ÍNDICE

1. RAJOY MINIMIZA LA CORRUPCIÓN Y DICE QUE NO HAY CONDENADOS EN EL PP

2. RAJOY SUFRE AMNESIA CON SUS MILITANTES CONDENADOS

3. RAJOY DICE AHORA QUE NO QUIERE CONVERTIR LAS FILTRACIONES EN EJE DE SU POLÍTICA

4. "SI HAY QUE DAR CON PELOS Y SEÑALES EL DATO CONCRETO DE LAS ESCUCHAS, ¿PARA QUÉ ESTÁN LA FISCALÍA Y LOS JUECES?"

5. EL PP INSISTE EN ACUSAR SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE ESCUCHAS ILEGALES

6. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ

7. DE COSPEDAL DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA... ¡SÓLO PARA EL PP!

8. EL PP HABLA "EN CLAVE" POR EL MÓVIL PORQUE "HAY UNA MANO NEGRA"

9. EL PP Y SU FASCINACIÓN POR EL ORO… OLÍMPICO

10. GALICIA. ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO

11. GALICIA. "NI DIMITÍ NI LA CONSELLEIRA ME HA PEDIDO QUE LO HAGA"

12. ANDALUCÍA. UNA EDIL DEL PP DE MÁLAGA DERROCA AL ALCALDE AL QUE DENUNCIÓ POR ACOSO

13. COMUNIDAD DE MADRID. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR PRINCIPAL DE FUNDESCAM

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE VUELVE A ESCURRIR EL BULTO EN EL 'CASO FUNDESCAM'

15. LOS INGRESOS DE FUNDESCAM, A RITMO ELECTORAL

16. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE AGUIRRE

17. COMUNIDAD DE MADRID. CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS "CONTINUADOS"

18. COMUNIDAD DE MADRID. UNA EMPRESA DE DETECTIVES ESPIÓ A IGNACIO GONZÁLEZ EN COLOMBIA

19. COMUNIDAD DE MADRID. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA" DEL ESPIONAJE

20. GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HURGA EN LA HERIDA DE GALLARDÓN

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL BUFETE DE MICHAVILA LOGRÓ UN CONTRATO CON EL VOTO DE SU HERMANA

24. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY ASEGURA QUE CAMPS NO ADELANTARÁ LAS ELECCIONES

25. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA DENUNCIA A LAS "MÁS ALTAS INSTANCIAS DEL ESTADO POR SU PERSECUCIÓN POLÍTICA"

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESEMBARCA EN ALICANTE Y RELEGA A RIPOLL A UN SEGUNDO PLANO

27. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RENUEVA SU ALIANZA CON FABRA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA RECOLOCA A OTRO DE SUS COLABORADORES

29. COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO ADMITE QUE SIGUE ATADA A ORANGE MARKET HASTA QUE NO RESUELVA SU CONTRATO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL GOBIERNO PARALIZA LA URBANIZACIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO VIRGEN DE LA COSTA EN CALP

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EX EDIL DE DEPORTES DE IBI DICE QUE SE FUE POR PRESIONES

32. CASTILLA-LA MANCHA. UN CARGO DE COSPEDAL ABANDONA UNA COOPERATIVA TRAS SER ACUSADO DE FAVORECER A SU EMPRESA

33. CASTILLA-LA MANCHA – REGIÓN DE MURCIA. LÓPEZ DEL HIERRO, PROMETIDO DE COSPEDAL, ES EL "INVENTOR" DE LA PROCLAMA MURCIANA "AGUA PARA TODOS"

34. ISLAS BALEARES. "LA CAMPAÑA DEL PP NO SE PODÍA FACTURAR PORQUE IRÍA POR 'B"

35. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS ADJUDICÓ CONTRATOS POR 1,2 MILLONES AL ESTRATEGA ELECTORAL DEL PP

36. ISLAS BALEARES. RAJOY ACUSA A LA FISCALÍA DE TRATO DESIGUAL

37. ISLAS BALEARES. LA CAMPAÑA DEL FARAÓN

38. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. UPN EXPULSA DE SU GRUPO A LA EDIL DEL PP DE PAMPLONA

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1. RAJOY MINIMIZA LA CORRUPCIÓN Y DICE QUE NO HAY CONDENADOS EN EL PP

Después de la única buena noticia del caso Gürtel para el PP, la absolución provisional -por dos votos a uno- del presidente valenciano, Francisco Camps, Mariano Rajoy ha vuelto del veraneo envalentonado y dispuesto a tratar los casos de corrupción en su partido como algo menor. , en la primera cita de su dirección ampliada, el Comité Ejecutivo, insistió en que el PP está siendo tratado peor que el PSOE y llegó a defender -en un discurso que fue retransmitido- que él cree en un país "de ciudadanos libres e iguales". Pero guardó para el final la noticia: "Que yo sepa, y se me puede escapar alguno, desde 2004 no hay ningún militante del PP condenado, y sí del PSOE, e indultados".

Lo cierto es que desde ese año ha habido al menos una decena de condenas, algunas de cárcel, otras de inhabilitación, a alcaldes y ediles del PP por corrupción. Fuentes de este partido señalaron después que el informe que prepara Soraya Sáenz de Santamaría, y del que Rajoy extrajo ese dato, se ha centrado en casos que estallaron después de 2004 porque trata de demostrar que el Gobierno del PSOE, y la fiscalía y la policía a sus órdenes, maltratan al PP.

La mayoría de esas condenas, explican, están recurridas, por tanto, no son firmes -Rajoy no aclaró que se refiriera a condenas firmes- y sobre todo tienen que ver con casos anteriores a 2004. Sin embargo, la lógica procesal y la lentitud de la justicia hace que la mayoría de las condenas producidas desde 2004 sean de casos anteriores a ese año, algo que Rajoy tampoco aclaró. Desde ese año, en el que el PSOE llegó al poder, el PP ha sufrido casos muy graves de los que buena parte siguen adelante con tanta consistencia que el partido ha expulsado a varios implicados, especialmente en Canarias y en Baleares. Ése es otro de los argumentos que, según el PP, explican la afirmación de Rajoy, que dijo "ningún militante del PP" y por tanto podía no incluir a los que fueron expulsados por el partido.

Existe, además, un caso muy sonado que explotó en 2006 y sí afectó de lleno al mandato de Rajoy. Se trata del caso Andratx: Eugenio Hidalgo, el alcalde de este municipio mallorquín, paradigma del urbanismo agresivo que protagonizó los años del Gobierno autonómico de Jaume Matas, fue detenido, expulsado del PP y después condenado a cuatro años de cárcel, en una sentencia que está recurrida.

Matas llegó a pedir perdón públicamente por haber confiado en Hidalgo, un hombre que gobernó con el PSOE antes de que el ex presidente balear lo fichara para el PP. Rajoy, sin embargo, obvió ese caso, que protagonizó un sonoro Comité Ejecutivo en 2006 en el que Matas ya lanzó la teoría de la persecución contra el PP por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Hidalgo ha sido condenado por diferentes sentencias a cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación, aunque ha recurrido ambas.

El caso Andratx, como otros en Baleares, dio más quebraderos de cabeza al PP desde 2004. En noviembre de 2008, Jaume Massot, el cerebro urbanístico de Matas, fue condenado a cinco años de cárcel por falsedad y prevaricación en cuestiones urbanísticas, sentencia también recurrida. El PP subraya que Massot fue condenado por hechos anteriores a 2004. Andratx tiene otras 67 causas en marcha.

Hay otros casos de condenas, como en Antigua (Fuerteventura), Llucmajor (Mallorca), Ceuta, Cómpeta (Málaga), Gondomar (Vigo) o un ex concejal de Madrid, pero el PP insiste en que o están recurridos o son casos anteriores a 2004.

El equipo de Sáenz de Santamaría, con José Luis Ayllón a la cabeza, está preparando un análisis de 150 casos para demostrar el trato diferente que, según el PP, sufren los acusados de este partido. Rajoy llegó a decir que las "detenciones televisadas" del caso Palma Arena en Baleares son "impropias de un régimen democrático", pero evitó entrar en el fondo de las graves acusaciones de corrupción.

(www.pais.com, 03/09/09)

LO QUE HAN DICHO LOS TRIBUNALES

- Jefe de Urbanismo de Matas: cinco años de cárcel. Jaume Massot, cerebro de Urbanismo del Gobierno de Jaume Matas en Baleares, fue condenado en noviembre de 2008 a cinco años de cárcel por falsedad y prevaricación.

- Ex alcalde de Andratx: cuatro años. Eugenio Hidalgo, condenado a cuatro años de cárcel en mayo de 2008 por construirse un chalé ilegal.

- Ex alcalde de Llucmajor: tres años. Lluc Tomàs Munar, condenado a tres años de prisión y ocho de inhabilitación en noviembre de 2008 por malversación.

- Ex alcalde de Gondomar: año y medio. Carlos Silva y cinco ediles, condenados a año y medio de prisión y ocho de inhabilitacion por prevaricacion en diciembre de 2008.

- Alcalde de Antigua: año y medio. Juan José Cazorla, condenado a año y medio de prisión por cohecho en noviembre de 2005.

(www.pais.com, 03/09/09)

2. RAJOY SUFRE AMNESIA CON SUS MILITANTES CONDENADOS

"Desde el 2004, no hay ningún militante del PP que haya sido condenado y hay varios, algunos luego indultados por el Gobierno de España, del PSOE que sí lo han sido", dijo Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para tratar de defenderse de las acusaciones de corrupción y seguir instalado en la teoría de la persecución .

El dirigente conservador reconoció que se le podía "escapar algún caso". Pero lo cierto es que se le han olvidado como mínimo 41 nombres. Entre ellos, algunos destacados. Sin ir más lejos, el del ex alcalde de Vila-real y ex presidente del PP en la localidad castellonense, Manuel Vilanova, que fue condenado por el Supremo en noviembre de 2006 por prevaricación medioambiental. O el de Lluc Tomàs, que abandonó el Ayuntamiento de Llucmajor al ser sentenciado por la Audiencia de Palma en noviembre de 2008 a tres años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.

Además, resulta llamativo que el líder de la oposición presuma de que no le viene a la cabeza ningún ejemplo desde 2004, fecha en la que él fue candidato a las elecciones generales y se hizo con las riendas del partido. Al poner el contador a cero desde ese momento, parece dispuesto a desprenderse de la responsabilidad de todo cuanto le precedió. No hay que olvidar que el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, llegó al PP con Aznar al frente.

Rajoy se erigió ante los suyos como la persona que está llamada a defender la presunción de inocencia. Por eso, aunque dijo que no tenía "ningún interés" en que este asunto se convirtiera en eje del debate político, se mostró dispuesto a "dar la batalla" para que España sea "una nación de ciudadanos libres e iguales en todo y, por supuesto, ante la ley".

"Desde luego, tengo interés, como español y político, en que no se condene a nadie, que luego ni siquiera su caso es juzgado porque los tribunales creen que no hay ninguna razón para hacerlo", dijo haciendo referencia a Francisco Camps. Por eso volvió a "celebrar" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de archivar la causa contra el presidente de la Generalitat. "Nunca tuve la más mínima duda de que esa era la decisión que se iba a adoptar", declaró, definiéndola al tiempo como "justa". Camps, que se encontraba presente en el encuentro, recibió la felicitación de varios de los presentes.

El jefe de la oposición recordó además que su formación presentará un documento "muy completo" sobre el trato diferente de la Fiscalía a PP y PSOE, y que irá al Congreso para pedir explicaciones a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que adelantó desde América que la Fiscalía recurriría el archivo de la causa contra Camps.

También reclamará que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclare qué ocurrió con las últimas detenciones de militantes del PP en Baleares y que comparezca el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, porque no lo hace "jamás". Rajoy habló de filtraciones de sumarios secretos y de detenciones televisadas "impropias de un régimen democrático". Pero ni una palabra de escuchas ilegales. "Muchas veces oímos hablar de regeneración democrática, lo más justo al hablar de ello es hablar de estas cosas de las que yo hablo ahora", comentó.

El PP piensa seguir apuntando contra el Gobierno. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó de estar convirtiéndose "en abogado de oficio" contra el PP. Y Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz en el Congreso, insistió en que se sienten "en el punto de mira" y "perseguidos" por el Ejecutivo socialista.

En vez de abordar los casos de corrupción que les salpican, los conservadores siguen empeñados en desviar el foco de atención hacia otro lado. , y después de que Esperanza Aguirre lo hiciera hace ya unos días, De Cospedal apuntaba de nuevo hacia el ministro Rubalcaba. La secretaria general del PP no le otorga ninguna credibilidad porque, entre otras cosas, fue "la misma persona que, mirando a la televisión y delante de toda España, dijo aquello de ‘el GAL no existe".

Durante una entrevista en Telecinco, la mano derecha de Rajoy insistió en que Rubalcaba se dedica a "contar medias verdades", y le conminó a "investigar" y dejarse de "insultar". Para Cospedal, está claro que "alguien ha ordenado políticamente" perseguir a su partido.

(www.publico.es, 03/09/09)

3. RAJOY DICE AHORA QUE NO QUIERE CONVERTIR LAS FILTRACIONES EN EJE DE SU POLÍTICA

El PP continúa con su utilización de las escuchas para evitar que se hable de otras cosas. Así, mientras la número dos, María Dolores de Cospedal,  afirmaba por la mañana que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tiene credibilidad cuando niega las "escuchas ilegales" porque es el mismo que negó el GAL,  y ha seguido alimentando sin pruebas "la existencia de indicios", horas después su jefe, Mariano Rajoy, ha afirmado que no quiere que este asunto se convierta en "eje del debate político". 

Rajoy, ha señalado que desde 2004 no hay ningún militante del PP que haya sido condenado y hay "varios" del PSOE, algunos -ha dicho- luego indultados por el Gobierno socialista, que sí lo han sido.

En su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder del PP ha avanzado que dentro de pocas fechas su partido presentará un documento "muy completo sobre el trato diferente de la Fiscalía sobre las detenciones que se han producido y sobre las filtraciones de los diferentes sumarios".

Para Rajoy, lo más justo al hablar de regeneración democrática es "hablar de estas cosas"; de que se garantice la igualdad de los españoles y la presunción de inocencia. "No tengo interés en que esto se convierta en un eje de debate político", ha asegurado el presidente del PP, quien sí ha reconocido su interés por que "España sea un país de ciudadanos libres e iguales en todo y por supuesto ante la ley".

"Tengo interés en ello", ha insistido, y "esa batalla la voy a dar, no como miembro de un partido, que también, sino sobre todo -ha agregado- como español".

Rajoy ha hecho una referencia expresa a la decisión de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre el presidente valenciano, Francisco Camps, y otros tres compañeros de partido. Una decisión que ha celebrado antes de asegurar que nunca tuvo "la más mínima duda" de que era la que iba a adoptar el tribunal valenciano.

"Afirmamos que creíamos en la justicia y la justicia tomó la decisión, en mi opinión justa, y todo lo demás es todo lo demás", ha señalado Rajoy ante los dirigentes de su partido.

Ha lamentado asimismo que en España "haya gente que quiera asumir funciones que no le corresponden" y ha querido dejar claro que la Fiscalía trata de manera diferente a personas de uno u otro partido y que "ha habido filtraciones continuas de sumarios bajo secreto (...), no sólo en Valencia".

A todo ello, ha unido las "detenciones televisadas impropias de un régimen democrático" y ha anunciado que su partido preguntará en el Congreso a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la razón por la que desde América dijo "que el fiscal iba a recurrir la decisión de tribunal de Valencia".

Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le preguntarán qué pasó con las detenciones de miembros del PP en Baleares, a lo que se unirá una cuestión sobre por qué el fiscal general del Estado no "comparece jamás" para explicar "el distinto trato a las diferentes personas según militen en una u otra fuerza política.

(www.publico.es, 02/09/09)

4. "SI HAY QUE DAR CON PELOS Y SEÑALES EL DATO CONCRETO DE LAS ESCUCHAS, ¿PARA QUÉ ESTÁN LA FISCALÍA Y LOS JUECES?"

María Dolores de Cospedal, secretaria General del PP, ha endosado a la Justicia la obligación de probar las escuchas ilegales que, en su opinión, han sufrido miembros de su partido por órdenes gubernamentales. La número dos de Génova ha negado que el PP hubiese cambiado de estrategia ante la dificultad de aportar pruebas serias asegurando que el asunto sigue donde se dejó: en los Juzgados. Para la mano derecha del presidente popular, Mariano Rajoy, no hace falta dar demostraciones serias a la opinión pública: "es algo de razón" acompañar una medida legal de "una denuncia política, porque somos un partido político". "Si nosotros tenemos que dar con pelos y señales el dato concreto (de los supuestos seguimientos) a los medios, entonces, ¿para qué está la Fiscalía y para qué están los jueces?", ha asegurado.

Cospedal ha acudido a Telecinco, donde ha sido preguntada por que ha reabierto "el circo de las escuchas". Su respuesta ha sido que, "en primer lugar, no se reabre nada: es una denuncia que (nunca hemos cerrado) con independencia de que haya periódicos que quieran tener titulares".

"En segundo lugar, la denuncia que presentamos en los tribunales se irá ampliando en términos procesales como a nuestra defensa jurídica le vaya pareciendo oportuno. Pero también tengo que decir una cosa: cuando una persona física o jurídica denuncia un delito, quien tiene la obligación de investigar es la Fiscalía y el Juzgado. Nosotros hemos ido a los tribunales, y hemos hecho además una denuncia política porque somos un partido político, es algo de razón", ha agregado.

Así las cosas, la mano derecha de Rajoy no ha tenido pudor en endosar a la Justicia la tarea de que pruebe las increíbles y nunca demostradas escuchas. "Si nosotros tenemos que dar con pelos y señales el dato concreto (de los supuestos seguimientos) a los medios, entonces, ¿para qué está la Fiscalía y para qué están los jueces? Creo que un ciudadano tiene derecho a pedir el amparo de la Justicia y el amparo y protección de la Fiscalía porque si no, ¿en qué Estado de Derecho vivimos?", ha insistido.

Cospedal ha negado tajantemente que la estrategia de las escuchas se hubiese "improvisado" y ha retirado que tienen "muchísimos indicios". A saber: que "se han publicado en medios de comunicación extractos de conversaciones a las que no había lugar a conocer a menos que se hubieran escuchado, y son conversaciones de personas que no están sometidas a investigación judicial". Verdad a medias: como ya objetaron los periodistas a la número tres del PP, Ana Mato, todas las conversaciones denunciadas por los conservadores incluían a imputados de la Gürtel, en cuyo marco fueron grabadas.

Así las cosas, la mayor prueba de Cospedal se remite a la prensa. La política ha relatado pues el caso del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, a quien una emisora de radio dedicó un "publirreportaje" informando de una conversación suya con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Montero. El interlocutor de Trillo, ha recordado, era en realidad otro Montero, el abogado del PP. Cospedal se ha preguntado "¿cómo podían saber esas conversaciones si Trillo no está sometido a ninguna investigación judicial?" y ha vuelto a reseñar los "indicios de que se han producido filtraciones de conversaciones que, estando intervenidas en su día por la Policía, luego tenía que haber órdenes de destrucción porque no forman parte de un sumario". En la misma línea se pronunció el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Cospedal aseguró que no sería la primera vez que un Gobierno socialista espía a los ciudadanos y ha desacreditado a Alfredo Pérez Rubalcaba, que negó tajantemente que se hubiera espiado ilegalmente a miembros del PP o cualquier otro ciudadano. "El ministro del Interior es el mismo que mirando a la televisión nos dijo a todos españoles aquello de ‘el Gal no existe’(…) creo que su obligación es si la oposición denuncia que se están produciendo actuaciones ilícitas contra personas que forman parte de ella lo que tiene que hacer es investigarlo en lugar de descalificar", ha remarcado. Todo esto ocurre después de que Esperanza Aguirre se viera obligada a rectificar su acusación al ministro de que era el responsable directo de las escuchas.

Finalmente, la dirigente ha aclarado que el motivo verdadero de su denuncia es altruista. "Creo que cuando se están produciendo atropellos contra las personas sean o no sean del PP quien tiene una representación política tiene la obligación de denunciarlo porque igual que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquier ciudadano. Tenemos la obligación de denunciarlo en defensa de todos los ciudadanos porque vivimos en un Estado democrático y las actuaciones se tienen que producir de acuerdo a la legalidad", ha sentenciado.

(www.elplural.com, 02/09/09)

5. EL PP INSISTE EN ACUSAR SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE ESCUCHAS ILEGALES

El presidente del Gobierno expresó su deseo de que la película de espías con la que el PP se había entretenido durante el mes de agosto hubiera sido fruto de un pasajero calentón estival. Los conservadores parecían darle la razón, porque en los últimos días sus principales dirigentes, que no habían podido aportar pruebas de las supuestas escuchas ilegales del Gobierno, ya miraban hacia otra parte cuando se les requería al respecto. Pero el portavoz del PP, Esteban González Pons, convirtió el deseo de Zapatero en vana esperanza. Tras el comité de dirección de su partido, retomó las acusaciones con más fuerza que nunca. ¿Con pruebas? Pons aseguró tenerlas, pero una vez más se limitó a citar conversaciones pinchadas judicialmente aparecidas en los medios de comunicación como ya había hecho el día anterior la líder del sector crítico de los conservadores, Esperanza Aguirre.

"Los medios de comunicación están trufados de conversaciones telefónicas extrasumariales, o de un sumario y descartadas por el juez, o completamente irrelevantes a efectos sumariales", argumentó el portavoz que solo pudo citar una de ellas: el diálogo mantenido por el presidente valenciano, Francisco Camps, y el jefe de la rama valenciana de la red corrupta vinculada al PP, Alvaro Pérez, el Bigotes. En aquella conversación, publicada por el diario El País, este último le dice a Camps "te quiero un huevo", entre otras muestras de afecto pese a que el presidente valenciano había asegurado públicamente que apenas le conocía. El PP no ha encontrado esta grabación en el sumario del caso en Valencia y esto le lleva a asegurar que la grabación fue ilegal... o casi. "A lo mejor fue legalmente grabada", llegó a admitir Pons, pero añadió que "debió ser legalmente destruida" y en lugar de ello fue "ilegalmente conservada" y filtrada a un medio de comunicación. "Y eso es tan grave como filtrar ilegalmente", aseguró.

El PP ya ha llevado este caso a los tribunales dentro de la denuncia que el responsable de Justicia del partido, Federico Trillo, presentó en julio "por interceptación de las comunicaciones" y ahora corresponde a la policía y a la fiscalía "buscar las pruebas" de quien lo ha hecho o lo ordenó, advirtió Pons.

Pero no solo Trillo ha acudido a los tribunales. El secretario general del PP y portavoz del partido en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, explicó que a finales de julio presentó otra denuncia en los juzgados de Madrid que aún no ha sido admitida a trámite por la "persecución silenciosa y propagandística" de la que se ha sentido objeto por parte de "los mecanismos del Estado y los medios de comunicación". Costa estuvo imputado, como Camps y otros dos del PP valenciano, por recibir regalos de la trama corrupta.

(www.elperiodico.com, 02/09/09)

6. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ

Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas ilegales a dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna prueba, denunció la secretaria general, Dolores de Cospedal, al inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de respaldar a su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para concentrarse en denunciar el supuesto trato desigual que la policía da a los detenidos del PP. Cospedal evitó las preguntas de los periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza Aguirre quien recuperó con fuerza la polémica.

Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas, haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque enseguida introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos espionajes a dirigentes del PP o a conversaciones grabadas por orden judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación", explicó Aguirre, "y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación?", se preguntó.

Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son si están autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal al apuntar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció. La presidenta de Madrid se refería a que hace sólo un mes, ella misma le cantó al ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que acabó con todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto al que utilizó , Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no tenía nada que ver con las informaciones periodísticas y ella creyó la versión de Rubalcaba.

Mientras, el PP sigue trabajando en un informe para demostrar el supuesto trato diferente y la "persecución" de la fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los populares. Soraya Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que el PP ha asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto antes, explicó en la Cope que ya tiene ultimado el informe que concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por corrupción de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada".

El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por el PP con el que despedía el verano paseando por una playa gallega, insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto. Rajoy, que ha apurado sus vacaciones y las de su equipo, reúne de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo en pleno verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y la necesidad de ofrecer un contrataque frente al goteo de decisiones judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en Baleares, en casos de corrupción.

Esta vez también se hablará previsiblemente de eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de la mesa. Pero el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la dirección, hablar de la estrategia de las próximas semanas para intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado por el caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en asuntos como la crisis. Los populares creen que la opción del Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los jueces.

(www.elpais.com, 01/09/09)

7. DE COSPEDAL DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA... ¡SÓLO PARA EL PP!

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no admitió, en su primera comparecencia ante los medios después del verano, preguntas de los periodistas. Sí las ha aceptado en Telemadrid, donde ha asegurado que mantiene "absolutamente" sus acusaciones contra el PSOE por las supuestas escuchas ilegales que está haciendo a altos cargos populares. De Cospedal centró sus ataques en la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y aseguró que hay pruebas "por todas partes" de ese supuesto espionaje, aunque una vez más no logró concretarlas. Segundos después de proferir estas acusaciones, exigió la "presunción de inocencia". Pero no para el Gobierno, claro, sino para los miembros de su partido.

Que el PP acuse al Gobierno de delitos tan graves como practicar escuchas ilegales a la oposición sin aportar ninguna prueba de ello no es ninguna novedad. Que segundos después exijan la presunción de inocencia para los dirigentes populares que están envueltos en procesos judiciales abiertos, tampoco. María Dolores de Cospedal ha seguido este esquema durante su entrevista en Telemadrid El Círculo a primera hora, que presenta Ely del Valle. La secretaria general del PP no ha dudado en comparar, como ya ha hecho Mariano Rajoy, al PSOE con la "inquisición": "Es exactamente lo mismo, porque se considera a todo miembro del PP presunto culpable, y es él quien tiene que demostrar su inocencia", lamentó.

De Cospedal recordó que "en el Estado de Derecho es al revés: todos somos presuntos inocentes, y el que acusa a alguien tiene que demostrar la culpabilidad". "A los altos cargos del PP se nos presume culpables por parte del Gobierno", reiteró, e insistió en que hay que "defendre la presunción de inocencia y el derecho de defensa", porque "si le está pasando al PP, le pude pasar a cualquier español, y es tremendamente grave". "Eso se llama utilizar las instituciones del Estado en beneficio de un partido, el PSOE", advirtió.

Unas declaraciones que no dejan de ser llamativas cuando minutos antes, en la misma entrevista, De Cospedal se había reafirmado en las graves acusaciones que viene haciendo contra el Gobierno desde principios de agosto. La dirigente insistió en que "está avalado por muchos datos objetivos" que altos cargos del PP han sufrido pinchazos telefónicos, y advirtió que los populares ya han llevado el tema a los tribunales. Pero, de nuevo se negó a dar los nombres de los afectados o a concretar las citadas pruebas.

No dudó, eso sí, en acusar directamente a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de "decir a la Fiscalía lo que tiene que hacer". "Hay datos objetivos de la utilización de las instituciones en beneficio del PSOE", insistió, y reiteró que De la Vega da "instrucciones al Ministerio Fiscal" para que actúe contra el PP. "Del acoso y la utilización de las instituciones del Estado tenemos pruebas todos los días", subrayó la dirigente popular justo antes de apelar a la presunción de inocencia para los cargos del PP. No dudó en tachar de "acusadora y acosadora", e incluso de "ilegal" la actuación de los "mandos políticos" de la Policía Judicial a la hora de perseguir los delitos cometidos por miembros del PP.

(www.elplural.com, 01/09/09)

8. EL PP HABLA "EN CLAVE" POR EL MÓVIL PORQUE "HAY UNA MANO NEGRA"

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, reiteró que los miembros de su partido se sienten "espiados" y destacó que esta sensación les ha obligado a "hablar en clave" entre ellos cuando utilizan su teléfono móvil. "Sentirse espiado es casi lo mismo para la oposición que ser espiado", dijo.

El dirigente popular recalcó que "alguien" está dirigiendo a la Policía y a la Fiscalía "para que el PP aparezca como un partido corrupto, que no es". "Estamos seguros de que hay una mano negra política detrás de la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía empeñada en que se persiga al PP", aclaró en declaraciones a la Cadena Cope.

En este sentido, señaló que el informe que está elaborando su partido es una relación de todos los casos de políticos imputados, juzgados y condenados y en él quedará claro que "en España no te tratan igual si eres del PP o del PSOE".

En la misma línea, incidió en que al Gobierno, "que es quien dirige la Justicia y la Policía", le interesa que el caso Gürtel de presunta corrupción en el PP se instruya "con lentitud" y consideró un "escándalo" que aún queden "cajas por abrir" cuando este caso "está poniendo en jaque la capacidad de la oposición para hacer su función institucional".

"Hemos vivido un año en el que al PP se le ha tratado como no se trata a ningún partido político desde que acabó la Transición. Se nos ha perseguido y se ha utilizado a la Policía y la fiscalía para desacreditar a nuestros dirigentes. El Gobierno del PSOE ha utilizado los instrumentos que todos les hemos otorgado para desacreditar a la oposición", concluyó.

(www.publico.es, 01/09/09)

9. EL PP Y SU FASCINACIÓN POR EL ORO… OLÍMPICO

La debilidad del PP por los deportistas como reclamo electoral al incluirlos en sus listas y su posterior promoción a cargos de responsabilidad acaba a veces en los tribunales. No siempre en cualquier caso con la gravedad del caso del regatista Pepote Ballester –medalla de oro en Atllanta’96 y ex director general de Deportes del Gobierno de Jaume Matas en Baleares- y ahora imputado por el injustificado sobrecoste del velódromo Palma Arena. A veces se trata de situaciones embarazosas, como la saltadora Niurka Montalvo -oro en los campeonatos del mundo de Sevilla'99- declarando ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia como uno de los altos cargos de la Generalitat que ayudaron a desvincular los trajes regalados a Camps de un delito de cohecho, a la espera de lo que diga el Supremo. En el epicentro de la Gürtel, Boadilla del Monte (Madrid), el ex alcalde Arturo García Panero, imputado por sus negocios con Correa, también se hizo en su día acompañar en las listas por el gimnasta Jesús Carballo –dos veces campeón del mundo- y después lo puso a la cabeza de un Centro de Gimnasia que debía convertirse en espacio de referencia nacional para este deporte. El macroproyecto urbanístico-deportivo, que a pesar de estar previsto para 2006 sigue inconcluso, fue adjudicado a Trapsa, una empresa de transporte de Gerardo Díaz Ferrán que está vinculada al escándalo de Fundescam de financiación del PP de Madrid.

Además de su obvio tirón electoral, con la colocación de un deportista primero en las listas y luego al frente de ciertos macroproyectos urbanísticos-deportivos en ocasiones el PP trata de acallar posibles voces críticas de los vecinos o lanzar mensajes de civismo. Es precisamente lo que hizo el ex alcalde de Boadilla del Monte y todavía edil del municipio a pesar de estar imputado por la Gürtel. El número uno de la lista García Panero, conocido como El Albondiguilla, puso a Jesús Carballo en el último puesto de las elecciones de 2003 e hizo campaña junto a él.

Tras la victoria electoral de 2003, Panero convirtió al joven ex gimnasta en la cabeza visible de la construcción de un Centro de Gimnasia destinado a ser "referencia en toda España". Con ello ayudó a vender el proyecto a nivel local, nacional e incluso internacional. Este mismo gimnasta, ya al frente del proyecto de Boadilla, fue uno de los ex deportistas que como Emilio Butragueño –ahora directivo de Florentino Pérez- o Niurka Montalvo arroparon a Mariano Rajoy en la campaña electoral de las elecciones del pasado año.

El proyecto se adjudicó a Trapsa, una de las empresas del presidente de la CEOE, Díaz Ferrán. Que Trapsa, dirigida por Gerardo Díaz Santamaría, hijo del presidente de la patronal, sea una empresa especializada esencialmente en servicios de transporte no fue obstáculo para que fuera la elegida para construir el centro. Ahora Trapsa está tristemente de actualidad como una de las empresas relacionadas con el escándalo Fundescam de financiación del PP de Madrid.

En estos términos daba cuenta la web del Consitorio en un texto del 23 de junio de 2005: "El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha firmado un contrato para la concesión administrativa de un gran centro de gimnasia rítmica y deportiva que contará también con zona de agua y salas de actividades y del que los empadronados disfrutarán a precios equivalentes a los municipales (…) El Ayuntamiento recibirá un canon anual por esta concesión. La empresa adjudicataria, Trapsa, contará en la dirección deportiva con el gimnasta dos veces campeón del mundo, Jesús Carballo y en la supervisión participarán su padre, del mismo nombre, que es entrenador de la selección española de gimnasia femenina y está considerado por muchos el mejor entrenador del mundo, así como su hermano, Manuel Carballo, que es campeón del mundo paralelas. Con la familia Carballo al frente (…) será sin duda el mejor centro de gimnasia de toda España". El presupuesto era de "5 millones" y estaba previsto que se inaugurara "a finales de 2006", pero sigue sin hacerlo tras varias paralizaciones.

Aunque se hirieron algunas sensibiliades por la cesión de suelo público para un proyecto privado y ciertas voces lamentaron el agravio respecto a deportes más accesibles, con pocas ayudas municipales y con tradición en Boadilla, como el baloncesto (especialmente en el deporte de base) y el ciclismo, el carisma de los Carballo ayudó a disipar dudas en una localidad en la que en cualquier caso el PP cuenta con amplias mayorías.

Pero el "Centro Deportivo con Uso Preferente de Gimnasia", como lo definía el Ayuntamiento y la imagen del laureado gimnasta ayudaron a Panero a marcarse otro tanto, la designación de Boadilla del Monte como Ciudad Europea del Deporte 2007, un distintivo que según los principios de ACES, la organización responsable del galardón, se concede a municipios que son "claros ejemplos éticos y positivos". Boadilla pasó el testigo como Ciudad Europea del Deporte 2009 a otro municipio español gobernado por el PP, Marbella. La Valencia de Rita Barberá también aspira a ese distintivo para el año 2011.

(www.elplural.com, 04/09/09)

10. GALICIA. ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO

Con motivo de su reciente gira por Galicia para inaugurar el curso político tras las vacaciones, Mariano Rajoy no ha dudado en poner la Xunta de Alberto Núñez Feijóo como referente para todo el país, instando a "exportar" su modelo y poniéndolo como ejemplo de eficacia en la gestión económica. Sin embargo Feijóo, que hizo de la austeridad y la transparencia su caballo de batalla durante la campaña electoral, ya ha levantado malestar y sospechas en sus primeros pasos como presidente. En los pocos meses que lleva de andadura, la Xunta popular ya ha privilegiado con dinero público a colegios del Opus Dei y a organizaciones ultracatólicas como el Foro de la Familia, ha tratado de tapar el escándalo de un alto cargo de la consejería de Trabajo condenado tras despedir a un trabajador sin papeles o ha aprovechado el mes de agosto para adjudicar sin razón aparente contratos millonarios por el procedimiento "negociado sin publicidad", reservado para determinados supuestos.

Las primeras alarmas en torno a las políticas de la Xunta comenzaron su política de recortes en gastos sociales combinada con partidas para financiar a colectivos afines, según denunciaba este verano la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSdeG, Laura Seara.

"Empezaron financiando colegios del Opus Dei, que apuestan por la segregación, pero ahora van a financiar las organizaciones del Foro de la Familia para que lleven acabo acciones que atentan contra la libertad y los derechos consolidados de la ciudadanía", alertó Seara. La diputada socialista advirtió asimismo del apoyo del Ejecutivo gallego a las iniciativas legales antiabortistas del Foro de la Familia, un colectivo "ultracatólico" constituido por entidades como "la Asociación Católica de Propagandistas o la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa)". Así, el PPdeG ha presentado un marco legal para que estas organizaciones ultraderechistas asesoren a través de la Xunta a mujeres embarazadas de la Xunta, cobrando por ello.

Otros quebraderos de cabeza para la Xunta están siendo protagonizados por sus altos cargos, como explica El Confidencial. Así, a principios de julio tomaba posesión el director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El 22 del mismo mes, su empresa Zouma Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones de la Xunta y sólo cinco días después Fernández Fasero la vendía. Fuentes cercanas a la administración autonómica consultadas por el digital niegan irregularidades porque Zouma ya había recibido otras ayudas con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder y Fernández Fasero no todavía no formaba parte del Ejecutivo cuando se cerraron las subvenciones.

Pero el nombre de Fernández Fasero ya está relacionado con otros escándalos, y es que una de sus empresas, Talleres de Ilusión Editorial, figura en el BOE como deudora de Hacienda tras varios intentos infructuosos de que pagara. Además, la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz López, fue condenada en firme por haber despedido a una trabajadora que no tenía contrato. La empleada, que fue despedida por la propia Díaz López según la sentencia, trabajaba en su casa particular por las mañanas y como cocinera en la empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses de la ciudad de Ferrol, por las tardes. La Xunta primero lo negó, luego obvió que la sentencia era firme y finalmente desde el PPG atribuyeron todo a una confusión entre los apellidos de la directora y los de sus padres, pero la sentencia deja claro ese aspecto y señala claramente a la dirigente popular como autora del despido.

El mes de agosto también ha sido aprovechada por la Xunta, según da cuenta El Confidencial, para realizar adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes. Así, la consejería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras adjudicó obras por valor de unos 40 millones de euros durante por el procedimiento "negociado sin publicidad", destinado normalmente a procesos que se justifican por su urgencia o por otra razón de peso que en este caso se desconocen. La consejería de Trabajo, la de Medio Ambiente y la de Hacienda también han recurrido este verano al procedimiento "sin publicidad" para adjudicar diversos contratos.

La licitación sobre la campaña publicitaria de un proyecto clave para el turismo gallego, el Xacobeo del año próximo, ha sido publicada también en pleno mes de agosto y no en el Diario Oficial de Galicia, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el diario Xornal de Galicia, aunque ni el montante ni los plazos del contrato justifican este procedimiento.

(www.elplural.com, 01/09/09)

11. GALICIA. "NI DIMITÍ NI LA CONSELLEIRA ME HA PEDIDO QUE LO HAGA"

La directora general de Formación y Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López, compareció para analizar los datos del paro y pronosticó un "otoño difícil" para la economía gallega. Es la alto cargo de Traballo a quien un juez condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien despidió a una mujer empleada sin contrato y sin seguridad social en un restautante y un domicilio familiar. La directora general mantiene su agenda en la Xunta, porque, según ella misma explicó , considera "perfectamente compabible" la sentencia que la condena y sus responsabilidades políticas en la Consellería de Traballo.

Díaz López defiende la tesis -esgrimida por la propia conselleira, Beatriz Mato, y por el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda- de que el juez confundió su nombre con el de su madre, titular del negocio de hostelería, cuando dictó sentencia sobre este caso. Sostiene esta tesis y niega entretanto que ella o el PP hablen de "errores judiciales". anunció que sus abogados trabajan ya para solicitar la revisión de un caso sobre el que pesa una sentencia firme con el ánimo de proteger su honor personal y familiar".

"Acato el fallo pero no lo comparto porque yo no despedí a nadie ni formo parte de esa sociedad mercantil", aseguró la directora general en contra de lo que sustancia el auto.

En sus respuestas a la prensa admitió dos únicos errores: no haberse presentado al juicio en el que figuraba como parte demandada y no recurrir la sentencia condenatoria que recibió cuando ya había estrenado despacho en la Xunta. Por todo lo anterior, la alto cargo de Traballo no ve necesario presentar la dimisión y negó también que alguien en el Gobierno se la hubiera pedido. "No me lo pidieron, la conselleira [Beatriz Mato] me ha demostrado estos días de muy diversas maneras toda su confianza".

¿Puso su cargo a disposición de la conselleira? "No", se limitó a señalar. Díaz López dejó sin responder si también se propone seguir en el cargo en el supuesto de que su petición de aclaración no sea atendida por el juez que dictó la condena. Sí lamentó que el episodio lo aproveche la oposición como "arma arrojadiza para intentar desgastar a la Xunta", en referencia a la pregunta parlamentaria que el PSdeG hará a la titular de Traballo en el pleno del Parlamento.

Desde que se destapó la condena a la directora general, el PP, por boca de Antonio Rodríguez Miranda, y la consellería de Traballo han ido alternando las versiones sobre este caso. Primero partido y Gobierno trataron de negar que la condena afectara a la alto cargo y desviaron las culpas hacia la familia de Ana María Díaz López. Luego aseguraron que hubo una confusión de nombres en la redacción del fallo. El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la semana pasada a la directora general si bien no descartó pedir más información a Traballo.

(www.pais.com, 03/09/09)

12. ANDALUCÍA. UNA EDIL DEL PP DE MÁLAGA DERROCA AL ALCALDE AL QUE DENUNCIÓ POR ACOSO

"¡Pepi, tránsfuga, que te has follao a tol pueblo! ¡Cornúo!". Una docena de vecinos -en su mayoría mujeres- increpaba a la concejal Josefa Torres y a su marido cuando pasaban por delante de la cafetería de Pepe Rubillo, junto al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga, 3.550 habitantes). Torres, cuyo voto acababa de ser decisivo para dar la alcaldía al andalucista Salvador Ortiz en una moción de censura, siguió su camino sin girarse. A dos metros escasos, bajo el toldo del café, el alcalde derrocado, Rafael Sánchez Lavado, del PP, atendía a los periodistas y no parecía muy incómodo con los insultos que sus partidarias dedicaban a quien fue su amante durante siete años, y que en julio de 2008 le acusó de acoso sexual y violación. Esta acusación, archivada en primera instancia, junto a una grabación en la que un hombre -supuestamente Sánchez Lavado, aunque él lo niega- vejaba gravemente de palabra a la edil Torres, le valió al hasta ahora alcalde la expulsión provisional del PP.

La escena del café se completa con dos hombres trajeados que flanqueaban al regidor saliente. Eran el diputado nacional Federico Souvirón y el diputado provincial Manuel Navarro. Con su presencia sonriente junto a Sánchez Lavado, ambos altos cargos populares ponían en entredicho cualquier reproche oficial del partido hacia un militante acusado de graves delitos que todavía deberá estudiar la Audiencia Provincial.

Sánchez Lavado y los cuatro ediles que le apoyan no asistieron al pleno que los enviaba a la oposición "para evitar enfrentamientos" -el salón estaba lleno de vecinos que apoyaban la moción- y porque "no merece la pena sentarse con esa escoria", en referencia a los cuatro concejales andalucistas, el único edil socialista y la ex popular Josefa Torres. Pepi negó motivos personales para respaldar la iniciativa. Tras cinco minutos de discursos que no pasarán a la historia y la promesa del cargo, la primera medida de Salvador Ortiz como nuevo alcalde fue retirar una señal de tráfico que daba al regidor el privilegio de aparcar frente al Ayuntamiento.

(www.elpais.com, 04/09/09)

13. COMUNIDAD DE MADRID. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR PRINCIPAL DE FUNDESCAM

Special Events SL, empresa matriz de la trama Gürtel, se convirtió en 2004 en el principal acreedor de Fundescam, la fundación del PP madrileño que financió actos electorales de Esperanza Aguirre. Así lo demuestran las cuentas de Fundescam, entregadas a Público previo requerimiento notarial, donde la fundación reconoce deber a Special Events 70.644 euros, el 64% de la deuda acumulada por la fundación ese año, que ascendió a 110.683 euros.

Como se ha venido informando desde mayo, Special Events endosó a Fundescam facturas por gastos de la campaña del PP de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. Special Events también cargó a la fundación del PP madrileño los gastos de la organización del congreso regional del partido de noviembre de 2004: el cónclave que consagró a Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid. En total, Special Events endilgó a esta fundación facturas del PP por un importe global de 301.094 euros.

La memoria de Fundescam de 2004 apunta a Special Events en la lista de acreedores a corto plazo. En el balance de 2005, la firma ya no aparece en esa relación, lo que, en teoría, indica que la deuda fue liquidada. Sin embargo, Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas las facturas pendientes por las campañas de Aguirre en 2003.

Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un comprometedor documento: un listado de facturas emitidas por Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de la campaña) y el "concepto factura", donde no se mencionan las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró gastos electorales de Fundescam, que después fueron maquillados en las facturas bajo otros conceptos, como cursos o viajes. Después que de que Crespo entregase ese documento, el PP aceptó pagar las facturas pendientes y la demanda judicial se cerró de mutuo acuerdo.

La conexión del grupo de Correa con el PP madrileño se vio reforzada con la llegada de Aguirre al poder. Las propias cuentas de la fundación señalan en esa dirección: Special Events ya aparecía en 2002 como acreedor de Fundescam, pero la deuda (16.732 euros) era muy inferior a la reflejada en el balance de 2004.

Presidenta de la Comunidad tras las segundas elecciones autonómicas de 2003 celebradas en octubre tras el tamayazo, Aguirre tuvo como escudero electoral a quien luego habría de erigirse en uno de los grandes adjudicadores de contratos a las empresas de la trama Gürtel: Alberto López Viejo. El ahora imputado fue director adjunto de su campaña de octubre, viceconsejero de Presidencia entre 2004 y 2007 y después consejero de Deportes hasta que se vio obligado a dimitir tras conocerse su relación con la red Gürtel.

Entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005, López Viejo adjudicó a dos sociedades de la red corrupta, Easy Concept y Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000 euros. Pero las adjudicaciones comenzaron antes incluso de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia.

Ese dato desbarata la tesis, insinuada por el equipo de Aguirre, según la cual la responsabilidad de esas contrataciones comenzó y acabó en el todavía diputado del PP. No sólo la Comunidad de Madrid benefició a la red. Como ya había hecho en 1999, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entonces presidida por Rita Barberá, encomendó en 2003 a Special Events organizar la asamblea estatal de la federación; sólo por ese encargo, la empresa cobró 570.000 euros.

En 1999, la FEMP ya había asignado a Special Events la organización de su asamblea. La empresa facturó en aquella ocasión 232.305 euros. Pese a que sólo esos dos contratos le reportaron 802.000 euros, hubo más: bajo el mandato de Barberá, otra empresa del holding de Correa, Pasadena Viajes, facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003.

Al camuflar facturas de Special Events a través de Fundescam, así como al presentar las donaciones (casi un millón entre 2003 y 2004) como destinadas a cubrir actividades de la fundación, los conservadores habrían logrado un objetivo clave: esquivar los preceptos legales que, aun con lagunas, acotan la financiación de partidos.

La Ley Electoral (Loreg), por ejemplo, no sólo fija límites al gasto permitido a las candidaturas sino que les prohíbe recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica cuyo importe supere los 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de Partidos vigente hasta 2007 vetaba la recepción directa o indirecta de donaciones entregadas por contratistas de cualquier Administración. Algunos donantes de Fundescam eran contratistas públicos. Luego, lograron de Aguirre 300 millones de euros en contratos.

(www.publico.es, 01/09/09)

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE VUELVE A ESCURRIR EL BULTO EN EL 'CASO FUNDESCAM'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sigue sin salirse ni un milímetro del guión que mantiene para 'defenderse' del caso Fundescam. Tras revelarse que Special Events, que forma parte de la trama Gurtel, fue el principal acreedor de Fundescam, la fundación del PP madrileño que financió actos electorales del partido, ha insistido en que "no tiene ni idea" de lo publicado.

Aguirre ha recordado que ella llegó a la presidencia del Partido Popular de Madrid en noviembre de 2004, cuando el PP madrileño estaba a las órdenes de Pío García-Escudero, "y todas estas informaciones están en los años 2003 y 2003 y principios de 2004".

Tras la noticia sobre cómo Fundescam pagó 250.000 euros a la misma agencia de publicidad que hizo la campaña de Aguirre para las autonómicas de mayo de 2003, la presidenta de Madrid, líder regional del PP y actualmente máxima responsable de Fundescam, escurrió el bulto. "Es una cosa del año 2002-2003. Yo ni presidía el partido ni tengo noticia de lo que allí ocurría. Por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla pues que lo denuncie donde proceda".

Hace tres meses, cuando se difundió las primeras informaciones sobre el caso, Aguirre ya echó balones fuera. "Pregúntenle a Pío, Pío, Pío", dijo con pretensión jocosa en abierta referencia a su precedesor como presidente del PP madrileño, Pío García Escudero. Las fuentes consultadas por este diario remarcan que, si bien García Escudero siguió presidiendo el partido hasta el congreso regional de noviembre de 2004, fueron Aguirre y su equipo quienes tomaron las riendas financieras de la campaña electoral.

Una fuente próxima a García Escudero, ahora portavoz del PP en el Senado, reiteró que nada hay que decir ante las palabras de Aguirre. "Es lo mismo de la otra vez", adujo en alusión a aquel "pregunten a Pío, Pío, Pío". García Escudero, añadió la fuente, "está muy tranquilo". Aguirre siempre ha negado que Fundescam pagara gastos del PP.

La presidenta no explicó por qué y para qué una fundación prácticamente desconocida como Fundescam destinó un cuarto de millón de euros a publicidad.

(www.publico.es, 01/09/09)

15. LOS INGRESOS DE FUNDESCAM, A RITMO ELECTORAL

Una montaña rusa con subidas escarpadas y caídas en picado, un Guadiana que aparece y desaparece según haya o no haya elecciones. El PP madrileño ha sostenido que Fundescam jamás ha financiado al partido ni tampoco ha pagado facturas relacionadas con las campañas electorales.

Sin embargo, los ingresos y gastos de la fundación que preside la propia Aguirre se han disparado justamente en los tres años con urnas: 2003, cuando el PP venció en las segundas elecciones autonómicas del año, forzadas por la espantada de los entonces diputados socialista Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; 2004, año de la primera victoria de Zapatero; y 2007, cuando Aguirre revalidó la Presidencia de Madrid en las autonómicas de mayo.

El primer ejercicio en el que las cuentas de Fundescam se multiplican a la vez que las urnas es 2003. En el año del tamayazo, la fundación obtuvo el triple de ingresos que en el ejercicio anterior y rozó el millón de euros: en cifras exactas, logró 938.210 euros, según su memoria anual, frente a los 310.078 de 2002. 2003, año clave para Aguirre, marcó el récord de ingresos: 938.210 euros

La clave del vertiginoso crecimiento de los ingresos de Fundescam en 2003 está en las donaciones, aportadas supuestamente para el cumplimiento de los fines de la fundación, es decir, no para entrar en la batalla de las urnas sino para editar libros, realizar estudios y celebrar cursos, seminarios o conferencias.

Aportadas por una docena de empresarios con Gerardo Díaz Ferrán , actual presidente de la patronal CEOE y entonces jefe de los empresarios madrileños, en cabeza, las donaciones aparecen el año del tamayazo y se esfuman en 2005, periodo de barbecho electoral. Durante 2003, y en fechas próximas a las dos elecciones autonómicas (mayo y octubre) Díaz Ferrán donó 192.200 euros a Fundescam; y otros 54.000 en marzo de 2004, el mes de las elecciones generales. Su sucesor en la patronal madrileña, Arturo Fernández, donó 57.030 euros entre 2003 y 2004, también en vísperas electorales.

Entre los donantes más generosos figura igualmente Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco y entonces presidente de Unión Fenosa. Donó 120.000 euros dos días antes de las autonómicas de mayo de 2003 y otros 36.000 diez días antes de las generales de 2004.

Tras el bienio electoral, el salto hacia la sima es nítido: Fundescam pasó de recaudar 941.574 euros por donaciones entre 2003 y 2004 a apuntar desde 2005 un 0 en la casilla.

En 2007, Fundescam tampoco contabiliza donaciones en su balance, pero el capítulo de patrocinios se dispara. Hasta ese ejercicio, el grueso de ese apartado procedía de la ayuda que cada año otorga a Fundescam Caja Madrid, como a las demás fundaciones ligadas a partidos con representación parlamentaria en la Asamblea regional. Y la cifra anotada en la casilla Patrocinadores, colaboraciones y asistentes a cursos jamás había siquiera llegado a los 200.000 euros.

En 2005 no hubo elecciones: el gasto cayó un 66,3% respecto a 2003

Pero en 2007, el año de las últimas autonómicas madrileñas, la prodigalidad de los simpatizantes de Fundescam se multiplicó: la fundación anotó 546.434 euros en patrocinios y colaboraciones, sin mención alguna a ingresos por cursos. No se sabe quiénes fueron los patrocinadores ni qué patrocinaron: las cuentas sólo revelan la aportación de Caja Madrid (178.434 euros). El origen de los otros 368.000 euros es desconocido.

En cuanto a los gastos, también oscilan a ritmo electoral. El ejemplo más claro se ve al comparar los ejercicios de 2003 y 2005. En el primer año, cuando el PP echó el resto para garantizarse que Aguirre, y no el socialista Rafael Simancas, sucedería a Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid, Fundescam gastó 967.794 euros. Dos años después, sin urnas a la vista, la fundación desembolsó 326.700 euros, es decir, un 66,3% menos.

Tras tomar oficialmente en noviembre de 2004 el relevo de Pío García Escudero como líder del PP madrileño, Aguirre pasó a presidir Fundescam. De 2005 a 2007, último año del que hay datos, el patronato de la fundación ha congregado a notables del PP como el consejero y secretario general del partido, Francisco Granados; Ana Botella o el ex vicepresidente Alfredo Prada, presuntamente espiado por la propia Comunidad.

Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, líder regional del PP y máxima responsable de Fundescam, reiteró que no tenía conocimiento de las actividades de la fundación, parte de cuyos fondos nutrieron sus campañas electorales de 2003 y 2004. "No tengo ni idea", afirmó tras su cita con la ministra de Sanidad.

(www.publico.es, 02/09/09)

16. COMUNIDAD DE MADRID. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE AGUIRRE

Fundescam, la fundación con la que el PP de Madrid recaudó fondos procedentes de empresarios poco antes de las elecciones autonómicas de 2003, destinó 250.000 euros para pagar facturas a Starcom. Dicha firma es una agencia de medios que realizó la contratación de parte de la publicidad de la primera campaña electoral de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003.

La información está avalada por las cuentas de Fundescam, depositadas en el Registro de Fundaciones, en las que consta que se adeudaba a Starcom 250.264,43 euros. Pese a que no se sabe en calidad de qué se le pagó ese dinero, la actividad de Starcom es la contratación de publicidad (vallas, anuncios de televisión...). Algo que realizó para la campaña electoral de Aguirre.

Precisamente, la presidenta de la Comunidad, que lo es a su vez de la citada fundación, dijo que Fundescam "tiene sus cuentas en regla", pero se desvinculó del asunto poniendo tierra de por medio: "Yo ni presidía el partido, ni tengo noticia de lo que allí ocurría, por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla, pues que lo denuncie donde proceda", dijo en una entrevista en Telecinco. En ese momento era Pío García Escudero quien estaba al frente del partido a escala regional.

La oposición no ve tan claro el argumento y pide explicaciones. El PSOE, denuncia que Aguirre ha mentido. "En primer lugar lo hizo en junio cuando dijo que la fundación no tuvo actividad de campaña electoral. Sin embargo, las cuentas de Fundescam ponen de manifiesto que tiene como acreedor a una central de medios que hizo la campaña del PP", denuncia la portavoz del PSM en la Asamblea, Maru Menéndez. "Además, hay una vinculación entre las empresas donantes y las adjudicatarias de contratos. Su generosidad la hemos resarcido todos", insiste.

Para IU el caso debe ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. "En un caso vinculado a la repetición de unas elecciones autonómicas, cualquier información que siembra la duda sobre una conexión entre adjudicatarias de contratos públicos y esos comicios debe ir acompañada de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción", pide Tania Sánchez, portavoz de la presidencia de IU en la región.

(www.elpais.com, 01/09/09)

17. COMUNIDAD DE MADRID. CORREA SEGUIRÁ EN PRISIÓN AL SER SUS DELITOS "CONTINUADOS"

Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, debe seguir en prisión porque aún puede destruir pruebas, porque existe riesgo de fuga y porque los delitos de los que se le acusa son continuados y no puntuales. La sala de vacaciones (o de guardia) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó estos tres argumentos el pasado día 28 para rechazar la pretensión del letrado de Correa de que saliera de la cárcel. El auto de confirmación de la prisión fue divulgado , al tiempo que el juez Antonio Pedreira, instructor de la causa en Madrid, anunciaba que levantará el secreto del sumario a finales de este mes.

La sala entiende que Correa tiene intereses, dinero y casas en varias partes del mundo, e incluso sospecha que, de haber quedado en libertad, habría huido a Panamá (donde había intentado obtener la residencia, como también lo intentó en Senegal) o Colombia. El principal acusado efectivamente había hecho negocios, además de en esos territorios, en países como China, Azerbaiyán, EE UU o Suiza, entre otros. El juez Baltasar Garzón lo encarceló precisamente al entender que se iba a fugar de manera inmediata.

Los magistrados explican que los delitos que supuestamente ha perpetrado -"blanqueo de capitales, fraude fiscal, varios de falsedad, múltiples de cohecho, asociación ilícita y diversos delitos de tráfico de influencia", escriben- "pueden tener la consideración de delito continuado", por la que la pena que podría recaer por ellos sería superior a los dos años que supone el abogado del encarcelado, José Antonio Choclán. El hecho de que pudieran ser delitos continuados, además, rompe la prescripción (de 10 años y la investigación parte de 1999), ya que comienza a computarse desde el día en que se cometió la última infracción.

La causa en Madrid ya abarca 119 tomos, de los que 46 son de prueba principal y los otros 73 son de piezas, que constituyen hasta el momento la totalidad del procedimiento que se instruye. Todos están siendo pasados a soporte informático, un proceso que se espera que esté concluido en la última semana de septiembre, cuando se entregarán a las partes. Entonces se levantará el secreto del sumario, sin perjuicio del respeto a la resolución que en este mismo sentido haga efectiva el Tribunal Supremo, explica el TSJM.

(www.pais.com, 03/09/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. UNA EMPRESA DE DETECTIVES ESPIÓ A IGNACIO GONZÁLEZ EN COLOMBIA

Una importante agencia de detectives, con sede en Madrid y en Barcelona, investigó al vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su viaje a Colombia el año pasado, según reveló Interviú. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ya conoce el nombre de la empresa, que recibió sendos pagos de 50.000 euros.

Además del seguimiento de González, la agencia de detectives tenía encargado elaborar los informes con todos los movimientos del vicepresidente regional. El informe que recoge este hecho ha sido elaborado por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial. Está previsto que en las próximas semanas, el juez Sierra cite a declarar a los detectives y les pregunte por su cliente. Fuentes próximas al caso revelaron a Interviú que los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar el nombre de la persona que les contrató. La multa por no desvelar la identidad del cliente son 30.000 euros.

El vicepresidente regional, Ignacio González, anunció que pedirá al juez que "aclare quién está detrás" del espionaje al que fue sometido él y su familia. También pedirá al Ministerio del Interior que exija a la agencia de detectives que hizo el encargo que digan quién les contrato, informa Efe.

"Espero que la colaboración de la Policía Judicial, la celeridad de la justicia y la cooperación del Ministerio del Interior sirvan para aclarar quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se puede consentir en un estado de derecho, porque son inadmisibles, aparte de delictivas", destacó González. "De confirmarse esta información es de una extraordinaria gravedad", añadió.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, también incidió en el tema. Confió en que el juez que instruye el caso "haga que sus órdenes se obedezcan" de forma que la agencia de detectives que investigó a Ignacio González diga "quién los ordenó".

"Lo que viene a decir esa noticia es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004 y que un particular paga 100.000 euros a una empresa de detectives para espiar a alguien con una vulneración clarísima de los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Aguirre.

(www.elpais.com, 01/09/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA" DEL ESPIONAJE

El consejero de Sanidad de Madrid, hombre de confianza de Esperanza Aguirre y portavoz del PP madrileño, Juan José Güemes, puso sobre la mesa en TVE una "prueba" del espionaje al PP: la supuesta publicación "a cuatro columnas en un periódico" de una conversación privada entre su colega Federico Trillo y un abogado. Pero resulta que esa conversación -de la que Güemes, requerido durante todo el día por este periódico, no dio más datos- no ha sido publicada por nadie.

"Hemos visto cosas realmente sorprendentes. Como esa conversación entre Federico Trillo y el letrado representante del PP en algunos sumarios, reproducida en un periódico a cuatro columnas. Como mínimo es llamativo", dijo Güemes en Los desayunos de TVE, cuando la presentadora le preguntaba por el supuesto espionaje. Y añadió: "Debería ser el Gobierno, la fiscalía, quien a iniciativa propia investigase cómo es posible que una conversación privada se vea vulnerada, y con ese aparataje de publicidad".

"¿Veremos algún día las pruebas del espionaje?", insiste la periodista. Y Güemes insiste también: "Bueno, yo leí una prueba a cuatro columnas en un periódico. Si usted y yo tenemos una conversación telefónica y al día siguiente nos la encontramos en un periódico, no es difícil llegar a la conclusión de que hemos sido espiados".

El origen de este bulo es una información de la cadena SER que decía que Trillo podía estar presionando a un juez del caso Camps llamado Juan Montero. Trillo aseguró que el único Montero con el que hablaba por teléfono era el abogado del PP Juan Ramón Montero; dedujo, no obstante, que su móvil había sido pinchado. En cualquier caso, ninguna conversación entre Trillo y un Montero ha sido publicada en ningún sitio.

(www.elpais.com, 02/09/09)

20. GALLARDÓN RELANZA EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tocado pero no hundido. Es como está Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, después de recibir el varapalo del COI a la candidatura olímpica de la capital. En sus horas bajas, el regidor ha sacado fuerzas para abofetear a su eterna rival política, Esperanza Aguirre. Gallardón ha pedido "certezas judiciales" en el caso de los espionajes padecidos por su vicealcalde Manuel Cobo, presuntamente a manos de personal de la Comunidad de Madrid, opinando que no puede pedirle ciertos comportamientos al PSOE sin hacer "lo mismo" al PP. Para el alcalde, el espionaje a Cobo y a Alfredo Prada, responsable del PP en el Exterior también supuestamente seguido, "no puede pasar inadvertido" y debe tener el reproche del Estado de Derecho: la Justicia, ha advertido, debe depurar responsabilidades.

"Confío plenamente en que la investigación judicial que en estos momentos se está realizando depure todas y cada una de las responsabilidades porque a mí el hecho de que se haya seguido, ya no porque sean dirigentes del PP sino porque son representantes de los ciudadanos, al vicealcalde de la ciudad de Madrid y otros cargos de la Comunidad, me parece que no es de ninguna de las formas una conducta que pueda pasar inadvertida", ha dejado caer Gallardón en una entrevista concedida a la cadena SER.

Para el regidor, unos hechos tan grave como el espionaje en la Comunidad "tiene que tener un análisis de sus responsabilidades, de su autoría, y por lo tanto el reproche que en un Estado de Derecho la Justicia tenga que hacer que es el lo que está ocurriendo en Madrid". De momento, el Juzgado que instruye el caso ha imputado a tres altos cargos de Aguirre, quienes a su vez han apuntado a dos hombres fuertes de la lideresa: su consejero de Interior, Francisco Granados -a quien el mismo Cobo ha desafiado a decur " lo que sabe, o lo que va diciendo que sabe"- y su ex director de Seguridad, Sergio Gamón.

Tras estos zarpazos, el alcalde ha adoptado una posición de partido en torno a las escuchas ilegales que supuestamente han padecido miembros del PP. "Creo con sinceridad que, ante las acusaciones del PP, el gobierno y el PSOE, desde su responsabilidad, tendrían que haber tenido una respuesta distinta. Una respuesta aclaratoria en el caso de que entiendan de que no ha habido un trato desigual entre los dirigentes", ha remarcado. "Si a mí un concejal socialista me denunciase que nuestra Policía municipal le ha tratado de forma distinta a como trata un concejal del PP, le puedo asegurar que lo primero que haría sería abrir una investigación", ha continuado.

En la misma línea, Gallardón ha dado pábulo al informe que presentará "en las próximas semanas" y que "acredita una serie de situaciones" persecutorias. El jefe del Consistorio madrileño se ha remitido al sumario para calificar de legales o ilegales las escuchas. "Si alguna de las conversaciones que se han publicado en distintos medios de comunicación no estuviese incluida en el sumario, en ese caso, sí estaríamos ante un caso de revelación de conversaciones no autorizado por el juez que lo estaba instruyendo", ha apuntado. "Por lo tanto, cuando ese sumario se levante, cosa que sucederá previsiblemente este mes de septiembre, podremos dar cumplida respuesta a esa pregunta", dijo, tras ser preguntado por el tema.

(www.elplural.com, 03/09/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE

"Evidentemente, no". Así de contundente se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tras ser preguntada sobre si destituirá a su director del Área de Seguridad, Sergio Gamón, una vez que éste ha sido imputado por el presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid. La juez que instruye la causa, Carmen Valcarce, lo ha citado a declarar el próximo 22 de septiembre como imputado por un delito de malversación de fondos.

La presidenta madrileña siempre había hecho gala de su determinación a la hora de deshacerse de los altos cargos implicados en casos de corrupción. Cuando estalló el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a administraciones del PP, y la investigación alcanzó a los alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo y Arganda, Aguirre no dudó en forzarlos a dimitir de sus cargos. Es la presidenta del PP madrileño y dictó la orden.

También fue relevado de forma fulminante el ex consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, cuando su nombre se relacionó con la misma trama corrupta. Y eso que López Viejo formaba parte de la guardia pretoriana de Aguirre.

Gamón es el presunto responsable de ordenar los seguimientos al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, según la declaración que realizaron ante el juez tres empleados de la Comunidad de Madrid, ex guardias civiles, que también están imputados. "Nos encargó una especie de vigilancia sobre las medidas de seguridad que, de por sí, ya tenía Prada", testificaron los agentes imputados, aunque rechazaron que eso fuera espionaje.

En su testimonio, estos agentes también implicaron a tres ex policías nacionales como miembros del operativo de seguimiento. Los ex policías fueron fichados por Sergio Gamón, y los ex guardias civiles habían sido llamados por el consejero de Interior, Francisco Granados.

Gamón ya fue destituido como director general de Seguridad -era el cargo que ocupaba cuando se produjeron los seguimientos- al ser considerado sospechoso del robo de un ordenador de la Consejería de Justicia. Pocas semanas después, la Comunidad de Madrid lo recolocó como director del Área de Seguridad con un jugoso sueldo. La semana pasada, antes de conocer la imputación de Gamón, Aguirre indicó: "El caso está en los tribunales; cuando haya novedades, veremos".

(www.elpais.com, 04/09/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HURGA EN LA HERIDA DE GALLARDÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó que le ha parecido "sorprendente" que no se haya adaptado "todavía" la legislación española antidopaje a la normativa internacional, tal y como ha apuntado el informe de calificaciones del Comité Olímpico Internacional sobre las ciudades candidatas a albergar los juegos olímpicos en 2016.

"Personalmente, a mí me ha parecido sorprendente que no se haya daptado todavía nuestra legislación antidopaje a la legislación internacional, pero estoy segura de que hay tiempo para hacerlo y se hará antes del día 2 de octubre", manifestó Aguirre.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en esta ocasión en Móstoles (Madrid), Aguirre destacó que el informe "no es vinculante". "El propio alcalde ha dicho con toda claridad que opina que el informe refuerza la candidatura de Madrid y es cierto que habla muy positivamente de muchos cuestiones. Yo me siento satisfecha de la excelente valoración que hacen del transporte madrileño", apuntó.

Respecto a las dos cuestiones que tienen valoración negativa, y en cuento a la regulación sobre el dopaje, "que dicen no estar seguros de que sea la misma que la de la Organización mundial sobre el Dopaje, parece ser que está en vías de solución", estimó la presidenta.

"Yo me siento satisfecha de la excelente valoración que hacen del transporte madrileño"

Sobre la forma en que fue presentada la candidatura, "también lo ha dicho el alcalde, también puede mejorarse y darse las explicaciones que se decidan", agregó. "Creo que el informe no es vinculante, la prueba es que la vez pasada Londres estaba peor colocado que Moscú, Madrid y París y sin embargo resultó ser la ciudad encargada de albergar los juegos de 2012, por lo tanto, Madrid no ha perdido ninguna de sus oportunidades", opinó Aguirre.

"Estoy convencida de que el 2 de octubre será nominada porque Madrid es la única ninguna capital de un gran país que no ha organizado unos juegos", concluyó.

(www.publico.es, 03/09/09)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL BUFETE DE MICHAVILA LOGRÓ UN CONTRATO CON EL VOTO DE SU HERMANA

Villanueva del Pardillo sería uno más de los pueblos gobernados por el PP que han contratado al despacho de abogados Eius, donde colabora el ex ministro José María Michavila, si no fuese por quién es su teniente de alcalde. Se llama María del Carmen Michavila Núñez y es hermana del dirigente popular que renunció la semana pasada a su escaño en el Congreso de los Diputados.

José María Michavila siempre ha sostenido que Eius no es su bufete, sino el despacho en el que colabora como abogado. Entre los contratos que ha conseguido, están los de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y de Boadilla del Monte cuando estaban gobernados por los alcaldes ahora imputados por el caso Gürtel.

Villanueva del Pardillo contrató por 30.000 euros anuales desde 2006 a 2008 a dicho bufete en concepto de asesoría. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en las tres ocasiones la hermana del ex ministro votó favorablemente.

Este periódico trató de contactar con la teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo (14.763 habitantes) para preguntar si conocía que había votado a favor de contratos con el despacho donde colabora su hermano y si creía que podía haber alguna incompatibilidad en ello. Tras varios intentos, una portavoz del Ayuntamiento explicó que el equipo de Gobierno había estado toda la mañana reunido tras las vacaciones y que por la tarde "ya no había nadie". Esta fuente asegura que "todos los contratos que se firman son públicos y están conformes a derecho", pero prefirió no facilitar la forma de contactar con Michavila.

La relación de Eius Abogados con el consistorio de Villanueva del Pardillo comenzó en 2006. Una Junta de Gobierno aprobó en el mes de abril de ese año la contratación del bufete para el servicio de consultoría y asistencia en materia laboral y contencioso-administrativa. En las actas, a las que ha tenido acceso este periódico, María del Carmen Michavila figura como una de las participantes que votó a favor de esta contratación por "el procedimiento negociado sin publicidad". El Ayuntamiento convenía pagar 30.000 euros a la empresa por la asesoría de todo el año. Esta contratación, que no requería concurso, se volvió a ratificar en 2007 y 2008 y ha estado en vigencia hasta este verano. También votó a favor Michavila en sucesivas Juntas de Gobierno que aprobaban las facturas del Consistorio, en la que cada mes aparecía una de 2.500 euros a favor del despacho de abogados, que hasta el momento ha percibido unos 90.000 euros del ayuntamiento madrileño.

María del Carmen Michavila comenzó su labor en el pueblo trabajando en proyectos de formación de desempleados. Llegó al Ayuntamiento tras las elecciones de 2003. Con la victoria del PP fue nombrada concejal delegada de Cultura, Desarrollo Local y Consumo y poco a poco fue ganando peso en el organigrama municipal. Tanto fue así, que en los siguientes comicios, los de 2007, fue una de las encargadas de redactar el programa electoral de los populares en la localidad y pasó del número cinco a ser la segunda en la lista. Con la reedición de la victoria, dio el salto a la Primera Tenencia de Alcaldía. También es concejal de Administración General, Hacienda y Coordinación de Áreas y presidenta del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal. Era, la mano derecha del alcalde, Juan González Miramón, cuando se ratificaron por dos veces los contratos a Eius.

El despacho tenía acuerdos similares con otras administraciones del PP. Saltaron a la luz por el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la trama de empresas de Francisco Correa. En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros por contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. También había firmado convenios para trabajar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, corazón de la presunta trama corrupta. Al alcalde con el que se suscribieron los contratos, Arturo González Panero, le impusieron la mayor fianza de todos los imputados, 1,8 millones. Eius también ha recibido adjudicaciones de la Comunidad Valenciana, donde trabaja otra hermana de Michavila, Ana, como jefa de gabinete de Francisco Camps.

El Congreso comenzó a estudiar entonces las posibles incompatibilidades de las labores de otros dos abogados de Eius, que eran también letrados de las Cortes. No así las del ex ministro, a quien la ley permitía realizar a la vez estas actividades de dentro y fuera de la Cámara. Finalmente, el político, que también es representante de artistas como Alejandro Sanz o Shakira, decidió abandonar su escaño. Con él se marchó de las Cortes Alberto Borrego, uno de los letrados que trabaja también para Eius. Michavila envió una carta al presidente del Congreso, José Bono, en la que decía que su salida se debía a "razones familiares y personales que tú seguro entenderás". El ex ministro, que nunca ha querido explicar su labor en el despacho más allá de decir que es un colaborador, asegura que pretende continuar en la dirección del PP. Su hermana tampoco dio una explicación a pesar de los sucesivos requerimientos.

(www.elpais.com, 02/09/09)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY ASEGURA QUE CAMPS NO ADELANTARÁ LAS ELECCIONES

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no tiene intención de disolver el Parlamento valenciano para convocar elecciones autonómicas anticipadas. Rajoy ha precisado que no le corresponde a él la decisión de disolver el Parlamento de la Comunidad Valenciana, y ha señalado que Camps le llamó para decirle que "ni se le había pasado por la imaginación" adelantar las elecciones, después de que algunos medios lo publicaran. Rajoy ha asegurado que Camps se considera "con apoyos suficientes por parte de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana" y ha señalado que dicho apoyo "se lo ha ganado" porque "ha trabajado mucho" y en lo "único que está pensando es en el futuro y en dedicarse intensamente a seguir trabajando por los intereses de la Comunidad Valenciana".

Preguntado por si considera cerrado el "caso Gürtel", Rajoy ha insistido en que nunca dudó de la "inocencia" de Camps y le "reconfortó mucho la decisión de los tribunales desde el punto de vista político y personal" cuando resolvieron que el presidente de la Generalitat no había cometido ningún delito en relación con este caso.

Tras mantener que "el fiscal trata de forma diferente a los españoles, según sean de un partido o de otro", Rajoy ha puntualizado que tiene "muy claro" que continuará defendiendo "la proporción, el sentido común y la igualdad entre los españoles" en las actuaciones judiciales, y ha insistido en que no se va a "erigir en juez de nadie" dentro de su partido.

"Mientras no tenga pruebas y convicciones no tomaré ninguna decisión", ha continuado Rajoy antes de recordar que aquellos que le exigían la dimisión de Camps o del presidente del PP canario, José Manuel Soria, ahora "miran para otro lado".

(www.levante-emv.com, 03/09/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA DENUNCIA A LAS ´MÁS ALTAS INSTANCIAS DEL ESTADO´ POR SU ´PERSECUCIÓN POLÍTICA´

El secretario regional del PP, Ricardo Costa, ha denunciado ante el Juzgado Decano de Madrid la "persecución política" de la que se ha sentido víctima "desde las más altas instancias del Estado". La denuncia aún no ha sido aceptada a trámite por los tribunales y, según explicó el propio Costa a este periódico, la interpuso el pasado mes de julio a raiz de la publicación de una conversación telefónica grabada por la policía en la que Álvaro Pérez, alias El Bigotes, aseguraba a su interlocutor que estaba comprando un bolso de la marca de lujo Louis Vuitton a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El dirigente popular también anunció que su grupo solicitará la comparecencia ante Les Corts de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que "aclaren" si "hubo violación premeditada" de la "separación" de poderes del Estado "con el único objetivo de atacar y seguir instigando claramente actuaciones" contra Francisco Camps, y otros miembros del PP por el "caso Gürtel".

Costa, quien fue imputado junto con Camps, y otros altos cargos del PP por su relación con empresas de la red de Francisco Correa, respaldó todas las declaraciones realizadas por la dirección nacional del partido sobre la supuesta existencia de escuchas ilegales.

Costa afirmó haberse sentido víctima de una "persecución silenciosa y propagandística, en donde se instrumentalizan los mecanismos del Estado y los medios de comunicación". También aseguró que las partes del sumario publicadas "con premeditación, alevosía y marcando los tiempos" tenían el objetivo de "perjudicar" su imagen y la del PP. El dirigente popular sostuvo que las "filtraciones", sólo las pudo hacer un "funcionario público".

Por otra parte, Costa apuntó que no habrá adelanto de elecciones autonómicas aunque recordó que esa es una posibilidad que recoge el Estatuto de Autonomía. El secretario popular afirmó que la remodelación del Consell "es para afrontar la segunda parte de la legislatura y por lo tanto, no va a haber adelanto de elecciones".

(www.levante-emv.com, 02/09/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESEMBARCA EN ALICANTE Y RELEGA A RIPOLL A UN SEGUNDO PLANO

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inició el nuevo curso político en Alicante con un desembarco del Consell en la localidad de Santa Pola. Camps -a diferencia del trato preferente dispensado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con quien almorzó- relegó a un segundo plano al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

La visita a una escuela-taller y a unas obras en el castillo fortaleza de Santa Pola -cuyo alcalde ha abandonado el ripollismo para pasarse al campismo- concitó al presidente de la Generalitat y a tres de sus consejeros: el de Economía y vicepresidente segundo, Gerardo Camps; el de Educación, Alejandro Font de Mora, y la de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Una amplia representación poco habitual en actos de este tipo pero que diversas fuentes del PP insistieron en considerar normal.

En el acto también estuvo presente el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y diversos diputados y cargos populares de la provincia. Juntos pero no revueltos. Ripoll y Camps permanecieron cerca, pero no demasiado.

Tras el acto y preguntado por la reunión que el presidente del Consell tuvo el con Fabra para garantizarse la estabilidad interna en el PP valenciano, especialmente frente al sector que lidera Ripoll, el político alicantino tiró balones fuera. "Estoy en contacto con el gobierno y con el presidente Camps", esgrimió. Ripoll aseguró no sentirse relegado, "sino todo lo contrario". El también presidente provincial del PP argumentó que mismo se había reunido con el vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, durante una hora para hablar de coordinación en diversos temas, entre ellos el urbanismo.

Ripoll también aseguró tener fijada una cita con Gerardo Camps para la semana próxima. En la reunión, añadió, se hablará de temas "pendientes y futuros". Entre los primeros, está la aportación pendiente de la Generalitat al Auditorio que se construye en Alicante o la puesta en marcha de diversas medidas del plan estratégico para la provincia. No hizo reproches.

(www.elpais.com, 04/09/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RENUEVA SU ALIANZA CON FABRA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiere dejar cabos sueltos en un curso que se presenta cargado de tensión. El jefe del Consell renovó su alianza con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para garantizarse la estabilidad interna en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Especialmente frente al sector que lidera José Joaquín Ripoll en Alicante, que ha adelantado la celebración de las asambleas locales del partido para evitar la hegemonía del campismo en la provincia. Ripoll, consciente de la situación, aprovechó el encuentro con Camps en la catedral de Valencia -donde se celebró un funeral por el consejero fallecido José Ramón García Antón- para acercarse a saludarle y departir durante varios minutos con él. Por la mañana el presidente de la Generalitat había obtenido en Madrid, nuevamente, el apoyo explícito de Mariano Rajoy.

Pero a estas alturas del partido, Camps tiene clara cuál es su hoja de ruta. El jefe del Consell acudió a Castellón para almorzar con Fabra en compañía de los vicepresidentes primero y segundo, Vicente Rambla y Gerardo Camps, respectivamente, y el secretario regional del PP, Ricardo Costa.

En el almuerzo, según desveló el propio Fabra, estuvieron presentes la secretaria provincial del PP y portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marisol Llinares; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y su hombre de confianza Javier Moliner.

Algunos de los asistentes prolongaron la reunión hasta entrada la noche.En la reunión se abordaron distintas cuestiones, como la manera de reconducir los grandes proyectos de la Generalitat en la provincia de Castellón -la Ciudad de las Lenguas, la Ciudad de la Música, el aeropuerto- e impulsar grandes infraestructuras como el hospital de Vall d'Uixó, las depuradoras, las plantas de basura y las carreteras pendientes. Cuestiones que tendrán que tener su traslación en los presupuestos de la Generalitat para 2010 que se presentan en las Cortes Valencianas a finales de octubre.

Cuestiones que hicieron que Gerardo Camps fuese uno de los últimos en marcharse de la jornada con Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón logró, además, apalabrar una reunión con el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Contino, la próxima semana para desbloquear la construcción de varios campos de golf en la provincia.

La discreción con la que se planteó la cumbre entre Camps y Fabra -que continuó en el domicilio plo del presidente de la Diputación- motivó las críticas de la diputada socialista María José Salvador.

"Se tienen que reunir a escondidas porque sólo hablan de sus causas judiciales y no de los problemas de Castellón", dijo la parlamentaria socialista, que lamentó que el presidente de la Generalitat vaya "poco a Castellón y que cuando lo haga sea a escondidas porque sabe que no tiene respuesta para explicar por qué sigue manteniendo a Fabra a pesar de sus graves imputaciones judiciales".

La relación entre Camps y Fabra fue una de las cuestiones comentadas en las numerosas reuniones informales que mantuvieron distintos cargos populares que acudieron a Valencia para asistir al funeral por el fallecido José Ramón García Antón.

El PP de la Comunidad Valenciana no ha dejado de ser un hervidero desde hace meses, en donde los sobresaltos se suceden uno tras otro. En menos de una semana, los populares han asistido a una reorganización del Consell; al relevo del director general de RTVV, Pedro García; y a la posibilidad de que se adelantasen las elecciones a las Cortes Valencianas. Y todo ello, en vísperas de un gran mitin en la plaza de toros de Valencia con el que el PP pretende realizar una nueva demostración de fuerza. Un acto que contará con la presencia del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy.

(www.pais.com, 03/09/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA RECOLOCA A OTRO DE SUS COLABORADORES

Dicen los que conocen a Carlos Fabra que nunca deja en la estacada a sus colaboradores. Siempre encuentra un hueco en la diputación para nuevas incorporaciones y un resquicio presupuestario para otro sueldo. Así se explica la extensa nómina de asesores y cargos de confianza de la institución provincial, que se verá ampliada próximamente con la entrada del ex director de Mundo Ilusión, Ignacio Soria, quien se situará al frente de Vicasdi, S. A, la promotora inmobiliaria de capital público auspiciada por Fabra. En la elección no ha mediado concurso ni proceso de selección.

Ignacio Soria estaba desde ha?ce casi medio año en el paro, después de que el Consell decretara la suspensión indefinida del proyecto del parque de ocio Mundo Ilusión y de la sociedad promotora. Carlos Fabra ha intentado en este tiempo sin éxito el reingreso de Soria en la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), adscrita a la Conselleria de Economía, para que supervisara la puesta en marcha de los proyectos de Castelló, que acumulan años de retraso (de la SPTCV dependen la Ciudad de la Música, la Ciudad de las Lenguas, el Centre de Convencions, el aeropuerto y Mundo Ilusión).

Las gestiones del presidente provincial no han tenido resulta?do, en una nueva muestra de su escasa influencia sobre el Ejecu?tivo autonómico. No le ha quedado otra que buscar acomodo en la diputación a Ignacio Soria, que será director gerente de la sociedad pública Vicasdi, una promotora de capital íntegramente público que pretende promover la construcción y alquiler de viviendas y el desarrollo de suelo industrial. se constituyó la mercantil en un acto en el que estuvo presente Ignacio Soria, que aún no ha firmado el contrato.

Soria fue asesor en la diputación con Fabra, quien luego le situó al frente de Turcastellón. De ahí dio el salto a la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión, adscrita a la SPTCV, donde ejerció de director general hasta abril, cuando el Consell ordenó suspender la actividad y despedir a los dos trabajadores en nómina. También es en la actualidad gerente del patronato de la Fundación de Festivales Costa Azahar, que gestiona el FIB. Este cargo no está remunerado.

El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, aseguró en un comunicado que la inmobiliaria Viscali de la diputación es un nuevo "chiringuito" del presidente de esta institución, Carlos Fabra, "para colocar a sus amigos", pues -dijo- "esta empresa no tiene ninguna utilidad y la colocación a su frente del ex gerente de Mundo Ilusión es una prueba más de para qué servirá". Según Mulet, "conociendo de sobra como han funcionado y la utilidad social que han tenido los inventos societarios de Carlos Fabra: Aerocas, Mundo Ilusión y el Patronato de Turismo, ahora se crea otra, con medio millón de euros de nuestros bolsillos, y lo primero que se hace es colocar como gerente no a un técnico experto en la materia, sino a un viejo conocido parásito de las instituciones, Ignacio Soria, que fue gerente de la empresa pública Mundo Ilusión". "Esta persona -añadió- ya acumula en sus espaldas el fracaso en la gestión del que había sido el proyecto estrella de Carlos Fabra, por lo que una persona de ineptitud manifiesta que se ponga ahora a gestionar esta inmobiliaria pública hace prever su resultado", indicó el portavoz de Iniciativa Carles Mulet.

(www.levante-emv.com, 04/09/099

29. COMUNIDAD VALENCIANA. TURISMO ADMITE QUE SIGUE ATADA A ORANGE MARKET HASTA QUE NO RESUELVA SU CONTRATO

La Conselleria de Turismo ha comunicado al grupo socialista de Les Corts Valencianes que mientras el contrato con Orange Market "esté en vía de resolución, no se puede contratar con otra empresa" el montaje de los expositores promocionales de la Comunitat Valenciana en las ferias de turismo. En junio, en plena polémica por el "caso Gürtel" y con Francisco Camps aún imputado, la Conselleria de Turismo recibió una factura de la franquicia valenciana de la red de Francisco Correa en la que se le reclamaba medio millón de euros por el montaje del pabellón valenciano en Fitur.

Por su parte, Turismo ya había puesto en manos de los servicios jurídicos la resolución del contrato del montaje de expositores en las ferias, que fundamentan en un incumplimiento del mismo por parte de Álvaro Pérez. A los pocos días de estallar el escándalo, el pasado 6 de febrero, la consellera Angélica Such encargó un informe jurídico para evaluar las consecuencias de rescindir el acuerdo que, según la adjudicación, contemplaba Fitur y otras cuatro ferias. Los letrados del Consell y representantes de Orange Market deben pactar las condiciones de la ruptura, una negociación en la que la Generalitat usará como supuesta baza ese incumplimiento pero que aún no se ha resuelto, como demuestra la respuesta de la conselleria al PSPV.

La diputada socialista María Isabel Lloret había preguntado a Turismo si había tomado alguna decisión sobre "la necesidad de contratar a otra empresa que sustituya a Orange Market para construir los stands promocionales de la Comunitat Valenciana en las ferias profesionales del sector".

Según la conselleria, "uno de los principios de contratación administrativa establece que no puede haber duplicidad en el objeto de la contratación. Así pues, mientras el contrato con Orange Market SL esté en vía de resolución, no se puede contratar con otra empresa para el mismo objeto".

En respuesta a otra pregunta de la misma diputada, la conselleria explica que la Ley de contratos del sector público establece diferentes procedimientos de contratación, entre ellos el negociado sin publicidad, que sólo se puede utilizar en cierto casos. Según Turismo, en 2008, de un volumen total de contratación de 26.760.810 euros, el procedimiento negociado representó sólo el 4,98% del total.

(www.levante-emv.com, 02/09/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL GOBIERNO PARALIZA LA URBANIZACIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO VIRGEN DE LA COSTA EN CALP

El Ministerio de Medio Ambiente ha forzado en Calp la paralización del proyecto urbanístico que prevé edificar el último tramo virgen de costa que queda en el municipio, en la cala de la Manzanera. El plan fue aprobado en un pleno en julio por el gobierno local -BNV, PP y PSD- y permitía a una promotora de Sevilla construir de forma inminente 139 viviendas de lujo en siete bloques de cuatro alturas, que pese a eregirse sobre un acantilado no afectaban, entonces, al suelo público de la costa. Ahora sí: la decisión del ministerio de promover un nuevo deslinde de dominio público marítimo-terrestre sobre los 16 kilómetros de la costa de Calp paraliza por ahora la concesión de licencias en la Manzanera. Cuando finalice el deslinde, si los terrenos se ven afectados por la zona de servidumbre el proyecto quedaría definitivamente anulado.

El proyecto de la Manzanera ha desatado una honda polémica en este mandato por su simbolismo, ya que acabará con una masa boscosa en pleno litoral. El PSPV se opuso por el grave impacto paisajístico que supondrán las torres de apartamentos y abogó por una reordenación de la zona que evitara bloques de hormigón al borde del acantilado.

Hasta el propio alcalde, el nacionalista Ximo Tur, matizó que no le gustaba la actuación, pero culpó de la misma al PSPV, fuerza política que aprobó la edificabilidad de la cala durante uno de sus gobiernos hace 15 años. La nueva situación de la Manzanera se dio a conocer en una reunión sobre el deslinde, que actuará sobre más de mil casas, convocada por el alcalde y a la que acudieron centenares de vecinos inquietos. Tur aseguró que no se demolerá ninguna vivienda, aunque sí que se verán afectadas algunas terrazas en la fachada marítima.

(www.elpais.com, 04/09/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EX EDIL DE DEPORTES DE IBI DICE QUE SE FUE POR PRESIONES

Seis meses después de dimitir, la ex concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Ibi, Ana Sarabia -imputada en el caso del pago irregular de viajes, ropa y comida con cargo a las cuentas municipales que investiga el juzgado número 2 de Ibi- ha asegurado que fue destituida por las presiones reiteradas de sus compañeros. Presiones que forzaron a la alcaldesa del PP, Mayte Parra, a firmar el cese de sus delegaciones y de su cargo de teniente de alcalde. Sarabia recalca ahora, a través de un comunicado, que su marcha "no fue una renuncia voluntaria", pese a que fue presentada como tal en su momento.

Sarabia dimitió en febrero tras salir a la luz, con la publicación de varios extractos de facturas, el supuesto pago irregular de facturas con cargo a la caja del polideportivo municipal, de los que presuntamente se beneficiaron la alcaldesa y la ex concejal de Deportes y sus familiares.

El Grupo Municipal Socialista -que fue quien presentó ante el fiscal la información sobre los pagos irregulares y que derivaron en marzo en la imputación de Sarabia- señala que, en actas de comisiones informativas y en el pleno del mes de abril, "se da por hecho que la concejal renunció voluntariamente" por lo que añaden que la Inspección de Trabajo considera que a Sarabia no le correspondería cobrar el paro.

La ex concejal advierte de que con la documentación que le entregó el Ayuntamiento, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) le comunicó que tenía derecho a ocho meses de paro. Sarabia dice ahora que devolverá el dinero, si finalmente se demuestra que ha habido irregularidades.

El sindicato Csif ha exigido a la oposición que retire su petición de pleno para reprobar a los responsables de tramitar la baja de Sarabia. El sindicato señala que los políticos "no pueden juzgar hechos sobre los que no se ha pronunciado la justicia y que pueden afectar a trabajadores municipales".

Un mes antes de que Sarabia hiciera pública su renuncia, de la que ahora se ha desdicho, fue expulsada del Grupo Municipal del PP la concejal de Hacienda, Felicidad Peñalver. La marcha de Peñalver se justificó en las desavenencias con la alcaldesa.

En la instrucción del caso, Sarabia reconoció que no había pagado los gastos derivados de varios viajes de su bolsillo al ser la titular de Deportes y aseguró, sin demostrarlo, que la alcaldesa y su marido sí los habían pagado.

(www.elpais.com, 02/09/09)

32. CASTILLA-LA MANCHA. UN CARGO DE COSPEDAL ABANDONA UNA COOPERATIVA TRAS SER ACUSADO DE FAVORECER A SU EMPRESA

Tomás Cabañero Losa, miembro de la ejecutiva regional del PP de Castilla-La Mancha que dirige la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, ha dimitido como presidente de la Cooperativa Vinícola de Villarrobledo. La directora financiera de esa entidad acaba de descubrir irregularidades que apuntan a que Cabañero utilizó su puesto para financiar una empresa familiar.

Porque Cabañero, además de miembro de la ejecutiva de Cospedal en Castilla-La Mancha, vicepresidente del PP de Albacete y (ahora ex) presidente de la cooperativa vinícola, es único administrador de la sociedad Martínez Solé, una empresa a la que la cooperativa concedió un contrato por cuatro millones de euros para la construcción de depósitos para las bodegas, sin que lo supieran los socios.

La directora financiera acudió el pasado 30 de agosto a una asamblea en la sede de la cooperativa con la intención de exponer su informe. "Pero el presidente no la dejó hablar, porque dijo que no era imparcial", explicó a este diario Sebastián Carrasco, socio de la cooperativa presente en la asamblea. Tres días después, Cabañero presentó su dimisión, "porque se lo pidieron los consejeros", añade Carrasco. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con Cabañero.

El informe que no pudo exponer la directora financiera, Dolores García Haro, daba cuenta de lo siguiente: "La Cooperativa ha aceptado pagarés por importe superior al importe facturado por Martínez Solé a la cooperativa, así como ha atendido recibos no gestionados ni controlados por la Administración de la cooperativa, todo ello bajo las órdenes de mi presidente, Tomás Cabañero Losa. En todo momento desconozco si la Junta está informada de estos movimientos y es el presidente quien me pide máxima discreción en el asunto". Los socios lo desconocían. "No sabíamos que se había contratado a la empresa de Cabañero porque ese contrato nunca se votó en asamblea", explicó Carrasco. "Es un alivio que haya dimitido, pero queremos que nos aclaren las irregularidades".

En su informe, la directora financiera añadía: "Los bancos no nos están otorgando los créditos que esperaba y algunos de ellos rehúsan trabajar con nosotros mientras Tomás Cabañero sea presidente".

La empresa de Cabañero ha despedido a la mitad de su plantilla (350 personas) sin haberse acogido a un expediente de regulación de empleo y está denunciada en los juzgados.

(www.elpais.com, 04/09/09)

33. CASTILLA-LA MANCHA – REGIÓN DE MURCIA. LÓPEZ DEL HIERRO, PROMETIDO DE COSPEDAL, ES EL "INVENTOR" DE LA PROCLAMA MURCIANA "AGUA PARA TODOS"

Corría el año 1979 cuando se desató la polémica. El gobernador civil de Toledo, nombrado por Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación (ahora Interior) y miembro del ala azul de UCD, concedía una entrevista a La Hoja del Lunes de Murcia en la que avalaba el flamante Trasvase del Tajo-Segura. Y lo hacía con una frase que daría pie al actual lema que enarbola Murcia contra Castilla-La Mancha para mantener el traspaso de agua: "Hay agua para todos". Ahora, la confrontación podría resucitar, a la vista de que aquel joven gobernador, Ignacio López del Hierro, se convierte en el marido de María Dolores de Cospedal, número dos del PP y líder de los populares manchegos, firmes opositores del Trasvase.

Este antiguo militante de UCD, que en su día fue el gobernador civil más joven de España, con 29 años, ahora está apartado de la política. Sin embargo, tampoco ha escapado de polémicas más actuales. Es el caso de su espantada de la Caja de Castilla-La Mancha, de donde huyó junto a los consejeros populares por orden de su prometida en medio de la mala situación de la entidad.

"Agua hay para todos y lo que ha pasado con el trasvase Tajo-Segura es que cuando se realizaron las obras no se contó con las provincias afectadas". Así hablaba López del Hierro en 1979, año en que se inauguró el trasvase, que ya empezó con polémica. Aquellas palabras parecen resonar todavía en las reivindicaciones murcianas y valencianas contra Castilla-La Mancha y que se encauzan bajo el lema: "Agua para todos".

La voz del Tajo reprodujo a finales de aquel agosto las palabras que Del Hierro había pronunciado ante la hoja murciana, acompañadas de críticas del entonces alcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa; del presidente de la Diputación, Gonzalo Payo Subiza; del "alcalde accidental" de Talavera, Julián E. González; y del dirigente del PCE de Toledo, Gabriel Ramos Aparicio. Tal debió ser la convulsión que en la misma página se incluía un artículo con "precisiones" de Del Hierro.

"Esta frase de si hay agua para todos, aunque no sé si la pronuncié o no (…), la dije en un concepto general, es decir, dentro de una conversación, no como una frase sola", defendía el futuro marido de Cospedal. Quizás, esta actitud de estar en misa y repicando al mismo tiempo, más que enfurecer a la dirigente popular puede haber supuesto el definitivo flechazo.

Y es que Cospedal podría haber encontrado a su pareja ideal, a la vista de los juegos de malabares que también la dirigente popular debe realizar debido a su doble faceta de número dos del PP nacional y número uno del PP manchego. Así las cosas, Cospedal se suele ver obligada a rechazar con vehemencia el Trasvase del Tajo-Segura de cara a los manchegos, al tiempo que tiene que apoyar los intereses de sus compañeros de partido, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, partidarios de aquel "Agua para todos" que inauguró su prometido.

Por ejemplo, hace casi un año, Cospedal evitó ir al Congreso de los Diputados a defender el Estatuto de Castilla-La Mancha (que había pactado con el PSOE manchego y que preveía el fin del Trasvase para 2015) para no levantar aún más ampollas en el núcleo del PP. Esta falta de sentido común fue criticada por Valcárcel: "Cospedal juega a cierta ambigüedad. Le he oído asumir en su totalidad el Estatuto y, horas después, asumiendo la totalidad de la política hídrica del PP adoptada en el Congreso de Valencia".

A partir de ahora, seguro que de Cospedal y López del Hierro tienen un tema apasionante sobre el que debatir encendidamente y con el que llenar el que esperamos que sea un largo futuro marital. Seguro que consiguen una mayor sintonía sobre el Trasvase que la que mantiene Cospedal con Valcárcel.

(www.vegamediapress.com, 03/09/09)

34. ISLAS BALEARES. "LA CAMPAÑA DEL PP NO SE PODÍA FACTURAR PORQUE IRÍA POR 'B"

Dinero negro, sin factura y, "obviamente", sin IVA. El PP de Baleares supuestamente manejó durante la campaña electoral autonómica y local de 2007 fondos de forma ilegal para abonar parte de los gastos publicitarios generados por la candidatura de su líder, Jaume Matas, quien perdió el poder. Ésta es la tesis de la investigación del juez del caso Palma Arena y de la Fiscalía Anticorrupción y así lo ratificó ante el juez una testigo. Las partidas detectadas suman 71.058,44 euros por gastos publicitarios no declarados ante el Tribunal de Cuentas.

Carmen Medina, empleada de la agencia de publicidad Nimbus -que trabajaba para el PP en 2007 y que, en paralelo, logró 2,1 millones de contratas del Gobierno de Matas-, sostuvo bajo juramento que conoció como "unas determinadas partidas de la campaña electoral del PP del año 2007 no se podían facturar y que irían 'por B' [en dinero negro]" y la declarante supone que ello se debía a que los gastos de la campaña electoral habían sobrepasado los límites legales y que por ello se debían facturar en negro. Los "papeles cantan", reconoció un abogado de la defensa.

En los 3.000 folios de los ocho tomos de la causa, en la que están imputados hasta 12 cargos del PP balear (cinco del entorno inmediato de Matas), constan documentadas las entregas en negro del PP a Nimbus por valor de 71.058,44 euros. El cuñado de Matas y ex gerente del PP balear entre 2003 y 2008, Fernando Areal, lo negó todo. Antonio Coll, abogado de Nimbus, rechazó que se efectuasen "regalos" al PP, así como las facturas ficticias, y observó "división de opiniones" sobre los pagos en dinero negro por los límites de la legislación electoral.

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach suponen que el PP balear tuvo una caja b y que contrató una valija de seguridad bancaria. Así se le preguntó a Areal, quien admitió que tuvo una. Los investigadores sostienen que el PP se nutría de los frutos de presuntas comisiones ilegales de empresas beneficiadas por la adjudicación del velódromo Palma Arena, una obra que pasó de costar 41 millones a 110. Este sobrecoste "no está justificado", dijo el juez, quien preguntó a Areal si parte de ese dinero "pudo llegar al PP por conducto de la UTE [del Palma Arena, FCC-Melchor Mascaró] o de otras empresas contratadas a dedo". Ni un euro, replicó Areal.

El argumento de la defensa del PP y de Areal quedó malparado por la testigo. "La suma que no se facturó se cobró en negro, y ya lleva incluido el 15 % de beneficio y, obviamente, no lleva incluido el IVA". La empleada agregó más sobre "las producciones B" halladas en Nimbus, que empleó hasta cuatro jefes de prensa de Matas y del PP: "En aquellos casos que no se factura [el 15% de beneficio] aparecían contablemente como pérdidas aunque no lo eran, ya que se habían cobrado en negro".

La versión de Medina reitera la de su jefe, el publicitario Miguel Romero, imputado y el libre bajo fianza. Se pagaron comisiones del 5% al 8% al gerente del Palma Arena, el ex jefe de prensa del PP en instituciones de Palma, Jorge Moisés. "Las comisiones que se les pagaban se camuflaban en contabilidad como gastos de restaurante", dijo y añadió que un documento que se le exhibió con el epígrafe "gorras", se refiere "a una comisión a Moisés".

(www.elpais.com, 01/09/09)

35. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS ADJUDICÓ CONTRATOS POR 1,2 MILLONES AL ESTRATEGA ELECTORAL DEL PP

Las agencias de publicidad encargadas de organizar la campaña del PP en 2007 consiguieron contratos millonarios del Govern de Jaume Matas. Una de estas empresas, la madrileña Over MCW, recibió encargos de la Administración Autonómica valorados en más de 1,26 millones de euros, casi 210 millones de pesetas.

Esta firma ha trabajado de forma muy estrecha con los populares tanto en Balears como en la Península. Entre otras tareas, trazó la estrategia electoral de Matas en 2003 y 2007, colaboró con el político conservador durante su etapa en el ministerio de Medio Ambiente y diseñó la campaña de la actual presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.

Su nombre ha saltado a escena con motivo de la investigación del caso Palma Arena. El juez instructor y los fiscales anticorrupción se interesaron por Over MCW –administrada por Daniel Mercado– durante la declaración del ex gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal.

Hace tres años, la empresa de marketing madrileña también suscitó controversia, pero aquella vez en el Parlament de las islas. El diputado socialista Antoni Diéguez formuló una pregunta en la Cámara balear con motivo de una nota hallada en las dependencias del entonces conseller de Interior, José María Rodríguez. Ese papel remitido en 2005 por el administrador de Over MCW hacía referencia a unos trabajos futuros que debían desarrollarse en 2007, año de elecciones autonómicas y municipales. "Querido conseller, en las próximas semanas nos reuniremos con Miquel Ramis [entonces portavoz del PP] para otros temas de 2007", escribió el propietario de la agencia de publicidad.

El contenido de aquella nota cobra vigencia a raíz de la investigación sobre el Palma Arena y los indicios de presunta financiación ilegal de los populares. El análisis de las adjudicaciones llevadas a cabo por las conselleries de Deportes y Vicepresidencia, en manos de Rosa Puig y Rosa Estaràs respectivamente, arrojan contrataciones millonarias a las agencias de publicidad que luego participaron en la campaña del PP. Estos dos departamentos hicieron encargos a Nimbus, del publicista imputado en el caso Miguel Romero, por 2,2 millones de euros. Muchos de los contratos se trocearon en paquetes de 12.000 euros para evitar su salida a concurso público.

En el caso de Over MCW, las conselleries de Rosa Puig y Rosa Estaràs también fueron las más generosas. Le adjudicaron tareas por 450.000 y 287.000 euros respectivamente, tal como consta en una intervención parlamentaria del que era conseller de Economía y Hacienda, Ramis d´Ayreflor.

(www.diariodemallorca.es, 04/09/09)

36. ISLAS BALEARES. RAJOY ACUSA A LA FISCALÍA DE TRATO DESIGUAL

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró en relación a las detenciones por el caso Palma Arena que la Fiscalía trata de forma diferente a los españoles "según sean de un partido u otro" y que se realizan detenciones "impropias de una democracia avanzada". Por su parte, el portavoz del PP balear, Carlos Simarro, anunció que si finalmente existen pruebas evidentes de culpabilidad, el partido será el primero en personarse como acusación.

(www.diariodemallorca.es, 04/09/09)

37. ISLAS BALEARES. LA CAMPAÑA DEL FARAÓN

Los promotores de hospitales, túneles de metro y kilómetros de asfalto articularon una campaña electoral a la altura de un velódromo o de una ópera en medio del mar. Faraónica. Nunca antes un partido político había movilizado semejante cantidad de recursos humanos y materiales. En 2007, el PP empapeló Mallorca con el lema ´Funciona´. Sus dirigentes se movilizaron por tierra, mar y aire. No dejaron ni un solo rincón de la geografía local sin recorrer. Invitaron a mesa y mantel a millares de simpatizantes.

El despliegue de los populares sorprendió a sus contrincantes pero ninguno cuestionó abiertamente la procedencia de los fondos empleados las semanas previas a los comicios autonómicos y municipales. Ahora, los fiscales anticorrupción y el juez instructor del caso Palma Arena ofrecen algunas pistas sobre cómo se financió aquella maquinaria del ´Funciona´. Las indagaciones desvelan presuntos pagos en negro y trabajos a precio de coste por parte de las empresas del publicista Miguel Romero, adjudicatario de decenas de contratos del Govern y organizador de una parte de la campaña.

El PP recurrió a la empresa madrileña Over MCW de cara a la cita con las urnas. Esta compañía había colaborado con Jaume Matas en los comicios de 2003 y durante su paso por el ministerio Medio Ambiente, explica su administrador, Daniel Mercado. Over MCW asumió la faceta creativa y la estrategia, mientras las agencias locales, entre ellas Nimbus, de Miguel Romero, gestionaban la publicidad en medios de comunicación, vallas y marquesinas.

Cuando por aquellas fechas la prensa preguntó sobre el desembolso previsto, la dirección del partido pronosticó un gasto de 600.000 euros. Visto el despliegue posterior, la cantidad se antoja ridícula. La campaña comenzó mucho antes de la tradicional pegada de de carteles, el 10 de mayo de 2007. Las formaciones políticas arrancaron motores varios meses antes, con la presentación de los candidatos a las alcaldías. En aquellas reuniones, a veces amenizadas con viandas, se concentraban entre 200 personas, si el pueblo era pequeño, y unas 1.300, como ocurrió en Manacor con el aspirante Antoni Pastor.

Jaume Matas levantó el telón por todo lo alto. El candidato a presidir el Govern se hizo carne ante la militancia durante un acto desarrollado en el Auditorium. Eduardo Zaplana y Ana Pastor fueron sus padrinos. A lo largo de tres horas se sucedieron números musicales y humorísticos, proyecciones audiovisuales y bailes al ritmo de Let the sun shine in.

El más vivo ejemplo de la magnitud de la maquinaria popular fue el cartel colgado de uno de los edificios de la Plaza de España. Cubrió casi por completo su fachada y contenía un dispositivo que enviaba videos y mensajes a los teléfonos móviles que tenían activado el sistema bluetooth.

Matas, Estarás y Cirer no escatimaron en medios de transporte. Fletaron un autobús con internet para facilitar el traslado terrestre de los candidatos. Si la campaña requería un viaje por el aire, Matas se montaba en un helicóptero. El ex president se subió a un Eurocopter AS 350 Ecureuil para recoger basura en la falda del Puig Major. Allí se acumulan bidones lanzados hace medio siglo por los primeros militares estadounidenses destinados en la estación de radar.

La manera más habitual de granjearse a los votantes consistió en invitarles a comer. Esta prática habitual en todos los partidos alcanzó dimensiones pantagruélicas en 2007. Unas 600 personas cenaron buey asado en Montuïri. La bestia estuvo cocinándose casi 24 horas. Durante la reunión de Rosa Estaràs con las casas regionales en Palma, la actual presidenta del PP les dijo al millar de asistentes: "Quiero ser una presidenta [del Consell] que podáis tutear y no se crea dios". A continuación cenaron dos toneladas de mejillones, empanada gallega y frito mallorquín. El colofón de la campaña lo puso Mariano Rajoy en el Palma Arena. Allí se repartieron banderines, agua, globos y Quelys merienda entre los 9.000 congregados. La víspera del día de reflexión, en el velódromo de Son Moix y ante 3.000 personas, los agasajos consistieron en hamburguesas, perritos calientes, refrescos, globos y chocolate con churros.

Algunos gastos de aquellos mitines faraónicos se intentaron cargar al Govern, como ocurrió con una cena para 70 periodistas, la vigilancia del acto central en el Palma Arena o la edición de más de 100.000 folletos.

(www.diariodemallorca.es, 02/09/09)

38. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. UPN EXPULSA DE SU GRUPO A LA EDIL DEL PP DE PAMPLONA

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona acordó por unanimidad la expulsión de la concejal Cristina Sanz, quien el pasado mes de julio abandonó la formación regionalista para afiliarse al PP. La decisión aboca a Sanz a integrarse, junto a ANV, en el grupo de los no adscritos -no existe el Grupo Mixto-, una circunstancia que causó especial malestar en fuentes populares.

La reacción de Génova y de los dirigentes del PP navarro fue muy crítica, además, hacia la alcaldesa Yolanda Barcina, por haberse "plegado a los dictados de Miguel Sanz", ex presidente de su partido. El presidente del Gobierno Foral había exigido la expulsión de la edil del grupo municipal por "transfuguismo y deslealtad" en un artículo, a los pocos días de que la alcaldesa se mostrara partidaria de que siguiera en él "siempre y cuando mantenga la lealtad".

La edil prometió seguir votando junto a UPN -así lo hizo al oponerse a la reprobación de Barcina-, pero el grupo de gobierno le reprochó en un comunicado unas declaraciones posteriores a su baja, al afirmar que la ruptura del pacto entre el PP y UPN supuso "la desvinculación con los principios y valores en los que creo".

(www.elmundo.es, 04/09/09)