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Del 01 al 07 de diciembre 2007
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ÍNDICE
1. SÓLO RAJOY Y LA EXTREMA DERECHA SE DESMARCAN DEL MENSAJE DE UNIDAD
2. EL ACTO UNITARIO CONTRA ETA AGRAVA LAS TENSIONES ENTRE EL PP Y ALCARAZ
3. ULTRADERECHISTAS BOICOTEAN EN MADRID EL ACTO DE REPULSA CONTRA EL ÚLTIMO ASESINATO DE ETA
4. EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA SE QUERELLARÁ CONTRA LOS CONSPIRANOICOS
5. EL CONSTITUCIONAL ACUSA AL PP: "INTENTO DE ABUSO DE DERECHO Y FRAUDE PROCESAL"
6. ZAPLANA MEJORA LA HIPOTECA DE SU "PISITO" EN LA CASTELLANA
7. AZNAR NEGOCIÓ CON EL GRAPO, SEGÚN DOS DE SUS MIEMBROS
8. LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL 'DECRETAZO' DE AZNAR, SERÁN INDEMNIZADOS
9. UN COLECTIVO VINCULADO AL PP PUBLICA UN ARTÍCULO CONTRARIO A LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN MISIONES EN EL EXTERIOR
10. EL FISCAL PIDE ONCE AÑOS PARA EL DUEÑO DE GESCARTERA, ANTONIO CAMACHO
11. ANDALUCÍA: DE LA TORRE DERIVA LA CULPA DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE MÁLAGA
12 COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE TARDA 11 MESES EN APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA
13. COMUNIDAD DE MADRID: LA COMUNIDAD TALA CIENTOS DE ÁRBOLES EN LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS'
14. COMUNIDAD DE MADRID:SÓLO HAY 3,5 CAMAS DE HOSPITAL POR CADA MIL HABITANTES EN LA REGIÓN
15. COMUNIDAD DE MADRID: PRESENTAN UNA DENUNCIA CONTRA EL NUEVO PRESIDENTE DE IFEMA POR COMPETENCIA DESLEAL
16. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN BOICOTEA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GUATEQUE
17. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN TAMBIÉN QUIERE PRIVATIZAR EL ALUMBRADO
18. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN GASTA 400.000 EUROS EN UN ESPECTÁCULO DE LUZ DE SÓLO MEDIA HORA
19. COMUNIDAD DE MADRID: NAVALCARNERO QUIERE MULTIPLICAR POR 7 SU POBLACIÓN SALTÁNDOSE UN INFORME
20. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS NO IRÁ AL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN CON DE LA VEGA Y EL PP MONTA UN MITIN CONTRA EL GOBIERNO
21. COMUNIDAD VALENCIANA: 600.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN DEL EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR, INVESTIGADA POR HACIENDA
22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PERITO RATIFICA A LA JUEZA QUE UNA BALIZA REPROGRAMADA HABRÍA EVITADO EL ACCIDENTE
23. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ SE NIEGA A INVESTIGAR LA GRAVE INUNDACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL INTERVENTOR DE CASTELLÓ ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO LOCAL SUPERA EN 5 MILLONES EL LÍMITE LEGAL DE GASTOS
25. COMUNIDAD VALENCIANA: El TSJ anula el reformado de la estación de Benidorm
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ PIDE AL EDIL DE URBANISMO DE OROPESA ESCRITURAS DE SU PATRIMONIO
27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL INVESTIGA LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA DE CABANES A MARINA D'OR
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL APELARÁ EL ARCHIVO DEL TRATO DE FAVOR DE ALPERI A ORTIZ
29. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA NO CEDE, IGNORA A LOS VECINOS Y CULPA AL PSOE DE LA SITUACIÓN
30. CASTILLA Y LEÓN: EL PP QUERÍA EJECUTAR UNA MACROURBANIZACIÓN EN ÁVILA EN UNA ZONA PROTEGIDA Y SIN AGUA
31. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE VEGA DE INFANZONES (LEÓN), DEL PP, DICE QUE EL GOBIERNO ES "MÁS CULPABLE" QUE LOS "TERRORISTAS
32. ISLAS CANARIAS: LA BRIGADA DE INFORMACIÓN APORTA NUEVOS DATOS AL JUEZ DE TELDE SOBRE LA INVESTIGACIÓN
33. REGIÓN DE MURCIA: PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL ALCALDE DE TOTANA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN
34. REGIÓN DE MURCIA: DETENIDO UN CARGO DEL PP LOCAL POR EL CASO DE CORRUPCIÓN DE TOTANA
35. REGIÓN DE MURCIA: EL PP MURCIANO RECHAZA ACTUAR CONTRA SU DIPUTADO AUTONÓMICO JUAN MORALES
36. REGIÓN DE MURCIA: UNA EX EDIL ACUSA A UN ALCALDE MURCIANO DEL PP DE COMPRAR VOTOS
37. ISLAS BALEARES: EL JUEZ DEL CASO ANDRATX ELEVA A 67 EL NÚMERO DE PIEZAS SEPARADAS
1. SÓLO RAJOY Y LA EXTREMA DERECHA SE DESMARCAN DEL MENSAJE DE UNIDAD
Los líderes políticos han lanzado un claro mensaje de "unidad" contra el terrorismo de ETA durante la concentración celebrada en la Puerta de Alcalá de Madrid. Sólo uno, Mariano Rajoy, ha centrado su discurso en que "no se vuelva a negociar" con la banda terrorista.
Todos los partidos democráticos quisieron dejar claro un mensaje: su unidad contra ETA. Y esa unidad fue demostrada por la mayoría de los ciudadanos que acudieron a la concentración. Sólo un pequeño grupo, encabezado por un joven portando una bandera falangista, decidió desmarcarse del espíritu general del acto y comenzó a gritar consignas como "Zapatero, dimisión" o "ZP, embustero, trilero".
Al acto acudieron representantes de todo el arco político, los sindicatos y la ciudadanía. Los socialistas estuvieron representados por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el líder de los socialistas vascos, Patxi López. Todos ellos coincidieron en la "unidad" que debe existir para luchar contra la banda terrorista ETA. Jesús Caldera destacaba que cualquier acto de violencia es "estéril", aunque "produce siempre un daño". Pero el ministro de Trabajo también les lanzó un mensaje a los terroristas: "van a pagar por sus crímenes".
La presencia de los medios de comunicación en la concentración de Madrid fue de gran relevancia. Era tal la aglomeración de periodistas que todos los políticos se prestaron a responder a la prensa dos veces, para que todo el mundo pudiera recoger sus declaraciones. Sólo uno se negó: Mariano Rajoy. No fue la única diferencia que marcó el líder del Partido Popular. Frente a la unidad contra el terrorismo defendida por todos los partidos, Rajoy pidió que "no se vuelva a negociar" con ETA e insistió en la ilegalización de ANV y del PCTV. "Venimos como siempre", afirmó Rajoy explicando su presencia en la concentración, "a defender una política que es la derrota de ETA".
Una ciudadana puso punto y final a la concentración con la lectura de un manifiesto en contra de ETA, rechazando el último asesinato de la banda que se ha cobrado la vida de un guardia civil y que mantiene a otro en coma en el hospital. Tras la lectura del comunicado, los asistentes a la concentración guardaron dos minutos de silencio, tras los cuales la ciudadanía estalló en un aplauso y los asistentes mostraron su apoyo a Zapatero y a Pedro Zerolo, concejal socialista de Madrid que anteriormente había sido insultado durante la concentración de rechazo a ETA que tuvo como escenario la puerta del ayuntamiento madrileño.
Pero el silencio también fue roto por los ultras. La extrema derecha, aunque escasamente representada, estuvo presente en la concentración. Y una vez más se dedicó a vocear sus lemas mientras algunos de los asistentes realizaban el saludo fascista de forma ocasional. Los gritos de los ultras eran contestados por otros ciudadanos, que mostraron su apoyo al presidente del Gobierno gritando "¡Zapatero, no estás solo!".
(www.elplural.com, 05/12/07)
2. EL ACTO UNITARIO CONTRA ETA AGRAVA LAS TENSIONES ENTRE EL PP Y ALCARAZ
La concentración contra el último atentado terrorista convocada hoy en Madrid, la primera de carácter unitario en esta legislatura, ha ampliado la brecha abierta entre el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Bajo el lema Por la libertad, por la derrota de ETA, está convocada por la patronal, los sindicatos y todos los grupos del Congreso, incluido el popular. Pero la AVT de Francisco José Alcaraz se ha negado a asistir. Se agravan así las tensiones entre el PP y Alcaraz, que ya afloraron ante la última protesta de la AVT.
Alcaraz ha planteado al Gobierno cuatro condiciones para sumarse a esta cita: que regrese al pacto antiterrorista; que revoque hoy mismo la resolución del Congreso que autorizó el diálogo con ETA; que ilegalice Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK); y que actúe de forma "contundente" contra los etarras y su entorno. Cuádruple ultimátum que evidencia la negativa de Alcaraz a participar en un acto bendecido por Mariano Rajoy. Los populares dicen "respetar" esta decisión, pero no ocultan que su relación con la AVT no pasa por su mejor momento.
Los precedentes de la tensión hay que buscarlos en la última manifestación de la AVT, celebrada el 24 de noviembre en Madrid. Los populares no ocultaron su malestar ante el hecho de que Alcaraz la convocara sin consultarles, y cuando ya habían decidido dejar en un segundo plano el debate sobre la lucha antiterrorista. Como el PP tardó en confirmar quién le representaría en aquella marcha, el presidente de la AVT advirtió de que "echaba de menos" un apoyo explícito de Rajoy. Pese al evidente malestar, la plana mayor del partido acudió al acto. Pero no estuvo Rajoy.
Alcaraz no dará apoyo, ni explícito ni tácito, a una concentración que también patrocina el PP. Sin embargo, la AVT y el Foro Ermua sí se adhirieron a las concentraciones que convocaron todos los ayuntamientos de España. Especialmente llamativa resultó la de Madrid, donde más de 300 personas se reunían, en principio, para rendir homenaje a los guardias civiles tiroteados. Pero algunos de los presentes, muy exaltados, se dedicaron a dejar constancia de su apoyo a Alcaraz y a abuchear a los representantes del PSOE, con gritos homófobos en el caso del concejal Pedro Zerolo. Se pidió a gritos la dimisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y hasta se advirtió a Rajoy de que "apoyar a la Z --en alusión a Zapatero-- es apoyar a ETA". Esta concentración contó con la presencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón; del secretario general del PP, Ángel Acebes, y de varios secretarios ejecutivos del partido.
Acebes tenía previsto hacer allí unas declaraciones, pero desistió al comprobar que Zerolo era perseguido hasta el coche por un grupo de violentos que intentaban agredirle. El edil socialista tuvo que que ser escoltado por el vicealcalde, el popular Manuel Cobo. También hubo tensión en Córdoba y Zaragoza. No así en las cuatro capitales catalanas, a cuyas concentraciones asistieron algunos centenares de personas.
En Madrid, Acebes volvió a convocar a la prensa, una hora después, en la sede del PP. Allí, además de manifestar su respeto por la decisión de la AVT de no acudir al acto, se desvinculó de los insultos a los socialistas que había presenciado poco antes. Pero sin condenarlos, para no desautorizar a las víctimas. Se le preguntó si los populares "echarían de menos" a Alcaraz. "Respeto y apoyo a las víctimas, digan lo que digan", se limitó a responder. Insistió Acebes en que el PP está dispuesto a apoyar a Zapatero para derrotar a ETA, aunque reclamó la ilegalización y expulsión de los consistorios de ANV. A diferencia de Alcaraz, no marcó plazos. Sobre esta cuestión se pronunció también Zapatero, quien solicitó a la ejecutiva del PSOE "prudencia" para no obstaculizar un posible proceso de ilegalización.
(www.elperiodico.com, 04/12/07)
3. ULTRADERECHISTAS BOICOTEAN EN MADRID EL ACTO DE REPULSA CONTRA EL ÚLTIMO ASESINATO DE ETA
Ni los cinco minutos de silencio de condena. Un grupo de 300 ultraderechistas han boicoteado el acto de repulsa convocado por el Ayuntamiento de Madrid contra el asesinato a sangre fría de un guardia civil por parte de ETA. Gritos de "traidor", "hijos de puta", "asesinos" contra los cargos socialistas presentes en el acto han impedido la celebración del acto convocado en la Plaza de Cibeles de la capital. La situación de tensión ha llevado al vicealcalde a tener que escoltar a su compañero Pedro Zerolo (concejal del PSOE). A esto se suma las declaraciones del alcalde de Vega de Infanzones, el 'popular' Maxi Campano, quien ha asegurado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "es más culpable que los mismos terroristas" del asesinato de su vecino, Raúl Centeno.
Los gritos e insultos contra el Gobierno y el PSOE han impedido celebrar en las puertas del Palacio del Cibeles -nueva sede del Ayuntamiento de Madrid- los cinco minutos de silencio que estaban convocados en todos los consistorios de España para condenar el último atentado mortal de ETA. Los manifestantes ultraderechistas abuchearon e insultaron a los representantes socialistas, entre ellos el diputado Álvaro Cuesta y el concejal y secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo.
Este grupo, que portaba banderas de España y pancartas con lemas como 'A ETA se la vence no se la convence', profirieron gritos a los socialistas como 'Cómplices de ETA fuera de ahí', 'Zerolo insultas a las víctimas con tu presencia' o 'Zapatero haz las maletas y vete con la ETA'. La situación de tensión ha sido tal, que Zerolo ha tenido que ser escoltado por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. El secretario general del PP, Ángel Acebes, presente en el acto, ha tenido que suspender su declaración en el lugar y trasladarse a la sede central del partido en la calle Génova.
También se han registrado gritos contra el Gobierno y el presidente Rodríguez Zapatero en las concentranciones de Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Jaén, en la que participó el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que ha rechazado acudir a la manifestación de mañana en Madrid que ha conseguido reunir a todas las fuerzas políticas, sindicales y empresariales.
Por otra parte, Maxi Campano, alcalde 'popular' de la localidad leonesa de Vega de Infanzones, de donde es natural la familia del guardia civil asesinado por ETA el sábado en Francia, ha afirmado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "es más culpable que los terroristas" del asesinato de Raúl Centeno.
(www.cadenaser.com, 04/11/07)
4. EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA SE QUERELLARÁ CONTRA LOS CONSPIRANOICOS
Les acusaron de manipular pruebas, de mentir y de participar en una conspiración para cambiar de Gobierno, entre otras muchas cosas, pero finalmente la Policía, con la sentencia del 11-M en la mano, ha reaccionado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), presentará la próxima semana una querella contra Federico Jiménez Losantos, el locutor de la cadena COPE, y el periodista Luis del Pino por "vilipendiar al cuerpo" y "denigrar" la investigación policial de la masacre.
El SUP ha movilizado a sus afiliados con el fin de reunir en un documento las acusaciones y mentiras vertidas contra ellos por parte de los defensores de la teoría de la conspiración. Tal y como informa El Heraldo de Aragón, el sindicato policial ha reunido 95 páginas con más de 35.000 palabras pertenecientes a periodistas y políticos que apoyaron "la trama de los policías al servicio del embuste".
La próxima semana ha sido el momento elegido para presentar en los tribunales la denuncia contra Losantos y Del Pino, que entre los dos protagonizan más de cien expresiones consideradas injuriosas por los abogados del SUP.
Pero junto a Jiménez Losantos y Luis del Pino pueden acabar otros personajes del panorama político y periodístico. El SUP está estudiando si querellarse contra el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez; el periodista de este mismo diario y autor de la serie sobre los "agujeros negros" de la investigación del 11-M, Fernando Múgica; el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Astarloa.
El ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, también está en el punto de mira. El ex comisario general de Información, Telesforo Rubio, el ex responsable de la Unidad Central de Inteligencia José Cabanillas y Enrique García Castaño, responsable de la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía, estudian emprender acciones legales contra Díaz de Mera, quien acusó a los tres mandos anteriores de haber ocultado un informe que vinculaba a ETA con el 11-M.
Diversos agentes y mandos barajan también la idea de querellarse contra los autores de la teoría de la conspiración. Es el caso del ex comisario jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano, que fue acusado por los conspiranoicos de haber ocultado pruebas sobre los explosivos encontrados en la furgoneta y en la mochila desactivada en Vallecas. El tedax Pedro, como se conoce al agente que desactivó la única bomba que no estalló, también estudia emprender acciones legales contra Losantos, que le acusó de que la "mochila de Vallecas es falsa, es mentira y tú lo sabes; Pedro, estás mintiendo".
El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha querido dejar claro que las denuncias no son una venganza. "Estamos incluso dispuestos a retirarlas si rectifican estas afirmaciones, sólo nos importa el buen nombre de la institución y la imagen que se ha dado", matizó Sánchez Fornet.
(www.elplural.com, 05/12/07)
5. EL CONSTITUCIONAL ACUSA AL PP: "INTENTO DE ABUSO DE DERECHO Y FRAUDE PROCESAL"
La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal".
La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". Así se establece en el auto que el Constitucional hizo público con los argumentos jurídicos que fundamentan el rechazo a limine (de plano) de la triple recusación de los populares. El Tribunal tiene "fundadas sospechas" de que las recusaciones se formularon "para alterar la composición del Pleno". Además, el Constitucional admitió a trámite la recusación de dos magistrados presentada por el Gobierno.
El auto, redactado por el presidente en funciones, el conservador Vicente Conde Martín de Hijas, destapa la supuesta "táctica procesal" del PP consistente en "unificar las recusaciones formuladas por ellos con las del Gobierno", aunque, dice el auto, "se trata de hechos distintos". Por eso, la petición de acumulación de recusaciones que hizo el PP "carece de cobertura legal" y supone "un uso desviado de las normas del proceso". El rechazo a esa pretensión del PP se justifica, además, porque "no existe norma legal que obligue al Tribunal a un pronunciamiento previo" sobre la acumulación.
Los reproches del Constitucional se endurecen al examinar lo que el PP calificó como "irregularidades en la preconstitución de prueba". Se trata de la carta firmada por seis magistrados en la que desmintieron la información de El Mundo relativa a que Sala, Aragón y Tremps se habrían mostrado a favor de la prórroga legal del mandato de la presidenta del Tribunal. El Constitucional considera "difícilmente repetible" que se recuse a unos magistrados "por conversaciones de los mismos acaecidas en el seno interno del Tribunal" de los que "sólo ellos son los primarios conocedores y sólo a través de ellos pueden ser conocidas por sus compañeros". Pero en todo caso, considera procesalmente válido "que los protagonistas del hecho comuniquen la falsedad del mismo al resto de los miembros del Tribunal".
Para el Constitucional, si de lo que trata es de "reaccionar frente a los intentos de alterar la composición del Tribunal", sería contrario a ese objetivo "que a los magistrados pueda imponérseles el silencio" y se tramitasen unas recusaciones "sin otra base que una información de un periódico sin firma de autor ni de fuente".
Sobre la información publicada por El Mundo, agrega que "ha sido rotunda y tajantemente desmentida" por todos los magistrados que han participado en la reunión, "privándola totalmente de la necesaria e imprescindible fundamentación fáctica". Por tanto, la no aportación de un principio de prueba "ha de determinar en este momento su inadmisión a limine". En todo caso, agrega, "las conversaciones de magistrados "no son datos de hecho suficientes para basar una recusación".
El Tribunal dedica un apartado final al comisionado del PP, Ignacio Astarloa, al que reprocha haber proclamado en diversos pasajes de las alegaciones del PP que las recusaciones eran una "reacción" frente a las formuladas por el Gobierno contra los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.
Para el Tribunal, estas afirmaciones son un "uso indebido de un instituto tan importante como es la recusación" y una "instrumentalización" que persigue el reequilibrio del pleno. El Tribunal exige taxativamente a Astarloa que "guarde el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal". El pleno que dirimirá ese recurso tiene mayoría progresista (cinco magistrados frente a tres).
(www.elpais.com, 04/12/07)
6. ZAPLANA MEJORA LA HIPOTECA DE SU "PISITO" EN LA CASTELLANA
Pese a sus labores políticas, Eduardo Zaplana ha encontrado un momento para echar cuentas. El tercer hombre más importante del Partido Popular (PP) ha mejorado las condiciones de su hipóteca en estos días.
El crédito para la compra de su vivienda le fue concedido en el año 2002 por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con objeto de adquirir un piso de 532 m2 en el lujoso Paseo de La Castellana.
En diciembre de 2006 Zaplana y su esposa, casados en régimen de gananciales, modificaron las condiciones de la hipoteca con una nueva escritura para afrontar el pago de los 1.622.732,78 euros, más intereses generados, que les concedió la CAM. La compra del pisito resultó llamativa en su momento. Y es que sus metros cuadrados y su distribución dejaron boquiabiertos a muchos, dentro y fuera de su partido.
Así, la residencia de Zaplana consta, según pudo saberse, de salón con chimenea, sala de estar, comedor, cuarto de armarios, dos cuartos de baño y aseo, cuarto de vestir, cuatro dormitorios, un despacho, un vestíbulo, un oficio, comedor de servicio, cuarto de plancha, dormitorio de servicio, cuarto de baño para servicio, cuarto de entrada y armarios y cocina. Además, contaba con dos terrazas, una de ellas de servicio, un trastero de casi ocho metros cuadrados en el sótano y dos plazas de garaje.
(www.periodistadigital.com, 03/12/07)
7. AZNAR NEGOCIÓ CON EL GRAPO, SEGÚN DOS DE SUS MIEMBROS
Dos miembros del GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) aseguraron durante el juicio por el secuestro del empresario Publio Cordón que el anterior Ejecutivo negoció con ellos. "Mantuvimos conversaciones con el Gobierno de Aznar, a petición suya, con el objetivo de que derivasen en una negociación política", afirmó Enrique Cuadra, ya condenado por la detención ilegal de Cordón en 1995, cuyo paradero aún hoy se desconoce.
No es la primera vez que los grapos hablan de la negociación, pero esta cobra relevancia al tener en cuenta que el PP ha lanzado duras críticas contra el Gobierno del PSOE por dialogar con ETA. Por otra parte, en la vista, los grapos Fernando Silva, Manuel Pérez e Isabel Llaquet negaron su relación con el secuestro de Cordón e incluso su pertenencia al grupo terrorista. El GRAPO siempre ha reconocido que secuestró al empresario, pero aseguraba que lo liberaron. La familia de Cordón esperaba que la declaración de Silva, la persona que supuestamente le dejó libre, sirviera para esclarecer el paradero de su padre o encontrar sus restos mortales, pero vieron frustrada su aspiración.
(www.elperiodico.com, 04/12/07)
8. LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL 'DECRETAZO' DE AZNAR, SERÁN INDEMNIZADOS
Los trabajadores afectados por la supresión del salario de tramitación que eliminó durante unos meses la reforma laboral del gobierno de Aznar -el llamado 'decretazo'- pueden empezar a solicitar las indemnizaciones acordadas entre el Gobierno y los sindicatos. Se trata de trabajadores que fueron despedidos entre el 26 de mayo de 2.002 y el 13 de diciembre de ese año. Durante el tiempo que estuvo vigente el 'decretazo' aprobado por el Gobierno de Aznar. En él se suprimió el llamado salario de tramitación, el que se cobra desde que se produce el despido hasta que el Tribunal de lo Social resuelve.
Un salario que dejaron de cobrar los que les pilló en esas fechas una demanda de despido. Pueden ser varios miles, aunque se desconoce la cifra de trabajadores afectados. Ahora, una vez que fue declarado inconstitucional el decretazo, el Ministerio de Trabajo ha establecido mediante un oficio que pueden reclamar una indemnización al Estado. La cifra a cobrar depende de cada trabajador, de lo que hubiese debido cobrar como salario de tramitación. Pero lo más habitual es que sean entre 3.000 y 4.000 euros, aunque puede llegar a mayores cantidades.
(www.cadenaser.com, 04/11/07)
9. UN COLECTIVO VINCULADO AL PP PUBLICA UN ARTÍCULO CONTRARIO A LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN MISIONES EN EL EXTERIOR
El coronel en la reserva Antonio J. Candil diserta en su artículo sobre la obra de un autor americano y pone el acento en que las mujeres "sufren mayores desordenes psicologicos que los hombres". "Los varones -asegura- no se sienten cómodos en combate luchando con una mujer al lado porque no confían en ellas". Afirma, además, que enviar mujeres a misiones en el exterior es poner de manifiesto principios igualitarios mal entendidos .
El coronel invita a la direccion de personal del Ministerio de Defensa a leer a este autor americano, cuyas ideas suscribe, antes de enviar mujeres al exterior y afirma que dice lo que nadie quiere oir. Este articulo ha sido publicado por el Grupo de Estudios Estratégicos, un colectivo dedicado al análisis de cuestiones de política exterior y vinculado al PP, ya que entre sus miembros figuran Rafael Bardají, director de Política Internacional de FAES, o Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Interior del Senado.
(www.cadenaser.com, 04/11/07)
10. EL FISCAL PIDE ONCE AÑOS PARA EL DUEÑO DE GESCARTERA, ANTONIO CAMACHO
El fiscal Vicente González Mota decidió pedir once años de cárcel para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, exculpar a su mujer Laura García-Morey y Angeles Leis, ambas empleadas de la sociedad, y elevar la posible cuantía de los daños provocados a clientes hasta los 90,15 millones de euros.
En la duodécima sesión del juicio oral, al ratificar sus escritos provisionales de calificación, la mayor parte de acusaciones secundaron la decisión del fiscal, que no presentó cargos contra García-Morey y Leis, pese a pedir anteriormente, seis años de cárcel, e incluso, a diferencia del ministerio público, rebajaron la pena pedida para la ex presidenta de Gescartera , Pilar Giménez-Reyna. Sin embargo, las acusaciones llegaron a pedir hasta 22 años de cárcel para Antonio Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, por apropiación indebida, estafa y falsedad documental. El fiscal, por su parte, sólo consideró los delitos de apropiación indebida y falsedad para solicitar once años de prisión para los principales imputados, que suponen tres de los doce acusados por el Ministerio Público.
Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, según el fiscal, eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros y, además, Camacho dispuso en interés propio y de su entorno cerca de 12 millones de euros, mientras que Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dinero de los clientes no se encontraba invertido en activos financieros.
Entre Camacho, su entorno familiar, Ruiz de la Serna y Sardón pudieron apropiarse de más de una cuarta parte de las aportaciones netas totales de los clientes de Gescartera , entre 1993 y 2001, cifradas en 11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros.
Para Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Angel Vicente, en su momento presidenta, apoderado, y jefe de mantenimiento de Gescartera , respectivamente, el fiscal ha solicitado otros años de prisión, por el delito de apropiación indebida.
Algunas acusaciones rebajaron la condena pedida para Pilar Giménez Reyna, incluso al considerarla sólo "cómplice" de esta apropiacion -tres años de cárcel-, al igual que para el apoderado Javier Sierra de la Flor, quien, a pesar de firmar cheques por unos siete millones de euros, no figura entre los principales acusados.
(www.nortecastilla.es, 04/12/07)
11. ANDALUCÍA: DE LA TORRE DERIVA LA CULPA DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE MÁLAGA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), casi agotó el tubo de pintura rosa al pintar el panorama de la capital de la Costa del Sol en el cuarto Debate sobre el Estado de la Ciudad. El regidor malagueño centró su discurso en las nuevas tecnologías y en una oferta cultural futura que abarca desde una sucursal del Museo Thyssen hasta los museos del vino, los minerales y las cofradías. Sin embargo, De la Torre relegó a un segundo plano los tres problemas más acuciantes para los ciudadanos: la suciedad de las calles, el tráfico y la falta de viviendas asequibles. El alcalde no sólo dedicó a estas cuestiones referencias de nota a pie de página sino que derivó la responsabilidad en estos problemas a las otras administraciones y a los ciudadanos.
El alcalde pidió que "cada uno sea consciente de su responsabilidad" en materia de limpieza. Por un lado a la empresa mixta Limasa le pidió trabajar "con el estímulo de sentir la satisfacción de una tarea bien hecha". Por otro solicitó a los ciudadanos que no tiren basura fuera de los contenedores y que no impidan su vaciado aparcando los coches delante. Para el Ayuntamiento, De la Torre reservó la responsabilidad del "correcto control" del trabajo de Limasa, empresa calificada por la portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy como "la empresa de limpieza más cara y menos eficiente de España".
Respecto al tráfico, el alcalde achacó los atascos cada vez más largos y frecuentes "al retraso de tres años que el Ministerio de Fomento ha producido en la ronda oeste". Bustinduy le replicó: "¿Cómo le explicaremos al visitante que llegará en AVE que se tarda dos horas y media en curzar 600 kilómetros y una hora en hacer seis o siete?".
(www.elpais.com, 04/12/07)
12. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE TARDA 11 MESES EN APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA
La Comunidad de Madrid ha cambiado de actitud y ha desbloqueado por fin la aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007. El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha valorado ya a las setecientas personas que sufren una dependencia severa y está cobrando lo que le corresponde del Gobierno central por cada gran dependiente. Madrid avanza, aunque sigue siendo la última de la cola. Fuentes del gobierno señalan que más de la mitad de las Comunidades Autónomas están concediendo un sueldo a las cuidadoras de los discapacitados. Aseguran además, que unas cien mil personas están valoradas y reciben atención y servicios de la nueva Ley.
La Ley de Dependencia está pensada sólo para las personas que no puedan valerse por si mismas, en torno al 1.100.000 personas. La ley, que contó con el rechazo del PP, está empezando a rodar en las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de desarrollarla. En el presente año, tenía que dar atención a los doscientos mil grandes dependientes, personas que necesitan atención día y noche. Así que el retraso es más que patente.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asegura que ya están valoradas unas cien mil personas, pero hay mucho desfase y desigualdad en la aplicación de la ley entre unas y otras regiones. Hoy estamos contando desde la mañana una buena noticia. La mitad de las Comunidades están concediendo los sueldos a las cuidadoras: Andalucía, Asturias, País Vasco, Navarra, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.
La ley atiende en una primera fase a los dependientes severos y se irá implantando progresivamente. El próximo año el presupuesto se doblará hasta los 800 millones el Gobierno y otros tantos las Comunidades Autónomas.
(www.cadenaser.com, 04/11/07)
13. COMUNIDAD DE MADRID: LA COMUNIDAD TALA CIENTOS DE ÁRBOLES EN LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS'
La Comunidad de Madrid ha comenzado a talar cientos de árboles que trasplantó en septiembre de 2006 para evitar que fueran arrasados por las obras de desdoblamiento de la M-501, conocida como carretera de los pantanos. La operación ha sido un fracaso y el 64% de los 812 ejemplares de encinas, chopos y pinos que se cambiaron de lugar en esta carretera no han superado el trance, según un informe elaborado por la organización ecologista Sierra Oeste Sostenible. "De momento deben llevar talados unos 200, pero hay muertos más de 500", señala Concha Velasco, portavoz del grupo verde.
La Consejería de Transportes, de la que dependen las obras, desconoce todavía el número de árboles que tendrán que talar. "Estamos comprobando su estado uno por uno. En todo caso, por cada ejemplar que sea necesario quitar plantaremos tres", asegura un portavoz de la Consejería.
El jueves pasado, miembros de la organización ecologista observaron cómo los árboles empezaban a desaparecer. "Incluso están tapando los tocones con tierra para que no se vean", afirma Velasco. Los ecologistas lo denunciaron ante la Guardia Civil.
El Gobierno regional inició la replantación de los árboles afectados por el ensanche de la M-501, entre Quijorna y Navas del Rey, en septiembre de 2006. Según datos de la Consejería de Ordenación del Territorio, se trasplantaron 1.092 árboles, de los que los ecologistas sólo han conseguido localizar 812. "Hemos contado los que hay en los bordes de la carretera; si se los llevaron a otro sitio que digan dónde están", dicen.
Sierra Oeste Sostenible asegura que el fracaso se debe a que no se cumplieron los mínimos condicionantes para garantizar la supervivencia de los árboles. "No se respetaron fechas de paradas vegetativas y se han movido sin ningún cuidado. Es una frivolidad tratar árboles de cientos de años como si fueran una estaca. Además, se ha invertido un dineral en unos trabajos que, como ya advertimos en su momento, dejan mucho que desear", sostienen. La Consejería replica que el trabajo se llevó a cabo por equipos expertos y con todas las garantías.
Esperanza Aguirre inició las obras de desdoblamiento en mayo de 2006 sin contar con informes de impacto ambiental. Antes que ella, Alberto Ruiz-Gallardón se había planteado la misma actuación cuando era presidente del Gobierno regional. Tuvo que dar marcha atrás, después de recibir un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la influencia negativa que tendría sobre el entorno. Los alcaldes de la zona reclamaban el ensanche por razones de seguridad.
La Comisión Europea, por su parte, interpuso en agosto de este año un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía viola las leyes europeas de protección del medio ambiente. El proyecto de desdoblar la carretera incumple, a juicio del Ejecutivo comunitario, dos directivas europeas: la de los hábitats y la de evaluación de impacto ambiental.
(www.elpais.com, 04/12/07)
14. COMUNIDAD DE MADRID:SÓLO HAY 3,5 CAMAS DE HOSPITAL POR CADA MIL HABITANTES EN LA REGIÓN
En Madrid sólo hay 3,5 camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 8 y 10 y en los países de la UE hay 7,5. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha criticado que en Madrid "faltan camas hospitalarias" y ha informado de que en el resto de las Comunidades Autónomas la situación es "ligeramente mejor" con un índice de 3,8 camas por mil habitantes.
Además, en Madrid las camas de larga estancia (crónicos y geriátricos) son "muy escasas" con un índice de 0,4 por mil habitantes, frente a 4,2 en el resto de las CCAA. Otro problema es la "escasa capacidad resolutiva de la Atención Primaria", a su vez "consecuencia de la falta de médicos", que provoca "masificación y falta de tiempo -menos de cinco minutos por consulta-".
También determina limitaciones en el acceso a pruebas necesarias para completar el proceso diagnóstico en los centros de salud, lo que obliga a enviar a los pacientes al nivel especializado.
Esta situación "incrementa de manera irracional e innecesaria las listas de espera", según la ADSPM.
Además, influye sobre las listas de espera quirúrgica y de consulta, ya que la falta de camas impide hospitalizar enfermos y realizar intervenciones quirúrgicas programadas.
También "impide hospitalizar a los pacientes que acuden por urgencias y que deben esperar en pasillos y boxes a que quede una cama libre donde ingresar para ser estudiados y recibir tratamiento hospitalario".
Por otro lado, el gasto sanitario en Madrid está a la cola de las CCAA, así como su crecimiento medio desde 1999 (en los presupuestos de 2008 es la CCAA con menor crecimiento y la penúltima en gasto sanitario per capita).
El presupuesto en Atención Primaria del ultimo dato conocido es del 11,49%, una cifra "absolutamente insuficiente" para mantener la capacidad resolutiva, según la ADSPM.
Así, los colapsos de las urgencias tienen que ver con un bajo nivel de gasto sanitario público de nuestro país, con un 5,8% del PIB, frente a 7,2% de la Unión Europea.
Igualmente, con la escasez de camas hospitalarias públicas de agudos en -un 51,2% respecto a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y un 35% respecto a los países europeos desarrollados- y de crónicos.
Además, se ha producido un incremento de la demanda de hospitalización del 6,5% en los últimos años y de las urgencias en un 17,4% por parte de la población, debido al envejecimiento y a la llegada de inmigrantes.
(www.elmundo.es, 04/12/07)
15. COMUNIDAD DE MADRID: PRESENTAN UNA DENUNCIA CONTRA EL NUEVO PRESIDENTE DE IFEMA POR COMPETENCIA DESLEAL
La presidencia de Ifema sigue siendo motivo de polémica. Después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciase su intención de recurrir la decisión de convertir a Luis Eduardo Cortés en presidente de la feria por supuesta incompatibilidad para ejercer el cargo, el criminólogo Miguel Ángel Gallardo ha presentado una denuncia por "competencia desleal" contra el candidato de Esperanza Aguirre.
Luis Eduardo Cortés acaba de tomar posesión de su nuevo cargo como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema. Y lo ha hecho con el beneplácito de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su principal valedora, Esperanza Aguirre, contra los deseos de Alberto Ruiz-Gallardón quien, tal y como informó El Plural, quería mantener en el cargo a su propio candidato y anterior director general de Ifema, Fermín Lucas.
Pese a su ascensión en Ifema, Cortés continúa siendo directivo de la empresa Sacyr Vallehermoso, encargada de ampliar las instalaciones del complejo ferial madrileño. Y es en la posesión de estos dos cargos donde Cortés puede estar incurriendo en un delito de incompatibilidad. Así lo anunció el Ayuntamiento de Madrid a través del delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, y así lo ha denunciado Miguel Ángel Gallardo ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Gallardo Ortiz fundamenta su denuncia al considerar que "existe abundante documentación" que demuestra la "incompatibilidad denunciada por el alcalde, vicealcalde y concejales de los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid". A juicio de Gallardo, "hay importantes negocios entre Ifema y Sacyr Vallehermoso, importantes decisiones que pueden ser tomadas en la presidencia de Ifema en perjuicio de los competidores de Sacyr Vallehermoso". Esto genera una "competencia desleal", delito del que Gallardo Ortiz acusa a Cortés, al considerar que el presidente de Ifema puede tender a beneficiar más a Sacyr Vallehermoso al ser directivo de esta entidad con la que Ifema tiene trato frecuente.
La elección del nuevo presidente de Ifema ha estado rodeada de polémica desde el principio. Aparte de la supuesta pugna entre Aguirre y Gallardón para colocar a su candidato, los miembros de la Cámara de Comercio tenían sus dudas sobre a quién debían prestar su apoyo. Algunos de ellos vieron en Cortés el "intervencionismo de Aguirre" y afirmaban no querer "ser peleles de nadie". Aunque finalmente el candidato de Aguirre ha sido el elegido, las denuncias presentadas contra él y las críticas de los políticos madrileños pueden acabar con "la evidente intención" que según David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento madrileño, tiene la Comunidad de Madrid en controlar Ifema.
(www.elplural.com, 01/12/07)
16. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN BOICOTEA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GUATEQUE
Gallardón sigue intentando "mermar nuestra capacidad de control y fiscalización de los órganos de Gobierno". Estas declaraciones corresponden al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, quien se ha quejado de que el alcalde ha impedido que se "realicen Plenos Extraordinarios en Centro, Chamberí y San Blas, distritos supuestamente implicados en la Operación Guateque". El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo ha impedido la celebración de estos plenos al considerar que el Caso Guateque "no es competencia de las Juntas". También se ha encargado de que la oposición sólo cuente con 24 horas para trasladar sus preguntas sobre la gestión del Consistorio a los responsables de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y Economía y Empleo.
David Lucas entiende que todas estas barreras tienen como finalidad "mermar nuestra capacidad de control", y prueban una vez más la "opacidad y el oscurantismo con las que se maneja el Ejecutivo de Gallardón". El portavoz socialista planea quejarse formalmente en la próxima Junta de Portavoces por las trabas puestas a la oposición.
El PSOE ya había denunciado con anterioridad que el Ayuntamiento de Gallardón había cerrado el despacho que la oposición tenía en la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde el cual realizaban labores de control. Lucas había manifestado con anterioridad que desde hace años el PP viene "cohartando" a los socialistas e impidiéndoles desarrollar la labor de control que les corresponde.
Las dificultades para acceder a los expedientes e incluso la eliminación "de los programas informáticos dedidados a la inspección" son otros dos puntos dentro de la lista de dificultades que ha encontrado el PSOE a la hora de ejercer labores de control. La negativa a celebrar los plenos extraordinarios sobre la Operación Guateque y el corto espacio de tiempo de que disponen los socialistas para plantear preguntas a los concejales populares son las nuevas dificultades a las que el PSOE se enfrenta.
El pasado miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó por unanimidad la creación de una Comisión para investigar el caso Guateque. Sin embargo, el silencio sobre la supuesta trama de corrupción es una constante en los concejales del PP. El ejemplo más representativo de esta tendencia es el de Ana Botella, concejala de Medio Ambiente, que se escudó en el "secreto de sumario" para eludir las preguntas que se le plantearon sobre la trama.
(www.elplural.com, 01/12/07)
17. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN TAMBIÉN QUIERE PRIVATIZAR EL ALUMBRADO
Primero fueron los polideportivos, luego los centros culturales y su cuerpo de ordenanzas, después la cabalgata de Hortaleza y ahora, parece, le tocará a las farolas. El Ayuntamiento probablemente lo llamará externalizar, pero según lo que publicó el periódico Expansión, el Consistorio va a privatizar la red de alumbrado público.
La idea consistiría en recurrir a la iniciativa privada para que se haga cargo del mantenimiento, conservación e instalación de la red urbana de alumbrado. Hasta hoy, Madrid está dividida en cuatro zonas de alumbrado, en las que operan cuatro empresas: Urbalux, Etralux, Imes y Sice. Estas compañías tienen contratos de cuatro años y se ocupan sólo del mantenimiento del alumbrado. El Ayuntamiento paga ahora unos 32 millones anuales a esas empresas.
Si el proyecto que estudia el Ayuntamiento sale adelante (probablemente a partir de mayo, cuando se apruebe la nueva ley de contratos), la compañía que resulte adjudicataria lo sería por un periodo de unos 20 años, y tendría que asumir los riesgos económicos de la gestión. Algo parecido a lo que sucede con las autopistas y los peajes, o con los hospitales de titularidad privada que prestan un servicio público. "Se ahorran costes de mantenimiento y de inversión", explican fuentes municipales. Hoy, la deuda del Ayuntamiento está cerca de 6.000 millones de euros.
Dicha firma, probablemente, se haría cargo de la renovación en instalación de una nueva red de alumbrado y tendría que afrontar una cuantiosa inversión. Eso sí, sus ingresos también se verían proporcionalmente aumentados a través del canon que percibiría por parte del Ayuntamiento. O sea, de los madrileños.
De esta manera, el Ayuntamiento se desentendería del alumbrado, hasta ahora público, durante el plazo que durara el contrato. Cuando algo no funcionase bien, podría exigir, como cliente, la reparación o incluso la rescisión del contrato. Pero ya como cliente, no como titular de la infraestructura.
, una portavoz de la Concejalía de Obras y Vías Públicas admitió que se está estudiando esta posibilidad. "Todavía es un proyecto. No hay nada que explicar porque no es más que una idea", dijo. Este sistema no se utiliza en ninguna ciudad española, pero es habitual en algunas capitales europeas, especialmente en el Reino Unido.
(www.elpais.com, 01/12/07)
18. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN GASTA 400.000 EUROS EN UN ESPECTÁCULO DE LUZ DE SÓLO MEDIA HORA
El próximo día 23, la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Telecomunicaciones, será testigo de un espectáculo de luz y sonido que no durará más de media hora y que servirá para celebrar la Navidad. El acto de media hora, bautizado como fantasía de luz, costará a las arcas municipales 384.140 euros. La empresa municipal Madrid Arte y Cultura, SA (MACSA) será la encargada de organizar el espectáculo, para lo cual ha suscrito un contrato con la empresa privada Mirada Creativa. Según el contrato suscrito entre ambas entidades, la representación comenzará a las 23.00 y concluirá a las 23.30.
El Ayuntamiento ya había previsto un gasto ordinario de 5,5 millones de euros para que la empresa municipal Madrid Arte y Cultura "gestione y desarrolle" las fiestas de Navidad 2007, la iluminación de las calles y la cabalgata de Reyes 2008 y el carnaval del año que viene, que se celebrará a principios de febrero. El montaje de la instalación para la performance de luz y sonido durará una semana, según el contrato de adjudicación.
El portavoz del grupo municipal de IU, Ángel Pérez, ha calificado el dinero que gastará el Ayuntamiento del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en el espectáculo de luces como "bochornosa". Y agregó: "Es una exhibición paleta, insolidaria, injustificable económicamente, ofensiva socialmente y ejemplo de insensibilidad medioambiental".
Para el portavoz de la coalición de izquierdas, "este tipo de actos desautoriza al alcalde para pedir valores éticos a la ciudadanía".
Esta exhibición de luces se ofreció también el año pasado en el mismo escenario, gobernado por la diosa Cibeles. Hace un año acudieron miles de ciudadanos que se reunieron para ver el espectáculo. Entonces, luces de colores, trapecistas, fuego e imágenes alumbraron la fachada del antiguo edificio de Correos.
El portavoz de IU manifestó que "es absolutamente impresentable que se despilfarre de esta manera el dinero en actos innecesarios mientras en los barrios y en los distritos se padecen deficiencias y necesidades cada día". Pérez anunció que presentará una iniciativa para que se rescinda el contrato del espectáculo de luces, que costará casi 400.000 euros.
Mañana se reúne el Consejo de Administración de la empresa municipal MACSA para aprobar el gasto de 384.140 euros a la empresa Mirada Creativa.
(www.elpais.com, 03/12/07)
19. COMUNIDAD DE MADRID: NAVALCARNERO QUIERE MULTIPLICAR POR 7 SU POBLACIÓN SALTÁNDOSE UN INFORME
El Ayuntamiento de Navalcarnero aprobó de forma provisional el nuevo plan general de ordenación urbana del municipio sin el informe definitivo de análisis ambiental, con los votos a favor de los 12 ediles del PP y en contra de los cinco del PSOE, en la oposición. El informe, que confecciona la Comunidad de Madrid, es preceptivo y vinculante en el procedimiento de elaboración de los ordenamientos urbanísticos. El plan prevé la construcción de 22.000 nuevas viviendas y un techo poblacional de entre 100.000 y 125.000 personas. Navalcarnero cuenta ahora con 17.567 habitantes.
El alcalde, Baltasar Santos, del PP, considera que está en su derecho de seguir adelante con su proyecto, debido a que el Gobierno regional ha sobrepasado el plazo previsto para remitirle el informe medioambiental. "Yo he cumplido los términos previstos y la ley. Por lo tanto, la Comunidad también tiene que responder a tiempo. Que me digan algo. Y si resulta que es un informe negativo, que me lo fundamenten", sostiene.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no apoya la postura de Santos. Un portavoz asegura que por mucho que la Corporación municipal siga adelante con el procedimiento, el Ejecutivo regional nunca le dará el permiso definitivo si faltan informes preceptivos. "Además, el documento está en marcha y muy avanzado", comentan. Santos sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre pretende recortar sus pretensiones edificatorias.
El urbanismo de Navalcarnero se rige por un plan de 2002, que preveía la edificación de 12.000 nuevas viviendas en 750 hectáreas. Según datos del PSOE, hasta el momento se han levantado "menos de la mitad", unas 3.500. Cuando entre en vigor la nueva normativa se dará el pistoletazo de salida para otros 22.000 inmuebles. Un crecimiento que obliga a recalificar 3.503 hectáreas de terreno más. De éstas, 1.827 corresponden a suelo sectorizado (en el que irán las casas previstas) y 2.426 hectáreas a suelo no sectorizado preparado para desarrollos futuros todavía sin cuantificar. El término municipal tiene un total de 10.020 hectáreas.
La elaboración de la nueva normativa urbanística ha estado marcada por la polémica. El ex concejal de Urbanismo en Navalcarnero, Miguel Ángel Fernández, del PP, no se ausentó del pleno de 27 de diciembre de 2005 en el que se aprobó inicialmente el plan, a pesar de que con su voto autorizó la recalificación de rústico a urbanizable de parte de 287.000 metros cuadrados de terreno que su familia posee en Navalcarnero. La Ley de Incompatibilidades de Cargos Públicos exige en estos casos que los interesados abandonen el salón plenario. Después del escándalo, Fernández no se presentó a las últimas elecciones.
Mercedes Díaz, portavoz socialista de Navalcarnero, sospecha que la prisa del Ayuntamiento por sacar adelante el plan se debe al convenio que firmó con Sacyr Vallehermoso en 2005. El Consistorio vendió terreno municipal a la constructora por 180 millones de euros. Recibió la mitad del importe en el momento de la firma. El resto se abonará en el momento en el que puedan edificar. Es decir, cuando el Gobierno regional autorice el plan.
Otra de las preocupaciones de los socialistas es el futuro aeropuerto del Álamo, anunciado por la presidenta regional. "Afectará directamente a 3.843 viviendas. Pero al alcalde no parece importarle", sostiene Díaz. El regidor opina, por su parte, que el aeropuerto "le gusta" y no va a perjudicar a Navalcarnero.
Ecologistas en Acción también cuestiona el plan. Lo ha denunciado ante la Comisión Europea, que lo ha admitido a trámite. Consideran que no se analizan los impactos que generará sobre el medio ambiente. "El Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama sufriría la degradación de la fauna y flora. En el parque vive el cernícalo primilla, el águila perdicera, el buitre negro y el águila imperial, que necesitan amplios espacios para alimentarse", afirman.
(www.elpais.com, 01/12/07)
20. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS NO IRÁ AL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN CON DE LA VEGA Y EL PP MONTA UN MITIN CONTRA EL GOBIERNO
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no asistirá al acto organizado por el Gobierno con motivo del día de la Constitución y que será presidido por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega. La Generalitat alega cuestiones de agenda y enviará al vicepresidente primero, Vicente Rambla. Los populares, por su parte, tratarán de contraprogramar a la candidata del PSOE por Valencia con un mitin en el que se atacarán las políticas sociales de Zapatero.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, no tendrán ocasión de protagonizar un nuevo incidente protocolario en el acto que la Delegación de Gobierno ha organizado mañana para celebrar el Día de la Constitución. La razón es muy sencilla: no se verán las caras. El jefe del Consell ha declinado la invitación que la propia De la Vega remitió el pasado jueves al Palau de la Gene ra litat para conmemorar juntos el 29 aniversario de la Carta Magna. Presidencia de la Generalitat justificó la ausencia de Camps en que la agenda estaba comprometida desde hace semanas con tres actos y que la invitación de De la Vega no llegó con la suficiente antelación para reprogramar la actividad presidencial. Camps tiene previsto asistir por la mañana a dos encuentros en Paterna; uno con empresarios locales y otro de entrega de viviendas de protección oficial. Por la tarde, irá a Castelló. En su lugar, el Consell enviará al Palacio del Temple al vicepresidente primero, Vicente Rambla. La representación institucional se completará probablemente con algún otro conseller.
La decisión de Camps de no celebrar en la Delegación de Gobierno el aniversario de la Constitución se produce después de que el año pasado sí lo hiciera. En esa ocasión, la representación del Gobierno fue el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El acto transcurrió con normalidad institucional. Sin embargo, la fotografía conjunta fue excepcional, ya que esta celebración había generado bronca política en el pasado. Fuentes de Presidencia subrayaron la excepcionalidad del encuentro de 2006 y precisaron que Sevilla habló personalmente con Camps. El presidente tampoco tiene previsto asistir el mismo jueves, Día de la Constitución, al acto que tradicionalmente organiza la comunidad de Madrid.
Desde que De la Vega fue proclamada candidata al Congreso por Valencia, las relaciones entre el Consell y el Gobierno central se han tensado. Los últimos encuentros entre Camps y de la Vega han acabado en bronca por cuestiones protocolarias. El más reciente, en el Vaticano cuando Camps plantó a la delegación española en la cena organizada por la vicepresidenta con los nuevos cardenales en protesta por su ubicación en la ceremonia en la que Agustín García-Gasco se convirtió en cardenal.
Los populares no están dispuestos a ceder ni un ápice de protagonismo a la vicepresidenta del Gobierno en tierras valencianas. Para mañana, la dirección regional ha organizado un acto-mitin en el Palacio de la Exposición en el que intervendrán el conseller de Inmigración, Rafael Blasco; el secretario regional, Ricardo Costa, y probablemente (la agenda no estaba cerrada ), la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Aunque este encuentro de partido se presenta como un acto sectorial sobre inmigración, fuentes populares manifestaban que en los discursos se lanzarán fuertes críticas contra las políticas sociales del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La contraprogramación se disimula organizando el acto por la tarde. La dirección del PP sostiene que el mitin estaba previsto "desde hace tiempo". Sin embargo, no eran estos los planes oficiales que barajaba el PPCV la semana pasada ya que solo tenía en su agenda un acto sectorial sobre infraestructuras a mediados de diciembre. El PP está movilizando a sus cargos para que asistan.
(www.levante-emv.com, 04/12/07)
21. COMUNIDAD VALENCIANA: 600.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN DEL EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR, INVESTIGADA POR HACIENDA
La Generalitat valenciana ha concedido una subvención que supera los 600.000 euros a la Fundación Iberoamérica Europa (Cipie), investigada desde hace tres años por la Intervención General del Estado y, desde hace unos meses por la Oficina Antifraude de la Unión Europea. Cipie es la cuarta beneficiaria de las ayudas a fundaciones que ha distribuido la Generalitat a lo largo del año 2007. Un portavoz oficial de la Generalitat aseguró que se habían subvencionado la mitad de los proyectos presentados por esta fundación con la que vienen trabajando de "forma satisfactoria" desde hace tiempo. Este portavoz justificó que las ayudas se habían concedido siguiendo los procedimientos habituales para este tipo de entidades.
El presidente de Cipie es Pablo Izquierdo, que fuera jefe de prensa de José María Aznar. Ana Botella fue su vicepresidenta entre 1994 y 1996. Se trata de una organización no-gubernamental dedicada a la cooperación con América Latina. Se da la circunstacia de que también es una de las más beneficiadas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Aguirre ha dedicado sólo este año más de un millón de euros a Cipie y en 2006 la Consejería de Inmigración le otorgó ayudas de 1,6 millones de euros. La Cadena Ser reveló el pasado 15 de noviembre que el Ejecutivo de Aguirre le había otorgado 1.089.000 euros para dos proyectos de cooperación, uno en Colombia y Ecuador, y el otro en Bolivia.
(www.elplural.com, 01/12/07)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PERITO RATIFICA A LA JUEZA QUE UNA BALIZA REPROGRAMADA HABRÍA EVITADO EL ACCIDENTE
El perito ferroviario, Andrés Cortabitarte, ratificó ante la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que la simple "reprogramación" de una baliza que ya existía en el túnel del metro entre Plaza de España y Jesús habría evitado que el tren descarrilara en la fatídica curva a más de 80 kilómetros.
Cuarenta tres personan perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas en aquel siniestro ocurrido hace diecisiete meses. El perito admitió por primera vez en sede judicial y a preguntas de los abogados de las familias que la simple reprogramación de la baliza 1680 (instalada a mitad camino para proteger el semáforo de entrada de la estación de Jesús y evitar que el tren entrara a más de velocidad de la permitida o con el disco en rojo) podría haber evitado que el tren cogiera la curva a más de 80 kilómetros por hora, según confirmaron varios letrados.
El reajuste de la baliza se ejecutó en septiembre de 2006, dos meses después del accidente, y desde entonces frena a los trenes si circulan a más de 60 kilómetros por hora. Un informe anterior del mismo perito ratificó que a a esta velocidad el tren no hubiera descarrilado en la fatídica curva. El perito no pudo manifestarse directamente sobre si el accidente se podría haber evitado o no porque la jueza consideró "impertinente" esta pregunta. Sólo pudo manifestarse al respecto cuando otro letrado reformuló la pregunta e inquirió al experto ferroviario sobre si la baliza habría evitado el descarrilamiento.
A juicio de varios letrados consultados por este periódico, el informe y la comparecencia del perito ratifica que "el accidente era evitable sin necesidad de aumentar la inversión en seguridad. Ni siquiera hacía falta adquirir nuevas balizas" y que "toda la seguridad del trayecto se dejaba en manos del conductor".
La titular del juzgado de instrucción número 21 sólo formuló dos preguntas al perito: a partir de qué distancias entre estaciones es habitual instalar estas balizas y con qué finalidad se instalan. La fiscal del caso, Asunción Calvo, no formuló ni una pregunta durante la comparecencia
Varios letrados, entre ellos el de la Generalitat intentaron que el experto ferroviario se pronunciara sobre la instalación de balizas en otras vías ferroviarias, sobre las condiciones de seguridad de otras líneas o de la situación en que se encontraba la Línea del metro, pero la jueza tampoco consideró pertinentes estas preguntas.
(www.levante-emv.com, 04/12/07)
23. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ SE NIEGA A INVESTIGAR LA GRAVE INUNDACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS
El gobierno local que preside Rita Barberá ha decidido mirar hacia otro lado y desentenderse de las causas y consecuencias de la grave inundación que sufrió el Palau de les Arts a mediados del pasado octubre. El PP, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia, rechazó en el pleno por segunda vez la petición del Grupo Socialista de que se cree una comisión de investigación sobre el asunto. Y ello a pesar de que el Consistorio no solo intervino en las licencias y demás tramitación de la obra del edificio, sino que es responsable del ajardinamiento del entorno y de la planificación del colector de aguas pluviales de ese tramo del viejo cauce, aunque lo ejecutará el Consell.
El jardín y la obra hidráulica pendiente han estado en el centro de la polémica sobre el origen del desastre que convirtió parte del Palau en una auténtica piscina -el agua cayó en cascada por escenarios y escaleras-. El arquitecto Santiago Calatrava achacó la inundación a la zona verde, situada en una cota superior al coliseo, y aseguró haber avisado del peligro de que entrara agua en la ópera. La propia Barberá rechazó la denuncia, y al igual que la Generalitat, atribuyó el suceso a las lluvias torrenciales.
, el Grupo Popular decidió no buscar más allá y rechazó la petición de "transparencia" y de investigación del concejal socialista Vicente González Móstoles. El responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, consideró que una comisión municipal "no tiene absolutamente ningún sentido" y que, si acaso, deben pedirla los parlamentarios socialistas. La pelota del Palau, pues, acabó en el tejado de las Cortes.
Pasa a la página 2Pero tampoco la Generalitat parece dispuesta a profundizar en el suceso. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, despachó el asunto con duras críticas a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, por difundir las imágenes que muestran la grave inundación que el Consell no ha querido enseñar.
La moción del Palau de les Arts apenas consumió un cuarto de hora del pleno local. Fue justo después de una gran trifulca por el derribo de las naves laterales de Tabacalera. Barberá y el concejal Juan Soto se enzarzaron a cuenta del turno de ruegos y preguntas, que la alcaldesa dio por cerrado. El edil, en descuerdo, insistió en hablar, y ante la negativa de Barberá a darle la palabra, sacó un ladrillo de los muros demolidos en Tabacalera y lo plantó ante la alcaldesa. La bronca estaba servida. Barberá le acusó de montar "un numerito" para los medios de comunicación y blandió un libro sobre recuperación patrimonial como arma contra las denuncias a la destrucción de las naves de la fábrica. El concejal socialista denunció después la "censura" impuesta por el PP, mientras que Alborch se dirigió por carta a Barberá para pedir que pare las obras.
Sin tanta agitación, la otra confrontación del día la protagonizaron el responsable de Hacienda, Silvestre Senent, y el concejal del PSPV-PSOE Juan Ferrer, en torno a los presupuestos de Valencia para 2008. El socialista acusó al PP de "ocultar y hurtar" datos para dificultar cualquier control sobre un presupuesto que en su opinión nace viciado por las cargas de la deuda y el gasto sin cobertura. Senent no se inmutó y aseguró que los 772 millones de euros del presupuesto permitirán a Valencia "avanzar" en servicios y equipamientos.
(www.elpais.com, 01/12/07)
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL INTERVENTOR DE CASTELLÓ ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO LOCAL SUPERA EN 5 MILLONES EL LÍMITE LEGAL DE GASTOS
Un informe del interventor general del Ayuntamiento de Castelló revela que el proyecto de presupuestos para 2008 incurre en un incumplimiento legal debido a que su capítulo de créditos de gasto supera en 5 millones el de ingresos.
Esta circunstancia fue denunciada por el grupo municipal socialista, que exigió al gobierno local de Alberto Fabra la retirada del proyecto presupuestario para que los desequilibrios sean corregidos antes del pleno extraordinario de diciembre en el que se aprobará el documento definitivo.
El interventor general municipal expone en su informe que el presupuesto municipal contabiliza 153,6 millones de euros de ingresos no financieros y eleva los capítulos de créditos de gasto no financieros a 158,7 millones de euros.
Según la Intervención, esta diferencia de 5 millones de euros supone un incumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla el real decreto aprobado el pasado 2 de noviembre.
Además, el mencionado informe advierte que el ayuntamiento deberá aprobar un plan económico-financiero que restablezca el equilibrio en el plazo de tres meses.
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, Juan María Calles, solicitó al Partido Popular que someta a votación del plan económico-financiero en el mismo pleno en el que se apruebe el presupuesto. "La ley permite hacerlo así y creemos que es mejor que el presupuesto se apruebe junto al plan que debe equilibrarlo. Este presupuesto es un verdadero despropósito".
Calles también destacó que los informes del interventor indican que, según los plazos legales, el gobierno local debería haber entregado el presupuesto al pleno el pasado 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. "Deberíamos haber tenido ese presupuesto desde el 15 de octubre, y ahora sólo disponemos de cinco días para presentar nuestras enmiendas. Cinco días... Parece que el Partido Popular tiene mucho que explicar y que también tiene mucho que ocultar en estos presupuestos". En opinión del líder socialista, el proyecto de presupuesto presentado por Alberto Fabra "no resuelve los grandes problemas de Castelló y además incumple la ley, por lo cual pedimos su retirada".
El presupuesto municipal para 2008 alcanza una cifra de 165,8 millones de euros que se eleva a más de 171 después de añadir los presupuestos del Patronato de Deportes, Patronato de Turismo y Patronato de Fiestas y la Gestora Urbana Municipal (Gumsa).
La Generalitat Valenciana ha recortado en un 38% su aportación económica al apartado de inversiones reales de la ciudad, que se congelan en una cantidad de 23,7 millones de euros. Por lo pronto, las arcas del Consell aportan una única transferencia de capital de 1,8 millones de euros (destinada íntegramente al Palau de la Festa) que supone 1,1 millones de euros menos de lo contemplado en 2007 (2,9 millones).
(www.levante-emv.com, 04/12/07)
25. COMUNIDAD VALENCIANA: El TSJ anula el reformado de la estación de Benidorm
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el modificado del proyecto de la estación de autobuses de Benidorm, que el Ayuntamiento adjudicó al contratista Enrique Ortiz. El tribunal considera que el reformado encubría un nuevo proyecto, "tramitado al margen de los procedimientos de concurrencia legalmente establecidos". El fallo del TSJ se produce a raíz de un recurso contencioso-administrativo de otra empresa aspirante al contrato, la mercantil Acintur Residencial.
El alcalde, Manuel Pérez Fenoll, del PP, no supo valorar el alcance de esta medida, si bien aseguró que por el momento la estación -abierta tan solo parcialmente por el exceso de volumen de la zona comercial- continuará funcionando.
Meses después de la adjudicación, Ortiz pidió al Consistorio una modificación del contrato, alegando que habían cambiado las circunstancias y los ingresos que preveía obtener con el servicio serían menores. El constructor aludía a las condiciones impuestas por la Dirección General de Transportes de la Generalitat, referentes a la imposibilidad de cobrar por transporte discrecional de viajeros y a llevar a cabo el sistema de check-in de facturación de equipajes desde la estación hasta el aeropuerto, con los que en un principio estaba previsto que se financiara la obra. El PP lo autorizó y abrió la puerta a nuevas áreas comerciales.
El TSJ cree que la modificación del contrato de gestión, aprobada el 28 de marzo de 2003, es "de un calado tal que impide considerar que estemos ante una mera modificación". Y afirma: "Tratamos de un contrato de concesión nuevo, por lo tanto, de una nueva adjudicación, dispuesta a partir de la otra oferta por parte de la adjudicataria del contrato original", lo que impidió "que otros interesados pudiesen presentar ofertas ante las nuevas condiciones de contratación dispuestas por el Ayuntamiento". Sobre las nuevas condiciones, el TSJ considera que debieron "ponderarse y detectarse" antes del contrato originario.
Las irregularidades en la adjudicación de la nueva estación de Benidorm también son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía. El pasado 3 de abril el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, pidió información sobre el proyecto al secretario del Ayuntamiento de Benidorm, sin que todavía se conozcan las pesquisas.
(www.elpais.es 01/12/07)
26. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ PIDE AL EDIL DE URBANISMO DE OROPESA ESCRITURAS DE SU PATRIMONIO
El titular del juzgado número 2 de Castellón requirió al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, del PP, para que presente las escrituras de su patrimonio. La petición del juez forma parte de las diligencias que se instruyen en la investigación de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del programa urbanístico conocido como Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or. El edil, que compareció como imputado ante el juez, admitió compartir la titularidad de un local con el propietario del grupo Marina d'Or, Jesús Ger. También reconoció que entre su patrimonio figuran otros cinco locales en este complejo y aseguró que el origen del dinero con el que adquirió todos estos inmuebles procede de una herencia y de la venta de unos terrenos.
Fabregat fue interrogado sobre unas parcelas que adquirió en 2000, tres años antes de ser elegido edil, por algo más de 75.000 euros y que meses antes de las elecciones vendió por 567.905 euros al mismo grupo Marina d'Or. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública no se realizó hasta mayo de 2003. Fabregat y su esposa recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. En su día, el concejal ya admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas.
La compra de una de esas pequeñas parcelas, que fueron agrupadas para su posterior venta, desencadenó un litigio judicial sobre la titularidad, y el edil fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de otras diligencias. En su declaración ante el juez, en julio de 2003, dijo haber pagado parte de la finca con dinero negro.
Pese a la vinculación del concejal con el grupo Marina d'Or, participó en la aprobación del programa de desarrollo urbanístico. Durante la tramitación, un técnico de la Generalitat admitió haber recibido "instrucciones" para minimizar las "pegas" del PAI. Además, el proyecto recibió el dictamen desfavorable de la comisión técnica de Urbanismo pero, finalmente, fue el propio director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, Pedro Grimalt, quien firmó la aprobación.
, en su declaración ante el juez, el concejal de Urbanismo alegó que la aprobación del PAI Les Amplàries se llevó a cabo por la existencia de los informes favorables de la secretaria y el arquitecto municipales, que también están imputados por los mismos delitos. El programa salió adelante pese a que estaba supeditado a un "informe favorable" de Costas. Aunque los dos dictámenes de este departamento fueron negativos, los técnicos optaron por considerar que la intervención de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante, tal como esgrimía un informe presentado por el propio grupo Marina d'Or.
Junto a Fabregat, el juez tomó declaración otros dos imputados, los ex concejales José Manuel Miralles y Jorge Garrido, que también votaron favorablemente para la aprobación del PAI. Ambos alegaron que ellos únicamente siguieron las directrices del grupo y justificaron su decisión en los informes favorables de los técnicos, tal como hizo el pasado día 15 el alcalde de la localidad, Rafael Albert, que también declaró ante el juez en calidad de imputado.
(www.elpais.com, 01/12/07)
27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL INVESTIGA LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA DE CABANES A MARINA D'OR
La Fiscalía de Castellón ha decidido abrir diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Cabanes por la cesión "ilegal" de la gestión del agua de una parte del término municipal al grupo Marina d'Or. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el concejal de EU en el municipio, Carlos Mulet, quien acusó al alcalde, Artemio Siurana, y al resto de concejales del grupo del PP por presuntos delitos contra la administración pública.
Según la denuncia, los concejales del PP aprobaron, "a pesar de la advertencia del secretario municipal", retirar la gestión del suministro del agua a la empresa concesionaria, Facsa, para dársela a la empresa Marina d'Or en todo el ámbito del PAI Torre la Sal de este municipio. La readjudicación del suministro de agua se produjo después de que Facsa remitiera un informe en el que advertía de que, hasta la puesta en marcha de la desaladora prevista para el municipio, no hay recursos hídricos para abastecer a la nueva urbanización. Así, el Ayuntamiento optó por "recontratar" el servicio con la propia ejecutora del programa urbanístico, el grupo Marina d'Or que, según alegó, sí dispone de recursos hídricos.
Antes del pleno, la adjudicataria del suministro de agua, Facsa, presentó un escrito en el que advertía de la "ilegalidad clara y objetiva", pese al que el PP votó a favor de quitarle la concesión y acordar firmar un convenio con Marina d'Or. Para Mulet, "cuando alguien, en función de su cargo y responsabilidad, aprueba de manera determinante una decisión injusta y arbitraria, está cometiendo un delito".
Según el concejal, "toda la precipitación vino por la intención de la empresa de escriturar con los compradores del PAI Torre la Sal en cuestión de semanas, pero como Facsa no estaba por saltase los pasos legales, la empresa optó por cometer un acto de piratería empresarial, quedándose de manera ilegal con la concesión y poder así obtener las licencias de ocupación antes de hora".
La empresa acudió a la vía administrativa para recurrir la decisión municipal, mientras que el edil de EU presentó una denuncia ante fiscalía, que ahora ha abierto una investigación ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la administración pública.
(www.elpais.com, 01/12/07)
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL APELARÁ EL ARCHIVO DEL TRATO DE FAVOR DE ALPERI A ORTIZ
La Fiscalía recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que archiva el supuesto trato de favor del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, al contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos. En la causa estaban también imputados dos ediles del PP, un funcionario y el promotor.
El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, anunció la intención del ministerio público de apelar el archivo. "Aunque antes tendremos que articular con la Fiscalía del TSJ cómo y quién realiza el escrito". En la fase de instrucción, la acusación pública la encarnó Felipe Briones, fiscal anticorrupción de Alicante. Briones perdió esa competencia al trasladar el sumario al TSJ debido al aforamiento de Alperi. Briones había solicitado a la Fiscalía General del Estado continuar con el caso en el TSJ. No obstante, el instructor del alto tribunal ha archivado la causa antes de que el máximo órgano de la Fiscalía contestara a la petición de Briones, y sin tan siquiera practicar las nuevas pruebas que este había solicitado. El fiscal declinó comentar el auto del TSJ.
A la iniciativa de recurrir el archivo también se han sumado las dos acusaciones populares, que ejercen EU y el partido Vecinos por Alicante. Una denuncia de este último partido a la Fiscalía Anticorrupción motivó la investigación judicial.
Díaz Alperi se mostró satisfecho con el auto del TSJ. "Siempre dije que no estaba preocupado, porque estaba convencido de que no habíamos cometido ningún delito", dijo. "En este sentido, el auto es contunde y deja claro que no hay ningún delito", añadió. El regidor aprovechó la favorable resolución judicial para arremeter contra EU: "Desde 1995 ha intentado ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas. Su actitud es inmoral y vergonzosa". El empresario Enrique Ortiz enjuició así el auto: "Siempre tuve la conciencia tranquila. Es una obra más tramitada dentro de la legalidad".
El portavoz de la ejecutiva del PSPV de Alicante, Eduardo Díez, salió al paso de las declaraciones del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, e instó a los populares "a no dar lecciones éticas ante resoluciones judiciales, máxime cuando han sido capaces de sembrar dudas frente a sentencias que desmontan teorías conspirativas".
(www.elpais.com, 01/12/07)
29. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA NO CEDE, IGNORA A LOS VECINOS Y CULPA AL PSOE DE LA SITUACIÓN
Las posturas se mantienen inamovibles. El equipo de Gobierno ha vuelto a insistir en que no va a dar marcha atrás en la subida de tasas e impuestos para el próximo año. Aunque se esperaba que el alcalde valorara la manifestación del pasado domingo en un acto al que tenía previsto asistir, prefirió enviar a Salvador Cruz, quien explicó que la postura municipal se conocería a través de un comunicado de prensa.
En 38 líneas, reiteraron que "la decisión de realizar ciertos ajustes en determinadas ordenanzas fiscales para 2008 se ha tomado exclusivamente desde criterios de responsabilidad, sin pensar en la popularidad o en los intereses políticos de partido", añadiendo que su actitud contrasta con la del Partido Socialista y el resto de colectivos convocantes, "cuya movilización obedece únicamente a motivaciones políticas y, muy concretamente, a una estrategia de acoso y derribo al PP de cara a las próximas elecciones". Igualmente, quienes gobiernan en el Consistorio capitalino aseguran que son falsas algunas de las afirmaciones: "Es un absoluto desprecio a la verdad decir que los salmantinos van a pagar el IBI y el bonobús más caro de España".
Aunque manifiestan todo su respeto a quienes convocaron, sí lamentan su actitud que "no hayan dedicado ni un minuto a alzar su voz contra el trato discriminatorio sufrido por Salamanca desde el Gobierno Central, que ha negado desde 2004 hasta ahora más de 104 millones de euros". PSOE, partido antisistema A pesar de que los dos actos de protesta por la subida de impuestos han estado organizados por la Federación de Asociaciones de Vecinos, el equipo de Gobierno no lo ha mencionado por ninguna parte en el comunicado y ha preferido cargar contra el partido que se sienta en los bancos de la oposición. "Lamentamos que el Partido Socialista se haya comportado como un partido antisistema, provocando situaciones innecesarias de tensión con la Policía Municipal, aun sabiendo que ello podría originar altercados de orden público".
Reafirmándose en las palabras que Fernando Rodríguez pronunció en su comparecencia del pasado viernes, el equipo municipal ha explicado que la recaudación irá destinada a mejoras para la ciudad. "Continuar atendiendo las demandas de mejoras urbanísticas, servicios y equipamientos y mantener una actividad municipal intensa en diferentes ámbitos –cultural, educativo, social...– requiere recursos con los que acometer su financiación, recursos que deben provenir en buena parte del presupuesto municipal, máxime cuando al Ayuntamiento se le niegan ayudas desde el Gobierno central".
(www.tribuna.net, 04/12/07)
30. CASTILLA Y LEÓN: EL PP QUERÍA EJECUTAR UNA MACROURBANIZACIÓN EN ÁVILA EN UNA ZONA PROTEGIDA Y SIN AGUA
Si por algo ha destacado en los últimos tiempos la provincia de Ávila es por la construcción de macrourbanizaciones y la ejecución de campos de golf promovidos por la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. El caso de Las Navas del Marqués es uno de los más representativos de esta tendencia de los populares, que en zonas de especial protección medioambiental y con escaso abastecimiento de agua ponen en marcha proyectos urbanísticos de gran envergadura. Varios testigos acaban de prestar declaración en el juicio que cuestiona la iniciativa urbanística de la Junta en Las Navas del Marqués, y sus testimonios han aclarado cómo se permitió la construcción de la Ciudad de Golf en una zona natural protegida y con escasez de agua.
Carlos Bravo es el presidente de Centaurea, asociación ecologista que junto con Comisiones Obreras se ha presentado como acusación popular en el caso de Las Navas del Marqués. A juicio de Bravo, el informe de impacto ambiental (necesario para la ejecución de las obras) tiene "deficiencias", puesto que no aclaraba que el lugar donde se iba a poner en marcha la Ciudad de Golf era una zona de especial protección para la cigüeña negra.
El informe tampoco aclaraba que los campos de golf que se iban a construir en el complejo urbanístico "no podrían ser regados" con los recursos con que cuenta la zona. Según informó Bravo, se planeaba regar los campos de golf con agua reciclada, pero "hasta el año 2026 no se podría utilizar ese agua reciclada", puesto que la marcourbanización no estaría preparada para ello hasta entonces. La jefa del equipo que redactó el informe de impacto ambiental acaba de declarar como testigo en el juicio que se celebra para tratar de dilucidar lo ocurrido en Las Navas, pero no ha añadido ninguna novedad.
La tala de miles de pinos en Las Navas del Marqués para la construcción del proyecto urbanístico bautizado como Ciudad de Golf ha sido otro de los puntos polémicos de esta iniciativa de la Junta de Castilla y León. Según Bravo, el empresario encargado de talar los pinos negó que estos árboles estuviesen enfermos, como defendía el informe de impacto ambiental, mientras que un vecino declaró que este mismo empresario continuó durante varios días talando pinos pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Burgos había paralizado el proyecto urbanístico al considerar que era ilegítimo.
Esta tala no pareció tener mucha importancia en su momento para el presidente de la Diputación Provincial de Ávila y miembro del PP, Agustín González, quien llegó a decir que "no hay que rasgarse las vestiduras por talar unos miles de pinos". De este modo, González se posicionó claramente a favor de la Junta de Castilla y León y de la construcción de la Ciudad de Golf en un área restringida por su importancia medioambiental.
Al escándalo de Las Navas del Marqués se añade otro proyecto de mayor envergadura en Villanueva de Gómez, pueblo de la provincia de Ávila en el que, tal y como ya informó El Plural, la Junta también ha promovido una iniciativa para construir una macrourbanización en un lugar sin abastecimiento de agua.
(www.elplural.com, 04/12/2007
31. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE VEGA DE INFANZONES (LEÓN), DEL PP, DICE QUE EL GOBIERNO ES "MÁS CULPABLE" QUE LOS "TERRORISTAS
El alcalde de Vega de Infanzones (León), el popular Máximo Campano, afirmó hoy que el Gobierno central es "más culpable que los propios terroristas" por consentir estos actos, en referencia al atentado de este sábado en Capbreton (Francia) que se cobró la vida del Guardia Civil Raúl Centeno, cuyo padre es natural de la localidad de Grulleros, que pertenece a Vega. "Todo el mundo está igual, que estos actos no debían estas consentidos, y el Gobierno los está consintiendo, es más culpable el Gobierno que los propios terroristas",
(www.europaress.es, 03/12/07)
32. ISLAS CANARIAS: LA BRIGADA DE INFORMACIÓN APORTA NUEVOS DATOS AL JUEZ DE TELDE SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que colaboran en la investigación de la presunta trama de corrupción ocurrida en el Consistorio en el anterior mandato, acudieron al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde para aportar más datos. Por otra parte, el último imputado del ‘caso Faycán’ se ratificó ante el juez
Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que colaboran en la investigación de la presunta trama de corrupción ocurrida en el Consistorio en el anterior mandato, acudieron al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde. Aportaron más información al juez acerca de pesquisas que contribuyan a atar cabos en torno a esta instrucción, para la que el juez dispone de una comisión especial de servicios hasta marzo.
Último imputado. El juez instructor del caso Faycán, Francisco Javier García, mantiene en calidad de imputado y sin fianza a Alejandro Fresco Artiles, relacionado con la empresa Promán, que suministraba pinturas al Ayuntamiento durante el anterior mandato. El joven ratificó la declaración que había realizado en verano ante la Policía Nacional.
El joven acudió desde primera hora de la mañana al partido judicial de Telde para prestar declaración en calidad de imputado por un supuesto delito de cohecho, en relación al supuesto pago de comisiones ilegales durante el anterior gobierno de PP y AFV-Ciuca.
Durante su comparecencia, que duró aproximadamente quince minutos, se ratificó en la declaración que había hecho como testigo ante la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, en la que admitió el pago a Francisco Gordillo, ex asesor de la ex concejala de Obras, María Antonia Torres, de una cantidad "mínima" de una "deuda" que el que fuera mano derecha de Torres tenía con su padre, con el que le unía una relación amistosa, según fuentes consultadas.La empresa Promán empezó a suministrar material al Consistorio en el año 2003. Ha sido el único proveedor al que durante la instrucción Gordillo reconociera como "amigo", y, en este sentido, negó que abonara comisiones o donaciones para el PP local, según fuentes judiciales. De oficio. Fresco se vio obligado a cerrar la empresa de su padre y, debido a la difícil situación económica por la que atraviesa, acudió a prestar declaración asistido por la abogada designada de oficio, Natalia Ascanio, quien, al igual que su defendido, eludió hacer declaraciones al término de la comparecencia.
(www.teldeactualidad.com, 05/12/07)
33. REGIÓN DE MURCIA: PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL ALCALDE DE TOTANA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN
De poco le ha servido la estrategia de culpar a su antecesor, el diputado regional del PP Juan Morales. La titular del Juzgado número 1 de Totana, María Asunción Navarro, dictó de madrugada prisión provisional sin fianza para José Martínez Andreo (PP), alcalde de la localidad murciana, por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos y prevaricación.
La financiación de la campaña electoral local, los "numerosos favores" intercambiados durante seis meses de mandato y la actuación como concejal de Urbanismo en la etapa de Morales como alcalde, cuando se aprobaron 65 convenios urbanísticos para edificar 40.000 casas, son el objeto de la investigación. El concejal de Urbanismo, Juan Carrión, dirigirá entre tanto el consistorio.
La militancia del PP totanero, azuzada por las declaraciones de sus dirigentes, que culpan al PSOE y a IU de "una burda campaña de descrédito", se concentró frente al juzgado mientras Martínez prestaba declaración. Los gritos de "¡Pepe, baja o subimos!", "¡No sabéis perder! y "¡Esto es un atraco!" derivaron en insultos e intentos de agresión a los periodistas, que tuvieron que ser protegidos por la Guardia Civil. Con toda Totana en la calle por la celebración de las fiestas de Santa Eulalia, también hubo voces de condena contra la corrupción inmobiliaria. "¡Esa gentuza no me representa!", gritó un joven, que salió de allí por piernas.
El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sigue sin aclarar si forzará al diputado regional Juan Morales, considerado cerebro de la trama, a desaforarse para ser juzgado. Preguntado por la operación Tótem, dijo que no era el momento de hablar de eso, "sino de ETA". Al portavoz municipal del PP, José Antonio Valverde, argumentó en defensa de Martínez: "Con un hijo de 5 años y su mujer encinta no se metería en corrupción". Los otros imputados están en libertad, la mayoría con cargos. Los últimos han sido la secretaria municipal y un exconcejal, que deben pagar 20.000 euros para evitar la cárcel.
(www.elperiodico.com, 04/12/07)
34. REGIÓN DE MURCIA: DETENIDO UN CARGO DEL PP LOCAL POR EL CASO DE CORRUPCIÓN DE TOTANA
Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Totana (Murcia) a otros dos empresarios -uno de ellos fue puesto en libertad horas después- por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística que se investiga en el marco de la Operación Tótem. En la última semana han sido arrestadas 12 personas. Ahora quedan 10 detenidas, y cuatro como imputadas.
Uno de los detenidos es el empresario Juan Francisco Casanova, miembro de la ejecutiva del PP de Totana, ex concejal y propietario de varias fincas en el polígono industrial que fue registrado el pasado lunes. La presunta implicación de Casanova hace cada vez más evidente que la investigación se centra en la figura del ex alcalde y hoy diputado regional del PP Juan Morales. Casanova tenía en su poder documentación del Ayuntamiento, y es socio del también arrestado al empresario Pedro Martínez. Juntos promueven la construcción de 1.700 viviendas.
En esta urbanización, llamada Ladera de Espuña, también participa Antonio Morales, hermano del ex alcalde investigado. Los tres socios tenían previsto construir las 1.700 viviendas en suelo rústico, que esperaban fuera recalificado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Juan Morales se trasladó a la Audiencia Provincial para solicitar el amparo del Tribunal Superior, alegando la "indefensión" que sufre tras conocer, "a través de los medios de comunicación", que está siendo investigado, según informó el PP en un comunicado. El diputado pidió que "se adopten cuantas medidas sean necesarias" para asegurar que se respetan sus derechos. El objetivo de Morales es saber "si se le imputan cargos y por qué motivos está siendo objeto de dicha persecución, ya que hasta el momento carece de notificación oficial de ningún órgano competente", continúa el comunicado. El Tribunal Superior ha solicitado al Parlamento murciano que certifique la condición de parlamentario de Juan Morales, paso previo a la solicitud de una posible imputación del dirigente del PP.
El convenio de Ladera de Espuña y el de Nuaria (con otros tres arrestados) son dos de los 53 firmados por Juan Morales con empresas constructoras. Estos 53 planes, que recalificaban 15 millones de metros rústicos, permitían construir unas 40.000 casas. Totana tiene hoy 25.000 habitantes.
(www.elpais.com, 01/12/07)
35. REGIÓN DE MURCIA: EL PP MURCIANO RECHAZA ACTUAR CONTRA SU DIPUTADO AUTONÓMICO JUAN MORALES
El Partido Popular de Murcia se para de momento en el caso Tótem. El lunes aceptó las bajas de militancia que le solicitaron tanto el alcalde de Totana, José Martínez Andreo –en prisión sin fianza–, como el diputado autonómico Juan Morales, considerado presunto cerebro de la trama de corrupción. Éste, además, está siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ahí ha quedado todo. Según relataron a Efe fuentes del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Murcia, el PP no tiene previsto "en estos momentos" abordar la situación de Morales. La razón que esgrime la formación es que el diputado, obviamente aforado, "no está encausado ni acusado de nada judicialmente".
Además, según el reglamento de la Cámara murciana, la suspensión cautelar de militancia de un partido por parte de un parlamentario no conduce a la expulsión de su grupo y su paso al Mixto. De modo que si el partido no va más allá, Morales puede seguir en su grupo, sin más cambios y con todas las prerrogativas íntegras.
Los socialistas no están satisfechos. Creen que la baja del PP de Martínez Andreo y de Morales "no es más que una estratagema, un subterfugio para engañar a los murcianos y salvar el escollo de la opinión pública", recalcó el portavoz del PSOE regional, José Ramón Jara.
(www.publico.es, 05/12/07)
36. REGIÓN DE MURCIA: UNA EX EDIL ACUSA A UN ALCALDE MURCIANO DEL PP DE COMPRAR VOTOS
La ex concejal del PP de Fortuna (Murcia, 8.000 habitantes) María Dolores García acusó , ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, al actual alcalde de la localidad, Matías Carrillo (PP); al hermano de éste, José Carrillo; a su mujer; al concejal de Medio Ambiente y Montes Públicos, José Antonio Carbajal, y al edil de Hacienda y Patrimonio, José Antonio López Espinosa, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003 con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
La Audiencia de Murcia estaba juzgando a la ex edil de Fortuna por una denuncia presentada por IU, que incluía numerosos testigos de la compra de los votos, y que ya habían declarado en comparecencias anteriores, lo que presuntamente decidió a la ex edil a contar una nueva versión de los hechos, en los que implica, entre otros, al alcalde de Fortuna.Al terminar el interrogatorio de María Dolores Sánchez, el fiscal solicitó a la Sala que suspendiera la vista oral para que el Juzgado competente investigue la presunta participación de otras personas.
Según el abogado de la acusación, Joaquín Dólera, "hoy la concejal ha ampliado y especificado el modus operandi de las personas que compraban los votos. Lo primero fue ampliar la partida destinada a la contratación de personal laboral eventual, que pasó 25.000 euros a 225.000. Según declaró la ex edil, ofrecían a los padres de familia seis meses de contrato para cada uno de los hijos, a los que les pedían el DNI y les acompañaban a votar por correo. De esta forma, el voto por correo pasó de menos de un centenar a 465 en un municipio de unos 8.000 habitantes.
(www.elpais.com, 04/12/07)
37. ISLAS BALEARES: EL JUEZ DEL CASO ANDRATX ELEVA A 67 EL NÚMERO DE PIEZAS SEPARADAS
El magistrado Álvaro Latorre, que investiga desde agosto del 2006 el llamado caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, ha abierto otras tres piezas separadas, con el que el número de posibles juicios orales podría ascender a 67. Cuando se acaba de cumplir un año desde el estallido de la operación Voramar, que el 27 de noviembre del 2006 se saldó con el arresto del entonces alcalde por el Partido Popular (PP), Eugenio Hidalgo, del suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, y del destituido director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, la instrucción judicial sigue en marcha.
Dos de las tres nuevas piezas separadas abiertas en el voluminoso sumario del caso Andratx corresponden a otros tantos expedientes urbanísticos que podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio. El tercer subcaso iniciado está relacionado con un asunto urbanístico, pero en él también se trata de esclarecer si se cometieron otros delitos de presunta corrupción, entre ellos algunos de importante alcance económico.
La fiscalía anticorrupción ya ha calificado dos de las 67 piezas separadas, en las que aparecen entre los acusados los tres principales imputados: Hidalgo, Gibert y Massot, defendidos, respectivamente, por Rafael Perera, Juan Luis Matas y el bufete Capellá. La intención de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach es agilizar la instrucción e ir preparando los juicios orales con la mayor rapidez posible.
Las pesquisas sobre el presunto entramado siguen a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Judicial de la Guardia Civil, que desde que estalló la operación Voramar no han parado de revisar expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Andratx e interrogar a decenas de imputados y testigos.
La Guardia Civil también ha investigado en los últimos meses si Jaume Massot, que durante años también fue el factotum del urbanismo en Andratx, empleó paraísos fiscales para ocultar el beneficio de sus supuestas actividades de corrupción. En esa misma línea de investigación también se ha tratado de aclarar el papel de algunos familiares u otros allegados a Massot a la hora de figurar como supuestos testaferros de éste. La instrucción del caso se prevé muy larga.
(www.diariodemallorca.es, 04/12/07)
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