1. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS PARA TRANQUILIZAR A LOS SUYOS EN VACACIONES

2. CASO GÜRTEL. DIMITE EL TESORERO DEL PP, LUIS BÁRCENAS

3. CASO GÜRTEL. LA CAÍDA DE BÁRCENAS DEJA A CAMPS SIN ESCUDO

4. CASO GÜRTEL. EL PP SE ESFUERZA EN DIFERENCIAR A CAMPS DE BÁRCENAS

5. CASO GÜRTEL. CAMPS EVITA IR A LA ÚLTIMA EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR

6. CASO GÜRTEL. EL JUEZ RECHAZA UNA DEMANDA DEL TESORERO CONTRA EL PAÍS

7. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS SE RESISTIÓ A DEJAR EL PARTIDO Y AMENAZÓ A ALGUNOS DIRIGENTES CON TIRAR DE LA MANTA SI LO ECHABAN

8. CASO GÜRTEL. EL FISCAL SUGIERE QUE BÁRCENAS "ENCUBRIÓ" CON UN CRÉDITO EL DINERO QUE LE DIO CORREA

9. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO ACTÚA CONTRA BÁRCENAS Y MERINO DESPUÉS DE ESCUCHAR SUS EXPLICACIONES

10. CASO GÜRTEL. CASO GÜRTEL. TRILLO EXIGE UNA 'CAZA DE BRUJAS' CONTRA LOS POLICÍAS QUE HAN INVESTIGADO AL PP

11. RAJOY RESPALDA A LA CEOE Y ACUSA A ZAPATERO DE NEGARSE A LAS REFORMAS

12. GALICIA. FEIJÓO, VETADO EN CASTILLA LA MANCHA… ¡POR EL PP MANCHEGO!

13. GALICIA. EL CONSELLO DE CONTAS CRITICA LAS FUNDACIONES SANITARIAS DEL PP

14. GALICIA. EL DIRECTOR DE DEPORTES REPARTIÓ MILLONES EN SUBVENCIONES IRREGULARES

15. GALICIA. EL PP CONVIERTE EL PACTO ANTITRÁNSFUGAS EN PAPEL MOJADO CON SU POLÍTICA EN MOS

16. ANDALUCÍA. LA JUNTA ECHA PARA ATRÁS EL PGOU DE MÁLAGA POR SALTARSE LAS NORMAS

17. ANDALUCÍA. PIDEN 21 MESES DE CÁRCEL PARA EL LÍDER DEL PP EN ESTEPONA

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO "SINDICALISTA RETRÓGRADO, PIQUETERO Y PREPOTENTE"

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN ENTRE AGUIRRE Y ARENAS

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS

23. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NI ASUME RESPONSABILIDADES POR EL CASO DE LOS ESPÍAS, NI PIDE LA DIMISIÓN A GRANADOS

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE

26. COMUNIDAD DE MADRID. LA REMODELACIÓN PENDIENTE

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM

28. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS

29. COMUNIDAD DE MADRID. 41.000 MADRILEÑOS, SIN LEY DE DEPENDENCIA

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PP NO ACTÚA CONTRA CAMPS Y COSTA PORQUE DICE QUE NO ESTÁN IMPUTADOS

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA FISCALÍA DICE QUE CAMPS RECIBIÓ HASTA 2008 TRAJES QUE PAGÓ LA ´TRAMA GÜRTEL´

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL TSJ DE MADRID INSTA AL DE VALENCIA A JUZGAR A CORREA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP INICIA UNA OPERACIÓN PARA COLOCAR LETRADOS AFINES EN LAS CORTS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ ANULA EL INGLÉS EN CIUDADANÍA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECURRIÓ POR ANTICONSTITUCIONAL LA CLÁUSULA QUE EL CONSELL QUIERE COPIAR A CATALUÑA

36. COMUNIDAD VALENCIANA. BENIDORM: UNA VENGANZA SERVIDA 18 AÑOS DESPUÉS

37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CRISIS DEL GRUPO EN ELX FRACTURA DE NUEVO EL PP EN ALICANTE

38. COMUNIDAD VALENCIANA. CISMA EN EL PP DE VILLENA POR LA FUGA DE CINCO CONCEJALES

39. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

40. CASTILLA Y LEÓN SANCIONA A UN EX CARGO POR LA TRAMA SOLAR

41. REGIÓN DE MURCIA. UN EX SENADOR DEL PP PIDE LA BAJA DEL PP EL DÍA DESPUÉS DE QUE LE COMUNICARAN SU EXPEDIENTE

42. REGIÓN DE MURCIA. EL PP DE CÁMARA ACABARÁ DEFINITIVAMENTE CON LA HISTORIA Y LA CULTURA MILENARIA DE MURCIA

43. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS ‘HINCHADAS’ EN EL PALMA ARENA POR VALOR DE 4 MILLONES DE EUROS

44. ISLAS BALEARES. EL CONSEJO FISCAL SE OPONE A QUE EL FISCAL JEFE ASUMA EL ‘CASO MATAS’

45. ISLAS BALEARES. EL PSOE DENUNCIA QUE EN PLENA CRISIS EL ALCALDE COMPRE UN COCHE OFICIAL DE MÁS DE 31.000 EUROS

---

1. RAJOY SE AFERRA A LAS ENCUESTAS PARA TRANQUILIZAR A LOS SUYOS EN VACACIONES

Hace tiempo, desde que salieron de allí los críticos, que el Comité Ejecutivo del PP en un órgano meramente de trámite, según varios dirigentes. Pero quedó más claro que nunca. El asunto central del partido en las últimas semanas, la dimisión de su tesorero, no fue tratado allí, donde Luis Bárcenas no tuvo siquiera ocasión de despedirse —a esas horas todos los que hablaron con él entendieron que seguía hasta que le pidieran el suplicatorio—.

Pero es que además, y pese a la tensión interna que vive el partido con el caso Gürtel, nadie intervino, para bien ni para mal, después de que hablara el líder y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y eso que era la primera reunión después de un mes de pésimas noticias judiciales y decenas de especulaciones y debates internos, e incluso enfrentamientos públicos, como el de Esperanza Aguirre con Bárcenas.

Sin embargo, Rajoy sí se mojó, mucho más que otras veces. El líder, que como todos los demás dirigentes está a punto de iniciar sus vacaciones —en Galicia, como es habitual— quería tranquilizar a los suyos, mandarlos a descansar con un mensaje optimista y con un relato sobre el caso de corrupción más importante de la historia del PP que de alguna manera salve al partido.

Y lo encontró en dos asideros. Uno, la encuesta del CIS, la primera buena noticia desde la victoria en las elecciones europeas, y la nueva teoría de la conspiración, según la cual la policía, comandada por Alfredo Pérez Rubalcaba, ha preparado una campaña para hacer daño al PP dando a conocer poco a poco los datos del sumario."A pesar de la campaña brutal contra el PP, en la que colaboran algunos funcionarios, estamos en posición de ganar las elecciones y crece en expectativa popular", clamó Rajoy ante los suyos.

El líder insistió en su tesis fundamental, que siempre comentan los marianistas en privado: Gürtel es un problema interno, pero no tiene repercusiones electorales, dicen. La mayoría de la gente no está en esto, que Rajoy considera algo "de algunos periódicos" y, por tanto, minoritario. Y por eso, lo importante son las elecciones —con victoria en gallegas y europeas— y las expectativas. "El balance se mide en votos y éste es muy positivo", insistió para concluir que, con los datos del CIS, que por primera vez dan al PP ligeramente por encima, ellos creen que en realidad le sacan al PSOE hasta cuatro puntos, porque están convencido de que el CIS está sesgado a favor del Gobierno.

El líder se concentró en el discurso victimista: "Aquí estamos, aunque algunos no quisieran que estuviéramos. Los juicios paralelos tienen condenas mucho mayores que las que dictan las leyes". Y terminó de forma cariñosa: "Agradezco a todos el apoyo que se me ha brindado y que me hacía falta".

Mientras Rajoy clamaba contra Rubalcaba, Esperanza Aguirre se reunía con él y aceptaba sus explicaciones sobre el asunto de las "filtraciones", que el PP ha denunciado en el juzgado colocando a Interior como responsable, informa F. Javier Barroso. Aguirre aseguró que ella no había acusado nunca de las filtraciones a la policía. "Nunca he manifestado esas sospechas, porque nunca las he tenido", sentenció la presidenta de Madrid.

(www.elpais.com, 29/07/09)

2. CASO GÜRTEL. DIMITE EL TESORERO DEL PP, LUIS BÁRCENAS

El tesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado hoy su dimisión, según informaron fuentes del PP. El tesorero deja sus responsabilidades "por lealtad" al partido y a su líder, Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él. El tesorero del PP, que el pasado día 22 aseguró haber aportado las pruebas que demuestran su inocencia en la trama Gürtel, presentó este mediodía su dimisión en el cargo que ocupaba, de mútuo acuerdo con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Rajoy y Bárcenas mantenían un encuentro, tras la reunión del Comité Ejecutivo, momento en el que la decisión de abandonar el cargo se habría materializado.

El propio Bárcenas, también senador por Cantabria, quien no abandonará el escaño en la Cámara Alta, ha hecho público un comunicado en el que asegura que "una vez que se ha producido la circunstancia de haber podido prestar declaración voluntaria ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo ante el Magistrado Instructor, y aportar las pruebas que a mi juicio, demuestran suficientemente mi inocencia en los hechos que, presuntamente, se me imputan: he tomado, por lealtad al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él, la decisión de renunciar a la responsabilidad de Tesorero Nacional del Partido Popular, hasta que, definitivamente, quede acreditada mi inocencia ante los Tribunales de Justicia".

Bárcenas, el tesorero forjado a la sombra de los líderes conservadores, justifica esta decisión porque ya ha podido declarar ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, que le citó como imputado provisional por un delito fiscal y otro de cohecho.

A la salidad del Tribunal Supremo, Bárcenas declaró que estaba muy contento porque había podido aportar las pruebas que demuestran su inocencia.

El Partido Popular ha hecho público por su parte un comunicado en el que aseguran confía "en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los Tribunales de Justicia. Además, "el Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer".

Por otra parte, el Partido expresa su "respeto hacia la decisión de Luis Bárcenas de presentar su renuncia a su actual responsabilidad. La decisión de nuestro tesorero está inspirada, una vez más, en su lealtad hacia nuestra organización". Además, consideran que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. Por ello, desde el PP aseguran que no se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del Partido Popular.

(www.publico.es, 29/07/09)

3. CASO GÜRTEL. LA CAÍDA DE BÁRCENAS DEJA A CAMPS SIN ESCUDO

Al final, después de cinco meses de agonía, Luis Bárcenas, sentenciado políticamente a muerte hace mucho tiempo, tuvo un funeral político con honores, con comunicado de agradecimiento a sus 28 años de dedicación al partido, con foto final como miembro del Comité Ejecutivo, y con el anuncio de que, como los grandes deportistas, su puesto de tesorero no será ocupado por nadie hasta que, si le absuelven, pueda volver. "Nadie, ni una cofradía de Semana Santa, ni una peña ciclista, echa a su tesorero de mala manera", razonaba un dirigente.

Prácticamente todos en el PP, salvo el hombre más representativo de la etapa en la que Francisco Correa lo era todo en el partido, Francisco Álvarez Cascos, querían al tesorero fuera. Algunos incluso se atrevieron a aconsejárselo, como la secretaria general, Dolores de Cospedal. Pero él insistía: sólo se iría si se lo pedía directamente Mariano Rajoy. El líder nunca lo hizo, para desesperación de sus huestes. "Estamos consiguiendo que Bárcenas sea el tipo más conocido y más odiado de la política española. ¿Qué imagen le estamos dando a la gente que está pensando en saltar del PSOE al PP? ¿Y los jóvenes?", se lamentaba esta semana un dirigente.

Rajoy aguantó hasta el límite y más allá. Y lanzó todo tipo de mensajes a su tesorero. El más contundente de todos, enviar a Cospedal a convencerle. Pero después, en el despacho del líder, cuando se quedó a solas con el senador, lo negó.

"Tú me nombraste, tú me puedes destituir. Si he perdido tu confianza me voy, pero no quiero que nadie me envíe señales de tu parte", le dijo Bárcenas al líder hace tres semanas. Rajoy, según fuentes de la dirección, le contestó que él no iba a pedirle la dimisión, que eso es una cuestión personal y que el tesorero debía manejar sus propios tiempos. También negó que hubiera enviado a nadie.

El líder pensó que Bárcenas cedería en algún momento. Pero visto que no sucedía, que no pudo evitar la foto más dolorosa -la del pasado miércoles, con el tesorero nacional del PP por primera vez en su historia entrando en el Supremo como imputado provisional por cohecho y delito fiscal-, y que las vacaciones se acercaban sin resolver el asunto, Rajoy, al fin, movió ficha.

Al concluir el Comité Ejecutivo, en el que Bárcenas se sentó como uno más y como siempre sin decir palabra, Rajoy improvisó una reunión con su tesorero. Tampoco le pidió la dimisión, según diversas fuentes, pero le dejó caer un dato clave. La petición del suplicatorio, el límite que el propio Bárcenas se había marcado, era cuestión de horas, según las fuentes del líder. El PP siempre ha tenido buenos contactos en la justicia. Bárcenas decidió entonces, según las mismas fuentes, adelantar su decisión. Improvisó, porque pocos minutos antes él hablaba con varias personas y todos tenían claro que esperaría al suplicatorio para dimitir. Adelantó sus tiempos, pero las condiciones que él mismo había impuesto públicamente se mantuvieron. Dimite de forma temporal, no deja su escaño de senador -que le permite seguir siendo aforado- y se va él, nadie le echa.

Resuelto el eterno entuerto de Bárcenas y prácticamente el del diputado Jesús Merino, cuya salida es cuestión de horas ya que siempre mostró su disposición a marcharse mientras el tesorero se resistía, los dirigentes empezaron a mirar a Valencia.

Allí está el otro gran problema del caso Gürtel, la red de corrupción vinculada a gobiernos del PP que investigan tres tribunales. Francisco Camps y Ricardo Costa se han quedado ahora sin el escudo de Bárcenas. Ya sí son, de la quincena de dirigentes del PP imputados en el caso Gürtel, los únicos que no sólo no han dimitido, ni siquiera han puesto su cargo a disposición del partido. Después de una secuencia ininterrumpida de malas noticias judiciales, el entorno del líder está convencido de que aquí al fin se llevarán una alegría. Rajoy confía en que una sala compuesta por tres jueces conservadores tumbará el auto del juez José Flors en el que dejaba claro que el presidente mintió cuando dijo que él se paga todos sus trajes. Claro que, señalan otros dirigentes, Rajoy también estaba convencido hasta hace un mes de que este caso nunca llegaría al Supremo...

(www.elpais.com, 29/07/09)

4. CASO GÜRTEL. EL PP SE ESFUERZA EN DIFERENCIAR A CAMPS DE BÁRCENAS

El PP se afanó en blindar al presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho, tras la dimisión de Luis Bárcenas como tesorero nacional del partido. La renuncia del ya ex tesorero y senador por Cantabria horas antes de que el Tribunal Supremo anuncie que pedirá un suplicatorio para proseguir la investigación contra él, deja en evidencia la situación de Camps y del secretario regional del PP y portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, imputado en el mismo caso, que conservan sus cargos institucionales y en el partido.

Pese a la similitud, los populares insistieron en que los casos de Bárcenas y Camps no son comparables. Uno de los primeros en pronunciarse en este sentido fue el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien tras asegurar que la marcha del tesorero es buena para él y para el partido, agregó en la SER que el presidente de la Generalitat valenciana está acusado de un supuesto delito "con un valor muy pequeño. No dudo para nada de la honestidad de Camps. Lo que se está valorando es la recepción de regalos con un valor muy pequeño. No es lo mismo lo que está detrás de un supuesto que de otro".

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, se pronunció en parecidos términos. "No tienen nada que ver [las situaciones de Bárcenas y Camps], y es más que evidente las circunstancias personales, particulares y procesales de cada una de las personas, y los hechos a los que hacen referencia los dos procedimientos judiciales". El portavoz del PP, Esteban González Pons, repitió que en el PP están "completamente tranquilos" con respecto al presidente valenciano "por la inconsistencia de la imputación".

Y mientras el PP hacía oídos sordos a las críticas por su pertinaz defensa de Camps, los socialistas exigieron al presidente de los populares, Mariano Rajoy, que sea con el presidente valenciano igual de contundente que con Bárcenas y le haga dimitir.

Un dato jurídico trascendental sobre el alcance de la imputación lo conocerán Camps y el resto de imputados en breve. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se reunió el martes y lo hará también hoy para decidir sobre los recursos contra la intención del magistrado instructor, José Flors, de proceder contra Camps por cohecho. El magistrado José Francisco Ceres será el ponente del auto en el que la Sala debe responder si considera correcta la instrucción de Flors o estima las excusas sobre los regalos recibidos por Camps y los otros tres imputados y archiva la investigación.

En el caso de que tumbara la instrucción, la causa quedaría cerrada y en manos del Tribunal Supremo, que resolvería los previsibles recursos. Si no estima los recursos, el magistrado Flors, tras conocer la opinión de las partes, decidirá si procesa a los implicados y abre juicio oral.

(www.elpais.com, 30/07/09)

5. CASO GÜRTEL. CAMPS EVITA IR A LA ÚLTIMA EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR

El senador y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, asistió hoy a la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido antes de las vacaciones estivales, en la que el presidente del partido, Mariano Rajoy, fijará las prioridades para el próximo otoño, informaron fuentes 'populares'. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ausentaron de esta cita.

A raíz de su implicación en el denominado 'caso Gürtel', Bárcenas ha tenido pocas apariciones públicas y apenas ha acudido a las sesiones plenarias que se han celebrado en el Senado. Tampoco estuvo presente en la última reunión del Comité Ejecutivo que se celebró hace poco más de un mes, fecha en la el foco informativo estaba centrado en la presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

El tesorero nacional del PP, que declaró el pasado miércoles ante el juez Francisco Monterde, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo, aseguró a su salida que estaba "muy contento" por haber podido aportar las pruebas que "demuestran" su inocencia. Desde entonces, la dirección nacional ha insistido en que hay que esperar a conocer cuál es la decisión del magistrado.

Bárcenas trasladó recientemente a Mariano Rajoy su intención de dejar la Tesorería del PP si el juez le imputa. "Yo le volví a reiterar que, en el momento en que resultase imputado o que el Supremo solicitase el suplicatorio renunciaría transitoriamente a mi puesto en el partido", dijo al diario ABC el pasado 13 de julio.

El presidente de la Generalitat valenciana, que también está implicado en el 'caso Gúrtel' no acudió esta mañana a la reunión del Comité Ejecutivo. Sí que está presente la alcaldesa de Valencia, Rita Bárbera, que la pasada semana anunció iniciativas legales ante las informaciones publicadas acerca de que habría recibido bolsos de Francisco Correa.

El 'caso Gürtel' podría centrar parte del debate del Comité Ejecutivo y, en concreto, las filtraciones que el PP ha criticado en los últimos días y por las que presentó una denuncia el pasado viernes en los juzgados de Plaza de Castilla. Está previsto que la secretaria general, María Dolores de Cospedal ofrezca una rueda de prensa este mediodía, según ha informado el PP.

(www.levante-emv.com, 28/07/09)

6. CASO GÜRTEL. EL JUEZ RECHAZA UNA DEMANDA DEL TESORERO CONTRA EL PAÍS

El Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid ha rechazado una demanda de Luis Bárcenas contra EL PAÍS por una información que recogía los supuestos pagos al ex tesorero por la trama corrupta. El juez concluye que la noticia se basa en resoluciones judiciales y la considera veraz y exacta. La sentencia acusa al senador de pretender "desvirtuar" esas resoluciones reproducidas por EL PAÍS mediante la publicación en el diario de una rectificación.

(www.elpais.com, 29/07/09)

7. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS SE RESISTIÓ A DEJAR EL PARTIDO Y AMENAZÓ A ALGUNOS DIRIGENTES CON TIRAR DE LA MANTA SI LO ECHABAN

Luis Bárcenas (Huelva, 1956) siempre fue bueno con los números. Al terminar la carrera de Empresariales, comenzó a trabajar como analista de riesgos en el Banco de Gredos, que formaba parte de de la banca industrial del Urquijo. De hecho, el dinero, los trajes elegantes y el amor a las situaciones límite siempre han estado presentes en la vida de este economista que acabó de tesorero en el PP: Bárcenas es tan capaz de escalar una montaña como de gestionar los 80 millones de euros al año con los que cuentan los populares.

Pero ¿cuál es entonces el defecto de este pitagorín con aspecto de galán de película antigua? Pues haberse arrimado demasiado a la hucha que estaba obligado a custodiar y, según el juez Baltasar Garzón y los informes policiales que han llegado a distintos tribunales, haberse dejado querer en exceso por los empresarios implicados en el caso Gürtel, una red de corrupción que, durante años, trabajó para el PP y cultivó amistades (peligrosas) con algunos de sus miembros. Para muestra, un tesorero, que ahora tiene que verse las caras con el Tribunal Supremo.

Bárcenas, un señor de derechas de toda la vida, comenzó sus andanzas políticas en Alianza Popular. Tras la refundación y el descomunal susto que para José María Aznar supuso, en 1989, el caso Naseiro (su entonces tesorero, Rosendo Naseiro, fue acusado de financiar ilegalmente el partido), hubo limpieza interna y nuevos fichajes. Así llegó al PP Álvaro Lapuerta, un adinerado contable que colocó como su número dos a Luis Bárcenas, quien, a su vez, se hizo íntimo del entonces secretario general de los conservadores, Francisco Álvarez Cascos.

En aquellos tiempos de Cascos, Lapuerta y Bárcenas, hizo su entrada estelar en el PP el empresario Francisco Correa, que empezó ofreciendo al partido servicios de organización a precios competitivos y terminó, muchos años después, investigado por la policía por haber hecho una inquietante fortuna –todavía no sabe muy bien cómo, aunque se intuye– a la sombra de las administraciones gobernadas por los populares.

No obstante, Bárcenas siempre ha negado haber recibido un solo duro (euro) de la trama Gürtel, esto es, la que capitaneaba Correa, ahora en la cárcel. Y su amigo Cascos es de los pocos que han puesto la mano en el fuego por él. Pero, hace unos meses, comenzó una laboriosa investigación en torno a la citada red corrupta que, entre otras cosas, ha hecho que vean la luz documentos que conducen a la contabilidad B de la organización. El nombre de Luis Bárcenas aparece en la misma.

El ex tesorero del PP afirma que él no es el "Luis, el Cabrón" que figura en las cuentas de la trama y que su enorme patrimonio, varias viviendas incluidas, lo ha amasado con trabajo y mucha suerte en la bolsa. Se ha declarado inocente, ha perdido más de 15 kilos, ha dejado caer que podría tirar de la manta –Esperanza Aguirre lo retó a hacerlo– y se ha revuelto contra las bases del partido que exigían su marcha. Pero el apoyo a media luz que la venido brindado la dirección popular se ha ido apagando, dato publicado a dato publicado. tuvo que dejar la hucha del PP.

(www.elperiodico.com, 29/07/09)

8. CASO GÜRTEL. EL FISCAL SUGIERE QUE BÁRCENAS "ENCUBRIÓ" CON UN CRÉDITO EL DINERO QUE LE DIO CORREA

Tras varios meses de dudas respecto a la implicación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, la Fiscalía Anticorrupción elaboró el pasado 9 de junio un informe de 39 páginas en el que detalla los indicios hallados durante la investigación sobre un cargo clave en las finanzas del partido de Rajoy. Lo que sigue es un resumen textual de ese informe, que forma parte de la documentación que analiza el Supremo para dirimir si solicita el suplicatorio de Bárcenas al Senado para continuar la investigación por cohecho y delito fiscal.

- Sospechosa retirada de efectivo. "Las actuaciones inspectoras se refieren a una operación de efectivo de Luis Bárcenas por importe de 330.000 euros de fecha 20 de enero de 2003. De acuerdo con lo expuesto por el representante de Luis Bárcenas ante la Inspección, la operación habría consistido en un crédito concedido a éste el 9 de diciembre de 2002 por 330.000 euros y del que habría dispuesto por 325.000 euros el 10 de diciembre. El 20 de enero de 2003 se habría cancelado el crédito con el ingreso de 330.000 euros. La finalidad de dicho crédito habría sido, de acuerdo con lo manifestado por el representante del señor Bárcenas, la compra de una obra de arte que finalmente habría resultado fallida. Sin embargo, la citada explicación sobre la operación de efectivo resulta poco creíble para el actuario que intervino en las actuaciones como pone de manifiesto la transcripción que consta de las mismas. Esta operativa podría servir para encubrir ingresos en efectivo, máxime teniendo en cuenta las entregas de los años 2002 y 2003 que constan en el pen drive [incautado al contable de la trama corrupta] y en los documentos del reparto [de dinero B de las empresas de Correa]".

- Inversiones en el extranjero. "El segundo extremo del informe que resulta relevante en la cuestión planteada (correlación entre unas iniciales y una concreta persona) es el documento intervenido en un registro donde figuran datos manuscritos que reflejan la distribución de la participación de la sociedad Proyecto Twain Jonews entre distintas mercantiles. Entre ellas se incluye la entidad RUTSFIELD y, en relación con ella, se señala mediante dos líneas la participación de PC y otra de, literalmente, 'LBarcenas'. El importe total de la participación de Rustfield sería, de acuerdo con el manuscrito, de 50 millones de pesetas (300.000 euros). Con independencia de que proceda investigar más exhaustivamente la concreta operación a que se refiere el documento, éste es esclarecedor respecto de la identificación de Luis Bárcenas que aparece, esta vez, con la inicial de su nombre y apellido completo. Ello por cuanto confirma la relación entre Correa y Bárcenas ajena a la relacionada con la contratación de eventos para el PP y pone de manifiesto la vinculación del señor Bárcenas con entidades domiciliadas en paraísos fiscales".

- Un viaje a Suráfrica. "Por otra parte, la relación entre Bárcenas y Correa se confirma por otro documento intervenido en el registro de la sede de Serrano. Se trata de un viaje de Bárcenas a Suráfrica del que se desconoce la fecha si bien el documento aporta suficientes datos para su comprobación. Este viaje, a diferencia de otros localizados igualmente en la documentación hasta ahora examinada, no consta haberse pagado y parece haber sido facilitado a través de Pasadena Viajes, empresa del grupo de Correa".

- Conclusiones. "Conforme a lo expuesto:

- Diferentes imputados afirman que Correa manifestó haber entregado una elevada cantidad de dinero a Bárcenas, imputados respecto a los que no se aprecian móviles espurios ni autoexculpatorios.

- Correa reconoció haber llegado a decir que había dado dinero a Bárcenas, dando una explicación poco verosímil al respecto.

- En los documentos de reparto aparecen las siglas L y LB junto con otras que han sido relacionadas con personas vinculadas a Bárcenas".

(www.elpais.com, 28/07/09)

9. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO ACTÚA CONTRA BÁRCENAS Y MERINO DESPUÉS DE ESCUCHAR SUS EXPLICACIONES

El senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado del mismo partido Jesús Merino no consiguieron convencer de su inocencia a los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo con las explicaciones que ofrecieron en su declaración voluntaria ante el juez instructor. Y ello es así porque una semana después de que se celebrara la comparecencia de ambos, la Sala Segunda ha acordado solicitar al Congreso y al Senado autorización para dirigir contra ellos el para dirigir contra ellos el procedimiento penal abierto en el alto tribunal por delitos de cohecho (soborno) y contra la Hacienda pública.

Tanto Bárcenas como Merino habían negado haber recibido fondos de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa. Bárcenas rechazó que él sea "L.B.", "L. Bárcenas" o "Luis el Cabrón", como figura en algunos apuntes de la contabilidad B incautada al contable de la trama en un lápiz de memoria y que determinan que Bárcenas pudo recibir algo más de un millón de euros de la trama corrupta. El ex tesorero del PP llegó a sugerir que "Luis el Cabrón" era un apelativo que correspondía al empresario Luis Delso, quien inmediatamente se querelló contra Bárcenas. El instructor le puso en apuros cuando le preguntó por un ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 que el imputado achacó a la devolución de un crédito que había solicitado para comprar un cuadro de un pintor del siglo XVII, que luego no llegó a adquirir. Al juez le resultó sospechoso ese vaivén de billetes de 500 euros cuando hoy en día existen otros medios de pago más seguros.

Merino siguió idéntica táctica y también negó que él fuera el "J.M." e incluso el "Jesús Merino" que figura en los apuntes contables. Con un punto de originalidad presumió que la palabra Merino tenía una caligrafía aparentemente diferente del resto del documento, por lo que aventuró que podría estar manipulada o añadida con posterioridad. Lo demás, más de lo mismo.

Por eso, la Fiscalía del Supremo, que tampoco se creyó la versión ofrecida por los dos parlamentarios, recabó del juez instructor, Francisco Monterde, que fue vocal del Poder Judicial entre 1996 y 2001 a propuesta del PP, que elevara suplicatorio a las Cortes para proceder "con todas sus consecuencias legales" contra Bárcenas y Merino, tal y como ya había solicitado el pasado 10 de julio.

La Fiscalía considera además que es necesario realizar varias diligencias de investigación, como una indagación patrimonial de Bárcenas, que obviamente no puede realizarse legalmente sin que se haya concedido previamente el suplicatorio para proceder contra el senador. También será necesario oír a otros coimputados, como los jefes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo; así como que se aporten las declaraciones de la renta de ambos imputados entre 2002 y 2007, o los originales de las fotocopias presentadas por Bárcenas.

Por otro lado, no se conoce que el Supremo haya iniciado ninguna investigación sobre filtraciones de esta resolución. Sin embargo, ¿de qué otra forma podía conocer Rajoy que el Supremo iba a dar curso al suplicatorio e instar la dimisión de Bárcenas como tesorero si sólo cuatro jueces lo sabían?

(www.elpais.com, 30/07/09)

10. CASO GÜRTEL. CASO GÜRTEL. TRILLO EXIGE UNA 'CAZA DE BRUJAS' CONTRA LOS POLICÍAS QUE HAN INVESTIGADO AL PP

El portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, presentó en los juzgados de Madrid una denuncia por varios delitos relacionados con la revelación de información supuestamente contenida en los sumarios secretos del caso Gürtel, que ya se reparte por tres tribunales (superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo). En su denuncia, el PP cita cinco informaciones del diario EL PAÍS y una de la Cadena SER, que reproducen el contenido de documentación que supuestamente obra en los sumarios.

Para aclarar el presunto delito de revelación de secretos, el PP quiere que desfilen ante un juez todos los policías que hayan participado en la investigación del caso Gürtel. Pide también que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario de Policía Judicial y el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.

El PP no ha presentado ninguna denuncia contra quienes se aprovecharon supuestamente de instituciones gobernadas por ese partido o de la propia formación. "Lo que realmente interesa a este partido es localizar a los responsables de la filtración", dijo Trillo rodeado de una veintena de periodistas en la sede central del PP. La denuncia no considera sospechosos a jueces ni a fiscales.

Mientras denunciaba las filtraciones, Trillo reveló, sin ningún género de dudas, que una conversación en la que El Bigotes asegura que hacía regalos a la alcaldesa Rita Barberá no figura en el sumario de Valencia.

Trillo llegó a afirmar que "todas las filtraciones han sido al Grupo PRISA". A pesar de que varios medios escritos han reproducido con todo detalle actuaciones secretas del caso Gürtel, sólo se cita a EL PAÍS, dijo Trillo, porque este diario "es el que ha tenido mayor protagonismo". Trillo se esforzó por aclarar que considera al periódico un "instrumento" que utiliza el delincuente, pero no quien comete el delito. En la denuncia cita por su nombre a los periodistas que firmaban las informaciones. "Aquí no se acusa a la libertad de expresión, a periodistas o a medio alguno", añadió en otro momento.

En la parte madrileña del caso Gürtel, el PP no podrá presentarse ya como acusación particular en la causa que instruye el Tribunal Superior de Madrid. El pasado 23 de mayo, el magistrado instructor aceptó esta personación del PP, que rechazó la Sala Civil y Penal. La sala considera, que el PP no es parte perjudicada por la trama Gürtel, "por no ser titular de los bienes jurídicos afectados". El tribunal, además, no ve "admisible" como perjuicio al PP las noticias sobre el caso en los medios de comunicación.

(www.elpais.com, 25/07/09)

11. RAJOY RESPALDA A LA CEOE Y ACUSA A ZAPATERO DE NEGARSE A LAS REFORMAS

Tanto el PSOE como los sindicatos han creído ver la sombra del PP detrás de la exigente postura de la CEOE que llevó al fracaso al diálogo social. El principal partido de la oposición tuvo que hacer equilibrios para negar esta acusación de forma tajante, y, al tiempo, brindar su apoyo a la patronal y señalar al presidente del Gobierno como único culpable de la ruptura de las negociaciones.

"La responsabilidad del fracaso del diálogo social, como la responsabilidad de muchas de las cosas que están ocurriendo aquí, la tiene una persona: Rodríguez Zapatero", sentenció el presidente de los populares. El líder del Ejecutivo, criticó Mariano Rajoy, "no quería hablar de nada que le fuera incómodo, no quería hacer reformas; por eso puso tantas líneas rojas y tantos límites, que no ha dejado sitio para los acuerdos". Solo buscaba "hacerse la foto".

Rajoy ofreció su apoyo a los empresarios, que están sufriendo la crisis, "y por si no fuera suficiente, ven cómo el presidente del Gobierno arremete contra ellos y le echa la culpa de su propia incapacidad". La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo aún más evidente el alineamiento del PP con las posturas de la CEOE: "Este fin de semana hemos visto el verdadero talante de Rodríguez Zapatero: en vez de escuchar, amenaza. Ha hecho un ejercicio de prepotencia con quien no quiere sumarse a sus medidas de sindicalista retrógrado piquetero".

Pese a esta defensa de la CEOE, el PP niega que el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, endureciese su postura después de comer con Rajoy el 2 de julio, como sugieren fuentes de los sindicatos y del Ejecutivo. "Es una cosa verdaderamente cómica y absolutamente antidemocrática echarle la culpa de lo que ha ocurrido aquí al PP", clamó el presidente del PP en un curso de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

Lo cierto es que Rodríguez Zapatero ha defendido tan intensamente el diálogo social a lo largo de los últimos cinco años que su fracaso le ha abierto un flanco débil que el PP trata de explotar. José Blanco, ministro de Fomento y número dos del PSOE, trató de proteger ese flanco, mostrando su sorpresa ante la postura del PP de "salir en tromba" a apoyar a la CEOE. Una posición que, a su juicio, responde a que ambos tienen como objetivo abaratar el despido y reducir las cotizaciones sociales, aunque no lo reconozcan.

(www.elperiodico.com, 28/07/09)

12. GALICIA. FEIJÓO, VETADO EN CASTILLA LA MANCHA… ¡POR EL PP MANCHEGO!

Marcial Marín, presidente del PP de Albacete, no perdona al jefe del Ejecutivo gallego, el también popular Alberto Núñez Feijóo, después de que éste le dejase plantado en un acto celebrado el pasado 11 de julio. El disgusto de Marín tiene una explicación simple: en la fecha antes citada, Feijóo se desplazó a Salobre, pueblo del ex presidente manchego José Bono, a inaugurar con éste y con su sustituto en la región, José María Barreda, unas jornadas sobre desarrollo rural. Tan bien se lo estaba pasando el gallego con los socialistas que se olvidó de acudir al evento de sus correligionarios. Éstos, capitaneados por Marín le han remitido una carta afeándole su falta de sensibilidad hacia el partido y pidiéndole que no vuelva a su provincia nunca mais.

Tal como cuenta hoy el diario Público en su sección de breves titulada El runrún, Feijóo ha disgustado a Marín y a la misma María Dolores de Cospedal, presidenta del PP manchego y aspirante a la jefatura del Ejecutivo regional.

Quien debe estar que no duerme es, en cualquier caso, Mariano Rajoy, que tiene el corazón dividido entre sus dos hijos pródigos. Y es que, aunque Cospedal es su mano derecha y número dos en Génova, fue la victoria electoral de Feijóo en mayo la que le dio a su liderazgo un balón de oxígeno capitalizado en las europeas del 7-J.

Con o sin Rajoy, Marín ha enviado por su propio pie la carta al gallego diciéndole que no vuelva a pisar Albacete. Un consejo para Feijóo: siempre podrá volver a un acto del PSOE

(www.elplural.com, 31/07/09)

13. GALICIA. EL CONSELLO DE CONTAS CRITICA LAS FUNDACIONES SANITARIAS DEL PP

La financiación del sistema sanitario gallego ha tenido durante años un agujero negro en las cuatro fundaciones que gestionaban hospitales repartidos por las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, así como en otros cuatro entes de similares características especializados en determinadas áreas. Al menos, a ojos del Consello de Contas.

En el informe de fiscalización de 2006 que hoy entrará en el Parlamento, el órgano aborda por primera vez la gestión de las fundaciones, desbroza las constantes modificaciones de crédito que recibieron para cubrir los desfases en sus presupuestos y desvela un saneamiento adicional en dicho ejercicio, que cifra en 17,7 millones, "para compensar resultados negativos de años anteriores". El modelo de fundación sanitaria fue impulsado en la Xunta por José Manuel Romay. El Gobierno bipartito las disolvió, mientras que el actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, aún no ha aclarado si defiende su reimplantación.

Las fundaciones que gestionan los hospitales de O Barbanza (Ribeira), O Salnés (Vilagarcía), Virxe da Xunqueira (Cee) y Verín, no sólo incurrieron en 2006 en un desfase presupuestario que conjuntamente suma 5,2 millones de euros, y que hubo que cubrir con modificaciones de crédito, sino que el bipartito se vio obligado a fijar líneas de saneamiento adicional.

Contas cifra en 4,6 millones de euros los que hubo que destinar a la Fundación Hospital de Verín, que ya había ocupado críticos capítulos de informes anteriores del órgano fiscalizador; en 2,8 millones el saneamiento necesario para mantener la Fundación Hospital de Barbanza, prácticamente otros dos millones para el Virxe da Xunqueira y otro millón para O Salnés. La fundación que gestiona el Centro de Transfusiones de Galicia, que también incurrió en modificaciones presupuestarias, recibió 7,2 millones adicionales para sacar a flote sus cuentas.

Contas analiza en su informe ocho fundaciones (hospitales, centro de transfusiones, 061, medicina genómica e instituto de oftalmología), que necesitaron 17,1 millones. Ese importe se suma a un presupuesto de 122,9 millones, que con otras modificaciones alcanzó un saldo en 2006 para el sistema de 144,8 millones de euros. "Esos 17,7 millones", dicen el órgano fiscalizador, "se destinaron a compensar los resultados negativos que arrastraban de ejercicios anteriores".Los autores del informe del Consello de Contas cuestionan con sus datos y apreciaciones el coste y la supuesta mayor eficiencia defendida en la prestación de estos servicios sanitarios. El informe de Contas de ese año, el primero completo de socialistas y nacionalistas en San Caetano, también hace hincapié, como adelantó EL PAÍS en su edición de , en la imputación de gastos del Sergas correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 114 millones de euros, "poniendo fin a la deuda acumulada".

El capítulo de la sanidad gallega aborda las relaciones del Sergas con otros organismos públicos. El Consello de Contas hace referencia a los impagos de organismos oficiales, como los del Instituto Nacional de la Seguridad Social, "que no abonó cantidad alguna por los asegurados que destinó a los centros del Sergas, ascendiendo la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2006 a más de 5,3 millones de euros". La Seguridad Social actúa como una mutua patronal de acciones laborales, para aquellos trabajadores con cobertura de enfermedad común en otras aseguradoras privadas, pero que no cubren determinadas contingencias. Al carecer de instalaciones hospitalarias, esos asegurados son desviados a los centros del Sergas, que le facturan las prestaciones satisfechas.

El gasto farmacéutico es otro de los aspectos en los que se detiene el informe de fiscalización. Sólo en el año de referencia al que corresponde análisis, el gasto farmacéutico extrahospitalario, es decir, recetas médicas expedidas, se situó en 818,9 millones de euros, lo que, según los cálculos del organismo, representó más del 25% del gasto total del Sergas en dicho ejercicio. El coste anual es de 301 euros por ciudadano, con la provincia de Lugo como la que más prescribe marcas (49,1 recetas al año por pensionista, frente a las 45,9 de media de Galicia). El coste por ciudadano y año en esa provincia se dispara hasta los 376 euros. La prescripción de genéricos en Galicia está a la cola de las 17 comunidades que componen el Sistema Nacional de Salud, recuerda Contas.

(www.elpais.com, 29/07/09)

14. GALICIA. EL DIRECTOR DE DEPORTES REPARTIÓ MILLONES EN SUBVENCIONES IRREGULARES

El conselleiro mayor, Antonio López, entregó a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, el último informe del Consello de Contas. Se trata del ejercicio global de 2006 y de ámbitos concretos de la Administración pública donde se intuye falta de rigor en el gasto. Es el caso de las ayudas a federaciones y clubes deportivos. La auditoría constata que se trata de un espacio de la Administración caracterizado por el descontrol, con un sistema de ayudas "no conforme a derecho" que "no salvaguardó la integridad de los fondos públicos".

El estudio abarca buena parte de la última legislatura de la Xunta de Manuel Fraga, entre los años 2002 y 2005, con ayudas que superaron los 32,5 millones de euros. Al frente de Deportes estuvo inicialmente Eduardo Lamas y, desde mayo de 2003, José Ramón Lete Lasa, que trabajaba a las órdenes de Pilar Rojo, entonces conselleira de Familia e Deporte. Lete ha sido recuperado para el cargo por el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como secretario general y en el departamento del propio presidente.

Su gestión de las ayudas públicas no pudo ser más desafortunada, según indica el informe. A pesar de que las federaciones actuaron como entidades colaboradoras, "no se estableció un régimen de derechos y obligaciones aplicables", denuncia Contas, que añade: "Se les atribuyó el manejo, control y gestión de fondos públicos sin mediar la exigencia de acreditar los requisitos de eficacia y solvencia". Revela por ejemplo que no se establecieron los plazos ni la forma en que las federaciones debían efectuar los pagos a los clubes, el tipo de justificación que debían exigirles ni que rindiesen cuentas a la Administración.

El informe diferencia dos etapas. Entre 2002 y 2003 "no se establecía graduación de los criterios objetivos de adjudicación de las ayudas". En los dos años siguientes sí, "pero sin especificar los ulteriores criterios empleados por la comisión de evaluación para la ponderación de los méritos". Tampoco se estableció la obligación de comunicar las ayudas obtenidas de entidades privadas, de forma que no existía "garantía de que la ayuda otorgada supere el coste de las actuaciones desarrolladas".

En 2002 y 2003, Deportes libraba las ayudas sin exigir otra justificación de gasto que un certificado con el visto bueno del presidente de la federación. Este proceder "vulnera" el decreto de 287/2000, que regula la concesión subvenciones de la Xunta. En 2004 y 2005 ya se exigía documentación justificativa original. "No obstante", alerta el informe, "no se incluyeron previsiones relativas a la acreditación de los pagos efectuados ni a la aportación de una cuenta justificativa de carácter completo", por lo que el sistema de justificación "careció de efectividad".

Aunque las subvenciones se otorgaban en régimen de concurrencia competitiva, las bases no establecieron la obligación de publicar las cuantías ni los beneficiarios de las ayudas. "De esta forma, el procedimiento de adjudicación de las ayudas públicas al deporte resultó privado de transparencia". Ello supone un "menoscabo en la satisfacción del interés público".

La asignación de las cuantías a las federaciones como subvenciones se efectuó "al margen de los criterios contenidos en las órdenes reguladoras", sin concurrencia competitiva. El proceso era el contrario al que Contas propone: a partir de la presentación de solicitudes por los responsables federativos, la Xunta estudiaba los proyectos. Entre 2002 y 2005, no se publicó en el Diario Oficial de Galicia concesión alguna de las ayudas a federaciones y clubes. El importe de las ayudas que carecen de factura, esto es, las libradas en 2002 y 2003, asciende a 14,9 millones de euros. La Xunta anunció que aprobará unas normas "de buen gobierno" y que regulará las auditorías a las federaciones deportivas. El PP, mientras, aseguró que el informe de Contas ratifica "el acierto" de la política "de austeridad" de Feijóo.

(www.elpais.com, 30/07/09)

15. GALICIA. EL PP CONVIERTE EL PACTO ANTITRÁNSFUGAS EN PAPEL MOJADO CON SU POLÍTICA EN MOS

El Acuerdo Antitransfuguismo que renovaron en 2006 las fuerzas parlamentarias españolas naufraga en toda su extensión en Mos, donde gobierna desde diciembre una alcaldesa del PP, Nidia Arévalo, tras la moción de censura que desalojó a la socialista María Jesús Escudero con el apoyo de un tránsfuga del propio PSdeG. El actual gobierno sigue actuando como grupo popular porque las leyes (Electoral y de Régimen Local) pesan más que cualquier pacto político y el PP, que promovió el cambio, ni lo ha condenado ni siquiera, contra lo que también ordena el pacto, descarta llevar a sus protagonistas en su lista de las próximas elecciones locales.

El pacto antitransfuguismo ha permitido, mediante reforma legislativa, crear la figura de "concejales no adscritos", para meter en ella a los tránsfugas y la limitación de sus derechos. Son tránsfugas los concejales que "apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local".

En el caso de Mos, la moción de censura fue promovida por Rafael Louzán, presidente provincial del PP, y su equipo, lo que desactiva toda disonancia del partido con el grupo local, cuyos concejales tampoco fueron expulsados del PP, sino que pidieron una "baja cautelar" meses después de ocupar el gobierno en previsión del dictamen de la Comisión de Seguimiento del pacto. Esta comisión tuvo que desviar su caso al Comité de Expertos y no dictaminarlo en su reunión de diciembre, como estaba previsto, porque el propio PP negaba la existencia de transfuguismo en Mos.

Con ese precedente, mal podía "desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario" como ordena el pacto. Ahora, dictaminada taxativamente su condición de tránsfugas, los concejales tendrían que señalarse como "no adscritos" y no podrían funcionar como grupo político en las sesiones plenarias, ni participar en la junta de portavoces, que sólo puede ser constituida por los de los grupos políticos. Sin embargo, los concejales del gobierno de Mos siguen identificándose a todos los efectos como grupo popular y percibiendo la asignación (de 300 a 400 euros mensuales) para funcionamiento que les corresponde como tal.

Los ediles se agarran a sus actas, que certifican su elección por el PP, lo que prevalece durante todo el mandato. Además, el titular del acta es el concejal, no el partido por el que haya sido elegido. La dirección provincial ahora se lava las manos. Aduce que no puede intervenir en un "asunto interno" del Ayuntamiento de Mos (la autonomía de los concejales para denominarse como quieran) y que tampoco puede expulsar del partido a los tránsfugas porque ya no pertenecen al mismo.

En Mos el PP está dirigido ahora por una gestora que preside Camilo González, presidente de NNGG. Los tránsfugas del grupo municipal frecuentan la sede y Nidia Arévalo incluso posó como protagonista en la pegada del primer cartel del PP en la campaña de las europeas. Pero, formalmente, ni militan ni ostentan ninguna participación orgánica.

El pacto compromete, entre otras cosas, a no presentar a tránsfugas como candidatos a cualquier elección, "sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido", pero la dirección provincial del PP adelanta que, si los de Mos deciden volver, en su momento se analizará su petición. Con lo cual, nada del pacto antitránsfugas, cuya denominación exacta es Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, ha cuajado en Mos.

(www.elpais.com, 30/07/09)

16. ANDALUCÍA. LA JUNTA ECHA PARA ATRÁS EL PGOU DE MÁLAGA POR SALTARSE LAS NORMAS

El empeño del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de no atender los dictámenes de otras administraciones, incluso los que son vinculantes como el de impacto ambiental, ha llevado a una situación de bloqueo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento no pasó el examen de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA), porque "incurre en errores, defectos e incumplimientos a distintos informes vinculantes y normas que impiden culantes y normas que impiden su aprobación".

Una decisión tan grave era inesperada. Según había anunciado el martes el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se preveía que la COTUA aprobara el conjunto del plan y sólo dejara en suspenso los proyectos concretos que entran en cotos concretos que entran en colisión con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) como la urbanización en el último tramo que queda libre en el frente litoral y en la zona de monte al norte de la ronda este de circunvalación, y el puerto deportivo en El Morlaco.

Pero el informe jurídico aconsejó la suspensión del plan en su conjunto porque el Ayuntamiento de Málaga "no ha cumplido su obligación" de corregir el plan para introducir las modificaciones requeridas por distintos organismos como Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del Agua o Aviación Civil.

El informe alerta además de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contraria a la aprobación parcial de planes dejando partes en suspenso, como sentenció por ejemplo en el caso del PGOU de Chiclana. El TSJA entiende que esta opción hay que limitarla a casos en los que "la aprobación posterior de lo que queda suspendido no altere los elementos básicos del plan". Espadas explicó que se trata de dar seguridad jurídica y evitar la apariencia de que la aprobación de un plan que en realidad no es tal".

Ahora, el Ayuntamiento de Málaga debe introducir las correcciones requeridas por la COTUA. No será necesario que la comisión vuelva a examinar el plan, y bastará que la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio reciba los pertinentes acuerdos modificatorios del consistorio para que el consejero firme la aprobación definitiva. No es un procedimiento complicado y no requiere proceso de información pública, por lo que antes de final de año podría liquidarse.

Lejos de las palabras gruesas con las que el equipo de Gobierno de Málaga suele reaccionar a las decisiones de la Junta que le son contrarias, en esta ocasión se ha impuesto la prudencia. El alcalde, Francisco de la Torre, se confesó "sorprendido" por la decisión, pero explicó que se ha basado en un criterio de "seguridad jurídica" para evitar posibles decisiones judiciales contrarias como en Chiclana. Lo importante para el alcalde es que la decisión "no tiene por qué suponer retrasos".

(www.elpais.com, 25/07/09)

17. ANDALUCÍA. PIDEN 21 MESES DE CÁRCEL PARA EL LÍDER DEL PP EN ESTEPONA

El fiscal mantuvo su petición de 21 meses de prisión para el presidente local del PP en Estepona durante la vista oral celebrada por un presunto delito de coacciones. Cuando Mena fue concejal de Urbanismo, entre 2001 y 2003, fue denunciado por un empresario concesionario de un aparcamiento por favorecer los intereses de un competidor en decisiones municipales.

Según la acusación, Mena coaccionó al empresario al decirle que si no quitaba la denuncia "podía tener problemas con sus expedientes en el Ayuntamiento". El caso fue archivado en dos veces en el juzgado de Estepona, pero la fiscalía recurrió. También están procesados el ex edil del GIL Víctor Sánchez Pinacho y el empresario supuestamente favorecido

(www.elpais.com, 25/07/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO "SINDICALISTA RETRÓGRADO, PIQUETERO Y PREPOTENTE"

La presidenta del Partido Popular en Madrid, y de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, ha calificado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "sindicalista retrógrado piquetero" por la ruptura este fin de semana del diálogo social con sindicatos y empresarios.

"Este fin de semana hemos visto el verdadero talante de Rodríguez Zapatero: en vez de escuchar, amenaza. Ha hecho un ejercicio de prepotencia con quien no quiere sumarse a sus medidas de sindicalista retrógrado piquetero", ha dicho la presidenta del PP madrileño tras la reunión, esta mañana, de la dirección de su partido.

Aguirre ha explicado que desconoce si se produjo una reunión entre el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, con Mariano Rajoy, ni si tuvo algo que ver en la postura de los empresarios ante la mesa de negociación, pero sí ha afirmado que el PP coincide con la CEOE en que "se discuta de todo", mientras el presidente "es dogmático".

"No solo yo, todos los que entienden algo le están diciendo a Rodríguez Zapatero que se deje de gastar y que haga las reformas que España necesita", ha señalado Aguirre.

(www.publico.es, 27/07/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN ENTRE AGUIRRE Y ARENAS

Esperanza Aguirre vuelve a mostrarse como oposición interna. Tras unos meses en silencio, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuestiona otra vez las decisiones de Mariano Rajoy. No le gustó que su partido se abstuviera a la hora de votar el modelo de financiación autonómica y no le hace ninguna gracia que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, siga al frente de su cargo por el daño de imagen que provoca.

En la cúpula conservadora no sentaron bien los comentarios de Aguirre, pero decidieron no avivar la polémica. Solo Manuel Fraga se lanzó a darle un toque de atención. El ex presidente de la Xunta le reprochó que criticara la abstención del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en las Cortes se transformará en un voto en contra, tal y como ella había pedido. En una entrevista a Europa Press, Fraga le recuerda que habría hecho muy bien en hacer todas esas reflexiones "dentro del debate del partido y no con declaraciones públicas".

"Génova impuso la abstención. Fue un error. Habrá que preguntar a Arenas por qué se ha hecho así", llegó a decir Aguirre hace unos días en El Mundo. Sus palabras desconcertaron a muchos dirigentes del PP y la referencia al presidente del PP de Andalucía, aún más. Hay quien cree que Aguirre aún no ha digerido que la victoria del PP en las europeas y gallegas apuntalan a Rajoy como candidato en 2012 y que su nueva estrategia es cargar contra él "pinchando a su principal puntal"

No entienden que Aguirre "polemice con cargos de su partido 

Fuentes cercanas al dirigente andaluz no entienden que Aguirre "polemice con cargos de su partido y no reserve las energías para sus rivales políticos". Además, destacan que, aunque Arenas es el vicesecretario de Política Autonómica y Local, no hace nada sin el sello de certificación de Rajoy.

"Unas comunidades querían votar a favor; otras, en contra. Tras varias reuniones, se decidió buscar una solución unitaria. Era lo más coherente, ya que después todas iban a aceptar el dinero", explican desde la sede nacional.

Los que rodean a Aguirre recuerdan que ella acató las órdenes del partido de forma "leal y disciplinada". Sus fieles sostienen que, en el Comité de Dirección del PP de Madrid, previo al anuncio de la postura oficial del partido, Aguirre esperaba instrucciones. "Llamó a Antonio Beteta (su consejero de Economía) delante de nosotros. En aquel momento, aún había libertad para hacer lo que se estimara oportuno y ella lo que no quería, en ningún caso, era tener un nuevo lío con la dirección", cuenta uno de los presentes en el encuentro.

Desde el círculo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, prefieren no darle más vueltas al tema. Aseguran que su respuesta fue "espontánea" y mantienen que Aguirre no guarda ningún recelo hacia Arenas. Pero en el PP son muchos los que piensan que ella no da puntada sin hilo y rebuscan motivos.

Algunos piensan que la dirigente madrileña se la tiene jurada a Javier Arenas desde el XVI Congreso Nacional de Valencia, cuando Rajoy salió reelegido como presidente nacional. En el PP, aún se tiene muy presente la tensión previa a ese cónclave y recuerdan que el dirigente andaluz tuvo un "papel decisivo". Fue Arenas quien movió los hilos para que Rajoy saliera vivo de la crisis interna y quien formó un grupo de apoyo frente a la amenaza de un candidato alternativo.

(www.publico.es, 27/07/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS

La titular del juzgado número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a tres ex guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por el espionaje al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

Fuentes relacionadas con esta investigación vinculan esta citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos de tales seguimientos a ambos rivales de Aguirre en los meses en los que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo de 2008). La citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se trata de agentes suyos sospechosos de realizar un espionaje que intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede parlamentaria, sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por estos tres agentes suyos que, paradójicamente, han sido los primeros en verse alcanzados por las llamas.

Sus teléfonos estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para que se ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. Ya existe un primer informe de Telefónica que ha sido requerido ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto. La lectura que hacen es unívoca: algo ha hallado ya la juez en los datos telefónicos para agilizar la citación de estos tres miembros de la guardia de corps de Granados.

El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma otro elemento de sospecha: la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior que precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a los agentes sospechosos del espionaje era una medida preventiva para soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya andaba cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados, incluso, recientemente se curaba en salud diciendo que no tendría la menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos, se demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió en algún punto geográfico en los meses de los seguimientos a Prada y Cobo con alguno de los espiados.

Y Granados anticipaba una posible coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo precisar cuándo se había contravigilado a Prada o se le había aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior.

La consejería de Interior intentaba soltar humo sobre Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero no es cierto. No solo lo niega Prada, sino los sindicatos de la consejería. "Esta medida la instauró Sergio Gamón como director de seguridad bajo el mandato de Francisco Granados al frente de Interior".

Granados ha venido a dar la razón a la oposición, incluso a los sindicatos, cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias, ya que la protección de los altos cargos corresponde al ministerio del Interior. Cuando ha anunciado que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren quienes realicen estas tareas que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes (los tres ex guardias civiles, los tres policías procedentes de la seguridad de Moncloa y los funcionarios José Manuel Pinto y José Palomo.

Toda la labor que realizaba esta selecta guardia pretoriana que investiga la juez era legal según Granados, sin embargo, desde que este diario destapó el escándalo del espionaje este grupo quedó como mano de obra desocupada pero con sueldo, un generoso sueldo. Algunos, como Pinto y Palomo, incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Pero tanta autolimpieza no ha bastado. La jueza quiere levantar las alfombras del aparato de seguridad/espionaje de Aguirre.

(www.elpais.com, 27/07/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA

El pasado 24 de julio, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal remitió un informe al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid en el que aseguraba que el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada fue objeto de seguimientos y vigilancias.

En su escrito, los analistas policiales desglosan parte del material facilitado por Telefónica sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de tres de los asesores de seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Los especialistas de la Policía Judicial entienden que esos posicionamientos coinciden con los polémicos partes sobre los seguimientos a Alfredo Prada. Estos tres asesores de Interior han sido ya imputados por la juez instructora y acudirán a declarar el próximo día 31. Prada tiene previsto pedir prisión para los investigados por este supuesto caso de espionaje. En su informe, la Policía concluye que estos tres asesores "han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por lo tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia", indica el informe policial. Los investigados negaron ante la juez haber realizado seguimientos a Prada.

La Policía adjuntan "los datos de los posicionamientos facilitados por Movistar" de los móviles de estos tres imputados. "Los anteriores seguimientos", indica el informe policial, "son a una persona identificada como P, que sin ninguna duda se trata de Alfredo Prada", asegura categóricamente la Policía.

Además, "se adjunta igualmente 12 esquemas donde se ven situados en una línea de tiempo la localización de los teléfonos móviles investigados y en las fechas y horas en que se realizan las vigilancias o seguimientos a P según cada parte de seguimiento".

La Policía no aporta todos los datos del seguimiento telefónico. "A modo de ejemplo, se concretan siete días significativos".

(www.elmundo.es, 29/07/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL CASO DE LOS ESPÍAS

La venganza está servida. , el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se despachó a gusto. No le hizo falta pensar en cuando tuvo que renunciar a la presidencia del PP de Madrid en 2004, ni en las guerras intestinas en las que se ha visto enzarzado su equipo con el de Esperanza Aguirre. Le bastó con recordar que había sido objeto de seguimientos para que le hirviera la sangre. Y no dudó en señalar a un responsable: Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a Granados. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón quiere respuestas sobre los supuestos espionajes a políticos que se produjeron desde su Departamento y que también afectan al ex consejero, Alfredo Prada.

Cobo no dudó en arremeter contra aquellos que han tratado de "ridiculizar" y "obstaculizar" tanto las investigaciones policiales, como las judiciales y periodísticas. Se refería así al carpetazo que se le dio a la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se resolvió en tres sesiones. En ella se vetó la comparecencia de los tres guardias civiles que hoy declaran ante el juzgado. PSOE e IU aprovecharon para exigir su "inmediata reapertura".

El vicealcade también pidió a los agentes que confesaran. "Nadie de buena fe les va a reprochar que cuenten qué labores les fueron encomendadas durante el tiempo que han sido detectados los seguimientos porque son actuaciones realizadas por obediencia y porque es una salida honorable", dijo incitándoles a denunciar a la persona al frente.

En la Comunidad de Madrid no daban crédito a sus palabras. Granados no quiso responder en público. Fuentes cercanas a él se encargaron de trasladar su indignación a quien preguntara por él .En el Gobierno regional dolió mucho una de sus indirectas. "Cuando alguien se emborracha de poder y cree que es impune a todo, no para en Cobo o Prada", dijo el vicealcalde despertando ciertas iras al apuntar hacia lo alto.

Los colaboradores de Granados retaron a Cobo a hablar. "Si tiene información que sea contraria a la que él declaró en la Asamblea regional que lo cuente", respondieron. Afirmaban que todo lo que se estaba diciendo era "absolutamente falso" y exigían un respeto porque Francisco Granados es "su secretario general".

la oposición pidió la dimisión de Granados. En el PP de Madrid algunos creen que los cargos del consejero se tambalean. Pero este ya ha anunciado que no tiene intención de marcharse porque tiene la conciencia "muy tranquila". La dirección nacional del PP se remitió al procedimiento judicial para no hablar sobre el asunto. Y hoy Aguirre, tras la reunión del Consejo de Gobierno, dará su visión de los hechos.

Se investiga si hubo malversación de fondos por parte de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes.

(www.publico.es, 30/07/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO PIENSO DIMITIR"

Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, del que dependían los tres ex guardias civiles a los que fichó como asesores, aseguró a EL PAÍS que no dio "ninguna orden" a los espías. "De todos los asesores que han venido aquí [tres guardias civiles y tres policías nacionales], al único que conozco es a un guardia civil de Valdemoro, al resto no los conozco de nada". ¿Quién les daba las órdenes? "Se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por Esperanza Aguirre como director general de Seguridad]". "No pienso dimitir, tengo la conciencia muy tranquila, yo no he ordenado nada a esos guardias civiles", insistió. "Les pregunté si habían hecho vigilancia a Prada y me dijeron que no. Si se demuestra que han ido detrás de él, evidentemente, me han engañado, pero es algo más que despedir, tendremos que ver quién se lo ha ordenado". "Del Gobierno, y cuando digo el Gobierno no digo un director general, nadie ha ordenado seguir a Prada".

(www.elpais.com, 29/07/09)

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NI ASUME RESPONSABILIDADES POR EL CASO DE LOS ESPÍAS, NI PIDE LA DIMISIÓN A GRANADOS

Como si el caso de los espías no fuera con la Comunidad de Madrid. Pese a que tres empleados de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, fichados como asesores personales, están imputados por malversación de fondos públicos al haber seguido a altos cargos del PP, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha negado hoy cualquier responsabilidad de su Ejecutivo. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni consentido ningún espionaje, ni ha hecho ningún acto que se pueda calificar de espionaje", ha afirmado Aguirre. "El resto, se supone que hacen labores de apoyo, de avanzada, que se viene haciendo aquí [en la Comunidad de Madrid] desde hace mucho tiempo".

La presidenta madrileña también ha descartado que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior tenga responsabilidad sobre estos trabajadores, por acción o por omisión. "Nosotros somos los principales interesados en que se sepa si cualquier empleado de la Comunidad o no, ha cometido algún acto incorrecto", ha puntualizado. "Y confiamos en la Justicia". Según la presidenta, si el señor Granados ha sido el que ha cometido esos actos, "lo mismo", ha agregado. "Pero hasta ahora eso no se ha puesto de manifiesto y será un juez el que decida si tiene responsabilidad". Preguntada sobre si había pedido la dimisión al señor Granados, ha negado con la cabeza.

Tampoco ha querido comentar Esperanza Aguirre las declaraciones del día anterior del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en las que pedía a Granados que contara lo que sabe sobre el espionaje. "No tengo nada que decir ni que comentar", ha afirmado ¡. Pero, cuando se le preguntó sobre lo que le ha podido contar el consejero sobre este asunto, ha respondido: "A mí el señor Granados me dice siempre lo mismo en privado y en público, y es lo mismo que ha dicho en sede parlamentaria", ha recalcado. Tampoco el vicepresidente regional, Ignacio González ha querido hablar sobre Cobo.

La presidenta, que también preside el PP madrileño, ha negado además que tenga pensado reabrir la comisión de investigación, como le han pedido las portavoces de la oposición, PSM e IU. "No tengo pensado reabrir ninguna comisión", ha zanjado

(www.elpais.com, 30/07/09)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO, FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE

Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta julio de 2008 y hombre de confianza de Esperanza Aguirre -ella lo fichó y lo mantuvo como asesor tras destituirlo por el presunto robo de un ordenador del área de Justicia-, es el alto cargo del Gobierno de Madrid que ordenó seguir noche y día al entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo, Alfredo Prada, en 2008. Lo confirmaron ayer los tres asesores -los ex guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado- del consejero de Interior Francisco Granados que declararon como imputados por el espionaje político en el juzgado número cinco de instrucción de Madrid. La juez anunció a los letrados presentes que en septiembre citará a Gamón como imputado por un delito de malversación de caudales públicos.

Los tres ex guardias civiles no sólo admitieron que habían seguido como una sombra a Prada durante repetidas jornadas, desmenuzadas por sus posicionamientos telefónicos, sino que reconocieron que mintieron "por la presión mediática" existente cuando les interrogó la policía en marzo pasado. Entonces negaron haber participado jamás en seguimientos a Prada. Según esto, su jefe, Gamón, también mintió cuando acudió al Parlamento regional: "Nunca he ordenado ni consentido ni amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos", dijo entonces.

Ahora, medio año después de que EL PAÍS destapara el escándalo, que fue repetidamente desmentido por Aguirre, sus subordinados han reconocido los seguimientos a Prada, pero los encuadraron en supuestas contravigilancias. Sin embargo, a preguntas del letrado de Prada, José Aníbal Álvarez, confesaron una sonora incongruencia: en todas estas repetidas jornadas de marcaje a Prada nunca le informaron de que tal contravigilancia; tampoco a su escolta, ni al Ministerio del Interior. Su coartada plantea un problema añadido: las contravigilancias son competencia del Ministerio del Interior, que sí alertó a Prada cuando lo contravigiló a raíz de una amenaza etarra. Los tres ex guardias explicaron que no redactaron los partes sobre sus seguimientos a Prada, sino que informaban verbalmente a Gamón. La juez, por si acaso, les hizo realizar unas pruebas de escritura para cotejarlas con las anotaciones que figuran en algunos partes.

Los asesores de Granados también recalcaron que ellos informaban igualmente a Gamón si sospechaban de alguna matrícula, pero que era su jefe, el director general de Seguridad, quien accedía a la base de datos para identificarlas (otra tarea ajena legalmente a la Comunidad de Madrid). Entre las matrículas anotadas en los partes figuran algunas reservadas, correspondientes a políticos y miembros del Poder Judicial que comieron con Prada.

Cuando declararon ante la policía en marzo pasado, ninguno de los tres ex guardias invocó que entre sus funciones se encontrara la realización de contravigilancias. Y José Manuel Pinto, otro de los sospechosos, garantizó que tal tarea era ajena a sus funciones legales.

Los tres ex guardias negaron ayer haber seguido o espiado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyos partes de seguimiento no han podido ser cotejados con los posicionamientos telefónicos de los ocho agentes de Aguirre investigados al haber caducado la fecha de custodia legal de éstos.

(www.elpais.com, 31/07/09)

26. COMUNIDAD DE MADRID. LA REMODELACIÓN PENDIENTE

Entre los conservadores madrileños, se extiende la idea de que sería conveniente que Esperanza Aguirre emprendiera una remodelación de su Ejecutivo regional. Escándalos como Gürtel, Fundescam o los espías desgastan al Gobierno regional

Algunos dirigentes del PP piensan que la trama de espionaje y corrupción destapada en los últimos meses ha dejado "muy quemados" a algunos de sus consejeros. Para otros, simplemente, sería cuestión de "contagiar ilusión", teniendo en cuenta que la próxima convocatoria electoral no será hasta 2011 y que sufren "el desgaste propio del que ya acumula unos cuantos años de Gobierno".

En los mentideros políticos, se dijo que Aguirre acometería cambios justo después de las europeas. Los rumores ahora aplazan la reestructuración hasta después del verano. Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan, con sorna, que "así está claro que algún momento acertarán", pero que la presidenta no se plantea la remodelación.

Son muchos en el PP de Madrid los que piensan que su jefa debería prescindir de Francisco Granados o Ignacio González, sus hombres fuertes y también las personas que se han visto envueltas en la mayoría de los escándalos de estos últimos meses. Pero comprueban cómo, lejos de echarlos, se les refuerza en su posición. Piensan que González es "intocable" y que, cada vez que se habla de la salida de Granados, este siempre da muestras de su fortaleza.

El PP teme el avance en Madrid de UPyD, que ya les robó voto en las europeas

Algunos dirigentes creen que se impone reciclar la imagen del partido porque, desde el Congreso de Valencia, son como la "oveja negra" de la familia. Y añaden que las muescas negativas que se han ido grabando en la memoria colectiva desde entonces, no les favorecen nada.

La más importante, la del caso Gürtel. No hay que olvidar que estalló en Madrid y se llevó por delante a varios altos cargos. Aguirre hizo limpieza de alcaldes y también cortó cabezas dentro de su propio equipo al cesar a un consejero pero no hay que olvidar que hay tres dirigentes imputados que siguen manteniendo sus actas en la Asamblea de Madrid.

Aguirre también tiene que afrontar la situación de Fundescam, una fundación que recibió donaciones de cientos de miles de euros de destacados empresarios. Parte de ese dinero, tal y como desveló Público, sirvió para financiar las campañas autonómicas del PP de Madrid.

Además, en su formación preocupa y mucho el ascenso de UPyD. El partido de Rosa Díez se convirtió en las elecciones europeas en la tercera fuerza política de la Comunidad madrileña y les robó votos en algunos de sus distritos claves. Muchos estiman que se debe hacer lo posible por frenar esa sangría antes de que les pase factura en 2011.

Voces dentro del partido recuerdan también que a todo ello se suma la "guerra siempre abierta" entre Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y cierta "desmotivación" que en época de crisis, sin ningún proyecto estrella que poner en marcha, debe ser rápidamente subsanada. 

(www.publico.es, 27/07/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM

¿Hay algo que ocultar en las cuentas de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo sentido después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado por Público para que entregase las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003.

Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los balances y memorias de actividades de Fundescam, depositados en el Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de artimañas para evitar su entrega.

Entre la primavera de 2003 y la de 2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones procedentes de significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, en cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle Génova, no realiza actividad conocida.

Por encargo de este periódico, el notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al Registro de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los balances y memorias anuales de la fundación que preside Esperanza Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de información realizadas desde mayo por Público y otorgó siete días de plazo para la entrega.

Ocho días después, el fedatario público levantó acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el Registro de Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo concede a las administraciones tres meses de plazo para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública difícilmente se encuadra en el concepto "resolución administrativa". Al frente de Presidencia, que es la que deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente de Fundescam.

Como desveló este diario, la sociedad Special Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a Fundescam facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe de la red corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y ese estadillo, esgrimido ante el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se gastó de verdad el dinero.

Cómo justificó en 2003 y 2004 el gasto de los más de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus donantes constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha repetido hasta la saciedad que sus cuentas estaban en orden y depositadas en el Registro.

Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente del PP madrileño y de Fundescam.

Aunque Aguirre no llegó a la cúpula regional del partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había ganado las elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del tamayazo, las fuentes consultadas por este diario subrayan que los hilos de Fundescam estuvieron en manos de su equipo desde comienzos de año.

(www.publico.es, 27/07/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS

El día después de la dimisión del tesorero del PP, mientras Francisco Granados, número tres de Esperanza Aguirre, lucha por esquivar las responsabilidades por la trama de los espías, un anodino comunicado de prensa enviado cuando el país entero piensa en las vacaciones añadía este miércoles marejada al temporal que vive el Partido Popular: Ildefonso de Miguel deja la gerencia del Canal Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid.

Parece un relevo técnico, pero es un nuevo bombazo político en Madrid, el gran feudo del PP: De Miguel era desde 2004 uno de los principales colaboradores de Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, y por sus manos pasaban algunas de las más cuantiosas y polémicas adjudicaciones de la Comunidad.

El ya ex gerente contó en el consejo que ha aceptado la oferta de una "empresa del mundo de las comunicaciones y la televisión", que no especificó. Pero deja el puesto asediado por varios escándalos que lo colocaban desde hace meses en el ojo del huracán.

En De Miguel confluyen varios asuntos que sacuden al PP madrileño desde principio de año: los espías se redactó un dossier de 32 páginas sobre sus actividades, las contrataciones polémicas a familiares de Ignacio González o suyos propios, a través de la Comunidad o del mismo Canal, los viajes sospechosos él mismo aparece en el vídeo de las bolsas blancas con González en Colombia, las polémicas adjudicaciones de TDT, los contratos multimillonarios en publicidad y en seguridad...

La lista es inacabable y ha tenido un epílogo a la altura: el Consejo de Administración de este miércoles anuló el contrato propuesto por De Miguel y avalado ya por la Comunidad 24 millones en cuatro años; con la opción de otros 12 millones en dos años más, para el servicio de atención al cliente.

La adjudicación fue paralizada tras la intervención del concejal de Economía del Ayuntamiento, Juan Bravo, el pasado mayo, y este miércoles el consejo acordó volver iniciar la convocatoria ante la polémica desatada, según informaron fuentes del Consejo de Administración.

La semana pasada, tanto el PSOE como IU exigieron la comparecencia urgente en la Asamblea de Ignacio González, presidente del Canal, para que diera cuenta de la millonaria adjudicación y de la polémica que le rodeaba, una iniciativa que el PP vetó.

"La marcha de De Miguel nos reafirma en las dudas que teníamos; es demasiada casualidad que se vaya justo ahora", explica Adolfo Navarro, portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista.Navarro subraya que "la mano de De Miguel está siempre detrás de muchos de los incidentes" que afectan al Canal y la Comunidad. A su juicio, su marcha supone "un traspié" para Ignacio González.

Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, recalca que los distintos escándalos que asedian al PP de Madrid "están todos relacionados" y a ellos atribuye la marcha de De Miguel. "Da la impresión de que estamos a las puertas de una remodelación de Gobierno", asegura.

El Canal nombró como sustituto en funciones de De Miguel a Adrián Martín (Cuenca, 1959), hasta ahora responsable de Innovación e Ingeniería del Canal.

(www.publico.es, 30/07/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. 41.000 MADRILEÑOS, SIN LEY DE DEPENDENCIA

Concepción Dancausa, titular municipal del Área de Familia y Asuntos Sociales, presentó , con el soporte de unos elaborados gráficos en color, un estudio del que extrae que más de la mitad de los madrileños que podrían ser beneficiarios de la Ley de Dependencia estatal (41.000) no perciben ninguna ayuda.

Una observación que señala de manera indirecta a la Comunidad de Madrid, encargada de centralizar la tarea de valorar a los posibles beneficiarios de la norma. Actualmente, según las cifras de Dancausa, hay 30.000 residentes en la capital que sí perciben las ayudas estatales.

Los números que manejó Dancausa indican que en Madrid hay 260.000 personas que necesitan algún tipo de auxilio municipal. De ellas, 71.000 se encuentran dentro del marco que describe y cumplen los requisitos que exige la Ley de Dependencia. De las 189.000 personas restantes, 90.000 necesitan algún tipo de ayuda, "pero no con la gravedad que exige la ley", según precisión de la titular de Asuntos Sociales. Otras 25.000 tienen dificultades físicas o mentales en su vida cotidiana, pero no dependen de terceros. Finalmente, 74.000 padecen deficiencias auditivas o visuales.

La exposición de la delegada municipal también hizo un repaso a la situación por distritos, resultando los de Salamanca y Chamberí aquellos en los que más personas dependientes residen. Una circunstancia ligada al hecho de que son los dos en los que la población está más envejecida.

Por otra parte, el estudio realiza una proyección de los datos para 2017, profetizando que en ese año las personas que presenten algún tipo de deficiencia que no genera discapacidad serán 76.513; las que presenten algún tipo de discapacidad sin dependencia serán 25.770, y las que presenten dependencia "no protegible" ascenderán a 96.932.

También desgranó los servicios que presta el Consistorio, asegurando que dispone de 89.500 dispositivos de teleasistencia, concede más de 50.000 ayudas a domicilio, 4.508 plazas en centros de día y 84 centros municipales de mayores.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales socialista, Pedro Zerolo, consideró que "el problema es que la Comunidad de Madrid no aplica la Ley de Dependencia a quienes tienen derecho a ello".

(www.elpais.com, 25/07/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL PP NO ACTÚA CONTRA CAMPS Y COSTA PORQUE DICE QUE NO ESTÁN IMPUTADOS

"Póngase inmediatamente la presente resolución en conocimiento de los imputados". Así concluía el magistrado José Flors su auto del pasado 6 de julio en el que se ratificaba en su decisión de continuar el proceso contra Francisco Camps, Ricardo Costa y otros dos cargos del PP valenciano por un delito de cohecho. Sin embargo, el PP considera que Camps y Costa "no están imputados". Esta sorprendente interpretación fue lanzada por Federico Trillo, ex presidente del Congreso y responsable de Justicia del PP, para justificar que su partido no actúe disciplinariamente contra el presidente valenciano y su múmero dos.

El PP "suspenderá de militancia a todo aquel sobre el que pese una imputación formal", dijo Trillo en la sede del PP, confirmando el criterio disciplinario de ese partido. Cuando se le hizo notar que eso no se ha producido en el caso de tres miembros del PP valenciano -Camps, Costa y Rafael Betoret- dijo que no están imputados porque "no hay un auto de imputación formal". En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, explicó Trillo, dentro del mismo caso Gürtel ha habido un auto de imputación para cada uno de los implicados, que ha tenido como consecuencia su inmediata suspensión de militancia del PP.

En el caso de Valencia, al no haber autos de imputación "no hay imputación formal", opina Trillo. Por eso, el Partido Popular no les ha suspendido de militancia. Curiosamente, sí ha sido suspendido Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell valenciano, imputado por los mismos hechos y con la misma fórmula. Campos se ha desmarcado de la estrategia de defensa de Camps y de Costa.

Cuando los informadores objetaron a Trillo lo sorprendente de su argumento y las contradicciones que encierra, este contestó: "Bueno, éste es el tipo de dificultades y confusiones con las que nos encontramos en este caso".

(www.elpais.com, 25/07/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA FISCALÍA DICE QUE CAMPS RECIBIÓ HASTA 2008 TRAJES QUE PAGÓ LA ´TRAMA GÜRTEL´

También cuentan los trajes de Milano, los que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró ante el que juez que devolvió porque no le sentaban bien. La Fiscalía afirma que también esos trajes se los llevó sin pagar. "En el momento presente y mientras no se acredite la devolución del importe de los trajes, el fiscal considera que deben estimarse adquiridos". Y no sólo eso, sino que, hasta octubre de 2008 estuvo recibiendo trajes de la trama del caso Gürtel como regalo. Al menos, es lo que se desprende del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que impugna el recurso donde Camps pide el sobreseimiento de las diligencias que le imputan un delito de cohecho, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Para ello, la Fiscalía aporta como pruebas el documento número 71 y un fax de octubre de 2008. "Porque el pago de los trajes -de Milano- consta hecho mediante cheque", añade. Y explica que, "de haberse producido la devolución del importe por causa de la devolución de los trajes, se habría anotado en la tesorería de las empresas". Se refiere a Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, las empresas que lideraban Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, imputados en la trama de Madrid.

También hace alusión a la documentación hallada en Serrano 40 de Madrid, sede de Correa, donde, "en una lista relativa a las compras en Milano, menciona a ýFrancisco Cansý con las referencias cuantitativa de 5.400 y 7.650 euros en 2006". Y añade que "la primera de estas cifras coincide con las anotadas en el ordenador intervenido en la embarcación ýParapipiý perteneciente a Pablo Crespo". Se trata del famoso documento número 71.

En relación con los trajes de Forever Young, se trata de "encargos de cinco trajes a medida a nombre de Francisco Camps". De ellos, "cuatro serían los incluidos en los tiques 308 y 266", cuyo pago se incluye en el "documento de pago número 288". Según la fiscal, "este documento refleja el abono de los tiques" incluidos en él. Por tanto, este documento recoge "los cuatro trajes a medida y se emite el 4 de julio de 2007, para saldar su importe (2.880 euros)". Además, "en este documento de pago figuran las anotaciones ýCampsý y ýpago cheque bancarioý".

Entre la documentación enviada por Forever, se remitió este documento de pago relacionándolo con unas facturas emitidas en 2007 a Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. El abono de las facturas se efectuó "desde una cuenta de Diseño Asimétrico", empresa de Crespo.

Pero, además, "existen otros pagos pendientes relativos a trajes de Francisco Camps adquiridos en Forever Young en 2008 por valor de 2.840 euros", y que "se habrían facturado a Orange Market por indicación de Pablo Crespo", según declaró el sastre José Tomás a la policía.

Tomás aportó un fax "en el que figuran anotadas diversas prendas bajo el nombre de Francisco Camps por 2.680 euros". El "report" del fax es del 8 de octubre de 2008. La factura la abonó Orange Market.
Para el fiscal, "las entregas reflejadas en el documento 71 y en el fax de 8 de octubre de 2008" parecen confirmadas. (...) Se trataría de prendas de vestir recibidas por Francisco Camps y pagadas por terceros".

(www.levante-emv.com, 30/07/09)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL TSJ DE MADRID INSTA AL DE VALENCIA A JUZGAR A CORREA

Los presuntos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada en el caso Gürtel deben ser también investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), ya que regalaron, supuestamente, trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres dirigentes del PP de dicha comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira considera que "resulta ineludible" juzgar al que recibe una dádiva junto al que la entrega.

Por eso ha hecho suyas las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido inhibirse a favor del TSJCV en toda la documentación de la que dispone y vincula a los presuntos cabecillas de la trama corrupta con el pago de trajes a Camps; al secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La decisión no supone que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya no estén imputados en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel, sino que también pueden serlo en Valencia por el delito de cohecho que presuntamente cometieron al pagar trajes a los dirigentes del PP valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción intentó que el instructor del caso en Valencia incluyera en las diligencias a Correa, Crespo y El Bigotes, pero el magistrado José Flors se negó. En su resolución explicaba que la investigación se limitaba al delito de cohecho imputado a Camps, Costa, Campos y Betoret. Los cuatro están acusados de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de entre tres y seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función".

El resto de delitos que se investigan en la causa, así como todo lo relativo a los demás imputados (salvo los que por aforamiento corresponden al Tribunal Supremo) se investigan en el TSJM. El juez Flors añadía que sin que este se inhibiera no le era posible hacer "actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos forman parte, en principio y en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso en curso que se tramita" en Madrid.

La Fiscalía procedió a seguir la recomendación del juez Flors y el lunes pasado presentó un escrito en el tribunal madrileño solicitando la inhibición que se hizo pública ayer. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal valenciano, pues, una vez recibida la inhibición, debe decidir si acepta la competencia e imputa a los cabecillas de la Gürtel por un delito del artículo 423.

A diferencia de Camps y los dirigentes valencianos, a Correa, Crespo y El Bigotes se les acusaría en Valencia de un cohecho del artículo 423, que castiga a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos". Su pena sería la misma que la que se imponga a los que intentaban corromper. Es decir, si el TSJCV decide seguir adelante con el caso y acepta la inhibición de Madrid, Correa, su presunto lugarteniente en el grupo de empresas y el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, estarán imputados en los tres tribunales que llevan el caso.

El Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los aforados nacionales del PP implicados –el senador por Cantabria Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino–, así como a las personas relacionadas con los supuestos pagos que recibieron. Todo apunta a que entre los que pagaron estarán Francisco Correa y Pablo Crespo.

Al inhibirse a favor de Valencia, el juez Pedreira "hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Los argumentos de Anticorrupción consistían en que el cohecho imputado a Camps y el que habría cometido Correa "son conexos". En su opinión, el cohecho que se imputaría a los pagadores "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia". Los delitos conexos deben investigarse "en un solo proceso" para evitar "resoluciones contradictorias", que conculcarían el principio de seguridad jurídica y merma las posibilidades de defensa de los imputados.

"Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible", dice el auto para justificar el envío de la documentación a Valencia. El juez Pedreira precisa que todavía no ha terminado de revisar toda la documentación intervenida en el caso, pero que su "volcado" avanza.

(www.publico.es, 31/07/09)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP INICIA UNA OPERACIÓN PARA COLOCAR LETRADOS AFINES EN LAS CORTS

La negativa del letrado mayor de las Corts, Javier Guillem, a avalar la legalidad del pago de los finiquitos a una veintena de ex parlamentarios por importe de unos 700.000 euros ha sido la puntilla. Los responsables del PP en la Mesa de la Cámara han puesto en marcha -con el voto en contra de los integrantes del PSPV- el procedimiento para colocar a tres nuevos letrados en la institución, previa modificación de las normas internas de la casa para asegurarse un tribunal de oposición "a medida". Los populares, que desconfían de los seis letrados que actualmente ejercen sus funciones en el Parlamento, buscan una plantilla de letrados afines que den cobertura legal a sus decisiones. Una operación cuya finalidad última podría ser el relevo del actual letrado mayor -nombrado por la Mesa, a propuesta del presidente-, tras la polémica por el dictamen negativo a las indemnizaciones para ex diputados.

Los responsables del PP han trasladado ya incluso la propuesta al Consell de Personal de la Cámara. Junto a la convocatoria de tres plazas, se plantea la modificación de los Estatutos de Gobierno y Régimen Interior de las Corts. La reforma plantea la eliminación, sólo para las oposiciones a letrados, de la reserva de plazas del 50% para la promoción interna (la mitad de los puestos convocados deben destinarse a que los empleados de las Corts opten a los mismos), así como la modificación de la composición del tribunal evaluador. Ahora mismo, los tribunales los integran el presidente o vicepresidente en quien delegue; dos o cuatros miembros de la Mesa de diferente grupo político; el letrado mayor y un funcionario de igual o superior nivel al exigible en las pruebas designado por la Mesa (que solía ser un letrado); y un profesor propuesto por las universidades. De este modo, los populares sólo tienen asegurado dos o tres plazas de las 6 del tribunal.

La reforma de la norma propone la siguiente composición en las oposiciones para letrados: El presidente o vicepresidente en quien delegue; dos miembros de la Mesa de diferente grupo; el letrado mayor; un abogado del cuerpo de letrados de la Generalitat nombrado por la Mesa a propuesta del Abogado General; un letrado del Consell Jurídic nombrado por la Mesa a propuesta del presidente del CJC; y un profesor de la universidad nombrado por la Mesa. De este modo, el PP controlará 5 de los 7 examinadores.

Los problemas del PP para controlar a los letrados son históricos. Ya Julio de España intentó cambiar el reglamento de las Corts para poder elegir al letrado mayor entre juristas de otros parlamentos. De los seis que actualmente ejercen en la casa, los populares consideran a tres cercanos al PSPV, pero los otros tres tampoco se han plegado a sus presiones. Uno de ellos, Catalina Escuín, ex alto cargo del Consell, fue letrada mayor pero renunció a los dos años tras rechazar las presiones para expedientar a una compañera (Julia Sevilla) a la que los populares acusaron de bloquear el intento de reprobar a Andrés Perelló en 2001. Precisamente, para cubrir el hueco de Escuín se nombró a Guillem a los seis meses de obtener la plaza. La negativa del letrado mayor a firmar los finiquitos ha abierto un abismo con los responsables del PP y la presidente, Milagrosa Martínez.

La plantilla actual de letrados está compuesta por siete miembros (los seis que figuran arriba, más el letrado mayor), aunque uno de ellos, Luis Aguiló, no está en el Parlamento, ya que fue cedido a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Esto es, seis en ejercicio. Uno de estos, Julia Sevilla, se jubilará próximamente, con lo que se generará una vacante. Las tres plazas que se piensan sacar a concurso oposición incrementarían la nómina de letrados hasta los 9 funcionarios, aunque uno de ellos seguiría cedido a la AVL. Y ello para 99 parlamentarios, una cifra importante que no parece encajar con el mensaje de apretarse el cinturón. Los populares están decididos a acometer cuanto antes la reforma de la normativa y la convocatoria.

(www.levante-emv.com, 29/07/09)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ ANULA EL INGLÉS EN CIUDADANÍA

La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunitat Valenciana no se podrá dar, definitivamente, en inglés, ni los alumnos de segundo de la secundaria obligatoria, donde es materia curricular, podrán aprobar sin asistir a clase ni por medio de un trabajo a elegir el tema. Así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) en sendas sentencias, acordadas por unanimidad de los miembros de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo, que conocieron los recurrentes a la orden de la Conselleria de Educación sobre su impartición: el Ministerio de Educación y el sindicato CC OO.

La orden, motivo de uno de los mayores conflictos en la enseñanza valenciana, que ha provocado la rebelión de los directores de institutos, una huelga general en el sector -de padres, profesores y alumnos y dos de las manifestaciones más masivas de los últimos años- ha quedado prácticamente sin efecto en sus apartados mas conflictivos.

El TSJ-CV anula, por ser contrarios a derechos: la objeción de conciencia, la posibilidad de elegir la denominada opción B (elaboración de un trabajo) y la impartición de la materia en inglés que contemplaban varios artículos de la orden de la Conselleria de Educación por la que establece las formas de organización pedagógica para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC). La sala estima estos dos recursos -aunque en el caso del del ministerio no se cuestionaba el inglés- y aún quedan otros tres de distintos sindicatos por resolver.

Los jueces consideran que "no cabe duda" de que se debe rechazar la obligación de impartir EpC en inglés porque la orden de conselleria desarrolla "una motivación confusa, contradictoria e incongruente" al asegurar que se ampara en la disposición adicional del decreto 112/07 del Consell y luego la misma conselleria lo niega.

"Se pone de manifiesto una evidente contradicción con el texto de la propia orden y creando una confusión de tal índole que llevara a la sala a la misma conclusión." Según indican, la imposición de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera "no puede ampararse en la orden que se trata", entre otros motivos, porque la autorización de la implantación de un programa de educación plurilingüe debe ser solicitada a la conselleria por los centros y no establecer, con carácter obligatorio para todos los alumnos y centros, que se imparta en inglés, como es el caso que se trata. Además, para que los alumnos adquieran destrezas en idiomas extranjeros, debe ser "consignado en el marco curricular del sistema educativo" por Educación.

En cuanto a la objeción a EpC, la sala recuerda que la asignatura tiene un contenido mínimo que está establecido en el Real Decreto 1631/2006 de enseñanzas mínimas y "se debe asegurar una formación común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español", pero el que accede a la opción B no accede a todos los contenidos de la materia.

Un año justo ha durado este litigio. La conselleria emitió la orden el 10 de junio de 2008 y, en julio de ese mismo año, el TSJ-CV ya se pronunció con una auto suspendiendo cautelarmente la opción B. Esto dio lugar a una posterior resolución de Educación, en la que se contemplaba la presencia de dos profesores en el aula: el de inglés y el titular de la materia (licenciado en Geografía e Historia o en Filosofía), medida que también está recurrida.

No obstante, la polémica se iba arrastrando. A comienzos del curso 2007-08 -a un curso de que se implantara la nueva materia obligatoria- el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció que EpC se impartiría en inglés. Pero, los alumnos no estaban preparados -en las pruebas diagnósticas, los de segundo de la ESO acababan de suspender este idioma- ni había profesorado para ello. La idea se enmarcaba en un contexto de conficto porque el PP no estaba de acuerdo con los contenidos de esta materia.

(www.levante-emv.com, 25/07/09)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECURRIÓ POR ANTICONSTITUCIONAL LA CLÁUSULA QUE EL CONSELL QUIERE COPIAR A CATALUÑA

En julio de 2006 el diputado por Alicante Federico Trillo ultimaba el recurso que el PP iba a presentar por inconstitucional contra más de la mitad del articulado y disposiciones del Estatuto catalán, incluida la parte que blinda las inversiones del Estado en Cataluña. Tres años después, el Consell de Francisco Camps está dispuesto a copiar del denostado Estatuto catalán precisamente la parte que "obliga" a invertir en Cataluña una parte de los presupuestos del Estado.

El portavoz del Consell, Vicente Rambla, defendió la reforma del Estatuto valenciano, aprobada en abril de 2006, si el Tribunal Constitucional avala el Estatuto catalán para incluir el blindaje y negó que la propuesta del Ejecutivo de Camps entre en contradicción con las directrices del PP. "Nosotros creemos que se confirmara la inconstitucionalidad de esa parte del Estatuto, pero en el caso de que se confirmara la constitucionalidad habría que replantearse muchas cosas porque esto distorsiona la financiación de todos. No puede una comunidad de manera unilateral fijarse su financiación para inversión e infraestructuras porque lógicamente el resto de autonomías darán una respuesta", defendió.

Sobre este punto añadió que el Consell va a utilizar "todos los medios a su alcance" para evitar que la Comunitat Valenciana quede en una peor posición que otras autonomías en materia de financiación. Por ello, si una comunidad por su Estatuto "gozara de un plus de financiación" el Consell propondría la reforma, remarcó.

El vicepresidente recordó que el Estatuto recoge la denominada cláusula Camps que permite a la Comunitat Valenciana asumir nuevas competencias si lo hace alguna otra autonomía. "Por el mismo argumento se tomarían las medidas para evitar una infrafinanciación", añadió.

Mientras, el Consell aprobó en su penúltima reunión semanal antes de agosto dos anteproyectos y una proposición legislativa tras meses sin poner sobre la mesa temas de calado.

El pleno del Consell aprobó el anteproyecto de la ley de sucesiones tras superar el trámite del Consell Jurídic Consultiu (CJC). La ley es la segunda que recupera el derecho foral valenciano al amparo del nuevo Estatuto de Autonomía tras la de régimen económico matrimonial. La norma incluye figuras del derecho foral valenciano como el "testament de paraula", que permite que el testador pueda expresar su última voluntad de viva voz siempre que lo haga ante tres testigos. También se recupera el "any de plor", que habilita al cónyuge a ocupar la vivienda en la que residía junto al fallecido durante un año.

Además, se amplían las causas de desheredación, como por ejemplo por abandono o maltrato de los progenitores, y se crea la reserva de bienes para los hijos del primer matrimonio con el objetivo de protegerlos en previsión de un segundo enlace con hijos. También se reducen las legítimas y se incrementa el patrimonio de libre disposición a favor de los hijos de un matrimonio anterior. También se permite que si el testador es un empresario pueda dejar la empresa en manos exclusivamente de uno de sus herederos. Con ello, el Consell pretende defender a las pequeñas empresas.

El Consell autorizó la concesión de avales a las empresas públicas Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) por valor de 300 millones de euros. El dinero se destina a garantizar operaciones de crédito y a cubrir necesidades de financiación. El Consell inyecta en Ciegsa 120 millones, 90 en FGV y otros 90 en GTP, lo que aumenta la deuda de estas empresas públicas. El Consell aprobó autorizar contratos de más de 400 millones para la compra centralizada de medicamentos y la toma en consideración de la Ley de Caza.

(www.levante-emv.com, 25/07/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. BENIDORM: UNA VENGANZA SERVIDA 18 AÑOS DESPUÉS

"Lo que no puede ser es que haya tres partidos de la oposición y ninguno de gobierno". Así resume Antoni Mayor, presidente de la patronal hotelera más potente de Benidorm, la situación política que vive la ciudad. El empresario tiene motivos para la perplejidad: desde hace un mes y dos días, el Ayuntamiento vive una situación inédita. El PP sigue en el poder, pero ha perdido la mayoría absoluta en el pleno y ha quedado empatado con el PSOE, con 12 escaños cada uno.

¿La culpa? De un concejal del PP, José Bañuls, que el 24 de junio decidió marcharse de las filas conservadoras y constituir, él solo, el grupo mixto. ¿El resultado? Que el equipo de Gobierno conserva el poder sólo formalmente. En la práctica, la oposición puede gobernar haciendo uso de su mayoría en el pleno. El alcalde, Manuel Pérez Fenoll, conserva la vara de mando, pero sólo le sirve para señalar a sus rivales políticos y pedirles que le dejen gobernar. De seguir así, "inventaríamos una categoría nueva en política: no manda nadie y todo funciona", se lamenta Mayor.

La situación es de todo menos estable y no afecta a un municipio cualquiera. Benidorm es una ciudad con gran peso económico: es el destino de España con mayor ocupación turística. Acapara un tercio de las plazas de hotel del País Valenciano y, con 72.000 habitantes censados, registra prácticamente las mismas pernoctaciones que una gran ciudad como Barcelona.

La última batalla de esta contienda tuvo como protagonista al alcalde de Benidorm, Pérez Fenoll. Él fue el candidato apadrinado por Camps para enfrentarse al principal heredero del poder zaplanista, José Joaquín Ripoll,en el congreso provincial del partido de diciembre. Fenoll se estrelló por cinco votos. Los zaplanistas celebraron la victoria como una venganza.

A nadie en la esfera política valenciana le resulta indiferente el desbarajuste que se vive en Benidorm. La inestabilidad del gobierno municipal se evidenció en el pleno del 10 de julio, el primero desde que José Bañuls abandonó la disciplina del PP. El concejal díscolo se alió con los socialistas para aprobar la dotación de cuatro asesores y de un sueldo de 2.600 euros para el propio Bañuls, así como el despido de cinco asesores del alcalde. Entre ellos, Maruja Sánchez, la tránsfuga que en 1991 arrebató la Alcaldía al PSOE y la sirvió en bandeja a Eduardo Zaplana.

El gesto hace pensar que para los socialistas benidormíes ha llegado la hora de la venganza. No obstante, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Agustín Navarro, niega que esa sea su motivación: "La plaza de Maruja Sánchez se creó para pagar un favor político, pero además esta señora no acude al trabajo desde hace años. El Ayuntamiento no puede estar pagando casi 2.000 euros netos al mes a una mujer que no trabaja". La legalidad de los acuerdos está siendo estudiada por los servicios jurídicos municipales a petición del PP. Mientras, José Bañuls, que recaló en las filas del PP tras ocho años en un partido independiente, explica su paso al grupo mixto por el "menosprecio y las injerencias" que ha sufrido por parte de sus compañeros del PP.

El concejal asegura que el alcalde conocía su malestar, pero no hizo nada por evitar la ruptura. Fuentes socialistas y algunos miembros del PP culpan de la situación al alcalde por haberse instalado en la soberbia y estar más ocupado en sus quehaceres profesionales, que nunca ha abandonado, que en la política: "El alcalde no ejerce de alcalde porque está más ocupado como dentista", dice un militante del PSOE.

(www.publico.es, 26/07/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA CRISIS DEL GRUPO EN ELX FRACTURA DE NUEVO EL PP EN ALICANTE

La crisis abierta en el grupo popular en Elx ha vuelto a fractura el Partido Popular de la provincia de Alicante tras la estampida del tránsfuga de Benidorm, José Bañuls. La dirección regional del PPCV hizo público un comunicado en el que dio por buena la invitación al concejal ripollista del ayuntamiento ilicitano, Emigdio Tormo, a abandonar el partido. La decisión se produce después de que Tormo escenificase su sintonía con el portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, también edil de Elx, acordando una subvención para la Casa de Andalucía.

La portavoz del PP en Elx, Mercedes Alonso, ha optado por apartarle. El PP cree que Tormo se ha alineado con los intereses del PSOE. "Está en total connivencia con el equipo municipal de gobierno", dijo el portavoz adjunto del PP, Vicente Granero. Tormo ha replicado que piensa seguir en el grupo popular y no romper la disciplina de voto, aunque criticó el "escaso perfil democrático" de Mercedes Alonso por cuestionar la ayuda a la Casa de Andalucía.

Sin embargo, la dirección regional del PP comunicó que tiene previsto estudiar el caso del concejal "al que la gestora local ha invitado a abandonar el partido", dijo el vicesecretario David Serra dando por buena la invitación. "Vamos a estudiar la declaraciones y las acciones del concejal popular y a escuchar a la gestora local, que cuenta con todo nuestro respaldo para mantener la estabilidad del grupo municipal popular de Elche".

La ejecutiva provincial que dirige José Joaquín Ripoll todavía no se ha pronunciado, pero en principio Tormo cuenta con su respaldo. La sintonía de Mercedes Alonso y Ripoll no es buena. Ambos están enfrentados por el control del partido en la población ilicitana, la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana en población y en la que gobierna el socialista Alejandro Soler en minoría con apoyo de una concejal de Compromís.

(www.levante-emv.com, 25/07/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. CISMA EN EL PP DE VILLENA POR LA FUGA DE CINCO CONCEJALES

El gobierno municipal de Villena, del PP, saltó por los aires. Cinco concejales, afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentaron en registro a primera hora de la mañana su solicitud de pasar al grupo de los no adscritos. Esta decisión es el resultado de varios meses de enfrentamientos públicos con la alcaldesa del PP, Celia Lledó, afín al presidente provincial, José Joaquín Ripoll. De confirmarse definitivamente el cisma, la alcaldesa perdería la mayoría absoluta y el Ayuntamiento quedaría a expensas de futuros acuerdos entre los cinco díscolos del PP, los siete ediles socialistas y los dos de Los Verdes. De momento, ni hablar de moción de censura.

Fuentes de la dirección regional del PP y de la propia alcaldía confirmaron que "se intenta buscar a toda costa un acuerdo para no llegar a esta situación traumática". El objetivo es que los concejales que se van (Juan Carlos Pedrosa, Juan Richart, María Paz Poveda, Adela Serra y Virtudes Amorós) se retracten y anulen el escrito de solicitud registrado . Al cierre de esta edición no había acuerdo. El edil José Joaquín Oliva, de baja médica, también estaría dentro del grupo de díscolos, próximos al secretario regional, Ricardo Costa, y a Camps. Pero fuentes de alcaldía aseguraron no tener "constancia del escrito" y añadieron que son "simples rumores". Hoy se confirmarán todos los extremos, ya que los cinco concejales pretenden convocar una rueda de prensa, que aplazaron varias veces, para explicarse.

La crisis arrancó cuando la alcaldesa Lledó retiró competencias y delegaciones a estos concejales campistas. La victoria aplastante de Lledó (233 votos a favor y 99 en contra) el pasado 9 de julio en la asamblea local del PP no zanjó la división.

La escenificación del cisma en el PP de Villena coincidió con la visita del secretario regional, Ricardo Costa, y el vicesecretario, David Serra, que se reunieron con la alcaldesa para darle su "máximo apoyo" y confianza. Costa abogó por que "todo se tranquilice". El portavoz del PSPV, Carlos Beltrán, confirmó que el episodio es "la culminación de un proceso de desencuentros personales y políticos en el PP".

(www.elpais.com, 30/07/09)

39. CASTILLA Y LEÓN. CASO GÜRTEL. UNA CONSTRUCTORA QUE PAGÓ COMISIONES A CORREA SACÓ SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas. En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.

La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.

Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.

Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".

En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.

Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.

La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.

A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.

De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".

El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó a algunas preguntas. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste. Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.

(www.elpais.com, 27/07/09)

40. CASTILLA Y LEÓN SANCIONA A UN EX CARGO POR LA TRAMA SOLAR

La Junta de Castilla y León ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de Zamora Manuel Méndez, participó en la concesión irregular de licencias para la instalación de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se trata de un nuevo capítulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta.

Méndez fue uno de ellos, ya que, nada más estallar la polémica, en agosto de 2008, tuvo que dimitir de su puesto como representante en Zamora del Gobierno de Juan Vicente Herrera. Ahora, la Junta propone una sanción de dos años y medio de suspensión laboral para él, que, según fuentes del Ejecutivo regional, ocupa un nuevo puesto en la consejería de Familia.

En rueda de prensa el pasado martes, la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, explicó que la Junta "resolverá de forma inmediata los recursos planteados por seis de los funcionarios" que fueron apartados de sus cargos, entre ellos el del propio Méndez. También recurrió el ex secretario general del Gobierno regional en León, Javier Lasarte, que fue el primero que fue cesado de su puesto por el caso de los parques solares.

El pasado mes de abril, el portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó lo que se confirmó en el caso de Manuel Méndez. Al parecer, la Junta ya sopesaba sancionar a los expedientados con entre uno y tres años de suspensión laboral por una falta de compatibilidad de sus puestos en el Ejecutivo regional con el negocio de los huertos solares.

Desde el primer momento, la Junta defendió que el Gobierno regional reaccionó con "rigor y transparencia" sobre la presunta trama. Y en estos mismos términos se expresó la consejera Alonso. Pero no opinan lo mismo los socialistas castellano leoneses.

El procurador del PSOE, Manuel Fuentes, lamentó este miércoles que, por el momento, no se hayan atribuido responsabilidades políticas. Asimismo, recordó que el PP rechazó, en septiembre del año pasado, la apertura de una investigación en las Cortes regionales al respecto. Y es que, en su opinión, "todavía hay mucho que investigar".

En concreto, Fuentes justificó sus argumentos a través de una información publicada por este diario el pasado 15 de junio. Público desveló que la vicepresidenta de las Cortes castellano leonesas, Carmen Luis Heras, forma parte de una empresa con intereses en el sector fotovoltaico que, además ha gestionado la conexión a la red eléctrica de varias placas solares en Zamora.

(www.publico.es, 30/07/09)

41. REGIÓN DE MURCIA. UN EX SENADOR DEL PP PIDE LA BAJA DEL PP EL DÍA DESPUÉS DE QUE LE COMUNICARAN SU EXPEDIENTE

La dirección regional del PP aseguró que han seguido "todos los trámites oportunos" en la apertura del expediente disciplinario contra el ex senador Adolfo Fernández por defender el voto en blanco en las pasadas elecciones europeas en un artículo publicado en un diario de Murcia.

Fernández, que remitió una carta al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, con fecha de 15 de julio, solicitando su baja urgente, criticó que el partido no le hubiera comunicado la apertura del expediente, de cuya existencia se enteró a través de este diario.

Según explicó la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP murciano, María Dolores Alarcón, el PP envió un burofax a Adolfo Fernández el pasado 14 de julio, en el que se le informaba de que se le había incoado expediente, de la propuesta de sanción y pidiéndole que presentara alegaciones.

Correos dio aviso al destinatario de la existencia de dicho burofax del PP el mismo 14 de julio, según informó la compañía postal al partido. Al día siguiente, el veterano político escribió la carta a Rajoy en la que califica de "inmundicia" y "villanía" el proceder del partido hacia él y solicita "la baja urgente en el PP".

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías, responsable de la instrucción del expediente contra Fernández, aseguró que hasta el burofax seguía en las oficinas de Correos sin que su destinatario lo hubiera recogido.

María Dolores Alarcón precisó que en la sede regional del PP no se había recibido ningún aviso de la dirección nacional sobre la solicitud de baja de Adolfo Fernández, y que mientras eso no se produzca seguirá adelante la tramitación del expediente disciplinario.

El alejamiento del PP de Adolfo Fernández, que acumula casi veinte años de experiencia parlamentaria, se inició tras no ser incluido en la candidatura popular en las elecciones general de 2008.

Su activa participación en la plataforma de defensa del trasvase del Tajo, junto con veteranos ex dirigentes de la izquierda murciana, tampoco fue vista con agrado en la dirección popular. Sin embargo, han sido sus discrepancias públicas con la cúpula del partido, sobre todo en materia hídrica, las que desencadenaron su expediente de expulsión.

(www.laverdad.es, 30/07/09)

42. REGIÓN DE MURCIA. EL PP DE CÁMARA ACABARÁ DEFINITIVAMENTE CON LA HISTORIA Y LA CULTURA MILENARIA DE MURCIA

Con las obras que el Ayuntamiento de Murcia regentado por el Partido Popular de Miguel Ángel Cámara está realizando en el entorno de San Esteban para la construcción de un aparcamiento automovilístico de cinco plantas, se están descubriendo importantísimos restos arqueológicos de la época árabe, tan importantes como la propia Arrixaca y viviendas reales, es decir, la propia historia de Murcia.

Bajo un gran estrato de limos de inundación que preservaron las construcciones antiguas de hace ocho siglos, se están hallando una serie de estructuras árabes monumentales de casas, palacetes, algorfas y jardines del siglo XIII, de justo antes de la conquista del reino islámico de Murcia por las tropas castellanas del príncipe Alfonso X, según el profesor de la Universidad de Murcia, Javier García del Toro.

Estas construcciones de la época árabe murciana estarían a unos dos metros y medio de profundidad y son muchos los hallazgos que podrían encontrarse porque "es todo un barrio de la época lo que hay en este sector" de la ciudad, según Del Toro. El mayor temor del eminente arqueólogo murciano es que sólo "se cataloguen, los trasladen a otro lugar y se olviden de ellos". Por este motivo piensa que lo que se tendría que hacer es "conservarlos en el lugar en el que están".

Del Toro ha recordado las palabras de la concejala murciana del PP, Nuria Fuentes, en el sentido de que el aparcamiento para automóviles es prioritario a cualquier otra consideración, se descubra lo que se descubra, y lamenta la constatación de que desde los últimos años la recuperación del patrimonio histórico y cultural ha disminuido considerablemente en Murcia.

Los restos que están apareciendo en las excavaciones de San Esteban constatarían, según Javier García del Toro, las fuentes escritas por Hazim Al-Qartayanni en su obra Qasida Maqsura, y otros textos de la época de Alfonso X, en los que se dice que en esta zona de la mezquita de San Miguel y de Pasos de Santiago se hablaba de viviendas reales.

La Plataforma por la Movilidad y en contra de los Aparcamientos en Jardín de San Esteban y Libertad critica la decisión del Ayuntamiento de arrasar con el Mercadillo Tradicional del Jardín de San Esteban, en todos los sentidos. Desde que se iniciara el proyecto de construcción de dos aparcamientos en pleno centro de la ciudad, y afectando uno de ellos al entorno BIC del Palacio de San Esteban y el Jardín de San Esteban, los vendedores del Mercadillo Tradicional del Jardín de San Esteban se sumaron a la Plataforma por la Movilidad y en contra de estos dos aparcamientos.

Desde entonces, tanto la Plataforma como los vendedores han tratado sin éxito de reunirse con el Alcalde Miguel Ángel Cámara, quien por cierto en los años 90 estuvo en contra de un proyecto similar de aparcamiento en el Jardín de San Esteban promovido por el Partido Socialista que entonces gobernaba en el Ayuntamiento, y contra el cual se esgrimieron muchos de los argumentos que hoy plantea esta Plataforma.

(www.vegamediapress.com, 28/07/09)

43. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS ‘HINCHADAS’ EN EL PALMA ARENA POR VALOR DE 4 MILLONES DE EUROS

Cuatro millones de euros. Ese el importe del sobreprecio de las facturas en el complejo deportivo Palma Arena detectado por los peritos judiciales.

Los peritos han elaborado varios informes a instancias del juez que instruye la causa bajo secreto desde que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por una supuesta trama de corrupción en una de las principales obras impulsadas por el anterior Govern de Jaume Matas.

Las facturas ‘hinchadas’ en el polideportivo, inaugurado en 2007, corresponderían a una serie de trabajos complementarios a la obra principal, algunos de ellos no ejecutados, cuyo elevado importe no se corresponde con los precios del mercado, según han declarado los peritos ante el titulard el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro.

La causa inició su recorrido en los juzgados cuando el actual Govern presidido por Francesc Antich encargó una auditoría sobre el velódromo, que reveló un aumento sustancial del presupuesto inicial. El coste del Palma Arena ascendía, en principio, a un poco más de 48 millones de euros, pero esa cifra, prácticamente, se triplicó al final, hasta alcanzar los 110 millones, aproximadamente. La instalación está infrautilizada y presenta series deficiencias, tal y cómo pudo comprobar ‘in situ’ una comisión judicial en noviembre de 2008.

44. ISLAS BALEARES. EL CONSEJO FISCAL SE OPONE A QUE EL FISCAL JEFE ASUMA EL ‘CASO MATAS’

La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, órgano de apoyo al fiscal general del Estado cuyas decisiones no son vinculantes, se han mostrado contrarios a que el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, asuma la investigación del denominado ‘caso Matas. Esa causa, abierta desde principios de año, investiga el origen del patrimonio acumulado por el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern Jaume Matas.

El pleno del Consejo Fiscal, reunido , ha analizado las discrepancias de los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, intervinientes en el caso por el decreto de avocación (atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior) del fiscal superior de Balears, por el cual éste asumió el procedimiento.

Barceló adoptó esta decisión después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, denegase la prórroga para continuar la investigación que habían solicitado Carrau y Horrach, tras lo que -de acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal- él acordó la avocación de las diligencias y, en consecuencia, como fiscal superior de Balears asumió el procedimiento.

A la vista del resultado de las deliberaciones, según informa la Fiscalía General del Estado, Conde-Pumpido ha informado que estudiará las diferentes opiniones jurídicas expuestas y comunicará a los vocales del Consejo Fiscal su decisión al respecto en los próximos días.

Será por tanto Conde-Pumpido, una vez oído el Consejo Fiscal, quien acuerde si Barceló asume el caso. De ser así, el fiscal superior de Balears deberá decidir si archiva las diligencias abiertas a Matas por un presunto delito de cohecho o, por el contrario, remite los resultados de la investigación al juez para instruya una causa contra Matas.

Carrau y Horrach plantearon su rechazo a la avocación de Barceló para recuperar las competencias sobre la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente del Govern.

(www.ultimahora.es, 29/07/09)

45. ISLAS BALEARES. EL PSOE DENUNCIA QUE EN PLENA CRISIS EL ALCALDE COMPRE UN COCHE OFICIAL DE MÁS DE 31.000 EUROS

El PSOE de Calvià ha calificado de "broma de mal gusto" la última iniciativa del alcalde de Calvià, Carlos Delgado. Los socialistas denuncian que en plena crisis, el Ajuntament de Calvià gobernado por el PP ha adquirido un nuevo coche oficial al servicio de Delgado, por un valor de compra de 31.228'95 euros.

El secretario general el PSOE, Antoni Manchado, ha calificado de "despilfarro indecente" la compra del nuevo vehículo, "no solo porque tiene un elevado precio, sino porque lo han hecho en un momento muy inoportuno, cuando el sector turístico del municipio pasa una temporada muy complicada por la baja facturación y la ciudadanía se ve afectada por una dura crisis económica, y todo el mundo se ha de apretar el cinturón", recuerda.

Manchado califica de "broma de mal gusto" que el PP presente hoy en el pleno del Ajuntament "unas ridículas medidas de ajuste por la crisis", y seguidamente gaste el dinero de todos los ciudadanos al comprarse un "coche fantástico". "Si ya nos parecía un mal chiste que el alcalde anunciara a bombo y platillo que se baje su sueldo de 92 mil euros, un 2 por ciento, cuando hace año y medio se lo subió un 50 por ciento, encontrarnos ahora con la compra hace un par de meses de un nuevo vehículo oficial, cuando el Ajuntament ya disponía de dos, nos parece una decisión lamentable y un mal uso del dinero de todos, que no hace ninguna gracia".

(www.ultimahora.es, 30/07/09)

Ir a informes anteriores

© Copyright. 1998 - 2009. www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones ( Página diseñada para ver con Explorer 6 o superior  a 1024 x 768 píxeles )