1. RAJOY CONTRATA COMO ASESOR A UN IMPUTADO POR CORRUPCIÓN EN 'GÜRTEL'

El caso Gürtel, cuyos efectos políticos remiten y tienen más tranquilo al PP desde que se archivó temporalmente la imputación de cohecho contra Francisco Camps, sigue generando contradicciones de todo tipo en el partido. Hace semanas se criticaba internamente que mientras Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano, había sido suspendido de militancia, Camps, imputado por el mismo asunto de los trajes, no recibió ese trato. Y también que Esperanza Aguirre había obligado a dimitir a sus cargos implicados antes de que fueran imputados -aunque conservan su escaño- mientras Mariano Rajoy esperó hasta el final para forzar la dimisión de su tesorero, Luis Bárcenas.

Pero hay más contradicciones. El ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda, uno de los principales imputados en Gürtel -el juez y los investigadores le atribuyen comisiones de al menos 422.992 euros, y regalos de un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma, unas acusaciones que él ha negado reiteradamente- vive de alquiler en una casa de casi 500 metros cuadrados en La Finca, una lujosa urbanización de Pozuelo, el municipio de renta per cápita más alta de España, en la que también viven famosos y futbolistas muy conocidos. Sepúlveda ha sido suspendido cautelarmente de militancia por su implicación en Gürtel. Sin embargo, después de dejar la alcaldía -sigue de concejal- habló con Rajoy, según admite él mismo, y le pidió reincorporarse a su puesto de trabajador del partido, que abandonó cuando fue elegido senador y después alcalde.

Rajoy le dijo que no había problema, y Sepúlveda ha vuelto por tanto a estar en la nómina del PP como asesor, aunque de momento está "a disposición del partido" y sin una atribución específica, según explica, a la espera de que se resuelva su imputación.

El ex alcalde de Pozuelo, un hombre de la vieja guardia muy cercano a José María Aznar, asegura que él era funcionario del PP -antes AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se marchó a cargos públicos, por lo que tenía derecho a reincorporarse. El PP funciona prácticamente como una empresa, y decide a quién contrata sin concurso público y con qué empresas trabaja, por lo que nunca ha tenido que explicar su relación con la trama de Francisco Correa, durante mucho tiempo uno de los principales proveedores del partido.

Sin embargo, casi el 90% de los ingresos del PP (hasta 90 millones de euros anuales cuando hay elecciones), como sucede con los del PSOE, provienen de subvenciones públicas, ya que las cuotas de afiliados sólo cubren una pequeña parte de los gastos.

En el partido estos días se comenta también otra contradicción. Luis Bárcenas, que después de que el Tribunal Supremo pidiera formalmente su suplicatorio al Senado, a finales de julio, fue destituido como tesorero, según explicó el PP en una nota, conserva su despacho y su secretaria en la planta sexta del partido, en la calle de Génova, y lo utiliza con frecuencia.

Al menos cuatro fuentes distintas aseguran que sigue funcionando como antes, asesorando en asuntos propios de su anterior cargo, que ahora formalmente lleva Cristóbal Páez, el gerente, un hombre de su absoluta confianza.

El PP anunció que el puesto de Bárcenas no sería sustituido y, por tanto, formalmente no tiene tesorero. Pero estas mismas fuentes aseguran que lo único que realmente ha cambiado es que en el despacho de Bárcenas se ha retirado el cartel de la puerta que ponía "tesorero nacional". Los populares y el propio Bárcenas están convencidos de que el Supremo acabará archivando su caso, porque el cohecho es difícil de probar ya que él no era un funcionario público que tomaba decisiones de contratación, sino un senador, y el delito fiscal estaría prescrito.

(www.elpais.com, 17/09/09)

2.  ARENAS CREE "NORMAL" QUE EL PP REINCORPORE A UN IMPUTADO

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, calificó como "completamente normal" la reincorporación del ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda a su puesto como "personal técnico" en el partido tras su excedencia como cargo público. Sepúlveda es uno de los principales imputados en el caso Gürtel -se le atribuyen más de 400.000 euros en sobornos- pero Rajoy aceptó reincorporarle cuando éste se lo pidió. De momento, Sepúlveda recibe su sueldo pero no tiene ninguna atribución específica.

(www.elpais.com, 18/09/09)

3. RAJOY DIFERENCIA BENIDORM DE SUS ALCALDÍAS CON TRÁNSFUGAS PORQUE TENÍAN MAYORÍA ABSOLUTA

Tras anunciar que el PP no acudirá a nuevas reuniones del Pacto Antitransfuguismo hasta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometa a que los ediles socialistas de Benidorm no repetirán en las listas del PSOE, el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, ha diferenciado hoy la situación en este Ayuntamiento con la de otros en los que los populares gobiernan con tránsfugas porque "en Benidorm el PP tiene mayoría absoluta".

Preguntado por los tránsfugas de las localidades alicantinas de Dénia o La Vila Joiosa, Rajoy ha asegurado son casos distintos porque se trata de "candidatos independientes que han cambiado de uno a otro lado, y punto", pero en Benidorm "sólo hay dos partidos", ha afirmado en una entrevista en RNE. "En Benidorm ganamos por mayoría absoluta y el PSOE no lo hizo en ninguno de esos ayuntamientos". Rajoy ha calificado de "absurda" la propuesta del futuro alcalde de Benidorm de retirar la moción si el PP renuncia a sus alcaldías con tránsfugas.

(www.elpais.com, 15/09/09)

4. ¡RAJOY EN PERSONA BENDIJO EN 1991 EL ASCENSO DE ZAPLANA A LA ALCALDÍA BENIDORM GRACIAS A UNA TRÁNSFUGA!

Para Mariano Rajoy "algo huele a podrido en Benidorm" por la moción de censura que varios ex ediles socialistas han planteado en el Ayuntamiento alicantino con el apoyo de un tránsfuga del PP. Los concejales del PSOE han tenido que abandonar la formación porque su moción desobedecía las directrices de la dirección de su partido, pero cuando Eduardo Zaplana accedió a asa misma alcaldía en 1991 gracias a una tránsfuga, el propio Rajoy, entonces vicesecretario general del PP, acudió a Benidorm a arropar al nuevo regidor pocos días después de que se consumara el cambio. Para Zaplana, cuando los socialistas denunciaron la jugada popular estaban montando "el numerito".

Ahora Rajoy tacha de "profundamente antidemocrática" la moción de censura de Benidorm, pero el 11 de diciembre de 1991 no tuvo inconveniente en acudir como vicesecretario general del PP a la localidad alicantina a arropar al flamante nuevo alcalde, su compañero Eduardo Zaplana. El popular había accedido a la alcaldía el 22 de noviembre gracias al voto favorable de Maruja Sánchez, concejal tránsfuga procedente del PSPV. Previamente, el 21 de octubre de 1991, la tránsfuga había apoyado la moción de censura del PP contra el alcalde socialista.

El diario Levante recuerda esa sucesión de los hechos, y recoge la airada reacción del PSOE, como la de su entonces secretario de Política Institucional, Joan Ballester, quien denunció la "vulneración de los resultados electorales en Benidorm" y los "intereses ocultos" detrás de la moción. El alcalde socialista expulsado con la moción, Manuel Catalán, tachó a Zaplana de "ave de rapiña" y aseguró que "hay pocos políticos indignos y a nosotros nos ha tocado la china". Zaplana, que empezó en Benidorm una carrera política que le llevó posteriormente a presidir la Comunidad Valenciana, a ser ministro de Trabajo y a la portavocía popular en el Congreso, se defendió entonces asegurando que "nunca he tenido ambición de acceder a un cargo público".

Zaplana también tuvo otros argumentos para justificar su acción: "Lo que me da risa es que los del PSOE nos digan que hacemos transfuguismo, cuando son ellos los que habitualmente lo realizan". También acusó a los socialistas de "crispar" con "declaraciones fuera de tono". "Está bien que estén cabreados, con perdón, pero de ahí a que monten el numerito que están montando con Benidorm", dijo. El nuevo alcalde contó con el apoyo del PP, como refrendó el vicesecretario del partido Mariano Rajoy con su visita a la localidad pocos días después de ser proclamado con el apoyo de una tránsfuga.

(www.elplural.com, 14/09/09)

5. EL PP REHÚSA TOMAR MEDIDAS CONTRA SUS ALCALDES APOYADOS POR TRÁNSFUGAS

El PP asegura que la moción de censura registrada en Benidorm por 12 ediles elegidos en las listas del PSOE y un concejal tránsfuga es de "manual". Cuando el mismo modus operandi su utiliza para conseguir alcaldías por parte de ediles populares la situación es diferente. Y, además, la dirección del PP rehúsa tomar medidas disciplinarias. Así ha ocurrido tras las elecciones municipales de 2007 en los ayuntamientos alicantinos de Dénia, La Vila Joiosa y La Vall de Laguar, donde los populares arrebataron, con apoyo de tránsfugas, las tres alcaldías a los socialistas.

La dirección regional del PP en la Comunidad Valenciana no ha tomado ninguna medida contra los ediles populares de estos ayuntamientos. "No es lo mismo, tiene poco que ver", dijo el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra, al ser interpelado. Para la dirección regional, en La Vila "no hubo transfuguismo"; en Dénia se ofreció al PSOE un pacto de gobernabilidad que "ellos no quisieron aceptar" y tanto en esos dos casos como en el de La Vall de Laguar no hay "un veredicto definitivo de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo". Una comisión que se reúne en junio y en diciembre de cada año y en la que el PP ha solicitado una reunión de urgencia para analizar el caso de Benidorm, todavía no formalizado.

La dirección nacional del PP, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, también insistió en que los otros casos existentes en la provincia de Alicante "son diferentes" al de Benidorm. González Pons insistió en que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, "tiene la obligación de dar explicaciones públicas sobre el alcance de la implicación de su familia [su madre Maite Iraola es edil y ha firmado la moción de censura] y su participación en la operación de Benidorm". "Si no da explicaciones o no nos convencen, el PP podría plantearse la consideración de Leire Pajín como interlocutora del PSOE", sentenció González Pons.

"La connivencia político-empresarial de la familia Pajín en la moción de censura de Benidorm tiene mal color", insistió González Pons, que no quiso concretar a qué se refería y se remitió a las informaciones periodísticas.

El vicesecretario de Comunicación del PP afirmó que su partido sí adopta medidas disciplinarias contra los ediles que desalojan alcaldes con ayuda de tránsfugas. La dirección nacional del PP reconoció que no cuenta con un registro actualizado de estos casos pero que mantiene abiertos un buen número de expedientes. Como ejemplo, desde la sede nacional del PP se refirieron a otro municipio valenciano, El Puig, donde se ha suspendido cautelarmente de militancia a los ediles que protagonizaron una moción de censura con tránsfugas.

(www.elpais.com, 12/09/09)

6. RAJOY: "NO SE TRATA DE QUE EL QUE FUME TENGA QUE IR AL OCEÁNO ATLÁNTICO"

A los acordes de All you need is love —canción elegida por él mismo porque "los Beatles son muy buenos y todos, hasta los políticos, necesitamos amor en la vida"— Mariano Rajoy, el presidente del PP, compareció en los micrófonos del programa En días como hoy, de RNE, para reclamar, una vez más, un cambio de timón en la política económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero y abordar varios temas de actualidad, entre ellos la moción de censura en Benidorm, la ley antitabaco o el aborto.

"Mi prioridad es una y sólo una: que el Gobierno rectifique su política económica, que es muy perjudicial para España", dijo en una entrevista en la que repitió, como si de un mantra se tratara, que él haría algo "diferente". ¿Y qué haría el líder del PP? No fue muy preciso, pero aportó algún dato: "Lo primero, decir la verdad, decir cuáles son los verdaderos problemas y no hablar de brotes verdes".

Pero fuera de eso, todo fueron vaguedades: esgrimió un plan de austeridad en las adminsitraciones públicas aunque no explicó cómo lo haría; habló de acometer reformas estructurales en materia energética, de la reforma laboral, de la unidad de mercado e incluso de una reforma de la Justicia. Dijo que hay que ayudar a los parados y a los pequeños empresarios y los autónomos pero sin tocar los impuestos y criticó la subida que prepara el Gobierno, "la mayor de la democracia". 

Sobre la ley antitabaco fue un poco más preciso: Rajoy se refirió a la posible prohibición total de fumar en establecimientos públicos, y comentó que "algunos sectores de restaurantes, bares y cafeterías ya han pedido un poco de equilibrio y sentido común" porque "tampoco se trata" de que el que fume se tenga que ir al Océano Atlántico.

Tras recomendar que no se debe fumar, a pesar de que él lo haga, apostó por la "libertad" de las personas, y dijo que no le parece mal que "haya un sitio donde se pueda fumar y otro donde esté prohibido y que cada uno elija libremente" el que quiera.

Preguntado por la venta de la píldora postcoital o del "día después" y si está de acuerdo en que los farmacéuticos puedan negarse a venderla por razones de conciencia, señaló que está a favor de "todo lo que vaya en favor de la libertad de los ciudadanos".

(www.publico.es, 15/09/09)

7. RAJOY ANIMA A LA MILITANCIA DEL PP A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO

El presidente del PP, Mariano Rajoy, animó a los militantes del partido a acudir a la manifestación convocada en Madrid el próximo 17 de octubre contra la reforma de la ley del aborto para "defender" en la calle la postura del partido contraria a esta modificación. El dirigente popular hizo esta invitación durante su intervención ante la junta directiva nacional del PP, en la que subrayó que, en cualquier caso, el partido no figura entre los convocantes de la marcha.

"Hay una serie de grupos y de asociaciones que han convocado una manifestación en Madrid, en el próximo mes de octubre –recordó Rajoy en su discurso–, y esa manifestación no la convoca ningún partido ni la Conferencia Episcopal ni ninguna conferencia religiosa y no se quiere que se politice. Ahora –añadió–, eso no quiere decir que nosotros no animemos y apoyemos a todos aquellos militantes que quieran ir a esa manifestación a defender nuestra posición". Los populares se oponen a la reforma propuesta por el Gobierno, que apuesta por una ley de plazos, y ya han anunciado que, de aprobarse, recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.

La exhortación de Rajoy a los suyos tuvo una rápida réplica desde las filas socialistas. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, afirmó que no le sorprende la postura del líder del PP. "Cada vez que hay un avance en los derechos de las mujeres el señor Rajoy y el PP o salen a manifestarse o recurren nuestros derechos", señaló, y recordó que los populares presentaron recursos contra las leyes de igualdad y de violencia sexista. Según Pajín, la nueva ley "pondrá fin a que las mujeres tengan que pagar penalmente por su derecho a decidir cuándo quieren ser madres".

(www.elperiodico.com, 15/09/09)

8. COSPEDAL ACUSA A ZAPATERO DE SER UN "FUNDAMENTALISTA DE IDEAS CADUCAS"

El PP avanza en sus duras críticas hacia el gobierno, y la secretaria general del partido ha calificado al presidente del Gobierno de ser "un inconsistente y un improvisador profundamente resentido". La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, afirmó que el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, es "un inconsistente, un improvisador profundamente resentido y un fundamentalista de ideologías caducas" que "carece de la grandeza y el coraje suficientes para liderar España en estos momentos".

Cospedal, que inauguró en Córdoba una reunión de presidentes provinciales del PP de toda España a la que posteriormente se incorporará el presidente del PP, Mariano Rajoy, subrayó que, además, la "soberbia" con que actúa Zapatero le ha llevado a estar "solo y aislado", hasta tal punto que "grupos mediáticos que le daban su apoyo ahora se lo están retirando".

(www.cadenaser.com, 17/09/09)

9. LA POLICÍA BUSCÓ A LA ESPOSA DE BÁRCENAS PARA DARLE UNA CITACIÓN COMO IMPUTADA

La investigación judicial del caso Gürtel, una trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP que afecta casi a un centenar de imputados, alcanzó el pasado 26 de julio a la mujer del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. Ese 26 de julio, el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió citar como imputada a la esposa de Bárcenas y ordenó a la policía que entregará la resolución judicial a la mujer. El juez respondía a una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción. El 30 de septiembre, el mismo juez dejó sin efecto esa citación, que no había podido ser notificada.

Hacía dos semanas que el caso Bárcenas había pasado al Tribunal Supremo, ya que el tesorero es senador y sólo puede ser juzgado por ese órgano previa concesión del suplicatorio por la Cámara Alta. Mañana, de hecho, está previsto que se reúna la Comisión de Suplicatorios del Senado para, como primer paso para decidir sobre su concesión o no, escuchar en audiencia a Luis Bárcenas, si este lo desea.

El sumario del caso que maneja el Tribunal Supremo incluye un informe de la Agencia Tributaria que cita expresamente los ahorros de la esposa de Bárcenas. En una de las cuentas que detalla la Agencia Tributaria, la mujer tenía algo más de un millón de euros en 2007. En el mismo informe se incluye otra cuenta corriente a nombre de Bárcenas con 300.000 euros. Tanto el tesorero como su esposa habían invertido ese dinero en Deuda Pública.

La información recabada de la Agencia Tributaria pretendía aclarar si Bárcenas había ingresado dinero de la trama corrupta. La operación que desarticuló esta red que operaba con numerosas administraciones gobernadas por el PP permitió incautar numerosa documentación del grupo empresarial que dirigía Francisco Correa. Entre esa documentación figuraban apuntes contables de diversas operaciones de pago de comisiones ilegales a cargos políticos. La contabilidad reflejaba supuestos pagos a L. B., al que la investigación identificó como Luis Bárcenas, por lo que fue imputado. En varios años, la trama corrupta habría pagado supuestamente a Bárcenas al menos 1,3 millones de euros. Las declaraciones de una directiva de la red empresarial investigada y del contable de Correa apuntalaban la tesis de los supuestos pagos a Bárcenas. La grabación de una conversación de los miembros de la trama, aportada a la Fiscalía por un ex concejal del PP de Majadahonda, señalaba el pago de "1.000 millones de pesetas" a Bárcenas.

Todos estos indicios llevaron al juez a solicitar un informe patrimonial de Bárcenas donde figura la cuenta corriente a nombre de su esposa con un millón de euros. Un mes después de tener el informe, el juez firmó la resolución citando como imputada a la mujer del ex tesorero del PP. Dos agentes se presentaron en el domicilio de la mujer y de Bárcenas el lunes 29 de julio pero se encontraron la puerta cerrada y al matrimonio de vacaciones. Le pidieron al portero de la finca el teléfono de la esposa del tesorero y la llamaron dos veces sin obtener respuesta.

El incidente sirvió para que Bárcenas, que ignoraba el motivo de la visita de los policías, denunciase a mediados de agosto en un juzgado el acoso policial y hace unos días pidiera amparo al Senado por allanamiento de su morada. Llegó incluso a explicar que ese supuesto acoso policial obedecía a una especie de venganza del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, por una tensa conversación que mantuvieron en un restaurante unas semanas antes.

Los policías regresaron del domicilio del matrimonio Bárcenas sin poder entregar la citación. Un día después, el juez Pedreira dejó sin efecto esa resolución.

El informe fiscal sobre Luis Bárcenas

- Crédito de 330.000 euros para la supuesta compra de un cuadro el 9 de diciembre de 2003, devuelto en efectivo el 20 de enero de 2004. "Parece poco creíble que se formalizara una póliza de crédito y se dispusiera del dinero en efectivo para una operación que finalmente no se llevó a cabo y se mantuviera ese efectivo más de un mes en poder del contribuyente con el coste financiero que eso supone".

- Titular de una cuenta que en 2007 tuvo 3 millones de euros de abonos. Podrían corresponder a una única renta o elemento patrimonial que se hubiera abonado dos veces o más por reinversiones sucesivas. Luis Bárcenas ha realizado reiteradas operaciones de Deuda Pública intervenidas por Caja Madrid reinvirtiendo sucesivamente un capital de 300.000 euros.

- La esposa de Bárcenas aparece como titular de una cuenta en Caja Madrid con "un elevado importe de abonos" en 2007: 10.935.241 euros. "Podría deducirse que ese importe está provocado por sucesivas reinversiones en Deuda Pública de dos capitales, uno de 650.000 euros y otros de 370.000 euros".

10. EL TS ABRE LA PUERTA A LA IMPUTACIÓN DE NUEVOS DELITOS A BÁRCENAS

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas acudió al Senado sobre las once de la mañana para consultar, en presencia de personal de la Cámara alta y con la prohibición de hacer copias, la documentación con la que el Tribunal Supremo ha pedido permiso al Parlamento para imputarle por delitos fiscales y de corrupción (cohecho). El expediente que consultó Bárcenas es una carpeta con 550 folios, en el que el alto tribunal ve evidencias de delito fiscal y de cohecho, y deja la puerta abierta a que se le puedan imputar nuevos delitos una vez que el Senado conceda el permiso para investigarlo. El Supremo entiende por tanto también que, a pesar de las explicaciones del senador cuando compareció bajo la extraña figura de "imputado provisional", las siglas "LB" se corresponden con él.

En el suplicatorio se incluye la exposición razonada del juez instructor de la causa en el Supremo, que asume completamente todas las actuaciones anteriores, según informaron fuentes parlamentarias. Según el escrito, que se basa en el informe de la Fiscalía y en los de la Agencia Tributaria, el Supremo cree acreditado que existe una red delictiva y, además, que los miembros de la misma, entre ellos el ex tesorero del PP, son conscientes de pertenecer a ella. Por eso se pide el suplicatorio para proceder contra él.

Dos horas después de consultar la documentación contra él, Bárcenas renunciaba por escrito a defenderse ante la Comisión de Suplicatorios del Senado, el órgano que debe conceder ese permiso. Evitó así aparecer ante la Comisión a pesar de que es miembro de la misma (el PP no lo ha sustituido) y de que había acudido al Senado por la mañana.

En su escrito ante el presidente de la Comisión, Juan Fageda (PP), solicitó que los grupos parlamentarios voten a favor del suplicatorio que ha pedido el Supremo y también que todo el trámite se haga con la mayor celeridad. En esto no habrá problema. Al estar de acuerdo el propio senador y su partido, los demás no van a inventarse un debate donde no lo hay. En apenas una semana, el martes que viene, el pleno del Senado dará el permiso al alto tribunal para que proceda contra Bárcenas.

Al PP le interesa dar la mayor velocidad de tramitación y la mayor naturalidad posible al suplicatorio. Según fuentes parlamentarias, el presidente de la Comisión ha comentado a su grupo que no tiene interés en ver el expediente de 500 folios de argumentación y que consultó Bárcenas.

Mientras, el grupo del PP en el Senado evitó respaldar por escrito a Bárcenas en una de sus denuncias contra las informaciones sobre la trama Gürtel que le afectan. El ex tesorero, en una nota pública, denunció una supuesta nueva violación del secreto del sumario que instruye el Tribunal Superior de Madrid y supuestas actuaciones ilegales del juez.

(www.elpais.com, 15/09/09)

11. EL CONGRESO APRUEBA EL SUPLICATORIO DEL DIPUTADO POPULAR JESÚS MERINO

Jesús Merino ya puede ser juzgado por el Supremo por un supuesto delito de cohecho de 50.000 euros, que según los investigadores podría haber recibido de la trama de Francisco Correa. El diputado del PP, que ha querido acelerar los trámites para que su suplicatorio fuera tramitado cuanto antes, logró con esa actitud que el pleno votara mismo este trámite. Se votó en secreto, como es habitual en este tipo de asuntos delicados, y casi todos los diputados lo apoyaron, salvo ocho: tres votos en contra y cinco abstenciones.

(www.elpais.com, 16/09/09)

12. EL SUPREMO PRORROGA OTRO MES EL SECRETO "TOTAL" DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'

El Tribunal Supremo decidió prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa sobre su instrucción del caso Gürtel, unas diligencias en las que se investiga la posible implicación del senador del PP Luis Bárcenas y del parlamentario popular Jesús Merino en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa El instructor del caso en el Supremo, Francisco Monterde, decidió a instancias de la Fiscalía prorrogar el secreto "total" del sumario al entender que todavía subsisten los motivos por los que fue decretado en un primer momento, según el auto dictado.

Estas circunstancias que según Monterde hacen necesaria la prórroga del secreto sobre las actuaciones del Tribunal Supremo son "la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando". Ya vencía el plazo de la primera prórroga del secreto de sumario, que fue aprobada por el magistrado Monterde el pasado 17 de agosto. Consecuentemente, la nueva prórroga del secreto se mantendrá, si Monterde no decide lo contrario, hasta el próximo 17 de octubre.

El magistrado del Alto Tribunal también tiene en cuenta a la hora de decretar la prórroga "la situación en la que se encuentra el procedimiento seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)". El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira, decidió a su vez prorrogar el secreto que pesa sobre su parte del sumario.

Fuentes del TSJM señalaron que Pedreira tiene previsto levantar a finales de este mes de septiembre el secreto de sumario que pesa sobre su parte de la investigación, y que afecta a varios ex alcaldes y ex parlamentarios regionales del PP en Madrid.

La prórroga decretada por Monterde llega después de que el pasado martes el Pleno del Congreso de los Diputados diese luz verde al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al parlamentario popular Merino por su relación con el "caso Gürtel".

Por su parte, está previsto que la Cámara Alta apruebe la semana que viene el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para actuar contra el senador Bárcenas, ex tesorero del PP. De hecho, el propio Bárcenas pidió esta semana a la Comisión de Suplictorios de la Cámara Alta que agilice en lo posible la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo.

Una vez sean concedidos los preceptivos suplicatorios por el Congreso y el Senado, el juez Monterde podrá tomar declaración a Merino y Bárcenas e imputarles formalmente en la causa. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de un delito de cohecho, mientras que a Bárcenas le atribuye un delito adicional de fraude fiscal.

(www.publico.es, 17/09/09)

13. EL 94% DE LOS DETENIDOS DEL PP SIGUE IMPUTADO

En la historia del PP, este verano quedará grabado como aquel en el que el Gobierno socialista puso a trabajar toda su maquinaria para intentar derribarlo. Los conservadores, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han abrazado a la idea de que jueces, fiscales y policías dan un trato diferente a los cargos políticos en función del partido al que pertenecen. Es la llamada teoría de la persecución. Para avalar esta tesis, el presidente del partido encargó a Soraya Sáenz de Santamaría, su portavoz en el Congreso, un informe detallado. A la espera de que estos datos vean la luz Sáenz de Santamaría aseguró la semana pasada que el documento ya está concluido, diversos dirigentes del PP han adelantado algunas cifras. Concretamente, sobre sus condenados, detenidos e imputados. Unos datos que tienen un grave problema: no se corresponden con la realidad.

Sobre los condenados, el propio Rajoy, en la reunión del Comité Ejecutivo del PP celebrado el pasado 2 de septiembre, se confundió en el cálculo al señalar que desde 2004 ningún militante de su partido había sido sentenciado judicialmente Se publicó también una lista con 41 cargos conservadores condenados en el último lustro.Tampoco es cierto que como insisten en el PP el 90% de los cargos del partido detenidos sólo ha sufrido la "pena del telediario", ya que sus casos han sido luego archivados. La verdad es exactamente la contraria: un 94% de los detenidos en los últimos cuatro años están imputados o han sido ya condenados.

Soraya Sáenz de Santamaría fue la primera encargada de difundir esas cifras. El 25 de agosto, en una intervención en el Congreso, sostuvo que "al analizar las 53 actuaciones abiertas en los últimos tiempos contra miembros del PP, 49 han sido archivadas o no han dado lugar a más actuaciones, y la única pena a la que han sido condenados ha sido a la pena del telediario, a vivir todos los informativos esposados y conducidos al calabozo como peligrosos delincuentes".

Al día siguiente, Rajoy machacaba en el mismo clavo: "Todos hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas luego han sido absueltas, sin ni siquiera ser juzgadas por los tribunales".

Pero se trata de otro error. Se ha analizado la situación procesal de los 51 cargos del PP detenidos desde septiembre de 2005 hasta la actualidad. Y el resultado es el siguiente: 44 están imputados por delitos como cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, cuatro ya han sido condenados y sólo tres han visto cómo se archivaba su causa.

A continuación, se repasan los principales casos por comunidades autónomas. Y hay un dato muy llamativo: en Canarias y Baleares, se han producido 36 de las 51 detenciones, lo que equivale al 70% del total.

Andalucía

El escándalo más sonado de esta comunidad es el caso Troya, en Alhaurín el Grande (Málaga). En enero de 2007, su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación urbanística. La Fiscalía los ha acusado de ofrecer a empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de construir más de lo legalmente permitido a cambio de dinero. Tanto Serón como Guerra, que eludieron la prisión tras pagar una fianza, siguen en sus cargos.

En Andalucía, también se produjo la detención por cohecho de Manuel Fernández, ex concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada). Y se investiga el caso Camas, en Sevilla, donde el ex concejal Antonio Enrique Fraile, imputado también por cohecho, pagó una fianza de 30.000 euros para eludir la prisión.

Baleares

Desbordada por múltiples casos de corrupción, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, dimitió el pasado viernes. En los últimos tres años, han sido detenidos en Baleares 17 cargos del PP.

Todos los procesos siguen abiertos. El más reciente es el Palma Arena, que investiga las irregularidades cometidas en la construcción del velódromo durante la última etapa de Jaume Matas. El coste se disparó de 48 millones de euros a unos 110.

Junto al caso Gürtel, es el principal cartucho que los conservadores han empleado este verano para ejemplificar la supuesta persecución, especialmente por la forma en que aparecieron esposados dos de los detenidos (por la mano derecha de ambos, lo que dificulta los movimientos). Uno de los imputados, Rafael Durán, ha dimitido como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, pero sigue como concejal.

Otro de los escándalos más sonados es el caso Andratx, que comenzó a instruirse en 2006 y que condujo a las detenciones de su entonces alcalde, Eugenio Hidalgo, y el concejal de Ordenación, Jaume Massot. La primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca comenzó con la investigación de la construcción de una vivienda, propiedad de Hidalgo, en zona protegida. Hidalgo ha sido condenado en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Palma. Ambas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo.

Canarias

Se trata de la única comunidad en la que tres de los detenidos, concretamente en el caso Faycán, tienen sus causas archivadas. A finales de 2006, un total de 11 cargos del PP fueron detenidos después de que se destapara una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde.

El caso arrancó en julio de 2005, a raíz de la denuncia de una empresaria que aseguró que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Otro de los casos más conocidos es el de Mogán. Su alcalde, José Francisco González, sigue en el cargo imputado por cohecho en el caso Góndola.

Comunidad Valenciana

En los últimos años, ha sido detenido un cargo del PP. Se trata del concejal de Albatera Javier Bru, que sigue en activo. Está imputado, entre otros delitos, por extorsión y salió de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros.

En el denominado caso Brugal, se investiga el pago de supuestos sobornos en la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Orihuela. El secreto de sumario cumplió en mayo dos años.

Galicia

Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, ambos ex concejañes del PP de Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en 2007 acusados de delitos relacionados con la corrupción urbanística. La sentencia, que los condenó a 18 meses de prisión, está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Murcia

Murcia es otro de los puntos negros de la gestión del PP, sobre todo en cuestiones urbanísticas. En los últimos años, seis cargos del partido han sido detenidos. El caso más reciente es el de Librilla, donde diez personas, entre ellas el alcalde, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, fueron apresadas por su presunta implicación en una trama de corrupción. El PP les dio de baja, pero ambos, imputados por cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, continúan en su puesto.

Tampoco ha dejado el cargo José Martínez Andreo, alcalde de Totana, detenido el 29 de noviembre de 2007 por el caso Tótem. Se trata de una supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos, donde una empresa gallega del grupo Nuaria pretendía construir viviendas. El regidor está imputado por los cargos de prevaricación, falsedad de documento público y tráfico de influencias. Su causa por cohecho ha sido sobreseída. Eludió la prisión tras el pago de una fianza de 70.000 euros. También por este mismo caso fue detenido el entonces concejal de Agricultura, Juan Francisco Casanova, que está imputado por cohecho.

Otro caso pendiente de juicio es Polaris World, que en 2008 llevó a la detención del todavía alcalde de Torre Pachecho, Daniel García Madrid, por una supuesta permuta irregular de terrenos municipales. Por último, el caso Zerrichera provocó el apresamiento de Francisco Marqués, ex consejero de Industria y Medio Ambiente del Gobierno murciano.

(www.publico.es, 14/09/09)

14. LOS TRES ARGUMENTOS DEL PP

Condenados

Lo que dice el PP

"Desde el 2004, no hay ningún militante del PP que haya sido condenado y hay varios del PSOE, alguno indultado, que sí lo han sido" (M. Rajoy)

Los datos reales

El líder del PP olvidaba, tal y como demostró este diario, más de 40 casos en los que cargos del PP han sido condenados, entre ellos el del alcalde de Vila-real (Castellón), Manuel Vilanova, o el de La Línea (Cádiz), Juan Carlos Juárez.

Detenidos

Lo que dice el PP

Sáenz de Santamaría sostuvo que de "las 53 actuaciones abiertas en los últimos tiempos contra miembros del PP, 49 han sido archivadas(...) condenados a la pena de telediario"

Los datos reales

Las cifras verdaderas son exactamente las contrarias a las aportadas por Santamaría. Como desvela hoy ‘Público’, de 51 detenidos del PP, sólo tres han visto sobreseída su causa. El resto está pendiente todavía de resolución judicial.

Imputados

Lo que dice el PP

Esteban González Pons afirmó que "el 80% de los imputados de los últimos años del Partido Popular han visto sus casos archivados (...). No han llegado a ser condenados"

Los datos reales

Son cientos los imputados. Salvo excepciones, como los casos de Francisco Camps o José Manuel Soria, la mayoría no se hna archivado. ‘Público’ prepara un detallado informe para conocer, también en esta categoría, las cifras exactas.

(www.publico.es, 14/09/09)

15. AZNAR: "ME CUESTA EXPLICAR LAS COSAS QUE PASAN EN ESPAÑA"

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar, de visita en Bogotá, sigue creyendo a pies juntillas en el libre comercio como "fuente de progreso" para combatir la crisis financiera mundial. Aznar participó en un coloquio junto con los directores de los diarios colombianos El Tiempo, Roberto Pombo, y Portafolio, Ricardo Ávila, en el que insistió en que lo que el mundo necesita hoy es "terminar la ronda de libre comercio porque es un estímulo para las economías".

Para el ex gobernante español, del Partido Popular, "es un error" acudir al proteccionismo para aliviar los efectos de la recesión, como -según dijo- hacen algunos gobiernos, y observó que lo idóneo es "construir mercados flexibles". En el contexto latinoamericano, Aznar destacó que "Colombia necesita un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con la UE" y apreció que Chile es "el país más encarrilado" y preparado para asumir una alternancia política "sin asumir riesgo económico alguno". Asimismo, previó que "el mundo va a ser una cosa de dos: de Estados Unidos y de China", y consideró que otros países emergentes como Brasil e India podrán acercarse a la órbita de control de la economía mundial.

En el mismo acto, celebrado en un exclusivo club social de la capital colombiana, Aznar presentó su libro España puede salir de la crisis, en el que reafirmó el rechazo al uso de la frase "no pasa nada" ante los graves efectos económicos en este país y remarcó que "las crisis económicas derivan de crisis políticas".

"Me cuesta explicar las cosas que pasan en España. Si después de 30 años la economía ha funcionado, ¿por qué hay que cambiar los pilares para poner el sistema en riesgo?, se preguntó retóricamente el ex mandatario, y concluyó: "Porque falla la política". Y es que para Aznar, "no es difícil (gestionar la crisis en España) mejor, pero es casi imposible hacerlo peor", reflexionó en alusión al manejo del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El ex presidente conservador fue condecorado por la mañana con la Orden del Fundador al Mérito Político y de Gobierno de Universidad del Rosario de Bogotá y después fue recibido por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y con el actual titular de esta cartera, Gabriel Silva.

(www.publico.es, 15/09/09)

16. GOBIERNO CHILENO CRITICA EL APOYO DE AZNAR AL DERECHISTA PIÑERA

El Gobierno chileno y el candidato oficialista, Eduardo Frei, criticaron hoy al ex presidente español José María Aznar por declararse "seguro" de la victoria del candidato de la oposición derechista, Sebastián Piñera, y apostar por la alternancia política en el país. "Yo, como ex jefe de Estado, no me entrometo en las políticas internas de los países, esa es una norma que se respeta en el mundo y que es bueno respetarla", afirmó Frei.

"Por aquí la ropa sucia se lava en casa, no tienen por qué venir extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer", sentenció el senador y ex presidente chileno. El candidato presidencial de la Concertación respondió así a las palabras del ex mandatario español (1996-2004), quien hoy asistió a un seminario en una universidad de Santiago junto al candidato de la Alianza por el Cambio, donde se mostró "seguro" de que Piñera será el próximo presidente de Chile.

En tanto, la ministra portavoz del Ejecutivo, Carolina Tohá, recalcó que los ciudadanos chilenos son los únicos que pueden elegir a su presidente. "Quién es el presidente de Chile lo deciden los chilenos, y cuando los chilenos quieran hacer un cambio respecto a la orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros, no lo decide nadie más", enfatizó Tohá.

Piñera lidera los sondeos electorales, con un 37%, para las elecciones del 13 de diciembre, seguido de Eduardo Frei (28%) y del independiente Marco Enríquez-Ominami.

(www.publico.es, 17/09/09)

17. GALICIA. EL LÍDER DEL PP DE A CORUÑA ENSALZA AL MILITAR GOLPISTA MILLÁN-ASTRAY

Un golpista como el general José Millán-Astray, fundador de la Legión y activo colaborador de Franco, del que fue jefe de prensa y propaganda, es "un coruñés de pro, de toda la vida". El presidente provincial del PP de A Coruña y portavoz de la oposición municipal, Carlos Negreira, sorprendió con su encendida defensa de la enorme estatua del militar que preside una pequeña plaza del centro de la ciudad.

Cinco días después de que el Ayuntamiento, sin el apoyo del PP, aprobase la retirada de 53 simbolos de la dictadura, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, Negreira volvió a la carga reclamando "una reflexión que podría llevar" a la permanencia de la polémica estatua. "Estamos hablando de un monumento a una persona que es un coruñés de pro, de toda la vida. Una persona que creó un cuerpo que todavía está vigente", dijo en referencia a la Legión.

Las palabras de Negreira sorprendieron al propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, de visita en A Coruña, quien respondió: "Esas cuestiones ya están saldadas en el Ayuntamiento". En un intento de zanjar polémicas sobre la memoria histórica, Feijóo agregó: "Lo importante es aprender del pasado y hacer una mejor historia en el futuro".

Negreira acusa al gobierno local de A Coruña (PSOE- BNG) de "crispar" con la retirada de la simbología franquista. El dirigente del PP alega que su partido fue excluido del proceso y pidió "sentido común" para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Millán-Astray se hizo famoso, en un sonado enfrentamiento público con Unamuno antes de la guerra, por los lemas "¡Muera la inteligencia! ¡Viva la Muerte!". En ese mismo discurso tachó a Cataluña y el País Vasco de "cánceres en el cuerpo de la nación", que "el fascismo, el sanador de España, sabrá cómo exterminarlos".

(www.elpais.com, 12/09/09)

18. GALICIA. EL EX PRESIDENTE DEL PUERTO CORUÑÉS SUPERVISA LANGOSTEIRA POR 6 MILLONES

El máximo responsable de la Autoridad Portuaria de A Coruña que decidió optar por Punta Langosteira para la ubicación de la dársena exterior supervisa ahora, desde su actividad privada, las obras del proyecto a través de una asistencia técnica cuyo importe asciende a 5,9 millones de euros. Juan Manuel Páramo Neyra ocupó la presidencia del organismo coruñés entre junio de 1996 y noviembre de 1999, bajo el mandato del popular Arias Salgado como ministro de Fomento. Ahora es socio y administrador de una de las sociedades de la UTE Langosteira Supervisión, adjudicataria del concurso de asistencia técnica para el control de la obra cuando Guillermo Grandío Chao, también a propuesta del PP, presidía la Autoridad Portuaria de A Coruña.

La sociedad de Páramo Neyra, Construcción e Ingeniería Nares, domiciliada en A Coruña, es el segundo accionista, con algo más de un 20% del capital, de Langosteira Supervisión, que está integrada por otras tres firmas: Typsa, Iceacsa y Proyfe SL. La licitación del contrato, firmada por Grandío, se realizó sobre un presupuesto de 7,9 millones y fue finalmente adjudicada por 5,9 millones. La Autoridad Portuaria de A Coruña solicitó fondos a la UE para llevar a cabo la iniciativa, según recoge la resolución del consejo de administración publicada en el BOE.

Páramo Neyra fue nombrado en marzo de 2005 administrador de Construcción e Ingeniería Nares, de la que después se convertiría en accionista. Tras su nombramiento, el 21 de abril, la Autoridad Portuaria firmaba la adjudicación. Desde entonces, según consta en el Registro Mercantil, los beneficios de la firma de Páramo Neyra se han multiplicado. La cifra de ventas creció un 238,5% entre 2005 y 2006, hasta 1,4 millones, y el beneficio bruto un 103,5%. Páramo Neyra, sin embargo, no vulneró la ley de incompatibilidades, al llevar más de dos años desvinculado de la Autoridad Portuaria cuando la UTE se adjudicó la supervisión del puerto exterior.

Bajo el mandato de Páramo Neyra, la Autoridad Portuaria de A Coruña desechó la opción de instalar el puerto exterior en As Xacentes, en la ría de A Coruña, proyecto de su antecesor, Pintos Uribe. Fue Páramo quien encargó los estudios y decidió que la ubicación sería Punta Langosteira. Francisco Vázquez, entonces alcalde, agradeció públicamente su iniciativa.

La Autoridad Portuaria de A Coruña confirma que entre 2006 y 2008 la asistencia técnica a Langosteira Supervisión fue ampliada y se añadieron cuestiones de seguridad del proyecto. Desde el organismo señalan que el importe de la contrata fue ampliado, aunque no especifican la cuantía. En la UTE también figura otra empresa que tiene en su consejo de administración a altos cargos de la etapa del PP en la Xunta. Técnicas y Proyectos, S.A. cuenta en su órgano de administración con Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente entre 1997 y 2003.

(www.elpais.com, 14/09/09)

19. GALICIA. EL PP ULTIMA CON TRÁNSFUGAS DE SILLEDA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Mientras el PP critica la moción de censura de Benidorm, negocia en Silleda la que amenaza con convertirse en la sexta operación con tránsfugas que se concrete en la provincia de Pontevedra, la de Mariano Rajoy, desde que éste preside el partido. Las negociaciones, reconocidas por el portavoz del Grupo Municipal, José Fernández Viéitez, implican a dos concejales elegidos por el PSOE que abandonaron el grupo en abril del año pasado, lo que dejó en minoría a la alcaldesa, la socialista Paula Fernández. "La situación es de ingobernabilidad, es lógico que surja esa idea [de la moción de censura]. ¿No vamos a hacer nada?", se justifica el líder local del PP.

La dirección gallega del partido guarda un prudente silencio, después de que su presidente provincial, Rafael Louzán, disparase las especulaciones en diciembre pasado, cuando declaró que la moción de censura no estaba descartada, "ni mucho menos". El escenario político, con el caso de Benidorm en todos los periódicos y una romería del partido el 26 de septiembre en Silleda que se pretende multitudinaria, aconseja ahora demorar la operación. Aunque "por ahora no hay nada", sostiene Fernández Viéitez, el "punto clave" del asunto es "el momento en que se presente". "A mí me gustaría hacerla ya, pero desde arriba a lo mejor nos imponen otra cosa", asume.

Fernández Viéitez, conocido entre sus paisanos como Roucho, presidió el Ayuntamiento de Silleda entre 1999 y 2007. En esta ocasión no recuperará la alcaldía, que recaerá previsiblemente en la tránsfuga Ofelia Rey, una independiente elegida en las listas del PSOE de la que Roucho afirma que es "más conservadora que progresista". El otro tránsfuga, Javier Cuiña, también entraría en el gobierno local. El PSOE obtuvo en 2007 seis ediles, los mismos que el PP El BNG, con uno, apoyó la investidura de Paula Fernández, aunque no entró en el gobierno.

La operación es ya un hecho para el PSdeG, que ha convocado una manifestación para el próximo domingo con el lema "No a la moción de censura". El secretario general del partido, Manuel Vázquez, se desplazó a Silleda para arropar a su alcaldesa y denunciar el "cinismo" de Rajoy, al que retó a demostrar en Silleda su oposición al transfuguismo.

En la provincia de Pontevedra, el PP consiguió desde 1992 diez alcaldías a través de mociones de censura; dos de ellas, las de Mos y Gondomar, en los últimos meses. Según Manuel Vázquez, todos los alcaldes que participaron en operaciones de este tipo se presentaron en las siguientes elecciones en las listas del PP. Del caso de Gondomar, afirmó que los populares "no sólo no expulsaron" a los concejales que pactaron con los tránsfugas, sino que uno de ellos fue "premiado con un escaño en la Diputación de Pontevedra y con una dedicación exclusiva de más de 60.000 euros al año". En el de Mos, la actual alcaldesa estaba "a sueldo del presidente de la Diputación", Rafael Louzán, como asesora personal. "Eso demuestra que la moción se generó y negoció en el despacho" de Louzán, "hombre de máxima confianza de Rajoy". Vázquez acusó a ambos y a Feijóo de "utilizar dinero público para financiar operaciones de transfuguismo".

(www.elpais.com, 16/09/09)

20. ANDALUCÍA. EL SECRETARIO DEL ALCALDE DE ALMERÍA OCUPA UN CARGO EN POPULAR TV

El grupo municipal socialista de Almería exige explicaciones al alcalde, Luis Rogelio Comendador - foto-, sobre la financiación de Popular TV. Según se ha descubierto, el secretario de alcaldía ocupa un cargo de gestión en Producciones Televisivas Ondamar S.L., o lo que es lo mismo, Popular TV, la televisión de los obispos. Además, la emisora no cuenta con una licencia oficial, por lo que el delito sería mayor. Los socialistas están dispuestos a llegar a los tribunales si se comprueba que el administrador de la empresa es un cargo de confianza del PP con sueldo oficial del ayuntamiento y que además, controla los contratos publicitarios

Además, los socialistas han considerado urgente que el alcalde dé las explicaciones correspondientes de manera pública ante la denuncia. De ser cierta la información, señalan, serían varios los posibles delitos en los que se podría haber incurrido al llevar a cabo un uso partidista de la gestión de los fondos públicos.

El PSOE denuncia que "si el mencionado secretario es efectivamente el gerente de esa empresa de comunicación, se trataría de un flagrante y descarado caso de posible desvío de fondos públicos" desde la alcaldía.  Se da la circunstancia de que Rafael Gil del Valle aparece como administrador de la empresa, y además es secretario de la alcaldía.

Según denuncia Teleprensa, el Ayuntamiento ha decidido subvencionar, con una cantidad fija de dinero mensual a una televisión municipal sin licencia. La televisión, además, es competencia directa de Interalmería, la televisión pública local financiada por el Ayuntamiento que a duras penas logra salir adelante, con un coste para el consistorio de un millón de euros al año.

Además de unos ingresos mensuales de 2.320 euros, la emisora Producciones Televisivas Ondamar Almería S.L., que es franquicia de la emisora de los obispos, recibió otros pagos extraordinarios. Así, en conceptos como el Día de los difuntos, los especiales de Navidad o Agricultura y la Feria 2008 supusieron a la emisora local la entrega de 32.000 euros en total.

Además de ser una cadena de menor audiencia que la local, Interalmería, la emisora carece de la licencia necesaria para emitir y está dirigida por uno de los hombres de confianza del Ayuntamiento. Además, Rafael Gil es el encargado del área que decide los contratos publicitarios del ayuntamiento, que podría haber incurrido en un delito de desvío de dinero. La cantidad entregada a la emisora exigiría que se realizase a través de concurso público. Sin embargo, pese a que la legislación obligaría a hacerlo, no existe ningún tipo de convocatoria para administrar este dinero.

La emisora Ondamar TV se caracteriza por ser un instrumento de propaganda al servicio del PP almeriense. En sus informaciones no cesan de alabar las gestiones del alcalde y criticar todo aquello que ofende al partido que lo financian. Además, han llegado a calumniar a otros medios de comunicación por ser contrarios a su posición. Esta no es la primera vez que se denuncia un caso de este tipo. Como ya ha recogido ElPlural en anteriores ocasiones, los populares andaluces utilizan las televisiones locales de las ciudades en las que gobierna para crear un entorno propagandístico que les favorezca.

(www.elplural.com, 12/09/09)

21. ANDALUCÍA. UNA EDIL SE VA DEL PP DE ESTEPONA EN DESACUERDO POR EL BOICOTEO AL ALCALDE

Silvia Cabrera, la número dos de las listas del PP de Estepona (Málaga) en las pasadas elecciones municipales, anunció su salida del partido por "discrepancias personales y políticas con la dirección local" y su decisión de conservar el acta como edil no adscrita. "No se puede decir que no a todo lo que diga el gobierno para bloquear la ciudad, hay que ser más tolerantes", dijo. El anuncio hace oficiales las desavenencias de Cabrera con el presidente del PP en Estepona, Ignacio Mena, que la dejó el pasado julio fuera de la ejecutiva local, y ha agitado un poco más la convulsa vida política del municipio, sacudida hace más de un año por el caso Astapa contra la corrupción.

El alcalde David Valadez (PSOE) gobierna con dificultades apoyado en un crisol político formado por 11 ediles del PSOE, IU, PA, Estepona 2007 y no adscritos, y ha sufrido más de un boicoteo de en los últimos meses, protagonizado por los ocho concejales imputados que siguen en la oposición y los cinco ediles del PP. En junio se unieron para retirar las competencias de la Junta de Gobierno Local, algo que limita la capacidad de gobierno, y en agosto echaron atrás la petición de un crédito de 38 millones para pagar las deudas a proveedores.

Cabrera era el fichaje estrella del PP para Estepona en las elecciones municipales de 2007. Aprovecharon que fue vocal de limpieza y urbanizaciones en la Comisión Gestora que gobernó Marbella y la situaron en un puesto destacado. "Ha sido una decisión difícil porque llevo al PP en la frente, pero cuando las discrepancias son tantas lo mejor es apartarse", aseguró la edil en una conferencia de prensa.

El PP la llamó "tránsfuga" y reclamó que devuelva su acta "por honestidad y decencia política". Mena especuló con la posibilidad de que se sume al gobierno esteponero, pero la edil no adelantó acontecimientos. "De momento permaneceré como no adscrita, en la misma línea de trabajo que hasta ahora (...) Cualquier otro tipo de rumor es falso", zanjó. El alcalde le dejó la puerta abierta.

En el Congreso, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, insistió en que el Gobierno no disolverá el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) como reclama el PP. La diputada Celia Villalobos le preguntó por los planes de disolución tras el caso Astapa y aseguró que la situación es "absolutamente ingobernable". "El obstáculo son ustedes, el PP, que bloquea cualquier iniciativa que parte del gobierno municipal", contestó Chaves.

(www.elpais.com, 17/09/09)

22. ANDALUCÍA. OTURA ADJUDICA CONTRATOS A LA EMPRESA DEL LÍDER JUVENIL DEL PP

Javier Lisarte es el presidente de las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP en Otura. Desde agosto de 2005 dirige Intralia S.L., una empresa de servicios turísticos y cursos de formación cuyo volumen de negocio proviene, fundamentalmente, de contrataciones con ayuntamientos presididos por el PP.

Intralia y Javier Lisarte (28 años) tienen como uno de sus principales clientes al Ayuntamiento de Otura, localidad en la que esta empresa tiene su domicilio social y donde el joven empresario lidera las juventudes populares. Javier Lisarte ocupó, además, el séptimo puesto de la lista electoral que encabezó el actual alcalde en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2007. Lisarte se quedó a dos puestos de ocupar un sillón de concejal. Por aquella fecha ya llevaba dos años dirigiendo su empresa y contratando con ayuntamientos de su propio partido.

La relación laboral entre el Consistorio que preside Ignacio Fernández (PP) e Intralia es tan evidente como la publicidad que exhibe el Ayuntamiento en su página web. Intralia logró en 2008 la concesión de las escuelas de verano de Otura, ha repetido en 2009 y en la actualidad es la empresa responsable de organizar y cobrar las 18 actividades culturales que Otura ofrece tanto a sus vecinos como al resto de personas que no estén empadronadas en el municipio. Los primeros pagan a la empresa del presidente de NN GG del PP de Otura 15 euros al mes por cada actividad y los foráneos 40 euros mensuales. Los abonos van directamente a una cuenta bancaria cuyo titular es Intralia.

Las escuelas de verano promovidas por el Ayuntamiento de Otura son algo más caras. Los precios de este año oscilaron entre los 74,80 euros hasta los 102 que se cobraron a los no empadronados y hubo vecinos que tuvieron que mandar a sus hijos a las escuelas de Alhendín porque eran más asequibles. La oposición municipal asegura que ha recibido las quejas de algunos padres por el hecho de haber pagado unas actividades a sus hijos en agosto "que no se realizaron" y por las que Intralia no les ha devuelto el dinero.

Pese a las pruebas, el dueño de la empresa incidió en que esta acusación es "falsa".

(www.laopiniondegranada.es, 16/09/09)

23. ANDALUCÍA. LISARTE LOGRÓ SU PRIMER CONTRATO CON EL PP AL MES DE SER EMPRESARIO

Intralia S.L. ha gestionado y gestiona numerosas actividades educativas y culturales en ayuntamientos de Granada. El administrador único de la sociedad, Javier Lisarte, es un joven militante del partido que fue elegido en mayo de 2005 presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Otura.

Ese año fue muy gratificante para Javier Lisarte. A su tarea de nuevo líder juvenil del PP de Otura se le unió, en muy poco tiempo, un nuevo reto: ser empresario con tan solo 24 años. Lisarte fue nombrado administrador único de Intralia S.L. el 24 de agosto de 2005 en sustitución de quien había fundado la empresa un año atrás.

Tres meses separan el ascenso de Lisarte al organigrama del PP con su desembarco en el mundo empresarial. Y un solo mes separa su ´estreno´ como empresario de la firma de su primer contrato. Fue con el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP. Según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, la Junta de Gobierno local decidió el 7 de octubre de 2005 adjudicarle a la empresa de Javier Lisarte "la realización del programa Itinerarios Culturales por la ciudad de Granada".

Renovación. El Consistorio otorgó el contrato a Intralia por un importe de 12.000 euros. Intralia también había logrado el año anterior –cuando era dirigida por otra persona– la concesión del mismo programa educativo, presupuestado en el expediente con 9.000 euros. Con Lisarte logró la renovación del contrato para itinerarios culturales –y la ampliación de su dotación económica– para ese año y los posteriores, hasta 2009, según consta en los documentos oficiales del área de Contratación.

Javier Lisarte ha compaginado durante años su condición de presidente de Nuevas Generaciones del PP con la de empresario adjudicatario de contratos de ayuntamientos, muchos de ellos del PP. En la cartera de negocio de su empresa también hay instituciones, particulares y otras entidades oficiales que no están vinculados al PP.

Javier Lisarte ha dirigido además la Secretaría de Estudios y Programas de las Nuevas Generaciones del PP a nivel provincial. El empresario afirmó que en la actualidad no ocupa ese cargo pero se negó a aclarar en dos ocasiones si mantiene el cargo de presidente de NN GG en Otura. Fuentes del entorno municipal aclararon que en la actualidad no, aunque cuando firmó los contratos con Otura sí lo era. En la web oficial del PP andaluz aparece aún como presidente juvenil y secretario de Estudios y Programas.

Intralia es la misma empresa que ha logrado en los últimos años numerosos de contratos de ayuntamientos del Partido Popular. Entre ellos el de Otura, municipio donde Javier Lisarte se presentó en el número 7 de la candidatura del PP encabezada por el actual alcalde, Ignacio Fernández. Intralia ha gestionado, al menos, las escuelas de verano de 2008 y 2009 y toda la programación cultural del municipio para este año.

(www.laopiniondegranada.es, 16/09/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE, AÑO 1984

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido que "todos estamos siendo espiados" ya que, según ha sabido este fin de semana, "desde 2004, el Gobierno central está utilizando un sistema de escucha que le permite al señor ministro del Interior conocer todo sobre todos", algo que le ha dejado "impresionada". "Mis conversaciones telefónicas, como las de todos ustedes, transcritas en un medio de comunicación son absolutamente letales. Hay que saber que todos estamos siendo escuchados", ha alertado.

Respecto a la causa del tesorero del PP Nacional, Luis Bárcenas, en el marco del caso Gürtel, asumida por el Tribunal Supremo, Aguirre ha hecho referencia a la visita que dos policías hicieron al domicilio para entregarle una citación "a quien no puede ser citado". "El periódico El País ante decía que era una citación como testigo, y se le ocurrió que era una citación para la mujer de Bárcenas, y ¿dónde está esa citación?, y entonces nos dice que a los cuatro días el juez Pedreira decidió quitarla".

"Esto es muy extraño y debe ser aclarado", reclamó, y, si existe la citación, "que la enseñen, que levanten el secreto de sumario que es lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo". "Sin duda que hay personas con avaricia pero hay que aplicar la presunción de inocencia y tienen que ser los jueces los que digan, condenen o establezcan lo que ha ocurrido de verdad", señaló.

"A mi lo que me aterraría es que se hiciera un juicio de cinco, ocho, nueve o diez años de duración, lo que es una locura". Para ello, "siempre pongo el ejemplo de Madoff, que ha timado a todos los ricos del mundo, pues en menos de un año se le ha juzgado, se le ha condenado y se le ha encarcelado", por lo que aseguró que la justicia española "es de una lentitud lamentable".

(www.publico.com, 14/09/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE LANZA FUEGOS DE ARTIFICIO Y NO MENCIONA NI EL 'GÜRTEL' NI LOS ESPÍAS

Fue un discurso monótono, que escondió las escasísimas novedades tras un retórico balance de gestión que duró casi dos horas -130 folios leídos a través de las recién estrenadas pantallas del teleprompter instaladas a ambos lados de la tribuna de oradores-, sin insuflar más que automáticos aplausos de las propias filas, algo descoordinados. La intervención con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abrió el debate del estado de la región, el segundo de la legislatura, ofreció una conclusión principal: que en un Gobierno sin dinero, no hay más que para fuegos artificiales.

La jefa del Ejecutivo regional venía utilizando en años anteriores el primer día del debate para armar el plan de trabajo de su equipo al inicio del curso político. , no. Se limitó a sacar pecho de sus compromisos anteriores a través de una retahíla de actos del Gobierno que hace tiempo que están en marcha, en tramitación parlamentaria o no se harán hasta un futuro próximo. Como la privatización del 49% del Canal de Isabel II, el anuncio estrella del año pasado, que Aguirre dejó "para el momento más apropiado" su salida a Bolsa. En la situación financiera actual, eso equivale a guardarla en un cajón.

"Si no tenemos dinero, no hay otra fórmula", consideraba en los pasillos del hemiciclo uno de los consejeros de gobierno. Por eso, la presidenta recurrió, como únicas novedades, a dos medidas efectistas que no costarán dinero alguno a las arcas regionales: una ley para otorgar el rango de autoridad pública a los maestros y la reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de Evaluación Ambiental.

En cambio, no hubo ni una sola mención a los conflictos que ha sufrido el Gobierno regional este año como el caso de los espías o la trama Gürtel, pese a que tres diputados de su grupo, ex consejero incluido, están imputados en el caso. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró su cara menos frentista: eludió arremeter directamente contra la oposición, ofreció pactos parlamentarios a PSM e IU y la mano tendida a instituciones y agentes sociales. Si esto se tradujera en un nuevo talante, supondría el fin de la bronca política en la Asamblea, de las zancadillas al Ayuntamiento de su rival, Alberto Ruiz-Gallardón, de las puyas al Gobierno central y hasta la palabra "sindicalista" habría dejado ahora de ser un insulto. Y, de momento, no cuela.

Porque si en algo se ha caracterizado estos años la presidenta regional es en hacer promesas en el mismo foro, que luego se lleva el viento. Como si nadie le hubiera oído ya decir que reformará la Ley del Suelo, se volvió a sacar el as de la manga. Esta vez anunció que se debatirá en la Asamblea regional. "Quiero que [la ley] sea más transparente, ágil y sostenible", afirmó en el hemiciclo. No dio más datos, porque dice que estará a lo que se acuerde en la Cámara. Sólo anunció que quiere acabar con "las operaciones urbanísticas en las que los vecinos no se enteren de los planes de crecimiento" de sus municipios.

Pero antes que las promesas están los hechos. Y la presidenta ya ha reformado la Ley del Suelo en numerosas ocasiones. Aunque siempre eludía el debate parlamentario, porque introducía las reformas a través de leyes escoba como la Ley de Medidas Fiscales que sigue a los presupuestos regionales. Eso le permite votar la ley de una tacada en pleno, sin que los diputados puedan discutir las reformas en comisión artículo por artículo.

Una de las reformas más polémicas fue la Ley de Modernización de la Administración, aprobada en julio de 2007 con la mayoría de votos del PP, que supuso la modificación de nueve textos legales a la vez. También la Ley del Suelo, lo que le sirvió al Ejecutivo regional para prohibir que los edificios de los nuevos barrios tengan más de cuatro alturas.

Hasta el Consejo Económico y Social (CES), copado por consejeros afines a Aguirre, ha criticado esta fórmula que utiliza la presidenta para tramitar leyes: "La Comunidad de Madrid debe evitar que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas sea utilizada para regular o modificar normativas sobre materias específicas que, por su complejidad o trascendencia, merecerían ser recogidas en su propia ley sustantiva", afirmaba el informe que el CES hizo en diciembre pasado para calificar la Ley de Acompañamiento.

Y en lo que quizás es un cambio de actitud que supone un nuevo propósito para el curso, Aguirre habló también de "escuchar a todos". "Es la hora de la responsabilidad, de olvidar sectarismos, de la humildad y de reconocer errores", afirmó la presidenta. Algunos invitados en la tribuna señalaban que Aguirre, ahora que el conflicto de Caja Madrid parece estar encaminado a una solución, quiere cambiar su relación con las fuerzas madrileñas.

Pero, pese a su intención de reconocer errores, en el discurso de Aguirre no hubo nada que aludiera a la grave crisis política que ha sufrido su gobierno en los últimos meses a cuenta del caso Gürtel y del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tampoco quiso entrar en el otro conflicto que debe afrontar este año: la crisis económica. Aludió a él, pero para criticar las medidas del presidente José Luis Rodríguez Zapatero -una costumbre ya habitual en sus discursos parlamentarios- y no ofreció ninguna respuesta para el futuro.

(www.elpais.com, 16/09/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AVALÓ CON SU FIRMA LAS CUENTAS DE FUNDESCAM DE 2003 Y 2004

La versión oficial de Esperanza Aguirre sobre Fundescam, la fundación del PP madrileño que pagó a la trama Gürtel gastos de sus campañas electorales en 2003 y 2004, se ha estrellado contra el papel. La presidenta de Madrid alega que nada sabe "de lo que allí ocurría" en aquella época, cuando presidía la entidad el anterior líder regional del PP, Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó en mayo cuando saltó el escándalo. Pero la firma de Aguirre aparece estampada en el certificado por el que Fundescam garantizó a la Comunidad, el 21 de septiembre de 2005, que la documentación correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004 "es fiel reflejo" de la contenida "en los libros de contabilidad de la fundación".

Por motivos desconocidos, ese entrecomillado, con mención conjunta a ambos años electorales, también aparece en el certificado relativo a las cuentas de 2003, expedido el 28 de julio de 2005, dos meses antes que el de 2004. Pero en ese papel no aparece la firma de Aguirre, que en julio de 2005 llevaba cinco meses como presidenta de Fundescam. Desde su constitución en 2000 hasta 2002, las memorias anuales de Fundescam precisan la fecha en que el patronato aprobó las cuentas de cada ejercicio. A partir de 2003, ese dato no aparece.

En 2003, el año del Tamayazo, Special Events endosó a Fundescam facturas electorales del PP. Y la fundación contrajo, por conceptos que no detalla la memoria anual ni ha explicado el PP, una deuda de 250.000 euros con la misma agencia de publicidad que trabajó para la campaña de Aguirre en las autonómicas de mayo. Tras esa convocatoria electoral, la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió la formación de un gobierno PSOE-IU y forzó la repetición de los comicios. A la segunda, en octubre, Aguirre ganó.

Ese año la fundación se nutrió de las generosas donaciones aportadas por una docena de empresarios encabezados por el actual jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. En el bienio electoral 2003-2004, recaudó oficialmente por esa vía 941.000 euros. El PSOE ha pedido a Anticorrupción que investigue si Fundescam financió las campañas electorales del PP de Madrid.

El documento enviado por Fundescam a la Consejería de Educación relativo a 2004 no precisa cuándo aprobó el patronato de la fundación las cuentas de ese ejercicio. Lo firmó Jacobo Beltrán, secretario de la fundación. Y lo hizo con el visto bueno de Aguirre, cuya rúbrica aparece a pie de página. En 2004, el principal acreedor de Fundescam fue Special Events SL, germen de la trama Gürtel. Al cierre de ese año, el de las elecciones generales que ganó Zapatero, la fundación le adeudaba 70.544 euros.

En la memoria de 2005 ya no figura ese débito, lo que indica que en teoría se pagó. Sin embargo, Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había abonado todas las facturas pendientes Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un comprometedor documento: el listado de facturas endosadas por Special Events a Fundescam y el PP entre 2002 y 2004. Ahí se distingue entre "concepto real", es decir, los trabajos electorales, y "concepto factura". En esa última casilla no se mencionan las elecciones y sí supuestas actividades institucionales de la fundación.

A partir de 2004, la firma de Aguirre no consta en ningún documento remitido por Fundescam a la Comunidad. En las cuentas de 2005, 2006 y 2007, con la líder del PP en el puente de mando de la fundación, la memoria y el balance sólo están signados por el apoderado de la entidad. Tampoco se refleja la firma de los miembros del patronato. Las memorias de esos tres ejercicios se enviaron a la Comunidad tras destapar se el caso.

Un portavoz de Aguirre minimizó que su firma conste en el certificado sobre 2004 antes referido. "Lo que hace -señaló- es ratificar como mero trámite un documento contable firmado por el secretario de la fundación correspondiente a dos ejercicios anteriores a su designación, puesto que cuando se le presenta ese documento ella ya sí ejerce de presidenta de la fundación". Lo "relevante", subrayó, habría sido que su firma "hubiese aparecido en un documento con fecha anterior" a su nombramiento en Fundescam. En 2003, remachó el portavoz, Aguirre no presidía la Comunidad ni el PP.

El certificado enviado por Fundescam a la Comunidad de Madrid sostiene que la contabilidad de 2003 y 2004 fue "revisada-aprobada" por el patronato.

(www.publico.es, 15/09/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL VICEPRESIDENTE DE AGUIRRE EN CAJA MADRID ES VETADO POR RAJOY

Mariano Rajoy tiene la llave para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid. La renovación de este cargo está atascada desde hace un año, con la batalla política entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón como telón de fondo. Es un secreto a voces que la lideresa quiere en el cargo a su vicepresidente Ignacio González, pero esta posibilidad ha tropezado con un obstáculo muy probablemente insalvable: el veto de Rajoy. Tal como cuenta Público, el presidente popular no olvida las zancadillas de González de camino al Congreso de Valencia en el que fue reelegido como cabeza del PP, y ha encontrado un sustituto para Miguel Blesa, actual presidente de la entidad financiera, que no pasa por la Comunidad. Aguirre no podrá rechazar "de ningún modo" el candidato marianista. A falta de que se sepa la apuesta de Rajoy, las quinielas se decantan por dos nombres: Manuel Pizarro y Luis de Guindos.

Según el entorno del presidente popular, éste ya habría decidido quién sustituirá a Miguel Blesa, y se trata de una persona a la que Aguirre no podrá rechazar "de ningún modo".

La intervención de Rajoy en la disputa de sus eternos rivales pródigos de Madrid, Aguirre y Gallardón, era un acontecimiento previsible y esperado, pues la batalla que ambos han escenificado en la renovación de poder de Caja Madrid ha adquirido tintes bochornosos. A falta de que se sepan las instrucciones de Génova, que seguramente serán acatadas por una presidenta regional sumergida desde hace meses en maniobras de reconciliación con la cúpula, los principales candidatos son dos: Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía y ex presidente para España y Portugal de Lehman Brothers, y Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y número dos en las listas del PP por Madrid. También ha sonado Rodrigo Rato, un candidato que gustaría a Aguirre, pero, esta posibilidad tropieza con su falta de feeling con Rajoy.

Lo que es un hecho según Público es que el líder popular echará por tierra la candidatura de González. El PP madrileño, presidido también por Aguirre, nunca le ha postulado oficialmente, pero tampoco ha ocultado sus intenciones. Desde el entorno marianista dan fe, sin embargo, de un obstáculo que será insalvable: Rajoy no perdona al vicepresidente madrileño por su zancadilla del 2 de junio de 2008. En aquella fecha y en pleno proceso de reafirmación de liderazgo, el número dos del Ejecutivo de Madrid dio una sonada bofetada al cabeza popular: pronunció un discurso en el Comité Ejecutivo Nacional asegurando que "algo se ha hecho mal" en el partido, sobretodo en lo relativo a las marchas de María San Gil, ex presidenta del PP vasco, y de José Antonio Ortega Lara, significativo ex militante del grupo.

El jefe de Génova le devolvió el feo a González dejándole fuera de la Ejecutiva Nacional pocos días después, pero no es esta rencilla el único impedimento que tendría su candidatura. Los gallardonistas no le soportan, y no es probable una toma de postura en la guerra interna de la Comunidad. Finalmente, últimamente González ha estado en el centro de la polémica por los presuntos espionajes que padeció y por la información de su patrimonio y adjudicaciones sospechosas. Así las cosas, todos esperan impacientes el 9 de octubre, fecha topa en la que tanto la Asamblea como los ayuntamientos informarán de sus delegados. Es el primer paso para un proceso electoral que debería terminar en noviembre.

(www.elplural.com, 14/09/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS NO ACLARA LAS DIFERENCIAS ENTRE DÉNIA Y BENIDORM

Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, desembarcó en Benidorm para inaugurar un instituto turístico, visitar las obras de la Casa de Cultura y recorrer el paseo marítimo que no tuvo tiempo de inaugurar en su día. Pero no mencionó la moción de censura firmada por 12 ediles socialistas el pasado jueves. Despejó a córner y habló de turismo al ser preguntado por los periodistas sobre las diferencias entre los tránsfugas de Benidorm y los de Dénia. Se puso el casco y evitó terciar en el debate entre el PP y el PSOE sobre las mociones de censura en Alicante o aclarar si pensaba expulsar a los alcaldes del PP que llegaron al cargo con el apoyo de un tránsfuga.

(www.elpais.com, 15/09/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. GESTOS CONTRADICTORIOS DE RAJOY Y CAMPS SOBRE EL TRANSFUGUISMO

Lo que vale en Benidorm no valió en Dénia. Asumir una alcaldía con el voto de un tránsfuga "pone en entredicho el sistema democrático", se quejó Francisco Camps en Benidorm, donde el alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll, perderá la alcaldía el próximo martes. El argumento brilló por su ausencia en Dénia hace más de un año, donde la alcaldesa socialista fue derribada también con el voto de un concejal tránsfuga.

La asimetría de la situación quedó de relieve porque Camps adelantó una visita institucional prevista en Benidorm para arropar a un alcalde de su partido con los días contados en el cargo. Hace un año, por estas fechas, el presidente de la Generalitat visitaba Dénia en un viaje similar para arropar a la nueva alcaldesa del PP, Ana Kringe, que había sustituido unas semanas antes a la socialista Paqui Viciano con el apoyo de un socialista disidente. No dijo nada entonces sobre el valor de las urnas, entre otras cosas porque no aceptó preguntas, pero saludó a todo el nuevo equipo de gobierno y estrechó la mano del concejal tránsfuga. Tan parecidos son ambos gestos institucionales como contradictorio su significado.

Y no se trata de un lapsus ni de un hecho pintoresco. El mismo líder del PP, Mariano Rajoy, que se ha expresado en términos contundentes contra la moción de censura en Benidorm, ha olvidado que, el 11 de diciembre de 1991, 20 días después de que Eduardo Zaplana alcazara la alcaldía gracias a una tránsfuga, le visitó en el Ayuntamiento. Era entonces vicesecretario general del PP y le pareció muy bien.

(www.elpais.com, 15/09/09)

30 COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO GÜRTEL' Y LA FALTA DE ACUERDO BLINDAN A DE LA RÚA EN EL TSJ

No hay acuerdo ni se espera que lo haya en breve. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 1 de septiembre la apertura del concurso para cubrir la plaza de presidente en los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de las Islas Baleares. La Comunidad Valenciana, junto a Cataluña y Murcia, no fue incluida porque no hay acuerdo entre los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluido su presidente, Carlos Dívar.

También pesa sobre el asunto el hecho de que el archivo del caso Gürtel, que afecta al presidente de la Generalitat y otros tres cargos del Consell y del PP, decidido el pasado mes de agosto con la intervención decisiva del presidente del TSJ valenciano, está recurrido en el Tribual Supremo. Esos dos factores blindan, de momento, al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que ve prorrogado su cargo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, no se espera que las negociaciones avancen un paso antes de Navidad, como pronto. De fondo, la decisión pendiente por parte del Tribunal Supremo sobre el archivo del caso Gürtel, la trama de corrupción con la que se han visto implicados Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia.

A pesar de que el sector conservador del CGPJ, integrado por los nueve miembros propuestos por el PP, que mayoritariamente son de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), está de acuerdo en el relevo de De la Rúa por el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano, la plaza no va a salir a concurso. No lo hará en los próximos meses no sólo porque está pendiente el respaldo o rechazo de un archivo firmado precisamente por el actual presidente en funciones del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que Camps calificó de más que amigo, sino porque tampoco hay acuerdo sobre los relevos en Cataluña y Murcia. La división que existe en el seno del sector progresista, formado por los nueve miembros propuestos por el PSOE, tampoco está facilitando las cosas. Unos apuestan por ir sacando convocatorias de cargos que no precisan de la mayoría cualificada de tres quintos (como las presidencias de las audiencias), y otros prefieren que se llegue a pactos y se vayan cambiando cromos para preservar determinados destinos.

La situación actual extiende el interinaje a la Audiencia Provincial de Valencia. Pedro Castellano lleva dos mandatos al frente de ella. Aspira a la presidencia del TSJ, pero parece claro que mientras no salga a concurso esa plaza, entrará en periodo de prórroga. La presidencia de la Audiencia debería cubrirse ahora porque el mandato expira en septiembre.

Juan Luis de Rúa es el beneficiado de esta situación. El magistrado conservador que nunca contempló abstenerse en el caso Gürtel porque entendía que no había razones, a pesar de las manifestaciones sobre él de Camps, permanece en el lugar en el que quiere estar. Sobre todo porque su aspiración de ir al Tribunal Supremo se ha visto dos veces ya frustrada por falta de apoyos y porque ahora no existe vacante que cubrir en la Sala de Lo Social, su especialidad.

(www.elpais.com, 14/09/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ÚLTIMA QUEJA DEL PP POR LA GÜRTEL SE ESTRELLA EN EL CGPJ

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se ocupará hoy de la última queja presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del caso Gürtel. El servicio de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces propone el archivo al entender que de los hechos denunciados por el PP "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario" al juez.

Según Inspección, la queja "se trata, en definitiva, de consideraciones subjetivas expresadas por los interesados (el PP), que deducen de cada actuación judicial la finalidad perseguida" por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El partido que preside Mariano Rajoy achacaba a los autos de Garzón que éste quería "darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar la inhibición" a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

"Por ello, al tratarse de cuestiones carentes de relevancia disciplinaria, se propone el archivo de la presente información previa", concluye la propuesta de Inspección. El PP denunció a Garzón, cuando era instructor del caso Gürtel, por hacer públicos ciertos autos, al entender que su objetivo era perjudicar al partido.

(www.pubico.es, 15/09/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SE ESTRELLA CON EL 'CASO GÜRTEL'

La función de las Cortes Valencianas es "controlar la acción del Consell" y "ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Pero el Partido Popular forzó el calendario parlamentario para convocar la Comisión de Coordinación de las Instituciones con el afán de rescatar en las Cortes Valencianas la teoría de la persecución política que sus altos cargos aseguran sufrir desde las más altas instituciones del Estado.

Los objetivos eran María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno, y Cándido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado. El PP impuso su mayoría y logró encomendar a Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, para que requiera a ambos por escrito su comparecencia ante las Cortes. Ni la una ni el otro están obligados legal ni constitucionalmente a comparecer ante las Cortes. Ni lo harán. Pero el PP lanzó invectivas, exabruptos y sospechas sobre sibilinas conexiones entre ambos. David Serra, portavoz adjunto del PP, leyó aplicadamente su única intervención ante la comisión parlamentaria. Ricardo Costa siguió los primeros minutos del discurso y abandonó discretamente la sala. Serra, sabedor que los requerimientos de la presidenta de las Cortes a la vicepresidenta del Gobierno y al Fiscal General del Estado caerán en saco roto, cerró con un lapidario: "Quien calla, otorga".

Después de un cuarto de hora de gloria que grabaron diligentes las cámaras de los medios afines, el teatrillo adquirió tintes más dramáticos.

José Camarasa, por el PSPV; Mireia Mollà, por Compromís; y Lluís Torró, por Esquerra Unida, coincidieron al denunciar el absurdo empeño del PP al exigir la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas y al calificar como "una burda cortina de humo" para desviar la atención de las relaciones de Francisco Camps, presidente de la Generalitat con "una trama de conseguidores" que le regalaron trajes y provocaron que mintiera ante el pleno de las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El calibre y la consistencia de los reproches que vertieron los tres portavoces de la oposición contra el PP y Camps llevaron a Serra a renunciar a cualquier atisbo de réplica. Se había estrellado. El PP no tuvo ningún empacho en requerir con palabras gruesas la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas. "Son como unas bacterias que están socavando los fundamentos del Estado de Derecho", dijo Serra. Pero cuando el Parlamento de Galicia puso en marcha una comisión de investigación para intentar despejar las responsabilidades políticas en torno al naufragio del Prestige, la catástrofe que asoló las costas gallegas en noviembre de 2002, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, vetó personalmente las solicitudes de comparecencia que se habían cursado a Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, el delegado del Gobierno en Galicia y otros responsables de Marina Mercante.

La realidad pierde consistencia en las Cortes Valencianas, acolchada sobre la amplia mayoría absoluta que disfruta el PP.

José Marí Olano ocupaba el escaño que Ricardo Costa había dejado desierto cuando empezó la descarga. "Sólo les interesa estoquear a De la Vega, no que comparezca", dijo Camarasa, "la deriva autoritaria del PP es tal que no les importa el daño que hacen a las instituciones. Las Cortes usurpan el papel del Congreso. Violan todas las reglas del juego democrático con iniciativas circenses para confundir a los ciudadanos. El problema no lo tiene el Estado de Derecho, lo tiene ustedes, el PP, por relacionarse con una trama de conseguidores corruptos. En lugar de lanzar cortinas de humo, deberían buscar la verdad. Y la verdad es que Camps mintió, mintió ante las Cortes y mintió ante el juez".

(www.elpais.com, 18/09/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES SE PASEA CON BARBA Y... EL EX VICEPRESIDENTE VALENCIANO

El presunto cerebro valenciano de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, se ha dejado ver en una terraza de la capital levantina con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien acabó siendo el único implicado del caso apartado del PP regional. La información la publica el diario El Mundo, que ha obtenido una imagen de la cita en la que cuesta reconocer a Pérez: el imputado ha cambiado su peculiar bigote por una meticulosa barba. A juzgar por la tranquilidad con la que se ve a ambos y por el sitio y hora elegidos para el encuentro, ni a El Bigotes ni a Campos, que sufrió un amago de infarto recientemente, les importa lo que se diga de ellos. O eso, o ambos se esmeran en transmitir una imagen de absoluta normalidad.

El hombre de la Gürtel en Valencia y el que fuera hombre de confianza de Francisco Camps se dejaron ver juntos en actitud informal y en una terraza.

Campos fue el único imputado del PP valenciano purgado del Gobierno regional. Su causa fue sobreseída al igual que la del propio Camps en agosto pasado; sin embargo, el ex vicepresidente nunca volvió a un Ejecutivo del que salió por la puerta trasera y supuestamente para dedicarse a la actividad privada. Sí fue readmitido en el partido, aunque ha pasado a un segundo y casi invisible plano.

En cuanto a El Bigotes, quien hasta hace poco era "amiguito del alma" de Camps ha sustituido su peculiar mostacho por una barba más discreta. Pérez es la persona que supuestamente regaló costosos trajes a dirigentes de la Generalitat, incluidos Campos, Camps y Ricardo Costa, número dos del PP valenciano.

De qué hablaron imputado y absuelto sigue siendo un misterio, aunque el diario de Pedro J. se apresura a aclarar que los dos están "absolutamente desvinculados del PP" y que por ello no tienen reparos al dejarse ver juntos. Una explicación un tanto insuficiente para un encuentro que podría estar motivado por infinitas razones.

(www.elplural.com, 18/09/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO GASTARÁ EN FITUR MENOS QUE CON ORANGE MARKET

La Conselleria de Turismo ha sacado a licitación el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la feria FITUR 2010 y otros cuatro certámenes (TCV, Expovacaciones, SITC e Intur 2010), por un presupuesto base de 791.000 euros. Los concursos referidos a estos expositores de los últimos cuatro años fueron adjudicados consecutivamente a la empresa Orange Market, una de las empresas investigadas en la operación iniciada en febrero por la Audiencia Nacional contra la corrupción, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

Así, la Conselleria adjudicó a Orange Market el diseño y montaje de estos expositores de turismo por 1.083.925 para la edición de 2006; por 1.089.600 euros para la de 2007; por 1.059.250 euros para la de 2008, y por 789.500 (915.000 con IVA) para 2009, año en que presentó la oferta más cara de las seis firmas que optaron a la adjudicación.

Según recoge la convocatoria del concurso, los expositores deberán estar completamente terminados la mañana del día anterior al inicio de estos certámenes turísticos, que se celebrarán en Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Valladolid, y deberán respetar los plazos marcados por las organizaciones feriales para el montaje y desmontaje.

El importe total que se establece para este concurso, que se tramita de forma ordinaria y por el procedimiento abierto, y en el que no se admite división por lotes, es de 791.000 euros, a los que hay que sumar 126.560 euros en concepto de IVA, lo que supone un total de 917.560 euros.

La convocatoria señala que las ofertas podrán presentarse en el registro general de la Agència Valenciana de Turisme durante los 40 días siguientes a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, algo que ocurrió el pasado 10 de septiembre.

Por lo que respecta a la apertura de las ofertas, el 28 de octubre tendrá lugar la del sobre B, y el 12 de noviembre la del sobre C.

La forma de adjudicación se establece para la oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios, según indica la convocatoria firmada por el subsecretario de la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz, el pasado 10 de septiembre.

Los criterios que se seguirán para adjudicar el contrato serán 50 puntos para la oferta económica; 30 puntos para la creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y adaptabilidad a otras ferias; 15 puntos para la creación de un elemento unificador, y 5 puntos para mejoras, igual que en la pasada edición.

(www.levante-emv.com, 17/09/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CINCO EDILES DEL PP DE DÉNIA FUERON DECLARADOS TRÁNSFUGAS

O fue un lapsus o un caso de ignorancia interesada. En todo caso, las afirmaciones del vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que aseguró que el Pacto contra el Transfuguismo aún no ha revisado la moción de censura de Dénia chocan frontalmente con un documento oficial emitido por la comisión del citado pacto el 1 de agosto de 2008.

Ese documento consideró que la popular Ana Kringe, que derrocó de la alcaldía a la socialista Paqui Viciano en julio de 2008, y los otros cuatro ediles del PP local incurrieron en un claro caso de transfuguismo al aliarse con el ex socialista Juan Collado para llegar al poder.

Collado había dejado hacía unos meses el grupo municipal del PSPV, por el que acudió a las elecciones, para desembarcar en el grupo mixto y después firmar la moción, convirtiéndose así en un tránsfuga, igual que ha hecho José Bañuls en el PP de Benidorm.

Aquella decisión del Pacto contra el Transfuguismo, obviada ahora por González Pons, dejó durante los días siguientes a Kringe y al resto de sus ediles, entonces zaplanistas, en una delicada situación. La dirección regional del PP anunció la apertura de un expediente contra sus ediles en Dénia. Además, cargos del PP en La Marina Alta, como el ex alcalde de Xàbia, el campista Juan Moragues, censuraron la moción de censura. Kringe sólo recibió el apoyo del presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

Pero poco después Kringe abandonó por sorpresa el zaplanismo y se integró en el sector de Camps, que la nombró secretaria de área de la dirección regional del PP ante la perplejidad de Ripoll, que llegó a afear en público esta conducta.

Camps apadrinó el gobierno de Kringe, obtenido gracias a un tránsfuga, el 2 de septiembre de 2008, cuando acudió a visitar las obras del hospital de La Marina Alta y se dejó fotografiar entre visibles signos de alborozo con la nueva alcaldesa y con el resto del gobierno local, integrado también por tres grupos independientes. Del famoso expediente que iba a abrir la cúpula regional popular jamás se supo nada.

González Pons hizo retroceder más de un año la historia al asegurar que el Pacto "sigue revisando a instancias del PP el caso de Dénia" y que cuando acabe de hacerlo "no se va a considerar transfuguismo". La ejecutiva local del PSPV consideró las declaraciones "rigurosamente falsas" y remitió a la nota oficial del pacto del 1 de agosto de 2008.

(www.elpais.com, 15/09/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS SIGLAS DEL PP SIGUEN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo tras la decisión del grupo socialista de Benidorm de asaltar el ayuntamiento con una moción de censura apoyada por el tránsfuga popular José Bañuls. El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha llegado a decir que el PSOE "ha matado" el Pacto Antitransfuguismo. Pero si Costa certificó una defunción era porque el enfermo ya arrastraba problemas crónicos. En enero del año pasado dos ediles tránsfugas del PSOE en El Puig, Carmen Palau y José Pérez Íñiguez auparon con sus votos a la alcaldía al popular José Miguel Tolosa. Hoy, el grupo popular, los dos desertores socialistas y un edil independiente tienen la vara de mando del municipio de L'Horta Nord.

La clara vulneración del Pacto Antitransfuguismo llevó a la dirección del Partido Popular a iniciar acciones punitivas contra sus ediles que están más cerca de una operación cosmética que de un castigo real. El PPCV acordó suspender temporalmente de militancia al nuevo alcalde José Miguel Tolosa y al equipo de Gobierno. Pero el expediente, un año y nueve meses después, todavía no ha sido resuelto y guarda el sueño de los justos en los cajones del comité de derechos y garantías de los despachos de la sede nacional en la madrileña calle Génova.

La suspensión cautelar de militancia del alcalde y el grupo popular no ha sido óbice para que todos ellos sigan empleando las siglas del PP. La web del Ayuntamiento de El Puig presenta al alcalde y su grupo municipal como miembros de la formación de la gaviota, e incluso ilustra sus nombres en la web con el logo del partido con su correspondiente color azul. En ámbitos populares de la comarca se da por sentado que antes de la elecciones municipales de mayo de 2011, José Miguel Tolosa volverá a ser confirmado cabeza de lista del PP en El Puig.

La relación de los populares de este municipio con los tránsfugas del PSOE tiene además un agravante porque una de ellas, Carmen Palau, acaba de ser condenada por un juzgado de los social a indemnizar con 51.000 euros a una trabajadora municipal por acoso laboral, aunque la sentencia ha sido recurrida.
, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que no tiene intención de que su formación vuelva a sentarse en las reuniones del pacto antitransfuguismo hasta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, diga que los ediles que se han dado de baja en Benidorm no volverán a figurar en las listas del puño y la rosa. En el PP nadie quiere acordarse de El Puig.

(www.levante-emv.com, 15/09/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ DE XÀTIVA ABRE JUICIO CONTRA RUS POR ´INSULTAR Y AMENAZAR´ A LOS PROFESORES

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, llamó en un mitin de su partido "gilipollas" y "sinvergüenzas" a los profesores "que dicen "aleshores" y "gairebé"" y terminó anunciando que "¡vamos rematarlos!". Estas "descalificaciones y amenazas" a los docentes, según la denuncia de Escola Valenciana, ha movido a la juez del juzgado de instrucción número 2 de Xàtiva a abrir juicio oral "por injurias y amenazas" contra Rus. La vista está convocada para el 23 de octubre, aunque cabe recurso.

La acusación ha pedido que acuda a declarar como testigo el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, por haber presenciado los supuestos insultos, proferidos ante unas 300 personas en una sala de banquetes de Xàtiva el pasado 25 de abril, justo el día en que se conmemoran la Batalla de Almansa y la pérdida de la identidad nacional de los valencianos. Además de Costa, en el mismo acto estuvieron presentes Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, y el titular de Inmigración, Rafael Blasco, y decenas de alcaldes, altos cargos, militantes y simpatizantes del PP de la Costera, la Canal y la Ribera.

En la misma intervención, que fue grabada y colgada en internet, Rus también se refirió a los profesores universitarios en estos términos: "Son los que más saben. [...] La Universitat, que cobran 800 papelorios al mes cada uno de los [profesores] que está allí. Eso que dicen: ¿Dónde está la crisis, si yo todos los meses son 800 papeles?, agregó Alfonso Rus. En la grabación se escucha de fondo las risas de los congregados.

Las palabras de Rus hacían referencia a los profesores que encabezan la protesta contra la política educativa del Consell: "A esos que querrían ponernos a nosotros con la cabeza boca abajo no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos!", señaló el líder de PP. En días posteriores, y ante la polémica generada, el alcalde de Xàtiva aclaró en distintos ámbitos que se refería a los "tres o cuatro profesores" que se manifestaron delante ante el Palau de la Generalitat. Las palabras insultantes de Rus llevaron al edil socialista de Xàtiva, Rafa Llorens, a insultar a Rus en un pleno "de parte de mi mujer, que es docente".

(www.levante-emv.com, 18/09/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. UN INFORME IMPIDE A FABRA IMPLANTAR LA CENSURA A LA OPOSICIÓN

Un informe de la secretaría de la Diputación de Castellón desvela que en el punto de ruegos y preguntas, que se incluye en el orden del día de un pleno, "no cabe la posibilidad de establecer límites a priori". El documento va más allá y califica de "del todo inconstitucional, privar a los miembros corporativos de la opción de formular ruegos o preguntas antes de que éstas se formularan". Este dictamen echa por tierra la pretensión del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de implantar la censura en los plenos de la Diputación y restringir las cuestiones sobre las que puede preguntar la oposición.

Fabra ha intentado, un pleno tras otro, que el portavoz socialista, Francesc Colomer, no saque a relucir sus causas judiciales en el pleno de la Diputación. El socialista aprovechaba el turno de ruegos y preguntas para reprobar la situación de Carlos Fabra, imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal y para quien la fiscalía ha solicitado dos años de cárcel por una supuesta falsedad continuada. Hasta el último pleno, celebrado en julio, Fabra no sólo amenazó con echarle del pleno, sino que le retiró el turno de palabra en más de una ocasión, alegando que no eran cuestiones relativas a la diputación.

El presidente de la Diputación anunció que pediría la redacción de un informe que fijara los límites. Sin embargo, el informe al que ahora ha tenido acceso la oposición fue redactado en octubre de 2008, aunque no ha sido registrado hasta septiembre de este año.

, Carlos Fabra tuvo que escuchar todos los ruegos y preguntas de Colomer y lo hizo sin apenas interrumpir. Así, aunque no obtuvo respuesta, el socialista exigió "responsabilidad pública y decencia" al PP en sus referencias a los impuestos porque "si todo el mundo funcionara como el presidente de la Diputación, tal como ha dicho la Agencia Tributaria, se desplomaría el estado del bienestar". "Ruego decencia al hablar de estos temas y más cuando la Diputación se sitúa en el lado más duro al aplicar 15 puntos más que la Diputación de Alicante en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)", señaló.

De esta manera, Francesc Colomer también acusó a Fabra de "castigar a las empresas de Castellón para sufragar asesores y el ritmo de vida" de los órganos de gobierno, después de reprocharle que el gasto corriente haya aumentado un 63% en los últimos seis años, mientras que las inversiones sólo lo han hecho un 6,7%.

(www.elpais.com, 16/09/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA FINANCIA CON DINERO PÚBLICO UN TORNEO DE PELOTA QUE LLEVA SU PROPIO NOMBRE

Carlos Fabra se quiere, y mucho. Quizás no llegue a los límites de Berlusconi (que se autoproclama el "mejor presidente" de la historia de Italia), pero se acerca. El multi-imputado dirigente popular ha patrocinado, a través de la diputación que dirige, un torneo de pelota valenciana que lleva su propio nombre: I Trofeo Presidente Diputación Castellón. El torneo contó con grandes jugadores de renombre en la modalidad de "escala i corda", como son Sarasol II, Álvaro, Dani o Genovés II (sin relación conocida con la sede del PP).

Desde el 18 de agosto al 13 de septiembre, los municipios de Xilxes y Borriol han acogido diversos partidos del I Trofeo Presidente Diputación de Castellón de pelota valenciana. Localidades como Castellón y Burriana también han puesto su granito de arena.

Sin embargo, una de las mayores colaboraciones las ha puesto el propio Fabra que, no contento con que el torneo llevara su nombre, también ha añadido la financiación de la competición a través de la diputación que dirige, según explica Radio Castellón, filial local de la Cadena SER.

(www.elplural.com, 18/09/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. CASTILLA Y LEÓN. EL JUZGADO SIENTA EN EL BANQUILLO AL ALCALDE POPULAR DE PEGUERINOS POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila ha decidido abrir juicio oral contra el alcalde de Peguerinos, Luis Alfonso Elvira, por un presunto delito continuado de prevaricación, como solicitaban tanto la acusación particular, representada por la Federación de Servicios Públicos de UGT, como el fiscal.

Tendrá que pagar 60.000 euros en concepto de fianza para garantizar las responsabilidades que se deriven del procedimiento y queda en libertad hasta que se celebre el juicio, en el que será competente la Audiencia Provincial.

El origen son los cuatro expedientes disciplinarios, con suspensión de empleo y sueldo, que abrió a la secretaria del Ayuntamiento, Paloma Belchi. Tanto UGT como la Fiscalía reclaman por ello diez años de inhabilitación y el sindicato exige también que el Partido Popular le expulse de la política municipal y "reconduzca el Ayuntamiento de Peguerinos".

Según se indica en el auto, entiende el juez Miguel Ángel Pérez Moreno que los hechos "revisten caracteres de delito y que de las actuaciones practicadas aparecen méritos racionales suficientes para exigir responsabilidad criminal" al regidor.

Para la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha quedado "acreditada la integridad y honorabilidad" de la secretaria y que incoó esos expedientes disciplinarios "sin ningún motivo" porque Paloma Belchí "quería cumplir con la legalidad vigente y no plegarse a los caprichos de este regidor". Ya en el mes de febrero se reincorporó a su puesto de trabajo, después de dos años de suspensión de empleo y sueldo y de juicios con el alcalde. Entonces la Audiencia Provincial dio la razón a la secretaria, desestimando la denuncia del regidor sobre falsificación de documentos públicos.

Luis Alfonso Elvira se querelló contra la secretaria, acusándola de haber falsificado su firma en informes municipales que fueron presentados como prueba de una posible prevaricación ante el juzgado.

(www.diariodeavila.es, 18/09/09)

41. ISLAS CANARIAS. SE AGRAVA LA CRISIS EN EL PP DE SAN BARTOLOMÉ

El presidente del PP en San Bartolomé de Tirajana y aspirante a la reelección, Fernando Toribio, ha advertido a sus adversarios [de su propio partido] de que mantendrá el acta de concejal que obtuvo en las listas de su partido hasta el final del mandato aunque pierda su cargo orgánico. La organización local del PP tiene convocada una asamblea general para renovar la presidencia, a la que concurren dos candidaturas, la del propio Toribio y otra encabezada por Ignacio Casteleiro.

Ante esa cita, Toribio quiso advertir, en declaraciones: "a los que piensen que dejaré el acta que se vayan desilusionando; me van a tener tristemente aquí hasta 2011". Toribio se mostró, además, convencido de que el partido nunca le pedirá el acta de concejal, porque -argumentó- "atenta contra los principios básicos" del proceso electoral.

En cuanto a la lista electoral del PP que se definirá para 2011 tras las votaciones de mañana, ha subrayado que entiende que no tiene por qué estar encabezada por el titular de la presidencia del partido, ya que se trata de una decisión que corresponde a los comités insular y regional.

A raíz del debate interno que se ha producido en las últimas semanas, algunos sectores del partido se han mostrado muy críticos y han trasladado la discusión fuera de la organización, un hecho que debe corregirse, en opinión de Toribio, quien ha negado que ocultase la lista de afiliados a su adversario, frente a las acusaciones de éste al respecto.

Las semanas previas a la elección del nuevo presidente se han caracterizado por los cambios de última hora, entre ellos la decisión de Ignacio Casteleiro de presentarse al cargo y luego la de Toribio de presentarse con una candidatura separada, cuando llegó a acordar hacerlo en unidad con su adversario.

Entre los principales reproches de la candidatura alternativa a Toribio se encuentra su actitud en las negociaciones de la moción de censura que estaba prevista para noviembre de 2008 y los continuos ataques al líder de AV, Marco Aurelio Pérez, entre otros.

(www.canarias7.es, 17/09/09)

42. REGIÓN DE MURCIA. CON TANTOS SUBSECRETARIOS, EL NÚMERO DE ALTOS CARGOS DE MURCIA DUPLICA A LOS DE EXTREMADURA

Toca austeridad y el Partido Popular que lidera a nivel nacional Mariano Rajoy pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo que no practica allá donde gobierna, cosa que llama poderosamente la atención por evidenciar el cinismo de quienes engordaron la burbuja inmobiliaria que provocó la actual crisis económica culpando ahora de ella a los socialistas.

El caso del elevado número de altos cargos con altos emolumentos y numerosos gastos corrientes se hace patente ahora que toca austeridad. El Gobierno autónomico murciano del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel dispone de cargos en todas sus consejerías que, por ejemplo, en Extremadura no existen, como vicesecretarios generales, viceinterventores, subdirectores generales, puestos que son exactamente igual de altos cargos que los demás y duplican el número de los que ha hay en la Junta de Extremadura. Por comparar con otras administraciones autonómicas, la Comunidad de Madrid tiene solamente en su Vicepresidencia y su Consejería de Economía tantos altos cargos como toda la Junta de Extremadura.

(www.vegamediapress.com, 13/09/09)

43. REGIÓN DE MURCIA. LOS MILLONARIOS SUELDOS Y GASTOS DE LOS "AUSTEROS" POLÍTICOS "POPULARES" MURCIANOS

En tiempo de crisis económica como el que se está pasando es muy recomendable conocer lo que cobran del erario público, de los impuestos de todos los ciudadanos, los cargos políticos. En el caso de la región murciana, donde la mayor parte de los cargos públicos está en manos del Partido Popular, cuyo presidente es Ramón Luis Valcárcel, y su secretario general, Miguel Ángel Cámara, sus sueldos y gastos se detallan a continuación en las antiguas pesetas, para que los lectores puedan verlos con más claridad.

Valcárcel cobra más de trece millones de pesetas anuales, además de disponer de ocho millones como presidente de la comunidad, y otros ocho mil millones de pesetas al año en concepto de gratificaciones, asesores personales, material de oficina y llamadas de teléfono. Su correligionaria en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cobra de sueldo unos 15 millones anuales, y el ‘popular' alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, otros tantos. Miguel Ángel Cámara cobra otros trece millones de sueldo como alcalde de Murcia, más otros 60 millones para gastos de la alcaldía.

La alcaldesa de Cartagena, la ‘popular’ Pilar Barreiro, cobra un cuarto de millón por cada asistencia a pleno municipal, más su sueldo como diputada del Congreso, en donde cobra un sueldo mínimo de medio millón de pesetas mensual, a lo que hay que añadir las sustanciosas dietas como parlamentaria de provincias.

Los alcaldes de Molina de Segura, Eduardo Contreras, y Mazarrón, Francisco Blaya, no se quedan atrás y cobran 14 millones de sueldo cada uno, además de los gastos de protocolo. Los siete concejales del PP de este último municipio cobran más de siete millones de pesetas anuales cada uno.

El alcalde de un municipio con 2.000 habitantes como Villanueva, José Luis López Ayala, también del PP, cobra siete millones de pesetas al año, que compatibiliza con sus negocios de asesoría y hostelería. Además, este ayuntamiento gasta 8,9 millones en protocolo; 6,6 en telefonía; 19,4, en material de oficina; 9,9, en propaganda, y 6,6 millones de pesetas, en reuniones y conferencias.

Pero más cobra su correligionario del PP y alcalde de Ulea, de 800 habitantes, que supera los nueve millones de pesetas de sueldo al año. El de Ulea, Víctor Manuel López, la mitad que su compañero de partido, pero que suma después otros gastos. El de Ricote (1.300 habitantes), el también ‘popular’ Miguel Ángel Candel, cobra casi lo mismo que el de Ulea, pero estando a "tiempo parcial" en el Ayuntamiento, pues tiene que atender sus clínicas veterinarias de Archena y Blanca, además de disponer de mil euros mensuales para gastos "sociales".

Juan Ramírez, alcalde de Águilas, cobra también más de diez millones de pesetas al año. El de Alcantarilla, Lázaro Mellado, doce millones, al que suma 55 millones de gastos de protocolo de la alcaldía. El de Cieza, Antonio Tamayo, o concejales de su ayuntamiento, como Joaquín Ruiz, María Antonio Giménez, Concha Marín o María José García, también todos del PP, unos diez millones cada uno.

También una concejala de las Torres de Cotillas como Yolanda Muñoz (PP) se lleva al año de sueldo otros diez millones de pesetas. Un concejal de Archena, como Pedro José Martínez, seis millones, y su compañera de partido en este ayuntamiento, Patricia Hernández, cuatro millones al año por atender a los vecinos a tiempo parcial seis horas a la semana.

(www.vegamediapress.com, 18/09/09)

44. ISLAS BALEARES. LA CÚPULA DEL PP DE BALEARES DIMITE EN PLENO ‘CASO PALMA’

La presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, presentó su dimisión en plena tormenta política por la implicación del exjefe del gobierno de las islas, Jaume Matas, en el caso Palma Arena. Estaràs alegó motivos de salud, aunque mantendrá su escaño de eurodiputada. La marcha de la que fuera número dos del Ejecutivo de Matas coincidió con el envío al juez, por parte de la Fiscalía, de las las diligencias informativas sobre el patrimonio del expresidente del Gobierno balear. La investigación será incluida en el sumario de la instrucción por petición del magistrado, que quiere aclarar la responsabilidad de Matas en las decisiones que comportaron la construcción del velódromo, presupuestado en 48 millones de euros y facturado por casi un centenar, y su relación con el dinero que se pagó por ese sobrecoste.

Estaràs presentó su dimisión "irrevocable" ante el Comité Ejecutivo Regional del PP celebrado , acompañada por el secretario de organización, Guillem Estarellas, su mano derecha en el partido. En la misma reunión se nombró como sustituto al actual alcalde de Marratxí (Mallorca), José Ramón Bauzà. La dirigente popular explicó que padece "taquicardias", que le han provocado una "disfunción tiroidea".

La expresidenta del PP balear ostentaba el cargo desde que Matas decidió abandonar la política en 2007 y trasladar su residencia a EEUU, tras no lograr la reelección como presidente de las islas. Dos años después fue incluida por sorpresa por el presidente estatal del PP, Mariano Rajoy, en el número 10 de la lista de los conservadores en los pasados comicios europeos, lo que la obligó a abandonar la primera línea de la política balear. Entonces aseguró que no abandonaría las riendas del partido con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2011.

Estaràs dijo haber vivido dos años "muy difíciles" en el partido por los diferentes casos de corrupción relacionados con sus dirigentes y negó que su marcha esté relacionada con el caso Palma Arena, pese a que ostentaba la vicepresidencia del Gobierno balear cuando se produjeron los hechos investigados. "No tengo ninguna relación con el Palma Arena, porque ni he firmado nada, ni he dirigido nada", aseguró.

De forma paralela, el juez que instruye el caso recibió las diligencias informativas que durante seis meses llevaron a cabo los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sobre el incremento patrimonial del expresidente Matas. Fuentes judiciales precisaron que el que fuera ministro de José María Aznar, asistido por el letrado Rafael Perera, podría ser citado a declarar en breve en calidad de imputado para dar explicaciones sobre la construcción del velódromo.

(www.elperiodico.com, 12/09/09)

45. ISLAS BALEARES. HACIENDA VE INDICIOS DELICTIVOS EN LA COMPRA DEL ´PALACETE´ POR MATAS

La Agencia Tributaria en su informe aportado al juez José Castro que investiga el caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre, postula que ha visto indicios de delito fiscal en la compra, en 2006, por el president del Govern Jaume Matas de su residencia en Palma, conocida popularmanete como "el palacete". Hacienda, a diferencia del criterio del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, opina que se deben seguir investigando a fondo y en los juzgados los posibles incrementos patrimoniales de Matas en su etapa final al frente del Ejecutivo balear.

Dos denuncias anónimas, que algunas fuentes vinculan al entorno próximo de Matas y también relacionan con simpatizantes del PP descontentos con la gestión y posterior traslado de su ex presidente regional a Estados Unidos, mencionan, entre otras irregularidades, el cobro de sobornos a los adjudicatarios de obras públicas del anterior Govern y la compra y equipamiento por la familia Matas de una vivienda de casi 660 metros cuadrados, incluidos el garaje, en el número 8 de la calle Sant Felio.

A petición del juez Castro, una arquitecta de Hacienda ha elaborado a una valoración, a precios de mercado en 2006 (cuando se produjo la compra), de la casa de Matas. Ese informe concluye que la vivienda valía 2.447.550 euros y aporta como precio medio de mercado en casas señoriales y viviendas de lujo en el casco antiguo de Palma en ese año de 4.150 €/m². La tasación señala que la casa tiene 657 m², de los que 487 son vivienda; 60 aparcamiento y otros 110 metros elementos comunes.

La documentación de Hacienda no recoge la suma que Matas declaró por la compra de una de las plantas de la antigua casa señorial, pero en su día trascendió la cifra de casi un millón.

Matas manifestó en enero pasado que "después de veinte años en la política, (y) exceptuando la herencia familiar, mi único incremento de patrimonio ha sido el vender mi residencia habitual de un chalé en las afueras de Palma (Cas Català) y comprar un piso antiguo en rehabilitación en el casco histórico de la ciudad (Sant Felio)". El ex president añadió que la antigua mansión se dividió en ocho viviendas diferentes, de las que él y su familia poseen una.

El antiguo dirigente, defendido por Rafael Perera, apostilló que su casa "es un piso antiguo, de unos 450 m²" y aportó un dato que se contradice también con el último informe de la Agencia Tributaria: "Hacienda acaba de valorar catastralmente el piso en 251.334,99 euros·". Para las reformas y equipamiento de Sant Felio Matas dice que se subrogó en una hipoteca con su esposa Maite Areal. Los denunciantes postulan que había dos tipos de comisiones: las pequeñas y las de las grandes obras públicas, pero siempre Matas habría utilizado a intermediarios o cobradores. Entre ellos se menciona a Fernando Areal, ex gerente del PP de Balears, cuñado de Matas y encausado en el Palma Arena, y a dos conocidos empresarios, uno de ellos ex dirigente del PP e imputado en otro sumario de corrupción.

(www.diariodemallorca.es, 18/09/09)

46. ISLAS BALEARES. UNA DENUNCIA ANÓNIMA RELATA CÓMO COBRABA MATAS COMISIONES ILEGALES

En una de las dos denuncias que han propiciado la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas se relata, entre otras presuntas irregularidades, el procedimiento que se seguía para que el ex president cobrara comisiones ilegales. La denuncia es anónima y practicamente todos los datos que se aportan han sido, o están siendo investigados. El escrito se entregó en otoño del año pasado en la Fiscalía Anticorrupción de Palma y en la Agencia Tributaria, y ahora está en poder del juez que instruye el sumario del Palma Arena, y que cómo ya se ha informado ha incluído en el mismo las investigaciones efectuadas sobre el patrimonio de Matas.

El texto de la denuncia se inicia así: "Somos un grupo de ciudadanos que estamos indignados por la actuación delictiva del señor Matas y quisiéramos que la Justicia le investigue, para que compruebe que se ha apropiado indebidamente de enormes cantidades de dinero. Nosotros estamos convencidos."

A continuación se escribe: "Jaime Matas montó una trama para cobrar comisiones por obras efectuadas por el Govern, comisiones que en teoría eran para financiar el partido pero que en la práctica se las quedaba él. Tenía varios cobradores y conseguidores, uno de ellos su cuñado y gerente del PP (a continuación se cita a otras dos personas, ninguna de ellas imputada).

Las comisiones se cobraban en efectivo, condición indispensable, y el importe se entregaba a los cobradores. Las grandes comisiones pensamos que se las pagaban directamente al extranjero, pues la intervención del despacho del consulado de Luxemburgo en los pagos de las obras del ‘palacio’ es muy sospechosa".

El autor, o autores del escrito, siguen con su particular versión sobre el nivel de vida de Jaume Matas, del que se dice que "no se correspondía con sus salarios, y el ritmo que lleva ahora (otoño de 2008) no se corresponde con el sueldo que le paga Barceló. Viajes intercontinentales familiares, compra de vehículos carísimos, vacaciones en el Caribe...

Según nuestras informaciones, para traer a Mallorca el dinero de las comisiones el pagador retiraba el dinero en efectivo del banco, para poder justificar su procedencia si surgieran problemas en el control policial del aeropuerto. Una vez entregada la comisión se ‘reponía’ el dinero con el banco mediante el blanqueo consiguiente. Matas no cobró directamente ningún dinero.

Lo hacían otros para él. Salvo que alguien ‘cante’, una forma de demostrar estos actos delictivos es investigando el alto nivel de vida del señor Matas, que no se correspondía con los ingresos de un ministro o presidente del Govern".

(www.ultimahora.es, 17/09/09)

47. ISLAS BALEARES. EL CONTABLE DEL PP AFIRMA QUE LOS GASTOS PREELECTORALES NO SE REMITÍAN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Lorenzo García Moll, contable del Partido Popular (PP) de Balears desde hace unos 14 años, reconoció ante el juez José Castro, que investiga la presunta trama de corrupción en torno al velódromo Palma Arena, que dicha fuerza política no enviaba a la fiscalización del Sindic balear de Comptes y del Tribunal de Cuentas, gastos de las pre-campañas electorales. García apuntó a su superior inmediato, el gerente del PP y cuñado del ex president del Govern Jaume Matas, Fernando Areal, como la persona que decidía qué facturas se fiscalizaban y cuáles no.

García acudió como testigo a declarar ante el juez de instrucción número 3 de Palma y tras la comparecencia el 31 de agosto de Fernando Areal. Areal señaló que "solamente se puede gastar en publicidad lo que la Ley establece para cada partido político" y añadió que "las cuentas (electorales), una vez que han pasado el filtro de la Sindicatura de Cuentas, van a Presidencia y allí se abonan las subvenciones".

Los investigadores del Palma Arena sospechan que el PP balear, dado que sobrepasaba el límite legal para la campaña, pagó unos 72.000 euros en negro a la agencia de publicidad Nimbus. Varios testigos y el responsable de dicha agencia, Miguel Romero, uno de los principales imputados, han reconocido los abonos en dinero opaco fiscalmente realizados por el PP en la campaña de las autonómicas y municipales de 2007.

García fue interrogado sobre estas cuestiones y sobre el posible tratamiento dado a algunos gastos electorales para que el total de la campaña cuadrase con el límite legal. El testigo negó saber nada de estas prácticas e insistió en que su cometido era pagar y contabilizar las facturas electorales, una vez supervisadas y autorizadas por Areal.

Sin embargo, al ser informado de que en la documentación intervenida en Nimbus hay una mención a su teléfono móvil y en relación a las facturas con problemas para su fiscalización, el testigo cambió su actitud. "Es posible que ese descuadre pueda deberse a facturas que estaban fuera de la campaña electoral", dijo el contable.

"Hay facturas que no se envían al Tribunal de Cuentas y son las que se califican de pre-campaña electoral. El señor Areal decidía qué facturas recibían un tratamiento distinto y se pagaban por la cuenta de funcionamiento. El gerente decía qué facturas eran campaña electoral y cuáles no lo eran", explicó el declarante. "No había caja B en el Partido"; "no se pagó nada en negro", insistió.

(www.levante-emv.com, 15/09/09)

48. ISLAS BALEARES. CARDONA SE REBELA POR SU IMPUTACIÓN ANTE UN JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

El diputado del Partido Popular en el Parlament, y ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern, Josep Juan Cardona, podría no declarar el próximo 22 ante la jueza del caso Scala, una presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB, alegando la ambigüedad de su situación procesal y su condición de aforado. Cardona ya ha declarado dos veces ante la jueza de instrucción 4 de Palma, pero ahora, y en vista de lo ocurrido en otras regiones españolas y en otros sumarios por corrupción, como el caso Gürtel, alega su condición de aforado para ser imputado formalmente por la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Cardona, defendido por Josep Zaforteza, y Kurt Viaene, representado por Gaspar Oliver, están citados para el miércoles próximo, en calidad de imputados, y para deponer acerca de revelaciones efectuadas por otro encausado, Felipe Ferré. Este empresario desveló antes del verano detalles sobre un presunto entramado societario montado por Cardona, Viaene, Ordinas, y otros inculpados para hacer negocios millonarios en Estados Unidos, China y Alemania con fondos e infraestructuras del Govern.

Cardona en sus dos declaraciones anteriores siempre ha negado haber participado en los desvíos millonarios de fondos del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), el organismo donde se centran las pesquisas. El también ex president del PP de Eivissa y Formentera ha rechazado igualmente haber tenido conocimiento de las múltiples irregularidades atribuidas a algunos altos cargos de su conselleria.

La jueza Piedad Marín aplazó la redacción de su exposición razonada ante la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia para que asumiera el caso Scala, para seguir investigando a Cardona y otros imputados.

(www.diariodemallorca.es, 18/09/09)

49. ISLAS BALEARES. EL JURADO VE CULPABLE A DE SANTOS Y QUIERE QUE PASE SU PENA EN PRISIÓN

Un jurado popular dictaminó que el ex concejal de Urbanismo de Cort Javier Rodrigo de Santos es culpable de haber gastado durante 2006 y 2007 cerca de 50.000 euros en diferentes clubes de alterne con la tarjeta Visa de que disponía como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP). El jurado no comparte la posibilidad de que haya suspensión de condena ni petición de indulto, de tal manera que se posiciona a favor de que pase en prisión la pena a la que, finalmente, sea condenado. Ésta es una conclusión no vinculante que el juez valorará en la redacción de la sentencia definitiva.

Conocidas estas conclusiones, la Fiscalía sostuvo que los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque, teniendo en cuenta los atenuantes mencionados por el jurado, rebajó la petición de pena a tres años (antes pedía tres años y medio). La defensa, por su parte, hizo una petición a la baja de cuatro meses y medio de prisión. El veredicto, que se conoció por la tarde y que no acabó de cerrar todas las incógnitas abiertas durante el juicio, tiene en cuenta uno de temas de los que más se habló a lo largo del proceso, el del atenuante de drogadicción. Es decir, cómo influyó el consumo de estupefacientes en la conducta de De Santos.

El jurado considera que la adicción a la cocaína del ex regidor "conllleva una modificación de la voluntad". A pesar de calificar esta influencia como de "no intensa", el veredicto no fija el grado del atenuante, que para la Fiscalía ha de ser considerado como "simple" (esto es, no determinante), mientras que la defensa lo ve como "cualificado" (sí determinante). Se trata de un aspecto que deberá dilucidar el magistrado presidente del Tribunal, Carlos Izquierdo.

En concreto, los miembros del jurado consideran culpable a De Santos de "apropiarse de dinero público en función de su cargo", al gastarse 28.468 euros en Casa Alfredo de Palma; 20.349 euros en Lavandería Miele (sociedad vinculada al dueño de Casa Alfredo); 1.330 euros en pagos a Deyan Delchev Ivanov (encargado del mencionado local); 880 euros en el club Prometeo de Palma; y 350 euros en el local de sauna Sabiniano Gómez Serrano de Madrid.

En cambio, el jurado no tiene en cuenta los otros gastos introducidos por el fiscal al margen de los clubes de alterne. Así, en referencia a los tiques de 17,41 euros en el SYP del Portixol, de 289,31 euros en El Corte Inglés Alimentación y de 754 euros en El Corte Inglés, el veredicto hecho público asegura que "no se puede probar" que lo adquirido en estas ocasiones fuese en beneficio propio, por lo que ofrece el beneficio de la duda al acusado. Durante el juicio, el fiscal Carrau esgrimió estos dispendios como la muestra de que De Santos había utilizado la tarjeta de crédito municipal para gastos domésticos, al contrario de lo que sostuvo la defensa, que alegaba que eran gastos de representación.

En su veredicto, el jurado apreció también la reparación del daño, en alusión al hecho de que en marzo de 2008 el ex concejal de Urbanismo devolvió el dinero sustraído con anterioridad. Se trata de un atenuante aceptado por el fiscal, aunque, como en el caso anterior, en una gradación "leve".

El veredicto aborda también la cuestión del arrepentimiento, una circunstancia que también podría atenuar la pena. La clave es si De Santos confesó los hechos y reparó su actitud antes de que se iniciara un procedimiento judicial contra él. En este sentido, juega un papel crucial la fecha en que se reintegró el dinero. El jurado sostiene que "no podemos verificar que el reintegro fuera previo al inicio del proceso judicial". Sí considera que la carta remitida por De Santos a la alcaldesa de Palma el 13 de marzo de 2008 –el día en que se tramitó la querella– tenía como objeto reconocer los hechos.

Tras leerse el veredicto, el fiscal Carrau mantuvo que las circunstancias atenuantes comunicadas por el veredicto "no son cualificadas", por lo que no deben ser especialmente tenidas en cuenta. Rebajó la petición de pena a tres años de prisión para De Santos y seis de inhabilitación absoluta, pero, aún así, reiteró la "gravedad de los hechos", tanto por la cuantía de lo sustraído como por su prolongación en el tiempo. La defensa consideró que los atenuantes hacían necesaria una nueva rebaja de la consideración penal, que fijó en cuatro meses y medio de prisión.

(www.diariodemallorca.es, 18/09/09)