ÍNDICE

1. EL POPULISMO ENTRA EN LA PRECAMPAÑA

2. RAJOY INTENTA BAJAR LA EDAD PENAL DE LOS MENORES EN CASOS GRAVES

3. EL PP SELECCIONARÁ A LOS INMIGRANTES EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE ADAPTACIÓN

4. RAJOY RECHAZA QUE LOS INMIGRANTES PUEDAN VOTAR EN LAS MUNICIPALES

5. RAJOY DICE QUE ZAPATERO HA "UNTADO" CON EL CANON DIGITAL A LOS ARTISTAS

6. TRILLO AHONDA LA BRECHA INTERNA EN EL PP POR EL TRASVASE DEL EBRO

7. TRILLO ORDENÓ RECORTAR VUELOS A AFGANISTÁN POR LOS GASTOS EN IRAK

8. UNO DE LOS COMANDANTES INTERROGADOS AFIRMA QUE TRILLO NUNCA DIJO LA VERDAD SOBRE EL YAK 42

9. AZNAR SE EMPADRONÓ EN ÁVILA PARA OPTAR A LA PRESIDENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

10. AZNAR APROVECHA LOS ATAQUES A MARÍA SAN GIL PARA HACER CAMPAÑA

11. PAÍS VASCO: FRAGA NO RESPONDERÁ AL PARLAMENTO VASCO SOBRE LOS SUCESOS DE VITORIA DE 1976

12. GALICIA: FEIJÓO ADMITE QUE "PROBABLEMENTE" LO QUE HIZO EL PP EN MÉXICO FUE INADECUADO

13. GALICIA: LOS CRÍTICOS ACUSAN A CONDE ROA DE VIVIR DEL PP

14. GALICIA: DOS SOCIOS DE CONSTRUCUATRO ADMITEN LOS SOBREPRECIOS

15. ANDALUCÍA: LAS CONTRADICCIONES DEL PP NACIONAL A LA CAMPAÑA DE ARENAS

16. ANDALUCÍA: EL EX DELEGADO DE LA ZONA FRANCA FALSEA SUS DATOS EN LA RED

17. ANDALUCÍA: EL PP PRETENDE CONVERTIR EL HUNDIMIENTO DEL 'NEW FLAME' EN EL 'PRESTIGE' ANDALUZ  

18. COMUNIDAD DE MADRID: RAJOY EVITA MADRID EN LA CAMPAÑA Y SÓLO ESTARÁ CON GALLARDÓN EN EL CIERRE

19. COMUNIDAD DE MADRID: ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"

20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE INAUGURA EL HOSPITAL DEL HENARES POR SEGUNDA VEZ

21. AGUIRRE INSISTE EN QUE NO PEDIRÁ PERDÓN POR EL 'CASO SEVERO OCHOA'

22. COMUNIDAD DE MADRID: LOS INSPECTORES DESMONTAN LA ACUSACIÓN DE GÜEMES SOBRE LEGANÉS

23. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE ANUNCIA CUATRO FACULTADES DE MEDICINA SIN TENER PLAZAS PARA ELLO

24. BRUSELAS FUERZA A AGUIRRE A HACER UN ESTUDIO AMBIENTAL DE LA M-501

25. COMUNIDAD DE MADRID: LOSANTOS PIDE QUE ACEBES, ZAPLANA Y AGUIRRE TESTIFIQUEN CONTRA GALLARDÓN

26. COMUNIDAD DE MADRID: LA LICENCIA DE ARMADA, EN 30 DÍAS

27. COMUNIDAD DE MADRID: ALCALDES DEL PP EXCLUYEN DEL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO

28. COMUNIDAD VALENCIANA: EUROPA INVESTIGA AL CONSELL POR LAS INVERSIONES EN LA CIUDAD DE LA LUZ

29. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PELOTAZO DE LOS PONS

30. COMUNIDAD VALENCIANA: PONS PROTEGIÓ LA RIBERA DEL PANTANO Y EL RÍO TRAS LA URBANIZACIÓN DE UNA FINCA FAMILIAR

31. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ IMPIDE A ALPERI FINANCIAR UN PROYECTO PRIVADO CON DINERO PÚBLICO

32. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUPREMO ANULA UN PAI EN BORRULL POR SER ´ARBITRARIO´ Y BENEFICIAR A UNA CONSTRUCTORA

33. COMUNIDAD VALENCIANA: FONT DE MORA PREFIERE EL INGLÉS A UN IDIOMA "EXTRANJERO" COMO EL CATALÁN

34. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE FANZARA TRATA DE DESVINCULARSE DEL FRAUDE DEL CENSO ELECTORAL

35. ISLAS BALEARES: MATAS DONÓ 450.000 EUROS A UNA ONG DE MADRID PARA UN PROYECTO NO EJECUTADO

36. ISLAS BALEARES: CASO ANDRATX: "EL PARTIDO ESTÁ CONMIGO"

37. REGIÓN DE MURCIA: TODO TIENE UN PRECIO PARA FACUNDO ARMERO

38. REGIÓN DE MURCIA: PRESUNTOS CHANCHULLOS EN LAS CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

39. MELILLA: IMBRODA AFIRMA QUE LA PROHIBICIÓN DEL VELO NO AFECTA A LOS MUSULMANES DE MELILLA PORQUE "SON ESPAÑOLES"

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1. EL POPULISMO ENTRA EN LA PRECAMPAÑA

La seguridad ciudadana y la delincuencia, asunto que, sumado a la inmigración, despierta las pasiones más bajas en un sector del electorado y abre la puerta a políticas populistas, se han convertido en absolutos protagonistas de los últimos días, en plena precampaña electoral.

El PP está convencido de que este tipo de asuntos logra apoyos transversales, y espera así arrebatar votos en el electorado tradicional socialista en los barrios populares. De hecho, una encuesta de EL PAÍS publicada el domingo señala que el 56% apoya la medida de obligar a los inmigrantes a "respetar las costumbres españolas". El 45% de los votantes socialistas lo apoyan, y el 44% lo rechaza. El PSOE exige sacar la inmigración del debate electoral porque la discusión puede generar racismo. el PP organizó un acto en Sevilla para presentar sus medidas de seguridad, y el PSOE reaccionó contraprogramando con el anuncio de sus propias ofertas electorales sobre este asunto. Mientras Mariano Rajoy, el líder del PP, prometía en Sevilla -poco antes de trasladarse a Melilla- mano dura contra los delincuentes, más policías (30.000) y rebajar la edad penal hasta los 12 años (ahora está en 14) en casos de especial reincidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior, compareció en la sede central del PSOE para recordar que los socialistas ya han prometido 15.000 nuevos policías (más es imposible, señalan) pero sobre todo para tratar de demostrar que el PP no tiene ninguna credibilidad en este asunto. El ministro ofreció algunos datos: en la etapa del PP, señaló, se perdieron 7.000 agentes de policía, en la del PSOE aumentaron en 17.000

(www.elpais.com, 12/02/08)

2. RAJOY INTENTA BAJAR LA EDAD PENAL DE LOS MENORES EN CASOS GRAVES

La rebaja de la edad penal de los menores y el endurecimiento de las penas en delitos contra la propiedad, pederastia y xenofobia son los ejes del programa electoral del PP en seguridad ciudadana. Estas medidas, que responden a una demanda de la sociedad, según el líder popular, Mariano Rajoy, irán acompañadas con un reforzamiento de 30.000 miembros de las fuerzas de seguridad. Rajoy considera que la seguridad ciudadana es "una de las obligaciones por excelencia del Estado", ya que supone garantizar "lo más importante, que es la vida, la libertad y los derechos de los ciudadanos". El líder conservador dijo que la política sectorial del actual Ejecutivo ha sido "un fiasco" y las cosas se pueden hacer "infinitamente mejor".

Rajoy desgranó que su programa incluye como puntos básicos el fortalecimiento y modernización del sistema policial, con un destacado incremento del número de agentes y mayor presencia en barrios conflictivos, y la reforma de la ley de responsabilidad legal de los menores para rebajar "la edad penal en casos de especial gravedad o multirreincidencia". A su juicio, la escasa formación de los menores les impide discernir "entre lo que es malo y lo que no lo es", por lo que defendió el aumento de las penas de internamiento, los planes de prevención de delincuencia juvenil y de seguridad en los centros escolares, además de la puesta en marcha de un teléfono de atención al menor ante el acoso escolar.

Rajoy apostó también por modificar el Código Penal para endurecer las condenas por delitos en internet, la pederastia, el racismo y la xenofobia, y subrayó la necesidad de combatir "sin concesiones" la criminalidad, especialmente los asaltos a viviendas habitadas y comercios, así como los denominados "secuestros exprés". También hizo mención a las condenas a terroristas, y anunció que convertirá la denominada doctrina Parot en un precepto legal, incorporando a la norma el criterio interpretativo proclamado por la sala segunda del Tribunal Supremo.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no quiso comentar las propuestas conservadoras en su encuentro con los medios de comunicación y se centró en su objetivo: contratacar las líneas maestras del programa electoral del PP. "Quiero recordar algunas de las cosas que Rajoy hizo cuando era ministro", declaró como introducción a una serie de diapositivas con cifras para argumentar su tesis: con el PP, España era mucho más insegura porque había muchos menos policías.

"Si a los resultados nos remitimos, en concreto a la tasa de homicidios y asesinatos --dijo Rubalcaba--, hay que decir que el señor Rajoy ha sido el peor ministro de Interior de la democracia española". El ministro socialista afirmó que en el 2001 y 2002 --cuando Rajoy era titular de esa cartera--, los homicidios y asesinatos llegaron a una de las cifras más altas de la historia: 1.251 frente a 985 en el 2007. Rubalcaba también le acusó de haber "quitado" policías y guardias civiles de las calles. "Si uno los quita, pasa lo que pasa".

(www.elperiodico.com, 12/02/08)

3. EL PP SELECCIONARÁ A LOS INMIGRANTES EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE ADAPTACIÓN

El PP dio un nuevo giro a sus anuncios de endurecimiento de la política de inmigración. Si gobierna, seleccionará a los extranjeros que quieran trabajar en España en función de su "capacidad de adaptación". Los populares no aclaran qué países prefieren, pero de las condiciones que prometen establecer queda claro que darán prioridad a países latinoamericanos frente a los magrebíes, dos de las tres grandes fuentes de extranjeros que llegan a España. La otra, la de los rumanos y polacos, no puede ser limitada porque son ciudadanos de la UE.

Si gana las elecciones, el PP cambiará por completo la política de visados y contingente, que consideran fracasada, para establecer dos formas de llegar a España legalmente. Una, a través de las contrataciones en origen. Para ello crearán una agencia nacional que, en colaboración con la empresa privada, irá a buscar a los extranjeros necesarios. Por otro, el Estado sacará cada año a concurso un cierto número de visados asociados a permiso de residencia y trabajo. Y es aquí donde se hará un "visado por puntos", con los siguientes criterios, según fuentes del PP: 1. Conocimiento de la lengua española. 2. Capacitación profesional. 3. Conocimiento del sistema legal español. 4. Conocimiento de la cultura española.

"Queremos priorizar a unos inmigrantes sobre otros. Darles más facilidad a los inmigrantes que tienen mayor capacidad de integración", explicó Juan Costa, coordinador del programa electoral. Con estos criterios, los inmigrantes latinoamericanos, católicos e hispanoparlantes, tendrían clara preferencia a la hora de obtener los papeles frente a los magrebíes, musulmanes y de lengua árabe. En la legislación actual, ninguna nacionalidad tiene prioridad a la hora de conceder permisos de residencia y trabajo.

Costa también detalló otro asunto que preocupa mucho entre los inmigrantes magrebíes y musulmanes en general: la prohibición del uso del velo islámico en los colegios. "Estableceremos un principio por el que no se podrá usar el velo en las aulas porque es un elemento de discriminación e incluso sumisión de la mujer. El Gobierno no podrá imponer a los colegios que escolaricen a una niña con velo islámico. Sin embargo, los centros pueden aceptarlo en función de la realidad local. Estoy pensando en Ceuta y Melilla. Los colegios deciden, pero como principio general no se debe permitir".

(www.elpais.com, 09/02/08)

4. RAJOY RECHAZA QUE LOS INMIGRANTES PUEDAN VOTAR EN LAS MUNICIPALES

"No estoy a favor de ampliar el derecho de voto a nadie, aunque no me opongo a un planteamiento común en Europa". Con estas palabras, Mariano Rajoy dejó claro en Berlín su postura contraria a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales. De un plumazo, el líder del PP desautorizó a personalidades relevantes de su partido, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la concejal del Ayuntamiento de la capital Ana Botella, que han venido defendiendo ese derecho de los extranjeros no comunitarios desde hace más de dos años.

El mismo debate hizo aflorar, en su día, posturas contradictorias en el PSOE, que acabó aparcando una decisión al respecto. Ahora mismo, los inmigrantes pueden votar, tras una serie de años de residencia, en Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda y Reino Unido. Sarkozy propuso una medida similar cuando era ministro del Interior, aunque aún no la ha llevado a cabo. Mariano Rajoy viajó hasta Berlín para mostrar, en plena precampaña electoral, que cuenta también con el apoyo de la alemana Angela Merkel, que le recibió poco más de media hora en la sede de la cancillería.

El líder del PP compareció solo en la sede de la CDU, el partido de Merkel, para defender sus propuestas sobre inmigración y prometer que si gobierna hará todo lo posible para crear un "contrato de integración europeo", que sirva para todos los países de la UE. En ausencia de representantes de Merkel, Rajoy aseguró que a la canciller le pareció una idea "muy interesante".

El líder de la oposición no parece muy preocupado por las acusaciones de xenofobia que ha recibido por su discurso sobre la inmigración. "Me traen sin cuidado. Yo me tomo en serio este asunto mientras ellos despachan mi propuesta con dos o tres frases demagógicas". Cuando fue preguntado por las declaraciones de un miembro de su dirección, Miguel Arias Cañete, quien dijo que la inmigración ha provocado que los camareros ya no sean "tan eficientes como los de antes", Rajoy se limitó a decir: "Vamos a lo importante".

El líder del PP volvió a España satisfecho, convencido de que cuenta "con el apoyo del corazón de Europa". Y aprovechó para defender las reformas económicas de Merkel y criticar la inflación en España.

(www.elpais.com, 14/02/08)

5. RAJOY DICE QUE ZAPATERO HA "UNTADO" CON EL CANON DIGITAL A LOS ARTISTAS

Los artistas agrupados -junto a representantes de otros gremios- en la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) son "tres o cuatro caras conocidas" a los que el Gobierno "tiene bien untados" con el canon digital. Así los definió el candidato del PP, Mariano Rajoy, durante un mitin en Badajoz en el que recordó que, si él gana, eliminará ese canon que desde este año debe pagar quien compre un MP3, un móvil con MP3, una grabadora de CD, un disco duro o una memoria USB y que cobra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La plataforma PAZ se presentó el sábado para apoyar a Zapatero y evitar que tras el 9-M vuelva al Gobierno "la turba mentirosa" con su "imbecilidad", en referencia al PP. En esa plataforma están, entre otros, cineastas y actores como José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, María Barranco o Álvaro de Luna, el pintor Miquel Barceló, el escritor Juan Goytisolo o cantantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel o Fran Perea.

Todos ellos, según Rajoy, pretenden "que se les garanticen sus privilegios a costa del dinero que tienen que pagar el resto de españoles" con el canon digital, y están siendo utilizados por el Gobierno en una "campaña del miedo y la demagogia". Él, sin embargo, se considera el defensor de otros artistas menos afortunados: "Yo estoy con los artistas que tienen que hacer mucho arte para poder llegar a final de mes, con los artistas que pagan una hipoteca, con los artistas que se levantan a las siete de la mañana para trabajar y dar de comer a sus hijos y con los artistas que hacen números todos los días con la pensión, pero no con los artistas que apoyan a Zapatero para que garantice el cobro de un canon digital que pagamos todos los españoles", insistió, sin precisar qué hará para proteger a ese colectivo si gobierna. Rajoy ha apoyado a la Asociación de Internautas de Víctor Domingo y el fiscal Pedro Martínez en la campaña contra el canon, que ha recogido dos millones de firmas.

El número dos de la lista del PP por Madrid, Manuel Pizarro, también arremetió en su propio mitin contra el canon: un "tributo" que pagan todos los españoles pero "no va a los Presupuestos Generales del Estado y sí va a los amigos del Gobierno". Zapatero financia, dijo, "a aquellos que harán campaña contra el PP".

(www.elpais.com, 11/02/08)

6. TRILLO AHONDA LA BRECHA INTERNA EN EL PP POR EL TRASVASE DEL EBRO

El Partido Popular ha vuelto a naufragar en su intento de generar un consenso alrededor del polémico trasvase del Ebro. Pero esta vez ha sido dentro de sus propias filas donde se ha desatado la tempestad ante la posible inclusión del proyecto en el programa electoral del 9-M. El último pulso lo lanzó el exministro Federico Trillo, cabeza de lista del PP por Alicante, al afirmar en un comunicado que el Manual del candidato editado por el partido recoge "expresamente" el trasvase de agua del Ebro a la Comunidad Valenciana "como una actuación necesaria". Dicho manual es una especie de guía de campaña que la dirección nacional del PP elabora para concretar el programa electoral a todos los miembros de las listas.

El anuncio de Trillo cogió por sorpresa a la dirección del PP, que se apresuró a desautorizarle. El secretario de comunicación, Gabriel Elorriaga, apuntó que el Manual del candidato es un "documento ajeno y anterior al programa electoral que en ningún caso puede matizarlo" y recordó a Trillo que la posición del partido sobre el agua es un compromiso "con todos los españoles". La convicción de Trillo choca con la cautela que el PP valenciano está mostrando en los últimos días, desde que no logró incluir el trasvase en el programa del partido. mismo, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, manifestó que la intención de Mariano Rajoy será "garantizar agua de calidad para todos, mediante el trasvase de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias", pero no citó explícitamente el Ebro. Con idéntica precaución, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, tampoco quiso concretar si Rajoy aprobará el proyecto en caso de ganar y se remitió a lo acordado en el programa.

Y es que la aprobación de dicho programa el pasado sábado, sin referencia alguna al Ebro, no ha logrado conciliar a los populares aragoneses y valencianos, que siguen aireando sus diferencias sobre la mención de la obra como promesa electoral. De hecho, antes de cerrar los compromisos de campaña, la batalla interna desatada a costa del trasvase estuvo a punto de costarle al PP una dimisión a las puertas de los comicios.

Los populares aragoneses querían evitar a toda costa que cualquier referencia al trasvase les pudiera restar votos. Incluso el líder del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, amagó con dimitir si el proyecto se plasmaba en el programa. Los valencianos, por su parte, pretendían basar su estrategia electoral en el agua del Ebro.
La tensión obligó al secretario general, Ángel Acebes, a convocar una reunión entre ambos sectores para acercar posturas, llegando a la salomónica decisión de apostar por los trasvases sin concretar cuáles. Se interpretó como una victoria del sector aragonés, pero en absoluto ha servido para firmar la paz hídrica en el seno del partido.

(www.elperiodico.com, 11/02/08)

7. TRILLO ORDENÓ RECORTAR VUELOS A AFGANISTÁN POR LOS GASTOS EN IRAK

La "sensibilidad política" y las "limitaciones presupuestarias" impuestas por la participación de España en la guerra de Irak condicionaron la programación de los vuelos de apoyo a las tropas españolas en Afganistán, como el del Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo. Frente a la teoría oficial de que no existía ninguna limitación económica para contratar los mejores aviones, una carta del entonces jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, revela que el Ministerio de Defensa autorizaba un máximo de dos vuelos al mes. Hoy declararán como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska varios mandos militares de la época, aunque no Sainz-Rozas, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia anulase el archivo del caso.

La carta del vicealmirante está fechada el 30 de junio de 2005, un día después de que el ex ministro Federico Trillo-Figueroa atribuyese a los mandos militares la responsabilidad del caso, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, que reprobó su actuación.

Tras expresar sus quejas por la politización del asunto, Sainz-Rozas explica: "Empezaré insistiendo en que siempre actué con total lealtad y que a día de hoy, con la información de que dispongo, sigo considerando que en el EMAD [Estado Mayor de la Defensa] se hizo bien el trabajo, aunque en el proceso de contratación [...] intervinieron muchas personas y quizás pudo pecarse de exceso de confianza". "En todo caso considero oportuno significarte", agrega, "que el entorno en el EMACON era complejo y requería coordinar muchos aspectos con numerosos organismos. En esa complejidad incidía la sensibilidad política que se vivía respecto al conflicto iraquí; esta circunstancia modulaba de arriba hacia abajo nuestra actividad diaria de forma que, en algunos casos, teníamos incluso que esperar a que el JEMAD [Jefe del Estado Mayor de la Defensa] recibiera la autorización del Ministro para concretar los detalles de algunos vuelos (fecha, carga y /o personas) lo que inevitablemente producía improvisaciones con las consiguientes quejas de los destinatarios de la carga".

El vicealmirante añade que, una vez completado el despliegue, "únicamente podíamos programar dos aviones / mes de apoyo por las limitaciones presupuestarias". En teoría, no debían existir restricciones, pues la partida 228 del presupuesto de Defensa, con la que se pagan las operaciones en el exterior, podía ampliarse sin límite. Sin embargo, alega en la misiva, "la justificación que nos daban desde el propio Ministerio-DIGENPOL [Dirección General de Política de Defensa] era que el Fondo de Contingencia, que tenía que atender al 228, estaba también condicionado por otros gastos como el del Prestige, inundaciones y los gastos derivados de otras operaciones como Afganistán, Índico y Balcanes. Esta circunstancia nos llevaba a tener que priorizar la carga de los vuelos programados en el MOVPLAN (Plan de Movimientos), lo que inevitablemente producía retrasos en el envío de algunos apoyos y consecuentemente quejas de los destinatarios a los que no habíamos podido atender".

Sainz-Rozas concluye la carta con una declaración autoexculpatoria: "Aunque soy consciente [de] que, además, existieron problemas con el catering, retrasos en los horarios, problemas con visados, que reclamábamos a la compañía contratista inmediatamente, me gustaría destacarte una vez más que nunca me llegaron quejas relativas a la seguridad de los vuelos antes del día del desgraciado accidente, que con los datos que tengo, en mi opinión, se trató de un fallo humano".

(www.elpais.com, 13/02/08)

8. UNO DE LOS COMANDANTES INTERROGADOS AFIRMA QUE TRILLO NUNCA DIJO LA VERDAD SOBRE EL YAK 42

El comandante Antonio Bendada, citado como testigo por el juez Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska en la causa sobre la contratación del avión Yakovlev 42-D que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Turquía, afirmó hoy a las puertas de este órgano judicial que el ex ministro de Defensa Federico Trillo "nunca" ha dicho la verdad sobre lo ocurrido en el accidente, que costó la vida a 62 militares españoles.

Bendada explicó que antes del accidente recibió un correo electrónico del comandante Ripollés, muerto en el siniestro, en el que le advertía que volaban con aviones contratados a "piratas aéreos" por las malas condiciones que presentaba el aparato.

El oficial, ahora retirado, aseguró que Trillo "mintió desde el principio" y "nunca defendió a los militares".

"Ya es hora de que diga la verdad, se ha escudado siempre en terceras personas", subrayó Bendada, que fue citado hoy aunque finalmente prestará declaración el próximo día 18, según informaron fuentes jurídicas.

(www.publico.es, 13/02/08)

9. AZNAR SE EMPADRONÓ EN ÁVILA PARA OPTAR A LA PRESIDENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

Los populares han utilizado la polémica en torno al empadronamiento en Valencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para arremeter contra los socialistas. Pero olvidan, como, que José María Aznar sí realizó un empadronamiento no conforme con la legislación vigente con el fin de ascender a la presidencia de Castilla y León. El ex presidente del Gobierno y actual presidente de honor del PP, José María Aznar, utilizó sus contactos para presentarse como candidato por la provincia de Valladolidad en las elecciones autonómicas de Castilla y León celebradas el 4 de mayo de 1987. Tal y como exigía el Estatuto de Castilla y León, para presentarse a diputado de las Cortes Aznar tenía que estar empadronado en esa región. Y Aznar estaba empadronado en Madrid.

De hecho Madrid es la ciudad donde siempre había votado, y donde realmente vivía. Sin embargo, Aznar quería entrar en Castilla y León y para conseguir su domicilio recurrió a otra de las cabezas visibles de su núcleo duro: Ángel Acebes.

Aznar fue empadronado finalmente en la sede de Alianza Popular en Ávila, en cuyo Ayuntamiento era concejal Ángel Acebes (que luego llegaría a ser alcalde de esta ciudad y cuya carrera iría a la par de la de Aznar). De este modo, Aznar consiguió llegar a presidente en aquellas elecciones, al estar virtualmente empadronado en Ávila. En 1987 la oposición protestó ante el empadronamiento de Aznar. El entonces líder del Partido Nacionalista de Castilla y León (Pancal), Francisco José Alonso, llevó el caso a los tribunales. Alonso alegó que Aznar estaba aún censado en Madrid el día que se celebraron las elecciones, y acusó a Aznar y al Ayuntamiento de Ávila de haber cometido un presunto fraude electoral. Pero, Alonso perdio el juicio y la comunidad autónoma pasó a formar parte de los populares, coaligados con el CDS.

(www.elplural.com, 12/02/08)

10. AZNAR APROVECHA LOS ATAQUES A MARÍA SAN GIL PARA HACER CAMPAÑA

El Partido Popular de Alcobendas entregó en el día de el Premio Popular 2008 al presidente de la Fundación FAES, José María Aznar. Fue en esta localidad madrileña donde el dirigente del PP volvió a utilizar los ataques que sufrió María San Gil en Santiago de Compostela para hacer campaña electoral. Tras condenar que "haya un grupo de bárbaros que griten: "Ojalá te peguen un tiro" a una mujer que sabe muy bien que eso es posible", José María Aznar criticó el "estruendoso silencio con el que algunos intentan fingir que no pasa nada" y "los intentos de convertir a la víctima en culpable de haber sufrido la agresión".

"Son jóvenes, de los que se definen como radicales e independentistas, los que le desearon a María que le peguen un tiro. Y es un joven, de los que se definen como dirigentes socialistas y progresistas, el que ha dicho que la culpa la tiene el Partido Popular, por crispar", aseguró José María Aznar, equiparando de esta manera a los jóvenes del PSOE con los radicales que protagonizaron los terribles y condenables ataques a María San Gil en Santiago de Compostela.

A este respecto, cabe precisar que el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, condenó el pasado miércoles "cualquier acto que intente desvirtuar la normalidad democrática". En este sentido, Gutiérrez lamentó no haber oído a ningún dirigente del PP de Castilla-La Mancha condenar los actos de un grupo de jóvenes que increparon al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Toledo.

En su discurso, el ex presidente del Gobierno indicó a sus fieles que "las próximas semana vamos a ver de todo" ya que "llevan toda la legislatura intentando acabar con nosotros". "Sin embargo –agregó Aznar- "después de tantos años de insultos y calumnias (…) a nosotros no nos van a amedrentar".

(www.elplural.com, 15/02/08)

11. PAÍS VASCO: FRAGA NO RESPONDERÁ AL PARLAMENTO VASCO SOBRE LOS SUCESOS DE VITORIA DE 1976

El presidente fundador y senador del PP, Manuel Fraga, no comparecerá ante la Comisión Especial del Parlamento que investigará los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. "Es absolutamente obvio que los que quieren tensión la están provocando", señaló a este periódico. Fraga no tiene intención de acudir al Parlamento ni de enviar sus respuestas por escrito. "No voy a ir ni a contestar absolutamente a nada", dijo.

A su juicio, la Cámara autonómica es "totalmente incompetente para llamar para nada a una persona que fue ministro del Gobierno de la nación hace treinta años". Si finalmente recibe la petición de comparecencia, "la responderé con un saluda que contendrá estos razonamientos", anunció. Fraga entiende que la iniciativa de la comisión parlamentaria no se puede separar de la situación que vive la izquierda abertzale. "Están que fuman en pipa por lo que les está pasando, por la ilegalización". "Si quieren divertirse, que se divertan solos, aunque ya es malo que lo hagan con una tragedia como aquélla, que padecieron personas malmovidas por algunos", añadió.

El senador del PP resaltó su actuación tras el 3 de marzo como uno más "de los muchos servicios prestados". "Entre ellos estuvo el de ir allí y resolver las cosas, que ocurrieron mientras yo me encontraba de viaje en Bonn". "Confío en que esto termine aquí", añadió.

La presidenta de la comisión, Maixabel Azpillaga, no quiso hacer ninguna valoración. "Quiero que la comisión transcurra tranquila y que podamos hacer un trabajo riguroso y honesto", se excusó. El presidente de la Asociación del 3 de marzo, Andoni Txasko, señaló que Fraga "va a quedar retratado". Su negativa "habla por sí misma, indica que algo tiene que esconder".

El PP respaldó la negativa de Fraga. "Me parece normal que entienda que un Parlamento no debe convertirse en un departamento de historia de una universidad ni asumir funciones ilegítimas y distorsionadas de tribunal", señaló su portavoz y secretario general, Carmelo Barrio. A su juicio, los impulsores de la comisión, a la que se opuso el PP, "quieren aprovechar esta comisión para sacar ahora rendimiento político de algo ocurrido hace 32 años, en una situación complicada en España, y cuando ni siquiera existía esta Cámara".

(www.elpais.com, 15/02/08)

12. GALICIA: FEIJÓO ADMITE QUE "PROBABLEMENTE" LO QUE HIZO EL PP EN MÉXICO FUE INADECUADO

El presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hizo acopio de las acusaciones que su partido ha dirigido contra el PSdeG en materia de emigración en el último año para tratar de frenar las críticas que está recibiendo por haber entregado supuestamente un cheque de la Diputación de Pontevedra al Centro Gallego de México.

En una rueda de prensa convocada para dar cuenta de una reunión del comité de dirección del PP, Feijóo afirmó tajante que nunca entregó al citado centro ningún "papel, folio, cuartilla o documentación". Pero sí reconoció, a renglón seguido, que "se le dio una documentación de la Diputación de Pontevedra", aunque "exclusivamente a efectos de acreditación de una subvención concedida hacía varios meses".

A instancias de los periodistas, el líder de la oposición acabó reconociendo que "probablemente fue inadecuado entregar cualquier tipo de papel" [al Centro Gallego de México]. Pese a esta declaración, Feijóo se negó a identificar cuál de los miembro de la delegación del PP que le acompañó a México hizo de correo de la Diputación de Pontevedra. Feijóo se mostró dispuesto a "aceptar cualquier tipo de crítica" pero, en su opinión, "lo que está muy claro es que de eso a entregar cheques hay una diferencia sustancial". "Yo soy un demócrata", puntualizó. "No pertenezco al tribunal de la Santa Inquisición". "Lo que no puedo aceptar son mentiras".

El presidente del PP, aseguró que nunca va "a hacer acusaciones sin pruebas" e inmediatamente enumeró las que su partido ha dirigido contra el PSdeG en el último año y que, subrayó, sí se apoyan en hechos probados: intentos de compra de votos, peticiones de apoyo utilizando fondos públicos, entrega de cheques asistenciales, mítines pagados por la Xunta, reparto de comida gratis en actos políticos y el contrato de "una diputada" con "un sueldo millonario" para regentar la delegación de Galicia en Buenos Aires.

Feijóo se escudó en las dificultades legales que, asegura, entraña actuar contra acusaciones lanzadas en sede parlamentaria para justificar que no haya denunciado al PSdeG por injurias y calumnias. "Si tengo alguna posibilidad lo pondré en conocimiento de la asesoría jurídica del partido", añadió.

De hecho, el secretario de Organización de los socialistas gallegos, Ricardo Varela, volvió a la carga. "Existen pruebas más que evidentes de que Feijóo entregó en nombre de la Diputación 30.000 euros al Centro Galego de México", repitió. Suplantó la personalidad de una institución y tiene que aclarar que ni él "ni ningún acompañante de la comitiva" entregó "un documento de contenido económico". De otro modo, concluyó Varela, "tendrá que presentar su dimisión".

(www.elpais.xom, 09/02/08)

13. GALICIA: LOS CRÍTICOS ACUSAN A CONDE ROA DE VIVIR DEL PP

Las direcciones regional y local del PP acordaron en diciembre posponer el congreso extraordinario que elegirá nuevo presidente en Santiago hasta después de marzo para evitar que la batalla interna empañase la campaña electoral en vísperas de las generales. Dos meses después de tomar esa decisión, desde la gestora que dirige de forma provisional el partido desde hace dos años, se acusa al sector crítico de falsificar firmas para afiliar militantes sin que estos tengan conocimiento y se amaga con contratar peritos calígrafos para analizar una por una las solicitudes presentadas por David Pillado, ex secretario general del PP durante 20 años y padre de Carlos Pillado, uno de los aspirantes a hacerse con la presidencia en el cónclave que se celebrará en primavera.

Este sector sospecha a su vez de que Gerardo Conde Roa, portavoz del grupo municipal y hombre fuerte del PP en Santiago que tamcién opta a presidir el partido, y su entorno, dulcificaron el acta de la penúltima reunión del comité ejecutivo en la que el propio Conde Roa acusó a Pillado ante veinte personas de haber convertido el partido en una inmobiliaria y de vender pisos en la sede local del PP compostelano. Y mientras la cúpula del PP gallego sigue intentando establecer una tregua que evite nuevos titulares con escándalos internos a un mes de las elecciones generales. Sin éxito.

, Pillado salió a la palestra para denunciar las trabas que su partido le está imponiendo a la hora de afiliar militantes. Asegura que ha tramitado más de 100 solicitudes desde noviembre, negó que hubiese firmas falsificadas y recordó que contaba con las fotocopias de los carnés de identidad del centenar de interesados en afiliarse al PP de Santiago. En declaraciones a este diario, Pillado dudó además de que Conde Roa pueda compatibilizar durante los próximos cuatro años su tarea en el Congreso de los diputados -es candidato por A Coruña- como portavoz de la oposición en Santiago y la presidencia del PP local. "Así será imposible recuperar la alcaldía, que es nuestro principal reto. El partido no se puede dirigir por teléfono, pero aquí está claro que algunos vivimos para el PP y otros viven del PP, que es una cosa bien diferente", señaló, en referencia a los cargos públicos que Conde Roa ocupó en el PP durante los últimos años.

(www.elpais.com, 09/02/08)

14. GALICIA: DOS SOCIOS DE CONSTRUCUATRO ADMITEN LOS SOBREPRECIOS

Los dos socios del presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, en Construcuatro, admitieron ante la juez haber cobrado sobreprecios a cambio de venderles viviendas protegidas en el polígono vigués de Navia. Tanto el consejero delegado de la empresa, José Manuel Torres, como el presidente, Eugenio Sobral, atribuyeron las comisiones a supuestas mejoras sobre la memoria de calidades en las viviendas. Los propietarios de la empresa que comparecieron como imputados, citaron como ejemplos, la instalación de fachadas transventiladas y dobles ventanas. Pese a que estos acabados fueron incluidos en todas las viviendas, los representantes de la promotora admitieron haber cobrado cantidades distintas en función de la altura y de la ubicación (exterior) de las casas, una práctica prohibida por la legislación estatal y gallega sobre vivienda que fija por ley un precio tasado para los pisos protegidos.

En las inmediaciones del juzgado, se congregaron varios de los vecinos a los que Construcuatro cobró sobreprecios. Entre las afectadas, Vanesa Díaz, denunció ante la prensa que José Manuel Torres le exigió 30.000 euros a cambio de venderle el piso bajo la amenaza de adjudicar la vivienda a otros de los múltiples interesados. Esta compradora aseguró además que fue citada por los responsables de Construcuatro a posteriori en el peaje de la autopista Vigo-Pontevedra donde le ofrecieron "blanquear parte del dinero" y se le pidió que "mintiesen" si alguien les preguntaba por los sobreprecios.

(www.elpais.com, 15/02/08)

15. ANDALUCÍA: LAS CONTRADICCIONES DEL PP NACIONAL A LA CAMPAÑA DE ARENAS

Si el PP andaluz fuera una cadena de televisión, vería al PP nacional como una despiadada competidora que le arruina sus espacios estrella con certeros golpes de contraprogramación. Sólo en lo que va de precampaña, el candidato a la Junta, Javier Arenas, ha comprobado cómo sus compañeros de partido de fuera de Andalucía han hecho saltar por los aires cuatro de los más vistosos argumentos de ataque a su rival socialista, el presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Uno de ellos es el trasvase del Ebro, que los populares andaluces han incluido explícitamente en el programa para las autonómicas, mientras que el PP nacional no lo ha asumido en el suyo. De hecho, Javier Arenas hizo de esta exigencia uno de los iconos del apartado de medio ambiente, ya que en esta ocasión se presenta por Almería, la provincia que supuestamente habría salido más beneficiada con el trasvase.

Otro jarro de agua fría fueron las declaraciones del fichaje estrella de Mariano Rajoy, el nuevo gurú económico del PP, Manuel Pizarro, quién pocos días después de saltar al terreno de juego se refirió a Andalucía como una comunidad "subsidiada". Las palabras del ex presidente de Endesa dejaron a Arenas en una posición muy incómoda, además de molestar también a los simpatizantes del PP, quienes han escuchado ya muchas veces a dirigentes de su partido denostar el carácter andaluz. Cuando Pizarro quiso matizar, lo empeoró y acabó citando a la corrupción en Marbella como un rasgo diferencial: "Yo he estado en Andalucía. Creo que la corrupción, además de algo perverso, es algo inflacionario porque al final es un coste, todas las comisiones que pagas, es un coste que le metes al valor de los inmuebles".

La embestida del PP andaluz a la posibilidad de estudiar catalán y otras lenguas cooficiales en las escuelas de idiomas andaluzas se le vino abajo tras cuatro días de censura sin cuartel. Arenas decía en sus mítines que a Chaves se le había ido la cabeza por el "disparate" y Rajoy lo tildó de "pesadilla", cuando resulta que en cuatro comunidades que gobierna el PP ya se imparten estas lenguas. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, dio una vuelta de tuerca el martes al anunciar que abrirá un colegio público para escolarizar a los niños en catalán.

El cuarto eje de la campaña de Arenas que ha derribado el PP nacional es el reproche sobre el electoralismo de medidas sociales, como la atención bucodental gratis. Mariano Rajoy la lanzó como oferta estrella del programa de sanidad. Cuando Chaves la propuso para los niños en Andalucía, Teófila Martínez dijo: "Es una broma pesada, un engaño ruin y cutre. ¿Es un cheque para el Ratoncito Pérez?"

(www.elpais.com, 14/02/08)

16. ANDALUCÍA: EL EX DELEGADO DE LA ZONA FRANCA FALSEA SUS DATOS EN LA RED

El principal imputado por los desmanes de la Zona Franca de Cádiz, el ex delegado popular Manuel Rodríguez de Castro, es en Internet un empresario ejemplar, un activo importante del PP y un brillante economista. Así se presenta en un currículum distribuido en numerosos formatos en la Red. En su amplia trayectoria, plagada de logros, según enumera, no hay rastro de las numerosas irregularidades que trascendieron durante su gestión al frente del recinto fiscal gaditano y que le obligaron a presentar su dimisión. "Cese voluntario", según relata.

Tampoco cuenta que fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 300.000 euros que gastó en viajes, comidas y regalos y que está imputado por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado por varios delitos societarios, malversación de fondos, prevaricación y apropiación indebida, entre otros. Rodríguez de Castro se presenta como "economista, empresario y político español" que dejó como gran legado de su gestión la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (RILCO), "una de las iniciativas más importantes del gobierno de Aznar", según afirma en su currículum. Por esta actividad, asegura que recibió el premio al Mejor Gestor Público.

Sin embargo, esta sociedad dejó de actuar al año de crearla tras desviar una empresa de Miami más de seis millones de euros para crear un portal informático que costaba poco más de un millón. Del dinero restante nunca más se supo, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado varios años de cárcel por la comisión de varios delitos. Este dirigente, cuyos principales valedores fueron la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el ex vicepresidente Rodrigo Rato, enumera sus contribuciones a causas humanitarias o la investigación del cáncer.

(www.elpais.com, 15/02/08)

17. ANDALUCÍA: EL PP PRETENDE CONVERTIR EL HUNDIMIENTO DEL 'NEW FLAME' EN EL 'PRESTIGE' ANDALUZ  

En los seis meses que el New Flame lleva encallado frente a las costas andaluzas, la Junta anunció en varias ocasiones que iba a denunciar a Gibraltar ante la Unión Europea (UE) por el incumplimiento de sus obligaciones. el Consejo de Gobierno tomó por fin formalmente el acuerdo, después de que el domingo pasado se produjera un tercer vertido que fue a parar a las playas de Algeciras. También decidió llevar a Reino Unido ante la Comisión Europea para que dictamine si ha incumplido el Tratado de la Unión en materia medioambiental. Según explicó el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, la Junta cuenta con competencias suficientes para denunciar los hechos en la UE, pero no para hacerlo ante el Tribunal de Justicia Europeo, capacidad que queda restringida al país miembro (España). Andalucía argumentará que ni las autoridades del Peñón ni Reino Unido han actuado "con diligencia", además de ignorar "los múltiples ofrecimientos de colaboración y de medios" de la comunidad autónoma y España.

El tercer acuerdo respecto a este asunto del Consejo de Gobierno fue emprender "de inmediato" acciones legales contra el armador, de la compañía Transmar Shipping, y la aseguradora del buque para reclamar por la vía civil el dinero que está costando hasta ahora la retirada de los hidrocarburos y los planes de emergencia, que Zarrías estimó en unos 100.000 euros. "El Gobierno andaluz no va a consentir que los andaluces paguen nada que no les corresponde", subrayó Zarrías.

La vía civil se sustanciará con un requerimiento a las compañías cuando estén los costes y, si no es atendido en un plazo de 15 días, se planteará una denuncia en los tribunales. Según el consejero, en los tres incidentes que se han registrado se han recogido 824 toneladas de residuos (una mezcla de hidrocarburo, arenas y agua), de los que 800 fueron retiradas en diciembre, y otras 24 el domingo pasado. El primero, el de agosto, no dejó apenas nada en la costa. Gaspar Zarrías aseguró que a día de las playas se encontraban "totalmente limpias".

Dijo que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Junta tienen constancia alguna de que entre la carga del navío se encuentre materiales radiactivos, como han denunciado algunas asociaciones. "No tenemos ninguna información en ese sentido", enfatizó. El New Flame estaba cargado con 42.500 toneladas de chatarra, pero según ha dicho el ministerio y la empresa encargada del rescate, no es contaminante

El titular de Presidencia llamó a Gibraltar "irresponsable" por negar la evidencia y minimizar los hechos, e incluso decir que los residuos que arribaron en las playas andaluzas no procedían del buque New Flame. Sobre la polémica que quiere avivar el PP con la comparación del vertido tras el hundimiento del Prestige, Zarrías comentó que este intento resulta disparatado. El Prestige, que era un petrolero, dejó en Galicia 63.000 toneladas de fuel, mientras que del New Flame, un carguero, se han recogido 824 toneladas, pero de combustible mezclado con arena, agua e incluso piedras.

(www.elpais.com, 09/02/08)

18. COMUNIDAD DE MADRID: RAJOY EVITA MADRID EN LA CAMPAÑA Y SÓLO ESTARÁ CON GALLARDÓN EN EL CIERRE

El PP presentó el recorrido de la campaña electoral de Mariano Rajoy sin aclarar si finalmente habrá un acto conjunto con Rodrigo Rato y fuentes populares descartan casi por completo que lo haya con el ex presidente José María Aznar. Rajoy abre su campaña en Cádiz y no tiene ningún acto en Madrid hasta el cierre de campaña, al contrario de lo que sucedió en las últimas elecciones autonómicas y municipales, cuando realizó hasta tres actos sectoriales en la capital. En la campaña de 2004, Rajoy tampoco abrió en Madrid (lo hizo en Santiago de Compostela) pero sí paró en la capital para actos sectoriales por la mañana.

Con este diseño de campaña realizado por Pío García Escudero, Rajoy evita cruzarse con Alberto Ruiz-Gallardón. Sólo lo ha hecho una vez desde que decidió excluir al alcalde de la lista al Congreso ante el órdago de Esperanza Aguirre, que amenazó con dimitir como presidenta de la Comunidad si Gallardón entraba en la lista al Congreso, con lo que se habría colocado en una mejor posición para la sucesión de Rajoy si pierde. Ni siquiera el acto de presentación del programa se hizo en Madrid -fue en Alcalá de Henares- y con ello se evitó que participara el alcalde.

Gallardón sí hará campaña aunque no con Rajoy. Aparecerá, según aseguró el vicealcalde, Manuel Cobo, fundamentalmente en los actos de campaña de fuera de Madrid, "como por ejemplo en Cataluña". "Eso no quiere decir que no participe en actos en Madrid como el de apertura y cierre de campaña, pero la mejor campaña es la gestión de cada día", puntualizó. En el de apertura, por tanto, no se cruzará con el líder sino con algunos de sus principales enemigos en el partido: Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana.

Rajoy recorrerá más de 12.500 kilómetros por toda España, visitará 12 comunidades autónomas y 22 provincias a lo largo de su campaña. Es prácticamente seguro que no se cruzará en ningún momento con Aznar, al contrario de lo que sucedió en 2004. El ex presidente hará su propia campaña. De hecho, sus apariciones son constantes en las últimas semanas. , en Alcobendas, ciudad madrileña gobernada por el Partido Popular después de años de dominio socialista, recibió un "premio popular" y lanzó un ataque furibundo contra el PSOE.

(www.elpais.com, 15/02/08)

19. COMUNIDAD DE MADRID: ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"

Los asistentes a un acto que [Esperanza Aguirre] compartía con Alberto [Ruiz-Gallardón] se quedaron de piedra cuando la vieron pellizcar físicamente al alcalde en la espalda para que le dejara el sitio que ocupaba. ‘Quita de ahí, yo soy la presidenta, ese lugar es mío".

Éste es uno de los episodios que se describe en el libro "Duelo de titanes" (Editorial Espasa) de la periodista Lucía Méndez y que le sirven para relatar la relación más que tormentosa entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Entre lo sádico, lo perverso, lo morboso y la atracción fatal al servicio del nada sutil arte de "dar que hablar", cueste lo que cueste. "Se levantan todos los días de la cama pensando en cómo hacerse faenas el uno al otro", resume la autora, dentro de un relato cruzado de dos trayectorias políticas y personales que no hacen más que chocar desde hace más de treinta años. Lo personal ha sustituido a lo político y las actitudes casi infantiles hacen ya imposible la reconciliación.

El elocuente subtítulo del libro es "Ella creció a su sombra, él la despreciaba. Las claves ocultas". Aguirre cree que Gallardón conspiró con el PSOE en 2003, en tiempos del "tamayazo", y el alcalde no perdona a la presidenta de la Comunidad que no le agradeciera en su momento que la propusiera a Aznar para ser candidata a ese cargo. "No ganaste las elecciones de mayo, tuviste que ir a septiembre, como los malos estudiantes", le llegó a decir Gallardón a Aguirre a propósito de la repetición de aquellas elecciones autonómicas.

Aguirre cree que Gallardón retrasó la comunicación de los datos de su victoria en la repetición de las autonómicas y él no le perdona cómo le dejó de lado en el relevo en la presidencia de la Comunidad. No le permitió hablar aunque él llevaba preparada y escrita su intervención.

Ignacio González, número dos de Aguirre, asegura que "Gallardón se cree el único gallo del corral y el rey del mambo" y Manuel Cobo, escudero del alcalde, no se corta tampoco en descalificar a la presidenta ante quien sea. El vicepresidente de la Comunidad y el vicealcalde son descritos como los arietes de ambos en la batalla, acostumbrados a acabar las reuniones entre ellos a gritos y con insultos de por medio.

El libro narra la forma en que Aznar le pidió en 2002 a Gallardón que cambiara la Comunidad por la candidatura al Ayuntamiento, una operación que algunos dirigentes del PP que se citan consideran ahora una trampa del ex presidente del Gobierno. Gallardón, feliz entonces por la propuesta, quedó desde ese momento atrapado en el cargo y neutralizado para el futuro.

Otro episodio relatado es el del pulso para hacerse con el PP de Madrid, que Esperanza ganó por goleada. Incluso, consiguió que su oponente fuera humillado en una Junta regional del partido en la que uno tras otros todos los intervinientes destrozaron al alcalde. Gallardón, como ha hecho ahora tras ser excluido de las listas, amenazó entonces con no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2007 si Esperanza Aguirre se hacía con el partido. Obviamente no cumplió su amenaza como tampoco cumplirá ahora la de abandonar el cargo tras las generales del 9-M.

Rajoy intentó entonces ser neutral entre los dos y, a cambio de no impedir la victoria de Aguirre en el PP de Madrid, incorporó al alcalde a las reuniones de estrategia de los lunes, los llamados "maitinies". Atribuye la autora a Aguirre la expresiva frase: "Los maitines no sirven para nada". Ese mismo equilibrio ha intentado mantenerlo Rajoy ahora para elaborar las listas al Congreso, hasta que llegó al "estoy harto de vosotros dos" que pronunció en la tensa reunión que Lucía Méndez reconstruye con detalle.

Cuando surgió el asunto de Monserrat Corulla en la campaña, el libro atribuye la siguiente frase a Aguirre: "Este asunto va a ser el final de Gallardón". Ambos han utilizado con profusión los medios de comunicación para hacerse las faenas y lanzarse puyas. Por ejemplo, Aguirre ha manejado el apoyo de la Cope, muy importante dentro del PP, y a Gallardón le defendía ABC y el Grupo Prisa.

De forma colateral se relata el pulso entre los "normales" en la reunión de maitines que pretendían moderar la oposición del PP en asuntos como ETA y el 11-M y separarse de la AVT. A ese grupo pertenecían Josep Piqué, que dimitió tras perder el apoyo de Rajoy, y Gallardón, excluido ahora de las listas. Estaban apoyados por Jaume Matas, que abandonó la política tras las autonómicas de 2007. "Después de Piqué y Matas, tú serás el siguiente", le advirtieron de forma premonitoria a Gallardón miembros del partido en el verano de 2007.

El preciso retrato psicológico de ambos, sin tomar partido por ninguno de los dos, es fruto del acierto periodístico, la sensibilidad de la autora y su profundo conocimiento de las interioridades del PP y permite entender lo que ha ocurrido hasta ahora y también lo que se avecina. La historia de las permanentes faenas mutuas no ha terminado y el único riesgo del libro es el de quedar superado a medida que a cada uno se le vaya ocurriendo cada mañana la manera de fastidiar al otro.

(www.publico.es, 09/02/08)

20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE INAUGURA EL HOSPITAL DEL HENARES POR SEGUNDA VEZ

"¡Me he quedado con las ganas de preguntarle cuándo lo inaugurará por tercera vez!", ironizaba Manuel González, vecino de Coslada, a las puertas del hospital del Henares. Porque el centro sanitario fue inaugurado por segunda vez en nueve meses. Las dos, justamente en periodo preelectoral. Esperanza Aguirre y Manuel Lamela, actual consejero de Transportes y ex de Sanidad, repitieron visita. Para Juan José Güemes, consejero de Sanidad, era la primera.

Los tres llegaron al hospital del Henares junto con los alcaldes de las localidades a las que dará servicio el centro sanitario: Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Loeches. Unos 170.000 usuarios potenciales. En el exterior esperaban unas doscientas personas, divididas en tres grupos. Por un lado estaban los que aplaudían a rabiar a la presidenta y sus compañeros de partido. Por otro estaban los que chillaban, también a rabiar, contra los mismos protagonistas para exigirles una buena sanidad pública. Otros vecinos chillaban al alcalde de Coslada por un problema con una cooperativa de viviendas.

Aguirre, Güemes y Lamela entraron al hospital por segunda vez en dos días. Ante ya lo recorrieron durante media hora junto con el gerente del centro sanitario, como colofón a la inauguración de la estación del metro que hay justo en la puerta del hospital. Pero esta vez, en el gran vestíbulo presidenta y consejeros se encontraron con un par de centenares de profesionales sanitarios que aplaudieron su llegada y más tarde volvieron a repetir aplauso cuando Aguirre dio por inaugurado el hospital, que dispone de 194 habitaciones individuales.

El hospital del Henares, situado en el Camino Labor, s/n, en la antigua carretera M-216 de San Fernando a Mejorada kilómetro 4,5, entrará en funcionamiento de forma gradual a partir del lunes. Ese día se abrirán "las consultas externas y las pruebas funcionales", señaló Aguirre. En las próximas seis semanas irán abriendo el resto de servicios. Los últimos serán las urgencias y los paritorios. Al finalizar el acto, Güemes mostró su alegría por la apertura del hospital: "Estoy muy orgulloso de estos profesionales", dijo, tras fotografiarse con unos 100 médicos, enfermeros y auxiliares. "Lo que hicimos hace seis meses fue visitar el final de la obra civil. Esto ha sido la inauguración", matizó Lamela.

El nuevo hospital, como los otros seis prometidos por el Gobierno regional para la pasada legislatura y que abrirán en ésta, será de gestión mixta pública y privada. Las constructoras financian los edificios y gestionan todos los servicios, excepto el personal médico y de enfermería, que dependerá de Sanidad.

(www.elpais.com, 09/02/08)

21. AGUIRRE INSISTE EN QUE NO PEDIRÁ PERDÓN POR EL 'CASO SEVERO OCHOA'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado esta mañana que no piensa pedir disculpas "de ninguna manera" por las destituciones llevadas a cabo en el Hospital Severo Ochoa tras las denuncias por presuntas sedaciones irregulares y ha remachado que la actuación del Gobierno regional en dicho caso, archivado definitivamente por la justicia, fue "impecable".

En declaraciones a Onda Cero, Aguirre ha dicho que "todos los médicos que han investigado sobre este caso han dicho que ha habido malas prácticas". Por esta razón, "el doctor Luis Montes fue cesado como jefe de Urgencias, pero ahí sigue en Urgencias de Leganés como anestesista, que es lo que es". "Y Rodríguez Zapatero lo lleva a sus mítines e incluso al acto de los señores que reivindican el canon", ha ironizado.

El presidente, por su parte, se refirió a este asunto en una entrevista con Cuatro para expresar su preocupación por la "campaña" que ha habido en Madrid por el caso Severo Ochoa y dijo que el hecho de que el Gobierno madrileño no haya pedido disculpas a los médicos absueltos por la justicia responde a una posición "ultraconservadora".

Esta nueva negativa de Aguirre a asumir responsabilidades políticas por el caso se produce en vísperas de la manifestación convocada frente al centro hospitalario bajo el lema Por la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. Dimisiones políticas ya. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha anunciado que participará en la concentración junto a la Local de Vecinos de Leganés y la Asociación en Defensa del Severo Ochoa. Será el jueves a las 18.30 y partirá de la glorieta de los Cabezones, en la confluencia entre la avenida de Fuenlabrada y la calle Dos de Mayo, hasta llegar al hospital.

En un comunicado, la FRAVM dice que exigirán la dimisión del ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y solicitarán a Aguirre que tanto ella como Lamela "pidan públicamente perdón al personal del Severo Ochoa". Los manifestantes reclamarán además al Gobierno regional la restitución en sus puestos de trabajo "de todos los profesionales represaliados" y la creación de una unidad de cuidados paliativos. La FRAVM anuncia que se opondrá a "la salida de profesionales del Severo Ochoa sin que se cubran las bajas de forma inmediata".

El portavoz de la FRAVM, Juan Antonio Sánchez, califica de "hito importantísimo" que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid confirme el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el centro hospitalario de Leganés. Sánchez tacha de "irresponsable" la actuación tanto de Lamela como del Gobierno regional. "Después de estos casi tres años no vemos el final ya que, lejos de responder ante los profesionales y la ciudadanía si la justicia se pronunciaba a favor de los médicos, los responsables políticos han seguido manteniendo una actitud prepotente e insultante", asevera.

(www.elpais.com, 12/02/08)

22. COMUNIDAD DE MADRID: LOS INSPECTORES DESMONTAN LA ACUSACIÓN DE GÜEMES SOBRE LEGANÉS

La última acusación de la Consejería de Sanidad en el caso Lamela contra el ex coordinador de Urgencias del Severo Ochoa Luis Montes también ha quedado en nada. El consejero, Juan José Güemes, aseguró el pasado lunes que Montes había puesto obstáculos a la investigación que el cuerpo de inspectores, por mandato del entonces consejero, Manuel Lamela, emprendió en el hospital Severo Ochoa en marzo de 2005 tras la denuncia anónima que acusaba a Montes de haber cometido 400 homicidios con sedantes.

La Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de Madrid, que agrupa a más del 60% de estos profesionales en la región, desmiente al consejero: "No hubo ningún tipo de obstáculo por parte de Montes ni de los médicos de Leganés", señala su presidente, José María Morán.

El argumento del obstáculo es el último que ha utilizado Sanidad para justificar el relevo de Montes y su no reposición en el cargo. La consejería ha ido cambiando de versión a medida que el caso Lamela se desarrollaba en los últimos tres años. Primero fueron "causas administrativas", después "pérdida de confianza" y finalmente, el pasado 4 de febrero, Güemes apuntó la última: aseguró que el médico obstruyó desde su cargo en la investigación de los inspectores de Sanidad que Lamela encargó en marzo de 2005, cuando recibió la denuncia anónima de las sedaciones. "Ésa fue la razón de la pérdida de confianza", afirmó Güemes, que aseguró que Montes no facilitó las historias clínicas de los pacientes.

"Si eso hubiera sido así, yo me habría enterado. Y no he oído nada de eso, sino más bien todo lo contrario, que hubo colaboración", explica Morán, que se muestra "muy sorprendido" por las afirmaciones de Güemes.

Dos años antes del estallido del caso Lamela, en 2003, los inspectores de Sanidad ya investigaron durante dos meses las Urgencias del Severo Ochoa y, tras hablar con médicos, pacientes, familiares y enfermeras, concluyeron que no había mala práctica médica en las sedaciones a pacientes terminales agónicos en Urgencias.

En 2005, la investigación del cuerpo de inspectores encontró 25 "incidencias" entre las historias clínicas estudiadas. Estas incidencias eran sedaciones que habían despertado discrepancias entre médicos de Leganés en una comisión interna. Estas discrepancias -entre las que había diferencias sobre los fármacos y las dosis a utilizar o la sedación de pacientes en coma- surgían del conflicto latente que existía en el hospital entre los médicos partidarios de limitar el uso de la sedación terminal y aquellos favorables a esta medida para paliar el sufrimiento.

La inspección, sin embargo, concluyó en abril de 2005 que no era posible afirmar que existiera mala práctica médica en el Severo Ochoa. En su informe, tampoco cita ninguna obstrucción por parte de los médicos.

Luis Montes, por su parte, asegura que "en ningún caso" ocultó datos a los inspectores. Tras el informe de sus funcionarios, Lamela ordenó llevarse del hospital cientos de historias clínicas y nombró a dedo a un comité de expertos que halló irregularidades en 73 casos. Las sucesivas investigaciones posteriores han desmentido a los expertos de la comisión Lamela hasta que los jueces cerraron el caso hace dos semanas y ordenaron retirar la expresión "mala práctica" de todo el expediente.El presidente de los inspectores acusa a Sanidad de manipular la contabilidad de la mortalidad en el hospital para achacar más muertes a Montes. "Los datos de Sanidad no resisten el más mínimo análisis", añade.

(www.elpais.com, 09/02/08)

23. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE ANUNCIA CUATRO FACULTADES DE MEDICINA SIN TENER PLAZAS PARA ELLO

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció la creación de cuatro facultades de medicina en la región el próximo curso, una propuesta que, de llevarse a la práctica, revolucionaría la docencia médica madrileña y amenaza con abrir un nuevo frente de batalla entre Madrid, por un lado, y el Ministerio de Educación y las demás comunidades, por el otro. La revolución docente llegaría por tres motivos.

El primero es que Aguirre pretende duplicar de un plumazo el número de facultades de medicina en la región, al pasar de cuatro actuales -tres en universidades públicas Complutense, Autónoma y Alcalá de Henares, y una privada, en la San Pablo CEU- a ocho.

El segundo es que de las cuatro nuevas facultades, sólo la de la Rey Juan Carlos sería pública. Fiel a su política privatizadora de todo lo sanitario, Aguirre cedería tres de las nuevas facultades a universidades privadas: Francisco de Vitoria, Europea de Madrid y Alfonso X. En toda España, además del CEU, sólo existe en estos momentos otra facultad de medicina privada, la de la Universidad de Navarra.

El tercer cambio sustancial que propone Aguirre en el sistema docente regional es que los alumnos de estas tres universidades privadas completen su formación en 11 hospitales y decenas de centros de salud públicos. Estos hospitales, según el convenio firmado por Aguirre con los rectores, serían el Severo Ochoa, José Germain, Virgen de la Poveda y Cruz Roja para la Alfonso X; Móstoles, Doctor Rodríguez Lafora, Guadarrama, El Escorial y Virgen de la Torre para la Francisco de Vitoria; y Getafe, Santa Cristina y Fuenfría para la Universidad Europea.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública considera que esto pone en peligro la calidad de los futuros médicos. "En las universidades públicas acceden a la carrera de medicina los mejores alumnos por méritos académicos, mientras que con el nuevo sistema se formarán médicos que accederán a las universidades privadas por otras razones, como el poder adquisitivo. Además, poner a los hospitales públicos a trabajar en la formación de estos alumnos es un error y algo injusto".

La propuesta de Aguirre tiene además un elevado potencial conflictivo, ya que la Comunidad de Madrid carece en estos momentos de las plazas universitarias necesarias para cuatro nuevas facultades.

Como recordó el director general de Universidades del Ministerio de Educación, Javier Vidal, las comunidades tienen la competencia exclusiva para crear nuevas universidades y facultades, pero deben ponerse de acuerdo entre ellas para fijar cuántas plazas de medicina puede ofrecer cada una en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria.

Ese órgano está formado por un miembro de cada comunidad autónoma y cinco del ministerio. Cada Gobierno regional llega a la conferencia con una propuesta de las plazas que quiere ofrecer al curso siguiente, y el número total tiene que ser aprobado por todos ellos.

(www.elpais.com, 12/02/08)

24. BRUSELAS FUERZA A AGUIRRE A HACER UN ESTUDIO AMBIENTAL DE LA M-501

El desdoblamiento de la M-501 (conocida como la carretera de los pantanos), tendrá por fin declaración de impacto ambiental, pero casi siete años después de que se iniciaran las obras. Ya se han duplicado 22 kilómetros entre la M-40 y Brunete, abiertos al tráfico, y desde hace dos años están en obras otros 18 kilómetros entre Brunete y Navas del Rey.

Como el resto de la carretera -quedan otros 32 kilómetros hasta Rozas de Puerto Real, en el límite provincial-, cada tramo tendrá un estudio de impacto ambiental propio, según el concurso convocado por la Consejería de Transporte e Infraestructuras el pasado 4 de febrero, con un presupuesto de 250.000 euros. Se trata del paso previo para cumplir la nueva exigencia de la Comisión Europea para que la Comunidad de Madrid elabore una declaración de impacto ambiental "global", que afecte a toda la carretera (70 kilómetros), según explicó una portavoz de la Consejería de Transportes.

Hasta ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre se había negado a elaborar la declaración, y llegó incluso a declarar la obra de "interés general" en julio de 2005 para eludirla en el segundo tramo de las obras. Ese proyecto ya contaba con dos declaraciones desfavorables: una elaborada por la Consejería de Medio Ambiente en 1998, cuando era presidente regional Ruiz-Gallardón, y la otra, encargada al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dos años después. Eso llevó a Gallardón a renunciar al proyecto.

La propia Comisión Europea ya trató en octubre de 2006 de que Aguirre presentara una nueva declaración. Al no recibirla, interpuso un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en agosto del año pasado por violación de las leyes europeas de protección del medio ambiente. Ahora la Comisión le da al Gobierno regional una segunda oportunidad.La portavoz de la consejería aseguró que la Comisión Europea les ha anunciado ahora que "no va a enviar el expediente al Tribunal de Justicia" de Luxemburgo. A cambio, le da dos años de plazo para presentar una declaración de impacto ambiental de la obra en todos sus tramos -incluido el primero, hecho con el Gobierno de Gallardón y ya en funcionamiento-, con el fin de incluir nuevas medidas de protección, según la consejería.

Además, la Comisión impone una serie de actuaciones al Gobierno regional, como que cada dos meses presente informes de cómo se desarrollan las obras. Las mayores asociaciones ecologistas de la región (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-Adena, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra), no sólo se han opuesto a los trabajos sobre la M-501 desde su inicio, sino que han denunciado que las obras han obligado a talar centenares de árboles que tuvieron que ser trasplantados y no sobrevivieron.

Por ello, Ecologistas en Acción ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hasta en cinco ocasiones le ha negado la petición de paralizar las obras como medida cautelar. Después, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, que el pasado 8 de enero pidió a la representación de España ante la UE "la documentación que ha determinado la intervención de la Comisión Europea".

Pero lo que ha sacado a la luz el concurso convocado por Transportes es que por primera vez se plantea que el desdoblamiento de la M-501 llegue a Ávila. El pliego de condiciones indica que están en "estudio" las fases entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa y de aquí a la frontera provincial. La portavoz de la consejería asegura que es un "tecnicismo", puesto que una declaración de impacto ambiental siempre hay que sacarla sobre estudios. "Nuestro compromiso era desdoblar la carretera hasta Navas del Rey", agrega. "Después, se verá".

(www.elpais.com, 12/02/08)

25. COMUNIDAD DE MADRID: LOSANTOS PIDE QUE ACEBES, ZAPLANA Y AGUIRRE TESTIFIQUEN CONTRA GALLARDÓN

La cúpula del PP se enfrenta a un dilema en los tribunales: defender a uno de los líderes del partido con mejores resultados electorales o salvar de la condena por injurias a uno de sus comunicadores preferidos.

El locutor Federico Jiménez Losantos, presentador de un programa en la cadena Cope, emisora de la Conferencia Episcopal, se sentará en el banquillo el próximo 28 de mayo acusado de graves injurias a Alberto Ruiz-Gallardón, del PP.

El alcalde de Madrid se querelló contra Losantos en junio de 2006, tras escuchar al locutor decir en antena que a Ruiz-Gallardón le daban "igual" los 191 muertos del 11-M con tal de llegar al poder. Justo antes, el alcalde había pedido a su partido que huyera de la "radicalización" y no centrara su labor de oposición en las polémicas sobre la investigación del atentado.

El juzgado, tras analizar la denuncia, apreció indicios de delito en las reiteradas intervenciones del locutor. Para su defensa, Losantos solicitó el pasado 3 de enero que se cite como testigos a una parte de la cúpula del PP: Ángel Acebes, secretario general; Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario; Esperanza Aguirre, presidenta autonómica y del partido en Madrid, e Ignacio González, vicepresidente y responsable del Comité Electoral del partido en Madrid.

Losantos también ha pedido la comparecencia en el juicio, como testigos a su favor, del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, y de los directores de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y La Razón, José Alejandro Vara, habituales en las tertulias donde el locutor descalifica al alcalde. Ruiz-Gallardón ha anunciado que, si gana el juicio, el dinero que reciba -el fiscal pide para Losantos una multa de 72.000 euros- lo donará a la AVT.

El fiscal, en su escrito de acusación, considera que el locutor "profirió y emitió" insultos graves contra Ruiz-Gallardón, con la intención de "menoscabar la fama y la dignidad del alcalde". Lo hizo con reiteración. Acusó al alcalde de no querer investigar los atentados del 11-M: "Te da igual que haya 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno. Te da igual con tal de llegar tú al poder. Ésa es toda la historia, te conocemos hace tanto tiempo, has sido tan redomadamente traidor al fondo y a las formas de tu partido que, hijo mío, quien no te conozca que te compre". En esta idea insistió Losantos entre el 8 de junio y el 9 de octubre de 2006.

Llamó a Gallardón "lacayo de la oposición, mentiroso, farsante redomado, alcaldín, cara de bantú cabreado..." e insistió durante días: "Tú eres de Polanco, tú eres un elemento ajeno al PP, tú eres un estorbo, tú eres una calamidad, tú no eres un alcalde, tú eres un obstáculo para averiguar el 11-M (...) El alcalde de Madrid no quiere saber quién mata a la gente de 200 en 200 en su ciudad".

Algunos de los testigos citados por Losantos han demostrado una animadversión hacia Ruiz-Gallardón pese a pertenecer al mismo partido. Aguirre, que ha defendido a Losantos en varias ocasiones, impidió con su presión a Rajoy que el alcalde fuese en las listas al Congreso. Ahora, ambos no se hablan.

(www.elpais.com, 11/02/08)

26. COMUNIDAD DE MADRID: LA LICENCIA DE ARMADA, EN 30 DÍAS

El ex gerente de Urbanismo y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, autorizó en menos de un mes la licencia de obras para un palacete familiar protegido en el número 9 de la calle de la Bola. La solicitud la realizó el hermano de su padre el 30 de abril de 2001. En tan sólo nueve días, en la sesión del 8 de mayo, consiguió el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y de la Comisión de Control y Protección del Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo, según una denuncia de IU.

Tres días después, el 11 de mayo, el jefe de sección de licencias de Gerencia de Urbanismo, actualmente imputado en el caso Guateque por cohecho y prevaricación, redacta un informe favorable a la concesión de licencias. Los trabajos consisten en la consolidación puntual de la cubierta del sótano en el patio de luces de la finca. Concretamente, se trata del desmontaje de lucernarios, "realizados en hierro y vidrio y sustitución por pavés de vidrio con la misma indicación que el forjado existente. Obras complementarias de electricidad y acabados", según consta en la documentación.

Finalmente, el 21 de mayo de 2001, los servicios técnicos de Gerencia de Urbanismo informan favorablemente a la solicitud de licencia. "Procede a elevar al señor gerente municipal de Urbanismo, la siguiente propuesta de resolución". Es decir, remitir a Armada ese documento para que dé el visto bueno definitivo a una licencia que ha solicitado para unas obras.

El documento está firmado por el asesor técnico, María Aránzazu Amóstegui Fernández, y el jefe de departamento de Zonas Protegidas I, Enrique Zoraya Casado. Junto a su firma está la de él mismo, como gerente municipal de Urbanismo. La notificación al interesado se produjo el 4 de junio. Armada está imputado en el caso Guateque por prevaricación y cohecho.

El viceconsejero de Transportes precisó que cuando se solicitó la licencia él no lo sabía, que se encontró con el asunto en la Comisión de Patrimonio de la que se inhibió. Además, apuntó que "es normal que se cerrase el expediente en un mes", ya que se trataba de obras menores, de goteras. Finalmente, justificó que firmase la licencia por tratarse de un asunto referido a la "seguridad, ornato e higiene, preceptos amparados por la ley". "Los técnicos han comprobado recientemente que no ha habido lucro, que sólo se trató de tapar unas goteras", precisó.

Desde IU denuncian los hechos y califican la concesión de la licencia de "exprés", ya que a su entender el tiempo mínimo es de tres meses. Fuentes de Urbanismo precisaron que los plazos de este tipo de obras menores "puede ser de un mes o bien pueden dilatarse a dos o tres".

(www.elmundo.es, 14/02/08)

27. COMUNIDAD DE MADRID: ALCALDES DEL PP EXCLUYEN DEL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO

Mohamed Aazibov es imán de Fresnedillas de la Oliva, una localidad madrileña con 1.439 habitantes y un 41% de población inmigrante. Aazibov, junto a otro grupo de al menos 40 marroquíes, no puede empadronarse en el municipio. El alcalde, Antonio Reguilón (PP) se niega a incluirles en el padrón municipal si no presentan un contrato de trabajo, algo que es ilegal.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que para que un inmigrante se empadrone sólo necesita su pasaporte y una dirección de un domicilio habitual. "No tengo contrato de trabajo porque soy el imán y mi domicilio es la mezquita. Si no estoy empadronado en Fresnedillas no puedo ir al médico", se quejaba Aazibov junto a un grupo de inmigrantes que se reunieron en San Lorenzo de El Escorial, municipio cercano al suyo.

Hamid El Boutahiri, marroquí, cuenta que es pensionista. Está casado y tiene cuatro niños y, como está jubilado, no tiene contrato de trabajo. "No tengo acceso a la sanidad. También necesito el padrón para ir al consulado . Es un documento que no podemos dejar de tener", se quejaba . Otro hombre se presentó en la reunión de afectados con sus dos hijos, recién llegados y que no hablan ni una palabra de español. El alcalde, cuentan, tampoco les deja empadronarse.

La jefa de prensa del alcalde de Fresnedillas de la Oliva reconoció que el ayuntamiento está estableciendo un control del padrón "porque ha habido casos en los que en una misma casa se han empadronado 20 personas". "Además, el Gobierno regional nos ha dado una subvención de 240.000 euros para construir una escuela de oficios para inmigrantes y por eso todos quieren venir aquí a vivir", agregó.

A la pregunta de por qué están pidiendo el contrato de trabajo, cuando eso es ilegal, la misma portavoz municipal se encoge de hombros y responde: "Pues que lo denuncien". Este periódico intentó recabar durante dos días la opinión del regidor, que se negó a darla por estar "muy ocupado".

El que sí que dio la cara fue el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente (PP), que también exige el contrato de trabajo a los inmigrantes que quieren empadronarse en su municipio, (3.599 vecinos,con un 16% de extranjeros). "El que venga al pueblo, que lo haga para trabajar. Si no, no es lógico que se empadrone. No estoy en contra de la inmigración, sino de la inmigración insensata, ilógica y anormal", afirmó De la Fuente. Cuando se le insiste que la ley de Régimen Local no exige el contrato de trabajo para empadronarse contesta: "Eso ha sido una decisión personal mía". En Robledo de Chavela, donde el PP gobierna desde hace 12 años con mayoría absoluta, no hay mezquita. "Ni la va a haber, nunca daré el permiso de licencia", sentencia De la Fuente.

Mientras, en Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, los marroquíes se movilizan para lograr una solución a su problema. Alguno ya ha buscado hasta abogado. "El problema también lo tienen las mujeres. La mayoría de las marroquíes no trabajan, están en casa cuidando a los niños. Ellas sí que nunca van a tener un contrato de trabajo", se quejan los hombres.

(www.publico.es, 15/02/08)

28. COMUNIDAD VALENCIANA: EUROPA INVESTIGA AL CONSELL POR LAS INVERSIONES EN LA CIUDAD DE LA LUZ

Inversión pública en un mercado privado. La Generalitat ha invertido más de 200 millones de euros de fondos públicos en la construcción de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante. Allí han rodado empresas privadas sus películas y han recibido subvenciones por más de 12 millones por escoger esos estudios para hacerlo. Por todo ello, y a raíz de dos denuncias de sendos estudios de cine europeos, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación "pormenorizada" con arreglo a las normas sobre ayudas del Estado en el Tratado de la Comunidad Europea sobre la financiación del complejo de estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante.

El objetivo es determinar si la financiación de la Generalitat "constituye una ayuda de Estado ilegal que falsea la competencia entre estudios cinematográficos europeos". De hecho, las denuncias iniciales, presentadas en febrero y julio de 2007, partieron de dos estudios de cine, uno de ellos los británicos Pinewood, que "en esta situación de competencia, dudan de que la decisión [de la Generalitat] de invertir en la Ciudad de la Luz responda a consideraciones comerciales normales".

Las dudas no las tienen solo los estudios cinematográficos denunciantes, la propia Comisión también duda "de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una empresa de tal envergadura en un mercado competitivo". La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, declaró que la Comisión "expresa su preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos".

La gestión de la Ciudad de la Luz es muy deficitaria. El importe neto de la cifra de negocios en 2006 fue sólo de 242.577 euros, pero las pérdidas de actividades ordinarias superaron los 19 millones. Eso sí, las subvenciones para rodar en los estudios superaron los 12 millones de euros.La Comisión Europea incide, en la nota difundida , en que en la Ciudad de la Luz se han invertido, por parte de la Generalitat, más de 200 millones de euros con "fondos públicos", y como su construcción todavía está en marcha la cifra final "podría ser significativamente superior". En el comunicado destaca los "importantes descuentos" que se han ofrecido para atraer producciones cinematográficas a Alicante, que superan los 12 millones de euros en tan solo dos años. La Comisión duda de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una nueva empresa en un mercado competitivo. Fuentes jurídicas consultadas explicaron que si estas ayudas no han sido notificadas a la Comisión y autorizadas por ésta, podrían considerarse "ilegales".

El proyecto de la Ciudad de la Luz arrancó de un sueño del cineasta Luis García Berlanga, que asumió como propio Eduardo Zaplana, en su etapa de presidente de la Generalitat. Los fastos de presentaciones por todo lo alto acompañaron al proyecto desde el primer día. Además, de los 226 millones de euros invertidos hasta el momento, la Generalitat concedió ayudas económicas a las productoras por rodar en Alicante. Más de 12 millones de euros en dos años, según la Sindicatura de Comptes. Asterix en los Juegos Olímpicos se llevó 4,75 millones y Su majestad Minor, 2,7 millones. La gestión de la Ciudad de la Luz siempre ha estado marcada por la polémica y la opacidad a la hora de facilitar información pública sobre sus cuentas y resultados. Los únicos datos que han trascendido son los de los resultados de 2006, cuando la cifra de negocios fue de apenas 242.577 euros, pero las pérdidas se elevaron hasta los 19.044.076 euros.

(www.elpais.com, 14/02/08)

29. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PELOTAZO DE LOS PONS

La única urbanización que se construye actualmente junto al pantano de Beniarrés (292 residencias de unos 300 m² cada una) se basa en un pelotazo y tiene conexiones singulares. La familia de Esteban González Pons, cabeza de lista del PP por Valencia en las elecciones del 9 de marzo, sextuplicó el valor de esa finca que poseía en Planes (Alicante) al venderla en julio de 2004 gracias a la recalificación de los terrenos que había emprendido el Ayuntamiento. En el momento de la venta de esa propiedad, perteneciente a una comunidad de bienes de su madre y otros familiares, González Pons era consejero de Cultura y Educación de la Generalitat valenciana. Cuando se aprobaron los últimos trámites de la urbanización, en 2007, era titular de la cartera de Vivienda.

Los herederos de Guillermo Pons Ibáñez, tío abuelo de Esteban González Pons, vendieron una finca agrícola que aquel había adquirido en 1953 (siete parcelas de 403.070 m²) en la partida del Mas de la Foia, en el término de Planes, una semana después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobara al promotor, el empresario Carmelo Vicens Ash, su propuesta para urbanizar la zona, en total unos 471.000 m². El precio de venta, según recoge la escritura depositada en el Registro de la Propiedad de Cocentina el 7 de julio de 2004 fue de 721.214,53 euros. No obstante, dos días más tarde se corrigió el precio de la operación, y quedó fijado en 901.518,46 euros.

En una tasación realizada en 1997 por encargo de Pons Ibáñez Comunidad de Bienes, los terrenos fueron valorados en 24,7 millones de pesetas (148.000 euros). Por tanto, en 2004 se vendió el terreno por seis veces más dinero. La urbanización, que está ubicada a la orilla del pantano de Beniarrés, se publicita como La Joya de Planes y coincide prácticamente, a excepción de otra pequeña parcela, con la finca de la familia Pons Ibáñez. González Pons, descartó la existencia de un "pelotazo" en esa operación. "Se vendió como suelo rústico", señaló. "Pertenecía a mi familia y a todos sus primos y no tenían ni idea de que se podía recalificar".

Sobre el hecho de que la venta esté registrada con posterioridad a la aprobación provisional del plan por el Ayuntamiento, explicó que su familia hizo la venta "dos años antes con contrato privado y, como el comprador seguramente no pagó todo el precio, la inscribió más tarde". Pons añadió que el Mas de La Foia ya no era de su familia cuando se formalizaron los últimos trámites en su periodo de consejero de Vivienda.

(www.elpais.com, 12/02/08)

30. COMUNIDAD VALENCIANA: PONS PROTEGIÓ LA RIBERA DEL PANTANO Y EL RÍO TRAS LA URBANIZACIÓN DE UNA FINCA FAMILIAR

La Consejería de Territorio y Vivienda protegió las dos orillas del pantano de Beniarrés en 2007 a través de la Declaración de Paisaje Protegido del Serpis. El decreto, firmado por Esteban González Pons cuando era consejero de Territorio y Vivienda, fue publicado por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 13 de abril de 2007. Se cumplían dos años de la modificación del Plan Parcial del Sector Mas de la Foia, solicitado por Vicens Ash Inversiones, SL, para reclasificar en residencial una superficie de 471.171 m², que el planeamiento vigente calificaba como suelo no urbanizable. La mayor parte de ese suelo era propiedad de la familia de Esteban González Pons, que lo vendió al promotor en julio de 2004 por 901.518,46 euros, seis veces más que el precio que fijó una tasación de los mismos terrenos realizada en diciembre de 1997. El registro de la venta se produjo una semana después de que el Ayuntamiento de Planes, gobernado por el PP, aprobara provisionalmente los convenios urbanísticos para recalificar la finca.

La Declaración de Paisaje Protegido del Serpis, que afecta a una superficie aproximada de 10.000 hectáreas con una longitud de 50 kilómetros entre Alcoi y la desembocadura del río, en Gandia, recorre entre otros los términos municipales de Beniarrés y Planes. Con la declaración de Paisaje Protegido del Serpis, el Consell garantizó que no pudieran otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para la realización de actos de transformación sin informes favorables de la consejería que tenga las competencias en materia de protección.

El decreto de protección garantiza, de hecho, que la urbanización ya en marcha en la ribera del pantano sea la única, ya que en el régimen de protección señala que los suelos urbanos y urbanizables en el ámbito del paisaje protegido podrán mantener las clasificaciones urbanísticas que tenían y los suelos no urbanizables mantendrán las calificaciones vigentes. Respecto a los planeamientos urbanísticos, señalaba que en los que se encontraban en revisión en el momento de entrada en vigor del decreto se conservarían las determinaciones de planeamiento elaboradas y acordadas con la consejería en materia de urbanismo.

(www.elpais.com, 14/02/08)

31. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ IMPIDE A ALPERI FINANCIAR UN PROYECTO PRIVADO CON DINERO PÚBLICO

Un juez considera ilegal la pretensión del Ayuntamiento de Alicante de asumir la mitad del coste de un proyecto de reparcelación. En la práctica, esta intención beneficiaba al urbanizador, que compartía gastos con el Ayuntamiento, e implicaba un desembolso de dinero público que la oposición municipal socialista cifra en 500.000 euros.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declara nulo un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante del 29 de mayo de 2006, en el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur. En este acuerdo, el equipo de gobierno que preside Luis Díaz Alperi, del PP, preveía asumir el 50% del gasto de reparcelación, con el que costearía obras como la elevación de rasantes de la Avenida de Elche y la reurbanización de sus aceras. Este acuerdo se produjo pese a que en marzo de 2004 la Gerencia de Urbanismo había firmado un convenio con el agente urbanizador en el que se estipulaba la obligación del urbanizador de "proceder a la urbanización íntegra".

El juez considera inadmisible "que se pretenda ignorar" el citado convenio urbanístico, que "tiene fuerza vinculante". El programa, además, alteraba el sentido del PAI aprobado provisionalmente en la sesión plenaria del 5 de octubre de 1999, según subraya el juez de lo contencioso administrativo. La sentencia es consecuencia del recurso interpuesto, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno, por el entonces portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Manuel de Barros. los socialistas mostraron su satisfacción por una sentencia gracias a la cual "los alicantinos ahorrarán unos 500.000 euros que el Ayuntamiento pensaba pagar por la urbanización de Benalúa Sur cuando estos gastos debían correr a cargo del urbanizador".La unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur es una de las dos en las que se ha dividido la zona.

En esta unidad está prevista la construcción de un nuevo colegio que los vecinos reclaman desde hace más de ocho años. Los vecinos también reivindican un centro de salud y un centro social. En noviembre del año pasado, la Asociación de Vecinos de Benalúa El Temple presentó ante el registro municipal del Ayuntamiento de Alicante y en la sede del Consell en Alicante sendos escritos, apoyados por la firma de 2.128 vecinos de la zona, en los que urgían a las dos administraciones a ejecutar las obras. , el concejal socialista Manuel de Barros insistió en que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo no afecta en ningún sentido a la construcción del centro, cuyas obras van a empezar tras años de retraso. "Las obras del colegio público de Benalúa no sufrirán ningún retraso ya que la sentencia solo afecta a los gastos de urbanización", apostilló el edil socialista.

De Barros valoró la sentencia en una rueda de prensa en la que también participó la actual responsable socialista del área de urbanismo, Loles Fernández, quien recordó que los gastos que el Ayuntamiento pretendía asumir no le corresponden según la ley y también según el PAI aprobado en el pleno de 1999. La edil explicó que los socialistas tuvieron que intervenir ante lo que calificó no solo de una "gran deslealtad del urbanizador" sino ante la posición del Ayuntamiento, "que nuevamente favorece los intereses del urbanizador" en detrimento de los de los ciudadanos. Los socialistas esperan que el Ayuntamiento no recurra la sentencia "pues iría en contra de los alicantinos".

Los socialistas, además, relacionan la evolución de este programa urbanístico con las tensiones existentes en la Gerencia de Urbanismo entre técnicos y dirección.

(www.elpais.com, 13/02/08)

32. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUPREMO ANULA UN PAI EN BORRULL POR SER ´ARBITRARIO´ Y BENEFICIAR A UNA CONSTRUCTORA

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que obliga al Ayuntamiento de Castelló a anular el Programa de Actuación Urbanística (PAI) que el PP impuso en la calle Guitarrista Tárrega -aprobado en 1997, 1998 y 1999- por beneficiar de forma "arbitraria" a la empresa Construcciones Lidón en perjuicio de 3 propietarios que fueron obligados a pagar al urbanizador, sufrir la demolición de su vivienda e, incluso, sometidos a una orden de desalojo.

La sentencia del TSJ expone que la decisión del ayuntamiento -ratificada en 1999 por la concejalía de Urbanismo bajo las órdenes del actual alcalde, Alberto Fabra- promovió "un interés puramente privado" al convertir en PAI una zona de edificios en suelo urbano consolidado donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no prevía ninguna urbanización integrada. Los argumentos jurídicos del fallo consideran "probado" que la empresa en cuestión "inició un proceso de adquisición de las parcelas afectadas" (9 de 12), salvo las tres de los actores, después de que en 1995 el ayuntamiento iniciara un proceso de expropiación para reubicación de alumbrado y pavimentación de acera.

Según la sentencia, posteriormente, el ayuntamiento decidió paralizar el proceso de expropiaciones y aprobar un PAI ejecutado por una constructora bajo la excusa de llevar a cabo una obra "mínima y de escasa envergadura" consistente en acometer en parcelas urbanas y con todos los servicios obras de retranqueo de fachadas, ampliación y pavimentación de la acera y alumbrado público. En la sentencia, los magistrados también recogen que, según los demandantes, la constructora "llegó a ejercer presiones en el proceso de adquisición". El tribunal advierte que la delimitación impuesta por el gobierno del ayuntamiento (PP) "ha sobrepasado los límites racionales de la potestad de planeamiento y devenido arbitraria".

A este respecto, los magistrados concluyen que la actuación es contraria a la legislación estatal y el derecho a la propiedad, dado que en suelo urbano consolidado no pueden desarrollarse actuaciones integradas, además de señalar que el ayuntamiento "ha optado por una solución que, si bien beneficia al propietario mayoritario, perjudica a los restantes". La aprobación del PAI y la reparcelación afectó a los propietarios del número 10 de Guitarrista Tárrega y los números 20 y 23 de Juez Borrull. En este último caso, el edificio cumplía las alineaciones y ni siquiera estaba afectado por el proceso de expropiación, del cual desistió el ayuntamiento en noviembre de 1997, dos meses después de que Construcciones Lidón propusiera un PAI.

El ayuntamiento obvió la reclamación en la que los propietarios advertían de la presunta ilegalidad de la operación urbanística y, en noviembre de 1999, el alcalde no dudó en ordenar el desalojo de la vivienda de una de las propietarias, Amparo Arrufat, quien falleció antes de conocer la resolución del alto tribunal ahora le da la razón.

(www.levante-emv.com, 15/02/08)

33. COMUNIDAD VALENCIANA: FONT DE MORA PREFIERE EL INGLÉS A UN IDIOMA "EXTRANJERO" COMO EL CATALÁN

Los políticos en campaña electoral afirman cosas que, en cualquier otra circunstancia, nunca dirían. El disparate de la jornada correspondió al consejero de Educación Alejandro Font de Mora quien, al reclamársele su opinión por la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de crear una escuela pública en catalán, contestó que desde la Generalitat se prefiere "potenciar el inglés, en lugar de cualquier otro idioma extranjero". En su ambición por captar todos los votos posibles de todos los sectores, Font de Mora no tuvo el menor empacho en suprimir el catalán del conjunto de los idiomas que se hablan en España.

El consejero de Educación que, cuando viaja a las Baleares no tiene el menor problema en hablar salat, la variante dialectal catalana de las islas, fue muy respetuoso con las competencias que en materia educativa le corresponden a la autonomía madrileña: "Puede tener en cuenta lo que proceda".

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) calificó de "deplorables" las declaraciones de Font de Mora. Para el sindicato, "referirse al catalán, la lengua que hablan los valencianos, como una lengua extranjera es impropio de un consejero de Educación y pone en evidencia la constante utilización de la lengua como elemento de confrontación política y social".

(www.elpais.com, 14/02/08)

34. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE FANZARA TRATA DE DESVINCULARSE DEL FRAUDE DEL CENSO ELECTORAL

El alcalde de Fanzara (Castellón), José Centelles (PP), ha asegurado hoy que desconoce el origen de los casi un centenar de empadronamientos que en la pasadas elecciones municipales entraron a formar parte del censo electoral de un pueblo que apenas hay 400 habitantes. Centelles ha declarado en calidad de imputado, acusado de un presunto fraude electoral y, según fuentes del caso, ha asegurado que no sabe nada de los empadronamientos por los que le preguntó la juez.

El político popular, que accedió a la alcaldía tras obtener 13 votos más que la candidatura del PSOE, trató de "dar la vuelta a la tortilla", alegando que fueron los socialistas quienes empadronaron a varias personas para que participaran en las elecciones. Sin embargo, no aportó datos del proceso de empadronamiento de cerca de un centenar de personas que, en algunos casos, dijeron que vivían en viviendas que están en ruinas, en construcción o inhabitables, para tramitar su acceso al censo electoral.

En los juzgados de Nules (Castellón) se dieron cita más de una veintena de vecinos de Fanzara. Alguno de ellos portaba una camiseta en la que se podía leer El fraude electoral es un delito. Desde el mismo día de las elecciones reclaman lo mismo: "Que se haga justicia, que se aplique la ley, que no queremos estar gobernados por gente que no conocemos".

(www.elpais.com, 11/02/08)

35. ISLAS BALEARES: MATAS DONÓ 450.000 EUROS A UNA ONG DE MADRID PARA UN PROYECTO NO EJECUTADO

El Govern de Jaume Matas dio en marzo de 2007 una subvención de 450.000 euros y una desaladora móvil a una ONG que opera directamente en Madrid y que está vinculada a la congregación ultracatólica de los Legionarios de Cristo. El objetivo era impulsar una planta desalinizadora en el Perú, pero no se llegó a instalar nunca. Así lo confirmaron fuentes vinculadas a la fundación "Ayúdales a Vivir", la ONG beneficiaria de esta financiación, y que no tiene ninguna delegación ni vinculación conocida con las Islas. En cambio, el PP "marginó" al resto de ONG que tienen sede en Balears con dotaciones muy inferiores, supuestamente porque tienen ideologías alejadas de la derecha.

Fuentes próximas a "Ayúdales a Vivir" han explicado que no pudieron poner en marcha la desaladora porque al Ejecutivo balear del PP la cedió en un estado "tan desastroso, que no funcionaba". Afirmaron que el dinero que recibieron lo habían gastado en intentar arrancar la desaladora sin éxito. A la vez, indicaron que para conseguir este propósito necesitarían recibir ahora unos 300.000 euros más, a menos que el actual Govern decida renunciar al proyecto.

La ONG no ha justificado por ahora los gastos ante el Govern. Fuentes próximas a la fundación han dicho que guardan las facturas originales y que éstas están pendientes de ser enviadas al Govern. "No hay nada que esconder porque todos los costes están comprobados", justificaron los portavoces consultados .

El convenio entre la ONG y el Ejecutivo consistía en la cesión por 20 años de esta desaladora, con la finalidad de abastecer de agua potable a los destinatarios del proyecto Universidad Católica de Callao y los pobladores de "Nuevo Pachacútec", del distrito de Ventanilla. La Fundación Baleares en el Exterior aportó 450.000 euros a la ONG en concepto de desmontaje, gastos de transporte, instalación y puesta en funcionamiento de la máquina desalinizadora en estos terrenos de Pachacútec.

(www.ultimahoradigital.es, 12/02/08)

36. ISLAS BALEARES: CASO ANDRATX: "EL PARTIDO ESTÁ CONMIGO"

El ex alcalde de Andratx asegura en unas grabaciones que Jaume Matas le brindó su apoyo y el del partido días antes de ser detenido El ex alcalde popular, Eugenio Hidalgo, durante las conversaciones intervenidas hace un año por la justicia, asegura ante su hermano que el entonces presidente balear, Jaume Matas le había pedido tranquilidad. Las grabaciones judiciales confirman que el ex presidente de Baleares Jaume Matas entendía como una guerra política la investigación sobre el ex alcalde Eugenio Hidalgo.

De hecho, el ex regidor de Andratx recibió el apoyo expreso del que fuera ministro de Aznar, cuando Hidalgo ya estaba inculpado por la construcción ilegal de su chalé con el que comenzó la Operación Voramar. El ex primer edil, que fue conminado a abandonar el PP cuando estalló el escándalo, contó a su hermano por teléfono cómo Jaume Matas le dijo que estuviera "tranquilo" porque "el partido estaba con él" y "la guerra" acababa de comenzar.

Según Hidalgo, Matas incluso llegó a acusar de parcialidad partidista al fiscal de Medio Ambiente que por entonces creían que estaba llevando la investigación. Los días posteriores a la operación, los líderes del Partido Popular en las islas negaron una relación intensa con el alcalde imputado. Sin embargo, en los pinchazos telefónicos de la Policía Judicial se escucha a Hidalgo comentar con allegados las numerosas visitas que hacía al Consolat de la Mar, la sede de la Presidencia del Govern balear.

Se ha tenido acceso a una grabación inédita en la que Hidalgo habla del apoyo en público de Matas, después soslayado por el ex ministro de Aznar. "Matas me ha abrazado por detrás y me ha dicho que el partido está conmigo. 'Tranquilo que esto es la guerra que empieza ahora', me ha dicho también". Por su parte, Matas siempre aseguró que no sabía nada sobre este asunto.

De hecho, Hidalgo llega a comentar cómo Matas se ha referido al fiscal de Medio Ambiente de Baleares, Adrián Salazar, como afín al PSOE por recibir supuestamente regalos del partido. Matas e Hidalgo conocieron después que no era Salazar sino el fiscal anticorrupción quien llevaba la investigación. La Justicia todavía analiza si Eugenio Hidalgo destruyó documentos relevantes en el Ayuntamiento un día antes de su detención y horas después de una reunión con Jaume Matas.

El primer juicio del Caso Andratx comenzará el 5 de mayo. Están imputados el ex alcalde, un celador municipal y el que fuera director general de Territorio con el Govern de Matas. Quedan pendientes más de 60 causas de corrupción urbanística.

(www.cadenaser.com, 12/02/08)

37. REGIÓN DE MURCIA: TODO TIENE UN PRECIO PARA FACUNDO ARMERO

El caso es que el teléfono móvil de Facundo Armero podría representar una radiografía de su poder. Sus tentáculos alcanzan al poder político, a la Delegación de Hacienda, a los juzgados, quién sabe a qué otros organismos de la Administración, incluida la propia Comunidad Autónoma de Murcia, donde cunde la preocupación porque las conversaciones de Facundo hayan sido intervenidas.

Y es que su teléfono es una herramienta que no descansa a lo largo del día. Durante las semanas previas a las elecciones municipales de 2007, las llamadas se suceden una tras otra. No es Facundo un político. No es un candidato. Ni es un hombre de partido. Él es un constructor, un hombre de origen modesto que empezó como albañil. Para no tener un interés personal en la cita electoral, hay demasiados alcaldes y concejales que le consultan sus inquietudes, algunas tan particulares como si le parece bien que tal o cual persona vaya en unas listas. Facundo Armero parece residir en el centro de gravedad de muchas cosas en Murcia.

El 27 de mayo de 2007 es jornada electoral. Las municipales. A las diez y media de la mañana Facundo llama a su hermano, que le hace una pregunta que podría parecer sorprendente: "¿A quién debo votar?". Facundo le responde que "al Partido Popular". Su hermano le sugiere que llame a su ahijado porque "se ha encaprichado de una candidata del PSOE". Ambos comentan algo de unos votos que ya están preparados. Parece muy interesado en lo que pueda pasar ese día. Y cierto es que la jornada fue intensa: utilizó el teléfono 101 veces. Lo que no sabía Facundo era que, desde el 10 de abril de ese año, la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones.

Porque Murcia tiene un problema. Diecinueve de sus 45 municipios están incursos en procedimientos judiciales, la mayoría de ellos relacionados con el urbanismo y la corrupción. Es un porcentaje demasiado alto, máxime si los municipios afectados son los más importantes de la comunidad. Hay 19 alcaldes en apuros, todos del PP, excepto el independiente de Ojós (imputado por corrupción de menores) y el ex alcalde socialista de Los Alcázares. Junto a ellos están imputados una buena cantidad de concejales, funcionarios y empresarios.

Armero, sin embargo, es el protagonista del último caso. Y el suyo no es menor porque Facundo es uno de los principales constructores de Murcia. Propietario de 44 sociedades, había vendido hace unos meses su participación en Polaris World, la constructora estrella de Murcia. La venta le proporcionó 300 millones de euros: un fondo de inversiones suizo y un grupo de empresarios locales se quedaron con su parte. Los motivos de aquella venta no han sido suficientemente aclarados. Todo indica que Facundo prefiere ir por libre. Por su forma de funcionar, parece que sabe cómo atar todos los cabos.

A pesar del éxito, Facundo Armero ha sabido mantenerse en un segundo plano. Dicen quienes le conocen que, aunque carece de estudios, tiene un talento natural para mover sus hilos, para colocar peones en puestos estratégicos. A diferencia de otros constructores de origen humilde, Armero no es un hombre de excesos ni de ostentaciones, no busca la portada de los periódicos. Es amable en el trato, pero no perdona si algo se interpone en su camino. Y como él mismo dice, considera que "todo tiene un precio". Ésa es su máxima y puede que el tiempo le haya dado la razón.

El centro neurálgico de Polaris World está en Torrepacheco, donde culminó su primera urbanización. Y tanto el pueblo como sus alrededores pueden considerarse el área de influencia de Facundo Armero. Ningún terreno ha cambiado de calificación en esa zona de España sin su conocimiento y, desveladas sus conversaciones telefónicas, cabe la presunción de que sin su consentimiento. Daniel García Madrid, actual alcalde de esa localidad, fue con anterioridad abogado de Facundo Armero. De hecho, siendo ya alcalde todavía defendió algunos casos pendientes, según documentación que consta en el sumario del caso. Una concejala de esa misma localidad ha sido empleada suya. Otros alcaldes y concejales, en Fuente Álamo por ejemplo, localidad próxima a Torrepacheco, o Alhama, donde Polaris lleva a cabo una fuerte inversión, le llaman, le consultan, tienen un trato familiar con Facundo. Su teléfono irradia poder: empresarios e intermediarios le informan de asuntos en marcha, de buenas oportunidades en otros municipios para hacer dinero. Facundo parece el factótum.

Sus conversaciones con el alcalde de Torrepacheco, Daniel García Madrid, son diarias. Lo mismo sucede con ediles de Fuente Álamo. Tratan de asuntos urbanísticos, de lo que se deduce que Facundo tiene un conocimiento anticipado de cuanto papel se va a mover en cada municipio. Y cuando se acercan las fechas electorales, el diálogo también trasciende a la política municipal. El trato es muy familiar. Demasiado familiar. Por el contenido de las conversaciones, puede interpretarse que Facundo es algo más que un consejero.

(www.elpais.com, 09/02/08)

38. REGIÓN DE MURCIA: PRESUNTOS CHANCHULLOS EN LAS CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

Un clic precipitado en el ratón del ordenador, una dirección de correo electrónico equivocada, y se pone de manifiesto el presunto chanchullo que se llevan entre manos las autoridades del ayuntamiento de Alcantarilla en las contrataciones de personal y en las oposicones locales. Según se desprende de este correo, el ayuntamiento de Alcantarilla va a convocar plazas en breve para cuatro profesionales que, al parecer, todo indica que están adjudicadas de antemano. Se trata de personas que tienen manifiesta amistad con responsables municipales. En este consistorio, gobernado por el PP, queda patente la patraña a la que someten a muchas pesonas examinándolas para después dar la plaza a las amistades. Juegan con los sentimientos e ilusiones de futuro de las personas.

Adelantándonos a los hechos, esta redacción ha podido saber que cuatro mujeres, dos de ellas íntimas de las autoridades, y otras dos que quieren promocionar, tendrían la plaza adjudicada. Son dos educadoras, una trabajadora social y una técnica de familia. A pesar de ello, muchas personas ignorantes del engaño presentan su instancia, acuden a la entrevista y al examen, desconociendo que son fruto de un timo institucional, al parecer frecuente.

El correo electrónico desvela la comunicación de dos funcionarios municipales, en los que L.L. le comunica a S.L. que "me acaba de decir mi Jefa, q saquemos la semana próxima las siguientes convocatorias de personal que te hacen falta....". Para despues añadir que le envía el temario específico de una convocatoria del ayuntamiento de Valencia, "de aquí podemos extraer el temario de nuestra convocatoria adaptándolo a la legislación de nuestra Comunidad". No se calientan mucho la cabeza, parece.