Las otras noticias +
PPOPULARES de los
Genoveses, SA
( Del 19 AL 25 DE MAYO del
2007 )
|
|
Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE REPRODUCIR "EL ESQUEMA POLÍTICO" QUE LLEVÓ A LA GUERRA CIVIL (23/05/07)
2. EL FISCAL ANTITERRORISTA DICE QUE EL PP HA DIFICULTADO LA DISOLUCIÓN DE ETA (19/05/07)
3. SIETE PERITOS POLICIALES CONCLUYEN QUE ETA NO INTERVINO EN EL 11-M (22/05/07)
4. EL 'INFORME DE MERA' ESTÁ EN EL SUMARIO TAL Y COMO SE REDACTÓ (22/05/07)
5. EL PP AFIRMA QUE EL GOBIERNO HA DEJADO QUE SE DETERIOREN PRUEBAS DEL 11-M (22/05/07)
6. CATALUÑA: EL PP ABRAZA EL DISCURSO XENÓFOBO (23/05/07)
7. GALICIA: EL ALCALDE Y CANDIDATO DEL PP EN OURENSE TIENE CENSADAS EN SU DOMICILIO A 16 PERSONAS (22/05/07)
8. GALICIA: 75 EMPLEADOS DE LA DIPUTACIÓN VAN EN LISTAS DEL PP EN OURENSE (25/05/07)
9. ANDALUCÍA:"PEPE, CUANDO DAMOS ESTAS COSAS POR DECRETO QUEREMOS UNA COMISIÓN" (21/05/07)
10. ANDALUCÍA: ESCRITO CONTRA TEÓFILA MARTÍNEZ (24/05/07)
11. ANDALUCÍA: EL PP PRESENTA A 26 EX CANDIDATOS DEL GIL (20/05/07)
12. ANDALUCÍA: UN JUEZ IMPUTA DELITO ELECTORAL AL ALCALDE Y TRES CARGOS DEL PP DE LANJARÓN (25/05/07)
13. ANDALUCÍA: DENUNCIA EN QUÉNTAR (25/05/07)
14. ANDALUCÍA: EL RAP MACHISTA DE DON RAMÓN (25/05/07)
15. ANDALUCÍA: PIDE A UN FUNCIONARIO QUE VOTE POR CORREO PARA COMPROBAR QUE LO HACE POR EL ALCALDE (22/05/07)
16. COMUNIDAD DE MADRID: LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN LAS INAUGURACIONES ELECTORALISTAS DE AGUIRRE (25/05/07)
17. COMUNIDAD DE MADRID: SEBASTIÁN: "EN MADRID HUBO TRATO DE FAVOR A IMPUTADOS" DE MARBELLA (19/05/07)
18. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESUNTA TESTAFERRO DE ROCA VISITÓ URBANISMO 40 VECES EN DOS AÑOS Y MEDIO (23/05/07)
19. COMUNIDAD DE MADRID: LA M-30 SUFRE LA QUINTA INUNDACIÓN DESDE FEBRERO (23/05/07)
20. COMUNIDAD DE MADRID: MÓSTOLES CONTRATA A UNA EMPRESA INVESTIGADA POR CORRUPCIÓN EN GRANADA (22/05/07)
21. COMUNIDAD DE MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR TUMBA EL PLAN ESTRELLA DEL PP EN ALCALÁ (25/05/07)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA COBRÓ 841.000 € POR ASESORAR A EMPRESAS SIENDO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN (19/05/07)
23. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07)
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA ACAPARA FINCAS SIN REGISTRAR QUE LE DONARON VECINOS DEL PUEBLO EN EL QUE GOBIERNA (22/05/07)
25. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ ANULA UN PAI EN XIXONA CON 5.500 CASAS POR SER CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL (24/05/07)
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE VALL D'ALBA VENDIÓ POR MÁS DE 150.000 € UNA FINCA DONADA (21/05/07)
27. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS PENALES POR PREVARICACIÓN CONTRA CONCEJALES DE ORPESA (24/05/07)
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE BENIMUSLEM DESCARTA RETIRARSE COMO CANDIDATO PESE AL FALLO QUE LE INHABILITA (24/05/07)
29. CASTILLA Y LEÓN: EL CANDIDATO DEL PP EN CUÉLLAR CONDICIONA DINERO PÚBLICO A VOTOS (24/05/07)
30. CASTILLA-LA MANCHA: CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE CIUDAD REAL COMPRARON PISOS TRAS DECLARARLOS PROTEGIDOS (19/05/07)
31. REGIÓN DE MURCIA: EL PP MURCIANO VA A LAS ELECCIONES CON 22 MILITANTES IMPUTADOS (21/05/07)
32. REGIÓN DE MURCIA: DE PASEO POR NUEVA YORK EN LIMOUSINE A COSTA DE LOS MURCIANOS (23/05/07)
33. REGIÓN DE MURCIA: A 9 MESES DE PRISIÓN EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DE LAS TORRE (25/05/07)
34. CIEZA APROBARÁ 20.000 NUEVAS CASAS EL ÚLTIMO DÍA DE LEGISLATURA (24/05/07)
35. REGIÓN DE MURCIA: PUERTO LUMBRERAS MULTIPLICARÁ SU POBLACIÓN POR 10 CON 40.000 PISOS (24/05/07)
36. ISLAS CANARIAS: EL PROMOTOR DE TELDE REFLEJÓ EN SU BALANCE LOS PAGOS CON 'DINERO B' A EDILES DEL PP (24/05/07)
37. ISLAS BALEARES: MATAS ADJUDICA A MEDIOS AFINES 44 LICENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN (24/05/07)
38. ISLAS BALEARES: EL GOBIERNO EXPROPIA COMO URBANA UNA FINCA QUE LA FAMILIA MATUTES ACABABA DE COMPRAR COMO RÚSTICA (24/05/07)
39. CANTABRIA: UN ALCALDE POPULAR DESAFÍA A LA JUSTICIA (22/05/07)
40. MELILLA: LA GUARDIA CIVIL DESTAPA LA COMPRA DE VOTOS A CAMBIO DE ALIMENTOS EN UNA CONSEJERÍA (25/05/07)
1. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE REPRODUCIR "EL ESQUEMA POLÍTICO" QUE LLEVÓ A LA GUERRA CIVIL (23/05/07)
El presidente de honor del PP, que realiza una campaña paralela a la del líder de este partido, Mariano Rajoy, y no coincidirá con él en ningún acto, irrumpió con fuerza en la recta final con una frase polémica en un acto en Calatayud (Zaragoza): "Zapatero ha conseguido que media España no acepte a la otra media. Y eso que nos condujo a lo peor de nuestra historia hace 70 años es el esquema político que se quiere repetir ahora. Quiero pediros que estas elecciones no os olvidéis de eso. Cada voto que no venga al PP será utilizado justamente para esa política de exclusión. Y esa política de exclusión es justamente lo que los españoles habíamos superado en la transición democrática, que habíamos superado durante 30 años".
La agencia Efe interpretó lo obvio: que Aznar había acusado a Zapatero de llevar a España de nuevo hacia la Guerra Civil. Aznar mandó un desmentido: "En ningún momento de mi intervención he mencionado el término Guerra Civil". Sin embargo, dijo "hace 70 años", esto es, 1937, en plena Guerra Civil. Algo parecido sucedió cuando el ex presidente criticó la campaña de la DGT No podemos conducir por ti, y luego aseguró que había sido malinterpretado.
Aznar endureció aún más su discurso al pedir el apoyo electoral a su partido: "Cada voto que no vaya al PP será un voto para que ETA esté en las instituciones".
Mientras, en un tono bien distinto al que fuera su mentor, Mariano Rajoy protagonizaba en Valencia, junto a Francisco Camps, el mayor mitin de la campaña, donde el líder pepero llegó a decir que [tras la manifestación del 10 de marzo, en Madrid]. Es el acto más emocionante de mi vida. Aquí no se ha movido nadie y no cabe ni un alfiler. Esto es el PP". Rajoy evitó el asunto de la corrupción en todo momento a pesar de que en primera fila estaba sentado Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón. El líder se limitó a decir: "En lo que no nos gana nadie es en defender unos principios. Y en saber gobernar. Defendiendo la justicia, siendo honrados, ganaréis siempre".
El asunto de Franco y la recuperación de la memoria histórica que trató Aznar está presente también en todos los mítines de Rajoy. Así, insistió: "Zapatero ha dedicado su tiempo a hablar de Franco, la República, la memoria histórica, y de cuántas naciones hay. España es una nación, la más antigua de Europa". "¡España, una y no 51!" "¡España, España!", coreaba el público.
Pero fue en el País Vasco, cuando se le recordó la otra frase de Aznar -"cada voto que no vaya al PP será un voto para que ETA esté en las instituciones"-, Rajoy parecía molesto por el hecho de que el ex presidente le hubiera arrebatado protagonismo en el final de campaña. "Yo soy el presidente del partido", comentó cuando a los periodistas con una sonrisa. Sin embargo, sobre el fondo del discurso de Aznar, el líder del PP no discutió nada. Incluso dijo que Aznar recibe el argumentario del PP como todos los dirigentes que hacen campaña.
2. EL FISCAL ANTITERRORISTA DICE QUE EL PP HA DIFICULTADO LA DISOLUCIÓN DE ETA (19/05/07)
Una queja en toda regla. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acusa al PP --aunque sin citarlo expresamente-- de haber creado "un clima de crispación y social y de desconfianza en el funcionamiento de las instituciones" con sus críticas de pasividad frente a ETA, lo que ha añadido dificultades al avance del proceso de disolución de ETA. En la memoria anual de ese organismo, el fiscal indica que las recriminaciones hechas desde las filas de Mariano Rajoy son erróneas, ya que la actividad judicial desarrollada contra ETA en el 2006 se ha triplicado frente la desplegada en el 2005 y en 1999, cuando terminó la anterior tregua decretada por ETA mientras gobernaba José María Aznar.
El fiscal jefe explica que ETA perpetró 18 atentados en el 2006 (17 entre enero y marzo, cuando la banda anunció el alto el fuego permanente) y el último en diciembre en Barajas, en el que perdieron la vida dos ecuatorianos. Durante los nueve meses de inactividad etarra, la banda ha mantenido una "dinámica criminal" con acciones de kale borroka (145 en total), sustracción y disposición de armas y explosivos y la exigencia de la extorsión terrorista a empresarios.
Esa actividad, según el fiscal, "no ha permitido acreditar de forma evidente y diáfana la voluntad inequívoca" de ETA de "liquidar de una vez y para siempre su trayectoria criminal de muerte, dolor y sufrimiento". Además, para Zaragoza, "las dificultades que se han suscitado en torno a la política antiterrorista" han impedido "mayores avances en el proceso de disolución y entrega de las armas" por parte de ETA.
El fiscal no duda en culpar a los que han criticado la "permanente" acción judicial "con acusaciones tan sonoras como infundadas" de cesión, pasividad o inactividad en la lucha contra la banda terrorista. También les recrimina haber creado un clima, "alentado por algunos sectores mediáticos", que han dañado "la unidad y el diálogo" como principios "rectores de la política antiterrorista".
Zaragoza confía en que ese proceso "no sea irreversible", ya que, a su juicio, la actuación judicial contra ETA "goza de buena salud". En su opinión, ese trabajo ha sido "firme y contundente", aunque discrepa de que esa labor se pueda "interpretar en clave política, en función de intereses partidistas". Por ello, ofrece un balance detallado de la actuación de la fiscalía en el 2006, en que fueron detenidos 46 presuntos etarras y presentados 102 escritos de acusación contra 227 personas. Por contra, en 1999, el fiscal firmó 36 escritos de acusación contra 118 personas.
En el 2006 se celebraron 89 juicios. En 79 sentencias fueron condenadas 115 personas a penas que superan 7.000 años de cárcel. Juan Carlos Iglesias, Gadafi, fue castigado con 1.200 años de prisión. Además, en el 2006 la fiscalía aplicó la doctrina Parot a 13 etarras, entre ellos Domingo Troitiño, y apoyó la excarcelación de 36 terroristas con pena cumplida.
3. SIETE PERITOS POLICIALES CONCLUYEN QUE ETA NO INTERVINO EN EL 11-M (22/05/07)
Tres años después del 11-M, no existe "ni un solo dato objetivo" que vincule a ETA con los atentados. Así de rotundos se mostraron siete policías --cinco de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y dos técnicos especialistas en desactivación de explosivos (tedax)-- que comparecieron en calidad de peritos ante el tribunal que juzga la masacre.
Entre los declarantes se encontraban los dos autores del informe de diciembre del 2005 que, según el exdirector general de la policía Agustín Díaz de Mera, ponía al descubierto supuestos nexos entre etarras e islamistas. Díaz de Mera, eurodiputado del PP, ha acusado al anterior comisario general de información, Telesforo Rubio, y al jefe del Instituto de Estudios de la Policía, José Cabanillas --también compareciente --, de haber adulterado dicho informe para eliminar los rastros de la autoría de ETA.
La versión del exjefe de la policía del Gobierno de José María Aznar se rompió en añicos. "Nunca ha existido un informe que vincule a ETA con el 11-M. Jamás haríamos un informe basado en elucubraciones", afirmó tajante uno de los autores. Su compañera subrayó que el documento que elaboraron no ha sufrido ninguna modificación. Añadió que no recibieron presiones al elaborar el estudio. Cabanillas, que ya había comparecido como testigo el 9 de mayo, declaró que él se había limitado a remitir al entonces comisario general de información el informe de los dos agentes. reiteró la inexistencia de nexos entre ETA y el 11-M.
El juez Javier Gómez Bermúdez preguntó a los peritos si esa conclusión sería la misma en el caso de que el explosivo usado en los atentados fuera titadyne, la dinamita habitual de ETA. Los expertos respondieron que ese dato tendría un "peso mínimo" y no variaría las conclusiones, porque existen otros argumentos que descartan la autoría etarra, como los cruces de llamadas, la "dinámica de funcionamiento" de los terroristas, las huellas digitales, los restos de ADN o el hecho de que ETA se "desmarcara" de la masacre. Los agentes de la UCI se centraron en el Informe sobre hipotéticos vínculos entre islamistas y ETA, que De Mera da por manipulado. Todas las relaciones entre presos etarras e islamistas que los teóricos de la conspiración ven sospechosas resultaron ser las "normales que se crean por afinidad personal", según los peritos.
Los expertos consideraron una "coincidencia, aunque con cierta lógica" que la detención de la caravana de la muerte de ETA se hubiera producido el mismo día, 29 de febrero del 2004, en que los islamistas se dirigían desde Asturias a la finca de Morata de Tajuña con sus explosivos. "Ambas organizaciones sabían que, por sus repercusiones, les convenía atentar en Madrid en plena campaña electoral", dijo una agente.
4. EL 'INFORME DE MERA' ESTÁ EN EL SUMARIO TAL Y COMO SE REDACTÓ (22/05/07)
La historia de la denuncia del supuesto informe manipulado para eliminar los vínculos entre ETA y el 11-M llegó a su fin y ha dejado en una dificilísima situación al ex director general de la Policía, el eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera. Los dos autores del documento, jefes de las dos secciones de ETA de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), confirmaron que "no existe ningún informe que vincule a ETA con el 11-M". Además, aseguraron que el informe que elaboraron se hizo "sin recibir directriz ni presión alguna" y que está incluido en el sumario "tal y como se hizo desde el principio". Es decir, sin manipulación alguna y descartando absolutamente cualquier relación entre los atentados en los trenes y la banda terrorista vasca. Los autores, el supuesto manipulador y su presunta fuente ya han asegurado en la sala que lo que Díaz de Mera dijo al tribunal no es cierto.
El eurodiputado había asegurado, primero en la Cope y luego en el juicio que una fuente honorable y fiable le había asegurado que el citado informe había sido alterado. El fin de esta alteración habría sido, dijo, destruir las pruebas y líneas de investigación que establecían esa conexión. No obstante, se negó pertinazmente a facilitar el nombre de su fuente, lo que le valió una multa de 1.000 € por desobediencia grave al tribunal y la apertura de un nuevo proceso. La tesis de Díaz de Mera comenzó a desmoronarse de inmediato. Días después de ser multado, el ex director general aseguró que los autores eran un hombre y una mujer, pero que el resultado había desagradado al entonces comisario General de Información, Telesforo Rubio, que a su vez habría ordenado borrar los vínculos entre ETA y el 11-M al jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) José Cabanillas. A su vez, identificaba a su fuente como Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Pero después de , Díaz de Mera ya ha sido negado tres veces. El primero en hacerlo fue su supuesta fuente, que aseguró en la sala que "jamás" había contado a su ex jefe "algo que no era verdad". El segundo, José Cabanillas (que con la de ya ha comparecido media docena de veces), subrayó que ni le constaba presión alguna ni él la hubiera permitido.
Los dos autores se sentaron en la sala y fueron tajantes. "El informe no se hizo para descartar la relación de ETA con el 11-M si no para ver si existía". "Lo encargó el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI)", es decir, Domingo Pérez Castaño, que ha negado por escrito la supuesta manipulación y, además, en contra de lo que aseguró el eurodiputado, no fue trasladado al País Vasco tras su negativa, sino que está en una comisaría de Madrid. Es más, agregaron, el informe no pudo ser alterado para eliminar los vínculos entre la masacre y los etarras "porque no existe ni un solo dato objetivo sobre esos vínculos".
Los peritos, además, aseguraron que para dicha elaboración no recibieron "directriz, ni presión ni nada, sino sólo analizar de manera meticulosa" los indicios publicados por los teóricos de la conspiración sobre los, según los agentes, inexistentes vínculos entre el atentado y la organización terrorista vasca. "El informe se mantiene como se hizo desde el principio", subrayó el hombre que lo firma para zanjar la cuestión.
Lo que queda por saber es el futuro de Díaz de Mera. La Eurocámara ya recibió hace dos semanas el escrito de la Audiencia Nacional en el que se le solicita que confirme la condición de eurodiputado del ex director general de la Policía. Mientras, varios de los policías aludidos por su ex jefe esperan los movimientos del tribunal para iniciar acciones legales contra De Mera, ya que al menos dos de ellos han sido acusados de delitos graves, como la falsificación documental.
5. EL PP AFIRMA QUE EL GOBIERNO HA DEJADO QUE SE DETERIOREN PRUEBAS DEL 11-M (22/05/07)
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ha retomado la teoría de la conspiración y ha puesto en duda el interés del Gobierno del PSOE en conocer la verdad sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, si se tiene en cuenta el escaso interés demostrado, a su juicio, en la custodia de las pruebas. En la sesión de del proceso, los peritos policiales (al igual que ya hicieran ) han confirmado que las pruebas sobre los atentados decartan a ETA.
Por su parte Zaplana, en declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados, ha dicho que el juicio del 11-M está revelando que "la versión más favorable para el Gobierno reconoce que han existido gravísimos errores en la guarda de las pruebas y que ha existido negligencia en su custodia". A su juicio, estos hechos ponen en duda que el Gobierno quisiera "saber la verdad", porque en los años transcurridos desde los atentados "ha permitido que pruebas fundamentales se deteriorasen irreversiblemente".
Zaplana ha hecho referencia a los restos de explosivo que, en su opinión, se conservaron en condiciones que permitieron la contaminación de las muestras y el deterioro de su composición química.
En lo que respecta a la sesión de , los peritos policiales han reiterado, al igual que ya sucediera , que las pruebas descartan la participación de ETA en los atentados. Los peritos especializados en Biología y ADN han afirmado que parte de los restos hallados en los escombros de Leganés (en concreto los catalogados como "perfil 6") pertenecn en un 99,9999999999991% al suicida Allekema Lamari. Para llegar a esta conclusión cotejaron su perfil genético con el de sus familiares, para lo que se trasladaron a Argel.
Los expertos en acústica, por su parte, han declarado sobre los mensajes reivindicativos contenidos en tres vídeos: dos, hallados en los escombros del piso de Leganés, y otro en una cinta hallada junto a la Mezquita de la M-30. Los expertos han afirmado que las cintas estaban en árabe y que las reivindicaciones halladas en Leganés provienen de un fuente distinta a la de la M-30.
6. CATALUÑA: EL PP ABRAZA EL DISCURSO XENÓFOBO (23/05/07)
La xenófoba Plataforma per Catalunya intentará obtener representación en 43 ayuntamientos el próximo domingo, entre ellos el de Barcelona. El control de la inmigración y la mano dura en seguridad son sus únicos reclamos. Pero los dirigentes de este pequeño partido lo tendrán difícil en la capital catalana. El candidato del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, se ha apropiado de su discurso, de algunas de sus medidas y de buena parte de sus propuestas sobre inmigración. La plataforma y el candidato popular defienden al unísono la prohibición del burka como prenda de vestir; castigar la "competencia desleal" de los comercios regentados por inmigrantes, endurecer las condiciones para empadronarse y priorizar el acceso de los autóctonos a los pisos sociales.
No le importa que le llamen xenófobo. Alberto Fernández Díaz cree que los que no siguen su discurso se niegan a ver la realidad. Sin más. Y el candidato popular se dispuso a abrirles los ojos explicando un paquete de medidas que se propone aplicar "desde la primera semana" en caso de acceder al gobierno municipal. Piensa impartir cursos para que "los inmigrantes asuman como propios los valores de nuestra sociedad". Cambiará el sistema de empadronamiento -no explicó cómo- para que los inmigrantes lo tengan más difícil para acceder a unos servicios sociales "colapsados". Dicho colapso lo atribuyó a la llegada de inmigrantes: "Se han entregado más de 100.000 tarjetas sanitarias esta legislatura", recordó.
El candidato popular defiende medidas que ni siquiera se plantea la Plataforma per Catalunya, entre ellas, coordinar a los cuerpos policiales para expulsar de la ciudad a los inmigrantes irregulares.
No todos los inmigrantes son iguales. Si tiene que llegar mano de obra extranjera es mejor que sea de América Latina. "Por su cultura y su religión", argumentó el candidato. Los inmigrantes de otras culturas le gustan menos: "No es que sus valores y cultura estén alejados de los nuestros, es que son claramente contradictorios muy a menudo", dijo.
¿Qué expertos le han asesorado para tejer este discurso y elaborar el programa? El candidato no lo quiso explicar en la conferencia de prensa. También eludió reflexionar sobre qué podría haber ocurrido si en plena oleada migratoria de la década de 1960 se hubieran aplicado sus propuestas. Por ejemplo: ¿qué habría pasado si los inmigrantes de la década de 1960 no hubieran tenido a su alcance los bloques de pisos baratos de las grandes periferias? "Yo no estaba en aquella época", se limitó a responder.
Eso sí, Alberto Fernández Díaz pidió un "plan de choque" para mejorar los servicios sociales. Se trata, dijo el candidato, de poder atender a las personas "de siempre" y "si hace falta, también a los inmigrantes".
7. GALICIA: EL ALCALDE Y CANDIDATO DEL PP EN OURENSE TIENE CENSADAS EN SU DOMICILIO A 16 PERSONAS (22/05/07)
El alcalde y candidato del Partido Popular por Ourense, Enrique Nóvoa, tiene censadas en su domicilio familiar al menos a 16 personas. Según ha podido confirmar este periódico, Nóvoa ha domiciliado en su vivienda habitual a un buen número de familiares y amigos -todos ellos con residencia habitual fuera de Ourense y en algunos casos fuera de Galicia- hace apenas unos meses. El empadronamiento se produjo tras conocer el ahora alcalde que sustituiría al frente del Ayuntamiento al anterior regidor, Manuel Cabezas, y que encabezaría él la lista del PP a estos comicios.
La mayor parte de los 16 empadronados en el domicilio de Nóvoa son parientes suyos. Sobrinos, primos, cuñados y los hijos de éstos, con residencia habitual fuera de Ourense, pero ahora con domicilio en la casa del candidato, podrán votar en estas elecciones. Junto a ellos hay otras personas ajenas a la familia que figuran igualmente como residentes en la misma casa en la que vive Enrique Nóvoa, el nº 7 de Barxas, en Cudeiro, en la periferia de la capital, donde su familia regenta un popular negocio dedicado a la hostelería.
En esta zona del perímetro orensano se comentaba ya desde hace algunos días que el candidato podría haber inflado el censo, lo que le permitiría arañar un puñado de votos en estos comicios. Por su parte, el candidato lo niega. "Lo que ocurre es que la mía es una casa grande, de dos plantas, y por eso tengo domiciliados en ella a mis hermanos y a mi madre, pero nada más", sostiene Nóvoa, "Puedo presentar la hoja del último movimiento del censo, en donde queda claro", sostiene. Nóvoa ha ido escalando puestos poco a poco en el PP orensano. Su primer contacto fue en 1991, año en el que entró en la lista al Ayuntamiento de la capital en el puesto 21. Su candidatura para acudir a estos comicios le fue propuesta personalmente por el presidente provincial del partido, José Luis Baltar, después de que dos conocidos orensanos -el catedrático de Historia Jesús de Juana y el cardiólogo Pérez de Juan- renunciaran al puesto. Nóvoa ni se lo pensó, según ha reconocido, ya que se sintió "el hombre más orgulloso del mundo".
Para darle una tribuna y un prestigio, el Partido Popular desbancó a Cabezas unos meses antes del fin de la legislatura y, tras la renuncia expresa de los tres concejales que precedían a Nóvoa, éste pudo hacerse con la alcaldía, por un periodo de apenas tres meses sin pasar por las urnas. Ahora, el candidato se siente dispuesto "a trabajar sin descanso" por afianzarse en el puesto.
Su acceso a la presidencia de la corporación local, el pasado mes de febrero, le ha causado algunos contratiempos. Uno de ellos, al conocerse que había beneficiado a un socio constructor con una recalificación de terrenos por la que le había otorgado un considerable beneficio económico; otro, al hacerse público que en las últimas oposiciones del Ayuntamiento, celebradas con él ejerciendo ya como alcalde, aprobaron numerosas personas vinculadas a familiares de cargos del partido.
En las elecciones municipales de 2003, en las que Nóvoa se presentaba como número cinco de la lista, Cabezas logró la mayoría absoluta para gobernar Ourense por el estrecho margen de 300 votos.
8. GALICIA: 75 EMPLEADOS DE LA DIPUTACIÓN VAN EN LISTAS DEL PP EN OURENSE (25/05/07)
Al menos 75 empleados de la Diputación de Ourense figuran en listas del PP en distintos municipios de la provincia. La institución orensana, que acumula una deuda del 104,70%, a sólo tres décimas del tope legal, y gasta en personal 26 millones de €, en torno al 40% de su presupuesto, continúa siendo clave en una provincia en la que la derecha mantiene un amplio dominio electoral.
El paradigma de los empleados-candidatos es Lobios. A este municipio, gobernado por el PP, el presidente de la Diputación y presidente provincial del partido, José Luis Baltar, envió a comienzos de la campaña electoral a una técnico de desarrollo local para un servicio profesional. "Va en la lista del PP", señala el candidato socialista, José Lamela, "así que nada más llegar aquí destinada pidió los 15 días que le correspondían como candidata". "Es que sabíamos que estas iban a ser unas elecciones muy duras y nos hemos espabilado", confirma un representante del PP.
La oposición tiene la misma percepción. Antonia Álvarez, número dos del PSdeG en Nogueira de Ramuín, el origen político de Baltar, lo corrobora. "Han abultado el censo de tal forma que en el colegio de Alberguería en donde se instalará el domingo la mesa electoral figuran varias personas empadronadas". El colegio está en Baltar y el PP tiene 10 de los 11 integrantes del pleno.
La denuncia de los socialistas va más allá. "Aparecen personas censadas en una finca que carece de edificaciones", sostiene Antonia Álvarez. Y no es que Baltar tema perder ahí la mayoría, sino que lo que podría temer sería perder electores. "Hay unas 200 personas censadas y si baja el censo se pierde esta mesa electoral y los votantes tendrían que desplazarse unos kilómetros", apunta.
José Luis Baltar salió a escena, tras permanecer en un discreto segundo plano durante toda la campaña, para defender a su candidato en la capital orensana, Enrique Nóvoa. Si él tiene a 16 personas censadas en su vivienda, "hay un candidato del PSOE en la provincia que tiene a 55 en la suya", contraatacó. No dio nombres ni pistas, porque el Partido Popular "no aspira a ganar las elecciones con esto". Y advirtió: "Tenemos todas las de ganar la mayoría absoluta sin recurrir a argumentos sangrientos", dijo.
El PP de la provincia de Ourense divulgó horas después otro supuesto caso relacionado con el censo en Cortegada, donde el candidato socialista, Avelino de Francisco, empadronó durante los últimos meses "un total de 44 personas", la mayor parte de ellas en "diferentes domicilios de la calle Bouza Brey". De Francisco lo negó y exigió una rectificación pública a José Luis Baltar. Los socialistas denunciaron por su parte irregularidades en el censo electoral de Campo Lameiro, en Pontevedra, donde gobierna el PP, y cuyo censo "está inflado en más de 400 personas".
9. ANDALUCÍA:"PEPE, CUANDO DAMOS ESTAS COSAS POR DECRETO QUEREMOS UNA COMISIÓN" (21/05/07)
José Burgos Leiva es el empresario que grabó con ayuda del Cuerpo Nacional de Policía una conversación en la que el edil de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga, 20.000 habitantes), Gregorio Guerra, le pedía 121.600 € a cambio de no paralizarle las obras de 13 viviendas. La cinta terminó el 18 de enero con la detención del edil y del alcalde, Juan Martín Serón, ambos del PP. El empresario detalla en una entrevista el supuesto cohecho. Burgos, de 48 años, asegura que Guerra le pidió esa "comisión" cuatro veces entre septiembre de 2006 y la víspera de los arrestos, y afirma que el edil quería el dinero "en billetes y a cambio de un recibí".
El caso Alhaurín sigue su instrucción bajo secreto de sumario. Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, en libertad bajo fianza de 100.000 €, repiten como número uno y número tres en las listas del PP en las elecciones del próximo domingo.
10. ANDALUCÍA: ESCRITO CONTRA TEÓFILA MARTÍNEZ (24/05/07)
Un grupo de mujeres de los trabajadores de Delphi han denunciado a través de un escrito su "decepción" por el uso que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha hecho de la imagen de este colectivo. En una carta redactada por Carmen González y suscrita por otras seis mujeres, las afectadas acusan a Martínez haber aprovechado la crisis de Delphi con intereses políticos.
"Yo decía que a mí no me manipulaba nadie, pero después de recibir un folleto en el que salgo, con el manifiesto de Delphi no se cierra y en contra del PSOE, me he sentido utilizada y manipulada por usted y su partido", explica González en su escrito. "Nosotras sólo reivindicamos el trabajo de nuestros maridos", sostiene, "y no queremos que se utilice el problema como parte de la campaña electoral".
Este grupo de mujeres ha manifestado, con todo, que sus concentraciones se seguirán celebrando en el Ayuntamiento "porque es también nuestra casa".
Por cierto, que el juzgado de lo mercantil de Cádiz ha admitido a trámite el expediente de regulación de empleo presentado por Delphi. A partir de ahora, los administradores nombrados por la jueza que se encargan de controlar la gestión de la empresa desde que se abrió el proceso concursal -antigua suspensión de pagos- y la representación de los trabajadores tendrán ahora un periodo de 30 días para estudiar el expediente. La jueza, Nuria Orellana, ha solicitado "flexibilidad en el periodo de consultas" para que también puedan aportar sus sugerencias las administraciones y los agentes sociales.
El comité de empresa recibió con resignación la decisión de la jueza. "Nos hubiera gustado que se hubiera rechazado, pero la jueza nos ha comunicado que esto puede servir para forzar la negociación, que puede servir para llegar a un convenio", explicó Antonio Pina, presidente del comité.
La dirección de la empresa entiende que la admisión a trámite del expediente "forma parte del cumplimiento general de todos los trámites y requisitos legales del cierre ordenado de las actividades industriales en Cádiz".
11. ANDALUCÍA: EL PP PRESENTA A 26 EX CANDIDATOS DEL GIL (20/05/07)
Por primera vez desde 1991 el Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundó el fallecido Jesús Gil no se presenta a unas elecciones municipales. Cuatro años después de lograr su última mayoría absoluta en Marbella, la mayoría de los ex concejales de esta ciudad están imputados en la Operación Malaya, el mayor escándalo de corrupción política conocido hasta ahora en España, que motivó hace un año la disolución de la corporación municipal, una medida inédita hasta entonces en la democracia. En agosto de 2003, después de la moción de censura contra Julián Muñoz que supuso la ruptura interna de lo que quedaba de un partido que llegó a lograr 93 cargos electos en las municipales de 1999, Jesús Gil disolvió la formación.
Pero no todos los que pertenecieron al GIL han desaparecido de la escena política. En las listas electorales del 27-M aún figuran 36 candidatos que en su día lo fueron del GIL, 26 de ellos en el PP, partido que se ha nutrido como ningún otro de la polémica cantera gilista.
La desmembración del GIL comenzó en 2000, sólo un año después de que la formación consiguiera sus mayores cotas de poder municipal -en 2003 la formación sólo se presentó en Marbella y Ronda-. Aproximadamente la tercera parte de los concejales que logró el GIL acabaron militando en el PP, y del otro tercio que fueron a partidos independientes algunos ya han encontrado acomodo en la formación que preside en Andalucía Javier Arenas.
A lo largo de la azarosa vida del peculiar partido, todas las formaciones sin excepción alcanzaron en algún momento algún acuerdo de gobierno con un partido que en teoría denostaban por sus formas y sus oscuras pretensiones. El pacto anti GIL que los cuatro grandes partidos firmaron en 1999 no sirvió para nada. Las alianzas con unos y otros provocó en su día mociones de censura en Manilva (2), Marbella, Ronda, Estepona, Casares y San Roque. Pero ningún partido como el PP ha sido refugio de ex gilistas.
12. ANDALUCÍA: UN JUEZ IMPUTA DELITO ELECTORAL AL ALCALDE Y TRES CARGOS DEL PP DE LANJARÓN (25/05/07)
El juez de Instrucción 2 de Órgiva (Granada), Javier Prieto, ha imputado al alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), junto a dos concejalas y la presidenta del partido de un delito electoral y prevaricación, por el supuesto incremento irregular del censo en esta localidad (3.796 habitantes) en 119 personas durante sólo tres días. "El abultamiento supone más del 10% de los votos obtenidos por el PP en las pasadas elecciones, porcentaje suficiente para alterar cualquier resultado electoral", aseguró Juan Manuel Fernández, secretario general en Granada del PSOE, que denunció el súbito incremento del censo.
La teniente alcalde de Lanjarón, Carmen Reyes, la concejal de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo, así como la presidenta local del PP, Sonia Gutiérrez, llevaron las actas censales ante el registro entre el 29 y el 31 del pasado enero, según el PSOE. Los funcionarios del Ayuntamiento se habrían negado a admitir las actas censales, pero el alcalde les obligó a registrarlas. "¿Qué pasa? ¿es que no queréis que yo sea el alcalde? Pues eso es lo que hay", espetó el regidor a los funcionarios como réplica, según la denuncia.
El juez ha ordenado que el ayuntamiento le envíe "las solicitudes de empadronamiento realizadas junto a sus correspondientes expedientes", así como "los nombres de las personas dadas de baja de oficio desde el 31 de enero". Además, solicita a la Policía Judicial que investigue los titulares de seis viviendas donde estarían empadronados algunos de los 119 nuevos vecinos. El regidor rechazó las imputaciones: "Aquí la gente viene a censarse y el alcalde ni se entera. Unas circunstancias obligaron al funcionario a registrar todas las actas en tres días, eso es todo", zanjó.
13. ANDALUCÍA: DENUNCIA EN QUÉNTAR (25/05/07)
El PSOE denunciará ante los tribunales a Luis García, número tres de la lista del PP a la alcaldía de Quéntar, un pequeño municipio a las afueras de Granada, al haberse hecho pasar por funcionario de Correos para tramitar el voto por correo de los vecinos. El militante popular habría ido "puerta por puerta" a las viviendas para entregar y recoger el voto por correo gracias a que anteriormente era funcionario de Correos, según el PSOE.
"Hablamos de hechos tan graves como la suplantación de la personalidad de un funcionario y la posibilidad de alterar el voto", señaló Fernández. El candidato popular a la alcaldía, Daniel Peña, tildó la denuncia de "bulo y graves infundios para amedrentarlos, y lograr que el PP retire su lista antes de las elecciones".
14. ANDALUCÍA: EL RAP MACHISTA DE DON RAMÓN (25/05/07)
Ramón Palacios, el alcalde que ha dirigido La Carolina (Jaén) casi medio siglo entre la época franquista y la etapa democrática, está basando toda su campaña en cebarse contra la candidata socialista, Ángeles Férriz, "la aprendiz de política", como la calificó en el mitin del pasado martes. El octogenario alcalde carolinense mantiene su cruzada contra Férriz, de 29 años, en las pancartas colocadas en muchas calles, en dos coches con megafonía que a diario recorren la ciudad atacando a Férriz y también en menor medida al candidato del grupo independiente y primer alcalde de la democracia en La Carolina, José Rodríguez. El no va más ha sido el reparto de un disco compacto entre los jóvenes del pueblo con un rap musical con frases vejatorias que emanan un machismo rancio contra la candidata socialista.
Pancartas, megafonía, rap e intervenciones en el mitin mantienen el mismo hilo argumental: "La Férriz llegó a La Carolina y armó la tremolina" es una de las frases más amables de la canción, que incluye otras muchas de contenido soez. El PSOE ha presentado denuncia ante la Junta Electoral y también ante el Juzgado por injurias y calumnias. Los ataques contra Férriz mezclan lo político con su ámbito privado: "Se dedica todas las madrugadas a recorrer los pubs y las casillas de los jóvenes invitándoles a copas, tratando con las peores armas de conseguir su voto", se apunta en un párrafo del panfleto. Las críticas se extienden hacia el que el PP considera el mentor político de Férriz, el consejero Francisco Vallejo, que en julio de 1988 desalojó a Palacios de la alcaldía de La Carolina en una moción de censura. "La Férriz acaba sus noches como las acababa su maestro Vallejo", dijo Palacios en el mitin del pasado martes. El alcalde califica al consejero como "Vallejo el enterrador" y le culpa de cerrar 14 fábricas y dejar en paro a más de 1.000 carolinenses en los siete años de su mandato.
"Palacios es un machista y no soporta que yo esté conectando con la gente joven y él no se haya reunido con ellos en toda su etapa como alcalde", asegura Ángeles Férriz. Y advierte: "Le pese a quien le pese, la mentira, el insulto, el acoso y la persecución tienen los días contados en La Carolina. Si pretendían intimidarnos, han pinchado en hueso". A Palacios le han contestado los jóvenes del pueblo en otros panfletos en los que muestran su indignación por sentirse utilizados. "La candidata del PSOE quiso reunirse con nosotros y nosotros con ella. Nosotros no nos vendemos por una copa. En ningún momento nos ha amenazado con despedirnos de nuestro trabajo. Sabemos lo que queremos y no queremos a un PP que sólo se acuerda de nosotros cuando llegan las elecciones, con un candidato de 87 años que no nos entiende, ni nos entenderá nunca", dicen los jóvenes en el panfleto, que no firman por "temor a represalias laborales de don Ramón".
15. ANDALUCÍA: PIDE A UN FUNCIONARIO QUE VOTE POR CORREO PARA COMPROBAR QUE LO HACE POR EL ALCALDE (22/05/07)
El voto es secreto, aunque parece que no para todos. Se ha tenido acceso a una grabación en la que un miembro de la Ejecutiva del Partido Popular en el municipio granadino de Molvizar pide a un funcionario municipal que vote por correo para comprobar que lo hace por el alcalde. Carlos Jiménez, trabajador de este Ayuntamiento, fue despedido después de ocho años de trabajo y 48 horas después de que su encargado, Francisco Arenas, a la postre miembro de la Ejecutiva del PP, le exigiera votar por correo para comprobar así que lo hacía por el candidato ‘popular’, que opta a la reelección.
En la conversación, a la que ha tenido acceso esta emisora, Jiménez comenta a su interlocutor que votará "al que he votado siempre". Arenas le recuerda entonces que el voto va cerrado "y nadie tiene un escáner para saber lo que votamos". Y como el voto es secreto, el cargo ‘popular’ no se anda con miramientos y directamente le pregunta a su subordinado el sentido del suyo, "por el mosqueo que tienen todos" y le deja el recado de que cada uno obra "con sus consecuencias".
Se da la circunstancia que el hermano del amenazador figura en el puesto de salida de la candidatura en la reelección del alcalde de Molvizar, Francisco Fermín García.
16. COMUNIDAD DE MADRID: LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN LAS INAUGURACIONES ELECTORALISTAS DE AGUIRRE (25/05/07)
El PSOE de Pozuelo ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial una convocatoria de Esperanza Aguirre a los medios de comunicación para supervisar las últimas pruebas del Metro ligero a Boadilla y Pozuelo. En opinión de los socialistas se trata en realidad de un acto electoral encaminado a orientar el voto hacia el PP y que se produce además en las últimas horas de la campaña electoral.
Según el PSOE, el PP ha invitado además de a los medios, a todos los cargos públicos y concejales de los municipios de su trayecto. "Lo que es inusual en la actuación del presidente de un gobierno, que lo normal es que acuda a la inauguración y puesta en marcha del servicio y no a la mera supervisión, el Partido Popular pretende convertirlo en noticia del día, justo en las últimas horas de la campaña electoral", aseguran los socialistas.
En la denuncia interpuesta ante la Junta Electoral argumentan que "el acto confunde al electorado publicitando un logro". En su opinión pretende inducir el sentido del voto de los electores de estso municipios, a pesar que no pida expresamente su apoyo. "Su mera presencia en estas obras en este momento, asociada al eslogan de campaña "confianza en el futuro" y, la atribución de las mismas a la gestión del gobierno regional del Partido Popular, resulta desde luego un reclamo de voto", concluyen.
17. COMUNIDAD DE MADRID: SEBASTIÁN: "EN MADRID HUBO TRATO DE FAVOR A IMPUTADOS" DE MARBELLA (19/05/07)
El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, aseguró que "en Madrid hubo trato de favor a personas imputadas en la Operación Malaya", por lo que apeló a la "obligación" del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de responder con urgencia a una pregunta "más concreta" que la que le formuló en los dos últimos días. Sebastián quiere saber si Gallardón ha intervenido en los intereses de una persona imputada en la operación de Marbella, "en relación con dos expedientes correspondientes al palacio de Villagonzalo y al Frontón Beti Jai".
Tras destacar estos dos expedientes y afirmar que "más delante habrá otros casos", Miguel Sebastián acusó al alcalde de Madrid de "escudarse y excusarse en temas personales" en lugar de responder a una pregunta que "los madrileños tienen derecho a conocer sobre la gestión de su alcalde".
En relación a las declaraciones del miércoles del vicealcalde, Manuel Cobo, acerca de los expedientes relacionados con estos dos inmuebles, en las que aseguró que el PSOE tuvo a su disposición toda la información sin que se produjera ninguna denuncia posterior, el candidato del PSOE dijo que "no le corresponde a Cobo salir a responder porque el alcalde es Gallardón".
En un informe que Sebastián facilitó a los medios de comunicación se recoge que "hasta en tres ocasiones y, a través de una solicitud de la señora Corulla [Montserrat Corulla, presunta testaferro de Juan Antonio Roca y en libertad bajo fianza de 600.000 €], el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el voto afirmativo del Grupo Popular, aprobó, denegó y volvió a aprobar la exención del Impuesto de Construcciones a la empresa promotora del Palacio de Villagonzalo".
De esta forma, tras indicar que "en las tres votaciones el alcalde estuvo presente", el documento explica que "la Ley de Incompatibilidades obliga a abstenerse o ausentarse del pleno cuando el asunto tratado tiene relación con alguno de los miembros de la corporación municipal".
18. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESUNTA TESTAFERRO DE ROCA VISITÓ URBANISMO 40 VECES EN DOS AÑOS Y MEDIO (23/05/07)
La guerra entre populares y socialistas continúa. Los unos tratan de demostrar que no hubo "trato de favor" a Montserrat Corulla, presunta testaferro en Madrid del cabecilla de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, y amiga del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Y los otros tratan de aportar nuevas evidencias que demuestren que sí lo hubo. Miguel Sebastián, candidato socialista, entregó el registro de visitas de Corulla al área de Urbanismo del Ayuntamiento. La primera es el 5 de septiembre de 2003, a la "consejería técnica". La última, la número 40, el 28 de marzo de 2006, la víspera de que fuera arrestada. "La testaferro de Roca se paseaba como Pedro por su casa por Urbanismo, tres de ellas para reunirse con la concejal de urbanismo, Pilar Martínez", afirmó Sebastián.
El juez del caso Malaya retiró de la instrucción unas conversaciones de Corulla con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por considerarlas privadas.
La abogada quería convertir dos edificios protegidos en Madrid en hoteles de lujo. Según los documentos, 20 de las 40 visitas las hizo en 2005 y 2006. Las escuchas que figuran en el sumario se realizan desde el 9 de febrero de 2006 hasta el día de la detención. El día 10, Corulla visita por tercera vez a la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez. Con ellos había otras personas. "Han estado muy bien Beatriz y Javier Hernández", le dijo Corulla a un empresario hotelero tras la reunión.
Corulla también visitó cuatro veces a la gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón, que sale citada en las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, así como a Javier Hernández, director de Patrimonio de la Comunidad.
Sebastián acusó a Martínez de mentir por decir que sólo había recibido una vez a Corulla. Martínez respondió que no recordaba bien: "Pude verla dos o tres veces, tendría que repasar mi agenda, porque veo a muchas personas con intereses urbanísticos al año".
19. COMUNIDAD DE MADRID: LA M-30 SUFRE LA QUINTA INUNDACIÓN DESDE FEBRERO (23/05/07)
La lluvia ha sido más fuerte que el cemento. Hace tres meses y medio se impuso a la inauguración del tramo de la M-30 que permite salir desde la cuesta de San Vicente hasta la autovía de Extremadura (A-5). Desde entonces, la infraestructura estrella de la legislatura ha sufrido cinco veces las inclemencias del tiempo. La última fue , pero antes hubo otras cuatro:
8 de febrero. Inundación a las dos horas de la inauguración. Un tramo de 20 metros del túnel de la M-30 que pasa por debajo de la avenida de Portugal se inundó sólo dos horas después de su inauguración. El Ayuntamiento atribuyó el incidente a un corte de luz, provocado por la fuerte lluvia, que inutilizó la bomba de achique de agua.
26 de abril. Una catarata de agua en pleno túnel. Una cortina de agua inunda el túnel de la M-30 que une el estadio Vicente Calderón y la avenida de Portugal con San Pol de Mar, en dirección a la A-6. Los dos carriles del tramo de entrada a la vía desde la carretera de Extremadura (A-5) en dirección sur quedaron encharcados. La causa del incidente, según explicó un experto en la infraestructura, fue un defecto en la construcción de los nuevos colectores de agua.
28 de abril. Un discapacitado atrapado en el agua. Bastó con media hora de lluvia y granizo para sumir muchas zonas de Madrid en el caos. El nuevo túnel de la M-30 que enlaza con la carretera de Valencia quedó inundado en ambos sentidos. Un vecino con discapacidad (le faltan las dos manos) tuvo que salir del coche por la ventana. La estación de Bambú de la línea 1 de metro, inaugurada dos semanas antes, quedó anegada de barro por el derrumbe de un muro.
20 de mayo. La lluvia colapsa otro tramo de la M-30. El agua cubre hasta con un metro de altura el tramo de la M-30 situado cerca de la avenida de la Ilustración, bajo la glorieta de Isaac Rabino. Una quincena de vehículos quedaron atrapados y el tráfico por la autovía no se reestableció hasta tres horas más tarde. Se trata del mismo tramo que se inundó.
20. COMUNIDAD DE MADRID: MÓSTOLES CONTRATA A UNA EMPRESA INVESTIGADA POR CORRUPCIÓN EN GRANADA (22/05/07)
El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el PP, ha adjudicado varios contratos a un grupo empresarial (los Hermanos Alonso Polo) cuyos administradores tienen varias denuncias y están siendo investigados por supuestos casos de irregularidades cometidas en varias localidades españolas donde también gobierna el PP, según denunció la candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad, Paz Martín.
El Gobierno municipal mostoleño contrató a esta empresa desde el año 2003 hasta 2006 para que hiciese distintos trabajos sobre gestión tributaria y revisión de sanciones. Actualmente la empresa sólo realiza un trabajo en este consistorio sobre gestión de multas de tráfico.
El concejal de Hacienda, Daniel Ortiz, aseguró que no le consta las irregularidades cometidas por la empresa Hermanos Alonso Polo y que en su momento solicitó información de la misma a distintos organismos oficiales y estaba todo correcto. "Contratamos a esta empresa porque el PSOE [que gobernó el Ayuntamiento la pasada legislatura] nos había dejado un gran desorden en temas de gestión tributaria. Nuestros servicios jurídicos nos dijeron que estaba todo bien con la empresa que íbamos a contratar. Además, tenemos informes del interventor municipal; de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria que aseguran que no había ningún problema para licitar con ellos", explicó Ortiz.
El edil agregó que los 84.000 € no fueron adjudicados de golpe sino en distintos contratos. Éstos fueron firmados con Recursos Camerales S. A., una de las empresas que forman Hermanos Alonso Polo. Uno de sus administradores, Luis Alonso Polo, es uno de los imputados por el juez Miguel Ángel Gómez Torres en el caso Alhendin, donde se está investigando una supuesta trama de corrupción urbanística en dicha localidad granadina. "Además, la fiscalía también tiene abiertas diligencias contra esta empresa por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión recaudadora en el Ayuntamiento de Granada y hay sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos contra sus administradores por delitos contra la hacienda pública", aseguró Martín.
Los socialistas también denuncian que la adjudicación en Móstoles se ha producido "a dedo" y sin haberla sacado a concurso. "Dos contratos los adjudicaron directamente y otro más mediante la modalidad de contrato negociado sin publicidad. A éste, se presentaron tres empresas y las tres pertenecían a Hermanos Alonso Polo", denunció Martín.
21. COMUNIDAD DE MADRID: EL TRIBUNAL SUPERIOR TUMBA EL PLAN ESTRELLA DEL PP EN ALCALÁ (25/05/07)
El proyecto estrella del alcalde de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, de construir en una isla del Henares no verá la luz. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha anulado la obra (un canal artificial, un auditorio, recinto ferial, pistas deportivas, picadero, centro de patinaje...) porque el Ayuntamiento no evaluó el impacto ambiental del proyecto, pese a estar previsto en una zona protegida. La sentencia, pionera en la Comunidad, da un varapalo a la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, que consideró que no era necesaria esa evaluación.
Las 59 hectáreas de la isla del Colegio eran desde hace años objetivo de los sucesivos gobiernos de Alcalá, ya que están junto al casco histórico. En 2001, gobernado por el PSOE, el Ayuntamiento compró la isla para hacer un parque protegido. Dos años después llegó a la alcaldía Bartolomé González, Bartolo, que anunció que haría allí "el Retiro de Alcalá". Allí anunció la construcción de un lago artificial, un canal para navegar, el recinto ferial, auditorio y espacio para congresos, que el alcalde bautizó como "área multiversión".
La pega es que la isla pertenece al Lugar de Interés Comunitario de las Cuencas de los Ríos Jarama y Henares, un espacio protegido por la Unión Europea por su "especial calidad e importancia para la protección de especies de tipo estepario".
El Ayuntamiento decidió solventar el problema de la protección ambiental aprobando el proceso por fases. Es una técnica tan frecuente como irregular: los promotores trocean grandes proyectos en muchas obras menores que, por separado, no requieren evaluación ambiental. Así que el 31 de mayo de 2005, el Ayuntamiento aprobó y presentó a la Comunidad la primera subfase, la construcción del "área de usos múltiples de la ordenación paisajística de la isla". Y la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al plan el 7 de diciembre de 2005 sin evaluar su impacto sobre la zona protegida.
Ecologistas en Acción recurrió la licencia ante el juzgado de lo contencioso en 2005 y allí perdió. Las máquinas comenzaron a talar y el Ayuntamiento invirtió seis millones de € en la primera parte de la obra, el recinto ferial. Los ecologistas recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en una sentencia notificada el pasado miércoles, les da la razón y anula la licencia. El tribunal entiende que el proyecto aprobado forma en realidad parte de un plan mucho más amplio y que como "el medio ambiente no es troceable", la Comunidad debió haber evaluado el impacto ambiental de toda la obra. La sentencia considera que "el hecho de que se prevea su realización por subfases no puede motivar la idea común que mueve la ordenación". La sentencia de la Sección Primera de lo Contencioso-administrativo es firme.
El texto añade que la evaluación ambiental es imprescindible en un Lugar de Interés Comunitario, incluso si está calificado como suelo urbano. Esto es importante porque muchos ayuntamientos y la Comunidad planean infraestructuras y planes urbanísticos en zonas protegidas por la Unión Europea. Sólo en la Comunidad de Madrid hay 320.043 hectáreas protegidas por la Red Natura 2000, lo que supone el 39,89% del territorio autonómico. Así que la Comunidad no podrá, como hasta ahora, hacer la vista gorda a los proyectos en espacios protegidos por la Unión Europea.
22. COMUNIDAD VALENCIANA: Fabra cobró 841.000 € por asesorar a empresas siendo presidente de la Diputación (19/05/07)
Carlos Fabra cobró entre 2000 y 2004 un total de 841.021 € por asesorar a siete empresas mientras era presidente de la Diputación de Castellón, según se desprende de la documentación que obra en poder del Juzgado número 1 de Nules, en el que se investiga al líder del PP castellonense y jefe de la corporación provincial por supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal. Esa cantidad, que supera con creces los ingresos recogidos en sus declaraciones individuales a Hacienda, fue recaudada a través de la empresa Carmacas, SL, de la que era administrador único hasta que en 2004 le sustituyó una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández.
Según Vicente Vilar, el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas para agilizar la aprobación de productos fitosanitarios que él fabricaba, una parte del dinero fue ingresado a través de Carmacas, la firma de asesoría de la que era titular el político castellonense. En la documentación de Hacienda, en efecto, figuran ingresos de Naranjax, SL por valor de 107.707 € en dos pagos de 24.046 € en 2000 y de 83.660 en 2001, así como 55.773 € en 2000 procedentes de Comercial de Industrias Químicas Arcavi, SL. Ambas sociedades son propiedad de Vilar. Por otra parte, Artemis, 2000, SL, una empresa de la que eran accionistas al 50% las esposas de Fabra y Vilar, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente, pagó a la asesoría del dirigente del PP de Castellón 83.660 € en 2003.
Además de esas dos firmas, en la contabilidad de Carmacas, cuya sede social estaba situada en el propio domicilio de Carlos Fabra en Castellón, hay ingresos de 209.152 € entre 2000 y 2003 procedentes de Cottocer, SL, firma vinculada al empresario de la conocida industria cerámica Pamesa, Fernando Roig; de 316.183 € entre los años 2000 y 2004 de la Unión de Mutuas, en la que Fabra era consejero; de 60.101 € correspondientes a Libel XXI, SL, una empresa vinculada a María José Arquimbau y Francisco Molina, cuya firma Viveros Azahar Jardinería y Riegos, SA, es beneficiaria de concesiones de parques y jardines en la ciudad de Castellón, y de 8.441 € en los años 2001 y 2003 procedentes del Despacho Tirado y Asociados, del vicepresidente de Bancaja Antonio Tirado.
La asesoría de Fabra, a la que Hacienda llegó a devolver 7.772 € en el ejercicio de 2002 porque la declaración del impuesto de sociedades resultó negativa, dedicó la mayor parte de sus beneficios a una compra inmobiliaria en Madrid y al pago de diversos préstamos. Así, entre 2001 y 2003, Carmacas desembolsó un total de 739.545 € a Urbanizadora Somosaguas (el pago de 2003 fue especialmente voluminoso: 530.543 € en un solo ejercicio). Una hija de Fabra, Andrea, tiene residencia en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Otra residencia de la familia Fabra en la capital madrileña, en la plaza de las Salesas, costó más de 900.000 € en esos años. La sociedad Carmacas pagó 33.764 € en 2000, 10.037 en 2001 y 9.200 en 2002 a Santander Consumer, así como 22.198 en cada uno de los años entre 2002 y 2004 a Bancaja. Ambas líneas de gasto corresponden a liquidaciones de préstamos bancarios.
La sociedad de Carlos Fabra, de otro lado, satisfizo retribuciones salariales a varios miembros de su familia. Borja Fabra Fernández cobró 2.604 € en 2000, 21.636 en 2001, 28.608 en 2002, 32.424 en 2003 y 32.424 en 2004 de la empresa de su padre. Su hermano Carlos Fabra Fernández cobró 1.974 € en 2001, 14.350 en 2002, 16.506 en 2003 y 6.091 en 2004. Ese último año, la propia esposa del dirigente castellonense del PP, María Amparo Fernández, recibió una retribución de 10.362 €.
La descoordinación y la lentitud en las investigaciones del llamado caso Fabra, que ha cambiado siete veces de jueces y fiscales, quedan de nuevo patentes en la documentación remitida por los peritos judiciales. Entre los 2.549 folios que recogen la información de "trascendencia tributaria" no se ha incluido la referente a uno de los cuatro hijos de Fabra. Concretamente, falta la de Andrea, casada con el consejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes. El olvido podría retrasar el informe pericial definitivo.
23. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07)
Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. El presidente de la Diputación de Castellón pagó un total de 131.000 € como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye el llamado caso Fabra, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 €, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos.
El mismo año, su esposa, Amparo Fernández, hizo frente también al pago de su parte proporcional de dos créditos hipotecarios, de los que amortizó 225.631 €. Fernández declaró ese ejercicio un total de 84.608 € de ingresos, procedentes de sus retribuciones y del rendimiento de otros bienes. Fabra y su esposa amortizaron en total más de 355.000 € en préstamos durante un año en el que sólo declararon haber ganado 185.229.
El juzgado investiga las cuentas que Fabra declaró a Hacienda, así como las de todos los miembros de su familia después de que la Agencia Tributaria presentara denuncia por presunto fraude fiscal en el ejercicio de 1999. Ese año, además, Fabra ingresó, en pequeñas cantidades y en distintas cuentas, cerca de 600.000 € de los que aún no ha justificado la procedencia, ya que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez. La investigación fiscal se ha unido a la iniciada por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho, después de que un empresario le acusara de cobrar "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar licencias de productos fitosanitarios.
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA ACAPARA FINCAS SIN REGISTRAR QUE LE DONARON VECINOS DEL PUEBLO EN EL QUE GOBIERNA (22/05/07)
El 'número dos' de Fabra acapara fincas sin registrar que le donaron vecinos del pueblo en el que gobierna
Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón por el PP y mano derecha de Carlos Fabra, ha incrementado su patrimonio con terrenos que no estaban inscritos en el registro de la propiedad. Un total de 13 de las 16 fincas que actualmente posee en el término municipal del que es alcalde, Vall d'Alba, le han sido entregadas como donación.
De ellas, 11 le fueron regaladas por particulares mediante un curioso mecanismo: dos funcionarios municipales reconocían a los supuestos propietarios legítimos de los terrenos sin escriturar y estos se los donaban a continuación al primer edil. El vicepresidente de la Diputación de Castellón ya ha obtenido beneficios de uno de esos terrenos que le salieron gratis, puesto que lo vendió por más de 150.000 €. Por otra parte, Martínez ha promovido y aprobado desde el ayuntamiento la recalificación de algunas sus nuevas posesiones.
Llegó a la alcaldía de Vall d'Alba, que pretende revalidar el próximo 27 de mayo, en 1991 y cinco años después comenzó a formar parte del equipo de Carlos Fabra, de quien es uno de los hombres fuertes. Vall d'Alba es un municipio de unos 3.000 habitantes cuyo censo está siendo investigado por la fiscalía después de que se detectara un incremento masivo de votantes que el propio ayuntamiento no pudo justificar. Además, mismo, el PSOE denunció que en Sant Jordi, la localidad que preside otro de los vicepresidentes de la Diputación de Castellón, Luis Tena, están empadronadas hasta 18 personas en domicilios del propio alcalde y de otros dirigentes del PP.
De los 380.000 m2 que componen el patrimonio del alcalde de Vall d'Alba, 225.000 le han salido gratis. Sus padres le donaron 45.000 metros y el resto procede de los regalos de particulares. Martínez ha comprado otros terrenos rústicos que, desde el ayuntamiento, ha recalificado al menos en dos ocasiones. En uno de los casos, la parcela ha pasado a formar parte del área donde una de las más importantes empresas de Castellón construirá una urbanización con campo de golf. Asimismo, el dirigente del PP compró, junto a un pequeño promotor, otra parcela que se ha convertido en edificable.
Francisco Martínez ha hecho suya, junto a su madre y en los últimos seis años, una superficie similar a la de 47 campos de fútbol. La mayoría del suelo está en el mismo municipio del que es alcalde, mientras que una pequeña porción pertenece al cercano Borriol. En total son 380.000 m2, en su mayoría rústicos, por los que ha desembolsado alrededor de 500.000 €, muy poco para los precios de la zona porque en su mayor parte no tuvo que pagar las adquisiciones. De hecho, sólo en una de las fincas que sí pagó abonó 285.733 €.
Para hacer efectivas las donaciones, Martínez recurrió a un sistema especial que prevé la ley. De las doce fincas donadas al alcalde, sólo dos figuraban en el Registro de la Propiedad. El artículo 205 de la Ley Hipotecaria permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad". Así, hasta en una decena de ocasiones, fueron las mismas dos personas las que acudieron al notario: dos funcionarios del Ayuntamiento de Vall d'Alba que preside Martínez.
El número dos de Fabra justificó la acumulación de patrimonio apelando a la legalidad. Según dijo, todas las donaciones son "legales y están declaradas". Martínez añadió: "Cualquier ciudadano puede recibir una donación de sus padres o de su familia y no existe ninguna ilegalidad".
El vicepresidente de la Diputación recibió, de una misma persona, hasta siete fincas, de las que sólo había inscritas dos. Así, las inscripciones en el registro de la propiedad se realizaron con los dos funcionarios del consistorio como testigos, salvo en un caso en que la acreditación consistió en una certificación del propio Ayuntamiento expedida cuatro meses antes de la donación. La misma persona donó otra parte de su patrimonio al Ayuntamiento para un proyecto de construcción de viviendas tuteladas. Poco después, Martínez auspició que el ayuntamiento dedicará una plaza a la familia de la "donante".
De las otras cinco fincas regaladas a Martínez, una procede de su propio padre, que tampoco la tenía inscrita en el registro por lo que, de nuevo, hubo que recurrir a los dos funcionarios del ayuntamiento como testigos. Es una finca de más de 20.000 m2, tasada en 4.808 €. Las 4 fincas restantes que recibió como regalo, de más de 38.000 m2, proceden de cuatro titulares diferentes, todas ellas están en la misma partida, Bornell, y tienen un valor, según el registro, de 11.000 €. Los padres del vicepresidente de la Diputación de Castellón adquirieron además otras siete fincas, que sí pagaron y que inscribieron a su nombre.
25. COMUNIDAD VALENCIANA: UN JUEZ ANULA UN PAI EN XIXONA CON 5.500 CASAS POR SER CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL (24/05/07)
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado nulo el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Xixona, gobernado por el PP, y un promotor para desarrollar un PAI que ocupa siete millones de m2 y prevé 5.500 casas. En la sentencia, el magistrado resalta que la iniciativa urbanística no responde "al interés público". La resolución judicial se produce a raíz de un recurso del PSPV. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido definitivamente el PAI de la Serreta, en plena huerta del término de La Nucia.
El magistrado estima de esta forma el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de la junta local de gobierno del 22 de noviembre de 2005 mediante el cual se aprobó un convenio urbanístico entre el Consistorio y la mercantil Construcciones Valencia Constitución, SL, para desarrollar el PAI denominado Sector Residencial Golf Xixona, al sur del término del municipio. El programa urbanístico ocupa siete millones de m2 y prevé un campo de gol y 5.500 nuevas viviendas, extremo que duplicaría el censo actual de la localidad (7.500 habitantes). La iniciativa estaba incluida en la propuesta de concierto previo del Ayuntamiento para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento ya validado por el Consell.
En el recurso, los socialistas aseguraban que el convenio constituía un fraude de ley, no se ajustaba a la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas por ser "irrelevante o perjudicial" para el interés público. Este último aspecto es asumido por el juez en la sentencia, que textualmente dice: "La causa del convenio es el interés del aspirante a urbanizador en la ampliación del sector a la mencionada superficie de terrenos. Causa que, habida cuenta su carácter marcadamente privado, encuentra difícil encaje en los intereses públicos que han de satisfacerse mediante los convenios en general, y los urbanísticos en particular".
El Grupo Municipal Socialista asegura que la sentencia no sólo anula el PAI sino que, además invalida el concierto previo para la elaboración del nuevo PGOU de la localidad. Mientras, Eugenio Burriel, secretario de Urbanismo y Vivienda de la ejecutiva del PSPV, considera que la anulación de ese PAI "deja nuevamente en evidencia la política del PP, que persigue el interés de unos pocos y no el de todos los valencianos". Burriel subraya q ue el convenio anulado "contaba con el beneplácito del Consell, que hace poco ha dado el visto bueno al concierto previo que incluye este descomunal PAI".
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE VALL D'ALBA VENDIÓ POR MÁS DE 150.000 € UNA FINCA DONADA (21/05/07)
El alcalde popular de Vall d'Alba, Francisco Martínez, vendió por más de 150.000 € una de las 12 fincas inscritas a su nombre gracias a que le fueron donadas por diversos particulares. El también vicepresidente de la Diputación de Castellón, mano derecha del titular de la Corporación provincial, Carlos Fabra, es propietario de 12 fincas, que suman un total de 180.000 m2, que le fueron donadas por particulares. El Ayuntamiento de Vall d'Alba ha recalificado al menos dos de las parcelas con las que el alcalde ha engrosado su patrimonio.
El primer edil comparte otra parcela con un pequeño promotor de la zona Francisco Martínez, alcalde de Vall d'Alba (Castellón), del Partido Popular, y vicepresidente de la Diputación de Castellón, obtuvo 151.170 € por la venta una finca que había recibido previamente como donación por parte de un particular. El terreno, de más de 16.000 m2, se encuentra en la partida la Basa de la misma localidad que preside Martínez y, según la documentación del registro de la propiedad, fue inscrito a su nombre en el año 2002. Tres años después, Martínez vendió el suelo a una de las empresas del constructor Grupo Lubasa por más de 150.000 € cuando, según el mismo registro, el valor de la donación que él recibió años antes era de 1.202 €. Sin embargo, poco después, el suelo incluso ha sufrido una revalorización ya que la sociedad Obras y Negocios se la vendió a su vez a otra empresa del grupo Lubasa por 391.954 €.
La donación de la finca se realizó con el mismo método con el que Francisco Martínez ha recibido otra docena de fincas donadas por particulares y al margen de las que le han "traspasado" sus padres. Este sistema está regulado por la Ley Hipotecaria y se refiere a la posibilidad de inscribir una finca que no está incluida en el registro de la propiedad cuando quien dice ser el titular de la misma se presente con dos testigos que así lo atestigüen. Como en casos anteriores, dos funcionarios del Ayuntamiento de Vall d'Alba, que gobierna el propio Martínez, confirmaron la titularidad del vecino sobre la finca para, a continuación, cedérsela al alcalde del municipio. Éste tuvo que realizar una inscripción aclaratoria en el registro antes de vender la finca y ante la equivocación sobre la porción de suelo que formaba parte de la donación. Al día siguiente de inscribir la rectificación, Francisco Martínez vendió el terreno a Lubasa, tal como figura y así fue recogido en el mismo registro de la propiedad. Además, tras la primera operación de compraventa, el suelo sufrió otro cambio de titularidad ya que la empresa del grupo Lubasa se la vendió a una segunda firma del grupo, Construcciones Lidón.
Por otra parte, una de las tres fincas que están inscritas a nombre de Francisco Martínez previo pago de su valor (el resto, hasta 15, son donadas) no está inscrita únicamente a su nombre. El vicepresidente de la Diputación de Castellón comparte la titularidad del terreno con un pequeño promotor de la zona. El terreno, de poco más de 8.500 m2, fue adquirido, según el registro de la propiedad, por 285.000 €. Este promotor también figura como actual propietario de otras dos fincas que pertenecían a los padres de Martínez, que cedieron a su hijo, al menos, otras siete propiedades rústicas, en algunos casos, el mismo día de su adquisición. Y en algunos casos echaron mano también del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, que permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad".
27. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS PENALES POR PREVARICACIÓN CONTRA CONCEJALES DE ORPESA (24/05/07)
La Fiscalía General del Estado ha confirmado que la Fiscalía de Castelló ha abierto diligencias de investigación penal por una denuncia contra el Ayuntamiento de Orpesa (incluido su alcalde) que refleja la supuesta venta de terrenos municipales de la Renegà a un urbanizador privado al precio de entre 6 y 24 € € por metro cuadrado y en contra de los informes de la Intervención.
La apertura de las citadas diligencias penales queda constatada en un escrito remitido a la parte denunciante (el colectivo ecologista Gecen) por el fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, Antonio Colmarejo Frutos. "He de reiterarle que las funciones del fiscal de la sala son de coordinación de las secciones de medio ambiente de cada fiscalía Territorial, por lo que es la Fiscalía de Castelló quien ha de investigar lo denunciado por Vds. De hecho, dicha Fiscalía nos ha comunicado que ha procedido a iniciar la investigación de los hechos denunciados en relación a la venta directa al urbanizador del porcentaje de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de Orpesa del Mar habiendo incoado las diligencias de investigación penal nº 18/07" .
El escrito de Gecen acusa de presuntos delitos de prevaricación general y prevaricación urbanística a todos los concejales de Orpesa que (con la mayoría del PP y el GIO) aprobaron los siguientes planes urbanísticos de la Sierra de la Renegà: Torre Bellver, ampliación de Torre Bellver, Torre Colomera, La Renegà, El Tossal Natural y la ampliación de El Balcó.
El colectivo ecologista advertía en su denuncia que el gobierno local
autorizó la venta de directa de terrenos pertenecientes al Patrimonio
Público del Suelo a sabiendas de su "ilegalidad" . Además, la asociación
recuerda que el artículo 404 del código penal indica que se castigará "a la
autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara
una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
La denuncia de Gecen ante la Fiscalía también indica que esta operación supuso "unas ilegalidades por un valor monetario superior a 40 millones de € (unos 6.666 millones de pesetas) procedentes de la venta de más de 200.000 m2 en las actuaciones urbanísticas citadas derivadas de los excesos de aprovechamiento urbanístico, cesiones del 10% de aprovechamiento y aprovechamiento de terrenos municipales".
El escrito de Gecen que obra en manos de la Fiscalía precisa que la venta de los mencionados terrenos (enmarcados dentro de los planes urbanísticos) "se adjudicó a la empresa sin subasta y sin justificación de valor al precio de 6 € por metro cuadrado, (con un aprovechamiento de 24 € el metro cuadrado) cuando el precio medio en el mercado roza los 200 € y el precio después de urbanizar es de 600".
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE BENIMUSLEM DESCARTA RETIRARSE COMO CANDIDATO PESE AL FALLO QUE LE INHABILITA (24/05/07)
El alcalde de Benimuslem, Tomás Rivera, no renunciará a encabezar la candidatura del Partido Popular pese a la sentencia que le inhabilita para ejercer cargo público durante un año por un delito de desobediencia. Rivera reconoció que esta resolución le fue notificada al comienzo de la campaña, pero defendió que mientras el juez no dicte un auto de ejecución de sentencia ésta no se hace efectiva, por lo que señaló que seguirá como candidato "y que las urnas decidan".
Es más, el alcalde defendió que el fallo del juzgado de lo penal "me inhabilita por un año, pero ellos -el PSOE- quieren inhabilitarme por cuatro años" , un hecho que, según su interpretación, se produciría si no concurre a las elecciones. El alcalde aseguró que ha comunicado esta sentencia a la dirección del PP y que han respaldado su decisión: "Me han dicho que me presente, que esté tranquilo y que trabajemos para ganar las elecciones". Rivera señaló que su voluntad es presentarse a los comicios del 27-M y esperar a que el juez fije la fecha desde la que se hace efectiva la inhabilitación. "Mi idea es irme un año y después volver", manifestó el dirigente popular que, en principio, no contempla ni siquiera renunciar al cargo, ya sea de alcalde o de concejal, salvo que su ausencia dejara a un hipotético gobierno del PP en minoría.
El juzgado de lo penal número 1 de Valencia ha condenado al alcalde de Benimuslem a un año de inhabilitación por autorizar unas obras en una parcela particular para conectar el desagüe del polígono industrial pese a que el juzgado de lo contencioso había requerido expresamente al ayuntamiento para que, a la espera de resolver un litigio, "se abstuviera de entrar, por sí o por terceras personas" en estos terrenos y de realizar "cualquier actividad, instalación u obras en el interior" de los mismos. El PSPV ha presentado esta sentencia en la Junta Electoral de Alzira solicitando que se haga cumplir ya que se trata de una resolución firme. Rivera defendió en su momento tomó la decisión de que se realizaran esas obras "pensando en el bien del pueblo" y dijo no entender la petición del PSOE.
Las denuncias por irregularidades en los censos electorales continúan sucediéndose en plena campaña. En esta ocasión, las anomalías se han detectado en Benimuslem por parte del PSOE. Los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por los presuntos delitos de prevaricación y delito electoral al considerar que existen un total de 66 nuevos empadronamientos supuestamente irregulares, lo que supone un 112% del censo. Se trata de una cifra de electores bastante importante y que podría ser determinante en los resultados de los comicios locales, según los socialistas, que recuerdan que en las pasadas elecciones el PP logró el gobierno por 49 votos.
29. CASTILLA Y LEÓN: EL CANDIDATO DEL PP EN CUÉLLAR CONDICIONA DINERO PÚBLICO A VOTOS (24/05/07)
El candidato popular a la alcaldía de Cuéllar (Segovia), Jesús García Pastor, ha enviado una carta a los votantes del municipio, de algo más de 9.600 habitantes, en la que promete a los vecinos de las cuatro localidades que pertenecen al Ayuntamiento aumentar los ingresos de una subvención estatal "con arreglo al porcentaje de votos que obtenga el Partido Popular en cada uno de vuestros pueblos". Literalmente, promete destinar más dinero de una subvención del Estado a las cuatro pedanías en función de los votos que obtenga su partido en cada una. A más votos, más dinero.
La subvención a la que se refiere el candidato popular es el fondo de ayudas que el Ministerio de Administraciones Públicas destina a cada ayuntamiento en función del número de habitantes y el esfuerzo fiscal que realizan. García asegura que el Ayuntamiento de Cuéllar "retiene" un 50% de la parte que le correspondería a las pedanías y propone otro sistema de distribución. "Nos comprometemos a mejorarla en un 50% con la posibilidad de llegar al 100% en función de los votos. Me he reunido con todos los alcaldes de estas localidades y hemos acordado que cuantos más votos obtenga el PP, más posibilidades tendrán de aumentar la aportación. Serían unos 150 € por habitante", explicó García a este periódico.
"A eso se le llama comprar votos con dinero público", asegura tajante la alcaldesa de Cuéllar, María Luisa González, del PSOE. "Condiciona al número de votos una subvención que es pública y que va en función del número de habitantes, no de su ideología. Es falso que nosotros retengamos ese fondo. Estas localidades recaudan sus propios impuestos y se autogestionan. A mayores, Cuéllar destina a cada pedanía una cantidad de dinero para ayudarles a cubrir necesidades", añade la alcaldesa.
El PSOE de Cuéllar presentó por la mañana una denuncia contra el candidato popular ante la Junta Electoral de zona por lo que consideran una "inadmisible mezcla entre partido y Administración". En la denuncia adjuntan la carta de García y explican: "Una cosa es que en su condición de alcalde y candidato formule promesas o alabe su propia gestión y otra bien distinta que suscriba documentos como el objeto de esta denuncia vinculando la recepción de fondos públicos al número de votos que pudiera obtener la candidatura del Partido Popular".
En su carta "a todos mis vecinos de los pueblos", el candidato popular aclara: "Quiero que se entienda que esto no es una promesa, es un compromiso firmado". También anuncia la creación de la figura del "concejal de apoyo y enlace con los pueblos y barrios para facilitarles a ustedes los trámites y para que puedan transmitir, de primera mano, las necesidades que se planteen", y se despide advirtiendo: "con vuestra decisión ponéis en cada voto el futuro de Cuéllar y de sus pueblos".
30. CASTILLA-LA MANCHA: Cargos municipales del PP de Ciudad Real compraron pisos tras declararlos protegidos (19/05/07)
¿Qué es un piso de protección municipal? Esta insólita figura tiene una traducción singular en Ciudad Real: pisos con precio tasado (840 € el metro cuadrado) sin que nada impida que los compren -con independencia de sus ingresos- los miembros y afines al equipo de gobierno municipal del PP que les dio tal condición, que adquirieron media docena a mitad del precio de su valor si hubieran sido viviendas libres. El alcalde, Francisco Gil-Ortega, uno de los compradores, no ve ningún problema ético. "Quisimos que los pisos tuvieran un precio asequible, y allí compró quien quiso".
El Quesito es un céntrico edificio muy conocido en Ciudad Real. Debe su nombre a su forma. El suelo donde se levanta era propiedad de Renfe, tras cedérselo el Ayuntamiento en pago de un convenio. En 1999, el Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Francisco Gil-Ortega como alcalde, decretó que esta zona tuviese no sólo el uso comercial previsto, sino que se le añadiese un uso residencial. El interventor municipal advirtió en el pleno donde se operó tan decisivo cambio que, conforme a la legislación autonómica, los pisos, ya que procedían de una reversión municipal, debían contar con algún tipo de protección pública. El concejal de Urbanismo de Ciudad Real, Gabriel Miguel Mayor (PP) - candidato independiente al Ayuntamiento-, se mostró conforme. Y añadió al convenio la obligatoriedad de que los futuros pisos de El Quesito tuvieran algún tipo de protección pública. El convenio fue ratificado en el pleno de 28 de mayo de 1999 con los votos del PP y PSOE, y la abstención de Izquierda Unida.
La Junta de Castilla-La Mancha, el 23 mayo de 2001, informó del cambio urbanístico en la medida en que afectaba al Plan General de Ordenación Urbana. Aceptó que se construyesen las 150 viviendas, pero remachó que debían estar "sujetas a algún régimen de protección pública".
El 28 de enero de 2002, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real acordó aprobar el proyecto de ejecución de obra para la construcción del edificio. La decisión de autorizar el inicio de las obras se tomó en el despacho del alcalde. Asistieron, el regidor, Francisco Gil-Ortega; y el edil de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, entre otros. Excusó su asistencia la edil de Cultura y entonces diputada nacional, Rosa Romero, y candidata a la alcaldía de Ciudad Real. El acta de la comisión de gobierno municipal fijaba que las 150 viviendas, en atención a lo exigido por la Junta, quedaban "sujetas al siguiente régimen de protección municipal":
-El precio de la venta no podrá sobrepasar las 140.000 pesetas por metro cuadrado (841 €).
-Las viviendas no podrán tener una superficie útil superior a los 120 m2.
En 2002, se vendieron los pisos de El Quesito sin ningún sistema reglado pese a ser de protección pública. Una pura venta privada, pero a muy buen precio. Unos 100.000 € por vivienda. El metro cuadrado en el mercado libre no habría bajado de 1.500 o 1.600 € por metro cuadrado. Por tanto, un piso modelo máximo de El Quesito, con 120 m2, habría costado entre 180.000 € y 192.000 €. En suma, casi el doble. La sorpresa salta cuando en el listado de adquirentes de los pisos bendecidos con la "protección municipal" por el Ayuntamiento de Ciudad Real se comprueba que figuraban las siguientes personas: el alcalde, con dos pisos; su sobrina, con otro; la concejal Romero, con uno y su padre con otro; dos hijos del concejal de Urbanismo con sendas viviendas y también figuraba con otro la diputada nacional del PP Carmen Quintanilla que, posteriormente, lo vendería.
La diputada Carmen Quintanilla afirma que compró el piso porque vio un anuncio. "No sabía que eran de protección municipal. Nadie me pidió ningún requisito salarial. Lo compré porque me gustó que no pidieran dinero negro. Fue una pequeña inversión que hice. El mío era pequeño. Me costó 92.000 €". Gabriel Miguel, que como concejal de Urbanismo tuvo una responsabilidad clave en el proceso de este edificio, remacha que los pisos que compraron sus dos hijos "no tienen protección oficial, sino municipal". "Sólo limitamos el precio, pero no los ingresos de quienes podían comprarlos". Este diario intentó, sin éxito, contactar con la candidata a la alcaldía Rosa Romero.
El listado de propietarios incluye apellidos de familias manchegas con sólida economía y, en ocasiones, vinculados con ex altos cargos del Gobierno del PP. Personas que siguieron de cerca el proceso de compras aseguran que fue vertiginoso y que de haberse aplicado la normativa de protección oficial, la Junta habría analizado los ingresos de los compradores con el fin de primar a los más desfavorecidos. Y se habrían puesto topes inferiores de superficie a los pisos.
31. REGIÓN DE MURCIA: EL PP MURCIANO VA A LAS ELECCIONES CON 22 MILITANTES IMPUTADOS (21/05/07)
El Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel se presenta a la reelección a un quinto mandato a la comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en los tribunales de justicia a 22 destacados militantes de su partido, entre éstos a siete cargos de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y siete concejales. La siguiente es, grosso modo, una cartografía de la corrupción urbanística con la que el PP en la comunidad murciana se presenta a las elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un siniestro cártel de la corrupción política.
La lista de imputados la encabezan tres directores generales (uno de ellos inmerso en dos procesos), una ex directora general (esposa de uno de los directores generales imputados), un subdirector general y dos jefes de servicio. Le siguen los alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea, Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos querellas), y que se presentan como candidatos a la reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a siete concejales, entre estos, todo el gobierno local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex concejales, dos arquitectos municipales y un secretario de corporación de ayuntamientos gobernados por el PP.
Se suman a todos estos procesos en curso que se siguen en los tribunales de justicia investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula. El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de descontaminación de una laguna en la sierra minera de La Unión, diligencias que deberán culminarse a lo largo de este mes de mayo.
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa de la corrupción en la comunidad murciana se siguen por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, el medio natural y la ordenación del territorio. Van desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Y todo ello al calor de un urbanismo desaforado hasta ahora desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno Aznar hace escasos días derogada por el gobierno Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de ordenamiento territorial en la región murciana puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que desprotegen más de once mil hectáreas de su patrimonio natural, tanto en la costa como en el interior y que, como la de su correligionario, aboga por la liberación total del suelo para su urbanización.
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte de los espacios municipales de la región y que tiene judicializadas las actuaciones políticas del PP de los últimos años se ha convertido en centro de debate en la presente campaña electoral de municipales y autonómicas. Es un asunto central en los mítines del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura. Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió públicamente a exigir responsabilidades políticas cuando "hubiera dudas razonables de las actuaciones de los altos cargos del PP".
También para el candidato de Izquierda Unida Los Verdes a la comunidad murciana, José Antonio Pujante, Valcárcel tendría "que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra" puesto que de lo contrario es "cómplice de un presunto caso de corrupción". Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a sus militantes imputados de sus cargos públicos, sino que, en el caso de los alcaldes y concejales, los mantiene en sus listas electorales del domingo 27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que la cabeza de toda esta corrupción es el propio Valcárcel.
El caso de corrupción urbanística más importante que tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco altos cargos de su gobierno están gravemente imputados en el procedimiento que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos destacados militantes del PP. La investigación sobre la reclasificación urbanística de este paraje protegido por la Unión Europea apunta la posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos en el proceso judicial.
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales intactos en la región de Murcia y está declarado por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este espacio natural está situado en la sierra de la Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece al municipio de Águilas. Para su especial protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a recibir 800.000 € de la Unión Europea, a través del Proyecto Life. El presidente de Hispania, Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, ha llegado a acusar públicamente a Valcárcel de "cobarde" por no haber cumplido sus compromisos. El promotor Casanova había vendido los terrenos a la Kutxa, pocos días después de la reclasificación urbanística lo que, sin levantar un solo ladrillo, le supuso un beneficio de 75 millones €.
Sobre el director general de Calidad Ambiental, el militante del PP Antonio Alvarado, marido de la también imputada Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural, no sólo recae la querella de la Fiscalía sobre el caso de La Zerrichera, sino también otra por presunto delito urbanístico en Puerto Mayor, en un proceso en manos del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. En este caso, donde se contempla la construcción de un puerto deportivo de mil amarres, 3.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en suelo de dominio público marítimo-terreste, está también querellado el director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, que dimitió tras conocerse este proyecto ubicado en el canal del Estacio, que crearía daños irreversibles sobre el Mar Menor y La Manga.
Lo curioso de este caso es que el número tres del PP regional y concejal de Fomento en el ayuntamiento de Murcia, el constructor Antonio Sánchez Carrillo, como miembro del consejo de administración de la empresa promotora tenía la función de supervisar y controlar las obras de Puerto Mayor, y abandonó dicho consejo tras conocerse el escándalo. Sánchez Carrillo, número dos del ayuntamiento de Murcia, también es accionista, junto al abogado Carlos Valcárcel, hermano del presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, de la empresa de construcción y promoción inmobiliaria, Ronda Sur Levante, que lleva a cabo proyectos en el norte de la ciudad de Murcia.
El candidato socialista a la comunidad murciana, Pedro Saura, ha acusado también a Valcárcel de pertenecer a una "saga" familiar propietaria de más de una decena de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria para hacer "pingües negocios". El abogado Carlos Valcárcel, hermano del candidato del PP, está presuntamente involucrado en el caso Lo Poyo, otro mega proyecto urbanístico en otro paraje natural del Mar Menor en donde el cartagenero Roca, cerebro de la trama del ayuntamiento de Marbella, invirtió en la compra de terrenos para su posterior recalificación por el ayuntamiento de Cartagena.
32. REGIÓN DE MURCIA: DE PASEO POR NUEVA YORK EN LIMOUSINE A COSTA DE LOS MURCIANOS (23/05/07)
Dos consejeros del Gobierno de Valcárcel y una imputada en el caso Zerrichera, en calidad de invitada, viajaron a Nueva York para promocionar un proyecto personal del presidente murciano sobre un parque científico en la región. Durante su visita oficial a la ciudad de los rascacielos, no escatimaron en gastos y vivieron su particular sueño americano utilizando limousines para sus desplazamientos.
La consejera del gobierno regional, Inmaculada García, montada en tan lujoso medio de transporte, con dinero público, no merece otra cosa que el desprecio más absoluto de los murcianos. Y si a ello le añadimos que llevaba como invitada de lujo a Encarna Muñoz, una de las imputadas por el caso de la Zerrichera...Todos podemos empezar a hacer kábalas, y no de salsa rosa sólo, sino también de la necesidad de contentar y arropar a gente a la que se le puede soltar la lengua demasiado ante el juez si no se la mima. La excusa para tanto derroche, poner en marcha un proyecto personal de Valcárcel relacionado con el parque científico de Murcia, aunque todos sepamos ya de que lo que se trata es del negocio inmobiliario del I+D+I y de las ayudas europeas para empresarios afines al PP.
La sociedad murciana se merece conocer en profundidad el derroche de dinero público por parte del gobierno regional y la hipocresía de sus planteamientos político-religiosos.
33. REGIÓN DE MURCIA: CONDENADO A 9 MESES DE PRISIÓN EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DE LAS TORRE (25/05/07)
El secretario de Organización del Partido Popular de Las Torres de Cotillas, Juan José Ruiz Moñino, ha sido condenado por la justicia a nueve meses de prisión, y al pago de cinco millones de las antiguas pesetas más las costas, por haber falsificado el acta de disolución del partido independiente Alternativa Torreña. Ruiz Moñino, que era antes de las últimas elecciones municipales secretario general de esta organización política, falsificó los documentos con la colaboración de algunos responsables del Partido Popular de la localidad. El presidente y el vicepresidente de AT pusieron una demanda que ha concluido en esta sentencia, firme y en la que no cabe recurso. Moñino es también en la actualidad jefe de prensa del ayuntamiento de Las Torres y uno de los hombres de confianza del alcalde, Domingo Coronado.
34. REGIÓN DE MURCIA: CIEZA APROBARÁ 20.000 NUEVAS CASAS EL ÚLTIMO DÍA DE LEGISLATURA (24/05/07)
Mañana, 25 de mayo, a seis horas de la jornada de reflexión, comenzará en Cieza (Murcia, 35.000 habitantes) un pleno extraordinario para aprobar de forma provisional el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que permitirá construir unas 20.000 viviendas y seis campos de golf y triplicar la población. El alcalde, Antonio Tamayo, del Partido Popular, defiende la transparencia del procedimiento, y el PSOE asegura que es una cacicada.
Tamayo, que gobierna Cieza con mayoría absoluta, convocó el pleno con dos únicos puntos: la aprobación provisional del plan general y un convenio para construir una residencia de ancianos. Cieza vive una vorágine urbanística, con gran parte de las viviendas destinadas a extranjeros, muchos de ellos en complejos llamados resorts, fuera de las ciudades y con golf.
El alcalde ha defendido que el plan es el impecable fruto del trabajo de cuatro años, en el que se han recogido las alegaciones de los vecinos y que multiplica la protección ambiental. Tamayo aseguró que el documento "deja con protección más del 90% del territorio" y destacó la creación de cuatro planes de protección del territorio.
La oposición lo ve de otra forma. "El alcalde ha firmado convenios urbanísticos suficientes para triplicar la población, que pasaría de los 35.000 habitantes que tiene a unos 100.000", explica la portavoz socialista en el ayuntamiento, Beatriz Sarrión. El plan que mañana aprobará previsiblemente la mayoría absoluta del PP incluye la construcción de seis campos de golf. IU también se opone a la tramitación a 24 horas de las elecciones.
Sarrión señaló que el jefe de Urbanismo de Cieza se ha opuesto a la tramitación del plan "por la falta de agua, porque no garantiza cómo serán los nuevos colegios y porque algunos de los convenios urbanísticos firmados con los promotores han caducado". La portavoz del PSOE denuncia que "la aprobación tiene fines electorales", ya que tras el trámite, y una vez que lo apruebe la Comunidad, el plan debe volver al pleno, para que lo ratifique definitivamente.
El alcalde sostiene que en el plan están recogidas todas las correcciones y recomendaciones que ha hecho Fomento, la dirección de carreteras y las consejerías del Gobierno murciano, la confederación hidrográfica y el ente autonómico que garantiza el agua cuando la niega Medio Ambiente. Por su parte, el responsable de ordenación del territorio de IU, Manuel Martínez, asegura que se trata de "una pantomima" del alcalde.
Tamayo está imputado por permitir la ampliación de una granja de cerdos ilegal, tal y como confirmó el propio regidor, quien achacó la decisión que favorecía al propietario, el director general de Ganadería, a una equivocación de un funcionario local. Además, el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al alcalde por la permuta de 120 hectáreas de monte del ayuntamiento por una parcela de la empresa Cieza Golf para que ésta urbanizara el terreno público. Las diligencias fueron abiertas contra el ayuntamiento y la empresa a raíz de la permuta, autorizada por la dirección general del Medio Natural de la Comunidad.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha decidido iniciar un juicio contable contra el municipio al considerar que "existen indicios de supuestas irregularidades económicas en la gestión del Gobierno municipal del PP".
35. REGIÓN DE MURCIA: PUERTO LUMBRERAS MULTIPLICARÁ SU POBLACIÓN POR 10 CON 40.000 PISOS (24/05/07)
Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras (Murcia, 12.800 habitantes), ha firmado 72 convenios urbanísticos con los promotores desde 2003. Esos convenios permitirán construir 40.000 viviendas y multiplicar por 10 la población. El Ayuntamiento asegura que todo se ha hecho con transparencia, pero el PSOE se ha querellado contra el alcalde.
Los convenios son acuerdos privados entre un alcalde y los promotores. Mediante una cantidad de dinero, el ayuntamiento se compromete a recalificar un terreno y luego lo aprueba el pleno. Los convenios han servido para planificar ciudades enteras. Un caso claro (no el único) es Puerto Lumbreras. Desde 2003, su alcalde ha firmado 72 convenios con los constructores para construir unas 40.000 viviendas y multiplicar la población por 10. Así, por permitir 893 viviendas, el consistorio cobró 306.252 €, cuando el beneficio para el promotor (a 60.000 € por vivienda) es de 53 millones.
El PSOE se ha querellado contra el alcalde ante el Tribunal Superior de Justicia por prevaricación, cohecho y malversación, entre otros delitos. Los socialistas denuncian que el pasado 27 de marzo, la Comunidad de Murcia se negó a convalidar esos convenios en el Plan General de Ordenación Municipal. La comunidad detectó 34 deficiencias, como falta de informes y que "el estudio económico y financiero no garantizaba suficientemente la viabilidad de las previsiones del plan". El ayuntamiento ha recibido unos siete millones, que tendría que devolver si se paraliza.
El ayuntamiento replicó en una nota que "ha llevado a cabo la firma de numerosos convenios urbanísticos en los cuatro años de legislatura, siempre con la mayor transparencia y cumpliendo siempre la legalidad vigente" y que todos han sido aprobados en el Pleno y publicados. El alcalde criticó que el PSOE no ha alegado contra estos convenios y que estos convenios urbanísticos afectan a suelo ya clasificado como urbanizable en 2003.
36. ISLAS CANARIAS: EL PROMOTOR DE TELDE REFLEJÓ EN SU BALANCE LOS PAGOS CON 'DINERO B' A EDILES DEL PP (24/05/07)
"Desconozco si en Mogán se produjeron pagos ilegales de dinero a nivel personal [como en Telde] por este trato de favor hacia G. C. Europa, pero sí existieron pagos ilegales igualmente". El arrepentido de ambas tramas de corrupción en municipios bajo control del PP ha confesado que en Mogán, por exigencia de una edil popular ya imputada, Onalia Bueno, a cambio del amaño de un concurso para construir 150 viviendas protegidas, el promotor que se iba a beneficiar asumió en 2005 los costes de un concierto para las fiestas municipales y un mitin de Mariano Rajoy. Y los reflejó en sus cuentas.
El financiador de ambos actos organizados por cargos municipales del PP de Mogán a cambio del amaño del concurso de viviendas cometió un error: dejó un rastro indeleble de sus pagos ilegales. El dueño del Grupo Europa, José Manuel Antón -ya imputado por corrupción y detenido hace una semana-, en su afán por desgravar sus costes por dichos actos del PP, reflejó en su contabilidad oficial los abonos a las empresas organizadoras del concierto de Miguel Ríos y del mitin de Mariano Rajoy. Sus fechas, importes y receptores coinciden con la versión dada por el arrepentido en relación con tales pagos irregulares.
El primer pago ilegal del promotor en favor del equipo municipal del PP de Mogán sufraga un concierto de Miguel Ríos el 14 de julio de 2005. No fue un acto de generosidad. Estaba obligado, según el arrepentido, como pago por ganar el concurso de construcción de viviendas protegidas amañado en Mogán por el alcalde Francisco González y la concejala Onalia Bueno, ya imputados por corrupción. "Onalia le pide a Antón que pague el concierto, pago al que accede Antón dado el gran nivel de efectividad de Onalia y la confianza que hay entre ambos.
El concierto se produce entre la adjudicación del concurso y la firma del contrato, aunque las negociaciones para la contratación debían venir de mucho tiempo atrás. Todas las personas a las que se realizan los pagos ordenados por Antón tras la petición de Onalia llaman para cobrar, lo cual se realiza. Se hacen algunos pagos con facturas y otros sin ellas. Entre las primeras, se realiza el pago de 631 € a la empresa Camino Viejo Producciones; de 2.548 € a Anayak; de 1.881 € a Alcoima y de 25.000 € a Promúsica, representante de Miguel Ríos". Su denuncia se confirma por el libro contable, que acredita tales pagos.
El segundo pago ilegal exigido y obtenido por el PP en Mogán es la financiación de un mitin de Mariano Rajoy el 8 de diciembre de 2005, según el arrepentido. "Onalia llamó para que Antón pagara los costes de ese acto político, hecho que éste aprueba sin reparos dadas las expectativas que tiene puestas en la gestión de Onalia. Los pagos con facturas que se realizan relacionados con este acto son los siguientes: a Júkara Eventos, 1.145 €; a Audiovisuales Canarias 2000, 8.825 €; a Garcitecnia, 5.040 €; a Esteban García Cabrera, 600 € y a Anayak, 1.071 €".
Estos pagos figuran en la contabilidad por culpa de Antón, que "ordenó que se cambiara el concepto de tales pagos para poderlos deducir fiscalmente". El arrepentido denunció más pagos irregulares del mitin de Rajoy. "Recuerdo un pago de este acto sin factura de 9.000 € en efectivo a un señor mayor de Mogán. También hubo otros dos pagos sin facturas por otros 13.000 €".
"Así, mientras en Telde la mayoría de los pagos en comisiones procedían de dinero en efectivo que se destinaban a políticos y funcionarios, en Mogán la mayoría de éstos se hacen a través de facturaciones a las empresas referidas para pagar el concierto de Miguel Ríos y el mitin de Mariano Rajoy, ambos pagos realizados previa solicitud de Onalia Bueno. En el caso de Mogán, no aseguro que no existiesen pagos en efectivo antes del pago del concierto de Miguel Ríos, pero nunca se reflejaron, si bien en un cuadro resumen de los pagos a cuenta realizados con respecto a las promociones de viviendas de protección oficial, como ya se hiciera en Telde, figura en el apartado "otros gastos a" la cantidad de 73.180 €". El arrepentido menciona, además, "un pago que se produjo unos 15 días antes de la aprobación por el Pleno de la convocatoria del concurso de asistencia técnica a Gesmogán [empresa municipal que debía contratar las viviendas protegidas], de G. C. Europa a la empresa Canary Concert por 22.857 €, y que figura en la contabilidad como "gastos b".
El arrepentido detalla cómo el promotor aterriza en Mogán en 2004 de la mano del portavoz autonómico del PP, Jorge Rodríguez Pérez. El promotor Antón y el alcalde de Mogán, el popular Francisco González, cita tras cita, se van cogiendo mutuamente confianza. En marzo de 2006, tras estallar la operación Faycán en Telde, que se lleva por delante al equipo municipal popular del PP al completo por supuesta corrupción, González le comenta sin reservas a Antón que no le ha sorprendido la detención de la concejal de Obras y presunta cerebro de la trama, Toñi Torres, de quien conocía sus irregularidades en las islas.
"A lo largo de 2005 continúan las reuniones con esta concejal hasta que, finalmente, se firma el contrato con Gesmogán, firma a la que acude el alcalde, Francisco González, el 1 de agosto", dice el arrepentido, quien detalla cómo se llegó a esa firma, por la que el promotor iba a construir 150 viviendas protegidas en Mogán. "El proceder en cuanto al concurso es idéntico al de Telde, y todo está previamente pactado. Antón entrega las bases del concurso a [la concejal] Onalia. Se hace todo a la medida de G. C. Europa para evitar problemas y asegurar que sea ésta la adjudicataria. La oferta se presenta en Gesmogán minutos antes del fin del plazo. Todo el asunto de amañar el concurso lo llevan directamente José Manuel Antón, Onalia Bueno y el alcalde, Francisco González".
37. ISLAS BALEARES: MATAS ADJUDICA A MEDIOS AFINES 44 LICENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN (24/05/07)
cinco días de las elecciones autonómicas, el Gobierno de Baleares, que preside Jaume Matas, del PP, ha cerrado el mapa audiovisual adjudicando 34 frecuencias de radio y diez canales de televisión digital terrestre. El reparto efectuado por la mesa de la consejería de Economía beneficia a los grupos que son afines o respaldan a la actual mayoría política de las islas. En las renovaciones y repartos de 1999 y 2004, Matas siguió idéntica línea. Las nuevas adjudicaciones -anunciadas en la página oficial del Ejecutivo- serán ratificadas mañana en el Consejo de Gobierno, tras un plazo de dos días de alegaciones.
El empresario inmobiliario catalán Jacinto Farrús -que gestiona por concesión el servicio de noticias de la televisión autonómica IB3 y es propietario de Canal 4 TV- ha logrado siete licencias de radio con Panamericana 3000 y una con la firma Graus. El grupo Recoletos Medios Digitales, integrado en la editora de El Mundo, obtiene cuatro estaciones en Baleares; otras cuatro licencias son para la cadena Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal. Cuatro emisoras logra Onda Cero, y otras tantas Última Hora Punto Radio, del grupo multimedia del editor Pedro Serra.
La empresa familiar del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Muinmo, que posee la cadena Radio Balear, ha reunido dos nuevas frecuencias para su red. Radio Intereconomía, del ex diputado del PP Julio Ariza, obtiene dos estaciones a través de la firma Sauzal 66. El grupo Zeta (editor de Interviu y El Periódico)con su marca Radio Amanecer se estrena con dos postes en Ibiza e Inca. El grupo Negocios accede a una frecuencia, al igual que otros tres empresarios de Ibiza y Palma que respaldan la política de Matas, entre ellos Rafael Caballero, de la revista Preferente.
El reparto de frecuencias de televisión digital completa el abanico de emisoras de una anterior concesión. Ahora se constituye un nuevo canal en Mallorca, con cinco adjudicaciones distintas, a través del grupo de prensa gratuita Bon Día, que se muestra adicto al PP y es propiedad compartida del publicista Toni Pons, el hotelero Francisco Miralles y el empresario Miguel Pol. La Cope, con Popular TV, incrementa su red con otro canal en Inca. El grupo de televisiones locales €tar, de Luis Miguel Hernández, accede a dos frecuencias.
El Diario de Mallorca (Prensa Ibérica), logra una estación de televisión en Palma. Otra es para Broate, compañía de Jacinto Farrús, que comenzó a crecer en este sector tras incorporar al ex jefe de prensa de Jaume Matas, Javier Mato.
38. ISLAS BALEARES: EL GOBIERNO EXPROPIA COMO URBANA UNA FINCA QUE LA FAMILIA MATUTES ACABABA DE COMPRAR COMO RÚSTICA (24/05/07)
El Gobierno balear de Jaume Matas (PP) expropió como urbana una finca que la familia Matutes había comprado pocos meses antes a precio de rústica. En estos terrenos, que multiplicaron por 15 su valor, se construye en la actualidad la autopista al aeropuerto de Ibiza. Una hija de Abel Matutes es la consellera de Vías y Obras de Ibiza.
Las empresas Matutes compraron en Ibiza unos terrenos en el año 2004 que luego serían expropiados para la construcción de la autovía al aeropuerto de la isla y q
