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( Del 23 AL 30 DE JUNIO del 2007 )

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ÍNDICE

1. RAJOY AMENAZA: "NO ME IRÉ A CASA SI PIERDO LAS ELECCIONES"

2. RAJOY PONE AL GOBIERNO ULTRA DE POLONIA COMO EJEMPLO A SEGUIR

3. RAJOY CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR "PRESUMIR DE PACIFISMO"

4. EL PP RECURRE AL CONSTITUCIONAL LA LEY DE IGUALDAD POR LAS LISTAS ELECTORALES PARITARIAS

5. RATO DESATA LA ESPECULACIÓN SOBRE SU VUELTA A LA POLÍTICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR QUE DEJA EL FMI

6. OREJA, AÑO 2000: "ESTARÍA DISPUESTO A SENTARME CON ETA"

7. NUEVA BRONCA DE PUJALTE EN EL CONGRESO

8. GALICIA: BALTAR DEJÓ EN EL AYUNTAMIENTO A DECENAS DE FUNCIONARIOS QUE NO CABEN EN LA DIPUTACIÓN

9. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA "ENTORPECE" AL DEFENSOR DEL PUEBLO

10. ANDALUCÍA: LA ALCALDESA DE MARBELLA EXCLUYE A LA OPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

11. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE BARBATE TIENE UNA DEUDA DE 70 MILLONES DE €

12. ANDALUCÍA: EL TENIENTE FISCAL DE MÁLAGA ADVIERTE DE LA GRAVEDAD DEL 'CASO ALHAURÍN'

13. ANDALUCÍA: EL PP PRESIONA A SU EDIL DÍSCOLO DE SANTIAGO-PONTONES CON UN ENCIERRO

14. COMUNIDAD DE MADRID: EL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ HACE 15 AÑOS EL REPARTO DE SENADORES QUE AHORA IMPONE EL PP

15. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS LLEGAN A LOS TRIBUNALES

16. COMUNIDAD DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO ACAPARA DOS CARGOS PRIVADOS Y UNO PÚBLICO (23/06/07)

17. COMUNIDAD DE MADRID: EN LEGANÉS NO HABÍA CASO

18. COMUNIDAD DE MADRID: DESBANDADA EN LA ESCUELA PÚBLICA

19. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN MULTIPLICA LA DEUDA POR CINCO EN SU PRIMER MANDATO, HASTA 5.800 MILLONES

20. COMUNIDAD VALENCIANA: GREENPEACE DENUNCIA LOS PLANES PARA EDIFICAR 466.000 VIVIENDAS EN EL LITORAL VALENCIANO

21. COMUNIDAD VALENCIANA: LA PENÚLTIMA ADVERTENCIA DE BRUSELAS

22. COMUNIDAD VALENCIANA: LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES

23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUPREMO AFIRMA QUE EL ALCALDE DE VILA-REAL NO MERECE EL INDULTO

24. COMUNIDAD VALENCIANA: DIEZ LETRADOS DE FAMILIAS DEL ACCIDENTE DEL METRO SOLICITAN A LA AUDIENCIA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN

25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ LLAMA COMO IMPUTADOS A 31 EMPADRONADOS EN ARGELITA

26. ISLAS CANARIAS: COALICIÓN CANARIA SE DISUELVE COMO GRUPO Y SUS TRES DIPUTADOS PASAN AL MIXTO

27. ISLAS BALEARES: MATAS CONTRADICE LA PALABRA DE RAJOY

28. ISLAS BALEARES: MARÍA DE LA PAU JANER RENUNCIA A SU ACTA DE DIPUTADA EN BALEARES

29. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE POPULAR DE CALVIÀ SE SUBE EL SUELDO UN 50%

30. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE PEPERO DE MARRATXÍ SE SUBE EL SUELDO UN 27% Y COBRARÁ 65.000 € ANUALES

31. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE SALAMANCA NO QUIERE BANDERAS GAY EN SU AYUNTAMIENTO

32. REGIÓN DE MURCIA: UNA DIPUTADA SOCIALISTA Y SU FAMILIA ABANDONARON VILLANUEVA ANTE EL ACOSO DEL ALCALDE

33. EXTREMADURA: EL PASADO FRANQUISTA DEL EX ALCALDE DE CÁCERES

34. CANTABRIA: LOS REGIONALISTAS DENUNCIAN POR TRÁNSFUGA A SU ALCALDE EN CASTRO URDIALES

35. MELILLA: CINCO PERSONAS RELLENARON CIENTOS DE SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO EN MELILLA


1. RAJOY AMENAZA: "NO ME IRÉ A CASA SI PIERDO LAS ELECCIONES" (24/06/07)

Promete poca tregua a Zapatero y no dimitirá. El líder del PP, Mariano Rajoy, preguntado por los periodistas del diario El Mundo en un Foro de ese periódico, deja claro que la supuesta tregua concedida al Ejecutivo no es más que un ardid para controlar la Comunidad Foral de Navarra. Con respecto al futuro, Rajoy habla tanto de su victoria como de su derrota: contempla pactos con los nacionalistas conservadores, aunque no se atreve a explicar las contradicciones que esta conducta llevaría consigo. Sin ganas de meterse en los agujeros negros del 11-M, Rajoy recupera el dóberman, hablando de una supuesta conspiración audiovisual en su contra, y lanza un aviso para navegantes: si pierde, no se marchará a su casa. Una frase que, más que dirigida a la oposición, va encaminada a dejar las cosas claras en su partido: el designado por Aznar no se bajará del trono hasta que, quizá, sea el mismo figurante de Azores el que le dé la siguiente instrucción.

Preguntado por El Mundo, Mariano Rajoy dejó entrever lo que era ya fácil sospechar hace dos semanas: que la supuesta tregua que el líder de la derecha ha dado al Gobierno tiene el objeto principal de mantener para el PP el control de la Comunidad Foral de Navarra: "Es el asunto más importante que tiene planteado en estos momentos la sociedad española (…) En Navarra no estamos sólo hablando de carreteras u hospitales, sino de su estado jurídico, de si queremos o no queremos que Navarra deje de estar integrada en España". Aun siendo tan importante mantener el estatus de la comunidad foral, Rajoy se sigue negando en rotundo a aceptar ningún pacto con el PSN que no lleve a su UPN a la presidencia.

Un pacto, el de la leve tregua que se prometía hace dos semanas, empañado por la escasa confianza que el líder de la derecha demuestra tener hacia el presidente: "Mi confianza es muy limitada". Un acuerdo, además, condicionado a la "ilegalización de ANV". Aun con todo, Rajoy promete no excluir del debate en el Parlamento "un tema que importa a todos los españoles". Es decir, que la lucha contra ETA seguirá siendo la principal argumentación de los populares en la Cámara. No más "preguntas absurdas", por tanto.

Tras pedir que gobierne la lista más votada y escurrir el bulto en el caso de Canarias –donde el socialista Juan Fernando López Aguilar, tras su espectacular victoria, quedará fuera por un pacto entre nacionalistas y populares-, Rajoy justifica su mala valoración entre los ciudadanos por una supuesta conspiración audiovisual: "Mi adversario en este momento no es tanto el Partido Socialista como las televisiones (…) Al final, lo que vamos a ver en los próximos meses es lo del dóberman multiplicado por tres (…) La campaña que vamos a vivir los próximos meses va a ser una campaña en toda regla contra el Partido Popular".

Rajoy, que da por hecho pactos con CiU o el PNV para gobernar en España –la mayoría absoluta es impensable-, prefiere esquivar la contradicción de tener un recurso en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán, apoyado por CiU y mostrarse dispuesto a llegar a acuerdos con los nacionalistas: "No voy a entrar ahora en esas disquisiciones". Por otro lado, el líder del PP respondió tajantemente sobre su futuro ante una posible derrota: "No me iré a casa si no gano las elecciones". Todo un aviso a navegantes, dirigido a ciertos cargos del PP que se podrían perfilar como una alternativa posible para la sucesión en el partido que liderara José María Aznar: tanto Gallardón como Aguirre podrían estar postulándose como amenazas contra Rajoy, en caso de perder las generales.

Preguntado por la autoría del 11-M y sus agujeros negros –no olvidemos que la entrevista se realiza en la principal fábrica de sueños relacionada con tal masacre-, Rajoy, quizá por la cercanía de las elecciones generales y el derrumbe de la teoría de la conspiración, quiere manifestar que tiene "dudas", pero repite como un mantra que su opinión es "lo que digan los tribunales".

2. RAJOY PONE AL GOBIERNO ULTRA DE POLONIA COMO EJEMPLO A SEGUIR (23/06/07)

El líder del PP, el moderado Mariano Rajoy, ha elogiado la radical defensa que Polonia ha realizado de sus intereses nacionales en la reunión del Consejo Europeo donde se ha debatido el nuevo Tratado de la Unión. Una conducta que debería, según el presidente del PP, servir como ejemplo para España y su gobierno socialista. Rajoy olvida quizá olvida que esa actitud extremista es llevada a cabo por un Gobierno ultraconservador que está consiguiendo poner en su país seriamente en cuestión el concepto de democracia occidental.

Rajoy no ha manifestado si desea o no el modelo político polaco para España: persecución policial del top less, de los homosexuales y de funcionarios vinculados al régimen predemocrático, un proceso, este último, que dejaría en España la Ley de la Memoria Histórica como un auténtico chiste, con los peperos como mayores perjudicados. En cambio, para el líder de la derecha, la "contundencia" de los polacos en el Consejo de Europa sería algo bueno, porque habría llevado a España a recuperar el peso y los votos que tenía en el Consejo cuando Aznar era el presidente de España.

El líder de la oposición, que utilizó la conducta de los polacos -totalmente intransigentes en el proceso de negociación- para cargar contra el Ejecutivo socialista, se deshizo en elogios sobre la beligerancia de los representantes del país ex comunista: "Polonia no renunció a defender sus intereses y ganó la batalla, y con ella la ganó España, porque tenemos un número parecido de habitantes y, por tanto, de votos".

Pero ni siquiera Polonia habría salvado a España de la incompetencia de los socialistas en la negociación de los fondos europeos, ya que Polonia "no defendió los intereses de España, sino los suyos, como es natural", y España ha perdido "muchos fondos en relación con el periodo anterior".

Por último, el designado por Aznar para liderar la oposición al Gobierno quiso dejar clara la afinidad entre el PP y el Ejecutivo ultraconservador: "Cuando se defiende con contundencia, como hizo el PP en su día y como han hecho ahora los polacos, los propios intereses, al final uno saca réditos". Si se dice que las comparaciones son odiosas, también se podría decir que pueden ser sumamente inoportunas.

3. RAJOY CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR "PRESUMIR DE PACIFISMO" (25/06/07)

El presidente del PP, Mariano Rajoy, no ha tardado ni 24 horas para cargar contra el Gobierno por la muerte de seis soldados del contingente español en Líbano. El líder de la oposición afirmó que las tropas españolas están en aquel país en un "escenario de guerra" y por ello es "absurdo ocultarlo para presumir de pacifismo", por lo que pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que comparezca en el Parlamento para explicar todo lo referente a su seguridad. Además, anunció que retomará el tema de ETA en el Debate del estado de la Nación. Durante un discurso ante los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, Rajoy exigió "transparencia" a Zapatero sobre el envío de tropas a países como Afganistán y Líbano tras el "asesinato" de seis soldados del contingente español en un atentado terrorista. Rajoy tildó de "absurdo" que el presidente del Gobierno pretenda ocultar el clima bélico de Líbano o Afganistán "para presumir de pacifismo" y recalcó que "el Ejército no es una ONG".

Finalmente, subrayó que le corresponde "a Zapatero y sólo a Zapatero" dar las explicaciones pertinentes en las Cortes Generales, ya que el presidente del Gobierno es "el máximo responsable" de la política de defensa. Además de Líbano, el líder de los ‘populares’ advirtió que piensa utilizar su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nación para exigir al presidente que cumpla con su "obligación" de explicar a los ciudadanos si hay o no pactos con ETA, porque no resulta "democrático ni justo" ocultar lo ocurrido en los últimos años. "Tiene la obligación de explicar qué va a hacer en el futuro y de decir que el proceso ha terminado y que en ningún caso va a abrir un nuevo proceso de negociación con ETA. En ningún caso".

Con ello, Rajoy retoma la lucha antiterrorista en el debate político, a pesar de la supuesta ‘tregua’ dada tras la reunión con el presidente del Gobierno tras la ruptura del proceso de paz. Asimismo, aprovechó la ocasión para anunciar que el director de la campaña electoral con la que el PP se presentará a los próximos comicios será Pío García-Escudero, quien dirigió el trabajo previo a las últimas municipales y autonómicas.

4. EL PP RECURRE AL CONSTITUCIONAL LA LEY DE IGUALDAD POR LAS LISTAS ELECTORALES PARITARIAS (26/06/07)

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición de la Ley de Igualdad que impone la paridad de las listas electorales, de modo que ninguna de las candidaturas tenga más del 60% ni menos del 40% de cada sexo. Esa disposición, que ya entró en vigor en las últimas elecciones locales, ha llevado a miles de mujeres a los ayuntamientos.

En el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, el PP razona que ese aspecto de la ley supone "una clara restricción de la libre actividad" de los partidos en la formación de candidaturas y va contra la libertad de ideología e incluso el pluralismo político. En su opinión, "la protección de la mujer por sí sola no es razón suficiente para justificar la diferenciación". "Si es constitucionalmente aceptable que la mitad social femenina se refleje obligatoriamente en las candidaturas, con igual razón podrían exigir ese beneficio otras categorías o segmentos sociales: los ancianos (cada candidatura debería reservar un porcentaje de puestos a candidatos mayores de 65 años), los jóvenes, los discapacitados y así sucesivamente", apunta.

El PP cree que se vulnera la Constitución en lo que se refiere a la prohibición de discriminar en razón de sexo a quienes quieren concurrir a las elecciones y por "la extralimitación legislativa en la expresión del pluralismo político de los partidos y el libre ejercicio de su actividad".

Los populares también ven en la norma una "limitación ilegítima" de la capacidad de elegible, que "afecta de manera general a la libertad de ideología y a la difusión del pensamiento". De este modo, advierten de que se altera el sistema electoral español con las cuotas exigidas.

El PSOE acusó al PP de "atentar contra la conquista de derechos reales de las mujeres" con este recurso. La secretaria de Igualdad socialista, Maribel Montaño, aseguró que el PP pretende "obstaculizar la presencia de las mujeres en las instituciones públicas". "El PP debería explicar a las mujeres candidatas de su partido y que han sido elegidas por la ciudadanía tras las últimas elecciones municipales y autonómicas que su presencia en las instituciones públicas es considerada ilegal por sus compañeros", agrega.

5. RATO DESATA LA ESPECULACIÓN SOBRE SU VUELTA A LA POLÍTICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR QUE DEJA EL FMI (29/06/07)

Justificada como una decisión motivada por razones estrictamente personales, la sorprendente dimisión ayer de Rodrigo Rato como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) ahonda la crisis de los organismos financieros internacionales basados en Washington y devuelve al escenario español a una figura con capacidad de influir poderosamente, tanto en su propio partido como en la situación política general. "Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente en lo que respecta a la educación de mis hijos, son las razones para abandonar antes de lo esperado mis responsabilidades en el Fondo", asegura Rato en una declaración escrita remitida al Consejo Ejecutivo del FMI.

Rato precisó que dejará el puesto en octubre, después de la conferencia anual de gobernadores de esa institución, casi dos años antes de que venza el periodo de cinco para el que fue elegido. Esa misma versión fue repetida ayer por varios colaboradores y amigos de Rato, que insistían en que la situación personal del director general, que vive solo en Washington, se había convertido desde hacía tiempo en una preocupación constante y podría llegar a distraerle de sus obligaciones en la compleja institución que dirige. Rato tiene dos hijos en edad escolar y una hija de 19 años que residen con su madre en Madrid, aunque pasan algunas temporadas con él en Estados Unidos. Además de eso, personas con acceso frecuente a Rato afirman que nunca había llegado a integrarse en el restringido mundo social y político de esta capital, y que su interés y sus preocupaciones, siempre han estado en España.

6. OREJA, AÑO 2000: "ESTARÍA DISPUESTO A SENTARME CON ETA" (26/06/07)

El ex ministro popular ha construido en torno a la firmeza su discurso político, una imagen que utiliza para insistir en que lo de 1999 fue una "tregua trampa", de la que había avisado, mientras que el Gobierno de Zapatero ha negociado ahora con ETA como parte de un plan para desalojar al PP del sistema político.

En el libro Esta gran nación, fruto de sus conversaciones con el periodista de ABC César Alonso de los Ríos, insiste en esta teoría, aunque también habla de "ingenuidades" del Gobierno Aznar para justificar sus contactos con la banda terrorista. El discurso de Mayor vuelve a tambalearse al recurrir a la hemeroteca.

Ahora insiste una y otra vez en el error de negociar con ETA, pero cuando Mayor Oreja formaba parte del Gobierno no pensaba igual. El 30 de enero de 2000 y ya rota la tregua que la banda inició tras la llegada de Aznar al poder, el entonces ministro de Interior declaraba, según una entrevista recogida por El Diario de Sevilla, que "estaría dispuesto a sentarme con ETA" de nuevo. Entonces señalaba que parecía lejano porque se esperaban atentados inminentes, pero que si no había muertes y los terroristas declaraban "otra tregua indefinida, que lo harán, evidentemente se habrá creado otro escenario".

La hemeroteca no evita que Mayor insista una y otra vez en que el Gobierno actual ha cometido un error al hablar con ETA, lo que vuelve a hacer en el libro Esta gran nación, donde asegura que el proceso de paz intentado por Zapatero responde a un intento "de destrucción del actual régimen constitucional" y al "reparto de poder entre ETA, el PNV y los socialistas".

Subraya en el libro que "el error terrible del Gobierno es iniciar un proceso de negociación con los terroristas, lo que significa una torpeza infinita" y que él siempre ha mantenido que ETA "es una organización totalitaria" que "nunca cambiará como nunca lo habría hecho Hitler". Y, sin embargo, pocas páginas antes, cuando analiza las negociaciones del Gobierno popular con la banda, señala que "al principio cometimos algunas ingenuidades" como que "hicimos una veintena de aproximaciones de presos".

Mayor defiende a Aznar por hablar de ETA como Movimiento de Liberación Nacional Vasco: "La expresión MLNV es la precisa, la acertada. Yo la utilizo con frecuencia".

7. NUEVA BRONCA DE PUJALTE EN EL CONGRESO (26/06/07)

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, el primer y único diputado expulsado del pleno del Congreso en la historia de la democracia, ha estado este martes a punto de recibir el mismo castigo un año después por parte del presidente del Congreso, Manuel Marín. El incidente se produjo durante el debate de una moción presentada por el grupo popular en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía cuando Martínez Pujalte, según Marín, ha comenzado a "gritar y a faltar al respeto" a la diputada que en ese momento se encontraba en la tribuna de oradores, Laia Cañigueral, de ERC. Pujalte increpaba a la diputada de ERC Laia Cañigueral por decir "no entiendo cómo un demócrata puede estar en contra de estos contenidos". "Esta pequeña no me da lecciones de democracia", ha dicho Pujalte, según ERC

Marín ha acusado a Pujalte de "faltar al respeto a sus colegas" con estas actitudes y le ha espetado que no podía hacer "desde la escalera" el comentario que acababa de escucharle. "Le llamo al orden, señor diputado. Es lamentable esta forma de conducirse, todas las semanas y todos los días faltando al respeto a sus colegas. Haga el favor de estarse tranquilo".

Tras llamar al orden a Pujalte hasta en dos ocasiones, el presidente del Congreso ha advertido al parlamentario popular de las consecuencias de una tercera advertencia, ya que implica la expulsión. Después de este episodio, el grupo popular ha protestado a Marín por un "gesto grosero" emitido poco antes desde la bancada contraria. Sin embargo, el presidente ha lamentado no poder adoptar medida alguna porque al contrario que en el caso de Pujalte, no había visto nada.

Al final, Marín ha vuelto a darle el turno de palabra de Cañigueral, quien ha aprovechado para dirigirse a los populares: "Quizás les convendría más de lo que piensan cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía", ha terciado la diputada de ERC, que precisamente defendía esta materia en el debate para la supresión de la misma que el PP había planteado a través de una moción. El comentario de la republicana arrancó risas y aplausos en el Salón de Plenos.

Vicente Martínez Pujalte fue expulsado del pleno del Congreso el 11 de mayo de 2006 durante un bronco debate desarrollado tras la condena de tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP.

8. GALICIA: BALTAR DEJÓ EN EL AYUNTAMIENTO A DECENAS DE FUNCIONARIOS QUE NO CABEN EN LA DIPUTACIÓN (24/06/07)

La política de contrataciones de la Diputación de Ourense estaba extendida por el Ayuntamiento. Varias decenas de personas contratadas como Agentes de Desarrollo Local (ADL) por la institución provincial fueron "transferidas" a la municipal ante la imposibilidad de encontrarles espacio en las dependencias del pazo provincial. Pero en el Ayuntamiento tampoco caben. El grupo de gobierno del PP ideó una fórmula para mantenerlos: la permanencia por turnos. Las sillas están siempre ocupadas, pero con distintos usuarios a lo largo de cada jornada. Ahora, socialistas y nacionalistas, coligados en el gobierno local, se los encuentran por todas partes, no saben cuántos son ni tampoco qué hacer con ellos. "¡Mientras pague Baltar...!", señalan entre jocosos y resignados.

El nuevo grupo de gobierno no da crédito. Decenas de personas -de momento no pueden cuantificar el dato- ocupan plazas inexistentes en la institución local orensana. Todas ellas fueron contratadas como ADL por la Diputación y traspasadas al Ayuntamiento de la capital cuando ambos organismos estaban gobernados por el PP. Entre los contratados figuran personas vinculadas al PP e incluso algunos alcaldes electos de la provincia.

Pero la institución local, en la que el crecimiento de personal en los últimos meses ha sido notable -se celebraron dos procesos de oposiciones en los últimos cuatro meses, y las pruebas finalizaron un día antes de constituirse la nueva corporación- no tiene infraestructura suficiente para dar cabida a tanto empleado, por mucho que carezcan de cometido. Éste parece haber sido el motivo que llevó al anterior gobierno local a idear un sistema de sillas calientes. Varias personas ocupaban la misma plaza, pero en turnos horarios distintos. Fuentes del Ayuntamiento sostienen que, para organizar estos turnos, los usuarios dejaban su puesto vacante por espacio de unas horas "y se daban una vuelta por la ciudad; iban a tomar café o a hacer recados". Después regresaban y salían los otros.

El nuevo alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, expresa su sorpresa: "Vaya por el departamento que vaya, me encuentro a cuatro o cinco personas que dicen que son de la Diputación y que no sé qué cometido tienen aquí".

El alcalde ha pedido a los distintos departamentos municipales el dato exacto de los trabajadores transferidos por la institución provincial. "Pero no constan en ningún lado, así que aún no sé si son 40 ó 400", señala. Para esclarecer el misterio de los trabajadores fantasmas, el regidor sostiene que, como último recurso, llamará mañana al jefe de Personal de la Diputación. "Más que nada para saber de qué dispongo, porque a lo mejor hay alguna lumbrera y nos conviene aprovecharla... gratis, claro", ironiza.

Con malestar, pero también con resignación, han aceptado PSOE y BNG la herencia de funcionarios que el PP dejó colocados en el último momento. El alcalde lamenta que hasta el último día se hayan estado celebrando exámenes para dotar al Ayuntamiento de nuevo personal, en su mayoría vinculado al PP. "Y, aunque todos los puestos son igual de dignos, con las últimas oposiciones, celebradas incluso después de las elecciones del pasado 27-M, el PP cubrió 12 plazas de asesores jurídicos, arquitectos y otros funcionarios del grupo A, el de mayor nivel", que a partir de ahora ejercerán como técnicos asesores del nuevo gobierno local.

El ex concejal de Personal, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, del PP, confirma este hecho señalando que es "absolutamente legal" haber finalizado el proceso de exámenes con otro gobierno electo y advierte que su hermano, admitido para presentarse a la plaza de arquitecto, decidió finalmente no concurrir a la prueba en cuanto este periódico hizo público su parentesco. "Fue para no perjudicarme", alega. Nóvoa -quien siendo concejal se hizo con una plaza de funcionario en la Diputación y tiene a varios familiares contratados en el Ayuntamiento, en donde ha sido hasta ahora responsable de Personal y presidente de los tribunales de las oposiciones- vaticina que no prosperará ninguna demanda contra su proceder. "No hemos hecho nada ilegal", sostiene.

A este respecto, el alcalde confía en que prospere el recurso presentado por la CIG contra la composición del tribunal -integrado por concejales del grupo de gobierno saliente- para que se desestime el proceso. "Desde luego", afirma, "es la primera vez en la historia que después de celebradas unas elecciones, y un día antes de que se constituya la nueva corporación, se celebran oposiciones" en una institución.

9. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA "ENTORPECE" AL DEFENSOR DEL PUEBLO (26/06/07)

El Defensor del Pueblo (nacional) se ha quejado en su último informe anual de la actitud del Ayuntamiento de Málaga que llega a considerar de "entorpecedora" con su labor por la falta de colaboración en la tramitación y resolución de asuntos. Esta situación sólo se da con otro ayuntamiento de capital de provincia, Burgos. La relación total de administraciones locales no colaboradoras con el Defensor del Pueblo llega a 23, entre las que se incluyen dos andaluces de La Carolina (Jaén) y Benalmádena (Málaga).

En el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga, el Defensor del Pueblo se queja de que el 5 de septiembre de 2005 le requirió una información sobre la queja de un ciudadano respecto a construcciones ilegales en la ciudad. Desde entonces, la institución hizo al consistorio que preside Francisco de la Torre otros dos requerimientos sin ningún resultado, por lo que el 10 de enero de 2007 tuvo que cerrar el expediente sin poder resolver la queja.

Además, en el mismo informe anual de 2006, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto la "deficiente" colaboración del Ayuntamiento de Málaga por otra consulta a la que tardó ocho meses en contestar. Cuando finalmente el Defensor recibió la información municipal, realizó una recomendación al consistorio que tampoco tuvo respuesta, por lo que pensó que había sido rechazada. Finalmente, y también con retraso sobre los plazos previstos, el Ayuntamiento comunicó que la aceptaba.

Y es que llueve sobre mojado, porque en los últimos informes anuales el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la poca colaboración que recibe del Ayuntamiento de Málaga. En 2003, por ejemplo, se quejó de que el consistorio esperó hasta el tercer requerimiento para contestar una consulta sobre la conservación de unas instalaciones deportivas. En el informe de 2005 constató otras dos dilaciones, una relativa a una información sobre la conservación del acueducto de San Telmo, que no fue enviada hasta nueve meses después de solicitarse, y otra sobre las expropiaciones para las obras de ampliación del aeropuerto que tardó 20 meses en contestar.

El artículo 18 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo concede a las administraciones un plazo de 15 días para contestar consultas de la institución, aunque puede prolongarse en función de las circunstancias.

10. ANDALUCÍA: LA ALCALDESA DE MARBELLA EXCLUYE A LA OPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES (23/06/07)

El nuevo equipo de gobierno de Marbella tomó en su primer pleno una polémica decisión: excluir a los grupos de la oposición de los consejos de administración de las nueve sociedades municipales, donde sólo habrá consejeros del PP. Para PSOE e IU, la medida pone en entredicho las promesas de transparencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y es más propia del "puro estilo gilista". El pleno fijó un sueldo de 4.736 € mensuales para la alcaldesa, un recorte del 45% que de momento sólo tiene valor simbólico porque Muñoz ha optado por cobrar el salario que le corresponde como diputada.

Para el portavoz del PSOE, Paulino Plata, la exclusión de los grupos de la oposición es "muy grave" porque le impide el control de las sociedades, que gestionan en torno a la mitad del presupuesto municipal, y es "reproducir la pauta de lo que hacía Gil, que quiso crear un ayuntamiento paralelo". Plata recordó que en la gestión de las sociedades municipales es donde los gobiernos gilistas cometieron el grueso de las ilegalidades."Es enormemente sospechoso", denunció el portavoz socialista, quien lamentó que la medida "afecta enormemente a la transparencia y al crédito del gobierno municipal". "Las intenciones no son nada claras", apostilló.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, explicó que "la "transparencia está garantizada" porque se van a incorporar a los consejos el secretario y el interventor para asegurar la legalidad y el control de todas las decisiones que se tomen. Romero justificó la decisión en que el equipo de gobierno "ha asumido la responsabilidad que le corresponde, que es gestionar las sociedades que vienen a ser como delegaciones del Ayuntamiento" y recordó que los ciudadanos han encomendado al PP la tarea de gobernar Marbella.

Según el equipo de gobierno, la oposición va a tener en cuenta de todo y el Ayuntamiento va a ser una "administración de cristal, donde no se va a hacer nada que se quiera ocultar y ahora nada tiene que ver con lo pasado".

Las sociedades municipales tendrán cinco consejeros, cuatro de los cuales repiten en todas ellas: la alcaldesa, Félix Romero, Manuel Cardeña y el ex miembro de la gestora y delegado no concejal electo Carlos Rubio, que se perfila como el hombre fuerte de Ángeles Muñoz.

El PP asegura mantener su compromiso de transparencia, y a él atribuye la creación de una comisión de contratos, en la que sí está la oposición, "donde se va a dar cuenta de cualquier movimiento económico del Ayuntamiento, de cualquier euro que se mueva".

Plata criticó que el organigrama político para el funcionamiento del consistorio sólo incluya tres comisiones informativas, la mencionada de Contratación y Régimen Interior y las de Hacienda y de Urbanismo.

11. ANDALUCÍA: EL AYUNTAMIENTO DE BARBATE TIENE UNA DEUDA DE 70 MILLONES DE € (23/06/07)

La herencia recibida por el socialista Rafael Quirós, el nuevo alcalde de Barbate (Cádiz, 22.000 habitantes), del anterior equipo de gobierno del PP y del PA es millonaria. Pero de número rojos. Según los datos facilitados por el primer edil tras revisar las cuentas municipales, la deuda consistorial alcanza los 70 millones de €. Podría ser incluso más elevada. "Estamos buscando facturas que no aparecen por lo que no podemos cuantificar algunas cantidades, aunque sabemos que existen más acreedores". Quirós reconoce que la "caótica" situación de las arcas locales dificultará su gestión diaria y también el pago de las nóminas de los 400 empleados del Ayuntamiento. Con todo, garantiza el abono de los salarios y se compromete a elaborar un plan de refinanciación.

"No han dejado ni un euro". Quirós es tajante a la hora de denunciar como los anteriores gestores del Ayuntamiento barbateño han "arrasado" las arcas municipales hasta hacer casi inviable la asunción de esa deuda. De los 70 millones de números rojos, 24 son deudas directas con la Seguridad Social. Y de esos 24 millones, 3,8 son una deuda inaplazable. Su pago es requisito indispensable para que el Consistorio pueda comenzar a negociar que la Tesorería del Estado deje de retener al municipio el 100% del dinero de las participación de ingresos en el Estado. "Mientras no liquidemos esa cantidad, la retención continuará", reconocía el primer edil barbateño. Su antecesor, Juan Manuel de Jesús, del PP, había denunciado que en ese dinero retenido había una clara acción partidista para ahogar al municipio por parte del Gobierno socialista. "Estamos en la misma situación que nos han dejado ellos y no habrá cambios mientras no nos pongamos al corriente del pago con la Seguridad Social", aclaró Quirós.

La principal tarea del nuevo alcalde estos primeros días de gobierno ha sido comenzar a buscar ese dinero. "No me puedo pasar los días en los bancos pero tenemos que hacer algo". Julio será un mes complicado. A las nóminas de los 400 empleados del Ayuntamiento se suman las pagas extras para cada uno de ellos. "Los sueldos están asegurados aunque nos deje una situación complicada. Estoy seguro de que tiraremos adelante", se mostró confiado.

Quirós ya se ha reunido con el delegado de Economía de la Junta, Daniel Vázquez, para que le asesore en la elaboración de un plan de saneamiento y de refinanciación para poder ejecutar los presupuestos de este año y elaborar los del siguiente. "El dinero debe salir de la propia gestión del Ayuntamiento. Del urbanismo, del turismo y de la actividad industrial que debe reactivarse enseguida", considera el alcalde. Quirós ya ha anunciado el encargo de una auditoría para revisar las cuentas y aclarar qué ha sucedido con documentación que falta para poder cuantificar con exactitud la deuda municipal.

12. ANDALUCÍA: EL TENIENTE FISCAL DE MÁLAGA ADVIERTE DE LA GRAVEDAD DEL 'CASO ALHAURÍN' (24/06/07)

El teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales, advirtió de la gravedad del caso Alhaurín, con una veintena de supuestos implicados en una trama urbanística, y afirmó que "poner en duda las decisiones de los jueces es cuestionar el Estado de derecho". Por contra, la diputada del PP Celia Villalobos visitó Alhaurín el Grande para "defender y apoyar" al alcalde, Juan Martín Serón, ante la "persecución" de la Fiscalía.

Morales explicó que en el caso de Alhaurín "se investigan hechos delictivos complejos y, si no es por la actuación sorpresiva, se eliminan elementos de prueba que se pueden localizar en los registros". Sobre las críticas políticas, afirmó que "difícilmente se puede opinar si no se conocen los hechos, ni su gravedad al estar en secreto las actuaciones".

"Se están investigando hechos gravísimos, conductas de cohecho y prevaricación, y hay que valorar la cuantía económica y los indicios de inculpación de las personas", añadió. Insistió en que estos delitos son "complejos" y "gravísimos cuando están implicados funcionarios al frente de instituciones públicas que tienen que ser rigurosos en la aplicación de la ley". "Cuando una institución no funciona, causa unos perjuicios a la comunidad, crea una inseguridad jurídica y deriva en una situación de corrupción, por eso el Estado de Derecho actúa y son los jueces los que toman las decisiones, que son recurribles". "Las que aquí se analizan son las conductas y si encajan en un hecho delictivo; y por supuesto se prescinde de ideología, de sentimiento religioso o de otro tipo de cuestiones al margen del cumplimiento estricto de la ley".

Las explicaciones del teniente fiscal no sirvieron para acallar el discurso de Villalobos, quien dijo, que el caso Alhaurín el Grande "supone la utilización del poder judicial más partidaria e impresentable de la democracia". La diputada del PP añadió que la Fiscalía trata "como criminales, tanto al alcalde como a pequeños empresarios que hacen sus esfuerzos por conseguir un negocio y ganar unos beneficios". "Cuando se trata de municipios gobernados por el PP, la Fiscalía va más allá del deber", afirmó.

13. ANDALUCÍA: EL PP PRESIONA A SU EDIL DÍSCOLO DE SANTIAGO-PONTONES CON UN ENCIERRO (26/06/07)

La cúpula del PP en Jaén y varios concejales se encerraron en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones para presionar al edil Jesús Fernández, que propició con su voto en blanco que el PSOE mantuviera la alcaldía y fracasara el pacto tripartido que habían alcanzado PP, IU y el grupo independiente Unión Pontonera. El PP, que le ha expulsado, le acusa de transfuguismo, aunque no ha cambiado de grupo. Los populares insisten en culpar al PSOE de estar detrás de este caso, que el PP va a denunciar por considerar incumplido el pacto antitransfuguismo suscrito a nivel nacional por las principales fuerzas políticas.

A pesar de que el edil Jesús Fernández, que continúa desaparecido del municipio desde que tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil en el pleno de investidura, no ha formalizado aún su pase al grupo mixto, el PP habla desde el principio de un caso de transfuguismo. El edil votó en blanco por discrepar con el pacto que el PP había alcanzado con IU y el grupo independiente.

El cabeza de lista del PP en Santiago-Pontones, Miguel Ángel Fernández Palomares, reiteró que Jesús Fernández no les había mostrado oposición alguna al pacto, por lo que su decisión en el pleno les causó asombro e indignación. "¿Acaso el PSOE sí ha hablado con él y por eso sabe que no estaba a favor de pactar con IU?", se preguntó el portavoz popular en este municipio de 4.000 habitantes. En el encierro participaron el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya; el secretario provincial, Miguel Ángel García Anguita; el diputado autonómico Francisco Armijo, el diputado provincial José Cano, los ediles del PP en Santiago-Pontones y otros simpatizantes.

14. COMUNIDAD DE MADRID: EL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ HACE 15 AÑOS EL REPARTO DE SENADORES QUE AHORA IMPONE EL PP (27/06/07)

El Tribunal Constitucional ya dictaminó hace 15 años que el sistema proporcional puro que la Mesa de la Asamblea de Madrid utiliza desde hace cuatro legislaturas para repartir los senadores que corresponden a la región es el "adecuado" y mejor que el que ahora ha impuesto el PP. Los populares han decidido unilateralmente sustituirlo por el sistema D'Hondt, fórmula que otorga cuatro senadores al PP y dos al PSOE, pero deja a IU sin ninguno. La portavoz de IU, Inés Sabanés, recurrirá en amparo la decisión sobre la base de

Recién cumplidas sus dos primeras semanas como portavoz del grupo de IU en la Asamblea regional, Inés Sabanés está ya inmersa en una batalla política contra el PP. Ahora la liza es entorno a uno de los seis senadores que corresponde elegir a la Asamblea, según la población de la región.

El portavoz popular, Antonio Beteta, anunció el pasado lunes en la Mesa el cambio de criterio: en lugar de repartir los senadores con el sistema proporcional puro (que otorga escaños en el Senado a todos los partidos con representación en la Cámara regional) utilizarán la ley D'Hondt (que favorece a los grupos mayoritarios).

Sabanés presentará, a las 11.30, un recurso de reconsideración a la Mesa de la Asamblea. Su intención es que este órgano regrese al sistema de reparto de los últimos 16 años, porque en caso contrario supone una "desviación de la exigencia legal de obtener la máxima proporcionalidad que suponga la mayor pluralidad en la representación de la Asamblea". Además, se acogerá al artículo 49 del Reglamento de la Cámara regional, que permite que, hasta que la Mesa tome una decisión y la comunique en una resolución motivada, se suspenda la tramitación del acuerdo impugnado. Éste debería ser aprobado en el Pleno de mañana por la tarde.

Todo hace prever que la Mesa, que está convocada esta mañana de forma extraordinaria, denegará a Sabanés su petición. Así se lo han hecho saber a la portavoz de IU desde el PP, que además presentó al registro de la Cámara sus cuatro senadores. Beteta aseguró el lunes que ceder un senador a IU afecta a "la gobernabilidad del país", puesto que en dicha Cámara un sólo escaño puede decidir votaciones. El PP justificó su decisión en otra sentencia del Constitucional, aunque referida en este caso a Extremadura, en la que dio por bueno el uso de la ley D'Hondt para elegir a los senadores.

En el caso de que la Mesa rechace su petición, IU acudirá al Constitucional. El argumento que utilizará Sabanés para reclamar el amparo es que la decisión de la Mesa habría vulnerado el derecho fundamental de los diputados de IU a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Este derecho está recogido en el artículo 23.2 de la Constitución.

En su petición, utilizará la siguiente indicación de la sentencia: "La regla D'Hondt opera precisamente como correctivo de la regla de proporcionalidad pura, y como tal es una modulación de la regla de proporcionalidad". Por tanto, concluye el tribunal, "no puede ser objeto de aplicación extensiva" cuando, como ocurre en el reglamento de la Asamblea de Madrid, la norma sólo se refiere a la regla de la proporcionalidad de manera genérica.

15. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS LLEGAN A LOS TRIBUNALES (27/06/07)

El juzgado número 1 de Cangas imputa al ex alcalde de la localidad un delito de falsedad documental. Acreditó oficialmente la solvencia técnica de una empresa que ganó el concurso de parquímetros de Madrid. El apoderado de la adjudicataria es amigo del delegado de Movilidad

El juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo (Pontevedra) dictó el pasado día 8 un auto por el que se cita a declarar el próximo 11 de octubre en calidad de imputado al ex alcalde de la localidad, José Enrique Sotelo (PP), por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación.

Hasta aquí, el asunto no tiene mucho que ver con Madrid, pero la figura de Sotelo es importante para dilucidar el destino de 144 millones de € de las arcas municipales. En concreto, los que se han ido a la adjudicación de la explotación durante 11 años de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El contrato permite que las partes prorroguen el acuerdo por otros 14. En una de las dos empresas beneficiarias trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo.

La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sufi S.A. (60%) e Hixiene's (40%). La primera pertenece a Sacyr y tiene acreditada su experiencia en la gestión de este campo; la segunda, aportó un documento firmado por Sotelo, con sello municipal, con el que se acreditaba que la empresa desempeñaba esta labor en su municipio desde febrero de 2001. En esta ecuación hay que introducir a Casares González, ex diputado del PP en el Parlamento gallego, ex presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) de Galicia y, por lo tanto, ex miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Además de amigo de Calvo, lo es de Javier Conde, hasta el momento director general de Movilidad. Ambos fueron los responsables políticos de la adjudicación. Casares González fue el encargado de sustituir a Calvo al frente de NN GG y el delegado madrileño reconoció a este periódico, tal y como publicó el 8 de marzo de 2006, que eran amigos y que recibió una llamada suya anunciándole que se presentaría al concurso.

Para rizar el rizo, un edil del Consistorio pontevedrés, Mariano Abalo, perteneciente al Frente Popular Galego, denunció al entonces regidor por falsedad documental, ya que en Cangas "nunca ha habido parquímetros", según explicó a este periódico. Además, en la denuncia se asegura que el aval técnico del regidor, "a pesar de llevar la firma del alcalde y el sello del Ayuntamiento, no figura ni existe en el Ayuntamiento de Cangas ni en el acuerdo por el que fuese encargado ni pasó por el Registro de Salida ni fue visado por el secretario". En el escrito, el edil destaca la "amistad personal" entre el dueño de la empresa que concurrió al concurso y el regidor, ya que "fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999".

El proceso de la capital ha estado jalonado por las dudas. De hecho, una de las empresas rivales de la UTE, Dornier, presentó en el registro municipal un recurso cuestionando todo el proceso, concretamente el de la Zona VI. Este área engloba ocho barrios del sur de la capital como son: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella. "No se conoce experiencia alguna de la otra empresa integrante de la UTE, Hixitel Hixiene's, en el sector del estacionamiento regulado", denunciaba Dornier. El Consistorio contestó: "Respecto del cumplimiento de la solvencia técnica por parte de la segunda integrante de la UTE, la mercantil Hixiene's, se comprobó la existencia de informe suscrito por el alcalde-presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) de fecha de 14 de noviembre de 2005, donde se recoge literalmente 'que la sociedad Hixiene s S.L. viene realizando desde febrero de 2001 servicios para este Ayuntamiento [de limpieza y mantenimiento de edificios públicos] y de gestión de aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público (zona azul)'". Es decir, que el Consistorio le dio todo el crédito y el visto bueno.

Los documentos que componen el expediente de este concurso demuestran que la Casa de la Villa exigió en el pliego de condiciones a todas las empresas participantes, ya concurrieran solas o junto con otras, la acreditación de su solvencia técnica. El juzgado ha pedido también al Ayuntamiento de Madrid que remita "el original del informe" relativo a la "certificación expedida" por el propio Sotelo, que está en el expediente de adjudicación.

Desde la Casa de la Villa el coordinador de Movilidad, Fernando Autrán, tiene claro que el procedimiento abierto contra Sotelo "no afectará a la adjudicación". Vamos, que no se suspenderá. "Se trata de un procedimiento Penal que nada tiene que ver con el Administrativo", aclaró.

Preguntado por los filtros que estableció el Consistorio para verificar la información, dijo que se aplicaron los propios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los del pliego de condiciones. Según Autrán, no es necesario que todas las empresas que conforman una UTE tengan experiencia, con que la aporte una de ellas es suficiente. ¿Por qué se precisa entonces en el pliego que se acredite esa solvencia? "Para poder identificarlas", según el coordinador de Movilidad.

Sotelo no quiso hacer declaraciones y tan sólo dijo sobre el asunto del informe: "Hice lo que tenía que hacer en ese momento". En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se ha citado a declarar, también, aunque en calidad de testigo, al propio Casares González y al interventor municipal de Cangas.

16. COMUNIDAD DE MADRID: ÁLVAREZ DEL MANZANO ACAPARA DOS CARGOS PRIVADOS Y UNO PÚBLICO (23/06/07)

José María Álvarez del Manzano, alcalde con el PP durante 12 años y ahora presidente de Ifema -entidad participada por el Ayuntamiento, el Gobierno regional, la Cámara de Comercio y Caja Madrid- cobrará a partir del mes que viene dos sueldos más de la empresa privada. Uno, como consejero del grupo inmobiliario Reyal Urbis y el otro como consejero de Iberpistas, filial de Abertis y dedicada a la gestión de autopistas de peaje y que explota la AP-6 Villalba-Adanero, que pasa por la región.

El gobierno municipal (PP) ha encargado a sus servicios jurídicos un informe para determinar si el ex alcalde puede compatibilizar los dos nuevos cargos privados con su trabajo público como presidente de Ifema, el organismo que gestiona los recintos feriales. "A falta de que el informe esté terminado, las primeras conclusiones determinan que no hay problema", afirmaron fuentes municipales.

Para determinar si la acaparación de empleos por parte del ex alcalde es legal o no, hay que acudir primero a la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos estatal, pero ésta sólo afecta a ministros y altos cargos autonómicos. El Gobierno central decidió aumentar esas restricciones a todos los concejales dentro de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero ésta, de momento, está parada.

A escala local, la Ley de Capitalidad de Madrid también tiene su apartado de incompatibilidades, pero éste sólo afecta a los concejales y altos cargos de las empresas públicas y mixtas municipales. Pero el Consistorio no considera a Ifema una empresa mixta, a pesar de estar participada por empresas públicas y privadas. "Ifema tiene la forma jurídica de consorcio", aseguraron fuentes municipales.

Óscar Iglesias, portavoz del grupo municipal socialista, calificó el comportamiento de Álvarez del Manzano como "éticamente muy reprochable". "Que dimita como presidente de Ifema si quiere trabajar en la empresa privada", denunció. Iglesias recordó también que en 2003 el recién nombrado alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, modificó los estatutos de Ifema para poder nombrar al alcalde saliente, Álvarez del Manzano, presidente de dicha entidad. Hasta ese momento, el cargo lo tenía que ostentar el propio alcalde, pero Ruiz-Gallardón renunció a favor de su antecesor. "Con Álvarez del Manzano hay un claro trato de favor del actual gobierno municipal", aseveró Iglesias.

El sueldo de Álvarez del Manzano como presidente de Ifema ronda los 96.000 € anuales. A los que hay que sumar ahora lo que cobrará como consejero en Reyal Urbis y en Iberpistas. Una portavoz de esta última empresa afirmó que el fichaje del ex alcalde de Madrid obedece a que ha quedado "un puesto vacante".

José María Álvarez del Manzano no es el primer político madrileño que salta de la esfera pública a la privada. En 2005, el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez (PP), dimitió de su puesto político y, a la semana, fichó por una empresa inmobiliaria. Fue nombrado vicepresidente y director de las divisiones Rayet Construcción y Rayet Promoción. Presionado por su partido, terminó renunciando a su cargo de secretario de Vivienda del PP regional.

El ex consejero de Obras Públicas del Gobierno regional Luis Eduardo Cortés dejó el cargo en 2003 y dos años después fue nombrado presidente no ejecutivo de la inmobiliaria Vallehermoso, empresa con distintas promociones de viviendas en la Comunidad de Madrid.

17. COMUNIDAD DE MADRID: EN LEGANÉS NO HABÍA CASO (23/06/07)

Una denuncia anónima decía que en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) se habían podido practicar 400 eutanasias mediante sedaciones indebidas o irregulares a enfermos terminales. Eso sirvió al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), para elevar a los tribunales un asunto que ha tenido soliviantados a enfermos y sanitarios de este hospital madrileño desde 2005. Tras dos años, el juez ha archivado el caso.

El Derecho Penal exige "certezas más allá de las presunciones", señala el juez Rafael Rosel en el auto en el que ordena archivar las diligencias. "Se ha practicado mal la Medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", destaca. Y asegura que no ha encontrado elementos para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial". El juez sostiene que "varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque no hay pruebas de que ello se deba "exclusivamente a los fármacos prescritos por los doctores".

El caso de las sedaciones de Leganés ha suscitado un gran debate. Desde sectores conservadores se jaleaba la denuncia como un intento de frenar tendencias partidarias de la eutanasia. Tendencias que algunos veían en un grupo de médicos de Leganés a los que se tildaba de "rojos" y "progres". Desde otros sectores, en cambio, se consideró una ligereza que un organismo oficial como la Consejería de Sanidad de Madrid denunciase y airease sin fundamento un asunto que podía frenar a muchos médicos a la hora de aplicar la sedación a enfermos agónicos.

En 2005, Lamela habló con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, y le comentó que le iba a elevar la denuncia anónima que le habían hecho llegar. Tras el aviso de Lamela, Moix pidió los historiales de los casos de posibles homicidios. La criba llegó rápido. Concluyó que sólo 13 de ellos eran susceptibles de ser investigados en la vía penal. Para asesorarse, reclamó un dictamen a expertos de la Clínica Medico Forense de los juzgados de Madrid. Los peritos dictaminaron que no cabía establecer una relación entre la sedación aplicada y los fallecimientos de esos 13 enfermos, todos ellos terminales. Cuando los fiscales iban a archivar el asunto, el ex consejero de Sanidad dio otra vuelta de tuerca y presentó una denuncia dando cuenta de sedaciones irregulares en 73 de los 400 casos iniciales. La idea era arrebatarle el caso a la fiscalía. Lo logró, y también que la fiscalía se abstuviese de acordar el archivo de las pesquisas.

Fue entonces cuando el juez, Rafael Rosel, del Juzgado de Instrucción 7 de Leganés, se hizo cargo del asunto. Rosel encomendó al Colegio de Médicos de Madrid que eligiera a un grupo de expertos para que analizase esos 73 casos. La elección de los expertos cosechó críticas por las tendencias conservadoras de algunos de ellos. Los expertos detectaron 34 casos de supuesta mala práctica médica por sedaciones indebidas, excesivas o contraindicadas. Explica el juez al respecto: "Se sedó terminalmente a cuatro pacientes (...) que contaban con posibilidad de serles ofrecido tratamiento médico". Según el juez, en otros 11 casos de enfermos, todos ellos terminales, las sedaciones fueron aplicadas "de tal manera y con tales dosis que sugirieron una posible relación directa con su muerte o, cuando menos, una contribución muy notable al acortamiento de la vida". El juez también ve que a una veintena de pacientes se les aplicó sedación pese a encontrarse éstos en coma profundo, "lo que constituye una mala práctica médica". Por este motivo, el juez citó como imputados a los médicos del servicio de Urgencias, entre ellos, Luis Montes.

Con este criterio, el juez asume las conclusiones del peritaje del Colegio de Médicos de Madrid y de otro informe hecho por una comisión nombrada a dedo por Lamela: que el tratamiento era innecesario, no se registró en la historia clínica y, sobre todo, que las dosis de calmantes eran excesivas. Los expertos en cuidados paliativos rebaten este punto, ya que no hay una dosis de calmante máxima fijada en ningún protocolo ni, mucho menos, en una ley.

Concluidos los interrogatorios y demás pesquisas, el juez ha decidido archivar las diligencias "al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito" ni hay "elementos para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones". El juez deja claro en su auto que, "por más confusión que se haya querido generar por parte de algunos", lo que él ha juzgado no es el hecho de si se debe sedar o no a un paciente terminal, ni la forma de proceder de los médicos de Leganés.

18. COMUNIDAD DE MADRID: DESBANDADA EN LA ESCUELA PÚBLICA (25/06/07)

Hora del recreo en el colegio público Jaime Vera, en la calle de Bravo Murillo (distrito de Tetuán). Suena el timbre y cientos de niños se lanzan a jugar al patio. Una profesora pone orden en el guirigay: "Mira, no hay casi ninguno español... Éste, ecuatoriano; ésta, china; éste, de República Dominicana... Éste... (para a un niño rubio, con camiseta del Barça), pues tampoco... porque es polaco".

La maestra, que prefiere quedar en el anonimato, se queja del reparto desigual de los escolares inmigrantes entre la escuela pública y la privada, aunque recalca que muchos de los niños extranjeros a su cargo son "listísimos, listísimos". "¡Es una vergüenza que la concertada no quiera aceptar a los inmigrantes! ¡Esto es un desastre!", resume. Su colegio, con 600 alumnos, tiene un 75% de niños extranjeros.

Un informe del sindicato CC OO sobre la situación de la educación madrileña durante la pasada legislatura señala que entre el curso 2002-2003 y el curso 2005-2006, la población escolar no universitaria de la región aumentó en 40.574 alumnos, de los que la mayoría, el 82,8%, son inmigrantes. Además, el 80% de esos estudiantes extranjeros se concentran en la escuela pública. El estudio del sindicato analiza datos del Ministerio de Educación y Ciencia y no separa entre concertada y privada. En total, el alumnado madrileño de la enseñanza no universitaria llega ya al millón de alumnos.

Los niños españoles se marchan de los colegios públicos. "La escuela pública acapara al alumnado inmigrante, y también pierde alumnos autóctonos. En los últimos cuatro años, 20.000 estudiantes españoles han pasado de las clases públicas a las privadas y concertadas", alerta Francisco García, portavoz de Educación de CC OO. Es el caso de Celia, de 11 años y que el curso que viene estudiará en un colegio privado de Pozuelo de Alarcón después de haber pasado su infancia en un centro público de la capital. "No somos racistas, pero con tantos niños extranjeros en clase el nivel empezaba a ser muy bajo", explican sus padres. En comparación con otras regiones, Madrid, junto con Cantabria, es la única en la que que durante la última legislatura creció más el número de alumnos de la privada y concertada que de la pública.

El alto porcentaje de inmigrantes se repite en otros colegios públicos de la región, como el Ciudad de Badajoz, en el barrio de Aluche, donde 8 de cada 10 estudiantes son extranjeros. Los profesores hacen de profesores y también un poco de padres: ayudan a los pequeños a integrarse en un entorno desconocido; a sobrellevar el peso de provenir, en algunos casos, de familias desestructuradas; a hacerse amigos.

El ya ex consejero de Educación, Luis Peral (PP) -fue sustituido por Lucía Figar-, defiende que la mayoría de los padres madrileños han podido llevar a sus hijos al colegio que eligieron como primera opción y que es el sindicato el que "estigmatiza" a los inmigrantes.

19. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN MULTIPLICA LA DEUDA POR CINCO EN SU PRIMER MANDATO, HASTA 5.800 MILLONES (25/06/07)

La deuda del Ayuntamiento de Madrid alcanzó el primer trimestre de 2007 (el último computado del primer mandato del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón) los 5.840 millones de €, según datos del Banco de España. Ésta es la última cifra de deuda municipal conocida antes de la formación de los nuevos ayuntamientos salidos de las elecciones del pasado 27 de mayo. Los próximos resultados, correspondientes al segundo trimestre de 2007, no se conocerán hasta después del verano.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid se ha incrementado en 2.200 millones de €, al pasar de 3.605 a 5.805 millones del primer trimestre de 2006 al mismo periodo de este año, lo que se traduce en una subida del 61%.

Si se echa la vista más atrás, al momento en el que Ruiz-Gallardón ocupó el sillón dejado por su antecesor, José María Álvarez del Manzano, la realidad es que la deuda del Consistorio de la capital se ha multiplicado por 4,9, ya que el anterior regidor dejó un déficit de 1.167 millones.

El Ayuntamiento de Madrid suma ya el 24,5% de la deuda que mantienen todos los ayuntamientos españoles, mancomunidades de municipios y agrupaciones inframunicipales, que es de 23.651 millones de €. En 2003, con Álvarez del Manzano en el poder, ese ratio era de apenas el 8,16%.

Sin embargo, frente a ese galopante aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, el proceso no ha sido similar en el conjunto de municipios y diputaciones, cuya deuda global ha pasado de 22.338 millones en junio de 2003, tras las anteriores elecciones, a 29.040 en el primer trimestre de 2007. Esto ha significado un incremento del 30%, lejos del 400% alcanzado en la capital.

Entre los principales ayuntamientos españoles, el siguiente con mayor deuda es el de Barcelona, que arrastra 1.035 millones de €, pero su tendencia es descendente, desde los 1.245 millones de 2004. El siguiente Consistorio más endeudado de entre los grandes es el de Valencia, que debe 739 millones de €; por delante de Zaragoza (505), Málaga (484) y Sevilla (378).

También la Comunidad de Madrid acumula una deuda considerable: 9.945 millones de € a finales de enero, según las cifras del Banco de España. Esto supone 886 millones más de déficit respecto a la deuda que soportaba el Gobierno regional a finales de 2003, cuando Esperanza Aguirre asumió su primer mandato. De esta cifra, 4.800 millones corresponden a la deuda de la empresa pública Mintra, encargada de la ampliación del metro. En el último trimestre del año pasado, la deuda del Ejecutivo de Aguirre llegó a estar por encima de los 10.000 millones de €.

20. COMUNIDAD VALENCIANA: GREENPEACE DENUNCIA LOS PLANES PARA EDIFICAR 466.000 VIVIENDAS EN EL LITORAL VALENCIANO (27/06/07)

La organización ecologista Greenpeace situó en la picota al urbanismo valenciano en su informe anual "Destrucción a toda Costa" correspondiente a 2007 en el que subraya mediante un aluvión de cifras que solo este año y a pesar de la crisis inmobiliaria se han presentado proyectos urbanísticos para construir 466.685 viviendas en localidades turísticas.

Greenpeace sostiene, tras cruzar los datos aportados por distintas asociaciones, instituciones públicas y medios de comunicación, que los proyectos de urbanización en la Comunitat Valenciana se cuentan "por miles, arrojando este año una cifra de 466.685 viviendas incluidas en los planes urbanísticos de las localidades costeras a construir en los próximos años" y recuerda que justo antes de la celebración de las pasadas elecciones, la conselleria de Territorio dio luz verde a 200 Programas de Actuación Integrada (PAIs).

Los ecologistas destacan las previsiones urbanísticas de localidades como Torreblanca donde se preven 46.000 viviendas sobre una población actual de 5.650 personas (2.320%), las 47.800 viviendas previstas en Orpesa, capaces de soportar un incremento poblacional del 1.860% o las 38.680 viviendas previstas en Guardamar del Segura que suponen un aumento de población del 826%.

Greenpeace cita en su informe la investigación que está realizando el Parlamento Europeo y la decisión, ya anunciada , de la Comisión Europea de recurrir la Ley Urbanística Valenciana ante el Tribunal de Justicia Europeo.

En el terreno doméstico, los ecologistas afirman que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "estudia cerca de 800 causas judiciales relacionadas con delitos urbanísticos y de ordenación del territorio y ha paralizado ya cautelarmente tres Programas de Actuación Integrada (PAIs).

Sin embargo, la "fiebre" sigue y el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, confirmaba que tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, la Abogacía del Estado había presentado 8 nuevos recursos contra planes urbanísticos aprobados por la Generalitat en los que no está acreditada la disponibilidad de recursos hídricos.

Según Greenpeace, en el litoral valenciano existen al menos 33.175 viviendas ilegales de las que 25.000 están en Orihuela. La Fiscalía del TSJ investigó el año pasado 43 denuncias relacionadas con la ordenación del territorio y se incoaron diligencias sobre 37.

Según el informe ecologista, nueve municipios costeros de Castelló incumplen la Directiva Europea de epuración de aguas residuales. Además, Greenpeace dedica un apartado especial a los puertos deportivos y a las infraestructuras que alteran la dinámica del litoral, que agravan las consecuencias que tendrá el cambio climático en la Comunitat, donde se espera una regresión de la costa de hasta 100 metros en algunos puntos.

Como conclusión, Greenpeace recuerda que el informe del observatorio de la sostenibilidad de España destaca que la Comunitat Valenciana "lidera el desarrollo insostenible" de España por el mal uso que hace de su litoral.

21. COMUNIDAD VALENCIANA: LA PENÚLTIMA ADVERTENCIA DE BRUSELAS (27/06/07)

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, cree que el proyecto urbanístico PAU 21 de Orihuela (Alicante), que prevé construir un campo de golf y 2.200 viviendas junto al espacio protegido de la Sierra de Escalona, podría vulnerar la legislación medioambiental comunitaria y pedirá a las autoridades españolas competentes más información sobre el caso, según señala en una respuesta escrita al eurodiputado verde David Hammerstein.

Dimas subraya que el paraje Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor ha sido declarado lugar de interés comunitario (LIC) y cubre una zona importante de aves (IBA). Por tanto, indica que "si es probable que la actividad urbanística tenga un impacto negativo en los valores naturales que la llevaron a ser declarada LIC, deberán respetarse los procedimientos de protección y evaluación"que establece la normativa comunitaria.

El comisario de Medio Ambiente recuerda que el Ejecutivo comunitario ya ha llevado a la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas ante el Tribunal de Luxemburgo por no haber designado un número suficiente de zonas de especial protección (ZEPA). Por ello, aunque la Sierra de Escalona no haya sido declarada ZEPA, Bruselas considera que las autoridades competentes están igualmente obligadas a "tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como cualquier perturbación que pudiera afectar a las aves".

22. COMUNIDAD VALENCIANA: LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07)

Las cintas que supuestamente recogen manifestaciones de los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, ambos imputados en la causa de facturas falsas que implica a Terra Mítica, no han podido ser pulidas por el servicio pericial al que fueron enviadas. Por tanto, especialmente una de ellas, es prácticamente irreproducible después de haber pasado por modernos sistemas de recuperación de grabaciones. El juez que instruye la causa que se derivó de la denuncia que interpuso Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra ambos empresarios y contra los diputados socialistas que realizaron las grabaciones, Antoni Such y José Camarasa -contra estos últimos el caso quedó cerrado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-, estudia ahora que sea la policía quien realice una transcripción del contenido de las mismas. Hasta ahora, tanto en la Fiscalía inicialmente como en el TSJ se manejó una transcripción aportada por los dos diputados socialistas, transcripción que ha sido constantemente puesta en cuestión por los denunciados. Por ello, el juez pretende determinar si se produjo o no un delito de injuria o calumnia grave contra Zaplana por implicarle en el cobro de comisiones durante la construcción del parque Terra Mítica a través del empresario Vicente Conesa, también imputado en el caso Terra Mítica y ya investigado en 1995 por supuestas irregularidades en la concesión de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm cuando era alcalde Eduardo Zaplana.

23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SUPREMO AFIRMA QUE EL ALCALDE DE VILA-REAL NO MERECE EL INDULTO (26/06/07)

El Tribunal Supremo ha emitido informe desfavorable al indulto del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del Partido Popular, condenado en firme a año y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público, porque "su conducta posterior a la sentencia no da muestras de reconocer que su actuación supuso una infracción de la legalidad". Vilanova fue condenado por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por hacer oídos sordos a las denuncias contra el ruido del generador de una fábrica de cerámica.

Los vecinos que denunciaron el ruido se han opuesto al indulto porque Vilanova "permitió de manera continuada y consciente" su sufrimiento durante años y cuando acudieron a él "tuvo actitudes de desprecio, desinterés y prepotencia". Según los afectados, cuando Vilanova accedió a la alcaldía dijo que iba a terminar con el ruido del generador -que era ilegal y carecía de permisos- y sin embargo, no lo cerró hasta que tuvo que declarar ante el juez.

24. COMUNIDAD VALENCIANA: DIEZ LETRADOS DE FAMILIAS DEL ACCIDENTE DEL METRO SOLICITAN A LA AUDIENCIA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN

Diez de los letrados que representan a familias afectadas por el accidente del metro han recurrido el auto de reapertura parcial de la investigación, dictado por la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia el 13 de junio. Las víctimas, a través de sus letrados, recurren ante la Audiencia Provincial de Valencia para ampliar las cuestiones que la jueza no ha aceptado indagar (ha rechazado practicar unas 36 diligencias y ha aceptado averiguar cuestiones como el historial del maquinista y la jornada laboral de los conductores o el funcionamiento de una baliza de refresco instalada a medio trayecto entre Plaza de España y Jesús). De ahí que en los diez recursos de apelación presentados se reclame a la Audiencia Provincial que obligue a la jueza a investigar las cuestiones en las que ha rechazado entrar. No hay un plazo establecido para que la Audiencia Provincial responda a estos escritos.

En los recursos se insiste en reclamar a la jueza que acceda a cuestiones tan básicas como que la policía científica ratifique el informe sobre el accidente ante la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, con asistencia de los letrados tanto de las acusaciones particulares como de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Algunos letrados también insisten en que se amplíe la investigación sobre la unidad de tren articulado (UTA) 3736 que fue la que descarriló y volcó y sobre la que el perito ferroviario Andrés Cortabitarte dictaminó que no había sufrido ningún fallo técnico que hubiera influido en el siniestro de la estación de Jesús. No obstante, en el informe pericial de este último no se citabanh los descarrilamientos previos del tren (ya que FGV dijo que no los había sufrido y nunca ha aclarado por qué mintió al juzgado) e, incluso, el letrado de una de las familias ha detectado contradicciones entre los informes en los que se basó el perito (el de la empresa constructora de los trenes CAF) y en el elaborado por la policía sobre el funcionamiento del pedal del hombre muerto.

Y reclaman, por último, que se indague en el tira y afloja entre los sindicatos y los directivos de FGV para que se instalaran balizas previas en "todas las señales" , tal como reclamaron en varios comités de seguridad, petición a la que la empresa se negó con el argumento de que "los maquinistas ya se conocen el trayecto" y que en ferrocarril "no es necesario proteger la geometría de la vía" en referencia a las curvas del túnel del metro.

La jueza admite con rotundidad que una baliza habría evitado el accidente del metro en el que fallecieron 43 personas. Pero también niega con la misma firmeza que la inexistencia de esta baliza suponga responsabilidad penal de los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). "Esta afirmación contradice toda la jurisprudencia que ha estudiado estas cuestiones", señala un letrado en su recurso de apelación presentado ante la Audiencia. La jueza hace hincapié en que el peligro para la vida (y la necesidad de una baliza) existía en 2006 pero también en 1988, 1990 o 1995 y que las balizas ya existían en esas épocas por lo que si no se han instalado debería pedirse responsabilidades a los gestores políticos de esas épocas. "Esta afirmación es sorprendente -señala un letrado- porque no se ha permitido prueba al efecto y desconocemos cómo en base a las actuaciones se llega a esa conclusión".

25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ LLAMA COMO IMPUTADOS A 31 EMPADRONADOS EN ARGELITA (27/06/07)

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Nules ha decidido estimar parcialmente el recurso presentado por el PP y llamar a declarar, en calidad de imputados, a las 31 personas que tramitaron el empadronamiento en la localidad castellonense de Argelita, poco antes de las elecciones municipales. Todos ellos habían sido citados como testigos del presunto fraude electoral del que se acusó a dos concejales y otros dirigentes del PP local, así como al resto de propietarios de los inmuebles que, en las solicitudes, figuran como domicilios de quienes solicitaron los empadronamientos. La denuncia fue presentada por el entonces alcalde, el socialista José Ibáñez, tras detectar un intento de empadronamiento masivo. Poco después, una de las concejales del PP, Avelina Chiva, admitió que la operación no había sido iniciativa de la dirección local sino que habían recibido instrucciones "de los que mandan".

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la instructora ha resuelto que estas personas declaren como imputados "y en presencia de un abogado para que queden plenamente garantizados sus derechos constitucionales". Pese a que la participación de éstos para el supuesto intento de fraude fue fundamental ya que facilitaron su documentación y datos personales, la sospecha es que la intención es que todos ellos se acojan al derecho a no declarar que les otorga su condición de imputados, tal como hicieron los dirigentes del PP y que no existe en el caso de acudir como testigos.

26. ISLAS CANARIAS: COALICIÓN CANARIA SE DISUELVE COMO GRUPO Y SUS TRES DIPUTADOS PASAN AL MIXTO (27/06/07)

Coalición Canaria terminará esta legislatura sin grupo parlamentario propio en el Congreso tras dejar este grupo el dirigente de Nueva Canarias Román Rodríguez, quien pasa al Mixto junto a los dos diputados que CC mantiene en la Cámara baja. El abandono del grupo parlamentario de CC por parte de Rodríguez ha sido consecuencia de la decisión de Coalición Canaria de pactar con el PP el nuevo Gobierno canario.

El veterano diputado de CC Luis Mardones ya ha pasado a formar parte del Grupo Mixto, donde le acompañará Ana Oramas, la sustituta de Paulino Rivero, quien será el próximo presidente de Canarias. Desde 1993, CC siempre ha disfrutado de grupo propio en la Cámara baja, y ello pese a no llegar al mínimo de cinco diputados exigidos por el Reglamento, ya que ha conseguido que las formaciones mayoritarias le prestaran diputados. En la actual legislatura, CC logró tres escaños, y el PSOE le prestó dos.

27. ISLAS BALEARES: MATAS CONTRADICE LA PALABRA DE RAJOY (23/06/07)

Mariano Rajoy se mueve muy a disgusto entre el ruido mediático. Odia los titulares de prensa. Alguna vez ha comentado a los periodistas que él haría los periódicos sin titulares, porque le gustan los textos, pero no las letras grandes con mensajes cortos y, por tanto, malinterpretables. Por eso, en la dirección del PP no ha sentado muy bien, aunque entiendan los motivos personales, la retirada de Jaume Matas. El presidente balear ha desautorizado nada más y nada menos que al líder del partido, que al día siguiente de las elecciones, hace menos de un mes, lo dejó clarísimo: "He hablado con todos [los cabezas de lista] y aquí no dimite nadie".

Entonces nadie pensaba que Matas pudiera dejar la política. Rajoy estaba respondiendo a los periodistas sobre el líder en Extremadura, Carlos Floriano, que después de unos resultados muy modestos había anunciado en rueda de prensa su dimisión. La dirección del PP se lo impidió, y Floriano acató la orden. Se presentaba por segunda vez y no logró apenas mejorar los resultados -repitió porcentaje, el 38,7%, a 14 puntos del PSOE; logró uno de los tres escaños que perdió IU, el PSOE se llevó los otros dos, y subió 150 votos, mientras los socialistas ganaban casi 8.000-. Y eso a pesar de que enfrente ya no tenía al todopoderoso Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sino al hasta hace poco desconocido Guillermo Fernández-Vara, ex consejero de Sanidad.

Floriano fue obediente, y espera su momento para dejar la primera línea. Matas no. Y el PP se enfrenta así a la cruda realidad que Rajoy se empeñó en negar: los populares han ganado votos y han logrado superar al PSOE en toda España, pero tras estas elecciones se confirma la lenta pero constante pérdida de poder que sufren desde 2004.

El PP paró la salida de Floriano precisamente para evitar que la prensa tuviera argumentos para propagar este tipo de análisis. "No tengo una sensación agridulce, para nada", contestó Rajoy tras las elecciones preguntado por esa pérdida de poder -ha dejado de gobernar en 11 capitales de provincia y, si se confirma lo de Baleares, en una comunidad, a la espera de lo que suceda en Navarra-. "Al contrario, tengo una gran satisfacción personal", señaló Rajoy.

La salida intempestiva de Matas, que sólo avisó a Rajoy el día anterior, está siendo a la vez comprendida desde el punto de vista personal y criticada desde el plano político en el PP. Los que han trabajado con él en los últimos años señalan que Matas siempre ha dejado abierta la puerta de la salida de la política. "No es un profesional de la política. Desde que fue ministro estaba decidido a dejarlo. Quería cambiar de vida. Aznar le ordenó que fuera a Baleares en 2003, pensó que perdería y ganó. Pero quería dejarlo. Y ahora Mariano le había convencido para que siguiera, pero con el compromiso de dejarlo. Ya tenía el relevo a punto [Rosa Estarás] para dejarlo dentro de un año. El problema es que ha perdido, que no estaba en los planes. En todo caso se hubiera ido en 2008 al extranjero, ya lo había pactado. La actitud de Munar ha terminado de precipitar las cosas", señala un miembro de la dirección del PP.

Otros dirigentes, sin embargo, aún comprendiendo los motivos personales, creen que al menos debería haber esperado un tiempo para evitar que quede en evidencia a menos de un mes de las elecciones que no todo era tan perfecto como lo dibujó Rajoy. Y sobre todo porque ha dejado en nada la palabra del líder, y su "aquí no dimite nadie", en un partido donde la coherencia y la fidelidad a las órdenes de la jerarquía son un valor incontestable.

"Yo entiendo los motivos personales, todos los tenemos, pero a Matas el partido siempre lo ha tratado muy bien, y al menos podía aguantar un poco. Cuando tuvo la desgracia de quedarse a un tris de la mayoría absoluta, en 1999, y el mismo pacto que ahora le quitó el Gobierno, Aznar lo hizo ministro y lo trajo a Madrid. Es cierto que fue forzado las dos últimas veces, pero podía haber esperado un poco más", sentencia otro dirigente, que insiste en que tiene un gran afecto por Matas, un hombre sin enemigos visibles entre los barones del partido.

El PP, además, había preparado todo un argumentario para la pérdida de Baleares: culpar a la Ley Electoral. De hecho, Eduardo Zaplana ha anunciado en el Congreso que el PP promoverá una reforma para evitar que un partido pequeño -UM tiene el 6%- pueda condicionar un Gobierno hasta el punto de exigir la presidencia, algo que sin embargo no se da en Baleares ni en el Ayuntamiento de Mallorca, como temía el PP. Ese cambio de la Ley Electoral era su estrategia de choque contra la pérdida del poder en Baleares.

28. ISLAS BALEARES: MARÍA DE LA PAU JANER RENUNCIA A SU ACTA DE DIPUTADA EN BALEARES (25/06/07)

Esperaba ser consejera de Cultura. Pero el pacto PSOE-UM que ha apeado a Matas del Gobierno balear, ha frustrado sus expectativas de poder. Ahora, la escritora María de la Pau Janer ha decidido seguir los pasos de su mentor en el PP y renunciar a su acta de diputada en el Parlamento de las Islas Baleares. El fichaje de la escritora mallorquina por parte de Matas no estuvo exento de polémica. Sus devaneos con el PSOE (en 1995 estuvo a punto de integrar sus listas por Palma de Mallorca), CiU y, sobre todo, sus críticas al PP nacional la situaron en el epicentro de las críticas. Janer aseguró entonces que su apuesta era por el modo de hacer política del entonces presidente y lo que él representaba: "Un PP moderado, abierto, que cree en la unidad de la lengua, que quiere contrarrestar los efectos tan negativos del PP en el resto de Estado".

Matas fue el primero en abandonar el barco tras constatar la imposibilidad de hacerse de nuevo con la presidencia. Tras la renuncia de ambos tomarán posesión de sus respectivos escaños Antoni Serra y Sandra Morell, número 17 y 22 de la lista del PP a la Cámara legislativa, respectivamente. Serra (Ibiza, 1974) es todavía presidente del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca, mientras que Morell (Sóller, 1976) es desde 2004 secretaria general de Nuevas Generaciones de las Islas Baleares.

29. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE POPULAR DE CALVIÀ SE SUBE EL SUELDO UN 50% (27/06/07)

El recién elegido alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), utilizó su mayoría absoluta para aumentarse el sueldo un 50%, con lo que de 60.000 pasará a cobrar 90.000 € anuales. Pretende "dignificar" la profesión política, pero la oposición lo considera "un abuso". El alcalde balear, que en la campaña utilizó el lema "Sin complejos", ha cumplido así esa promesa electoral en el primer pleno celebrado por el nuevo consistorio. De 60.000 € al año pasará a cobrar 90.000, pagas extras incluidas.

La portavoz del gobierno municipal, que tiene mayoría absoluta, justificó la medida. Teresa Martorell dijo que las retribuciones se han equiparado "a los sueldos del mercado", y considera que así se "dignifica" la profesión del político.

Junto a ese sustancial aumento de sueldo, también se aprobó el aumento del sueldo de los concejales, en un 30%. La oposición, a pesar de beneficiarse del aumento, rechazaron la propuesta. Los socialistas califican la mediad de "desmesurada", y Unió Mallorquina cree que es un "abuso". El sueldo de Carlos Delgado será de 6.4238 € por diez meses, más dos meses con pagas extraordinarias, a 12.857 €.

30. ISLAS BALEARES: EL ALCALDE PEPERO DE MARRATXÍ SE SUBE EL SUELDO UN 27% Y COBRARÁ 65.000 € ANUALES (27/06/07)

José Ramón Bauzá (PP), alcalde de Marratxí, recibirá una asignación de 65.000 € anuales en concepto de sueldo; un 27 por ciento más que el año anterior. Antes cobraba 51.000 €. El pleno aprobará la medida así como la dedicación exclusiva al cargo. No obstante, se ha suprimido la dedicación y paga que antes tenía el teniente de alcalde y que era igual que la del primer edil. La nueva mayoría popular, designará a cuatro concejales más que se dedicarán en exclusiva a la gestión del municipio. Estas otras delegaciones suponen para la arcas 200.000 € anuales en sueldos. Cada edil con dedicación exclusiva cobrará la cifra de 50.000 € anuales; un 11 por ciento más pues antes cobraban 45.000 €.

Los cinco concejales a jornada completa son: Magdalena García que asumirá las competencias de Cultura. Bartomeu Oliver que será concejal de Hacienda; Sebastià Frau regentará el área de Contratación y Joan Coll la de Policía, Medio Ambiente y Movilidad.

31. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE SALAMANCA NO QUIERE BANDERAS GAY EN SU AYUNTAMIENTO (28/06/07)

La Policía Local de Salamanca ha retirado en dos ocasiones la bandera multicolor que ondeaba en el balcón del grupo municipal socialista con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay. Lo ha hecho por orden del alcalde del PP, el polémico Julián Lanzarote, quien alega que el edificio es un monumento histórico y cualquier elemento que se instale en el mismo debe ser autorizado por Patrimonio.

El balcón del Grupo Municipal Socialista del consistorio salmantino amaneció esta mañana con la bandera multicolor. Tras su retirada por parte de la Policía Local, el portavoz del Grupo socialista, Fernando Pablos, registró una comunicación dirigida al alcalde en la que daba a conocer que volverían a poner de nuevo en el balcón este símbolo de la comunidad homosexual.

Apenas un cuarto de hora después, la Policía Local reclamaba que este símbolo fuera retirado, hecho que se ha cumplido al mediodía. Las banderas fueron requisadas y trasladadas a las dependencias municipales de La Salle para evitar que volviera a mostrarse el apoyo socialista a los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Salamanca.

El Grupo Socialista cree "inaceptable que este símbolo, que de manera temporal lucía en el balcón del Grupo Municipal, fuera retirado con una rapidez inusual, cuando la pancarta en contra de la ley del archivo de la guerra civil estuvo durante meses en el balcón de la primera planta del Ayuntamiento sin que su colocación hubiera sido aprobada por Patrimonio".

32. REGIÓN DE MURCIA: UNA DIPUTADA SOCIALISTA Y SU FAMILIA ABANDONARON VILLANUEVA ANTE EL ACOSO DEL ALCALDE (27/06/07)

La que fue hasta la pasada legislatura, diputada regional por el PSOE, Carmen Manzano, y su marido, han presentado hasta cuatro denuncias contra el alcalde de Villanueva del Río Segura, el popular José Luis López Ayala, al que acusan de hacerles la vida imposible por una vivienda que compraron en el municipio hasta que tuvieron que abandonar el pueblo. Manzano y su esposo pensaron comprar una casa para descansar, alejados del mundanal ruido, y eligieron el enclave del Valle de Ricote, donde adquirieron una casa con varias tahullas de huerta. El motivo de las querellas, el derribo de una casa de dos plantas y un muro, y un compromiso roto unilateralmente por el primer edil. La mujer ha estado varios meses con depresión por la situación de acoso en la que se vio envuelta por parte del regidor municipal y el sargento de la Guardia Civil, que llegó a instarle a la obediencia ya que llevaba instrucciones "telefónicas" de una juez de Cieza, aunque no presentaba orden judicial porque "estaban de fiestas". Los hechos ocurrieron el año pasado aunque han trascendido ahora.

Hace meses, el matrimonio fue citado por el ayuntamiento para informarles sobre unas obras que se iban a llevar a cabo en la calle Reloj, consistentes en una pequeña plaza a modo de mirador, y que para llevar a cabo las obras le preguntaron si era posible derribar una vivienda de su propiedad, que tenían lindando con el muro que se iba a construir. Se llegó a un acuerdo consintiendo el derribo de dicha vivienda siempre y cuando el consistorio construyera una pared encima del muro de unos 2,40 metros cuadrados de altura, para proteger la intimidad de la propiedad privada, y quitar las vistas de la zona ocupada, mientras no se llevara a cabo la edificación en dicho solar. Dado que el ayuntamiento incumplió su palabra, la diputada demandó al alcalde para que repusiese la construcción que había en el solar consistente en una vivienda de dos plantas.

A partir de aquí todo son, según las denuncias, coacciones y extorsiones por parte de la polilcía local "a instancias del señor alcalde". Tras el derribo del muro por parte del ayuntamiento, Enrique López Ponce, marido de la diputada socialista, presentó una nueva denuncia en la Guardia Civil de Archena. Habían intentado reponer por su cuenta el muro que le habían derribado, cuando un policía local se presentó en la obra y le pasó un teléfono móvil a los dos albañiles que estaban trabajando. Tras la conversación telefónica, los albañiles se marcharon del lugar porque "era el señor alcalde y nos ha dicho que nos vayamos o vamos a tener problemas". El alcalde también llamó al proveedor de los materiales para que se los llevase, e hizo un seguimiento junto con tres concejales, el secretario municipal, un técnico del ayuntamiento y otras personas, "y constantemente el alcalde pedía a los obreros municipales que lo quitaran todo y pusieran los materiales en el camión".

En una de las denuncia también acusan al concejal de obras de que "no paraba de ir detrás de mi y mi esposa, sintiéndonos agobiados, hasta el punto que Carmen Manzano estaba muy nerviosa y angustiada y quiso ir a tomarse una manzanilla, pero el alcalde le dice que le impide que se marche en contra de su voluntad y le dice al policía local que la vigilase". La diputada tuvo que ser trasladada después de urgencia al Hospital General Universitario y posteriormente a la Clínica La Vega, donde se dieron los oportunos informes médicos.

Pero, ante la aparente inutilidad de las denuncias presentadas en el cuartel de la Guardia Civil de Archena, se presenta otra cuarta denuncia, en el Puesto Principal de la Benemérita en Cieza. En esta ocasión, el esposo de Carmen Manzano relata la complicidad del sargento de la Guardia Civil de Archena, que expresa una actuación presuntamente ilegal. En el lugar de los hechos se presentaron dos agentes de la Guardia Civil, a los que "les comunicamos que nos había dicho nuestro abogado que para poder tirar el muro el ayuntamiento necesitaba una orden judicial", que no llevaban.  Tras el intento fallido de los números de la Guardia Civil, acude a los pocos minutos el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Archena, que al llegar "se dirigió hacia nosotros para indicarnos que nos retiraramos para hablar en un lugar apartado. El sargento nos dijo que se había puesto telefónicamente en contacto con la juez de Guardia de Cieza, y que ésta le había dicho por teléfono que si los bloques no están sujetos con masa había que quitarlos, y que la juez no puede personarse ni hacer orden porque están en fiestas".

El sargento insistió en que "era mejor retirarse y nos prometió hacer un informe exhaustivo en el que iba a poner entre otras cosas que no les dejaban poner los bloques el alcalde y sus concejales, que era mejor desistir de echar la masa porque asío lo juez lo tendría en cuenta en nuestro beneficio y que con la juez que ha hablado tiene ganas de enganchar al alcalde".

Creyendo que la autoridad policial, que decía venir en nombre de la juez, actuaba de buena fe, Carmen Manzano y su esposo desistiero, pero sobre todo "por la insistencia del sargento de que le acompañáramos al cuartel donde iba a hacer un informe exhaustivo que nos dejaría ver".

Dos días después la pareja se personó nuevamente en el cuartel de Archena con objeto de ver el informe, pero "el sargento se negó de forma alterado y nos dijo que nuestra abogada se lo solicitase al juez". Carmen Manzano y Enrique Ponce hicieron constar en esta última denuncia que la mujer del sargento está contratada por el alcalde de Villanueva del Río Segura.

Estas denuncias, en este caso a un cargo público a nivel regional, como era Carmen Manzano, se suman a otras últimamente presentadas por trabajadoras presuntamente acosadaas y amenazadas por el alcalde en los últimos meses. La situación en Villanueva, es, una vez más, insostenible para quien no da los parabienes al máximo mandatario municipal, o no es del todopoderoso y mayoritario Partido Popular.

33. EXTREMADURA: EL PASADO FRANQUISTA DEL EX ALCALDE DE CÁCERES (24/06/07)

José María Saponi, hasta ahora alcalde popular de Cáceres, perdió en los comicios del pasado 27 de mayo, y decidió dimitir al considerar que él no está "para hacer tareas de oposición, sino para mandar". Ahora que ha abandonado su cargo, y que la alcaldía la ostenta la socialista Carmen Heras, algunos blogs de información alternativa de la región recuerdan que Saponi tuvo un activo pasado franquista y estuvo involucrado en los campamentos del Frente de Juventudes.

El ex alcalde de Cáceres decidió no liderar la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad al perder la mayoría absoluta el pasado 27 de mayo. A su entender, él había sido designado para "mandar" y no para hacer oposición. La web Información alternativa en Extremadura recuerda los gustos por el mando del ex edil popular quien, durante los años 70 participó activamente en campamentos falangistas.

Un monolito situado en Covaleda (Soria) se encarga de recordar el pasao de Saponi. En él, una inscripción con su nombre en la que se recuerda que fue "mando", es decir, jefe del campamento Francisco Franco del año 1974 organizado por el Frente de Juventudes (la sección juvenil del régimen franquista).

El blog oficial de la agrupación ultraconservadora Tierra de conquistadores, que en su web se define como un "movimiento católico español de acción juvenil española de Extremadura" da a conocer también la foto, aunque arremeten contra Saponi por considerarse un "demócrata de toda la vida" y no reconocer sus gustos franquistas.

Saponi, que ha perdido la alcaldía de Cáceres tras el acuerdo logrado entre PSOE, IU y Foro Ciudadano, aseguró que se trata de un "pacto legal, pero no legítimo, porque tuerce la voluntad de los ciudadanos". A su juicio, los resultados del 27 de mayo, pese a haberle quitado la mayoría absoluta, sólo demuestran que "los cacereños querían que el PP gobernara en minoría, con acuerdos puntuales" (puesto que fue la lista más votada). Además, el ex alcalde no dudó en criticar duramente a este tripartito, asegurando que los partidos que lo integran tuvieron posturas discrepantes durante la última legislatura. Para poder gobernar, aseguró, "van a tener que echarle mucha imaginación, tanto como hacer un paquete con un sable y un melón".

34. CANTABRIA: LOS REGIONALISTAS DENUNCIAN POR TRÁNSFUGA A SU ALCALDE EN CASTRO URDIALES (23/06/07)

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido que intervenga la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo por estimar que la ha incumplido el PP al haber contribuido con sus votos a que sea alcalde de Castro Urdiales un concejal del PRC, Fernando Muguruza, que incumplió un acuerdo de su partido y se votó a sí mismo para regidor. El PRC había pactado con el PSOE apoyar a la candidata de este partido, María Jesús Esteban, para alcaldesa. Muguruza resultó elegido con el apoyo del Partido Popular y de la agrupación vecinal Acuerdo por Castro.

El secretario general del PRC y presidente en funciones del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha enviado una carta al ministro de Administraciones Públicas en el que le pide que traslade lo ocurrido a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para que tome una decisión. El vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, afirmó en una conferencia de prensa que el nuevo alcalde de Castro Urdiales es un "tránsfuga de libro" por incumplir un acuerdo del comité local de su partido, ser "desleal" a sus compañeros y "traicionar" su compromiso con el PRC "por un cargo y una retribución económica". El Comité de Disciplina del PRC analizará si expulsa a Muguruza del partido.

25. MELILLA: CINCO PERSONAS RELLENARON CIENTOS DE SOLICITUDES DE VOTO POR CORREO EN MELILLA (27/06/07)

Melilla sufrió el 27 de mayo una "realización programada de acciones tendentes a asegurar el voto hacia el PP, mediante la práctica masiva de promoción de solicitud de voto por el correo (...) a cambio de cobrar por asistir a cursos de alfabetización, tener expectativas de trabajo de un consejero, o recibir vales de dinero". Ésa es la conclusión del fiscal que ha investigado las seis denuncias de delito electoral en Melilla, cuya Asamblea está aún pendiente de constituir. El fiscal resalta que de las 2.400 solicitudes de voto por correo, 1.576 fueron enviadas desde Melilla; 229 tienen la letra de cinco únicas personas y hubo suplantación de votantes.

El fiscal, en un reciente informe, ha pedido que se acumulen en un solo juzgado de Melilla para su investigación las seis denuncias de delito electoral registradas en esta ciudad por uso fraudulento del voto por correo en favor del PP, partido que ganó las elecciones del 27-M por mayoría absoluta.

En sus informes, la fiscalía apunta que al menos 229 solicitudes de voto por correo que resultaron sospechosas a la oficina del censo fueron rellenadas por cinco personas -en su mayoría por tres-, porque esos eran los tipos de letra detectados, lo que denota un "rellenado masivo". Podría haber muchos más casos de este tipo, por ello el fiscal ha pedido el envío del resto de solicitudes de voto por correo sospechosas de fraude por su similitud de letra para su análisis caligráfico. El ministerio público considera que en Melilla operó una trama para burlar la Ley Electoral. El fiscal sostiene que una serie de melillenses, a cambio de ayudas económicas o promesas de trabajo, firmaron solicitudes de voto por correo que rellenaron en su lugar otras personas antes de entregarlas en Correos. Cuando les llegó la documentación oficial para ejercer su derecho a voto, un sobre marrón, la entregaron a las personas que les habían captado, supuestamente afines al PP, según la investigación. Y, así, quedó en manos de la trama ejercer su voto.

El fiscal escribe en su informe: "El carácter personalísimo y secreto del voto, en estos casos, no lo tiene el propio elector, sino que lo adquiere o usurpa quien ofrece un precio o una promesa de contenido económico por un sobre con la documentación electoral". El fiscal apunta sin disimulo a qué base social se acudió para comprar tales votos: "Oferta dirigida a un electorado de origen bereber, dependiente en su mayoría de subvenciones y ayudas públicas, que a cambio de éstas o como complemento de ellas, se ve compelido o simplemente dispuesto a vender o ceder sus documentaciones electorales, un sobre grande marrón. Y si alguien inicia el trámite de solicitud de voto por correo, pero no lo concluye (consciente o inconscientemente), una vez realizada la solicitud ya no podrá votar; porque si le han tenido que rellenar un papel con sus simples datos personales, no va a ser capaz de cumplimentar su voto y si quiere ir a votar en persona el día de las elecciones, ya no puede. Con lo que quien no entregue el sobre grande marrón y renuncie al precio o a la recompensa, de cualquier forma ya ha perdido su voto".

Este sistema de fraude, según la Fiscalía, exigía "tener captadas clientelas desde unos meses antes de las elecciones, encargándose de ello personas de origen bereber".

El fiscal afina su sospecha: "Los dos miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad melillense que han sido imputados son los dos únicos miembros de origen bereber del Gobierno de la ciudad". Y un último requisito imprescindible para tan masiva manipulación electoral "También son necesarios desde el mismo inicio de la campaña numerosos impresos de solicitud de voto por correo".La conclusión del reguero de indicios -seis denuncias- de delito electoral es obvia para el fiscal: "Todos los partícipes en estos casos reflejan la realización programada de acciones tendentes a asegurar el voto hacia el PP, mediante la práctica masiva de promoción de solicitud de voto por correo, tras la simple firma de una solicitud que se le ofrece rellenada junto al impreso de certificado postal, e ir a correos para presentarla. A cambio de cobrar la ayuda por asistir a cursos de alfabetización, tener expectativas de trabajo de un consejero en persona o recibir vales de dinero para ir al supermercado, etc.. Y, en caso de no llevar el sobre marrón adonde se le haya dicho, ya habrá quedado inutilizado ese voto".

El fiscal ha investigado el voto por correo en Melilla el 27-M y ha llegado a la siguiente conclusión: "De las más de 2.400 solicitudes de voto por correo, se enviaron 1.576 sobres a las mesas electorales desde la propia Melilla".

 

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