Las otras noticias + PPOPULARES de los  Genoveses, SA
( Del 21 AL 31 de julio del 2007 )

1. EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE PUDO HABER ERRORES CON IRAK Y EL 11-M

2. RAJOY DESPACHA A PIQUÉ DICIENDO QUE "HA HECHO LO QUE HA PODIDO"

3. ACEBES EVITA POLEMIZAR POR LA DIMISIÓN DE PIQUÉ (25/07/07)

4. AZNAR DICE QUE ESPAÑA "HACE EQUILIBRIOS SOBRE EL ABISMO"

5. AZNAR MEDIA EN ARGENTINA PARA UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 26 MILLONES

6. RUSIA PERFORÓ EL CNI CUANDO AZNAR ALARDEABA DE SU AMISTAD CON PUTIN

7. EL PP RECURRE ANTE EL CONSTITUCIONAL LA LEY QUE LE IMPIDE CONTROLAR EL ALTO TRIBUNAL

8. LA FAES INSPIRA EL INTENTO DEL PP DE DIFICULTAR LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINORÍAS

9. PAÍS VASCO: EL PP ASEGURA QUE NO VOTARÁ AL PSE EN LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA AUNQUE GANE EL PNV

10. CATALUÑA: EL PRESIDENTE DEL PP DE LLEIDA SIGUE A PIQUÉ Y ABANDONA EL CARGO

11. GALICIA: LA XUNTA CONCEDIÓ A DEDO 14 MILLONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2004

12. GALICIA: PRESENTADAS DOS DENUNCIAS CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE LISTAS DEL PP

13. ANDALUCÍA: EL SUPREMO CONFIRMA LA ILEGALIDAD DE LA RETIRADA DEL ORUJO QUE ORDENÓ EL PP

14. COMUNIDAD DE MADRID: COLOCAN A DEDO A UN ALTO CARGO EN EL GREGORIO MARAÑÓN

15. COMUNIDAD DE MADRID: LOS FORESTALES PROTESTAN ANTE UNA FINCA DE ESPE

16. COMUNIDAD DE MADRID: EL VICEALCALDE DE MADRID (PP) RECUERDA A LA COMUNIDAD (PP) QUE LA LIMITACIÓN DE ALTURA EN LA CONSTRUCCIÓN NO AFECTA A LA CAPITAL

17. COMUNIDAD DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO GASTA 13,5 MILLONES EN 175 DIRECTIVOS

18. COMUNIDAD DE MADRID: EN LA OPERACIÓN DEL CALDERÓN NO HABRÁ VPO

19. COMUNIDAD DE MADRID: BOADILLA DEL MONTE Y SUS ADJUDICACIONES ULTRA CATÓLICAS

20. COMUNIDAD VALENCIANA: INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN VÍA MUERTA CON IMPUTADOS DEL PP

21. COMUNIDAD VALENCIANA: IMPUTADAS OTRAS DOS EX ALTOS CARGOS DEL PP POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 'CASO FABRA'

22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL LÍDER EN CASTELLÓN DE LAS JUVENTUDES DEL PP ARREMETE CONTRA FABRA Y DIMITE

23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP MANTIENE EN EL GOBIERNO VALENCIANO A UN FUGITIVO DE LA LEY

24. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS PONE TRABAS A LA DESALADORA DE TORREVIEJA TRAS PERDER EN EL CONSTITUCIONAL

25. COMUNIDAD VALENCIANA: CALP HARÁ UNA AUDITORÍA PARA ESCLARECER LA DEUDA DE 60 MILLONES

26. REGIÓN DE MURCIA: LA EMPRESA MUNICIPAL DE AUTOBUSES OBLIGA A SUS PASAJEROS A ESCUCHAR LA COPE U ONDA CERO

27. ISLAS BALEARES: LOS MATUTES: PROBLEMAS DE FAMILIA

28. ISLAS BALEARES: EL IMPERIO MATUTES Y LAS POLÉMICAS AUTOVÍAS

29. ISLAS BALEARES: EL SINDICATO MAYORITARIO DEL CONSISTORIO SE SUMA A LAS CRÍTICAS CONTRA LOS ASESORES

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1. EL LÍDER DEL PP ADMITE QUE PUDO HABER ERRORES CON IRAK Y EL 11-M (21/07/07)

Mariano Rajoy se sometió a una sesión con público relativamente similar a la del programa de TVE Tengo una pregunta para usted. Y, de nuevo, salió airoso y se ganó a la mayoría de la audiencia, que le aplaudió mucho más que a sus detractores, algunos estudiantes de un curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en El Escorial. Rajoy arrancó los mayores aplausos cuando una joven se declaró "indignada" por la posición del PP en materia antiterrorista, basada en un ataque sin cuartel al Gobierno. "Esto es una democracia, tienes todo el derecho a estar indignada. Pero a mí me niegan ese derecho. ¿Puedo estar yo también indignado con lo que ha hecho el Gobierno? ¿Puedo decirlo? Me puedes creer o no, pero yo no tengo más criterio que defender los intereses generales", le respondió.

No fue la única pregunta complicada. También le reclamaron que admita de una vez que la guerra de Irak fue un error y que el PP gestionó mal la información del 11-M. Respecto a Irak, fue muy claro: "Algunas decisiones pueden ser equivocadas, pero se toman con los datos que hay en ese momento". Y sobre el 11-M también admitió: "Hubo gran presión de la opinión pública para que el ministro del Interior ofreciera los datos. Se vio obligado a actuar rápido. Esas cosas hay que hacerlas con calma".

Enfrascado en un ejercicio de sinceridad y confianza -aunque había cámaras por todas partes-, Rajoy le dijo a un joven que se declaraba de derechas y se quejaba porque eso no vende en su generación: "Yo creo que la derecha es mucho mejor que la izquierda. Yo siempre he sido un señor de derechas". En los mítines, Rajoy siempre define a su partido como "moderado y centrista", pero hablaba en tono de confidencia.

Antes, Rajoy había leído una conferencia sobre terrorismo en la que ofreció un enfoque muy distinto del habitual. Lejos de la crítica sin tregua al Gobierno, el líder del PP se concentró en los aspectos filosóficos de la lucha contra el terror: "El terrorismo es un fenómeno global que atenta directamente contra las democracias. Ya sea entre las ruinas de un rascacielos o los escombros del aparcamiento de la terminal del aeropuerto, ya sea en el subsuelo de Londres o en una carretera en el Líbano, el terrorismo es y será siempre lo mismo. El empleo del terror y el asesinato al servicio de sus objetivos invalida frontalmente la esencia moral de la democracia. No hay que olvidar que para los demócratas la libertad, y asociada a ella, la capacidad racional para decidir sobre nuestra vida, es un bien indisponible. Un bien individual que constituye, como diría Kant, un fin en sí mismo tanto para el conjunto de la sociedad como para cada uno de sus miembros. Creer, por tanto, que los terroristas son reconducibles mediante un diálogo equitativo y dentro de un guión que permita cesiones, es inasumible. Y además un error".

2. RAJOY DESPACHA A PIQUÉ DICIENDO QUE "HA HECHO LO QUE HA PODIDO" (21/07/07)

Hay frases de apariencia inocua que arrastran una potente carga de veneno. Mariano Rajoy pronunció una de ellas al referirse Josep Piqué, cuya dimisión ha abierto una grave crisis en el PP a solo ocho meses de las elecciones generales. Con expresión calculadamente imperturbable, el líder popular dijo: "Piqué ha sido un excelente ministro, ha hecho lo que ha podido como presidente del PP de Catalunya y ahora ha decidido dimitir, y tengo que respetarlo porque la política no es fácil y muchas veces es difícil".
Rajoy anunció una "nueva etapa", en la que espera "transmitir el mensaje y las propuestas" del partido a los catalanes. El líder conservador hizo estas afirmaciones ante un grupo de periodistas tras impartir una conferencia en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). No fue más allá. "He dicho lo que tenía que decir", zanjó.

En la sede central del PP intentaban minimizar los efectos de la marcha de Piqué, una de las figuras relevantes del sector moderado del partido. Fuentes del entorno del secretario general, Ángel Acebes, admitieron que este y el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, adalides del núcleo duro, tienen en su lista de enemigos no solo a Piqué, sino a otros dirigentes, como el líder del PP andaluz, Javier Arenas, o el presidente valenciano, Francisco Camps.

Sin embargo, alegan, estos han sido "listos" al evitar una confrontación pública con la dirección nacional y asumir con disciplina el mensaje de Madrid. Además, Camps ha obtenido unos resultados electorales excelentes y Arenas puede presentar éxitos en las capitales de provincia. Por contra, Piqué no solo ha "agraviado" a Acebes y Zaplana y desafiado la línea del partido, sino que, con sus malos resultados electorales, ha dado el pretexto para la "intervención quirúrgica" en el PP catalán.

El entorno de Acebes sostiene que ese desembarco fue pilotado por Rajoy y se enmarca en una estrategia que busca dos objetivos: reforzar el mensaje "españolista" del partido --que ha permitido mantener la "cohesión" del electorado pese a la derrota del 2004-- y atraer votantes de centro, con incorporaciones como la del exministro Juan Costa, hombre de Rodrigo Rato, recién nombrado jefe del programa para las elecciones de marzo. Otras fuentes sostienen que Rajoy se limitó a dar luz verde a una operación decidida por Acebes y el círculo de la FAES, la fábrica de ideas que preside José María Aznar.
En los cuarteles del PP admiten que, para el guiño al centro, convenía que Piqué encabezara la lista por Barcelona para la Cámara baja. Sin embargo, dicen, "no supo entender el reparto de papeles" en el partido. En esa línea, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, opinó que Piqué "debió tener más paciencia e intentar jugar las cartas que se le proponían".

Pese a los mensajes oficiales de que la crisis está cerrada, declaraciones de destacados dirigentes reflejan turbulencias. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, loó a Piqué como "un hombre clave para el progreso de Andalucía", que "supo comprender muy bien el estatuto de autonomía andaluz". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, elogió su "inteligencia tremenda" y "su discurso". "Nuestro partido no puede prescindir de Piqué", dijo el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón.

Entretanto, el Gobierno y el PSOE se frotan las manos. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el PP deriva hacia al "radicalización".

Posteriormente y como si Josep Piqué hubiera sido una pesadilla de la que al fin despertó el PP catalán, así recibió la militancia en Barcelona a Mariano Rajoy, que convocó un gran acto para encumbrar al nuevo líder, Daniel Sirera, tras la dimisión de Piqué. El presidente del PP animó a los suyos a "no avergonzarse de nada", precisamente la acusación que más le hacían a Piqué sus rivales. Ni Rajoy ni Sirera le citaron en ningún momento.

El público recibió con una ovación a Alejo Vidal-Quadras, su antiguo líder, que nunca dejó de criticar a Piqué en sus intervenciones radiofónicas, y a Alberto Fernández Díaz, representante del ala más españolista. Varias señoras se acercaban a su hermano Jorge, radiante ante la huida de su gran rival: "Ahora sí, Jorge, estamos todos encantados". "Es lo que quería la gente", sentenciaba él.

3. ACEBES EVITA POLEMIZAR POR LA DIMISIÓN DE PIQUÉ (25/07/07)

Hasta cuatro veces se le preguntó en una rueda de prensa a Ángel Acebes por Josep Piqué y ni una sola vez quiso contestar. Y en las respuestas evasivas ni siquiera mencionó su nombre. El secretario general --al que Piqué culpó de su dimisión-- intentó cerrar el caso guardando silencio. "Hoy lo que preocupa a los catalanes es el apagón", respondió Acebes en su primer a respuesta a cuenta de Piqué. El dirigente conservador aseguró que el PP está ahora "unido y cohesionado" y que, en Catalunya, "en estos momentos", es un partido "organizado". "Tiene cubiertos todos los ámbitos de su estructura jerárquica y organizativa, tiene un proyecto para Catalunya y está trabajando mucho y bien", añadió Acebes.

4. AZNAR DICE QUE ESPAÑA "HACE EQUILIBRIOS SOBRE EL ABISMO" (30/07/07)

José María Aznar lanzó ayer uno de sus habituales mensajes inquietantes sobre la situación de España desde que él no dirige sus destinos. En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación, el expresidente del Gobierno afirmó que España está haciendo "equilibrios sobre el abismo" por el proceso de reformas estatutarias emprendido desde la llegada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el exlíder del PP, estas reformas suponen "un proceso de desarticulación del Estado y un claro debilitamiento de la identidad nacional española". Aznar, que viajó a Argentina como valedor de un grupo inmobiliario estadounidense ante el presidente Néstor Kirchner, alertó sobre la "política de exclusión" que según él está llevando a cabo el Gobierno del PSOE y advirtió de que "la realidad nacional del país y el aparato del Estado se diluyen progresivamente" por "los pactos con los nacionalismos más radicales y las demostraciones terroristas de ETA".

"Los pactos que fundamentaban la transición democrática han sido eliminados", agregó Aznar, quien consideró "conveniente para España" que su sucesor, Mariano Rajoy, gane las próximas legislativas y criticó a Zapatero por su política de alianzas internacionales y por el fallido proceso de paz.La dirección del PSOE replicó ayer mismo exigiendo a Rajoy que "tenga un impulso patriótico" y "desautorice públicamente" a Aznar: "No hay ningún país serio en el que un expresidente cumpla una función tan patética, y en lugar de defender la imagen de su país lo denoste".

5. AZNAR MEDIA EN ARGENTINA PARA UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 26 MILLONES (28/07/07)

A fines del pasado junio, el magnate norteamericano Joseph E. Robert acordaba invertir 26,5 millones de dólares en la inmobiliaria argentina Ecipsa, con importantes desarrollos en marcha. Sólo un mes después, el presidente argentino, Néstor Kirchner, le abría las puertas de su despacho oficial. Robert contó con un introductor de lujo, el ex presidente José María Aznar, asesor del promotor y testigo de dicha entrevista oficial.

José María Aznar asesora a tres imperios empresariales extranjeros: uno dedicado a los medios de comunicación, otro a las inversiones financieras de alto riesgo y el último, destapado en Argentina el miércoles, al negocio inmobiliario. Argentina es la tierra prometida del inversor inmobiliario. "En los próximos años el crecimiento del sector de la construcción e inmobiliario será tan importante como el que tuvo en España hace 20 o 30 años, cuando fue descubierta por los ingleses y los alemanes y se estableció un sistema de crédito que les permitió la inversión. Argentina es un lugar especial para la inversión inmobiliaria porque los precios no han alcanzado todavía los valores mundiales".

El diagnóstico es del presidente de Ecipsa, Jaime Garbansky. Este empresario argentino y el magnate norteamericano Joseph E. Robert difundían el pasado 28 de junio su maridaje societario. El grupo norteamericano JER invertiría 26,5 millones de dólares en Euromayor, filial de Ecipsa. Se trata de su primera inversión en Suramérica.

El aporte inicial sumó 10 millones de dólares. JER se convertía en el principal socio estratégico del holding argentino. "El aporte de capital será destinado a emprender actuaciones que Euromayor está llevando adelante en estos momentos y al desarrollo de proyectos cuyo inicio está previsto para lo que resta del año en diferentes lugares del país", rezaba la nota del acuerdo.

Las dos empresas explicaban así sus objetivos empresariales: "Entre los principales proyectos llevados a cabo por el grupo se cuentan los countries Las Delicias -el primer country para residencia permanente en Argentina-, Lomas de La Carolina, El Bosque, o la Ecipsa Tower, el primer edificio inteligente de Argentina. En la actualidad, el grupo, a través de Euromayor, desarrolla proyectos como Valle Escondido, el primer master planned community del interior del país, Tierra Alta Ecopueblo; Ecipsa Center, complejo de torres de usos mixtos; Valle del Golf, que incluye la cancha de golf de 27 hoyos desarrollada por Nicklaus Design; el complejo de torres residenciales Casa Magna en Mendoza, y el plan de viviendas Natania para sectores de ingresos medios que se aplica en importantes ciudades argentinas".

Ecipsa cuenta con proyectos de inversión por 305 millones de dólares, incluidos los de Euromayor, que cotiza en la bolsa de Buenos Aires. Ecipsa es socio en un proyecto de oficinas en Córdoba con el ex ministro de Economía de Augusto Pinochet Hernán Büchi.

Sus desarrollos suman más de 2.000 hectáreas, zonas comerciales, viviendas unifamiliares, resorts camperos con zonas de golf, torres con decenas de apartamentos, suelo para oficinas, apartoteles, etcétera. Un pastel muy apetecible para JER, que controla miles de viviendas en régimen de multipropiedad y plazas hoteleras.

El grupo JER se caracteriza por sus agresivas inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, Europa y mercados emergentes, según expertos del sector. También maneja la firma JER Investors Trust, especializada en la emisión y adquisición de productos financieros para el segmento de inversiones inmobiliarias. En suma, gestiona e invierte fondos propios y ajenos en el sector inmobiliario bajo un criterio de "alto riesgo".

"Son como los fondos de riesgo del mundo inmobiliario. Toman decisiones muy arriesgadas. No son tan seguros como los fondos de inversión inmobiliaria europeos", dice un experto. JER define así su labor: "Focalizar inversiones inmobiliarias en función de su valor de oportunidad y estrategia".

Ha manejado fondos por más de 16.000 millones de dólares. Y para esta labor ha sido crucial el trabajo de su consejo asesor global y europeo, cuyos miembros son pura pata negra: "Alto nivel, expertos con muy buenas conexiones que toman un papel activo en nuestro negocio". El último país alcanzado por los tentáculos inversores de JER es Rusia.

JER no detalla los integrantes de su consejo global de asesores, pero sí su consejo europeo, en el que solamente figura una personalidad española, Ana Patricia Botín, la presidenta del Banesto. En dicho abanico figura también el ex administrador de la fortuna de Aga Khan.

6. RUSIA PERFORÓ EL CNI CUANDO AZNAR ALARDEABA DE SU AMISTAD CON PUTIN (25/07/07)

Entre diciembre del 2001 y febrero del 2004, mientras José María Aznar alardeaba de su relación privilegiada con Vladimir Putin y defendía con vigor sus polémicos métodos contra los chechenos, Rusia perforó como un queso de gruyer los servicios de espionaje españoles. Una investigación de 18 meses del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) condujo el lunes a la detención, en Tenerife, del exmiembro de la organización Roberto Flórez García, la persona que presuntamente vendió a los rusos información sensible de la Casa hasta que causó baja a petición propia. El director del CNI, Alberto Saiz, aseguró que la seguridad estatal "no ha estado en riesgo" por la actuación de Flórez, que carece de precedentes por su gravedad en la historia del espionaje español. Sin embargo, sí se causaron "importantes daños" al centro por la revelación de procedimientos, estructuras internas, actividades de contrainteligencia y "decenas de identidades" de agentes. Ese "agujero de seguridad", como lo describió, ha obligado a poner en marcha "nuevas y numerosas" medidas de protección.

Saiz dio a conocer el acto de "traición" del exsuboficial de la Guardia Civil en una conferencia de prensa inédita, la primera que ofrece un director de los servicios secretos españoles. Justificó la convocatoria por la "trascendencia" del caso y la voluntad de frenar "especulaciones" sobre lo que no dudó en definir como un "fracaso" del centro. En su larga comparecencia, eludió citar el nombre del país destinatario de la información, pero con posterioridad trascendió que se trataba de Rusia.

Según el jefe del espionaje, Flórez, que trabajó 12 años para el CNI dentro y fuera de España, ganó "bastantes dólares" con su actividad delictiva, cuya iniciativa, dijo partió de él y no de los rusos. Saiz deslizó que entre los agentes cuya identidad se desveló estaban los seis asesinados en Irak en el 2003. Sin embargo, negó cualquier relación entre la información y los asesinatos. Y recalcó que los datos tampoco afectan a la lucha antiterrorista ni a la seguridad de las instituciones donde participa España, como la OTAN o la UE.

Saiz situó los hechos durante el Gobierno del PP, cuando al frente del CNI estaba Jorge Dezcallar. Dijo que, cuando relevó a este, el asunto "no estaba sobre la mesa". En una clara crítica a su predecesor, sostuvo que las medidas de seguridad interna no estaban entonces "a la altura de lo que se tenía en custodia". A su juicio, el centro "fracasó" al no considerar como un "riesgo de seguridad" la posibilidad de ser objetivo de otros servicios secretos. Explicó que la "visibilidad" de España lo ha convertido en "objetivo de muchos servicios".

Flórez, de quien el jefe del CNI destacó su "brillantez", pasará a disposición del juzgado de Primera Instancia e instrucción número 3 de Puerto de la Cruz, en Tenerife. La fiscalía lo acusa de revelación de información clasificada a una potencia extranjera, que prevé para este delito penas de prisión de entre seis y 12 años. La policía detuvo a Flórez a las 8.30 horas del lunes, y continuaban el registro de su domicilio y su lugar de trabajo en el centro de Tratamiento de Conflictos.

El director del CNI contó que la investigación la ordenó en julio del 2005, tras detectar unos indicios en la primavera anterior. Dijo que fue una investigación complicada, en parte porque la traición partió del propio agente y, en parte, porque no se quería poner sobre aviso a los posibles implicados. Explicó Saiz que sus temores de que hubiera más colaboradores en la red se disiparon por completo. En su opinión, este caso es único por sus dimensiones y no puede compararse con otros episodios de filtraciones de secretos, entre los que citó el caso del excoronel Juan Alberto Perote, que fue número dos del Cesid.

El director del CNI anunció que lo sucedido repercutirá en la relación con los servicios secretos de Rusia, con los que no se había puesto en contacto hasta el momento de su comparecencia de prensa. "Tendremos que reinventar un método de relación, que será nuevo", anticipó. A su juicio, el incidente no afectará a la relación entre los dos Estados, ya que los servicios secretos tienen su propios "códigos" para resolver sus contenciosos.

Saiz explicó que muchos de los agentes identificados por Flórez ya no están en activo en el centro y que los procedimientos se han ido cambiando, en parte debido a la dinámica natural del centro. Sin embargo, dejó claro que "no existe" la garantía total de que no se repetirá un caso semejante y recordó que instituciones como el FBI o la CIA han sufrido incidentes similares.

7. EL PP RECURRE ANTE EL CONSTITUCIONAL LA LEY QUE LE IMPIDE CONTROLAR EL ALTO TRIBUNAL (28/07/07)

El PP presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que le privó del control de ese alto tribunal el pasado 24 de mayo al establecer la prórroga del mandato de su presidente -en este caso de la progresista María Emilia Casas- hasta el próximo nombramiento de magistrados, que tendrá lugar en enero. El voto de calidad de la presidenta será decisivo en caso de empate entre conservadores y progresistas en otros recursos de gran trascendencia política, como el del Estatuto catalán.

El recurso del PP impugna el artículo 16.3 de la LOTC, en donde, mediante enmienda pactada por todos los grupos salvo el PP y el PNV, se introdujo la prórroga del mandato del presidente y el vicepresidente del Constitucional en caso de que su final no coincidiera con el nombramiento de nuevos magistrados. "Si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados", dice el inciso final de ese artículo.

El precepto, muy discutido durante su tramitación parlamentaria y al que los populares llegaron a calificar de "cacicada legislativa", vino a dar rango legal a una costumbre muy arraigada en el alto tribunal y que pretendía evitar que los nuevos magistrados tuvieran un presidente elegido en parte por los recién cesados. Los magistrados del Constitucional tienen un mandato de nueve años y el tribunal, formado por 12 miembros, se renueva por tercios cada tres. Tres años es también la duración del mandato del presidente, elegido entre los magistrados.

El PP considera que convertir en ley la prórroga de la presidencia vulnera frontalmente el artículo 160 de la Constitución, que establece que "el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años". El recurso asegura que ese plazo no puede ser modificado o ampliado mediante una norma con rango de ley, ya que el precepto constitucional establece "un tiempo delimitado y conceptualmente unívoco", según el escrito.

"Los miembros del tribunal, los que lo compongan en cada momento, deben elegir un presidente cada tres años", mantienen los populares en su recurso. "El legislador no puede sustraer al pleno del Tribunal esa competencia constitucional, como no podría tampoco, por ejemplo, limitarla fraccionando los tiempos de mandato o restringiendo el número o nombre de los elegibles", continúa el escrito.

El tribunal, aunque indirectamente, ya ha debatido este asunto. El pasado 4 de julio, dos magistrados conservadores, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, propusieron que el pleno del Constitucional debatiera si María Emilia Casas debía continuar como presidenta a pesar de que así lo establece la ley. Esa ofensiva contra la nueva ley del tribunal fracasó por diez votos a dos. García Calvo y Rodríguez Zapata ni siquiera contaron con el apoyo de los otros cuatro magistrados propuestos por el PP.

El recurso también carga contra la capacidad de propuesta de magistrados que la reforma legal dio a los Parlamentos autónomos. "Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara", establece el inciso final del artículo 16.1 de la LOTC.

Esa disposición, según el recurso del PP, resta competencias constitucionales al Senado al limitar los candidatos entre los que puede elegir miembros del alto tribunal. "Que el legislador ordinario modifique la estructura del Estado, atribuyendo a los Parlamentos autónomos una intervención decisiva en una atribución del Senado pervierte de raíz el modelo constitucional y abre perspectivas insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas y para la autodisolución misma de los órganos de representación nacional", afirma el documento.

8. LA FAES INSPIRA EL INTENTO DEL PP DE DIFICULTAR LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINORÍAS (22/07/07)

Las pasadas elecciones locales y autonómicas han convencido al PP de su aislamiento político, ante las enormes dificultades para encontrar partidos dispuestos a formar coaliciones de gobierno junto a ellos. En lugar de moderar su discurso para facilitar el acercamiento a otras formaciones, Rajoy ha decidido apostar por una reforma electoral, inspirada por la FAES de Aznar, para dificultar el acceso al poder de fuerzas minoritarias.

La propuesta de Rajoy de reformar la ley electoral está siendo preparada desde hace meses por la FAES, como anuncia el diario ABC. Aunque la propuesta definitiva se conocerá después del verano, ya ha transcendido que las líneas básicas del documento que prepara el think tank de Aznar pasan por limitar tanto el acceso de las minorías al poder (marcando un umbral próximo al 30% de los votos) como por rebajar el porcentaje mínimo necesario para conseguir representación.

Desde el propio diario conservador reconocen que el 27-M ha acrecentado la convicción dentro del PP de la necesidad de impulsar la reforma, y es que han visto como el PSOE se hacía con 16 ayuntamientos de capitales de provincia mediante coaliciones.

La deriva autoritaria de la segunda legislatura Aznar ya provocó en el propio seno popular que se levantaran algunas voces advirtiendo de que se estaban cerrando muchas puertas, pero finalmente se apostó por mantener una apuesta del todo o nada. Es decir, buscar mayorías absolutas aunque sea a costa de dinamitar puentes de diálogo con otras formaciones.

Aunque el 27-M ha demostrado los riesgos de esta estrategia, Rajoy no sólo no cambia el rumbo sino que ha decido tratar de evitar los riesgos propiciando una ley electoral que beneficie a las mayorías y dificulte la representación de fuerzas democráticas más pequeñas. La apuesta del PP por el bipartidismo se llama eufemísticamente "regeneración democrática".

9. PAÍS VASCO: EL PP ASEGURA QUE NO VOTARÁ AL PSE EN LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA AUNQUE GANE EL PNV (13/07/07)

"A Txarli Prieto no le hemos visto con Zapatero y a Javier de Andrés sí le hemos visto con Mariano Rajoy, y lo que le dijo fue que adelante". Así resaltan en fuentes del PP que su candidato para presidir la Diputación de Álava, De Andrés, cuenta con todas las bendiciones del partido para mantener su aspiración hasta el final. También pretenden desmentir la insinuación del socialista Juan Carlos Prieto sobre un pacto con el presidente alavés del PP, Alfonso Alonso, para que le ceda el puesto de diputado general y evitar así que el PNV de Egibar dirija la institución.

Las Juntas Generales (Parlamento provincial) que el jueves deben elegir al diputado general de Álava (jefe del ejecutivo foral) están compuestas por 51 procuradores o junteros. El PP tiene 15, el PSE 14, otros 14 el PNV, dos EA, uno Ezker Batua (EB), uno Aralar y cuatro ANV, que no está en las negociaciones. Los tres primeros y ANV han formalizado candidaturas y, a falta de tres días, los tres aspirantes con posibilidades reclaman el puesto.

El PP y el PSE se piden mutuamente el apoyo, lo que evitaría que el PNV alavés, controlado por el sector soberanista de Joseba Egibar, se haga con el puesto. El candidato socialista insiste en que ya tiene los apoyos para ganar - lo reiteró el portavoz del PSE, José Antonio Pastor- y sugiere que hizo un pacto para intercambiar la presidencia del legislativo provincial, en manos del PP, por la del Ejecutivo. Sin embargo, los populares lo niegan. "Si tiene los apoyos, no son los nuestros. Será una estrategia de presión. El jueves se verá que no es así", dijo el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio.

Los prolegómenos de la anterior elección, en 2003, fueron parecidos: el actual presidente del Senado, y entonces secretario general del PSE-EE en Álava a la vez que candidato, Javier Rojo, sostuvo hasta el final la existencia de un pacto con el actual diputado general Ramón Rabanera, que éste siempre negó. Finalmente, José Luis Rodríguez Zapatero obligó a Rojo a no presentar su candidatura y dar su respaldo a Rabanera, para evitar que el cargo volviera a manos del PNV, embarcado en el plan Ibarretxe. La diferencia respecto a 2003, resaltan los socialistas, es que esta vez sí han formalizado candidatura y ello quiere decir que no habrá llamada de Zapatero, aseguran.

¿Será ahora Rajoy el que llame a los suyos, en virtud de otro supuesto acuerdo, el que intercambiaría Navarra para UPN por Álava para el PSE? El presidente nacional del PP salió de La Moncloa tras su última entrevista con el presidente del Gobierno desvelando que habían hablado tanto de la comunidad foral como de la provincia vasca, pero la negativa es tajante en el PP. "He hablado varias veces con Rajoy y él no ve ningún motivo por el que debamos ceder nuestra posición de fuerza más votada", aseguró el presidente del PP alavés, AlfonsoAlonso.

El tercero en discordia, el PNV, se atribuye 18 votos, añadiendo a los suyos los de EA, EB y Aralar. Pero hasta los pequeños juegan: ninguno ha dicho aún que se los vaya a dar.

Si los dos partidos nacionales mantienen sus posiciones como anuncian, la probabilidad más alta de alzarse con el triunfo la tiene de salida el PNV, que controlaría las tres diputaciones, dos de ellas en manos del sector liderado por Egibar. Lo haría desde su peor resultado: su tercera posición del 27-M.

10. CATALUÑA: EL PRESIDENTE DEL PP DE LLEIDA SIGUE A PIQUÉ Y ABANDONA EL CARGO (28/07/07)

El presidente del Partido Popular de Lleida, Jordi Montanya, presentó ayer su dimisión del cargo "por coherencia" tras la marcha de Josep Piqué como máximo responsable del partido en Cataluña. Montanya, que también es diputado autonómico, dijo que a partir de este momento se pone a disposición del nuevo presidente del PP en Cataluña, Daniel Sirera, para "facilitarle al máximo las cosas".

La renuncia de Montanya, uno de los hombres de máxima confianza de Piqué en Lleida, era un hecho previsible. En la rueda de prensa en la que anunció su dimisión aseguró que de momento no ha pensado en la posibilidad de renunciar a su escaño de diputado. "Presento la dimisión formal como presidente del partido en Lleida. Todos conocen los acontecimientos que se han ido produciendo en estos últimos días y entiendo que por coherencia he de presentar la dimisión", dijo.

El ya ex presidente del PP de Lleida manifestó que siempre ha contado con el respaldo de toda la estructura del partido y de la inmensa mayoría de simpatizantes y militantes, y que su intención a partir de ahora es apoyar de forma incondicional a Sirera y al partido y no iniciar ningún tipo de guerra en la formación popular. Montanya reconoció que la dimisión de Piqué y de su mano derecha, Francesc Vendrell, le cogió por sorpresa. "Estaba convencido de que al final se impondría la razón y que el partido de ninguna manera prescindiría de un activo tan importante como Pique, que en las generales de 2000 obtuvo los mejores resultados de la historia del PP catalán", añadió.

Daniel Sirera, en plena recomposición del partido, dijo que respeta la decisión "personal y razonada" tomada por Montanya y anunció que la persona que le sustituirá en el cargo será María José Horcajada, actual secretaria general del partido y concejal en el Ayuntamiento de Lleida.

11. GALICIA: LA XUNTA CONCEDIÓ A DEDO 14 MILLONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2004 (30/07/07)

La Xunta de Galicia repartió discrecionalmente 14,08 millones de euros en 2004 entre medios de comunicación, según el informe del Consello de Contas enviado al Parlamento autónomo el pasado viernes. Esta suma, distribuida durante el mandato del PP, recoge sólo los convenios suscritos por las consejerías y no incluye las ayudas concedidas por empresas y organismos públicos, ni la publicidad institucional, ni los contratos suscritos por diversos medios con la televisión gallega TVG. El órgano fiscalizador revela numerosas irregularidades, la falta de concurrencia y la ausencia de criterios objetivos de selección para justificar las transferencias. Según fuentes del Consello, estas ayudas por vía de convenios o de contratos continúan, probablemente a igual ritmo que bajo la presidencia del PP, con el actual Gobierno de coalición PSdeG-BNG.

El primer informe que el Consello de Contas ha realizado sobre los convenios que la Xunta suscribe con medios de comunicación ha servido para poner al descubierto que sólo a través de las consejerías (sin contar entes ni empresas públicas), el Gobierno de Manuel Fraga (PP) se gastó en 2004 un total de 14.081.070 euros en convenios con las empresas del sector.

El grupo de La Voz de Galicia y Radio Voz, con 1.865.420 euros, y la editora de El Correo Gallego, con 1.708.980 euros, fueron las empresas privadas más beneficiadas por la Xunta, aunque fue la CRTVG, de la que dependen la radio y la televisión autonómicas, la que se llevó la suma más elevada (4.058.260 euros).

En la lista de empresas, que incluye revistas, emisoras de radio, portales de Internet y agencias de prensa, destacan también Faro de Vigo (921.650 euros), La Región (621.900 euros), El Ideal Gallego (648.960 euros) y El Progreso (887.080 euros). Entre los beneficiarios de estos convenios figura también Radio Galicia (propiedad del Grupo PRISA, editora de EL PAÍS) y las emisoras asociadas de la SER en A Coruña y Vigo, que en total recibieron 149.250 euros (ver cuadro).

Después de examinar los distintos convenios, el Consello de Contas ha concluido la existencia en la mayoría de los casos de defectos e irregularidades de distinta naturaleza. Algunos carecen de memoria, otros incumplen la obligación legal de acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y no tener deudas con la Administración o no fueron siquiera comunicados al registro de convenios de la dirección general de Relacións Institucionais. El caso más grave afecta a un convenio suscrito por Cultura con la editora de El Ideal Gallego para crear un museo, hasta el punto de que Contas recomienda solicitar el reintegro del dinero al no haberse justificado "de forma suficiente la realización de la actividad".

El Consello llama la atención a la Xunta sobre la necesidad de "prestar atención al cumplimiento de todos los requisitos exigidos, especialmente en lo que se refiere a los criterios de selección", toda vez que, "en general", no quedan "suficientemente expresados". El órgano fiscalizador critica especialmente la generalización injustificada de "las características únicas" de cada medio de comunicación para explicar la no concurrencia y recuerda a la Xunta que no puede contabilizar los gastos derivados de estos convenios con cargo al capítulo de "inversiones reales", como estaba haciendo en la mayoría de los casos en el año objeto de investigación.

Una parte de los convenios suscritos por las diferentes consejerías con medios de comunicación en 2004 tiene por objeto "contribuir al desarrollo, mejora y difusión de la lengua gallega". Los demás persiguen fines tan diversos como promover "la presencia de Galicia en el ámbito internacional", "contribuir a un mejor conocimiento de la vida económica gallega con especial atención a las actuaciones" de la Xunta, "resaltar acciones que beneficien al país en urbanismo y ordenación del territorio", difundir "información sobre carreteras", "mejorar el nivel de salud de la población" o "preservar los recursos del mar".

La utilización de los convenios para justificar la entrega de dinero a los medios de comunicación, especialmente en el sector privado, ha sido una práctica habitual durante los 16 años de Gobiernos del PP, pero ésta es la primera vez que un órgano de fiscalización independiente, como es el Consello de Contas, certifica su existencia.

Las empresas del sector se benefician no sólo de los convenios que negocian y suscriben con las diferentes consejerías y los entes, organismos y empresas públicas que dependen de la Xunta, sino que utilizan otros mecanismos como las ayudas directas, las subvenciones, la publicidad institucional (que en muchos casos distribuyen directamente colaboradores de los consejeros) y hasta los contratos de prestación de servicios y venta de productos con TVG.

Los convenios de 2004 revelan las obligaciones que contraían los medios a cambio del dinero de la Xunta. Van desde la emisión diaria de "microespacios" sobre infraestructuras, en el caso de las emisoras de radio, a la realización y publicación de reportajes y suplementos sobre temas tan diversos como el urbanismo o el Plan Galicia cuando se trata de diarios impresos. Algunos se comprometían a publicar informaciones y reportajes sobre temas como la sanidad y el empleo. Los convenios también financiaron "ciclos de conferencias" y "encuestas y análisis sobre el grado de satisfacción de los gallegos".

12. GALICIA: PRESENTADAS DOS DENUNCIAS CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE LISTAS DEL PP (25/07/07)

Dos de los diez militantes del Partido Popular cuyos nombres figuraron en listas electorales de este partido en pueblos del País Vasco han presentado denuncia por el uso ilícito de su identidad y sin que ellos hubieran dado su consentimiento. Uno de los demandantes, que presta sus servicios en Protección Civil de O Grove, exige en el escrito presentado en el Juzgado de Cambados una indemnización y pide que se investiguen los hechos.

La Fiscalía de Pontevedra se planteaba actuar de oficio por presunto delito de falsificación documental. El Ayuntamiento de O Grove ofreció asesoramiento jurídico a los afectados.

Mientras fuentes del PP indicaron que la cúpula busca "el culpable" entre las tres personas de máxima confianza que trabajan en la sede del PP en Pontevedra, el propio presidente provincial, Rafael Louzán, desvió la atención al entorno de los afectados en O Grove.

"Todo apunta a que el responsable de esta imperdonable forma de actuar está en el entorno de las aproximadamente diez personas que se vieron envueltas en este lamentable episodio y, por el momento, descartamos que esta manipulación haya salido de Pontevedra", afirmó Louzán.

El presidente provincial del partido aseguró que se están haciendo indagaciones para llegar hasta el culpable. "Pero no somos la policía y sólo podemos hacer lo que procede para aclarar este gravísimo error, que entiendo que no se hizo con mala fe, aunque daña la imagen del PP", subrayó Rafael Louzán.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, exigió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dé "una explicación de un tema tan grave".

13. ANDALUCÍA: EL SUPREMO CONFIRMA LA ILEGALIDAD DE LA RETIRADA DEL ORUJO QUE ORDENÓ EL PP (21/07/07)

Seis años después de que la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, decretara la alerta sanitaria del aceite de orujo por la crisis del benzopireno, el Tribunal Supremo acaba de dar carpetazo al caso confirmando la ilegalidad de la medida del anterior Ejecutivo del Partido Popular. El Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado a la sentencia de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando injustificada y desproporcionada la incautación por Sanidad de 30.000 toneladas de orujo.

Los productores valoraron este triunfo "moral" al tiempo que se plantean reclamar indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas, que cifran en 90 millones de euros.

El fallo del Supremo, que es consecuencia de la demanda interpuesta en su día por la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), considera que "no había justificación científica ni riesgo para la salud" para tomar una medida que supuso un auténtico varapalo para un producto que, prácticamente, desapareció del mercado durante varios años y que, aún se afana por recuperar parte del consumo perdido.

El Supremo también alude a que el procedimiento seguido por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo no fue el adecuado, pues aunque el departamento que presidía la popular Celia Villalobos se escudó en que la alerta sanitaria era una recomendación a las comunidades autónomas, la Sala Tercera del Supremo interpreta que la orden del ministerio fue más bien un "imperativo" o una "exigencia".

De hecho, varias comunidades autónomas han sido condenadas a pagar indemnizaciones millonarias a empresarios del sector al ser ellas las competentes para ejecutar la alerta sanitaria del ministerio.

Asoliva valoró que el fallo del Supremo confirme la tesis de la asociación, que defendía que el producto no representaba un peligro grave por lo que no debía ser declarado ilegal. A su juicio, esta declaración fue una decisión que el Estado adoptó en el ejercicio de sus competencias y que no dejaba elección a las comunidades autónomas, dado el riesgo que se les anunciaba. "No existía riesgo grave y extraordinario para la salud pública, por lo que la medida de ordenar la retirada inmediata fue desproporcionada e injustificada", denunció Asoliva, que representa al 85% de la exportación nacional de aceite envasado y entre el 30 y el 50% del granel.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), Fernando Muñoz, se congratuló por lo que considera un triunfo "moral" del sector. "Lo más importante es que se ha demostrado que el aceite de orujo es un producto saludable y que no había razón alguna para una medida tan desproporcionada", indicó Muñoz, que considera que los entonces dirigentes del Ministerio de Sanidad "deberían asumir responsabilidades" por entender que "metieron la pata".

Los productores consideran que la sentencia del Supremo abre la vía para que los empresarios del sector reclamen de forma masiva indemnizaciones por los daños sufridos por la inmovilización del orujo. Ya ha habido algunos que han ganado la batalla judicial, como es el caso de la extractora Hijos de Espuny S. A., de Osuna (Sevilla), que en enero del año pasado logró que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenase a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta andaluza a pagarle 3.986.053 euros por las pérdidas ocasionadas tras la alerta sanitaria.

El Alto Tribunal andaluz indicó que el Ministerio de Sanidad se basó para decretar la alerta en una noticia aparecida en un diario checo (que aludía a la posibilidad de células carcinógenas en varias marcas de orujo español) al que consideró un medio "carente absolutamente de rigor científico alguno" y sin descartar que "fuera una noticia interesada por razones comerciales".

La orujera sevillana alegó que los aceites de orujo inmovilizados cumplían las autorizaciones y controles exigidos en la normativa vigente.

14. COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD COLOCA A DEDO A UN ALTO CARGO EN EL GREGORIO MARAÑÓN (23/07/07)

A dedo y en un puesto innecesario. Es lo que varios profesionales del hospital Gregorio Marañón aseguran que ha sucedido con el nombramiento del antiguo responsable de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, Francisco Ferré, como nuevo jefe de Servicio Médico/Asistencial del centro sanitario. Ferré se ha hecho con el puesto tras un concurso de "libre designación".

Sí tenía que cumplir (y los cumple) unos requisitos: ser licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatría. Según la convocatoria de finales de 2006, el puesto que finalmente ha obtenido Ferré es para el Servicio de Psiquiatría de Unidades de Referencia. Estas unidades son: salud mental y violencia de género; psicotrauma infantil; unidad de personas sordas; salud mental y exclusión social y patología dual.

Profesionales del Marañón que prefieren no dar su nombre aseguran que es "un disparate" que las unidades que dirigirá Ferré vayan unidas. "¿Qué tienen que ver los niños con los sordos o las mujeres maltratadas?", se preguntan. Según dicen, las nuevas áreas son "prescindibles". En el hospital, explican, ya existe un departamento de psiquiatría infantil. Al frente está la doctora María Jesús Mardomingo. En conversación telefónica asegura "tener constancia" de la nueva unidad, pero no quiere opinar. Es de suponer que Mardomingo conoce bien las necesidades psiquiátricas en Madrid. Pero nadie le ha preguntado su opinión. "Qué quieres que te diga, no me han consultado...", es lo máximo que accede a decir.

"Ferré ha desembarcado en una plaza de psiquiatría infantil cuando jamás ha visto un niño", asegura un trabajador del Marañón. Sin experiencia en menores, según dicen sus nuevos compañeros, Ferré se contradice a sí mismo. Porque como máximo responsable de Salud Mental de la Comunidad dijo en una entrevista a una revista de la consejería: "Todos los profesionales que se encargan de atender a niños y adolescentes deben tener un perfil determinado, y así lo han entendido las organizaciones sindicales más representativas". ¿Doble vara de medir? "Por un lado dice que hay que tener experiencia, pero luego él logra un puesto sin tenerla", se queja uno.

Según denuncia otro, Ferré se ha aprovechado de su cargo político y sus amistades. ¿A cambio de qué? "Además de un sueldo de 50.400 euros, logra salir así de la oficina de Salud Mental, que va a desaparecer en la nueva legislatura", dicen.

Ferré, por su parte, sin aclarar las acusaciones de muchos de los que ya son sus nuevos compañeros en el Marañón. La única explicación sobre su nombramiento procede del responsable de prensa de Salud Mental, quien explicó que dos personas se presentaron a la plaza obtenida por Ferré. Él mismo y otro psiquiatra, que no pasó el corte por no tener plaza en la región. Así justifican en Salud Mental que el puesto fuera a parar a manos de Ferré. Pero daba igual. El término "libre designación" (a dedo) que señala la convocatoria hubiera impuesto a Ferré.

La unidad de psicotrauma infantil (una de las cinco áreas competencia de Ferré) estará dirigida especialmente a los menores afectados por el 11-M. Éste es uno de los aspectos del nombramiento de Ferré que más mosquean en círculos del Marañón. "¿Por qué ahora, tres años después? ¿Por qué justo tras las elecciones?", se preguntan. En los atentados que golpearon Madrid murieron siete menores y 180 resultaron heridos. Además, 97 niños y adolescentes quedaron huérfanos, cinco de ellos de padre y madre. Es decir, la recién creada unidad del Marañón podría atender hasta 277 pacientes relacionados con aquellos ataques de marzo de 2004. Muy pocos pacientes potenciales, dicen varios profesionales del hospital, para semejante unidad "fantasma". En las asociaciones contrarias al terrorismo reinaba la ignorancia hace tres meses, pero también ahora. La Asociación 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) lo desconocen. Tan sólo la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, casualmente afín al PP y muy próxima al Gobierno regional de Esperanza Aguirre, cuenta que sí han oído hablar de la unidad de Ferré.

15. COMUNIDAD DE MADRID: LOS FORESTALES PROTESTAN ANTE UNA FINCA DE ESPE (25/07/07)

Protesta ante la finca de la familia de la presidenta regional. Allí, los agentes forestales madrileños hicieron un último llamamiento a la "sensatez, cordura y madurez política", de Esperanza Aguirre para que retire el proyecto de Ley de Modernización del Gobierno y de la Administración, que la Asamblea prevé aprobar. La norma merma las funciones de los agentes. Éstos no podrán acceder a los terrenos y montes privados sin autorización judicial. Ello les impedirá, a su juicio, intervenir de forma inmediata al detectar irregularidades en terrenos privados, y propiciará que los dueños actúen con total impunidad.

Los agentes realizaron su petición ante la entrada, cerrada a cal y canto con un grueso candado, de la finca La Granjilla, en El Escorial, propiedad de la familia de Aguirre. Un gran letrero sujeto a la cancela advierte: "Propiedad privada. Prohibido el paso". La finca tiene la calificación de monte preservado y está catalogada como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid y sitio de Interés Histórico Natural por las normas de El Escorial. En su interior existe un importante conjunto renacentista mandado edificar por Felipe II.

"Este lugar es el ejemplo de lo que puede ocurrir en otros semejantes de la zona, de una gran riqueza medioambiental. Hasta hace dos días podíamos entrar sin problemas. Ahora no. Nos han cerrado el acceso con un candado, y eso que estamos en una vía pecuaria", explicó Francisco Cabezos, coordinador estatal de agentes forestales de CC OO. Esperanza Aguirre afirmó que no hay ninguna vía pecuaria que atraviese la finca, informa Servimedia.

Los agentes llevaban a cabo inspecciones rutinarias de vigilancia dentro de ésta y otras fincas. La Granjilla alberga el mayor núcleo de nidificación de cigüeña blanca en árbol. En sus cuatro estanques sobrevive una colonia de galápago europeo, en peligro de extinción, además de ser hábitat de otras especies como zorros, mustélidos y rapaces. "Esos animales pertenecen a todos los ciudadanos. El propietario está obligado a velar por ellos. Pero si desaparecieran de aquí o de otro entorno semejante, ¿quién lo va a controlar? Hasta ahora, y desde hace 130 años, nosotros", explicó Cabezos.

La Ley de Modernización también entorpecerá la labor de los agentes en la prevención de incendios. Los agentes afirmaron que en caso de observar una barbacoa encendida en un monte privado no podrán actuar de forma inmediata. "Tendremos que ir al juzgado más cercano y pedir al juez, que estará ocupadísimo, una orden judicial para entrar. Mientras tanto, puede que se haya originado un gran incendio. Entonces sí nos llamarán, cuando se esté quemando el monte".

Cabezos recriminó a los responsables del PP que comparen su labor con entrar en domicilios "dando una patada en la puerta". "Nosotros entramos en fincas, jamás hemos puesto un pie en viviendas de nadie. El PP está tratando de confundir a la opinión pública", aseguró.

Reyes Montiel, portavoz de Medio Ambiente de IU, acusó a Aguirre de "caer en la falacia de enfrentar a los agentes forestales con los propietarios de las fincas". Una actitud que Montiel calificó de "intolerable". La parlamentaria anunció que si la ley se aprueba, su grupo presentará un recurso ante los tribunales. A su juicio, la ley invade también las competencias municipales y contribuirá a la desprotección de espacios.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció días atrás que llevará al Tribunal Constitucional contra la ley de Aguirre. "Incumple una norma estatal y es una grave amenaza para el interés general. Es una burla a las instituciones parlamentarias", aseguró.

Los agentes se mostraron satisfechos de que el PP haya dado marcha atrás en una de las disposiciones de la norma, que pretendía despojarles de las atribuciones de agentes de la autoridad y policía de inspección, vigilancia y control del medio natural.

16. COMUNIDAD DE MADRID: EL VICEALCALDE DE MADRID (PP) RECUERDA A LA COMUNIDAD (PP) QUE LA LIMITACIÓN DE ALTURA EN LA CONSTRUCCIÓN NO AFECTA A LA CAPITAL (24/07/07)

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha recordado que la limitación para construir más de cuatro alturas establecida por la Comunidad en su Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, aprobada, "no afecta directamente" a la capital porque ya tiene un Plan General.

Cobo ha respondido de esta forma cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno municipal por la opinión del Ayuntamiento respecto a la nueva prohibición para edificar en la región con una altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático, salvo en el caso de "edificios singulares".

Sin entrar en el fondo del asunto, Cobo ha contestado que "por lo que nosotros conocemos, la Ley no está aún publicada, no afecta directamente al Ayuntamiento de Madrid dado que lo que nosotros tenemos en estos momentos es un Plan General aprobado y se está haciendo referencia a aquellas ciudades que tendrán que aplicar esta norma para la aprobación de aquellos planes generales que tienen pendientes".

Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid mantiene en vigor su Plan General de Ordenación Urbana desde 1997 y ha aprobado en los últimos años los planes parciales de todos los desarrollos urbanísticos que tenía previstos para la expansión de la ciudad hacia el norte, el oeste y el sureste, sin verse afectados por tanto por la nueva limitación aprobada por la Comunidad.

17. COMUNIDAD DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO GASTA 13,5 MILLONES EN 175 NUEVOS DIRECTIVOS ( 23/07/07)

El Ayuntamiento afronta una legislatura aparentemente tranquila: mayoría absoluta, obras importantes terminadas, oposición en crisis... Pero como nunca se sabe, ha decidido reforzar el núcleo duro de la estructura de sus áreas de gobierno. El nuevo organigrama contará con 175 nuevos puestos de alto rango que le costarán a las arcas municipales unos 13,5 millones de euros al año. Son 16 altos cargos designados a dedo y 159 funcionarios que han tenido que superar una oposición y trabajaban previamente en una Administración. Pero que, al final, son nombrados por libre designación.

La estructura de mando de las áreas de gobierno pasa de 443 empleados a 618. Esta inflación contrasta con que sólo se haya creado un área nueva, de Obras y Espacios Públicos, que dirige la concejal Paz González. El coste anual de cada uno de estos puestos, según el baremo del año pasado, es de: coordinador general, 101.200 euros; director general, 99.500; subdirector general, 87.300; jefe de servicio, 78.200; jefe de departamento, 68.100. Al sueldo real de estos empleados hay que restarle aproximadamente un 10% de lo que paga el Consistorio a la Seguridad Social.

El área que más aumento de personal experimenta (51 nuevos empleados) en el nuevo organigrama es, justamente, la que se encarga del organigrama: Hacienda y Administraciones. "Se ha creado una subdirección de Administración Electrónica y otra de Patrimonio", explica Juan Bravo, concejal de Hacienda, justificando el incremento.

Estos argumentos no convencen al PSOE, que preguntó a Bravo acerca de este asunto en la comisión de Hacienda. "No se justifica más que por una política de clientelismo de Gallardón, de personal a la carta", denuncia la concejal socialista de Hacienda, Isabel Vilallonga. "La Concejalía de las Artes, sin ir más lejos, tiene cinco direcciones generales, tantas como el Ministerio de Cultura. Es algo insólito", insiste.

La mayoría de estos cargos no han sido todavía designados, pero según el nuevo organigrama el área de Vicealcaldía ganaría 23 empleados; Medio Ambiente, 21 (pero es totalmente nueva); Urbanismo -que teóricamente tiene menos competencias porque pierde Obras Públicas y ha liquidado el gran proyecto de la M-30- gana 28 puestos directivos y predirectivos; Economía se queda como estaba; Seguridad pierde tres predirectivos; Familia y Servicios Sociales gana cinco; Obras Públicas, 44, y Artes, siete.

Como consecuencia de las obras de la M-30 y la megainversión que ha tenido que hacer el Consistorio y del ruinoso negocio de los parquímetros, este año el presupuesto del Ayuntamiento disminuirá en un 3%. Los sueldos de estos directivos y predirectivos procederán del presupuesto para la contratación de personal, que es el 27% del total (1.299 millones de euros).

Para Vilallonga, "Gallardón utiliza el presupuesto del Ayuntamiento para encontrar adhesiones dentro del partido recolocando a altos cargos". Los socialistas denuncian que en 2005, cuando el PP de Galicia perdió las elecciones, "el Ayuntamiento de Madrid sufrió el efecto gallego" con la incorporación de cargos de aquella Administración.

18. COMUNIDAD DE MADRID: EN LA OPERACIÓN DEL CALDERÓN NO HABRÁ VPO (25/07/07)

Cuando el alcalde aseguraba que el acuerdo entre las partes de la Operación del Calderón (Atlético de Madrid, propietarios de la cervecera Mahou y Ayuntamiento de Madrid) se cerraría antes de lo que cabría esperar, Gallardón se guardaba en la manga la información de lo avanzado de las conversaciones. La Casa de la Villa espera que esta semana se llegue a un encuentro sobre el protocolo entre las partes, es decir, el acuerdo. Otra cosa será consensuar el convenio en el que se fijará al milímetro lo que cada uno va a conseguir de la operación, según reconocían el martes desde el Ayuntamiento. Esto es, según sus previsiones, para mediados del otoño.

Por lo pronto, según las fuentes informantes, una cosa sí esta clara, que en los terrenos no habrá ni una sola vivienda pública. Vamos, que si usted no tiene dinero y contaba con que le ca del cielo del sorteo de vivienda protegida una frente al templo del equipo de sus amores, vaya quitándoselo de la cabeza.

"Toda la operación se desarrollará con vivienda libre", aclaran desde la Delegación de Urbanismo. El motivo es que, entre otras cuestiones, los propietarios privados han de financiar con las ganancias de la venta de pisos el soterramiento del único tramo de la M-30 que se mantiene en superficie en la zona. Es decir, que se pagará con las famosas plusvalías.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid fija que la mitad de las viviendas que se realicen en los nuevos desarrollos han de tener algún grado de protección. "Eso es así, pero también establece que se puede compensar con la financiación de infraestructuras o con la dotación de servicios públicos y será así como se compense", aclaran desde el Consistorio.

Hay que recordar que en total hay 92.297 m²: 30.000 son del Atlético de Madrid y el resto de la cervecera. En los terrenos del equipo de fútbol no habrá torres de vivienda ni se construirá superficie comercial alguna. Será un gran espacio verde, que podría ser un gran lago, tal y como lo ideó Gallardón en el proyecto de reforma de la vía de circunvalación en su génesis. Por lo tanto, la mayor parte de la vivienda se concentrará en los terrenos de la Mahou.

Para que la operación saliese adelante, los privados han tenido que ir de la mano. Es decir, han acordado que los cálculos se hagan como si las nueve hectáreas fuesen de uno sólo. La compensación que reciba el Atlético la satisfará en el suelo de la cervecera. El reparto se hará de forma proporcional, como es lógico..

El Consistorio está a la espera de la respuesta de los privados sobre la cantidad de metros cuadrados que se pueden edificar. La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización del Gobierno de la Administración de la Comunidad de Madrid. La norma prohibe la construcción de más de tres alturas más el ático en los nuevos desarrollos.

El Ayuntamiento dice que, en la Disposición Transitoria, se asegura que lo establecido en el artículo 13 "sólo resulta efectivo para planes generales o de sectorización que no hayan cumplido con toda la tramitación legal antes de la aprobación de la ley. El Plan General de Madrid se aprobó en 1997 y no le afectaría. Además, se podría eximir también por razón de singularidad, aunque, eso sí, el expediente tendría que ir acompañado de un informe de la Comunidad", precisaron.

Finalmente, la Casa de la Villa cederá La Peineta al Atlético de Madrid en propiedad, tal y como se fija en la operación.

19. COMUNIDAD DE MADRID: BOADILLA DEL MONTE Y SUS ADJUDICACIONES ULTRA CATÓLICAS (27/07/07)

El ayuntamiento de Boadilla del Monte adjudica las actividades extraescolares de un colegio público a una organización ultra católica

El ayuntamiento de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, dirigido por el Partido Popular, ha concedido la gestión de las actividades de la escuela pública Teresa Berganza a la fundación ultra católica Educatio Servanda, dedicada a transmitir sus valores durante el tiempo libre de los niños. Varios padres se han mostrado ya contrarios a esta adjudicación.

La fundación Educatio Servanda, en castellano Educación Consevada, fue creada hace ocho meses y tiene como objetivos contribuir mediante la educación a "transmitir los valores del humanismo a las generaciones del tercer milenio y ser referencia de los refuerzos de los laicos a los religiosos", según su página web. La fundación cuenta con el apoyo de movimientos católicos neoconservadores como Comunión y Liberación o E-Cristians.

"Se cambió la empresa tradicional que hacia estas actividades, con la que los padres, en general, estaban bastante contentos, y la han reemplazado con una fundación con una ideología muy conservadora, en la que defienden la segregación y que tiene entre sus puntos fundamentales transmitir sus valores durante el tiempo libre de los niños", ha declarado el portavoz de la agrupación socialista del ayuntamiento de Boadilla del Monte, Pablo Nieto.

La escuela ha mostrado también su malestar y considera que se trata de un caso de imposición sin información. Asegura que va a denunciar el caso y que se ha puesto ya en contacto con muchos padres que se encuentran indignados con esta situación.

20. COMUNIDAD VALENCIANA: INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN VÍA MUERTA CON IMPUTADOS DEL PP (25/07/07)

Los juzgados de Alicante acaparan siete de las investigaciones judiciales más llamativas de la Comunidad Valenciana con el transfondo de la corrupción como hilo conductor. Una característica común a este ramillete de sumarios estrella es el parón en las diligencias tras el arreón inicial a consecuencia del impacto mediático. El cansino tiempo procesal se repite en cada una de las causas, desde la primera y más voluminosa -la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Orihuela por 16 casos de corrupción urbanística y contable- hasta la más reciente y directamente relacionada con el Ayuntamiento oriolano, el supuesto soborno por la contrata de la basura, pasando por el sumario por un caso similar en la contrata de basura de Xàbia.

Fuentes judiciales consultadas achacan la fatigosa instrucción de las causas en las que están implicados cargos públicos, además de a la inercia de la burocracia judicial, a los potentes recursos de los encausados, respaldados por experimentados despachos de abogados capaces de exprimir al máximo los vericuetos del procedimiento a base de recursos que dilatan sine díe los procesos. El supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante, en el que está imputado el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, es uno de los paradigmas de esta situación: cinco años después, el sumario está abierto. Y la recién adquirida condición de aforado del regidor amenaza con devolverlo al punto de partida. La causa, por imperativo legal, tiene que pasar a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Comunidad Valenciana. Otro lugar común a los sumarios con cargos públicos procesados ha sido con frecuencia la celebración de la vista oral décadas después de cometerse los hechos. Llegado ese momento, los acusados suelen conformarse, al rebajar el ministerio fiscal la pena por "dilación indebida". Ejemplos de este tipo de resoluciones hay varios. El último el del ex alcalde de Muro de Alcoi, José Gosálvez, del PP, que hace unas semanas cerró su procesamiento por prevaricación a cambio de una multa de 600 euros.

- 16 causas y sólo tres imputados. El 14 de marzo de 2006 el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, presentó una denuncia general contra el Consistorio de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable. Un mes después, el ministerio público desglosó la acusación en una causa principal contra el ex alcalde, José Manuel Medina, del PP, y 15 secundarias. Un año y dos meses después, en la causa principal sólo ha declarado (septiembre de 2006) como imputado el ex regidor. Medina admitió parcialmente la acusación, es decir, que usó bienes (un Rolls Royce y un chalé) propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones urbanísticas municipales. No se ha practicado ninguna prueba testifical ni documental nueva, aparte de reclamar al Consistorio la documentación sobre el plan general urbano. En las 15 causas secundarias, sólo ha habido declaraciones de imputados en una de ellas. Ningún imputado más en el resto de 14 sumarios, donde los jueces se han limitado a pruebas testificales preliminares, es decir, el interrogatorio a los portavoces de la oposición, y del ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa, testigo de cargo del fiscal.

- Extorsiones de ida y vuelta. El segundo sumario que afecta de pleno al Ayuntamiento de Orihuela está relacionado con el supuesto soborno por la contrata de basura del municipio recogido en una conversación grabada entre el industrial afín al PP Ángel Fenoll y el ex concejal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. El industrial difundió la grabación el 21 de marzo de 2006. Inicialmente, el concejal presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuestas injurias. La Fiscalía archivó esa denuncia y abrió otra investigación, en este caso por los supuestos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias. El ministerio público trasladó su escrito al juzgado el pasado mes de abril. La juez encargada de la investigación, la magistrada Nuria Soler, titular del juzgado número 3 de Orihuela, decretó el secreto del sumario. El 28 de mayo acordó las primeras diligencias: la detención del industrial Fenoll y cinco personas más de su clan empresarial por supuesta extorsión. Entre los detenidos estaba su gerente, y a su vez, edil electo del PP en Albatera, Javier Bru. El 2 de junio ordenó el ingreso en prisión de tres de los arrestados (Fenoll, Bru y el hijo del empresario). El 29 de ese mismo mes accedió a su excarcelamiento (medida que había rechazado una semana antes alegando posible obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas) mediante el pago de una fianza. La magistrada mantiene secretas las diligencias y sólo ha trascendió la práctica de una nueva prueba: la petición al Ayuntamiento de la declaración de bienes del ex edil Ferrández.

- Soborno de Xàbia. La instrucción por un supuesto soborno por la contrata de la basura de Xàbia de la constructora FCC denunciado por el PSPV a mediados de diciembre de 2006 sigue estancada medio año después. La juez del caso, la titular del juez del Juzgado número 4 de Dénia, se ha limitado a tomar declaración el pasado mes de marzo, como imputados, a dos directivos de la mercantil, y tres semanas después al ex concejal socialista Pascual Codina, en calidad de testigo. El segundo testigo del supuesto intento de pago de comisiones ilegales (también grabado en DVD), el ex asesor del grupo socialista José Luis Sánchez Mantilla, todavía no ha sido interrogado por la juez. La magistrada no ha acordado ninguna diligencia sobre una segunda denuncia de los socialistas que afecta a la otra empresa aspirante a la contrata, la firma Cespa. El estado de la investigación es una incógnita, dado que la juez y el secretario están ahora de vacaciones, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

- Caso Catral. La investigación por la masiva construcción de casas en plena huerta del término de Catral, en suelo no urbanizable y sin licencia de obras, presenta idénticos síntomas de parálisis que los tres casos anteriores. La juez del caso, Natividad Navarro, titular del juzgado número 5 de Orihuela, archivó primero una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). A raíz de la polémica suscitada por la intervención de las normas urbanísticas del municipio por parte del Consell, la magistrada reabrió el sumario a principios del pasado mes de enero. Desde entonces, la juez se ha limitado a tomar declaración a principios de febrero como imputados al ex alcalde, José Manuel Rodríguez Leal, y dos empresarios. La magistrada instructora no se ha pronunciado todavía sobre la nueva batería de pruebas propuesta por la acusación particular que ejerce el colectivo AECU, que demanda la imputación de los cuatro ediles de la comisión de gobierno y nuevos constructores, entre ellos familiares directos del ex regidor.

- Multimillonaria plusvalía en el limbo. Pedro Ángel Mateo, alcalde de Torrevieja, del PP, compró una finca rústica en 2000 por 180.000 euros y la vendió dos años más tarde por 5,4 millones. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número 4 de Torrevieja inició una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El regidor declaró como imputado el 28 de octubre de 2005. Desde esa fecha está pendiente la práctica de la prueba testifical que propone la acusación particular, entre otros, el promotor que vendió y compró la finca al alcalde. Este caso sufrirá un parón añadido al tener que pasar al TSJ porque el alcalde es diputado autonómico.

21. COMUNIDAD VALENCIANA: IMPUTADAS OTRAS DOS EX ALTOS CARGOS DEL PP POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 'CASO FABRA' (25/07/07)

La ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad Dolores Flores y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana Pilar Máñez deberán declarar como imputadas por un presunto delito de tráfico de influencias ante el Juzgado de Nules que instruye las diligencias del llamado caso Fabra. Ambas habrán de aclarar si realizaron alguna gestión para autorizar productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle a cambio de favores políticos.

Sus interrogatorios como imputadas ya habían sido aceptados por la Audiencia pero sólo con la acusación de su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, dada la repercusión que los fitosanitarios otorgados de forma irregular podrían tener en la agricultura. Sin embargo, la acusación particular, que está representada por la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), alegó que su participación fue crucial y que de la actuación de ambas se podían derivar conductas relativas a delitos contra la Administración publica, entre los que se halla el tráfico de influencias. La titular del Juzgado número 1 de Nules rechazó la petición de la UCE, que finalmente la Audiencia de Castellón ha admitido.

Dolores Flores era directora general de Salud Pública en la época en que Celia Villalobos desempeñó la cartera ministerial dentro del Gobierno de José María Aznar. Las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios que, supuestamente, Carlos Fabra trataba de agilizar tenían que pasar, en primer lugar, por el examen del Ministerio de Sanidad. En julio de 2002, la directora general remitió un escrito al presidente de la Diputación de Castellón en el que le "detallaba" los nombres de los productos que ya habían logrado la autorización de Sanidad y que iban a ser remitidos al Ministerio de Agricultura para la aprobación definitiva. Entre los que enumeraba, se encontraban las sustancias para las que el empresario Vicente Vilar esperaba respuesta.

Flores, cuyo fax fue aportado por el propio Vilar al juzgado, explicitaba en el escrito: "En unos días espero que pueda salir la mayoría". Y se despedía con "un abrazo". La propia ex directora general de Salud Pública reconoció que la firma era la suya. Cuando Vicente Vilar implicó a Dolores Flores en el llamado caso Fabra se refirió a ella como "amiga de Ana Botella", a la que el propio Fabra conocía por sus veraneos en Les Platgetes (Oropesa). Flores ocupa actualmente la Dirección General de la Infancia en el Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de Pilar Máñez, su participación se remonta a la época en la que desempeñaba la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana. Según Vicente Vilar, su empresa Naranjax trataba de obtener una autorización como firma gestora de residuos para el tratamiento de pieles y su conversión en abono.

La solicitud se remontaba a 1999, pero la Consejería de Medio Ambiente estuvo durante años poniendo trabas y exigiendo documentación a la empresa hasta que, en enero de 2002, la directora general recibió al propio empresario, acompañado de Carlos Fabra. Dos días antes de la reunión, Vilar remitió a Fabra el informe redactado por sus técnicos y el nombre del técnico de la Dirección General que supervisaba el expediente. El líder del PP de Castellón reconoció ante el juzgado haber asistido a la reunión. Un mes después, la Generalitat valenciana concedió la resolución favorable para la gestión de residuos.

La imputación de las dos ex altos cargos del PP se suma a la del ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milián, el secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, el ex subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez Peral, así como el ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim.

22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL LÍDER EN CASTELLÓN DE LAS JUVENTUDES DEL PP ARREMETE CONTRA FABRA Y DIMITE (27/07/07)

El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) en Castellón, Mariano Sardina, ha presentado su dimisión por desavenencias con el presidente provincial, Carlos Fabra, según confirmaron fuentes del PP. La presidenta regional del colectivo juvenil del PP en la Comunidad Valenciana, Verónica Marcos, aseguró no tener constancia de la dimisión, después de que se conociera que Sardina había criticado duramente las formas empleadas por Carlos Fabra desde la dirección del PP en Castellón, que calificó de "dictadura".

"Se ha convertido en un partido de pensamiento único, aunque por detrás, nunca a la cara, hay mucha gente descontenta", declaró Sardina. "Todo está demasiado jerarquizado y no hay libertad de expresión", añadió. Sin embargo, estuvo todo el día "desaparecido" y no atendió llamadas.

Han tenido que ser los jóvenes del PP, y su cabeza más visible, el presidente de NNGG, quienes se hayan atrevido a desafiar el férreo "poder" que Carlos Fabra ostenta sobre el partido en la provincia. A desafiar y a reconocer que en la ciudad de Castellón "los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaban, aunque nadie se atreve a decir que el caso Fabra ha perjudicado", indicó. Las fuentes consultadas aseguran que el desencuentro entre Sardina y Fabra viene de lejos y que, entre otras cosas, la postura de Carlos Fabra en relación con la Universidad Jaume I y sus dirigentes fue uno de los temas que enfrentó a ambos. "La mala relación se agudizó con la confección de las listas", indicaron las mismas fuentes.

Así, la crítica de Sardina, quien además estuvo vinculado al sector zaplanista, llega en un momento en el que su postura es achacable a una "rabieta" al haber sido excluido de las listas autonómicas en las que sí aparecía en 2003. De hecho ésta fue la argumentación de algunos miembros del PP castellonense que, sin conocer la dimisión, sí admitieron estar al tanto del descontento en NNGG tras la publicación de los nombres que ocupaban las candidaturas.

Según el citado diario, Mariano Sardina decidió dejar su cargo "harto" de la "dictadura" de Carlos Fabra a quien ya remitió un escrito antes de que se celebraran las pasadas elecciones del 27 de mayo en la que le hacía saber su disconformidad con el proceso de elaboración de las candidaturas en las que no se respetaban los cauces para incluir a integrantes de Nuevas Generaciones. Al parecer, el líder del PP le respondió mostrando su desacuerdo con lo que Sardina formalizó su dimisión como presidente de NNGG tras las elecciones

23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP MANTIENE EN EL GOBIERNO VALENCIANO A UN FUGITIVO DE LA LEY (26/07/07)

Este es Emilio Barberá. En marzo de 2006 fue nombrado por el Gobierno regional de la Comunidad Valenciana, en manos del PP, responsable de Universidades de la región, después de que, allá por el año 91, hubiera tenido que dimitir como rector de la Universidad del País Vasco (UPV) y al poco verse obligado a salir de España huyendo de la justicia, que lo perseguía por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. Nadie parece preocuparse por este pájaro que aún vuela en libertad, al amparo de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Emilio Barberá fue rector de la Universidad del País Vasco entre 1985 y 1991, donde, supuestamente, se habrían producido sus primeras actuaciones en contra de la ley. Según describió el periodista Javier Ortiz en su página web, en aquellos años, entre otras lindezas, el rector organizó "desde viajes en pandilla a Nueva York en los que se pagaba todo, hasta la adquisición de cámaras de vídeo, con las tarjetas Visa del Rectorado, hasta renovaciones constantes del césped del campus (que, tratándose de Vizcaya, es fácil comprender que se secaba un mes sí y otro también", ironizó el periodista)

Precisamente, Ortiz, en 1991 y como "enviado imperial" -como él mismo se denominó cuando Pedro J. lo envió al País Vasco- del diario El Mundo  en sus comienzos, destapó los escándalos de corrupción y otros delitos que impunemente había cometido Barberá en su cargo de la universidad pública. El entonces rector intentó sobornar por teléfono a Ortiz para que éste dejara de airear el tema, pero el viejo periodista grabó aquella conversación y al día siguiente la publicó. Tras el descubrimiento de estas informaciones, los estudiantes se movilizaron y empezaron a acudir a clase con camisetas en las que se exigía la dimisión de Barberá, la justicia hizo su trabajo y el Tribunal de Cuentas se puso a investigar el tema.

Emilio Barberá dimitió de su cargo como rector el 3 de septiembre de 1991 y poco después se vio obligado a salir del país ante el acoso de la ley. Pero no se fue con las manos vacías. Según publicó El País en una información el 9 de marzo de 2006, dos días después de presentar su dimisión, el rector en funciones de la Universidad del País Vasco, vicerrector del equipo de Barberá, firmó una resolución injustificada por la que se le reconocía a éste una "licencia retribuida de un año", es decir, que se le pagó alrededor de 35.000 euros que equivalían a un año de su sueldo.

Un colectivo de 101 representantes de todos los estamentos de la UPV se constituyó como acusación particular presentando una querella criminal contra Barberá por las irregularidades detectadas durante su gestión tal y como cuenta El Mundo en una noticia del 25 de enero de 1995. El Tribunal Supremo les dio la razón en 1999 y obligó a Barberá a devolver el cobro ilegal de los 35.000 euros. Sin embargo, éste estaba en paradero desconocido y en su nombre acudieron al juzgado el procurador Xavier Núñez Irueta y el abogado José Antonio Esteban.

Según Javier Ortiz, este sospechoso ex rector se afincó en Canadá hasta que, en marzo de 2006, el Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y obviando su más que turbio pasado, lo nombró Responsable de Universidades de la comunidad. El Consell destacó entonces la trayectoria de Barberá por tener "40 patentes internacionales" y por ser cofundador de diversas empresas de investigación.  

Casi nadie se echó las manos a la cabeza cuando el Consell anunció este nombramiento y aún Barberá sigue impune, ocupando un cargo público después de haberse aprovechado durante 6 años del dinero de todos los españoles. Ante esto, el propio periodista Javier Ortiz, se escandaliza en un post que colgó en su blog el 15 de julio de 2007y pregunta retóricamente: "¿A qué narices se dedica el Partit Socialista del País Valencià? ¿E Izquierda Unida, y San Pito Pato? ¡Un individuo que tuvo que salir huyendo de la Universidad Vasca perseguido por un reguero de corrupción, encargado de los asuntos universitarios de la Comunidad Valenciana, y nadie dice nada!".

24. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS PONE TRABAS A LA DESALADORA DE TORREVIEJA TRAS PERDER EN EL CONSTITUCIONAL (29/07/07)

El Consell que preside Francisco Camps no ceja en su empeño de frenar a toda costa la desaladora de Torrevieja. Tras el varapalo que recibió el pasado martes del Tribunal Constitucional, que confirmó la suspensión del acuerdo del Cosell que paralizó la desaladora por su supuesto impacto negativo, auto que supone avalar la legalidad y el respeto ambiental de la infraestructura, ahora la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado la autorización de vertido de la planta. El consejero José Ramón García Antón asegura que es "una decisión responsable y no política".

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha rechazado la autorización de vertido solicitada por Acuamed para la desaladora de Torrevieja (Alicante), según consta en la resolución dictada contestando al recurso de alzada interpuesto por esta empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, informaron ayer fuentes de la Generalitat en un comunicado. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Agua "da contestación al argumento esgrimido por Acuamed contra la desestimación por silencio administrativo de la autorización de vertido al mar para la planta desaladora de Torrevieja", apuntaron desde el Consell.

La decisión del Consell denegando la autorización de vertido se toma apenas cuatro días después de que el Constitucional rechazara la orden de paralizar la obra por su supuesto impacto negativo. "De su puesta en marcha", asegura el alto tribunal sobre la planta, "no se derivan afecciones medioambientales de tal entidad que justifiquen su prevalencia sobre los intereses generales vinculados a la seguridad del abastecimiento". El tribunal también recordó que en la misma zona donde se construye la planta que promueve Adrián Baltanás, director general de Acuamed, el propio Consell ya ha autorizado "otras instalaciones vinculadas a la prestación de servicios a la población como un hospital, una subestación eléctrica o, incluso, una depuradora".

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, insistió en que "una vez más se demuestra que la actitud del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la construcción de la desaladora de Torrevieja, en particular, y con todas las actuaciones del Programa Agua, en general, está basada en la improvisación y la rapidez por querer poner en marcha actuaciones que no cuentan con todos los permisos y autorizaciones que marca la legislación".

Según explicaron, la Consejería de Medio Ambiente y Agua ampara su decisión en que la competencia para otorgar la autorización de vertido y de determinar las condiciones del mismo "es de la administración autonómica". El objetivo de la consejería es "garantizar que el vertido se realice minimizando la incidencia sobre los valores ambientales de la zona, que es un Lugar de Interés Comunitario (LIC)", señaló García Antón. El consejero manifestó que "como siempre el Ministerio de Medio tiene de dos varas de medir", con respecto a los asuntos que afectan a la Comunidad Valenciana: por un lado "argumentan razones medioambientales, que no se han demostrado para derogar el Trasvase del Ebro o modificar el Trasvase Júcar-Vinalopó y por otro, obvian las afecciones medioambientales que puede generar el vertido de la desaladora de Torrevieja a una zona que es Lugar de Interés Comunitario".

Otro de los puntos que destaca la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente y Agua es que la autorización de vertido "no puede en ningún caso ser condicionada por la Declaración de Impacto Ambiental", emitida por la Administración del Estado, "como pretende Acuamed".

García Antón resaltó que "esta resolución no es arbitraria ni política sino responsable, ya que el Gobierno valenciano no puede permitir que el Ministerio de Medio Ambiente obvie las competencias autonómicas y que al problema del agua en nuestra comunidad lo único que aporte sean soluciones desmesuradas y siempre tomadas desde la unilateralidad y sin la negociación y la llegada a acuerdos con todas las partes".

25. COMUNIDAD VALENCIANA: CALP HARÁ UNA AUDITORÍA PARA ESCLARECER LA DEUDA DE 60 MILLONES (28/07/07)

El gobierno local de Xàbia, un tripartido liderado por el PSPV, ha anunciado la contratación de una auditoria sobre las cuentas municipales para averiguar en qué invirtió el anterior equipo, en manos del PP durante los 12 años con mayoría absoluta, los 60 millones de euros deuda que ha acumulado el Consistorio. El actual equipo de gobierno, integrado por el PSPV, BLOC y PSD, denuncia, además, la pérdida de 424.000 euros del arqueo de caja. El concejal de Presidencia, Joaquim Tur, advirtió que "únicamente podía deberse a que alguien había metido la mano".

Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero "ha desaparecido" de las arcas municipales, comentaba Tur, y "queremos saber dónde ha ido a parar". El PP no ha comentado la denuncia. El edil del área de Hacienda, Fernando Penella, ha matizado que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para los vecinos de Calp".

El equipo de gobierno también echa en cara al PP la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado, y que por tanto permanecen pendientes de pago y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera".

El PP tampoco supo justificar el gasto en Protocolo, por lo que recibieron duras críticas del grupo de gobierno que les acusó de "despilfarro injustificado". Los populares no han dado explicaciones de las facturas que han entrado en el Ayuntamiento por un monto de hasta 80.000 euros en gastos de material o banquetes por 30.000 euros. Y el gobierno se ha mostrado indignado por "el derroche que se ha realizado del dinero público", dijo el alcalde, el socialista Luis Serna.

26. REGIÓN DE MURCIA: LA EMPRESA MUNICIPAL DE AUTOBUSES DE MURCIA ¡OBLIGA A SUS PASAJEROS A ESCUCHAR LA COPE U ONDA CERO! (25/07/07)

La edición murciana de un diario gratuito ha informado sobre una iniciativa en la capital de Murcia que pondrá, sin duda, los pelos de punta a cualquier amante de la pluralidad informativa. La empresa municipal de transportes murciana, Latbus, impone a sus pasajeros y conductores escuchar la COPE y Onda Cero a lo largo de sus trayectos. Una nueva muestra del control de las conciencias –que nos recuerdan novelas como 1984 de George Orwell- que se da en alguno de los feudos populares, como es el caso de la capital murciana, en la comunidad presidida por Ramón Luis Valcárcel.

A los herederos sociológicos del franquismo no parece bastarles ya con el férreo control que ejercen sobre cadenas autonómicas como Canal 9 o Telemadrid; ahora, el adoctrinamiento continuará también en el transporte público. Al menos, eso demuestra este escabroso caso. La noticia ha sido recogida con estupor por un diario digital que ha lamentado cómo el poder mediático de la derecha extrema se va imponiendo en algunas comunidades autónomas y los predicadores Federico Jiménez Losantos y César Vidal van cogiendo más audiencia con la colaboración de empresas como Latbus, la misma que lleva y trae a los ciudadanos de la capital murciana todos los días al trabajo.

Según contaba María Pellicer en 20 Minutos, la empresa municipal de transportes, Latbus, no ha querido dar rodeo alguno: "Ha tapado los radiocasetes con un panel y sólo se puede apagar o encender, pero no cambiar ni ajustar el volumen". Una efectiva medida para evitar todo tipo de disidencia. Según los conductores de los autobuses, "empezaron a hacerlo antes de las elecciones y sólo nos ponen la COPE , Onda Cero o una musical. (…). Los chóferes también se quejan de que el bloqueo de las radios lleva una alarma que alerta a la empresa de que se está manipulando.

Pero no es esta la visión exclusiva de unos conductores enojados: la propia empresa municipal reconoce que impone las emisoras: "Es para guardar una línea y esto ya lo hacen otras compañías. Se pone música y se van cambiando las emisoras. Lo hacemos para dar respuesta a las sugerencias de los viajeros que se han quejado por el volumen de la radio". De este modo, con el objeto de regular el volumen de la radio, se habrían impuesto unas emisoras como obligatorias o fijas, que serían precisamente COPE y Onda Cero.

Pero los conductores de Latbus no piensan ceder y dejar que la empresa les imponga las emisoras de esta denigrante forma. La plantilla ha acordado movilizarse y celebrará el "día del transitor": todos los jueves se subirán con una radio para poner lo que quieran. "Sin molestar y no muy alto".

Según afirman, "no tenemos problemas con los usuarios. Si alguna vez nos han dicho que apagáramos la radio, se ha apagado; si les gustaba la canción, el volumen se ha subido, y si pensaban que la llevábamos muy alta, se ha bajado. Siempre hablando y consensuando las cosas, no imponiendo".

Algunos usuarios del transporte urbano consultados han tachado la medida municipal de "fascista", mientras los más afines a la derecha política y mediática otros lo ven normal porque "la COPE es la mejor emisora y la que más se escucha". Losantos "es nuestro guía y dice las verdades del barquero, por eso es bueno que la gente sepa de las mentiras de los socialistas", dijo una mujer de mediana edad, M. Montoya, cuyas mañanas se han visto mejoradas por esta democrática medida.

27. ISLAS BALEARES: LOS MATUTES. PROBLEMAS DE FAMILIA (22/07/07)

"Energúmeno" y "mico". Así denominó el ex ministro de Exteriores Abel Matutes al ecologista Albert Prats, por ser contrario a las polémicas autovías de Ibiza, que gestionaba su hija Estela Matutes, cuando era consejera del consejo insular. El ex ministro y empresario aseguró que Prats debía ser "exhibido en un zoológico o un circo". Tras las elecciones, Albert Prats ocupa, precisamente, el despacho de Estela Matutes, porque es el nuevo consejero de Medio Ambiente en el Gobierno del PSOE-Eivissa pel Canvi. Ibiza votó y determinó el cambio en Baleares.

El PP y los Matutes, tradicionales potentados insulares con negocios en medio mundo, han perdido el poder político en su feudo de Ibiza y, al tiempo, han sufrido otro revés; la Fiscalía ha denunciado a Estela Matutes en una causa por supuesta corrupción que afecta a otros tres cargos conservadores.

Un Matutes pasará por un juzgado como imputado. Estela, según el escrito del fiscal Adrián Salazar, mientras era consejera, votó un plan urbanístico de Ibiza adaptado a un contrato privado de venta de terrenos que "beneficia directamente a sociedades en las que ella y sus familiares tienen interés económico directo". La acusación cita los supuestos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

El patriarca de la estirpe Matutes, que apela siempre a "las buenas gentes de Ibiza", desarrolló los negocios familiares y su carrera política en paralelo. Desde los años setenta, Abel Matutes fue alcalde de Ibiza con Franco, senador y diputado con Manuel Fraga, comisario de la UE y ministro con José María Aznar.

Con 300 años de actividad en Ibiza, los Matutes son navieros, banqueros, constructores, principalmente hoteleros y tienen un gran capital latente, son terratenientes. Hasta poseen un islote privado, Sa Conillera. El escándalo judicial estalla por la venta para su explotación inmobiliaria a Realia Bussines de unas parcelas de 75.000 metros cuadrados, situadas ante el mar -y el islote-, por más de 26,4 millones.

"El asunto está bien atado", aseguran conocedores de los intestinos jurídicos y urbanísticos del caso, abierto tras el 27-M. El fiscal Adrián Salazar trabó la acusación durante meses de investigación y con datos proporcionados por el Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN, al que está relacionado el activista y ahora consejero Albert Prats.

Los Matutes vendieron los solares a expensas de una decisión política del PP, con "una condición suspensiva consistente en la aprobación y publicación del plan territorial de Ibiza antes de tres años y que dicho plan establezca que el suelo pase de nuevo a ser apto para urbanizar". Las posibilidades de construcción se multiplicaron. La edificabilidad creció más del 200%.

Dicho, escrito y hecho. Estela Matutes, copropietaria a la vez que consejera aprobó el plan territorial, que contempló, anota el fiscal, "una modificación ilegal y arbitraria del uso urbanístico de unos terrenos". Votó a favor de la modificación especificada, "que entrañaba la obtención de notables plusvalías económicas" para su familia. Los Matutes y Realia pactaron además lanzar juntos un gran puerto deportivo anejo en Sant Antoni, rubricado en el plan.

El cambio político de Ibiza y Baleares y la causa judicial pone en dificultades algunos de sus negocios proyectados, entre ellos, un campo de golf en playa d'en Bossa, con 200.000 metros cuadrados de tierras de las expropiaciones de las autovías por las que un juez investiga un supuesto enriquecimiento ilícito.El golf de Matutes se debe regar con aguas depuradas, cuyas conducciones fueron subvencionadas para uso de una comunidad de regantes agrícolas. Matutes lidera, es el principal dueño de los ya ex huertos. El gobierno de Aznar de 1996 y el último de Baleares de Jaume Matas de 2007 acordaron resoluciones sobre el golf.

28. ISLAS BALEARES: EL IMPERIO MATUTES Y LAS POLÉMICAS AUTOVÍAS (22/07/07)

Empresario y político, Abel Matutes, se jactó de que nunca ninguna de sus empresas "fue objeto de expediente alguno de defraudación de impuestos ni de ocultación". Por norma, desde 1977, no acuden "a ningún tipo de subasta pública ni concurren a la prestación de obras y servicios de la Administración".

Las controvertidas autovías de Ibiza, para Matutes, su hija Estela y el PP eran "imprescindibles para el bienestar y el futuro de Ibiza" pero han conseguido extender la sospecha. Su sociedad, Suministros Ibiza, compró una cantera a medias con una de las concesionarias, MAB, y el ex ministro es consejero de otra explotadora de las autovías, FCC. Una de sus fincas fue expropiada como urbana tras ser comprada antes a precio de rústica. Se multiplicó por 15 su valor.

"Don Abel" se pasea con su cesta payesa, de hippie y con un Rolls Royce blanco, y navega con los Aznar en su Aiglon (un gran yate que alquila en el Caribe a 13.145 euros al día). Ha sobrevivido al hundimiento de sus socios, Javier de la Rosa, Mario Conde y Giancarlo Parretti. Vendió su Banco de Ibiza-Abel Matutes a la caja valenciana CAM, está en la multinacional del turismo Tui, en el consejo del Santander y tiene a la vez parte en las navieras Baleària y Acciona. En Italia entró en el banco Sanpaolo y era consejero siendo ministro. Trató con el Aga Jan de urbanizaciones en Ibiza.

Los Matutes se titulan "uno de los mayores grupos empresariales españoles". La cadena hotelera Fiesta se extiende por Brasil y Portugal, tras desarrollarse en México, Santo Domingo, Jamaica y Sicilia. Tienen en venta seis hoteles en Canarias y Mallorca. Poseen dos de las grandes discotecas, Space y Privilege. Y la distribuidora que suministra todas las bebidas de la isla, hasta el agua.

29. ISLAS BALEARES: EL SINDICATO MAYORITARIO DEL CONSISTORIO SE SUMA A LAS CRÍTICAS CONTRA LOS ASESORES (25/07/07)

El personal laboral del ayuntamiento de Calvià ha empezado a alzar su voz contra la política de contratación de asesores y cargos de confianza que aplica el alcalde Carlos Delgado (PP). Si ante fue CCOO, el sindicato mayoritario en el consistorio calvianer, el STEI-i, remitió un comunicado en el que califica de "prepotente e injustificada" la subida de sueldos de los políticos municipales y la contratación de cuarenta asesores por parte del primer edil.

Los representantes del sindicato con más peso en el consistorio manifestaron así su "protesta y disconformidad" tanto por la subida de sueldos que ha decretado el alcalde para él (cobrará 90.000 euros brutos anuales) y el resto de políticos del Ayuntamiento, como por la contratación de los cuarenta asesores, muchos de los cuales, según el STEI-i, "son absolutamente superfluos e innecesarios para la gestión municipal y para los intereses de los ciudadanos".

El STEI-i recuerda que durante la pasada legislatura los sindicatos lanzaron propuestas de mejora retributiva para los funcionarios, pero el equipo de gobierno informaba "de forma reiterada" que el presupuesto destinado a recursos humanos "no era ilimitado" y que "había que adaptarse a una gestión de contención del gasto". En este sentido, el citado sindicato "adaptó sus reivindicaciones a estas circunstancias, porque el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos", pero ahora "no puede entender" que, una vez conseguida la mayoría absoluta por parte del PP, "todos estos factores condicionantes no tengan validez cuando se habla de las retribuciones y contrataciones de políticos y cargos de confianza".

Este sindicato asume que una de sus funciones es "denunciar la mala gestión o el abuso en la disposición de dinero público", por lo que considera que "no es de sentido común" que los políticos "se aumenten el sueldo un 50 por ciento ni la contratación de tantos asesores, muchos de los cuales desempeñarán una actividad de poco contenido que no se corresponde de ninguna manera con el sueldo desorbitado que se les atribuye".

El STEI-i cree que este tipo de actuaciones de los políticos "generan desconfianza entre los ciudadanos respecto a la gestión de la cosa pública y de los crecientes impuestos que deben pagar los contribuyentes". A su entender, "la política no puede convertirse en una repartidora de cargos".

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