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Del 10 al 17 de Julio 2009
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ÍNDICE
1. CASO GÜRTEL. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA
2. CASO GÜRTEL. TRES TRIBUNALES PARA JUZGAR UNA ÚNICA TRAMA
3. CASO GÜRTEL. EL JUEZ BUSCA EL DINERO DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN OCHO PAÍSES
4. CASO GÜRTEL. EL INSTRUCTOR DEL 'CASO GÜRTEL' EN EL SUPREMO VE INDICIOS DE DELITO EN BÁRCENAS Y MERINO
5. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS CUENTA A SU ENTORNO QUE SE LLEVÓ DEL PP CAJAS CON PAPELES
6. CASO GÜRTEL. AZNAR HACE SABER A RAJOY QUE NO TEME LAS AMENAZAS DE BÁRCENAS
7. CASO GÜRTEL. EL PP SE REVUELVE ANTE LA INDECISIÓN DE RAJOY SOBRE EL ‘CASO BÁRCENAS’
8. CASO GÜRTEL. CASCOS PIDE A RAJOY QUE NO PRESCINDA DE BÁRCENAS
9. CASO GÜRTEL. EL EXTENSO PATRIMONIO DE LUIS BÁRCENAS
10. BÁRCENAS DARÁ OTRO PELOTAZO ESTE AÑO
11. EL SUPREMO CITA A BÁRCENAS Y MERINO COMO IMPUTADOS
12. RAJOY IMPONE A SUS COMUNIDADES LA ABSTENCIÓN EN LA FINANCIACIÓN
13. AGUIRRE AMAGA HASTA EL FINAL CON DECIR 'NO' A LA NUEVA FINANCIACIÓN
14. LOS DAÑOS COLATERALES DE LA GUERRA DE RAJOY
15. GALICIA. FEIJÓO SOBRE CAMPS: "TODOS COMETEMOS ERRORES"
16. GALICIA. EL GOBIERNO DE GONDOMAR DA COMPETENCIAS A LOS DOS EDILES CONDENADOS POR PREVARICACIÓN
17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE REALIZAR ESPIONAJES
18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS CATALANES"
19. COMUNIDAD DE MADRID. BÁRCENAS LE ACLARÓ A AGUIRRE QUE NO TIENE NADA CONTRA ELLA
20. COMUNIDAD DE MADRID. JOSÉ LUIS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA'. EL 'CASO GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ"
21. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL PRESIDENTE DE LA FEMP
22. AGUIRRE ANUNCIA MEDIDAS PARA EVITAR OTRA TRAGEDIA, PERO SU GOBIERNO LAS DESCONOCE
23. LA JUEZ LLAMA A DECLARAR AL EX VICECONSEJERO CANALDA EN LA QUERELLA DEL DOCTOR MONTES
24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS COMUNICA A SU ENTORNO QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE HAYA JUICIO ORAL
25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS ALEGA QUE SI LE REGALARON LOS TRAJES SERÍA POR SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL PP
26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UN CONSEJERO DE CAMPS ADMITE LA CRISIS DE GOBIERNO
27. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LOS TRUCOS DE LA GENERALITAT Y EL BIGOTES
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DEL SASTRE DE CAMPS
29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA SOLEDAD DEL NÚMERO DOS
30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CORREA MONTABA FIESTAS PRIVADAS PARA AGASAJAR A LOS ALCALDES
31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS
32. COMUNIDAD VALENCIANA. FONT DE MORA CREE QUE LOS CONFLICTOS QUE PROTAGONIZA SON LO NORMAL
33. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA EVITA APOYAR A CAMPS Y DICE QUE LE ENTRISTECE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BENIDORM
34. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRÁNSFUGA QUE LLEVÓ A ZAPLANA A LA ALCALDÍA PIERDE SU EMPLEO EN BENIDORM
35. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CAMPISTAS ACUSAN A LOS RIPOLLISTAS DE 'FICHAR' A INMIGRANTES EN CALP
36. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS BARAJA PAGAR 570.000 EUROS POR TRAER A KOBE BRYANT A VALENCIA
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EX EDIL DE IBI PAGÓ VIAJES Y ROPA CON DINERO PÚBLICO
38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CENSO MANIPULADO DE CABANES CUESTIONA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
39. ISLAS CANARIAS. SORIA DECLARA POR INJURIAS A LA POLICÍA DE CANARIAS
40. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP PIDE QUE SE INDEMNICE SÓLO POR NUEVE DE LAS 11 VÍCTIMAS DE GUADALAJARA
41. REGIÓN DE MURCIA. CAOS EN LAS CUENTAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
42. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO
43. ISLAS BALEARES. EL EX EDIL DEL PP IMPLICA A OTROS TRES DIRECTORES GENERALES DE MATAS
44. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ DICE QUE ESTARÁS ORDENÓ DESVIAR 120.000 EUROS PARA UN EX REGIDOR DEL PP
45. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS POR OBRAS NO HECHAS Y DESPUÉS ´DEMOLIDAS´ EN EL PALMA ARENA
1. CASO GÜRTEL. DECLARACIONES DE RAJOY EN ESTA TENEBROSA TRAMA
- Chantaje al líder. "Soy sospechoso de muchas cosas, pero si algo he demostrado en política es que no acepto chantajes ni presiones. Dicho esto, a mí Bárcenas no me ha chantajeado. Yo no funciono a base de presiones".
- Cajas de documentos. "No me consta que Bárcenas se haya llevado cajas de documentos del PP. Si me pregunta si se las ha llevado, yo no le sé, lo que digo es que no me consta".
- El final de la película. "Es difícil saber cómo afectará Gürtel al PP. Tenemos problemas, problemas judiciales, pero hay que esperar a ver cómo terminan. La gran mayoría de los españoles no hacen un juicio del día a día, tienen la buena costumbre de esperar a ver el final de la película".
- Cómo está el PP. "Somos un partido unido, hemos ganado las gallegas y las europeas, estamos muy animados y contentos. Yo sé dónde estoy y sé lo que estoy haciendo. El Comité de Dirección apoya lo que estoy haciendo".
- Camps ya ha pagado. "La pena por el cohecho impropio son 2.500 euros. Es evidente que [Francisco] Camps lleva cuatro meses pagando una pena mucho mayor, y la pena de banquillo es aún mayor que esos 2.500 euros. Pero yo soy hijo de juez y creo en la justicia".
- ¿Recibe usted regalos? "El cohecho impropio consiste en recibir regalos aunque sea a cambio de nada. Se habla de los usos sociales habituales, pero ¿qué son? Al final, esto lo interpreta y lo decide un juez. Todo el mundo sabe de qué va esto".
- Los trajes de Camps. "Creo que Camps pagó sus trajes, pero creo que es absurdo pensar que un presidente se venda por tres trajes. Y el sentido común es importante en derecho".
(www.elpais.com, 16/07/09)
2. CASO GÜRTEL. TRES TRIBUNALES PARA JUZGAR UNA ÚNICA TRAMA
La decisión de repartir entre tres tribunales el caso Gürtel no sólo resulta sorprendente para los legos. También genera conflictos entre los juristas, como se demostró en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras la Fiscalía defiende que las personas que presuntamente pagaron los trajes a Francisco Camps deben ser juzgados junto al presidente valenciano en un mismo proceso, el instructor de la causa, José Flors, cerró de momento esta vía. El juez sostiene que a los presuntos cabecillas de la trama ya se les investiga en el TSJ de Madrid y que su instrucción queda reducida a sus aforados, como estableció el TSJ valenciano al asumir la competencia para investigar a Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP.
01 quién investiga. Una trama troceada
La Fiscalía considera que los pagos concretos pueden investigarse en los tres tribunales que se ocupan del caso. Es decir, los pagos que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, pudieron hacer a Camps pueden investigarse en Valencia, mientras que los que hicieron a los aforados nacionales corresponden al Supremo. Este tribunal así lo entendió cuando se declaró competente para investigar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino.
El resto de los sobornos pagados a los tres diputados y cuatro ex alcaldes madrileños imputados se investigarán en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Flors entiende, en cambio, que los sobornos supuestamente pagados por Correa, Crespo y El Bigotes sólo pueden investigarse en Madrid salvo que el TSJM le envíe esa parte de la causa porque "forman parte en su conjunto del objeto más amplio de otro proceso".
02 dos delitos. El que da y el que recibe
El delito que el juez Flors imputa a Francisco Camps y los otros imputados en Valencia es el cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal, que castiga con multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función". De momento, el juez no ha encontrado pruebas que vinculen los trajes con adjudicaciones concretas de contratos por parte de la Generalitat a las empresas de Correa, algo que podría cambiar a medida que avance la investigación sobre los expedientes, como sostiene la acusación que ejerce el PSOE valenciano.
Aunque no hay una doctrina unánime al respecto, el que paga también puede ser castigado con el artículo 423 en la mano, en casos de cohecho impropio, como han establecido las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Este precepto sanciona a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos".
03 el recurso. 11 indicios sólidos
Quien soborna también puede ser juzgado en caso de cohecho impropio
La última ficha movida por la defensa de Camps es el recurso presentado contra el auto del juez Flors que da continuidad a la causa por el trámite de la ley del jurado. La Fiscalía confía en que no pueda ser revocado, porque, además de la declaración del sastre José Tomás, enumera otros diez indicios sólidos de la imputación que pesa sobre el presidente de la Generalitat. De hecho, Anticorrupción no dejó pasar la oportunidad de mostrarse de acuerdo con su contenido en el escrito en el que pedía que se ampliara la imputación a los pagadores.
04 secreto sumarial. Crítica del PP
En lo que sí parecen coincidir jueces y fiscales, al menos en Madrid, es en la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones, medida que el PP sostiene que le provoca indefensión. El fiscal pidió el viernes al Supremo que mantenga el secreto decretado por el TSJM, para evitar, al estar dividido el sumario en tres tribunales, que lo que se envíe al Alto Tribunal se haga público y entorpezca las diligencias que el juez Antonio Pedreira sigue realizando. En los documentos sobre Bárcenas y Merino que se enviarán al Supremo pueden aparecer datos sobre otras personas.
Fuentes del TSJM señalan que el instructor pretende mantener el secreto del sumario hasta septiembre. Cuando se retire la medida, concretará los hechos que se imputan a los encausados
(www.publico.es, 16/07/09)
3. CASO GÜRTEL. EL JUEZ BUSCA EL DINERO DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN OCHO PAÍSES
El juez del Tribunal Superior de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado 15 comisiones rogatorias (petición de ayuda a jueces de otros estados) a ocho países (Suiza, Mónaco, Reino Unido, EEUU, Colombia, Panamá, Portugal y uno asiático) y dos paraísos fiscales –las islas Caimán y las Antillas holandesas– para averiguar el destino que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa dio al dinero ilícito que supuestamente obtuvo de ayuntamientos madrileños y otars administraciones del PP.
En las peticiones, respaldadas por la fiscalía anticorrupción, también aparecen implicados de segunda fila ante la sospecha de que eran testaferros. Pedreira ha prorrogado el secreto de las actuaciones hasta septiembre.
Por otra parte, el Tribunal Superior valenciano ha admitido a trámite los recursos del presidente Francisco Camps y de otros tres imputados contra el auto dictado por el juez José Flors por apreciar indicios de cohecho.
(www.elperiodico.com, 17/07/09)
4. CASO GÜRTEL. EL INSTRUCTOR DEL 'CASO GÜRTEL' EN EL SUPREMO VE INDICIOS DE DELITO EN BÁRCENAS Y MERINO
El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha decidido abrir diligencias previas porque aprecia indicios de delito en la causa contra el tesorero nacional y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino.
El juez reclamará ahora documentación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, donde se instruyó el caso después de que el juez Garzón, quien iniciara todo el proceso, se inhibiera en favor de este tribunal.
Tras estudiar esa documentación, el magistrado del alto tribunal decidirá si cita a declarar o no a Merino y Bárcenas, que así lo han solicitado. Por otro lado, el Supremo solicitará el suplicatorio de ambos aforados puesto que la declaración de los dos sólo puede producirse porque ellos lo soliciten voluntariamente o porque las Cámaras (Congreso y Senado) hayan dado su autorización para iniciar la causa contra ambos.
El pasado 23 de junio, la Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó investigar la relación entre la trama corrupta y Bárcenas y Merino, por si el primero hubiera incurrido en delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública, y el segundo, de cohecho. Los jueces investigan si el tesorero se llevó casi un millón de euros en sobornos de la red corrupta que dirigía Francisco Correa.
Bárcenas, que está poniendo en un grave aprieto al partido y a su líder, Mariano Rajoy, por su resistencia a dejar el cargo, y que cada vez se enfrenta a más voces críticas dentro del PP, aseguró el viernes que abandonará el cargo de tesorero en cuanto el juez del Supremo pida el suplicatorio para imputarle en el caso Gürtel. Al menos así lo confirmaron fuentes próximas al senador popular, que además negaron que Mariano Rajoy le haya pedido que dimita. Según la cadena Cope, Bárcenas dejará "de forma transitoria" su cargo en el "mismo momento" en que se solicite el suplicatorio para imputarlo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó también un escrito al juez Monterde para que elevase al Congreso y al Senado los suplicatorios que permitan citar a declarar a ambos, un trámite imprescindible para imputarlos.
(www.elpais.com, 13/07/09)
5. CASO GÜRTEL. BÁRCENAS CUENTA A SU ENTORNO QUE SE LLEVÓ DEL PP CAJAS CON PAPELES
Las mieles del éxito en las europeas se van disipando y el PP recibe un disgusto casi a diario. Mariano Rajoy, siempre tranquilo, algo que sus más cercanos achacan a que en 30 años en política ha visto de todo y sabe que al final los escándalos se reconducen, sigue evitando cualquier pregunta de los periodistas, como si el asunto no fuera con él. Pero en Génova, la sede central del partido, los dirigentes están muy nerviosos porque muchos creen que debería dar un golpe en la mesa y echar ya a su tesorero, Luis Bárcenas, al que él nombró hace sólo un año. El senador no sólo se ha enrocado en su negativa a dimitir hasta que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio, sino que además está lanzando todo tipo de mensajes amenazantes.
A quien quiere escucharle, el tesorero ha llegado a narrar que él, que fue gerente durante 20 años, tiene información delicada de casi todos los dirigentes importantes y del partido. Como prueba de su fuerza, Bárcenas cuenta que se ha llevado a casa documentación comprometida. Hasta nueve cajas retiró el fin de semana pasado, según ha explicado él mismo estos días aunque sin aclarar el contenido de esos documentos.
"En el partido me tratan mucho peor que a Camps, y debería ser al revés, porque yo manejo una información delicada que Camps nunca tendrá y he cubierto las espaldas a mucha gente en estos años. Encima, yo ni siquiera estoy imputado, él sí", sentencia Bárcenas a las múltiples personas con las que ha tenido contacto estos días.
El tesorero hace llegar mensajes amenazantes a todo el mundo, e insiste una y otra vez en que él sólo dimitirá si se lo pide Rajoy. Su osadía llegó a tal nivel que el pasado lunes, en una reunión con el líder, le dijo a la cara: "Tú me nombraste, tú me puedes destituir. Si he perdido tu confianza me voy, pero no quiero que nadie me envíe señales de tu parte".
Rajoy, según fuentes de la dirección, le contestó que él no iba a pedirle la dimisión, que eso es una cuestión personal y que el tesorero debía manejar sus propios tiempos. Entonces, Bárcenas le exigió que controlara a las personas de su entorno y que dejara de mandarle emisarios, como Dolores de Cospedal, para animarle a marcharse. Rajoy, según las mismas fuentes, negó absolutamente que él hubiera enviado a ningún emisario y atribuyó cualquier presión a decisiones personales de los dirigentes. Sin embargo, la mayoría de los cuadros consultados asumen que el líder sí está presionando a Bárcenas a través de emisarios, y se ha instalado la sensación de que Rajoy no le pide directamente que se vaya por temor a una mala reacción de una de las personas con más información delicada dentro del PP.
Mientras el caso Bárcenas empeora, y Rajoy opta por esperar a lo que decida el Supremo, la preocupación con el caso Camps también crece internamente. El PP se ha dividido en dos. Los juristas, y esto incluye al entorno de quienes están preparando el recurso que se presenta hoy, ven muy complicado enfrentarse a un auto como el del juez José Flors, que detalla los elementos para probar que la red de Correa pagó varios trajes de Camps. Creen que si el presidente no puede probar de ninguna manera el pago de los trajes, la situación es muy delicada porque sí parece suficientemente probado -a través de facturas, correos electrónicos y documentos tanto de la red como de la tienda- que la red pagó esas prendas.
Sin embargo, los políticos, especialmente los valencianos, están convencidos de que Camps se puede salvar. Apelan a una decisión que ellos confían en que sea política y no jurídica, la que tendrán que tomar tres jueces, con toda probabilidad todos conservadores, cuando analicen el recurso que Camps presentará hoy.
Estos políticos aseguran que la presión ambiental para estos jueces está siendo muy fuerte, y creen que no asumirán la responsabilidad de acabar con la carrera política del hombre más poderoso de la Comunidad Valenciana. Las apuestas internas están abiertas y seguirán en los próximos días, pero la preocupación es creciente y la dificultad de los populares para hacer llegar sus mensajes políticos aumenta cada día.
(www.elpais.com, 13/07/09)
6. CASO GÜRTEL. AZNAR HACE SABER A RAJOY QUE NO TEME LAS AMENAZAS DE BÁRCENAS
El entorno más próximo al ex presidente del Gobierno José María Aznar se desentendió de cualquier decisión que el presidente del PP, Mariano Rajoy, adopte en relación a la continuidad o al cese de su tesorero y senador, Luis Bárcenas. Las fuentes consultadas cerca del ex jefe del Ejecutivo trasladaron a este diario una «tranquilidad absoluta» en torno a las amenazas vertidas por el hombre que, al igual que en la presente etapa, llevaba las cuentas del partido mientras él fue su presidente.
Las fuentes consultadas hicieron extensiva esta «tranquilidad» a la propia «familia» Aznar en tanto que, según la información publicada, Bárcenas se ha mostrado dispuesto a revelar datos desconocidos y presuntamente comprometedores sobre la boda de la hija del presidente, Ana Aznar, con Alejandro Agag en El Escorial. Dicho esto, el mensaje del entorno de Aznar fue más allá, eximiendo a Rajoy de cualquier tentación de ayuda o apariencia de encubrimiento, por si algunos vieran justificado en ello su decisión de no actuar contra el tesorero.
Precisamente en Génova, las fuentes oficiales descartaron mismo cualquier noticia para hoy en relación con la posible dimisión del tesorero. A preguntas de este diario, y pese a la información sobre el desplante de Bárcenas a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, Génova aseguró que «no se ha producido ningún elemento nuevo en relación a la causa» que sigue el Supremo contra los dos aforados del PP que justifique una decisión distinta de la adoptada hasta ahora, consistente en aguardar a que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la acusación.
Pero pese a esta posición oficial, hay quienes creen que la crisis desatada en el seno del PP por el reciente plante de su tesorero podría resolverse en las próximas horas. Así se desprende, al menos, de los comentarios recabados en la propia dirección del partido, y muy especialmente, de uno de los dos sectores de la cúpula, particularmente beligerante en pro de la dimisión de Bárcenas.
Según las fuentes consultadas, la noticia publicada por este periódico -Bárcenas desoyó la petición expresa de De Cospedal de que se retirara- no sólo ha evidenciado la precariedad de la posición del tesorero, sino la necesidad de que el líder diga la última palabra. «Rajoy no puede dejarse chantajear. Debe actuar ya», dijo textualmente un miembro de la dirección a este diario.
Curiosamente, hoy no está convocado el Comité de Dirección de los lunes, lo que evitará un debate interno explícito sobre la situación en que el tesorero ha puesto al partido o -dicho desde el punto de vista del sector más complaciente- sobre el disparadero en que el partido le ha puesto a él.
La ausencia de maitines permitirá, además, a la secretaria general y máxima protagonista del forcejeo con el tesorero eludir la habitual rueda de prensa semanal en Génova. Pero, a falta de maitines, las fuentes consultadas apuestan por un sanedrín; una reunión de carácter privado que desemboque en la salida -ahora sí, pactada- del tesorero.
En todo caso, ésta no es una opinión unánime en Génova. En los despachos próximos a Bárcenas apuestan por que el esperado golpe de mano de Rajoy no lo sea contra Bárcenas, sino contra las «filtraciones» que, según su opinión, han «exagerado» las pretendidas amenazas de éste a la secretaria general. Según este sector minoritario, el tesorero es víctima de la última «confrontación» interna del partido y Rajoy cumplirá su palabra de no destituir a su tesorero hasta que no sea imputado.
Sea como fuere, los apoyos de Luis Bárcenas en el Comité de Dirección del PP comienzan a ser muy precarios.
(www.elmundo.es, 13/07/09)
7. CASO GÜRTEL. EL PP SE REVUELVE ANTE LA INDECISIÓN DE RAJOY SOBRE EL ‘CASO BÁRCENAS’
Que Mariano Rajoy esté harto de que se hable más en los medios de comunicación de su tesorero que de él mismo y de su estrategia de oposición es entendible. Que no haya tomado aún ninguna medida para cambiar esa situación es un hecho criticable para muchos dirigentes y cargos del PP, que han decidido desobedecer las directrices recibidas para que guarden silencio sobre este asunto. Cada vez son más los que salen del anonimato para reclamar la dimisión de Luis Bárcenas o cuestionar que se le permita seguir en su puesto, pese a su implicación en el caso Gürtel y la tormenta mediática que se ha desatado a raíz de sus declaraciones y las de su entorno.
Así, a las palabras que ya habían pronunciado populares como el vicesecretario Esteban González Pons y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, admitiendo el descontento interno o pidiendo directamente la dimisión de Bárcenas, se sumaron las del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; las de un consejero de Esperanza Aguirre y las del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Según parece, no hay silencio que valga.
Núñez Feijóo manifestó que es «un planteamiento discutible» que el tesorero deba permanecer en su puesto hasta que el Supremo (donde está siendo investigado por posibles delitos de fraude fiscal) tome una decisión definitiva sobre su imputación.
El responsable de la Diputación de Ourense admitió abiertamente que aboga por la dimisión de Bárcenas, y el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, advirtió de que es un «error» enrocarse en un cargo y añadió que no comprende «cómo se puede soportar» en el PP esa actitud. «Es de difícil explicación, ciertamente, sobre todo cuando hay una cuestión de carácter general que le afecta», agregó. Mientras, Rajoy intenta lanzar otros mensajes, conseguir que los suyos tengan paciencia y fingir que no recuerda el caso Gürtel. Pero el partido se lo recuerda a cada momento.
(www.elperiodico.com, 15/07/09)
8. CASO GÜRTEL. CASCOS PIDE A RAJOY QUE NO PRESCINDA DE BÁRCENAS
El ex secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, se ha convertido en el abanderado del tesorero Luis Bárcenas en el partido, hasta el punto de haber intercedido por él en los últimos días ante Mariano Rajoy. Así lo aseguran fuentes solventes de la cúpula del PP, que dan cuenta de una reciente visita del político popular a la planta séptima de Génova para abogar por la continuidad de Bárcenas al frente de las cuentas del partido.
La noticia, que ha sido confirmada en Génova, no ha podido ser contrastada con el propio Álvarez Cascos, quien no contestaba a las distintas llamadas y mensajes de este diario. Las mismas fuentes informan, además, de que el ex secretario general ha mantenido numerosas reuniones privadas con Bárcenas, quien también trabajó a sus órdenes desde la tesorería del partido.
Para nadie en el PP es un secreto que Cascos defiende a Bárcenas desde que él mismo lo puso de manifiesto ante Rajoy, Aznar y el resto de antiguos miembros del primer Gobierno del PP, cuando fueron convocados a un almuerzo en la precampaña de las elecciones europeas.
En aquella comida, según las fuentes recabadas, el ex vicepresidente se quejó de que el partido no se estaba ocupando como debía de su tesorero frente al acoso del caso Gürtell. Siempre según los comensales, Álvarez Cascos llegó a decir que «Trillo y Soraya» son unos amateurs en Derecho penal, y que alguien tendría que hacer lo que él mismo pilotó en su época, cuando logró transformar el caso Naseiro en el caso Manglano.
Después de esto, en conversaciones privadas con dirigentes del PP, Cascos se ha mantenido muy firme en el criterio de que hay que sostener a Bárcenas, primero, en interés del partido; segundo, en igualdad con otros casos comprometidos, como el del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y tercero, en coherencia con la ausencia de una imputación formal contra él.
Ésta, precisamente, parecía ser la tesis impuesta en el comité de dirección por Rajoy. Se trataba de esperar a que el Supremo tomara una decisión sobre la acusación formulada contra los dos aforados, Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino. Sin embargo, el encontronazo hecho público entre Bárcenas y la secretaria general María Dolores de Cospedal -ésta le pidió la retirada y él respondió con amenazas, luego desmentidas por su parte- cambió las cosas.
Rajoy optó este fin de semana, como es su costumbre, por aguardar y enfriar la polémica, pero vino a arropar en privado a su número dos, con quien ha despachado en privado. No obstante, ésta no ha sido su única entrevista porque, entre sus interlocutores de estos días, también ha figurado el propio Cascos. Según las fuentes consultadas, el ex secretario general no sólo ha abogado por Bárcenas sino también por todos los que, a su juicio, están siendo perseguidos por el hecho de haber tenido responsabilidades en el PP, él mismo entre ellos.
Nada se sabe de lo que Rajoy contestó a Cascos. Pero fuentes solventes de Génova atribuyen al presidente del PP el propósito de aguardar, ahora, a conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el recurso de Camps.
(www.elmundo.es, 15/07/09)
9. CASO GÜRTEL. EL EXTENSO PATRIMONIO DE LUIS BÁRCENAS
Luis Bárcenas ha dispuesto en los últimos seis años de una cantidad ingente de dinero con el que ha cimentado un patrimonio inmobiliario valorado en más de tres millones de euros, según desveló el pasado mes de marzo. Una de sus adquisiciones más importantes fue la compra de un chalé en una de las mejores zonas de la estación invernal de Baqueira Beret, en el valle de Arán (Lérida). La casa costó 941.100 euros y fue adquirida en julio de 2008. Bárcenas liquidó la compra con dos cheques bancarios de 300.000 euros cada uno, según la certificación literal del Registro de la Propiedad.
Previamente, el tesorero del PP había dado al vendedor a lo largo de 2005 y 2006 varias cantidades abultadas, de 50.000 euros para arriba, siempre a través de cheques bancarios. «No es nada habitual que alguien disponga de tanto dinero en una cuenta bancaria y pague al contado un inmueble», explicaron fuentes notariales a este periódico.
El patrimonio inmobiliario del tesorero no se limita sólo al chalé de Baqueira, que cuenta con 151 m2 más dos plazas de garaje. En octubre de 2008, Bárcenas compró, al contado, una plaza de garaje en el barrio de Salamanca, de Madrid, valorada en unos 100.000 euros. Un año antes, también en octubre, él y su esposa adquirieron otra plaza de garaje en la misma zona de Madrid. Luis Bárcenas y su esposa poseen también un piso de lujo de 220 m2 en la calle del Príncipe de Vergara, en una de las zonas más caras de Madrid. Desde 2002, son propietarios de una vivienda de 186 m2 en Guadalmina (Marbella), más trastero y plaza de garaje. El valor estimado de ambas viviendas supera los dos millones de euros.
Todas estas propiedades de Bárcenas no guardan relación, aparentemente, con el sueldo que recibe como senador, de unos 5.000 euros brutos al mes, a lo que hay que sumar la cantidad que obtiene como tesorero del partido. El senador justificó esos ingresos como producto de sus acertadas inversiones bursátiles.
(www.elmundo.es, 12/07/09)
10. BÁRCENAS DARÁ OTRO PELOTAZO ESTE AÑO
El tesorero del PP, Luis Bárcenas, repasó sus variadas fuentes de ingresos en una entrevista exculpatoria en Abc. Bárcenas, que según la Agencia Tributaria cuadruplicó en cinco años su patrimonio, asegura que sus ingresos "no proceden exclusivamente del partido". "Tengo otros de otra índole, bien por una actividad profesional (aunque sea de menor cuantía) o por la gestión de mi cartera de valores, a la que este año", anuncia, "le aseguro que le voy a sacar una rentabilidad significativa". Bárcenas ya recurrió a su buen ojo al comprar acciones de Endesa a ocho euros y venderlas a 40 para justificar su patrimonio. El senador relata que Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, empezó a trabajar en el PP en 1991 tras ofrecerse por carta a José María Aznar. "Les llamamos y comenzamos a trabajar con ellos como agencia de viajes (...). Con el tiempo se convierte en proveedor exclusivo porque sus precios son los más competitivos".
(www.elpais.com, 14/07/09)
11. EL SUPREMO CITA A BÁRCENAS Y MERINO COMO IMPUTADOS
El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha citado para el próximo 22 de julio al senador y tesorero nacional del PP, Luis Barcenas, y para el próximo 23 de julio al diputado de este partido Jesús Merino para que declaren en calidad de imputados provisionales, ambos a las 11.00.
La resolución de Monterde señala también que el Supremo ya ha recibido la documentación relativa al caso que obraba en poder del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, tal y como había solicitado la Fiscalía, el juez ha decretado el secreto sumarial.
De este modo el Tribunal Supremo inicia la investigación de los aforados, implicados en la presunta trama de corrupción ligada a Francisco Correa, sin que haya necesidad de elevar un suplicatorio a las Cortes.
Esto se justifica en que los propios Bárcenas y Merino manifestaron por escrito al Tribunal su intención de declarar voluntariamente cuanto antes.
Las primeras reacciones a la noticia han llegado de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha calificado de "buena noticia" la citación "porque por fin puedan utilizar su derecho a defenderse y puedan declarar ante el Tribunal Supremo, después de tanto tiempo".
De Cospedal ha recordado en que la citación "responde a una decisión del propio tesorero del PP y de Jesús Merino".
El Supremo se declaró competente el pasado 26 de junio para investigar los posibles delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública a Bárcenas, quien aseguró que dimitiría cuando el alto tribunal solicitara al Senado el suplicatorio para imputarlo en la causa, y solo de cohecho a Merino. El resto de la instrucción fue devuelta al TSJ de Madrid.
(www.elpais.com, 17/07/09)
12. RAJOY IMPONE A SUS COMUNIDADES LA ABSTENCIÓN EN LA FINANCIACIÓN
La discusión y aprobación anoche del nuevo modelo de financiación autonómica ha desatado la dura crítica del PP hacia el Gobierno socialista, pero también ha provocado cierta tensión en las filas populares, singularmente entre el líder nacional, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Ésta no logró arrastrar hacia el no al resto de las comunidades autónomas gobernadas por su partido porque recibió "la invitación", según expresión del consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, de que ella y todos los demás del PP se abstuvieran. Y acataron. Menos la Ciudad Autónoma de Ceuta, del PP, que votó a favor.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aprobó el sistema de financiación que sustituye al vigente desde 2001 por diez votos a favor y siete abstenciones. Entre los del sí estaban todas las comunidades gobernadas por los socialistas: Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y Baleares. Con ellas, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP; Cantabria, con gobierno del PRC y PSOE; y la Ciudad Autónoma de Ceuta, gobernada por el PP. Las siete abstenciones correspondieron a comunidades del PP: Madrid, Valencia, Galicia, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Melilla.
No fue una sorpresa la actitud profundamente crítica del PP con el modelo, que ya está aprobado aunque todavía tiene que modificarse en el Congreso la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Sí sorprendió que el día anterior algunas autonomías se decantaran por el no, caso de Madrid, Valencia y La Rioja, frente a la abstención de Castilla y León, Galicia y Murcia.
Es más, Aguirre, jugó fuerte a favor del no. Los presidentes de otras comunidades del PP veían en su actitud la intención de liderar "un frente de rechazo", según informaron interlocutores autonómicos. Pero Javier Arenas, el vicesecretario territorial en quien Rajoy delegó este asunto, impuso a todas las comunidades gobernadas por su partido que se abstuvieran. Arenas llamó a Aguirre para darle la orden, que ella acató pese a estar radicalmente en contra. Aguirre llamó luego a Rajoy para intentar convencerle, pero sus gestiones fueron inútiles.
Antes de las llamadas, la presidenta del PP de Madrid dijo en público su opción era el no, a no ser "que hubiera una instrucción en contra de la dirección del partido". Y la hubo. Pero el Gobierno de Madrid quiso remachar que su voto hubiera sido contrario, y así lo reflejó Beteta, dentro de la reunión y fuera. "La dirección del PP nos ha indicado que nos abstengamos, aunque nosotros hubiéramos querido el no", remachó Beteta.
La dirección del PP considera más coherente abstenerse que votar en contra, ya que sí aceptará el dinero que les ha asignado el Ejecutivo en el nuevo sistema. Los argumentos dentro y fuera de la reunión de los consejeros de Economía del PP fueron idénticos, aunque Madrid, Valencia y La Rioja cargaron más las tintas e hicieron discursos más políticos que técnicos. Para las autonomías del PP, el Gobierno ha pactado el modelo de financiación con ERC, para asegurarse "cierta estabilidad parlamentaria", fue el resumen de la situación para el consejero de Madrid.
(www.elpais.com, 16/07/09)
13. AGUIRRE AMAGA HASTA EL FINAL CON DECIR 'NO' A LA NUEVA FINANCIACIÓN
De "chantaje" y "asalto al bolsillo de los contribuyentes" tildó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, al nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Salvo que el PP nacional diga otra cosa, vamos a decir que no", afirmó. Por la tarde, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, tuvo que dar su abstención por orden de Mariano Rajoy. Pero unas horas antes aún amagaba la presidenta con el "no". "Estoy a lo que diga el señor Beteta, que tendrá que escuchar antes lo que diga el Gobierno", afirmó, nada más conocer la decisión de Rajoy.
La presidenta se quejó del fondo y de la forma. "Cómo es posible que se nos remitan 72 folios un domingo por la tarde, sin las cifras, y se diga que se han mantenido 100 reuniones", planteaba. "¿Qué prisas hay?". También cuestionó que en Madrid se recauden 28.000 millones de euros en los impuestos estatales, de los cuales 14.000 van al Gobierno central y otros 5.000 a la caja común. Un portavoz de Hacienda matizó por la tarde los datos: son 14.000 millones los que se recaudan, 9.000 los que se queda la región y 5.000 los que devuelve al Estado.
Aguirre aseguró también que había llamado a Zapatero. "Yo siempre pido; él dice que no", resumió la conversación.
(www.elpais.com, 16/07/09)
14. LOS DAÑOS COLATERALES DE LA GUERRA DE RAJOY
"Han perdido el agua en el que nadaban; no hay una estrategia de crispación en este momento, y esas organizaciones pierden pie fácilmente". Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, analiza de esta manera los profundos cambios, teñidos de problemas internos, que atraviesan algunas de las siglas que protagonizaron las duras movilizaciones contra el Gobierno socialista durante la primera legislatura presidida por Rodríguez Zapatero.
Dos de las asociaciones que lideraron las protestas viven a caballo entre la división y la transformación hacia estrategias más templadas. Son la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Foro Ermua. Uno de los principales altavoces de sus reivindicaciones, la cadena COPE, busca ahora un futuro aparentemente menos escorado hacia la radicalidad después de desprenderse de sus locutores más histriónicos. Su propietaria, la Conferencia Episcopal, ha relajado las formas en sus criticas a la política de un Gobierno que le ha favorecido en sus fuentes de financiación.
Ciutadans, un partido político surgido en el río revuelto de las movilizaciones al calor del desafecto hacia la política y los políticos, camina hacia la práctica disolución tras cosechar un estrepitoso fracaso en las últimas elecciones europeas.
¿Qué ha ocurrido? Bouza cree encontrar una explicación en un cambio de rumbo adoptado también por el PP: "Estas organizaciones cumplieron una función en el contexto de un Partido Popular muy movilizado en la línea dura durante la legislatura 2004-2008, pero esto se acabó. Rajoy ha intentado desactivar estas cosas porque sabe que le han hecho daño y, en ese sentido, se han quedado sin el oxígeno de un partido hermano".
El PP no convocó ninguna de las nueve concentraciones contra la política antiterrorista del Gobierno que se convirtieron en una escenificación multitudinaria de rechazo a Zapatero, pero las secundó todas. El partido de Rajoy también cerró filas con los organizadores de las movilizaciones avaladas por los obispos contra la ampliación de derechos que acabó con la discriminación que sufrían las parejas homosexuales en el Código Civil.
Ni siquiera quedan los rescoldos de estas hogueras públicas en las que se trató de quemar la imagen del Gobierno. La victoria del PSOE en las elecciones generales de 2008 apagó las llamas hasta hoy.
"Las manifestaciones ayudaron a estabilizar el voto más ideológico del PP explica Bouza, pero esta estrategia contribuye a que el adversario se movilice también. El PP se dio cuenta de que crispando no se puede ganar, y retiró sus fuerzas de choque", concluye este politólogo, para justificar la deriva de algunos de los protagonistas de la política de pancartas contra Zapatero.
(www.publico.es, 13/07/09)
15. GALICIA. FEIJÓO SOBRE CAMPS: "TODOS COMETEMOS ERRORES"
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la "honorabilidad" del presidente valenciano, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel. "Seguro que todos cometemos errores, pero de eso a no ser honorable hay un gran techo", enfatizó. Feijóo aseguró que, a pesar de todo, él sigue pensando que el presidente de la Generalitat Valenciana "es una persona honorable".
Asimismo, el líder del PP gallego dijo confiar en que el senador y tesorero del partido, Luis Bárcenas, implicado en esta trama de corrupción liderada por Francisco Correa cumpla su palabra y presente su dimisión si finalmente el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio para su imputación en el caso.
"En cuanto a Luis Bárcenas, yo he leído una frase suya diciendo que, si el Tribunal Supremo le imputa, presentaría su dimisión. A mí me parece muy esclarecedor ese posicionamiento y, en consecuencia, vamos a esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Yo me atengo a los comentarios y a los compromisos del señor Bárcenas", explicó al respecto. En la misma línea, Feijóo aseguró que él cree en "los tribunales" y que "hay que estar a lo que dicte" la justicia "sin ninguna duda". No obstante, precisó que en el caso de que finalmente sea condenado, él no acudirá a la puerta de una cárcel para prestarle su apoyo.
"Hay otros dirigentes políticos que acompañaban a personas juzgadas y condenadas a las puertas de las instituciones penitenciarias. Yo eso no lo haré. Espero que no haya ninguna necesidad, pero además no lo haría", señaló en relación a la presencia del ex presidente del Gobierno Felipe González en la puerta de la prisión el día en que el ex secretario de Estado Rafael Vera ingresaba en la cárcel por el caso de los fondos reservados.
(www.publico.es, 16/07/09)
16. GALICIA. EL GOBIERNO DE GONDOMAR DA COMPETENCIAS A LOS DOS EDILES CONDENADOS POR PREVARICACIÓN
Condenado por prevaricación urbanística, pero eso no impide que esté plenamente operativo en el Concello de Gondomar. El ex alcalde, José Carlos Silva Mariño, ejercerá como responsable municipal de Economía, Hacienda y Personal, y lo hará trabajando a jornada completa.
El edil que no quiso firmar la moción de censura ni asistió al pleno de investidura del actual regidor, Martín Urgal, para no dañar la imagen del PP tendrá en adelante responsabilidades en el gobierno tripartito de populares, tránsfugas del PSOE y el edil independiente. Compartirá la responsabilidad junto con el alcalde de elaborar un nuevo presupuesto después de dos años con las cuentas prorrogadas.
Otro concejal condenado por prevaricación urbanística, Ángel Gregores Méndez, también desempeñará responsabilidades en el nuevo gobierno de Gondomar. Este concejal será el responsable de Educación, Parques y Jardines.
Ambos representantes han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos después de que un juez los condenara por un delito de prevaricación urbanística al conceder licencias cuando el Plan Xeral de 1997 ya estaba anulado. No han renunciado a sus actas de concejal porque están pendientes de un recurso que presentaron ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El alcalde de Gondomar, Martín Urgal, presentó a los trabajadores municipales a los miembros del tripartito y les pidió su colaboración, al mismo tiempo que les manifestó su deseo de tener una buena relación. El nuevo gobierno no ha decidido todavía las cantidades que van a percibir los cuatro ediles que trabajarán con dedicación exclusiva hasta que no quede aprobado un nuevo presupuesto. En principio, Martín Urgal mantendrá el salario del anterior alcalde, Antonio Araúxo.
(www.lavozdegalicia.es, 14/07/09)
17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE REALIZAR ESPIONAJES
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado una remodelación de su dirección de seguridad que, en la práctica, supone la liquidación de los distintos servicios secretos paralelos, algunos de ellos vinculados a los casos de espionaje, que convivían en el seno de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados. De entrada, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón -destituido tras la requisa de un ordenador en un despacho oficial de la Consejería de Justicia-, máximo responsable de los funcionarios sospechosos del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño Manuel Cobo, estará, por fin, a las órdenes directas de su sucesor, Enrique Barón.
Gamón pierde la total autonomía que hasta ahora había disfrutado. Precisamente porque Barón recelaba de él y de las actividades de su cohorte de ex guardias civiles, ex policías y técnicos de la Comunidad, Barón nunca quiso controlarlo. Marcos Peña, que dirigía otro servicio paralelo para informar al consejero, seguirá como asesor directo de Granados. Una portavoz de la Consejería de Interior no supo anoche precisar el destino de la media docena de ex policías y ex guardias civiles que fueron fichados como asesores y acabaron nutriendo los equipos especiales de Gamón o Peña.
En cualquier caso, parece claro que a José Manuel Pinto o a José Palomo, funcionarios de la consejería de Granados investigados por el presunto espionaje a Cobo y a Prada, al igual que a la media docena de ex agentes de Interior citados, se les acabaron las "avanzadas", reconocimiento de lugares donde va a participar en un acto un alto cargo, o "contravigilancias", controlar los agujeros en los servicios de escolta. Es decir, vigilaba al protegido y al escolta para ver si alguien les seguía. Bajo estos eufemismos, en ocasiones se encubrían tareas de dudosa legalidad. Porque, de entrada, las contravigilancias y la labor de protección o escolta son tareas ajenas a la Comunidad.
Más ajenos todavía son los espionajes a altos cargos o las fotografías a sindicalistas. Esas labores, pero ceñidas a su exclusivo fin legal, pasarán a ser desarrolladas en exclusiva por la unidad de 80 policías nacionales que se incorporará a la consejería después del verano.
Granados aseguró que con la medida se pretenden evitar las "duplicidades" en tales labores que había criticado la oposición. De este modo, el consejero de Interior viene a dar la razón a la oposición: sus funcionarios estaban realizando tareas que son competencia del Ministerio de Interior.
Una unidad de la Guardia Civil, por su lado, se encargará de vigilar los edificios. Ambas unidades, con mandos del cuerpo propios, dependerán funcionalmente de la Comunidad de Madrid, aunque sigan vinculadas orgánicamente y salarialmente al Ministerio del Interior.
El medio centenar de funcionarios históricos de la dirección de Seguridad se ocupará de controlar que la vigilancia privada contratada por la Comunidad de Madrid cumple con los requisitos pactados. En frase de Francisco Granados, "todas las competencias en materia de seguridad pasan a depender del director general, de modo que no habrá ninguna actividad de seguridad que no dependa del director general". Leído al revés: hasta ahora había tareas que, paradójicamente, no controlaba el actual director de seguridad, Enrique Barón, ex jefe superior de policía Madrid.
Enrique Barón ha tardado un año en hacerse con el control de unos mandos y unos equipos policiales cuyo descontrol denunció nada más llegar al puesto.
Ahora, todos los ex agentes o funcionarios sospechosos del espionaje, mandos incluidos, pasan a depender de él. Sólo Marcos Peña, ex inspector de policía que continuará como asesor de Granados, al que confiesa informar de cuanto asunto juzga relevante, quedará fuera de su ámbito competencial.
(www.elpais.com, 17/07/09)
18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS CATALANES"
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de su compañero en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente varios trajes de los cabecillas de la trama Gürtel. "Si me piden las facturas de mis trajes me ponen en un verdadero aprieto. Nadie las guarda", ha defendido Aguirre quien ha criticado que el juez mantenga un secreto de sumario que a "algún grupo de comunicación le vendrá de maravilla, pero al PP le impide defenderse".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido en su propia defensa ante las acusaciones del ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, quien la tachó de "catalanófoba". "Amo a los catalanes, admiro a los catalanes, y todo lo que le conviene a Catalunya le conviene a Madrid", ha argumentado Aguirre, quien asegura que no critica lo dado a los catalanes "a quienes a lo mejor hay que darles más", sino un modelo de financiación que es "pan para hoy y hambre para mañana".
(www.publico.es, 17/07/09)
19. COMUNIDAD DE MADRID. BÁRCENAS LE ACLARÓ A AGUIRRE QUE NO TIENE NADA CONTRA ELLA
El tesorero del PP, Luis Bárcenas, se puso en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para aclararle que no tiene "absolutamente nada" contra ella. Fuentes cercanas a Bárcenas han confirmado a Efe que el tesorero del partido, tras enterarse de que Aguirre le había pedido en público que sacase a la luz información que pudiera afectarla, telefoneó a la presidenta madrileña para deshacer cualquier confusión.
Sobre Aguirre, por lo que han apuntado las fuentes del entorno del tesorero, Bárcenas tiene "una opinión inmejorable", y por ello, tal y como publicó el diario Abc, agradeció a la presidenta madrileña que en un canal de televisión defendiera su presunción de inocencia. Sin embargo, posteriores informaciones, como la del pasado domingo de El Mundo o la de un día después de El País, apuntaban a que Bárcenas habría advertido a la cúpula del partido, en concreto a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, de que si le obligaban a dejar el cargo, daría a conocer información controvertida sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid o sobre la boda entre Alejandro Agag y Ana Aznar.
Además, el tesorero se habría llevado cajas con relevante documentación. Las fuentes del entorno del tesorero desmienten por un lado que Bárcenas se haya expresado en los términos citados en su reunión de hace diez días con la secretaria general del PP, y por otro, que tenga documentación polémica.
Para desmentir estos hechos, puntualizan las fuentes, Bárcenas se ampara en unas declaraciones, que a su juicio son las "únicas válidas y ciertas" publicadas hasta la fecha.
El tesorero del PP y dos de las personas que ahora forman su equipo de asesoramiento ante la investigación del Tribunal Supremo se encontraban en un hotel madrileño cuando las declaraciones de Aguirre, quien "de rodillas" pedía a Bárcenas que ponga en conocimiento de la opinión pública cualquier información sobre ella, fueron recogidas por las páginas digitales de los medios.
De acuerdo con el relato de las fuentes consultadas, uno de sus asesores transmitió a Bárcenas el contenido de tales declaraciones, y éste, enseguida, llamó por teléfono a la presidenta. Aguirre no contestó porque se encontraba en un acto público. Posteriormente, ya en la tarde de , Bárcenas volvió a llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y, según lo que indican las fuentes, le aclaró que no tenía "nada contra ella".
(www.lavanguardia.es, 14/07/09)
20. COMUNIDAD DE MADRID. JOSÉ LUIS PEÑAS - EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA Y DENUNCIANTE DEL 'CASO CORREA'. EL 'CASO GÜRTEL': "NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ"
Fue el primer aleteo que desencadenó el efecto mariposa que acabó en el terremoto político y judicial del caso Correa.Todo empezó un día del año 2007 en el que José Luis Peñas acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía con una denuncia bajo el brazo y con más de 20 horas de grabación sin editar que él mismo había hecho durante meses.
Grabó, entre otros, a Francisco Correa y a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, y aportó la prueba a la policía para que tirara del hilo de la investigación y luego acudió en numerosas ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción para seguir aportando datos.
En febrero de este año, el caso estalló. Ha marcado la agenda política de los últimos meses y aún se desconoce hasta dónde puede llegar. Peñas está convencido de que "ni se sabe todo, ni se sabrá", pero, según asegura estos días a sus próximos, se siente satisfecho porque su compromiso "con la democracia, su país y la libertad está más que saldado" a su favor.
Si no hubiera sido por él, Francisco Camps no estaría camino del banquillo, Luis Bárcenas no estaría pendiente del Tribunal Supremo, no hubieran dimitido media docena de cargos autonómicos y municipales del PP y Francisco Correa no estaría en la cárcel. Explica a sus allegados que "las cosas no se hacen en función de si compensan o no, se hacen porque se deben hacer". Les explica que está orgulloso de poder mirar de frente a su familia y, sobre todo, de estar dispuesto a "mirar de frente a todos los golfos que han de pasar delante de él en el banquillo". Peñas, de 41 años, empezó en política en 1999 como concejal del PP en Parla y entabló relación con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, que dimitió por su relación con la trama, y con Carmen, la esposa de Correa. Llegó a tener tal nivel de confianza, que el presunto jefe de la trama de corrupción confiaba el cuidado de su hija de pocos meses a Pepe Peñas cuando tenían que viajar. Peñas fue concejal de Planificación Urbana de Majadahonda, pero fue expulsado del PP cuando se rebeló contra una recalificación de terrenos que él consideró turbia. A pesar de eso, mantuvo su amistad con Correa y con su mujer.
Luego, Peñas hizo el segundo gesto de rebeldía: el de acaparar pruebas, incluso a costa de su "tranquilidad, tiempo y dinero", para denunciar lo que había constatado como red política corrupta, muy compleja, y con alcance a varias comunidades autónomas.
Constató de primera mano que en el PP casi todo el mundo conocía a Correa y su gente. Recuerda que Correa era íntimo de José María Aznar y de los máximos responsables del PP (de Javier Arenas, de Gerardo Galeote, de Jesús Sepúlveda, de Luis Bárcenas...); que había tortas por estar con él y que cenar con él era sinónimo de realizar un buen negocio amparado por la cúpula. Eran los días de vino y rosas de Correa, de Álvaro Pérez (El Bigotes) y de todos los cargos del PP que disfrutaban de regalos. La trama movía los hilos de sus marionetas en los ayuntamientos de los municipios más ricos del noroeste de Madrid. Pozuelo, Majadahonda y Boadilla eran el epicentro de la trama, y Peñas se dedicó a registrar con una modesta grabadora de bolsillo las conversaciones con sus amigos en las que se hablaba de comisiones, paraísos fiscales, regalos y cajas b.
Nunca se sintió un agente secreto y, por eso, mientras grababa las reuniones con los implicados para hacer acopio de pruebas, confesaba a su familia que pasaba "mucho miedo". Los datos que recabó en secreto durante meses han sido ratificados luego con pruebas materiales y con testimonios directos por el juez Baltasar Garzón y por magistrados instructores de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Y aún queda mucho por salir.
Ahora, Peñas es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y acaba de terminar la carrera de Derecho. Intenta ser lo más discreto que puede para pasar lo más inadvertido posible. Se limita a observar los efectos del terremoto que ha provocado y sigue colaborando con la investigación.
(www.elpais.com, 15/07/09)
21. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL PRESIDENTE DE LA FEMP
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), alcalde socialista de Getafe y bestia negra del PP por haber tildado a sus votantes de "tontos de los cojones", está "castigado". Lo dijo el 21 de abril el director general de Infraestructuras de Madrid, Javier Trabada. Al día siguiente, Trabada aseguró que bromeaba. Pero el castigo ha llegado: el Gobierno de Aguirre se ha desentendido del pago de los 840 millones en que se calcula el coste de las expropiaciones para la segunda fase del parque empresarial Carpetania, proyectado en Getafe como el mayor espacio de tecnología puntera en España e impulsado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento getafense.
Diseñada sobre 3,8 millones de metros cuadrados y capaz de albergar medio centenar de empresas, la nueva área empresarial pende ahora de un hilo. Los 15.000 empleos que se esperaban, de media y alta cualificación, también. Y, aunque la propia Esperanza Aguirre negó hace un mes haber afirmado que la Comunidad se fuera a retirar del proyecto, los hechos la contradicen. El 30 de abril, la Consejería de Ordenación del Territorio acordó renunciar a su condición de beneficiaria de las expropiaciones, término que aquí equivale a pagador. Decidió también devolver al Ayuntamiento de Getafe los trastos del proceso expropiatorio. En otras palabras, el Gobierno madrileño, titular del 60% de las participaciones del Consorcio Parque Empresarial Carpetania, ha optado unilateralmente por dejar solo al Ayuntamiento de Getafe, su socio minoritario (40%) en el consorcio. De hecho, el Ejecutivo ha logrado que el jurado de expropiaciones endose ahora todos los pagos a Getafe.
Los socialistas interpretan el rumbo tomado por Aguirre y su equipo como un doble varapalo: a las expectativas económicas y de empleo creadas —la empresa aeronáutica EADS, por citar un caso, ha pedido 400.000 metros para ampliar sus instalaciones—; y a Pedro Castro, uno de los alcaldes socialistas más antipáticos para los conservadores y con mayor poder en el sur metropolitano de Madrid, donde el PP aún no ha conquistado por completo el territorio. "Hay una carga personal, otra económica y otra de cuanto peor, mejor", acusa el alcalde getafense. "No se comprende que el Gobierno de Madrid abandone un proyecto que va en la dirección del cambio de modelo productivo", añade la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
En el otro polo, la Comunidad arguye que el consorcio del parque acordó en enero dejar de ser el responsable de pagar las expropiaciones, cuyo precio se ha disparado tras varias sentencias del Tribunal Superior. La menor envergadura financiera del Consorcio —un mero ente instrumental— en comparación con la que poseen Comunidad y Ayuntamiento fue la causa de aquel paso atrás, sostiene el PSOE. "Todos aceptaron que la expropiación era inviable", defiende por el contrario el Gobierno de Aguirre. Castro lo desmiente.
El Ejecutivo madrileño llegó incluso a proponer que se cambiara la vía de expropiación por la de compensación. Con el sistema de compensación, la iniciativa corresponde a los propietarios, que no sólo pueden manejar tiempos y precios sino presionar para que se cambie la calificación del suelo. Por ejemplo, de industrial a comercial o residencial.
"La Comunidad aceptó la delegación de competencias de las expropiaciones a condición de que el Consorcio fuera el beneficiario", aduce un portavoz de la Comunidad. Ningún papel dice eso. Y el informe encargado por el consorcio al catedrático de la Carlos III Luciano Parejo concluye exactamente lo contrario. Según el dictamen de Parejo, el cambio de situación en el Consorcio no exime a la Comunidad de pagar.
(www.publico.es, 15/07/09)ì
22. AGUIRRE ANUNCIA MEDIDAS PARA EVITAR OTRA TRAGEDIA, PERO SU GOBIERNO LAS DESCONOCE
No es el momento. Aún no toca, según las autoridades madrileñas, precisar las medidas que el Gobierno regional dejó caer , y dice que piensa aplicarlas para evitar errores sanitarios de magnitud semejante al que provocó la muerte del bebé Ryan el pasado lunes tras recibir la alimentación por vía intravenosa, en lugar de nasogástrica. No es oportuno concretar nada, aunque fuera la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien con gesto contrito las anunciara por la mañana: "Se decidirán todas las medidas que sean necesarias para que no se pueda volver a repetir un hecho o una concatenación de hechos tan lamentables, tan trágicos, tan terroríficos".
Aguirre, con mirada baja y el tono solemne, calificó lo ocurrido en el hospital Gregorio Marañón como "la tragedia más espantosa que ha tenido lugar en los servicios públicos madrileños" desde que ella es presidenta autonómica; es decir, desde 2003. La presidenta adelantó un diagnóstico hablando de "una serie de fallos en cadena", advirtiendo que "habrá que investigar para llegar hasta el final", porque "debe hacerse justicia".
La dirigente madrileña también recordó que el lunes estuvo hablando con Mohamed el Huarachi -el padre de la criatura fallecida y marido de Dalila, la mujer que murió en ese mismo hospital a causa de la gripe A hace dos semanas- y tildó de "tragedia espantosa" lo sucedido.
Las actuaciones que se intuyen tras el primer anuncio de Aguirre apuntarían, entre otras opciones, a la constitución de una mesa de expertos sanitarios para analizar las mejoras en el funcionamiento hospitalario. Pero "no hay que precipitarse", advierten en la presidencia regional. En cualquier caso, esa reunión debe esperar a los resultados de las averiguaciones de la Consejería de Sanidad, que ha pedido un informe a los inspectores antes de pronunciarse. No es la única que busca respuestas.También se han puesto en marcha las pesquisas del Colegio General de Enfermería (un organismo que agrupa a todos los colegios de España y que realizará una investigación independiente), la que ha iniciado de oficio el Defensor del Pueblo y, por supuesto, las judiciales, que a instancias del fiscal de Madrid, Manuel Moix, se siguen desde en el Juzgado de Instrucción 53 de la capital. se le practicó la autopsia al bebé.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, se reunió con dos enfermeras de la UCI de neonatología donde murió el bebé. Ninguno de los participantes ha querido desvelar lo que se habló. Las dos sanitarias fueron apartadas el lunes cautelarmente del servicio, aunque una de ellas, la que aparentemente no tuvo participación en los hechos, ha sido ya reintegrada a petición de la inspección médica que investiga los hechos.
(www.elpais.com, 15/07/09)
23. LA JUEZ LLAMA A DECLARAR AL EX VICECONSEJERO CANALDA EN LA QUERELLA DEL DOCTOR MONTES
Arturo Canalda, viceconsejero de Sanidad cuando el consejero era Manuel Lamela y actual Defensor del Menor, tendrá que declarar como testigo en el juicio contra el ex consejero por denuncia falsa contra Luis Montes. Será el próximo 6 de junio junto a José Luis Rodríguez Nava, auditor de la Consejería en el caso de las denuncias de sedaciones en el hospital de Leganés.
Ambos han sido convocados como testigos, a petición de la fiscalía, en la querella presentada por Luis Montes y su segundo, Miguel Ángel López Varas, contra Lamela y los seis miembros de la comisión de expertos que el entonces consejero de Sanidad organizó para investigar las supuestas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa de Leganés. A los especialistas se les imputa un delito de falsedad.
Montes y López Varas, que reclaman un euro de indemnización con el argumento de que su buen nombre no puede ser reparado, ya vieron en el juzgado al ex consejero y a los médicos que ampararon su denuncia. Lamela, que declaró el pasado 9 de junio, afirmó ante la juez que "la Consejería jamás dijo, ni siquiera insinuó algo parecido a que hubiera eutanasia en Leganés".
Fue Canalda el que, el 8 de marzo de 2005, informó a Lamela sobre la investigación que Sanidad había concluido que no existía mala praxis en las urgencias de Leganés. Pese a ello y siguiendo indicaciones de Lamela, Canalda presentó el 26 de mayo de 2005 una denuncia ante un Juzgado de Leganés, según lo denunciado por una persona anónima. Se apoyó en el informe elaborado por los médicos ahora imputados por falsedad, algunos de ellos tan prestigiosos como Hernán Cortés, del 12 de Octubre; Manuel Gómez Barón, de La Paz; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; o Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos.
La comisión analizó 169 historias clínicas de unos 300 folios cada una en 42 días y sin hablar con el personal del Severo Ochoa. Concluyeron que había 73 muertes en que "la sedación fue realizada fuera de la lex artis". El informe fue desmontado por la Audiencia de Madrid -que archivó la causa y ordenó retirar cualquier mención a la mala práctica médica- y por la Sociedad Española de Epidemiología.
(www.elpais.com, 14/07/09)
24. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS COMUNICA A SU ENTORNO QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE HAYA JUICIO ORAL
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho, ha clarificado a las personas de su máxima confianza que no piensa dimitir, ni siquiera en el caso de que el TSJ valenciano abra juicio oral contra su persona. Así lo afirman a La Vanguardia fuentes próximas al president, que añaden que "ahora el único escenario que podría hacer variar su posición es que hubiera una sentencia condenatoria tras un juicio". Estas fuentes reconocen que Camps está "afectado y preocupado" por el caso, pero que "no tiene dudas de que debe mantenerse en el cargo y está confiado en que todo se resolverá para bien".
Tanto el pasado viernes, tras la reunión del Consell, como el pasado martes, tras su visita al Ministerio de Fomento, Camps mantuvo sendas reuniones con su círculo de máxima confianza. En ambas se valoró la evolución de la instrucción del TSJ valenciano y las repercusiones políticas. Camps, según estas fuentes, "transmitió que quiere seguir luchando por demostrar su inocencia". Y añaden que "reiteró su voluntad de aguantar a pesar de la presión mediática".
Entre tanto, el juez José Flors rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de incorporar como imputados en la instrucción del TSJ valenciano a los cabecillas de la trama del caso Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes'. El instructor justificó su decisión en que estas personas ya son objeto de un proceso "más amplio" en el TSJ de Madrid.
La fiscalía Anticorrupción, no obstante, va a recurrir inmediatamente la decisión, porque estima que puede ser decisiva para el futuro del proceso. La tesis de los fiscales es que no hay oposición ni redundancia entre la investigación que se lleva a cabo en Madrid y la de Valencia, porque se refieren a hechos distintos.
Los cabecillas de Gürtel están imputados en Madrid, pero por supuestos intentos de soborno ocurridos en esta comunidad. La Fiscalía va a plantear al TSJ de Valencia que para el esclarecimiento de las relaciones que Camps hubiera podido tener con las empresas de la red y con sus ejecutivos es muy necesario que se cuente con el testimonio de los antiguos responsables de Gürtel.
La decisión del juez se produjo antes de que se iniciara la vista preliminar en el proceso sobre la rama valenciana del Caso Gürtel, en la que están imputados por cohecho Francisco Camps, su número dos Ricardo Costa y los ex altos cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret. Los letrados de los imputados solicitaron, sin éxito, que se suspenda el proceso mientras se resuelven sus recursos ante el TSJ.
(www.levante-emv.com, 16/07/09)
25. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CAMPS ALEGA QUE SI LE REGALARON LOS TRAJES SERÍA POR SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL PP
Tres han sido los argumentos centrales del recurso presentado por el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir de nuevo el sobreseimiento de la causa abierta por un delito de cohecho: la escasa relevancia del delito, la ausencia de potestad para firmar contratos y la falta de prueba de que la máxima autoridad valenciana aceptó unos trajes como regalo de una empresa con la que la Generalitat contrató por siete millones de euros.
Este argumentario se expone en el recurso sin aceptar la hipótesis de que el presidente Francisco Camps hubiera aceptado regalos. No obstante, "en el supuesto de que se consideraran probados los hechos", se presentan tres alegaciones esenciales, que han venido manteniendo desde la cúpula del PP cuando han salido en favor del presidente.
La primera se refiere a que, de haber recibido los trajes de Milano y Forever Young como regalo, "podrían ser debidos a su condición de Presidente del PP y no de la Generalitat". En este sentido se refirió la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, diciendo que, de haberlos recibido, "no son a cambio de favores políticos".
En segundo lugar, se resalta la "escasa relevancia" del regalo -que daría lugar al delito de cohecho-, teniendo el cargo institucional que tiene. En este caso, Cospedal también dijo que se trata de "dos o tres trajes, una situación bastante sorprendente para tener a todo un presidente de la Comunitat Valenciana en jaque por este asunto y haciéndole un juicio público".
Por último, se establece que no hay correlación entre el regalo y quien supuestamente lo hace, ya que el Presidente no interviene en las adjudicaciones de contratos. Para apoyar este argumento, la defensa de Camps refiere las declaraciones de los 35 funcionarios de la Generalitat que sí participaron en las mesas de contratación que aprobaron adjudicar los contratos a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez y otros imputados en el caso Gürtel que están en prisión.
Previamente, reitera la petición de que se anule el proceso -como ya alegó en las diligencias- porque el instructor no renovó el secreto del sumario levantado por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional al inhibirse al TSJ de Valencia. Así, abunda en la vulneración del "derecho al juez predeterminado por la ley", con la "doctrina del PP" de la prevaricación de Garzón por no inhibirse antes. Por supuesto, niega que recibiera regalos y se afirma en la "lógica y el sentido común" del presidente al aseverar que nunca paga con tarjeta y que pagó los trajes en metálico. Cospedal defendió a Camps porque "no se ha acreditado" que no haya pagado los trajes".
Y, por último, al igual que el portavoz popular Ricardo Costa, rebate la declaración del sastre José Tomás, una de las once pruebas en que se basa el juez José Flors. Así, destaca las contradicciones, y que tiene dos procesos abiertos, obviando que uno ha sido fallado a su favor, el laboral. Además, destaca la confusión de facturas y pedidos en la contabilidad de Milano y Forever Young.
(www.levante-emv.com, 17/07/09)
26. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. UN CONSEJERO DE CAMPS ADMITE LA CRISIS DE GOBIERNO
"Tenemos una crisis de Gobierno desde hace cuatro meses por un señor, que es presidente del Gobierno regional, que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes". Quien habla es Rafael Blasco, consejero de Inmigración del Gobierno presidido por Francisco Camps, imputado por cohecho. Blasco participó en una reunión con Víctor Vicente Bravo, presidente de Dalport Inversiones -firma uruguaya que se ha hecho con la mayoría de las acciones del Valencia CF- y con Vicente Soriano, el hombre de confianza de Bravo en el club de fútbol. Durante la conversación, que Blasco circunscribió a su actividad privada, el consejero actuó como un asesor de Bravo y Soriano, a los que aconseja sobre los pasos que deben dar para que su proyecto al frente del club sea creíble.
(www.elpais.com, 11/07/09)
27. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LOS TRUCOS DE LA GENERALITAT Y EL BIGOTES
El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación. Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos.
El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.
Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.
Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora. En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.
Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.
Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.
En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.
Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.
La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red de Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.
(www.elpais.com, 12/07/09)
28. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. EL JUEZ DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DEL SASTRE DE CAMPS
El juzgado de lo Social nº 8 de Madrid ha admitido la demanda por despido presentada por el sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, y ha condenado a la empresa demandada a readmitirle o, indemnizarle con 232.500 euros. Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que José Tomás había elaborado facturas falsas que no se correspondían con la realidad, compras a crédito sin cobrar por valor de 60.309 euros, así como un importante número de devoluciones de prendas no justificadas.
En la sentencia queda acreditada la falsedad de algunas facturas, entre ellas algunas emitidas a nombre de Orange Market, una de las empresas ligadas a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y vinculada a cargos del PP, aunque no ha quedado demostrado que fueran ordenadas por el trabajador despedido.De hecho, a ninguno de los testigos que testificaron en el juicio les consta que José Tomás diera órdenes respecto al contenido de las facturas, ni que las realizara físicamente, "ni supiera hacerlo".
Al menos dos de las facturas que contenían conceptos falsos fueron ordenadas por otro empleado, quien ha reconocido que se elaboraron a petición de los clientes, por cuanto eran "clientes importantes" y "siempre se había hecho así", y sin consultar además con Tomás. Las facturas falsas se refieren a metros de tela blanca o de tela para tapizar, artículos que no se vendían en las tiendas en las que trabajaba José Tomás, dedicadas a la venta de ropa ya confeccionada.
En la sentencia, el juez considera además que la mayoría de las faltas disciplinarias que alega la empresa han prescrito, y que la carta de despido adolece de una "descripción clara y precisa de los hechos" que se imputan al trabajador, al que se le impidió además acudir a las diferentes tiendas para recabar la información necesaria para su defensa.
(www.publico.es, 13/07/09)
29. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. LA SOLEDAD DEL NÚMERO DOS
"Paco, Paco, estamos contigo", clamaban 20.000 personas en una plaza de Toros de Valencia reventada para el mitin central de la campaña de las europeas. Mariano Rajoy, el líder nacional de la formación de la gaviota, que ahora mantiene un discreto silencio tras el último auto del juez José Flors, se mojaba hasta las cachas: "Yo creo en ti, Paco, creo en lo que haces, porque te he visto actuar muchas veces y como la inmensa mayoría de los valencianos yo siempre estaré detrás de ti, delante y de lado. Que lo oigan todos".
El mitin fue un homenaje a Francisco Camps, dentro de la estrategia de "absolución electoral" planteada por los estrategas populares. Ni una palabra sobre sobre el resto de imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. El primero de ellos, número dos del partido en la Comunitat Valenciana, escuchaba sentado. El pasado miércoles, Camps evitaba acudir al acto político organizado por el partido en Alaquàs para evitar enfrentarse a las protestas de colectivos de ciudadanos por la polémica judicial. Ricardo Costa no pudo permitirse ese lujo, aunque se evitó el bochorno entrando por la cocina al auditorio de música acompañado del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Costa no se defendió a sí mismo en el auditorio, aunque fue recibido con aplausos por los asistentes. Se refirió a Camps como el político "más honesto y más honrado".
El entorno del también portavoz del PP en las Corts sostiene que es comprensible que los gestos de apoyo se concentren por elevación hacia la figura de presidente de la Generalitat. "Ricardo recibe muchos gestos de apoyo en privado, eso no es algo que le preocupa"Desde que estalló el escándalo, Costa se ha visto golpeado por grabaciones, informaciones sobre sus vínculos con la trama y revelaciones sobre su relación con el presidente de Orange Market.
El juez Flors apunta además al número dos de los populares valencianos como el introductor a Pérez y Orange Market en Valencia. Es verdad que Costa y Pérez han estrechado su amistad en los últimos años. Pero numerosos cargos en el PP sostienen que el comercial de la red de Francisco Correa en Valencia llegó a la Comunitat Valenciana de la mano del propio jefe del Consell.
En 2003, ya con Camps al frente de la presidencia de la Generalitat, Álvaro Pérez apareció en una comida de verano en Teulada. Según recuerdan los asistentes, charló largo tendido con Camps explicándole sus intenciones de trasladarse a Valencia. Para entonces, Mariano Rajoy ya había tenido los primeros encontronazos tanto con Pérez como con la red de Francisco Correa. Es a partir del año 2004, con la pérdida del poder en la Moncloa cuando Rajoy sostiene que cortó relaciones con la trama, aunque Génova todavía siguió contratando con empresas de la red.(www.levante-emv.com, 13/07/09)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. CASO GÜRTEL. CORREA MONTABA FIESTAS PRIVADAS PARA AGASAJAR A LOS ALCALDES
No eran velinas pero sí chicas de lujo. No estaban en Cerdeña, sino en restaurantes y clubes de alterne de la costa valenciana. Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, montaba habitualmente fiestas privadas, con los locales cerrados, para agasajar a los alcaldes con los que la trama quería trabajar, y que ya tenía "contactados". Algunos de esos festejos terminaron en auténticas bacanales. El propio Correa se pavonea del nivel de esos festejos y de la clase de las chicas en varias de las conversaciones grabadas incorporadas al sumario y que Noticias Cuatro revelará esta noche (00.15 horas) en un programa especial titulado Caso Gürtel: cerco al PP.
"Vino el alcalde... Bernabé [Bernabé Cano, alcalde de La Nucia]... Vino el otro día en Valencia [sic] y se lo pasó tan bien que dijo: 'Oye, yo te monto un tinglao... y es verdad que las tías eran muy guarrindongas... las de Valencia... las del restaurante..." Cano es el regidor de La Nucia, en Alicante, donde la trama Gürtel quería levantar 3.824 viviendas y un campo de golf.
(www.elpais.com, 17/07/09)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS
El presidente Francisco Camps tiene a su disposición una flota de tres vehículos oficiales de alta gama, todos de la marca Audi y uno blindado, según reconoce el Gobierno valenciano por escrito en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV en las Corts José Camarasa. Uno de ellos es un modelo A8 blindado, "comprado en el año 2001 conforme a precio de mercado", refiere el vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. Camarasa denunció la "doble vara de medir" del PP tras el "linchamiento" al ex presidente socialista de Galicia, Emilio Pérez Touriño, por gastar 432.000 euros en comprar un Audi A8 blindado.
El Consell no informa en su respuesta sobre el precio que costaron los coches destinados al presidente, pero los socialistas consideran que el valor actual de mercado de estos automóviles de alta gama blindados está en torno a los 400.000 euros. Unido a los otros dos Audi, la flota presidencial superaría los 500.000 euros con los precios de hoy. Especialistas del sector consultados por este periódico indicaron que, aunque hay niveles de blindaje, el coste total suele ser cercano a los 400.000 euros. La Xunta pagó en 2007 432.000 euros por el vehículo de Touriño. Éste sustituía otro idéntico adquirido en la etapa de Manuel Fraga en 2001 y por el que se abonaron 266.230 euros. Sin embargo, otro comprado en 2002 también por Fraga ya subió a 331.157 euros.
Presidencia de la Generalitat, a preguntas de este periódico, declinó ofrecer explicaciones sobre las necesidades que justifican "flota" del mandatario autonómico o el coste. Según la información de Gerardo Camps, el A8 blindado "ha realizado 86.111 kilómetros". El coche lo heredó del ex presidente Eduardo Zaplana y, a tenor de los kilómetros, no ha tenido un gran uso. A diferencia del blindado, Camps cuenta con otro Audi A8, comprado en 2005 "a precio de mercado", con un recorrido de 264.741 kilómetros. El coste actual podría estar en torno a los 80.000 euros. Finalmente, hay otro Audi más nuevo, de 2006, pero A6, con un escaso uso, 59.983 kilómetros. El precio hoy giraría entre 60.000 y 70.000 euros.
El PSPV contrapuso los ataques a Pérez Touriño con el hecho de que dirigentes del PP como Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también cuentan con un vehículo blindado Audi A8, recriminó el socialista Camarasa. "Ahora vemos que Camps no solo tenía afición por los trajes a medida, sino también por los coches de alta gama", una situación que rompe "la falsa imagen de austeridad" que había vendido el jefe del Consell, según el diputado del PSPV.
El gusto de las autoridades por los selectos Audi A8 y A6 no casa mucho con la crisis. Por eso, el portavoz del PSPV para grandes proyectos, José Camarasa, emplazó al Consell a renovar, cuando proceda, el parque móvil de la Generalitat con el fin de sustituir los vehículos Audi existentes por otros Ford, igual que Feijóo se ha pasado a Citröen, con fábrica en Vigo. "Sería una forma más de mostrar la apuesta por la marca de Almussafes en estos tiempos", enfatizó Camarasa. El hecho de que el A8 blindado lo heredó Camps de Zaplana no es excusa para el socialista. "Podía, como acaba de hacer Feijóo con los Audi, por cierto, casi todos de la etapa de Fraga, haberlo sacado a subasta", resalta el diputado del PSPV, para el que Camps, "en vez de dar consejos de austeridad, podría dar ejemplos".
(www.levante-emv.com, 14/07/09)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. FONT DE MORA CREE QUE LOS CONFLICTOS QUE PROTAGONIZA SON LO NORMAL
¿Conflictos? ¿Qué conflictos? El consejero de Educación Alejandro Font de Mora afirmó no estar "particularmente concernido porque haya habido algún tipo de alteración de la vida académica ordinaria" durante el curso que acaba de terminar. No ha habido, siguió, más conflictos educativos que en las demás autonomías.
En todo caso, al contrario. Las grandes manifestaciones, los encierros y la huelga en la enseñanza por su insistencia en dar en inglés Educación para la Ciudadanía; los recursos que al respecto estudia el Tribunal Superior de Justicia y las suspensiones cautelares que ha establecido sobre parte de las normas del Consell; la escasez de escuelas infantiles; las críticas por el planteamiento del plurilingüismo y el método de selección de inspectores... Nada de eso está fuera de lo normal.
Font de Mora defendió la tranquilidad relativa del sistema educativo en el recibidor del céntrico hotel valenciano donde Francisco Pons, presidente del lobby empresarial AVE, le había citado para un almuerzo de trabajo. El consejero y Pons habían defendido la importancia de la formación como motor de la innovación, la competitividad y la eficiencia de cualquier sociedad. Siendo así, ¿no convendría tratar de solucionar la conflictividad educativa que ha marcado el último curso escolar?, se les preguntó. Font de Mora pareció tener preparada la respuesta. Se han convocado huelgas en otras siete comunidades autónomas. Y en Cataluña, dijo, se han registrado tres.
En realidad, Cataluña ha vivido dos huelgas en el curso 2008-2009, una de ellas de media jornada, organizadas por los sindicatos de enseñanza contra la primera ley educativa de la autonomía, que introduce, entre otras novedades, un sistema de evaluación para los profesores.
¿No sería aconsejable alcanzar un gran pacto social que evitara, o al menos aplacara, los conflictos que se han vivido? "Nosotros", contestó Pons refiriéndose a la Asociación Valenciana de Empresarios, "somos partidarios de los pactos, de todos los pactos". AVE se ha caracterizado, en efecto, por tratar de tender puentes que ayuden a solucionar conflictos antiguos e improductivos.
Para satisfacción de Font de Mora, el presidente del lobby también destacó la importancia de los idiomas y en particular del inglés que, declaró, todos los universitarios deberían manejar correctamente al salir de la facultad. El consejero apuntó que la Universidad Politécnica de Valencia tiene planteado implantar la obligación de conocer esa lengua de forma transversal en todas las carreras. Y que la Universitat de València ya cuenta con titulaciones que se imparten en inglés.
Durante el almuerzo, AVE trasladó a Font de Mora los cambios que considera prioritarios para "aspirar a un modelo económico más sustentado en el conocimiento": plena implantación de las nuevas tecnologías en la formación obligatoria; acercar la empresa y el sistema educativo, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar la coordinación entre la innovación pública y la privada, entre ellos.
(www.elpais.com, 14/07/09)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. ZAPLANA EVITA APOYAR A CAMPS Y DICE QUE LE ENTRISTECE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BENIDORM
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana volvió el pasado martes a la Vega Baja, concretamente al pequeño municipio de Daya Vieja, para aceptar el cargo de pregonero en un acto previsto para el 29 de agosto. La visita demostró, sobre todo, que Zaplana sigue siendo Zaplana y que, aunque alejado de la política, sigue contando al menos para una parte importante del PP. Zaplana llego a Daya Vieja directamente desde el aeropuerto de Alicante y entró en el ayuntamiento fuertemente escoltado, como en sus mejores tiempos, por numerosos simpatizantes del PP, así como por concejales y alcaldes de Daya Vieja, Daya Nueva, Jacarilla, Orihuela, Formentera, Granja, Rafal, Bigastro, San Fulgencio, Callosa y Los Montesinos, entre otros. También estuvieron los diputados Macarena Montesinos, Gema Amor, María Asunción Prieto, Carlos Mazón, Antonio Trigueros o el senador Miguel Ortiz, entre otros.
"Ya era hora", "este hombre sí ha hecho por Alicante", fueron algunos de los halagos que recibió. Poco después una diputada afirmó que "a Zaplana le sientan mejor los trajes que a Camps". Ésta fue la única vez, si se exceptúan las preguntas de los periodistas, que se oyó el nombre de Camps. Zaplana ignoró totalmente a su sucesor e, incluso, a la pregunta "¿qué desea para el futuro de Camps tras ser imputado en el caso Gürtel?", eludió darle su apoyo o confiar en su inocencia, asegurando que "no me corresponde a mí hacer valoraciones políticas". Sobre la situación en Benidorm, el también ex alcalde de este municipio aseguró que "me produce cierta tristeza, pero no es mi papel opinar". Zaplana descartó de plano la posibilidad de volver a la política activa: "Para nada. Son decisiones meditadas y uno tiene que ser consciente y tomar las decisiones cuando tocan" y sobre su trayectoria política aseguró: "sólo veo una forma de hacer mediciones. Un político se mide por cómo encuentra la casa cuando entra y cómo la deja. En mi caso siempre la he mejorado, a pesar de los errores que he podido cometer".
(www.levante-emv.com, 16/07/09)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRÁNSFUGA QUE LLEVÓ A ZAPLANA A LA ALCALDÍA PIERDE SU EMPLEO EN BENIDORM
El PSPV de Benidorm se alió con el concejal no adscrito, José Bañuls, para cortar el cordón umbilical que unía a Maruja Sánchez al consistorio. Desde que en noviembre de 1991 firmó la moción de censura para desalojar a los socialistas y convertir a Eduardo Zaplana en alcalde de Benidorm, Sánchez había estado cobrando por los servicios prestados. Esta moción de censura permitió a Eduardo Zaplana iniciar su meteórica carrera política, y de la alcaldía de Benidorm llegar a la presidencia de la Generalitat.
Maruja Sánchez recibía un sueldo de 1.760 euros mensuales como asesora de la concejalía de Cultura. Otros dos asesores de deportes que habían sido cargos de confianza socialistas en aquella época y también prestaron sus servicios al PP a principio de los años 90 acompañarán a la ex edil y dejarán sus cargos, tras esta moción.
La estrategia prediseñada por los socialistas y el concejal no adscrito incluyó la presentación de seis mociones urgentes para fiscalizar la acción del gobierno. La más importante vacía de contenido las competencias que tenía delegadas el alcalde y la Junta de Gobierno local. En la práctica eso significa que el pleno asume casi todas las competencias y la ciudad pasará a estar gobernada por las reuniones plenarias. Es el primer paso de una alianza encaminada a la presentación de una moción de censura en Benidorm. , por primera vez, el portavoz popular empezó a calificar la actuación de Bañuls como "transfuguismo".En el PP intuyen que la intención de la oposición es "poner contra las cuerdas al equipo de gobierno", aunque, según afirmó el portavoz del PP, Toni Pérez, "podemos seguir así hasta el 2011, porque si no pudiera soportar esta presión, entregaría mi acta, y eso no lo vamos a hacer nadie".
Por primera vez el alcalde Manuel Pérez Fenoll, del PP, llegaba a un pleno sin mayoría absoluta. Podía pasar de todo. La oposición, integrada por el PSPV y el edil díscolo del PP, Bañuls, se presentó con seis mociones bajo el brazo para demostrar su fuerza. Ante esta tesitura, Pérez Fenoll, decidió a las tres y media de la tarde suspender el pleno hasta las 22 horas para someter a votación las mociones urgentes, y "poder estudiarlas". A la hora del cierre de esta edición la sesión plenaria continuaba. El alcalde pretendía ganar tiempo para diseñar una estrategia como contrapartida a la actividad opositora. "No saben gobernar y ya no saben perder", dijo el portavoz socialista, Agustín Navarro, tras la suspensión. El Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales permite al alcalde suspender un pleno a las 12 de la noche para preservar la unidad del acto y pasar los asuntos sin debatir y votar al orden del día del siguiente pleno.
Entre las mociones que presentó la oposición, tres los socialistas y otras tres Bañuls, se incluye la realización de una auditoría de los gastos en medios de comunicación desde 2003. Este fue el único asunto que soliviantó los ánimos del pleno ordinario, ya que la oposición excluyó de los 5,7 millones del reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado todas las facturas pendientes de pago a 21 empresas de comunicación. "¿No somos la mayoría con 13?", se preguntó retóricamente el portavoz socialista para justificar sus exigencias y recordar que tienen la sartén por el mango. Y es que, de momento, tenían previsto decidir por la vía de urgencia cambiar la representación de Benidorm en las instituciones donde tiene sillón y otorgarle medios a Bañuls. El concejal no adscrito pasaría a tener cuatro cargos de confianza y una retribución con dedicación exclusiva de 2.600 euros mensuales.
Navarro dijo que no tiene en la agenda presentar una moción de censura, pero también que esperaba que la actitud del alcalde no les hiciera barajar esta posibilidad. "No hemos presentado nada para bloquear la acción de gobierno", afirmó. El PP está convencido de que todo esto responde a una estrategia para deslegitimar la gobernabilidad y justificar la moción para tirar a Pérez Fenoll de la alcaldía.
(www.elpais.com, 11/07/09)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CAMPISTAS ACUSAN A LOS RIPOLLISTAS DE 'FICHAR' A INMIGRANTES EN CALP
La proliferación de la venta ilegal ambulante en Calp ha adquirido insospechados derroteros políticos. La decisión del concejal de Comercio, el diputado provincial ripollista Juan Roselló, de permitir a un colectivo de vendedores senegaleses instalar más de 70 puestos en la feria de artesanía sin pagar tasa de ocupación de suelo y sin que la Policía Local realice ningún control de la venta de un género que, según la asociación de comerciantes, está falsificado, ha encrespado los ánimos de los campistas del PP. Un militante de esta última corriente aseguró : "Creemos que con este trato de favor Roselló pretende afiliar al partido a decenas de esos vendedores para que voten a favor del actual presidente, Javier Morató, en la asamblea interna que se celebrará a partir de septiembre".
Según la misma fuente, "Roselló y Morató saben que han perdido el apoyo de las bases del PP y por eso realizan esta extraña maniobra política". En la actualidad, los populares de Calp libran una cruenta batalla interna entre el sector de Javier Morató, que fue alcalde durante 12 años, salpicados de procesos judiciales, y que ahora sigue en el gobierno local aliado con el BNV, y los seguidores de Camps, que están a punto de hacerse con la mayoría de la militancia para desbancar a Morató de la presidencia. Los campistas van a pedir a la dirección de Alicante un listado de los afiliados que se están dando de alta en Calp.
Por su parte, fuentes cercanas a Roselló tildaron de "absurda" esta denuncia y agregaron que el permiso de venta a los senegaleses se ha concedido por "razones humanitarias, debido a la delicada situación que sufren por la crisis económica".
De cualquier manera, la venta ilegal ha encrespado los ánimos de la asociación de comerciantes, cuya presidenta, Sefa Tur, reveló que el resto de los artesanos de la feria en la plaza del Mediterráneo deben pagar 3.000 euros en concepto de tasas y de servicios, "lo que supone un agravio comparativo, ya que ellos venden verdaderos productos artesanos y no falsificados".
La presidenta del sector señaló que en una reciente reunión el alcalde, el nacionalista Ximo Tur, se negó a paliar esta situación y a instar a que la Policía Local actuara.
(www.elpais.com, 17/07/09)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS BARAJA PAGAR 570.000 EUROS POR TRAER A KOBE BRYANT A VALENCIA
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, dio pistas sobre el dinero que la Diputación de Valencia podría aportar a una visita de la estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En el pleno de la corporación provincial, el portavoz socialista, Rafael Rubio, preguntó si era cierto que el caché del compañero de Pau Gasol en la NBA se elevaba a un millón de dólares. La interpelación se produjo a cuenta de una modificación de crédito por valor de 1,2 millones de euros que la Junta de Gobierno había aprobado para patrocinios deportivos. Rus respondió que la cantidad de un millón de euros le parecía "una barbaridad". "Si viene no cobrará eso, como mucho, será el 80%", dijo Rus.
De esta forma, el presidente de la Diputación de Valencia daba a entender que la institución podría poner 800.000 dólares (570.000 euros) para la exhibición. La corporación ha dejado en manos de la Federación Valenciana de Baloncesto la iniciativa. El diputado de Deportes, Miguel Bailach, explicó que la modificación de crédito de 1,2 millones pretendía cubrir 500.000 euros de asuntos pendientes del ejercicio anterior.
La iniciativa de traer a Kobe Bryant ha generado malestar en algunos clubs porque se produce en un momento complicado. Pamesa ha dejado de patrocinar al Valencia Basket Club y otros equipos como el de Gandia o Lliria que juegan en divisiones inferiores pero también de ámbito nacional no reciben ni un sólo euro. En cualquier caso la intención de Rus es que la Federación Valenciana de Baloncesto invite a todos los clubes federados a la exhibición de Kobe Bryant en una evento organizado en la Ciudad de las Ciencias.
La propuesta Rafael Rubio de que la diputación negocie con bancos opciones para que los ayuntamientos reciban créditos se estudiará. Alfonso Rus propuso en el pleno que la central de compras negocie con los bancos opciones para facilitar préstamos a los pueblos, algo que según Rubio ha hecho la Diputación de Barcelona con Caixa Catalunya. El portavoz del PP, Juan José Medina, atacó la iniciativa de Rubio, pero Rus, desautorizando a Medina, optó por desviarla a la central de compras, aunque fuentes del equipo de Gobierno creen que técnicamente su plasmación es muy complicada. A cambio pidió a Rubio y al diputado de EU, Jesús León, que retirasen sus mociones. León pedía que la Caja de Cooperación Provincial se potenciase para dar préstamos. v. r. valencia
(www.levante-emv.com, 16/07/09)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EX EDIL DE IBI PAGÓ VIAJES Y ROPA CON DINERO PÚBLICO
La ex concejal de Deportes en el ayuntamiento de Ibi, Ana Sarabia, reconoció ante el juez que cargó a la cuenta del polideportivo los gastos derivados de viajes a la nieve y al Camino de Santiago. Según fuentes jurídicas, Sarabia trató de justificar ante el juez que no abonó de su bolsillo estos pagos por ser ella la titular de la concejalía de Deportes, organizadora de estos viajes. Aseguró, pero sin justificarlo con facturas, que tanto la alcaldesa, Mayte Parra, como sus familiares, que también fueron de viaje, sí abonaron las facturas de desplazamientos, alojamiento, ropa y comida. La denuncia presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento y las declaraciones del gerente del polideportivo y el interventor municipal sostienen que el pago de estas facturas se afrontó con la recaudación del polideportivo municipal. En las cuatro horas en las que la ex edil de Deportes declaró ante el juez trató de demostrar que tanto el interventor como el gerente "mintieron" en sus declaraciones.
El interventor del Ayuntamiento de Ibi, Pedro Luís García Vargas, atribuyó en su comparecencia ante el juez instructor a la ex concejal Ana Sarabia el pago de más de 20.000 euros en facturas sin control. García cuestionó las cuentas del polideportivo de los años 2005 y 2006, en los que el concejal de Hacienda era Miguel Ángel Agüera, presidente local del PP. Según su testimonio, en esos años la ex concejal de Deportes, Ana Sarabia, dio conformidad al pago de facturas no intervenidas por importes superiores a 10.000 euros. Sarabia tampoco explicó las razones del "descuadre" cercano a los 20.000 euros en la caja del polideportivo.
(www.elpais.com, 11/07/09)
38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CENSO MANIPULADO DE CABANES CUESTIONA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
"La gravedad de los hechos denunciados, que ponen en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático, obligan a llevar las diligencias de investigación hasta sus últimas posibilidades". La sección segunda de la Audiencia provincial de Castellón ha reabierto el caso de la posible manipulación del censo electoral de Cabanes, archivado por el juzgado de instrucción número 3 el pasado mes de febrero.
El concejal de Iniciativa en el municipio, Carles Mulet, denunció el empadronamiento de cerca de 40 personas en solo dos meses, poco antes de las elecciones municipales de 2007. Las altas solicitadas se realizaron poniendo como lugar de residencia domicilios que corresponden a los del alcalde del PP, Artemio Siurana, así como de sus familiares y de otros dirigentes del PP local.
La Audiencia rebate tanto la decisión del juzgado, que señaló que existían indicios de delito pero decidió sobreseer la causa "al no existir autor conocido", como la postura de la fiscalía, que concluyó que únicamente existían "sospechas" y que los hechos se limitaban a una cuestión administrativa.
En su auto, la Audiencia sostiene que "existen indicios suficientes para estimar cometido un ilícito penal" y añade que la "dificultad" que supone el caso, "lejos de conllevar el desistimiento por parte de los poderes públicos, ha de forzar la actuación de investigación pues está en juego la determinación de la voluntad general en unas elecciones". Así, llama a declarar, en calidad de imputado, al funcionario del Ayuntamiento de Cabanes responsable de las altas en el padrón, y cita también al alcalde y a los sobrinos y dirigentes del PP, propietarios de los domicilios en los que se registraron los "nuevos vecinos".El auto de la sección segunda de la Audiencia de Castellón, por el que se reabre el caso del censo de Cabanes, supuestamente manipulado, hace una referencia expresa al alcalde del municipio, Artemio Siurana (PP). Los magistrados indican que, aunque la corporación no es la encargada de dar de baja en el censo a posibles falsos empadronados, "sí puede afirmarse que procede a los encargados del Ayuntamiento llevar a cabo un control efectivo de la realidad de lo que certifica dicha entidad", ya que es el consistorio la institución a través de la cual se tramitan las altas en el padrón para, posteriormente, conformar el censo electoral.
El auto añade que esa labor de control "no se realizó en este caso". La inspección sí fue realizada por la oficina del censo electoral que, en todos los casos analizados, determinó que "procede dar de baja por estimarse que no viven en los domicilios en que figuran empadronados". Sin embargo, todos los nuevos vecinos pudieron votar porque la orden para darles de baja en el censo llegó tras las elecciones. El auto señala que esta orden se emitió "para evitar estos indeseables efectos".
Además, indica que dada la relación de quienes autorizaron los empadronamientos, aportando sus domicilios como las viviendas en las que vivían quienes solicitaban las altas, con el alcalde "o con el partido político del cual es miembro", debe seguir investigándose para comprobar si ha incurrido en un delito tipificado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General "pues existen indicios que permiten llegar a esta conclusión". Así, llama de nuevo a declarar tanto al alcalde como a sus sobrinos que domiciliaron a nuevos censados, y a otros dirigentes del PP que también facilitaron señas para dar de alta a nuevos vecinos.
La sala no solo estudia el recurso contra el archivo de la causa presentado por Mulet, sino que realiza una nueva valoración de las diligencias practicadas durante la instrucción. En este concienzudo examen relata cómo tres de las 39 personas dadas de alta dijeron que la tramitación se había realizado sin su consentimiento. Los magistrados hacen especial hincapié en el hecho de que una de ellas presenta una firma falsificada y relatan las contradicciones encontradas en el trabajo y declaraciones del funcionario encargado del departamento de empadronamiento, así como de los propietarios de los domicilios donde se registraron las altas.
El auto desvela que, en algunos casos, las solicitudes de alta en el padrón aparecen sin firmar, al margen de que figura "al menos una, con una firma falsificada". Además, ninguna de las solicitudes cuenta con la preceptiva firma del secretario, por lo que quieren preguntar al funcionario por qué omitió esta firma, pese a saber que era preceptiva, y "cuál fue el motivo por el que se cometieron las irregularidades, si lo hizo por iniciativa propia o le vino propuesto por alguien".
Cabanes no es el único municipio investigado por la posible manipulación del censo electoral en las pasadas elecciones municipales. Otros pueblos como Fanzara, Santa Magdalena de Pulpis, La Vall d'Alba, Argelita, La Pobla de Benifassà o La Salzedella registraron también empadronamientos masivos que fueron denunciados por el PSPV, Iniciativa y el Bloc. En febrero, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, señaló que los casos están prácticamente paralizados porque "encontrar pruebas, se hace cada vez más complicado", ya que "los involucrados dejan de recordar y de existir".
(www.elpais.com, 15/07/09)
39. ISLAS CANARIAS. SORIA DECLARA POR INJURIAS A LA POLICÍA DE CANARIAS
El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, José Manuel Soria, compareció este lunes de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso para responder como imputado a una denuncia por calumnias e injurias interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Soria acusó en su día a la Policía de participar en una supuesta persecución política contra su persona.
Acompañado del mismo letrado que le defendió en el denominado caso Salmón, Soria evitó, a su salida del Tribunal, hacer declaraciones a los medios de comunicación. Una hora más tarde, su compañera de partido, diputada regional y presidenta del PP insular de Gran Canaria, María Australia Navarro, comparecía por el mismo asunto. El juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado Fernando de Lorenzo, no tomó medidas cautelares.
Casi dos meses después de que se produjera el archivo del caso Salmón, en el que se acusaba a José Manuel Soria de cohecho por haber aceptado un viaje en avión a Noruega invitado por un empresario turístico que logró vía libre para un proyecto en principio vetado, el vicepresidente del Gobierno se las ve de nuevo con la Justicia. Mientras se investigaba aquel supuesto caso de cohecho, la jueza instructora, Margarita Varona, encargó a la Policía una serie de informes sobre las cuentas de Soria y las facturas que aportó para demostrar que no viajó gratis.
Una vez que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal presentó el informe y la jueza Varona llamó a declarar a Soria para contrastar sus resultados, el líder conservador convocó una rueda de prensa en la que descalificó su resultados al tiempo que aseguró que la Policía trabajaba "por orden" del Gobierno socialista y que se estaba intentando alargar el proceso judicial para perjudicarle. Usó además términos como "falsedades e incongruencias" para definir el informe policial.
Días más tarde, su compañera de partido y diputada regional María Australia Navarro insistió en esa tesis al tiempo que salió en defensa de su jefe de filas por ser un "valiente" y haber demostrado "documentalmente" las "falsedades, mentiras e insidias" contenidas en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica.
Estas manifestaciones provocaron la presentación de una denuncia por parte del secretario general del SUP en Canarias, Enrique Pérez Ramos, quien siempre ha dejado claro que "una simple disculpa por parte del presidente del PP" habría sido suficiente para que retiraran esta medida.
Soria se basó en algunos errores contenidos en el informe para descalificarlo y, de paso, denunciar que estaba siendo objeto de una persecución política. Así, subrayó que el dossier detectaba pagos suyos en la urbanización Anfi del Mar con una tarjeta de crédito de una entidad bancaria en la que no tenía ahorros. Y es que la Policía había incorporado al informe los recibos de un datafono desde el que se hicieron los pagos correspondiente a una entidad de ahorro diferente.
(www.publico.es, 14/07/09)
40. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP PIDE QUE SE INDEMNICE SÓLO POR NUEVE DE LAS 11 VÍCTIMAS DE GUADALAJARA
El PP ha pedido a la juez del incendio de Guadalajara que sólo las familias de 9 de las 11 víctimas sean indemnizadas. En su escrito de acusación, el partido deja fuera a la familia de Pedro Almansilla, que dirigía el retén cuyos miembros perecieron engullidos por el fuego, y a la de Marcos Martínez García, hijo de la actual consejera de Educación de la comunidad, la socialista María Ángeles García.
Los populares también se olvidan del superviviente, Jesús Abad, que sufrió graves quemaduras y declaró ante el juez que la explosión que causó la tragedia "fue un accidente de la naturaleza, un fenómeno natural imposible de prever". El PP ha pedido encarcelar a 18 personas, siete de ellos técnicos de la extinción. El PP pide entre 180.000 y 200.000 euros para "los familiares de las víctimas", pero sólo enumera las ocho a las que representa el abogado que ha impulsado la imputación de los técnicos, y se adhiere a la petición de otra.
(www.elpais.com, 17/07/09)
41. REGIÓN DE MURCIA. CAOS EN LAS CUENTAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
La cuentas municipales del ayuntamiento de Archena son un auténtico desastre. Así lo expresa un informe realizado por el interventor municipal actual, Gabriel SanJuan, en relación a la cuenta general 2007, época en la que fue responsable de Intervención, Francisco Poyatos, actualmente interventor del ayuntamiento de Cartagena y que fue detenido por fuerzas de la policía nacional en el marco de una operación contra la presunta corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca, ciudad donde también fue interventor. Poyatos solo acudía al ayuntamiento de Archena los jueves, según confirmaron fuentes municipales.
Según el documento, el ayuntamiento de Archena no ha cumplido los plazos prescritos en el artículo 212 de rendición, publicidad y aprobación del texto económico – financiero. Se acompaña con el Acta de Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad municipal Promoción y Gestión de Suelo de Archena S.l:, de fecha 27 de Junio de 2008, "donde no se recoge los estados de consolidación efectuados entre la entidad municipal y la mercantil para tener conocimiento de las relaciones recíprocas".
Según Intervención actual, "no hay un Inventario de Bienes, esto conlleva que las Amortizaciones del Inmovilizado no se puedan aplicar", y por tanto, "si no hay amortizaciones se incumple el Principio de Imagen Fiel y el reflejo de la realidad patrimonial municipal". Pero además, "no existe constancia ni de las adquisiciones ni enajenaciones de bienes patrimoniales. En esta entidad local es una cuestión que se ha venido arrastrando ya que en ningún ejercicio constan", advierte el informe oficial. Además, en las Cuentas Generales de la Entidad, vistas por Intervención, no aparecen las Provisiones requeridas, y, "al no haberse aprobado el Saldo de Dudoso Cobro, no se puede realizar las Provisiones por insolvencia conforme a la legalidad contable vigente". Los saldos de dudoso cobro fueron rechazados por el pleno.
Por si fuera poco, Intervención indica que "se ha llevado una comprobación de pagos pendientes por aplicación, facturas pagadas sin crédito y sin un procedimiento administrativo, por importe de 1.931.895 euros. Se ha cotejado el pago material, vía banco, con lo expresado en la contabilidad municipal". Según estos datos "se observa que este importe crece en relación con ejercicios precedentes, en 2006 era de 1.053.845, 40 euros." Asimismo existen Ingresos Pendientes de aplicación derivados de las unidades de actuación urbanística que "no se pueden aplicar a consecuencia de falta de seguimiento de las diferentes actuaciones, estas actuaciones deberían haberse contabilizado vía no presupuestaria, ya que el Ente no es el destinatario de las mismas".
En la misma línea de descontrol contable, "existen facturas sin crédito en la Intervención Municipal imputables al ejercicio en que se ha realizado el gasto por cuantía de 1.269.296,82 euros". Igualmente, siempre según el detallado informe, "no existe una aprobación de la Cuenta de Recaudación del ejercicio y los datos existentes en ésta no son coincidentes con los datos desprendidos de la contabilidad, ya que existen derechos que no han sido dados de baja de las cuentas municipales". Esto llevará a que la Cuenta General no sea concordante con los datos otorgados por los Servicios de Recaudación.
El interventor avisa que "se ha intentado que IVA sea lo más certero a lo declarado a la administración estatal, siendo esto una tarea imposible por lo farragoso en cuestión, ya que la Tesorería no ha llevado un seguimiento del impuesto conforme a los textos legales".
Finalmente, en los textos económicos, especialmente en las cuentas "deben reflejar la totalidad de las cuentas que es titular la Corporación, hago hincapié en los movimientos y saldos habidos en las cuentas restringidas de recaudación, a tenor del artículo 197 de TRHLL, evidencia no acontecida, ya que expresan saldo cero y ningún movimiento. Es necesario la realización de Actas de Arqueo de fondos para verificar la coincidencia con los datos contables. La Intervención no ha tenido conocimiento de las mismas".
El informe de Intervención es concluyente y contundente. Una administración local de una ciudad de 20.000 habitantes no ha sabido llevar las cuentas o no ha querido saber. A esto se suma que todos los concejales cobran sus sueldos, mientras el alcalde no tiene pudor en no pagar a proveedores, que también son padres de familia y crean puestos de trabajo. El descontrol de las cuentas ha permitido que algunos concejales, sin ser funcionarios, estuvieran dados de alta en ASISA, con todos sus beneficios, pero pagados por el pueblo.
El cinismo del ayuntamiento es de tal magnitud, que mantiene puestos de trabajo afines e imprescindibles totalmente a costa del bolsillo de todos los archeneros. Si el ayuntamieto fuese una empresa privada, hace ya tiempo que estaría cerrada. La situación es tan grave, que la intervención fiscalizadora del Tribunal de Cuentas es necesaria y urgente, y la labor de la oposición obligada, si son responsables de la confianza que depositaron en ellos sus votantes.
(www.vegamediapress.com, 12/07/09)
42. ISLAS BALEARES. UN TESTIGO DICE QUE MATAS COBRÓ MÁS SOBORNOS DE JOSÉ LUIS MORENO
Luis Velasco, el principal testigo de cargo en unas diligencias de los fiscales anticorrupción contra una supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a la primera etapa de la televisión autonómica, IB3, postula que su ex jefe, el productor y artista José Luis Moreno, pagó al ex president del Govern del PP Jaume Matas otros sobornos, aparte del que ya denunció que le había abonado en una gala en el Casino de Mallorca. De forma paralela, el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, estudia las diligencias de sus subordinados Horrach y Carrau sobre el supuesto desfase patrimonial de Jaume Matas para decidir si denuncia el caso o lo cierra.
La fiscalía general del Estado sí que ha autorizado la prórroga, por un máximo de otros 6 meses, de las diligencias informativas que los fiscales anticorrupción de Balears abrieron en diciembre pasado respecto a una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la primera etapa de IB3.
En las diligencias también aparece como sospechoso Jaume Matas, defendido por Rafael Perera. Luis Velasco, un ex directivo de IB3 y antiguo hombre de confianza del productor José Luis Moreno en Balears, acusa a Matas de haber cobrado un soborno de 250.000 euros, en billetes de 500, durante la gala inaugural de la televisión del Govern, celebrada el 4 de septiembre del 2005 en el Casino de Mallorca.
Velasco, al que en medios de la investigación se da credibilidad, pese a que fue denunciado por Moreno por amenazas y acoso, mantiene que su ex patrón dio en su presencia al president del Govern el sobre y, más tarde, le comunicó que ese era el "primer pago" para Jaume Matas.
La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga este caso, y el del incremento patrimonial dudoso, y planea citar a declarar a Maria Umbert y a Arturo Orrico, dos de los máximos responsables de la televisión autonómica en esa época. Velasco ha vinculado a Umbert y Orrico con otros pagos sospechosos de Moreno. Umbert, defendida por Josep Zaforteza, ha negado tajantemente los hechos.
El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, está estudiando el contenido de las diligencias informativas contra el ex líder del PP balear Jaume Matas, cuya prórroga no ha autorizado el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. No obstante, cualquier ciudadano o colectivo pueden denunciar ante el juez a Matas e, incluso, ejercer la acción popular e impulsar las pesquisas contra el ex dirigente conservador.
El fiscal general dejó en manos del fiscal superior de Balears la posibilidad de denunciar el caso Matas ante el juez de guardia o darlo por cerrado. Con independencia de la postura de Barceló, cualquier persona podría acudir ante el juez o la Policía y denunciar a Matas y a sus posibles cómplices, en calidad de cooperadores necesarios o testaferros. Esta denuncia, de ser asumida por el juez, supondría la apertura de unas diligencias previas, a las que se uniría todo el material de las pesquisas ya efectuadas por fiscalía y por Guardia Civil, que ha rastreado a fondo el patrimonio de Matas y las compras efectuadas por su familia.
(www.diariodemallorca.es, 13/07/09)
43. ISLAS BALEARES. EL EX EDIL DEL PP IMPLICA A OTROS TRES DIRECTORES GENERALES DE MATAS
El ex edil del PP de Lloseta Felipe Ferré, el imputado-arrepentido del caso Scala, ha implicado en esta presunta trama de corrupción político-empresarial a otros tres directores generales del anterior Govern del Partido Popular (PP). Ferré, cuyas revelaciones relativas a irregularidades en la anterior conselleria de Turismo y el Ibatur siguen bajo secreto, asegura que el conseller de Comercio e Industria, Josep Juan Cardona, le pidió "que usara mis contactos con las autoridades chinas para sus negocios particulares en el sector de la madera y las energías renovables, los paneles solares".
Hasta ahora en el caso que tramita la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, figuraban como encausados el hoy diputado del PP Josep Juan Cardona, y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene. Ferré ha salpicado en el caso a otros tres antiguos altos cargos del Govern de Jaume Matas: El director general de Energía, Jaime Sureda; el director general de Ordenación Turística; Josep Aloy; y el director general de Política Lingüística, Jaime Gil, que ya el pasado octubre permaneció detenido unas horas en relación a este presunta trama.
Según han revelado a la fiscalía anticorrupción Ferré y Antònia Ordinas, la ex gerente del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), un organismo público que fue el centro del supuesto entramado de desvío de fondos públicos y financiación ilegal del PP, el conseller Cardona y Kurt Viaene usaron los viajes a China, Alemania y Estados Unidos pagados por el Govern como plataforma para sus negocios e inversiones particulares.
Ferré asegura que el director general de Energía Sureda participó en una de las expediciones de la conselleria a China, el evento Shangai-Nanjing, y se dedicó, juntó con él, a buscar fábricas de placas solares por orden de Cardona, que quería invertir en dicho sector. "Sureda y Cardona querían comprar placas solares en China para importarlas a España; visitamos cuatro fábricas de placas y en aquel negocio estaban Viaene, Jaime Sureda, el conseller …", ha relatado el testigo-imputado.
(www.diariodemallorca.es, 16/07/09)
44. ISLAS BALEARES. GOSÁLBEZ DICE QUE ESTARÁS ORDENÓ DESVIAR 120.000 EUROS PARA UN EX REGIDOR DEL PP
Juan Francisco Gosálbez, el que fuera factótum durante años del consorcio público Turisme Jove, investigado por una presunta trama de corrupción, implicó a la ex vicepresidenta del anterior Govern del PP, hoy flamante eurodiputada, Rosa Estarás, en el presunto desvío de 120.000 euros de fondos públicos para compensar al ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo. Gosálbez señaló al juez Miquel Florit que el dinero, conseguido mediante facturas falsas abonadas al empresario francés de tiempo libre André Villena, acabó en manos de Oeo, que llevaba años reclamando al Govern por haber sido despojado de la explotación del albergue juvenil de La Victoria (Alcúdia).
El caso La Victoria se remonta a finales de los 90, cuando un Govern del PP rescindió el contrato a las empresas Cel Obert e Interjés de Peguera, vinculadas al edil de Calvià del PP García Oeo, para explotar el albergue del mismo nombre de Alcúdia. El campamento y el casal dependían entonces de la Xarxa d´Instalacions de les Illes Balears, el organismo antecesor de Turisme Jove.
En octubre del 2000 el Govern del Pacto de Progreso denunció a Rosa Estarás, entonces diputada en el Congreso, ante el Tribunal Supremo por irregularidades en el expediente de concesión de La Victoria. El caso llegó a instrucción 4 de Palma, que lo sobreseyó cuando el Govern del PP, constituido en 2003, retiró la acusación particular y el fiscal no acusó. De forma paralela, García Oeo, que ha sido citado a declarar hoy ante el juez y es esposo de la edil del PP en Calvià Teresa Martorell, siguió reclamando contra el Govern por la vía administrativa y la judicial.
Según reveló Gosálbez, que habría aceptado incrementar su acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción, García Oeo reclamó por escrito a Xarxa d´Instalacions de les Illes Balears 120.216 euros, que coincide casi con la suma presuntamente desviada años después para el ex edil.
Gosálbez aportó , entre otros documentos, el acuerdo de Turisme Jove de 2003 para retirar la acusación particular contra Estarás y cambiar de abogado, poniendo al suegro del director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, en los contenciosos de García Oeo. También la Abogacía de la Comunidad Autónoma envió un informe a la letrada de Turisme Jove afirmando que, como máximo, había que dar a Interjés y Cel Obert 90.000 euros. En diciembre de 2005 Turisme Jove optó por indemnizar a García Oeo con 11.903 euros, que el empresario cobró. Sin embargo, Gosálbez sostiene que Gálvez insistió ante el gerente de Turisme Jove, el también imputado Damià Amengual, y ante él, para que estuvieran atentos a las reclamaciones pendientes de su amigo Oeo.
El ex factótum de Turisme Jove, defendido por Octavio Couto, ya declaró en septiembre del año pasado que Gálvez le ordenó por escrito que pagaran, con los 120.000 euros transferidos antes por la conselleria de Deportes y Juventud, unas facturas. añadió que las facturas iban a ser presentadas en dicho consorcio por García Oeo, como así habría ocurrido posteriormente. Las facturas fueron giradas por el grupo de empresas francés CLEA, encabezado por André Villena, que reconoció haber hecho varios negocios con Oeo.
(www.diariodemallorca.es, 17/07/09)
45. ISLAS BALEARES. HALLAN FACTURAS POR OBRAS NO HECHAS Y DESPUÉS ´DEMOLIDAS´ EN EL PALMA ARENA
Los investigadores del caso Palma Arena, una presunta trama de corrupción político-empresarial en varias instituciones gobernadas por el Partido Popular en la pasada legislatura, han localizado facturas pagadas y correspondientes a obras e infraestructuras no realizadas e, incluso, otros documentos por demoliciones de elementos nunca construidos. Un testigo, un experto arquitecto contratado por el actual Govern, ha explicado al juez José Castro las importantes irregularidades detectadas en los trabajos de construcción del velódromo, entre enero del 2005 y marzo del 2007.
La fiscalía anticorrupción, el grupo de Delincuencia Económica de la Policía y la Agencia Tributaria están investigando el caso Palma Arena. Las pesquisas se iniciaron hace más de un año por la Guardia Civil y luego fueron traspasadas a la Policía Nacional. Hace once meses anticorrupción interpuso una querella que tramita, bajo secreto sumarial, el juzgado de instrucción 3 de Palma.En principio las sospechas versan sobre las personas que dirigían y controlaban el Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma, constituido por altos cargos del Govern (a través de Illesport); el Ayuntamiento de dicha ciudad; y el Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell de Mallorca. También se investiga a proveedores y responsables de las obras.
La instalación deportiva estaba presupuestada en unos 48 millones, pero su coste se disparó después hasta los 110 millones, eso sin contar los elementos que no se llegaron a construir y los malos acabados y defectos, entre ellos la no homologación internacional de la pista para las carreras, que deberán ser subsanados.Ya desde el principio de las pesquisas se detectaron aparentes descuadres entre los costes de mercado de equipamientos y otras partes del proyecto y lo pagado por el Consorcio. Después, el experto que ya ha depuesto como testigo en la causa, ha repasado con detenimiento cientos de documentos para tratar de esclarecer lo ocurrido en esta obra pública, que fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC-Melchor Mascaró.
El arquitecto ha constatado que se abonaron partes y fases del proyecto que nunca se realizaron, especialmente las dotaciones que se tenían que haber hecho en los terrenos anexos al velódromo. Otras facturas por trabajos sí hechos aparecen hinchadas.
(www.diariodemallorca.es, 14/07/09)
