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Del  05 al 11 de Septiembre 2009

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ÍNDICE

 

1. EL LÍDER DEL PP ELUDE LA CORRUPCIÓN Y SE CENTRA EN LA CRISIS

2. RAJOY DICE AHORA QUE EL PP NO HA PUESTO EN TELA DE JUICIO LAS INSTITUCIONES

3. RAJOY EQUIPARA EL PUÑO EN ALTO CON EL SALUDO FASCISTA

4. EL PP AVALA LAS DENUNCIAS DE CAMPS SOBRE EL "RÉGIMEN DE TERROR"

5. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL'

6. SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE DESCONOCER LA AMISTAD ENTRE CAMPS Y EL JUEZ DE LA RÚA

7. EL JUEZ DESTAPA QUE BÁRCENAS ACUSÓ EN FALSO A DOS POLICÍAS DE ACOSARLE

8. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONFÍA EN PODER VOTAR EL SUPLICATORIO DE MERINO LA PRÓXIMA SEMANA

9. EL PP, LÍDER EN CARGOS IMPUTADOS

10. EL PP SE HA BENEFICIADO DE 24 CASOS DE TRANSFUGUISMO, 4 DE ELLOS EN ALICANTE

11. AZNAR: "CONSERVAR NUESTRA HISTORIA ES CONSERVAR LAS RAÍCES DEL CRISTIANISMO"

12. PAÍS VASCO. CONDENAN A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX EDIL DE URBANISMO DE VITORIA

13. GALICIA. LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO

14. GALICIA. TRABALLO MANTIENE A LA DIRECTORA CONDENADA POR SU "CAUDAL DE ILUSIÓN"

15. GALICIA. A CORUÑA RETIRA SÍMBOLOS FRANQUISTAS SIN EL APOYO DEL PP

16. ANDALUCÍA. LA FISCALÍA PIDE CÁRCEL PARA EL REGIDOR DE SORBAS POR DAR LICENCIAS EN SUELO PROTEGIDO

17. ANDALUCÍA. LOS POPULARES, EN CONTRA DE QUITAR UN MONUMENTO A PRIMO DE RIVERA

18. COMUNIDAD DE MADRID. FUNDESCAM OCULTÓ SUS CUENTAS HASTA QUE ESTALLÓ EL ESCÁNDALO

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADMITE QUE FUNDESCAM PUSO AL DÍA SUS CUENTAS TRAS SALTAR EL ESCÁNDALO

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA

21. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN, SOBRE AGUIRRE: "DOS NO DISCUTEN SI UNO NO QUIERE, Y YO NO QUIERO"

22. COMUNIDAD DE MADRID. JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA EL EX ALCALDE DE BOADILLA

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER INSTALAR UN "RÉGIMEN DE TERROR"

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL CONTABLE DE CORREA ADMITE PAGOS DE LA 'CAJA B' DE LA TRAMA AL PP DE VALENCIA

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS A DEDO DE CAMPS A LA 'TRAMA GÜRTEL'

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL GOBIERNO VALENCIANO OCULTA INFORMACIÓN DESDE HACE MESES

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ANA MICHAVILA DEJARÁ DE SER JEFA DE GABINETE DE CAMPS TRAS EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS TIENE CELOS DE FEIJÓO

29. COMUNIDAD VALENCIANA. INTERESES FAMILIARES EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE COTINO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. GARCÍA ACEPTÓ ANTES DE IRSE LA PETICIÓN DEL SÍNDIC DE QUE RTVV DEJE DE MANIPULAR

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA AFIRMA QUE SE DESVIÓ DINERO DE TERRA MÍTICA A ANDORRA

32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP DIVIDIDO ANTE EL PROYECTO URBANÍSTICO DE VALDECHIVILLAS: "HA HABIDO COACCIONES DE TODOS LOS TIPOS"

33. CASTILLA-LA MANCHA. EL MARIDO DE COSPEDAL NO SE INHIBIÓ EN LAS VOTACIONES DE CCM QUE AFECTABAN A SUS PROPIAS EMPRESAS

34. CASTILLA-LA MANCHA. GUADALAJARA: SÍ A LAS CALLES FRANQUISTAS

35. REGIÓN DE MURCIA. EL GOBIERNO MURCIANA, LAS CAJAS E IBERDROLA, SEDUCIDOS POR EL LADRILLO

36. ISLAS CANARIAS. EL JUEZ IMPUTA A UN EX CONCEJAL DEL PP NUEVOS DELITOS DE COHECHO EN EL CASO ARONA

37. ISLAS BALEARES. EL GOBIERNO DE MATAS PAGÓ A UNA AGENCIA AMIGA 590.000 EUROS PARA AUTOBOMBO

38. ISLAS BALEARES. UN IMPUTADO EN EL PALMA ARENA SEÑALA A BALLESTER

39. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ASUME LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE MATAS

40. ISLAS BALEARES. BILLETES DE 500 EUROS Y PISOS DUDOSOS

41. ISLAS BALEARES. UN IMPUTADO DICE QUE MATAS Y ESTARÁS SIMULARON ASISTIR A JUNTAS DE ILLESPORT


1. EL LÍDER DEL PP ELUDE LA CORRUPCIÓN Y SE CENTRA EN LA CRISIS

Apenas un día después de inaugurar el curso político en Valencia en honor a Francisco Camps -exonerado hace un mes de una imputación por cohecho-, Mariano Rajoy se olvidó del caso Gürtel. Durante la clausura de una escuela de verano en Tarazona (Zaragoza), el líder del PP no hizo referencias a los casos de corrupción que afectan a miembros de su partido y centró su discurso en asegurar que la clase media es quien más paga "los errores, gracias y disparates" de la política económica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En el foro, organizado por el PP de Aragón y FAES (la fundación del partido), los populares propusieron ideas para poner solución a asuntos como la crisis económica, la educación o el papel de las instituciones democráticas. Sobre Zapatero, Rajoy dijo que el presidente "ha engañado, ha mentido", y que la desconfianza de los ciudadanos en su palabra "es lo peor que puede ocurrir" frente a las dificultades económicas.

"Es un disparate incrementar los impuestos sobre el ahorro", afirmó Rajoy sobre el anuncio del Gobierno. Porque en un país tan endeudado como España, argumentó, lo que hay que hacer es ahorrar y no gravar el ahorro. "Lo que se espera de un Gobierno es que tenga una idea y luego haga la ley para llevarla a la práctica, y no al revés", añadió.

Toda la acción del Ejecutivo es, según Rajoy, "un conjunto de despropósitos" que hace "metafísicamente imposible" salir de la crisis. Las soluciones, para el PP, pasan por disminuir el gasto público, apostar por la austeridad y bajar los impuestos a emprendedores, entre otros.

Rajoy no se olvidó de Afganistán, donde las tropas españolas sufrieron una emboscada que terminó con la muerte de 13 insurgentes. El presidente del PP ve a Zapatero "huidizo, esquivo y disimulando con el tema", y cree que debe explicar en las Cortes "la naturaleza de la misión que las tropas llevan allí a cabo". "Porque él dijo que íbamos en son de paz", subrayó Rajoy.

(www.elpais.com, 06/09/09)

2. RAJOY DICE AHORA QUE EL PP NO HA PUESTO EN TELA DE JUICIO LAS INSTITUCIONES

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha referido a las presuntas escuchas ilegales denunciadas por él mismo y su partido. En un encuentro digital en elmundo.es, Rajoy ha afirmado que "en mi caso concreto, no puedo decir que a mí me hayan pinchado el teléfono". "Yo no pongo en tela de juicio las instituciones, pero quiero recordar que en este país ya tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno, el señor Serra, por escuchas ilegales", ha dicho. Y añadió que "nosotros hemos presentado una denuncia en los tribunales y serán ellos los que tengan que investigar".

Rajoy también ha hablado sobre la crisis y la 'receta' para salir de la misma: "No hay una varita mágica pero hay una política que nos llevaría a salir antes de la crisis". Ha hablado de un plan de austeridad y control del gasto público -"lo contrario que está haciendo el Gobierno", ha dicho-, una rebaja de impuestos emprendedores, resolución del problema del crédito y reformas estructurales.

El líder del PP ha vuelto a descartar, al mismo tiempo, un pacto económico con Zapatero: "Si yo pacto con Zapatero una política económica que creo que es muy perjudicial para España estaré haciendo un flaco favor a los españoles".

"Yo creo que en materia económica las cosas se están haciendo muy mal y es preciso una rectificación a fondo. El Gobierno, por lo visto, no lo ve así", ha añadido. Además, considera que no hay razón para no seguir apoyando a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, con varias imputaciones. "Ningún tribunal se ha pronunciado sobre las acusaciones que se le hacen. A mí no se me puede pedir que me convierta en juez y que tome decisiones que podrían ser irreparables". "¿Por qué me tengo que convertir yo en un Torquemada? Eso sí que sería injusto y revelaría un curioso concepto de lo que es la democracia", ha declarado.

En este sentido, se ha mostrado partidario de apartar a aquellos que están inmersos en la corrupción. "Pero eso debe hacerse siempre con pruebas porque si no liquidaríamos un principio básico de la democracia: la presunción de inocencia".

(www.publico.es, 06/09/09)

3. RAJOY EQUIPARA EL PUÑO EN ALTO CON EL SALUDO FASCISTA

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha equiparado el puño en alto propio de los comunistas con el saludo fascista. Rajoy también ha hablado sobre la crisis económica, su apoyo a Camps y los imputados del PP o la 'niña de Rajoy', entre otros temas.

El líder del PP ha dicho que le "parece antiguo y triste que personas que apenas superan los 30 años estén con el puño en alto". "¿Qué pasaría si apareciese alguno con la mano extendida? ¿Qué dirían? España, por fortuna, ahora está en otra dinámica. La mayoría de la gente está en el futuro", ha añadido. Se refería a las imágenes de los socialistas levantando el puño en el acto en Rodiezmo (León). El líder del PP ha declarado: "Mientras no me lo estampen en la cara... me da igual".

Además, ha rechazado que su partido haya puesto en duda a las instituciones del Estado, pese a llevar varios días criticando la labor de jueces, policías o la Fiscalía. Al ser preguntado sobre los cargos de corrupción que pesan sobre múltiples miembros de su partido, el vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que "la policía y la fiscalía investigan tres veces mas al PP".

Rajoy se ha referido a las presuntas escuchas ilegales denunciadas por él mismo y su partido. "Yo no pongo en tela de juicio las instituciones, pero quiero recordar que en este país ya tuvo que dimitir un vicepresidente del Gobierno, el señor Serra, por escuchas ilegales", dice. "Nosotros hemos presentado una denuncia en los tribunales y serán ellos los que tengan que investigar" ha agregado para desvelar que "en mi caso concreto, no puedo decir que a mí me hayan pinchado el teléfono", ha añadido. 

(www.publico.es, 06/09/09)

4. EL PP AVALA LAS DENUNCIAS DE CAMPS SOBRE EL "RÉGIMEN DE TERROR"

El partido presidido por Mariano Rajoy no supo precisar la forma en la que va a hacer frente al "régimen de terror" que, según el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quieren instalar" los socialistas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se limitó a respaldar las palabras de su compañero y asegurar que Camps se había explicado "con claridad" durante el mitin-cena que el partido celebró en la plaza de toros de Valencia.

"A lo que dijo [Camps] me remito", añadió Pons. Así, aludió al momento en el que Camps, rodeado de aplausos y ovaciones, contrapuso la supuesta voluntad de los socialistas de "instalar un régimen de terror" en España con el deseo de su partido de apostar "por la democracia".

Pese al esfuerzo de la dirección nacional del partido por respaldar dichas declaraciones del presidente de la Generalitat, varios cargos del PP coinciden en admitir la "dureza" de estas palabras. El propio Pons, durante la rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP, se mostró esquivo a la hora de responder a las dos preguntas de los periodistas sobre este tema. La primera vez evitó contestar y la segunda respondió sin entrar en detalles, pero, eso sí, avalando las graves acusaciones lanzadas por Camps.

Tampoco quiso González Pons entrar a valorar la estrategia a seguir por su partido un mes después de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, acusara al Gobierno de espionaje a altos cargos del partido. El pasado 6 de agosto, María Dolores de Cospedal concedía una entrevista en la que acusaba a José Luis Rodríguez Zapatero de utilizar todos los medios del Estado para derribar al PP. Hasta la fecha, el partido no ha dado a conocer prueba alguna.

Preguntado sobre la cuestión, Pons señaló que "no hay nada nuevo que añadir. Valen las respuestas anteriores". A saber: que el PP sigue manteniendo que dirigentes del partido como Camps, De Cospedal y Federico Trillo han tenido los teléfonos pinchados, que las pruebas están en los periódicos y que no descartan acudir al Parlamento Europeo si la Justicia española hace caso omiso de sus denuncias.

El mismo día en que se reveló que ha sido admitida a trámite la denuncia por filtraciones e interceptación ilegal de las comunicaciones presentada por Trillo a finales de julio, Pons confirmó que el partido se encuentra satisfecho. No obstante, mostró su sorpresa por el hecho de que sea el juez el que investigue y no la Fiscalía. "Cabe preguntarse si la fiscalía no investiga las filtraciones porque los filtradores están en la fiscalía", añadió el dirigente conservador.

(www.publico.es, 06/09/09)

5. RAJOY NO SE PLANTEA ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DEL 'CASO GÜRTEL'

El PP no tiene intención de dar ningún paso atrás en su estrategia de las últimas semanas para enfrentarse al goteo de decisiones judiciales e informaciones que desvelan los vínculos del partido con la trama supuestamente corrupta del caso Gürtel.

Los populares evitan colocarlo como el principal asunto en su agenda, pero cuando se les pregunta saltan. Esteban González Pons insistió con las supuestas escuchas ilegales para defender la tesis de su secretaria general, Dolores de Cospedal. "En el PP no se habla por teléfono con seguridad", concluyó en Radio Nacional. Al responder a una pregunta sobre la información en la que se señala que hay tres veces más procesados por corrupción del PP que del PSOE desde 2004, el portavoz popular sentenció: "Eso quiere decir que la policía y la fiscalía investigan tres veces más a los dirigentes del PP que a los del PSOE".

Pocas horas después, en presencia de González Pons, la propia Cospedal ratificó sus palabras. Pero contó algo más. Preguntada sobre la posibilidad de que el PP abra una investigación interna para saber por qué los cabecillas de Gürtel pudieron llegar a introducirse en el corazón del partido y beneficiarse de sus finanzas -en un 90% derivadas de subvenciones públicas- la secretaria general admitió que eso ni siquiera está encima de la mesa. "El caso Gürtel está en los tribunales, y mientras esté allí ellos tienen prioridad. Además, ellos tienen más medios que el PP para investigar", sentenció.

Sin embargo, Cospedal sí abrió una investigación interna hace pocos meses, por el caso del espionaje en Madrid. Poco después, quedó "en suspenso", aunque nunca se ha vuelto a abrir, ni siquiera cuando una juez ha imputado a cuatro funcionarios de la Comunidad de Madrid, todos ellos nombrados a dedo, por este supuesto espionaje.

Cospedal criticó que mientras algunos jueces se han puesto en marcha para investigar las revelaciones periodísticas del sumario secreto de Gürtel, la fiscalía no actúe.

(www.elpais.com, 08/09/09)

6. SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE DESCONOCER LA AMISTAD ENTRE CAMPS Y EL JUEZ DE LA RÚA

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho esta mañana que no le consta ninguna amistad entre Francisco Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa. Preguntada sobre la amistad entre Camps y el juez de la Rúa, a quien se encargó el caso de los trajes del presidente de la Generalitat Valenciana, Santamaría ha declarado "no me consta en absoluto esa amistad". Acto seguido la dirigente conservadora ha expresado que lo ideal en democracia es que "los jueces y los fiscales actúen conforme al derecho, si hay corrupción que se investigue y se actúe".

No obstante, según publicó este diario el pasado mes de marzo, existen varias pruebas de esa amistad. La más destacable es una declaración del propio presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". Respondiendo Camps lo siguiente: "Me siento feliz de esa relación".

Otra muestra de la amistad desonocida por Santamaría fue la presencia del juez De la Rúa en un acto electoral del Partido Popular en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue uno de los invitados de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justificaron así la presencia del juez valenciano: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

Sin embargo, Santamaría sí se ha adelantado a insinuar que existe una relación entre la gestión del Gobierno y la supuesta falta de independencia judicial al expresar que "cuanto peor le va al Gobierno más presiona a la justicia" así ha continuado expresando que le preocupa que "se resquebrajen aspectos esenciales de la democracia".

La portavoz parlamenteria del PP asegura que su partido mantiene la acusación respecto a las supuestas escuchas ilegales y que los datos sobre la misma van a ser constantemente actualizados. Santamaría ha declarado que se ha pedido al Ministerio del Interior y a la Fiscalía pruebas al respecto. "Mantenemos la acusación, está denunciado y queremos que se investigue, la denuncia está admitida así que algún fundamento tiene que tener. El informe lo vamos a mantener en constante actualización", apostilló.

Respecto al asunto de la independencia judicial en España, la dirigente conservadora ha aclarado que "si hay corruptos que los persigan porque eso nos perjudica a todos y los partidos somos los primeros interesados en saber quién no actúa correctamente para que no exista un velo de sospecha sobre todos", senteciaba.

(www.publico.es, 10/09/09)

7. EL JUEZ DESTAPA QUE BÁRCENAS ACUSÓ EN FALSO A DOS POLICÍAS DE ACOSARLE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid demostró la falsedad de la denuncia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado por corrupción en el caso Gürtel, sobre el supuesto acoso policial del que era objeto. Bárcenas presentó el 27 de julio pasado ante el juzgado una denuncia, que complet con una petición de amparo en el Senado, sobre la supuesta persecución policial de que era objeto.

Para apoyar su acusación, Bárcenas explicó que el 29 de junio pasado, dos policías se presentaron en su domicilio e interrogaron al portero de la finca. "Lo hicieron de forma insistente e intimidatoria alegando falsamente que habían venido a entregarme en persona una inexistente citación judicial", explicó. "Tales fueron las presiones", afirmaba la denuncia de Bárcenas, que el conserje "se vio obligado a facilitar el móvil" de la esposa del senador popular. Ese mismo día, la mujer de Bárcenas recibió "diferentes llamadas perdidas" de dos teléfonos que, según Bárcenas, se correspondían con la sede de la Policía Judicial.

El ex tesorero del PP aseguró que su abogado le había explicado que no existía ninguna citación judicial pendiente de notificar, por lo que concluyó que la visita de los policías sólo se podía entender como "una medida de coacción o intimidación" por la tensa conversación que mantuvo en un restaurante de Madrid con Juan Antonio González García, comisario general de Policía Judicial, departamento encargado de la investigación del caso Gürtel.

La denuncia de Bárcenas provocó una respuesta oficial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se aclara que la actuación policial es consecuencia de una orden directa del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso. "La citada actuación policial, solicitada por el Ministerio Fiscal, es la consecuencia de gestiones ordenadas por el juez, quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados".

El diputado y ex ministro Federico Trillo, encargado por el PP de la estrategia de defensa de algunos de los principales imputados por corrupción en su partido, al conocer la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejaba a Bárcenas por mentiroso, cargó contra el juez Antonio Pedreira, sugiriendo que actuó irregularmente. Trillo se mostró "enormemente sorprendido" por la aclaración del juez Pedreira desmontando la teoría conspiratoria urdida por Bárcenas.

"El juez Pedreira no tiene competencias para actuar contra el senador: ni para ordenar un registro ni para hacerle una notificación, máxime cuando el único competente es el Tribunal Supremo, que ya había asumido el asunto una semana antes y había designado instructor", aseguró Trillo. "Pedreira, más que aclarar, ha multiplicado la confusión. Por tanto, exijo que explique con todo detalle qué actuaciones ordenó a la policía, con qué competencias y por qué. Lo que está en juego no es sólo la dignidad de un senador, sino la del Estado de derecho".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), líder en número de afiliados, pidió la dimisión de Bárcenas, por escudarse en su cargo político "para acusar falsamente a la Policía y defenderse de los delitos que le pueden imputar"

(www.elpais.com, 10/09/09)

8. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONFÍA EN PODER VOTAR EL SUPLICATORIO DE MERINO LA PRÓXIMA SEMANA

La Comisión del Estatuto de los Diputados quiere dar la mayor celeridad al procedimiento del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino. Intenta que pueda votarse en el Pleno de la próxima semana, mes y medio antes de que expire el plazo para resolver toda la tramitación, el 31 de octubre. Fuentes parlamentarias han dicho que todos los miembros de la comisión, incluso el del PP, están "muy interesados" en resolver cuanto antes esta cuestión para que Merino "tenga la opción de defenderse" de los delitos de cohecho y fraude fiscal que le imputan por su presunta relación con el caso Gürtel.

Por este motivo, la comisión tratará de que el 17 de septiembre, el Pleno del Congreso vote -lo hará de forma secreta- el suplicatorio de Jesús Merino, un requisito necesario para que el Tribunal Supremo pueda continuar con sus investigaciones sobre él, al tratarse de una persona aforada, y poder procesarle, si así lo estima.

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha celebrado su primera reunión de trabajo para debatir si concede o no el suplicatorio pedido por el Supremo y ha fijado un plazo de diez días para que Merino formule sus alegaciones, que hará por escrito. No obstante, se espera que el diputado popular presente las alegaciones antes de ese plazo y será entonces cuando la comisión vuelva a reunirse para analizarlas y emitir un dictamen.

Fue el pasado 1 de septiembre cuando la Mesa del Congreso de los Diputados tramitó el suplicatorio del Supremo para investigar a Merino por su presunta relación con la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa, imputado en el caso y actualmente en prisión provisional. Según el Reglamento del Congreso de los Diputados, la citada comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de 30 días, tras la audiencia del interesado, que podrá realizarse por escrito u oralmente.

Además de Merino, el senador del PP Luis Bárcenas también está pendiente de que la Cámara Alta autorice el suplicatorio solicitado por el Alto Tribunal para imputar formalmente al tesorero del principal partido de la oposición -suspendido temporalmente de sus funciones a petición propia-.

La Mesa del Senado analizó la petición del suplicatorio contra Bárcenas, que a partir de ahora deberá recorrer un proceso similar al de Merino en el Congreso antes de que sendas cámaras den el visto bueno al Tribunal Supremo para que investigue a ambos. Los nombres de Bárcenas y Merino están incluidos en el sumario del caso Gürtel por su presunta participación en la trama de corrupción del empresario Francisco Correa, quien habría entregado a ambos grandes cantidades de dinero a cambio de adjudicaciones y contratos.

(www.publico.es, 09/09/09)

9. EL PP, LÍDER EN CARGOS IMPUTADOS

Amanecía el 29 de noviembre de 2007 cuando el alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, del PP, fue sacado de su casa por guardias civiles. Estaba -y sigue- acusado de formar parte de una red de cobro de comisiones a cambio de masivas recalificaciones de suelo. Permanece en el cargo. Lo mismo que Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), imputado en un delito similar, en libertad bajo fianza, a la espera de juicio y con el bastón de mando de alcalde. "¡No van a por mí, van a por el PP!", gritó cuando era detenido, el 18 de enero de 2007. Una tesis, la de la persecución, que ahora enarbola todo el partido.

Como ellos, 90 cargos públicos del PP -sobre todo alcaldes y concejales- han sido imputados en casos de supuesta corrupción en los últimos cinco años. Los populares suelen ser más blandos con sus imputados que el PSOE con los suyos.

Un diario de tirada nacional ha analizado el estado de la corrupción en las siete comunidades que han sido escenario de los casos más sonados: del urbanismo salvaje (y prevaricador) en Murcia y Valencia al cobro de sobornos en Baleares, Galicia y Andalucía; del caso Telde en Canarias al Gürtel en Madrid.

En total, al menos 123 cargos públicos -en España hay decenas de miles- han sido imputados, y la inmensa mayoría sigue a la espera de sentencia. Los casos archivados, como el del alcalde socialista de Elche o el del presidente valenciano Francisco Camps, no se incluyen en este cómputo (tampoco los que no son por corrupción). La comunidad que más imputados acumula es Baleares; y Andalucía, la única en la que hay más del PSOE que del PP.

BALEARES

El último caso ha estallado este verano: un juez investiga un supuesto desfalco millonario en la construcción del velódromo Palma Arena, obra emblemática del ex presidente Jaume Matas (PP). Doce ex altos cargos del PP están encausados, entre ellos el actual portavoz municipal en Palma, Rafael Durán -que ha anunciado que dimitirá de portavoz, no de concejal-, y dos ex directores generales.

El PP confía en la inocencia de sus militantes y ha convertido este caso en pilar de su teoría de la persecución, por la forma en la que los detenidos fueron tratados: la policía los llevó a declarar esposados de forma muy evidente, y Durán pasó tres días en los calabozos.

De los casos anteriores al Palma Arena, el único que ya tiene sentencia es el de Andratx: el alcalde -que dimitió tras su detención televisada y fue expulsado del PP- está condenado a cuatro años de cárcel; y Jaume Massot, cerebro del urbanismo de Matas, a ocho años y medio. Han recurrido y están en libertad con fianza. También fueron detenidos y esposados los imputados por el caso Scala (supuesta malversación y cohecho en el Consorcio de Desarrollo Económico), que tuvo 4 meses en la cárcel a un director general.

El PP mantiene en el Parlamento balear a dos diputados imputados, por el caso Scala y por otro supuesto cohecho en el plan territorial de Mallorca. Y hay más sumarios abiertos: el del Consorcio Turismo Joven, el de la empresa pública Bitel y el de la funeraria de Palma.

Los socialistas, por su parte, han mantenido su confianza en la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, que aun estando imputada por prevaricación y cohecho fue nombrada consejera y ahora es comisaria del Gobierno central en la reforma de la playa de Palma. Igualmente permanecen en el cargo Xicu Tarres, presidente del Consell de Ibiza y diputado; Josep Marí, alcalde de Sant Josep, y Miquel Mestre, director general. El juez investiga en el caso Ibiza supuesta financiación ilegal del PSOE.

MURCIA

Diecisiete imputados del PP frente a cinco del PSOE. Junto al alcalde de Totana, que sigue en el cargo, están imputados por supuesta malversación, cohecho y tráfico de influencias los alcaldes de Fuente Álamo y Torre Pacheco, todos del PP. Y también conservan la silla de alcalde. El caso tiene una derivada, que la juez está investigando, de posible financiación irregular del PP local. Igual que en Librilla, donde fueron detenidos el alcalde y el edil de Urbanismo. Otro que sigue al frente del ayuntamiento es el alcalde de Águilas, imputado por la recalificación irregular de una finca. Y el de Fortuna, acusado de comprar votos.

Los socialistas de Murcia han sido más duros con sus imputados. En Lorca, al ex alcalde Miguel Navarro se le abrió expediente de suspensión, y dos ediles fueron expulsados. También el ex regidor de Los Alcázares Juan Escudero, en libertad bajo fianza, ha sido expulsado del PSOE.

CANARIAS

La Operación Faycán, iniciada en 2006 contra una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Telde (segundo municipio de Gran Canaria), es otro de los casos que el PP esgrimió en su día para denunciar la presunta persecución a sus cargos. El partido no ha expulsado ni al alcalde, Francisco Valido, ni a otros cinco concejales imputados -Valido y la teniente de alcalde sí dimitieron, pero ocupan cargos orgánicos en el PP-. Todos están en libertad bajo fianza.

Después de Faycán vino, en 2007, la Operación Góndola -también por cobro de comisiones-, y esta vez el imputado fue el alcalde de Mogán, Francisco González (junto a su concejal de Obras). Quedó en libertad acusado de ocho delitos, se presentó de nuevo a las elecciones y ganó. En el municipio de Santa Brígida hay cuatro cargos del PP encausados, incluido el alcalde y dos ex alcaldes.

COMUNIDAD VALENCIANA El intocable Fabra

Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental continuada y fraude fiscal. Todo eso le imputan dos jueces al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detectó 600.000 euros sin procedencia justificada. Ni él ni su partido, el PP, le dan la menor importancia, y los votantes tampoco: "El pueblo me ha absuelto", llegó a decir Fabra tras constatar que no perdía apoyo en las elecciones. Es uno de los casos paradigmáticos de imputado con apoyo incondicional de su partido.

Ninguno de los cargos populares imputados en estos años -el diputado y alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández, un ex alcalde de Orihuela, un concejal de Calpe, otro en Albatera- han sido expulsados del partido ni obligados a dimitir.

ANDALUCÍA

En Aljaraque (Huelva) fueron detenidos el ex alcalde Juan Manuel Orta, del PP, y su edil de Urbanismo, acusados de delito fiscal y blanqueo. El concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada), también del PP, está en libertad bajo fianza por supuesto cohecho.

MADRID

La Operación Gürtel, que destapó una trama de corrupción a través de empresas infiltradas en Administraciones del PP, dio de lleno a los populares madrileños, que tiene a 11 cargos imputados. El partido de Esperanza Aguirre obligó a darse de baja a tres alcaldes y a un ex alcalde imputados -acusados de cobrar sobornos millonarios y que dimitieron-, a otros dos altos cargos y a tres diputados autonómicos que sin embargo conservan su escaño. El PP no le ha exigido el escaño al senador Luis Bárcenas ni al diputado nacional Jesús Merino.

GALICIA

José Luis Mosquera y Alejandro Alonso, concejales del PP en Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en febrero de 2007 cuando cobraban una primera entrega de 50.000 euros, de 180.000 apalabrados, por una recalificación de terrenos. El alcalde, Carlos Silva, y otros cinco concejales fueron condenados a 18 meses de cárcel por prevaricación. La sentencia está recurrida y, mientras, Silva ha sido premiado con un cargo de vicepresidente de la Diputación.

ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS SONADOS DEL PARTIDO POPULAR

- 'CASO GÜRTEL'. Once cargos del PP en Madrid (un senador, un diputado, cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos, un ex gerente y un ex viceconsejero) están imputados en la investigación del caso Correa. Los alcaldes fueron obligados a dimitir, pero no los diputados ni el senador, que además era el tesorero del PP.

- CARLOS FABRA. Presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP. Imputado por tráfico de influencias, cohecho, falsedad y fraude fiscal. El PP lo mantiene en todos sus cargos y lo respalda públicamente.

- ANDRATX (Mallorca). El alcalde, Eugenio Hidalgo, fue condenado en 2008 a cuatro años de cárcel por construirse un chalé ilegal. Jaume Massot, ex director general, está condenado a ocho años y medio de cárcel. Hidalgo dimitió y fue expulsado del PP. Hay 60 causas pendientes.

- ALHAURÍN (Málaga). El alcalde, Juan Martín Serón, fue detenido en 2007 junto a su concejal de Urbanismo. Quedaron en libertad bajo fianza, acusados de dirigir una trama que cobró 642.000 euros en sobornos. Serón sigue de alcalde.

- TELDE (Gran Canaria). Imputados por prevaricación, cohecho, falsedad, malversación, tráfico de influencias y blanqueo el alcalde, Francisco Valido, y cinco ediles. Todos en libertad bajo fianza. Ninguno ha sido expulsado del PP. Valido y su teniente de alcalde dimitieron.

- TOTANA (Murcia). El regidor, José Martínez Andreo, sigue en el cargo y en el PP, pese a haber estado en prisión y hallarse ahora en libertad bajo fianza. También está imputado el diputado y ex alcalde Juan Morales, este sí expulsado del partido. Se les acusa de cobrar por recalificar terrenos.

(www.elpais.com, 06/09/09)

10. EL PP SE HA BENEFICIADO DE 24 CASOS DE TRANSFUGUISMO, 4 DE ELLOS EN ALICANTE

Benidorm le duele al Partido Popular. La moción de censura presentada en la localidad alicantina contra su alcalde ha airado al PP, que ya ha exigido que se convoque una reunión urgente del Pacto Antitrasfuguismo. En el PSPV han desautorizado rotundamente la moción de sus ya ex militantes. Sin embargo, la actitud del PP, que sólo en esta legislatura se ha beneficiado de 24 mociones de censura, ha levantado las iras de los socialistas valencianos ante esta nueva muestra de doble rasero.

El historial de casos de transfuguismo de los que se ha beneficiado el PP es contundente. Y sólo en dos años. Curiosamente, mientras se conocía el caso de Benidorm, el PP hacía lo mismo en Córdoba. Además, los populares jamás han denunciado ante la Comisión del Pacto Antitransfuguismo los casos que les han beneficiado. El PSOE, en cambio, lo ha hecho siempre. "No le tolero a ningún miembro del PP que nos dé lecciones", ha asegurado el líder del PSPV, Jorge Alarte.

Tras varios días de avisos y llamadas al orden, los concejales socialistas de Benidorm han abandonado voluntariamente el partido y han presentado una moción de censura en Benidorm con un tránsfuga del PP. Además de desautorizar la medida, el PSOE ha denunciado ante el Pacto Antitransfuguismo la moción. Es la tónica general. Los socialistas siempre han denunciado todas las mociones que vulneran el Pacto y siempre han expulsado a sus concejales.

Cabe esperar que el PP, a la vista del enfado por el caso de Benidorm, se comportara siempre así. En cambio, en lo que llevamos la legislatura 2007-2011, el PP se ha beneficiado de 24 mociones de censura con tránsfugas. 18 de ellas ya dictaminadas por el Pacto. Además, jamás ha denunciado sus casos ante la Comisión y de esos 24 casos, el PP no ha tomado medidas contra sus militantes en 21 ocasiones.

Pero, ¿y en Alicante? En la provincia que acoge a Benidorm, sólo en esta legislatura, el PP ha vulnerado el Pacto Antitransfugismo en 4 casos: Denia, Calpe, Villajoyosa y Vall de Laguar. Por supuesto, el PP nunca ha tomado medidas contra sus beneficiados en las mociones alicantinas y tampoco han denunciado los casos ante el Pacto. En cambio, lo que sí han hecho en algunas ocasiones es autorizar las mociones e incluso acudir a los plenos en que se votaban para jalearlas y aplaudir a sus concejales.

El coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, ha criticado que se vulnere "la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Benidorm". Incluso Rajoy ha recordado que ellos tenían mayoría absoluta "y ahora el PSOE va a tener la alcaldía por que ha llegado a un entendimiento con una persona, sin haber ganado las elecciones, y de eso -ha advertido- hablaremos en los próximos meses".

Sin embargo, ya no es sólo que el PP haya hecho la vista gorda con la "voluntad" de los ciudadanos en otras ocasiones. Es que tampoco mostraron en su día demasiado respeto en Benidorm. Fue en 1991, cuando el polémico Eduardo Zaplana llegó a la alcaldía gracias a una tránsfuga socialista.

Entonces no existía el Pacto, así que Zaplana pudo llegar a la política nacional sin ser señalado como tránsfuga. La socialista que le ayudó, Maruja Sánchez, cobra desde entonces casi 3.000 euros al mes por un cargo de confianza del alcalde.

Curiosamente, en el trasfondo del enfrentamiento en Benidorm entre PSOE y PP sigue vivo el caso de Maruja Sánchez. Con la separación del tránsfuga del PP del grupo local, los populares y los socialistas quedaron en un empate a 12 concejales. Era el voto del rebelde el que podía propiciar los desenlaces. En julio, el tránsfuga llegó a dos acuerdos con el PSPV para rescindir los cinco trabajos de los asesores del alcalde, entre los que está la premiada Maruja Sánchez. El PP no dudó en anular estos acuerdos, con lo que la tránsfuga de Zaplana sigue en su puesto, con su sueldo.

(www.elpural.com, 11/09/09)

11. AZNAR: "CONSERVAR NUESTRA HISTORIA ES CONSERVAR LAS RAÍCES DEL CRISTIANISMO"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar abogó en su visita Polonia por "potenciar las naciones Estado frente a determinados proyectos de ingeniería social" para así seguir construyendo más Europa y, en esta línea, subrayó que "Europa no saldrá de la crisis con más proteccionismo, sino con más reformas, apertura y con más libertad".

Durante su intervención inaugural de la 19 edición del Foro Económico que organiza el Instituto de Estudios del Este en Krynica, Aznar incidió en los "cuatro pilares" sobre los que diseñar el fututo de Europa: "una defensa de la libertad y la historia del Viejo Continente, el mantenimiento de las naciones Estado, y el reforzamiento y apuesta clara del vínculo atlántico".

El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) recalcó que "el sueño de Europa es el sueño de la libertad" y señaló la necesidad de "conservar nuestra historia porque, mantener nuestra historia, es conservar las raíces del cristianismo".

Ante los más de mil personas asistentes al encuentro, el también presidente de honor del PP incidió en la necesidad de "potenciar las naciones Estado frente a determinados proyectos de ingeniería social" como el tercero de los pilares. "Europa no saldrá de la crisis con más proteccionismo, sino con más reformas, apertura y con más libertad", dijo al respecto.

Por último, reivindicó la necesidad de reforzar el vínculo atlántico ante la "importancia" que éste tiene para el bienestar y el logro europeo.

Aznar también mantuvo un "cordial encuentro" bilateral con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, a quien trasladó su satisfacción por su reciente elección como responsable de la institución europea y con quien abordó durante una hora diversos temas de actualidad internacional.

El ex presidente español también participó en un conferencia en el Foro Económico de Jóvenes Líderes celebrado en la ciudad de Nowy Sacz sobre 'Los cambios políticos, sociales y económicos de Europa'. Al encuentro han asistido más de 300 jóvenes líderes representantes del ámbito político, social y económico de la UE y otras zonas del Este europeo y del Cáucaso

La visita de Aznar a Polonia finalizará con su participación en un desayuno oficial organizado por el alcalde de Cracovia, Jacek Majchrowski, donde compartirá sus impresiones sobre los retos de Europa. También por la mañana, el ex presidente español intervendrá en la segunda sesión del Foro con la conferencia 'España-Polonia, tan lejos, tan cerca', en el que también participarán Grazyna Bernatowicz, Radoslaw Sikorski y Ramón de Miguel.

(www.publico.es, 10/09/09)

12. PAÍS VASCO. CONDENAN A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX EDIL DE URBANISMO DE VITORIA

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria ha condenado al ex edil de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal y una multa de 9000 euros por un delito de prevaricación urbanística por haber permitido que una constructora levantase siete chalés en un solar vitoriano en el que legalmente sólo se podían edificar seis. La pena de inhabilitación no tendrá consecuencias prácticas, ya que Ibarrondo ha abandonado la política tras haber sido edil de la corporación vitoriana entre 1999 y 2007, bajo el mandato del popular Alfonso Alonso como alcalde. Contra la sentencia cabe recurso cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alava.

La sentencia decreta además la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras que se otorgó a la empresa Construcciones Salgado SA en junio de 2005, aunque no ordena el derribo del chalé cuestionado.

El fallo considera probado que Ibarrondo concedió la licencia de obra en dicho mes "conociendo que no podía hacerlo por ser contraria a la normativa urbanística" y sin que constase "ningún otro informe de técnicos del Ayuntamiento, o de técnicos externos al mismo de forma previa a la emisión de la licencia, y sin que se hubiera producido ninguna circunstancia nueva ni motivo conocido, todo ello "a salvo de su sola voluntad de otorgar la licencia".

El fallo considera veraz el testimonio prestado por los técnicos del Ayuntamiento de que no tuvieron conocimiento de la licencia hasta finales del año 2006. Los técnicos municipales emitieron reiterados informes en sentido contrario a la concesión de la licencia para edificar siete viviendas, ya que la parcela en que se iban a levantar no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa urbanística para ello. Existen incluso dos resoluciones denegatorias previas a la licencia emitidas antes por el propio Ibarrondo, y no consta informe alguno favorable a la concesión hasta diciembre de 2006, más de un año después de que la licencia hubiese sido otorgada.

El fallo recuerda que "en modo alguno ha sido objeto del juicio el análisis de la existencia de alguna posible contraprestación a cambio del dictado de la resolución". Ibarrondo no había sido acusado de ello por ninguna de las acusaciones personadas en la causa.

(www.elpais.com, 10/09/09)

13. GALICIA. LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tropezar con el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que él mismo catapultó a la fama en plena campaña de acoso y derribo pre electoral. Antes de las elecciones de marzo pasado, Feijóo y los suyos encumbraron el blindado de Touriño al puesto de máximo símbolo del despilfarro. Olvidaron explicar, por ejemplo, que en la etapa de Manuel Fraga Iribarne el Ejecutivo adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados y un Touareg del ex presidente.

De hecho, el mismo Feijóo siendo vicepresidente de Fraga utilizó un A8, en su caso sin blindar. Ansioso de construirse una fama de hombre austero en supuesta contraposición a Touriño, el entonces aspirante al Gobierno regional prometió vender el legado de su ya antecesor y circular en un Citroën de fabricación local. La última promesa la incumplió nada más hacerla: no se fabrican citroëns blindados en España. La primera está rozando el fracaso seis meses después: ni siquiera rebajando en 200.000 los vehículos se ha logrado "malvenderlos".

Fue en mitin en Vigo donde Feijóo recrudeció su embestida contra Touriño con dos promesas: "poner el cartel de se vende" al A8 blindado y usar un coche "hecho aquí al lado, en la factoría de Citroën". Esa fue una verdad a medias, ya que efectivamente, la mayor fábrica de Galicia es una fábrica de Citroën y, sin embargo, ésta no hace berlinas blindadas: es necesario importarlas de Francia. Claro que el compadreo de Feijóo con Citroën venía de lejos. En su etapa frente a la oposición, esta multinacional le facilitó un vehículo que nunca se declaró a Hacienda como préstamo según se aconseja en estos casos.

En cuanto al "cartel de se vende", el primer matiz ya lo introdujeron los socialistas en marzo pasado: se "malvende" y no sólo el Audi de Touriño. "El PP malvende los Audi que ellos mismos compraron", es decir, un total de 23 vehículos de los que sólo uno era del ex presidente. La etapa Fraga equipó a la Xunta con un parqué de 32 vehículos.  Olvidando su propia responsabilidad en la compra y obsesionados con el vehículo del ex presidente, el PP llegó a organizar visitas guiadas a los sótanos de San Caetano -sede del Gobierno- para mostrar a la prensa cómo acumulaban polvo estos coches.

La segunda rectificación acaba de salir a la luz: seis meses después de su anuncio, Feijóo no ha colocado el A8 de su antecesor –ni los dos de Fraga-.La berlina blindada y con inhibidor de frecuencia antibomba costó en su momento 480.000 euros. El PP ha intentado darle salida por 280.000 euros año y medio después de su adquisición. Para ello, se abrió una subasta pública que pretendía cambiarla, al igual que a las dos de Fraga, por "vehículos para colectivos sociales y de Protección Social".

El Gobierno gallego no ha dado explicaciones al respecto. compareció el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, quien se mostró más parco que cuando tuvo que criticar los supuestos despilfarros socialistas. Rueda se limitó a aclarar que todavía no se había conseguido vender los automóviles y, curiosamente, pidió responsabilidad para abordar cuestiones "relacionadas con la seguridad" sin descartar la compra de un blindado para su jefe en el Ejecutivo. Finalmente, el consejero anunció una nueva subasta para deshacerse de 20 de los audis de Fraga, entre ellos el A8 que utilizara el mismo Feijóo.

(www.elplural.com, 09/09/09)

14. GALICIA. TRABALLO MANTIENE A LA DIRECTORA CONDENADA POR SU "CAUDAL DE ILUSIÓN"

Si lo que pretendía la oposición era cobrarse algún cese por las polémicas que salpican a los altos cargos del nuevo Gobierno, la sesión parlamentaria de demostró que PSdeG y Bloque pinchan en hueso. El líder socialista, Manuel Vázquez, y el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, saludaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole la dimisión de la directora general de Traballo, Ana María Díaz López, a quien un juzgado condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien echó a una trabajadora empleada sin contrato en un domicilio y una empresa familiar.

Lo reclamaron ambos de pasada, mientras preguntaban al presidente en el Parlamento por su política social. Feijóo no entró al trapo. Ya por la tarde, tres conselleiros distintos despejaron sin demasiados aspavientos "los escándalos" que denunciaban la oposición y demostraron que las dimisiones las venderá caras el Gobierno del PP.

Con su desparpajo habitual, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, defendió a su alta cargo condenada desviando la responsabilidad judicial hacia la familia de Díaz López, al tiempo que eximía a ésta de cualquier culpa tras el pago de la indemnización que fijó el juzgado. Para auxiliar a su colaboradora, Mato esgrimió un razonamiento nuevo: "Sé que es la primera en llegar al trabajo y no voy a renunciar a ese caudal de ilusión". Zanjó así la exigencia del diputado Xosé Tomé Roca, para que la consellería depure responsabilidades. En cada iniciativa parlamentaria, la oposición aludió a los problemas judiciales de Ana Mª Díaz. Mato ha decidido mantenerla en el cargo y por ahora Feijoo avala su continuidad.

Tampoco puso inconveniente el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, a las subvenciones de la Axencia Galega de Industrias Culturais cuando el hemiciclo abordó el caso Fasero. Otra interpelación de los socialistas refrescó la cronología de los hechos: la Xunta designa al músico Juan Carlos Fasero director de Agadic el 3 de julio y 20 días más tarde la agencia aprueba su convocatoria de ayudas, que reserva tres partidas (en total 18.000 euros) para la empresa Zouma Producciones del propio Fasero. El 28 de ese mes, el director de Agadic opta por deshacerse de las participaciones en la sociedad.

Con un guión calcado al de su compañera de Traballo, el titular de Cultura también optó por emprender una huida hacia adelante. Condicionó cualquier decisión sobre Fasero a que se pruebe alguna ilegalidad. "Si es así, este departamento depurará responsabilidades con toda firmeza", comprometió. No es previsible que el episodio acabe en los tribunales. De hecho, la oposición se centró en cuestionar la idoneidad de las ayudas, más teniendo en cuenta, vino a decir Concepción Burgo, que en una de las categorías sólo recibieron subvenciones seis empresas además de la de Fasero. Varela, que como presidente de Agadic, firmó esa resolución, adujo que Fasero cumplió con el plazo legal de un mes para deshacerse de la empresa. Aludió de forma confusa a que el registro mercantil cierra en agosto -todos los trámites Fasero los hizo en julio- y evitó valorar el fondo del caso.

A primera hora de la tarde por el hemiciclo había pasado también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Compareció en lugar del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien la oposición le pidió una rectificación sobre las acusaciones que vertió contra Política Territorial por la autovía del Barbanza en una querella archivada por el juez. El PP en la oposición acusó de prevaricar al Gobierno gallego. El máximo responsable de justicia del Gobierno obvió la resolución del juez - que concluyó que "no existe el menor indicio de delito"- y se centró en la exposición de hechos, que califica como "sorprendente y chocante" la adjudicación de la infraestructura.

Gondomar fue la última piedra para Rueda, quien expresó su "respeto a la autonomía local" ante la moción de censura por la que el PP recuperó el gobierno con el apoyo de tránsfugas del PSdeG y un independiente. Rueda recordó que la moción es legal y obvió el pacto antitransfugismo.

(www.elpais.com, 10/09/09)

15. GALICIA. A CORUÑA RETIRA SÍMBOLOS FRANQUISTAS SIN EL APOYO DEL PP

El Ayuntamiento de A Coruña acordó , sin el apoyo del único partido de la oposición, el PP, retirar parte de la abundante simbología franquista que perdura en calles y edificios públicos de la ciudad. Socialistas y nacionalistas, socios de gobierno, pactaron una lista para suprimir 53 distintivos, entre ellos, revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y a ocho de sus ministros y colaboradores, y rebautizar 22 calles. El PP atribuyó el acuerdo a "la memoria histérica" del BNG y a "la memoria histórica olvidada" del PSOE.

Los conservadores se refugiaron en un formalismo para desmarcarse, como fue su oposición al proceso abierto hace un año con la decisión del alcalde de designar a seis expertos para decidir la simbología que se debía suprimir. Aunque los conservadores evitaron oponerse por tratarse del obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y se abstuvieron en la votación de , insistieron en criticar duramente el proceso porque no se dio voz a las familias de los franquistas. La supresión "del derecho de audiencia es una atrocidad política", consideró el concejal del PP Juan de Dios cuando el pleno acordó modificar el reglamento para la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento.

"El PP no se opone a la aplicación de la ley, pero no puede apoyar la forma sectaria y excluyente escogida por el alcalde para un proceso que debía contemplar todas las sensibilidades", arguyó el edil conservador. Y pese al obligado cumplimiento de la ley en vigor desde hace casi dos años, tildó el proceso de "bufonada".

"Lo que dice sería un bochorno para el PP de Madrid", replicó el socialista Carlos González Garcés al recordar que en la capital española fue ese partido el que "por iniciativa propia" acordó retirar toda la simbología franquista. González Garcés descalificó "los despropósitos y la actitud hipócrita" del grupo de la oposición por "rechazar la legalidad". "¿Cómo pueden defender, en aras a la democracia, el mantenimiento de honores a personas que actuaron de forma antidemocrática?", se preguntó.

Dura fue también la concejal del BNG Margarida Vázquez en sus reproches al PP, al que tachó de "heredero de las actitudes de intolerancia que tanta negrura trajeron a este país".

Serán los servicios municipales los encargados de retirar la simbología de las calles y edificios públicos. El proceso será largo dado que la gran estatua de Millán Astray seguirá presidiendo una pequeña plaza que lleva el nombre del fundador de la Legión hasta la remodelación de toda la manzana, prevista para 2010. La decisión de incluye revocar a Franco sus títulos de hijo adoptivo y predilectísimo de A Coruña así como de alcalde honorario y la medalla de oro de la ciudad. Otra veintena de colaboradores y ministros de la dictadura también quedarán despojados de sus honores, salvo Manuel Fraga, que conservará el título de hijo de A Coruña, concedido en 1968 por ser miembro del Gobierno de Franco.

(www.elpais.com, 08/09/09)

16. ANDALUCÍA. LA FISCALÍA PIDE CÁRCEL PARA EL REGIDOR DE SORBAS POR DAR LICENCIAS EN SUELO PROTEGIDO

La Fiscalía de Almería ha solicitado una pena de seis meses de prisión para el alcalde de Sorbas y portavoz del PP en la Diputación, José Fernández Amador, por un presunto delito de prevaricación, al haber concedido licencias de obra en suelos no urbanizables. En su escrito de calificación, el fiscal también pide la inhabilitación como cargo público durante siete años y el pago de 12 euros diarios durante 14 meses. Igual multa solicita para el técnico municipal que redactó el informe técnico y dio luz verde a la construcción de tres viviendas unifamiliares en el paraje Los Pérez. Se trata de un suelo de especial protección incluido en la zona de afección de Sierra Cabrera-Bédar, catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Según el escrito de la Fiscalía de Almería, también se observa un delito contra la ordenación del territorio por parte del promotor y de la directora técnica del proyecto. El PSOE de la localidad se personó hace un año en la causa, incoada a instancias de la fiscalía, para "estar informados y poder informar a los vecinos", dijo el portavoz socialista de Sorbas, Francisco Sánchez. "No es que no queramos que se construya en el municipio de Sorbas, lo que no queremos es que se construya con este tipo de licencias. Que el alcalde asuma sus responsabilidades y deje de dar este tipo de licencias", justificó Sánchez.

Por su parte, el alcalde aseguró que "no sabía que el suelo estaba en terreno no urbanizable" porque las normas subsidiarias provinciales lo calificaban como núcleo urbano. "El contenido técnico de una licencia no lo conozco. Yo solamente soy alcalde. Entiendo que si el informe de un técnico dice que procede otorgar la licencia es lo que realmente debo hacer, otorgar esa licencia", dijo Fernández. Será el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería el que abra juicio oral.

La dirección provincial del PSOE ha exigido ya la dimisión de Fernández. "Hace unos meses, el ya ex alcalde de Lubrín dimitió cuando fue imputado. El partido pidió su dimisión. Por tanto, ahora quiero dirigirme al señor Gabriel Amat [presidente del PP de Almería] y preguntarle si va a mantener al señor Fernández de candidato a la alcaldía de Sorbas y de portavoz del grupo popular en la Diputación Provincial", dijo el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE en Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno.

(www.elpais.com, 09/09/09)

17. ANDALUCÍA. LOS POPULARES, EN CONTRA DE QUITAR UN MONUMENTO A PRIMO DE RIVERA

Retirar el monumento a José Antonio Primo de Rivera que está ubicado en el centro de la capital granadina sería un acto "talibán progre", según dijo el presidente del PP de esta provincia, Sebastián Pérez. Volvió a defender el valor artístico que tiene, a su juicio, la obra del escultor Francisco López de Burgos (1921-1997), aunque la Comisión de Patrimonio emitió un informe, no vinculante, en el que dice que carece de él. "Ni tiene valor artístico ni histórico", según constató Cultura cuando declaró los jardines del Genil, en los que se encuentra, Bien de Interés Cultural y no halló valor alguno en ese monumento que sólo el PP apuesta por mantener en la ciudad. PSOE e IU han solicitado su retirada. Presentaron una moción en un pleno el pasado mes de febrero que fue desestimada por el equipo de gobierno que dirige el popular José Torres Hurtado.

La Abogacía del Estado ha interpuesto contra ese acuerdo de pleno un recurso contencioso administrativo, al que se han sumado los dos partidos de la oposición.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también presentó otro recurso para obligar al Ayuntamiento a retirarlo, según establece la ley. El asunto, que está aún pendiente de resolverse en los tribunales, ha dejado en la última semana un cruce de acusaciones en torno al monolito situado en la plaza de Bibataubín. Después de conocer el informe de Cultura, el secretario general del PSOE de Granada, Francisco Álvarez de la Chica, instó a Pérez o al alcalde a colocar el monumento en el "comedor" de sus casas si insistían en su valor.

El presidente del PP de Granada aseguró que si lo retiran estarían "incumpliendo" la Ley de Memoria Histórica. A este argumento aluden precisamente partidos de la oposición y asociaciones para que no permanezca en un espacio público el monumento que "exalta" la Guerra Civil. Granada a José Antonio se puede leer en el pedestal, que también contiene el yugo y las flechas.

La diferencia es que mientras la mayoría sostiene que no tiene valor, ni protección especial, el PP opina todo lo contrario y así lo ha hecho constar en el juzgado. La ley de Memoria establece que se pueden salvar aquellos monumentos con especial valor artístico o histórico. En opinión de Pérez es "una memez y un disparate" que Cultura haya emitido el informe en el que niega cualquier valor artístico. Lo hizo a petición de la ARMH, pero deja claro la Delegación provincial que no es vinculante.

En la reiterada petición de dejar la plaza libre del pedestal que sostiene una composición en bronce formada por cinco manos que coinciden con el saludo fascista y de las que salen dos alas de águila, el Partido Popular ve "impulsos de odio, resentimiento y rencor", que "no mueven a los populares".

(www.elpais.com, 08/09/09)

18. COMUNIDAD DE MADRID. FUNDESCAM OCULTÓ SUS CUENTAS HASTA QUE ESTALLÓ EL ESCÁNDALO

Las cuentas de Fundescam de los años 2005, 2006 y 2007 no fueron presentadas hasta una semana después de que se desvelase esta red paralela de financiación del Partido Popular de Madrid. El 19 de mayo de 2009, este diario publicó la primera noticia sobre esta desconocida fundación que, durante 2003 y 2004, recaudó fondos entre empresarios afines con los que después se pagó parte de los gastos de campaña de Esperanza Aguirre. Seis días después, el 25 y 26 de mayo de 2009, Fundescam depositó a toda prisa sus balances de esos ejercicios.

Las cuentas de ese trienio llegaron fuera de plazo, pero fueron aprobadas a toda velocidad. La Consejería de Educación de Madrid tardó sólo 48 horas en dar el visto bueno a las memorias de tres años: los ejercicios de 2005, 2006 y 2007. El 27 de mayo de 2009, el secretario general del departamento dictó una resolución por la que autorizaba el depósito de las cuentas en el Registro de Fundaciones y ponía "fin a la vía administrativa". Sólo en 2007, Fundescam declaró en patrocinios 546.000 euros, de los que 368.000 son de origen desconocido.

Ese mismo 27 de mayo, la Consejería también tuvo tiempo para visar el balance de Fundescam del año 2004, una memoria que señala a la empresa de Francisco Correa Special Events como el principal acreedor de la fundación, con una deuda reconocida de 70.644 euros. Oficialmente, las cuentas de 2004 fueron presentadas en noviembre de 2005, pero la Consejería de Educación sólo las dio por buenas ocho días después de que Público destapase el caso Fundescam.

En las memorias visadas por Educación el pasado 27 de mayo, las de los años 2004 a 2007, no figuran las fechas en las que el patronato que dirige Fundescam se reunió para aprobar las cuentas. En el ejercicio de 2003, sí aparece esa información y la memoria anual también está firmada en cada página por todos los miembros del patronato. En la documentación presentada de los años posteriores no consta ni la firma de los patronos ni tampoco la fecha en la que se reunieron para aprobar las cuentas.

Las fechas de entrada de los balances de estos últimos años desmontan la versión del equipo de Aguirre sobre esta fundación. El PP madrileño ha sostenido en todo momento que las cuentas de Fundescam, amén de legales y ajenas a las campañas electorales, habían sido presentadas y auditadas. Varios dirigentes se pronunciaron en esos términos. Un ejemplo: el 26 de mayo, un día antes de que fuesen aprobadas las memorias y balances de cuatro años, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, aseguró que las cuentas de Fundescam estaban "depositadas, justificadas y fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones". Tres meses después, y previo requerimiento notarial, el Registro de Fundaciones entregaba por fin a Público las cuentas de Fundescam. Y las fechas que constan en los papeles oficiales desmienten la explicación que daba Pérez.

Junto con la negativa airada de que Fundescam tuviese algo que ver con sus campañas electorales, Aguirre también optó desde el primer momento por desviar el tiro hacia su predecesor al frente del PP de Madrid: Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó jocosa a los periodistas el mismo día en que Público desveló la existencia de esta red que financió su campaña. Con ese argumento, repetido estos días, Aguirre obvia un factor relevante: que velar por la legalidad de las cuentas de Fundescam, incluidas las de 2003, compete a su Gobierno.

Fundescam consiguió 649.255 euros en donaciones durante 2003 y otros 292.319 en 2004. En total, casi un millón de euros de una docena de empresarios afines, con Gerardo Díaz Ferrán a la cabeza. El actual presidente de la CEOE donó 246.000 euros. En la lista de donantes también figuran el jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández, el ex presidente de Unión Fenosa Antonio Basagoiti y el ex presidente de Siemens Eduardo Montes.

Pese a su insistencia en que "no tenía noticia de lo que allí ocurría", las fuentes consultadas sostienen que el control real de Esperanza Aguirre sobre Fundescam se remonta a 2003, cuando, con ella como candidata, el PP no logró mayoría absoluta en las autonómicas de mayo. Los conservadores se salvaron gracias a la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez y a la forzada repetición de los comicios. A la segunda, Aguirre venció.

(www.publico.es, 06/09/09)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADMITE QUE FUNDESCAM PUSO AL DÍA SUS CUENTAS TRAS SALTAR EL ESCÁNDALO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no mostró reparos a la hora de reconocer que la publicación en este diario del escándalo de Fundescam puede haber agilizado la presentación de los balances de los últimos años.

Preguntada en la rueda de prensa por el hecho de que la fundación hubiese ocultado sus cuentas de los años 2005, 2006 y 2007 hasta después de que Público denunciara la utilización de Fundescam para la financiación de las campañas del PP de Madrid, Aguirre fue clara: "Probablemente, la publicación en un periódico estimuló el cumplimiento de las cuestiones reglamentarias", admitió.

Fueron los días 25 y 26 del pasado mayo cuando Fundescam presentó sus balances de los años 2005, 2006 y 2007. Se da la circunstancia de que, pocos días antes, concretamente el 19 de mayo, este diario publicaba su primera información sobre esta fundación que durante 2003 y 2004 había recaudado fondos entre varios empresarios. Un dinero con el que después se sufragaron parte de los gastos de la campaña de Esperanza Aguirre.

La rapidez con la que fueron presentadas las cuentas de los citados ejercicios contagió también a la validación de los mismos. Pese a que las cuentas llegaron fuera de plazo, la Consejería de Educación tardó sólo dos días en dar luz verde a las memorias del trienio referido. Fue también el 27 de mayo cuando el departamento presidido por Lucía Figar dio validez al balance de Fundescam de 2004. Se trata de la memoria en la que Special Events, propiedad de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel, aparece como el principal acreedor de la fundación con una deuda superior a los 70.000 euros.

La revelación de Aguirre de choca con lo sostenido en los últimos meses por miembros de su equipo. Y por ella misma. En una rueda de prensa celebrada en Trujillo (Cáceres) el pasado 2 de junio, la presidenta madrileña, al ser preguntada por el escándalo de Fundescam, respondió que las cuentas del PP de Madrid están "clarísimas" y que Fundescam no había financiado sus campañas electorales.

Pocos días antes, el 26 de mayo, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid había ido aún más allá. David Pérez señaló que las cuentas de la fundación estaban "depositadas, justificadas y fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones".

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de Madrid, Aguirre también fue preguntada por su opinión sobre la fotografía en la que Bibiana Aído y Leire Pajín aparecían con el puño en alto cantando la Internacional. "Es el saludo comunista, con el cual no sólo no comulgo, sino que lucharé por evitar que esa ideología totalitaria se imponga en ningún país del mundo, ya que pisoteó los derechos de los ciudadanos en la Europa del Este", indicó Aguirre.

(www.publico.es, 09/09/09)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Inmigración, sigue reservando cada año una parte muy cuantiosa de sus subvenciones a la Fundación Iberoamérica Europa (antes conocida como Cipie). Una asociación investigada por la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) desde 2007, que todavía no ha hecho pública ninguna conclusión. Bruselas indaga a esta ONG por malversar, presuntamente, las ayudas usándolas para los gastos privados de su presidente, Pablo Izquierdo, antiguo jefe de prensa de José María Aznar e incluso portavoz de los populares sobre cooperación en el Congreso de los Diputados (ocupó un escaño entre 1994 y 2004). La UE abrió la investigación a raíz de una denuncia privada. También audita esta ONG la Intervención General del Estado, aunque ese control es el rutinario que se efectúa sobre cualquier ayuda pública, precisan desde este organismo.

Desde 2005 Cipie está en los primeros lugares de las subvenciones regionales para cooperación. Un trato muy favorable que comparte con IUVE, gestionada por Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, muy cercana a los Legionarios de Cristo. O con Humanismo y Democracia, otra asociación próxima a los populares de la que fue presidenta de su patronato Concepción Dancausa, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

En noviembre de 2008 el Gobierno regional aprobó una ayuda de más de un millón de euros para Cipie. Esa subvención fue la última antes de la marcha del viceconsejero Carlos Clemente, imputado en el caso Gürtel, para trabajar en la Fundación Alas, amadrinada por la cantante colombiana Shakira, representada por el ex ministro de Justicia José María Michavila.

En concreto, las partidas en las que figura la asociación que preside Izquierdo son para "el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de Bolivia", por la que se les otorgan 750.014 euros; "el fortalecimiento de las instituciones del sector empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela", con una dotación de 150.000 euros; y para un programa "de investigación y sensibilización en valores democráticos". A eso hay que añadir el dinero que Cipie obtiene por gestionar tres centros de inmigrantes (1.600.000 euros en dos años).

Desde la consejería se insiste en que todos los concursos son públicos y cada paso administrativo que se da está medido. "Cada subvención que se otorga se hace con un criterio transparente", insiste una portavoz, que clarifica que la vaguedad de los enunciados de los programas no se corresponden con la documentación que la fundación entrega, que "es muy detallada". También se precisa que cada euro recibido debe justificarse con "absoluto rigor y las facturas en regla".

La denuncia que llegó hasta Bruselas se debió a una acusación de varios trabajadores de la fundación. El motivo fue la supuesta manipulación de las facturas por parte de Pablo Izquierdo para justificar el gasto de casi un millón de euros provenientes de la UE y cuyo destino debía haber sido un proyecto de cooperación en El Salvador. "Aquello era muy común y vinieron muchos inspectores a llevarse papeles y revisar las cuentas", recuerda uno de los denunciantes. La Comisión Europea sólo investiga el uso de los fondos que provienen de sus arcas. De ese modo, las ayudas de Inmigración que no sean parte de un programa europeo no son fiscalizadas por la OLAF.

Carlos Lamadrid, portavoz de Cipie, explicó hace unos meses a este periódico que su fundación se dedica a la cooperación desde hace años y tiene una sólida reputación. Esa definición que da Lamadrid es muy semejante a que la se da en su página de Internet: "La Fundación Iberoamérica Europa lleva cerca de 30 años impulsando, con sus actividades y proyectos, los procesos de integración y desarrollo económico, político y cultural en el mundo".

En Valencia, comunidad gobernada por el PP y en la que esta fundación percibía con regularidad subvenciones, pasaron de recibir 650.000 euros en 2007 para dos proyectos en Perú a desaparecer de la relación de favorecidos en 2008.

Las noticias que relacionan a Cipie con irregularidades o tratos de favor con administraciones del PP se remontan a 2004, cuando Ana Botella, desde la Concejalía de Empleo, otorgó 300.000 euros a Cipie, cuando había sido vicepresidenta (desde 1994 a 1996) de la fundación.

(www.elpais.com, 05/09/09)

21. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN, SOBRE AGUIRRE: "DOS NO DISCUTEN SI UNO NO QUIERE, Y YO NO QUIERO"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que no pedirá al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ser incluido en las listas electorales para las próximas elecciones generales después del "no" recibido hace dos años en las últimas celebradas lo que, reconoció, le supuso una "decepción". "Es verdad que hubo una situación tensa cuando pedí ir en la lista del Congreso de los Diputados, pero no es cierto que yo pidiera ir en algún número, ni el dos, ni el tres, ni el 22, ni el 23", explicó Gallardón en una entrevista a la Cadena Cope. "Lo pedí, pero ahora no lo pido", advirtió.

"La situación que se vivió hace dos años no se está reproduciendo en estos momentos", y aseguró que "tampoco se reproducirá cuando se convoquen las próximas elecciones generales". En ese sentido, el alcalde afirmó que ha aprendido a medir los tiempos políticos puesto que ha aprendido de sus errores, y dijo que en este momento de su vida tiene muy claro cuáles son sus responsabilidades, compromisos y prioridades que, en definitiva, son las que tiene con los ciudadanos de Madrid. "Esta ciudad tiene dar un paso de gigante hacia el futuro para colocarse como la gran capital, no sólo del sur de Europa, sino como una de las tres grandes capitales junto con Londres y con París", manifestó.

Respecto a sus relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde concluyó tajante que "dos no discuten si uno no quiere" y el "no quiere". Asimismo, señaló que su relación con Rajoy sigue siendo una relación "de clara confianza", algo que se plasmó en su decisión de que el alcalde de Madrid formara parte del Comité de Dirección del PP.

Por otro lado, en respuesta a si se ve preparado para suceder, en un hipotético caso, al líder del PP, Gallardón señaló que la única sucesión "obvia" que se va a producir en España es la del actual presidente del Gobierno cuando los españoles entiendan que "no puede seguir al frente del Gobierno español", debido a la situación que se está viviendo en la actualidad en el país.

En cuanto a si volverá a presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones, Gallardón señaló que "todos los políticos tienen fecha de caducidad" y añadió que "son los ciudadanos los que marcan las fechas ya que a los políticos se los elige por un periodo determinado". Al final, "esa es la grandeza de la democracia", apuntó. Además, dijo que todos los compromisos que ha adquirido con los ciudadanos los ha cumplido.

(www.publico.es, 09/09/09)

22. COMUNIDAD DE MADRID. JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA EL EX ALCALDE DE BOADILLA

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tiene cuentas pendientes con la justicia más allá de la trama Gürtel. En el próximo mes de noviembre tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de un delito de prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso este periódico.

Los escritos de acusación sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato de Cultura Municipal le hizo un contrato laboral al hermano, R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Lo hizo proporcionando los nombres y apellidos del empleado. Este nombramiento fue refrendado por González Panero.

Las irregularidades fueron advertidas por el secretario del Consejo de Administración del patronato y captadas por los partidos de la oposición, el PSOE y Alternativa por Boadilla, que denunciaron los hechos en 2002. Según estos partidos, fue "un ejemplo de cómo actuaba el Consistorio, que se convirtió en un lugar para colocar a amigos y simpatizantes". El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones municipales, que ganó. Desde entonces, la causa está a la espera del juicio oral, que se notificó a las partes. Entretanto, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser funcionario interino. También está imputado por esta presunta contratación irregular José Francisco Pastor, que entonces era el gerente del Patronato de Cultura, el órgano que contrató al conserje.

La fiscalía asegura que "mediante su proceder, los acusados vulneraron de modo flagrante la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las administraciones locales, pues dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó la oferta de empleo público". El fiscal pide para ambos acusados la suspensión para cargo público durante dos años y una multa que consistiría en una cuota diaria de 12 euros a pagar durante ocho meses.

Arturo González Panero también está imputado por la trama Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular. Al Albondiguilla, como lo llamaba Francisco Correa, el jefe de la red, le impusieron una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de todos los investigados en el caso. Está acusado de aceptar sobornos y adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama.

(www.elpais.com, 10/09/09)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS ACUSA AL PSOE DE QUERER INSTALAR UN "RÉGIMEN DE TERROR"

Nuevo homenaje a Francisco Camps. El enésimo que celebra el PP desde que estalló el 'caso Gürtel'. Mariano Rajoy volvió a la Plaza de Toros de Valencia —su talismán— para demostrar su apoyo sin fisuras al presidente de la Generalitat y arrancar un curso político que viene teñido por la teoría de la persecución. Un mes después de que se archivara la causa contra Camps, Rajoy se proclamó "orgulloso" de sus compañeros. Y se lanzó directamente a la yugular de los socialistas: "Ellos son los grandes derrotados. Ellos quisieron con sus acusaciones en los juzgados y una crueldad infinita lograr lo que no consiguieron en las urnas, que era derrotar al PP".

El líder del PP vaticinó que "les pasará factura". "El fin no justifica los medios y en la vida no vale todo", señaló tirando del refranero popular. Más duro contra los socialistas fue Francisco Camps. "Ellos quieren instalar un régimen de terror y nosotros queremos democracia", aseguró sin inmutarse. El jefe de la oposición, consciente de que el recurso de la Fiscalía ante el Supremo seguirá su curso, adelantó su reacción. "Son capaces de volver a las andadas porque estos no descansan cuando se trata de ir contra el PP. Si emplearan las mismas ganas para abordar la crisis económica otro gallo nos cantaría... Pero el PP dará las batallas que tenga que dar y las ganaremos", prometió.

Rajoy no quiere pensar en que la situación judicial ensombrezca las elecciones municipales y autonómicas. Por eso ya ha confirmado a Camps como candidato para 2011. Al igual que a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien también se ha visto salpicada por el caso Gürtel. Precisamente ella fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y anunciar que su formación no se va a "amedrentar" y que responderá "en los tribunales". Dijo que el PSOE había querido llevarse "a todos por delante con mentiras". "A mí también. Pero no han podido ni podrán", se jactó la alcaldesa valenciana.

En su turno, Francisco Camps dio las gracias por "el cariño" que ha recibido en estos meses. Especialmente a Rajoy. "La amistad es inmutable al tiempo, a la distancia y a las circunstancias personales. Gracias Mariano por tu constante amistad hacia mi persona, a nuestros compañeros y nuestro proyecto", dijo el jefe del Consell. Y lanzó un mensaje que logró poner en pie a todo su auditorio: "Nadie ha conseguido en estos meses que haya perdido ni uno solo de mis sueños para seguir trabajando por la grandeza y libertad en España. Y seguiré haciéndolo para que Zapatero no convierta a España en un régimen".

Entre el fragor valenciano, Rajoy buscó hueco para mandarle recados a Zapatero. Le ofreció un pacto para "reducir el gasto público y no para seguir hipotecando a este país". "Ese es el único pacto serio", sentenció. Y arremetió contra el Gobierno por Afganistán. "Están allí con el voto y el apoyo del PP. Pero nosotros no engañamos a los españoles. Nosotros dijimos que había una guerra y Zapatero dijo que lo que allí había era paz", concluyó

(www.publico.es, 06/09/09)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL CONTABLE DE CORREA ADMITE PAGOS DE LA 'CAJA B' DE LA TRAMA AL PP DE VALENCIA

La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario.

El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones".

Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".

Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.

Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid.

Pero, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio. Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia.

La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual.

Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002.

La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales.

(www.elpais.com, 06/09/09)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS A DEDO DE CAMPS A LA 'TRAMA GÜRTEL'

El Gobierno de Francisco Camps adjudicó a dedo al menos 45 contratos, muchos de ellos troceados en varios por debajo de 12.000 euros para evitar el concurso, a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta del encarcelado Francisco Correa. Ahora, el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, quiere saber más y ha pedido al Gobierno valenciano que le facilite "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" realizados entre la Generalitat valenciana y 13 de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La petición del juez ha sido instada por la Fiscalía Anticorrupción, que aguarda desde hace seis meses esa información que no le ha suministrado el Gobierno de Francisco Camps. Baltasar Garzón la pidió en febrero y ahora ha vuelto a reiterar la petición el juez Pedreira.

La información permitirá aclarar en qué condiciones obtuvo la trama Gürtel de la Administración valenciana adjudicaciones de contratos, la mayoría a dedo, para actos institucionales. Los investigadores policiales del caso Gürtel tienen acreditado que altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos el propio presidente Camps, así como cargos de confianza de su Administración (secretarias, jefes de gabinete...) recibieron dádivas (trajes, relojes, pulseras, bolsos...) de la trama coincidiendo con tales adjudicaciones. La Consejería de Turismo adjudicó durante cuatro años la organización de los sucesivos pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur, y Rafael Betoret, jefe del gabinete de dicha consejería, fue agasajado, al igual que Camps, con trajes por parte de la trama Gürtel.

La Generalitat valenciana sólo ha enviado una parte de los contratos que le solicitaron en febrero, por lo que la fiscalía, a finales de mayo pasado, volvió a instar judicialmente (en ese momento el caso ya había pasado a las manos del magistrado Pedreira, tras la inhibición de Garzón) la petición de todos los contratos desde 1998. Pedreira formalizó la petición en un auto fechado el pasado 3 de agosto.

El Tribunal Superior de Madrid aclaró en una nota que la solicitud de los contratos "en modo alguno" obedece a un interés del magistrado Pedreira en investigar "las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa", sino al interés de conocer las actividades de 13 empresas vinculadas a Correa, entre las que se halla Orange Market. En cualquier caso, la información solicitada permitirá saber si hubo trato de favor del Gobierno de Camps a la trama corrupta.

La explicación dada por el juez es que muchas de esas empresas no sólo han operado en Valencia, sino también en otras comunidades de "ámbito nacional". Esta matización se debe a que las diligencias del caso Gürtel en Valencia -focalizadas en los regalos de trajes que recibieron Camps, el número dos del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, o el propio Betoret- fueron archivadas el pasado mes de agosto por el Tribunal Superior de Valencia en una polémica decisión que dividió en dos al tribunal. José Flors, el juez que instruyó la causa por cohecho impropio contra los aforados de Valencia, quiso que todos ellos se sentaran en el banquillo, pero dos de los tres magistrados de la Sala, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Camps, impusieron sus votos y dieron carpetazo al asunto.

La fiscalía ha recurrido el archivo de la causa valenciana ante el Tribunal Supremo al entender que Camps pudo cometer cohecho impropio al haber recibido regalos (trajes) de las empresas de Correa y ser el jefe de una Administración que les ha adjudicado en los últimos años contratos por más de siete millones de euros. El Tribunal de Valencia limitó la investigación contra Camps y Costa al delito de cohecho y obvió otros, como el de tráfico de influencias, que figuraban en el auto en el que Garzón se inhibe de la variante de la trama Gürtel en esa comunidad. Entre la documentación que Pedreira remitió a Valencia figura una relación de regalos de la trama corrupta a varios miembros de la administración y del PP valenciano.

Los regalos

- Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, logró en cuatro años 45 contratos de la Administración valenciana por más de siete millones. Ganó por concurso durante cuatro años el montaje del pabellón de Fitur y otros 40 contratos de campañas institucionales de casi todas las consejerías. Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, hizo una veintena de regalos por Navidad a varios consejeros, a secretarias y colaboradores de Camps, y a la familia de éste. Además, pagó trajes por 30.000 euros a los siguientes dirigentes:

- Francisco Camps, presidente de la Generalitat de Valencia: Dos trajes a medida, cinco pantalones, un cinturón de piel, una chaqueta deportiva, otra austriaca, una americana sport, otra deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un esmoquin (para un viaje a Nueva York) y un chaleco blanco (para una recepción en el Vaticano). Valor de las prendas: 12.783 euros.

- Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia: Tres trajes a medida, otro traje (chaqueta americana-pantalón), dos pantalones y prendas varias. Valor de las prendas: 7.325 euros.

- José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP de la Comunidad Valenciana: Tres trajes, cinco pantalones y dos chaquetas americanas, por 4.850 euros.

- Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo: Tres trajes, un pantalón y una americana, por 9.950 euros.

(www.elpais.com, 09/09/09)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL GOBIERNO VALENCIANO OCULTA INFORMACIÓN DESDE HACE MESES

Un portavoz de la Generalitat Valenciana garantizó toda la cooperación con el juez Antonio Pedreira. "Vamos a colaborar con la Justicia", comentó, "entregaremos toda la documentación requerida" sobre todos los servicios prestados por las empresas de la trama Gürtel a la Generalitat valenciana o a sus empresas públicas. Desde que en febrero reclamó Garzón la documentación los contratos no han llegado. El juez Pedreira remitió la solicitud de información a la Generalitat valenciana el 3 de agosto. El portavoz de Camps aseguró: "no hay razón para sospechar que la Generalitat no quiere cooperar con el juez". "Estamos dentro de los plazos fijados para entregar la documentación requerida", añadió sin más precisiones.

La oposición parlamentaria en las Cortes valencianas ha intentado sin éxito arrancar al gobierno que preside Francisco Camps y a las empresas públicas de la Generalitat todas las adjudicaciones y contratos que han obtenido las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. El PP, que disfruta de una amplia mayoría en las Cortes valencianas, se ha negado a tramitar la inmensa mayoría de las preguntas de la oposición al respecto alegando que las empresas en cuestión carecían de relevancia pública. Apenas se tramitaron algunas preguntas relativas a las adjudicaciones obtenidas por Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y pata valenciana de la trama Gürtel.

La opacidad que ha impuesto el PP en las Cortes valencianas es tal que Mónica Oltra, portavoz parlamentaria del grupo minoritario Compromís (una alianza entre progresistas y nacionalistas), difundió un recurso elevado ante el Tribunal Constitucional porque considera que la Mesa de las Cortes ha lesionado derechos fundamentales de los cuatro diputados autonómicos de su grupo a la hora de ejercer sus tareas de oposición.

La decisión del juez Antonio Pedreira de requerir a la Generalitat todos los contratos con las empresas de la trama Gürtel fue muy celebrada por los portavoces de la oposición en las Cortes valencianas. El socialista Ángel Luna comentó: "Era muy evidente que además de los célebres trajes, por abajo había una serie de relaciones, cuando menos extrañas, y que se debían haber investigado antes". Marga Sanz, de Esquerra Unida, dijo: "Los ciudadanos estamos a la espera de conocer, con luces y taquígrafos, unas relaciones que presuntamente van más allá del regalo de unos trajes".

(www.elpais.com, 09/09/09)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ANA MICHAVILA DEJARÁ DE SER JEFA DE GABINETE DE CAMPS TRAS EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Es cuestión de semanas, quizás de días. El presidente de la Generalitat está a punto de perder a la que ha sido uno de los puntales de su carrera política. Su jefa de gabinete, Ana Michavila, tiene previsto abandonar su cargo para trasladarse a Madrid por "razones personales", según confirmaron a Levante-EMV fuentes oficiales de Presidencia. Michavila tiene tomada la decisión, que tiene hará realidad en cuanto finalicen los trabajos de preparación del debate sobre el estado de la Comunitat y resuelva algunos asuntos profesionales, según las mismas fuentes.

Con su marcha, se aleja de Camps una de las personas que mayor influencia ha ejercido sobre el presidente y cuya voz ha tenido al costado desde que comenzaron a trabajar junto en la Secretaria de Estado de Administraciones Territoriales en 1999. Desde entonces han sido inseparables, tanto en la vicepresidencia del Congreso, como en la Delegación del Gobierno y, finalmente, desde hace seis años al frente de la Generalitat valenciana. Férrea en sus convicciones religiosas, cercanas al fundamentalismo cristiano, a la hermana del ex ministro de Justicia, José María Michavila, se la ha considerado siempre la persona que ponía orden en el carácter a veces caótico de Camps.

Convertida en cierto modo en un mito político, siempre a la sombra de los focos, la jefa de gabinete del jefe del Consell ha asumido sin rechistar el papel de mala cuando Camps ha tomado decisiones ligadas al futuro profesional de sus altos cargos. A ella se ha atribuido el alejamiento de Vicente Rambla del círculo de confianza de Camps tras la última remodelación del Ejecutivo, así como la ubicación de personas salidas de la cantera de Presidencia en puestos clave en la Conselleria de Economía de Gerardo Camps, como el de Cristina Morató, en Grandes Proyectos.

Antes de los cambios en el Consell, tras la dura batalla contra los zaplanistas su papel "se había difuminado", en palabras de un dirigente del PP. Su marcha revela que Camps es responsable de todos sus movimientos.

Al margen de las razones personal -su marido, que estaba destinado en París, acaba de instalarse en Madrid- fuentes populares observan otras "motivaciones políticas" en la renuncia de Michavila. La crisis del caso Gürtel ha hecho estragos en el entorno del jefe del Consell, que ha vivido meses de fuertes tensiones. A Michavila se atribuye también el hecho de haber avisado a Camps sobre las posibles consecuencias de su relación con Álvaro Pérez y un posible descontento con la forma gestionar la polémica.

(www.levante-emv.com, 08/09/09)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS TIENE CELOS DE FEIJÓO

Francisco Camps, el dirigente que con más claridad apoyó a Mariano Rajoy en el congreso que el PP celebró el año pasado en Valencia, está muy disgustado ante el conocido como "efecto Feijóo". Tanto es así que el valenciano ha decidido tomar cartas en el asunto para solucionar su paulatina pérdida de peso de poder en el partido. Camps tiene la sensación de que por culpa del caso Gürtel y los numerosos escándalos de corrupción que asolan la Comunidad Valenciana, ya no es el barón más relevante en el PP a nivel nacional. Su puesto lo habría ocupado el presidente de la Xunta Gallega e íntimo amigo de Mariano Rajoy, Alberto Nuñez Feijóo.

Así, tras comprobar que Feijóo cada vez tiene mayor presencia en los medios de comunicación para hablar de temas de política estatal y observar que muchos le empiezan a ver como la esperanza blanca del PP que podría liderar el partido si Mariano Rajoy vuelve a perder las próximas elecciones, Camps ha decidido mover ficha. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, a Mariano Rajoy un sondeo de fabricación propia que eleva el número de votos para la formación conservadora en Valencia si ahora se celebrasen unas generales.

El malestar de Camps con Nuñez Feijóo es tal que sus disputas empiezan a ser un secreto a voces en el PP, donde aseguran que hay sectores del partido que observan con cierto malestar la subida de Feijóo, aunque lo encuadran en las disputas internas habituales en cualquier formación política.

Sin embargo, a nadie se le pasa por alto que una semana después de tomar posesión como presidente de la Xunta, Feijóo realizó unas declaraciones que sentaron muy mal en Valencia: "Sí, estamos de acuerdo que no es para estar contento y yo creo que lo que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que hay, con independencia de quién sea el afectado, en este caso un compañero de partido, en otros casos un adversario político".

(www.elplural.com, 10/09/09)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. INTERESES FAMILIARES EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE COTINO

Juan Cotino, consejero de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, ha sorteado durante años con fingida indignación la implicación del grupo empresarial de su familia con grandes adjudicaciones públicas desde departamentos más o menos próximos a sus sucesivas responsabilidades políticas. Pero en su cargo actual, la colisión de intereses se hace más patente que nunca.

Como consejero de Bienestar Social, Cotino no tuvo ningún empacho en priorizar el reconocimiento como ciudadanos dependientes a los que permanecían ingresados en residencias concertadas. El Grupo Sedesa controla una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, empresa que gestiona 22 residencias geriátricas concertadas. Cuando Antonio Torres le preguntó ante el pleno de las Cortes si las prioridades en la canalización de las ayudas a las personas dependientes tendría "algo que ver con el hecho de que su familia tenga una importante participación en 22 residencias de mayores", Cotino replicó indignado: "Nunca renunciaré a mi familia, y nunca implicaré a mi familia en mi responsabilidad individual".

Lo cierto es que el negocio familiar ha crecido al amparo de las adjudicaciones públicas desde sus orígenes. El padre de Juan Cotino era ganadero. Pero cuando se iniciaron las obras del denominado Plan Sur, el nuevo encauzamiento del Turia para liberar a Valencia de inundaciones como las que sufrió la ciudad en 1957, ofreció sus carros para transportar tierras. El Plan Sur fue en su día la más importante obra pública jamás adjudicada en España y el subcontratista amasó el suficiente capital como para fundar Sedesa, en origen una empresa dedicada a las excavaciones. Compró maquinaria especializada y puso en marcha un negocio que gestiona su nieto, Vicente Cotino Escrivá, y cuyas áreas de negocio se extienden a muy diversos ámbitos.

El consejero responsable de la gestión del agua tiene en Sedesa una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos.

El responsable de Territorio tiene en Sedesa una empresa especializada en minería, esencialmente la explotación de canteras, o con intereses en la explotación de parques eólicos.

El responsable de Medio Ambiente tiene en Sedesa una división especializada en jardinería y servicios medioambientales.

El responsable de Vivienda tiene en Sedesa una potente inmobiliaria implicada en la construcción de miles de viviendas.

El Grupo Sedesa ya tiene divisiones en Rumanía, Hungría y Marruecos. Y su responsable, Vicente Cotino, fue protagonista del último cumpleaños de Pedro García, ex director general de la Ràdio Televisió Valenciana, cuando le condujo en su avión privado desde Valencia hasta Marrakech (Marruecos) para participar en una fiesta sorpresa en su honor entre cuyos invitados destaca Álvaro Pérez, El Bigotes.

(www.elpais.com, 06/09/09)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. GARCÍA ACEPTÓ ANTES DE IRSE LA PETICIÓN DEL SÍNDIC DE QUE RTVV DEJE DE MANIPULAR

Cuando se ha perdido la cuenta de los informes en los que el otrora dinámico comité de redacción y los sindicatos han denunciado, minutado en mano, el sesgo editorial favorable al Consell del PP y tras cientos de lamentos de dirigentes políticos y sindicales por haber sido borrados de la pantalla, ha tenido que llegar José Cholbi -un histórico del PP- a la Sindicatura de Greuges e irse Pedro García de la Dirección General de RTVV para que desde el ente público autonómico se haya admitido, implícitamente, el sesgo informativo. Canal 9 ha remitido un escrito al Síndic en el que admite la recomendación de aplicarse más para procurar, por así decirlo, que en los noticiarios los dirigentes del PP salgan un poco menos que el presentador.

Cholbi aconsejó en un dictamen emitido el 27 de julio que la radio y la televisión públicas autonómicas han de respetar los "principios de objetividad, veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político". Antes de cumplirse el mes de plazo ofrecido, ha llegado la respuesta en la que el director general subraya: "Como no podía ser de otra manera, la dirección general de RTVV acepta las recomendaciones y sugerencias del Síndic y aún más, agradece su colaboración en la mejora del servicio público prestado". Fuentes de la Sindicatura de Greuges indicaron que la aceptación del aviso es de Pedro García, quien presentó su dimisión el pasado 27 de agosto y ha sido sustituido por el ex director del Canal 24/9 José López Jaraba.

La denuncia del Síndic y su toque de atención a Canal 9 se produce a raíz de una queja presentada por los diputados Carmen Ninet, Ángel Luna y Nuria Espí, en nombre del PSPV, en la que acusaban a la televisión de vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el "derecho fundamental a recibir información veraz". También denunciaban los socialistas la violación de la Carta Magna en su Preámbulo, donde establece el derecho de acceso a los medios de comunicación dependientes del Estado por parte de los "grupos políticos y sociales significativos respetando el pluralismo de la sociedad". Para el PSPV, Canal 9 "solo emite informaciones positivas de los dirigentes de la Generalitat y del PP mientras se critica sistemáticamente al PSOE y al Gobierno".

Como carga de prueba se desglosaron 18 asuntos tratados informativamente en noviembre y diciembre de 2007. Entre ellos, la celebración en Valencia del Panel Intergubernamental de la ONU contra el cambio climático o el anuncio de la instalación del Centro de Comunicaciones y de Datos de la ONU en Quart de Poblet. TVV usó la "manipulación y desinformación en estos casos", según los denunciantes. El nombramiento de Agustín García-Gasco como cardenal en noviembre del año pasado, acto en el que la vicepresidenta acudió pero fue desterrada de las imágenes. también figuraba en la denuncia. El escrito original se presentó en febrero de 2008. Los socialistas acusaban a Canal 9 de esconder imágenes y opiniones relevantes, "crear polémicas artificiales", "falsear la información, intoxicar y manipular también en el reparto de los tiempos".

Tras una primera respuesta de RTVV en la que aducía no entender exactamente la petición de la entonces Síndica de que rebatieran al PSPV si estaban en condiciones, los denunciantes presentaron alegaciones. Al final del proceso, el ente público acepta la petición de que deje de manipular. En manos de López Jaraba está que los hechos a partir de ahora acompañen a los compromisos adquiridos.

(www.elpais.com, 10/09/09)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA AFIRMA QUE SE DESVIÓ DINERO DE TERRA MÍTICA A ANDORRA

¿Dónde fue a parar el dinero que ganaron los empresarios vinculados supuestamente a la trama de facturas falsas generadas sobre la construcción de Terra Mítica? La Fiscalía cree que una cantidad importante está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala en su último escrito al supuesto principal responsable de esa evasión: Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. Afirma la Fiscalía: "Antonio Moreno Carpio [otro imputado] reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba a Andorra, donde había cuentas abiertas a nombre de algún imputado".

La fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga desde 2005 el supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros, que expresamente haga constar ese argumento en una nueva reclamación de información a entidades bancarias en Andorra y Suiza. Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio, y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". José Luis Rubio, junto a los hermanos Moreno Carpio y varios imputados más, de la casi treintena que tienen esa condición en la causa, son elementos esenciales del supuesto fraude junto a Vicente Conesa, según las acusaciones.

La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arráiz y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la Banca Privada de Andorra" información sobre las cuentas que tuviese abiertas o en las que constasen autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre". El ministerio público también pide nuevas diligencias en Suiza: los destinatarios últimos de los fondos de varios cheques que se ingresaron en una cuenta del Banco Popular.

El juez deberá decidir sobre estas peticiones y sobre la solicitud de Terra Mítica de que se archive el caso. La mercantil, que se empeñó en no ser imputada por entender que había sido víctima, en su caso, de otros, no parece tener mucho interés en que se aclare qué pasó con los sobrecostes. Y se ampara en que un juzgado de Alicante decidió archivar la investigación sobre irregularidades en la Sociedad Parque Temático de Alicante.

(www.elpais.com, 10/09/09)

32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP DIVIDIDO ANTE EL PROYECTO URBANÍSTICO DE VALDECHIVILLAS: "HA HABIDO COACCIONES DE TODOS LOS TIPOS"

Aseguran que mantienen "las mismas diferencias y dudas" respecto al proyecto y que "no está acreditado su interés general". Añaden, incluso, que nos son los únicos dentro del PP a los que Valdechivillas no les convence, pero justifican que "la unidad del partido" les obliga a votar a favor. Los concejales Tomás Punzano y Almudena Domínguez recularon y respaldaron con sus respectivos 'síes' la aprobación de la miniciudad para 16.000 viviendas en el límite con Renedo. Cuestión de disciplina de partido. El voto de calidad del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, hizo el resto.

¿Qué ha cambiado?, le preguntaba un periodista a Domínguez. "Se trata de mantener la unidad del grupo a pesar de que tenemos ciertas diferencias con el proyecto, que hemos manifestado siempre en los órganos internos del partido". Entre ellas, destacaba el convenio entre el Ayuntamiento y la promotora; un conflicto de intereses "que ha quedado patente"; la forma en que se ha gestionado todo el procedimiento; las dudas sobre la titularidad de los terrenos y la adscripción y valoración de los suelos de sistemas generales que se han pactado con el promotor.

Por si fuera poco, Domínguez añadía que "no ha quedado acreditado en ningún momento el interés general" de este desarrollo urbanístico. Al ser preguntada sobre si han recibido amenazas, la concejal aseguró que "a través de la prensa todo el mundo ha sido consciente que el constructor ha amenazado un día sí y uno no; ha habido coacciones de todos los tipos". ¿También desde el PP? "No", decía en tono bajo.

Tanto Punzano como Domínguez desmintieron que su posición sea un pulso al alcalde. Se trata de una "discrepancia puntual" sobre un proyecto. Ambos consideran que su trabajo en el Grupo Popular puede continuar, pero es innegable que este episodio deja herido al partido que gobierna en el Ayuntamiento.

La expectación en el salón de plenos fue máxima, en una sesión de carácter extraordinario y urgente. Mucho público en las tribunas y una sensación de que la decisión se iba a encarrilar en favor de Urbespacios, empresa promotora. Se confirmaba cuando los populares, incluidos los díscolos, salían juntos para dirigirse al salón de plenos. "Habemus Valdechivillas", avanzaba una reportera tras escudriñar las caras del equipo de gobierno.

Primero se votó la urgencia de la sesión. "La única urgencia aquí es la del promotor, porque el interés para la ciudad es nulo", matizaba el presidente de Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente. El alcalde, por su parte, justificaba la calificación en aplicación del reglamento. Finalmente 14 votos del PP a favor y 14 de la oposición en contra. En una segunda ronda, el regidor utilizaba el voto de calidad. Urgencia ratificada.

Inmediatamente, se entraba en el meollo de la cuestión. Sin duda, el más contundente fue el portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, quien calificó de "bochornoso" todo el proceso. Para este experto en urbanismo, el convenio es, además de "ilegal", "gravoso y temerario" para el Ayuntamiento, porque no vincula a los propietarios de los terrenos. "Tendrán todos los derechos para construir las 16.000 viviendas, pero ninguna obligación". Izquierdo incidió en que el promotor tiene previsto llevarse 55 millones de euros como honorarios por la venta de parcelas. "Va a pagar 33 euros/m2 de un suelo que le corresponde a la ciudad y lo va a vender a 540 cuando esté urbanizado", señaló. "Está toreando al Ayuntamiento", dijo Izquierdo, quien añadió que el voto de calidad del alcalde es "un voto por poderes" del empresario.

(www.nortedecastilla.es, 11/09/09)

33. CASTILLA-LA MANCHA. EL MARIDO DE COSPEDAL NO SE INHIBIÓ EN LAS VOTACIONES DE CCM QUE AFECTABAN A SUS PROPIAS EMPRESAS

Ignacio López del Hierro, el Gobernador civil más joven de la democracia (Toledo, 1977) y flamante marido de la popular María Dolores de Cospedal, pretende alejar el cáliz de su paso por la Caja de Castilla la Mancha de la que dimitió en febrero de este año como consejero de la Corporación Industrial. En similar situación se encuentran otros conocidos militantes del PP, que no quieren ni oír hablar de sus antiguas responsabilidades en la caja manchega, -de las que dimitieron por las insistentes "sugerencias" de la numero dos de la sede de Génova- pero de la que cobraban sustanciosos honorarios.

Es el caso de Arturo Garcia Tizón, diputado nacional y presidente del PP toledano (presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la entidad hasta febrero), de Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, Vicente Tirado, numero dos de Cospedal en CLM y Carlos Cotillas, también diputado nacional y alcalde de Tomelloso, ex consejeros todos ellos.

Aunque sin militar en el Partido Popular, en idéntica situación se encuentra el autentico promotor de la estampida, el empresario Jesús Bárcenas, presidente de CEPYME y de la patronal manchega hasta el pasado mes de julio, que dimitió siendo vicepresidente de la Caja. Ninguno de ellos quieres que se les recuerde su recientísimo posado en la entidad financiera manchega, cuyas responsabilidades sigue investigando el Banco de España.

Buen negociador y mejor relaciones públicas, López del Hierro fue fichado en su día por el propio Hernández Moltó con el visto bueno del PP, según confesión propia. Ahora tiene numerosas ocupaciones como consejero de Metrovacesa y de Gecina, del banco norteamericano Lincoln Internacional, de Avanzit y como vicepresidente de la constructora BamiNewCo, a las órdenes de Joaquín Rivero, antes de sentarse en el consejo de la Corporación Industrial de la Caja y votar importantes decisiones.

Por ejemplo, las ampliaciones de capital del Aeropuerto de Ciudad Real, de la sociedad del Reino de don Quijote o de la compra de más de un millon de euros en acciones de la propia inmobiliaria que vicepresidía. Documentos oficiales de las reuniones constatan su asistencia a los consejos, como el celebrado el 30 de enero de 2008, sin que haya constancia expresa de su inhibición a la hora de votar dichas decisiones. Lo que es la vida, todo esto sucedía sólo unos meses antes de que la número dos del PP ordenase la retirada de "sus huestes", bajo la consigna de la "falta de transparencia" en la gestión de la caja y culpando al Gobierno regional de "falta de control".

Por cierto, el flamante marido de la señora de Cospedal es primo hermano de José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, y ha mantenido ‘amistades peligrosas’ con el yerno de José María Aznar, el ‘conseguidor’, Alejandro Agag, del que no guarda buen recuerdo por su papel en la OPA del italiano Caltagirone sobre Metrovacesa, entonces comandada por Rivero.

(www.elplural.com, 10/09/09)

34. CASTILLA-LA MANCHA. GUADALAJARA: SÍ A LAS CALLES FRANQUISTAS

Dice que es el representante de los ciudadanos y no de la justicia, y que por eso va a respetar la decisión de sus vecinos. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP), no va a cambiar el nombre de las calles franquistas tras someterlo a votación popular. Y advierte que sólo un fallo judicial le haría cambiar de opinión. "Si mantener los nombres es contrario a Derecho, que lo diga un juez". Román se convierte así en el primer alcalde de capital de provincia que proclama explícitamente su rechazo a cumplir la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007. "La ley está sujeta a interpretaciones y yo considero que no voy contra ella", puntualiza.

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadalajara hizo una petición en mayo, suscrita por el PSOE, para eliminar la simbología de la dictadura en la capital alcarreña. El alcalde decidió entonces someter a consulta la modificación del callejero franquista. Para ello, envió un escrito a los 480 vecinos que residen en las cuatro calles para las que se pedía un cambio: Travesía y Calle de Hermanos Ros Emperador, de Gutiérrez Orejón y Plaza Capitán Boixareu Rivera.

Los vecinos tenían un plazo de dos meses para contestar con cartas comunicando su decisión. El Ayuntamiento informaba en su escrito de que los vecinos que no respondieran se entendía que aprobaban seguir manteniendo los nombres actuales. Pero no ha hecho falta tirar de este recurso porque un 96% de los sondeados no quiere cambiar el nombre de ninguna calle. De 272 respuestas que ha recibido el Ayuntamiento de Guadalajara, sólo 12 apoyan que su vía se llame de otra manera. Román matiza que no ha sido un referéndum como tal lo que ha llevado a cabo, "sino una consulta a los vecinos que más afectados se pueden ver por el cambio de dirección, tarjetas o locales de oficinas". Además, recuerda que en 1983 ya hubo "un cambio masivo" de nombres en el callejero de Guadalajara, y que "no es necesario reabrir nuevas heridas que la Constitución dejó cerradas".

(www.elmundo.es, 06/09/09)

35. REGIÓN DE MURCIA. EL GOBIERNO MURCIANA, LAS CAJAS E IBERDROLA, SEDUCIDOS POR EL LADRILLO

A pesar de la caída de ventas de viviendas y de que Murcia es una de las regiones más tocadas por la crisis por su dependencia de la construcción, el Gobierno regional (PP) confía en solventar antes de fin de año los trámites ambientales para iniciar la urbanización de 21 millones de m2, entre Águilas y Lorca, para construir 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras, seis campos de golf y un puerto deportivo de 1.500 amarres.

Se trata de una Actuación de Interés Regional, apoyada no sólo por el PP murciano sino también -como propietarios de suelo y financiadores- por Iberdrola, Cajamurcia, Bancaja y, naturalmente, la Asociación de Propietarios de Marina de Cope, enclave virgen al sur de Murcia, entre los dos municipios citados.

Tuvo un arranque polémico cuando, en 2001, la ley regional del Suelo desclasificó casi dos mil de hectáreas en ese enclave costero que hasta el momento era íntegramente Parque Regional. El Grupo Parlamentario socialista en el Congreso interpuso entonces recurso de inconstitucionalidad, que aún está por resolver.

No obstante, este verano el Gobierno regional ha mostrado, a través de la prensa, su determinación en seguir adelante con el proyecto, solventando los trámites burocráticos ambientales antes de final de año, y su esperanza de que ese macrocomplejo al estilo del castellonense Marina D’Or, revitalice la economía regional mediante la creación de 3.000 empleos.

Confían los gobernantes que encabeza Ramón Luis Valcárcel en que el final de la crisis coincidirá con el lanzamiento práctico del macroproyecto, de forma que dentro de una década Marina de Cope sea un motor importante, si no el mayor de la economía regional, aunque sus parámetros coincidan con el fracasado modelo que ha ahondado la crisis en la Región de Murcia. Se trata de repetir la experiencia de Polaris World corregida y aumentada.

El diseño del plan desarrollista general, a ninguno de cuyos detalles renuncian ni el Ejecutivo regional, ni la cúpula empresarial CROEM, ni las cajas de ahorro, ni constructoras tan significadas como Sacyr-Vallehermoso, ni, por supuesto, Iberdrola, incluye la construcción de un nuevo aeropuerto regional equidistante de Murcia y Cartagena que se espera que esté terminado dentro de un año, y que acogería los vuelos que nutrirán de turistas de golf y playa a los resorts tipo Polaris ya existentes -una docena en la Región- y a los miles que podrán ser albergados en Marina de Cope.

El primer basamento de ese plan ladrillero ya está funcionando desde 2007 y es la autopista de peaje AP-7, de Cartagena a Vera, que ha constituido un sonoro fracaso. Son casi 100 kilómetros de peaje al precio total de 12,35 euros que no usa prácticamente nadie.

(www.vegamediapress.com, 11/09/09)

36. ISLAS CANARIAS. EL JUEZ IMPUTA A UN EX CONCEJAL DEL PP NUEVOS DELITOS DE COHECHO EN EL CASO ARONA

El juez del "caso Arona" ha imputado al ex concejal del PP del Ayuntamiento de Arona Félix Sierra Melo nuevos delitos de cohecho y tráfico de influencias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sierra Melo, que ya estaba imputado por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio, ha declarado en el juzgado de primera instancia e instrucción  Nº 7 de Arona.

El "caso Arona", sobre supuesta corrupción municipal, se inició tras la presentación en 2007 por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una querella contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona durante los años 2003-2007

Todavía prestarán declaración en el mismo juzgado Antonio Luis Sosa Carballo, imputado por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación; y Clara María Pérez Pérez, imputada por prevaricación y tráfico de influencias.

(www.canarias7.es, 10/09/09)

37. ISLAS BALEARES. EL GOBIERNO DE MATAS PAGÓ A UNA AGENCIA AMIGA 590.000 EUROS PARA AUTOBOMBO

Las facturas incluidas en el sumario del caso Palma Arena, donde se investiga la financiación irregular del PP balear a costa de engordar artificialmente las facturas de la instalación deportiva, destapan, además, un ingente gasto del Gobierno del ex presidente Jaume Matas en campañas de autopromoción y en subvenciones indirectas al canal de televisión de un empresario afín.

El departamento de comunicación de Matas, que perdió el Gobierno en mayo de 2007, y la secretaria general de Presidencia adjudicaron durante el mandado del ex presidente a la empresa de publicidad Nimbus más de medio centenar de contratos por un importe cercano a los 12.000 euros cada uno (el tope para la adjudicación a dedo) para que gestionara la inserción de publicidad, noticias y entrevistas de Matas y su Gobierno en medios de comunicación. En total gastó 591.000 euros.

Nimbus está siendo investigada en el caso Palma Arena por el sobrecoste en la facturación de algunas partidas del velódromo Palma Arena y por cobrar dinero negro del PP. El propietario de la compañía, Miguel Romero, detenido e imputado en la causa y en libertad bajo fianza, reconoció ante el juez que el tesorero del PP Fernando Areal le pagó tres partidas en dinero negro para evitar superar los límites oficiales en la publicidad electoral.

Según consta en los archivos de Presidencia, intervenidos por el juez José Castro y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, Nimbus cobró, por ejemplo, 11.905 euros de los presupuestos oficiales de Baleares por gestionar una "entrevista con el presidente para la publicación Actualidad Económica".

Otra reseña, "Gestión entrevistas a consejero", llevaba aparejado un gasto de 10.915 euros. El "mailing gala premios" de la misma revista se pagó con una factura de 11.970 euros. Una inconcreta "intermediación en diario nacional para inserción de informaciones sobre Baleares 2005" costó otros 12.000 euros, y la "gestión, inserción de noticias de Baleares en Expansión" tuvo un importe de 12.000 euros. Igual partida requirió "la elaboración de informaciones económicas en prensa nacional".

Las adjudicaciones a Nimbus o a alguna de las empresas que están bajo su paraguas (Iberpacific, Promarca o Romero&Cía) estaban autorizadas por el que era director general de Comunicación de Matas y actual jefe de prensa del PP balear, Joan Martorell, y por Jane King, secretaria general de Presidencia. Ambos, que avalaban las adjudicaciones, solicitaban y autorizaban los contratos y conformaban las facturas, están imputados por el juez en el caso.

Además, la televisión local Canal 4 recibió miles de euros por conceptos variopintos. El Gabinete de Matas, por ejemplo, gastó 12.000 euros de fondos públicos para que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, fuera entrevistado en un programa de Canal 4. La inversión fue justificada como "organización participación Joan Laporta en el programa Perfils Mediterranis". La misma cantidad se gastó para que la cantante Chenoa acudiera al mismo espacio o para "la organización de la presentación del libro" con las entrevistas de la presentadora del programa, Maria de la Pau Janer. Matas fichó a Janer para su lista del PP de 2007, y acabó mal: el presidente perdió el poder y la escritora no tomó posesión del escaño en la oposición.

El propietario de Canal 4 es el empresario inmobiliario Jacinto Farrús, que recibió del Gobierno de Matas múltiples frecuencias de televisión digital, radio y la gestión de las noticias y parte de la programación de la cadena autonómica IB3. Para cobrar las subvenciones indirectas utilizó tres compañías distintas: Otnis Balear, Galatzó Films y Canal 4.

Hasta 12 cargos políticos de la derecha, cinco de ellos del entorno de Matas, están imputados en el asunto Palma Arena por supuestos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y cohecho en las obras del megavelódromo, que pasaron de costar 41 millones de euros a 110.

(www.elpais.com, 05/09/09)

38. ISLAS BALEARES. UN IMPUTADO EN EL PALMA ARENA SEÑALA A BALLESTER

El ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, y el director general de deportes en la era del conservador Jaume Matas al frente del Govern balear, José Luis "Pepote" Ballester, eran los que tomaban las decisiones sobre la construcción del velódromo. Así se desprende de la declaración, ante el juez instructor de esta presunta trama de corrupción, del ex concejal del PP de Hacienda del Ayuntamiento de Palma y actual conseller en el Consell de Mallorca. Pedro Álvarez, que compareció en calidad de imputado, aseguró que Rafael Durán, ex portavoz en el Ayuntamiento de Palma, "teóricamente" presidía las reuniones del consorcio, pero que en la práctica "no decidía nada".

Quienes lo hacían e informaban de palabra eran "Pepote y Moisés", pero "no aportaban documentación sobre los asuntos a tratar", añadió Álvarez. De hecho los asistentes "no firmaban" las actas de dichos encuentros. Moisés tomaba notas y en la siguiente reunión "se decía que se aprobaba la anterior sin que se aportara documento alguno". Álvarez apuntó que la aportación del consistorio al consorcio fue de 14 millones de euros.

El Caso Palma Arena investiga las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del velódromo del mismo nombre durante la última etapa (2003-2007) del conservador Jaime Matas al frente del Govern. El coste se disparó de los 48 millones de euros presupuestados inicialmente a unos cien.

Respecto al sobrecoste de la obra, el ex concejal de Hacienda dijo que siempre entendió que se habían incrementado los precios por las prisas y reconoció que nunca tuvo conocimiento de que "se presentara ante la junta un proyecto complementario". Añadió que en ninguna reunión se fiscalizaban las facturas que libraba la agencia de comunicación Nimbus, que organizó parte de la campaña del PP en 2007.

(www.publico.es, 06/09/09)

39. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ASUME LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE MATAS

El juez de instrucción número 3 de Palma, que tramita el caso Palma Arena, una presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre, ha asumido las pesquisas que la fiscalía anticorrupción realizó desde 2008 por el presunto descuadre patrimonial de Jaume Matas, cuando éste era president del Govern por el Partido Popular (PP). El juez judicializa así unas investigaciones que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, paralizó y lo hace con base en informes de la Agencia Tributaria sobre la fortuna e ingresos de Jaume Matas.

La noticia saltó cuando el juzgado notificó a las partes personadas una providencia donde, además de dar cuenta del pase a la condición de testigo del hasta imputado Javier Cases, informaba de la asunción de las diligencias de anticorrupción sobre Matas. La resolución simplemente explica que las averiguaciones que los fiscales anticorupción Juan Carrau y Pedro Horrach efectuaron sobre los bienes inmuebles a nombre de Matas y sus allegados y los gastos en el equipamiento de estas viviendas, especialmente una parte de una antigua casa señorial del casco antiguo de Palma, conocida como el palacete, guardan conexión con el caso Palma Arena.

Matas, que entre 2004 y 2007 era president del Govern, cuando se proyectó y construyó el Palma Arena cuyo coste se disparó de 48 millones de euros a 110 millones y donde se han detectado múltiples irregularidades, aparece como el político que llevó la voz cantante en la gestación de dicho velódromo.
El juez instructor pidió a la Agencia Tributaria sendos informes sobre el patrimonio de Jaume Matas, que formalmente no aparece como imputado en el sumario, y sobre el cuñado de éste, Fernando Areal, que en esa época y hasta el año pasado fue también tesorero del PP de Balears.

Areal, defendido al igual que Matas por Rafael Perera, declaró ante Castro el pasado 31 de agosto en calidad de imputado, inicialmente por un supuesto delito electoral y otro de financiación irregular de un partido político. La providencia afirma que parte del informe de la Agencia Tributaria sobre Matas ya estaba en las diligencias informativas 152/08 de la fiscalía de Balears, por lo que ordena la unión al sumario del Palma Arena de estos folios, donde se reflejan las conclusiones de la Policía Judicial de la Guardia Civil y de Hacienda sobre la fortuna de Matas y de su familia, incluida su mujer Maite Areal y su madre.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, tenía pendiente, desde finales de julio, la toma de una decisión sobre las diligencias de Matas. Los miembros de base del Consejo Fiscal pidieron a Pumpido que devolviera a Carrau y Horrach la competencia sobre las diligencias para que éstos pudieran denunciar a Matas ante el juzgado de guardia. El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, también llevaba semanas pendiente de tomar una decisión sobre las pesquisas. Castro se les ha adelantado y ya no importa lo que acuerden. La fundación Gadeso recogió más de 4.000 firmas en favor de anticorrupción y anunció que insistirá ante Barceló y Pumpido para que faciliten las pesquisas de Carrau y Horrach sobre Matas.

(www.diariodemallorca.es, 11/09/09)

40. ISLAS BALEARES. BILLETES DE 500 EUROS Y PISOS DUDOSOS

Los indicios que ahora va a investigar el juez José Castro contra el ex president del anterior Govern del PP respecto a su desfase patrimonial se basan, entre otros extremos, en los importantes gastos que la familia Matas hizo para equipar su vivienda en la calle Sant Felio. La Guardia Civil concluyó que Matas no puede justificar, con los ingresos que declaró en sus últimos años al frente del Govern, los inmuebles que compró o poseyó. El ex president declaró que pagó un millón de euros por parte de la casa señorial de la calle San Felio (unos 700 m2 entre vivienda y anexos) con el dinero que sacó de la venta de su chalé de Cas Catalá y mediante una hipoteca. Las cuentas no salen a los investigadores que reseñan que una vivienda más modesta en el mismo inmueble costó 2 millones de euros.

Las pesquisas se han centrado en apartamentos de la familia Matas en la Colònia de Sant Jordi y en un piso de lujo en un barrio selecto de Madrid. También se ha apuntado a que la familia compró objetos de lujo para la casa, relojes, un mini, y otros objetos en metálico y, a veces, con billetes de 500 euros.

(www.diariodemallorca.es, 11/09/09)

41. ISLAS BALEARES. UN IMPUTADO DICE QUE MATAS Y ESTARÁS SIMULARON ASISTIR A JUNTAS DE ILLESPORT

Antonio Amengual Ribas, imputado en el caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción, declaró ante el juez que todas las reuniones del patronato rector de la Fundació Illesport del anterior Govern del PP donde se adoptaron decisiones clave respecto a dicho velódromo no se celebraron. Amengual añadió que el president y la vicepresidenta del Govern, Jaume Matas y Rosa Estarás, firmaron las actas falsificadas de las juntas, donde se aprobaron contrataciones de decenas de millones sobre las distintas fases del proyecto y donde se destituyó al primer arquitecto y se designó a los hermanos García Ruiz como sustitutos.

Amengual, defendido por Gregorio San José, está imputado en la causa porque era el secretario del patronato de Illesport, la fundación que llevó la voz cantante en el diseño y construcción del velódromo, y su firma aparece dando fe de numerosas juntas supuestamente realizadas entre 2005 y 2007. Las reuniones, al menos sobre el papel, fueron presididas por Jaume Matas o Rosa Estarás, actual europarlamentaria por el grupo popular europeo.

Muchas de estas decisiones son objeto de investigación judicial al haber sido adoptadas al margen de la normativa legal de contratos para la Administración Pública o por haber dado pie a presuntos desvíos muy importantes de caudales públicos.

"Matas me propuso en 2003 como patrono de la fundación, yo era el secretario general técnico de la conselleria de Presidencia y Deportes; también fueron designados en representación de las consellerias de Turismo Juan Carlos Alía y Dulce Linares por Relaciones Institucionales (ésta también encausada)", explicó Amengual. "Se creó una comisión ejecutiva del Patronato que sí se reunía y que era la que realmente tomaba los acuerdos, yo no formaba parte de esa ejecutiva", añadió.

Amengual señaló a otro imputado, Gonzalo Bernal, de la gerencia de Illesport, como la persona que le hacía llegar las actas falsas de las juntas, que luego pasaba a la firma de Matas o Estarás, según figurase uno u otro cada día como presidente. El encausado no aclaró quiénes tomaban esas decisiones y por qué se prestó a dar fe de juntas no celebradas.

(www.diariodemallorca.es, 11/09/09)

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