Esperanza Aguirre ha ganado la principal batalla política interna de su vida, y Alberto Ruiz-Gallardón ha perdido definitivamente su último intento, el enésimo, por llegar a la política nacional para, algún día, hacerse con el liderazgo del PP. Mariano Rajoy comunicó anoche al alcalde y a la presidenta de Madrid que Gallardón no irá en las listas al Congreso. Ante esta tremenda y humillante derrota, Gallardón decidió , según fuentes cercanas al alcalde, que el 9 de marzo, después de las elecciones, abandonará la política. El alcalde, cuya sustituta legal en el consistorio es Ana Botella, la mujer de José María Aznar, esperará hasta entonces sólo para no hacer más daño al partido.

Rajoy decidió una escenificación especialmente humillante para el alcalde, ya que la comunicación se produjo finalmente delante de su gran rival política, la persona que movió todos los hilos para evitar que cumpliera su sueño político, de nuevo frustrado. La presión de sector más duro del PP y de algunos medios conservadores, (especialmente la cadena Cope y el diario El Mundo) enemigos acérrimos del alcalde, ha podido más que los deseos de Rajoy por contentar a uno de los políticos mejor valorados.

La noticia hundió por completo al alcalde y sus colaboradores, que estaban convencidos, como los más de 40 dirigentes del PP consultados sobre este asunto en las últimas semanas, de que Rajoy abriría un hueco, aunque no fuera en un puesto de cabeza, para cumplir los deseos de un hombre al que él colocó en maitines, la cúpula, mostrando la confianza y el respeto hacia el alcalde que su entorno le atribuía.

Por contra, el entorno de Aguirre se mostró exultante con la victoria inesperada -ellos también habían asumido que Gallardón ganaría la batalla- que atribuyen en gran parte a sus presiones y a los avisos que mandaron a Rajoy del lío interno que le esperaba si contentaba al alcalde.

El comunicado oficial que dio cuenta anoche de la solución al mayor conflicto interno vivido por el PP en los últimos años refleja a las claras el nivel al que ha llegado la batalla. Según la dirección popular, Esperanza Aguirre también se ofreció para ser diputada, un órdago clarísimo a Rajoy porque exige dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid -la ley no permite ser diputado nacional y presidente autonómico a la vez-. Esto es, Aguirre amenazó con dimitir si Rajoy incluía a Gallardón en las listas.

En el trasfondo de esta sangrienta batalla entre dos sectores irreconciliables está la sucesión de Mariano Rajoy si pierde las elecciones, como le auguran aún todas las encuestas. Aguirre ha provocado un enorme conflicto interno porque quería impedir a toda costa que Gallardón llegara al Congreso. La historia democrática española demuestra que el jefe de la oposición, para tener expectativas de éxito, necesita ser diputado. Aguirre sólo lo podía ser si dimitía. Y no quería bajo ningún concepto que, en caso de una más que previsible división del partido en torno a la sucesión de Rajoy, su principal rival tuviera un plus que ella no podía conseguir: el ser diputado.

Sólo eso explica que, después de dar una gran batalla en todos los frentes, Aguirre llegara al extremo de amenazar con dimitir, y por tanto renunciar a su enorme poder, si Rajoy concedía a Gallardón su deseo. En una reunión que alcanzó niveles de gran tensión, según fuentes de los dos sectores en discordia, Gallardón insistió en que esa jugada de última hora de Aguirre era "una trampa", p ero Rajoy cedió a la presión.

La posibilidad de que otros alcaldes, como el de Oviedo o la de Cádiz lleguen al Congreso -algo no confirmado- humilla aún más a Gallardón. Ya de madrugada, ninguno de los dirigentes consultados entendía por qué Rajoy ha estirado tanto tiempo la polémica y no le dio la negativa desde el primer momento.

(www.elpais.com, 16/01/08)

2. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN: "QUIEN LES HABLA HA SIDO DERROTADO"

El alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón ha declarado en su primera comparecencia pública tras saberse que no irá en las listas al Congreso del PP sentir "tristeza, mucha tristeza" por la decisión tomada por Mariano Rajoy. Gallardón ha comentado que en política "a veces se gana y a veces se pierde" y en este caso, "quien les habla ha sido derrotado". "Son decisiones duras que generan mucho dolor", ha dicho profundamente emocionado. Después de las elecciones el alcalde quiere realizar una "profunda reflexión" con las personas que le han acompañado en todos estos años en la que decidirá su futuro político. Ir en las listas del Congreso era "una ilusión personal" para el alcalde después de estar "más de 30 años" dedicado al partido, pero ha recordado que quien ha tomado la decisión es quien debía tomarla.

(www.elpais.com, 16/01/08)

3. RAJOY: "HE HECHO LO MEJOR PARA LOS INTERESES DE MI PARTIDO"

"He hecho lo mejor para los intereses de mi partido", se ha justificado el presidente del PP y candidato a las elecciones, Mariano Rajoy, en referencia a la exclusión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de las listas del partido al Congreso para los próximos comicios. "Yo soy ahora el candidato número uno en la lista por Madrid", ha sentenciado irónico Rajoy para explicar por qué a diferencia de Gallardón, seis alcaldes sí aparecen como cabezas de lista. El líder de la oposición ha hablado por primera vez de su decisión esta mañana en la sede nacional del partido en Génova, durante la presentación del que será su número dos de cara al 9 de marzo, Manuel Pizarro.

"Llevo anunciando esto desde hace meses", ha dicho Rajoy en su intervención. Dijo que no hablaría hasta que el Consejo de Ministros no aprobara la fecha de las elecciones y ha demostrado ser fiel a su palabra. "Siempre lo hemos hecho así, he anunciado que lo iba a hacer así y lo he hecho así", ha argumentado como defensa ante los que critican su empeño en ocultar hasta el extremo los nombres que encabezarían las listas. "Tanto Esperanza como Gallardón son dos personalidades importantes en el PP, muy queridos por los ciudadanos de Madrid", ha afirmado Rajoy, para el que la mejor decisión consiste en que "ambos desempeñen en exclusiva las responsabilidades para las que fueron elegidos por los ciudadanos".

La cita de Mariano Rajoy ante los medios ha estado motivada por la presentación de Manuel Pizarro como número dos del PP para las próximas elecciones. A pesar de que Pizarro ha visto menguar su protagonismo en pro del debate por las listas al Congreso, el que fuera presidente de Endesa ha manifestado: "es para mí un honor, una satisfacción liderar con él y bajo su direccion". El jefe de la oposición se ha volcado en halagos para su renovada 'mano derecha' que ha resumido en un "tiene más ganas que Solbes". Pizarro, para Rajoy, "es un gran conocedor de los dos principales problemas: la estructura territorial del Estado y la situación de la economía española".

(www.cadenaser.com, 18/01/08)

4. EL PP SE INSTALA EN UNA ESPIRAL DE TENSIÓN

La realidad del enfrentamiento a muerte entre los dos principales aspirantes a sucederle si pierde era tan dolorosa, que Mariano Rajoy buscó otro tipo de explicaciones para la mayor crisis vivida en su partido desde que él lo dirige. El líder del PP no quiso o no pudo responder a ninguna de las incógnitas clave de la crisis. ¿Cuándo tomó la decisión?, le preguntaron, y no dijo nada. ¿Por qué no lo resolvió antes? "Porque siempre se ha hecho así en el PP", esto es, que las listas se deciden cuando se convocan las elecciones, no antes.

Pero sobre todo, Rajoy, que no podía hablar de la sucesión, el verdadero motivo que está detrás de la crisis, tuvo dificultades para explicar por qué ha metido en las listas a seis alcaldes y no a Gallardón. Y sólo encontró un argumento que parecía improvisado y nadie había dado hasta ahora: los otros alcaldes, dijo, son cabezas de lista, "y el cabeza de lista en Madrid soy yo". Rajoy insistió en que no se arrepiente porque cree haber tomado la "mejor las decisiones posibles" para él y para el partido. Sólo al final, hablando de otra cosa, admitió que "el PP se equivoca como cualquier otra fuerza política".

La crisis generada por las amenazas de dimisión cruzadas de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ha instalado al PP en una espiral de tensión, a la que se unen las habituales trifulcas de la elaboración de las listas. En privado, casi todos los dirigentes asumen que el mayor error de Rajoy ha consistido en no resolver la crisis hace seis meses.

La crisis atrae crisis. El PP trataba de vender sus cabezas de lista, confirmados por el comité electoral con una renovación del 45%. Sin embargo, en el partido sólo se hablaba de problemas. Y a veces con dureza. Manuel Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, subrayó que "la decisión de Rajoy es obvio que coincide con la petición de Aguirre y de varios medios de comunicación". Y remachó: "No entiendo y desconozco razones para que varios alcaldes puedan ir en las listas y Gallardón que lleva 24 años en puestos de responsabilidad no".

Antonio Basagoiti, líder del PP en Vizcaya y representante del sector moderado, puso el dedo en la llaga: después de señalar que se está dando "algo de irresponsabilidad en algunos responsables políticos" de su partido al intentar "colocarse aquí o allí", concluyó que esto al partido le "puede costar el Gobierno". Eduardo Zaplana admitió indirectamente que las cosas no se han hecho del todo bien, aunque trató de restarle importancia: "Siempre se pueden hacer mejor. Pero los procesos electorales siempre están acompañados de este tipo de polémicas. Son los momentos más complejos para las formaciones, pero esto tiene una vigencia de 48 o 72 horas".

Mientras, algunos conflictos provinciales también han mostrado la tensión en el PP. Miguel Ramis, portavoz en el Parlamento balear, que fue delegado del Gobierno con Aznar, anunció la renuncia a su puesto después de perder la batalla por el cabeza de lista con la zaplanista María Salom. En Burgos, hasta el último minuto el cabeza de lista en 2004, Cesar Antonio Rico, contaba con repetir. Pero al final, y tras hablar con el líder del PP, el alcalde, Juan Carlos Aparicio, que hasta ahora era senador, se impuso. Las discusiones han sido ásperas entre el partido en Cataluña y la dirección nacional para decidir el número uno por la circunscripción de Barcelona.

(www.elpais.com, 18/01/08)

5. FRAGA ASEGURA QUE LA EXCLUSIÓN DE GALLARDÓN "HARÁ PERDER MUCHOS VOTOS" AL PP

El presidente fundador del PP Manuel Fraga ha declarado hoy que lamenta mucho que se excluya a Alberto Ruiz-Gallardón de las listas a las próximas elecciones generales y ha advertido de que esta decisión "hará perder muchos votos" al partido. Fraga ha asegurado que no había sido informado por el partido de ninguna decisión al respecto, pero "sería una mala noticia" el abandono de la política por parte del alcalde de Madrid.

Además, ha subrayado que hasta el momento no ha hablado ni con Rajoy ni con Ruiz-Gallardón sobre el asunto y ha precisado que la decisión de excluir al alcalde de Madrid de las listas responde "a otro tipo de criterios". Asimismo, Fraga se ha manifestado sobre la elección de Manuel Pizarro en la lista de Madrid y ha dicho que le parece un "gran acierto pero no tiene nada que ver".

(www.elpais.com, 16/01/08)

6. SEIS ALCALDES DEL PP CONCURREN COMO CABEZA DE LISTA AL CONGRESO

Si Mariano Rajoy buscaba una coartada para dejar a Alberto Ruiz-Gallardón fuera de la lista por Madrid, ésta no será la señalada hace días por el ex ministro Álvarez Cascos: que los estatutos del partido establecen la incompatibilidad de sentarse en el sillón de alcalde y además, en un escaño del Congreso. No serán ni uno ni dos los regidores del PP que aspiran a ser elegidos diputados el 9 de marzo. Seis de ellos encabezan sus respectivas listas provinciales.

En Murcia, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, se verá las caras con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El PP logró en los pasados comicios seis de los nueve diputados en juego en la provincia. El duelo alcalde-ministro protagonizará también la campaña en Cádiz, donde recala el responsable de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que en 2004 fuera número uno por Cantabria. A él se enfrentará la veterana Teófila Martínez, alcaldesa desde 1995. Están en juego nueve representantes. Seis pertenecen ahora a los socialistas.

En menos de media hora ventiló el comité electoral del PP asturiano el tema de su candidatura al Congreso. El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, disputará los ocho escaños en liza con el socialista Álvaro Cuesta, que repite como número uno.

En Ciudad Real encabezará la lista popular el alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, ocupando el puesto que en 2004 defendió el diputado Gustavo de Arístegui. Mariano Gallego, regidor de Don Benito, una localidad de unos 35.000 habitantes, luchará por los seis diputados de Badajoz; y en Burgos, Juan Carlos Aparicio, regidor de la ciudad y ex ministro, encabezará la candidatura del PP y será el principal rival de Octavio Granado. En 2004, con otros protagonistas, cada partido se hizo con dos escaños.

La Ley Electoral permite a los alcaldes compatibilizar el cargo de regidor con el de diputado. El PSOE, que ya ha hecho públicas sus cabezas de lista en cada provincia, no permite tal dualidad.

(www.elpais.com, 17/01/08)

7. LOS VOTANTES DEL PP NO CREEN EN UNA VICTORIA DE RAJOY

La posibilidad de una victoria de Rajoy no termina de cuajar ni siquiera entre los votantes del PP. Así sólo un tercio de los mismos le ve como presidente del Gobierno después de las elecciones del 9 de marzo, según la macroencuesta electoral de Público. Los otros dos tercios se dividen a partes iguales entre los que dan por hecho que volverá a ganar José Luis Rodríguez Zapatero y los que aún no saben lo que ocurrirá.

Entre los votantes socialistas es mayoritaria la confianza en que Zapatero conseguirá revalidar el cargo. Así, el 67,9% de los votantes da por hecha esa victoria, aunque mantiene la incertidumbre un 23,2% de los encuestados. Entre los votantes de IU llama la atención que se muestran más confiados incluso que los socialistas en la victoria de Zapatero.

En términos globales, la mayoría de los ciudadanos se inclina por Zapatero, un 52,4% frente al 16,2% dice ve a Rajoy en La Moncloa. Hay un 29,1% de ciudadanos que dice no saber quién ganará las elecciones. Además el el 47,7% prefiere que el líder socialista gane las generales frente al 25,7% que se inclina por el del PP. Respecto a la confianza que inspiran en los votantes, también gana claramente Zapatero: a un 42,4% le inspira mucha o bastante confianza, mientras que ese porcentaje es sólo del 24,5% para Rajoy.

En la valoración de la gestión del presidente y del líder de la oposición, el conjunto de los españoles se inclina también en favor del candidato socialista. Un 52,8% aprueba su gestión y sólo un 35,4% lo desaprueba. Mientras que Rajoy sólo logra convencer a un 27,7% de los ciudadanos frente al porcentaje del 60% que desaprueba su gestión.

www.elplural.com 13.01.08

8. GAYS Y LESBIANAS PIDEN QUE NO SE VOTE AL PP

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha pedido al electorado que "no vote" al Partido Popular "por demostrar una homofobia oculta, oponiéndose a todas las medidas legales aprobadas" en favor de este colectivo durante la última legislatura. Asimismo, ha lamentado la posible marcha de la política del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que "demuestra el terrible giro a la derecha de este partido". De igual forma, ha expresado su temor a que el alcalde sea sustituido por la delegada de Medio Ambiente del consistorio madrileño, Ana Botella, quien, según esta federación, "es una de las personas del PP que más gala ha hecho de su homofobia".

El presidente de FELGTB, Antonio Poveda, ha expresado su satisfacción por la gestión de PSOE en el Gobierno, afirmando que ha situado a este colectivo "en la conquista de los derechos civiles" con la aprobación de la Ley de Matrimonio Homosexual y la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, ha lamentado que estas medidas legales se aprobaran sin el apoyo del PP. En relación a las declaraciones de los conservadores sobre estas leyes, Poveda ha afirmado que en los últimos tres meses el PP "ha jugado al despiste por no aclarar si deroga o no la ley del matrimonio", en el caso de que llegara al poder.

(www.publico.es, 17/01/08)

9. RAJOY RECURRIÓ A PIZARRO A ÚLTIMA HORA ANTE LA AUSENCIA DE UN 'PESO PESADO'

A mediados de la semana pasada, a siete días de la reunión clave del comité electoral en la que se aprobarán las listas, Mariano Rajoy aún no tenía un número dos claro por Madrid. La oferta a Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, llegó a finales de semana, después de Reyes, según confirman fuentes del PP y del entorno del empresario. Hasta entonces, y pese al estrechísimo contacto que mantiene con múltiples dirigentes populares, especialmente José María Aznar, nadie se lo había propuesto. El ex presidente del PP y del Gobierno, según personas de su entorno, no ha gestionado directamente la oferta, que ha llevado Rajoy, quien conoce a Pizarro hace 20 años, pero sí ha estado al tanto en todo momento.

Rajoy, según confirman diversas fuentes del PP, se lanzó a la caza de Pizarro ante la evidencia de que necesitaba un peso pesado económico para su candidatura y un número dos con impacto mediático. En el PP se habían barajado los nombres de Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor (que irá con toda probabilidad por Pontevedra), estrechas colaboradoras de Rajoy. Ninguna de las dos tenía el arrastre mediático y el peso político de Pizarro.

En el PP también se rumoreó con la llegada de otras empresarias, como Amparo Moraleda (IBM) y Rosa García (Microsoft). Pero Rajoy ya dejó claro a su entorno que el dos no tenía por qué ser una mujer. La decisión del PSOE de poner en ese puesto a Pedro Solbes acabó de inclinar la decisión del jefe del PP.

Hace sólo un mes, cuando Pizarro aceptó la oferta de su amigo César Alierta para incorporarse al consejo de Telefónica, no estaba negociando con Rajoy, según fuentes del PP y del entorno del empresario turolense. "Eso es imposible, no le puede hacer eso a su amigo. Él es muy serio. Se lo pidieron después, y lo que ha terminado de decidirle es que estamos empatados en las encuestas y hay que echar el resto.

A mediados de octubre de 2007, en el PP aragonés se había especulado con la posibilidad de que Pizarro encabezara la lista por Zaragoza o incluso Teruel, un lugar donde el PP perdió un diputado en 2004 por 200 votos. Sin embargo, nadie llegó a proponérselo.

(www.elpais.com, 16/01/08)

10. ZAPLANA ACOMPAÑARÁ A RAJOY EN LAS LISTAS POR MADRID

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya ha confirmado a su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, que ocupará un puesto junto a él en las listas para las elecciones generales por la circunscripción de Madrid, según han confirmado fuentes de la dirección nacional. La decisión de incluir a Zaplana en la lista por Madrid se ha conocido después de que los comités electorales provinciales del PP en la Comunidad Valenciana confirmaran que el que fuera presidente autónomico no iría en ninguna de sus listas al Congreso, ni en la de Alicante ni en la de Valencia ni en la de Castellón.

El portavoz parlamentario del PP encabezó en las elecciones generales de 2004 la candidatura por Valencia. Sin embargo, las desavenencias y enfrentamientos del número tres del PP con Francisco Camps -su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana que él mismo nombró-, ha hecho que el ex ministro no vuelva a figurar como cabeza de lista por la capital del Turia. El actual portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, Esteban González Pons, será cabeza de lista al Congreso por Valencia.

(www.publico.es, 16/01/08)

11. AZNAR: "ZAPATERO ESTÁ INHABILITADO PARA GOBERNAR POR NEGOCIAR CON ETA"

José María Aznar volvió a destacar por sus soprendentes declaraciones. El ex presidente del gobierno asistió en Pamplona a la presentación del libro 'Vascos y Navarros en la Historia de España' junto a Ignacio del Burgo. En su intervención, Aznar sostuvo que en las elecciones de marzo los españoles tendrán la oportunidad de "evitar que el nacionalismo secesionista y anexionista y el oportunismo de izquierdas sigan dándose apoyo mutuo para sus objetivos de demoliciones compartidas".

Asimismo, el presidente de las FAES afirmó que la izquierda española "ha tirado al cubo de la basura el principio de igualdad, ha renegado de la libertad y se ha entregado sin solución de continuidad al nacionalismo". Según Aznar, el lema de Zapatero es gobernar "como sea", es decir, "negociando políticamente con los terroristas y mintiendo a los españoles sobre esa negociación, poner encima de la mesa de la negociación con los terroristas la soberanía nacional, la Constitución y la territorialidad, es decir, la entrega de Navarra, y negarlo todo en público para confesar finalmente que no se dijo la verdad".

Millones de ciudadanos, subrayó Aznar, "nos quedamos estupefactos e indignados cuando supimos que el mismo que había firmado el Pacto Antiterrorista en la Moncloa por la mañana, por la tarde ya se había reunido en secreto con los terroristas para negociar lo contrario de a lo que en público se había comprometido esa misma mañana". Después supimos "que las negociaciones políticas con los terroristas siguieron hasta 2004", añadió. Y continuó, "pudimos constatar lo que ya habían publicado diversos medios de comunicación: que todo eso era una nueva mentira y que Zapatero siguió negociando políticamente con los terroristas pocos días después de que estos asesinaran a dos personas en un atentado".

En los últimos años, "hemos asistido atónitos a la reescritura política de la historia, retorciendo los hechos y reanimando los peores fantasmas del pasado para que sea el rencor y la división quienes enmienden la plana de la propia historia, algo que ha ocurrido con la Ley de Memoria Histórica". Una ley, "que sólo ha buscado azuzar la división y el odio entre los españoles". Todo, según el ex presidente, podrá evitarse el 9 de marzo, "es una obligación moral que nos compromete a todos los españoles, también -y muy especialmente- a todos los navarros, porque, de todos los españoles, sois vosotros, los navarros, los que probablemente más os jugáis en este envite".

(www.cadenaser.com, 15/01/08)

12. BOTÍN FICHA A RODRIGO RATO COMO ASESOR POR 200.000 EUROS ANUALES

Otro golpe de efecto de Emilio Botín, a quien gusta contratar ex altos cargos de la Administración para valerse de su influencia y conocimiento. El presidente del Santander anunció el flamante fichaje de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta noviembre, ex vicepresidente y ex ministro de Economía con el Gobierno de José María Aznar, como asesor del banco y miembro del Consejo Asesor Internacional.

Rato, que se aleja más de su posible regreso a la política con esta decisión, combinará su condición de asesor del Santander con el cargo de director general senior del banco de inversión Lazard, donde tampoco es ejecutivo. Rato analiza múltiples ofertas para ser consejero y, según fuentes cercanas al ex ministro, en unas semanas podría aceptar formar parte de uno o dos consejos más.

Botín pagará unos 200.000 euros a Rato, de los cuales unos 130.000 euros corresponden a su labor como asesor y los 70.000 restantes por asistir a las dos reuniones anuales del Consejo Internacional, según fuentes del mercado. Lazard equiparó el puesto de Rato al de Vernon Jordan, uno de los principales asesores de Bill Clinton en la Casa Blanca. Vernon cobró en 2006 2,7 millones de euros, si bien fuentes del mercado consideran que el salario de Rato podría ser inferior a esos 2,7 millones por su condición de no ejecutivo. Además, el financiero pactó una pensión de 80.000 dólares al año en el FMI.

El Santander precisó que Emilio Botín "se ha mostrado muy satisfecho de que Rato haya aceptado la propuesta de incorporación al Consejo Asesor Internacional". En este sentido, Botín afirmó que "su conocimiento de la economía mundial, su experiencia y visión global serán de gran valor para el Santander".

(www.elpais.com, 12/01/08)

13. ÁLVAREZ-CASCOS CREA UNA FIRMA PARA ASESORAR A LAS CONSTRUCTORAS

El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ha creado la empresa Spineq Europe, cuyo objeto social es "promover y participar en el desarrollo y construcción de toda clase de infraestructuras y equipamientos civiles, públicos o privados, tanto a nivel nacional como internacional", según consta en el Registro Mercantil. Álvarez-Cascos preside esa empresa desde que se creó, el 21 de marzo de 2007, y en ella figuran también como consejeros Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Infraestructuras, y Antonio López Corral, otro ex alto cargo de Fomento. Según publicaba Expansión, Spineq asesora a las constructoras españolas en el exterior y también presta servicios a los Gobiernos de los nuevos países de la UE.

El salto de la política a la empresa se ha hecho frecuente con los antiguos miembros del Gobierno de José María Aznar. Él mismo es consejero de News Corporation, el imperio de Rupert Murdoch, y asesor de la firma de fondos Centaurus Capital. Ya trabajan para el banco que preside Emilio Botín Abel Matutes e Isabel Tocino. También tienen puestos de responsabilidad en la empresa Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Anna Birulés, Jaume Matas o Pío Cabanillas.

(www.elpais.com, 12/01/08)

14. GALICIA: EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIA IRREGULARIDADES EN LA CIDADE DA CULTURA

Cada nuevo auditor que revisa el expediente de la Cidade da Cultura encuentra irregularidades en la tramitación del macroproyecto arquitectónico que se erige sobre la cima del monte Gaiás. El Tribunal de Cuentas es el último organismo fiscalizador que ha cuestionado la gestión de la Xunta de Manuel Fraga en un proyecto que triplicó su presupuesto inicial desde los 130 millones previstos inicialmente hasta los casi 400 que ha alcanzado la obra aún sin concluir.

El fiscal jefe de este tribunal, Olayo Eduardo González Soler, sospecha que hubo "desviación de fondos e irregularidades contables" tanto en la determinación de los honorarios que la Xunta pagó a la sociedad Eiseman Architects como en la rescisión del contrato con la firma de Peter Eisenman, creador del proyecto inicial. De sus conclusiones no se derivan, en todo caso, imputaciones penales por lo que no es probable que el Tribunal derive la investigación hacia la justicia ordinaria, una medida que sí ha aprobado el Parlamento gallego en las conclusiones de la comisión que investigó el desfase presupuestario de la obra.

Después de analizar el dictamen del Consello de Contas, González Soler ha hallado en la gestión del anterior gobierno del Partido Popular en San Caetano "indicios reales de perjuicio para las arcas públicas" por lo que ha decidido remitir la documentación a la sesión de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Ese escrito es el primer paso en un procedimiento civil, similar en su tramitación a los procesos penales, que tratará de determinar el importe de las cantidades desviadas y, si procede, ordenar su resarcimiento por parte de los gestores de la Cidade da Cultura. El fiscal jefe explica que será un consejero del Tribunal el que instruya a partir de ahora la investigación. En opinión de González Soler, las irregularidades se derivan del precio pagado por el Gobierno gallego a la empresa de Eisenman y de la forma en que la Xunta resolvió el contrato con esta firma.

De momento, el fiscal ha enviado un escrito al Consello de Contas para que explique algunos aspectos del dictamen. "El objetivo es conocer la opinión del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, ya que a diferencia de lo que ocurre con los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas, el fiscal no está presente en la tramitación del dictamen de Contas del que sólo conoce sus conclusiones cuando ya está aprobado y refrendado por el Parlamento", asegura González Soler. Es el atajo que los dos organismos han encontrado para sortear las lagunas legales de coordinación entre los dos entes fiscalizadores y evitar que todo su trabajo se quede en una mera reprimenda administrativa.

Además de la documentación de la Cidade da Cultura, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas tiene sobre su mesa una segunda carpeta con el dictamen del Consello de Contas sobre la gestión de la empresa pública Sogama durante el año 2004. También en ese expediente advierte irregularidades contables que darán lugar a un procedimiento similar al incoado por la gestión del monte Gaiás. La demanda civil que le ha sido anunciada al Consello de Contas investiga desajustes contables en la sociedad que depende de la Consellería de Medio Ambiente. El fiscal ha constatado que en el ejercicio 2004 Sogama "asumió costes de personal no contratado por la sociedad pública, abonó retribuciones por encima del máximo legal permitido y sufragó perjuicios económicos derivados del cumplimiento de contratos que deberían ser asumidos por los contratistas".

Tales conclusiones han llevado al fiscal a reclamar a la sección de enjuiciamiento que valore si procede nombrar un delegado instructor para "averiguar las cantidades de dinero desviadas y designar al responsable de esas deficiencias".

La doble actuación del Tribunal se produce después de que el Consello de Contas le remitiese de oficio la auditoría sobre los organismos públicos realizada durante el último ejercicio.

(www.elpais.com, 16/01/08)

15. ANDALUCÍA: TEÓFILA MARTÍNEZ SE PROMOCIONA CON PUBLICIDAD PAGADA POR EL AYUNTAMIENTO

Sólo dos días después de que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, reclamara a las juntas electorales provinciales estar vigilantes ante la propaganda oficial de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz utilizó la prensa local para promocionar la imagen de la alcaldesa, Teófila Martínez, del PP, rodeada de niños para vender las virtudes del programa municipal de deporte escolar. Ese anuncio aparecía junto a la información que confirmaba a la alcaldesa como cabeza de lista de su partido al Congreso por la provincia de Cádiz. "¿Denunciará ahora Arenas a Teófila Martínez?", se preguntó el secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien lamentó "la dobla vara de medir" de los populares. La primera edil sostiene que "no hay nada fuera de la norma".

La ley orgánica de régimen electoral y la ley de publicidad institucional de Andalucía impide a todas las administraciones públicas fomentar el autobombo desde la convocatoria de las elecciones, en este caso, desde el pasado martes. En una página de Diario de Cádiz se informaba sobre la designación de Teófila Martínez como candidata número uno a la Cámara Baja mientras que en la contigua aparecía un publirreportaje del Ayuntamiento con una fotografía de la alcaldesa rodeada de niños en una piscina.

"No vamos a permitir que Teófila se haga la campaña con el dinero de los gaditanos", aseguró el secretario de organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, quien adelantó una denuncia por este caso ante la Junta electoral gaditana, que todavía debe constituirse.

Los socialistas también se quejan de que el gobierno local mantiene en vallas publicitarias por toda la ciudad mensajes en los que promociona sus logros municipales bajo el lema Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí, y critican la política de propaganda que mantiene la televisión pública local Onda Cádiz. "En España hay tres personajes solamente. Sale una noticia nacional de Mariano Rajoy, una noticia regional de Javier Arenas y las noticias locales de Teofila Martínez. Esto es una dictadura", denunció el portavoz municipal socialista, Rafael Román, quien se quejó de que partidas de los presupuestos municipales se están embargando para sufragar los gastos de este medio de comunicación.

La alcaldesa retó a los socialistas a denunciar las acciones que consideren que contraviene la ley electoral. Teófila Martínez no aclaró si el Ayuntamiento retirará la publicidad. "Lo que digo es que si hay algo que lo denuncien. Yo estoy segura de que no va a haber nada fuera de la norma", sostuvo. "Que no den lecciones porque estas cosas las carga el diablo".

(www.elpais.com, 18/01/08)

16. COMUNIDAD DE MADRID: 11.000 PERSONAS ENGROSAN LA LISTA DE ESPERA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

La lista de espera quirúrgica en la sanidad pública regional necesita un chequeo urgente. El número de enfermos pendientes de entrar en quirófano ha pasado en los dos últimos años (entre el 30 de septiembre de 2005 y 2007) de 29.734 personas a 40.793, un 37% más. Los plazos de espera, por su parte, prácticamente doblan los 30 días que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, prometió en la campaña electoral de 2003. Aguirre se comprometió a dimitir si "algún madrileño esperaba más de 30 días para ser operado en la sanidad pública". La demora media actual es de 53 días laborables (casi 70 si se tienen en cuenta los festivos).

Los problemas se concentran en algunas especialidades como traumatología, en la que 7.963 personas esperaban el pasado 30 de septiembre 76 días laborables (más de tres meses si se incluyen los festivos) para que se realizara la intervención quirúrgica prescrita por sus médicos especialistas. Estos datos pueden observarse en la página de Internet www.listadeesperamadrid.org, son oficiales y dejan en mal lugar las campañas publicitarias y discursos de autobombo con los que el Gobierno de Aguirre presume que ha dado por cumplida su promesa electoral.

Esta aparente contradicción entre datos y palabras se debe al particular sistema que la Comunidad de Madrid ha creado para contabilizar las listas de espera en la región. Tras llegar al poder en 2003, Aguirre cambió las reglas del juego y creó un nuevo sistema de contabilidad de los pacientes que incluye y que excluye de la lista de espera oficial. La nueva contabilidad del Gobierno regional ha llevado a paradojas como que, de los 40.793 pacientes que en septiembre de 2007 esperaban para ser operados, sólo 13.138 (un 32,2%) estaban incluidos en la lista de espera oficial. Más de 27.000 habían quedado excluidos. De ellos, un 32,6% lo han sido por mantenerse fieles a su médico de la sanidad pública y rechazar ser derivados a clínicas privadas. El otro 35,2%, 14.352 personas, son enfermos a los que su médico especialista ha prescrito la intervención, pero a los que el anestesista aún no ha podido atender.

La exclusión de este último grupo de pacientes ha sido el punto más polémico de la gestión de las listas de espera del Gobierno de Aguirre, ya que todas las demás comunidades autónomas incluyen al enfermo en la lista en el mismo momento en el que el médico especialista prescribe la intervención quirúrgica. Todo ello ha costado a Madrid ser desde diciembre de 2005 la única comunidad excluida del cómputo nacional de listas de espera.

Según el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Aguirre "manipula los datos para que éstos parezcan mejor de lo que son". La Consejería de Sanidad madrileña, por su parte, siempre ha defendido la legalidad de su contabilidad de las listas. Los datos ofrecidos por Sanidad en su página de Internet también contradicen las afirmaciones del Gobierno regional de que ningún madrileño espera más de 30 días para ser intervenido en la sanidad pública.

La página incluye un cálculo, denominado Demora media prospectiva, que es el tiempo que tardarían los recursos actuales (hospitales públicos y clínicas privadas concertadas) en intervenir quirúrgicamente a todos los enfermos en espera. Como los hospitales y clínicas concertadas son siempre los mismos, este índice ofrece el dato más cercano a la realidad sobre la situación de las listas de espera, según todos los expertos consultados.

Según los datos de Sanidad, la Demora media prospectiva se situaba el pasado 31 de septiembre en 53 días. Las diferencias entre especialidades, sin embargo, son importantes. La peor es la de traumatología, en la que un total de 7.963 pacientes esperan una media de 76 días (sin contar festivos) para ser sometidos a la intervención quirúrgica. Entre las operaciones que acumulan mayores demoras, le siguen otorrinolaringología (63 días, 2.858 pacientes) y cirugía pediátrica (60 días y 1.742 niños en espera). Las esperas más reducidas se producen en cirugía torácica (28 días y 118 pacientes), dermatología (34 días y 1.278 personas) y ginecología (37 días y 2.046 enfermas).

(www.elpais.com, 15/01/08)

17. COMUNIDAD DE MADRID:LOS CUATRO NUEVOS HOSPITALES QUE PROMETIÓ AGUIRRE SERÁN PRIVADOS

Los cuatro nuevos hospitales que la Comunidad de Madrid construirá esta legislatura (en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles, que atenderán a unos 800.000 vecinos) serán de gestión privada.

Pero además, el Gobierno de Esperanza Aguirre está decidido a dar un paso más en su apuesta por privatizar la gestión de la sanidad pública: ceder a las empresas adjudicatarias la gestión de los centros de salud que dependerán de los nuevos centros sanitarios, introduciendo así en la región el denominado modelo Alzira, utilizado en la Comunidad Valenciana desde hace cinco años. Así lo afirmó en la mañana de el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, tras un encuentro mantenido en la sede de esta organización con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

El encuentro versaba precisamente sobre el papel del sector privado en la sanidad, y a su salida Güemes alabó el papel de las empresas madrileñas en el sector: "El sector sanitario tiene una capacidad de valor añadido y crecimiento y creación de empleo gracias al apoyo de las empresas privadas", declaró el consejero de Sanidad.

Preguntado sobre qué papel podrían tener las empresas madrileñas en la gestión de los nuevos hospitales, Arturo Fernández se mostró "muy satisfecho" por la información recibida de Güemes. "Los empresarios podremos participar en los nuevos hospitales, que serán desarrollados siguiendo el modelo Alzira", respondió por dos veces.

Sanidad, sin embargo, no parece estar dispuesta a anunciar todavía públicamente el modelo de gestión elegido para los nuevos hospitales. Durante todo el día de , se negó a confirmar o desmentir las palabras de Arturo Fernández, pese a los reiterados intentos de EL PAÍS.A última hora de la tarde, un portavoz de la CEIM quiso matizar las palabras de su presidente. "El modelo Alzira es la apuesta de la CEIM. Eso es lo que ha querido decir Arturo Fernández. Nosotros no podemos saber lo que hará finalmente la Consejería de Sanidad".

En todo caso, Güemes no esconde que el modelo Alzira es uno de sus favoritos. El pasado sábado, en una entrevista a Onda Cero, el consejero de Sanidad hizo una encendida defensa de la gestión privada en la sanidad pública y afirmó que "el modelo Alzira es una fórmula que está teniendo muchísimo éxito". La introducción del modelo Alzira sería el último paso que le quedaba por dar a Aguirre en la carrera por privatizar la gestión de la sanidad pública que emprendió al llegar al poder en 2003. Entonces, todos los centros sanitarios dependientes de la Consejería de Sanidad eran enteramente de gestión pública

Los siete hospitales que Aguirre anunció en la campaña electoral de 2003 -Vallecas, Aranjuez, Parla, Coslada, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Arganda del Rey- abrieron por primera vez las puertas al capital privado en la gestión de los hospitales de la sanidad pública. Estos centros, que serán abiertos en los próximos meses, serán de gestión mixta pública y privada. El sector privado (principalmente empresas constructoras) ha financiado los edificios y gestionará todos los servicios a excepción del personal médico y de enfermería, que seguirá dependiendo de Sanidad. La consejería paga a la empresa un alquiler o canon por el uso de las instalaciones.

Poco después de llegar al poder, Aguirre dio un paso más en la privatización al anunciar la construcción de un nuevo hospital, el de Valdemoro. Este centro pertenece ya enteramente a una empresa, Capio Sanidad, a la que Sanidad paga una cantidad fija, 330 euros en el primer año, por cada uno de los 150.000 habitantes de la zona para la que es hospital de referencia. El modelo Alzira da aún más peso al capital privado, al entregarle también la gestión de los centros de salud y médicos de cabecera que atienden a la población. Este hecho hace que el pago anual por habitante que Sanidad entregue a la empresa sea superior que en Valdemoro.

Sanidad mantiene sus intenciones de construir uno de los nuevos hospitales en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, pese a que éstos pertenecen al Ministerio del Interior. Güemes remitió una carta el pasado mes de diciembre a Interior en la que le ofrecía permutar los terrenos de Carabanchel por otros en la región en los que el Gobierno central pueda construir una cárcel. Aún no se ha alcanzado un acuerdo.

(www.elpais.com, 16/01/08)

18. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE 'REGALARÁ' SUELO PARA CASAS PÚBLICAS A PROMOTORES "PARA APOYAR AL SECTOR"

Lo coló de tapadillo. La consejera de vivienda, Ana Isabel Mariño Ortega, comenzó anunciando el Plan Alquila, que pretende incentivar el alquiler de 50.000 viviendas garantizando la protección jurídica de los propietarios. Y terminó hablando de que las 7.906 viviendas destinadas a alquiler que iba a construir el Ivima este año las harán finalmente promotoras privadas. "Es un paquete de suelo que ofrece la Comunidad, en forma de cesión gratuita a 50 años, a las constructoras privadas, dada la situación que está viviendo el sector inmobiliario", justificó la consejera. Y lo denominó Plan de Dinamización.

De las 45.000 viviendas protegidas que prevé promover la Comunidad esta legislatura, 12.000 estaban previstas para este año, según la consejera. De éstas, 7.906 -679 en Móstoles, 310 en Colmenar Viejo, 561 en San Sebastián de los Reyes, 563 en Tres Cantos, 1.096 en Alcorcón, 4.297 en Madrid y 400 en Aranjuez- están destinadas a "un régimen de alquiler rotatorio", es decir, "podrían acceder a ellas cualquier persona, no sólo jóvenes, que por sus circunstancias -emancipación, divorcio, separaciones, etcétera- necesite alquilar una vivienda a un precio asequible", explicó Mariño. "El alquiler podría prolongarse hasta 10 años, con opción a compra después, de alguna vivienda con las mismas condiciones" del parque -45.000 casas- del Ivima, según la Consejería.

La Comunidad dice querer "favorecer el acceso a la vivienda" y "apoyar al sector". Las empresas obtendrán la cesión por concurso público. Los alquileres irán de 300 a 500 euros, según la zona, un dinero que cobrarían los promotores.

En el Ministerio de Vivienda ven "riesgos" en estas operaciones, ya manifestados por sindicatos y federaciones de vecinos en un escrito: "En su afán por promover la participación privada en el sector público, asistimos a la implantación del peaje en la sombra en la vivienda pública de alquiler. El Ivima cede el suelo al promotor, facilita el acceso a financiación privilegiada y le paga las cantidades acordadas en concepto de alquiler durante los años de cesión, obligándose a afrontar un coste millonario suplementario". En la Consejería dicen que no pagarán nada.

(www.elpais.com, 18/01/08)

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL AMAGO DE CESE DEL ALCALDE SUME AL CONSISTORIO EN LA INCERTIDUMBRE

La noticia explotó en el Ayuntamiento. Y la primera reacción de todo el equipo de gobierno fue la sorpresa. Nadie esperaba un desenlace tan sangriento y claro al asunto de la ambición nacional de Alberto Ruiz-Gallardón. Ni sus detractores. A partir de ahí, las reacciones ya fueron variando en el seno del grupo municipal del PP (34 concejales), donde se distinguen tres sectores: los que apoyan al alcalde sin fisuras -entre ellos, sus ocho ediles de gobierno, que llevan años a su lado, primero en la Comunidad y ahora en el Ayuntamiento-, los que no se significan y los que están de parte de su gran rival, Esperanza Aguirre (algunos de ellos, puestos directamente en la lista electoral por la presidenta). Más o menos repartidos al 30%.

La incertidumbre viene por dos lados: si finalmente el alcalde dimite, ¿se irán con él sus concejales de gobierno? Y, sobre todo, ¿quién le sustituirá? La respuesta a la primera pregunta es aún una incógnita -algunos de ellos barajan abandonar, pero prefieren no adelantarse a la decisión de su jefe-. La segunda es clarísima: a Ruiz-Gallardón lo relevaría Ana Botella, número dos de la lista electoral en 2007.

El alcalde recibió el aliento de sus concejales fieles minutos después de reconocer públicamente su derrota ante Aguirre. Varios de los ediles con cartera de gobierno se acercaron a la sede del Ayuntamiento, en el Palacio de Correos, para abrazar a Ruiz-Gallardón y lamentarse "por el curso que ha tomado el PP", según contó uno de ellos. "Alcalde, si tú te vas yo también", repitieron algunos de los presentes. Él les dijo que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, que lo que le pide el cuerpo es irse, pero que quiere esperar al 10 de marzo, después de unas elecciones que serán clave para el PP, para hacer "una reflexión" al respecto.

Si esa reflexión -en la que pesará no sólo su estado anímico, sino también el resultado de los comicios y la situación que se abra en el PP- concluye con el abandono del alcalde, su sustituta sería Ana Botella. Ella ocupó el número dos de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, y según la ley tendría que someterse a la votación del pleno (los populares tienen mayoría absoluta) para ser elegida alcaldesa, la primera que tendría Madrid en su historia.

Botella, esposa de Aznar y procedente del sector más conservador del PP, ha hecho buenas migas con el equipo de Ruiz-Gallardón en estos cinco años: la afinidad política entre ella y el alcalde es escasa, pero la relación es "muy cariñosa", según cuentan ambos.

El grupo de concejales más próximos a Esperanza Aguirre alaba su "jugada maestra": la de presionar a Rajoy para que no incluyera al alcalde en las listas. Creen que, "si Gallardón quería ir al Congreso, no tendría que haberse presentado al Ayuntamiento", aunque fue el entonces presidente del PP José María Aznar quien obligó al hoy alcalde a presentarse como candidato en 2003, y el partido volvió a colocarlo de cabeza de lista en 2007.

Ruiz-Gallardón no se ha dirigido aún a estos ediles críticos para hablar de su futuro, y ellos tampoco lo llamaron para animarlo tras la decepción que supuso ser excluido de las listas.

"No sabemos nada. Sólo lo publicado en la prensa", remarca con cierta amargura un concejal del PP poco afín al núcleo duro de Gallardón. Y sigue: "No se da cuenta de que tiene el privilegio de ser el alcalde más votado de la historia de Madrid. Tiene las virtudes, pero también los defectos, de los grandes políticos: soberbia, creerse por encima del bien y del mal y creerse más listo que los demás", señala con contundencia. "Lo que está claro es que, aunque salga derrotado, siempre consigue que toda España esté pendiente de él". Para Esperanza Aguirre son todo elogios: "Ha sido brillante".

Otro concejal de distrito subraya: "Gallardón no ha comprendido todavía que tiene que ganarse a la gente de su partido. Es algo inexplicable en alguien tan brillante como él. Y más después del congreso regional de 2004", dice, en referencia al cónclave que dio el poder del PP madrileño a Aguirre. Este edil tampoco cree que Gallardón vaya a dimitir: "¿Adónde va a ir?".

(www.elpais.com, 17/01/08)

20. COMUNIDAD DE MADRID: ¿ALCALDESA POR ACCIDENTE?

En la tensa reunión del martes en la sede de Génova, Alberto Ruiz Gallardón terminó advirtiendo a Rajoy que si no iba en la lista dimitiría como alcalde de Madrid y abandonaría la política. lo transformó en abrir un periodo de reflexión, pero queda en el aire la posibilidad de que abandone su cargo y la política el próximo 10 de marzo, tras las elecciones generales. Si fuera así, la crisis tendría como efecto colateral que Ana Botella se convertiría en la alcaldesa de Madrid. Es decir, de carambola la exclusión de Gallardón beneficiaría a la familia Aznar.Sería la primera mujer regidora de la capital y supondría un giro radical en la vida a la esposa del ex presidente del Gobierno, que llegó por sorpresa a la política en 2003.

Entonces se dijo que Gallardón fichaba como número tres de su candidatura a Botella para ganarse el afecto de José María Aznar en el momento en el que empezaba la carrera por la sucesión del entonces presidente. Si fue así, el esfuerzo fue en vano, porque Gallardón quedó excluido de la sucesión ya desde la salida. Gallardón aceptó entonces con entusiasmo, pero como un sacrificio, la orden de Aznar de ser candidato al Ayuntamiento y dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Él hizo ver que el aceptar ponía fin a su larga carrera de heterodoxo en el partido. Fue cuando dijo aquello de que había dejado de ser "un verso suelto".

Ana Botella repitió en las municipales de 2004, ya como número dos. Ha sido concejala de Asuntos Sociales y ahora se ocupa de Medio Ambiente.En todo caso, la clave del apoyo de Aznar ha estado presente en el preludio de la crisis. El alcalde de Madrid creía contar con el apoyo del ex presidente del Gobierno, pero lo cierto es que públicamente no ha habido el más mínimo pronunciamiento. Incluso, el PSOE ha utilizado como argumento político desde la tarde del martes que la exclusión de Gallardón responde a la imposición de Aznar sobre Rajoy.

(www.publico.es, 17/01/08)

21. COMUNIDAD DE MADRID: COMUNIDAD DE MADRID: "Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"

A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio. Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.

Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias. En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.

Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.

En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.

Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.

Victoriano Ceballos. Muy bien.

E. G. ¿Te parece correcto?

V. C. ¡¡Correcto!!

De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.

Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.

En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.

Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.

Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?

J. G. ¿Cómo?

A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.

J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...

A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.

J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?

A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.

El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".

Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.

www.elpais.es 14.01.07

22. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS EXIGE LA DIMISIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO POR SU INFORME DE 2006

El Consell exigió la dimisión de la Síndic de Greuges en funciones (la defensora del pueblo autonómica), Emilia Caballero. La exigencia se produce un día después de que Emilia Caballero colgase en la página web de la institución el informe correspondiente a 2006. El documento recoge las quejas de los ciudadanos no atendidas por la Generalitat y un buen número de ayuntamientos valencianos, la mayoría del PP. Caballero cuestiona, fundamentalmente, la actuación del Gobierno valenciano en materia urbanística.

El informe, que pone de manifiesto la actitud hostil de ocho de las diez consejerías que se han negado a atender los requerimientos de la Síndic, fue entregado en las Cortes Valencianas el pasado octubre. Desde entonces, la presidenta del Parlamento, Milagrosa Martínez, ha retenido el documento y no ha querido ecibir a la Síndic.

La ofensiva popular contra Emilia Caballero se produce, según fuentes del PP, a instancias del propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no oculta su enfado por la decisión de los socialistas de retrasar sine die la elección del diputado José Cholbi como nuevo Síndic de Greuges.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, reclamó la dimisión inmediata de la Síndic de Greuges al difundirse el contenido del informe y arremetió contra los socialistas. El portavoz del Consell, que cuenta con mayoría absoluta, se quejó de la "indefensión" de su grupo ante la decisión socialista de retrasar la renovación del Síndic de Greuges. Rambla cargó contra el PSPV al que acusó de estar desnortado y sin capacidad para tomar decisiones. "El PSPV no existe y de eso se aprovecha la Síndic", remachó el vicepresidente del Gobierno valenciano.

La razón del PP para exigir la dimisión de Caballero es que ésta fue elegida como adjunta primera y preside la institución de forma excepcional desde que expiró el mandato del titular a mediados de 2006. "Hay que pedir a los socialistas un ejercicio de responsabilidad y a la Síndic que presente la dimisión", dijo Rambla, que hizo caso omiso del contenido del informe. "No lo he visto", sentenció.

Paradójicamente, populares y socialistas ya han pactado la elección de Cholbi -ahora vicepresidente de la Mesa de las Cortes- como nuevo Síndic de Greuges y de Emilia Caballero como primera adjunta. Pero el PSPV ya advirtió que no sellaría en votación el acuerdo hasta que el Consell no facilite acceso a varios documentos públicos de dos empresas de la Generalitat, una presidida por Vicente Rambla y otra por el vicepresidente económico, Gerardo Camps.

La exigencia de dimisión del Consell se arropó desde el grupo parlamentario popular. El portavoz adjunto Rafael Maluenda acusó a la Síndic de difundir el informe para calentar el mitin del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

www.elpais.es 12.01.08

23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ANTICATALANISMO LE CUESTA AL CONSELL ONCE CONDENAS EN TRES AÑOS

¿Pueden las Administraciones dictar indefinidamente órdenes idénticas a sabiendas de que serán tumbadas por los tribunales? El Gobierno valenciano es una prueba de que sí que pueden. Desde marzo de 2004, la Generalitat acumula 11 sentencias condenatorias por la misma razón: haber obviado en otras tantas convocatorias que la carrera de Filología Catalana exime del examen de valenciano en las oposiciones a profesor de secundaria. La última se dio a conocer a primeros de enero.

"Se trata de un drama que se repite mecánicamente", comenta José María Baño, uno de los abogados que ha representado a las universidades de Valencia y Alicante en media docena de los juicios. ¿No puede acarrear esa insistencia consecuencias jurídica? Los expertos consultados responden que, si se dieran determinados supuestos, el Consell estaría incurriendo en un delito de desobediencia. Pero que esa figura es difícil de probar. Haría falta que las sentencias fueran firmes, que se diera una repetición en la persona de la Administración que firma las órdenes y probablemente también un "apercibimiento" previo, indica, como teoría general, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València Javier Boix. Todos lamentan, en cambio, una conducta que contribuye a sobrecargar el sistema judicial, implica gasto de dinero público y no se dirige a servir a los ciudadanos, sino más bien a lo contrario.

La crítica más dura contra la Generalitat no sale, sin embargo, de ellos, sino de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano: "Sólo el empecinamiento en la ignorancia y el rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística, se manifiesta como exclusiva razón del mantenimiento de la posición contraria por parte de la Generalitat, máxime cuando existen reiterados pronunciamientos jurisdiccionales que desautorizan tales argumentos. Lo que fuerza a este Tribunal a recordar que una de las más elementales exigencias del Estado de Derecho que consagra nuestro texto constitucional es la del imperativo cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, especialmente por parte de los poderes públicos, que deben servir con objetividad a los intereses generales". Literal, de la sentencia 474/06 (28 de abril de 2006).

"La Administración no sólo debe acatar las sentencias, sino también la doctrina", señala Tomás Vives, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Penal en la Universitat de València, quien añade que se trata de "una anomalía muy frecuente", "tenemos unas Administraciones poco obedientes con los tribunales".

Una de las razones que alejan la posibilidad de una condena por desobediencia al Consell es que las 11 sentencias del TSJ son recurribles (de hecho todas han sido recurridas, en línea con esa repetición mecánica) ante el Tribunal Supremo. El primer fallo de este órgano jurisdiccional, que suele tardar unos cuatro años en dictar sentencia debido precisamente a la sobrecarga de casos, se espera que llegue entre este año y el siguiente.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la lengua: lo hizo en marzo de 2006 al obligar a la Generalitat a homologar los certificados de conocimiento de catalán emitidos por los Gobiernos de Cataluña y Baleares. Y lo ha hecho también el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 1997 en la que reconoció el derecho de la Universitat de València a utilizar el término catalán para referirse al valenciano en sus estatutos. De hecho, estas dos sentencias son citadas recurrentemente por el TSJ al fallar sobre las oposiciones de secundaria. Pero su objeto no es el mismo, lo que permite al Consell mantener su táctica.

(www.elpais.com, 14/01/08)

24. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SINDICATURA DENUNCIA SOBRECOSTES Y ADJUDICACIONES 'A DEDO' EN CIEGSA

La Generalitat hace caso omiso de las "anomalías" detectadas por la Sindicatura de Comptes en la gestión de la empresa Ciegsa, responsable de la construcción de los colegios públicos, denunció el coordinador de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Adolf Sanmartín. El diputado explicó que los contratos y licitación de estas obras no se anuncian en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a pesar de superar los 5,2 millones de euros, e insistió en que algunas de las empresas adjudicatarias no tienen la clasificación que exigen los pliegos de condiciones. Así se desprende del último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 2006.

El diputado socialista relacionó las deficiencias estructurales de los centros escolares que han salido a la luz en los últimos días -es el caso del centro de Rojales, por ejemplo- con el hecho de que un 60% de los contratos de asistencia técnica, que incluyen la redacción del proyecto básico, ejecución y dirección de las obras, se adjudiquen por procedimiento negociado, es decir "a dedo", según Sanmartín. "Dentro de un tiempo podrán verse los efectos negativos de esta gestión, con daños y desperfectos en los centros educativos", pronosticó.

Con el alquiler de los barracones ocurre tres cuartas partes de lo mismo. En un 95% de los casos, estos contratos de arrendamiento se adjudican por un sistema discrecional, "que la ley permite solo cuando se dan circunstancias muy concretas, que no quedan acreditadas en los expedientes revisados", subrayó el parlamentario.

La situación de Ciegsa es para los socialistas insostenible. Los sobrecostes en la construcción de centros se repitieron en 2006: los nueve centros seleccionados aleatoriamente por el órgano fiscalizador arrastraban un sobrecoste medio del 18%, con casos especialmente llamativos, como el del C. P. José Soto Micó I de Valencia, cuya facturación se disparó un 85% respecto del precio inicial. A 31 de diciembre, Ciegsa contaba con una deuda de 1.200 millones de euros y unas pérdidas de 30 millones de euros, con un aumento sobre el ejercicio anterior del 83%.

En cuanto al gasto de personal, en diciembre de 2006 la plantilla total de Ciegsa se componía de 91 trabajadores, de los que 86 eran contratados laborales y 5 puestos de alta dirección. "No existe autorización ni informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda respecto a la masa salarial ni a determinadas reclasificaciones económicas", agregó el diputado.

Sanmartín amenazó con acudir a los tribunales si el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no explica lo que está sucediendo en Ciegsa. "No puede ser que una empresa pública no haga caso a las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes y su situación se agrave año a año".

(www.elpais.com, 17/01/08)

25. COMUNIDAD VALENCIANA: EL NÚMERO UNO PARA EL CONGRESO POR VALENCIA DEL PP, DEMANDADO POR DE LA VEGA

La vicepresidenta del Gobierno y cabeza del lista del PSOE por Valencia, María Teresa Fernández de la Vega, ha presentado hoy en los juzgados de Valencia una demanda contra el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Esteban González Pons, por intromisión en su derecho al honor. Esta iniciativa coincide con el nombramiento de González Pons como número uno para el Congreso por Valencia, en sustitución de la alcaldesa Rita Barberá, que desaparece de las quinielas para el Congreso, al rechazar la petición de Rajoy para que encabezase la candidatura valenciana.

La vicepresidenta del Gobierno reclama en su demanda una indemnización simbólica de un euro por unas afirmaciones realizadas por Pons a los medios de comunicación el pasado 5 de diciembre, en las que este "construyó deliberadamente una información tendenciosamente falsa" y vertió afirmaciones y opiniones " injuriosas" e insidiosas" contra la vicepresidenta para "dañar su prestigio". El ex portavoz del Consell y ahora cabeza de la lista del PP para Valencia acusó entonces a De la Vega de "empadronarse en un naranjal" de Beneixida para poder presentarse a las elecciones por Valencia e instó a la Fiscalía a investigar lo que él consideró una ilegalidad.

Asimismo, Pons insinuó que la vicepresidenta se había enriquecido ilícitamente a través de un "pelotazo" urbanístico por la venta de unos terrenos, gracias a sus influencias políticas. En este sentido, afirmó que a De la Vega le habían construido "un polígono a medida" mediante el trato de favor del Ayuntamiento de Beneixida en la reclasificación de unas fincas rústicas convertidas en suelo industrial. Para terminar sus acusaciones, González Pons, que consideró a la líder socialista como un" adversario peligroso", manifestó además que "se liquidó a su compañero de partido Joan Ignasi Pla".

No parece un buen comienzo para el político popular, que acaba de ser designado para ir como cabeza de lista por la provincia de Valencia, sustituyendo a la candidata de Rajoy, Rita Barberá.

(www.elplural.com, 16/01/08)

26. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ SUBRAYA LA "RELEVANCIA PÚBLICA" DEL INCREMENTO PATRIMONIAL DE FABRA

Un juez considera "cierto" y de "relevancia pública" el incremento patrimonial de Carlos Fabra y añade que resulta "sintomático" que el presidente de la Diputación de Castellón no recuerde que, pese a tener un millón de euros en sus cuentas, le salió a devolver la declaración de la renta. Estas afirmaciones forman parte de una sentencia que desestima una demanda contra los socialistas presentada por el jefe del PP de Castellón en respuesta a una publicidad electoral contra la corrupción que citaba a Fabra y al vicepresidente primero de la Diputación castellonense y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez.

Fabra y Martínez presentaron una demanda contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, y el PSPV-PSOE por vulnerar su derecho al honor y su imagen. El motivo eran unos anuncios publicados en periódicos locales, durante la campaña de las pasadas elecciones municipales, bajo el encabezamiento "Contra la corrupción: Paciencia hasta el 27 de mayo".

En ellos se preguntaba a los lectores si alguna vez les habían regalado fincas como al vicepresidente de la Diputación, si habían tenido un millón de euros repartidos en 94 cuentas [según la sentencia, 39 según la publicidad] como Fabra, a quien, además, le salía la declaración de la renta a devolver, y si en su casa había votado más de una familia, en referencia a la supuesta manipulación de censos electorales en varios municipios de la provincia.

Carlos Fabra y Francisco Martínez entendían en su demanda que se les estaba "tildando de corruptos" sobre la base de "unos hechos o supuestas irregularidades que son falsas", y reclamaban una indemnización de 240.000 euros.

El titular del Juzgado número 1 de Castellón rechaza en su sentencia, emitida el pasado 7 de enero, las pretensiones de ambos cargos del PP y absuelve a los socialistas. El juez Rafael Giménez dice que los hechos denunciados en la campaña publicitaria "están dotados de relevancia pública". El magistrado añade que "contribuye a ese interés la anormalidad" de los hechos denunciados y concluye que las informaciones ofrecidas sobre Fabra y Martínez "son ciertas", porque el propio vicepresidente primero "reconoció" en su declaración ante el juzgado que "recibió en donación bastantes fincas", además de lo expuesto en "las notas registrales" presentadas por los demandados referidas a sus propiedades.

Respecto al millón de euros en 94 cuentas de Fabra, el titular del Juzgado número 1 de Castellón sostiene que "debe llegarse al mismo resultado", es decir, a la veracidad de las afirmaciones, "porque es sintomático que", en su declaración judicial, Carlos Fabra "no recuerde si le salió a devolver la declaración de la renta y que no niegue la titularidad de las cuentas o el importe referido en las mismas".

El juez concluye que se trata de "hechos veraces y de relevancia pública", y condena a Carlos Fabra y a Francisco Martínez a las costas del proceso, que ascienden a unos 10.000 euros más IVA.

(www.elpais.com, 15/01/08)

27. CASTILLA Y LEÓN: AGITACIÓN EN EL SENO DEL PP SALMANTINO

El entorno más próximo al alcalde de la capital reconoció que no tenía "ningún sentido" la propuesta que elevó el presidente provincial del Partido Popular, Julián Lanzarote, al Comité Electoral Provincial para que Alfonso Fernández Mañueco encabezara la lista al Congreso. "No sirve de nada aprobar una candidatura que no iba a contar con el respaldo del comité regional y nacional y así lo entendieron los miembros del órgano provincial", matizaron estas fuentes, quienes finalmente aprobaron por unanimidad la designación de Gonzalo Robles y José Antonio Bermúdez de Castro como números ‘uno’ y ‘dos’ del PP al Congreso.

"Obviamente tampoco estamos de acuerdo con esta idea, sobre todo porque Alfonso (Fernández Mañueco) no quería asumir esta reponsabilidad", añadieron. Sin embargo, quisieron restar importancia a lo que para muchos es una importante crisis en el seno del Partido Popular, al afirmar que simplemente ha sido un acto de debate interno, en el que los miembros del comité provincial han optado "por el sentido común" de no apoyar la idea de Julián Lanzarote, presidente provincial del partido, si no era bien vista en Valladolid ni en Madrid. "Puede ser que Lanzarote haya presentado este proyecto por el sentir de las bases y los militantes, donde Mañueco está muy bien valorado, y probablemente sea el mejor número ‘uno’ de la provincia, pero no es el momento", aseguraron.

Por otro lado, el PP emitió un comunicado en el que expresa el "absoluto respaldo, respeto y reconocimiento hacia Julián Lanzarote, que, desde que asumió dicho cargo en 1993, ha consolidado un proyecto político que ha merecido el respaldo mayoritario en las urnas de los salmantinos". Lo sucedido en el Comité Electoral Provincial el pasado miércoles "hay que enmarcarlo en el lógico y normal debate interno de un partido democrático, como lo es el Partido Popular, donde se respetan, por encima de todo, las opiniones de sus miembros", anuncian.

"El único objetivo que tiene actualmente el PP de Salamanca es trabajar para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España y contar así con un Ejecutivo que sea sensible a los intereses y necesidades de nuestra provincia", apuntan desde el Partido Popular.

El Comité Electoral Provincial celebrará otra reunión prevista para el próximo miércoles, en la que se designarán al resto de los miembros de la candidatura al Congreso –se barajan los nombres de Juana González Mulas y Rosa María Esteban Ayuso, como números ‘tres’ y ‘cuatro’– y la lista al Senado, en la que se prevé que repitan José Muñoz y María Teresa Cobaleda y que se incorpore el abogado salmantino, Alberto Estella.

Más allá de procesos internos de partidos políticos en tiempo ya de precampaña, el calendario electoral sigue quemando etapas. De esta manera, y una vez disueltas las Cortes por el presidente del Gobierno, varias fechas guían el proceso electoral.

Así, el 4 de febrero finaliza el plazo para presentar las candidaturas. Dos días después, se publicarán los representantes proclamados por los partidos, para el inicio de la campaña electoral el 22 de febrero. Ya en marzo, recordar dos fechas tradicionales: el 8 de marzo, jornada de reflexión, preludio de la jornada electoral, el 9 de marzo.

(www.tribuna.net, 18/01/08)

28. CASTILLA Y LEÓN: UN EX EDIL DEL PP EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA VIAJÓ CINCO VECES AL EXTRANJERO PERO NO SABE "QUIÉN PAGÓ"

Javier Cruz, el ex concejal de Obras en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, aseguró ante el magistrado de Instrucción nº 1 de Valladolid que en los tres últimos años ha viajado al extranjero en siete ocasiones, pero no pudo concretar al juez quién pagó cinco de los viajes que se realizaron a países como Rusia, Rumania, Finlandia, Argentina y un país de África, en donde estuvo para participar en un safari turístico. Cruz declaró por primera vez ante el juez encargado del llamado 'caso Arroyo', donde se investigan desde mayo del 2006 presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude fiscal.

El ex concejal del PP, que tuvo que dimitir en agosto del 2006 al conocerse que era dueño de cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial, señaló en su declaración que en abril del 2006 viajó a a Rusia con el Balonmano Valladolid "sin que él pagase el viaje y no sabe muy bien quién lo pagó". También en otra salida al extranjero, a Finlandia hace dos años, tampoco pagó dicho viaje ya que "fueron unos amigos a pasar unos días y no recordaba quién lo pagó". Respecto a estos viajes y a otros dos realizados a Rumania y Argentina, en los cuales tampoco sufragó los billetes, Javier Cruz afirmó al juez que le interrogó que en su momento aportará quién pago todas estas salidas. En todos los casos siempre dijo que había ido solo.

El que fuera empleado en la empresa Helios reconoció en su declaración que también había viajado a Holanda hace dos años "invitado por una empresa que quería vender al municipio" los juegos de parques infantiles. Precisamente en este sentido el ex edil de Obras de Arroyo se negó a contestar a todas las preguntas de la acusación popular, que representa la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, entre las que se encontraba cuál fue la razón por la que el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez entregó gratis en 2006 un parque infantil a un edil del BNG de su municipio natal en As Nogais (Lugo).

Cruz reconoció además que al viaje de Holanda fue acompañado por José Manuel Méndez, al igual que a otra salida que hizo a China en octubre del 2005, que tampoco pagó y en la que estuvo un socio del actual regidor independiente.

Durante su declaración por espacio de 45 minutos, en la que por tercera vez estuvo ausente el Ministerio Fiscal, el ex edil de Obras aseguró que su salario en la empresa Helios era de 1.720 euros al mes, y que había comprado dos pisos a la constructora Mahía en el 2005, coincidiendo con el periodo de negociación del convenio que Méndez pactó con su ex empleada y apoderada de Mahía, empresa propietaria de los sectores urbanos SAU 9 y SAU 13.

Sobre los dos pisos protegidos que posee, el que fuera concejal de Obras del 2003 al 2006 dijo al magistrado que la primera VPO que compró en Arroyo "no sabía que era de protección", y cuando adquirió la segunda en el mismo bloque "no ponía en las escrituras" dicha catalogación. El ex edil añadió que pagaba todas las hipotecas con los alquileres, pero no quiso responder a la acusación si algunos de los pisos habían estado habitados por trabajadores de Mahía desplazados de Galicia. No obstante, Javier Cruz insistió en su declaración que él "nunca había negociado convenios inmobiliarios" con constructoras que operan en Arroyo, aunque dijo conocer al presidente de Mahía, también imputado.

(www.nortedecastilla.es, 18/01/08)

29. CASTILLA Y LEÓN: EL FISCAL DICE QUE EL CASO LAS NAVAS "ESTÁ CLARO" Y ESPERA QUE LLEGUE A JUICIO

La Fiscalía espera que el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el que hay 19 personas imputadas, llegue a juicio y se depuren responsabilidades por la recalificación de un Área Crítica para la cigüeña negra con la intención de construir una urbanización.

Así lo manifestó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, tras la declaración como imputados del ex jefe territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Hontoria (se jubiló hace unos días); el jefe de la Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Servicio de Fomento, Arturo Menduiña, que actuó como ponente de la Comisión de Urbanismo y la Ponencia Técnica; y Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, que ya compareció como testigo en el mes de abril, y que emitió varios informes "contradictorios".

Los tres prestaron declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila este martes, aunque, como ha explicado el fiscal, "a las preguntas que son importantes, o no contestan o las niegan". "Las preguntas que permitirían esclarecer algunas contradicciones, no se responden o niegan que eso haya ocurrido, con lo que no se aclara nada más que lo que ya está aclarado porque ya figura en documentos", ha manifestado en este sentido.

Gómez Cortés ha señalado que, en todo caso, se les ha citado a declarar para "poder ir a juicio contra ellos" y que su intención es la de llegar a ello "si nos dejan, porque esto tiene que pasar filtros de juzgados y de audiencias e imagino que todos los imputados recurrirán".

El hasta ahora jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo, se negó a contestar, de hecho, a las preguntas del Ministerio Público, aunque sí respondió a las de los ecologistas, algo por lo que el fiscal se mostró "muy sorprendido".

Por su parte, el portavoz de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, ha asegurado que, en respuesta a las preguntas de sus abogados, Pardo "ha justificado los informes de los técnicos sin más o ha echado balones fuera" hacia la Comisión Territorial de Prevención Ambiental y la Comisión Territorial de Urbanismo, asegurando que "eran los órganos colegiados y que esas decisiones –como la de aprobar la recalificación del Área Crítica- se tomaban allí".

En cuanto a la declaración de Sabas Yagüe, Bravo ha explicado que "se ha reafirmado en sus informes, aunque son contradictorios, sin explicar esas contradicciones y echando balones fuera en respuesta a las preguntas del fiscal". Esperaban, sin embargo, que aclarara si "esos cambios de criterio tan radicales en sus informes, que contribuyeron claramente a que se violara la legislación, fueron decisiones suyas o si pudo haber presiones de la Consejería de Medio Ambiente". A su juicio, ni Pardo, ni Yagüe, ni Menduiña "han podido contestar a sus contradicciones", por lo que a juicio de los ecologistas "sigue quedando claro que aquí ha habido unos cambios inexplicables de postura para justificar la violación de la normativa y poder autorizar la construcción de esa urbanización".

A su declaración se unirán en los próximos días las del resto de imputados, entre los que se encuentran todos los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo, el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, y otro de los técnicos que ya fue citado como testigo, José Ignacio Molina. Está pendiente, además, la comparecencia de Francisco Gómez 'El Paloma', el propietario de los terrenos en los que iba a levantar una urbanización, que ha pedido declarar en Ávila en vez de en Murcia, donde reside.

Los otros cuatro imputados son el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo; y el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.

(www.aviladigital.com, 16/01/08)

30. ISLAS CANARIAS: EL EX PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR DECLARA EN LOS JUZGADOS DE TELDE COMO IMPUTADO EN EL 'CASO FAYCÁN'

El ex portavoz parlamentario del Partido Popular Jorge Rodríguez llegaba minutos antes de las 9.00 horas a los juzgados de Telde, donde fue citado en calidad de imputado por el juez Javier García García-Sotoca en el marco de las investigaciones en torno al llamado 'caso Faycán', que desentraña una presunta trama de corruptela en el Consistorio teldense.

Media docena de abogados han acudido a la declaración que se lleva a cabo ante el juez Javier García y  el fiscal anitcorrupción de Las Palmas, Luis del Río. A Jorge Rodríguez se le imputa un delito de tráfico de influencias. El interrogatorio se centrará previsiblemente en su relación con el Grupo Europa en su labor de supuesta intermediación entre dicha compañía y varios ayuntamientos grancanarios.

(www.canarias7.es, 16/01/08)

31. REGIÓN DE MURCIA: EL ALCALDE PEPERO DE PUERTO LUMBRERAS NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LOS JUZGADOS DE LORCA

El alcalde de Puerto Lumbreras, diputado regional y Portavoz de su partido, Pedro Antonio Sánchez, que tendrá que declarar el próximo día 23 de este mes en los juzgados de Lorca para responder a una acusación de presuntos delitos urbanísticos denunciados en el pasado mandato por el anterior grupo socialista y algunos particulares, aun no se ha dignado en responder -al igual que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de Murcia- a los requerimientos escritos remitidos por las instancias judiciales.

El primer auto, fechado el pasado 7 de noviembre, daba un plazo de 15 días al primer edil lumbrerense para contestar en un plazo de 15 días, que venció el 22 del mismo mes. Como consecuencia de esta falta de respuesta, el juzgado competente ha vuelto a enviar otro oficio dando cinco días de plazo para remitir la documentación requerida.

En esta misma situación se encuentra el estamento urbanístico dependiente del Gobierno regional presidido por Ramón Luis Valcárcel. La ausencia de argumentos escritos denota un posible acuerdo entre ambas administraciones para sustraerse a la acción de la Justicia, que, si no queda otro remedio, tendrá que esperar la llegada de Sánchez al edificio judicial lorquino.

Al parecer, el juez habría podido requerir el envío de siete convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con empresas locales y forasteras. De todas ellas, destaca la relacionada con una mercantil afincada en la Región y que estaría vinculada a una conocida promotora asentada en el Campo de Cartagena, empresa, dicen los que conocen el asunto, que "podría ser una importante fuente económica" con ramificaciones en el accionariado de una importante empresa periodística murciana.

También han sido pedidos expedientes tales como copia testiomonial de las valoraciones de los proyectos realizadas por los servicios técnicos municipales, oficio municipal de la clasificación de un solar propiedad de un particular, que abarca también la escritura de compraventa privada suscrita por este mismo propietario con su presunto comprador, declaración del Registro de Intereses del alcalde e historial completo de los convenios solicitados.

(www.vegamediapress.com, 14/01/08)

32. REGIÓN DE MURCIA: El ex diputado del PP Juan Morales ha adquirido un patrimonio difícil de justificar

Juan Morales, principal sospechoso de la Operación Tótem que investiga el pago de comisiones millonarias a cambio de recalificaciones de suelo en la localidad murciana de Totana, cuenta con cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales. Indicios que acumula el ex diputado popular por presunto delito de cohecho y que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia tiene sobre su mesa para valorar si puede o no proceder contra el político

El ex diputado popular y ex alcalde de Totana Juan Morales podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez que instruye el caso, a Juan Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta, entre ellos un BMW y un Mercedes, tres casas en Murcia y otros dos inmuebles en Brasil.

Por orden de las autoridades españolas, la policía de Brasil investiga además posibles inversiones de Morales en el país sudamericano cuando era diputado popular. Inversiones que habría destinado a adquirir viviendas y un local comercial. Morales ha formado la mayor parte de este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que fuentes de la investigación valoran como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces sus ingresos conocidos.

En cuanto al posible cobro de comisiones ilegales millonarias a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana, Morales tenia en la gestoría de su ex mujer una copia exacta de cada uno de los 60 convenios públicos del Ayuntamiento y que estaban en fase de aprobación. Según fuentes judiciales, Morales podía llegar a cobrar hasta un 30 por ciento de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para presuntas actividades ilegales vinculadas a su actividad política como diputado popular.

Según fuentes judiciales, la investigación está estudiando los contratos que firmaron distintos empresarios con Morales y por los que pudo cobrar comisiones ilegales, así como abundante documentación de la que se incautó la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil durante los registros en el marco de la Operación Tótem.

(www.cadenaser.com 14.01.08)

33. ISLAS BALEARES: EL PP CARGÓ AL GOVERN GASTOS DE LOS MITINES DE RAJOY EN LAS ISLAS

El Partido Popular cargó al Govern balear gastos de los mitines electorales que su presidente nacional, Mariano Rajoy, realizó en las islas el pasado 18 de mayo, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 27-M. Se trata como mínimo de tres facturas, una de la comida que Rajoy dio a 70 periodistas que cubrían el mitin de Menorca, y las dos restantes por la seguridad privada del acto central en Palma del líder de los populares.

La jornada del 18 de mayo fue del todo maratoniana para Rajoy, que llevó a cabo diversos actos de campaña en Menorca, Eivissa y finalmente en Palma, acompañado por el entonces president Jaime Matas. En la isla vecina, el máximo dirigente del PP congregó por la mañana a unas 500 personas en el Recinto Ferial menorquín, ubicado en el polígono industrial de Maó. Ese mismo día, el 18 de mayo, el restaurante la Minerva (uno de los más conocidos del puerto mahonés) estuvo encargado de servir un catering durante el evento electoral, al parecer para la prensa. Pese a tratarse de un acto exclusivamente de partido, la cuenta, por valor de 2.247 euros, fue emitida a nombre de Fires i Congressos de Balears S.A., dependiente de la conselleria de Comercio, Industria y Energía, donde fue registrada el día 5 de este mes para su correspondiente abono, que aún no se ha realizado.

Según consta en la factura el servicio fue el siguiente: "catering prensa mitin sr. Mariano Rajoi (sic)", setenta unidades a un precio de 30 euros, lo que da una suma de 2.100 euros. Al aplicarle el IVA, el total resultante son los 2.247 euros mencionados. En la parte inferior de la cuenta aparece una ampliación del concepto, bajo estos términos: "coffe brear (sic) y almuerzo medios de comunicación", y cita a una veterana empleada de Fires i Congressos, como la responsable de dicho encargo. En aquel entonces, el máximo responsable político de la entidad participada en exclusiva por el Govern era el menorquín Francesc Tutzó, del PP.

Este dispendio no ha sido el único que ha ido con cargo a los fondos públicos de la Comunidad Autónoma. La seguridad privada del mitin central de Rajoy en Palma, que se celebró por la noche del mismo día dieciocho en el velódromo del Palma Arena, fue abonada el pasado agosto por la Fundació Illesport -cuya principal función es patrocinar acontecimientos y equipos deportivos- que depende orgánicamente de la conselleria de Deportes y Juventud.

Precisamente a este acto asistieron unas 9.000 personas en el interior de la abarrotada instalación deportiva, mientras que otro millar de simpatizantes lo siguieron desde una carpa exterior. Para garantizar la seguridad de tantos simpatizantes, el PP contrató los servicios de la empresa Trablisa, que posteriormente emitió dos facturas a nombre de Illesport.

El 7 de agosto pasado, desde la citada empresa se solicitó por fax a la fundación del Govern que "agilizara" los pagos pendientes, en concreto, la factura número 0705/12868, por valor de 1.769, 51 euros en concepto de "vigilantes", y la factura número 0705/139 de 307,08 euros por "auxiliares".

En el fax remitido al Govern, y al que también ha accedido este rotativo, la responsable del departamento de cobros de Trablisa reclama el pronto pago y especifica un dato curioso: "este servicio se prestó a petición del sr. Fernando Areal, para un mitin del Partido Popular, por lo que no hay un contrato firmado". Se trata del hermano de Maite Areal, esposa del ex president Matas, y gerente del PP balear.

(www.diariodemallorca, 12/01/08)

34. ISLAS BALEARES: EL JUEZ IMPUTA A ONCE DIRIGENTES DEL PP Y DOS FUNCIONARIOS POR EL CASO CABALLISTAS

El magistrado de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha dictado un auto en el que imputa formalmente un presunto delito de falsedad de documento oficial a once dirigentes del Partido Popular (PP) que, en 2005, eran alcaldes o tenientes de alcalde de otras tantas localidades mallorquinas y a dos funcionarios municipales. El encausamiento de estas trece personas, varias de las cuales siguen siendo primeros ediles o regidores, se ha hecho dentro del caso Caballistas, la emisión en 2005 de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del entonces alcalde conservador de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, como si fuera un club hípico.

El magistrado Rotger da traslado en su resolución del sumario a la fiscalía anticorrupción y a los acusadores particulares Josep de Luis, en nombre de un particular de Manacor, y Estela Soler, en representación del Partido Socialista, para que formulen sus escritos de acusación.

Los políticos imputados formalmente en la resolución de pase a procedimiento abreviado de las diligencias previas son: Antoni Del Olmo, ex alcalde de Santa Margalida; Sebastià Vidal, ex alcalde de Ses Salines y principal beneficiado con las supuestas falsificaciones; Joan C. Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor en la época de autos; Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra, alcalde en la anterior legislatura de sa Pobla; Joan Rubert; teniente de alcalde en Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva; Gabriel Matas; alcalde de Montuïri; y Andreu Prohens, ex alcalde de Campos y conseller del PP en el Consell de Mallorca.

El auto también atribuye una presunta falsedad documental a Sebastià Escalas, celador municipal de obras de Ses Salines; y a Sebastià Portell, otro funcionario cualificado. El juzgado de instrucción 8 y la fiscalía anticorrupción han investigado desde finales del año 2005 la emisión por parte de once alcaldes y concejales del PP de certificados falsos sobre exhibiciones de un club hípico de ses Salines, antes de su constitución oficial.

El ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, defendido por Rafael Perera, trató ese año de legalizar su casa como sede de la Agrupación Caballista de Ses Salines para lo cual solicitó la declaración de interés general de la finca al Consell de Mallorca.

Sebastià Vidal, el principal imputado, aseguró el 7 de abril del 2006 ante el juez Antoni Rotger que su finca ilegal en dicho pueblo no era una vivienda, sino la sede oficiosa de la agrupación hípica local. Vidal inauguró la ronda de declaraciones en la causa por un supuesto entramado para legalizar una casa de su propiedad con la excusa de servir de sede a una asociación hípica y que fue denunciado por un vecino de Manacor.

Ese día también prestaron declaración como imputados Joan Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor, y una de las once autoridades municipales que firmaron certificados sobre supuestas actuaciones y exhibiciones de la agrupación caballista local.

Las certificaciones iban a ser incluidas en un expediente ante el Consell de Mallorca para obtener el interés general de la finca del alcalde Vidal, que así quedaría legalizada.

Vidal aseguró en los pasillos del juzgado de instrucción 8 que la denuncia por este caso obedecía a venganzas por intereses políticos.

El encartado sostuvo que la finca situada en la parcela 21, polígono 9 de Ses Salines, perteneciente a su familia desde hacía más de 35 años, no era una vivienda, dado que allí no moraba nadie.

Preguntado por qué, si no era una casa, el edificio disponía de dos habitaciones, cocina y baño, Sebastià Vidal aseguró que en los últimos años se habían hecho reformas en el lugar y que se había habilitado para que el grupo de aficionados a la hípica pudiese allí "hacer torradas, ducharse, cambiarse, etc".

El imputado explicó que la agrupación caballista llevaba funcionando más o menos desde el 95, pero durante años había carecido de personalidad legal, estatutos y domicilio. Desde el 2004 su finca fue la sede oficiosa de este club hípico, que habría participado en exhibiciones y fiestas de muchas localidades mallorquinas desde sus orígenes. Vidal dijo que su casa estaba en otro lugar y que había dimitido acosado por la prensa.

(www.diariodemallorca.es, 15/01/08)