sus cuatro empleados en plantilla, a tal volumen de encargos públicos, que le hacían ingresar, en determinadas fechas, dinero de la misma procedencia (la Generalitat) pero por distintos canales. Cuando el dinero no llegaba de la Administración autonómica, procedía del PP. De hecho, también a primeros de mayo la empresa de Álvaro Pérez estaba montando para el PP valenciano actos de celebración del segundo aniversario de su amigo Francisco Camps como presidente autonómico.
(www.levante-emv.com, 06/05/09)
40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SASTRE DE CAMPS, CITADO A DECLARAR SOBRE LOS TRAJES
El sastre José Tomás, director de las tiendas de Milano y Forever Young de Madrid en las que se vistió el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presuntamente por cuenta de la trama corrupta del empresario Francisco Correa, ha sido citado a declarar en calidad de testigo el próximo 21 de mayo por el instructor del Tribunal Superior de Valencia, José Flors.
Tomás, que tomó medidas al presidente Camps para los trajes y demás vestuario a medida, declaró ante la policía y el juez Baltasar Garzón que ni Camps ni los demás políticos valencianos "pagaron jamás ni un solo euro, ni en Milano ni en Forever Young". Tomás aseguró que los trajes los pagaba Pablo Crespo [directivo de la trama corrupta] con billetes de 500 euros, y agregó que Camps le estuvo llamando por teléfono ocho o diez veces el día de su declaración.
Por otra parte, agentes de la Policía Judicial registraron la celda que comparten en la prisión de Soto del Real (Madrid) el presunto cabecilla de la trama corrupta ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo. Durante el registro de la celda, de unos diez metros cuadrados, estuvieron presentes los dos presos, sus abogados y el secretario judicial.
(www.elpais.com, 07/05/09)
41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES LOGRÓ CONTRATOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE CAMPS
Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, y uno de los cabecillas de la presunta trama corrupta vinculada al PP, logró contratos del Gobierno valenciano ligados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo autónomo. Aunque el volumen principal de la facturación de Pérez con la Administración valenciana tenía que ver con la Consejería de Turismo -que le adjudicó los últimos cinco contratos de montaje de su pabellón en el certamen Fitur por más de cinco millones de euros-, el amigo de Camps hacía negocios también en la órbita más próxima al presidente.
El grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià remitió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una relación de contratos menores que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, y otras de la trama, lograron de la Comunidad Valenciana. La información ha sido obtenida y recopilada por Compromís a pesar del oscurantismo del Gobierno de Camps, que ha rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información de la oposición. Sólo Compromís ha presentado más de 1.500 preguntas, que no han obtenido respuesta. El Grupo Socialista, cerca de 500, de las que se han rechazado 440 y no se ha dado información adecuada a las restantes.
Según la información suministrada por Compromís al juzgado, las empresas de la trama -Orange Market, Easy Concept, etcétera- recibieron, entre 2005 y 2007, contratos de Presidencia y de otros departamentos de la Generalitat por más de 500.000 euros. Entre ellos, por ejemplo, cita el montaje del decorado para actos institucionales de Camps en Estados Unidos.
Orange Market cobró 36.000 euros por el panel con el escudo valenciano que se colocó como escenario para un acto en Miami. La adjudicación no se hizo a través de un solo contrato, sino que se partió en varios para eludir el proceso de publicidad.
Otros servicios prestados a Presidencia y sufragados por este departamento y por el de Justicia fueron los relacionados con el montaje del acto Elecciones 2007 en el centro de datos del recuento electoral de aquellos comicios autonómicos. La factura ascendió a 34.500 euros. En 2005, Presidencia volvió a otorgar a la trama, por otros 12.020 euros, la coordinación y tratamiento de datos de la guía de la comunicación y un cuarto contrato, éste por 7.447 euros, se dio a dedo desde Presidencia para organizar la presentación en Madrid del Congreso Internacional de Nuevo Periodismo.
La estrecha relación entre la Generalitat y la red de empresas de Correa se extiende más allá de la Consejería de Presidencia. También en 2005, la sociedad promovida por el Consell Proyecto Cultural de Castellón asumió una factura de 64.403 euros de un congreso informático para la que, de nuevo, se fraccionó el importe total en cuatro contratos por valor de 12.020 euros, con objeto de evitar la publicidad a la que obliga la ley cuando las adjudicaciones superan ese importe.
Hasta la fecha está acreditado que Orange Market facturó a la Generalitat unos seis millones de euros en contratos adjudicados mediante concurso público o procedimiento negociado como los pabellones de la Feria de Turismo antes mencionados o los actos previos a la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Special Events también obtuvo contratos por 42.000 euros del Consorcio de la Copa del América para distintos actos de regatas a los que acudió Camps.
Es imposible, por el momento, conocer el dinero pagado a las empresas de la red a través de adjudicaciones menores o contratos de prestación de servicios por importe inferior a los 12.020 euros, que se otorgan directamente. La opacidad de la Generalitat en esta materia ha sido absoluta.
(www.elpais.com, 08/05/09)
42. COMUNIDAD VALENCIANA. BRONCA EN LAS CORTS POR LA EXPULSIÓN DE OLTRA AL LUCIR UN ´WANTED´ CAMPS
Escándalo mayúsculo en las Corts. La presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, expulsó del pleno a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, por lucir una camiseta en la que se mostraba una foto del presidente Francisco Camps con el cartel de "Wanted (se busca), only alive (solo vivo)", para protestar por su ausencia en la sesión de control de en la que debía responder a las preguntas sobre su implicación en el caso Gürtel. El incidente acarreará gravísimas consecuencias ya que el PP pidió a la Mesa que analice si sanciona a Oltra, un castigo que podría llegar a la suspensión de un mes como diputada (con pérdida de sueldo y parte de la subvención al grupo), ampliable por el pleno.
Nada más comenzar la sesión y con el socialista Adolf Sanmartín en la tribuna, Oltra entró al hemiciclo con la camiseta, lo que provocó la indignación del PP, que pidió la palabra a la presidenta. Martínez, tras indicarle a la síndica que ya había "conseguido el impacto mediático" que buscaba, le pidió que fuera "respetuosa con la Generalitat" y se quitara la prenda. "¿Pretende que me quede en ropa interior?", le soltó desde el escaño. Ante la negativa de Oltra a salir de la sala para cambiarse la camiseta, Martínez suspendió el pleno y allí mismo reunió a los portavoces. Se vio al síndic popular, Ricardo Costa, furioso, mantener una fuerte discusión con Oltra. Según afirmó ésta después, el portavoz del PP le dijo que iba "ridícula" y le pidió "por favor" que se quitara la camiseta.
Ella le respondió solicitándole "por favor" que el Consell entregue los contratos con la trama. En un momento dado, Costa la dejó con la palabra en la boca y se fue a su escaño. Pero finalmente dio la impresión de que había acuerdo y la presidenta reanudó la sesión. Sin embargo, cuando Oltra se dirigía a su escaño, Martínez optó por llamarla al orden por primera vez. La diputada, que explicó después que habían quedado en que se iría para cambiarse la camiseta, decidió entonces quedarse. Martínez consumó la expulsión. Tras Oltra, el resto del grupo abandonó el hemiciclo. Los populares aplaudieron la tarjeta roja a Oltra.
Durante el incidente, populares insultaron a la síndica de Compromís. La portavoz adjunta Marisol Linares la llamó "mona", a lo que Oltra le contestó: "Tú sí que estás mona con el vestido que llevas".
En pasillos, la diputada de Compromís anunció que recurrirá la expulsión al entender que no está fundamentada jurídicamente y sostuvo que la camiseta "no ofende a nadie" sino que significa que "se busca a Camps, que está prófugo de la política", ya que, 48 horas antes del pleno excusó su asistencia por un viaje a Boston (a propósito de la Volvo) y no habló del caso Gürtel. Por contra, el PP considera que la actitud de Oltra provocó un "desorden parlamentario" y se "atacó a instituciones sagradas. No estamos hablando de Francesc Camps, sino del presidente de la Generalitat", explicó el popular Rafael Maluenda. "Se ha atentado contra la figura de Camps", sostuvo el propio Costa, quien consideró que Oltra, cuyo comportamiento tachó de "bochornoso", causó un "altercado".
La sanción no será fácil justificarla porque el reglamento habla de los diputados que "promuevan desorden grave con su conducta de obra o de palabra", pero el desorden se originó ante la respuesta del PP a la camiseta.
(www.levante-emv.com, 08/05/09)
43. COMUNIDAD VALENCIANA. CORREA FINANCIÓ UN MUSICAL CON DINERO DE 'GÜRTEL'
Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls. Tres mujeres del espectáculo y tres amigas de Francisco Correa. El cabecilla de la trama Gürtel, que según el magistrado Garzón compró durante varios años las voluntades de algunos dirigentes del PP de Valencia y Madrid con regalos, prebendas y otros detalles más personales, invirtió unos 80 millones de pesetas (481.000 euros) en un espectáculo musical que llevaba por título Las corsarias y que se estrenó en Barcelona en diciembre de 2005.
Ninguna de ellas, Malena, Marlene y Rosanna, está imputada en la operación Gürtel, pero las tres trabajaron para Correa durante un tiempo en una sociedad llamada Apasionadda, cuyo objeto social era "espectáculos, cine y deportes". Esa empresa, que fue constituida en junio de 2005 en Madrid, tenía como administrador único a un ejecutivo de Special Events, la sociedad matriz del grupo de Correa, y fue la que financió a las tres vedettes.
Y como socio capitalista de la misma sociedad también aparecía Alvaro Pérez, El Bigotes. Pérez está imputado por el juez Baltasar Garzón por haber pagado una serie de trajes al actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El Bigotes tenía relación con el mundo del espectáculo a través de su tío, el actor Andrés Pajares.
Las corsarias fue estrenada en el teatro Apolo de Barcelona el 15 de diciembre de 2005 y tenía previsto estar en cartel durante un mes. La baja calidad del espectáculo obligó a echar el telón tres días después de su estreno. Ricard Reguant, director del musical, calificó la obra como una "zarzuela tipo revista [ ] donde la belleza femenina se muestra tal como es".
Junto a las tres vedettes actuaban 14 bailarinas y seis de ellas tenían como mérito artístico haber participado en el concurso de Miss Interviú.
En el auto de prisión que el pasado 6 de febrero dictó el magistrado Baltasar Garzón contra Francisco Correa se indicaba que "dirigía un grupo organizado de personas y empresas que llevaba 10 años repartiendo dádivas y sobornos a funcionarios y personas de las actividades públicas para captar negocios". Garzón también recordaba en su escrito judicial que la organización de Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional [...] que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
Francisco Correa, que entre otras imputaciones tiene la de blanqueo de capitales, siempre ha utilizado para sus intereses personales a amigas de su entorno. El pasado 6 de abril, EL MUNDO reveló que "una amiga de Correa le ayudó a sacar de España dinero de la trama" y que "el jefe de la red Gürtel abrió cuentas en Londres a nombre de Cristina Colman".
Esa amiga de Correa, que en la actualidad se encuentra en Londres estudiando inglés, también está imputada en el caso Gürtel por blanqueo de dinero y defraudación fiscal. Colman no trabajaba en ninguna de las empresas de Francisco Correa, pero era una persona de la total confianza del jefe de la trama.
Francisco Correa, ex legionario, ex bancario, ex agente de viajes y ex organizador de eventos políticos, se ha caracterizado en los últimos años por llevar un alto ritmo de vida -tenía tres barcos y residencias veraniegas en Marbella, Sotogrande e Ibiza- y presumir de amistades femeninas de alto standing.
44. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
El fiscal pide siete años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público al número dos de Carlos Fabra en la Diputación, Vicent Aparici, por permitir, cuando fue alcalde de Vall d'Uixó, el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en un basurero ilegal de la localidad.
En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Radio Castellón, el Ministerio Público pide a la Audiencia Provincial de Castellón la apertura de juicio oral y acusa al vicepresidente segundo de la Diputación, Vicent Aparici, de los supuestos delitos de establecimiento de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, contra los recursos naturales, el medio ambiente, y prevaricación medioambiental.
Según el fiscal, cuando Vicent Aparici era alcalde de Vall d'Uixó, autorizó, "al menos desde 1998 hasta 2002", el "vertido de residuos tóxicos y peligrosos", en el basurero de Garrut de este municipio, "pese a no tener ningún tipo de autorización municipal ni licencia ni estudio de impacto" para ello.
Entre los residuos se encontraron metales pesados como el Boro o el Cromo, cuya concentración "excedía con mucho los parámetros permitidos" por la ley.
Estos residuos, según el fiscal, se han "filtrado en el subsuelo" y "han llegado hasta el mar", "afectando de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas". Los efectos del vertedero, dice el fiscal "siguen produciéndose" hoy.
El fiscal dice que Vicent Aparici "no sólo autorizó el vertedero y los depósitos" tóxicos, "sino que, conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora". El fiscal añade que sólo realizó una operación de "adecentamiento exterior" del vertedero en 1999, "sin solucionar los problemas de impermeabilización" de los residuos.
Además de la pena de cárcel e inhabilitación, el fiscal pide para Aparici una multa de 45.000 euros. También pide que sea condenado "a la adopción de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico". Por estos hechos también pide una condena al ayuntamiento de Vall d'Uixó como responsable civil subsidiario. El fiscal acusa también por un supuesto delito de prevaricación ambiental a los dos concejales de urbanismo de la Vall en la época de alcalde de Aparici, y acusa a la empresa encargada de gestionar el vertedero por los mismos delitos que al ex alcalde.
(www.elpais.com, 04/05/09)
45. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ACUSA A LA FISCALÍA DE SELECCIONAR A LAS PERSONAS QUE IMPUTA Y ENJUICIA
"Está imputado y nada más que imputado". Con esa afirmación, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, justificó su intención de "no tomar ninguna medida" respecto a su vicepresidente y vicesecretario del PP, Vicent Aparici, para quien la Fiscalía pide siete años por permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall d'Uixó, de donde era alcalde. Que Fabra optara por tomar alguna medida política tras conocer el proceso judicial al que está sometido Aparici hubiera sido una novedad. Él mismo, imputado por supuestos delitos contra la Administración pública y por fraude fiscal, sigue en su puesto y sin intención de dimitir, tal como ha asegurado en reiteradas ocasiones. Además, el ex alcalde de Vila-real y presidente local del PP, Manuel Vilanova, no solo fue imputado, acusado y procesado sino que también fue condenado por prevaricación administrativa por el Tribunal Supremo y ni entonces el PP adoptó medida alguna.
Fabra arremetió contra la Fiscalía, a la que tachó de "selectiva" a la hora de elegir "a los que quiere imputar y a los que quiere abrir juicio oral". Y argumentó su idea en el hecho de que, tras el mandato de Aparici, en La Vall d'Uixó haya gobernado el PSPV. Sin embargo, obvió las fechas en las que se realizó el atestado que llevó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a presentar un informe en el juzgado número 2 de Nules, que dio lugar a la apertura de diligencias. Tampoco explicó que después de que se realizara la inspección en el barranco Del Garrut, a finales de 1999, Vicent Aparici permaneció en la alcaldía otro mandato, durante el que se realizó la investigación. Y tampoco dijo que entonces la Fiscalía estaba encabezada por Javier Arias, a quien Anticorrupción apartó del llamado caso Fabra, por su actitud indulgente durante la primera declaración en el juzgado del propio Carlos Fabra.
Así, para el presidente de la Diputación, Vicent Aparici, "goza" de toda su confianza pese a que, en ningún momento, le comunicó, tal como reconoció , su condición de imputado en la causa.
(www.elpais.com, 07/05/09)
46. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VOTA CONTRA LA RETIRADA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN A FRANCO
El Partido Popular impidió con sus votos en el pleno del Ayuntamiento de Castellón la retirada de la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco, y las menciones honoríficas al resto de cargos del antiguo régimen, que todavía gozan del reconocimiento de la capital de La Plana. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Mulet, se escudó en que "Franco ya ha muerto" para rechazar la moción socialista que reclamaba la extinción de estas condecoraciones. Según dijo, se trata de "distinciones simbólicas" que "dejan de tener efecto" cuando fallece la persona laureada. El concejal socialista Pep Lluis Grau reprochó al PP de Castellón que no aprovechase la ocasión para, "también de forma simbólica", cerrar "este paréntesis negro de la historia de forma definitiva", como han hecho otras ciudades.
Castellón incumple la Ley de Memoria Histórica al distinguir todavía con menciones honoríficas a siete cargos del régimen franquista. El propio Franco sigue ostentando la medalla de oro, mientras que su cuñado, Ramón Serrano Suñer, es hijo adoptivo y alcalde perpetuo de Castellón. Serrano Suñer fue ministro de Gobernación y de Asuntos Exteriores. Castellón también mantiene la medalla de oro al general Abriat, quien es considerado hijo adoptivo, y alcalde honorario. El cuarto alto cargo franquista que todavía goza de reconocimiento es el falangista Fernando Herrero Tejedor, que fue secretario general del Movimiento y es hijo predilecto, alcalde honorario, y tiene la medalla de oro de la ciudad. Los generales franquistas Aranda y Enrique Serra también tienen la consideración de hijos predilectos de Castellón, y Pilar Primo de Rivera, hermana del líder de la Falange, José Antonio, ostenta la medalla de oro de la ciudad.
El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón también buscó un resquicio en la Ley de la Memoria Histórica para impedir la retirada de los símbolos y nombres relacionados con el franquismo del callejero local. La ley permite a los municipios solicitar al Gobierno que averigüe si los nombres de las calles tienen que ver con el franquismo. El PP se ha acogido a esta posibilidad, que según los socialistas "es sólo para pequeñas localidades que tienen dificultades para identificar" estos símbolos. Grau manifestó que el ejecutivo local "no quiere cambiar los nombres franquistas".
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad modificar el reglamento orgánico para que los concejales de baja por enfermedad, maternidad o paternidad puedan votar sin asistir a las sesiones plenarias. Una propuesta que partió del concejal del Bloc, Enric Nomdedéu, y que salió adelante a pesar del informe contrario del secretario municipal. El pleno se comprometió a resolver la cuestión en los próximos tres meses.
(www.elpais.com, 01/05/09)
47. CASTILLA Y LEÓN. "HEMOS PEDIDO MUCHAS VECES HABLAR CON EL ALCALDE SIN CONSEGUIRLO, ASÍ QUE LO HEMOS DENUNCIADO POR PREVARICACIÓN"
Aparicio mantiene abierta la gasolinera ilegal y es el presidente de la sociedad propietaria de la misma, Cetabsa, una empresa municipal que cuenta también con participación del la diputación, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio regional, todos ellos organismos controlados por el PP. Esta circunstancia le ha costado a Aparicio una denuncia por prevaricación, ya que cómo explica Esteban Palacios –presidente de la patronal de gasolineras burgalesas- el empresario perjudicado, Carlos Yrazusta, "ha perdido veinte años de su vida" y "lo peor es que hay una sentencia del Supremo que no se cumple".
El Ayuntamiento de Burgos ha sido condenado a pagar casi cinco millones de euros por el incumplimiento de una sentencia del Supremo que obliga al cierre de una gasolinera. Además, se da la circunstancia de que el alcalde y encargado de hacer cumplir la ley, el popular Juan Carlos Aparicio, es el presidente de la sociedad propietaria de la estación de servicio.
Aunque la construcción ilegal se remonta a 1988 y Aparicio ha tenido que desembolsar ya más de dos millones de euros en indemnizaciones, aún no ha ejecutado la sentencia que obliga al cierre con lo que se sigue incrementando la penalización a cuenta de las arcas municipales.
Esteban Palacios, presidente de la patronal de gasolineras burgalesas (Adesbur) que está pleiteando contra la ilegal de Cetabsa, denuncia que el propietario de la estación de servicio perjudicada "ha perdido veinte años de su vida" en los litigios y que "lo peor es que hay una sentencia del Supremo que no se cumple", en declaraciones recogidas por Interviú en un reportaje sobre este escándalo. "Hemos pedido muchas veces hablar con el alcalde sin conseguirlo, así que lo hemos denunciado por prevaricación", lamenta Palacios.
La revista advierte de que a este conflicto se suma otro, ya que Adesbur también se opone a la apertura de otra gasolinera en un centro comercial de Carrefour porque no cumple con la distancia mínima requerida respecto a otra estación ni tampoco con diferentes requisitos de seguridad, pese a lo cual ya cuenta con la licencia ambiental solicitada. Ricardo Alonso, propietario de la gasolinera perjudicada, señala que no quiere "pensar mal", pero recuerda que el presidente de Carrefour es Arias Salgado, "el mismo que fue ministro de Fomento cuando Aparicio lo era de Trabajo".
(www.elplural.com, 05/05/09)
48. ISLAS CANARIAS. EL LÍDER DEL PP CANARIO SE DECLARA VÍCTIMA DE UNA "CACERÍA" POLICIAL
El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, desvió el golpe de su segunda declaración como imputado por presunto soborno ante la juez del llamado 'Caso Salmón', y lo hizo declarándose víctima de una "cacería" policial ordenada por los socialistas.
En una estrategia idéntica a la seguida por su partido contra el juez Garzón en el 'caso Gürtel', Soria acusó a la Policía de "falsear los informes" sobre sus cuentas bancarias. Ante la gravedad de tales acusados y a preguntas de los periodistas sobre por qué no denuncia ante los tribunales la presunta persecución, un sonriente Soria respondió así: "Porque no voy a conseguir nada". Soria se aferra a un error policial -en un informe aparecía confundido el nombre de una entidad bancaria- para sustentar sus acusaciones. La Policía falseó datos "por orden de la superioridad", remachó.
Soria se expresó en esos términos tras declarar, por segunda vez en cinco meses y durante dos horas y media, ante la magistrada del Tribunal Superior que investiga si incurrió en un delito de cohecho al avalar un complejo turístico de la sociedad Anfi, cuyo propietario, el empresario Björn Lyng, le había invitado previamente a viajar gratis en jet privado a Austria y Noruega. Cuando el abogado de la acusación particular inquirió a Soria sobre por qué había aceptado la gratuidad de los vuelos en lugar de ofrecerse a compartir los gastos, la respuesta fue la siguiente: porque eso era "una soberana tontería".
En octubre de 2005, dos meses después de aquel periplo turístico, el Cabildo de Gran Canaria, entonces presidido por Soria, declaró la urbanización como proyecto de interés general. Obtener esa declaración constituía el único modo posible de sortear la moratoria urbanística vigente en esa fecha en las islas.
Desde 1997, Soria veraneaba varias semanas en los apartamentos de lujo de Anfi en la localidad grancanaria de Mogán. Y, siempre, según su propia declaración, pagaba al menos parcialmente en metálico a razón de 149 euros por día: a tenor de sus palabras, la suite de lujo costaba cada año la misma cantidad invariable. ¿Era un precio especial? Según Soria, no.
Este lunes, cuando el fiscal se interesó por la procedencia de ese dinero en efectivo, el imputado respondió que de las dietas percibidas "de algunas empresas públicas" y de los 600 euros mensuales abonados por el PP a sus diputados. No precisó cuáles son esas empresas ni la cuantía de las dietas. En su casa, alega el también consejero de Economia canario, se guarda dinero en metálico.
Mientras que, en su primera declaración, Soria aseguró a la juez que él mismo gestionaba por cauces ordinarios las reservas en los apartamentos, este lunes rectificó: las gestionó a través de Manuel Fernández, número dos del PP canario, consejero delegado de Anfi y miembro de la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, que dio vía libre al polémico complejo turístico como paso previo a su aprobación definitiva por el Pleno el 30 de marzo de 2007. En su primera declaración judicial, Soria negó haber participado en aquel debate. Traicionado por un vídeo, reconoció ante la juez lo que ya había admitido ante la prensa: que votó en el debate. Y votó sí.
(www.publico.es, 05/05/09)
49. REGIÓN DE MURCIA. POLICÍAS ANTICORRUPCIÓN BUSCAN EN DOS CONSEJERÍAS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
Dos consejerías de la Comunidad Autónoma se sumaron a la cada vez más extensa lista de edificios públicos de la Región (ayuntamientos de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana, Los Alcázares, Librilla... y sedes del Gobierno regional, entre ellas la sede de la Consejería de Presidencia) visitados por agentes de las fuerzas de seguridad, de un par de años a esta parte, en busca de pruebas sobre casos de corrupción. Esta vez se ha tratado de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Agua, y la de Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con sede en la plaza Santoña de Murcia. En estas últimas dependencias, los policías reclamaron diversa documentación de la Dirección General de Urbanismo y de la de Transportes y Puertos.
El objetivo de esta diligencia, ejecutada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF-BLA) de Madrid, y de la UDEV de Murcia, era hacerse con diversos expedientes relativos a actuaciones urbanísticas en Águilas. En concreto, algunas desarrolladas por la sociedad promotora Hacienda del Hornillo S.L., que preside el notario de Lorca Sebastián Fernández Rabal, detenido este martes, y cuyo apoderado, el aguileño José Cáceres Olivares, también se encuentra arrestado. Los cargos que pesan contra ellos son cohecho, blanqueo de capitales y delito contra la ordenación del territorio.
En concreto, se les imputa haber regalado buena parte del valor de un piso -le rebajaron hasta un 70% del precio de mercado, según los informes policiales- al ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, en pago por el supuesto trato de favor que éste les habría dado desde su cargo y que les habría permitido sacar adelante diversas obras en parajes protegidos.
Los policías especializados en la lucha contra la corrupción recorrieron las dos consejerías citadas en busca de los expedientes de esas obras, con el fin de recabar pruebas sobre esos supuestos delitos. Abandonaron las dependencias oficiales varias horas después, portando varias cajas repletas de documentos, que serán minuciosamente analizados.
Tanto el notario Sebastián Fernández como su hombre de confianza, José Cáceres, permanecían detenidos en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Hoy pasarán a disposición del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, sin haber sido previamente interrogados. Todo apunta a que los agentes no quieren darles pistas sobre los hechos que se les imputan.
(www.laverdad.es, 07/05/09)
50. REGIÓN DE MURCIA. MARQUÉS REGRESA A COMISARÍA CERCADO POR NUEVAS PRUEBAS QUE LO INCRIMINAN
Al calvario de Marqués le quedan todavía muchas estaciones que cubrir. -después de su detención, el pasado marzo, como imputado en delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales- alcanzó la segunda parada: nueva citación y comparecencia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con el fin de ser interrogado sobre nuevas pruebas que van apareciendo y que presuntamente estrechan el círculo de sospechas en torno a su persona.
La llamada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Financiera, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), causó cierta sorpresa por lo inusual de la misma. Lo habitual es que un imputado sea citado ante el juez instructor cuantas veces éste lo considere necesario, pero es menos usual que la Policía vuelva a tomarle declaración por segunda vez a un sospechoso, una vez que ya ha sido puesto a disposición judicial.
Fuentes próximas al caso explicaron, sin embargo, que en este asunto el magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel.
Marqués acudió hacia las doce del mediodía a la Comisaría murciana, acompañado por su letrado, el catedrático de Derecho Penal Jaime Peris. Las fuentes citadas explicaron que el ex consejero de Medio Ambiente acudió "de forma voluntaria" a la cita con los policías, después de haber sido requerido por éstos, "aunque si no lo hubiera hecho habría tenido que acudir de manera obligada".
El objetivo de la citación era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.
Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir "documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación", según señalan las mismas fuentes. Éstas aseguran que entre todo ello "se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo", debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.
Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.
Francisco Marqués, que continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, permaneció un par de horas en las dependencias policiales, prestando declaración. Abandonó la Jefatura con el mismo gesto tranquilo y la media sonrisa con la que había llegado. La segunda estación de su particular viacrucis había sido cubierta. Resta saber cuántas le quedan y qué le espera al final de esa cuesta.
(www.laverdad.es, 08/05/09)
51. REGIÓN DE MURCIA. MORALES DIJO QUE "HABÍA QUE VOTAR A FAVOR" DE LA VENTA DE UNA PARCELA A MARYPER
Juan Morales, ex alcalde de Totana, convocó el 11 y 18 de septiembre de 2006 dos reuniones en su propio despacho. A ellas asistieron tanto el propietario de la empresa totanera Huevos Maryper, Gabriel Martínez, como los consejeros del PP de Proinvitosa y el secretario de la empresa municipal, Fulgencio González, tal y como este último reveló ante el juez. El tema a tratar no era otro que la venta de una parcela de 40.000 metros propiedad de Smurfit Kappa a Huevos Maryper. "Morales nos dijo que todo estaba bien, que la gestión era suya y se tenía que votar a favor".
Ésta es una de las revelaciones que González hizo al magistrado instructor de la Operación Tótem, Julián Pérez Templado, en el transcurso de su declaración. El secretario regresó a los tribunales después de que se postergase su declaración del pasado 20 de abril al ser imputado. El propio González ya explicó, en su momento, que ésta se justificaba únicamente como "garantía procesal", para que acudiera en compañía de un letrado. Tras su esclarecedora declaración, el juez levantó mismo esa imputación.
En su declaración, González reconoció, además, que las reuniones convocadas por Morales le parecieron "anómalas" dado que no se habían producido en negociaciones anteriores. Gabriel Martínez, director gerente de Huevos Maryper y hombre de confianza del ex alcalde totanero, está imputado en la Operación Tótem como presunto intermediario entre Morales y el empresario gallego Nuñez Arias, también imputado, para el supuesto cobro de una comisión millonaria.
(www.laverdad.es, 07/05/09)
52. EXTREMADURA. DESMANES URBANÍSTICOS DURANTE EL MANDATO DEL POPULAR PEDRO ACEDO
Los tejemanejes del Ayuntamiento de Mérida durante la etapa de gobierno del popular Pedro Acedo no se limitan a los favoritismos con las empresas vinculadas a su hermano. En materia urbanística –el terreno, al parecer, más susceptible de generar corrupción- el antiguo equipo municipal tendría muchas explicaciones que dar. Aunque Acedo llegó al poder en 1995, no fue hasta 1999, cuando el PP se hizo con la mayoría absoluta en la ciudad, cuando se puso en funcionamiento un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que arrancó en 2000 y que puso al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (la institución encargada de hacer los informes técnicos) a personas de la confianza del propio alcalde, lo que permitió recalificaciones a favor de los intereses del PP, conversiones de suelo público dotacional y sospechosas concesiones de concursos.
La mayoría absoluta lograda por el PP de Mérida en 1999 hizo que, en julio de 2000 se aprobase, sin necesidad de llegar a ningún acuerdo con el resto de los grupos políticos, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marcado por la polémica antes incluso de comenzar a operar en la ciudad. La primera queja de la oposición ante este plan estuvo relacionada con la estructura que se creó para desarrollarlo, una Gerencia Municipal de Urbanismo, al frente de la cual el alcalde colocó a dedo a Gregorio Yánez Maestre y Javier Miranda Patero, dos personas de su total confianza que sustituyeron a los técnicos municipales a la hora de firmar los informes técnico/jurídicos necesarios para desarrollar proyectos urbanísticos.
Salvado el escollo de los posibles informes técnicos desfavorables, una de las primeras actuaciones enmarcadas en el PGOU tuvo que ver con la recalificación como suelo urbanizable de un terreno ubicado en la zona conocida como Las Abadías. El terreno, que poco tiempo antes de la aprobación del plan permanecía sembrado con girasoles, pertenecía a la familia del entonces concejal popular del Ayuntamiento Gonzalo García de Blanes. Según el PGOU, en este suelo se podrían construir un total de 774 viviendas.
Pese a que el PSOE pidió la paralización de los expedientes de construcción y que la Junta de Extremadura emitió en 2002 un informe no vinculante que se oponía a esta construcción, el plan fue aprobado, e incluso se aceleró la construcción de las viviendas, ya que el Ayuntamiento permitió iniciar la edificación antes de tener hecha la urbanización de la zona. Curiosamente, el consistorio de Acedo dejó de autorizar otros planes de edificación, y los constructores de Mérida llegaron a crear una plataforma que, en julio de 2003, denunció que la construcción de más de 5.000 viviendas con un valor total de más de 600 millones de euros estaba paralizada desde que comenzó la edificación en Las Abadías.
Pero el PGOU siguió generando controversia por otros motivos, como la utilización con fines lucrativos de suelos dotacionales públicos (terreno público que no tiene valor lucrativo y que debe emplearse para servicios sociales). Así ocurrió, por ejemplo, con una concesión de dos parcelas de este tipo de suelo sin modificar su uso a la construcción de un geriátrico privado de lujo en la zona conocida como Los Bodegones. Incluso el titular del Registro de la propiedad de Mérida se negó a inscribir la escritura del aprovechamiento lucrativo al considerar que la construcción no tenía interés social.
Un caso similar se dio en relación a los terrenos que en su día se expropiaron y convirtieron en suelo dotacional para la construcción sobre el antiguo cuartel militar Hernán Cortés. El proyecto se dividió en tres partes: por un lado, se construirían edificios culturales y administrativos públicos, pero también se adjudicaba una parcela para "usos terciarios" y se enajenaba el subsuelo para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Para la zona de usos terciarios se adjudicó la construcción de un macro centro comercial, haciendo una inversión total de 85 millones de euros: de nuevo el interés lucrativo ocupó terrenos calificados como Sistema de Interés Público y Social.
Tampoco las adjudicaciones a constructoras se han salvado de la polémica
durante el mandato de Acedo. El caso más representativo es el de la Zona
Residencial El Pardo: el Ayuntamiento sacó a concurso la urbanización de
varias parcelas residenciales en marzo de 2005, y el proyecto fue adjudicado
a la constructora Urbasevi. Curiosamente, esta empresa había realizado un
completo estudio sobre la edificabilidad de estas parcelas en enero de 2005,
dos meses antes de que el concurso fuera convocado. Ello provocó la
indignación del resto de competidoras, puesto que quedó patente que
Urbaservi conocía de antemano el proyecto de venta de los terrenos.
(www.elplural, 01/05/09)
53. ISLAS BALEARES. EL GRUPO MATUTES DEVUELVE AL GOVERN 3,5 MILLONES QUE COBRÓ ´INDEBIDAMENTE´
El conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, afirmó en el pleno del Parlament que el Govern recibió el pasado mes los "3,5 millones de euros" que el anterior Ejecutivo del PP pagó "indebidamente" a la empresa Fiesta Hotels Resort, del grupo del ex ministro popular Abel Matutes. Este pago procedía de la expropiación de terrenos que se realizó en la pasada legislatura en Eivissa para construir las autovías impulsadas por el Govern de Jaume Matas. Según expuso Carbonero, de los 8 millones que abonó aproximadamente el anterior Govern por las expropiaciones a esta empresa, 3,5 se pagaron "de más", al abonarse terrenos rústicos como si fueran urbanos. Además, en el mismo proceso de expropiación el Ejecutivo "volvió a comprar" fincas que ya eran de la Comunidad.
54. ISLAS BALEARES. CARA A CARA POR LA PRESIDENCIA DEL PP ´CALVIANER´
Dos personas acapararon la atención de la última junta local del Partido Popular de Calvià. Dos hombres que, hasta hace unas pocas semanas, trabajaban codo a codo en el Ayuntamiento, pero que, por discrepancias en el proceso de elección del futuro líder de la formación a nivel local, se han distanciado. Las miradas se dirigían al alcalde y líder popular de Calvià, Carlos Delgado, y al ex alto cargo municipal y portavoz del equipo de gobierno, Antoni Rami. Ambos se disputarán quién preside el PP local.
Había una gran expectación ante en la sede popular de Calvià. La sala de reuniones estaba repleta, como pocas veces, según apuntaron a este diario afiliados del PP. El morbo residía en el reencuentro de Delgado y Rami, después de que éste abandonase el Consistorio por la decisión del alcalde de presentarse otra vez a presidir el PP de Calvià, a pesar de que en un principio lo había descartado. Tras su marcha, que tuvo lugar la pasada Semana Santa, Rami aseguró sentirse "engañado" por este motivo. De acuerdo al relato ofrecido por asistentes a la junta, Delgado comenzó puntual su intervención ante los afiliados. Eran las siete de la tarde. Entró de lleno en el asunto de qué había pasado con Rami.
Primero, relató que el ex director de Turismo había sido un hombre de su máxima confianza y que le había dado todo el apoyo para que optase a presidir el PP de Calvià. Rami entró en la sala unos minutos más tarde, mientras intervenía Delgado, según indican estas fuentes. Se sentó en primera fila y el alcalde, dirigiéndose a él, aprovechó para explicar a todos los asistentes los motivos de la ruptura con Rami.
Delgado lamentó que, a través de terceras personas, se había enterado de que el ex portavoz municipal quería utilizar la presidencia del PP calvianer como mero "trampolín" para aspirar a dirigir el partido a nivel balear. En un tono sosegado, Rami contestó. De pie, ratificó su compromiso con Calvià y aclaró que él no se cierra las puertas a nada, aunque dijo que por ahora no dejan de ser hipótesis. También reprochó a Delgado que no le comunicase en persona su decisión de volver a aspirar a presidir la junta local. Asistentes a la reunión explican que el actual líder del PP de Calvià ofreció una mano tendida a su contrincante, aunque le recordó que cuando él se presenta a unas elecciones "es para ganar". "Y voy a ganar", remarcó.
(www.diariodemallorca.es, 06/05/09)
