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Del 18 al 24 de Julio 2009

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ÍNDICE

1. CASO GÜRTEL. RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP"

2. CASO GÜRTEL. LA INSTRUCCIÓN DEL CASO GÜRTEL SUMA YA 101 IMPUTADOS

3. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO IMPUTA PROVISIONALMENTE A BÁRCENAS Y ATIZA LA PRESIÓN A RAJOY

4. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS APORTA DATOS DE SU PATRIMONIO QUE NO DESVIRTÚAN LAS ACUSACIONES

5. CASO GÜRTEL. NINGÚN DIRIGENTE DEL PP ACOMPAÑÓ AL TESORERO EN SU DECLARACIÓN JUDICIAL

6. CASO GÜRTEL. LA ESTRATEGIA DE BÁRCENAS ANTE EL JUEZ IRRITA AL PP PERO LE OBLIGA A CALLAR

7. CASO GÜRTEL. EL FONDO DEL QUE HABLÓ EL TESORERO PARA ESCAPAR LLEVA A "LBARCENAS"

8. CASO GÜRTEL. MERINO ALEGA AL JUEZ QUE EL APUNTE "JESÚS MERINO" PARECE MANIPULADO

9. CASO GÜRTEL. LA 'CAJA B' DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR

10. CASO GÜRTEL. FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?"

11. EL LOBBY NEOLIBERAL DEL PP BOICOTEA A ESPAÑA EN EEUU

12. EL PP AMENAZA CON ROMPER EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

13. FRAGA APRUEBA LA VISITA DE MORATINOS A GIBRALTAR

14. CATALUÑA. LA PRESIDENTA DEL PP CATALÁN RIÑE A LOS MIEMBROS DEL PARTIDO QUE INCITAN A LA CATALANOFOBIA

15. GALICIA. FAMILIARES DE LOS ALCALDES MÁS FIELES A BALTAR SACAN PLAZA EN LA DIPUTACIÓN

16. GALICIA. GONDOMAR "PERDIÓ" 700.000 EUROS EN UNA PERMUTA ILEGAL

17. ANDALUCÍA. DE LA TORRE IMPONE RESTRICCIONES AL DEBATE POLÍTICO EN EL PLENO DE MÁLAGA

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE EL PP DEBIÓ HABER VOTADO ‘NO’ AL MODELO

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE DESCONOCER EL MALESTAR EN EL PP POR SU OPOSICIÓN AL NUEVO MODELO

20. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS VE POSIBLE QUE SUS AGENTES VIGILARAN A ESPIADOS

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL FUEGO EN EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO FUE INTENCIONADO

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ FLORS DICE QUE LAS PRENDAS SE PAGARON CON LA CAJA B DE CORREA

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL TSJ DE MADRID INVESTIGA SI CORREA PAGÓ 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ´OS LO VOY A MONTAR EN MI PUEBLO CON UNAS TÍAS´

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL BIGOTES AFIRMA QUE HIZO REGALOS A BARBERÁ

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. READMITIDO EL SASTRE QUE HIZO LOS TRAJES DE CAMPS

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ AMIGO DE CAMPS ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE HACER UNA "MONTERÍA" CONTRA EL PP

27. COMUNIDAD VALENCIANA. REGALOS POR DOQUIER: GERARDO CAMPS VIAJÓ GRATIS TRES VECES CON AIR NOSTRUM

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE CASTELLÓ READMITE COMO POLICÍA AL SOBRINO DE FABRA ARRESTADO POR DROGAS

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ANULA EL PAGO CON SUELO PÚBLICO DE UN PAI EN BENIDORM

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CAMPISTA DE CALP HACE RECULAR AL EQUIPO DE TUR

31. REGIÓN DE MURCIA. EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO DECLARA QUE RAMÍREZ SE APOYA EN UN TRÁNSFUGA PARA GOBERNAR

32. REGIÓN DE MURCIA. REGIÓN DE MURCIA. LOS PRESUPUESTOS DE VILLANUEVA DESTINAN 8 MILLONES DE PESETAS PARA... ¡TELEFONÍA MÓVIL!

33. ISLAS BALEARES. ORDINAS DICE QUE CARDONA ORDENÓ DESVIAR FONDOS PARA ABRIR UNA OFICINA EN SHANGAI

34. ISLAS BALEARES. EL GOVERN INDEMNIZÓ AL EX EDIL DE CALVIÁ PESE A QUE UN JUEZ DESESTIMÓ SU RECLAMACIÓN

35. ISLAS BALEARES. CONDENAN A MASSOT POR ASESORAR A UNA PROMOTORA CONTRA EL GOVERN DEL PP

36. ISLAS BALEARES. EL EX GERENTE DE TURISME JOVE TAMBIÉN IMPLICA A ESTARÀS EN LAS FACTURAS FALSAS

37. CEUTA. AUSTERIDAD PARA LOS CEUTÍES, LUJO PARA MÍ EN MARBELLA


1. CASO GÜRTEL. RAJOY: "EL GOBIERNO MACHACA AL PP"

El líder del PP, Mariano Rajoy, que no había aparecido en un acto público desde el pasado sábado, rompió su silencio en un mitin de su partido celebrado en la localidad gaditana de Chipiona para señalar a terceros como responsables de los efectos del caso Gürtel.

Sin citar expresamente la investigación en curso en el Tribunal Supremo, el líder del PP señaló al Gobierno como promotor de un intento para "machacar inmisericordemente al principal partido de la oposición". Rajoy advirtió que "no lo conseguirán" porque, dijo, "ya tenemos mucho callo".

El presidente el PP afirmó que su formación "va bien, e irá mejor en el futuro, a pesar de los estratosféricos esfuerzos de algunos para hacer lo posible, y si pueden lo imposible, para que eso no sea así, pero no lo van a conseguir".

En este caso, Rajoy no apreció a quién estaba dirigida la sentencia. Rajoy no hizo ninguna mención expresa de apoyo a su tesorero, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo tras la declaración de Francisco Camps, imputado por cohecho.

En una alocución sin preguntas de los medios de comunicación, el presidente popular llamó a los suyos a "actuar como periodistas" para "transmitir el mensaje del partido". "Ha sido un año que no ha sido fácil, pero vamos a sobreponernos a todas las dificultades que tengamos en el camino", animó a los militantes del PP gaditano.

(www.elpais.com, 24/07/09)

2. CASO GÜRTEL. LA INSTRUCCIÓN DEL CASO GÜRTEL SUMA YA 101 IMPUTADOS

Los tres tribunales que se han repartido la instrucción del caso Gürtel ya han alcanzado los 101 imputados. Además, se prevé que esta cifra aumente al estar la investigación aún en un estado incipiente y no haber habido prácticamente una semana en la que no ha aparecido una nueva persona identificada como receptora de pagos por parte de las empresas de Francisco Correa. Por eso, es más que probable que la causa se convierta en la más importante de corrupción política investigada en España en número de imputados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que más imputados tiene a su cargo, al ser el encargado de la totalidad de la causa, salvo la trama valenciana y lo que afecta a los dos aforados nacionales del Partido Popular de momento implicados. El instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, tiene imputadas a un total de 95 personas, a las que va interrogando de forma pausada a un ritmo de seis a la semana.

Tomar declaración a todas puede durar todavía meses, porque, de hecho, las ha intercalado con testigos de la parte del caso en las que más ha profundizado: la relativa a las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y en su gestión del suelo municipal. El ex alcalde de esta localidad Arturo González Panero es el único de los cuatro ex regidores del PP imputados que ya ha comparecido en el tribunal madrileño. También lo hicieron los diputados conservadores imputados y, en concreto, Alfonso Bosch, que se encargó de la gestión de suelo municipal, así como varios ex concejales del municipio madrileño, como el padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Al encargarse de la totalidad de la causa, el TSJM es el que heredó los imputados que declaró el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyo listado provisional ascendía ya a 60 el pasado mes de marzo, cuando se inhibió a favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Pedreira les ha sumado aquellos que han ido apareciendo a medida que ha avanzado la investigación, como Arturo Gianfranco Fasana, al que el juez de la Audiencia Nacional citaba en sus autos, pero que compareció por primera vez como imputado en el TSJM.

Mientras en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el número de imputados tras las últimas decisiones del juez José Flors permanecerá limitado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano, en el Tribunal Supremo todo está abierto.

El Alto Tribunal todavía no ha podido ampliar la investigación realizada por el juez Pedreira, porque todavía no ha cursado los suplicatorios con los que las Cámaras a las que pertenecen el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Medina, deben autorizar las averiguaciones.

Antes de solicitar la preceptiva autorización a las Cortes, el instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, escuchará las explicaciones que Bárcenas le ofrecerá mañana en la declaración que ha solicitado voluntariamente y que prestará en calidad de "imputado provisional". Merino está citado para el jueves, pero podría ver retrasada su citación por un viaje de su abogado.

(www.publico.es, 21/07/09)

3. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO IMPUTA PROVISIONALMENTE A BÁRCENAS Y ATIZA LA PRESIÓN A RAJOY

Luis Bárcenas quería declarar ante el Tribunal Supremo (TS), que investiga desde hace meses su presunta implicación en el caso Gürtel, y la semana que viene podrá hacerlo. Pero la citación decidida por el juez que instruye la causa por la trama de corrupción solo sirvió para atizar aún más la presión sobre el líder del PP, Mariano Rajoy, criticado dentro y fuera de su partido por su indecisión a la hora de desvincularse del tesorero y senador del PP.

El magistrado del TS Francisco Monterde citó para el próximo miércoles a Bárcenas y para un día después al diputado popular por Segovia, Jesús Merino, para que declaren en calidad de imputados "provisionales" por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. El Supremo admite así la petición de ambos aforados de declarar voluntariamente, sin necesidad de que el alto tribunal, por el momento, solicite el suplicatorio a las Cortes.

Según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, Bárcenas habría recibido de la trama liderada por Francisco Correa más de 1.353.000 euros, y Merino, 230.000 euros. El TS, en el auto en el que acordó asumir dicha investigación, indicaba que existen indicios "suficientes" para investigar a ambos. Monterde declaró el secreto de las actuaciones, como le había pedido el fiscal, por 30 días para todas las partes personadas, a excepción del Ministerio Fiscal.

Ante todo ello, el PSOE echó más leña al fuego y el responsable de Política Municipal del partido, Antonio Hernando, preguntó a Rajoy, si tras la imputación provisional va a seguir "sacando pecho y dando la cara" por el contable. "A estas alturas, todo el mundo se pregunta hasta cuándo durará el pacto de no agresión entre ambos", añadió. Hernando, que ejerció de portavoz socialista, instó al líder de la oposición a aclarar si tiene "la misma opinión del Tribunal Supremo que del juez Garzón", visto que "ambos órganos judiciales piensan que Bárcenas es sospechoso de haber cometido graves delitos".

El Ejecutivo central mantuvo su estrategia de respeto a la justicia y prudencia en las declaraciones para no dar una imagen de ataque partidista contra el PP. Aun así, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, instó a los populares a encontrar "un punto medio entre el manto de silencio y la descalificación de los jueces". De la Vega le pidió a Rajoy que dé "explicaciones a los ciudadanos" sobre por qué mantiene en el cargo a dirigentes imputados, una responsabilidad que le corresponde "exclusivamente".

La cúpula del PP y el propio Bárcenas coincidieron en evaluar la citación de forma "satisfactoria", ya que ello permitirá al senador "demostrar su inocencia". Rajoy aprovechó su visita a la escuela de verano que organiza el partido en Roquetas de Mar (Almería) para pedir a los suyos que ningún "ruido" puede convertirse en distracción, informa la agencia EFE. "Hay que perseverar en ese cometido –dijo– y luego surgirá una cosa, la de más allá, la contraria, pero sabemos navegar en circunstancias de todo tipo y ya nos manejaremos", concluyó, sin aludir de forma directa a las investigaciones judiciales en curso.

(www.elperiodico.com, 18/07/09)

4. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS APORTA DATOS DE SU PATRIMONIO QUE NO DESVIRTÚAN LAS ACUSACIONES

Luis Bárcenas aportó al juez Francisco Monterde, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, una serie de documentos para tratar de justificar sus incrementos patrimoniales, en un intento de que el alto tribunal no solicite el presumible suplicatorio para investigarle por presuntos delitos de cohecho (soborno) y delito fiscal. Los documentos -declaraciones de Hacienda, justificantes de sus ingresos y certificados de inversiones que portaba su abogado en dos maletines-, según fuentes jurídicas, no desvirtuaron las acusaciones de haber recibido algo más de un millón de euros de la trama de corrupción que presuntamente dirigía Francisco Correa.

Ningún cargo del PP quiso acompañar al tesorero y senador por Cantabria en sus primeros pasos ante la Justicia, al contrario de lo ocurrido recientemente con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que acudió a declarar respaldado por varios miembros de su Gobierno y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El juez interrogó a Bárcenas de manera sistemática por todas las entregas dinerarias -hasta 27- que figuran en la exposición razonada elevada por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. El tesorero del PP aseguró que esas entregas dinerarias no se corresponden con la realidad -a pesar de que figuran en la contabilidad B de la trama de Correa- y aseguró que no había recibido ningún dinero, ya que no conocía a varios de los supuestos donantes, personas del entorno de Correa, al que reconoció que sí conocía.

Bárcenas, que compareció bajo la extraña figura de "imputado provisional", negó que fuera L. B. o Luis el Cabrón, e incluso llegó a aportar una hoja impresa de un diario digital en el que se hace referencia a que esos apuntes se pueden referir a un empresario. Se trata de una información sobre un fondo inmobiliario, Real State Equity Portfolio, en el que la red consiguió que invirtieran varios empresarios conocidos, entre ellos Luis Delso, presidente de Isolux Corsán, una constructora.

Esto serviría para "Luis el cabrón", algo que una portavoz de Delso descarta por completo. Para explicar las siglas de LB, Bárcenas apela a otras informaciones que apuntan a Lucas Bagchus, otro empresario que tenía relaciones con Correa. Ningún informe apunta hacia estos nombres. Todos los investigadores y jueces creen que esos apuntes pueden referirse a Bárcenas.

El tesorero del PP, interrogado por el juez, repitió punto por punto la explicación ya ofrecida a los medios de comunicación de que un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 se debe a la devolución de un crédito que había solicitado un mes antes para comprar un cuadro que finalmente no adquirió, una explicación que el informe de la Agencia Tributaria considera "poco creíble". También alegó que había tenido acertadas inversiones bursátiles para justificar un incremento de patrimonio que se cuadruplicó desde 2002. Bárcenas ha asegurado en las últimas semanas que compró acciones de Endesa a 8 euros y vendió a 40, lo que le hizo ganar mucho dinero. Además, explicó con detalle y documentos las compras y ventas de diversos inmuebles, especialmente en los últimos años, que le han permitido cuadruplicar su patrimonio desde 2002.

La declaración se alargó por motivos técnicos y duró casi tres horas, mucho más de lo previsto. Falló el sistema de grabación, por lo que hubo que tomar notas, al estilo tradicional. Y al final los funcionarios y el tesorero estuvieron casi una hora corrigiendo la versión definitiva de la declaración que constará en el sumario. La fiscalía no solicitó la adopción de ninguna medida cautelar. La Constitución no lo permite hasta que no se haya concedido por la Cámara alta el correspondiente suplicatorio. En todo caso, no cumple ninguno de los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reclamar la prisión preventiva. Parece evidente que no va a huir, los delitos en los que está implicado no llevan aparejadas elevadas penas de prisión y, teniendo en cuenta que el caso se inició en febrero, parece claro que a estas alturas tampoco puede obstruir la investigación con la destrucción de pruebas.

Pero, la investigación propiamente dicha empezará tras el suplicatorio, que todas las fuentes consultadas en el PP dan por hecho. El único que piensa que no habrá suplicatorio es el propio Bárcenas, que nada más salir del Supremo se fue a la sede del PP, a un centenar de metros, donde varios dirigentes le vieron eufórico, convencido de que el asunto ya está resuelto con sus explicaciones. El tesorero habló con algunos dirigentes, entre ellos Federico Trillo, el estratega de la defensa del PP en el caso Gürtel, y personas cercanas a él, como Ana Mato, pero no con Mariano Rajoy ni con Dolores de Cospedal, números uno y dos del partido. El líder, informado por Trillo, estaba tranquilo con la versión que trasladaba el tesorero.

(www.elpais.com, 23/07/09)

5. CASO GÜRTEL. NINGÚN DIRIGENTE DEL PP ACOMPAÑÓ AL TESORERO EN SU DECLARACIÓN JUDICIAL

Nada que ver con el paseillo triunfal de Francisco Camps ante la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El tesorero del PP, Luis Bárcenas, llegó solo, y solo se las tuvo que ver para bajar del coche y atravesar la frontera de informadores a la puerta del Tribunal Supremo, en cuyo interior se encontraba su abogado, Miguel Bajo. Cierto es que el gabinete de prensa de Génova envió a dos de sus miembros por lo que pudiera pasar, pero ni un solo dirigente ni político popular apareció por los aledaños del Alto Tribunal.

La dirección del partido se limitó a imponer un férreo silencio institucional, a la espera de lo que decida el juez Monterde, al que las fuentes oficiales recabadas en Génova consideran "serio" porque "no ha habido filtraciones".

Génova acusó recibo, además, de la euforia transmitida por Bárcenas a la salida de su declaración. "Estoy muy contento por haber podido declarar y por aportar las pruebas que demuestran mi inocencia, muchas gracias", declaró el tesorero. Unas palabras que sirvieron para sostener una reacción oficial en el partido en "positivo", toda vez que, según las fuentes, "ahora sí, la Justicia ha escuchado su versión".

Pero en absoluto se mostró la dirección del PP contagiada por esa euforia. En algunos despachos, incluso, la recibieron con desconfianza. Y eso que no estaba María Dolores de Cospedal - en Castilla-la Mancha-, que prácticamente no se habla con Bárcenas.

Sin embargo, el mensaje interno transmitido por el tesorero fue aún más satisfactorio que el hecho público. Bárcenas, que no llegó a despachar con Rajoy, salió de Génova para volver a encerrarse en su propio despacho al cabo de su declaración en el Tribunal Supremo.

No hubo ninguna recepción de bienvenida en la sede. A quienes se interesaron por él, su entorno de la planta sexta les informó de que la cosa no sólo había ido bien, sino que estaba "muy esperanzado" en que el Supremo diera pronto carpetazo a las diligencias. "Hay -decían citando a los abogados- una altísima probabilidad de que se archiven las actuaciones o se devuelvan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Las mismas fuentes aseguraron que Bárcenas mantuvo informado a Federico Trillo, pero ni el coordinador de Justicia y Libertades Públicas ni ningún otro portavoz del PP dio la cara el día en que declaraba como imputado su tesorero nacional. Sólo el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, se expuso ante los micrófonos para hablar en su defensa, aunque sin salirse del guión. Dijo que es "una buena noticia" que los dos aforados "tengan la oportunidad de defender su inocencia".

(www.elmundo.es, 23/07/09)

6. CASO GÜRTEL. LA ESTRATEGIA DE BÁRCENAS ANTE EL JUEZ IRRITA AL PP PERO LE OBLIGA A CALLAR

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, es consciente de que buena parte de sus compañeros de partido están molestos con él por no haber dimitido ya. Algunos se lo han dicho directamente y otros se lo han hecho llegar a través de emisarios como Federico Trillo, quien en varias ocasiones le ha transmitido la tensión interna que ha creado su empeño en aferrarse al cargo. El aludido pensaba que ese enfado generalizado iría decreciendo tras su declaración voluntaria en el Tribunal Supremo. Nada más lejos de la realidad: varios políticos populares admitían en privado (hay instrucciones de callar en público) su estupefacción al conocer que Bárcenas, a fin de convencer al juez de que él no es el "L. B." ni el "Luis, el Cabrón" de la contabilidad paralela de la trama Gürtel, se atrevió a señalar a terceros, como los empresarios Luis Delso y Lucas Bagchus.

Según parece, Bárcenas no les llegó a apuntar directamente como posibles implicados en la red de corrupción, sino que le enseñó al magistrado Francisco Monterde recortes de prensa en los que aparecían esos nombres por encajar en esas siglas (L. B.) o ese peculiar alias (Luis, el Cabrón) y por tener hipotéticas relaciones con Francisco Correa, cabecilla de toda la trama.


Así, las fuentes conservadoras consultadas tacharon a Bárcenas de osado por desplegar tan polémica estrategia en el alto tribunal en busca de su exculpación. Sin embargo, otras fuentes creen que el tesorero del PP, de forma sibilina, dejó caer dichos nombres con la intención de propiciar que el caso vuelva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para que se siga también la pista a esos empresarios. De esa forma, añaden, se intentaría evitar –o retrasar en lo posible– que el Supremo presente un suplicatorio en el Senado para investigar a Bárcenas, que es aforado. Claro que aún está por ver que el magistrado Monterde compre su versión o considere que, por investigar a otros, tiene que dejar de hacer lo propio con el contable.

Se da la circunstancia de que Bárcenas se ha comprometido con su partido a dejar su puesto "transitoriamente" únicamente si el juez opta por presentar el suplicatorio tras haber escuchado su versión. Eso hace que no resulte descabellado pensar que está dispuesto a dar pasos atrevidos para dilatar ese momento clave para su futuro judicial y profesional. No obstante, ya hay quien ha puesto el grito en el cielo al pensar que su atrevimiento ha sido excesivo. Como el propio Luis Delso.

Delso, que es presidente de la constructora Isolux Corsán, negó a través de un comunicado ser esa persona conocida como Luis, el Cabrón que ha recibido dinero de la red corrupta. Y añadió además que nunca ha realizado "encargo profesional alguno a las empresas de Francisco Correa ni a este".

En esta línea, manifestó que jamás ha recibido "ni a título personal ni como empresa" remuneración económica de las personas o compañías ligadas al caso Gürtel y anunció que, "dada la gravedad de las supuestas declaraciones realizadas por Bárcenas", está pensando incluso en adoptar acciones judiciales.

Pero además de amenazas de querella y un partido que calla en vez de apoyarle, Bárcenas tiene quien le respalde: el exministro Francisco Álvarez Cascos sostiene en una entrevista en la revista Época que el tesorero es una persona honorable y que mantiene su confianza en él.

(www.elperiodico.com, 24/07/09)

7. CASO GÜRTEL. EL FONDO DEL QUE HABLÓ EL TESORERO PARA ESCAPAR LLEVA A "LBARCENAS"

Ante el estupor de la mayoría de los dirigentes del PP, Luis Bárcenas, al contrario de lo que hizo Jesús Merino, se dedicó ante el juez a especular con los posibles nombres que obedecerían a las siglas de "Luis el cabrón" o "LB". Para escapar del primero -tanto los testimonios del sumario, como las conversaciones grabadas, como los informes oficiales apuntan a que él puede ser "Luis, el cabrón"- Bárcenas mostró un diario digital en el que se habla de un fondo inmobiliario, Real Estate Equity Portfolio, en el que estaría la empresa de Luis Delso, Isolux, con un 7% (600.000 euros).

Según la versión de Bárcenas, ese fondo, controlado por la red de Francisco Correa, puede estar en el origen de ese pago de 72.000 euros, como devolución del dinero aportado ante el fracaso de las inversiones. Sin embargo, al hablar de ese fondo, Bárcenas está entrando en un terreno que le perjudica. Los documentos del sumario, y en especial el escrito razonado del juez Antonio Pedreira, incorporan un documento en el que aparece vinculado a este fondo no ya "LB" ni "Luis el cabrón", sino directamente "LBarcenas". El juez Pedreira, en su escrito, se detuvo especialmente en explicar un complejísimo entramado de empresas en paraísos fiscales que tienen el objetivo de blanquear dinero y que estarían, según estos indicios, vinculadas finalmente con el tesorero del PP.

Uno de los proyectos estrella del fondo Real Estate Equity Portfolio era uno denominado "Mark Twain". Con él la red logró hacerse con unos terrenos en Majadahonda (Madrid, un ayuntamiento en el que la red tenía concentrados sus negocios) para construir 16 casas de lujo. Se construyeron, y aún están en venta muchas de ellas, a un millón de euros.

El responsable de esta operación es Jacobo Gordon, un ex socio de Alejandro Agag, yerno de Aznar, que también, como Correa, fue testigo en su boda con Ana Aznar. La operación es de 2004. En el registro de las oficinas del imputado José Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y vicepresidente de Repsol cuando la presidía Alberto Cortina, se encontró un archivador sobre la empresa Rustfield, que registra movimientos en la cuenta que tenía esta firma en una oficina de Barclays en Reino Unido. Desde allí se mandaban fondos a España, a la cuenta que otra empresa, Inversiones Kintamani, tenía en el Banco Pastor.

Los ingresos a Kintamani llegaban desde paraísos fiscales como Madeira o Mónaco. Para encubrirlo, según el juez, "se utilizaban trusts (grupos de empresas) situados en países blancos". Para ocultar aún más, había un tercer trust, Morning Star Holding, que gestionaba en la isla de Nevis, otro paraíso fiscal, a Pacsa, titular a su vez de las acciones de Rustfield. En ese archivador encontrado, en una hoja manuscrita presuntamente por el abogado Luis de Miguel se puede apreciar un supuesto pago a "LBarcenas" de 50 millones de pesetas (300.000 euros). El texto habla del "Proyecto Twain". La cifra total que figura en la columna B, 125 millones (750.000 euros), coincide con la opción de compra que se pagó por el terreno en Majadahonda en enero de 2004, según datos de Hacienda. Seis meses después, ese terreno se vendió por 4,2 millones de euros. Bárcenas ha insistido en su declaración en que cuando aparece "LBarcenas" se refiere a pagos de viajes suyos, pero ha obviado esta anotación.

Aunque el Supremo no consideró que esta prueba tuviera "fuerza suasoria" como para investigar a Bárcenas por blanqueo de dinero, no la descartó como una de las que le implican en el supuesto cobro de comisiones y dijo que si había alguna nueva prueba habría que seguir esta pista.

(www.elpais.com, 24/07/09)

8. CASO GÜRTEL. MERINO ALEGA AL JUEZ QUE EL APUNTE "JESÚS MERINO" PARECE MANIPULADO

El diputado popular Jesús Merino negó ante el juez Francisco Monterde todas las acusaciones en las que aparece implicado como receptor de fondos de la trama de corrupción que afecta al Partido Popular y que presuntamente dirigía Francisco Correa.

El diputado rechazó que él fuera J.M. tal y como figura en la contabilidad en negro intervenida en un lápiz de memoria al supuesto contable de la red. Incluso llegó a negar que él fuera el "Jesús Merino" que consta en otra de las anotaciones contables. El diputado, que compareció a petición propia y en calidad de imputado provisional, puesto que no se ha tramitado todavía un suplicatorio para proceder contra él, llegó a explicar que la palabra Merino, que figura en la anotación, parece diferente de las restantes tipografías que aparecen en el documento, por lo que aventuró que posiblemente se habría añadido con posterioridad. Merino no llegó a decir quién habría sido la persona que pudo añadir su apellido en el documento, pero sí aseguró que el tal Merino no era él. Previsiblemente esta estrategia de defensa dará lugar a la solicitud de una prueba pericial caligráfica para determinar si la palabra Merino fue escrita por la misma mano que el resto de las anotaciones o si pudo ser agregada con posterioridad.

A diferencia de Bárcenas, que estuvo ampuloso, altanero y muy nervioso y tenso, Merino fue suave y tranquilo en sus manifestaciones ante el juez. Negó una a una todas las imputaciones que figuran en la exposición razonada del juez Antonio Pedreira.

Ante el Supremo, Merino sólo está siendo investigado por cohecho -y no por delito fiscal, como Bárcenas- por un supuesto soborno de 50.000 euros. En la contabilidad figuran otros supuestos pagos, pero el Supremo no los analiza porque estarían prescritos. Por un lado, el 14 de junio de 2002 una persona no identificada entregó al grupo de Correa 175.973 euros. "Esta cantidad se distribuiría entre diferentes personas, resultando curioso que tres de ellas, reciben exactamente la misma cantidad: Jesús Merino, L.B. [presumiblemente Luis Bárcenas] y G.G. [supuestamente Gerardo Galeote], quienes reciben 24.040 euros cada una", según la exposición del juez Pedreira.

"Aparte de esta cantidad, una persona con las siglas J.M. habría recibido otras sumas de dinero en otras fechas" y menciona: 2 millones de pesetas (12.000 euros) en febrero de 2002 y 60.000 y 6.000 euros en dos fechas diferentes de mayo de 2003.

Por otra parte, en el archivo denominado "caja B actual" consta un apunte de diciembre de 2007 de 50.000 euros precedido del concepto "ent. a Jesús Merino". El escrito del juez interpreta que en dicha fecha "salieron 50.000 euros de la tesorería oculta del grupo Correa para su entrega a Jesús Merino".

Merino alegó que conocía a Francisco Correa y Pablo Crespo porque coincidía con ellos en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, donde él tiene su despacho y ellos sus oficinas, pero negó haber recibido ningún dinero de ellos.

(www.elpais.com, 24/07/09)

9. CASO GÜRTEL. LA 'CAJA B' DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR

Los tentáculos de la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa son largos. La caja B de las sociedades de la red, profusamente nutrida de dinero negro procedente supuestamente de comisiones ilegales y de turbios negocios especulativos en Administraciones controladas por ese partido, refleja una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara Eguinoa, secretario personal durante ocho años del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Cámara entró a trabajar para una de las sociedades de Correa, Special Events, justo después de abandonar Aznar La Moncloa, en abril de 2004, tras perder las elecciones.

La anotación de esa entrega de 90.000 euros en dinero negro está fechada el 6 de septiembre de 2004. Cámara trabajó apenas unos meses para Correa. Poco después de que Génova rompiera con éste, Cámara también se enfrentó con él y dejó la empresa. Lo recogió Esperanza Aguirre, que le dio su actual puesto: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Allí ha votado siempre con el grupo afín a la presidenta de Madrid en la batalla que ésta mantiene con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. En medio de la pelea, el ex secretario llegó a presidir de manera temporal ese órgano de la caja. Cámara es una persona muy cercana a la familia Aznar, tanto al ex presidente como a su esposa, Ana Botella, teniente de alcalde de la capital.

La anotación de los 90.000 euros en la caja B de Correa la descubrió la policía entre la documentación intervenida en un piso de seguridad que la trama tenía en madrileña calle de Serrano y en la vivienda particular del contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo. El informe no especifica en concepto de qué se le abona esa cantidad ni por qué el dinero se extrae de las cuentas opacas de las sociedades de la trama. Pero sí está en el mismo archivo contable en el que constan las comisiones que recibe Correa de empresarios que han obtenido contratas de Administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP y donde también figuran pagos en especie o en metálico que la trama corrupta hizo supuestamente a los políticos y altos cargos populares que hacían posibles esos lucrativos negocios. Es llamativa la abultada cantidad de dinero, 90.000 euros, que supuestamente percibe Cámara si se tiene en cuenta que apenas trabajó unos meses para Special Events.

El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, admitió ante la policía la entrega de ese dinero a Cámara. Izquierdo declaró que Cámara había trabajado unos meses para Special Events y que se trataba de una persona que "con anterioridad", explicó, "había trabajado para Presidencia del Gobierno, en el entorno de Aznar".

Fuentes del PP señalaron que Cámara estaba ilocalizable. Hasta ahora (el sumario sigue secreto), el ex secretario no figura entre los imputados del caso Gürtel. Pero lo que sí tiene claro la policía es que la procedencia de los 90.000 euros que supuestamente acabaron en manos de Cámara tienen un "origen desconocido". Fuentes cercanas a la investigación dudan de que se trate de honorarios profesionales. Por dos motivos: "son unos honorarios excesivamente abultados, 90.000 euros, y, además, las nóminas no se pagan en dinero negro".

En la misma caja B figuran anotados pagos y supuestos sobornos a Bárcenas, a tres diputados de la Asamblea de Madrid (entre ellos, el ex consejero del Gobierno de Madrid Alberto López Viejo y el diputado regional Alfonso Bosch) y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios madrileños: Arganda, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Éstos dimitieron el pasado mes de abril tras saltar el escándalo y ser forzados por la presidenta Esperanza Aguirre a dejar sus alcaldías.

Durante los registros que efectuó la policía por orden del juez Garzón, los agentes se dieron cuenta de que el contable Izquierdo, que estaba presente, siempre mantenía cerrada una de sus manos. Parecía ocultar algo. La policía le pidió que la abriese. Y, efectivamente, en ella ocultaba un pen drive, que fue requisado y analizado. En ese archivo fueron descubiertos gran parte de las comisiones y nombres o iniciales de los altos cargos del PP que habrían recibido dinero.

Izquierdo, según el informe policial, comentó que él mismo había redactado esos "apuntes contables" y que había abierto "una cuenta por cada persona física o jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable". Entre las personas que se hallan relacionadas en la contabilidad del pen drive hay altos cargos del PP y personas conocidas, como el yerno del ex presidente Aznar, Alejandro Agag. Izquierdo tenía instrucciones precisas de Correa y de su lugarteniente en las sociedades, Pablo Crespo, de tener siempre oculta esa información y de no mostrarla a ningún otro empleado de las sociedades de la trama. Agag no está imputado en las diligencias del caso Gürtel ni hay ninguna anotación de que haya recibido dinero. Al menos no consta en ese archivo. Pero fuentes cercanas a las pesquisas destacan que tenía fuertes lazos de amistad con Correa, quien fue testigo de su boda con la hija de Aznar.

La supuesta desmemoria de Izquierdo, uno de los casi 80 imputados en la trama Gürtel, ha contribuido a que se dilate el proceso judicial que pesa sobre el senador por Cantabria y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, afirmó "no estar muy seguro" de si las siglas "LB o Luis el Cabrón", anotadas por él mismo en la contabilidad B, pertenecen a Bárcenas. Hasta que afloró el informe de la Agencia Tributaria que relaciona al tesorero del PP con la trama de Correa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el caso Gürtel fuese elevado al Tribunal Supremo. La fiscalía se basó en las dudas de Izquierdo para esgrimir que no había indicios criminales sólidos contra él. Ahora sí los tiene claros.

(www.elpais.com, 20/07/09)

10. CASO GÜRTEL. FRANCISCO CORREA, EN PRISIÓN: "¿QUÉ HAGO YO AQUÍ ENTRE DELINCUENTES?"

Llegó aterrorizado, y aún hoy, a Francisco Correa le cuesta salir de su celda y relacionarse con alguien que no sea su socio Pablo Crespo. Los dos jefes de la trama Gürtel comparten celda en el módulo nueve de la cárcel de Soto del Real y, según el relato de un preso que ha compartido varios meses con este grupo, no son especialmente ordenados. Ambos mantienen una relación claustrofóbica, tensa, a la espera de que el juez les deje salir bajo fianza o convoque el juicio por la trama de corrupción.

Correa y Crespo comparten celda desde el día que ingresaron en prisión incondicional, el pasado febrero. Fueron los primeros detenidos del escándalo junto con Antoine Sánchez, primo de Correa. Los dos primos no se soportan. Un recluso que compartió ratos con él relata que se siente una víctima de la trama, que se puso a trabajar para su primo en el negocio de la organización de actos y viajes por necesidad económica. Además, Sánchez afirma que es el único de los tres que no se ha hecho rico con el negocio, que los ha llevado a todos a la cárcel y ha provocado un escándalo de primer orden.

Nunca les ha faltado el dinero. Los presos tienen una tarjeta que se puede recargar con 80 euros a la semana para gastar en el economato de la prisión. La tarjeta de Correa siempre ha tenido dinero, gracias a una cuenta corriente que no le han bloqueado. En las últimas semanas, relata un preso que conoce su situación, empieza a temer que se le acabe ese dinero. Correa vivió su peor día en la cárcel cuando le comunicaron que le habían bloqueado las cuentas bancarias en Suiza. "Correa estaba blanco", asegura este recluso. Con ese dinero pretendía pagar su defensa.

Con esos 80 euros semanales, que se gastaba íntegramente, Correa nunca se ha privado de nada, dentro de las posibilidades de un centro penitenciario. Chorizo y jamón nunca le han faltado. Aunque el líder de las empresas que se hicieron de oro trabajando para el PP se ha pasado meses sobreviviendo con latas de atún, a veces con mayonesa. Bebe siempre Coca-Cola Zero.

Los tres principales imputados del caso Gürtel discuten a menudo, asegura este preso que los ha conocido en Soto del Real. Todos hablan mal de todos por la espalda prácticamente desde el primer día. Antoine se siente traicionado por Correa. Éste pone a caldo cada dos por tres a Crespo. Le pone enfermo, por ejemplo, que Crespo coleccione todos los tiques de compra del economato. Después de siete meses, la celda está llena de esos papeles. El ex secretario general del PP de Galicia, extrañamente, aguanta impasible el humor de su socio. De hecho, su sangre fría, su semblante inalterable, son las principales características que citan de él quienes lo han visto en la cárcel. Mientras Correa ha vivido meses recluido en la celda, Crespo se dedicaba a leer novelas y escribir.

En la cárcel, los presos tienen calado a Pablo Crespo, según el relato que hace F. G., un preso que ha compartido charlas con los tres imputados. La tranquilidad lo delataba en el módulo uno, donde se juntan preventivos de todo tipo de delitos económicos y de narcotráfico. "Ése es el que tiene el dinero, por eso está tan tranquilo". Ésa es la verdad del caso Gürtel que corre por el maco. Crespo tiene el dinero, porque está de lo más tranquilo. A sus compañeros de módulo, que algo saben de esto, no les hacen falta más pruebas.

Correa, más temperamental, vive alterado desde que entró en prisión. Está fuera de sitio, con una actitud miedosa. Pidió que le pusieran, con Crespo, en una celda interior del módulo de preventivos, para que no le diera el sol directamente. Correa no soporta el sol. Tardó tres meses en empezar a relacionarse con unos pocos presos. Habla abiertamente de sus propiedades en Ibiza y Sotogrande, de su finca de Tarifa, por ejemplo, pero apenas menciona su relación con cargos del PP. En confianza, alguno de los tres se suelta a hablar de "LB", el misterioso receptor de más de un millón de euros en sobornos apuntados en la caja B.

Correa se encuentra muy afectado psicológicamente por su situación familiar. Pidió al juez dos veces que le dejara salir bajo fianza para ocuparse de su padre, muy mayor, y de un hermano minusválido. Se lo denegaron por el peligro de destrucción de pruebas. Según el relato de F. G., en una de las pocas llamadas de teléfono que ha hecho Correa habló con su hija. No paró de llorar. Además, según este recluso que ha sido testigo directo de sus primeros meses en prisión, Correa se desenvuelve muy mal. Era Pablo Crespo quien tenía que enseñarle, por ejemplo, cómo se marca un número de teléfono exterior desde la cárcel. Crespo también le comenta las noticias. Correa no quería al principio ver las páginas de los periódicos sobre él. Crespo se las seleccionaba.

En una celda aparte, que ha compartido ya con varios reclusos, se encuentra Antoine Sánchez. El primo de Francisco Correa prácticamente no tiene relación con él. Al poco tiempo de estar en prisión, se unió a un grupo de música del centro. Su ilusión es montar un negocio en Senegal, según ha relatado a otros presos. Uno de ellos asegura que padece de asma y tiene que acudir a menudo a la enfermería.

Los tres fueron trasladados en mayo del módulo uno, donde están los preventivos, al módulo nueve. La razón fue que se corrió el rumor de que les estaban buscando para grabarlos con un teléfono móvil y vender las imágenes. Hubo cacheos, registros de celdas. El rumor era cierto, el móvil finalmente apareció. En el módulo nueve la mayoría de los presos trabajan en las distintas ocupaciones de la prisión y no están durante el día. Correa, más solo que en su destino anterior, ha empezado a ir al gimnasio.

(www.elpais.com, 24/07/09)

11. EL LOBBY NEOLIBERAL DEL PP BOICOTEA A ESPAÑA EN EEUU

La campaña más organizada y dura contra España en el exterior no procede esta vez de Rusia, que el mundo conservador solía considerar culpable. Procede precisamente del corazón de este mundo conservador español: el lobby más liberal del Partido Popular (PP), con conexiones directas con José María Aznar y Esperanza Aguirre, boicotea en EEUU las esperanzas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por convertirse en referente verde de la Administración Obama.

El mayor daño colateral de esta campaña política alimentada por el PP lo sufre el sector español de la energía renovable, que partía en situación de ventaja para beneficiarse del gigantesco plan de estímulo para cambiar el modelo energético de EEUU, cifrado en 600.000 millones de dólares. De ellos, casi 100.000 irán a impulsar las inversiones en energías renovables.

Tras el hito de que Obama citara a España como modelo en renovables, en febrero, Gabriel Calzada, un economista de 37 años protegido por Aznar y Aguirre y vinculado al lobby petrolero que lidera Exxon Mobil, elaboró a toda prisa un informe en inglés, destinado al consumo estadounidense, para demostrar que el modelo español es catastrófico.

El estudio, con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, pero elaborado por tres activistas del Instituto Juan de Mariana, fuerza de choque ultraliberal en la órbita del PP, se benefició de toda la red de contactos cultivado por Aznar institutos vinculados a FAES, medios del grupo News Corp y lobbies republicano y petrolero y ha tenido un gran impacto en EEUU: más de 300 medios internacionales se han hecho eco de sus conclusiones y aún hoy no ha cesado el goteo, que martillea la imagen de España y las expectativas de negocio de las empresas.

En su gira por EEUU, en mayo, Calzada, que lidera en España el grupo negacionista del cambio climático, llegó a culpar a las energías renovables del estallido de la "burbuja española". Su mensaje: EEUU no tiene nada que aprender de España. "Es muy difícil comprender que EEUU quiera aprender cómo crear empleo de un país como España", afirmó en Fox News entre risotadas del presentador, Glenn Beck, que se burló de España y de Zapatero durante toda la entrevista.

El informe, cuya repercusión aquí ha sido nula excepto en el universo mediático de Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez, sostiene que cada empleo creado en renovables destruye 2,2 puestos de trabajos en otros sectores. El documento ha sido contestado por los expertos salvo los adscritos al campo negacionista, pero ha tenido efectos devastadores hasta el punto de que obligó al portavoz de Obama a pronunciarse.

"Se trata de destruir la imagen de España como posible modelo y asociar las energías renovables al paro. La marca España como modelo verde ha quedado muy tocada. Obama ya no utiliza más a España como referente", explica un consultor medioambiental de EEUU con muy buenos contactos en Washington.

El efecto es tan devastador que obligó a la Secretaría de Estado sobre el Cambio Climático a redactar un contrainforme y remitirlo al Congreso estadounidense. La Fundación Ideas, del PSOE, también trató de contrarrestar su incidencia a través del Center for American Progress (CAP), think tank próximo a los demócratas.

Los esfuerzos del Gobierno saben sin embargo a poco a la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que reclama a Industria mayor apoyo. "La mejor respuesta sería un gran plan de renovables, pero no lo vemos", apunta Javier García Breva, uno de sus directivos, muy dolido con el informe difundido en EEUU: "Hemos creado una industria nacional con tecnología propia y ahora se daña su imagen. El informe perjudica mucho los intereses de la industria española y nuestra posición de liderazgo mundial".

Pese a que el PP y la derecha española fijan entre sus prioridades teóricas el apoyo a las empresas y aspiran a la mejor relación posible entre Washingtony Madrid, detrás de la agresiva campaña en EEUU contra la imagen de España y de las empresas renovables está un lobby ultraliberal alimentado por el PP y atrincherado en el Instituto Juan de Mariana, dirigido por Calzada, con conexiones directas con Aguirre, Aznar y Federico Jiménez Losantos. Ni Calzada ni nadie del Juan de Mariana han querido contestar a las preguntas de Público.

Pese a que el informe anti-renovables, de 51 páginas, fue redactado por tres activistas de este Instituto Gabriel Calzada, director, Raquel Merino y Juan Ramón Rallo, para ganar respetabilidad fue lanzado en EEUU con el membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, que da al Juan de Mariana un trato preferente bajo la protección del catedrático Jesús Huerta de Soto, ultraliberal de la "escuela austriaca" y colaborador de FAES, la fundación presidida por Aznar.

Fuentes de la Universidad esgrimen la libertad de cátedra para desentenderse del documento, pero no explican por qué se autorizó su difusión con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos en la portada y todas las páginas interiores, pese a que se trata únicamente de profesores asociados y sólo pueden utilizar membrete los titulares. No es lo mismo irrumpir en EEUU como activistas del Instituto Juan de Mariana que bajo el paraguas de la universidad que además lleva el nombre del jefe del Estado.

La sintonía de la Rey Juan Carlos con el Instituto ultraliberal va mucho más allá: lo ha acogido como centro adscrito, ampara dentro de su programa oficial los cursos de verano que organiza, beca a los alumnos y canaliza la generosa subvención específica que le otorga, en tanto que centro adscrito, el Gobierno de Aguirre: 201.398 euros para 2009

El Gobierno regional colabora directamente con el grupo. La propia Aguirre hizo una intervención en su acto de fundación, en 2005, en un debate para desacreditar el Protocolo de Kioto, y sus consejeros son habituales en la escuela de verano del Juan de Mariana: el año pasado fue ponente Javier Fernández-Lasquetti. Este año lo será Juan José Güemes.

Además, el grupo mediático más afín a Aguirre, nucleado alrededor de Libertad Digital y Federico Jiménez Losantos, al que la presidenta acaba de conceder una licencia de radio para facilitarle la salida de la COPE, tiene en nómina a varios dirigentes del Juan de Mariana y publica sus tribunas.

Por su parte, la conexión entre Calzada y el ex presidente José María Aznar es directa y múltiple. Calzada es colaborador habitual de FAES y en el pasado estuvo tan activo en su grupo de trabajo sobre cambio climático y energía que es en parte responsable del coqueteo con el negacionismo de Aznar, que en enero incluso anunció su intención de acompañar a Calzada a la cumbre escéptica de Nueva York, aunque finalmente se echó atrás.

La FAES ha movilizado a su red en EEUU para dar al informe de Calzada la máxima resonancia. Su centro de referencia en Washington es la Heritage Foundation guardián de las esencias conservadoras y muy vinculado a los republicanos, que ha promovido el documento en su tupida red y organizó un gran acto público en Washington con Calzada.

El grupo News Corp., que tiene a Aznar como consejero, desempeñó el papel de lanzar el informe en el debate mediático estadounidense, lo que arrastró a todos los grandes medios. Fox News entrevistó a Calzada en uno de sus programas estrella y The Wall Street Journal le dedicó encendidos elogios editoriales, aunque el periodista que redactó la pieza informativa dejó claro en el texto su escepticismo.

La Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, el templo académico neoliberal de Centroamérica, es otro punto de conexión entre Calzada y Aznar. La Universidad es socio de FAES y referente del Instituto Juan de Mariana, que ha concedido su máxima distinción a su fundador, Manuel Ayau. Calzada colabora estrechamente con la universidad, al igual que Aznar, que recibió el honoris causa de esta institución en 2006.

(www.publico.es, 19/07/09)

12. EL PP AMENAZA CON ROMPER EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

El PP puso este jueves en cuestión el Pacto Antitransfuguismo firmado por todos los partidos políticos en 1998. Juan José Matarí, portavoz de los conservadores en la comisión de seguimiento del acuerdo, que se reunió en Madrid, aseguró que la actitud del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "pone en grave riesgo" la continuidad del pacto.

Matarí consideró que la de este jueves no fue "la sesión más positiva para la vigencia del pacto antitransfuguismo, porque el PSOE se negó a admitir todos los casos que le afectan". Culpó de ello al propio vicepresidente Chaves, al que, acusó de "anteponer su condición de secretario general del PSOE andaluz a la de ministro de Política Territorial". Matarí se refirió, en concreto, al caso de Ronda (Málaga), donde ocho ex concejales del Partido Andalucista, que gobernaba el municipio junto al PP, "se pasaron al PSOE" para desbancar a los conservadores del poder.

El PP había solicitado que la comisión declarara tránsfugas tanto a los ediles del PA como a los socialistas, pero en la reunión no hubo acuerdo al respecto entre los partidos. En consecuencia, Matarí cree que, los socialistas, "con su actitud, han asestado un golpe muy duro a la comisión".

El organismo presidido por Chaves estudió 18 nuevos casos de presuntos tránsfugas denunciados en lo que va de año. Y tan sólo se alcanzaron acuerdos en torno a seis, cinco de ellos planteados por los socialistas y otro por Coalición Canaria. Se trata de Quismondo (Toledo), Constantí (Tarragona), Abegondo (A Coruña), Ituero de Azaba, Saucelle (ambos en Salamanca) y Antigua (Las Palmas).

A principios de semana, el PP anunció que pondría encima de la mesa el caso de la ex alcaldesa de Córdoba y actual consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar. Pero los conservadores plantearon el asunto en el apartado de ruegos y preguntas, y no fue tratado como un posible caso de transfuguismo como los demás.

Asimismo, tanto el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, como la de la propia IU partido del que formaba parte Aguilar consideraron que el de la ex edil cordobesa "no es, de ninguna forma", un caso de transfuguismo. Matarí, anunció que volverán a plantear el tema en la próxima reunión.

Por su parte, Hernando anunció que durante la reunión se planteó crear la figura de rehabilitación de tránsfuga y propuso que, en un futuro, se analice el cumplimiento y la efectividad del Pacto, que, en su opinión "podría funcionar mejor". El representante de CiU, Jordi Janet, reconoció que todos hacen "de guardametas de sus partidos", por lo que abogó por una "reformulación del acuerdo".

Eberhard Grösske, de IU, apuntó la que, a su juicio, es la clave del "fracaso" del pacto. "Cuando el tránsfuga se va de un partido está visto con reprobación, pero cuando el tránsfuga viene de otra parte se le trata con mucha benevolencia", denunció.

(www.publico.es, 24/07/09)

13. FRAGA APRUEBA LA VISITA DE MORATINOS A GIBRALTAR

Manuel Fraga, senador y presidente fundador del PP, se desmarcó de las críticas a la visita a Gibraltar del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que su partido ha llegado a calificar de "traición histórica".

"No estoy de acuerdo", ha declarado Fraga a Europa Press. "Creo que este viaje, acompañado por las manifestaciones que ha hecho, es perfectamente admisible".

Fraga, quien recientemente viajó con Moratinos a Guinea Ecuatorial, agregó: "A Gibraltar hay que ir de una forma u otra porque si no es desentendernos por completo del asunto. Yo creo que las relaciones pueden y deben ser profundizadas, preparando un futuro en el que no empecemos a desconfiar unos de otros".

Pese a ello, el PP continuó criticando a Moratinos, de quien su presidente, Mariano Rajoy, aseguró que "es el primer ministro de la historia que hace una visita oficial a su propio país".

(www.elpais.com, 24/07/09)

14. CATALUÑA. LA PRESIDENTA DEL PP CATALÁN RIÑE A LOS MIEMBROS DEL PARTIDO QUE INCITAN A LA CATALANOFOBIA

Alícia Sánchez-Camacho no quiere que con la nueva financiación autonómica se repitan los episodios de catalanofobia que envenenaron durante meses el debate sobre la reforma del Estatut. Y no duda en llamar al orden a aquellos compañeros de partido que se han dejado vencer por tentaciones cainitas. "Se ha de ser prudente. […] Se lo he dicho a los de Madrid y se lo he dicho a los de Galicia", ha revelado en RAC1 la presidenta del PPC, para quien enfrentamientos de esta clase "no son buenos ni para Catalunya ni para España".

A su juicio, "quien está haciendo las cosas mal es el Gobierno del señor Zapatero, no Catalunya ni los catalanes." También señala al presidente de la Generalitat, José Montilla, a quien exige que no avive debates sobre la anticatalanidad.

Preguntada sobre las últimas filtraciones del caso Gürtel, según las cuales la alcaldesa e Valencia, Rita Barberá, habría recibido regalos de uno de los principales implicados en la trama corrupta, Álvaro Pérez, el Bigotes, pone la mano en el fuego por Barberá. "La alcaldesa dice que no le han regalado [una bolsa Louis Vuitton] y, por tanto, yo creo en la palabra de la alcaldesa".

Sánchez-Camacho va más allá y propone que se regulen y cuantifiquen los regalos que reciben los políticos.

La presidenta del PPC "ve muchas similitudes" entre lo que ocurre en la Comunitat valenciana con su presidente, Francisco Camps, y el caso de Banca Catalana, y lamenta las posibles consecuencias: "Después esto quedará en nada y el mal ya estará hecho".

No desaprovechó la ocasión de demostrar una vez más su apoyo firme al líder del PP nacional después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lamentase en público no haber podido votar en contra del nuevo modelo de financiación por tener que acatar la consigna del partido. "En el Partido Popular de España manda el señor Mariano Rajoy", sentenció Sánchez-Camacho.

(www.lavanguardia.es, 21/07/09)

15. GALICIA. FAMILIARES DE LOS ALCALDES MÁS FIELES A BALTAR SACAN PLAZA EN LA DIPUTACIÓN

Los alcaldes de Baltar ya han colocado a más familia. Las notas de las últimas oposiciones blindan laboralmente a hijos, nueras, yernos y esposas de regidores del PP orensano. Los mismos entre quienes circuló el mes pasado, para ser firmada, una carta contra el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien los baltaristas reprochaban el reparto territorial de poderes y le exigían rectificación.

José Luis Baltar no pudo completar entonces su estrategia, según reconoció, al difundirse el escrito cuando apenas llevaba unos días en manos de los regidores. Sin embargo, el presidente orensano ha visto cerrado el círculo de su táctica política con estas oposiciones. El acceso a la Diputación de los familiares de los alcaldes consolida la fortaleza interna del barón con vistas al congreso de octubre en donde el baltarismo, puesto contra las cuerdas por Feijóo -primero los apartó de los principales puestos de la lista, después prescindió de ellos para los cargos de relieve en la Xunta y finalmente designó a uno de sus principales oponentes como delegado territorial-, se juega el poder en Ourense y su supervivencia.

Las sospechas sobre la estrategia de Baltar llevó a las Xuventudes Socialistas a realizar una denuncia parodiada hace apenas diez días. Los jóvenes del PSOE representaron un número de magia a cargo del mentalista Toniño Blake. Éste metió en una urna el nombre de cuatro familiares de cargos del PP y tras pronunciar unas palabras mágicas selló la caja y les auguró el aprobado entre el centenar de aspirantes al mismo puesto. abrieron la urna y quedó constancia de que el mago sólo había errado uno de los nombres. Un error "leve", dicen las Xuventudes, ya que la difusión alcanzada por los nombres de los parientes de cargos del PP que iban superando los primeros exámenes hizo que algunos de ellos optaran por retirarse del proceso. Otros, como el cuñado del hijo de Baltar, contratado como técnico de recursos humanos, del grupo A, recibió un suspenso para una plaza de auxiliar administrativo, del grupo C2.

El ilusionista Toniño sí acertó el nombre de Rubén Álvarez, hijo del alcalde de Muíños y nuevo vicepresidente de la Diputación, Plácido Álvarez; el de la compañera del hijo del alcalde de Xinzo, Isaac Vila; y el del ex concejal en Nogueira de Ramuín, Raúl Soto Martínez.

Junto a ellos consiguieron también plaza, en este caso de conserjes -sólo en el edificio cultural hay 33- el concejal del PP de Sarreaus Manuel Rodríguez Martínez y la mujer del alcalde de A Merca. El yerno del alcalde de Vilamarín y senador, Amador Vázquez, obtuvo plaza de técnico superior informático; y el hijo del ex alcalde de Vilamartín de Valdeorras y hermano de la actual alcaldesa, el empresario Ignacio Santiago Candal Jarrín, consiguió la de técnico en desarrollo local y recursos europeos.

El acceso de allegados a cargos populares a plazas de funcionarios en la Diputación de Ourense viene de lejos. Buena parte de los regidores del PP orensano tienen ya colocados ahí a sus parientes cuando no a toda la familia. Es ilustrativo el caso del teniente de alcalde de Cartelle, Jaime Sousa. Primero consiguió colocarse él mismo; después accedieron sus dos hermanos José y Darío; más tarde, su hija Pamela, fruto de su primer matrimonio, y un poco después entró la hija de su actual pareja. Ahora se ha hecho con una nueva plaza su sobrina, Celia Álvarez Sousa.

La oposición está "harta" de denunciar y apela a la ciudadanía para que castigue estas prácticas en las urnas. El portavoz del PSOE Alfredo García advierte que si Feijóo no frena "este caciquismo" como dijo en campaña, será "cómplice".

Pese a las denuncias, Baltar no descansa. El jueves pasado, cuando la Diputación empezaba a hacer públicas las notas de los aprobados en estas oposiciones, el Boletín Oficial da Provincia publicaba las bases de selección de otras 11 plazas, entre ellas monitores de gaita, de canto-pandereta, de juegos populares y de percusión, así como tres agentes de desarrollo local.

(www.elpais.com, 21/07/09)

16. GALICIA. GONDOMAR "PERDIÓ" 700.000 EUROS EN UNA PERMUTA ILEGAL

Carlos Silva Mariño, alcalde de Gondomar en el anterior mandato y, tras la moción de censura del pasado día 7, concejal de Hacienda y Personal, impulsó como regidor la permuta de una parcela municipal de 10.725 metros cuadrados, clasificada como suelo urbanizable, por otra de 1.450 metros, falseando los precios de una y otra. El Ayuntamiento "perdió" casi 700.000 euros en la operación, que ahora ha anulado en sentencia firme el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La permuta fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2004 con los votos del grupo popular, que gobernaba bajo la presidencia de Carlos Silva, y los votos en contra del BNG y PSOE. El gobierno valoró la parcela municipal en 900.000 euros y la particular, propiedad de Promociones Colmeiro y Martínez SA, en 574.997 euros, y dos meses después rechazó un recurso de reposición contra ese acuerdo presentado por el BNG, que acabó llevando el asunto al juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo.

La parcela de Promociones Colmeiro era de uso comercial que el plan general de entonces -anulado un año después por el Tribunal Supremo- hacía prácticamente inviable por las reservas de suelo para aparcamientos que requería su utilización teórica. La parcela municipal, a la entrada de la localidad por la carretera de A Ramallosa, admitía, sin embargo, un desarrollo residencial. El perito judicial fijó para la primera un valor de 418.116 euros y para la municipal, de 1.422.225 euros. El gobierno de Silva había aceptado una diferencia de valor de 325.000 euros cuando esa diferencia se elevaba, según el perito judicial, a 1.004.000 euros.

La sobrevaloración de la parcela privada y la infravaloración de la municipal había tenido el efecto de burlar el tope del 40% de la diferencia de valor entre ambas para permitir con ello la permuta, ya que de superar ese porcentaje, como era el caso, tendría que haberse tramitado por un sistema de subasta.

El juzgado estimó en su sentencia, en julio de 2007, que había una falta de motivación de la permuta y que hubo "una incorrecta o fraudulenta valoración de las parcelas". Promociones Colmeiro y Martínez recurrió el fallo ante el TSXG, que en sentencia firme, con fecha 30 de junio último, ha desestimado el recurso de la promotora y ha anulado el acuerdo plenario de julio de 2004 que aprobó la permuta.

Ahora el asunto se complica porque en la parcela municipal ya hay construido un bloque de unas 40 viviendas. "Un nuevo pelotazo urbanístico del gobierno de Carlos Silva queda al descubierto", señalaba el BNG al dar a conocer la sentencia, después de la agitación que ha vivido el municipio en las últimas semanas por causa de la moción de censura que expulsó a los nacionalistas del gobierno para hacer alcalde al candidato del PP, Martín Urgal, en un confuso procedimiento de militancias aún no aclarado.

Una primera tentativa de moción de censura, en mayo, fracasó porque el candidato a sustituir al alcalde nacionalista, Antón Araúxo, era el ex alcalde Carlos Silva, condenado a prisión e inhabilitación, como toda su junta de gobierno -aunque están pendientes de que se falle su recurso-, por prevaricación urbanística en relación con un pequeño lote de las más de 300 licencias que concedieron al amparo del plan general de urbanismo anulado por el Tribunal Supremo. La candidatura de Urgal a la alcaldía, en lugar de la "poco estética" de Silva, permitió que la moción de censura prosperase con el apoyo de los cuatro concejales del grupo socialista y de un independiente.

En el nuevo gobierno, Carlos Silva figura como concejal de Hacienda y Personal y es el único que mantiene la militancia en el PP, ya que el resto del grupo pidió la baja momentos antes de ejecutarse la moción de censura, el pasado día 7, "para no perjudicar al partido" en relación con el pacto antitransfuguismo. Todo el grupo socialista, por su parte, fue expulsado del PSdeG por apoyar la moción.

En el pleno que sirivió de estreno al nuevo gobierno, el viernes, los concejales de ambos grupos, que teóricamente deberían engrosar un nuevo grupo de "no adscritos", se reivindicaron como miembros de sus anteriores grupos, un tema secundario, según explicó el nuevo alcalde, Martín Urgal, para quien lo importante es que "hay 12 actas legítimas de concejales que trabajan para que Gondomar avance".

En el PP provincial reafirman ese criterio, hasta el punto de que el vicepresidente de la Diputación y del partido, José Manuel Figueroa, presentó el pasado jueves en la sede de la Diputación en Vigo, junto a Martín Urgal y Carlos Silva, la I Festa da Anguriña, una estrambótica celebración para promocionar el turismo y esa "excelencia gastronómica" de Gondomar de la que no se tenía la menor noticia y que se limita a aprovechar una marca comercial de Pescanova. La festa se celebrará hoy y todo ello es reflejo, según el BNG, de la "corrupción rampante, en urbanismo y en todas las actividades", que se ha reinstalado en el ayuntamiento de Gondomar desde la moción de censura.

(www.elpais.com, 20/07/09)

17. ANDALUCÍA. DE LA TORRE IMPONE RESTRICCIONES AL DEBATE POLÍTICO EN EL PLENO DE MÁLAGA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere acabar con las sesiones maratonianas del pleno de Málaga -la última se prolongó más allá de la medianoche- y se le ha ocurrido que la mejor forma de hacerlo es imponer un límite al número de mociones que los grupos políticos pueden llevar a cada una de ellas. La propuesta de reforma del reglamento de pleno ha indignado a los dos grupos de la oposición municipal, PSOE e IU, que la consideran un "retroceso democrático" y un intento de "hurtar" el debate político de los asuntos ciudadanos.

Las mociones son propuestas para que el pleno de la corporación se posicione sobre asuntos de de la ciudad o que emplazan a la adopción de determinadas medidas a otras administraciones. Hasta ahora no había ningún límite numérico. La propuesta de reforma impone un límite de dos mociones a cada grupo político, ampliable en función del número de concejales, una más por cada dos ediles que se tengan a partir de ocho. Con la configuración actual, el PP puede presentar seis mociones, cuatro el PSOE y dos IU.

El PP no suele presentar mociones ordinarias porque el equipo de gobierno no tiene límites de proposiciones urgente, mientras que cada grupo de la oposición sólo puede una, algo que no se reforma. Ayuntamientos como Sevilla tienen restringido el número de mociones ordinarias, pero no las urgentes.

La portavoz del PP, Carolina España, justifica que es "una obligación" poner límites para "dignificar el pleno". "No podemos estar hasta las tantas de la noche debatiendo asuntos que no son propios del pleno, como que hay un chino en no sé qué calle", se queja.

Los plenos de Málaga suelen durar unas 10 horas, y lo habitual es que comiencen con entre una y dos de retraso. Para compensar, la reforma también incluye ampliar de tres a cuatro el número de propuestas que cada grupo puede llevar a las comisiones informativas. Como hay seis, y dos grupos de la oposición, España hace cuentas para rechazar que se merme la participación. "La oposición ahora podrá presentar 12 mociones más", concluye.

Eso si, la reforma también incluye que cuando una moción es rechazada en comisión ya no puede ir a pleno, algo que no ocurre ahora y que según el PSOE es muy grave porque equivale a impedir que muchos asuntos lleguen nunca a pleno. Para el PP, el pleno debe estar para los grandes temas, y hay cuestiones que deben ser debatidas en comisión o en los plenos de distrito. "Es verdad, pero el problema es que los plenos de distrito no se convocan nunca", denuncia el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes.

El portavoz socialista replica el argumento del PP de que la reforma trate de hacer más operativos los plenos y sostiene que "lo que pretende es cerrar la boca de los ediles de la oposición".

El portavoz socialista acusa además al alcalde de ser el principal responsable de la demora de los plenos "porque habla siempre que quiere y todo lo que quiere, en lugar de limitarse a presidir el pleno y hacer de árbitro". Para el PSOE, la limitación propuesta es "una barbaridad, un atropello a los derechos fundamentales".

El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, "el PP se ha dado cuenta de que los plenos tienen cada vez más contenido político y quieren cargárselo".

"Es aberrante", insiste Moreno Brenes, "un retroceso inadmisible en el pluralismo". "Que una vez al mes se pueda hablar, discutir de los asuntos de ciudad el tiempo que tenga que durar es bueno, lo malo es que no haya debate, que la gente no tenga referencia", explica.

(www.elpais.com, 20/07/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE EL PP DEBIÓ HABER VOTADO ‘NO’ AL MODELO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a pisar un callo a la dirección del PP, y de su líder, Mariano Rajoy. Aguirre aseguró que la decisión de que las comunidades que gobiernan los populares se abstuvieran en la votación del nuevo modelo de financiación "fue un error", y aseguró que por coherencia el partido "debería haber votado en contra".

En una entrevista publicada por El Mundo, la díscola dirigente del PP no perdió la oportunidad de dar a entender que el primero en incurrir en la contradicción es el propio Rajoy, ya que Aguirre argumentó que se tendría que haber votado en contra "simplemente" por como describió el líder popular el nuevo modelo: "Una chapuza, insolidario, injusto y perjudicial para los españoles".

La presidenta madrileña recalcó que se limitó a obedecer lo que ahora califica de error: "Desde Génova [por la sede del PP] se dio la instrucción de abstenernos, y yo lo acepté por disciplina de partido". Y no se quedó aquí. "Habrá que preguntar por qué se ha hechó así", agregó en referencia al vicescretario de política territorial del partido, Javier Arenas.

Las palabras de Aguirre suscitaron "enfado" en la dirección, algunos de cuyos integrantes juzgan "inexplicable" que polemice con compañeros. Aguirre subrayó que no es la única en el PP que cree que fue un error abstenerse.

(www.elperiodico.com, 20/07/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE DESCONOCER EL MALESTAR EN EL PP POR SU OPOSICIÓN AL NUEVO MODELO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado desconocer el malestar generado en la dirección del PP nacional por su postura de oposición y rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, después de que este domingo señalara que la decisión de Génova de abstenerse en la votación había sido un "error".

"Eso que usted dice lo desconozco y por lo tanto no lo voy a comentar", respondió la presidenta a uno de los periodistas que le preguntó sobre el "enfado" que pudo generarse este domingo en la formación tras las declaraciones de Aguirre en el diario El Mundo donde apuntaba que habría que preguntar al vicesecretario de política territorial del PP, Javier Arenas, el porqué de la abstención.

Durante una visita a Fresnedilla de la Oliva con motivo del 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Aguirre dijo que lo que sí hay en la Comunidad es "malestar" con el sistema de financiación autonómica e indicó que "el principio de suficiencia financiera se tiene que garantizar a Madrid".

"La Comunidad de Madrid que es la que más impuestos recauda, la más solidaria, la que más aporta al fondo común, se ha visto sorprendida con dos hechos para nosotros muy negativos", afirmó y citó, en primer lugar, que "no se reconoce el incremento de la población".

Así, aseguró que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de junio apuntan a que hay 6,4 millones de ciudadanos en la región, y que, sin embargo, "se toma como cifra base la del año 2007" para el nuevo modelo de financiación.

"Dicen que fue el último año en que se liquidó. Qué tiene que ver la liquidación con la población", se preguntó y destacó que hay más de 300.000 madrileños " que no se reconocen".

Aguirre, que dijo que no tiene "nada que decir" sobre la Operación Gürtel, destacó también que en el nuevo sistema se hacen unos "estratos de la población para la financiación sanitaria perjudican clarísimamente a Madrid" e indicó que gracias a ellos "608.000 madrileños desaparecen del sistema".

(www.cadenaser.com, 20/07/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS VE POSIBLE QUE SUS AGENTES VIGILARAN A ESPIADOS

"No sé cuál es el resultado de los posicionamientos [de los teléfonos móviles de los ocho agentes de la Consejería de Interior investigados por una juez por espionaje], pero no creo que sea una gran noticia que en un acto público haya la demostración de que había algún miembro de la seguridad que tiene obligación de prestar seguridad a los miembros del Gobierno. No creo que tenga la menor trascendencia".

Las palabras del consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el jueves, cuando presentó la reestructuración del aparato de seguridad del Gobierno de Aguirre, admiten la posible presencia de agentes en los actos de los miembros del Gobierno regional, lo que supone un giro copernicano en la estrategia del Gobierno de Aguirre sobre su escándalo de espionaje.

Un juzgado de Madrid investiga si los ocho agentes sospechosos de redactar los partes de seguimiento del ex consejero Alfredo Prada y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, estuvieron en los actos de los espiados. Los seguimientos incluían sus actos políticos, pero también comidas privadas, fotografías y matrículas de sus interlocutores, y seguimientos hasta el domicilio.

Para conocer sus movimientos, la juez ha solicitado a las compañías telefónicas el posicionamiento de las llamadas que pudieran haber realizado esos meses. Ante la posibilidad de que se confirme la presencia de alguno de los agentes en los mismos lugares que los políticos seguidos, Granados ya se ha anticipado a minimizarlo: "No tiene trascendencia".

Granados añadió: "Los técnicos de la Comunidad se han dedicado exclusivamente a labores de seguridad, incluida la seguridad de edificios y de las personalidades del Gobierno, como complemento de la seguridad prestada por el Ministerio del Interior. Estas actividades han sido de contravigilancia y avanzada en los actos públicos, y en edificios y en domicilios particulares". Ahora parece reconocer que las avanzadas y las contravigilancias no eran competencia de la consejería, sino del Ministerio, ya que las acaba de encomendar a una futura unidad de 80 policías nacionales.

Portavoces de Granados no descartan que Prada haya sido protegido con avanzadas o contravigilancias, pero no precisan fechas: "No hay un informe". Prada nunca fue informado de tales protecciones, ni las ordenó en su etapa al frente de la consejería.

(www.elpais.com, 18/07/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL FUEGO EN EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO FUE INTENCIONADO

El incendio, el pasado lunes, en el archivo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón fue intencionado, según fuentes de la investigación. Este municipio, gobernado por el PP, ha sido investigado en el caso Gürtel por corrupción vinculada a ese partido, y las dependencias municipales han sido registradas dos veces por orden del juez. Su ex alcalde Jesús Sepúlveda dimitió por su implicación en el caso. El magistrado Baltasar Garzón le acusaba de aceptar 400.000 euros en sobornos.

El fuego se produjo pasadas las dos de la tarde en el sótano del edificio, momento en el que, según testigos, un hombre calvo de mediana edad prendió fuego a unos legajos colocados encima de un archivador y se marchó, mantienen fuentes policiales. "Fue sofocado inmediatamente, y, en principio, no parece que esos documentos tengan relación con el caso Gürtel, sino con papeles del impuesto sobre bienes inmuebles", aseguran las mismas fuentes. El Ayuntamiento de Pozuelo remitió un comunicado en el que afirma que el fuego en el archivo "no destruyó ningún documento significativo".

Una portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón contradijo la versión de las fuentes de la investigación, señalando que "no se quemó ningún papel, ya que el fuego se produjo cerca del archivo, pero no dentro". La misma fuente asegura que ha puesto en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía los hechos para que investigue lo sucedido con el fin de que el expediente sea trasladado al juzgado.

El Consistorio arremetió contra el grupo socialista, que calificó el fuego de "sospechoso". "Las insinuaciones vertidas por el PSOE sobre el origen del incendio realizadas sin la menor prueba sobre lo sucedido son lamentables, irresponsables e impropias, y sólo tienen como finalidad seguir extendiendo la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación relacionada con este Ayuntamiento", añadió la portavoz. La alcaldía de Pozuelo respondió que no tiene nada que ocultar respecto a su gestión y que cumple con todas las normas de fiscalización de conformidad con la ley.

(www.elpais.com, 22/07/09)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ FLORS DICE QUE LAS PRENDAS SE PAGARON CON LA CAJA B DE CORREA

Una nueva prueba procedente de la investigación sobre la trama de corrupción del PP, que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha reafirmado al juez en las imputaciones de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Se trata del informe de la Oficina Nacional de Fraude en el que se atribuye el pago de los trajes de los cuatro imputados en Valencia a través de la "tesorería oculta de la Caja B" de Orange Market, además de los manuscritos hallados en el despacho de Francisco Correa, que atribuía a éste y a Pablo Crespo los pagos de prendas.

La nueva documentación ha llevado al juez instructor, José Flors, a relacionar directamente los regalos con la adjudicación de contratos a Orange Market. En este sentido, el auto concreta la imputación de Camps, Costa, Campos y Betoret diciendo que los hechos que "indiciariamente se atribuyen" no consisten en la "mera aceptación de un único regalo que se le hubiera podido ofrecer ocasionalmente por alguien". Al contrario, remarca el juez, "lo que parece desprenderse" de la investigación es que"esas personas encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y algún otro objeto que eligieron, sin pagar su precio ni en el momento del encargo ni el momento de la recepción, aceptando que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por la Generalitat Valenciana".

Respecto a las pruebas elaboradas por la Oficina de Fraude de la Agencia Tributaria, la primera de ellas se refiere a los pagos pendientes de Milano, relacionados con Camps y Campos, que "pudieron hacerse por Pablo Crespo con el dinero en metálico que el mismo 23 de enero recibió de la tesorería oculta o Caja B de Orange Market".

La segunda prueba viene de la documentación intervenida en el piso franco de Correa, el despacho de la calle Serrano, donde había un sobre con varias hojas manuscritas. Su contenido era un listado con los nombres de los imputados, con fechas y cantidades en euros, además de los datos de una cuenta bancaria de Milano "donde poder hacer un ingreso o transferencia".

Por último, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez denegó la suspensión del procedimiento pedida por las defensas y aceptó la petición de algunas pruebas de las acusaciones. Así, ordena varias diligencias de la Fiscalía consistentes en peticiones de facturas, pedidos y documentación bancaria. Respecto a la petición de la acusación popular, ha ordenado la remisión de la sentencia de despido a favor del sastre José Tomás.

(www.levante-emv.com, 18/07/09)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL TSJ DE MADRID INVESTIGA SI CORREA PAGÓ 420.000 EUROS AL PP VALENCIANO

¿Dónde estaban los 420.000 euros del PP VLC que habían salido de la Caja B de Correa, según el juez Garzón? Ésta era la pregunta que subyacía en el ambiente desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumió la competencia de la investigación de la Audiencia Nacional respecto a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. Hay que recordar que el auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón aludía a importantes cantidades de dinero que relacionaban a la trama del caso Gürtel con el PP valenciano.

El TSJ valenciano excluyó de su investigación expresamente "los hechos referidos a apuntes sobre, aparentemente, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", explica el tribunal en una respuesta a la Fiscalía denegándole varias pruebas relacionadas con el Grupo Correa.

En otra respuesta, en esta ocasión a la acusación popular, también el TSJ de Valencia deja claro que se le deniega la prueba porque es "objeto de la causa principal que se sigue ante otro órgano jurisdiccional", la que investiga el TSJ de Madrid, y que "estaban pendientes de investigación" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Lo que estaba "pendiente de investigación", como refiere el TSJ de Valencia y como figura en el auto del juez Baltasar Garzón, del pasado 5 e marzo, era una salida de 420.000 euros, de la "contabilidad B de Serrano", es decir de la caja B del despacho de Francisco Correa en la calle Serrano. en un apunte contable del 18 de diciembre de 2002, "figura una cantidad de 1.000.000 de euros sin constar la procedencia" y, dentro de la "distribución de esa cantidad" aparece "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros". Y añadía que "el dinero recibido, 420.700 euros, se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

A continuación, el juez Garzón afirmaba que "consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponden 420.700 euros hacia el Partido Popular de Valencia". Continúa diciendo que "no existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política , que no tendría que participar en este tipo de operaciones". Y, por último, señalaba Garzón "esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación". Con ello, Garzón estaba poniendo en conexión el cobro de comisiones del PP valenciano con la adjudicación de contratos.

No obstante, de esta investigación poco se puede conocer porque el TSJ de Madrid aún no ha levantado el secreto de las actuaciones. Y ante el temor de la acusación a que "se quede sin investigar algún hecho" de las diligencias del juez Garzón, el TSJ de Valencia responde que el TSJ de Madrid tiene "perfecto conocimiento de lo que fue asumido por esta Sala y de lo que no fue asumido". De ello se deriva, que Madrid está investigando todo lo que no tiene que ver con los trajes.

Dentro de la maraña de recursos presentados por las acusaciones y las defensas ante el instructor y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda pendiente por resolver el definitivo, el que plantea ante la Sala bien el archivo o bien la ampliación de diligencias fuera del procedimiento del jurado, respecto al auto de 6 de julio. En su recurso, la acusación popular ejercida por los socialistas, plantean ante el TSJCV la necesidad de investigar la conexión entre los regalos y las adjudicaciones de contratos a Orange Market.

En este sentido, insisten en pedir los expedientes de contratación de esta empresa respecto a las adjudicaciones de la Generalitat, al estimar que hubo irregularidades. Para ello se basan en un informe que consta en la actuaciones y que "informa sobre la concurrencia de irregularidades en los procesos de contratación efectuados por la Agencia Valenciana de Turismo, entre los que se encuentran los contratos de Fitur". Se trata del informe de la Sindicatura de Cuentas, que cita once irregularidades.

Entre ellas, se habla de que "se realizan cuatro contratos con el mismo objeto", y "se omiten los dos trámites preceptivos de iniciación y aprobación del expediente". No "se justifica la necesidad" ni se aprueba "el pliego de prescripciones técnicas". Tampoco "se aprueba el cuadro de características básicas". Además, "el pliego de prescripciones técnicas incluye materias que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares". Tampoco consta el "requisito de justificación" y "se contrata conjuntamente proyecto y ejecución". Señala que "se efectúan contratos por el procedimiento negociado" y no se publica la adjudicación". Y, a veces, la empresa adjudicada no ha sido invitada.

(www.elperiodico.com, 24/07/09)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. ´OS LO VOY A MONTAR EN MI PUEBLO CON UNAS TÍAS´

Francisco Correa, el cabecilla de la trama de corrupción a la que estarían supuestamente vinculados cargos del PP, se jacta, en un nuevo fragmento de las más de 26 horas de grabaciones incluidas en el sumario del caso que desveló la cadena Cuatro, de la organización en Valencia de una fiesta con participación de mujeres que pone en evidencia al alcalde de La Nucia y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, al que se cita por su nombre de pila en la grabación difundida por la emisora de televisión. Bernabé Cano, que no contestó ni a las llamadas ni a los mensajes de este periódico, ya apareció supuestamente ligado a Correa tras conocerse la investigación, el pasado mes de febrero, cuando en otra grabación se hablaba de una operación urbanística en el municipio de La Nucia en la que la red corrupta tenía intereses. En aquel momento, Cano sí logró esquivar la polémica.

En esta nueva grabación, de apenas 24 segundos, el líder de la trama, actualmente encarcelado, describe cómo organizó una fiesta en un restaurante de Valencia con presencia femenina, y alude a la asistencia del primer edil nuciero, al que se refiere como Bernabé. Francisco Correa asegura que el también diputado provincial del PP, uno de los hombres de confianza de Camps en la Marina Baixa, "se lo pasó tan bien" que, a renglón seguido, les ofreció organizar una fiesta similar, también con la asistencia de mujeres, en su propio municipio.

La transcripción textual de las palabras de Correa es como sigue: "Vino el alcalde... Bernabé... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante... Y entonces dijo éste: 'Yo os lo voy a montar en mi pueblo, con unas tías de puta madre, como las que hay en Pigmalión... que son unas tías de puta madre'".

No es la primera vez que el nombre del primer edil ni el de La Nucia, una localidad que ha registrado un impresionante desarollo urbanístico durante la última década, aparece ligado a la operación Gürtel. Tanto es así que, en una de las primeras grabaciones de Correa que salió a la luz, el cabecilla de la red corrupta aludía a la posibilidad de hacerse con un jugoso proyecto urbanístico en la localidad (el plan de Pie de Monte), que estaba entonces paralizado por el Consell. Correa apuntaba que el entonces responsable del urbanismo valenciano, Esteban González Pons, le buscaría una salida para que el proyecto pudiera desbloquearse y que parte de los beneficios los repartiría con el alcalde y con el Bigotes, que tiene un chalé de su propiedad en una urbanización situada a caballo entre los términos de La Nucia y l'Alfàs del Pi. Bernabé Cano rechazó de plano entonces cualquier acusación sobre un proyecto urbanístico que, todavía a día de hoy, no se encuentra en ejecución. Cano, amigo de Álvaro Pérez, también ha salido a la palestra a cuenta de un intento de adjudicación para Orange Market.

El responsable de Ciudades del PSOE, Antonio Hernando, se refirió al recurso del presidente Camps sobre los pagos de los trajes y subrayó que sus "excusas" y su "defensa" demuestran que "nunca pagó los trajes y que es un mentirosos compulsivo". En respuesta, la vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, subrayó que Antonio Hernando es una "marioneta" de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y exigió que se disculpe "inmediatamente". agencias valencia

(www.levante-emv.com, 18/07/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL BIGOTES AFIRMA QUE HIZO REGALOS A BARBERÁ

Álvaro Pérez, alias El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, revela en una llamada telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero que en los últimos cuatro años ha hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP. En concreto, señala que le ha regalado bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton.

En la grabación, que la policía extracta en un informe, El Bigotes charla con una persona llamada "Cándido" y le comenta que en ese momento "está en [una tienda de] Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", subraya Álvaro Pérez. Según explica El Bigotes a Cándido, Barberá "no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

De esta conversación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía concluye que "la alcaldesa de Valencia" ha recibido "regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años". El citado informe del caso Gürtel tiene fecha del pasado 23 de enero y aclara que, en ese momento, los agentes policiales "están pendientes de obtener las facturas correspondientes a las compras efectuadas" por El Bigotes en una tienda de Louis Vuitton.

La alcaldesa indicó a este periódico que "jamás en su vida" ha recibido regalos de El Bigotes. No es la primera vez que lo niega. Hace un mes hizo el mismo comentario al ser preguntada por una redactora de EL PAÍS sobre si había recibido regalos de Álvaro Pérez.

El presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, también ha negado durante meses haber recibido regalos (trajes) de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP y ha insistido en que él se pagaba sus trajes y en que no conocía a El Bigotes. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors no cree a Camps y le imputa un delito de cohecho impropio, el que comete la autoridad pública que acepta regalos, aunque sean a cambio de nada.

Orange Market es la empresa filial en Valencia de la red de sociedades que dirigía del cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa. El hombre de confianza de Correa en Valencia y gestor de Orange Market es Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial señala que Barberá es "diputada de las Cortes valencianas desde 1983" y "alcaldesa de Valencia desde 1991". Y razona: "Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, SL, en Valencia, concurre desde el año 2005 a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, habiendo obtenido la adjudicación desde 2006 a 2009".

Un bolso de Louis Vuitton, como los que supuestamente regalaba El Bigotes a la alcaldesa, cuesta una media de 900 euros, según fuentes del citado establecimiento. "El más barato, 350 euros, y el más caro, 4.400", añadieron esas fuentes. Barberá suele exhibir habitualmente bolsos de esta marca de lujo. Cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este organismo adjudicó a Special Events, una de las empresas del entramado de Correa, la organización de varias de sus asambleas, por un importe de total de 800.000 euros. La adjudicación fue suscrita por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, uno de los casi 80 implicados en el caso Gürtel entre cargos públicos y empresarios que se prestaron a pagar dinero o dádivas a políticos del PP a cambio de contratas y otras lucrativas operaciones.

En la contabilidad B, opaca al fisco, de las empresas del jefe máximo de la trama, Francisco Correa, hay una anotación que refleja una entrega de 30.000 euros a De la Cruz cuando éste era jefe del gabinete del ex ministro Francisco Álvarez Cascos. El primer evento encargado por la FEMP a las sociedades de Correa se celebró en 1999 y costó 232.305 euros, casi el doble que el anterior. El segundo, ya en 2003, volvió a duplicar la cifra: 570.000 euros.

En la variante del caso Gürtel en Valencia, que investiga el juez Flors, no figura ni imputada ni implicada la alcaldesa de Valencia. A pesar de que, si lo que comenta El Bigotes en esa grabación es cierto, la acción de recibir dádivas, sería justamente la misma que imputa el juez Flors a Camps, un supuesto cohecho impropio. Flors sostiene que Camps debe ser juzgado por ese delito por el mero hecho de ser una autoridad pública y haber aceptado trajes pagados por la trama corrupta.

(www.elpais.com, 19/07/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. READMITIDO EL SASTRE QUE HIZO LOS TRAJES DE CAMPS

El sastre José Tomás volverá el próximo viernes a su puesto de trabajo en FY Outlet, en Serrano, 25, de Madrid, como director general de sucursales. El empresario Eduardo Hinojosa ha optado por readmitirle en su puesto y no por abonarle la indemnización fijada por sentencia de 232.500 euros. "Estoy encantado de recuperar mi trabajo, del que nunca debieron echarme y que perdí injustamente. Regreso con una enorme alegría", afirmó Tomás.

Hinojosa envió un burofax al abogado de Tomás en el que le comunicaba que era readmitido y que, de acuerdo con los plazos que establece la ley, el viernes, como máximo, debe reincorporarse. Como anticipo, el pasado lunes, Tomás tenía en su cuenta bancaria los salarios de tramitación de cinco meses y dos días. El sastre fue despedido el pasado 11 de febrero. El juicio por despido improcedente se celebró en el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid el martes 23 de junio. Y el pasado 13 de julio se conoció la sentencia en contra del empresario.

Quedan cosas pendientes. Hinojosa presentó el 16 de febrero una denuncia contra el sastre acusándole de doble contabilidad. El Juzgado número 15 de Madrid se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia, por entender que tenía que ver con la investigación de la trama del caso Gürtel. Esa denuncia aún está pendiente. Y lo está también saber qué hará Tomás, sastre de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, imputado en Valencia por un supuesto delito de cohecho, respecto de las acusaciones de mentiroso y falsificador que contra él vertió quien vuelve a ser su jefe.

Tomás aseguró : "Mi objetivo es acudir a mi trabajo, como el profesional que soy. No arrojo la toalla ante nada ni nadie. Mentir es fácil pero el recorrido es muy corto".

(www.elpais.com, 22/07/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ AMIGO DE CAMPS ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE HACER UNA "MONTERÍA" CONTRA EL PP

La actuación del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya había causado controversia por su ceñimiento a investigar exclusivamente los trajes supuestamente regalados a Francisco Camps. Ahora, no sólo ha rechazado la petición de los socialistas para que se investigue más en profundidad, sino que también ha calificado la actitud del PSPV, acusándoles de realizar "una especie de batida de montería". Los socialistas amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional porque entienden que el TSJV se dedica a "limitar la causa".

Ya se había señalado que los magistrados valencianos habían pactado que la investigación se ciñera exclusivamente al asunto de los trajes, sin llegar más allá. Un más allá que ya señaló en su día el juez Garzón y que se materializa en las sospechas de financiación ilegal del PP valenciano.

Los socialistas valencianos pidieron al tribunal que ampliase su instrucción a otros delitos más allá del cohecho que se le atribuye a Camps por los presuntos trajes regalados. El TSJV no se conformó con tumbar su recurso, sino que se atrevió a calificar el interés de los socialistas como "una especie de batida de montería" contra el PP y les acuso de "removerlo todo".

Más allá de las impactantes imágenes de Camps entrando a declarar, lo cierto es que la investigación se limita a investigar sobre el cohecho impropio que supondría haber regalado los trajes. Nada hay sobre los presuntos bolsos de lujo de Rita Barberá ni sobre la posible financiación ilegal del partido, como señaló el juez Garzón. La sospecha tendría que ver con una anotación de la caja B de Correa que reza "PP VLC, 420.700 euros".

El PSPV ya ha asegurado que irá hasta el Tribunal Constitucional por entender que el TSJV "bloquea" el caso y que los indicios abordados por Garzón quedan en el "limbo jurídico". Aunque el recurso al TC no podría modificar la actuación del tribunal valenciano, sí podría obligar a reabrir el caso.

(www.elplural.com, 23/07/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. REGALOS POR DOQUIER: GERARDO CAMPS VIAJÓ GRATIS TRES VECES CON AIR NOSTRUM

"¿Quién no recibe un regalo por Navidad?", aseguraba Esteban González Pons. Quizá tenga razón, pero se están destapando todos en verano. Según informa la Cadena SER, Gerardo Camps, vicepresidente de la Generalitat Valenciana viajó gratis con la compañía Air Nostrum hasta en tres ocasiones. Algo que podría ser banal, si no fuera por las numerosas subvenciones que ha recibido la compañía del Govern.

Además, Air Nostrum ha recibido la aprobación de la Generalitat para realizar un ERE que tiene en vilo a más de 500 trabajadores. Junto a Camps, en uno de aquellos viajes gratis total, iba Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por cohecho por recibir presuntamente trajes de la trama Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente y responsable económico del Consell viajó tres veces gratis con la compañía Air Nostrum, que ha recibido numerosas subvenciones de la Generalitat y la aprobación para hacer un ERE que quita el sueño a más de 500 trabajadores. La decisión de a quién van las subvenciones y que ERE se aprueba depende directamente de Gerardo Camps.

En 2007 y en 2008 se produjeron los dos primeros viajes y en uno de ellos Camps iba acompañado de su familia. La última ocasión tuvo lugar en junio, en un viaje a Ibiza también gratis total. En esta ocasión le acompañaba Ricardo Costa, mano derecha del presidente Camps y con el que comparte imputación por recibir supuestamente trajes en el caso Gürtel.

Costa ha asegurado que el encargado de gestionar el viaje fue Gerardo Camps, quien también le invitó a acompañarle. El secretario general del PP dice que se tuvo que volver antes de lo previsto y la vuelta se la pagó, por 320 euros, en una agencia de viajes. Por su parte, Air Nostrum asegura que regala viajes de manera habitual a políticos y otros personajes públicos.

(www.elplural.com, 22/07/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE CASTELLÓ READMITE COMO POLICÍA AL SOBRINO DE FABRA ARRESTADO POR DROGAS

El gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) ha readmitido en el cuerpo de la Policía Local al sobrino y ex guardaespaldas de Carlos Fabra que fue detenido el pasado octubre por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas que disponía de laboratorios clandestinos de cocaína en la capital de la Plana. El acuerdo quedó ratificado el 10 de julio de 2009 por la Junta Local de Gobierno que preside el alcalde, Alberto Fabra, aunque el asunto no había trascendido en el orden del día al ser tramitado de urgencia por despacho extraordinario.

Este agente, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria, salió en libertad bajo fianza el pasado mes de marzo tras el pago de 40.000 euros y residía con su familia en Benicàssim al tiempo que trabajaba en un negocio familiar. El gobierno local se limitó a manifestar a través de su gabinete de prensa que el ayuntamiento "se está acogiendo en todo momento a lo que marca la ley".

(www.levante-emv.com, 22/07/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ANULA EL PAGO CON SUELO PÚBLICO DE UN PAI EN BENIDORM

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante considera ilegal la decisión del alcalde de Benidorm, Manuel Pérez, del PP, de pagar con suelo público gastos de urbanización en un PAI. Pérez Fenoll firmó el 5 de junio de 2007 un decreto para que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal. El acuerdo, de acuerdo con un informe externo, incluía ceder al urbanizador 7.490 metros de techo de los 14.864 del consistorio.

El juez considera que el patrimonio municipal del suelo no puede usarse para pagar los gastos que genere su urbanización. Lo llamativo es que la entrega del suelo municipal al urbanizador para cubrir los 2,5 millones de euros del Ayuntamiento se pretendió hacer en 2007 con la valoración de 2000 (cuando se adjudicó el PAI), es decir, a 45.000 pesetas (270 euros) el metro de techo. Atendiendo a la evolución del mercado, fuentes consultadas del sector confirman que el precio del metro de techo pudo, al menos, haberse multiplicado por cuatro en esos 7 años.

Los socialistas acusan al PP de haber "dilapidado y enterrado" en los 18 años que gobiernan "más de 100.000 metros de techo por valor de más de 200 millones de euros" provenientes del 10% de los diferentes sectores. "Nos han dejado sin suelo, sin dinero y sin viviendas protegidas", aseguró el edil del PSPV Jaime Llinares.

El Ayuntamiento ya sufrió un duro revés a finales de 2008 cuando el Tribunal Supremo anuló la compensación en metálico de 1.425 millones de pesetas que ofreció el adjudicatario de la condición de agente urbanizador el año 2000. El Supremo entendió que el pago en dinero del 34% del aprovechamiento lucrativo que significaba ese dinero no podía repercutirse entre los propietarios de suelo, que sólo están obligados a ceder por ley el 10%.

El PAI del Murtal tiene 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. Es una de las pocas zonas que quedan por urbanizar en Benidorm. A la adjudicación se presentaron seis empresas y 14 propuestas. Finalmente, fue adjudicado a Prometosa, S. L., de Francisco Gómez Hernández. Este constructor, conocido como El Paloma, fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).

(www.elpais.com, 22/07/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CAMPISTA DE CALP HACE RECULAR AL EQUIPO DE TUR

El gobierno local que el alcalde de Calp, el nacionalista Ximo Tur, comparte con PP y PSD, encajó en el pleno de su primer revés, motivado por las discrepancias internas en las filas populares. Tur no pudo sacar adelante su plan de saneamiento debido a la oposición de su propio concejal de Hacienda, el campista Fernando Penella. El rechazo de Panella obligó tanto al alcalde como a los ediles ripollistas que lo apoyan a dejar el documento sobre la mesa antes de arriesgarse a quedarse en minoría en la votación.

De esta forma, la pugna que desde hace tiempo enfrenta a las dos corrientes del PP local amenaza ahora la estabilidad del gobierno de Tur. Entre los ripollistas se encuentran el ex alcalde Javier Morató o el diputado provincial Juan Roselló, imputado por el caso Aguas de Calpe. Penella rechazó el plan de saneamiento argumentando que el mismo cuenta con un informe desfavorable del interventor, que lo considera "ilusorio" al contemplar el ingreso de más de 7 millones de euros en ingresos por futuros planes urbanísticos, cuando en todo 2009 el Ayuntamiento apenas ha percibido por este concepto 200.000. El alcalde por su parte argumentó que lo dejó sobre la mesa "debido a la discrepancia o desconocimiento de los ediles de la corporación".

La oposición aprovechó el golpe de mano del edil campista para subrayar la debilidad del ejecutivo de Tur. La edil crítica del BNV, Antonia Avargues, felicitó a Penella "por su valentía" y el portavoz del PSPV, Luis Serna mostró su sorpresa por la circunstancia de que el edil de Hacienda no hubiera participado en un plan de saneamiento que calificó de "ilegal".

(www.elpais.com, 22/07/09)

31. REGIÓN DE MURCIA. EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO DECLARA QUE RAMÍREZ SE APOYA EN UN TRÁNSFUGA PARA GOBERNAR

Horas después de que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo reconociera como tránsfuga al concejal Clemente García, el Partido Socialista de la Región y de Águilas han exigido al Partido Popular que cumpla con el pacto nacional y "expulse al alcalde Juan Ramírez de su partido, y retire las competencias a García, actual concejal de Industria y Comercio", según declaró el secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM-PSOE, Joaquín López.

Actualmente, el Partido Popular gobierna en mayoría en Águilas con el apoyo suscrito con García, después de que éste dejara al partido independiente Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) para pasarse al grupo Mixto hace ahora justo un año. Este pacto, apoyado desde el gobierno regional y escenificado con la presencia de la consejera de Economía, Inmaculada García, y del portavoz del PP en la Región, Pedro Antonio Sánchez, fue "por la gobernabilidad del pueblo".

El PSOE de Águilas envió entonces una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy exigiendo lo mismo que ahora: la expulsión de Ramírez y la ruptura del pacto. Los socialistas insisten en que "el único objetivo del pacto era obtener una mayoría absoluta en contra de lo expresado por los electores". Dicho pacto ha sido calificado como "acto de deslealtad política" en el Dictamen de Expertos Independientes que ha asumido el plenario de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo suscrito por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.

Los tres partidos de la Oposición, PSOE, IU y MASd, elevarán al pleno del próximo martes una moción en la que exige al grupo de gobierno municipal el cumplimiento del Pacto Asimismo, Clemente García está fuera de la ciudad y no regresará a Águilas hasta el lunes. La Verdad ha podido contactar con el edil por vía telefónica y ha asegurado que "tengo la conciencia tranquila y a mí nadie me ha dicho nada oficialmente", explicó.

(www.laverdad.es, 24/07/09)

32. REGIÓN DE MURCIA. REGIÓN DE MURCIA. LOS PRESUPUESTOS DE VILLANUEVA DESTINAN 8 MILLONES DE PESETAS PARA... ¡TELEFONÍA MÓVIL!

Con el voto en contra del PSOE, y a favor del Partido Popular, el pleno municipal del ayuntamiento de Villanueva ha aprobado los presupuestos para 2009 que ascienden 6.345.800,00 de euros. El ayuntamiento de Villanueva del Segura cuenta con más de 60 funcionarios, que elevan el gasto de personal a 2.192.000 euros. Además, llaman la atención partidas también millonarias como la de 50.000 euros para telefonía móvil, 60.000 euros para publicidad y propaganda, 38.000 euros para atención protocolaria, o 45.000 euros para productos de limpieza.

Para el portavoz socialista, Jesús Motellón,  "los presupuestos deberían haber estado aprobados hace varios meses porque la capacidad y cantidad de personal es demasiado extensa para no tener las cuentas al día". Mientras se aumentan gastos prescindibles como "telefonía móvil, publicidad o protocolo, desproporcionados en estos momentos difíciles, en materia de educación se ha reducido el gasto en un cincuenta por ciento", denuncia Motellón.


En este ejercicio de 2009 de nuevo "se enajena y se vende patrimonio por valor de 1.380.000 euros, se utiliza como fachada la deuda municipal, algo que en el año 2008 se iba a hacer y no se produjo, con lo cual al no realizarse esta liquidación el endeudamiento debe estar en negativo".


Además, desde las filas de la oposición denunciaron la falta de transparencia y de información por parte de Intervención, "que no compareció en el pleno y no presentó la liquidación de 2008 al menos a seis meses vista, como reconoce la memoria de los presupuestos. Creemos que la deuda que se está amontonando es muy importante y difícil de digerir".

En materia de ingresos se recoge una importante subvención de fondos del Estado superior al millón de euros para infraestructuras como un Centro de Día para personas mayores y un centro social cultural en el Barrio del Carmen.

Según el PSOE, "el alcalde hubiera preferido que el dinero del Estado fuese para pagar el endeudamiento del gasto corriento que tiene este ayuntamiento".  Asimismo denunció que "se ha vendido y se quiere vender el patrimonio de los vecinos".

(www.vegamediapress.com, 20/07/09)

33. ISLAS BALEARES. ORDINAS DICE QUE CARDONA ORDENÓ DESVIAR FONDOS PARA ABRIR UNA OFICINA EN SHANGAI

La ex gerente del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en el anterior Govern del PP, Antònia Ordinas, vincula al entonces conseller de Comercio Josep Juan Cardona con el presunto desvío de 120.000 euros de fondos públicos para instalar una oficina comercial en Shangai (China) destinada a que los implicados en la supuesta trama de corrupción del caso Scala hicieran negocios particulares.

El desvío de estos caudales públicos del consorcio dedicado a la promoción de productos baleares ha sido confirmado también por Felipe Ferré, otro de los imputados arrepentidos en el sumario y que fue uno de los principales proveedores del CDEIB en la pasada legislatura.

De acuerdo con la versión ofrecida por Ferré y Ordinas, Cardona y Kurt Viaene; director general de Promoción Industrial, se habrían aprovechado de sus cargos y posición para lucrarse con comisiones y diferentes negocios privados organizados en torno a varios departamentos de la conselleria de Comercio e Industria.

La presunta trama de corrupción decidió hacer inversiones en China y quiso usar la ciudad de Shangai como punta de lanza. Para ello, y con ayuda de otro encausado, el empresario Arnaldus Mateo Van den Hurk, socio de Ferré, planearon instalar una oficina comercial en Shangai.

"La orden de abrir en Shangai la futura oficina vino de Cardona, incluso llegamos a visitar un local en Shangai para esa futura oficina. Fuimos Arnoldus, Kurt Viaene, Felipe Ferré y yo en un viaje (oficial) que hicimos a China", ha explicado Ordinas, defendida por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner. "La idea era usar fondos del CDEIB para que arrancase la oficima, para el primer año", ha apostillado la principal encausada en Scala.

Tanto Ordinas como Ferré han coincidido también en que los 120.000 euros para aquella "sucursal en China" salieron del Govern y se pagaron a alguna de las empresas de la trama, al parecer Comarca Global, a cambio de unas facturas falsas por servicios no prestados.

Los dos encausados han manifestado que la oficina de Shangai no llegó a ponerse en marcha, pero no han aportado ningún dato sobre el destino del dinero sacado de las cuentas del consorcio público objeto de investigación.

(www.diariodemallorca.es, 22/07/09)

34. ISLAS BALEARES. EL GOVERN INDEMNIZÓ AL EX EDIL DE CALVIÁ PESE A QUE UN JUEZ DESESTIMÓ SU RECLAMACIÓN

Un juez de lo contencioso–admi-nistrativo de Palma dictó, a principios de 2005, una sentencia donde exoneraba al Govern de pagar indemnización alguna al empresario y ex edil de Calvià por el Partido Popular (PP) Jesús García Oeo, imputado ahora en la presunta trama de corrupción de Turisme Jove y que pedía ser compensado por la pérdida de la explotación del campamento de La Victoria (Alcúdia). García Oeo cobró, según la fiscalía anticorrupción, 12.000 euros pagados oficialmente por el Govern y otros 120.000 euros de fondos públicos desviados de Turisme Jove mediante facturas falsas sobre estancias juveniles en hoteles de Francia y Portugal.

Jesús García Oeo, defendido por José Ignacio Herrero, demandó al Govern para reclamarle 120.216 euros de indemnización por la rescisión del contrato para explotar las instalaciones de La Victoria. El ex regidor de Calvià firmó un primer contrato con un Govern del PP el 13 de mayo de 1993 con la Xarxa d´Instalacions Juvenils, el organismo antecesor de Turisme Jove y que se ocupaba de las actividades de tiempo libre juveniles.

El primer contrato tenía una vigencia de 5 años prorrogables automáticamente, salvo que una de las partes expresara, con seis meses de antelación sobre la fecha final, su intención de no renovarlo.
El 11 de noviembre de 1998 otro Govern del PP decidió no prorrogar la adjudicación a las empresas de García Oeo, acuerdo que fue notificado al interesado por el inusual método de una empresa de mensajería.

El magistrado de lo contencioso-administrativo 2 de Palma Francisco Pleite estimó en 2005 parcialmente el recurso del empresario contra el Govern y decretó la nulidad de la rescisión del contrato por la anómala notificación.

Pese a darle la razón en que el Govern había incumplido el contrato, el juez entendió que el concesionario también había cometido otras faltas, como no haber depositado en 1993 un aval o garantía bancaria exigidos por la normativa para poder contratar. Esta omisión era motivo suficiente para haber rescindido su contrato e impedía a García Oeo cobrar la indemnización reclamada, según dictaminó el magistrado. Pese a dicha sentencia, el Govern del PP indemnizó en diciembre de 2005 a García Oeo con casi 12.000 euros por la rescisión de la concesión de La Victoria.


Ahora se investiga si el antiguo concejal de Calvià consiguió, gracias a sus influencias con altos cargos del Govern, entre ellos la vicepresidenta Rosa Estarás y el director general de Juventud Juan Francisco Gálvez, cobrar otros 120.000 euros de Turisme Jove. El dinero fue camuflado como el pago de unas inexistentes estancias en hoteles franceses y portugueses gestionadas por un antiguo socio de García Oeo, André Villena.

(www.diariodemallorca.es, 21/07/09)

35. ISLAS BALEARES. CONDENAN A MASSOT POR ASESORAR A UNA PROMOTORA CONTRA EL GOVERN DEL PP

El juzgado de lo penal 3 de Palma ha condenado al ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot a una multa de 6.750 euros y la devolución de otros 42.000 euros por asesorar, ilegalmente, y desde el Ayuntamiento de Andratx y el Ejecutivo balear, a un promotor inmobiliario en su reclamación de 34,2 millones de euros contra el Govern del PP del que formaba parte. Massot, que ya acumula tres condenas por el caso Andratx, deberá pagar una multa de 6.750 euros, entregar al juzgado 42.000 euros que cobró a la promotora, y cumplir dos años y medio de suspensión como funcionario.

La sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia, asume las tesis de la fiscalía anticorrupción y de los abogados del actual Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà y Josep de Luis. El juez declara probado que Massot, que ya tenía dos condenas anteriores de 5 años y 3,5 años de cárcel por delitos urbanísticos, cometió un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. El abogado defensor, Fernando Mateas, había pedido la libre absolución y alegado que el caso estaba prescrito, extremo rechazado por el juez.

El fallo declara probado que entre junio del 2000 y hasta noviembre de 2006, cuando estalló el caso Andratx con la operación Voramar, Jaume Massot usó una empresa tapadera, Territorio Asesores, para ayudar al empresario catalán Vives Tristá en su plan para urbanizar una finca de Andratx, que con ocasión de la Ley de Espacios Naturales 1/2000 quedó desclasificada como suelo urbano y pasó a ser un área rural protegida por su interés paisajístico (ARIP).

ives, a través de la promotora S´Almudaina 2, presentó una demanda contra el Govern por la que reclamaba 34,2 millones de euros de indemnización por las pérdidas generadas tras su frustrado proyecto. Massot orientó a Vives Tristá desde su puesto de jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx, que ocupó hasta mediados del 2003, y, después, desde la dirección general de Ordenación del Territorio del Govern, de donde fue destituido tras su detención en la operación Voramar. Por este trabajo el condenado recibió del promotor 42.000 euros, que facturó a través de Territorio Asesores, donde tenía como testaferros a familiares y colaboradores.

Para el juez, "resulta contrario a la independencia y al ejercicio de la función pública, y menoscaba dicha función", que el funcionario Massot, que participó en el expediente para que la promotora obtuviera la licencia de urbanización, asesore después a dicha empresa, a cambio de dinero, en su reclamación millonaria contra el Govern. La sentencia alude a Miquel Coll, el ex president del Consell Consultiu de Balears ya fallecido y cuya imputación en este caso fue sobreseída. Según el fallo, el abogado Coll pidió a Vives que transmitiera a Massot una serie de datos e instrucciones para ganar el pleito.

(www.diariodemallorca.es, 23/07/09)

36. ISLAS BALEARES. EL EX GERENTE DE TURISME JOVE TAMBIÉN IMPLICA A ESTARÀS EN LAS FACTURAS FALSAS

Ya son dos los implicados en el caso ‘Turisme Jove’ que apuntan a la implicación de la presidenta del PP balear, Rosa Estarás, en la trama. El antiguo gerente de la entidad, Damià Amengual, asegura que el pago de 120.000 euros a un hostelero francés por un servicio que nunca se realizó contaba con el "vist i plau de la vice [Estarás]".

Amengual compareció ante el juez instructor del caso y su declaración sigue la misma línea que la que prestó el ex jefe de mantenimiento del consorcio, Juan Francisco Gosálbez.

Ambos señalan que el máximo responsable de Turisme Jove, Juan Francisco Gálvez, les ordenó pagar las facturas falsas y les dijo que éstas contaban con el visto bueno de la entonces vicepresidenta. Apreguntas del fiscal, Amengual reiteró en varias ocasiones que no comprobó el destino del dinero ya que se trataba de la orden de un superior. Eso sí, a esta conclusión llegó después de que se le mostraran varios ‘tarjetones’ en los que Gálvez hace alusión a estos pagos. El ex gerente se negó a contestar a los abogados de los demás imputados en la causa y al de la acusación.

Las declaraciones de las últimas semanas de Gosálbez y de Amengual han complicado la situación jurídica del ex director de Turisme Jove. A raíz de estas revelaciones, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha pedido que se adopten medidas cautelares en su contra. La más llamativa es la petición de que deposite 150.000 euros como fianza para que responda a la responsabilidad que derive de la causa.

Esta caución cubriría los 108.000 euros de las facturas más un tercio de la cantidad. Junto a estas medidas económicas Fiscalía también pide que Gálvez entregue su pasaporte y que se persone cada quince días en el juzgado de guardia. La acusación que ejerce el Govern en esta causa se adhirió a esta petición. Su abogado defensor se opone ya que sostiene que Gálvez siempre ha colaborado con la instrucción de la causa y que las acusaciones en su contra se basan en la declaración de otros dos imputados. El juez Miquel Florit tendrá que decidir ahora sobre esas medidas. La semana pasada ya hizo que otro de los imputados, el hotelero francés André Villena, tuviera que asumir una fianza de 130.000 euros.

(www.ultimahora.es, 24/07/09)

37. CEUTA. AUSTERIDAD PARA LOS CEUTÍES, LUJO PARA MÍ EN MARBELLA

La prensa ceutí no sale de su asombro después de que un programa de televisión realizara un reportaje sobre vacaciones de lujo y apareció como entrevistado Francisco Márquez, consejero de Hacienda de la ciudad autónoma. Lo hacía pocas horas de presentar un Plan de Saneamiento para que Ceuta se ajuste el cinturón ante los más de 18 millones de deuda acumulados.

El diario Ceuta al Día explica cómo en el programa vespertino Tal Cual Verano emitido por Antena 3 este lunes se emitió un reportaje sobre vacaciones de lujo en Marbella. En concreto aparecía un selecto club del Marbella, el Nikki Beach, que no nota la crisis a pesar de sus exclusivas y caras fiestas.

Entre los asistentes a las caras fiestas entrevistados por el programa apareció la figura del consejero de Hacienda de Ceuta, Francisco Márquez, quien declaró orgulloso a la cámara que "todo hay que pagarlo en la vida" y que si quieres "algo más selecto vienes aquí". Su acompañante reconocía que sólo en la fiesta de ese día se había gastado unos 300 ó 400 euros, bajo la mirada de aprobación del consejero.


Aunque se trate de un comportamiento privado, en la Ciudad Autónoma ha escocido que su consejero de Hacienda presuma de lujo justo la misma semana en la que presentaba un plan de austeridad para Ceuta que contempla desde la posible congelación salarial de los funcionarios y después de que se hayan doblado algunos impuestos municipales.

(www.elplural.com, 23/07/09)

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