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PPOPULARES de los
Genoveses, SA
( Del 24 AL 31 DE MARZO del
2007 )
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ÍNDICE
1. EL PP BOICOTEA AL GRUPO PRISA
2. EL PP RECRUDECE SU BOICOT A PRISA CON LA RETIRADA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES
3. UN ARGUMENTARIO DISTRIBUIDO ENTRE CARGOS DEL PP DIFUNDE FALSEDADES SOBRE PRISA
4. El PP favorece a los grupos de comunicación afines en el reparto de licencias de televisión
5. EL INTERVENTOR BLOQUEA EL PAGO DE VIAJES EN AVIONES PRIVADOS DE ZAPLANA COMO MINISTRO
6. ZAPLANA AUMENTÓ UN 100% LOS FONDOS PROTOCOLARIOS DEL MINISTRO AL LLEGAR A TRABAJO
7. EL EX MINISTRO IRONIZA SOBRE LA "IMPORTANCIA" DE SUS GASTOS
8. TRABAJO REHUSÓ PAGAR 23.000 € EN TURRÓN QUE COMPRÓ ZAPLANA Y QUE NADIE CERTIFICÓ
9. TESTIGO POLICIAL, ESPECIALISTA EN ETA: "NO ME CONSTA QUE HAYA NINGUNA RELACIÓN ENTRE ETA Y EL MUNDO ISLAMISTA"
10. EL TRIBUNAL DEL 11-M MULTA A DÍAZ DE MERA, DIRECTOR DE LA POLICÍA CON AZNAR, E INSTA UN PROCESO CONTRA ÉL POR DESOBEDIENCIA
11. AZNAR AZUZA A LOS EXTREMEÑOS CONTRA EL ESTATUTO CATALÁN
12. EL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A LA ‘CADENA SER’ FRENTE A ÁLVAREZ CASCOS
13. CATALUÑA: EL EX LÍDER DEL PP EN TARRAGONA DEJA EL PARTIDO POR DISENTIR DE LA DIRECCIÓN
14. GALICIA: El Supremo admite una querella contra un cargo del PP por abono ilegal de dietas (24/03/079
15. GALICIA
: EL PP SE NIEGA A JUSTIFICAR LOS GASTOS DE LOUZÁN EN ARGENTINA16. ANDALUCÍA: LA JUNTA ACUSA A PALACIOS DE DESVIAR FONDOS PARA UN CENTRO DE EMPRESAS
17. ANDALUCÍA: EL EX ALCALDE DE ALHENDÍN (PP) DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA LEGALIDAD DE SUS GESTIONES URBANÍSTICAS
18. MADRID: Aguirre retira su publicidad de la SER como candidata del PP a la Comunidad de Madrid
19. MADRID: AGUIRRE ANIMA A EL MUNDO A CONTINUAR "LAS INVESTIGACIONES" DEL 11-M
20. MADRID: AGUIRRE PIERDE CONTRA EL ANUNCIO DE SIMANCAS
21. MADRID: AGUIRRE INAUGURA SU CAMPO DE GOLF SIN ESTRENARLO
22. MADRID: EMPLEADOS DE TELEMADRID DENUNCIAN QUE LA CONSIGNA ES "DAR CERA" A ZAPATERO
23. MADRID: TRABAJADORES DE TELEMADRID LLEVAN A BRUSELAS PRUEBAS DE "MANIPULACIÓN"
24. MADRID: RUIZ-GALLARDÓN DICE QUE UN CENTRO QUE NO EXISTE "ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN"
25. MADRID: LA NUEVA M-30 SE ATASCA "PORQUE NO LA SABEN USAR"
26. MADRID: SE ROMPE EL EQUIPO MUNICIPAL DE GALAPAGAR DEL PARTIDO POPULAR
27. MADRID: CUATRO CONCEJALES DEL PP EN RIVAS ACUSAN A SU PARTIDO DE ACOSO
28. COMUNIDAD VALENCIANA: RAMBLA JUSTIFICA LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA PORQUE "NO CUESTA DINERO"
29. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS EURODIPUTADOS CONSTATAN UNA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS
30. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP TACHA DE "PANFLETO" EL INFORME DE LOS EURODIPUTADOS
31. COMUNIDAD VALENCIANA: BLASCO SE RESERVA PARA PUBLICIDAD EL EQUIVALENTE AL COSTE DE DOS CENTROS DE SALUD
32. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS RESPONSABLES DEL URBANISMO DE ALTEA TIENEN NEGOCIOS EN PROYECTOS QUE AUTORIZAN
33. CASTILLA Y LEÓN: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EXHIBIÓ DOS IMÁGENES DE MONTOYA
34. CASTILLA Y LEÓN: EL EX EDIL DEL CASO NEVENKA, POSIBLE IMPLICADO EN UN CASO DE PREVARICACIÓN
35. ISLAS CANARIAS: UN DIPUTADO DEL PP LLAMA GOLFO A UN EX COMPAÑERO EN EL PARLAMENTO CANARIO
36. REGIÓN DE MURCIA: UNA DIPUTADA DEL PP DEJARÁ UNA TERTULIA DE LA SER DEBIDO AL BOICOT AL GRUPO PRISA
37. ISLAS BALEARES: EL PSOE ACUSA A MATAS DE GASTAR CINCO MILLONES EN UN PALACETE
38. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENTE DEL CONSELL INSULAR DE EIVISSA I FORMENTERA PRESIDIÓ LA MESA DE CONTRATACIÓN QUE ADMITIÓ LA OFERTA DE ISLASFALTO
39. EXTREMADURA: EL ALCALDE PEPERO DE BADAJOZ INDIGNA A LOS HOMOSEXUALES POR UNAS POLÉMICAS DECLARACIONES
40. CEUTA: UN AÑO DE CÁRCEL PARA UNA DIRIGENTE DEL PP POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA CONTRATAR A SU MARIDO
1. EL PP BOICOTEA AL GRUPO PRISA (24/02/07)
El PP, principal partido de la oposición con 9,7 millones de votos, arremetió contra el Grupo PRISA, a través de una declaración acordada por su dirección nacional en la que, tras hacer una referencia "especial a los accionistas, anunciantes y clientes de este grupo" que podría ser entendida como un aviso a quienes hacen negocios con él, anuncia su decisión de "dejar de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo PRISA", mientras su presidente, Jesús de Polanco, no rectifique "pública e inequívocamente" unas declaraciones que han indignado a la dirección de esta formación política.
Polanco señaló en la junta de accionistas de PRISA, que la manifestación del sábado 10 de marzo, en la que el PP juntó a 340.000 personas para criticar la decisión del Ejecutivo de conceder la prisión atenuada al terrorista Iñaki de Juana, "es el franquismo puro y duro puesto en imágenes de televisión". Estas declaraciones se convirtieron en una de las comidillas de la multitudinaria cena que el PP ofreció a todos sus parlamentarios. Entonces, pese a la indignación creciente de los comensales, el partido no tomó ninguna decisión, porque no estaba allí su líder, Mariano Rajoy, quién posteriormente organizó un pequeño gabinete de crisis con Ángel Acebes, el secretario general, Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario, y otros miembros de la dirección y tomó la decisión. El líder popular no tuvo ninguna duda porque ya venía de Madrid con la decisión casi cerrada. Rajoy ofreció con normalidad el mitin que tenía previsto y no hizo ninguna mención a las declaraciones de Polanco. Fue Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, el encargado, tras concluir el acto público, de dar lectura al comunicado en la sala de prensa adjunta.
Otros dirigentes regionales con peso notable en el partido fueron informados, según fuentes de la dirección, de que se haría un comunicado exigiendo la rectificación de Polanco, pero no fueron consultados sobre la decisión de negar entrevistas a todos los medios de comunicación del grupo. Algunos expresaron a este periódico sus dudas sobre la drástica medida adoptada por la dirección. El PP aclaró que esta decisión de no atender las convocatorias implica también a los miles de cargos institucionales que el partido tiene en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, y que acuden con normalidad a los medios del Grupo PRISA para explicar su gestión y sus proyectos. La decisión, explicaron portavoces del PP, obliga a todos los militantes de este partido, sean o no cargos públicos.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo un comunicado en el que "insta a los periodistas y a los editores para que, en el ejercicio más exigente y riguroso de su profesión, propicien un clima de entendimiento en la sociedad sin merma del imprescindible debate y crítica", y apeló "a los partidos políticos para que en ningún caso limiten el acceso de los periodistas a la información". Este último punto hizo reaccionar al PP. El propio Elorriaga afirmó poco después de que se conociera ese comunicado que el PP "no va a limitar en modo alguno el acceso a la información de todos los medios de comunicación".
Fuentes del PP indican que este boicot no significa que los medios de PRISA no serán invitados a las ruedas de prensa de este partido, donde sus dirigentes responderán a sus preguntas. Sólo implica, dicen, que los militantes del PP no acudirán a la llamada de los medios de PRISA. Elorriaga expresó su "absoluto respeto" por los lectores, oyentes, espectadores y por los profesionales del Grupo PRISA. Nada dijo, sin embargo, de los accionistas, anunciantes y clientes a los que se refería su comunicado.
2. EL PP RECRUDECE SU BOICOT A PRISA CON LA RETIRADA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES (27/03/07)
El PP avanzó un paso más en su boicot a los medios del Grupo PRISA. Al bloqueo informativo se sumó la retirada de diversas campañas de publicidad previstas, algunas de instituciones públicas gobernadas por dirigentes del PP. El bloqueo económico no se limitó a la retirada de campañas contratadas por el partido en relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas, sino que también alcanzó a la publicidad institucional que se abona con dinero público. La Generalitat Valenciana llegó a cancelar varias campañas de este tipo previstas en este periódico.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera que decidió retirar, el domingo una campaña publicitaria contratada con la Cadena Ser en la que se promocionaba como candidata del PP a la presidencia autonómica. fue secundada por otros dirigentes regionales. Este boicot del PP como anunciante se extendió a los organismos públicos donde manda este partido, como ocurrió con la Comunidad Valenciana, que ha decidido cancelar campañas previstas q pagadas con dinero público.
Mariano Rajoy tras ser preguntado por la posible retirada de la publicidad desde instituciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular. Ante esto, reiteró que no tiene "interés en la polémica", pero recordó que es el presidente de un partido político y que ha fijado una posición sobre esta cuestión.
En esa posición no se hacía referencia a la retirada de publicidad de los medios de comunicación de PRISA ni al boicot por parte de instituciones públicas gobernadas por el PP. Éstas son algunas de las más importantes acciones del partido de Rajoy en relación con la suspensión de publicidad, tanto institucional como de partido.
- Comunidad Valenciana. Es la única comunidad que de momento ha decidido retirar de los medios del Grupo PRISA la publicidad del partido y también campañas institucionales. El PP retiró la inserción publicitaria anunciando el mitin de Mariano Rajoy y Francisco Camps en Valencia para el día 31 de marzo.
- Andalucía. La dirección regional del PP suspendió una campaña publicitaria en la SER sobre violencia de género. El partido intentó desvincular esta decisión del veto a los medios del grupo PRISA y aseguró que obedece a una estrategia de la campaña publicitaria.
- País Vasco. El Partido Popular anuló tres campañas de publicidad contratadas con la cadena SER en Guipúzcoa relacionadas con la precampaña de las próximas elecciones forales y municipales, según informó la emisora. Concretamente, se suspendió una serie de entrevistas publicitarias con la candidata a diputada general, Regina Otaola, que se emitían en los programas locales de Hoy por Hoy en las tres emisoras guipuzcoanas de la Cadena Ser, Radio San Sebastián, Radio Irún y Radio Eibar.
- Aragón. El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, anunció que la formación va a cumplir el boicot y ordenó desde el mediodía del lunes la retirada de la campaña contratada con las emisoras de la SER para la precampaña de las elecciones autonómicas.
3. UN ARGUMENTARIO DISTRIBUIDO ENTRE CARGOS DEL PP DIFUNDE FALSEDADES SOBRE PRISA (29/03/07)
Dirigentes y cargos públicos del PP han recibido un argumentario con el que sostener el boicot económico e informativo que decidió la dirección nacional de este partido. En el texto se vierten afirmaciones falsas en relación con la situación económica del Grupo PRISA con el objetivo de dañar su credibilidad empresarial, además de descalificaciones contra su presidente, Jesús de Polanco. La dirección nacional del PP se desvinculó del argumentario y afirmó que ignora de dónde ha podido salir, pese a que ha aparecido en sedes regionales y locales de este partido.
El PP atribuye las declaraciones de Jesús de Polanco en la junta de accionistas del grupo la semana pasada a la "mala situación de las inversiones audiovisuales" de PRISA, "y a su necesidad de contar con el respaldo del Gobierno socialista para salir de su profunda crisis empresarial". El PP insiste en su argumentario, distribuido entre militantes y cargos públicos populares para que lo repitan en sus intervenciones públicas, en la "debilidad del Grupo PRISA" y tildan a Jesús de Polanco de "acólito necesario del proyecto radical de Zapatero".
Hace días, el Grupo PRISA presentó sus resultados en la junta general de accionistas. En el ejercicio de 2006, el Grupo PRISA obtuvo unos beneficios de 229 millones €; lo que representa un incremento del 50% respecto al año anterior. El beneficio por acción aumentó un 16%. El documento del Partido Popular repite algunos de los argumentos que se incluyeron en el comunicado aprobado el viernes pasado por la cúpula popular y que se encargó de leer el secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga.
Cargos públicos del PP consultados han expresado su disconformidad con el veto informativo impuesto por la cúpula popular a todos los militantes. El PP ha prohibido a sus militantes y cargos públicos conceder entrevistas a los medios de comunicación del Grupo PRISA y ha exigido una rectificación a Jesús de Polanco.
4. El PP favorece a los grupos de comunicación afines en el reparto de licencias de televisión (25/03/07)
Los Gobiernos autonómicos del PP, especialmente los de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia, han beneficiado de manera indisimulada a grupos de comunicación afines a la hora de repartir licencias de televisión. La Iglesia católica, El Mundo y el periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos han desarrollado redes locales gracias a la oleada de emisoras que les han adjudicado el PP. Esos mismos Gobiernos regionales han penalizado sistemáticamente al Grupo PRISA y a sus socios en el ámbito de la televisión local, pese a tener experiencia en el sector y solidez empresarial y profesional.
Madrid concedió cinco frecuencias a la Iglesia, cuatro a Losantos y ninguna a PRISA
La ofensiva lanzada por el Gobierno del PP contra el Grupo PRISA nada más llegar al poder, en 1996, se trasladó a las comunidades autónomas cuando los populares perdieron las elecciones de 2004. Aquella campaña, realizada a golpe de real decreto para asfixiar económicamente Sogecable (la empresa audiovisual propietaria de Canal + y Digital +, en cuyo accionariado participa PRISA) tuvo en su segundo capítulo a las televisiones locales y autonómicas como protagonistas.
Desde que el Gobierno dio luz verde a las CCAA para conceder estas licencias, los Ejecutivos regionales del PP han actuado de forma coordinada para penalizar las candidaturas presentadas por Pretesa, la empresa participada por PRISA que se dedica al desarrollo de la televisión local a través de Localia.
Madrid, la Comunidad Valencia y Murcia (todas bajo gobiernos del PP) han primado en sus respectivos concursos de televisión digital terrestre de ámbito local a grupos de comunicación afines. En todos, ellos, PRISA ha sido marginada, pese a tener experiencia en el campo de la televisión local, un baremo que -en teoría- pesaba en los concursos y un proyecto empresarial y profesional sólido. En agosto de 2005, el Gobierno de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, hizo público el reparto de las 30 emisoras privadas de televisión digital terrestre de ámbito local. La Comunidad afirmaba entonces que estas adjudicaciones venían "a impulsar la pluralidad del sector audiovisual madrileño". El reparto lo dice todo: la Iglesia católica obtuvo cinco frecuencias (cuatro de ellas para la Cope y una para el arzobispado); Antena 3 (controlada por el grupo Planeta) se llevó cuatro, las mismas que Jiménez Losantos; el empresario José Frade recibió tres, y Blas Herrero (propietario de Kiss FM), dos.
Además, recibieron sendas licencias en Madrid capital el diario El Mundo y Homo Virtualis, vinculada al grupo Intereconomía (editor de la revista conservadora Época), vinculado al ex diputado del PP Julio Ariza. La Comunidad otorgó asimismo al productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo 10 licencias, una en cada una de las 10 demarcaciones en las que se dividió el mapa de Madrid.
El Grupo PRISA se quedó a cero. "Los criterios que han primado para conceder las nuevas licencias han sido la calidad y la pluralidad de contenidos de la oferta informativa y la creación de empleo", argumentó la Comunidad de Madrid. Algunas de las empresas más consolidadas en el sector, como las emisoras de Localia en Madrid, Móstoles o Alcalá de Henares llevan funcionando desde 1995, mientras que muchos de los adjudicatarios tienen nula experiencia en el sector y apenas han creado puestos de trabajo. La película de Madrid se ha repetido casi con el mismo argumento e idénticos actores en la Comunidad Valenciana. Allí El Mundo logró cuatro emisoras, todas a las que optaba, e Intereconomía recibió otras cuatro, al igual que Libertad Digital Televisión, la empresa creada por Losantos a partir de una página web. Las dos cadenas autonómica fueron a parar a la Cope y a Vocento (editor de Abc).
El Gobierno valenciano, presidido por Francisco Camps, aseguró que en el reparto había primado "la pluralidad". Quizá por eso, de las 44 emisoras concedidas, Localia obtuvo una emisora en una demarcación menor, la de Ontinyent-Xátiva.
PRISA fue también marginada en el concurso fallado por Murcia, una comunidad en la que nuevamente la mayor parte del pastel se lo llevó Vocento (una autonómica), y Jiménez Losantos, que se hizo con las mejores plazas: Cartagena, Lorca y Murcia. La misma suerte corrió Localia en el primer concurso convodo por el presidente balear Jaume Matas (PP). Una gran parte de las televisiones insulares fueron a parar a empresarios locales vinculados a la promoción inmobiliaria. PRISA participa en uno de los consorcios que obtuvo, posteriormente, un canal autonómico.
5. EL INTERVENTOR BLOQUEA EL PAGO DE VIAJES EN AVIONES PRIVADOS DE ZAPLANA COMO MINISTRO (26/03/07)
El interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de Trabajo ha vetado el pago de dos facturas y censurado otras tres de una compañía privada de aviación por juzgar los gastos injustificados. Todas ellas corresponden a servicios prestados por esa compañía a Eduardo Zaplana cuando era ministro de Trabajo entre 2002 y 2004. En los informes el interventor reprocha que, tras prescindir del uso de líneas regulares -gratuitas entonces para los ministros-, no tramitó correctamente la contratación de los aviones privados ni detalló su precio ni su pasaje. Fuentes próximas a Zaplana aseguraron que estos vuelos estuvieron justificados por la agenda del entonces ministro. El actual portavoz del PP, según las mismas fuentes, es ajeno a su impago o a los defectos de las facturas.
Zaplana gastó en viajes en aviones privados durante sus dos años escasos de mandato en Trabajo 150.000 €. De ellos, el interventor ha bloqueado dos por importe de 9.000 € y cuestionado otros tres más por 43.000 €. Merced a un convenio, en vigor hasta hace meses, los principales cargos ministeriales podían volar gratis en Iberia o recurrir a los aviones del Ministerio de Defensa. Pero Zaplana recurrió con asiduidad a otra vía distinta: el alquiler de jets privados de las compañías Gestair y Transportes Aéreos del Sur. En total, una veintena de viajes, en su mayoría en noviembre de 2003. El pasaje de tales aviones privados, a tenor de las facturas visadas por sus ex colaboradores, incluyó un amplio abanico de personas, no siempre identificadas, o sin cargo ministerial (escoltas que viajan en solitario). El interventor delegado de Hacienda en Trabajo llegó a impedir el pago de facturas que dejó pendientes Zaplana.
Por otro lado, los gastos protocolarios de Zaplana al frente de Trabajo también llamaron la atención de sus funcionarios fiscalizadores. De julio a diciembre de 2002, el ex ministro consumió 36.979 € en este capítulo, que elevó a 67.000 € en 2003, y a 78.577 en 2004, aunque desde el 14-M estaba en funciones y cesó en abril. Por encima de su cuantía -más de 183.000 €-, destacan sus aspectos cualitativos.
Zaplana recurrió a lujosas tiendas de joyas, algunas de ellas valencianas, para comprar costosos objetos de regalo protocolarios. Salvo en el caso del Papa -al que regaló un cáliz de plata de 2.000 €- o el rey de Marruecos -al que compró unos gemelos de oro por 1.349 €-, hay una larga lista de lujosos objetos de regalo de los que sólo hay constancia de que los compró y pagó Trabajo, pero no para quién. Su destinatario real fue y es un secreto para la intervención.
6. ZAPLANA AUMENTÓ UN 100% LOS FONDOS PROTOCOLARIOS DEL MINISTRO AL LLEGAR A TRABAJO (28/03/07)
El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, dobló en 2003 el presupuesto anual de gastos protocolarios de gestión directa como ministro de Trabajo (36.000 €) respecto de su antecesor, Juan Carlos Aparicio (18.000). Zaplana marcó otra diferencia de gestión del dinero público respecto de sus antecesores del PP: ni Aparicio, ni Javier Arenas utilizaron nunca como ministros de Trabajo aviones privados para sus vuelos, ni compraron alimentos con cargo a su presupuesto para su residencia oficial, ni recurrieron a artículos de lujo para atenciones protocolarias.
Zaplana ha anunciado que quiere conocer los gastos protocolarios y de desplazamientos de los componentes del actual Ejecutivo socialista para medirlos con los suyos durante su mandato en Trabajo (2002-2004). A la espera de que el Gobierno remita esos datos, empiezan a surgir elementos que permiten comparar su gestión con la de sus dos antecesores inmediatos, ambos del PP: Javier Arenas y Juan Carlos Aparicio. El retrato que pintan ex colaboradores de estos tres ministros y funcionarios de Trabajo que coexistieron con todos ellos marca un antes y un después de Zaplana.
Para empezar, el 2 de enero de 2003, el primer año de gestión completa de Zaplana -tomó posesión en julio de 2002- varió radicalmente los gastos dedicados a "atender ineludiblemente obligaciones de protocolo" de los diversos cargos del departamento. Curiosamente, de los 17 cargos a los que se reconocían tales fondos, sólo el monto de uno crecía inusitadamente respecto del esquema hasta entonces vigente y era precisamente el presupuesto del ministro. Si Aparicio se daba por servido con 18.060 € anuales (1.500 al mes) para sus atenciones protocolarias directas -una comida, unas flores, etcétera-, Zaplana se adjudicó el doble: 36.000 € (3.000 al mes). Por contra, la práctica totalidad de los altos cargos de Zaplana mantenían las mismas partidas consignadas en 2002 por su antecesor, Aparicio.
Este presupuesto era una partida más de los gastos globales del ministerio de atenciones protocolarias, con cargo a los cuales, como ha reconocido Zaplana, se sufragaron los objetos de lujo durante su mandato -que totalizaron más de 183.000 € en compras durante su mandato- para atenciones a personalidades diversas y que, como también ha reconocido, en muchas ocasiones no identificó por premuras y contingencias varias.
Por tanto, nada de este dinero, que se entregaba en metálico, según ex colaboradores de Zaplana, sirvió para sufragar tales regalos. Tampoco este dinero de bolsillo de Zaplana emanado del presupuesto ministerial sufragó los gastos de cesta de compra -más de 5.000 € durante su mandato- con destino al pabellón ministerial que constituía su residencia en el ministerio, y que se sufragaron con los ingresos de la cafetería de Trabajo, según documentos oficiales.
7. EL EX MINISTRO IRONIZA SOBRE LA "IMPORTANCIA" DE SUS GASTOS (28/03/07)
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, ironizó en relación a su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y que revelaron sus casi 20 vuelos en avión privado, la presencia de seis de sus familiares en la lista de obsequiados por el Ministerio en las navidades de 2002, sus gastos protocolarios en objetos lujo y en cestas de compra con destino a su pabellón ministerial.
En referencia a este último capítulo, el endoso de decenas de tiques por valor más de 5.000 € de compras en supermercados cercanos al ministerio y a su domicilio privado, Zaplana respondió así en conferencia de prensa: "Ya tienen las iniciales de quien compró, con esas iniciales se puede llegar a quién ha comprado, el motivo de la compra y se pueden hacer barridos de quién vive en las cercanías".
Igualmente, hizo risas sobre la "importancia política" del capítulo de sus gastos ministeriales. Esas iniciales (correspondientes a una limpiadora) pueden despejar el enigma de quién realizó algunas de las compras de comestibles y elementos varios como chicles para el pabellón ministerial de Trabajo durante el mandato de Zaplana -otras las hicieron bedeles, según aseguran fuentes sindicales-, y también el centro comercial escogido para sus compras.
El ministro ha negado en una nota de siete folios que esas compras fueran para su consumo personal de su residencia privada. El comunicado asegura que todos esos alimentos se adquirieron en su día para consumo ministerial.
Ninguno de sus antecesores en el ministerio de Trabajo, durante el mandato del PP, Javier Arenas y Juan Carlos Aparicio, recurrieron a este menudeo de compras de comestibles con cargo al presupuesto ministerial para sus comidas oficiales o privadas, según detallaron sus ex colaboradores. El empleado ministerial que hacía la compra solía pasar un tique de un euro para que le abonaran el café que se había tomado durante la compra en el mercado con destino al pabellón ministerial.
Zaplana proclamó su voluntad de conocer "hasta el más mínimo detalle" de todo lo referente a los gastos y viajes de todos los ministerios bajo el mandato socialista. "Como desde los Gobiernos del PP no tenemos absolutamente nada que ocultar", retó, "un ejercicio de comparación y transparencia siempre es bueno", sugirió. "Esto no puede ofender a nadie. Estoy seguro que el Gobierno facilitará todos estos datos con gran rapidez", remachó Zaplana.
8. TRABAJO REHUSÓ PAGAR 23.000 € EN TURRÓN QUE COMPRÓ ZAPLANA Y QUE NADIE CERTIFICÓ (29/03/07)
El Ministerio de Trabajo bajo mandato socialista rehusó pagar en 2004 tres facturas de turrón por 23.000 € que dejó pendientes su anterior titular, Eduardo Zaplana, la mitad del dulce que adquirió para atenciones protocolarias. El impago se produjo porque el nuevo equipo ministerial no encontró los certificados que justificaran ese gasto ni logró que nadie lo validara en los meses siguientes. El turrón (con embalaje) adquirido por el equipo de Zaplana para las Navidades anteriores superaba las cuatro toneladas y costaba 55.000 €. La empresa renunció al cobro de los 23.000 €.
Turrones Picó tuvo un pedido especial en las Navidades de 2003. El Ministerio de Trabajo, entonces bajo el mandato de Eduardo Zaplana, le compró, en diversas partidas, turrones por importe de casi 55.000 € que fue enviado, entre otros, a decenas de periodistas. Pese a que se suponía que hacía mención a un objeto único, la atención protocolaria a determinadas personas relacionadas con el ministerio durante las Navidades, presentó siete facturas. De haberlas formulado bajo una sola, al superar su monto los 12.000 €, Trabajo habría tenido ineludiblemente que darle una tramitación distinta, mediante concurso, con mayores controles y trámites en su adjudicación.
9. TESTIGO POLICIAL, ESPECIALISTA EN ETA: "NO ME CONSTA QUE HAYA NINGUNA RELACIÓN ENTRE ETA Y EL MUNDO ISLAMISTA" (28/03/07)
El testigo policial 15.540, perteneciente a la Unidad Central de Información Interior (UCII) —especializada en la lucha contra el terrorismo de ETA—, participó en la entrevista a Suárez Trashorras en Avilés, poco después de los atentados —junto a un inspector de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), un miembro del CNI, un jefe de la Unidad de Información de Asturias y un jefe de grupo—. "Estuve colaborando en la identificación de personas que pudieran haber participar en los atentados, en el registro del piso de Albolote (Granada), que apareció el 31 de marzo o el 1 de abril, y en el de Leganés el 3 de abril", recuerda. El testigo, experto en terrorismo a nivel nacional, ha asegurado —en respuesta a una pregunta del abogado de Jamal Zougan sobre la presunta colaboración de ETA en los atentados contra el World Trade Center de Nueva York en 1993— que no le consta ninguna relación entre ETA y el mundo islamista. El Comisario aseguró también que en ningún momento recibió ninguna instrucción del ministerio del Interior para orientar la investigación del 11-M hacia la organización terrorista ETA.
"Ni desde la Dirección General de la Policía ni del ministerio del Interior recibimos instrucción en ningún sentido para orientar la instrucción", destacó el testigo, quien matizó que a las tres de la tarde del 11-M tuvieron "sospechas bastante firmes" de que el terrorismo islamista estaba detrás de la masacre. Según recordó el testigo policial, Trashorras jamás le habló de ETA o de que alguno de los moros tuviese amistad con algún miembro de la banda terrorista ETA. "Jamás se habló de eso", afirma tajantemente el testigo.
En un momento determinado, el letrado de Jamal Zougan ha realizado una batería de preguntas sobre la posible relación de ETA y el mundo islamista: "¿Sabe si ETA colaboró en los atentados del World Trade Center en Nueva York?¿le consta que ETA mantenga alguna relación con el mundo islamista?", ha preguntado el letrado. El testigo, especialista en ETA, ha asegurado que "no me consta que haya ninguna relación entre ETA y el mundo islamista".
10. EL TRIBUNAL DEL 11-M MULTA A DÍAZ DE MERA, DIRECTOR DE LA POLICÍA CON AZNAR, E INSTA UN PROCESO CONTRA ÉL POR DESOBEDIENCIA (29/03/07)
En una decisión excepcional, el tribunal del 11-M impuso ayer una multa de 1.000 euros y abrió procedimiento por desobediencia grave al director general de la policía en el momento de los atentados de Madrid, Agustín Díaz de Mera. El hoy eurodiputado del PP y activo defensor de la teoría de la conspiración, que comparecía como testigo, recibió el castigo por negarse a desvelar la identidad de un policía que le habló de la existencia de un supuesto informe secreto encargado por el actual Gobierno socialista que vincula a ETA con la masacre. Un informe que, dijo, conocen "10 o 12" personas.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, mantuvo con Díaz de Mera un intenso intercambio de argumentos para que depusiera su actitud. Le llegó a "rogar" que aparcara sus problemas de conciencia, porque "eso es lo de menos". "El problema es la situación en que coloca este proceso", le espetó, recordándole de modo implícito la trascendencia de un juicio que busca esclarecer el mayor atentado terrorista en la historia de España. De nada sirvieron los esfuerzos disuasorios del magistrado. Entre apelaciones afectivas a su vinculación a la policía y alegatos sobre la necesidad de preservar la seguridad de su fuente informativa, el exdirector general de la policía anunció con gran solemnidad su "disposición de aceptar las consecuencias". El incidente se desencadenó cuando un abogado de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M --proclive a la teoría de la conspiración-- preguntó a Díaz de Mera por el supuesto informe, de cuya existencia habló el eurodiputado en una entrevista a la COPE seis meses atrás.
El exdirector de la Policía reiteró que un agente policial le contó que, tras la llegada del PSOE a la Moncloa, el flamante comisario general de Información, Telesforo Rubio, encargó un informe sobre los atentados. El supuesto documento, elaborado por "un hombre y una mujer", arrojó, dijo, resultados desagradables para el Ejecutivo socialista al establecer la conexión de ETA con los atentados, por lo que hubo un intento de "reorientarlo". Díaz de Mera reconoció no haber visto nunca el informe y que solo conoce las "generalidades" que le contó su fuente. Dijo además que no sabía qué destino tomó el documento, pese a que en la COPE habló de su desaparición. El letrado le pidió que identificase a su fuente. Díaz de Mera se negó por primera vez, con el argumento de que esa información "pondría en peligro" tanto la seguridad como el puesto de trabajo del informante.
Entonces intervino el presidente del tribunal y recordó al eurodiputado su obligación de responder. Para preservar la reserva de su fuente, le ofreció escribir su identificación en un papel. Díaz de Mera se negó y admitió que la situación era "muy complicada". El magistrado decretó un receso, al cabo del cual anunció la sanción: multa inmediata de 1.000 € y apertura de procedimiento por presunto delito de desobediencia.
11. AZNAR AZUZA A LOS EXTREMEÑOS CONTRA EL ESTATUTO CATALÁN (27/03/07)
El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, afirmó en Badajoz que la reforma del Estatuto de Cataluña coloca a Extremadura en una "situación financiera muy delicada". La reforma, según Aznar, es uno de los "graves problemas" para Extremadura generados por una "mala acción política", al que añadió los recortes de los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013. La FAES ha desarrollado a lo largo de este año una serie de conferencias en Extremadura que servirán para conformar un proyecto de programa electoral para el PP en la región.
Estas ideas "liberales" que aporta la FAES serán aprovechadas por el presidente extremeño del PP, Carlos Floriano, que acompañó a Aznar en la conferencia. Aznar arremetió contra el Estatuto catalán y achacó los problemas de la región al "recorte drástico de la solidaridad interregional" que plantea la reforma catalana. Aseguró que éste era uno de los "graves problemas" para Extremadura generados por una "mala acción política" que "da la espalda a Extremadura". Añadió que la reforma fue planteada desde el principio como un "chantaje" y añadió que tras ocho meses ya se está pidiendo el "paso siguiente de un referéndum de autodeterminación". El otro "grave problema" que tendrán que afrontar los extremeños en opinión de Aznar es la "desastrosa" negociación llevada a cabo por el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para las percepciones a recibir por los Fondos Europeos entre 2007 y 2013. Aznar aseguró que Extremadura será una de las regiones "más perjudicadas", puesto que "va a haber muy poco dinero europeo para nuevas infraestructuras en la región".
Aznar insistió en las ideas neoliberales que promueve la FAES, y propuso que se bajen los impuestos para que los ciudadanos dispongan de más dinero en sus bolsillos. Recordó que el Gobierno autonómico, presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, gastó entre 1.983 y 2006 un total de 30.000 millones de € como presupuesto regional, a los que hay que sumar otros 5.000 millones presupuestados para 2007. También hizo referencia a la polémica creada por las fotografías de un artista subvencionado por el Gobierno regional. Sin atender a la libertad de expresión, Aznar defendió que se promueva con dinero público el patrimonio cultural, pero negó estas ayudas a las "barbaridades que ofenden el sentido más elemental de la decencia". Dijo además que se trata de "un episodio de vulgaridad" que ha sacado a flote la "cobardía" de quienes hace un año "pedían perdón" por las caricaturas danesas de Mahoma, puesto que "no se atreven a reprobar los excesos cometidos por los islamistas radicales" en ese momento, y "ante los violentos optan por la rendición preventiva".
12. EL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A LA ‘CADENA SER’ FRENTE A ÁLVAREZ CASCOS (25/03/07)
El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de amparo del ex ministro de Fomento del PP Francisco Álvarez-Cascos contra una información de la Cadena SER que le situó esquiando en Sierra Nevada (Granada) mientras la marea negra del Prestige avanzaba hacia las costas gallegas.
Tras emitirse la información sobre Álvarez-Cascos, éste demando a la SER, en uso de su derecho de rectificación. El juez de primera instancia número 5 de Madrid estimó la demanda y ordenó la difusión de la réplica de Cascos, pero suprimiendo algunos párrafos del texto que no venían al caso. La SER acató la sentencia y dio lectura al texto ordenado por el juez. Sin embargo, apeló ante la Audiencia de Madrid, que le dio la razón y declaró que debía haberse denegado la rectificación solicitada. La sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Rodríguez Arribas, considera llamativo que el medio de comunicación "cumpliera la sentencia de instancia", de modo que Álvarez Cascos "vio cómo su escrito, -eso sí, mutilado de ciertas expresiones- se emitía, con lo cual sus derechos a la integridad moral y la honor quedaban asegurados".
El Tribunal es más duro con el ex ministro cuando éste sostiene que al no emitirse completa su rectificación se lesionó el derecho de los oyentes de la SER a recibir libremente información veraz. "Parece claro", ironiza el Constitucional, "que el demandante de amparo no goza de legitimación para intervenir en nombre de los oyentes de la Cadena SER sin que se pueda arrogar la condición de representante de una opinión pública defraudada en su derecho de recibir una información veraz". El Constitucional explica que el derecho a recibir información se ejerce mediante el simple mecanismo de conectarse, o no, al medio en cuestión, "en decisión libre donde las haya". Por tanto, "ni el señor Álvarez-Cascos tiene esa capacidad representativa [de los oyentes de la SER] que difícilmente nadie puede atribuirse", ni cabe cuestionar "que la información publicada por la Cadena SER cumpla con los cánones de veracidad exigidos".
13. CATALUÑA: EL EX LÍDER DEL PP EN TARRAGONA DEJA EL PARTIDO POR DISENTIR DE LA DIRECCIÓN (28/03/07)
El que fuese presidente del Partido Popular en la provincia de Tarragona durante siete años, Carlos Curto, anunció su decisión de abandonar la formación tras las próximas elecciones municipales debido a sus discrepancias con la dirección del partido. Curto, que actualmente es concejal por el PP en el Ayuntamiento de Tortosa, manifestó que quería dejar el partido "desde hace tiempo" y que ha preferido mantenerse en el grupo municipal hasta el final del mandato "por dignidad y respeto a los compañeros y a la gente que nos votó". El ex presidente del PP criticó la actual cúpula provincial y territorial del partido en Tarragona, especialmente al máximo responsable en las comarcas del Ebro, Joan Bertomeu, a quien acusó de haber actuado "de espaldas a la junta electoral de Tortosa".
14. GALICIA: El Supremo admite una querella contra un cargo del PP por abono ilegal de dietas (24/03/079
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo contra el presidente de la Diputación luguesa, Francisco Cacharro Pardo (PP), por un presunto abono ilegal de dietas. El también senador popular ya expresó su disposición a declarar voluntariamente ante la sala de lo penal, que designó como instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Fue el anterior fiscal jefe de la Audiencia luguesa, Jesús María Izaguirre, quien investigó la existencia de autorizaciones de "pagos ilegales" en concepto de dietas por parte de Cacharro.
El fiscal, a quien Cacharro realizó constantes reprobaciones durante su estancia en Lugo, imputa al presidente de la diputación los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.Aunque el asunto se tramitó en el Juzgado número tres de la Audiencia de Lugo, el fiscal trasladó una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la condición de aforado, de Cacharro Pardo, que es senador. De hecho, la junta de fiscales del Tribunal Supremo aprobó por unanimidad, el pasado mes de febrero, solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria a Cacharro para que pueda ser imputado.
Francisco Cacharro compareció ante los medios de comunicación y tiró de la ironía para agradecerle a Izaguirre "la oportunidad que me deja para expresar todo ante el Supremo". El veterano político lucense, con 24 años al frente de la institución y senador constituyente, anunció que tiene previsto acudir a "declarar voluntariamente", y afirmó que está convencido de que el asunto quedará sobreseído.
15. GALICIA
: EL PP SE NIEGA A JUSTIFICAR LOS GASTOS DE LOUZÁN EN ARGENTINA (29/03/07)La Diputación de Pontevedra vivió un pleno de extraordinaria tensión que se desencadenó por una moción del PSdeG en la que se instaba PP a "elaborar un informe detallado de todas las actividades" protagonizadas por el presidente de la institución, Rafael Louzán, del PP, durante su reciente visita a América. Una propuesta que los socialistas pretendían hacer extensiva a futuros viajes y que se vio truncada, a pesar del apoyo del BNG, por el rechazo del PP, disconforme con la parte expositiva del documento, en la que se aludía a un acto protagonizado por Louzán en Montevideo. A los asistentes se les exigió una fotocopia del pasaporte para cumplimentar los trámites de solicitud del voto por correo.
Los socialistas sospechan de las cuentas del gobierno provincial, especialmente después de que se aprobara una modificación de crédito de una partida de 500.000 € para dedicar 10.000 a la adquisición de material informático con el fin de satisfacer los nueve convenios firmados por Louzán con los centros de emigrantes pontevedreses en Argentina (A Estrada, Lalín, Mos, Ponteareas, Ribadumia, Tui, Vilamarín, Val Miñor y Vigo). "Ese dinero es para cumplir con los compromisos adquiridos en este viaje y en el próximo", declaró la diputada socialista Belén Sío, quien dio por hecha una nueva e inmediata visita del responsable provincial a América. El responsable de comunicación de la Diputación, sin embargo, negó que se haya anunciado ningún desplazamiento a pesar de que en una nota de prensa emitida el pasado 10 de marzo por el mismo gabinete se afirmaba que Louzán "piensa viajar a Argentina el próximo mes de abril".
"Hay que separar los viajes institucionales de los partidistas y eliminar cualquier duda sobre los gastos", señaló el diputado socialista Rodrigo Santiago tras un debate en el que los representantes provinciales subieron de forma considerable el tono y, entre acusación y acusación, repasaron las estrategias electoralistas de cada uno durante la etapa democrática.
La moción de la discordia instaba al PP a explicar el último viaje del presidente de la Diputación a América, con el fin de "aclarar" sus objetivos. La oposición exigía conocer el número de actos institucionales celebrados, fecha, lugar, representantes institucionales y el gasto desglosado; el contenido de los convenios firmados; el coste total del viaje y una evaluación del mismo.
16. ANDALUCÍA: LA JUNTA ACUSA A PALACIOS DE DESVIAR FONDOS PARA UN CENTRO DE EMPRESAS (27/03/07)
La Junta ha acusado al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), que gobierna el senador del PP Ramón Palacios, de desviar para otros fines fondos por valor de 910.233 € que habían sido concedidos por el Gobierno central para la construcción de un centro de servicios avanzados a empresas. El proyecto se encuentra paralizado desde hace cuatro años por la negativa municipal a afrontar la deuda con la empresa constructora. El centro tecnológico o de servicios avanzados a empresas fue uno de los grandes proyectos promovidos por Ramón Palacios en la anterior legislatura y que enmarcó dentro de su empeño en lograr el pleno empleo en La Carolina.
Para eso encontró el apoyo del Ministerio de Industria y de su entonces titular, Josep Piqué que, a través de los fondos Miner, destinó al Ayuntamiento carolinense una subvención de 120 millones de € para la industrialización del municipio.
Las obras de este centro se encuentran paralizadas desde hace cuatro años porque la empresa constructora, Acsa, se niega a entregar el edificio hasta que el Ayuntamiento le abone una deuda pendiente de 910.233 €. El delegado de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Manuel Gabriel Pérez, ha señalado que el Ayuntamiento de La Carolina destinó ese dinero, procedente de una subvención estatal, a otros fines. Sin embargo, el gobierno municipal que preside el popular Ramón Palacios admite que esa subvención estaba comprometida por el Ministerio de Industria, pero esgrime que no llegó a recibirla por el cambio de Gobierno que se produjo en el año 2004.
Así las cosas, el Ayuntamiento carolinense ha anunciado su disposición a ceder la gestión del centro a la Junta de Andalucía, pero con la condición de que abone los 910.233 € que reclama la empresa constructora para expedir el certificado final de obra. Incluso el alcalde carolinense, Ramón Palacios, llegó a decir recientemente que no tendría inconveniente en poner al centro el nombre del consejero Francisco Vallejo si su departamento asumía la deuda pendiente.
Por su parte, la Junta a comunicó en febrero de 2006 mediante una carta dirigida al alcalde, Ramón Palacios, la disposición de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para asumir la puesta en funcionamiento del centro de servicios avanzados. "El Gobierno andaluz estaría dispuesto a realizar las inversiones necesarias para el equipamiento de ese centro, así como para la contratación del personal y cuantas actuaciones sean necesarias para la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, pero no a asumir la deuda del Ayuntamiento con la empresa constructora", señaló do Manuel Gabriel Pérez. El delegado ha precisado que para realizar esas inversiones, es necesaria la cesión del centro de servicios avanzados al ente jurídico que vaya a gestionarlo (que podría ser una fundación), en el que participarán los empresarios y que harán uso del mismo.
17. ANDALUCÍA: EL EX ALCALDE DE ALHENDÍN (PP) DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA LEGALIDAD DE SUS GESTIONES URBANÍSTICAS (24/03/07)
El ex alcalde de Alhendín (Granada) José Guerrero (PP), imputado por cohecho y prevaricación en el caso Marchelo, defendió que sus actuaciones fueron "ajustadas a la legalidad" en su declaración ante el juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, que instruye la investigación sobre presuntos escándalos urbanísticos en la localidad. El ex regidor dimitió hace dos semanas tras desvelar la investigación policial que junto a su ex edil de Urbanismo, Manuel Fernández, cobró dinero por favorecer proyectos urbanísticos.
La declaración del ex alcalde de Alhendín (5.600 habitantes) sucedió a la comparecencia ante el magistrado de su anterior concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, detenido hace dos semanas e imputado por cohecho, fraude y exacciones ilegales, alteración de precios en concurso público, prevaricación y prevaricación urbanística. La investigación policial sostiene que ambos se beneficiaron y cobraron comisiones ilegales al contar con la connivencia de distintas promotoras gracias al control urbanístico sobre un pueblo en expansión a las afueras de Granada.
El abogado del ex alcalde, José Bernardo Muñoz, informó de que Guerrero negó ante el magistrado que su voz figurara en una de las conversaciones intervenidas, que mencionaba un débito de 400.000 €. "Alguien ha hecho una interpretación de esa conversación que no es real y que está en los medios de comunicación. ¡Pero si ni siquiera tiene teléfono!", exclamó el letrado. Guerrero, "tranquilo pero afectado" según su abogado, compareció para declararse "inocente" y aclarar su gestión al frente del consistorio junto a su mano derecha y ex edil de Urbanismo, Manuel Fernández, en libertad bajo fianza de 18.000 €.
Guerrero fue interrogado "de forma exhaustiva" por los expedientes del caso investigado: el polígono industrial Marchalendín, la urbanización construida por la promotora Frai, la desafectación de unos terrenos en un colegio, además de las empresas regentadas por sus hijos, que al parecer se vieron beneficiadas tras varias operaciones urbanísticas. "Él no tiene la culpa de que su hijo necesite una nave industrial. Guerrero ha tramitado el expediente y la Junta dijo que no, y ahí se quedó", dijo el abogado del ex alcalde.
A pesar de rectificar su postura y haberse personado en el caso tras la inicial defensa del ex regidor, el Partido Popular ha denunciado recientemente que la Policía haya pinchado los teléfonos de los dirigentes populares. Además de la declaración del ex alcalde, comparecieron ante el juez como testigos la arquitecta, el secretario, y el abogado municipales.
Según la denuncia del PSOE que originó la investigación, el consistorio vendió por 9 millones € los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a los suelos del polígono Marchalendín, después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones. La titularidad pública de los caminos de dicho polígono, valorados en 750.000 €, fue "regalada" al promotor. Asimismo, el PSOE denunció que el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur por 1,2 millones pese a que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones €.
18. MADRID: Aguirre retira su publicidad de la SER como candidata del PP a la Comunidad de Madrid (25/03/07)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha retirado su publicidad de la Cadena SER como candidata de su partido al gobierno regional en las próximas elecciones municipales de mayo, según ha anunciado la propia cadena en su informativo. Aguirre ha dicho que las palabras de Jesús de Polanco en la junta de accionistas de PRISA "han sido algo positivo", ya que "todos pensábamos que El País y la SER no eran neutrales y ahora nos lo ha confirmado él".
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido más cauto en su valoración del veto de su partido a los medios de PRISA y ha apostado por "buscar soluciones". "Yo voy a trabajar por ello", se ha comprometido. El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, tampoco ha querido echar más leña al fuego al manifestar todo su "respeto por los excelentes profesionales del Grupo PRISA". No obstante, ha añadido que "ha habido unas manifestaciones que exigen una matización del editor de PRISA".
El boicot del PP se tradujo en la anulación de una campaña publicitaria en las emisoras de la cadena SER del País Vasco. Las cuñas de propaganda política estaban programadas hasta el próximo día 30. El coste de la campaña era de 1.800 €. También se retiró otra en Albacete. Por otra parte, varios colaboradores del PP en la SER han declinado participar más en sus programas. Este es el caso de Alicia Sánchez Camacho y José Luis Ayllón, comentaristas de A vivir que son dos días y La Ventana, respectivamente.
19. MADRID: AGUIRRE ANIMA A EL MUNDO A CONTINUAR "LAS INVESTIGACIONES" DEL 11-M (27/03/07)
En una entrevista en El Mundo, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre anima a Pedro J. a seguir aireando dudas sobre el proceso del 11-M. Dice que en el juicio "hay tres cosas que a todos los españoles nos tienen perplejos y deberán aclararse: la famosa mochila (…), la Kangoo y el Skoda". Tras asegurar que tiene "plena confianza en las Fuerzas de Seguridad, en jueces y fiscales pero también en las investigaciones periodísticas", Aguirre lanza un guiño a Pedro J. para preguntarse si "en España, con lo que sabemos de los GAL, ahora vamos a impedir que investiguen los periodistas".
La presidenta de Madrid, que ocupaba el cargo cuando se produjeron los atentados mientras que el ministerio de Interior también era controlado por el PP en el Gobierno, considera que aún hay hechos sin aclarar: "Hay tres cosas que a todos los españoles nos tienen perplejos y que deberán aclararse, la famosa mochila que (…) nadie sabe el periplo que hizo, la Kangoo que estaba vacía pero estaba llena y el Skoda que aparece pero no aparece".
Aguirre alienta a Pedro J. a que busque un nuevo escándalo GAL pero no parece muy al día de sus investigaciones, ya que el director de El Mundo privilegia en la actualidad como "duda estrella" los explosivos empleados en el atentado, pero la presidenta obvia esto de su lista de perplejidades.
A pesar de adscribirse a determinado tipo de periodismo respecto al 11-M, Aguirre asegura tener "plena confianza en las Fuerzas de Seguridad, en jueces y fiscales". Da una nueva muestra de su particular confianza en el sistema judicial, al acusar a Conde-Pumpido de una ilegalidad: "El fiscal general está actuando al dictado del presidente del Gobierno, y está siguiendo sus instrucciones al pie de la letra". También expone que "resulta vergonzoso que la defensora de Otegi no necesitase intervenir porque el fiscal ya había hecho de abogado defensor".
Aunque pone en duda las investigaciones policiales sobre el 11-M y los procesos judiciales respecto a Otegi, Aguirre se muestra en la entrevista muy ofendida por las declaraciones en las que Polanco expresó su preocupación por un PP que cuestiona las instituciones y al que "le vale todo para recuperar el poder".
La presidenta madrileña considera que el presidente de PRISA "no puede haber dicho en serio que el PP sea franquista o guerracivilista" y asegura que en su partido caben muchas corrientes, pero señala que "la extrema derecha no está en el PP ni ha estado nunca".
20. MADRID: AGUIRRE PIERDE CONTRA EL ANUNCIO DE SIMANCAS (27/03/07)
"Con el PP la sanidad pública en Madrid está en peligro y la salud de unos vale más que otros. Esto tiene que cambiar. Una sanidad igual para todos es tu derecho y es mi compromiso". Éste es el texto de la cuña publicitaria, con la voz del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, que el Gobierno regional (PP) llevó a los tribunales el pasado 14 de febrero para pedir que se suspendiera la campaña. El Juzgado de lo Mercantil número 5 desestimó la demanda porque no se le puede aplicar al anuncio la Ley General de Publicidad, ya que es electoral. Añade que el Ejecutivo regional debía haber reclamado la protección del derecho al honor. Éste recurrirá la decisión.
"Publicidad engañosa y desleal". Éstas fueron las razones que alegó el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre para reclamar ante el juzgado de lo Mercantil que se suspendiera la campaña publicitaria de Simancas, en forma de anuncios radiofónicos (cuñas). En su demanda, el Gobierno regional alegó que pretendía defender a los consumidores.Según un portavoz del Ejecutivo, éste acudió a la vía mercantil porque los servicios jurídicos consideraron que era más rápida que la civil y permitiría que se suspendiera la campaña antes de las elecciones del próximo 27 de mayo.
Durante el proceso judicial, los socialistas reclamaron la comparecencia del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que acudió a declarar el pasado viernes, así como de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien lo hizo por escrito. En su comparecencia, Lamela consideró "inaceptable", que el secretario general del PSM y candidato Rafael Simancas utilizara publicidad "engañosa" para "minar la confianza" de los ciudadanos en la sanidad pública. Ese mismo día el diputado socialista Lucas Fernández defendió ante el juez que "la gestión de Lamela es peligrosa para los madrileños por las largas demoras en las listas de espera, la saturación de los centros de salud y la cesión de los nuevos hospitales a la iniciativa privada".
En su sentencia el juez desestima la demanda porque considera que la publicidad de los socialistas no es comercial, sino electoral. De ahí que no pueda aplicarse la Ley General de Publicidad, como pedía el Gobierno regional para reclamar la retirada. El juez puntualiza que el anuncio no se refiere a "actividad comercial, industrial, artesanal o profesional" y que carece de la finalidad "de promover la contratación de bienes, servicios, derechos u obligaciones". En cambio, el juez considera que la cuña de Simancas es una "publicidad política con manifiesta finalidad electoral". Pero justifica que, puesto que la campaña electoral no se ha iniciado todavía -comienza el próximo 11 de mayo-, tampoco se le puede aplicar al anuncio la Ley de Régimen Electoral General.
El propio juez asegura en la sentencia que la imposibilidad de aplicar la ley electoral no supone que haya un vacío legal. Añade que el Gobierno de Aguirre -"o las personas físicas o jurídicas que puedan sentirse perjudicadas"- siempre están en condiciones de acudir a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, "si estima que se han excedido los límites del ejercicio de la libertad de expresión". Por eso, el juez falla a favor del demandado y condena al Ejecutivo regional a pagar el coste del proceso judicial.
21. MADRID: AGUIRRE INAUGURA SU CAMPO DE GOLF SIN ESTRENARLO (29/03/07)
Fue una inauguración por la puerta de atrás. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, evitó a los vecinos en la presentación del nuevo centro de ocio y deporte de Chamberí, en la avenida de las Islas Filipinas. La presidenta lo llama parque, aunque no todos estaban de acuerdo. El recinto incluye un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial sobre el tercer depósito de agua del Canal de Isabel II, que ocupa casi la mitad de los 12.000 m2 de las instalaciones. Vecinos de la zona han protestado durante meses contra un recinto de "plástico" que contó con el veto del Ayuntamiento.
Casi un centenar de personas -mitad a favor, mitad en contra- esperaban a la presidenta en uno de los accesos de Islas Filipinas. "¡Espe, Espe, Espe..., Espe es la mejor!", gritaban en un lado de la acera. Al otro, mensajes distintos: "¡Espe, Espe, Espe... especulación!", animados con silbatos, pancartas, cacerolas y hasta una trompeta.
Ninguno pudo tocar a la presidenta, que entró por otra puerta para evitar la fotografía con pancartas con textos como "Nos han engañado como a chinos" o "Aguirre, no te llames Esperanza". Sin parar de gritar, forofos y detractores siguieron el recorrido de la presidenta por el interior desde el otro lado de la verja. El recinto inaugurado comenzó a gestarse en 2003. El Gobierno regional presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón prometió un parque público en un distrito con más de 150.000 vecinos y escasas zonas verdes. Ya en el Ayuntamiento, Ruiz-Gallardón denunció al Canal de Isabel II por incluir el campo de golf sobre el antiguo depósito de agua, pero la Comunidad evitó que pararan el proyecto al declararlo de "interés general".
Dentro del recinto, todo estaba perfectamente medido excepto las pancartas. Como la intervención de Aguirre instantes después de accionar los chorros del estanque. Es una instalación "única en su género", aseguró la presidenta. A lo lejos se oía "Parque, parque, parque, el golf a otra parte" y "Presidenta, presidenta". Aguirre dedicó parte del discurso a quienes protestaban fuera: "No renuncio a convencer a los que están en contra, que vengan y vean". También se refirió al antiguo parque Santander, incluido en el recinto de Islas Filipinas, con "866 árboles nuevos" y 60.000 m2, casi el triple de su extensión antes de las obras, según Aguirre. Aseguró que fue imposible dedicar todo el terreno a parque porque "debajo hay un depósito de agua y no se pueden plantar más árboles".
Aunque las instalaciones deportivas abrirán la semana que viene, estaban a pleno rendimiento para el recorrido de Aguirre. Esperanza Aguirre jugó al fútbol con unos niños. Después se acercó a las pistas de pádel (12 € por hora). "Bueno, creo que sois los supermejores", dijo a los campeones del mundo de esa especialidad, presentes en la inauguración. Se descalzó y peloteó. Aguirre sólo renunció a una práctica, la del golf, a pesar de tener un handicap 4. Se atrevió con casi todos los deportes posibles en algo más de una hora, pero se fue sin mostrar su swing.
22. MADRID: EMPLEADOS DE TELEMADRID DENUNCIAN QUE LA CONSIGNA ES "DAR CERA" A ZAPATERO (27/03/07)
Trabajadores de Telemadrid denunciaron en Bruselas que la consigna de la cadena pública es atacar a los políticos socialistas con vistas a las elecciones autonómicas del 27 de mayo. Un total de 21 trabajadores de la televisión madrileña viajaron hasta Bruselas para presentar hoy ante el Parlamento Europeo una queja ante lo que consideran "la manipulación de la información y la intoxicación sistemática" por parte de la dirección de la cadena. "Conforme nos acercamos a las elecciones, las instrucciones son de dar cera. Estamos haciendo una campaña descarada a favor de Aguirre
[Esperanza Aguirre, presidenta popular de la Comunidad de Madrid]", indicó en conferencia de prensa Blanca Landázuri, miembro del equipo de informativos de Telemadrid. Los periodistas de la cadena desembarcaron en Bruselas, donde tienen previsto presentar a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo "pruebas de la manipulación que vulnera el derecho a la libertad de expresión", según José Ángel Jiménez, presidente del comité de empresa del ente público y suspendido dos meses de empleo y sueldo, "fruto de la persecución política y sindical".
La comisión de peticiones es un órgano de la Eurocámara al que pueden acudir los europeos cuando consideran que en su país se vulnera la legislación comunitaria, aunque las conclusiones de esta comisión formada por eurodiputados carecen de carácter vinculante. El pasado enero, el Parlamento Europeo admitió a trámite la denuncia que el comité de empresa de Telemadrid había presentado el año anterior. "Es la primera vez que un medio de televisión público llega hasta las instituciones europeas por acusaciones de manipulación", destacó el eurodiputado socialista Carlos Carnero.
Hace dos años que periodistas de Telemadrid dejaron de firmar sus noticias por considerar que la cadena les obliga a practicar de forma "diaria y sistemática la intoxicación, y a confundir opinión con información y no podemos suscribir lo que se emite", según Landázuri. "Asistimos a un abuso de poder de las personas que están gobernando del PP, que intentan imponer su verdad", añadió. No es el PP en general, matizó "es en esta legislatura, con Aguirre al frente del Gobierno regional, cuando hemos caído en el abismo".
23. MADRID: TRABAJADORES DE TELEMADRID LLEVAN A BRUSELAS PRUEBAS DE "MANIPULACIÓN" (26/03/07)
Trabajadores de Radio Televisión Madrid, pertenecientes al comité de empresa y a las secciones sindicales de CC OO, UGT y CGT, acudirán mañana a Bruselas para aportar "pruebas" a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) de la "manipulación informativa que sufre Telemadrid". Los representantes sindicales explicaron en un comunicado que intentarán "demostrar que la cadena pública está vulnerando el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE)" y "defender el derecho de los madrileños a recibir una información veraz, plural e independiente".
El pasado enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite la solicitud que presentó el comité de empresa de Telemadrid en marzo de 2006, para que considerase la posible vulneración por parte de la dirección del canal autonómico del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Dicho artículo establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión", y que "este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras".
24. MADRID: RUIZ-GALLARDÓN DICE QUE UN CENTRO QUE NO EXISTE "ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN" (28/03/07)
Los vecinos del barrio de Los Rosales, en Villaverde Bajo, se asomaron por las ventanas de sus casas y aquello seguía como siempre. Un descampado de 9.000 m2 al lado del parque. Ni ladrillos ni movimientos de tierra. Nada que hiciera pensar que allí había algo "en construcción", tal y como aparece en la llamada Agenda de los Mayores 2007 bajo el eslogan: "Ser mayor tiene ventajas", editada por el Ayuntamiento en febrero.
No es que les fallara la vista, es que allí no hay nada "actualmente en construcción", tal y como ha denunciado el grupo de IU. Nunca ha habido nada allí, pese a que desde el año 1997 las asociaciones de vecinos reclaman un centro para la tercera edad en uno de los barrios obreros más antiguos y envejecidos de Madrid.
La concejalía de Ana Botella cree que no hay engaño. "Es una agenda de todo el año, y calculamos que en junio podremos empezar la construcción", explicó una portavoz. IU considera que "la Administración, que multa a empresas por publicidad engañosa, debería dar ejemplo".
25. MADRID: LA NUEVA M-30 SE ATASCA "PORQUE NO LA SABEN USAR"
El túnel de San Vicente, abierto la semana pasada, retiene cada día a cientos de conductores en su interior. Y esta semana el túnel norte del by-pass sur ha registrado retenciones diarias en su salida (Pirámides). El Ayuntamiento achaca estos problemas al desconocimiento de los conductores. "El viernes [día de su inauguración] muchos utilizaron el by-pass como si fuera un tramo más de la M-30 y no como el atajo que en realidad es", según declaró Pilar Martínez, concejala de Urbanismo.
El único objetivo de este subterráneo es, según la edil, que los conductores que se dirigen a la A-5 y la A-6 desde la M-30 puedan ahorrar tiempo. Para acabar con esta situación, el Ayuntamiento editará dos millones de manuales de 24 páginas que explicarán cómo usar las nuevas infraestructuras municipales. Una portavoz del Ayuntamiento dijo que se desconocía cuál será el coste económico de estas guías ni cuándo comenzará su distribución.
26. MADRID: SE ROMPE EL EQUIPO MUNICIPAL DE GALAPAGAR DEL PARTIDO POPULAR (27/03/07)
El equipo de gobierno de Galapagar, del PP, se ha roto en dos. Seis de los 12 ediles del PP se negaron a participar en el pleno debido a que el alcalde, José Luis González, les había ocultado aspectos fundamentales de los puntos a tratar. Es la segunda ocasión en la que el regidor tiene problemas. En noviembre del año pasado retiró las competencias al entonces concejal de Cultura, José Manuel Martín, por su "indisciplinada conducta". Ahora el alcalde sólo cuenta con el apoyo de cuatro ediles (el PP tiene 12 concejales). La oposición está formada por siete ediles del PSOE, uno de IU y uno de Foro Verde.
El orden del día del pleno ordinario no era polémico. Se trataba de aprobar dos puntos referidos a puestos de trabajo del Ayuntamiento. Pero la mitad del equipo de gobierno se plantó. Seis ediles no entraron en el salón de plenos: Fernando Arias, concejal de Hacienda; Elena Montoya, de Juventud; Concepción Martínez, de Educación; Pedro Hernández, de Seguridad Ciudadana; Juan Carlos Luján, de Relaciones Institucionales y José Luis Bautista, de Obras Públicas, quién explicó que la situación a la que se enfrentan desde hace unos tres meses es "insostenible". "Y hoy se ha colmado el vaso. No podemos ir a los plenos sin tener conocimiento de lo que vamos a votar. Se nos ocultan aspectos fundamentales del orden del día", se queja el edil de Urbanismo. Un portavoz municipal informó de que el alcalde dará explicaciones una vez que haya estudiado las declaraciones realizadas por sus ediles.
Los ediles en rebelión comunicaron por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la actitud del alcalde hacia ellos. "Todavía no nos ha contestado", aclaran. Ante la falta de información, los ediles tenían dos opciones: o votar en contra o no asistir al pleno. Optaron por la segunda. Los concejales denuncian que en otras ocasiones se han visto "abocados a votar asuntos que desconocíamos, al ser presentados y mezclados con otros en un mismo pleno para no romper la disciplina de voto del partido".
Bautista piensa que existe alguien dentro del equipo de gobierno interesado en que se rompiera, "en que no funcione". No da el nombre de esa persona, aunque comenta que el oscurantismo se ha producido sobre todo cuando se trataban cuestiones referidas a la Concejalía de Personal. Los ediles de Galapagar aseguran que van a seguir trabajando por el municipio hasta el último día de legislatura.
27. MADRID: CUATRO CONCEJALES DEL PP EN RIVAS ACUSAN A SU PARTIDO DE ACOSO (29/03/07)
Cuatro de los seis concejales del grupo municipal del PP de Rivas, encabezados por su portavoz, Roberto Bermejo, denunciaron en una rueda de prensa que se sienten acosados por la dirección de su partido en el municipio y abandonados por los dirigentes regionales.
Los ediles afirmaron que en los últimos plenos han recibido insultos y gestos despectivos de los miembros de la dirección local de su partido, que se sientan entre el público. También explicaron que no reciben una pauta del "camino a seguir" en su actividad parlamentaria, pero que, después de los plenos municipales, reciben críticas por sus intervenciones.
Según estos concejales, el secretario general del PP en Rivas, José Martín Muñoz, les hizo fotos cuando, tras el último pleno, se sentaron a tomar café con otros ediles de IU -formación que gobierna en la localidad- y algunos miembros del partido Ciudadanos de Rivas, integrado por disidentes del PP local.
Una de estos ediles, Raquel Berros, lamentó que estas fotografías se pretendan utilizar como elemento de coacción y apeló a su derecho a relacionarse con quien quiera.
Los problemas comenzaron cuando Marisa del Olmo fue elegida presidenta del PP de Rivas, puesto al que aspiraba el portavoz municipal del partido, Roberto Bermejo. Los partidarios de este último interpusieron varias denuncias por irregularidades en el proceso ante la dirección regional del partido, sobre la base de que algunos militantes que votaron a la nueva presidenta "no estaban al corriente de pago".
28. COMUNIDAD VALENCIANA: RAMBLA JUSTIFICA LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA PORQUE "NO CUESTA DINERO" (24/03/07)
El Consell justificó la autorización para implantar una facultad de Medicina en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia porque a la Generalitat "no le cuesta dinero". El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, argumentó que según su información la Universidad Jaume I de Castellón no ha solicitado una facultad de Medicina. Solicitud que no se ha producido formalmente ya que la propia Generalitat remitió hace dos años una carta a los rectores que les instaba a no pedir nuevas carreras hasta haberse realizado la adaptación al sistema universitario europeo.
El portavoz del Gobierno valenciano aseguró desconocer si la autorización al arzobispado de Valencia para impartir en su Universidad los estudios de Medicina se había producido "con mucha o poca celeridad", aunque apuntó que "desde hace tiempo se habla" de la citada facultad. "El proceso de autorización habrá durado lo que tenía que durar para que se cumplieran los trámites", indicó Rambla.
"Hay una Universidad que está en disposición de ofrecer estos estudios, algo que no cuesta dinero a la Generalitat, hay estudiantes que quieren cursar esta carrera y una demanda en nuestra sociedad de profesionales de la Medicina", prosiguió Rambla, "parece razonable que esta facultad exista".
El consejero instó a que "si hay más universidades con voluntad de ofrecer esta facultad de Medicina, que se ponga encima de la mesa, que se estudie e imagino que no tiene que haber problemas especiales para que puedan ofrecerse". Rambla recalcó que "criticar por criticar o decir que no por decir que no, no es suficiente".
El rector de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Toledo, expresó su perplejidad por las declaraciones de Rambla. "En primer lugar porque todas las universidades recibimos hace dos años una carta firmada por el director general de Universidades en la que se nos ordenaba no solicitar nuevas titulaciones hasta que no acabara el proceso de armonización europea. Y todas lo habíamos cumplido hasta que se presentó por sorpresa la petición de la Universidad Católica".
En segundo lugar, siguió Toledo, porque durante una reunión con Rambla, cuando éste era consejero de Sanidad, el presidente y el director de la Escuela de Enfermería de Castellón (adscrita a la Diputación) se le planteó la conveniencia de crear una facultad de Ciencias de la Salud adscrita a la Jaume I. "Y Rambla mostró su disposición a que se creara", sentenció Toledo. La reunión se produjo por el interés de la Escuela de Enfermería de adscribirse a la Universidad de Castellón. Para llevar ese proyecto a cabo, argumento Toledo, era necesario crear una infraestructura más amplia (la facultad de Ciencias de la Salud) que, a medio plazo, podría comprender la carrera de Medicina.
El Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana criticó la decisión del Consell de autorizar los estudios de Podología en la Universidad Católica. Este Colegio criticó a la Generalitat por no haber tenido en cuenta la opinión oficial de los podólogos y alertó de que un incremento en el número de titulados creará problemas en la profesión si no se toman medidas para garantizar la salida de los estudiantes.
En este contexto, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó un acto en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para anunciar que cederá a un regante el puesto que ocupa el consejero de Agricultura en el Consejo Nacional del Agua. Camps criticó la iniciativa del Gobierno central de dar mayores competencias a las comunidades autónomas porque rebaja el peso de los regantes. El jefe del Consell no indicó cómo se elegiría al regante que representaría a la Generalitat.
El Consell también aprobó una subvención de 600.000 € a la Fundación Jaume II el Just para la realización de varias exposiciones y otra de 495.000 € de ayuda a las víctimas valencianas del terrorismo. El Ejecutivo valenciano también aprobó un plan estratégico para el sector pesquero valenciano
29. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS EURODIPUTADOS CONSTATAN UNA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS (28/03/07)
Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron que las autoridades valencianas no tienen "voluntad política" para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a "la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid" . "A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad ", añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con "la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones" .
El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del "interés público" en la ley del suelo, un "criterio para calcular las compensaciones" a los afectados por expropiaciones o la "revisión de las bases" de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo "la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano" . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que "la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006" , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.
Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la
Eurocámara que estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe,
tuvo una "considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de
infracción en camino, sino que hay nuevas peticiones" que se incrementaron
este mismo mes, con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su
visita a las localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados
concluyeron que "de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana,
parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han
experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos
de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años" . Añaden que "un
número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan
planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional
y turístico, sino por su avaricia y codicia" . Hablan también de "ambiciones
de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores" y de
"ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en
terreno no urbanizable".
Por el contrario, afirman en su informe que Pons "se negó a reconocer que haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales" . El informe afirma que "en comparación con visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental".
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud "arrogante" del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento denuncia los "ataques" de que fueron objeto por parte de "eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial" y critica las condiciones en que se dio la reunión con González Pons, de manera que fue "más en confrontación que constructiva" . Así, denunciaron un cambió de escenario "en el último momento" de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó "flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la construcción".
30. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP TACHA DE "PANFLETO" EL INFORME DE LOS EURODIPUTADOS (29/03/07)
El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, tachó de "panfleto político" el último informe realizado por los eurodiputados sobre el urbanismo valenciano. "Denominar informe a un documento lleno de gazapos que han realizado políticos de izquierda contra la Comunidad Valenciana es exagerado", sentenció Costa, que añadió que "no es un informe técnico, sino político".
Para la dirección regional del Partido Popular, los socialistas están detrás del informe elaborado por los europarlamentarios -en el que achaca a la codicia de algunos ayuntamientos la aprobación de planes urbanísticos desmesurados-, que pone en duda el sector turístico y ataca a empresarios y municipios, según el parecer de los populares.
"Atacan incluso al Valencia CF, que es un símbolo para los valencianos", dijo Costa, supuestamente en relación con el pelotazo urbanístico del club en Riba-roja del Turia.
Costa compareció para publicitar los mítines del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que celebró una comida-mitin en Elche y lanzará su alocución en Feria Valencia. Costa dejó entrever que el PP de la Comunidad Valenciana no teme que la mala valoración de Rajoy lastre la campaña de Camps.
31. COMUNIDAD VALENCIANA: BLASCO SE RESERVA PARA PUBLICIDAD EL EQUIVALENTE AL COSTE DE DOS CENTROS DE SALUD (28/03/07)
El consejero de Sanidad, Rafael Blasco, tiene previsto gastar 3,3 millones de € para vender los logros de su departamento los logros de su departamento de cara a las elecciones. Esta suma equivale al coste de dos centros de salud de tipo medio, similares a las decenas cuya construcción tiene pendiente la consejería. El mayor desembolso corresponde a los 2 millones del "plan de medios para informar de los servicios de la consejería" (1,2 de ellos para este año) seguido por el medio millón que costó instalar el gran panel electrónico situado en la entrada norte de la ciudad de Valencia ya retirado.
La publicidad y sus afines tienen diferentes modalidades a la hora de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana cuando la Consejería de Sanidad es la adjudicataria. Puede ser un concurso sobre un "servicio de creatividad, producción y elaboración del plan de medios para informar al ciudadano de los servicios" de este departamento, como el que salió publicado en noviembre del año pasado bajo la fórmula de la adjudicación urgente, una modalidad censurada por el Síndic de Comtes. En principio la suma es de 236.000 €. Por esta cantidad la empresa tendrá que diseñar la campaña de comunicación "más eficaz para la creatividad propuesta y la estrategia planteada", como indica el pliego de condiciones del contrato. En este documento se indica también la suma total a distribuir en el llamado Plan de Medios: 601.012 € para 2006 y 1,202 millones para 2007.
La empresa concesionaria de este concurso fue Cimater Servicios, una firma sin aparente experiencia en el ámbito de la comunicación ya que se dedica a gestionar guarderías municipales en Alzira -localidad en la que la familia del consejero está firmemente enraizada- y Benicàssim. En enero de 2006 esta compañía obtuvo también la gestión del servicio del hospital General de Valencia, cuyo gerente es Sergio Blasco, sobrino del consejero.
32. COMUNIDAD VALENCIANA: LOS RESPONSABLES DEL URBANISMO DE ALTEA TIENEN NEGOCIOS EN PROYECTOS QUE AUTORIZAN (26/03/07)
El jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea desde 1993, Ángel Pérez Iñesta, está vinculado a varias sociedades dedicadas a la compra, venta, promoción, construcción, urbanización, explotación y rehabilitación de fincas urbanas, industriales y terrenos con sede en Altea. Además el técnico realiza proyectos y asesora a empresas que operan en Altea desde su despacho en Sant Joan d'Alacant, donde ejerce como abogado. Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas y campo de golf de 18 hoyos).
La cúpula del departamento municipal de Urbanismo en Altea (Ayuntamiento gobernando por el PP con mayoría absoluta) comparte despacho privado en la localidad de Sant Joan d'Alacant, desde donde desarrollan proyectos y convenios urbanísticos de los que después tienen que informar jurídicamente y técnicamente. El equipo está conformado por el propio Pérez Iñesta, Ana Beltri, arquitecta municipal, y Alfonso Rodríguez, arquitecto técnico en contrato de prestación de servicios, aunque con ellos colaboran numerosos abogados y arquitectos vinculados a otros consistorios y empresas. Los dos primeros son socios en la sociedad Ciudades y Programas S.L. dedicada a prestar servicios de arquitectura, urbanismo y derecho.
El abogado Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y 20.000 nuevos habitantes) de la mercantil Altea Futura, perteneciente al grupo Ballester. El gerente de Altea Futura y Edificaciones Calpe hasta 2005 era José María Comín, socio de Pérez Iñesta en todos sus negocios radicados en Altea, en empresas como Medinvest Consult SL, Euro Home SL y Mediterránea Blue Gate SL, dedicadas a la promoción inmobiliaria con una oficina abierta en Altea.
Pese al interés manifiesto de su socio, el jefe de Urbanismo ha sustentado con sus informes toda la tramitación de este PAI. El Grupo Ballester, al que ha estado vinculado el socio de Pérez Iñesta como gerente y consejero, es el principal promotor de Altea, con varios planes parciales que suman decenas de miles de viviendas que han requerido de la aprobación municipal.
Pérez ocupa una plaza en régimen de dedicación exclusiva y en 2002 consiguió la compatibilidad con la creación de la Empresa Pública Municipal, una "barrera creada por el PP contra la transparencia para tapar el agujero económico", según argumenta la portavoz del Grupo Municipal del Bloc, Paca Sevila.
Un juzgado de Alicante que investigaba una denuncia entre promotoras que operan en Altea ordenó en 2002 la incautación del disco duro del ordenador particular de Pérez Iñesta en su despacho de San Juan como prueba en una denuncia de un promotor por una supuesta apropiación de suelo.
El documento, al que tuvo acceso la formación del Bloc por personarse como acusación particular y que no había hecho público, contiene centenares de documentos sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad costera. En aquel momento la cúpula del departamento de Urbanismo estuvo imputada en este proceso por el que la promotora Panorama SA acusaba a Arijan La Nucia de apropiarse de 27.000 m2 en el plan parcial Ulisa III. Esta mercantil estaba defendida por una persona del bufete de Pérez Iñesta. Antes de conocerse la resolución judicial ambas empresas llegaron a un acuerdo, extremo que llevó al juzgado a decretar el archivo de la denuncia.
33. CASTILLA Y LEÓN: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EXHIBIÓ DOS IMÁGENES DE MONTOYA (24/03/07)
Las polémicas fotografías de José Antonio Montoya que muestran a figuras de la religión católica en actitudes obscenas fueron exhibidas en 2002 en la Feria de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Arcale). Esa edición del certamen, celebrada en Salamanca, contó con la financiación de la Junta y del Ayuntamiento de la capital charra. En concreto, se expusieron las imágenes Madame Butterfly y Las noches oscuras de San Juan, pertenecientes a Sanctorum, la colección que levantó la polémica hace unos días al saberse que la Junta de Extremadura las editó en 2003 en un catálogo cuyo prólogo fue escrito por el consejero de Cultura del Gobierno extremeño, Francisco Muñoz. El PP extremeño ha exigido la dimisión del consejero por editar con fondos públicos una obra que, en su opinión, atenta contra la dignidad de los católicos, mientras que desde la Conferencia Episcopal se ha pedido que se emprendan acciones legales.
El director de Arcale, Román Rollo, reconoció a este periódico que estaba al tanto de que la galería cacereña Espacio Morán iba a llevar a Salamanca la polémica obra de Montoya. Rollo señaló que la única "sugerencia" que se le hizo al galerista fue que no expusiera las imágenes sexualmente más explícitas. El responsable de Arcale destacó que no hubo ninguna protesta por parte del público ni de los representantes políticos que visitaron la feria. "Personalmente", opinó, "creo que las fotografías tienen un alto nivel en cuanto a plástica. Otro tema de discusión es si hieren los sentimientos religiosos de algunas personas".
Las fotografías no figuraron en el catálogo general de esa edición, prologado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote. En su lugar apareció otra imagen del artista también de contenido erótico, pero sin relación con la religión.
El secretario provincial del PSOE, Emilio Melero, quien reveló el contenido de la exposición de 2002, calificó el hecho de "paradójico": "Las disculpas ahora las deben pedir también el presidente de la Junta y el señor Lanzarote, que han criticado tanto a Ibarra, y ahora el PP también ha pagado con dinero público la exposición de este señor".
34. CASTILLA Y LEÓN: EL EX EDIL DEL CASO NEVENKA, POSIBLE IMPLICADO EN UN CASO DE PREVARICACIÓN (29/03/07)
Los partidos políticos y asociaciones de vecinos que el pasado mes de febrero se querellaron contra el alcalde popular de Ponferrada y otros cinco miembros de la empresa gestora del suelo público de la región (Pongesur) están estudiando incluir en su demanda al ex alcalde del municipio, Ismael Álvarez, también del PP. Algunos de imputados aseguraron en sus declaraciones que Álvarez, tristemente conocido por su implicación en el caso Nevenka, participó en el procedimiento denunciado. Los querellados reconocieron además que, a parte de UFC, otras empresas adjudicatarias no cumplían con el requisito de estar inscritas en la Seguridad Social.
Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada (integrados en la plataforma Salvemos Ponferrada), presentaron, como informó elplural.com, una denuncia contra los consejeros de la empresa Pongesur y su presidente, el también alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, por presuntos delitos de prevaricación. Pongesur había adjudicado de manera presuntamente irregular varios terrenos a la empresa UFC, propiedad del empresario leonés José Luis Ulibarri, que no estaba inscrita en el régimen de la seguridad social.
Aunque el texto de la querella, al que tuvo acceso elplural.com, mencionaba al ex alcalde del municipio, Ismael Álvarez, los denunciantes aseguran que en un primer momento no pudieron "formular acusación frente a él, porque de la documentación no se deducía la participación directa de este señor". Sin embargo, tras escuchar las declaraciones de los imputados Juan Elicio Fierro y Luis Brañas, quienes "han declarado que Ismael Álvarez aprobó el pliego y participó en el procedimiento", los demandantes consideran que sí puede haber motivos para imputarle.
En declaraciones a elplural.com el abogado de la plataforma, Ángel Galindo, señaló que "los propios imputados están acusando a Ismael Álvarez, que estaba con ellos en el PP, para quitarse responsabilidades". Además, recordó que los imputados reconocieron no sólo que UFC no estaba inscrita en el régimen de la Seguridad Social, sino que además otras muchas empresas adjudicatarias tampoco lo estaban, con lo que es previsible que se alargue más el proceso judicial y la investigación.
Álvarez saltó a la fama en 2002, cuando tuvo que dimitir tras verse envuelto en un escándalo de acoso sexual hacia la concejal de su propio grupo (PP) Nevenka Fernández. Según el abogado de la plataforma Salvemos Ponferrada, aún hay que esperar a que "se incorporen a las actuaciones los expedientes de adjudicación de parcelas".
"El concejal de Urbanismo y un técnico municipal de Pongesur han reconocido la participación directa en el procedimiento de licitación de las parcelas del ex alcalde y por lo tanto entendemos que en aplicación del principio procesal de igualdad debe procederse a tomar declaración a este señor", explicó Galindo.
35. ISLAS CANARIAS: UN DIPUTADO DEL PP LLAMA GOLFO A UN EX COMPAÑERO EN EL PARLAMENTO CANARIO (29/03/07)
El diputado del Partido Popular Borja Benítez de Lugo llamó "tránsfuga, golfo de mierda y sinvergüenza" al también diputado, ex compañero de filas y ex presidente del comité del PP en Lanzarote, Alejandro Díaz, durante una de las sesiones más tensas de la democracia en el Parlamento de Canarias. Benítez de Lugo aseguró que, en los pasillos, Díaz lo agarró del cuello. Los hechos no fueron a más gracias a la intervención de otros diputados.
Esta situación se produjo en plena discusión de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la llamada trama eólica, una red configurada desde la Consejería de Industria cuando la dirigía Luis Soria, hermano del presidente del PP en las islas, José Manuel Soria.
Tras meses de interrogatorios y para asombro de los diputados socialistas, un pacto sorpresa entre Coalición Canaria y PP concluyó la semana pasada limitar las responsabilidades de esta trama al entonces director general Celso Perdomo (del PP) y al ingeniero socialista ex consejero de Política Territorial, José Francisco Henríquez.
El juez que instruye la causa mantiene imputado a Perdomo por cuatro delitos y levantó cualquier sospecha sobre Henríquez.
36. REGIÓN DE MURCIA: UNA DIPUTADA DEL PP DEJARÁ UNA TERTULIA DE LA SER DEBIDO AL BOICOT AL GRUPO PRISA (27/03/07)
El boicot del PP al Grupo Prisa ha llevado a los responsables de este partido en la Región de Murcia a anular la participación de una de sus diputadas regionales en una de las tertulias de la Cadena Ser. Se trata de María José Nicolás, que participaba en un debate semanal con la diputada socialista Begoña García Retegui. Ambas abor daban temas de actualidad, en especial los referidos a la actividad de la Asamblea Regional.
Fuentes del PP explicaron que el programa radiofónico del jueves era el último de los programados, ya que la actividad de la Asamblea cesa debido a la Semana Santa y a las posteriores elecciones autonómicas. También explicaron que el partido no tiene contratada ninguna campaña de publicidad con el Grupo Prisa en la Región de Murcia. Las que existen a nivel institucional corresponden al Gobierno regional
El presidente Ramón Luis Valcárcel, respondió a un periodista de la cadena Ser que le preguntó en dos ocasiones durante una rueda de prensa durante el acto público en el que se presentaron los vehículos de las patrullas de seguridad ciudadana de la Policía Local, informa Efe. El informador preguntó inicialmente acerca de una cuestión relativa al acto público, y al término de la conferencia de prensa volvió a interrogar al jefe del Ejecutivo sobre cual era su opinión sobre el boicot a los medios de comunicación del Grupo Prisa. Valcárcel le respondió: "Usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo, y es la segunda pregunta que usted me hace, y yo le respondo con el respeto que merece el medio que usted representa, y desde luego con la educación con la que yo tengo que hablar a quien me hace la pregunta, que, por supuesto, también respeto, y con esto yo creo que estoy respondiendo todo".
El alcalde de Murcia y secretario regional del Partido Popular, Miguel Ángel Cámara, señaló por su parte que no existe ningún boicot contra nadie. El portavoz de este partido a nivel regional, Pedro Antonio Sánchez, subrayó que debían acatar disciplinariamente las instrucciones de su partido.
37. ISLAS BALEARES: EL PSOE ACUSA A MATAS DE GASTAR CINCO MILLONES EN UN PALACETE (28/03/07)
"El incremento de patrimonio que ha tenido el señor Matas en esta legislatura ha sido impresionante". Antonio Diéguez, diputado y portavoz del PSOE, cuestionó en el Parlamento de Baleares la transparencia del presidente y líder del PP balear, Jaume Matas, en la compra de su residencia particular de Palma, sita en una mansión señorial del siglo XVI, que el PSOE tasa en 4,972 millones de €.
"¿Cómo se puede pagar esto con una renta anual disponible de 70.000 €?", se preguntó Diéguez. "Necesitaría ser presidente del Gobierno otros 58 años para pagarlo". Matas cobra unos 5.000 € al mes. El presidente Matas habita una planta antigua restaurada de 475 m2, que alcanza los 727 al sumar las balconadas, terrazas, garajes y patio y jardín exclusivos. El edificio monumental, en el casco antiguo de la ciudad, está catalogado y protegido.
El socialista Diéguez calculó el valor de la propiedad de Matas sobre la base de los precios actuales de otras ofertas de viviendas anejas rehabilitadas. Matas y su mujer, Maite Areal, asumieron en la compra, en 2006, según el registro de la propiedad, una hipoteca de 850.000 € a sufragar en un periodo de 30 años. Se desconoce el precio que pagaron por su vivienda. El matrimonio Matas-Areal -él funcionario autonómico y ex ministro y ella profesora de primaria- vendió su chalé de Calvià por 900.000 €, según la oposición.
Matas, que divulgó en la red sus últimas declaraciones de renta pero no aportó datos sobre su patrimonio, no quiso comentar los datos revelados por el PSOE y su gabinete remitió a la respuesta dada por la vicepresidenta, Rosa Estarás, que replicó a Diéguez en la Cámara. Estarás dijo que la intervención del socialista contenía "una interpretación kafkiana, electoralista y fuera de tono", expuesta desde una "falta total de ética" y con una "táctica absurda".
"Matas tiene mucho que ocultar", destacó el diputado balear del PSOE, que hizo pública su denuncia en la última sesión plenaria del Parlamento antes de las elecciones del 27 de mayo, en una interpelación en la que aludió al combate contra la corrupción y al "escándalo nacional" del caso Andratx. Citó la relación del presidente y del consejero de Interior, José María Rodríguez, con el que era alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, del PP, hasta horas antes de ser detenido, para "organizar la defensa del corrupto", y el diálogo cómplice de Hidalgo con el consejero: "Estamos todos en el mismo barco".
La portavoz del PP, Rosa Estarás, reclamó "ética" al diputado del PSOE y que justificase el origen de su patrimonio. "Tengo mi casa, mi despacho de abogado, un apartamento, una lancha de nueve metros y mi coche, fruto de mi trabajo de abogado, previo a la política", comentó Diéguez.
38. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENTE DEL CONSELL INSULAR DE EIVISSA I FORMENTERA PRESIDIÓ LA MESA DE CONTRATACIÓN QUE ADMITIÓ LA OFERTA DE ISLASFALTO (27/03/07)
Pere Palau no sólo era el órgano de contratación en los caminos rurales adjudicados a Islasfalto, sino que él mismo presidía la Mesa de Contratación cuando recibió y abrió los sobres con las distintas ofertas de las empresas participantes en el concurso. Entonces, el presidente tuvo conocimiento oficial de que la empresa de sus familiares era una de las aspirantes. El PP, que había negado cualquier participación de Palau en la Mesa de Contratación, terminó admitiéndolo , cuando este hecho fue desvelado en el pleno por Pilar Costa, pero le restó importancia diciendo que "sólo se abrieron los sobres".
El presidente del Consell Insular y del Consorcio Eivissa i Formentera Emprenen, Pere Palau, presidió la Mesa de Contratación de siete de los ocho proyectos de asfaltado de caminos rurales que fueron adjudicados a Islasfalto SL -la empresa de sus sobrinos y su hermano-, al menos en la fase de apertura de plicas, es decir, el momento en que se abren los sobres con las distintas ofertas de las empresas participantes y se decide admitirlas o no en el concurso.
Esta circunstancia, dada a conocer durante el pleno de
del Consell por la portavoz progresista, Pilar Costa, contrasta con las
reiteradas afirmaciones del PP pitiuso y del Govern balear de que Palau no
había formado parte de la Mesa de Contratación. El propio Consorcio Eivissa
i Formentera Emprenen, en su comunicado del día 14, aseguraba dos veces que
Palau no era miembro de la Mesa. Además, según Costa, "el contrato con el
adjudicatario lo firmó también Pere Palau; firmó el contrato con su
sobrino".
En la sesión extraordinaria de -en la que, como era previsible, se desestimó
la petición de crear una comisión de investigación sobre el caso- el
conseller del PP José Sala volvió a afirmar hasta en tres ocasiones que
Palau no formaba parte de la Mesa de Contratación. En su siguiente turno de
palabra, Pilar Costa reveló que Palau había presidido la Mesa durante la
apertura de plicas y permitió la inclusión de la oferta de Islasfalto en el
concurso. A partir de entonces, el conseller de Presidencia, José Sala,
admitió el hecho, pero trató de restarle importancia afirmando que Palau
sólo participó en la Mesa "para abrir los sobres de las empresas", pero no
para adjudicar los contratos.
El hecho de que Palau presidiera la apertura de las plicas hizo que le constara directa y oficialmente la existencia de su empresa familiar entre los concursantes.
La portavoz de la oposición señaló además que las bases del concurso especificaban que el presidente de la Mesa de Contratación era el gerente del Consorcio, Guillem Riera, "y, sin embargo, quien la presidió fue Pere Palau".
El presidente del Consell, por su parte, volvió a refugiarse en el silencio y no dio ninguna explicación durante el pleno, negándose también a contestar a los medios de comunicación al finalizar el pleno.José Sala repitió los argumentos ya ofrecidos con anterioridad por el PP pitiuso y el conseller de Interior, José María Rodríguez. Destacó que "la decisión del órgano de contratación no se apartó de la propuesta que hizo la Mesa y ésta no se apartó de los informes técnicos. No se ha producido ninguna desviación de poder al adjudicar las obras a la oferta más ventajosa".
El conseller del PP basó también la defensa de Palau en el derecho que tiene la empresa Islasfalto para contratar con el Consell, pero no hizo ninguna alusión a la necesidad que tenía Pere Palau de abstenerse, según establece la legislación vigente. Pilar Costa preguntó específicamente sobre este tema a Palau, pero el equipo de gobierno lo pasó por alto en sus réplicas.
"Es cierto que Islasfalto no tiene ninguna limitación para poder contratar con el Consell, quien ha actuado ilegalmente es Pere Palau, que debía abstenerse en la tramitación", afirmó Costa. La portavoz del Pacto dijo a Palau: "Aquí no ha dado explicaciones, pero le aseguro que las dará en otro lugar".
39. EXTREMADURA: EL ALCALDE PEPERO DE BADAJOZ INDIGNA A LOS HOMOSEXUALES POR UNAS POLÉMICAS DECLARACIONES (29/03/07)
Unas palabras del alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, durante un debate en el pleno del Ayuntamiento de la capital extremeña, han desatado una fuerte polémica entre el colectivo homosexual. La fundación Triángulo de defensa de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, estudia emprender acciones legales contra el primer edil pacense.
Sucedió durante un debate en el pleno del Ayuntamiento de la capital extremeña. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Sosa, y el alcalde, el popular Miguel Celdrán, discutían acerca de las supuestas irregularidades en la concesión de contratos municipales a la empresa "Jardines del Guadiana".
El primer edil utilizó el término "maricona" para compeler a su interlocutor a "llamar las cosas por su nombre". Celdrán se defendía así de las acusaciones de IU sobre su intención de cerrar de forma "oficial" la investigación sobre la autoría del fax remitido desde los servicios judiciales municipales a la empresa "Jardines del Guadiana".
El fax fue remitido, al parecer, desde la asesoría jurídica municipal, y en el citado documento enviado a "Jardines del Guadiana" se detallan los trabajos realizar y honorarios para la creación de una Agrupación de Interés Urbanístico.
La fundación de gays y lesbianas quiere que Celdrán se disculpe. De lo contrario, van a querellarse por lo que consideran "una actitud insultante, más propia del pasado de este país que del futuro".
Miriam Navas, presidenta del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), ha manifestado que "es lo que realmente está en el ambiente, en lo cotidiano. Seguimos asumiendo la palabra maricón como insulto. Seguimos manteniendo el término como algo culturalmente metido en el habla popular y tenemos que cambiarlo poco a poco. Que se llame la atención en prensa, y se reprenda a los que insultan ayuda a que la gente entienda que maricón no es un insulto".
40. CEUTA: UN AÑO DE CÁRCEL PARA UNA DIRIGENTE DEL PP POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA CONTRATAR A SU MARIDO (29/03/07)
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un año de prisión y siete años de inhabilitación de cargo público a Malika A., miembro de la Ejecutiva del PP ceutí, por haber falsificado un documento para contratar a su marido como médico con plaza fija en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) cuando ella era la directora de la entidad.
La sentencia, que se ha producido por conformidad, juzgaba unos hechos ocurridos en el año 1997 cuando el INGESA abrió un expediente administrativo al marido de Malika A. por la integración de este último en la institución como médico con plaza fija gracias a un certificado falso que había firmado su mujer y directora de la institución.
La situación provocó la llegada a la ciudad de un inspector que puso los hechos en conocimiento de la Unidad de Delitos de la Seguridad Social, lo que motivó incluso la detención del marido, Luis M. y de la propia Malika.
Tanto la ex directora territorial como su marido se han conformado con la pena de un año de prisión dictada en la sala de la Audiencia Provincial. El tribunal acordó la sentencia por un delito de estafa y prevaricación, por el que también se le ha impuesto una multa a cada uno de ellos de siete meses a razón de 10 € diarios. Además, Malika ha recibido una inhabilitación de siete años en cargo público, aunque sí podrá ejercer como doctora. Igualmente los dos acusados deberán abonar 26.279 € en concepto de responsabilidad civil.
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