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Del 17 al 23 de Noviembre 2007

ÍNDICE

1. EL CANDIDATO DEL PP, MÁS HUNDIDO AÚN EN EL POZO DEL PESIMISMO

2. LA CONFERENCIA DEL PP MUESTRA LOS DOS TIPOS DE DISCURSOS EN LA CÚPULA

3. EL PP VUELVE A UNIRSE A LA AVT

4. DIVISIÓN EN EL PP POR LA PREVISTA AUSENCIA DE RAJOY A LA MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO DE LA AVT

5. EL LÍDER DEL PP SE DISCULPA POR NO IR A LA MARCHA DE LA AVT

6. DIEZ GRUPOS DE EXTREMA DERECHA ACUDIRÁN A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA AVT

7. EL PP INTENTA MANTENER EL BULO EN QUE BASA SU RECUSACIÓN DE TRES MAGISTRADOS

8. EL PP COPIA A IU EL LEMA DE SU ÚLTIMA CAMPAÑA ELECTORAL

9. GALICIA: EL COSTE FINAL DE LA CIDADE DA CULTURA SERÁ DE CASI 500 MILLONES

10. GALICIA: FEIJÓO: "LA CIDADE DA CULTURA ES LA OBRA MÁS BARATA"

11. GALICIA: LA JUEZ CITA A LOS CLIENTES DE CONSTRUCUATRO EN NAVIA

12. GALICIA: LOS CRÍTICOS A CONDE ROA FUERZAN UN CONGRESO DEL PP EN SANTIAGO

13. GALICIA: BALTAR DEBERÁ EXPLICAR POR QUÉ NO DECLARA SU PATRIMONIO

14. ANDALUCÍA: EL AVE A MÁLAGA ARROLLA AL AYUNTAMIENTO

15. ANDALUCÍA: MARBELLA ELIMINARÁ UN SEGURO MÉDICO PRIVADO A 1.500 EMPLEADOS, MIENTRAS AUMENTA EL GASTO EN PERSONAL DE CONFIANZA

16. ANDALUCÍA: JAÉN DEVOLVERÁ A MILES DE VECINOS DINERO DE EMBARGOS DE LA EPOCA DEL PP

17. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE Y GALLARDÓN COMPITEN COMO 'TELONEROS' EN SUS ALABANZAS A RAJOY

18. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE LOGRA IMPONER AL EMPRESARIO CORTÉS AL FRENTE DE IFEMA

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO DE AGUIRRE DA SUBVENCIONES MILLONARIAS A ASOCIACIONES VINCULADAS AL PP

20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE DUDA DEL 'MÉTODO GALLARDÓN'

21. COMUNIDAD DE MADRID: "LA CORRUPCIÓN CAMPABA A SUS ANCHAS"

22. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN ELUDE, DE NUEVO, ACEPTAR RESPONSABILIDAD EN EL 'CASO GUATEQUE'

23. COMUNIDAD DE MADRID: EL FISCAL PIDE QUE SE ANULE LA PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA

24. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-30

25. CVALENCIANA: FABRA PIDE A LA JUEZ QUE EXCLUYA DE LA INVESTIGACIÓN CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN, EL HOSPITAL Y EL AEROPUERTO

26. CVALENCIANA: RITA BARBERÁ DEJA EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

27. CVALENCIANA: EL SOBRECOSTE DE LA GLORIETA DE ORIHUELA SE VERÁ EN EL TSJ

28. CVALENCIANA: EL ALCALDE OBVIÓ EN EL PLENO DOS INFORMES CONTRA UN PLAN DE LA TRAMA URBANÍSTICA QUE DENUNCIA EL FISCAL

29. CVALENCIANA: ALCALDES DEL PP EN LA MARINA BAIXA SE ENFRENTAN POR EL AGUA

30. C VALENCIANA: LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE FANZARA POR MANIPULACIÓN DEL CENSO ELECTORAL

31. CASTILLA Y LEÓN: LOS VECINOS LLENAN LA PLAZA MAYOR EN PROTESTA POR LA SUBIDA DE IMPUESTOS

32. CASTILLA Y LEÓN: EL EX PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA DECLARA POR MALVERSACIÓN

33. CASTILLA Y LEÓN: EL JUEZ IMPUTA AL PROMOTOR Y A 14 TÉCNICOS POR LA TALA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS

34. REGIÓN DE MURCIA: LA PRIMERA AUDITORIA A LA 7 REVELA SIETE INCUMPLIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA LEY

1. EL CANDIDATO DEL PP, MÁS HUNDIDO AÚN EN EL POZO DEL PESIMISMO

Ni los ditirambos de Alberto Ruiz Gallardón, ni el ímpetu boxístico de Esperanza Aguirre vaticinando la "paliza" que le dará el próximo 9 de marzo Mariano Rajoy a José Luís Rodríguez Zapatero, ni el ambiente efervescente de unos diez mil adictos aplaudiendo al candidato pudieron disipar entre los cuadros, militantes, simpatizantes y votantes en general del PP el sabor amargo de la cruel humillación propinada por Pedro J. Ramírez al principal partido de la oposición.

Cuando Rajoy se desayunó leyendo la semanal Carta del Director en El Mundo –que es el periódico más influyente de la derecha-, el presidente del PP debió de hundirse todavía más en el pozo del pesimismo. Su fracaso no parece tener arreglo.

Pedro J. Ramírez publicó su sorprendente y abundante alegato de críticas al PP, coincidiendo con la clausura del nuevo numerito de adhesiones inquebrantables montado por los genoveses a mayor honra y gloria de su jefe. Tal coincidencia no pudo ser casual. Ramírez nunca da puntada sin hilo. Pero su artículo más que una puntada cabe interpretarlo, sin exageración alguna, como una puntilla. Ramírez le dio la puntilla, en términos electorales, a Rajoy.

Desde la primera línea hasta la última, y buscando deliberadamente en algunos lances un cierto equilibrio retórico que aligerase un poco el letal impacto del explosivo mediático lanzado por él, Ramírez se dedicó no sólo a zaherir a Rajoy y, por extensión, a la mayoría de los dirigentes del PP, sino que defendió no pocas de las apuestas políticas de Zapatero. Disparó contra el candidato. Pero también, y frontalmente, contra Aznar en relación al 11-M o contra la estrategia de ir del bracete con la jerarquía eclesiástica. Su elogio a Educación para la Ciudadanía o su descripción de la AVT como una organización "radical" redondeaban el escrito de Pedro J.

La revelación de que diez de los más importantes empresarios españoles, reunidos en un almuerzo a instancias se entiende que del diario Expansión –que ahora depende del Grupo Mundo-, compartieran la impresión de que el triunfo de Rajoy es de todo punto improbable significa un obús disparado a la línea de flotación de Rajoy. Máxime si se añaden frases como éstas del propio Ramírez: "Incluso me atrevería a decir que a día de hoy existen más posibilidades de que se agrande la diferencia de aquel 14-M –sin descartar siquiera una mayoría absoluta socialista- que de que se reduzca". "El PP está dirigido por gente inteligente, atractiva y cargada de ingenio pero vuelve a ser percibido como un partido duro, inflexible, anticuado y antipático que reacciona a golpe de calentón?".

Asombra esta inesperada embestida de Ramírez, cuando sería tiempo -desde la lógica conservadora- de cerrar filas y aguantar la posición como sea. Tal embestida permite múltiples especulaciones, entre las que sobresale la conocida teoría de las ratas y el barco que se encuentra a punto de irse a pique.

Durante cuatro años el PP ha proyectado una imagen penosa, de "duro, inflexible, anticuado y antipático". Un partido, en efecto, que "reacciona a golpe de calentón." Y que cuando reacciona de esta guisa pierde los papeles, se instala en la sobredosis, confunde los árboles con el bosque, trata de resolver el problema talándolos, acaba promoviendo autos de fe a borbotones y se inventa la realidad si ésta no se ajusta a sus deseos o a sus intereses, o hace lo posible por moldearla a su gusto.

El PP cabalga sobre la bronca permanente. Ahora, en cambio, aparenta serenidad y placidez. No sabe ni disimular con decoro su tendencia al oportunismo sistemático. Rajoy es quien mejor encarna el vaivén o quien mejor baila la yenka: derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, detrás y un, dos, tres…Un día dice una cosa y al día siguiente afirma la contraria.

www.elplural.com, 19/11/079

2. LA CONFERENCIA DEL PP MUESTRA LOS DOS TIPOS DE DISCURSOS EN LA CÚPULA

Si hay algo que sienta mal en la dirección del PP es la división entre duros y moderados que la prensa atribuye a sus dirigentes. Sin embargo, esas diferencias entre los discursos de unos y otros quedan muy claras cuando, en circunstancias excepcionales, hablan todos en el mismo foro. Y eso es lo que sucedió en la inauguración en Madrid de la convención política del PP. Intervinieron hasta seis miembros de maitines, esto es, la cúpula. Y mientras Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes se enrocaron en las acusaciones sobre la negociación con ETA y Eduardo Zaplana sobre el 11-M, Juan Costa, Pío García Escudero y Javier Arenas pasaron de puntillas sobre esos asuntos. Mayor fue, con diferencia, el más duro, en un discurso en el que repitió varias veces la idea de la "tragedia" a la que se enfrenta la nación española, que "está en peligro" por el pacto entre el PSOE, ETA y los nacionalismos radicales, a los que asimiló al venezolano Hugo Chávez.

Según su visión, seguida con pocos aplausos -salvo cuando citó la agresión a la Cope en Vigo y cuando exigió a su partido que apoye la manifestación de la AVT del día 24, a la que con toda probabilidad no irá Mariano Rajoy- la situación no ha variado nada "desde Lizarra, Perpiñán y el pacto del Tinell". El PSOE, sostiene, sólo se puede mantener en el poder debilitando a la sociedad. Para ello necesita sustituir a la derecha por el nacionalismo a la hora de pactar el modelo de Estado. Y "legalizar a ETA para convertirla en coprotagonista de la legislatura".

Mayor comparó la negociación con un partido de fútbol. El primer tiempo concluyó y estamos en el descanso. Pero si Zapatero gana las elecciones, habrá un segundo tiempo. Mientras, el presidente ha logrado "acostumbrar a los españoles de que se puede negociar con los terroristas". En esta visión, los nacionalistas -con los que muy probablemente el PP tendría que pactar para gobernar si gana- son "los suplentes de lujo de ETA" que aparecerá de nuevo en el segundo tiempo, tras las elecciones. Mientras, Zapatero "se comporta como si no hubiera habido primer tiempo, como si la nación no estuviese en peligro".

Ya por la tarde, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, utilizó palabras muy diferentes: "No debemos caer en la tentación de admitir que la nación española está en crisis".

Zaplana reivindicó el tipo de oposición realizada. El PP, explicó, se ha visto obligado a defender al Gobierno de José María Aznar porque el PSOE "ha pretendido obtener réditos de tragedias". "Lo hicieron con el Yak-42, el Prestige, la guerra de Irak o las mentiras del PSOE sobre nuestra actuación en el 11-M. Hemos tenido que defender la dignidad de nuestro partido", se justificó. Fue el único que citó el 11-M y pidió un apoyo "sin fisuras" para Rajoy. Acebes, que coincidió en que Zapatero volverá a negociar con ETA, aseguró que su partido ha puesto ya "rumbo a La Moncloa".

(www.elpais.com, 17/11/07)

3. EL PP VUELVE A UNIRSE A LA AVT

"Lo hemos hecho siempre y lo volveremos a hacer ahora". Ángel Acebes desmintió en rueda de prensa que el PP pretenda desmarcarse o al menos limitar su apoyo a la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) del próximo sábado. Aunque los periodistas trataron de profundizar, el secretario general del PP no quiso concretar: "La apoyaremos igual que en otras ocasiones". Prometió una amplia representación, pero no aclaró la duda que sobrevolaba la sede popular, si Mariano Rajoy estará o no en la concentración. No parece fácil que sea así. , en Génova, se escudaban en problemas de agenda para no desmentir ni la presencia ni la ausencia del máximo dirigente popular. A poco más de cuatro meses de las elecciones, el líder del PP trata de alejarse de la imagen de dureza que su postura antiterrorista transmite a los electores.

El partido, sin embargo cierra filas en otro sentido. Poco después de la rueda de prensa, fuentes populares comentaban que el partido hará "todo lo que se pueda" para respaldar la marcha contra la política terrorista del PSOE. Con ello, el PP vuelve a la misma línea que ha mantenido los últimos tres años: hacer del terrorismo uno de sus principales arietes para recuperar el Gobierno.

En lo que va de legislatura, el PP ha apoyado las ocho manifestaciones y concentraciones que la AVT ha convocado a nivel nacional. El compromiso del PP con sus premisas ha llegado hasta el punto de prestarle militantes para hinchar sus convocatorias. Por todo el país, el PP puso a disposición de quien lo desease autobuses gratuitos hasta la capital. Miles de simpatizantes populares aprovecharon la oferta y las marchas se convirtieron una y otra vez en multitudinarias excursiones hasta la capital.

El PP no se quedó ahí. Hizo suyos los lemas de la asociación y sus líderes se agruparon detrás de las pancartas de la asociación. Mariano Rajoy centró el pasado debate del estado de la nación en política antiterrorista y todas las encuestas coincidieron: lo perdió de forma estrepitosa. No parece haber aprendido. A sólo cuatro meses de la elecciones, el partido repite el error. Con Mariano Rajoy aún por confirmar, el sábado el PP volverá a caminar por Madrid de la mano de la AVT.

(www.publico.es, 20/11/07)

4. DIVISIÓN EN EL PP POR LA PREVISTA AUSENCIA DE RAJOY A LA MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO DE LA AVT

División interna en el Partido Popular a propósito de la prevista ausencia de Mariano Rajoy en la manifestación de la AVT del sábado que viene. Un sector del partido va a seguir intentando que el líder de la oposición esté presente en esa marcha.

La intención de Mariano Rajoy de no acudir a manifestación del sábado de la AVT debido a que ese día tiene un mitin en Almería y al día siguiente otro en Murcia, tiene divididos a los principales dirigentes de su partido.

Según se ha constatado, algunos consideran que no hay ambiente para que por su cuenta la AVT haya organizado esta manifestación. Otros, entre ellos, Mayor Oreja, consideran que hay que volcarse. Mientras tanto, Eduardo Zaplana trasladaba todo el apoyo del PP al presidente de la AVT. Algunos dirigentes incluso tratan de que Rajoy reconsidere su posición y aventuran que se estaría planteando cambiar su agenda para poder acudir a la concentración del sábado.

(www.cadenaser.com, 21/11/07)

5. EL LÍDER DEL PP SE DISCULPA POR NO IR A LA MARCHA DE LA AVT

Estaba casi descartado desde que se trató en maitines hace tres semanas, pero se hizo oficial: el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, no irá a la manifestación que convoca el sábado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la séptima contra la política antiterrorista del Gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP tiene una buena excusa: su partido ha organizado ese día dos actos en Almería, una de las provincias prioritarias para los populares. Pero lo cierto es que esta manifestación, convocada por la AVT sin consultar con el PP, no ha sentado nada bien en la cúpula porque, aunque coincide en los motivos -se pide la ilegalización de ANV-, no parece oportuna.

Rajoy podría haber desconvocado el acto o buscado un vuelo especial, como hizo en otras ocasiones, pero esta vez se ha mantenido firme pese a la presión. En el PP temen que sea un fracaso, sobre todo comparada con el exitazo de la convocada el pasado mes de marzo, en la madrileña plaza de Colón, a la que acudieron unas 350.000 personas.

Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, molesto por la distancia que ha encontrado en su partido amigo, rompió el fuego el pasado lunes: " [en la convención del PP] eché en falta unas palabras de Mariano Rajoy de hacer una convocatoria para esta manifestación". Era la primera vez que Alcaraz criticaba en público al líder del Partido Popular.

Rajoy ha decidido no plegarse a las exigencias de la AVT y su entorno mediático, pero también ha tratado de limar asperezas. llamó a Alcaraz para explicarle por qué no va a acudir y, según fuentes del PP, le convenció para que no le critique en público. , el líder de la AVT dijo que Rajoy "estará en espíritu". No irá el líder, pero sí Ángel Acebes, el número dos, y otros muchos dirigentes, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

(www.elpais.com, 22/11/07)

6. DIEZ GRUPOS DE EXTREMA DERECHA ACUDIRÁN A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA AVT

Pese a ser un habitual en las manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a cuatro meses vistas de las elecciones generales, y en un intento desperado por moderar a su partido, confirmó en el día de que no acudirá "por problemas de agenda" a la manifestación que la AVT ha convocado para el próximo sábado 24 de noviembre en Madrid. Sin embargo, Mariano Rajoy aseguró que Francisco José Alcaraz recibirá un apoyo "numeroso y significativo" de su partido político.

Además del apoyo del Partido Popular, el presidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo también disfrutará de la compañía de al menos diez grupos de extrema derecha. Elplural.com ha podido saber que Democracia Nacional, Alianza Nacional, Juventudes Falangistas, España 2000, La Falange, Asociación Comandante Ynestrillas, España y Libertad, Frente Nacional, Los Peones Negros, Alternativa Española, y Juventudes de la Falange Española acudirán este sábado a la manifestación que la AVT ha convocado contra el Ejecutivo Socialista. La extrema derecha vuelve a las calles, se activan todas las alarmas.

Alerta máxima en Madrid. Cabe recordar que justo esta misma semana, el propio portavoz en el Congreso del Partido Popular, Eduardo Zaplana, afirmó que el PP aboga por la ilegalización de algunos de estos partidos políticos que, junto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se manifestarán el próximo sábado en Madrid. No sabemos que opinión le merece a Francisco José Alcáraz y a la AVT que al menos diez grupos de ultraderecha acudan a la manifestación que han convocado para el próximo sábado en Madrid

(www.elplural.com, 22/11/07)

7. EL PP INTENTA MANTENER EL BULO EN QUE BASA SU RECUSACIÓN DE TRES MAGISTRADOS

El PP va a intentar desarticular las pruebas que demuestran que sustentó la recusación de tres magistrados constitucionales sobre una información de El Mundo, desmentida por seis magistrados, incluidos dos del sector conservador. En sus alegaciones presentadas, el PP exige que dicha carta no se incorpore al proceso ni sea tomada en consideración; reclama que se vean en primer lugar la admisión de las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados conservadores y amenaza incluso con acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se aceptan sus alegaciones.

La información de El Mundo afirmaba que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, los magistrados Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps se mostraron favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC), en cuanto prorrogaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente. Esa información sirvió para que el PP, a través de sus diputados Ignacio Astarloa y Federico Trillo articulase las recusaciones.

Sin embargo, los seis magistrados que estuvieron en esa reunión, entre ellos el vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, y el magistrado de ese mismo sector Ramón Rodríguez Arribas, firmaron una carta dirigida al presidente en funciones, Vicente Conde Martín de Hijas, en la que aseguraban que "lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión del 12 de junio (...) no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida por El Mundo del 25 de octubre".

Además, el 14 de noviembre, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas insistió en que, contra lo expuesto en El Mundo, "en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la LOTC, nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que se reservaba las opiniones para el Pleno".

La claridad con que ambos escritos reflejan la realidad de lo sucedido en el despacho de Casas ha llevado al PP a recabar todo tipo de formalismos para impedir que las cartas surtan efecto y conduzcan al rechazo de plano de sus tres recusaciones.

Así, según fuentes del PP, las alegaciones presentadas ante el Tribunal siguen la línea de los votos particulares discrepantes de los magistrados recusados por el Gobierno, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Según éstos, la carta desmintiendo a El Mundo fue una "prueba preconstituida" para "propiciar la exculpación de los procesados" por lo que exigen su exclusión del proceso y la "devolución del escrito a sus autores". Así, lo único que quedaría en el expediente sería una información que no responde a la realidad pero sin desmentido alguno.

También exigen que el Tribunal examine en primer lugar la admisión a trámite de las recusaciones del Gobierno contra los dos magistrados afines al PP en vez de seguir el orden del Pleno propuesto por su presidente en funciones, Vicente Conde, quien determinó que se vieran primero las del PP contra los tres magistrados progresistas.

El PP, siguiendo los votos particulares de sus dos magistrados afines, también entiende que la carta de Rodríguez Arribas desmiente la primera que firmó ya que, como sostiene García-Calvo en su voto, el desmentido de Rodríguez Arribas a El Mundo "no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en la reunión del 12 de junio".

Por último, y en apoyo de que en un Pleno supuestamente se debatió la reforma de la LOTC, aportan dos recortes de informaciones de este periódico de fechas 4 y 5 de julio, que en realidad recogen la fracasada pretensión de García-Calvo y Rodríguez-Zapata de que el Pleno debatiese la reforma, lo que fue rechazado con los votos de los otros 10 magistrados.

(www.elpais.com, 21/11/07)

8. EL PP COPIA A IU EL LEMA DE SU ÚLTIMA CAMPAÑA ELECTORAL

El PP presentaba una nueva campaña en la que criticaba a Zapatero por no impedir que el coste de la vida se haya disparado. A partir de ahora los ciudadanos no dejarán de ver y oir que frente a la subida de los precios, de la inflación, de las hipotecas... "con Rajoy es posible" que todo cambie. Para el PP, sólo su líder será capaz de "bajar los impuestos" o lograr que los españoles "lleguen a fin de mes".

La campaña, que ha costado 360.000 euros, contará con vallas publicitarias, cuñas de radio y hasta un vídeo que han colgado en Internet y que según el coordinador de la campaña, Pío García-Escudero, "completa al del PSOE" porque "faltaban datos importantes".

En las últimas semanas, el PP ha lanzado tres lemas. Primero fue el de "Rajoy, presidente", después el de "Para mejorar tu vida" y ahora le ha tocado el turno al de "Con Rajoy es posible". Pero si el partido estaba satisfecho con el resultado, IU se lo chafó.

La formación que lidera Gaspar Llamazares acusó al PP de haberle "copiado" el eslogan que ellos utilizaron en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y que señalaba: "Con IU es posible, contigo es posible".

A IU le ha sorprendido que su lema haya calado tanto en los "gurús" del PP. Creen que "es comprensible, y nadie debe rasgarse las vestiduras por ello, que la falta de ideas del partido de Mariano Rajoy, demostrada a lo largo de la legislatura, le lleve a permitirse este tipo de licencias preelectorales, totalmente justificadas en su caso".

Desde la coalición muestran con ironía su "total disposición" a ayudar a Rajoy "a mejorar también su programa electoral en el caso de que carezca de ideas y medios" para conectar con la mayoría de los ciudadanos".

(www.publico.es, 23/11/07)

9. GALICIA: EL COSTE FINAL DE LA CIDADE DA CULTURA SERÁ DE CASI 500 MILLONES

La tercera fuente de recursos, según el modelo esbozado por el conselleiro de Economía, será la financiación externa, que afecta al Centro de Investigación do Patrimonio y al Centro de Enlace Cultural Europas-Latinoamérica (el conselleiro asumió que el coste de mantenimiento de la biblioteca y la hemeroteca, reconvertida en archivo, tendrán que ser asumidos por los presupuestos de la administración gallega). Con ayuda de estos ingresos y el ahorro que la puesta en marcha del complejo generará en la administración ordinaria gallega, la Xunta confía en reducir al mínimo el impacto del coste de funcionamiento de la Cidade da Cultura, que fuentes no oficiales cifran en varias decenas de millones de euros al año. Fernández Antonio definió estas cifras como "un compromiso de costes" con el que superar "los pronósticos variables" del pasado.

La conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, por su parte, dedicó su intervención a explicar el contenido de los diferentes edificios que integran el complejo cultural del monte Gaiás. Se trata de la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional (antes la hemeroteca), el Centro de Investigación do Patrimonio (originalmente un edificio de servicios), el Museo da Historia de Galicia, el Centro de Arte Internacional (que la Xunta anterior había concebido como un centro de nuevas tecnologías) y el Escenario Obradoiro (inicialmente teatro operístico).

Bugallo precisó que el Centro de Arte Internacional (CAI) incorporará a sus objetivos el de convertirse en "punto de encuentro e intercambio cultural de producciones artísticas latinoamericanas y europeas". De hecho, la principal novedad que ofreció la conselleira fue la creación, en el marco del CAI, de un Centro de Enlace Europa-Latinoamericana, una entidad concebida como "espacio de cooperación exterior para el impulso de políticas de relación cultural y social entre administraciones, movimientos ciudadanos y redes sociales europeas y latinoamericanas".

Este centro es el primer elemento de la Cidade da Cultura que encaja en los compromisos anunciados por los presidentes de la Xunta y del Gobierno central, Emilio Pérez Touriño y José Luis Rodríguez Zapatero, cuando anunciaron la implicación del Estado en el complejo cultural del Gaiás. Sus funciones, explicó la conselleira, incluyen la investigación, el análisis y la transferencia de conocimientos, así como servir de foro de debate en relación con la gobernabilidad y las políticas públicas, la sociedad de la información, la extensión de derechos y la sostenibilidad ambiental.

Ignacio López-Chaves se mostró, en nombre del PP, totalmente insatisfecho con la información facilitada por los conselleiros. El portavoz popular acusó a la Xunta de cambiar constantemente las cifras e insistió en asegurar que el Gobierno del PP apenas dejó comprometidos menos de 300 millones de euros, por lo que atribuye a la Xunta actual cualquier gasto por encima de esa cantidad.

López-Chaves basó su intervención en denunciar la supuesta falta de transparencia de Cultura y en tratar de cuestionar la honestidad del conselleiro de Economía relacionándolo con una empresa dedicada al planeamiento urbanístico con la que dejó de tener vinculación en 1985. El portavoz del PP dedicó también numerosas referencias a su homólogo del BNG, Carlos Aymerich, al que acusó de defender los postulados de la Unión do Povo Galego (UPG).

Fernández Antonio confirmó que la auditoría encargada por el Gobierno anterior en 2002 ha desaparecido y que el bipartito no halló en San Caetano ningún estudio de viabilidad relacionado con el proyecto. La Xunta de Manuel Fraga, como estableció el Consello de Contas, "abdicó de su responsabilidad" en la gestión de los fondos públicos, recordó.

Ánxela Bugallo destacó que la herencia del Gobierno del PP fue un altísimo compromiso económico, un inexistente proyecto cultural y un retraso en los plazos de ejecución de seis años.

(www.elpais.es 17/11/07)

10. GALICIA: FEIJÓO: "LA CIDADE DA CULTURA ES LA OBRA MÁS BARATA"

La autocrítica sobre la Cidade da Cultura del presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, concluyó el mes de septiembre, cuando poco después de conocer el contundente dictamen del Consello de Contas y asediado en las ruedas de prensa por los periodistas reconoció que "no era el proyecto del que su partido podía sentirse más orgulloso". Esas palabras no fueron entonces bien acogidas por algunos de sus anteriores compañeros en el Consello de la Xunta, como Jesús Pérez Varela y José Antonio Orza, actual diputado en el Parlamento gallego. Durante su paso como compareciente en la comisión de investigación, Feijóo eludió cualquier critica al macrocomplejo del monte Gaiás.

En vísperas de la intervención del presidente de la Xunta ante él mismo órgano, el líder de la oposición se apresuró a hacer balance de lo que se ha oído estas semanas en el Parlamento gallego. Feijóo considera demostrado que el coste de la Cidade da Cultura -476 millones de euros, según la Consellería de Economía- "es el más ajustado de todas las obras arquitectónicas hechas en España".

Explicó que el m2 edificado es entre un 22% y un 67% más asequible que el de cualquier otro proyecto singular hecho en este país y sólo lamentó que el anterior Ejecutivo no fuese capaz de determinar su coste desde el principio. Descartó cualquier tipo de ilegalidad o irregularidad en la gestión del PP, pero si advirtió deficiencias en la contratación de personal y adjudicación de contratos por parte de la actual Consellería de Cultura, "algunos de ellos con el informe en contra del servicio de intervención de la Xunta de Galicia".

(www.elpais.com, 21/11/07)

11. GALICIA: LA JUEZ CITA A LOS CLIENTES DE CONSTRUCUATRO EN NAVIA

La juez que investiga el cobro de comisiones ilegales por parte de la promotora Construcuatro, en la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y copropietario, ha llamado a declarar a una treintena de propietarios de viviendas en el edificio Castelao de Vigo. Son los mismos compradores que reconocieron haber pagado sobreprecios de entre 16.000 y 42.000 € a la promotora -algunos en su sede en Pontevedra - y a varios intermediarios, según consta en el expediente abierto por la Consellería de Vivenda que ha sido incorporado a las diligencias practicadas por la juez.

Los interrogatorios que comenzarán esta semana en el juzgado de instrucción número 2 de Vigo buscan ratificar los testimonios de los clientes que firmaron sus denuncias en la delegación provincial de Vivenda con nombre y apellidos acusando a dos inmobiliarias, Silva y Veiga, de mediar en la compraventa y de exigirles distintas cantidades de dinero negro antes de firmar los contratos. Los representantes de estas agencias por su parte han señalado a Construcuatro como responsable del cobro de las comisiones a cambio de supuestas mejoras en las viviendas.

A pesar de que los pisos ubicados en el polígono de San Paio de Navia tienen la calificación de vivienda protegida y por tanto un precio concertado fijado por ley que oscila entre los 104.000 y los 146.000 euros, a los que hay que sumar 21.000 por el garaje y el trastero, algunos de los inquilinos admitieron haber pagado sobreprecios que los responsables del fraude intentaron camuflar a posteriori con facturas falsas por obras no realizadas. En la reconstrucción de los hechos, un propietario identificó a José Manuel Torres, copropietario junto a Telmo Martín y a un tercer socio de Construcuatro, como la persona a la que entregó el sobre con el dinero. Fuentes próximas a la investigación cifran la estafa en más de 2 millones de euros, que salen de multiplicar la comisión media, 30.000 €, por los 83 pisos que Construcuatro vendió en el edificio.

Por este mismo caso, la consellería ha abierto un expediente sancionador que concluyó con una multa a Construcuatro de un millón de euros y la devolución de los importes cobrados indebidamente así como la inhabilitación para construir pisos protegidos durante seis años.

(www.elpais.com, 20/11/07)

12. GALICIA: LOS CRÍTICOS A CONDE ROA FUERZAN UN CONGRESO DEL PP EN SANTIAGO

La gestora del PP de Santiago, nombrada en enero de 2006, ha entrado en ebullición en la última semana después de que importantes dirigentes locales, encabezados por el ex secretario y hombre fuerte durante 20 años, David Pillado, hayan reclamado un congreso extraordinario que finiquite la provisionalidad en que vive el partido desde hace casi dos años. Tras seis meses sin apenas reuniones, este órgano celebró anoche la segunda en siete días en la que la actual dirección planteó el mes de abril como fecha para elegir al nuevo presidente local.

Así lo propuso el responsable de la gestora, Ricardo García Borregón y su oferta fue aceptada con algunas reticencias del sector crítico, que atribuyó la decisión de no programar el cónclave antes de las elecciones generales al presidente regional, Alberto Núñez Feijóo. El ex edil, Jacobo Pérez Paz, también del sector crítico con la actual dirección, lamentó que volviera la "época del ordeno y mando" al PP y reivindicó "la autonomía" de la agrupación local para determinar la fecha del congreso.

El ex secretario del PP, David Pillado, padre del ex concejal Carlos Pillado, que opta frente a Conde Roa a la presidencia del partido, no ahondó en los reproches y se limitó a pedir el acta del último comité ejecutivo -al que no asistió- en el que el portavoz del grupo municipal, Gerardo Conde Roa, aprovechó para lanzarle durísimas acusaciones. Entre otras, le culpó de haber convertido el partido en una inmobiliaria, de vender pisos en la sede y de pactar mociones con el Gobierno de Santiago, integrado por PSOE y BNG, a cambio de recalificaciones urbanísticas.

Si hace una semana fue Pillado el que faltó al comité ejecutivo, anoche la ausencia la protagonizó el propio Conde Roa, quien tras leer en este diario el contenido de su intervención ante la gestora, ya anunció que las siguientes reuniones se convertirían en una "procesión de caladiños". Conde Roa, llamó "chivatos miserables" a sus opositores dentro del partido, a quienes culpó de haber filtrado sus palabras.

(www.elpais.com, 22/11/07)

13. GALICIA: BALTAR DEBERÁ EXPLICAR POR QUÉ NO DECLARA SU PATRIMONIO

"Baltar tendrá que explicar por qué se niega a que se conozca su patrimonio", sentenció el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Pérez Bouza, quien insta al Gobierno provincial a cumplir la Ley de Bases de Régimen Local haciendo pública su declaración de bienes. Hasta ahora, los 14 diputados que forman la mayoría del PP en la corporación provincial se han opuesto al cumplimiento de la normativa e incluso han evitado que prosperara una moción del grupo nacionalista, apoyada por el PSdeG, reclamando el cumplimiento de la legislación local.

"Los diputados están obligados a hacer su declaración de bienes, pero además las diputaciones deben poner a su alcance los medios necesarios para que se hagan públicas", advierte Pérez Bouza.

La propuesta se debatirá en la próxima sesión plenaria y los nacionalistas ya advierten que Baltar deberá explicar por qué no quiere que se conozca su patrimonio y el de los integrantes de su grupo de gobierno. "Algunos de ellos tendrán que explicar de dónde proceden sus patrimonios, considerando los sueldos que perciben", señala Pérez Bouza.

El BNG ya ha denunciado públicamente "el cobro indebido" de dietas por parte del portavoz del PP, brazo derecho de Baltar y alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, quien desde 2005 ha percibido cerca de 28.000 euros en concepto de dietas de la Diputación a mayores del sueldo anual de 58.262 euros que cobra por su condición de presidente de un organismo dependiente de esta institución. Freire Couto sigue cobrando por los dos conceptos, ya que cuenta con un informe técnico favorable del secretario de la institución. El portavoz del PP ya se vio obligado, a instancias de otra iniciativa del BNG, a devolver al Ayuntamiento de Barbadás que preside dietas cobradas irregularmente.

Pero no es el único diputado del PP que la oposición ha puesto bajo sospecha. Los nacionalistas han denunciado judicialmente al alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez, por supuesta apropiación de fondos comunitarios para sus negocios empresariales.

(www.elpais.com, 20/11/07)

14. ANDALUCÍA: EL AVE A MÁLAGA ARROLLA AL AYUNTAMIENTO

El AVE ha cogido con el pie cambiado al Ayuntamiento de Málaga y ha atropellado a sus presupuestos para 2008. La puntualidad de las obras ha sorprendido al Consistorio malagueño (PP), que ha debido realizar un cambio de siete millones de euros en sus cuentas para sufragar la parte de la obra que le corresponde para este año. Lo normal es que las obras vayan con retraso, y en este caso se han adelantado", afirma el concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz. Para que el AVE llegara bajo tierra hasta el centro de Málaga, el Ayuntamiento firmó un convenio con Fomento y la Junta por el cual el consistorio sufragaba el 17% de la obra del último tramo, adjudicada en 144,6 millones de euros. El ministerio que dirige la malagueña Magdalena Álvarez paga la mitad del importe y la Junta, el 33% restante.

Las obras del AVE a Málaga van viento en popa, salvo complicaciones. Fomento prevé poner en servicio la línea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga el 23 de diciembre y hoy lunes la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, realiza un viaje de prueba del último tramo, entre Antequera y Málaga.

"En junio vimos que se había certificado el 90% de lo previsto para todo 2007 y nos han empezado a presentar certificaciones de obra correspondientes a 2008, que no teníamos previstas", explica el concejal Díaz. El Ayuntamiento ha debido acudir a un suplemento de crédito para el ejercicio 2007, lo que ha obligado a anular varias partidas presupuestarias para compensar el quebranto causado por la inusitada puntualidad de la principal obra pública de Málaga en los últimos años.

De los 7,01 millones que debe adelantar Málaga, 1,3 proceden de dinero que se ha ahorrado el municipio por rebajas en el coste de las obras sobre el precio de licitación. Otras partidas suprimidas corresponden a ventas de patrimonio municipal de suelo con las que se pensaba financiar parte de la obra del AVE. "Como la legislación autonómica nos impide pagar algunas cosas con venta de suelo, ese dinero se quedaría sin asignar en cualquier caso", explica Díaz. Un total de 2,36 millones se retraerán de una "obra nueva de edificación".

(www.elpais.com, 19/11/07)

15. ANDALUCÍA: MARBELLA ELIMINARÁ UN SEGURO MÉDICO PRIVADO A 1.500 EMPLEADOS, MIENTRAS AUMENTA EL GASTO EN PERSONAL DE CONFIANZA

El plan de austeridad del Ayuntamiento de Marbella llega a la salud... privada. El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) prevé quitar a partir de enero el seguro médico privado del que disfrutaban al menos 1.500 funcionarios y empleados municipales desde hace 12 años. La decisión, adoptada unilateralmente, según los representantes sindicales, supondrá un ahorro de al menos un millón de euros en los gastos de personal para 2008 y afectará a la mitad de la plantilla total. En concreto a los funcionarios y personal laboral contratado después de abril de 1993, que seguirían recibiendo asistencia sanitaria, pero de la sanidad pública.

Este beneficio, que se implantó cuando gobernaba Jesús Gil, aparece registrado en el convenio laboral que la alcaldesa Ángeles Muñoz se comprometió a negociar con los representantes sindicales antes de las elecciones. Su desaparición ha molestado a las fuerzas sindicales que ya han organizado una ronda de contactos con los partidos políticos para la semana próxima y prevén protestar para que se consensúe con ellos las medidas de ahorro impulsadas por el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio.

El Ayuntamiento ya ha presentado un plan para reducir horas extraordinarias y controlar el absentismo que estima un ahorro de 1,8 millones. Los sindicatos sospechan que habrá más recortes económicos, por eso han solicitado que se les facilite una copia del plan de viabilidad que el gobierno municipal piensa presentar al Ministerio de Trabajo para pedir otro aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social.

El grupo socialista salió en defensa de los trabajadores y acusó a Muñoz de incumplir sus promesas electorales. "Sospechamos que este sería uno de los apartados contemplados en el presupuesto como reducción de gasto de personal, que ascendería a un millón de euros aproximadamente", explicó Francisco Zori, viceportavoz del grupo socialista municipal. Los socialistas subrayan que están cargando los recortes económicos sobre los trabajadores, mientras que el personal de confianza llega a los 1,7 millones de euros de presupuesto.

Fuentes municipales reconocieron que el recorte se producirá el próximo enero e indicaron que esta medida se incluye dentro del plan de austeridad. El equipo de Muñoz considera "un gasto superfluo" el seguro privado y alegan que la alternativa sería un recorte de plantilla "tal y como lo ha propuesto el Ministerio de Trabajo".

(www.elpais.com, 17/11/07)

16. ANDALUCÍA: JAÉN DEVOLVERÁ A MILES DE VECINOS DINERO DE EMBARGOS DE LA EPOCA DEL PP

El Ayuntamiento de Jaén deberá devolver a miles de personas el dinero cobrado indebidamente por embargos. El famoso embargazo, como se conoció la decisión del anterior gobierno de Jaén, del PP, de acelerar el cobro de miles de tributos a través del embargo de cuentas bancarias, ha llegado a su punto final. Animado por varias decisiones judiciales que han determinado el "cobro indebido" de impuestos a los contribuyentes que habían presentado alguna reclamación, el nuevo equipo de gobierno jiennense, compuesto por el PSOE e IU, ha decidido dar carpetazo a uno de los episodios más polémicos del anterior mandato.

Primero fue la alcaldesa, Carmen Peñalver, la que anunció, poco después de acceder al cargo, la suspensión del proceso de embargos masivos y el concejal de Hacienda, Manuel Martínez Plaza, informó de que el Consistorio va a proceder a la revisión de los más de 20.000 embargos tramitados por el anterior equipo de gobierno y, cuando se constate la existencia de irregularidades, se procederá a la devolución de lo cobrado indebidamente. Esta devolución de dinero afectará a la mayoría de estos 20.000 embargos.

El edil de Hacienda informó de que solamente entre los años 2005 y 2006 el Ayuntamiento tramitó un total de 20.667 embargos, de los que 20.300 tenían como destino las cuentas corrientes de los contribuyentes. Martínez Plaza admitió que la mayor parte de esos embargos se tramitaron "de forma errónea".

Entre las principales anomalías detectadas figuran la duplicidad de tributos que se pretendían cobrar, errores en los domicilios y, en los casos del impuesto de vehículos, falta de actualización de los datos donde se registran las transferencias en el proceso de compraventa de coches. Además, el concejal censuró la política de notificaciones del anterior gobierno, ya que muchos de los tributos que pretendían cobrarse en vía ejecutiva desembocaban en embargos porque las notificaciones domiciliarias sólo se hacían en horario matinal, cuando muchas casas se encontraban vacías.

Más de 3.000 personas presentaron reclamaciones por considerar que los embargos practicados eran ilegales.

(www.elpais.com, 22/11/07)

17. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE Y GALLARDÓN COMPITEN COMO 'TELONEROS' EN SUS ALABANZAS A RAJOY

La estructura de poder del PP y el protocolo que conlleva facilita las interpretaciones periodísticas. Si el viernes desfilaron por el atril de la convención seis miembros de la cúpula y eso dejó en evidencia los dos discursos, moderado y duro, que habitan el partido, Mariano Rajoy tuvo a dos teloneros de lujo, que hablaron juntos porque son alcalde y presidenta del lugar donde se celebró el acto, Madrid. Pero además son los dos principales aspirantes a sucederle si pierde las elecciones.

Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre compitieron con dos discursos completamente diferentes para ver quién elogiaba más al líder. Conscientes tal vez de que sus aspiraciones son conocidas, ambos se afanaron en regalar los oídos de su jefe, que aplaudía sin parar a los dos y les reía todas las gracias. Cada uno lo hizo a su estilo, más populista y mitinero ella, más institucional y de fondo él.

"Le he dicho a Zapatero que se busque otra circunscripción, porque en Madrid Mariano le va a dar una paliza", se reía Aguirre. "Debemos trabajar juntos en torno al liderazgo libre y sereno de Rajoy. Es el hombre capaz de dirigir el proyecto de España, capaz de sustituir el talante por el talento", se sinceró Gallardón. "España es una gran nación y se merece un presidente como Rajoy, que cree en ella y en la libertad; un presidente para unir, que tiene sentido común, inteligencia, principios y valores", insistió Aguirre. Gallardón, que también alabó a José María Aznar, cuya posición puede ser clave en la sucesión, fue más allá: "Bajo el liderazgo de Rajoy ganamos las municipales, será presidente y superará el brillo de la etapa de 1996 a 2004 [el Gobierno de Aznar]".

Los perfiles de estos dos grandes aspirantes a la sucesión -sólo el tapado Francisco Camps, presidente valenciano, tiene peso político y carrera por delante para poder rivalizar en aspiraciones con ellos- son muy diferentes. Y sus discursos también. Aguirre, mucho más aplaudida -no en vano controla el partido de Madrid, el que llenó el pabellón con autobuses del extrarradio de la capital-, busca chascarrillos, a veces simplones, y enardece al público al hablar de España. Varias veces la interrumpieron con gritos de "¡Viva España!", y ella parecía encantada.

El alcalde, que también recibió muchos aplausos pese a las críticas que sufre en varios medios con muchos seguidores entre la militancia, optó por un discurso más de fondo, en el que reivindicó su "orgullo" por llevar 30 años en el PP -"nos han querido encasillar en una ideología de buenos y malos, que ya era antigua cuando cayó el muro de Berlín"- y se mostró conciliador con la izquierda, hasta el punto de que pidió el voto a los socialistas "que se sienten defraudados" por Zapatero. Rajoy agradeció el apoyo y concluyó el acto con esta idea: "España se merece alguien que se la tome en serio".

(www.elpais.com, 19/11/07)

18. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE LOGRA IMPONER AL EMPRESARIO CORTÉS AL FRENTE DE IFEMA

Con calzador, pero ha entrado. Desde , el nuevo presidente del Comité Ejecutivo de Ifema -uno de los máximos órganos de control de la empresa ferial semipública- es Luis Eduardo Cortés, ex diputado del PP con Esperanza Aguirre. Su nombramiento es el desenlace de una soterrada guerra de poder entre el Gobierno regional de Aguirre y el municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, miembros del gobierno municipal ya amenazaban con emprender medidas legales si el recién nombrado Cortés no dimitía del grupo empresarial Sacyr Vallehermoso, donde es presidente ejecutivo de la inmobiliaria.

Porque, para terminar de rizar el rizo, resulta que Sacyr Vallehermoso es la empresa que está realizando la ampliación de Ifema (construcción de dos naves para exposiciones que ocupan 20.000 metros cuadrados) y la misma empresa que iba a ser denunciada por el comité ejecutivo de la institución ferial por el retraso y el sobrecoste de esas obras.

La jugada no puede ser más perfectamente retorcida: uno de los gerifaltes del grupo empresarial que iba a ser denunciado se convierte en presidente de la entidad denunciante, de tal manera que denunciante y denunciado acaban siendo la misma cosa. Y listo. Fuentes consultadas por este periódico indicaron que el fin último de este nombramiento forma parte de la estrategia de Esperanza Aguirre para destronar a Fermín Lucas, actual director general de Ifema y hombre cercano a Ruiz-Gallardón.

"Todo el mundo sabe cómo se ha producido. Existe incompatibilidad ética y general. Por tanto, esperamos que dimita de la presidencia de Sacyr Vallehermoso. Y si no, tomaremos acciones legales", decía Miguel Ángel Villanueva, delegado de Economía del consistorio. "Le corresponde a la Cámara de Comercio -que preside Salvador Santos Campano- explicar de dónde sale esto; Ifema no ha de ser un terreno de confrontación. Es una institución demasiado importante para jugar con ella", añadía. Y Santos Campano respondió: "No hay incompatibilidad porque la inmobiliaria, que es donde Cortés tiene su cargo, no tiene nada que ver con Ifema, aunque pertenezca al grupo Sacyr".

La institución ferial a la que ahora llega Cortés es uno de los motores económicos de la región, con ingresos de 1.800 millones de euros (el 1% del PIB) y unos 39.000 empleos inducidos. El capital de Ifema está controlado por el Ayuntamiento (31%), la Comunidad (31%), Caja Madrid (31%) y, a través de la Cámara de Comercio, por los empresarios (7%). En realidad el puesto de presidente del Comité Ejecutivo de Ifema le correspondería, según los estatutos de la institución, al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Temprano. Pero éste en su día se lo cedió, a cambio de su aval para presidir la Cámara, a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios (CEOE) y ahora a Cortés.

El empeño de Aguirre y de su vicepresidente, Ignacio González, ha conseguido aplacar las reticencias que inicialmente mostraron abiertamente los empresarios por el "intervencionismo político" y , sin embargo, mostraron "su total apoyo" a Cortés. Desde el gobierno municipal insisten en la "incompatibilidad" de cargos y han preparado un detallado informe sobre el asunto.

(www.elpais.17.11.07)

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO DE AGUIRRE DA SUBVENCIONES MILLONARIAS A ASOCIACIONES VINCULADAS AL PP

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, ha dedicado sólo en 2007 más de un millón de euros a una ONG presidida por el antiguo jefe de prensa de Aznar, Pablo Izquierdo. Según la cadena SER, la ONG Cipie, a la que está vinculada Izquierdo, está siendo investigada por el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que podrían haberse cometido irregularidades en la gestión de fondos públicos.

Cipie no es la única ONG vinculada al PP que ha recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid. Según la cadena SER, la Fundación Humanismo y Democracia, presidida por la ex presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, recibió 980.000 euros, mientras que IUVE, vinculada a los Legionarios de Cristo, recibió más de un millón de euros. El Gobierno de Aguirre asegura "que estas adjudicaciones obedecen a criterios objetivos".

La Comunidad de Madrid ha adjudicado dos proyectos a Cipie, con el fin de conseguir el "fortalecimiento de los sectores público, social y empresarial en Ecuador y Colombia". Otro de los proyectos de Cipie contempla "fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones públicas, privadas y microempresas" en Bolivia.

Por su parte, la Fundación Humanismo y Democracia recibe subvenciones para la "formación orientada al empleo en la zona norte de Medellín, así como para "el fortalecimiento de la gestión tributaria municipal en Perú" y el "fortalecimiento institucional como ámbito estratégico de la cooperación madrileña". En cuanto a IUVE, que no hay que olvidar está vinculada a los Legionarios de Cristo, recibe dinero para "reducir la pobreza" en Honduras entre otros objetivos. Esta última ONG también recibe 150.000 euros para "el plato de la solidaridad", cuyo objetivo y destino son una incógnita.

(www.elplural.com, 18/11/07)

20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE DUDA DEL 'MÉTODO GALLARDÓN'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que los sistemas "obsoletos" y "decimonónicos" que se utilizan en los ayuntamientos a la hora de conceder licencias están detrás de casos como Guateque y propone un acuerdo entre Administraciones para cambiarlos por normas claras. Preguntada en Radio Nacional por su opinión sobre el caso de corrupción en la tramitación de licencias detectado en el Ayuntamiento de Madrid, la presidenta ha indicado que el tema "tiene que ver con los sistemas administrativos que tenemos en España y que tenemos que renovar; son decimonónicos".

"El hecho de tener que pedir permiso para todo en lugar de tener una norma clara y transparente" está detrás, en opinión de Aguirre, de casos como el Guateque y que se podrían evitar si para ejercer una actividad fuera suficiente con cumplir las normas mientras los funcionarios se dediquen a inspeccionar. En opinión de Aguirre, la Administración "lo que hace bien es regular y establecer las condiciones en las que deben hacerse determinadas cosas" y su deber es inspeccionar luego que todas esas reglas se cumplan.

"Pero todos los sistemas de licencias y permisos entrañan una cierta oscuridad y opacidad, y muchas veces, corrupción", afirmó la presidenta, para quien en este caso, la corrupción aún es presunta "y yo debo conceder la presunción de inocencia de las personas detenidas".

Aún así, señaló que "es evidente que el sistema no es suficientemente transparente" e insistió en que hay que cambiarlo. En ese sentido, citó una idea de Alberto Ruiz-Gallardón, que comparte con él, y que pasa por un necesario acuerdo entre la Comunidad y los Ayuntamientos para establecer un sistema nuevo. "Yo creo que sí, que tenemos que reflexionar seriamente sobre el sistema de licencias", enfatizó.

(www.elmundo.es, 21/11/07)

21. COMUNIDAD DE MADRID: "LA CORRUPCIÓN CAMPABA A SUS ANCHAS"

La Guardia Civil lo define así: "Desde hace algunos años, muchos años, la trama de corrupción viene campando a sus anchas y con toda la impunidad de que es capaz entre los distintos escalones funcionariales del Ayuntamiento de Madrid, arrastrando en su indiscutible ánimo de enriquecerse a personas que a lo único que aspiran es a aperturar sus negocios y trabajar en paz, aunque para hacerlo se vean en la obligación de someterse a una sangría dineraria y a contemplar estoicamente cómo su patrimonio es saqueado sin compasión por funcionarios ávidos de percibir rápidas y sabrosas mordidas".

Ninguno de los Gobiernos municipales que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid -el PP manda desde 1989- puede mirar hacia otro lado ante la trama de corrupción destapada con la Operación Guateque, donde han participado funcionarios cualificados. El análisis del equipo investigador de la Guardia Civil profundiza en la mayor trama de corrupción descubierta en la capital: "Si la investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la arquitectura implicados en esta presunta trama de corrupción".

El juez Santiago Torres, que investiga el caso desde hace meses, destaca en uno de sus escritos tanto "la gravedad de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente provocan en la ciudadanía, al suponer una quiebra de la confianza ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar intereses públicos".

La impunidad con la que han actuado estos funcionarios coexiste con un hecho de signo contrario: la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente ha sido plena desde que se iniciaron las pesquisas judiciales cinco meses atrás, según la Guardia Civil. Y su ayuda ha sido decisiva para aportar 193 expedientes que habían sido tramitados supuestamente en un tiempo récord. De esos expedientes, los investigadores se centraron en 187 cuya agilidad en la tramitación resultaba clamorosa. Si el tiempo habitual para conseguir la licencia es de dos años, dichas peticiones de autorizaciones para abrir nuevos locales habían consumido menos de un mes. Y no afecta a uno o dos distritos. Los expedientes sospechosos salpican todo Madrid (al menos 17 de los 21 distritos, según la investigación).

La trama, asentada en diversas dependencias del Ayuntamiento, había logrado uno de los más ambicionados retos de la Administración pública para agilizar la atención burocrática: habían establecido una ventanilla única, ilegal, pero única. Los propios funcionarios, según han confesado al juez, recomendaban las gestorías más eficaces para tramitar sus asuntos. Y tales empresas conchabadas pagaban a los funcionarios por remitirles clientes. En ocasiones, los empresarios también pagaban directamente a los funcionarios, según la investigación.

A medio camino entre los funcionarios y peticionarios de licencias se constituyó una red de conseguidores -"buscavidas", según la definición de los investigadores- que actuaban de enlaces, o empresarios del gremio de la arquitectura y de la ingeniería. Todo quedaba en manos de la trama: uno realizaba la obra, otro le daba licencia y el intermediario gestionaba los pagos y los encargos.

Tan segura se sentía la trama que el funcionario Victoriano Ceballos razonaba así a un socio de AC93, empresa implicada: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". No obstante, aseguraba que no era el criterio de su jefe en Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, quien le decía: "Mira, Victoriano, prefiero hacer una cosa al año". Una trama tan estable que si uno de los funcionarios conchabados estaba de vacaciones se exigía comisión para su sustituto. Incluso, en ocasiones se infiere que existía cierta competencia entre los funcionarios para cobrar la mordida. No en vano, se quejan "de que otros funcionarios se les han adelantado en la llevanza de determinados expedientes por cuya marcha se han interesado para intentar cobrar una comisión".

(www.elpais.com, 23/11/07)

22. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN ELUDE, DE NUEVO, ACEPTAR RESPONSABILIDAD EN EL 'CASO GUATEQUE'

El alcalde de Madrid desde hace cuatro años, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna responsabilidad política en el caso Guateque. se le preguntó varias veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la Junta de Gobierno semanal.

El alcalde de Madrid desde hace cuatro años, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna responsabilidad política en el caso Guateque. se le preguntó varias veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la Junta de Gobierno semanal.

- ¿No tiene responsabilidad el Ayuntamiento? "Un corrupto es un corrupto y la primera responsabilidad es de quien comete ese delito", respondió Gallardón, alcalde desde hace cuatro años. "¿Hay responsabilidades indirectas? ¿Pero a quién corresponden? ¿A quién seleccionó al funcionario [Victoriano Ceballos] y le ascendió?", respondió en tono interrogativo, pasándole el muerto al PSOE.

- Una vieja trama sin control. Uno de los encarcelados era Carmelo García Sánchez, un ex funcionario ya acusado de los mismos delitos en 1996. ¿Por qué no se le investigó con profundidad y, en cambio, sí permaneció en la Gerencia de Urbanismo?

"Aquel funcionario fue absuelto en su momento y se adoptaron las medidas cautelares mientras duró el proceso". Además, el alcalde dijo que administrativamente no se podía castigar lo que penalmente había sido absuelto.

¿Y cómo se puede controlar a los funcionarios? Gallardón respondió que hay que tomar medidas "para que ningún funcionario pueda abusar de su cargo y enriquecerse a costa de los ciudadanos". Pero no facilitó medidas concretas. "Estamos hablando de unas 12 personas [los corruptos] sobre 25.000 funcionarios. Además, se tramitan 40.000 expedientes al año. Seamos conscientes de la proporción" que tiene el caso Guateque.

- Soluciones al problema. De nuevo, la externalización del proceso de tramitación de licencias fue la única respuesta que facilitó en rueda de prensa Gallardón. Pero fue un poco más allá que la anterior semana. "En el futuro, mientras se tramiten las licencias, si se cumple con los requisitos, podrá iniciarse la actividad. El trabajo que se está haciendo es ése". Además, Gallardón comparó este proyecto con el método que ya se utiliza para las inspecciones de gas natural, ascensores o vehículos. Todas realizadas por empresas externas a la Administración.

La semana pasada, preguntado por los sistemas que tiene el Ayuntamiento para vigilar la corrupción, reconoció que es "difícil controlar la que se ha producido porque consiste en el manejo de los tiempos". Dando a entender que la agilización o demora del trámite de expedientes no deja huella. Ese día animó a los ciudadanos a que denuncien los casos que conozcan de corrupción. , en declaraciones a Onda Cero, insistió en eso y anunció que el Ayuntamiento implantará una oficina de denuncias permanente para que los ciudadanos hagan llegar sus quejas al Consistorio y éste tome medidas si es necesario. Al margen del control ciudadano, no parece que vaya a implantarse un sistema interno en el Ayuntamiento.

(www.elpais.com, 23/11/07)

23. COMUNIDAD DE MADRID: EL FISCAL PIDE QUE SE ANULE LA PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA

La Fiscalía Anticorrupción no quiere que la venta del 49% de la funeraria municipal por 0,60 euros (cien pesetas de 1992) a la empresa Funespaña salga tan barata. Aunque ya hayan pasado 15 años de aquel episodio, el fiscal pretende que se devuelvan ahora los beneficios obtenidos desde entonces por aquella operación. "Se deben reintegrar al Ayuntamiento de Madrid las acciones de la Empresa Mixta, así como el valor real de dichas acciones, [...] los dividendos obtenidos por Funespaña, las retribuciones que hayan tenido los acusados de la Empresa Mixta y la participación en los beneficios antes de impuestos", pide el fiscal a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en su acusación definitiva. Además, demanda "la nulidad de los acuerdos municipales por los que se convocaba la licitación".

Hasta ahí llegaría la responsabilidad civil que pide el fiscal para los nueve acusados. Entre ellos se encuentran Luis María Huete (ex primer teniente de alcalde en la época de José María Álvarez del Manzano, del PP), Simón Viñals (ex concejal de Sanidad y presidente de la funeraria municipal en el momento de la venta por 0,60 euros), Antonio Moreno (ex concejal de Patrimonio), José Ignacio Rodrigo (ex asesor del Ayuntamiento y presidente de Funespaña) y los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia (socios de Funespaña).

Para todos ellos, el fiscal solicita también penas de cárcel, aunque rebajadas respecto a su petición inicial. Para los responsables políticos (Huete, Viñals y Moreno), el fiscal pide ahora cuatro años y 10 meses frente a los seis años que reclamó en un principio. A los ex responsables municipales del PP, para los que también se piden 24 años de inhabilitación, se les imputan los delitos de maquinaciones de precio, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El fiscal también solicita penas de 18 años para Rodrigo por los mismos delitos, además de uno contra la Hacienda pública. Contra los hermanos Valdivia reclama 18 años y siete meses.

Durante el juicio, que acabará en enero, Huete defendió la venta de la funeraria por 100 pesetas a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación del capital". En ese momento, la Empresa Mixta debía 2.274 millones. Lo que no dijo, sin embargo, es que esa deuda fue perdonada dos meses después. El que fuera interventor municipal de la época, Vicente Arnau, aseguró en el juicio que nadie le consultó a la hora de decidir privatizar la empresa por 100 pesetas, cuando, según dijo, "valía al menos 1.000 millones". Huete justificó la privatización por el "peligro de quiebra".

(www.elpais.com, 22/11/07)

24. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-30

Más de tres años después de que comenzara la transformación de la M-30, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue sin aportar un sólo informe de impacto medioambiental sobre la macroobra. "Sólo le importan los votos", opinan los vecinos del Nudo Sur, una de las zonas más afectadas, y la oposición, que denuncian el incumplimiento de las promesas municipales respecto a la M-30.

Han pasado ya 18 meses desde que la Comisión Europea regañara por primera vez al Ayuntamiento por la falta de un estudio de impacto medioambiental en las obras de soterramiento y 10 meses desde que la última advertencia tuviera ya carácter de amenaza de terminar ante los tribunales comunitarios. Ni con esas. El Ayuntamiento no ha movido todavía un dedo.

El penúltimo capítulo de la historia medioambiental de la circunvalación se dio en enero, cuando Bruselas emplazó a realizar el informe "cuanto antes". No había plazos, pero Ruiz-Gallardón explicó en una rueda de prensa el pasado 11 de enero que el Ayuntamiento había propuesto un calendario. Las fechas "acordadas" hablaban de elaborar el estudio de los proyectos ejecutados o en ejecución "entre enero y octubre". Unas intenciones que contradicen a lo que ahora asegura el Ayuntamiento. "Propusimos diciembre y vamos a demorarnos sólo un mes más", explica una portavoz. Pero no es exactamente así. El plazo de diciembre era sólo "para los proyectos no iniciados", según explicó Gallardón.

"El alcalde ha vuelto a incumplir los plazos", señala el eurodiputado socialista Carlos Carnero. Él fue quien remitió la primera queja ante las autoridades europeas en febrero de 2004. "La Comisión debería adoptar medidas urgentes", emplazaba Carnero en una pregunta parlamentaria de octubre. "¿Nos toma el pelo el alcalde o piensa cumplir sus compromisos?", pregunta.

Con Gallardón también están molestos los vecinos. Su divorcio viene de lejos. "Jamás nos ha recibido", cuenta Roberto Tornamira, portavoz de la Asociación de Vecinos Nudo Sur. "Se reunieron con las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente", justifica el Consistorio.Pero la "indignación" vecinal también apunta a la UE: "Da la sensación de que en asuntos económicos Europa actúa contundentemente, mientras que deja hacer cuando son problemas vecinales".

El desencuentro entre Bruselas y el Ayuntamiento nace en abril de 2006, cuando la Comisión abrió un procedimiento de infracción. "Este macroproyecto debería haber sido sometido a una declaración formal y global de impacto ambiental", señaló. En junio de 2006, Bruselas envió a dos eurodiputados a Madrid para que evaluaran a pie de obra la magnitud del proyecto, que costó 3.508 millones de euros. El irlandés Proinsias de Rossa (socialista) y la danesa Margrete Auken (verde) concluyeron que el soterramiento debía haber contado con una declaración de impacto.

El truco para evitar el estudio ambiental fue el cambio de la calificación de la M-30 de carretera a vía urbana. Nacía la Calle 30, denominación atípica para una autopista de hasta seis carriles. El rebautizo se hizo el 4 de marzo de 2004. A sólo 10 días de las elecciones generales en las que el PP perdió el poder, el Ministerio de Fomento traspasó la M-30 al Ayuntamiento. Además, la obra se troceó en 19 tramos. El más largo tenía cuatro kilómetros y 900 metros. Casualmente, a partir de cinco la ley madrileña obliga a realizar un informe de impacto. "Es la estrategia del salchichón", ironiza Francisco Segura, de Ecologistas en Acción. Según él, "el incumplimiento es clarísimo".A pesar de las tretas municipales, los eurodiputados y el propio Segura sentencian que "la ley europea prevalece". Y la ley dice que hay que hacer la declaración medioambiental, olvidada por Gallardón.

(www.elpais.com, 23/11/07)

25. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA PIDE A LA JUEZ QUE EXCLUYA DE LA INVESTIGACIÓN CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN, EL HOSPITAL Y EL AEROPUERTO

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha pedido a la juez de Nules que instruye la causa por delitos contra la Administración Pública que deje al margen de la investigación las cuentas corrientes de diferentes organismos oficiales y privados en los que el político castellonense figura como persona autorizada para manejar fondos. Entre las cuentas a las que se refiere Fabra hay algunas de la Diputación Provincial de Castelló, de la empresa pública del futuro Aeropuerto, del Hospital Provincial (un centro sanitario presidido por Fabra) y del Club de Campo del Mediterráneo.

La petición de Fabra, imputado en la causa, se recoge en un escrito que presentó en el juzgado el pasado 25 de julio, semanas después de que los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción enviaran a la juez Lourdes Noverques miles de folios con ingente información fiscal y patrimonial extraída de los archivos informáticos del Ministerio de Economía y Hacienda.

En el escrito, el abogado de Fabra, Javier Boix, asegura que ha comprobado que entre la ingente información económica constan cuentas corrientes en entidades bancarias a nombre de diferentes "organismos públicos, oficiales o privados", en las que el líder provincial del PP figura como autorizado. Para Fabra, estas cuentas "no guardan ninguna relación con este procedimiento" y añade que la investigación del nuevo material es "del todo ajena" a la autorizada por la Audiencia Provincial de Castelló en su auto de febrero de 2006, una resolución que supuso el impulso definitivo a una causa que en ese momento se encontraba en vía muerta.

Boix solicita además que la juez "aparte del procedimiento dicha documentación" relacionada con su cliente, devolviéndola a las entidades bancarias. "Debe tenerse en cuenta que la incorporación al procedimiento de extractos de cuentas de tales entidades nada aporta, no está autorizada y puede afectar a derechos de terceros sin ninguna relación con la causa" , añade el escrito de Boix.

La juez de Nules ya ha contestado a Carlos Fabra mediante una providencia emitida el pasado 26 de septiembre. En la resolución, Noverques pide al presidente de la Diputación de Castelló que en el plazo de 15 días presente un escrito en el que "especifique cuáles son las cuentas respecto de las cuales ha manifestado no tener interés en esta causa para, en su caso, proceder a la exclusión de las mismas en la prueba pericial acordada" .

El empresario Vicente Vilar, que destapó el escándalo con sus imputaciones, su ex esposa Montse Vives, Fabra, su mujer María Amparo Fernández y seis ex altos cargos del PP figuran como imputados.

(www.levante.emv, 18/11/07)

26. COMUNIDAD VALENCIANA: RITA BARBERÁ DEJA EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

La alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, sabe ganarse al electorado para que le voten en las urnas. Se rumorea como posible rival de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las generales de marzo. Pero la primera munícipe conservadora no tendría tantos votantes –dicen- si estos conocieran mínimamente cuál es la situación financiera del consistorio valenciano, "Cap i Casal".

Según denunció la oposición municipal socialista en vísperas del debate que está teniendo ahora lugar sobre los presupuestos de año que viene, el ayuntamiento "está en suspensión de pagos". El régimen especial financiero y contable de las entidades públicas, con un tratamiento distinto de la ley mercantil que se aplica a las empresas privadas, hace que el consistorio se mantenga en pie, aunque sus cuentas de explotación se hayan ido a pique.

El concejal del Pspv-Psoe, Juan Ferrer, ha estado rastreando minuciosamente el balance de situación municipal hasta descubrir un buen paquete de las llamadas "facturas en el fondo del cajón", pendientes de pago, desde 2006 o desde antes, por más de 21 millones de euros. Esta millonaria deuda, insiste la oposición, no está reflejada con la claridad que exige la ley, siguiendo la Instrucción de Contabilidad local. Por este posible "maquillaje contable", el edil Ferrer ha tramitado una pregunta reglamentaria en toda regla para conocer de la gestión del PP el saldo actualizado de la "cuenta 413", la que sirve para consignar reconocimientos de deuda de "gastos extraordinarios".

En cuatro ocasiones este año, Silvestre Senent -uno de los hombres de confianza de Barberá-, responsable de las finanzas en el consistorio, ha llevado expedientes al pleno de reconocimientos de obligaciones ("facturas en el cajón"), por 44 millones de euros. Esta cantidad no refleja la totalidad de la deuda de los servicios pendientes de pago que, a 31 de diciembre del año pasado, era de algo más de 65 millones de euros. La diferencia de 21 millones ha puesto en guardia al grupo socialista que sospecha, además, que no va a ser posible satisfacer el pago por falta de recursos y líneas presupuestarias subsidiarias.

Con los 832 millones de euros de deuda viva que arrastra el ayuntamiento de Valencia, está agotada su capacidad de endeudamiento. El límite estipulado por ley del 110% del presupuesto es ahora del 114% en la contabilidad consistorial, con el último balance de explotación delante de los ojos. Cerrada, pues, la vía para incrementar el crédito y sin posibilidad material de modificar los presupuestos de este año -porque el gasto está ejecutado al 85% y el resto comprometido- el balance del municipio arroja un "agujero contable" sin precedentes, comenta el socialista Ferrer, apoyándose en balances comparados desde el año 2003.

La situación de estrangulamiento contable municipal de Valencia podría paliarse –propone la oposición– con un reconocimiento formal de todas, o parte, de las deudas que mantiene la Generalitat Valenciana. El Consell (gobierno regional), que preside Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, "son de la misma cuerda del PP", apunta el munícipe Ferrer para descartar que esta sea una solución "realista y viable" para solucionar el déficit.

La Generalitat Valenciana de Camps acumula hasta ahora unos 154 millones de euros al "debe" para la contabilidad del consistorio de su correligionaria, Barberá, ahora en apuros para salir adelante con sus cuentas públicas. La mayoría de esta deuda la generan facturas impagas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la Generalitat, hasta 65,5 millones de euros, o del Impuesto de Construcciones y Obras (ICOs) por un total de 44 millones.

Hay, además, acuerdos de favor entre los gobiernos regional y el consistorio, encubiertos por sintonía política, en clave PP. El caso más descarado, según el PSOE, es que la Generalitat de Camps paga todavía impuestos municipales de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias a al ayuntamiento de Rita Barberá como "solar sin construir", cuando hace años que está concluida y en explotación la faraónica obra del arquitecto Santiago Calatrava.

(www.elplural.com, 23/11/07)

27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL SOBRECOSTE DE LA GLORIETA DE ORIHUELA SE VERÁ EN EL TSJ

La titular del Juzgado número 6 de Orihuela, que dirige la investigación por el sobrecoste de las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró en la capital de la comarca de La Vega Baja, ha iniciado el proceso para remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado [diputado autonómico] de uno de los imputados, el ex edil del PP Andrés Ballester. Este es concejal y el resto de miembros de la comisión de gobierno que validaron las obras, entre ellos, la actual alcaldesa, Mónica Lorente, tenían que declarar ante la juez como imputados. La juez aplazó el interrogatorio al verificar la condición de aforado de Ballester.

Las obras de la Glorieta fueron adjudicadas por 1,8 millones de euros aunque el Consistorio abonó finalmente 5,3 millones. En esta causa, abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, también están imputados el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina y el promotor, el empresario Domingo Alcocer.

El sumario de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela se suma a la lista de causas abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que tendrán que ser resueltas en el TSJ por el aforamiento de imputados. Dos afectan al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP. El regidor está imputado en el sumario del supuesto trato de favor al contratista Enrique Ortiz y el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. El juez del primer caso ya ha remitido al TSJ el sumario; el de segundo aún no ha cerrado el trámite. El tercer caso se refiere a la compraventa de una finca por parte del alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo. Tampoco el juez ha concluido el trámite para enviar el sumario al TSJ.

(www.elpais.com, 23/11/07)

28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE OBVIÓ EN EL PLENO DOS INFORMES CONTRA UN PLAN DE LA TRAMA URBANÍSTICA QUE DENUNCIA EL FISCAL

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, manifestó ante un pleno del ayuntamiento ser conocedor de que habían dos informes técnicos que advertían de la ilegalidad de una de las operaciones urbanísticas de la Renegà de Orpesa que han motivado una denuncia del fiscal por supuestos delitos de prevaricación urbanística.

La Fiscalía ha presentado acusación en el juzgado contra altos cargos del Ayuntamiento de Orpesa tras encontrar indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que acusa a los dos últimos alcaldes, Rafael Albert y Francisco Garrido, y a un mínimo de 9 concejales, de prevaricación urbanística y "unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros" en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà.

La denuncia original remitida por Gecen a la Fiscalía refleja la supuesta venta de terrenos municipales de la Renegà a un urbanizador privado al precio de entre 6 y 24 euros euros por metro cuadrado y en contra de los informes emitidos por la Intervención en noviembre de 2003.

El colectivo ecologista acusaba de delitos de prevaricación general y prevaricación urbanística a todos los ediles de Orpesa que, con las mayorías del GIO y del PP y un edil del PSPV, han aprobado durante los dos últimos mandatos (1999-2003 y 2003-2007) los siguientes planes urbanísticos de la sierra de la Renegà: Torre Bellver, Ampliación de Torre Bellver, Torre Colomera, La Renegà, El Tossal Natural y la ampliación de El Balcó.

En este último caso, el acta del pleno del 14 de septiembre de 2004 refleja textualmente que Rafael Albert, a preguntas de un concejal, admitió que dos informes técnicos (de la interventora municipal y de la técnico de Administración General) se posicionaban en contra de la maniobra inmobiliaria por no ajustarse a derecho. "El alcalde hace uso de la palabra y manifiesta, respondiendo a la pregunta de José Manuel Ribes, que sí hay dos informes en contra, que están en el expediente y que puede verlos cuando quiera" .

Ello no motivó que el alcalde ni otros 9 concejales tuvieran reparo alguno en votar favorablemente a una adjudicación en favor de la empresa Cantavella y Tamborero (con la cual tiene vínculos familiares el edil de Urbanismo, Tomas Fabregat) a pesar de las advertencias de Intervención y de la Técnico de Administración General. Así lo recoge el acta plenaria: "Después del debate, se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, aprobándose la misma por diez votos a favor: Rafael Albert, Tomás Fabregat, Juan M. Miralles, María Consuelo Mallach, Francisco Garrido, Fernando Juárez, María Isabel Gómez y Araceli de Moya" .

El único voto en contra fue el del edil del Bloc, Josep Lluis Romero, que además es el único concejal de la actual corporación que no ha sido acusado o imputado en ninguna causa judicial por supuestos delitos enmarcados dentro de la gestión del municipio.

Romero fue el primero en reaccionar tras la denuncia del fiscal y advirtió que Orpesa está alcanzando las mismas cotas de escándalo que Marbella. "Estamos asistiendo a una marbellización y hay que decir que ya está bien. El tiempo pone las cosas en su sitio y demuestra que el Bloc, cuando se oponía al tripartito del cemento, defendía los intereses legítimos de Orpesa. Esto marca una diferencia entre los políticos honrados y quienes tienen poca vergüenza. Me pregunto si la policía ha de sacar esposado a todo el ayuntamiento para que la gente se dé cuenta". El PP se escuda en los técnicos El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Orpesa, Tomás Fabregat, matizó que el actual alcalde sólo aprobó uno de los planes denunciados y se escudó en los técnicos. "Es importante matizar que nuestro equipo de gobierno sólo aprobó el plan del Balcó, que supone sólo un 5% respecto al resto de planes denunciados. Y la venta del Balcó aún no está consolidada y se va a modificar. Aún así, estamos tranquilos porque hemos basado todas las decisiones en informes técnicos y la valoración de venta también".

(www.levante.emv, 18/11/07)

29. COMUNIDAD VALENCIANA: ALCALDES DEL PP EN LA MARINA BAIXA SE ENFRENTAN POR EL AGUA

El futuro desarrollo urbanístico de varios municipios de La Marina Baixa depende de que puedan garantizar el suministro hídrico. Sin agua, no habrá urbanizaciones. Como ejemplo está el PAI de La Serreta en La Nucia (5.000 viviendas), paralizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras constatar que el informe preceptivo sobre la disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar subraya la insuficiencia de recursos hídricos para la futura población.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquin Ripoll, explicó recientemente la intención de unir a los municipios de Relleu y Sella (ambos gobernados por el PP y situados en el interior) al Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, que preside el dirigente popular. El objetivo, afirmó, es permitir que Relleu pueda desarrollar con garantías sus proyectos urbanísticos aprovechando el agua del acuífero de Aitana, en el subsuelo de la localidad de Sella, sin necesidad de propulsarla desde el embalse del Amadorio, más bajo y alejado. Pero Sella no quiere entrar en el consorcio.

Relleu, con unos 1.000 habitantes, multiplicará su población por 20 en una década tras recalificar tres millones de metros cuadrados, creando cinco sectores alejados entre sí en un término carente de recursos hídricos. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente, ha estado rodeado de polémica, al basarse en un "compromiso inversor" -según el término empleado en la memoria-, es decir, en las compras realizadas por grupos promotores.

Relleu, sin recursos hídricos propios, se nutre de un pozo situado en su término, pero unido al acuífero de la vecina localidad de Orxeta, en la cola del embalse del Amadorio. La propulsión de agua hacia las nuevas zonas urbanizadas, más elevadas, supondría un coste mayor que si ésta se recogiera desde la parte alta, en el acuífero de Aitana en Sella. De ahí el interés de Ripoll en que ambas localidades se integren en el Consorcio.

El alcalde de Sella, Vicente Mas, del PP, rechaza el ofrecimiento. "No tenemos por qué hacerlo, ya que nosotros necesitamos el agua de nuestro acuífero", señala. Mas afirma que Sella "es suficientemente solidaria al permitir que el agua sobrante vaya al embalse del Amadorio", a través del río Sella, de donde se sirven los municipios del consorcio. Tanto Orxeta como Sella tienen pendientes de desarrollo varios programas urbanísticos que, al igual que Relleu, necesitarán tener garantizado el suministro hídrico.

Sella, rica en recursos hídricos gracias a su subsuelo, mantiene también un litigio con la vecina Benimantell, situada a más altura en la otra ladera de la montaña, pero que se nutre del mismo acuífero. Sella tramita la recuperación de un trozo de barranco de su ladera de montaña, dominado por Benimantell. El Consistorio regido por Mas acusa a su vecino de "permisividad" al conceder licencia de pozos, y teme que el acuífero que comparten acabe secándose.

La disputa entre ambas localidades surgió en 1996, cuando La Marina Baixa sufrió restricciones en el suministro y el Consorcio de Aguas se propuso extraer agua de la zona interior de la comarca para llevarla al litoral. Ante la negativa de Sella las prospecciones se realizaron desde Benimantell. "Nuestras fuentes quedaron secas", señala Mas.

El Consorcio de Aguas de La Marina Baixa se creó en el año 1969 con el fin de garantizar agua a las poblaciones del litoral y al turismo.

(www.elpais.com, 19/11/07)

30. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE FANZARA POR MANIPULACIÓN DEL CENSO ELECTORAL

La titular del juzgado número 1 de Nules ha citado a declarar, el 19 de diciembre, al alcalde de Fanzara, José Centelles (PP), acusado de engordar el censo electoral de este municipio castellonense. Centelles acudirá en calidad de imputado después de que la juez haya percibido indicios de un presunto delito electoral. El PSPV presentó una denuncia al comprobar que el censo de la localidad, en la que viven unos 300 vecinos, había aumentado en casi un centenar. Al cotejar nombres y domicilios de los vecinos se dieron cuenta no sólo de que los recién empadronados eran personas desconocidas en el pueblo, sino que algunos de los domicilios en los que, según los documentos presentados, habitaban, eran casas en ruinas o completamente inhabitables.

Así, los socialistas, encabezados por el concejal Roberto Salisa, presentaron una denuncia contra todos los posibles responsables de la alteración en el censo y no sólo señalaron al alcalde, sino también a los funcionarios que participaron en la tramitación y a todos aquellos que se inscribieron para emitir su voto en Fanzara y que, según los denunciantes, no residen en el municipio. De hecho, la denuncia adjuntaba el listado con todos los nombres que, según los denunciantes, pudieron cometer el presunto fraude electoral.

Tras comprobar la participación de muchos de los recién empadronados en las votaciones de las elecciones municipales del pasado 27 de mayo, los socialistas decidieron recurrir un resultado que otorgó la alcaldía al PP por una diferencia de 13 votos. Acudieron a la vía del contencioso, pero el TSJ desestimó el recurso, sin valorar el argumento de la denuncia, se declaró no competente en la investigación de un presunto fraude y autorizó la constitución del nuevo Ayuntamiento. Los socialistas acudieron a la vía penal y el juez abrió diligencias previas para investigar la posible comisión de un delito electoral. El juzgado comunicó a la fiscalía su decisión de iniciar la investigación y ahora ha llamado a declarar al alcalde como imputado.

(www.elpais.com, 22/11/07)

31. CASTILLA Y LEÓN: LOS VECINOS LLENAN LA PLAZA MAYOR EN PROTESTA POR LA SUBIDA DE IMPUESTOS

Salamanca vivió una jornada histórica. Más de 25.000 vecinos –14.000 según la Policía Local y 45.000 según los organizadores– salieron a la calle para decirle al alcalde que no están de acuerdo con la "injusta y desproporcionada" subida de impuestos que ha planteado para el año próximo.

presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fevesa), convocante de la manifestación, recordó que algunas de la modificaciones de las ordenanzas fiscales suponen un aumento de más de 80% con respecto a la tasa actual, como es el caso del bonobús, que de los 0,38 euros pasará a 0,70. José María Collados, encargado de leer el comunicado oficial que puso fin al acto de protesta, criticó los argumentos que el Consistorio ha utilizado para subir el precio del transporte público, asegurando que deben pagarlo quienes lo utilizan. "Si la subida es tremendamente abusiva, más abusiva es la justificación que nos ha dado el señor Rodríguez. El médico no lo deben pagar los enfermos, las guarderías no las deben pagar sólo los padres ni el autobús lo deben pagar sólo las familias trabajadoras", dijo. Desde Fevesa consideran que el incremento de la contribución, el agua y la basura han venido motivados por "una mala gestión municipal". "No podemos olvidar los casi 20 millones de euros que este Ayuntamiento no ha cobrado a ciertos constructores, algunos amigos del alcalde, o las cantidades que ha perdido en diversos juicios y que vamos a tener que pagar las familias más pobres de esta ciudad", según se leía en el comunicado.

Collados, emocionado El presidente de Fevesa no podía creer lo que veían sus ojos cuando entró en la Plaza Mayor acompañado por su asociación vecinal. "Estoy emocionado por la respuesta ciudadana". Según comentó "esta manifestación popular tiene un mensaje claro para el alcalde: tiene que dar marcha atrás en la subida de impuestos". Pero fue más allá: "Los vecinos queremos participar en las decisiones municipales durante los cuatro años que nos quedan por delante. Lanzarote no puede hacer y deshacer a su antojo. Salamanca no es su cortijo", aseguró.

Aunque fue Fevesa quien convocó a los ciudadanos a salir a la calle, lo cierto es que fueron muchos los colectivos sociales que quisieron apoyar sus reivindicaciones. Entre ellos, el Partido Socialista, que la semana pasada ponía en marcha la campaña ‘Las siete plagas de Lanzarote’, de la que se contagiaron numerosos ciudadanos, muchos de los cuales difundieron el mensaje a través de las 10.000 chapas diseñadas. Desafiando a la ‘providencia’ volvieron a colocar una mesa bajo el reloj de la Plaza Mayor para recoger firmas que apoyen sus alegaciones a la subida. Fuentes del PSOE indicaron que al término de la convocatoria se habían superado ya las 10.000 firmas. Rectificación o dimisión El portavoz de la oposición municipal calificó de "histórica" la jornada de , pues "nunca antes se vio en Salamanca una movilización ciudadana contra la gestión de un alcalde". Para Fernando Pablos el "clamor popular" solo le deja al primer edil dos opciones. "O rectifica o dimite, porque un alcalde no puede dejar de escuchar a los vecinos", afirmó.

(www.tribuna.net, 19/11/07)

32. CASTILLA Y LEÓN: EL EX PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA DECLARA POR MALVERSACIÓN

El ex presidente de la Diputación de Segovia, y actual presidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, del PP, declaró como imputado ante un juzgado de la capital, en calidad de consejero delegado de la sociedad Segovia 21, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos. La Diputación era propietaria de 116 hectáreas en la finca Quitapesares, en Palazuelos de Eresma, a unos ocho kilómetros de la ciudad, de las que 79 estaban catalogadas como monte de utilidad pública. En enero de 1999, esta corporación gobernada por el PP promovió la construcción de un campo de golf, un parque empresarial, viviendas y un centro hostelero y de congresos a través de Segovia 21, en la que participan también Caja Segovia y la Cámara de Comercio.

Una vez desprotegido el monte de utilidad pública, la Diputación fue cediendo suelo a la empresa a cambio de acciones. La acusación particular, ejercida por el abogado Carlos Carrasco Muñoz de Vera, sostiene que lo valoró muy por debajo del mercado, a 3,5 euros el metro cuadrado, dejando de ingresar en torno a 100 millones de euros. Soto dice que actuó "con todo rigor" y descartó cualquier ilegalidad de las que le imputa el denunciante, a quien acusó de ser impreciso sobre conceptos y cantidades. Según Soto, entre 2000 y 2006 no hubo denuncias por presuntas ilegalidades, y ha sido a partir de enero de 2007, cuando ha empezado esta "trama", a su juicio, debido a que Segovia 21 no adjudicó una consultoría a una empresa próxima al abogado denunciante.

(www.elpais.com, 23/11/07)

33. CASTILLA Y LEÓN: EL JUEZ IMPUTA AL PROMOTOR Y A 14 TÉCNICOS POR LA TALA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS

El juez de Ávila que investiga la Ciudad del Golf -1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf- en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila) ha multiplicado el número de imputados. Tras declarar cuatro altos cargos que impulsaron la recalificación, el magistrado ha llamado como imputados, como pidió la asociación ecologista Centaurea, al promotor de la urbanización, Francisco Gómez, El Paloma, y a 14 técnicos que firmaron informes favorables o apoyaron la recalificación en la comisión de urbanismo.

El Tribunal Superior de Castilla y León ya declaró ilegal el plan y paralizó la obra en 2006. Ahora, el juzgado investiga si hubo prevaricación en la tramitación, ya que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, del PP, pactaron con el promotor la recalificación antes de iniciar los trámites ambientales. Luego, cumpliendo lo pactado por escrito, le autorizaron la tala de más de 35.000 pinos maduros en una zona que incluía un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El promotor incluyó una cláusula por la que sería indemnizado si los técnicos frenaban el plan.

Ante el juez ya han pasado el alcalde, Gerardo Pérez; el entonces director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre; el ex presidente de la Diputación Félix San Segundo y el secretario municipal. Todos se han escudado en los técnicos.

En un auto del pasado día 12, el juez imputa a los ocho miembros de la comisión de urbanismo por los "acuerdos por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio", a seis técnicos autores de informes y a El Paloma, que taló 3.000 pinos cuando el tribunal había vetado la urbanización.

(www.elpais.com, 18/11/07)

34. REGIÓN DE MURCIA: LA PRIMERA AUDITORIA A LA 7 REVELA SIETE INCUMPLIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA LEY

La televisión autonómica murciana sigue siendo objeto de polémica tres años después de su creación legal y dos desde su puesta en marcha. La primera auditoría realizada sobre el ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), a la que ha tenido acceso El Confidencial, revela siete "incumplimientos significativos" de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, sobre Creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia. El estudio auditor ha sido realizado por la Compañía de Auditoría Consejeros Auditores S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores (R.O.A.C.) con el número SO237.

El resultado de la auditoría encargada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es que, durante 2006, primer ejercicio de RTRM, la cadena funcionó con un presupuesto inicial de 45.563.000 euros y se produjeron incumplimientos tales que "no se ha fijado el correspondiente importe de la masa salarial. Crecimiento salarial global superior al dos por ciento", o "no se ha presentado con periodicidad trimestral ante la Dirección General de Presupuestos el presupuesto del ejercicio". El estudio auditor, entregado por la empresa autora del mismo el pasado 4 de septiembre, revela también que "no se ha facilitado trimestralmente [durante 2006] a la Dirección General de Presupuestos los saldos y movimientos de cuentas en entidades financieras", o que "no se dispone de un subsistema de contabilidad analítica", o "no se elabora el presupuesto consolidado al que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 9/2004".

También, la auditoría señala que "la entidad [RTRM] no ha presentado Modificaciones del PAIF, Presupuesto de Explotación y Capital. [Y] Rendiciones de cuentas fuera de plazo". O que "las contrataciones efectuadas no se han ajustado a lo que establece el Artículo 27.4 de la Ley 9/2004 en relación a la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad así como el de publicidad".

La alegación presentada por el director general del ente público autonómico RTRM, Juan Máiquez, sobre este último punto de la auditoría es la única admitida parcialmente por los auditores en su informe final entregado en septiembre pasado, en el que también piden al máximo responsable de RTRM que se abstenga de hacer juicios de valor y ajuste su contestación a las materias legales de que trata la auditoría.

Además, RTRM, compuesta por la emisora de radio Onda Regional –que viene funcionando desde hace más de 20 años– y Televisión de Murcia La 7 (creada en 2005), excedió su presupuesto inicial para 2006 en 1.972.000 euros, pasando de los 45.563.000 aprobados en diciembre de 2005 a los 47.535.000 finales. Fuentes financieras y jurídicas consultadas por El Confidencial consideran "relevantes" los incumplimientos señalados por Consejeros Auditores S.L., puesto que revelan que la gestión de RTRM, al menos durante el periodo auditado (2006), no se ajustó ni a la Ley de Creación del propio ente público autonómico ni a la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El presupuesto de RTVM para 2007 aprobado es de 50.858.800 euros. Y el de 2008, en tramitación, de 53.433.100 euros. La explotación del canal público autonómico de televisión digital terrestre englobado en RTRM fue adjudicada en 2005 a la empresa privada Grupo de Televisión de Murcia (GTM), un consorcio de grandes empresas regionales que hasta ese momento no se dedicaban a la comunicación. Entre ellas estaban algunas pertenecientes a constructoras de turismo residencial (Polaris World).

En el holding GTM figuraban también el Grupo Corporativo Fuertes (dueño de la charcutera El Pozo); Mediterránea de Inversión (en manos de la constructora Terrapilar y Golosinas Vidal); Palprom 2004 S.L. (del conocido exportador local hortofrutícola José Hernández, grupo Paloma); y Palatino 2002, S.L. (Grupo 2002 de Empresas). El sexto socio de GTM, al 15,83% como los citados, era el único relacionado con asuntos mediáticos antes de la concesión: Foro Corporativo de Medios, perteneciente a Grupo Intereconomía. Y el séptimo, que completa el accionariado de GTM con el 5%, era una productora de televisión llamada Prodher S.A.

www.vegamediapress.com, 21/11/07

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