1. RAJOY DISCREPA DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO SEA "EL GRAN PROBLEMA"

2. EL PRIMO FÍSICO: "ES OTRO CONTEXTO"

3. RAJOY TAMBIÉN TIENE UN CUÑADO

4. EL CUÑADO DE RAJOY NO ACLARA CÓMO LLEGÓ A SER DIRECTOR ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA

5. RAJOY DICE QUE LA SUBIDA DEL SMI FRENARÁ LA CREACIÓN DE EMPLEO

6. AGUIRRE PIDIÓ AL REY "TRATO HUMANO" AL PERIODISTA QUE LE EXIGE ABDICAR

7. UN CIUDADANO VASCO DENUNCIA A MAYOR OREJA POR "INJURIAS Y APOLOGÍA DEL TERRORISMO FRANQUISTA"

8. AZNAR ARREMETE CONTRA TODO EN 191 PÁGINAS

9. LA CONSTRUCTORA DEL TRAMO ACCIDENTADO DEL AVE MANTIENE UN CONTENCIOSO CON FOMENTO POR UNA EXPROPIACIÓN

10. EL PP REVOCARÁ A TRES MAGISTRADOS PROGRESISTAS DEL CONSTITUCIONAL

11. CATALUÑA: EL GRUESO DE LOS DIPUTADOS DEL PP RECHAZAN LA LÍNEA DE SIRERA

12. "SE CONCEDIÓ UN PERMISO AL JEFE MAFIOSO SIN MIRAR SUS ANTECEDENTES"

13. GALICIA: LA EMPRESA QUE SUPERVISABA LA CIDADE DA CULTURA YA INFORMÓ EN 2001 DEL DESVÍO PRESUPUESTARIO

14. GALICIA: TELMO MARTÍN RECHAZA EN NOMBRE DEL PP UNA PROMOCIÓN DE PISOS A LA QUE OPTÓ SIN ÉXITO SU EMPRESA

15. GALICIA: UN SOCIO DEL LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA COBRÓ EN MANO DINERO NEGRO

16. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA DENUNCIA AL DIPUTADO DEL OJO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

17. ANDALUCÍA: EL PP PIDE EL INDULTO PARA DOS EMPRESARIOS CONDENADOS POR APALEAR A TRES INMIGRANTES

18. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE MANIOBRA PARA HACERSE CON EL CONTROL DE IFEMA

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL CANDIDATO DE AGUIRRE PARA IFEMA ES DIRECTIVO DE LA EMPRESA QUE LA AMPLÍA

20. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO DA LA ESPALDA A LA LEY DE DEPENDENCIA

21. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN PRIVATIZARÁ TODOS LOS CENTROS CULTURALES

22. COMUNIDAD DE MADRID: EL 'SER' DECLARA ANTE EL JUEZ

23. C DE MADRID: GALLARDÓN PIERDE 73 MILLONES AL ADJUDICAR LOS CHIRIMBOLOS

24. CVALENCIANA: LA FUNDACIÓN DEL VIAJE DEL PAPA NO HA REGISTRADO SUS CUENTAS

25. CVALENCIANA: BIENESTAR SOCIAL GASTA EN PUBLICIDAD LA MITAD DEL DINERO PARA INSERCIÓN SOCIAL

26. CVALENCIANA: UN INFORME ASEGURA QUE EL CONSELL SÓLO HA EJECUTADO 7 DE 85 OBRAS CONTRA INUNDACIONES

27. CVALENCIANA: "ME PONÍAN FACTURAS EN CARPETONES Y CUANDO PODÍA LAS FIRMABA"

28. CVALENCIANA: EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN A ALPERI POR PREVARICACIÓN

29. CVALENCIANA: CUATRO AÑOS EN EL CARGO CON LA CORRUPCIÓN EN LOS TALONES

30. CVALENCIANA: EL PP DE CASTELLÓN SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE 3 MILLONES EN FACTURAS SIN CONTRATO

31. CVALENCIANA: DEL PICAROL AL CLUB DE TENIS VALENCIA

32. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PIERDE OTROS 600.000 EUROS POR SEIS MULTAS MÁS PRESCRITAS A CONSTRUCTORES

33. LOS 19 PRIMEROS APROBADOS EN UNA OPOSICIÓN PARA UNA RESIDENCIA EN ZAMORA TIENEN RELACIÓN CON EL PP

34. ISLAS CANARIAS: DETENIDOS POR CORRUPCIÓN DOS EX ALCALDES DEL MUNICIPIO GRANCANARIO DE SANTA BRÍGIDA

35. ISLAS CANARIAS: SEIS NUEVAS DETENCIONES POR CORRUPCIÓN EN CANARIAS

36. ISLAS CANARIAS:¡JOSÉ MANUEL SORIA "COMPARTE EN PARTE" QUE CANARIAS "ES UNA NACIÓN"!

37. ISLAS BALEARES: ALCOVER DENUNCIA QUE EL PP GASTÓ 80 MILLONES SIN PRESUPUESTAR

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1. RAJOY DISCREPA DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO SEA "EL GRAN PROBLEMA"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reveló como un escéptico ante las teorías que sostienen el llamado cambio climático. "Si ningún científico puede garantizar el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla, ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?", se preguntó en un acto con empresarios en Palma. Contrariamente a las directrices de la ONU, de la Unión Europea, del Gobierno español y a lo que él mismo había manifestado en numerosas ocasiones, Rajoy relativizó las voces de alarma de la mayor parte de la comunidad científica. "Tampoco lo podemos convertir el cambio climático en el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como el sector energético, las emisiones...", afirmó.

La comparación entre el tiempo de Sevilla y los peores augurios sobre la temperatura del planeta no es suya. Es de su primo hermano Javier Brey Ábalo, catedrático de Física de la universidad de la ciudad hispalense, quien en una entrevista llamó "seudocientíficos" a los que "saben lo que va a ocurrir dentro de 300 años". "Es tremendo que hoy tenga más fácil obtener subvención un trabajo de investigación que incluya en su propuesta las palabras adecuadas", afirmó Brey, en referencia al binomio cambio climático. El catedrático, contactado por teléfono, no quiso hacer declaraciones.

La confesión medioambiental de Rajoy cogió por sorpresa a su propio partido, que en los últimos meses se llegó a plantear una conferencia sobre las consecuencias del calentamiento del planeta. Incluso Juan Costa, coordinador de la campaña electoral, eligió hace un mes a "los mejores especialistas" de su partido en esta materia para componer el consejo asesor que está trabajando en el programa para las legislativas.

La opinión expresada por el líder conservador fue censurada por WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción, que juzgan "irresponsable" negar lo que consideran una evidencia científica. A las críticas se sumaron PSOE, IU y Esquerra, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró "preocupada" por las declaraciones.

(www.elperiodico.com, 23/10/07)

2. EL PRIMO FÍSICO: "ES OTRO CONTEXTO"

El primo de Rajoy existe. Se llama José Javier Brey Abalo y es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla y responsable de varios proyectos de investigación de Mecánica Estadística, entre ellos uno de Teoría cinética e hidrodinámica de flujos granulares, nada que ver con el estudio del clima. "No voy a realizar ninguna declaración, soy un profesor de universidad, un profesional de la investigación".

Aparte del primo también existe la declaración que cita Rajoy. En una entrevista en el Diario de Sevilla, del pasado 8 de octubre, Brey sostuvo: "Se invoca a la ciencia para decir que Dios existe, que Dios no existe, para el cambio climático, para los submarinos atómicos de la base de Rota. Traes a los cien mejores científicos del mundo y no te pueden decir al 100% de probabilidades si pasado mañana va a llover en Sevilla. Y hay seudocientíficos que saben lo que va a ocurrir dentro de 300 años con el cambio climático".

Brey Abalo intentó desmarcarse de las polémicas declaraciones de su primo. "Usted entenderá, si las ha leído, que están en un contexto distinto, ha cambiado totalmente el contexto. Yo soy un científico y considero que las ciencias deben estar al margen de esta discusión. No me interesa este debate".

(www.elpais.com, 23/10/07)

3. RAJOY TAMBIÉN TIENE UN CUÑADO

Manuel Fernández Balboa, sin experiencia profesional, fue contratado por la Xunta del PP para dirigir las cuentas de la Fundación Cidade da Cultura, que arrastra un desfase del 300%. Además de un primo que le aconseja sobre cambio climático, Mariano Rajoy también tiene un cuñado. Y si no fuese por su breve paso por la delegación de una constructora en Pontevedra, la historia de Manuel Fernández Balboa sólo tendría parangón en Silicon Valley: habría pasado de ser becario a ocupar un puesto de dirección como gestor de las cuentas multimillonarias de una entidad pública.

Fernández Balboa, cuñado del líder de la oposición, firmó el 1 de marzo de 2001 un contrato como responsable económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Percibiría por su trabajo 42.000 euros al año. Tenía 29 años, un título universitario, un máster MBA en Marketing y una exigua experiencia profesional. Y se iba a ocupar de las finanzas del ente gestor de un proyecto cuyo presupuesto superaba en aquel momento los 108 millones euros y que hoy acumula desviaciones superiores al 300%.

Ideada en tiempos del Ejecutivo Fraga, la Cidade da Cultura es un espectacular complejo arquitectónico que, según sus impulsores, había de reubicar a Santiago y Galicia en el mapa cultural del mundo. El proyecto inicial constaba de cinco edificios, entre ellos un palacio de la Ópera, un Museo de la Historia de Galicia o una impresionante mediateca. Se trataba de un proyecto enorme. Su presupuesto de mantenimiento, una vez entre en funcionamiento -unos 50 millones de euros al año, se estima-, podría dejar hechas unos zorros las cuentas de la Consellería de Cultura. Pero el equipo del veterano político conservador aludía una y otra vez al cambio experimentado por Bilbao tras la construcción del museo Guggenheim. Y el proyecto salió adelante.

El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, envió el 27 de enero una carta a la Consellería de Cultura presentando su candidatura al puesto de director económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Adjuntaba a esa comunicación su currículum. Sólo habían transcurrido cuatro días desde el envío del contrato para su supervisión legal por parte de los organismos competentes en la administración. El informe fue positivo y el 1 de marzo se firmó el contrato. Las obras de la Cidade da Cultura habían comenzado dos semanas antes.

Sobre la revisión del contrato que después firmaría Fernández Balboa se ciernen ahora algunas dudas. El informe sobre la fundación presentado la semana pasada por el organismo fiscalizador de las cuentas públicas gallegas, el Consello de Contas, cuestiona su naturaleza. Asegura que el puesto de director económico-financiero no reunía "las características necesarias para configurar un supuesto de personal de alta dirección" como el que sirvió para contratar al cuñado de Rajoy.

El Consello de Contas también critica el hecho de que la fundación no contase con una relación de puestos de trabajo "con un contenido mínimo". Esa relación serviría para describir los puestos de trabajo, el modelo organizativo de la entidad, y los perfiles profesionales necesarios para contratar al personal. Nunca se hizo.

Mientas tanto, la Cidade da Cultura comenzaba a convertirse en un problema económico y político. El presupuesto inicial era de 108 millones de euros. Seis años y medio después de que comenzasen las obras, se habla ya de más de 380 millones. El Consello de Contas, que inauguró las comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Galicia, ha sido muy crítico con el modelo de gestión del proyecto, cuyo autor es el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Lo vago del proyecto con el que Eisenman se adjudicó el concurso para construir la Cidade da Cultura y el tipo de contrato establecido entre la Xunta y el arquitecto pudieron ser dos de las causas del desfase presupuestario. O eso se deduce, al menos, del informe elaborado por el Consello de Contas.

Cuando cumplió 32 años, el cuñado de Rajoy gestionaba ya las cuentas de una entidad cuyos activos superaban los 114 millones de euros. Corría ya 2004 y estaba a punto de comenzar su último año como alto directivo de la fundación. En septiembre de 2005, tras el cambio de Gobierno en Galicia, su contrato fue rescindido. Hoy cumple 36 años. Comenzará su aniversario compareciendo ante el Parlamento gallego.

(www.publico.es, 23/10/07)

4. EL CUÑADO DE RAJOY NO ACLARA CÓMO LLEGÓ A SER DIRECTOR ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA

El ex director económico financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura, Manuel Fernández Balboa, ha asegurado que presentó su renuncia a su "puesto político" una vez que se produjo el cambio de gobierno en la Xunta en verano de 2005. Fernández Balboa, que ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la totalidad de las actuaciones públicas referentes a la Ciudad de la Cultura en el Parlamento gallego, ocupó el puesto entre enero de 2001 y noviembre de 2005.

El compareciente ha explicado que al producirse el cambio de Gobierno entendió que no iba a haber "confianza" en su persona por parte del nuevo Ejecutivo, formado por nacionalistas y socialistas, ya que, a su juicio ocupaba un "puesto político". Los grupos del BNG y del PSdeG preguntaron a Fernández Balboa si su relación "político-familiar" con el presidente del PP Mariano Rajoy, de quien es cuñado, influyó para conseguir el cargo en la Fundación. "No comento cómo entré, sólo como salí", ha declarado.

Además, preguntado por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sobre un viaje realizado a Valencia en compañía, entre otros, de Francisco Loimil, ha señalado que le pidió a esta persona que le acompañase para que lo "asesorase en términos de patrocinio".

Francisco Loimil es socio auditor de la compañía Auditores Asociados de Galicia, encargada de realizar las auditorías externas a la Fundación de la Ciudad de la Cultura entre los años 2000 y 2005, y declaró en la misma comisión que "nunca" había recibido propuestas de la Fundación para realizar gestiones de patrocinio y que su relación se limitaba a las auditorías.

También ha comparecido hoy el ex director gerente de la Fundación Ángel Currás, que ha defendido que el nuevo contrato con Peter Eisenmann, realizado en 2002 y que sustituía a uno anterior, resolvió las "disfuncionalidades derivadas de la concentración de responsabilidades" en un solo equipo de arquitectos para desarrollar el proyecto básico y el ejecutivo. Por lo tanto, según ha explicado Currás, Eisenmann no fue apartado del proyecto en "ningún momento", así como tampoco de sus responsabilidades ejecutivas, a pesar de que a partir de ese instante su equipo trabajó conjuntamente con la UTE de Perea Euroestudios de forma "intensa y eficaz".

El ex responsable de la Fundación ha dicho que la modificación de obra fue del "1,05 por ciento" y ha destacado que en los proyectos de ejecución de los edificios figuraba el uso y el contenido de los mismos, por lo que "la Ciudad de la Cultura disponía de contenidos". Preguntado por los contratos de patrocinio, el compareciente se ha mostrado tajante y ha asegurado que "ni hubo contratos de gestión de patrocinio ni los iba a haber en la Ciudad de la Cultura".

Currás ha achacado el aumento del coste del proyecto a la "singularidad" del mismo, al incremento del 30 por ciento en el IPC en la construcción entre 1999 y 2006, a la subida del 72 por ciento del coste del acero entre 2002 y 2005, a la instalación de cubiertas en los edificios no previstas inicialmente y a las licencias municipales, entre otras causas.

Además de Currás y Fernández Balboa, también ha comparecido el ex asesor jurídico de la Fundación Jesús Raposo quien ha destacado que las contrataciones realizadas por la Fundación se ajustaron a derecho "sin ninguna duda" y ha apuntado que de los cien contratos en los que participó "no hubo ninguna reclamación". Según Raposo, el informe del Consello de Contas no habla de irregularidades ni de ilegalidades, sino que informa de que hay criterios "que no comparte".

(www.lavozdegalicia.es, 24/10/07)

5. RAJOY DICE QUE LA SUBIDA DEL SMI FRENARÁ LA CREACIÓN DE EMPLEO

En su intervención en el congreso nacional de la empresa familiar en Palma, Mariano Rajoyr que el anuncio de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 800 euros que ha hecho el Gobierno no es solo "electoralista", sino que además puede "influir en la inflación", afectar a la creación de puestos de trabajo e impulsar una subida de los precios.

El presidente del PP denunció que José Luis Rodríguez Zapatero confirmara la subida del SMI en un mitin y advirtió de que el asunto "es más serio de lo que algunos se creen". Tras la voz de alarma lanzada por Rajoy, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y los sindicatos defendieron la viabilidad del proyecto.

En España, el salario mínimo interprofesional se sitúa actualmente en 666 euros al mes (570 euros más dos pagas extras anuales), una cifra que solo superan los 470 euros de Portugal entre los países de la Europa de los Quince. En Francia, el mínimo salarial se sitúa en 1.254 euros, y en Luxemburgo, en 1.570.

En esto se contradice el líder del PP, ya que, sistemáticamente, ha venido criticando durante toda la legislatura la pérdida del poder adquisitivo de los salarios desde que él dejó el Gobierno. "Para la mayoría de los españoles las cosas han ido a peor en estos tres años. Lo salarios reales han tenido una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 1,7 puntos. Cada vez trabaja más gente por menos dinero", señaló en una reciente conferencia económica.

(www.elperiodico.com, y www.pais.com, 23/10/07)

6. AGUIRRE PIDIÓ AL REY "TRATO HUMANO" AL PERIODISTA QUE LE EXIGE ABDICAR

El pasado día 11 de octubre no fue, decididamente, una jornada apacible para el rey Juan Carlos. ¿Acaso por el vídeo real que acababa de lanzar al mercado político Mariano Rajoy? Frío, frío. ¿Quizá por el impacto de las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, revelando palabras del Monarca? Frío, frío. Lo que realmente fastidió al Rey fue lo que ocurrió durante el almuerzo de ese jueves en su propia casa, el Palacio Real. Cinco fuentes consultadas han permitido reconstruir lo que allí ocurrió.

Tras la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, el Rey ofrece una comida en la que participan los embajadores latinoamericanos. Don Juan Carlos toma asiento en una mesa redonda. A un lado, el presidente del Gobierno, y al otro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Frente al Rey, al otro extremo, toma asiento la Reina, flanqueada por el escritor Francisco Ayala y el ministro Miguel Ángel Moratinos.

El Rey, nada más comenzar el primer plato, se lamenta de que al día siguiente se celebre la Fiesta Nacional en un ambiente de crispación. "Es una lástima", dice. Las palabras provocan un silencio de reflexión.

"No sé si os va a gustar lo que voy a plantear, pero creo que se debe dar un trato humano a [Federico] Jiménez Losantos", apunta Esperanza Aguirre, sentada junto al Rey. El periodista radiofónico de la cadena Cope ha solicitado durante los últimos dos años la abdicación del Monarca en su hijo, el príncipe Felipe, como parte de una sistemática crítica a la monarquía por diversas razones, entre ellas que se lleve mejor con los socialistas que con el PP y no ejerza papel moderador sobre el PSOE.

"¿Cómo?", preguntó azorado, según los testimonios recogidos, don Juan Carlos. "¿Más trato humano que yo doy a todos? A todos por igual, sin discriminación", subrayó.

"No, no", siguió la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Yo entiendo que la Casa Real y La Moncloa deben darle un trato mejor, no discriminarle", insistió.

"Yo no tengo problema en recibir a la gente. Es a mí a quien tiene que dar un trato humano. ¿Pero esto qué es?", preguntó el Rey. "Es intolerable", agregó.

Esperanza Aguirre no soltaba la presa. "Yo creo que esto se podría arreglar. Es un problema de tratar mejor a una persona", dijo. Seguía en la mesa el comensal Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española (RAE). Hasta entonces callado, ante la machacona insistencia terció. "La de este señor [Jiménez Losantos] es una actitud inaceptable", protestó.

El Monarca prosiguió. "Le he dicho a Rouco Varela que recen menos por mí y la monarquía y se ocupen más de la Conferencia Episcopal que controla a la [cadena de radio] Cope", enfatizó visiblemente molesto, según todas las fuentes. "Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña", cerró enigmáticamente el Rey.

Fue la señal cómplice para cambiar de tema. La reina Sofía comentó que, lástima, el premio Nobel de Literatura había marginado otra vez a la lengua española. García de la Concha habló de Doris Lessing. Esperanza Aguire quiso saber más. Y, tras esta cortina de alivio, el presidente Rodríguez Zapatero preguntó al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, cómo iban los sondeos ante las elecciones presidenciales del 28 de octubre donde Cristina Kirchner aparece como favorita. Tras la explicación, Zapatero mandó recuerdos al presidente Kirchner. A los postres, Francisco Ayala, de 101 años, dijo: "Esto es el vicio". El Rey le elogió por su apetito.

Fue entonces cuando Esperanza Aguirre volvió a centrar la situación, casi en plan de despedida: "Bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el desfile...". Bettini, sentado junto a García de la Concha, saltó: "Esto es una provocación". Don Juan Carlos hizo un gesto de desdén y dijo tres palabras duras.

(www.elpais.com, 21/10/07)

7. UN CIUDADANO VASCO DENUNCIA A MAYOR OREJA POR "INJURIAS Y APOLOGÍA DEL TERRORISMO FRANQUISTA"

Un ciudadano vasco, I.L.L., ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao contra el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja por supuestas "injurias y apología del terrorismo franquista" al afirmar que la dictadura de Franco trajo "una placidez extraordinaria a Euskadi". La denuncia viene motivada por las declaraciones realizadas al diario 'La voz de Galicia', en las que el dirigente popular afirmó que 'Franco trajo una placidez extraordinaria a Euskadi' y que "hubo muchas familias que vieron aquella época con naturalidad y con normalidad". El denunciante considera que estas manifestaciones son constitutivas de un presunto delito de enaltecimiento del franquismo y de "apología del terrorismo franquista". Asimismo, considera que son "humillantes" para miles de ciudadanos que "sufrieron muerte, prisión, exilio y todo tipo de penurias" durante la época franquista y califica de "preconstitucional" el discurso de Mayor Oreja.

(www.lavanguardia.es, 20/10/07)

8. AZNAR ARREMETE CONTRA TODO EN 191 PÁGINAS

José María Aznar suele concentrar sus explosivos mensajes contra la izquierda española y mundial y lo que él define como islamofascismo en las cuartillas de un discurso. Esta vez tenía 191 páginas a su disposición, las que componen el libro Cartas a un joven español (Planeta), que cierra la trilogía comprometida con la editorial. Concentrado en el sentimiento y el orgullo de ser español, que trata de infundir en sus cartas a un joven llamado significativamente Santiago, Aznar ataca a la izquierda, a los nacionalistas, al mayo del 68, el diálogo con ETA y los matrimonios homosexuales. Éstas son algunas de sus perlas.

- Sin la nación, todo se derrumba. El acuerdo fundamental es sobre la nación española. Sin él todo lo demás se derrumba. Durante muchos años se ha difundido una imagen oscura y tenebrosa de la herencia española. Se avergonzaban de un pasado centenario. La cultura española es la decantación de nuestro pasado. Por eso, la reivindicación de la historia es también la reivindicación de la verdad que la cultura nos ofrece. Tú mismo, Santiago, recordarás algunos momentos en que la nación española ha surgido con una fuerza que pocos esperaban. En los días del martirio de Miguel Ángel Blanco, y ahora, en las manifestaciones contra la negociación con quienes lo asesinaron.

- No se es español a tiempo parcial. España además de un deber, es una pasión y un sentimiento hondo. No se es español a tiempo parcial, aunque no siempre estemos pensando en España. (Bien es verdad, Santiago, que lo solemos hacer menos de lo necesario). El ser español lo impregna todo, así de poderosa es nuestra nación. Si llegase a estar en peligro, sería tu propia entidad individual la que estaría en riesgo.

- El 68, un fracaso. Mayo del 68 fue una tragicomedia pero tuvo efectos duraderos. Creó una forma de pensar que se ha extendido hasta hoy mismo: la creencia de que se haga lo que se haga, nada tendrá consecuencias. Es el "Seamos realistas, pidamos lo imposible". Aquello está en la base de la extensión permanente de lo que llaman "derechos".

- Calma si te llaman 'facha'. En España, el rechazo legítimo a la dictadura se extendió hacia todo lo que significara la costumbre y la tradición. Aunque fuera anterior a la dictadura. En la facultad, tú has oído cómo se mezclan el desprecio al matrimonio entre el hombre y la mujer con alusiones al franquismo y la dictadura. Me dices que califican tu postura de facha. Tú tranquilo.

- Familia: hombre y mujer. Por mi parte yo creo, Santiago, en una familia compuesta de un hombre y una mujer, con hijos, y extendida a todos los miembros que por costumbre, por consanguinidad o integración, pertenecen a ella. Existen otras formas de convivencia, homosexuales o heterosexuales. Hay que respetarlo. Pero no estoy de acuerdo en que se considere cualquier situación equivalente a la familia de la que te hablo. Ni equivalente, ni alternativo.

- Hijos de homosexuales. No sé, y creo que nadie lo sabe, qué pasará cuando un niño o una niña no puedan llamar padre ni madre a quienes se dicen sus progenitores pero que en muchos casos no lo van a ser. ¿Qué idea del mundo y de la realidad van a tener unos niños así criados? ¿La de que todo es posible?

- Sin familia no hay nada. La familia está basada en la naturaleza biológica del hombre, y la sociedad está basada en la familia. Sin familias, el sistema sanitario público estaría colapsado. ¿A quién recurres si no tienes hermanos, ni padres, ni hijos?

- Negociación con ETA. ETA. En 2004 ya estaba prácticamente muerta. Me preguntas por la negociación. Creo que siempre hay que desconfiar de cualquier oferta terrorista. Así lo creía en septiembre de 1998, aunque al final acepté comprobar qué había de sincero. Si algo nos enseñó es que toda tregua es una trampa del terrorista.

- La izquierda se alía con el islamismo radical. La pérdida de referentes intelectuales e históricos tras el derrumbamiento del muro y el 11-S ha sumido a la izquierda en una profunda crisis. Observo con preocupación la alianza que una parte de la izquierda mantiene con el fundamentalismo islámico radical, con el extremismo antisistema, con la cultura relativista.

- Amenazas a la libertad. El pensamiento único, la dictadura de lo políticamente correcto que impide a los hombres libres expresarse, es otro peligro para la libertad. El relativismo es otro de los enemigos de la libertad. Impide el diálogo e instaura un falso pluralismo, en el que acaba venciendo el que más grita.

(www.elpais.com, 24/10/079

9. LA CONSTRUCTORA DEL TRAMO ACCIDENTADO DEL AVE MANTIENE UN CONTENCIOSO CON FOMENTO POR UNA EXPROPIACIÓN

Fuentes de las otras empresas constructoras del AVE no entienden la actitud de OHL, salvo que, según ha dicho el presidente de una de ellas, Mir esté utilizando esta obra como parte de una batalla política y empresarial contra el Gobierno

Los incidentes y retrasos en Barcelona se acumulan en un tramo de poco más de un kilómetro que está construyendo la empresa OHL, propiedad de Villar Mir, empresario que mantiene un contencioso con Fomento al que le reclama 900 millones de euros por la expropiación de parte de una mina en Galicia, afectada por el trazado del Ave. Una indemnización pactada con el popular Álvarez Cascos y paralizada por el PSOE al considerarla un pelotazo.

OHL es una de las cuatro empresas que están construyendo el último tramo del AVE a Barcelona: los seis kilómetros entre el Prat y la estación de Sants. La constructora de Villar Mir es la única que no está cumpliendo los plazos de entrega de las obras. Las otras tres empresas, Sacyr, Acciona y Corsan sí los están cumpliendo.

El trazado y el sistema de adjudicación por tramos a varias empresas de la construcción del AVE a Barcelona se decidió durante la etapa de Álvarez Cascos en el Ministerio. Fuentes de las otras empresas constructoras no entienden la actitud de OHL. El presidente de una de estas compañías ha llegado a decir que la unica explicación es que Villar Mir esté utilizando esta obra como parte de una batalla política y empresarial contra el gobierno para retrasar la entrada en funcionamiento del Ave si no le pagan más por la expropiación en Galicia.

El Ministerio de Fomento ni confirma ni desmiente el comportamiento de OHL aunque ha ordenado una investigación sobre la marcha y la seguridad de las obras de Villar Mir. Este empresario, cercano al PP mantiene un largo y duro contencioso con Fomento por la expropiación de una mina de cuarzo, afectada por la línea del Ave en Galicia; un trazado aprobado por Alvarez Cascos; quien, un mes antes de las elecciones del 2004, llegó a un acuerdo con Villar Mir para pagarle 893 millones de euros de indemnización. El nuevo gobierno socialista paralizó el pago y llegó a hablar de pelotazo. Tras años de negociaciones infructuosas, el gobierno ha iniciado la expropiación forzosa y considera que sólo debe pagarle 5 millones de euros por los derechos de explotación de una pequeña parte de la mina que será lo único que se va a expropiar.

Juan Miguel Villar Mir dirige un conglomerado de empresas entre las que está la constructora OHL, Fertiberia o Ferroatlantica. Mantiene excelentes relaciones con dirigentes del PP, entre ellos, Cascos y Fraga, con quién compartió gobierno recién muerto Franco, ya que Villar Mir fue vicepresidente y ministro de Hacienda en el gabinete de Arias Navarro y Fraga fue ministro de la gobernación. Fraga llamó incluso a movilizarse a los gallegos cuando el gobierno de Zapatero frenó la multimillonaria expropiación.

Per o ya con anterioridad Juan Miguel Villar Mir acudió a Manuel Fraga, cuando éste presidía la Xunta gallega, para que le ayudara a controlar ERIMSA. Esta empresa gestionaba una mina de cuarzo en Galicia afectada por las expropiaciones del AVE. Años más tarde, el grupo Villar Mir pidió una indemnización de casi 900 millones euros. En una carta firmada a principios de 1996, Villar Mir le expone a Manuel Fraga los problemas que sus empresas están encontrando para controlar ERIMSA. Esta sociedad estaba participada por Villar Mir y un grupo de inversores noruegos que eran los que tenían el control de la empresa.

(www.cadenaser.com, 23/10/07 y 25/10/07)

10. EL PP REVOCARÁ A TRES MAGISTRADOS PROGRESISTAS DEL CONSTITUCIONAL

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció que su grupo recusará a tres magistrados del sector progresista del Tribunal Constitucional (TC), tras la recusación de dos magistrados conservadores realizada previamente por el Ejecutivo socialista. Para el portavoz del PP, "si no se hubiera producido la recusación del Gobierno, no se hubiera producido ninguna otra recusación". A pesar de mostrarse muy decididos, la decisión del PP sobre el momento para dicha recusación todavía no está tomada.

El pasado día 19, el Gobierno instó la recusación de dos de sus magistrados, los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, por considerar que no son imparciales para juzgar el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal. De la votación sobre ese recurso de inconstitucionalidad se abstuvieron la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, y también el vicepresidente, Guillermo Jiménez, ambos del sector progresista.

Estas abstenciones reducían el número de magistrados de 12 a 10. De prosperar la recusación instada por el Gobierno, el número de miembros del tribunal bajaría a ocho: cifra mínima para que haya quórum. Pero, si prospera la recusación que planea el PP, al Ato Tribunal quedaría inhabilitado para cualquier votación, al contar con sólo cinco magistrados.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, considera que la decisión del PP, además de responder a un objetivo "claramente político", pone de relieve su "estrategia" para "interferir" en su funcionamiento. "Lo que (el PP) pierde en el Parlamento, lo quiere ganar en el Constitucional convirtiéndolo en una tercera cámara", remarcó.

(www.elplural.com, 26/10/07)

11. CATALUÑA: EL GRUESO DE LOS DIPUTADOS DEL PP RECHAZAN LA LÍNEA DE SIRERA

La mayor parte de los diputados del PPr en el Parlament quieren dar un golpe de timón a la estrategia del partido. Un total de 9 de los 14 diputados de la formación, los más afines al ex presidente del partido Josep Piqué, decidieron en un almuerzo plantearle un cambio de estrategia al nuevo presidente, Daniel Sirera, que pase por moderar el discurso. El fin es ampliar la base electoral y lograr así el objetivo que les une con la actual cúpula del partido: ayudar a Mariano Rajoy a ser el nuevo presidente del Gobierno.

Los diputados, que compartieron almuerzo, han decidido constituirse en una especie de sector crítico a la actual dirección catalana pero sin romper la baraja. Entre ellos estaban el ex portavoz del grupo parlamentario, Josep Vendrell, y el fichaje estrella de Josep Piqué para las últimas autonómicas, Montserrat Nebrera. También asistieron al encuentro, celebrado en un restaurante de Barcelona, los diputados Enric Millo, Jordi Montanya, Santi Rodríguez, Rafa López, Belén Pajares y Joan Bertomeu.

Comparten los objetivos de la dirección, pero no las formas. Y tienen dudas sobre el mensaje. Varios de los asistentes al almuerzo aseguraron que nadie cuestiona el objetivo común, que es convertir a Mariano Rajoy en el nuevo presidente del Gobierno. Lo que no comparten con la dirección es la forma de conseguirlo. "Con la entrada de Sirera se nos ha colgado el sanbenito de que dependemos por completo de lo que diga la dirección nacional desde la calle de Génova, y así no podemos ampliar la base electoral".

Buscar nuevos votantes, éste es el objetivo. Y creen que pocos catalanes pueden sentirse atraídos en estos momentos por la ortodoxia del mensaje que diseñan Ángel Acebes y Eduardo Zaplana y que Daniel Sirera se limita a aplicar a la política catalana. "Sabemos que tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero la mayor parte de nuestros posibles votantes no lo ven de la misma forma, y así es imposible seducirlos", sentencia una de las asistentes.

Los diputados todavía no han trasladado a Sirera los pormenores del encuentro. Pero un gesto delató que no todos van a la una en el grupo del PP en el Parlament. Fue tras la votación de la ley del Memorial Democrático. El PP había votado no y Convergència i Unió se abstuvo.

Tras aprobar la ley los diputados del tripartito se levantaron y aplaudieron como reconocimiento a los representantes de los represaliados por el franquismo presentes en la tribuna de invitados. Los diputados de CiU también se levantaron, aunque no aplaudieron. En las filas del PP hubo división. Todos los diputados excepto Daniel Sirera y la portavoz del grupo, Carina Mejías, optaron por levantarse como señal de reconocimiento. Nadie dijo nada, pero la tensión se evidenció en los gestos.

(www.elpais.com, 25/10/07)

12. "SE CONCEDIÓ UN PERMISO AL JEFE MAFIOSO SIN MIRAR SUS ANTECEDENTES"

La Subdelegación del Gobierno en Barcelona se convirtió durante los últimos años de gestión del PP (entre 2001 y 2003) en un coladero que explotaron miembros de la mafia rusa para lograr numerosos permisos de residencia y trabajo irregulares. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga esta supuesta trama de corrupción en la que está implicado el ex subdelegado del Gobierno Eduard Planells. Los testigos han alimentado con contundentes declaraciones el sumario del caso.

En las declaraciones se cita el nombre de un abogado, Javier Añoveros, marido de Julia García Valdecasas (PP), delegada del Gobierno en Cataluña en la primera etapa en la que se produjeron las irregularidades y que siguieron años después. La Subdelegación del Gobierno creó una denominada "oficina especial para altos cargos" convertida en un lugar donde se fabricaban permisos de residencia a la carta, según coinciden las personas que han declarado.

El origen de esta trama corrupta arranca en junio de 2005 con la Operación Avispa, desplegada por la policía contra la mafia georgiana por blanqueo de capitales. Los agentes intervinieron en domicilios y empresas de los implicados permisos de residencia y trabajo en favor de sus trabajadores. Todos esos permisos fueron tramitados en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. En los registros, la policía requisó un certificado emitido por Planells, en favor del capo mafioso Malchas Tetruashivili y sus empresas.

A partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción inició unas pesquisas que supusieron la detención en julio de Planells, que ya había dejado la subdelegación y tenía un cargo en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. El juez Pedraz, que investiga el caso, cuenta con reveladores testimonios de funcionarios de la Subdelegación aparentemente fuera de toda sospecha sobre la trama de corrupción.

- Inspectora de la policía. "Cuando ví [en 2002] este papel [un certificado de Planells de 2001 sobre la honorabilidad del mafioso Micky Tetruasvil], me pareció extraño. Investigué quién era Tetruashvili y le acabamos deteniendo por delitos contra el derecho de los trabajadores". Esta policía revela una grave anomalía: "A raíz de la Operación Avispa, vi que a su cabecilla, Dereroran, no se le pudo detener. Yo tenía pendiente la renovación de su permiso de residencia. Y mi sorpresa fue que uno de los días que lo pongo en pantalla, lo veo concedido y que no habían sido mirados los antecedentes policiales". Esta agente señala que "casi todos" los expedientes recomendados por Planells "eran de rusos".

Cuando el fiscal le preguntó si esos expedientes solían proceder de algún bufete, respondió: "Creo recordar por ejemplo al señor Añoveros, por el detalle de que era el marido de la delegada en aquellos días. Venía a veces acompañando al señor Planells a pedir la grabación y mirar antecedentes de algún tipo de expediente

- Francisco Caballero, jefe de sección de extranjería. Este funcionario detalla los trabajos de Planells: "Sí, nos indicaba mediante una notita o incluso por instrucciones verbales que se tramitaran algunos expedientes en sentido favorable. Lo máximo que hemos hecho nosotros es ponerle en la misma carpeta una anotación diciendo que esto se estima por indicación o por orden del subdelegado. Básicamente eran ciudadanos procedentes de la extinguida URSS".

Caballero revela más anomalías graves: "A principios del año pasado, recibo orden del subdelegado para que seleccionemos 150 o 200 expedientes y se los pasemos a su despacho. Yo llevo 36 años en la función pública y jamás un superior me había pedido los expedientes físicos para llevárselos a su despacho. Le hice un informe y le dije, bueno, te paso los expedientes que me has pedido pero que sepas yo he observado esto, esto, esto... Yo presumo que son de una organización porque están escritos con el mismo tipo de letra, son consecutivos, etcétera. Llegué a la conclusión de que alguien o alguna organización le pidió que los revisara con la evidente intención de que fueran estimados.

- Jefe de la oficina de extranjeros en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona hasta 2002. Carlos Planas reiteró al juez Pedraz que las instrucciones sobre "expedientes concretos" siempre partían de Planells. "Al principio me lo decía verbalmente, luego mediante notitas. (...) Hay que resaltar una cosa, muchas veces me decía, 'este expediente me lo pide la delegada'. La mitad de las veces lo pedían otros".

(www.elpais.com, 22/10/07)

13. GALICIA: LA EMPRESA QUE SUPERVISABA LA CIDADE DA CULTURA YA INFORMÓ EN 2001 DEL DESVÍO PRESUPUESTARIO

El proyecto de construcción de la Cidade da Cultura sufrió un desvío presupuestario del 20% sólo entre los años 2000 y 2002, según los informes redactados por la consultora Idom durante ese período por encargo de la fundación responsable del proyecto. Idom, que a partir de ese año dejó de prestar servicios a la Xunta, constató que el estado de la iniciativa era entonces "insuficiente para conformar un proyecto básico conforme a los estándares europeos". Socialistas y nacionalistas atribuyen el abandono a las diferencias entre la empresa y Peter Eisenman, el arquitecto que diseñó el complejo.

La comisión parlamentaria que investiga la gestión del proyecto de la Cidade da Cultura escuchó las explicaciones de Rafael Espinosa, representante de Idom, la consultora contratada en una primera fase por la fundación responsable del proyecto para supervisar y controlar su desarrollo. Espinosa explicó que Idom dio cuenta entre 2000 y 2002, a través de más de 250 informes y actas de reuniones, de "las desviaciones detectadas y de lo relativo al retraso en los plazos de entrega de los proyectos", así como de "la indefinición técnica de los mismos", de "la dificultad para obtener un proyecto básico" y de "los problemas presupuestarios derivados de esa indefinición".

La Fundación Cidade da Cultura e Idom pactaron de mutuo acuerdo la resolución de su contrato meses antes de su vencimiento, en el año 2002, y la consultora no consiguió la adjudicación del concurso convocado posteriormente para continuar la supervisión del proyecto, que acabó en manos de la unión temporal de empresas Andrés Perea-Euroestudios.

(www.elpais.com, 20/10/07)

14. GALICIA: TELMO MARTÍN RECHAZA EN NOMBRE DEL PP UNA PROMOCIÓN DE PISOS A LA QUE OPTÓ SIN ÉXITO SU EMPRESA

El portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín, reiteró en un pleno municipal su oposición a la actuación prevista en los terrenos de la antigua Tafisa, lo que no impidió que la corporación aprobase el expediente de modificación puntual del Plan General, que permitirá avanzar en la consolidación de un convenio que arrastra cuatro años de tramitación. El líder de la oposición local se opone a la construcción de las más de 700 viviendas previstas, de iniciativa privada y de protección, y la califica como "un error histórico". "Queremos que los 120.000 m² sean de acceso público", aseveró.

Martín se opone a la promoción privada en la zona después de que Construcuatro, empresa en la que figura como consejero delegado, pujase sin éxito por esa promoción adjudicada finalmente al Grupo Lar en 2003, a cambio de algo más de 25 millones de euros. El ex alcalde de Sanxenxo calificó aquella operación de "artimaña entre los gobernantes y los dueños del terreno". Según explicó, "Tafisa tuvo seis ofertas pero siempre por debajo de los 25 millones", cinco de las cuales corresponderían a empresas de Pontevedra entre las que se incluye la promotora Construcuatro.

En ese punto cambió su discurso como líder de la oposición y recordó su experiencia en aquella promoción como representante de la constructora. "Nos llamaron para que mandáramos una oferta por escrito", relató y "como pardillos", dijo, así lo hicieron. "Hoy cuesta 120 millones, fíjense si hay pelotazo o no", señaló Martín.

Otra vez, la actividad empresarial de Martín volvió a poner en tela de juicio su credibilidad como político. Desde las filas del bipartito local no se resistieron a comentar la investigación abierta sobre Construcuatro por el presunto cobro de sobreprecios en las viviendas de protección de Navia (Vigo), cuando el portavoz popular amenazó con llevar al gobierno local "a los tribunales" si "se les ocurre vender directamente a Lar por los 307 euros por metro cuadrado, una cuarta parte de su valor, que aparecen en el expediente".

(www.elpais.com, 20/10/07)

15. GALICIA: UN SOCIO DEL LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA COBRÓ EN MANO DINERO NEGRO

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao, en Vigo (Pontevedra), han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a la empresa Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de la ciudad, según figura en las diligencias previas que instruye la titular del Juzgado número 2 de Vigo. En sus testimonios, algunos compradores reconocen que entregaron en mano dinero negro a José Manuel Torres, copropietario de Construcuatro junto al presidente del Partido Popular de Pontevedra, Telmo Martín, y a un tercer socio, Eugenio Sobral.

José Manuel Torres García, uno de los copropietarios de Construcuatro, está acusado de cobrar los sobreprecios a cambio de formalizar los contratos para los pisos de protección oficial. José Manuel Torres, a cuyo nombre figuran el 33% de las acciones de Construcuatro, es citado en otras dos declaraciones de los 24 compradores que han reconocido haber pagado sobreprecios, después de que los representantes de la promotora les amenazasen con no venderles los pisos.

Según el expediente abierto por la Consejería de Vivienda y que ha sido incorporado por la juez a las diligencias previas, otros dos vecinos del edificio aseguraron haber entregado en la inmobiliaria Silva -una de las dos, junto a la agencia Veiga, que actuaron como intermediarias de Construcuatro- 32.000 y 35.500 euros en dinero negro. Ambos denunciantes afirmaron que fue el personal de la agencia quien les explicó que los pagos debían hacerse de ese modo "porque así lo había decidido el señor Torres, apoderado de Construcuatro".

El resultado de los cuestionarios distribuidos por la consejería a los propietarios de los inmuebles constituye, la principal prueba del fraude, junto a las dos grabaciones de voz autorizadas por la juez que ponen de manifiesto el cobro de sobreprecios por parte de un tercer intermediario, P. T.

(www.elpais.com, 22/10/07)

16. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA DENUNCIA AL DIPUTADO DEL OJO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha denunciado al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, ante el Alto Tribunal. El Ministerio Público ha asumido el decreto emitido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ha presentado la denuncia contra el diputado ante la Sala Segunda del Supremo. Es un paso decisivo en el caso que investiga los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, cometidos por Del Ojo durante su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada).

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que designe un magistrado como instructor de la causa, y le ha instado a que presente un suplicatorio al Congreso para que éste certifique la condición de diputado nacional de Del Ojo, y por tanto de aforado. El pasado lunes se inició de este modo el proceso por el que el magistrado instructor designado recibirá los más de 5.000 folios de la causa, entre diligencias policiales, documentos oficiales, etc.

La Fiscalía definió en su informe al diputado como "instigador de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos". El decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio, Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular en cuatro grandes obras municipales. El PP reforzó recientemente la condición de aforado de Del Ojo al nombrarlo vicepresidente de la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso.Tras la denuncia de la Fiscalía contra Del Ojo, el Tribunal Supremo dirigirá al Congreso el suplicatorio, regulado en los artículos 11-14. El presidente del Congreso, Manuel Marín, presentará entonces el suplicatorio ante la Comisión del Estatuto de los diputados, que tendrá sesenta días para elevarlo ante el pleno del Congreso.

Pero debido a la complejidad del proceso, que podría sufrir ciertos retrasos, la decisión de si el Tribunal Supremo juzga a Del Ojo estaría en manos del PP: Si el Partido Popular decide no incluir a Del Ojo en las listas al Congreso como diputado nacional en las próximas elecciones, el caso judicial regresaría a Granada al perder éste su condición de aforado. Si por el contrario Del Ojo se vuelve a presentar, el suplicatorio seguiría su vía habitual cuando un diputado debe ser juzgado, y el Tribunal Supremo acogería la causa.

La Fiscalía acusa a Del Ojo de graves irregularidades. Entre ellas, ordenar presupuestos duplicados y encomendar la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L., "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público.

(www.elpais.com, 25/10/07)

17. ANDALUCÍA: EL PP PIDE EL INDULTO PARA DOS EMPRESARIOS CONDENADOS POR APALEAR A TRES INMIGRANTES

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Almería, José Luis Aguilar, presentó una moción para que el pleno solicite el indulto de los empresarios de El Ejido Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a tres inmigrantes. El PP almeriense se suma así a una campaña promovida por los familiares de los empresarios a favor del perdón.

La moción presentada por José Luis Aguilar, secretario general del PP en la provincia de Almería, justifica la petición con el argumento de que la Alcaldía recoge "el sentimiento mayoritario de los ciudadanos". Unas 50.000 personas, la mayoría de El Ejido, han firmado un escrito solicitando el indulto para Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández.

Aguilar propone a la Corporación que apoye el indulto de la pena total de 15 años de prisión y dos meses de multa a que han sido condenados cada uno de ellos por dos delitos de lesiones, una falta de lesiones y tres delitos de detención ilegal, según una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería. Este fallo fue confirmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación en un auto de fecha 5 de marzo de 2004. La moción del PP incluye elevar la notificación del acuerdo al Ministerio de Justicia.

En el fallo del Supremo ratificando la condena a Palenzuela y Fernández a 15 años, el tribunal emitió un alegato a favor del Estado de Derecho frente a la "prepotencia" y los "abusos" que se comenten aprovechando la vulnerable situación de los inmigrantes sin documentación.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 1997, cuando los dos condenados, "en unión de una tercera persona no identificada", cogieron al marroquí Hicham B. y le metieron en su vehículo por la fuerza. Al rato hicieron lo mismo con Garami B., de nacionalidad argelina. A ambos los consideraban autores de un robo junto a un tercer inmigrante, que también fue agredido. Hicham B. fue golpeado con un palo de madera y un bate de béisbol. Le causaron "importantes lesiones", según recoge la sentencia, además de fracturas de huesos que tardaron dos meses en curar.

Al día siguiente los condenados volvieron a buscar al argelino Garami y le secuestraron para darle otra paliza. Le rompieron una pierna y la cara y le saltaron varios dientes. Palenzuela fue detenido al día siguiente a bordo de su furgoneta, donde la Guardia Civil halló el bate y el palo manchados de sangre.

En su sentencia, el Tribunal Supremo relata los "continuos obstáculos" que la Administración de Justicia se encontró para depurar los hechos, hasta el punto de que un tercer implicado en las agresiones salió indemne y nunca fue localizado. Hubo cuatro intentos de celebración del juicio y llegado el día (un año y tres meses después del primer señalamiento), dos de los tres inmigrantes no asistieron.

(www.elpais.com, 20/10/07)

18. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE MANIOBRA PARA HACERSE CON EL CONTROL DE IFEMA

Ifema, la Institución Ferial de Madrid, es uno de los motores económicos de la región. Su actividad desde hace casi una década es frenética y se ha convertido en un caramelo muy goloso para los responsables de la Comunidad de Madrid. El movimiento económico que genera Ifema representa más del 1% del Producto Interior Bruto regional (PIB). El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y vicepresidente del comité ejecutivo de Ifema, ha ideado una maniobra para preparar el desembarco en la institución de Luis Eduardo Cortés, ahora presidente de Vallehermoso Inmobiliaria, ex diputado por el PP con Aguirre y ex consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid con Gallardón, según explican cuatro fuentes consultadas por este periódico. Cortés es un hombre próximo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre quien, de ésta forma, incrementaría su control sobre la institución ferial.

El vicepresidente regional ha diseñado dos estrategias para la toma de control de Ifema. La primera consiste en crear un nuevo cargo en el consejo de administración. La figura del consejero delegado, que ocuparía Luis Eduardo Cortes, y que estaría un escalón por encima de Fermín Lucas, director general y brazo ejecutivo de la empresa semipública. "Pensamos mantener a Lucas", aseguró un portavoz de la Comunidad, quien, además, negó todas las maniobras para elevar a Cortés a la presidencia de Ifema. Lucas es una persona próxima al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

La otra opción que baraja Aguirre es designar como presidente del comité ejecutivo, uno de los órganos de control, a Cortés en detrimento del presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, que ocupa el puesto en representación de la Cámara de Comercio. Para ello tendría que modificar los estatutos de Ifema. "Si la Cámara de Comercio quiere ceder la presidencia lo tendrán que decidir entre los empresarios. No nosotros", precisa una portavoz regional. Pero los empresarios consultados aseguran que reciben presiones de la Comunidad para que abandonen el cargo. Esta maniobra supone el último enfrentamiento entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid. Esta vez por el control de la institución ferial. Fuentes de la Cámara de Comercio reconocen que no sería extraño que una empresa como Ifema tuviera un consejero delegado, pero evitan pronunciarse sobre la cesión de su sillón en la presidencia del comité ejecutivo de la institución a Cortes.

El capital de Ifema está controlado por el Ayuntamiento (31%), la Comunidad (31%) y Caja Madrid (31%). Los empresarios a través de la Cámara controlan el 7% restante. Ifema está regida por un órgano rector, presidido por el ex alcalde, José María Álvarez del Manzano, aunque su puesto es sólo honorífico. Y otro ejecutivo, que se ha convertido en el deseo de Aguirre.

Lo que si reconoce una fuente de la Cámara de Comercio es que la Comunidad ya ejerce un férreo control en Ifema. "El vicepresidente del comité ejecutivo, Ignacio González, nos hace ir con los deberes hechos y nos controla", revela. Pero la Comunidad no tiene el camino fácil para controlar la institución ferial. Se ha topado con un problema: los empresarios. Que no quieren ceder la presidencia de Ifema.

El comité ejecutivo de Ifema está presidido por Gerardo Díaz Ferrán, presidente, a su vez, de la confederación nacional de empresarios (CEOE). Sin embargo, este cargo le corresponde, según los estatutos de Ifema, al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Díaz Campano. Éste cedió su puesto en Ifema a Díaz Ferrán a cambio de su aval para presidir la Cámara. Todo un juego de pactos para lograr el poder. Una especie de acuerdo en el que tú me apoyas a mí y yo a ti.

Santos Campano convocó una reunión extraoficial de los vocales de la Cámara, a la que asistieron unos 20 empresarios. El presidente de la organización empresarial propuso ceder su puesto en la presidencia de Ifema. Según cuatro fuentes consultadas por este diario, el presidente de la Cámara deslizó el nombre de Luis Eduardo Cortés como posible inquilino de este sillón. La mayoría de los asistentes expresaron su malestar por el "intervencionismo" de la Comunidad de Madrid. "Luchamos por la independencia de los empresarios y no queremos ser peleles", aseguró uno de los asistentes. Santos Campano planteó su dimisión al comprobar el escaso apoyo recibido por los empresarios y solicitó a los vocales que suscribieran una carta manifestando su apoyo y permitiéndole traspasar la presidencia de Ifema.

La jugada sería redonda para el Ejecutivo de Aguirre porque lograría el control de la joya de la corona, Ifema, y de los empresarios, a través de la Cámara de Comercio. "Santos Campano tiene ahora una posición muy débil por cuestionar la independencia de los empresarios", asegura una fuente.

(www.elpais.com, 23/10/07)

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL CANDIDATO DE AGUIRRE PARA IFEMA ES DIRECTIVO DE LA EMPRESA QUE LA AMPLÍA

El candidato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para presidir la empresa semipública Ifema, Luis Eduardo Cortés, es directivo de la empresa encargada de ampliar las instalaciones de la institución ferial, Sacyr Vallehermoso. La constructora ganó en 2005 el concurso para edificar dos naves para exposiciones -20.000 m² -, por unos 56 millones. El comité ejecutivo de la institución ferial estudia emprender acciones legales contra Sacyr por el retraso de las obras y por su sobrecoste.

Esperanza Aguirre ha urdido un complejo plan para controlar Ifema, la segunda mayor empresa de la región -después de Barajas- por su actividad económica. La institución aporta cerca del 1% del producto interior bruto regional (PIB). El control al que aspira Aguirre en la institución tiene tintes estratégicos para ampliar su poder sobre los empresarios. Además, choca con su discurso ideológico: la presidenta, liberal a ultranza, defiende la mínima intervención de los poderes públicos en la economía. Pero no predica con el ejemplo.

El hombre elegido por el Gobierno regional para que presida el comité ejecutivo de Ifema es Luis Eduardo Cortés, ex diputado del PP con Aguirre y ex consejero de Obras Públicas cuando Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba la Comunidad. Cuando Cortés fue responsable de Obras Públicas, su consejería adjudicó sustanciosos contratos a las constructoras para la ampliación del metro. Días después de abandonar la Comunidad, en julio de 2005, se enroló en una inmobiliaria.

Cortés es el presidente ejecutivo de Vallehermoso Inmobiliaria, filial de Sacyr que es la encargada de construir dos nuevos pabellones para ampliar Ifema. La empresa se hizo con el contrato en febrero de 2005 por un importe de 56 millones. Pero las obras se han retrasado y el presupuesto, disparado. Fuentes de la institución ferial calculan que el coste final de la ampliación ascenderá a 93 millones.

Durante el pasado verano, Ifema autorizó dos inversiones extraordinarias de 17 millones para este proyecto, por modificaciones en la construcción de las dos naves. Hace un par de meses, Sacyr solicitó otros 20 millones para concluir las obras. En total, supone un incremento del 75% respecto al presupuesto inicial. Ifema se opone a pagar el último sobrecoste y ha encargado a los servicios jurídicos de la institución un informe sobre las responsabilidades de Sacyr en el proceso, según las actas del Consejo de Administración. "Hay un problema con la entrega de la obra, porque lleva mucho retraso y el presupuesto se ha disparado", asegura un miembro de la Cámara de Comercio, organismo que preside Ifema.

La semana pasada, el vicepresidente regional y también de la institución ferial, Ignacio González, mantuvo una reunión con ejecutivos de Sacyr para intentar solucionar el contencioso. González es uno de los miembros de la ejecutiva de Ifema que más ha cargado contra el incumplimiento de Sacyr y, además, es el estratega del desembarco de Cortés en Ifema, según fuentes consultadas por este periódico. La jugada consiste en apartar al director general de Ifema, Fermín Lucas, hombre próximo al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno regional, a través de Ignacio González, presiona a los empresarios de la Cámara de Comercio para que éstos cedan la presidencia de Ifema a Cortés. El cargo le corresponde al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano, según establecen los estatutos de Ifema. Pero éste ha cedido su sillón en la institución ferial al presidente de la Confederación Empresarial Española de Empresarios (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, quien brindó su apoyo a Campano para lograr la presidencia de la Cámara.

La Comunidad quiere que Díaz Ferrán dimita y la cámara dé el visto bueno a Cortés como presidente. El patrón de patrones presiona a Santos Campano para que permita la maniobra, según varias fuentes consultadas. Para que Cortés sea presidente de Ifema es preciso que lo proponga la Cámara de Comercio y exige modificar los estatutos de la institución ferial. Este organismo es una sociedad mixta en la que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la cámara tienen el 31% cada una, y Caja Madrid, el 7%.

Santos Campano convocó el pasado lunes una reunión para recabar el apoyo de los empresarios a la operación que allana el camino a Cortés. Pero estos expresaron su malestar por la falta de independencia de la Cámara de Comercio. "Rechazamos el intervencionismo de Aguirre. No queremos ser peleles de nadie", cuenta uno de los asistentes a la reunión. Otras fuentes consultadas admitieron a este diario que reciben presiones de la Comunidad para aprobar la propuesta.

(www.elpais.com, 25/10/07)

20. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO DA LA ESPALDA A LA LEY DE DEPENDENCIA

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que las comunidades autónomas que más solicitudes han presentado para beneficiarse de las ayudas de la Ley de Dependencia son Andalucía, Extremadura, Cantabria, Baleares, La Rioja, Galicia y Cataluña. Caldera aprovechó la presentación de estos datos para denunciar la actitud de dos comunidades, gobernadas por el PP, que, desde el primer, día han ralentizado la aplicación de la nueva Ley.

Jesús Caldera señaló que Madrid y Murcia son las únicas comunidades que "no están haciendo nada por aplicar esta norma" en su territorio. Estos dos territorios se quedarán sin recibir aportación económica alguna por el momento.El caso es especialmente relevante en Madrid, dado su volumen de población, seis millones de personas, que aún no ha podido acceder la nueva Ley de Dependencia. Según Caldera, la actitud de Madrid se debe a la "falta de lealtad" con el Gobierno, que sólo perjudica a los ciudadanos. La ley exige que las autonomías evalúen previamente a las personas en situación de dependencia que solicitan ayudas y trasladen esas peticiones al Ministerio de Trabajo, algo que ni Madrid ni Murcia han hecho aún.

"A falta de conocer y comprobar si estas comunidades (Madrid y Murcia) están aplicando la Ley de la Dependencia, hasta ahora ya han sido valoradas más de 150.000 personas, todos ellos grandes dependientes", según señaló el ministro de Trabajo en respuesta a una pregunta del PP.

(www.publico.es, 25/10/07)

21. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN PRIVATIZARÁ TODOS LOS CENTROS CULTURALES

Son los primeros, pero no serán los últimos. Los tres nuevos centros culturales municipales de Carabanchel tendrán una gestión totalmente privada cuando empiecen a funcionar, a partir del 1 de diciembre. Gestión "externalizada", matiza el Ayuntamiento. Es la política que se seguirá de ahora en adelante. Con la finalidad de "mejorar el servicio al ciudadano", los nuevos centros que se construyan tendrán la gestión "integral" de una empresa privada. Y progresivamente, ese modelo, la privatización, se irá extendiendo a los 84 centros culturales municipales ya existentes, avanza un portavoz del Ayuntamiento. Eso supone que el mantenimiento, la gestión económica y la programación cultural que ofrecen estará en manos privadas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó un gasto de un millón y medio de euros para la gestión externa de los tres nuevos centros: Lázaro Carreter, San Francisco-La Prensa y Carabanchel Alto. El dinero es "una contraprestación" por las pérdidas que se calcula que sufrirán las empresas adjudicatarias por dar servicios a los ciudadanos a un precio "público". Es decir, será una gestión sin riesgos. En el pliego de condiciones para la adjudicación de los tres nuevos centros se recoge, como el criterio que más puntúa, la "calidad y valor técnico del proyecto relativo a la organización, programación y ejecución de las actividades de talleres y formativas". O sea, lo relativo a la gestión de los servicios culturales.

Desde hace tiempo, el Consistorio ha privatizado también parte de los servicios que ofrecen los centros culturales y los deportivos. "No tiene sentido que el socorrista de una piscina pública sea funcionario", defienden fuentes municipales.

Precisamente, los funcionarios empleados en estos centros prevén manifestarse el jueves en la plaza de la Villa para protestar por la futura externalización de la tarea de los ordenanzas (personal de oficios de servicios internos [POSI], según la denominación municipal). A partir del 1 de enero, el Consistorio sustituirá por empleados de empresas privadas a unos 600 funcionarios de este tipo que realizan labores en centros culturales, centros de mayores y polideportivos.

En la Casa de la Villa consideran que los ordenanzas ejercen de "conserjes" y que, con los nuevos contratos de mantenimiento y limpieza que entrarán en vigor en enero, esa función se puede externalizar. De los 600 afectados, unos 250 irán destinados a colegios para que estén presentes mientras se realizan actividades extraescolares. El resto, dice el Ayuntamiento, optará a promociones para ascender al puesto de auxiliar administrativo. El argumento no convence a los ordenanzas. Y tampoco les gusta que se refieran a su trabajo como "conserjes".

(www.elpais.com, 23/10/07)

22. COMUNIDAD DE MADRID: EL 'SER' DECLARA ANTE EL JUEZ

Mentar en el Ayuntamiento el nombre del ex alcalde popular del municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo, es como hacer lo propio con la soga en la casa del ahorcado. El motivo es que se ha visto inmerso en un proceso penal. Está imputado por falsedad en documento público y prevaricación, a cuenta de la adjudicación de la explotación, durante 11 once años, prorrogables a otros 14, de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El contrato es por, 144 millones de euros.

Sotelo acreditó oficialmente la experiencia de una empresa en su localidad, desde febrero de 2001, que concurría al concurso de Madrid. Necesitaba ese certificado para demostrar su solvencia. La cuestión es que en la empresa en cuestión, Hixiene S.L., trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo. El 11 de octubre declaró como imputado en el juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo. En alocución ante el juez dijo que era "evidente que esta empresa -Hixiene- nunca había gestionado los aparcamientos en Cangas, que esta asesorando sobre ello pero que nunca había gestionado".

El documento que firmó para Hixiene S.L. decía que venía desarrollando para el Ayuntamiento de Cangas servicios "de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y de gestión de aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público regulado (zona azul)".

Cuando el juez le preguntó si pidió explicaciones para qué era el documento cuando se lo solicitaron, precisó que "nunca se le dijo cuáles eran los fines ni el destino".Al ser interrogado sobre si era "normal" que en el documento sólo conste su firma y el sello del Consistorio, dice que "sí porque es sólo un informe, no una certificación del secretario, que no sabe si es preciso que aparezca el sello y la firma del secretario".

Dice que Juan Manuel Casares no se ha puesto nunca en contacto con él, aunque precisa que lo ha visto "un par de ocasiones, por casualidad, la última de ellas coincidió con él en un restaurante", cuando cenaba con su familia. Pero que, en cualquier caso, lo conoce "porque le había ofrecido sus servicios y llamaba al Ayuntamiento cuando había algún problema".

Sotelo ha acabado en los tribunales gracias a Mariano Abalo, edil del Consistorio pontevedrés perteneciente al Frente Popular Galego. Según reiteró , "nunca ha habido vinculación contractual del Ayuntamiento con esa empresa". "Hixiene no ha gestionado nunca ningún aparcamiento en el municipio ni se puede demostrar con papeles que ha hecho una labor de asesoramiento para la instalación del aparcamiento público regulado, ya que no hay ningún contrato que así lo diga".

Casares González, además de ex diputado del PP en el Parlamento gallego, es ex presidente de Nuevas Generaciones de Galicia, y ex miembro de la Junta Directiva Nacional de su partido. Sustituyó al delegado de Movilidad -quien convocaba el concurso de los parquímetros de Madrid- al frente de las juventudes populares cuando Calvo dejó el puesto. Desde el Ayuntamiento se niega, tajantemente, cualquier tipo de manejo poco claro en este asunto.

(www.elmundo.es, 24/10/07)

23. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN PIERDE 73 MILLONES AL ADJUDICAR LOS CHIRIMBOLOS

Habrá 890 por todo Madrid y nos venderán cosas. Son los nuevos chirimbolos publicitarios que ya han empezado a colocarse por toda la ciudad. Un buen negocio para la capital. Aunque quizá no tanto como podría haberse esperado. La Concejalía de Medio Ambiente, que entonces dirigía Paz González, adjudicó el 20 de diciembre de 2006 el contrato de gestión de los soportes publicitarios, chirimbolos, a la unión temporal de empresas (UTE) Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros.

Una cifra 73 millones inferior a la que ofertaba su principal competidora, la sociedad Viacom. Además, el Ayuntamiento ni siquiera valoró el diseño e impacto medioambiental de la perdedora. Expertos consultados aseguran que este tipo de pliegos no son habituales, porque excluyen empresas sin valorar todos los aspectos de la oferta. El 15 de junio de 2006 se presentaron cinco empresas al concurso para la "comercialización y explotación publicitaria de obras en vía pública, terrenos e instalaciones deportivas municipales y mobiliario urbano de gran formato": La UTE Clear Channel-Cemusa, Viacom. JCDecaux (la anterior adjudicataria), la UTE Iepe-Imprusa y Zeta Gestión de Medios.

El concurso tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la comercial y, finalmente, el impacto medioambiental de los soportes. Sin embargo, el criterio de puntuación otorgaba de forma lineal en cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Algo poco habitual en un concurso con un número tan reducido de aspirantes, según expertos consultados.

La máxima puntuación en la primera fase era 45 puntos, y era necesario obtener 20 para pasar a la siguiente. Viacom -una multinacional filial de CBS y propietaria de canales como MTV- fue la mejor valorada porque era la que ofrecía más dinero (233 millones de euros), con 45 puntos. La segunda fue Clear Channel-Cemusa (160 millones), con 27,52 puntos. El resto quedaron descartadas.

En la segunda fase, la que valoraba la propuesta comercial, estaban en juego 30 puntos. Pero de nuevo se otorgaba la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Pero ya sólo quedaban dos y era imprescindible obtener 15 puntos como mínimo para seguir. Una de las dos propuestas quedaría automáticamente descartada para la tercera fase.

Y así fue. En el veredicto de esta segunda fase, a pesar de considerar el Ayuntamiento que ambas propuestas eran "coherentes", Clear Channel-Cemusa se llevó todos los puntos y Viacom quedó eliminada y sin opción de que el diseño y el impacto medioambiental de sus soportes fueran valorados.En la tercera fase, la ganadora se llevó todos los puntos al ser la única finalista. Así, ni la oferta económica, ni el diseño de los chirimbolos ni su impacto ambiental fueron decisivos en la adjudicación de la concesión por 10 años de su explotación. "Este tipo de pliegos no es normal. Diseña un proceso de toma de decisiones poco objetivo que margina los elementos más importantes, como eran el impacto medioambiental y el canon por la explotación de la publicidad exterior", explica Guillermo Aguillaume, abogado experto en concursos públicos.

Precisamente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid considera que los nuevos soportes, instalados por la empresa ganadora, son invasivos y que provocan un "efecto lamentable" en el paisaje urbano, según su decana, Paloma Sobrini.

Viacom trasladó su inquietud por el resultado del concurso a la Concejalía de Medio Ambiente, que dirigía entonces Paz González. Incluso le remitió una carta manifestando "la extrañeza y sorpresa que le produce el hecho de que resultara finalmente adjudicataria del concurso nuestra competidora, máxime cuando la propuesta económica de Viacom resulta más beneficiosa para el Ayuntamiento". Además, el 23 de mayo, Viacom presentó un recurso contencioso-administrativo para que le fuera entregado el expediente completo de la adjudicación. Petición rechazada por el Consistorio. El Ayuntamiento no quiso pronunciarse y se remitió a la respuesta que piensa dar hoy durante el pleno. Tampoco quiso hacerlo Clear Channel ni Viacom. "Esperamos para ver como transcurre el proceso", dijeron en esta última compañía.

"Ambas ofertas están bien estudiadas y planteadas siendo por tanto coherentes", señalaron los técnicos municipales en el expediente del concurso de publicidad callejera. En el mismo documento aseguran que Viacom desconoce el mercado de publicidad en grandes formatos. "Gestionamos este tipo de publicidad en toda España", replica un portavoz de la compañía. Además, el Ayuntamiento consideró poco realista la estimación de Viacom de mantener una ocupación del 90% del espacio publicitario. En cambio, si le pareció más razonable el cálculo de Clear Channel-Cemusa que presentó una explotación del 70%.

(www.elpais.com, 26/10/07)

24. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FUNDACIÓN DEL VIAJE DEL PAPA NO HA REGISTRADO SUS CUENTAS

La Fundación de la Comunidad Valenciana del V Encuentro Mundial de la Familia, que organizó la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, sigue sin tener las cuentas claras. Transcurrido casi un año y medio desde la visita del Papa a Valencia, la fundación participada por el Arzobispado de Valencia, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento todavía no ha depositado sus cuentas en el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, ni ha hecho públicas las mismas.

Ello no ha sido impedimento para que el Arzobispado de Valencia, cuyo titular Agustín García-Gasco ha sido designado recientemente cardenal, haya aumentado su influencia en el seno del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps.

Pese a la falta de transparencia, la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que no ha hecho públicas las cuentas ni de 2005, ni de 2006, tiene operativa su propia página web en la que lanza, consignas contra el aborto y el matrimonio homosexual -"Lo que Dios ha separado que no lo una el hombre"-.

Desde julio de 2006, el Consell que preside Camps se ha negado una y otra vez a facilitar los gastos realizados con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI. En febrero de este año, Víctor Campos, entonces vicepresidente del Consell, afirmó que la estancia del Pontífice en Valencia había supuesto un gasto para la Generalitat de 1,9 millones de euros, aunque esta cifra no incluía el presupuesto de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. Esta cifra facilitada por Campos en su día no tiene correlación con las respuestas parlamentarias ofrecidas por el Consell al Grupo Socialista, en las que sólo reconocía haber gastado 214.000 euros de la Consejería de Sanidad en recursos humanos y materiales sanitarios; 10.417 euros en la impresión de carteles y trípticos y 9.969 euros en viajes y alojamientos de la Consejería de Participación; y 11.948 euros para realizar un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros para un curso de formación turística entre voluntarios pagado por la Consejería de Turismo. Cantidades que sumadas apenas superaban los 30.000 euros, lejos de los dos millones declarados después.

En sus respuestas a la oposición en las Cortes Valencianas, el Consell atribuyó a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia el resto del gasto generado por la visita del Papa. Pero el Consell afirma, además, que en la fundación participa "únicamente como miembro" por lo que no tiene datos para responder.Los gastos de la visita del Papa a Valencia, que apenas permaneció 24 horas entre el 8 y el 9 de julio de 2006, se han convertido, así, en uno de los secretos mejor guardados por el Consell y el Arzobispado de Valencia, que no supo decir siquiera si ya había cerrado las cuentas.

A falta de transparencia, la oposición socialista mantiene que los fastos para recibir al Pontífice no bajaron de los 60 millones de euros, casi la mitad debidos al coste de la retransmisión en directo de toda la estancia papal por Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana. Las cuentas de la vieja de la oposición incluyen partidas como los 400.000 euros gastados por Ferrocarrils de la Generalitat para preparar un terreno como aparcamiento de autobuses, los 600.000 euros que costó el altar para la misa o los 500.000 euros para acondicionar el puente de las Flores y otros ornamentos florales.

El Consell solo ha reconocido 1,9 millones aparte de lo destinado a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. El Ayuntamiento de Valencia, la primera de las tres instituciones públicas que ofreció una cantidad, cifró el gasto municipal en el evento en 2,36 millones de euros. Confusión a la que se añaden las estimaciones iniciales de la propia fundación, que calculaba en 20 millones de euros el coste de la visita papal.

Lo que parece demostrado es que, aunque el viaje del Pontífice sirvió para proyectar internacionalmente la imagen de Valencia, la cita papal no atrajo los 1,3 millones de turistas que esperaban los dirigentes del PP, ni ello se tardujo en un gasto de 60 o 70 millones de euros como predijo la entonces consejera de Turismo Milagrosa Martínez. Lo que sí se ha mantenido es el oscurantismo sobre el coste de los preparativos para atender a Benedicto XVI.

De hecho, si la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia carece de fiscalización exhaustiva, pese a contar entre sus patronos con tres de las principales instituciones valencianas, la Fundación la Luz de las Imágenes, con aportación mayoritaria de la Generalitat, sí está fiscalizada. En esta fundación el capital inicial está soportado por la Generalitat (30.050 euros), Televisió Valenciana (6.010), Iberdrola (3.005), Fundación Generalitat-Iberdrola (30) y el Arzobispado, que aportó seis euros. La Fundación la Luz de las Imágenes, dedicada a la restauración y exhibición del patrimonio de la Iglesia católica, contó el año pasado con un presupuesto de algo más de once millones de euros, aunque el ejercicio se cerró con una desviación de casi cinco millones. Así que inició el ejercicio actual con una deuda de casi 16,7 millones de euros.

Creada en el año 1999, con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, la Fundación de la Luz de las Imágenes ha restaurado más de 1.500 objetos artísticos -en su mayoría propiedad de la Iglesia- entre ellos pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, tejidos, legajos, etc. La recuperación y puesta en valor del patrimonio eclesiástico no se ha reducido sólo a los bienes muebles, también los inmuebles se han visto beneficiados con las Administraciones del Partido Popular. Así, con cargo al presupuesto público se han restaurado catedrales, seminarios, ermitas, iglesias y conventos.

(www.levante.emv, 22/10/07)

25. COMUNIDAD VALENCIANA: BIENESTAR SOCIAL GASTA EN PUBLICIDAD LA MITAD DEL DINERO PARA INSERCIÓN SOCIAL

La Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, una entidad vinculada a la Consejería de Bienestar Social, ha convocado un concurso público para adjudicar por 1,4 millones de euros el "servicio de creatividad, producción, planificación en medios, difusión y seguimiento de información y divulgación del Sistema Valenciana de Servicios Sociales que garantice una atención equitativa de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en situación de dependencia", es decir, una campaña de publicidad. La convocatoria se publicó el 16 de octubre. La fecha límite para presentar ofertas era el 19 de octubre. La fecha de adjudicación no se precisa, pero la campaña publicitaria coincidirá con los previos de las elecciones generales previstas en marzo de 2008.

Además, la historia se repite. En octubre de 2006, Bienestar Social convocó otro concurso para difundir y divulgar "las prestaciones sociales" que ofrece la consejería. Entonces el presupuesto era de 1,5 millones de euros. Aquella campaña se difundió en los previos de las elecciones autonómicas del mes de mayo.

El grupo mayoritario apenas entró en liza para rechazar la comparecencia de Ester Fonfría, gerente de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat (Fundar), una entidad privada sin ánimo de lucro financiada por Bienestar Social y Bancaja y formalmente dedicada a apoyar a las ONG valencianas. CCOO ha denunciado que varios empleados de Fundar trabajan en realidad para las consejerías de Bienestar Social e Inmigración. El PP rechazó la comparecencia alegando que Fundar es "una entidad privada".

(www.elpais.com, 26/10/07)

26. COMUNIDAD VALENCIANA: UN INFORME ASEGURA QUE EL CONSELL SÓLO HA EJECUTADO 7 DE 85 OBRAS CONTRA INUNDACIONES

La Generalitat solo ha ejecutado 7 de las 153 actuaciones previstas en el Plan de Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), según denunció en Les Corts Valencianes el diputado socialista Francesc Signes.

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón centró su intervención en la defensa del Patricova y el prestigio alcanzado por el plan mientras Signes denunciaba su falta de aplicación.

Signes manifestó que el Patricova recogía la necesidad de ejecutar 153 actuaciones estructurales, de Obra Civil, " de las que 85 se encomendaron a la Generalitat y en concreto a su conselleria de entonces, la de Obras Públicas". "Pues bien- añadió Signes- cinco años después , la mitad del tiempo previsto para su terminación, solo se han construido 7 y otras 7 están en ejecución. Un balance bastante raquítico que demuestra la frivolidad con que han estado ustedes jugando con la seguridad de los valencianos".

Signes fue más allá y recordó que a finales de 2006 se habían autorizado ya 100 actuaciones urbanísticas que implicaban la reclasificación de suelo a urbanizable en zonas inundables y que afectan a 60 poblaciones entre las que se encuentran Altea, Alzira , Quartell o Tavernes de la Valldigna.

El conseller se centró en el caso de la Marina Alta para asegurar que en la zona afectada por las inundaciones se corresponden con el "centro histórico" de las poblaciones y que no se habían producido recalificaciones ni en el cauce ni en la cabecera.

Signes replicó que la Generalitat debe asumir "las cuencas internas"- en alusión a la cuenca del riu Girona y aseguró que el conseller no había negado "en ningún momento" la "bajísima" aplicación del Patricova.

(www.levante-emv.com, 25/10/07)

27. COMUNIDAD VALENCIANA: "ME PONÍAN FACTURAS EN CARPETONES Y CUANDO PODÍA LAS FIRMABA"

Antonio Rincón, ingeniero, fue reclamado por Terra Mítica como director técnico de las obras para ordenar un caos de centenares de empresas que hacía peligrar la fecha comprometida de apertura del parque. Llegó en marzo de 1999 y se marchó en septiembre de 2000. Es uno de los 32 imputados por fraude a Hacienda a través de una trama de facturas falsas por más de 4,4 millones de euros. Declaró ante el juez en julio de 2006. Reconoce que firmó centenares de facturas sin leerlas.

Conoce a Vicente Conesa, uno de los empresarios imputados sobre el que pesan las mayores sospechas y que fue adjudicatario de Terra Mítica de forma directa a través de su empresa C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, así como de la UTE Terra Verd. Por declaraciones anteriores se sabía que Conesa fue el responsable de la gerencia de jardinería, o sea, que se daba el visto bueno a sus propias obras. Rincón añade que participó en el diseño de la jardinería en una fase muy previa, la que realizó la empresa encargada de diseñar el parque.

28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN A ALPERI POR PREVARICACIÓN

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la que están imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesión de las licencias de construcción de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucción al TSJ.

La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba 21 documentos que recogían la tramitación del expediente administrativo municipal sobre el concurso público convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificación del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y Transportes, que emitió el informe que permitía las modificaciones que quería el adjudicatario.

La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la modificación aprobada con relación a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.

Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria; Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó, concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.

El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor.

(www.elpais.com, 20/10/07)

29. COMUNIDAD VALENCIANA: CUATRO AÑOS EN EL CARGO CON LA CORRUPCIÓN EN LOS TALONES

La justicia no es rápida. Y el sistema jurídico español dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garantías se convierten en el arma más apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del líder del Partido Popular en Castellón y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, según han reconocido algunos de sus compañeros. Incluso, los que comparten defensa o acusación con él.

En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, presentó una querella contra el presidente de la Diputación castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La mediación que supuestamente ejercía Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios del propio Vilar. En medio de esta trama se desenvolvían dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente político y el empresario de los fitosanitarios.

Un año después de la creación de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declaró a Hacienda que había cobrado 73.000 y consiguió 3.000 euros de devolución en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria le abrió un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora está también imputado.

Casi cuatro años después de que se destapara el escándalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos aún por celebrar, al margen de la práctica de múltiples pruebas que, con meses de dilación, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigación derivada de la imputación a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Además de la ralentización que ha supuesto la resolución de los recursos presentados, sobre todo por el líder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.

El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es más que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empezó a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervención durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra.

Tras esas elecciones, la Fiscalía Anticorrupción apartó del caso a Arias y asumió la investigación en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez más abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a reconocer en un momento que éstos podían "perturbar la marcha del proceso".

En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Unión de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses después de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se aceptó que lo hicieran como acción popular y no como acusación particular. Esta fórmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusación a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protección de la legalidad, el servicio público y el respecto a la ley.

Así, argumentaron su legitimización para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, también en el ámbito de las Administraciones públicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorización de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto podía suponer para el consumidor. Además, arguyeron que, de probarse la alteración en el normal funcionamiento de la Administración se estaría alterando también el sistema al que son sometidos los usuarios. La Unión de Consumidores señaló que la "única intención y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucción e investigación".

El caso es que la UCE ha sido durante estos años la parte más activa en la investigación del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicitó los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclamó la intervención de peritos que estudiarán las cuentas de Carlos Fabra y logró que en una sola causa se acumulara la acusación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar íntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.

Los representantes de la UCE son reacios a aparecer públicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acción de la organización debe limitarse únicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ésta se haya alterado con prácticas contrarias al derecho. Su intención es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios públicos.

(www.elpais.com, 20/10/07)

30. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP DE CASTELLÓN SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE 3 MILLONES EN FACTURAS SIN CONTRATO

El gobierno del Ayuntamiento de Castelló pretende aprobar hoy en la sesión plenaria el pago de más de 3,1 millones de euros en facturas (algunas fechadas en 2005) que carecen del contrato exigido por la ley y que no siguieron el procedimiento establecido, según datos facilitados por fuentes municipales. Dicha operación supone un nuevo capítulo del historial de pagos finalmente ejecutados por el ayuntamiento a discrección, práctica que ha centrado las críticas de la oposición durante los debates plenarios de los últimos mandatos.

Actuaciones diversas de obra civil, suministros de agua, asistencias a gimnasio o enseres para cuarto de baño son algunos de los compromisos que fueron adquiridos por varios concejales del equipo de gobierno al margen de contratos o concursos públicos en las facturas que ahora se someten a aprobación. Procedimiento ilegal El edil socialista Javier Peris advirtió que este tipo de pagos son irregulares y que la legislación sólo permite aprobar facturas fuera de contrato en casos de urgencias justificadas que sean racionalmente imprevisibles. "De un presupuesto de casi 160 millones de euros, vemos que con el tercer reconocimiento ya alcanzamos los 16 millones de euros. Ello quiere decir que un 10% del presupuesto de 2007 ya se ha empleado en gastos sin contrato previo" .

Peris recordó que este tipo de prácticas son contrarias a la legislación vigente. "Estamos hablando de que es un procedimiento que sólo se puede utilizar en caso de emergencia. Y el uso que se hace demuestra que existe un descontrol del gasto que no es admisible" . No es la primera denuncia por el pago de facturas irregulares. La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló aprobó durante 2006 el pago de más de 14,5 millones de euros en facturas fuera de contrato y con reparos de la Intervención municipal, según datos reflejados en las actas municipales.

Esta cifra surge como resultado de sumar los reconocimientos extrajudiciales remitidos al pleno (10,3 millones euros) y los pagos aprobados discrecionalmente por la Junta Local de Gobierno (4,2 millones euros), los cuales había contabilizado y denunciado regularmente la edil socialista Josefina Gimeno en la anterior legislatura. Una comparativa de ambas cifras implica que un 26% del total de facturas sin contrato registradas en 2006 (4,2 millones) se ratificaron en la Junta de Local de Gobierno y a espaldas del pleno.

(www.levante-emv.com, 25/10/07)

31. COMUNIDAD VALENCIANA: DEL PICAROL AL CLUB DE TENIS VALENCIA

El anterior presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, elevó a su círculo de amigos de El Picarol a la categoría de organigrama del Consell. Entre 1995 y 2003, más de la mitad de los miembros de esta peña, cuya máxima expresión colectiva consistía en alquilar un local para celebrar las fiestas de Benidorm, ocupó cargos públicos, alguno en la primera línea como Fernando Modrego, que fue consejero de Medio Ambiente. Otros, fueron subsecretarios, directores generales o cargos medios. Pero ese esplendor fue oxidado por el tiempo y los acontecimientos. Zaplana fue reemplazado por Francisco Camps, y apenas un día después de haber sido elegido presidente de la Generalitat, el 26 de mayo de 2003, ambos se reunieron en el Club de Tenis de Valencia, donde mantuvieron un almuerzo para abordar los planes de futuro. El nuevo presidente afianzaría el suyo sobre la tierra batida de ese escenario, que acabaría arruinando las expectativas del entonces ministro de Trabajo. Como aspirante a la presidencia, Camps ya había recurrido a las instalaciones de esta selecta sociedad deportiva como un santuario para encomendarse a las urnas. Lo había hecho mediante un almuerzo con varios deportistas valencianos que respaldaban su candidatura, entre los que se encontraba su amigo y preparador Rafael Blanquer.

A principios de los noventa, Camps tras entrar de lleno en la política como concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, empezó a frecuentar las instalaciones de la calle del Botánico Cabanilles. Por entonces, como ahora, acceder a la condición de socio era harto difícil: hay una larga lista de espera y, además, supone un importante desembolso económico, casi 24.000 euros por persona en la actualidad. Bien es verdad que en el club hay socios de honor, personas a las que por su relevancia se les abren las puertas y que pueden jugar al tenis, sin pagar cuota pero sin derecho a voto.

Pero Camps no accedió a la condición de socio por esta vía, sino por su matrimonio con Isabel Bas, cuya familia pertenece al club. Lo cierto es que a Camps, "hasta que no fue presidente apenas se le vio en el club", refieren varios socios. Pero el presidente no sólo aumentó su presencia en las instalaciones, en las que según éstos "ahora le guardan la pista", sino que pronto se estableció una correspondencia entre el club y la Generalitat hasta convertirse en el nuevo vivero de cargos para el Consell.

El ex secretario autonómico de Sanidad, Manuel Cervera, es socio desde hace varios años como jugador de pádel, aunque "no iba por el club". Hace unos ocho meses regresó y desde entonces su presencia se ha intensificado. El pasado 28 de junio fue nombrado consejero de Sanidad. En la misma consejería, otros dos socios del Club de Tenis Valencia, José Clérigues Belloch y Pilar Viedma Gil de Vergara ocupan las direcciones generales de Farmacia y Orden, Evaluación e Investigación Sanitaria, respectivamente. Clérigues, además, es vocal de la junta directiva. Asimismo, la actual secretaria autonómica de Cohesión Territorial, Paula Sánchez de León, pertenece al club "de toda la vida". En este caso se encuentra también Daniel Moragues, director general del Impiva y vocal de la junta directiva del club.

La frecuente presencia de socios en el Consell ha empezado incluso a provocar el efecto contrario, y algunos cargos ajenos al Club de Tenis se han acercado a la sociedad. Es el caso del responsable de la Consejería de Presidencia, el vicepresidente Vicente Rambla, que ha ingresado recientemente, no sin cierta polémica. El Club de Tenis de Valencia fue fundado en 1905 bajo el nombre de Sporting Club. Si en su inicio acogió en exclusiva a la nobleza, que era la que jugaba a un deporte tan elitista como el tenis, luego fue abriéndose a las familias adineradas y los profesionales liberales hasta reunir unos 5.000 socios. Pese a que el tenis se ha convertido en un deporte más, el acceso a nuevos socios es muy restringido, puesto que no dispone de pistas suficientes para dar satisfacción a las nuevas demandas. En este momento existe una lista de espera con más de cien peticiones para lograr el alta en la sociedad, sin embargo, Rambla, logró el ingreso "con manga ancha", según relata un socio.

Rambla se apuntó a la lista de espera en la época del anterior presidente del club, Manuel Álamo, quien le ofreció la posibilidad de jugar cuando quisiera. Un privilegio que el entonces consejero de Sanidad sólo quiso aprovechar de forma esporádica. Sin embargo, cuando Luis Gómez Artés fue elegido presidente, accedió enseguida a la condición de socio, gracias a que el club no respetó la lista de espera. El hecho ha causado malestar en varios miembros del club. Algunos socios han protestado por los privilegios que el club concede a algunos de estos socios vip, que con frecuencia reciben trato de favor a la hora de reservar pista para jugar. Algo que nunca antes había sucedido.

La clave, sin duda, está en la junta de la sociedad, presidida por el abogado Gómez Artés, que oportunamente acaba de ser nombrado secretario de la Federación de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana, y en la que Rafael Cervera, antiguo director general de operaciones de Tissat (y hermano del ex secretario de Deportes José Emilio Cervera), ocupa la vicepresidencia general. Éstos, de acuerdo con el testimonio de algunos socios, han conformado un lobby a partir de las relaciones derivadas de esta fructífera interacción con la Generalitat, y además lo ostentan "para marcar su poderío". La situación ha motivado incomodidades y varias reprobaciones verbales de socios, que consideran que el club no debe desviarse de su cometido deportivo ni solaparse con las instituciones públicas.

www.elpais.es 21.10.07

32. CASTILLA Y LEÓN: EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PIERDE OTROS 600.000 EUROS POR SEIS MULTAS MÁS PRESCRITAS A CONSTRUCTORES

El Partido Socialista de Salamanca ha desvelado que el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca ha emitido seis nuevas sentencias declarando prescritas las multas impuestas por el Ayuntamiento de Salamanca a constructores que no abonaron su deuda de edificabilidad. El dinero que el consistorio no podrá recibir por estas sanciones asciende a 613.730 euros, lo que eleva hasta los 7,6 millones de euros la cantidad perdida por la caducidad de las transferencia.

El portavoz del PSOE en materia de Urbanismo, Joaquín Corona, recordó que el pasado 25 de junio, cuando aparecieron los primeros indicios de que muchas de las multas impuestas a constructores que no abonaron su deuda de edificabilidad podían haber prescrito, los concejales socialistas solicitaron crear una comisión especial de investigación que fue rechazada por el equipo de Gobierno popular. Transcurrido este tiempo, Corona señaló que "hoy podemos constatar que otros seis expedientes han caducado y se suman a los 25 que ya conocíamos, estamos hablando de 7,6 millones de euros que nunca llegaran a las arcas municipales·.

Corona manifestó su esperanza de que "antes de que finalice este proceso de investigación que el PSOE está llevando a cabo en solitario, alguien asuma alguna responsabilidad política, porque el dinero que sale por la puerta de atrás del Ayuntamiento lo tienen que pagar los salmantinos a través de la subida sangrante de las ordenanzas municipales". Los seis nuevos expedientes caducados corresponden a obras realizadas entre 1992 y el año 2000 y en total suman 1.900 m² de edificabilidad que los constructores emplearon de más, sin entregar ninguna contrapartida al Ayuntamiento. El anterior Plan General de la ciudad permitía ampliar la edificabilidad de un determinado solar transfiriéndola desde otro solar que pasaba a ser propiedad municipal.

El Partido Socialista insistió, sin embargo, en que la cantidad de dinero perdido por el Ayuntamiento al no poder cobrar las multas rondará finalmente los 15 millones de euros. Los 7,6 millones que los tribunales han declarado prescritos corresponden a 31 expedientes, sin embargo, aún quedan pendientes de resolución otros 34 expedientes con un volumen de suelo afectado de más de 4.000 m².

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Pablos criticó la gestión de Julián Lanzarote y recordó que sólo con el dinero ya oficialmente perdido "se hubiera podido congelar durante tres años el precio del autobús en vez de incrementarlo en el 80%".

Por su parte, el concejal de Economía y portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, consideró "demagógicas" estas declaraciones del PSOE y, aunque aseguró que el consistorio "hará todo lo posible por cobrar el dinero a esos constructores". Señaló que "no es dinero que falte, nunca se contó con él porque la deuda de edificabilidad no se podía convertir en dinero, ha sido tras la anulación de las transferencias cuando hemos tratado de cobrarlo a través de multas".

(www.elnortedecastilla.es, 25/10/07)

33. LOS 19 PRIMEROS APROBADOS EN UNA OPOSICIÓN PARA UNA RESIDENCIA EN ZAMORA TIENEN RELACIÓN CON EL PP

Tras la decisión de la Diputación de Zamora de suspender cautelarmente el proceso de selección de operarios de establecimiento para la residencia de ancianos Virgen del Canto de Toro y abrir un expediente informativo, tanto IU como el PSOE aportaron más datos sobre la existencia de presuntas irregularidades en las pruebas para cubrir 31 plazas, entre ellas la posible filtración de preguntas del examen o la relación directa de algunos opositores con el PP o con la institución provincial.

Para el diputado de IU, Francisco Molina, "la estadística e incluso los antecedentes de la Diputación nos parecen prueba más que suficiente de que ha habido una divulgación interesada y selectiva de los resultados del test". Molina aportó las siglas de "los 19 presuntos beneficiados en el pucherazo de las oposiciones a las 31 plazas", así como la puntuación y "las características que hacen altamente sospechosa la nota obtenida".

Entre los aprobados, se encuentran alcaldes y concejales del PP, hijos de funcionarios de la Diputación, miembros de la Ejecutiva Provincial del PP, afiliados a este partido o miembros del sindicato USO, así como la hija del jefe de Policía de Toro.

Como advirtió Molina, por el momento su grupo sólo hará públicas las "siglas de los agraciados, a la espera de que la presión social haga al presidente de la Diputación Provincial, Fernando Martínez Maíllo, anular la prueba denunciada".

(www.elnortedecastilla.es, 21/10/07)

34. ISLAS CANARIAS: DETENIDOS POR CORRUPCIÓN DOS EX ALCALDES DEL MUNICIPIO GRANCANARIO DE SA