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Del 26 de octubre al 02 de noviembre DEL 2008
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ÍNDICE
1. EL TRIBUNAL DEL 11-M DESMONTA, PRUEBA A PRUEBA, LA 'TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN'
2. RAJOY SE AFERRA A LA AUSENCIA DE INDUCTORES PARA NO PASAR PÁGINA
3. ZAPLANA INSISTE EN QUE SE INVESTIGUEN "CIERTAS CUESTIONES" DEL 11-M
4. DIPUTADOS DEL PP PIDEN A RAJOY QUE DEJE ATRÁS EL 11-M
5. EL SUP IRÁ A LOS TRIBUNALES EN DEFENSA DEL TRABAJO POLICIAL
6. TRES AÑOS DE MENTIRAS CORREOSAS
7. RAJOY REIVINDICA "TODA" LA HISTORIA
8. EL PP SÓLO USA RECORTES DE PRENSA COMO PRUEBA PARA RECUSAR A TRES MAGISTRADOS
9. RAJOY RECTIFICA: "NO ME EXPRESÉ BIEN Y HE METIDO EN UN LÍO A MI PRIMO"
10. VIDAL-QUADRAS LLAMA "CRETINO INTEGRAL" A BLAS INFANTE
11. PAÍS VASCO: EL JUEZ IMPUTA AL EX CONCEJAL DE URBANISMO DE VITORIA
12. CATALUÑA: EL PPC DESTITUYE A SU LÍDER EN GIRONA Y FORMA UNA GESTORA
13. CATALUÑA: SIRERA AMENAZA CON UNA NUEVA PURGA DE LOS CRÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR
14. CATALUÑA: EL JUEZ IMPUTA A UN CAPO RUSO EN LA TRAMA DEL 'CASO PLANELLS'
15. CATALUÑA: HOMOFOBIA SIN CASTIGO
16. GALICIA: PÉREZ VARELA A EISENMAN: "COMO LE DIRÁ FRAGA, EL PROYECTO TIENE URGENCIA"
17. GALICIA: LA XUNTA PENSABA INSTALAR LA CUARCITA DE MURAS UN AÑO ANTES DE SU ADJUDICACIÓN
18. GALICIA: ACUSAN AL PP DE QUERER BENEFICIAR A UNA EMPRESA DE PÍO CABANILLAS EN UNA ADJUDICACIÓN DE OBRA
19. GALICIA: LAS SUBCONTRATAS DE LA FAMILIA DE JOSÉ CUIÑA
20. GALICIA: EL FISCAL ACUSA DE COHECHO A LOS EDILES DEL PP PILLADOS 'IN FRAGANTI'
21. COMUNIDAD DE MADRID: UN EMPRESARIO PRÓXIMO AL PP ORGANIZÓ LA PROTECCIÓN DE LOS TRÁNSFUGAS TAMAYO Y SÁEZ
22. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESIDENCIA DE IFEMA: NUEVA GUERRA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
23. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE ELUDE SU RESPONSABILIDAD SOBRE LA CAÑADA REAL
24. COMUNIDAD DE MADRID: EL REY GALLARDÓN SE MUDA A UN PALACIO
25. COMUNIDAD DE MADRID: EL EX CONCEJAL DEL PP , IGNACIO DEL RÍO, COMO TANTOS OTROS SE PASA AL NEGOCIO INMOBILIARIO
26. COMUNIDAD DE MADRID: EL ALCALDE DE SAN MARTÍN NOMBRA A SU HIJO JEFE DE PROTOCOLO
27. CVALENCIANA: EL PP VALENCIANO NO ACLARA SI EL TRASVASE DEL EBRO IRÁ EN EL PROGRAMA ELECTORAL DE RAJOY
28. CVALENCIANA: EL 'CASO IVEX' ES COSA DEL SIGLO PASADO, SEGÚN JUSTE
29. C VALENCIANA: LA DIPUTACIÓN PAGARÁ 21.000 EUROS POR UN JUICIO QUE PERDIÓ FABRA
30. CVALENCIANA: EL EX ALCALDE DE LA VILA SE ENFRENTA A UNA PENA DE ARRESTO POR EJERCER DE MÉDICO SIN TENER LA TITULACIÓN
31. COMUNIDAD VALENCIANA: CULLERA RECLASIFICA 10 MILLONES DE METROS JUNTO AL 'MANHATTAN'
1. EL TRIBUNAL DEL 11-M DESMONTA, PRUEBA A PRUEBA,
LA 'TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN'El Tribunal del 11-M ha desmontado, prueba a prueba, la 'teoría de la conspiración', defendida por medios sensacionalistas y avalada por el Partido Popular, desde hace ya tres años, y avala la investigación sumarial del juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. Ni rastro de ETA, ni pruebas que relacionen el atentado con la organización terrorista vasca. No hubo manipulación ni en el vehículo Renaul Kangoo encontrado en Alcalá de Henares, ni en la mochila de Vallecas desactivada, ni en los móviles que sirvieron para detonar las bombas, ni en la procedencia de los explosivos, ni en su robo de mina Conchita, ni en el suicidio de los presuntos autores materiales en el piso de Leganés.
El presidente del tribunal que ha enjuiciado el mayor atentado terrorista de la historia de España, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha comenzado a las once y media de la mañana la lectura de la sentencia, desestimando todas y cada una de las objeciones de indefensión planteadas por las defensas, asegurando que, en todo momento, durante la instrucción sumarial, estuvieron protegidos por la Ley. Una vez aclarado este aspecto, el magistrado ha comenzado a desgranar todos los aspectos de la investigación y ha desmontado, prueba a prueba, toda la 'teoría de la conspiración':
Ni rastro de ETA: El Tribunal no encuentra rastro de la organización terrorista ETA en el 11-M. Ninguna de las pruebas aportadas en el juicio relaciona el atentado con la banda.
Furgoneta Renault Kangoo: Este vehículo estuvo completamente controlado y no se rompió la cadena de custodia una vez que fue localizada en la estación de trenes de Alcalá de Henares (Madrid). Sobre su contenido, se localizaron cartuchos explosivos idénticos a los encontrados en el domicilio de Leganés, donde se suicidaron siete de los presuntos autores materiales de la matanza. No tiene base real los intentos de algunas defensas, cercanas al PP, de que no existían ciertas pruebas dentro del vehículo, que han sido reconocidos por su propio propietario.
Mochila de Vallecas: no se rompió la cadena de custodia de esta prueba, a la que se ha puesto a la vez en duda su existencia y su control por parte de los 'conspiranoicos'. Existió y fue controlada perfectamente por los agentes desde el momento que se localizó en la comisaría de Puente de Vallecas. Esta prueba, además, es idéntica a otras encontradas en otros puntos de la investigación, por tanto, es clave en la investigación.
Explosivos: Toda o gran parte de la dinamita que explosionó en 11-M y en el piso de Leganés procedía de Mina Conchita (Asturias). El explosivo utilizado fue Goma, no se sabe qué marca, pero procedente de esta mina. Su robo se produjo por la falta de seguridad en el recinto y la connivencia de algunos trabajadores procesados. Ha quedado demostrada la versión del, hasta hoy, único condenado, el menor 'Gitanillo', que acusó a varios de los imputados del robo de los explosivos, a la cabeza de ellos, Emilio Suárez Trashorras.
Suicidio en Leganés: No existen dudas sobre lo que ahí ocurrió (por tanto, ni suicidas congelados, ni ausencia de los mismos, como se ha insinuado desde algunas defensas y acusaciones). Sobre un documento encontrado de ETA durante el desescombro, queda claro que es propiedad de un vecino que hasta junio de 2003 estaba destinado en la Comisaría General de Información en funciones de seguimiento de etarras, y que ya había aclarado este aspecto ante el juez.
Jamal Zougam y Otman El Gnaoui han sido condenados como autores materiales del atentado a más de 40.000 años de prisión. Son culpables de de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas. José Emilio Suárez Trashorras, considerado cooperador necesario de la matanza, ha recibido una pena algo inferior (casi 35.000 años) por los mismos delitos más aquellos devenidos de los sucesos de Leganés, al tomarse en cuenta la eximente de "anomalía psíquica".
Mientras, Rabei Osman el Sayed, El Egipcio, juzgado como autor intelectual de la matanza, ha sido absuelto. También lo han sido Antonio Toro Castro, Carmen Toro Castro, Emilio Llano Álvarez, Javier González Díaz e Iván Granados, que fueron juzgados como integrantes de la trama asturiana que proporcionó los explosivos; y los hermanos Mohamed e Ibrahim Moussaten, juzgados como colaboradores.
(www.cadenaser.com, 31/10/07)
2. RAJOY SE AFERRA A LA AUSENCIA DE INDUCTORES PARA NO PASAR PÁGINA
Por fin se hizo público el contenido de la anhelada sentencia sobre los atentados del 11-M. Y fue el día en que Mariano Rajoy, habida cuenta de que el fallo no identifica a los inductores de la masacre, proclamó solemnemente que él y su partido se niegan a dar por zanjado este triste episodio de la historia de España.
El líder del PP convocó a la prensa en la sede central del partido para incidir en que "siempre" ha defendido la necesidad de indagar sobre los atentados "hasta sus últimos detalles", razón por la que apoyó, dijo, la investigación que ha derivado en las condenas dictadas ayer por la Audiencia Nacional. Pero añadió un aviso para navegantes: "Seguiremos apoyando cualquier otra investigación que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia, ya que los acusados como inductores o autores intelectuales, términos que utiliza la sentencia, no han sido condenados como tales".
Rajoy, como miles de españoles, siguió la lectura de la sentencia por televisión. Lo hizo en su despacho, en la séptima planta del edificio del PP en la madrileña calle Génova, acompañado por su secretario general, Angel Acebes, y el responsable de Interior del partido, Ignacio Astarloa. Según especificaron después algunos de los colaboradores del líder popular, fue tomando notas del fallo y elaborando, sobre la marcha, un borrador que pensaba leer, horas después, ante los medios de comunicación. En aquel momento ya tenía claro que no aceptaría preguntas.
Después siguió con interés la retransmisión en directo de la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde la Moncloa. Cuando faltaban pocos minutos para las 14 horas, bajo a la sala donde le esperaban los periodistas. Y lo hizo fumándose un puro que aparcó poco segundos antes de que se encendieran las cámaras de televisión y centellearan los flases de los fotógrafos. Antes de llegar al atril, tuvo un pequeño traspié que casi derivó en tropezón.
Las primeras palabras de Rajoy, muy cuidadas, tenían por objeto sintonizar con quienes sufrieron más de cerca el 11-M: "Quiero expresar en mi nombre y en el de todos los militantes del PP nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas de aquellos terribles atentados.
También dejó constancia de las obligadas muestras de respeto a la justicias y sus sentencias: "Lo hacemos siempre y, singularmente, cuando se trata de perseguir, juzgar y condenar a terroristas". Rajoy aprovechó el tercer eje de su mensaje para sacar a relucir que fue el exministro Acebes quien detuvo "en un tiempo récord" a los ayer condenados por ser autores materiales, "evitando nuevos atentados".
Después advirtió de que, sin autores intelectuales, hay espacio para más investigaciones que serán respaldadas por su partido: "Seguiremos apoyando cualquier otra investigación que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia". Rajoy no desaprovechó la ocasión para ligar el juicio del 11-M a la política antiterrorista que él defiende, "la de la derrota" de ETA, y volvió a dedicar a las víctimas sus últimas frases. Por la tarde, en el Congreso, Acebes y Eduardo Zaplana aseguraban que había sido "un buen día".
(www.elperiodico.com, 02/11/07)
3. ZAPLANA INSISTE EN QUE SE INVESTIGUEN "CIERTAS CUESTIONES" DEL 11-M
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha mantenido la misma línea de su líder, Mariano Rajoy, y un día después de la sentencia del 11-M mantiene que hay "aspectos" de los atentados que no están claras. Pese a que afirma que su partido acata y respeta la sentecia, culpa al tribunal de ser "capaz de acreditar, y lo reconoce el propio tribunal", esas cuestiones de las que habla, enmarcadas en la teoría de la conspiración que su partido viene manteniendo desde hace tres años.
Zaplana ha pedido al presidente Zapatero que "se desdiga" de sus declaraciones anteriores y declare "rotundamente que Irak" no fue el motivo de los atentados del 11-M, como según él queda reflejado en la sentencia hecha pública. El portavoz parlamentario, uno de los políticos que más ha avalado la 'teoría de la conspiración', ha insistido en que todavía hay cosas por aclarar. "Hay cosas muy claras y cosas que no se han podido determinar", ha insistido en que los dirigentes del PSOE "utilizaron el atentado" del 11-M para ganar las elecciones de 2004, y "ahora están dispuestos a utilizarlo para no perder" el Gobierno ante los comicios de 2008.
(www.cadenaser.com, 02/11/07)
4. DIPUTADOS DEL PP PIDEN A RAJOY QUE DEJE ATRÁS EL 11-M
Ni apoyo a otras investigaciones, ni dudas sobre algunos 'puntos negros' en la investigación. Dos diputados del Partido Popular, uno en el Congreso y otra en el Parlament catalán, exigen hoy en las páginas de 'El Periódico de Catalunya' al presidente de su partido que acate íntegramente la sentencia, "un definitivo punto final", y suelte el "lastre" que le acompaña desde el 14-M, en clara referencia a dirigentes 'populares' que han apoyado efusivamente la 'teoría de la conspiración' propagada por medios sensacionalistas.
Los artículos, en forma de carta a Mariano Rajoy, están firmados por el diputado del PP por Madrid Jesús López-Medel y la diputada por Barcelona en el Parlament, Monserrat Nebrera.
Para el primero, la sentencia hecha pública el martes por el Tribunal del 11-M, supone "para un demócrata que acepte el Estado de derecho, un definitivo punto final. Sin admitir ni generar ninguna sombra". Ayer mismo, el portavoz parlamentario del PP y uno de los políticos que más ha avalado las teorías de los conspiranoicos, Eduardo Zaplana, aseguraba que hay "aspectos" de los atentados que no están claros todavía. López-Medel señala directamente a algunos compañeros de filas en torno a las mentiras propagadas durante estos tres años. "Algunos (apenas un puñado alejados de la moderación de la gran mayoría en el PP) que no encajaron con elegancia la derrota (a diferencia de Rajoy o Gallardón) intentaron, lejos de la mínima autocrítica, alentar la opinión de una teoría conspirativa digna de película de ficción".
Sobre la contundencia de los hechos probados, responsabilidad del terrorismo islamista y ausencia de ETA, el diputado considera que ha quedado desacreditada esa teoría de que era "imposible que este atentado lo hubiesen realizado solos unos pobres moros", algo que ha mantenido, entre otros, su compañero de filas Jaime Ignacio del Burgo. El artículo termina pidiendo la vuelta a la unidad y quedarse con la verdad "que, aunque algunos no guste, es la que recoge la sentencia".
La carta firmada por la diputada en el Parlament catalán Monserrat Nebrera, quien fuera 'número dos' de Piqué, está dirigida directamente a Rajoy. "He comprobado estos días tu caminar por el delgado filo de la navaja que separa los dos mundos cernidos" sobre el 11-M, señala el artículo.
La diputada dedica gran parte de su misiva a recomendar al presidente de su partido que cierre la puerta "que nos une con algún pasado". "Suelta el lastre y abraza definitivamente la sociedad abierta que delegará en ti su poder", añade. Y en este soltar lastre la diputada apunta directamente a los medios de comunicación. "El votante [...] agradecerá infinito, estoy segura, que le digas quiénes son tus compañeros de viaje. Los de dentro, los de fuera, los del alma".
(www.cadenaser.com, 02/11/07)
5. EL SUP IRÁ A LOS TRIBUNALES EN DEFENSA DEL TRABAJO POLICIAL
La sentencia del 11-M comienza a remover algo más que los cuarteles generales de los partidos políticos. Enciende también un segundo bucle judicial, el de los ofendidos y vencedores del proceso contra los ofensores y derrotados.
La comba contra los conspiranoicos ya la ha movido el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo (30.000 afiliados). Ayer, el secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, descubrió la estrategia: el SUP demandará a todos los que dudaron del trabajo policial tras la masacre de marzo.
La central no esconde los nombres de las presas que quiere lidiar. Sánchez Fornet, en conversación con Público, desveló que el sindicato enfilará a Ignacio Astarloa —secretario de Estado de Seguridad en 2004 y actual secretario de Justicia del PP—, Jaime Ignacio del Burgo, diputado conservador; Federico Jiménez Losantos, locutor estrella de la Cope; Luis del Pino, periodista y promotor del movimiento Peones Negros, y Fernando Múgica, principal agujerólogo del diario El Mundo.
"Lo tenemos clarísimo", arranca el líder del SUP. "Queremos limpiar el nombre de la Policía porque se nos ha dicho de todo. Que éramos encubridores, cómplices, inductores. Que incluso policías progresistas del sindicato habían sido los autores de la matanza. Todos ellos comparten una actitud miserable y mezquina hacia nosotros".
Fornet explica que ya en junio de 2005 la ejecutiva del SUP decidió emprender acciones legales contra los autores de las "injurias". Ahora, en 2007, con la sentencia del 11-M en la mano, sólo quedaba hacer. El gabinete jurídico del sindicato estudia qué fórmula es la más viable para presentar la denuncia o querella en los juzgados. Si ese primer paso fuese rechazado, el SUP se planteará recurrir a la vía contencioso-administrativa para que el Ministerio del Interior, a través del abogado del Estado, se persone en la causa. La central, en paralelo, intentará forzar el respaldo a su iniciativa en el seno del Consejo de Policía, órgano paritario de agentes y Administración. Pero ahí el sindicato rival, la Confederación Española de Policía (CEP), coaligada con la Unión Federal de Policía (UFP), dispone de mayoría. "Claro que si ellos [la CEP-UFP] se quieren suicidar y no defender a sus afiliados...", musita Fornet.
El SUP piensa en "llegar hasta el final", con todas las consecuencias. Esa desembocadura podría incluso alcanzar a los hoy números dos y tres del PP, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, entonces en el Gobierno de José María Aznar. "Sólo queremos justicia, de modo que les incluiremos si es necesario". Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, director y vicedirector de El Mundo, puede que no se libren tampoco de la quema, aunque "han sido más inteligentes, sutiles".
Fornet hace la precisión minutos después de auscultar el "dolor" que produjeron en la Policía las repetidas acometidas de Astarloa en los últimos tres años. "Él tenía toda la información, toda. Todos los mandos policiales eran de su confianza. Socialista, ninguno. De que no hubiera traductores [de árabe], por ejemplo, sólo él era el responsable. ¿Por qué dudó de nosotros?".
La indignación asciende imparable. En la Policía quieren huir de la mancha untada por los conspiranoicos.
(www.publico.es, 02/11/07)
6. TRES AÑOS DE MENTIRAS CORREOSAS
Empezó con una rueda de prensa, aquel sábado 13 de marzo de 2004. ETA tenía algo que ver con los atentados del 11-M porque lo decía el ministro del Interior, y ya está. Toneladas de documentación, testimonios y pruebas periciales dejaron claro que la pista del islamismo radical era la buena. Sin embargo, durante tres años, varios medios de comunicación han proporcionado al PP material para reivindicar la relación de ETA con el 11-M. Y el PP ha aceptado la ayuda, sin preguntarse por la imagen que da un Gobierno que primero emite una conclusión y luego, desde la oposición, busca pruebas a posteriori que la sustenten. El tribunal del 11-M se preocupó de no dejar ningún cabo suelto, y admitió todas las pruebas periciales y testimonios que supuestamente favorecían al PP. Uno por uno, todos se fueron derrumbando ante la sala. Éstos fueron los episodios más sonados de la farsa más duradera de la democracia.
- "Es Titadine". Lo que explotó en los trenes "es Titadine, con cordón detonante". Así se lo dijo aquella mañana del día 11 Ángel Acebes a los ciudadanos. Era un error. El origen de la confusión fue una conversación entre dos jefes policiales, según declararon, por las prisas y el convencimiento inicial de que un atentado en Madrid en víspera electoral sólo podía ser de ETA. Asunto aclarado. Sin embargo, durante tres años el PP ha seguido buscando el Titadine.
El informe final de los peritos descartó (a los tres años de que lo hubieran dicho los expertos que llevan 25 años analizando explosivos de ETA) que se tratara de Titadine. En los trenes se usó Goma 2, aunque una minúscula mezcla de componentes de dos tipos distintos (ECO y EC) hacía imposible precisar la marca. La conspiración se agarró a este dato como una victoria, sin que se sepa aún cuál es su relevancia. "Lo único que sabemos es que no se sabe el tipo de explosivo", dijo el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo. Eduardo Zaplana llegó a decir que le parecía "bien" la idea de exhumar cadáveres de víctimas para analizarlos si eso conseguía "acercarse a la verdad" sobre el explosivo.
- Un etarra se ríe del tribunal. Con el país en estado de choque, en la tarde del 12 de marzo de 2004, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, encargó un informe sobre la relación entre ETA e islamistas radicales, que sostuviera la versión oficial que empezaba a hacer agua. Dos días después, el resultado detallaba contactos entre etarras e islamistas presos, sin que se dedujera cooperación.
En la comisión de investigación parlamentaria, el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo llegó a preguntar por la presencia de etarras en Irak, basándose en "cosas que leo". Y así, hasta el juicio, donde los abogados con una visión lisérgica del sumario llevaron a tres etarras ante el tribunal: Irkus Vadillo y Gorka Vidal (detenidos en Cuenca en vísperas del 11-M) y Henri Parot. Los tres negaron contacto con islamistas.
- ETA y las lavadoras. Los abogados de la AVT metieron a ETA en sus interrogatorios. Pero la apoteosis llegó después de que El Mundo informase de que en el piso patera donde dormían algunos de los detenidos se halló un temporizador etiquetado como ST. Éstas eran las siglas de Segurtasun Temporizadorea, según la misma información, asumida inmediatamente por el PP. ETA, al fin. En el juicio, el abogado José Luis Abascal preguntó por el asunto, mostrando una foto de un temporizador de ETA.
- El juego de Díaz de Mera. El ex director general de la Policía con el PP, Agustín Díaz de Mera, decidió en septiembre de 2006 que había que animar el bulo del 11-M. En un programa de la Cope aseguró que existía un informe secreto de la Comisaría General de Información censurado porque vinculaba el 11-M con ETA. El informe existía, pero sus conclusiones decían exactamente lo contrario. Díaz de Mera acudió como testigo al juicio y reiteró su historia. Pero al no conocer el informe directamente, el presidente del tribunal le exigió que revelara el origen de la información. Díaz de Mera se escudó en la protección de la fuente para no decirlo. Acabó multado e imputado por desobediencia. La supuesta fuente, un policía, salió a la luz y desmintió haber dado tal información.
- Mientras 'El Mundo' pague...". Casi toda la teoría de la conspiración se resume en una entrevista concedida en prisión por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras a El Mundo, publicada el 4 de septiembre de 2006: "Soy una víctima de un golpe de Estado que se ha tratado de encubrir detrás de las responsabilidades de un grupo de musulmanes y de los confidentes cuando estaba todo perfectamente controlado por los Cuerpos de Seguridad". Zaplana pidió la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso. En conversaciones grabadas en la cárcel en marzo de 2005, Trashorras dejaba clara su credibilidad. Él creía que otro personaje, Ignacio Fernández, Nayo, estaba cobrando del periódico: "Mientras El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la guerra civil", le dijo Trashorras a su padre.
- La mentira original. Fue una pura invención que Se resume así: la única mochila desactivada del 11-M es diferente de las otras porque lleva metralla y el resto no. Y como es diferente, alega el universo paralelo de la conspiración, la tuvieron que poner otros: ETA, la policía... Pero es que las demás llevaban metralla.
Los Tedax declararon en el juicio que una de las bolsas bomba que intentaron desactivar llevaba metralla, porque cuando estalló toda la pared que estaba al lado "estaba llena de clavos". La empresa Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles subrayaba en su informe tras revisar los vagones UT-446: "Era evidente la acción de la metralla en las zonas contiguas a la explosión: papeleras metálicas, respaldos de asientos". Todo lo demás, que si la mochila fue o vino, hizo o deshizo, fueron elucubraciones para reforzar la mentira original. "Si no estaba, ¿quién la puso allí? Requiere una aclaración", clamó entonces Mariano Rajoy.
- La furgoneta de la Orquesta Mondragón. El Gobierno del PP encargó el 18 de marzo un informe sobre qué había pasado el día de los atentados con la Renault Kangoo para avalar que todo se había hecho de forma correcta. En la comisión de investigación, el PP en bloque avaló que se había actuado correctamente sobre la Kangoo. Pero un día, El Mundo hizo un montaje fotográfico para sostener que la furgoneta, en realidad, estaba vacía y que había sido llenada de pistas falsas. Dos días después, la furgoneta ya no estaba vacía, sino que sólo contenía, según El Mundo, una tarjeta del Grupo Mondragón, el gigante empresarial vasco. Olía a ETA. Resultó ser una cinta de música de la Orquesta Mondragón. Y la famosa tarjeta era de Gráficas Bilbaínas, de Madrid, propiedad de un ultraderechista. Datos que El Mundo y el PP han callado. En la furgoneta había una huella dactilar de un islamista. Murió en Bagdad.
(www.elpais.com, 30/10/07)
7. RAJOY REIVINDICA "TODA" LA HISTORIA
Era el gran acto de la unidad del partido, el de la consagración de Mariano Rajoy como candidato a las generales ante miles de fieles, pero empezó con mal pie. Unos minutos antes de que entrara la plana mayor del PP en la feria de Valencia -un recinto que hizo la Generalitat valenciana y que costó 641 millones de euros, el doble de lo previsto- había una gran tensión en las primeras filas.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra -imputado por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal-, se sentaba en segunda fila. Estaba previsto que Eduardo Zaplana, número tres del partido y gran rival del presidente valenciano, Francisco Camps, se colocara junto a Ángel Acebes y Mariano Rajoy, en un lugar destacado. Pero en el último minuto, el equipo de Camps lo impidió, y colocó en ese lugar preferente a Fabra y a los otros dos presidentes de Diputación, desplazando a otros dirigentes nacionales.
Ajenos a toda esta tensión, que evidencia las dificultades para que Zaplana encabece la lista valenciana en las generales, miles de fieles -15.000, según el PP- aclamaron a un líder presentado con un vídeo hagiográfico en el que se le define con una frase de Aristóteles: "Piensa como piensan los sabios, pero habla como la gente sencilla".
Pese a la multitud, el acto quedó un tanto deslucido si se compara con los fastos en la plaza de toros que acostumbra a organizar el PP, pero llovía. Sin embargo, Rajoy cumplió el objetivo de exhibir su liderazgo ante todos los barones del partido. Lo hizo con un discurso completo que resume su ideología y su mensaje para las elecciones. Logró emocionar al auditorio al hablar de España -28 veces pronunció esa palabra y 10 nación- y arrancó gritos de "¡Viva España!" e incluso "España, una, y no 51", lema clásico del nacionalismo español.
Lejos de la política del "sin complejos" que defendía su mentor, José María Aznar, Rajoy se presentó "con humildad y con modestia", admitió que ha vivido "momentos muy duros" e incluso que ha fallado. "A veces me he equivocado. Os aseguro que he aprendido de mis errores", dijo entre aplausos.
Rajoy -que evitó cuestiones de actualidad como el AVE o el 11-M- reivindicó siempre el "orgullo y privilegio" de ser español y dejó una reflexión para el debate sobre la Ley de Memoria, que se aprobará el miércoles en el Congreso: "¿Por qué no vamos a estar orgullosos de España y de nuestra historia? Todo lo que somos es producto de nuestra historia centenaria. Una historia a la que no quito una coma ni pretendo contarla de manera distinta de lo que sucedió. Yo asumo todas sus páginas. Lo hago para no repetir las que fueron negras y para tratar de imitar aquellas que nos enorgullecen". Minutos antes, por si había dudas, había dicho que él cree en la libertad y condena las dictaduras.
(www.elpais.com, 28/10/07)
8. EL PP SÓLO USA RECORTES DE PRENSA COMO PRUEBA PARA RECUSAR A TRES MAGISTRADOS
El PP recusó a tres magistrados progresistas del Tribunal Constitucional usando como única prueba informaciones publicadas en periódicos. En ellas se indicaba que los tres magistrados progresistas, en una conversación de la que no existen actas ni grabaciones, se manifestaron a favor de la Ley del Gobierno que prorrogaba el mandato del Tribunal Constitucional.
En base a esas supuestas conversaciones, los populares entienden que tienen "interés directo o indirecto en el pleito" y no pueden intervenir en las deliberaciones. 62 diputados del PP, entre los que no se encuentran ni su presidente, Mariano Rajoy, ni su portavoz, Eduardo Zaplana, firmaron y entregaron en el Constitucional el escrito de recusación de los magistrados Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala. Tras aludir en su escrito a las informaciones de prensa, el PP aclara que lo hacen "sin pretender convertir en fuente del Derecho la invocación de algún diario de la mañana". El recurso que presentó el Gobierno contra dos magistrados conservadores esgrimía un escrito firmado por ambos y presentado a la presidenta del Tribunal Constitucional en el que manifestaban su oposición a la Ley del Gobierno.
Pese a que la recusación del PP se basa en recortes de prensa, los populares mezclan la contundencia -"se debe concluir que los señores magistrados recusados tomaron postura de forma inequívoca, radical y decidida"- con el condicional -"de ser cierta esta información..."-. El PP insiste en que formular esta recusación les resulta "penoso", pero que está "incitada" por la precedente recusación de dos magistrados del Constitucional por parte del Gobierno y piden que se acumulen para que se tramiten de forma conjunta, lo que deja al pleno del Constitucional sin quórum para tomar decisión alguna ya que de los 10 magistrados que lo componen ahora, hay cinco recusados que no podrían intervenir. El pleno no se puede reunir si tiene menos de ocho miembros.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, declaró : "En nuestro sistema constitucional la paralización de la jurisdicción constitucional equivale a un incumplimiento de la Constitución y supone una quiebra grave del modelo de Estado que ésta consagra. Los ciudadanos tienen que tener la conciencia y la seguridad de que el Constitucional resolverá la situación. No podría ser de otra manera".
El PP solicita como "prueba testifical" la declaración de Casas para que confirme si la supuesta reunión transcurrió como decían las informaciones de prensa. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, juzgó en Lanzarote la decisión del PP como una "completa irresponsabilidad", que se une a la estrategia de no renovar el Consejo del Poder Judicial con el fin de "arrasar" las instituciones.
(www.elpais.com, 28/10/07)
9. RAJOY RECTIFICA: "NO ME EXPRESÉ BIEN Y HE METIDO EN UN LÍO A MI PRIMO"
El sábado, en el gran acto en Valencia de su proclamación como candidato, ya había apuntado una rectificación indirecta. Mariano Rajoy se sinceró y sólo le faltó pedir perdón, porque realizó una corrección en toda regla a la que los políticos son siempre reacios: "Mira, uno habla mucho, casi todos los días, y a veces se puede equivocar. Creo que no me expresé bien", dijo con una fórmula que parecía bastante pensada antes de comenzar la entrevista. Se refería así a las declaraciones sobre el cambio climático en las que, citando a un primo científico, Rajoy dudó de las lúgubres previsiones avaladas por la ciencia y por los gobiernos de casi todos los países.
El líder del PP aprovechó el contexto, una entrevista de poco perfil político en un programa de la mañana seguido mayoritariamente por amas de casa, para tratar de ganarse al auditorio. "Esto le pasa a cualquier persona. Un político también se puede equivocar, porque aunque a algunos no se lo parezca, un político también es un ser humano". "Somos como el resto de la gente, en los partidos políticos hay gente más competente y menos, que acierta más, que se equivoca más. Le pasa a los médicos, periodistas, futbolistas, y en general pasa en cualquier profesión", insistió Rajoy.
La presentadora, que también le había citado la actitud del francés Nicolas Sarkozy para contrastar su entusiasmo con el asunto con el escepticismo de Rajoy, le preguntó entonces por la reacción de su primo. Según el líder del PP, "se lo ha tomado bien". "La verdad es que es injusto, porque él no debería estar sujeto a opiniones o críticas. Él es un científico que, además, no ha salido a la luz pública a dar sus opiniones. La verdad es que le he metido en un lío y bien que lo siento", se sinceró.
Llegó entonces el momento de explicar qué quería decir realmente. En los últimos días, el PP ha contrarrestado la metedura de pata -así lo han definido algunos miembros de la comisión de seguimiento del cambio climático creada por este partido- con la idea de que esta formación ha demostrado en varias ocasiones la importancia que le da al cambio climático. Rajoy recordó que él firmó, en nombre de la Unión Europea, que España presidía en ese momento, el Protocolo de Kioto. Pero admitió de nuevo su error. "Lo que traté de decir, probablemente sin excesivo acierto, es que tampoco se puede transmitir a la gente una sensación que esto es el apocalipsis o que es un tema dramático".
Rajoy insistió en que el cambio climático es un "problema importante, pero equilibrado". "Hay otros", aclaró, "como el hambre o el agua y la falta de salubridad, que matan a mucha gente en el mundo". "Es un tema importante pero tampoco podemos transmitirle a la gente que estamos ante la mayor catástrofe de la historia. Creo que hay que tomar medidas para que las cosas cada vez vayan mejor, emitamos menos CO2 y preservemos más la naturaleza", concluyó.
(www.elpais.com, 30/10/07)
10. VIDAL-QUADRAS LLAMA "CRETINO INTEGRAL" A BLAS INFANTE
Los partidos andaluces reaccionaron con indignación a las descalificaciones del eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras hacia la figura de Blas Infante, el precursor del andalucismo, reconocido por el Estatuto de autonomía como el "padre de la patria andaluza". En un programa de la emisora Radio Intereconomía del pasado domingo 28 de octubre, el eurodiputado y Alberto de la Hera (director General de Asuntos Religiosos durante los dos gobiernos de Aznar) llegan a tildar a Blas Infante de "cretino integral", "uno de los tontos más grandes de Europa", "payaso" y "subnormal profundo".
El PSOE y los partidos nacionalistas PA y PSA pidieron explicaciones al presidente del PP andaluz, Javier Arenas. El secretario general del PP, Antonio Sanz, mostró su "más absoluta discrepancia de la a a la z con cualquier declaración que pueda descalificar al padre de la patria andaluza. No aceptamos que nadie pueda manchar su imagen". Sanz recordó que los populares andaluces han demostrado siempre, "y así lo hemos hecho en el Parlamento", su respeto y admiración hacia Blas Infante.
(www.elpais.com, 31/10/07)
11. PAÍS VASCO: EL JUEZ IMPUTA AL EX CONCEJAL DE URBANISMO DE VITORIA
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha imputado al ex concejal de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, por un supuesto delito de prevaricación urbanística en el caso de los chalés de Ali. Ibarrondo ha sido citado a declarar el próximo 22 de noviembre por haber concedido permiso para levantar siete chalés en una superficie que legalmente sólo admitía seis. La denuncia partió de la fiscalía alavesa, que acusó del mismo delito al ex director del departamento de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, quien no ha sido imputado.
Ibarrondo tiene pendiente de resolución otra denuncia del fiscal por presuntas irregularidades en la tramitación de otra urbanización de viviendas unifamiliares en el barrio vitoriano de Ibaiondo, que tramita el Juzgado de Instrucción número 1. El concejal del PP Javier Maroto aseguró que el juez ha rechazado que haya delito en esta segunda causa.
La investigación de la causa de Ali comenzará la semana próxima con la toma de declaración a varios testigos, entre ellos cuatro técnicos de la concejalía de Urbanismo. El objetivo es aclarar por qué el consistorio concedió la licencia de edificación de siete chalés en una parcela de 2.000 metros cuadrados, ubicada en el pueblo de Ali, en la que en principio sólo se podían levantar seis. El precio de cada uno supera los 550.000 euros.
"En este asunto, estamos tranquilos", indicó Maroto. El edil popular basa su afirmación en la documentación de la comisión municipal que investigó ambas promociones, que recoge la declaración de un funcionario municipal que avalaba desde un punto de vista técnico la concesión de la licencia. "Estamos convencidos de que Ibarrondo no ha cometido ningún delito", concluyó Maroto.
El fiscal jefe de la Audiencia alavesa, Josu Izaguirre, declaró que interpuso la denuncia porque apreció la "posible existencia de un delito de prevaricación", ya que existía una petición de la constructora para levantar siete casas en esa parcela, que tanto el onsistorio como el ex concejal denegaron en un principio y luego terminaron aceptando.
En principio, el Ayuntamiento recalcó a la constructora que en esa parcela, de 2.000 m2, sólo se podían construir seis viviendas. Izaguirre ha asegurado que, pocos meses después, la empresa volvió a presentar la misma petición, pero en este caso se concedió la licencia, aunque el terreno seguía siendo el mismo.
La empresa que construyó los chalés de Ibaiondo, que consiguió el respaldo de Urbanismo para aumentar en 54.000 euros el precio de cada una de las 24 viviendas, se ve envuelta estos días en otra polémica. La constructora Opacua, responsable de la construcción de 42 apartamentos tutelados en el centro de la ciudad, está vendiéndolos a precios superios a los pactados con el Ayuntamiento. La oposición asegrua que los incrementos llegan a un 36,12% en el caso de los pisos de un dormitorio, el 19,3% los de dos y hasta el 82,35% los garajes y sótanos.
(www.elpais.com, 31/10/07)
12. CATALUÑA: EL PPC DESTITUYE A SU LÍDER EN GIRONA Y FORMA UNA GESTORA
Diferencias entre la cúpula del PPC y dirigentes del partido provocaron una tormenta en Girona que se saldó, , con la destitución de la presidenta provincial, Concepció Veray y su equipo. Toma el mando una gestora a cargo de la diputada en el Congreso Alicia Sánchez Camacho, cabeza de lista por Girona en las legislativas. Veray cae por sus choques con el comité de campaña local, que coordina Sánchez Camacho.
El secretario de organización del PPC, Xavier García Albiol, afirmó que la dirección considera que el encaje entre la dirección de Girona y el comité de campaña era inviable, y juzga necesario asegurar el mejor resultado posible en las generales de marzo. El PPC obtuvo un diputado por Girona en el 2000 y lo perdió en el 2004. Albiol subrayó a este diario que Veray seguirá como portavoz del PPC en el Ayuntamiento de Girona. La dirección opina que el diputado en el Parlament Enric Millo ha maniobrado en su contra, pese a carecer de cargo en Girona. García Albiol afirmó sibilinamente, en rueda de prensa, que Millo se centrará ahora en su actividad como diputado. Antes de que trascendiera el relevo, el diputado en el Congreso Jorge Fernández Díaz advirtió a los críticos con la dirección que si alguien no está cómodo con la situación "siempre puede coger la puerta".
(www.elperiodico.com, 27/10/07)
13. CATALUÑA: SIRERA AMENAZA CON UNA NUEVA PURGA DE LOS CRÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR
Daniel Sirera ha pasado a las amenazas para acabar con los sectores críticos en el Partido Popular de Cataluña. El presidente regional de la formación afirmó que no le temblará el pulso para echar a los dirigentes críticos con la nueva línea del partido como ya hizo la semana pasada al destituir, uno tras otro, a todos los dirigentes de la provincia de Girona. "Si se tiene que hacer, se hará", resumió.
Sirera quiere frenar a toda costa los movimientos escépticos con la línea oficial surgidos en el grupo parlamentario del PP catalán y en las direcciones territoriales de Girona y Lleida. El primer golpe de autoridad lo dio la semana pasada al destituir a la dirección provincial de Girona. , al ser preguntado por si piensa hacer lo mismo en Lleida, fue explícito. "No lo tengo previsto, pero si se tiene que hacer, se hará".
En Lleida pasa lo mismo que en otras agrupaciones territoriales del partido: quienes se afiliaron en la época del ex presidente Josep Piqué se encuentran poco representados por un partido que sigue a pies juntillas y sin siquiera debatir las directrices que marca el entorno del presidente del partido, Mariano Rajoy. "Esta no es la vía para ampliar nuestra base electoral en Cataluña", recordó un diputado del PP.
Estas tensiones motivaron en Lleida la dimisión de Josep Montanya, presidente provincial en la época de Piqué. Pero ello no ha servido para calmar completamente a la militancia. Ahora el conflicto se halla en la distribución de papeles entre la nueva presidenta, Maria José Horcajada, y la responsable de campaña del partido, la histórica militante Pilar Arnalot. Es esta segunda la que controla realmente la estructura del PPC.
La situación es parecida a la que se vivió en Girona hasta la destitución, la semana pasada, de la presidenta del partido, la concejal Concepció Veray. Ésta se encontraba en situación de debilidad frente a Alicia Sánchez Camacho, coordinadora de campaña y depositaria de la confianza de Sirera, y, sobre todo, del secretario general del partido, Ángel Acebes.
"No hay crisis, no hay ningún problema", reiteró una y otra vez el presidente del PP catalán en conferencia de prensa. Sólo admitió que "no es normal", a escasos cuatro meses para las elecciones, lo que ha pasado en Girona. Sin embargo, lo justificó por la imperante necesidad que tiene el partido para recuperar el diputado que logró en las elecciones de 2000 y que perdió en 2004.
Sirera también quiso tapar cualquier fuga en el otro frente de la crisis: el grupo parlamentario. Un total de 9 de los 14 diputados que lo componen han formado una suerte de sector crítico que, si bien comparte con Sirera el objetivo primordial de ganar las elecciones generales, discrepa en las formas. Estos diputados piden mayor debate interno y evitar trasladar a Cataluña el frentismo que, a su juicio, practica el PP en el conjunto de España. Todo para abrir el partido a sectores sociales más amplios.
Estos diputados se reunieron el jueves de la semana pasada a espaldas de Sirera, pero los que asistieron a la reunión de optaron por callarse. Ello permitió a Sirera achacar la crisis a intoxicaciones de la prensa. "Son informaciones que no responden a la realidad", dijo el presidente regional del PP.
(www.elpais.com, 30/10/07)
14. CATALUÑA: EL JUEZ IMPUTA A UN CAPO RUSO EN LA TRAMA DEL 'CASO PLANELLS'
El juez escuchará ahora al ciudadano ruso Malchas Tetruashvili, el presunto mafioso al que, supuestamente, favoreció el exsubdelegado del Gobierno en Barcelona Eduardo Planells al otorgarle permisos para la paulatina instalación de miembros de su trama delictiva en España. El magistrado ha imputado a Tetruashvili y le interrogará el lunes.
Fuentes judiciales destacaron que la declaración del ruso puede arrojar luz sobre las reveladoras acusaciones que otros dos imputados han realizado sobre la que fuera delegada del Gobierno en Catalunya bajo el mandato del PP, Julia García-Valdecasas. Estas declaraciones, que constan en el sumario, apuntan que el abogado Xabier Añoveros, marido de Valdecasas, recibía trato de favor para que sus expedientes de solicitud de regularizaciones fueran aprobados. Las mismas fuentes explicaron que los investigadores tienen constancia de que algunos permisos concedidos al ruso Tetruashvili partieron del despacho de Añoveros. Una acusación desmentida categóricamente por el letrado.
Valdecasas fue nombrada delegada del Gobierno en Catalunya por José María Aznar y ocupó este puesto desde 1996 hasta el 2003. En la última etapa de los populares, fue ministra de Administraciones Públicas.
A los cuatro imputados inicialmente en la causa --el propio exsubdelegado Planells, dos funcionarios de la oficina de extranjería y otra persona externa vinculada al consulado ruso-- se suma ahora el capo mafioso. En otras palabras, supuestos favorecedores y favorecidos en un mismo paquete y enfrentados a posibles responsabilidades penales.
El imputado Gerardo González Bilbao, funcionario de la sección de recursos de la oficina de extranjeros de la Delegación del Gobierno de Catalunya, fue uno de los que apuntó muy por encima del subdelegado Eduardo Planells cuando fue interrogado sobre las presuntas irregularidades en las regularizaciones.
"La delegada se interesaba mucho por los expedientes de su marido Añoveros y el señor Planells nos pedía que nos interesáramos", explica el funcionario en su declaración como imputado recogida en el sumario, para añadir: "En la época de Julia García-Valdecasas y el señor subdelegado Planells, yo creo que la norma era más la irregularidad que la regularidad".
Otro imputado, Víctor Ambiela, vinculado al consulado ruso y administrador y presidente de la oenegé Infància i Futur --dedicada a la adopción internacional-- explicó al juez que las irregularidades en los expedientes se cometían a través de la oficina para asuntos especiales creada por Valdecasas. "Era el dueño de la delegación", declaró el imputado Ambiela en referencia al letrado marido de Valdecasas y "sus amigos" para, a renglón seguido, destacar que "nadie hizo nada" para evitarlo. El sumario del caso también constata que el capo ruso Malchas Tetruashvili fue asesorado en sus negocios de restauración por el exconseller y actual diputado de CiU en el Parlament Antoni Fernández Teixidó. De hecho, fue Teixidó el que llevó de la mano al capo ruso hasta el despacho de Planells, de donde salió una carta de recomendación firmada por el exsubdelegado.
Al ser preguntado si no le pareció una "imprudencia" firmar una carta de esas características, Planells contestó al juez: "Quizá me faltó picardía". Y aclaró que no hizo ninguna comprobación porque el ruso venía de la mano de David Bonet, el que fuera subdelegado antes que él.
Fuentes judiciales explicaron que, con toda probabilidad, el juez se avenga a citar a David Bonet en calidad de testigo después de que lo hayan solicitado distintas partes.
(www.elperiodico.com, 26/10/07)
15. CATALUÑA: HOMOFOBIA SIN CASTIGO
Practicar la homofobia sale barato en el Partido Popular. Daniel Sirera se desmarcó por completo de los insultos hacia la comunidad homosexual que el concejal del PP en Berga, Josep Saña, envió por correo electrónico a otro concejal socialista de la misma localidad. Sirera reiteró que el partido ha abierto un expediente para expulsar al concejal, quien afirmó no entender "cómo hay tantos homosexuales con el asco que damos los hombres peludos". La historia demuestra que este tipo de declaraciones han quedado sin castigo en el PP.
Lo demuestra el caso del alcalde de Pontons (Alt Penedès). Lluís Caldentey se hizo popular hace dos años y medio por la definición pública que hizo de los homosexuales. "Son personas taradas, deficientes, inmorales", dijo antes de afirmar que constituyen una situación "deforme porque lo normal es que las personas nazcan macho o hembra, porque yo no he visto nunca a dos perros machos haciendo el amor".
La dirección del PP dijo entonces, abril de 2005, que abría expediente de expulsión a este alcalde.
¿Qué pasó realmente? "El alcalde de Pontons es militante del PP", reconoció el presidente del partido, Daniel Sirera. No sólo no se le ha expulsado como se dijo en aquel momento, sino que se le permitió volverse a presentar a las elecciones bajo las siglas del PP. "Y ganó por mayoría absoluta", recordó Sirera con regocijo.
El caso del concejal de Berga presenta una particularidad. El expediente de expulsión no se le ha abierto por los insultos homófobos, sino por otras declaraciones suyas del pasado 19 de julio. Y es que, tras dimitir Josep Piqué, Saña lanzó duras críticas contra la nueva dirección.
La intervención de Daniel Sirera y de Xavier García Albiol, entonces secretario de organización, evitaron que el expediente avanzara. Intentaron evitar que Saña dejara el partido sin abandonar, antes, el acta de concejal. La negociación todavía continúa y Saña ya ha dicho que quiere seguir en su puesto.
(www.elpais.com, 30/10/07)
16. GALICIA: PÉREZ VARELA A EISENMAN: "COMO LE DIRÁ FRAGA, EL PROYECTO TIENE URGENCIA"
Jesús Pérez Varela, conselleiro de Cultura durante los últimos gobiernos del PP y principal responsable de la Cidade da Cultura, urgía en septiembre de 1999 al arquitecto Peter Eisenman a darse prisa con la preparación del proyecto porque tenía "cierta urgencia" para el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga. La grabación de la conversación entre Pérez Varela y Eisenman, una de las primeras entre ambos después de que el arquitecto norteamericano ganase el concurso internacional convocado para dar forma a la Cidade da Cultura,. La referencia a la necesidad de contar cuanto antes con los proyectos forma parte de una reflexión del conselleiro sobre los plazos: "Hablando de calendario, me olvidé de decir una precisión, que efectivamente sin reducir la calidad del proyecto ni coartar la capacidad creadora del profesor y maestro, nos gustaría que fuese lo más rápido posible; como le dirá el presidente del Gobierno de Galicia, el proyecto tiene una cierta urgencia".
De las prisas de Fraga también quedó constancia en el acta de otra reunión celebrada en Nueva York en abril de 2001. Entonces Pérez Varela recordaba a Peter Eisenman: "De nada sirve lo mejor del mundo si no se acaba. La pérdida de tiempo es muy importante para nosotros; el presidente Fraga sólo pregunta cuándo empezamos". La urgencia del presidente, combinada con las dificultades del estudio de Eisenman a la hora de transformar su diseño original en proyectos concretos susceptibles de ser sometidos a concurso de obras, acabaron forzando, año y medio después, la modificación de su contrato y el encargo de la redacción de los proyectos ejecutivos a la unión temporal de empresas formada por Andrés Perea y Euroestudios.
En otro momento de la conversación reproducida el conselleiro habla de la importancia del proyecto: "Lo que se pretende son dos cosas. La primera y fundamental es que marche muy bien, y que los niveles de control y calidad sean extraordinarios, y lo segundo es un mero trámite administrativo, que es el control del dinero público, es decir, que alguien tiene que llevar el control tanto de los trabajos por parte de ustedes como por parte de la administración". Con todo, Pérez Varela manifiesta a Eisenman que sus explicaciones no deben ser tomadas "al pie de la letra" porque su intención es dar "ideas generales". "Nosotros estamos dando, si acaso, levadura; el pan lo tiene que hacer usted y su equipo. Su talento, su imaginación y su capacidad creadora decidirán cómo va a quedar, porque sino no contrataríamos a un maestro, contrataríamos a una persona", añade.
El conselleiro, que dará explicaciones (junto al entonces responsable de Economía, José Antonio Orza) en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la Cidade da Cultura, trata de hacer entender al arquitecto norteamericano la importancia que la Xunta quiere dar al edificio dedicado a las nuevas tecnologías, transformado por la actual Xunta en un Centro de Arte Internacional. "Galicia tradicionalmente, como usted sabe", explica Pérez Varela, "ha sido un país pesquero, agrario y ganadero, y queremos transformarlo en un país con prepotencia [sic] en los sectores de servicios, en el turismo, en la industria y, sobre todo, en la tecnología; como queremos que el proyecto sea un símbolo del siglo que viene, también lo que vaya dentro que sea un símbolo del siglo que viene, del nuevo milenio".
(www.elpais.com, 29/10/07)
17. GALICIA: LA XUNTA PENSABA INSTALAR LA CUARCITA DE MURAS UN AÑO ANTES DE SU ADJUDICACIÓN
La Fundación Cidade da Cultura encargó un informe sobre las colocación, en la cubiertas de los edificios que se construyen en el monte Gaiás, de la piedra cuarcita que se produce en la localidad lucense de Muras un año antes de que un concurso público decidiese adjudicarle el suministro de este material a una unión temporal de empresa participada por la sociedad Piedra Natural de Muras SL. El informe fue realizado en 2002 por la empresa Proesga, dedicada a la instalación de fachadas, y el concurso a favor de Piedra Natural de Muras se falló en el mes de julio de 2003.
El anterior alcalde de Ortigueira, el popular Antonio Campo, es el administrador de la empresa que desde hace siete años explota sin licencia la denominada mina Angelita, de la que se extrae la cuarcita. Campo dimitió de su cargo el pasado 4 de octubre, apenas una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.
Piedra Natural de Muras SL tiene como administradores, además de al ex alcalde de Ortigueira, a sus familiares José María y Pablo Fernández Campo. Éste ultimo figura en un informe interno de la Fundación Cidade da Cultura como una de las dos personas que, ya en agosto de 2001, actuaron como anfitriones de dos empleados del arquitecto Peter Eisenman durante una visita a un almacén de Guísamo (Bergondo).
Ese día los representantes del autor del proyecto del Gaiás fueron informados acerca de las características de diferentes materiales susceptibles de ser usados para la cubierta de los edificios de la Cidade da Cultura, entre ellos la piedra cuarcita de Muras que la empresa administrada por familiares del ex alcalde de Ortigueira había comenzado a extraer un año antes y que, al final, sería elegida mediante concurso dos años más tarde.
Aquel mismo día, los empleados de Eisenman fueron llevados también a una reunión convocada en dependencias de la empresa Proesga en el polígono coruñés de Pocomaco, la misma que un año después redactó el informe sobre la colocación de la cuarcita de Muras.
(www.elpais.com, 28/10/07)
18. GALICIA: ACUSAN AL PP DE QUERER BENEFICIAR A UNA EMPRESA DE PÍO CABANILLAS EN UNA ADJUDICACIÓN DE OBRA
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Ismael Rego, acusó al anterior Ejecutivo del PP de intentar beneficiar en la adjudicación de la Autovía de O Barbanza a la Unión Temporal de Empresas de la que formaba parte la empresa Azvi, en la que según él participa Pío Cabanillas, ex ministro portavoz durante parte del Gobierno de José María Aznar. Ismael Rego recordó que la empresa adjudicataria de la autovía, San José, concurrió al concurso de las obras de la Vía de O Barbanza en una Unión Temporal de Empresas en la que Azvi representaba el 25 por ciento, tras lo cual preguntó al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, si sabe "quién está detrás" de esta empresa. "Pío Cabanillas, ¿lo conoce usted?.
Rego acusó a los populares de querer "entrar en el modelo concesional de la Xunta a través de una empresa participada por Pío Cabanillas", tras concluir que la defensa que el PP hace de la oferta más valorada "no es por cuestión de San José, sino que era por Pío Cabanillas".
Asimismo Rego aseguró que Feijóo, conselleiro de Política Territorial hasta el cambio de Gobierno, dejó dicha adjudicación preparada "con guante blanco" para que fuese el nuevo Ejecutivo el que adjudicase la infraestructura a San José-Azvi.
Socialistas y nacionalistas en el parlamento
gallego rechazaron por segunda vez en los últimos meses la petición del PP
de crear una comisión de investigación sobre la adjudicación de la Autovía
de O Barbanza, ya que, según la diputada nacionalista Carme da Silva, los
populares pretendían "una vez más torpedear el Gobierno".
(www.elplural.com, 31/10/07)
19. GALICIA: LAS SUBCONTRATAS DE LA FAMILIA DE JOSÉ CUIÑA
La unión temporal formada por las empresas Necso (hoy Acciona) y Copasa, a las que los grupos parlamentarios socialista y nacionalista sitúan en el ámbito de influencia del Partido Popular, consiguió el 71,5% de las adjudicaciones de obras de la Cidade da Cultura.
Semejante grado de concentración es tan llamativo que ya fue calificado de "poco común" por el Consello de Contas cuando analizó la gestión del complejo del Gaiás. El órgano fiscalizador sostiene que en este hecho "pudo haber influido" la utilización de criterios de valoración que se decantaron a favor de estas empresas incluso cuando había empate en las puntuaciones con otras ofertas.
La importancia atribuida al conocimiento del proyecto por las bases de los concursos puede estar en el origen de esta concentración, según el Consello de Contas, porque hizo posible que Necso-Copasa ganase unas veces por tener la oferta más baja y otras sin tenerla, lo que pone de manifiesto el "margen de discrecionalidad" con el que se hicieron las adjudicaciones.
De todos modos, esta concentración no significa que Necso y Copasa sean las únicas sociedades presentes en la Cidade da Cultura. La lista de subcontratistas es muy larga y en ella destaca, por la importancia de su participación, la empresa Inasus, pieza clave del grupo empresarial propiedad de la familia del ex conselleiro de Política Territorial, José Cuiña.
La documentación en poder de la comisión del Parlamento que investiga lo ocurrido con la Cidade da Cultura prueba que la empresa Inasus obtuvo las subcontratas más sustanciosas del pastel del Gaiás: el 6,8% del edificio de servicios centrales (adjudicado a Necso-Copasa por 19,92 millones), el 13,25% de la Biblioteca (38,74 millones) y nada menos que el 19,29% del Museo de Historia (48,29 millones).
Sólo por su participación en las obras de construcción de estos tres edificios, para los que produjo y colocó en fachadas aluminio y vidrio, Inasus obtuvo subcontratas por un total de 15,7 millones de euros.
(www.elpais.com, 28/10/07)
20. GALICIA: EL FISCAL ACUSA DE COHECHO A LOS EDILES DEL PP PILLADOS 'IN FRAGANTI'
Un vídeo grabado con una cámara oculta en el botón de la chaqueta de un empresario infiltrado y la incautación de 120 billetes de 500 euros. Estas son las pruebas esgrimidas por la Fiscalía en el escrito de acusación que acaba de elevar al juez y en el que implica a dos ex concejales de Gondomar y a un arquitecto de Vigo en la extorsión a una promotora que quería firmar tres convenios urbanísticos con el Ayuntamiento. El supuesto cobro de 900.000 euros en comisiones ilegales por parte de estos dos ediles del PP es el primer caso de corrupción urbanística que la Justicia destapa en Galicia gracias a un confidente que pilló in fraganti a los presuntos autores de las extorsiones a promotoras.
Tras la denuncia de soborno que presentó el intermediario de la promotora A Pousa, SL, en la Fiscalía de Vigo el 27 de noviembre de 2006, el Seprona obtuvo las pruebas que acusan de tres delitos de cohecho a José Luis Mosquera, entonces edil de Cultura del Ayuntamiento, y a su compañero de corporación, Alejandro Gómez, que era responsable de Urbanismo.
La acusación provisional no conlleva penas de prisión pero establece 1,2 millones de euros de multa para cada uno y la suspensión de dos años de cargo público, y será sometida al dictamen de un jurado popular. La cuantía fijada para el arquitecto Borja Ramilo, que hizo de interlocutor en el pago de las comisiones ilegales, es de 720.000 euros y cinco meses de inhabilitación.
La promotora denunciante inició antes del verano de 2006 las negociaciones con la Corporación de Gondomar para poder construir 66 chalés adosados en una parcela de 33.000 metros cuadrados. Los ediles implicados no formaban parte de la comisión de gobierno, pero supuestamente vendían a precio de oro la tramitación de los proyectos que entraban en el Ayuntamiento y su voto en el pleno.
La grabación en vídeo y audio de cómo José Luis Mosquera exige el dinero a la constructora la obtiene el Seprona el 7 de febrero. Manuel Rodríguez, un conocido promotor de Vigo, había accedido a hacer de señuelo en la investigación. Para ello tuvo que superar algunas dificultades porque, en un principio, los concejales desconfiaron de él y prefirieron negociar con otro portavoz de la promotora, al que el arquitecto ya había advertido que la empresa debía pagar una comisión si quería construir.Para obtener la grabación del cohecho, el empresario infiltrado acudió a la cita con el ex concejal de Cultura de Gondomar pertechado con varios artilugios. La Guardia Civil le colocó a Manuel Rodríguez una pequeña cámara de vídeo doméstica debajo del brazo izquierdo, sujeta a la piel con varias cintas de velcro. Los cables iban conectados a una microcámara en forma de botón que recogió vídeo y audio.
Después de estas palabras, el arquitecto se ausenta y el concejal habla largo y tendido con el confidente. Éste afirma que su empresa no puede asumir los 300.000 euros que le exigen por tramitar el papeleo. "Ya me decía antes de venir el concejal de Urbanismo que pediríais por todo 180.000. ¿Qué te parece si lo hacemos en tres plazos? Pero que dé la impresión de que tú y yo hemos estado negociando duramente durante horas", dice Mosquera. A través de los teléfonos pinchados, los agentes del Seprona controlan las conversaciones entre los cómplices.
Para efectuar la entrega de los primeros 60.000 euros, la promotora tuvo que pedir un crédito por este importe. El dinero se llevó al juzgado donde se fotocopiaron uno por uno los 120 billetes de 500 euros para dejar constancia de su numeración. El 14 de febrero todo estaba preparado para llevar a cabo la última parte del operativo. El confidente Manuel Rodríguez llamó por teléfono al arquitecto para concertar una cita y efectuar el primer pago del soborno. "Borja, ya tengo esto aquí", le dijo. Las otras dos entregas se harían cuando se aprobase definitivamente el plan.
La cita para que el empresario infiltrado entregase el dinero al concejal José Luis Mosquera fue en la cafetería del Hotel Galicia. Cuando entra en el local, el confidente ve al edil sentado con su compañera sentimental Belén Fernández, acusada de cómplice en este proceso. Mosquera se dirige a Manuel Rodríguez y le dice: "Vamos hacia el baño". En los servicios de la cafetería, Mosquera recoge el sobre con el dinero y antes de despedirse le comenta: "Tengo más solares en Gondomar que os pueden interesar, la semana que viene hablamos".
(www.elpais.com, 02/11/07)
21. COMUNIDAD DE MADRID: UN EMPRESARIO PRÓXIMO AL PP ORGANIZÓ LA PROTECCIÓN DE LOS TRÁNSFUGAS TAMAYO Y SÁEZ
El presidente del Grupo Intereconomía Corporación, Julio Ariza, empresario próximo al PP, organizó la protección de los tránsfugas Tamayo y Sáez hasta que consumaron su traición al PSOE en la Asamblea de Madrid. El ex escola de Ariza ha señalado a la Cadena SER que días antes del 10 de junio de 2003 su jefe le ordenó participar en la vigilancia de ambos diputados y que participó en el traslado y protección de los tránsfugas una vez se ausentaron de la Cámara regional e impidieran la investidura de Rafael Simancas en beneficio de Esperanza Aguirre.
Ariza le encargó a su escolta que formara parte del equipo de seguridad que se encargó de ocultar a los diputados socialistas. Lo hizo unos días antes de la fallida votación del 10 de junio de 2003 en la Asamblea de Madrid, de la que se ausentaron los tránsfugas, impidiendo que PSOE e IU gobernaran en Madrid.
José María Calzada, que así se llama este escolta, ha confirmado a esta redacción que participó en el dispositivo de seguridad que se organizó para ocultar aquellos días a Tamayo y Sáez. En concreto reconoce que estuvo en el equipo que trasladó y ocultó a los tránsfugas en una ocasión: el 27 de junio de 2003, 17 días después de que los diputados se ausentaran de la Asamblea de Madrid.
Pero la seguridad de los tránsfugas se puso en marcha mucho antes de ese 27 de junio de 2003. Calzada, escolta personal de Julio Ariza durante 3 años, hasta enero de 2006, reconoce que su jefe le advirtió de que debería participar en su protección unos días antes del 10 de junio de 2003. Añade, además, que en aquellos días eran frecuentes las reuniones entre Julio Ariza y José Luis Balbás, padrino político de los tránsfugas.
No es la primera información que la Cadena SER ofrece sobre el dispositivo de seguridad que protegió y ocultó a Tamayo y Sáez en esos días inciertos de junio de 2003. Cuando los tránsfugas traicionaron al PSOE en aras de no se sabe muy bien qué intereses, ni qué contrapartidas, a finales de 2005, esta emisora adelantó que la Guardia Civil había detenido a José Antonio Expósito, jefe de este dispositivo de seguridad, por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia.
José Antonio Expósito fue detenido por la Guardia Civil, acusado de falsedad documental y usurpación de funciones públicas: se hacía pasar por agente del CNI. Durante el registro de su domicilio, el instituto armado se incautó de un diario en el que este escolta relataba como se pusieron en contacto con él para que se encargara de la protección y vigilancia de Tamayo y Sáez días antes de que se ausentaran de la votación de la Asamblea de Madrid, impidiendo que Rafael Simancas se convirtiera en el nuevo Presidente de la región. En sus declaraciones judiciales, Expósito vinculó con este encargo a Dionisio Ramos, ex alto cargo del PP en Madrid y que en aquella época era el gerente de la Universidad Complutense.
En ese diario, Expósito detallaba de su puño y letra que había contado para ese trabajo con la colaboración de "Chema", apelativo que empleaba para dirigirse a José María Calzada, chofer y escolta personal de Julio Ariza en aquellos días. Ambos llegaron a mantener una relación de amistad cuando trabajaban juntos en Intereconomía. Ahora las cosas han cambiado, José María Calzada trabaja y reside fuera de Madrid y ha demandado a Expósito por un presunto delito de estafa.
(www.cadenaser.com, 2910/07)
22. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESIDENCIA DE IFEMA DESATA LA GUERRA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón parecen retomar la confrontación. En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital de España desean colocar como presidente ejecutivo de Ifema a alguien que les sea afín. Gallardón quiere mantener el poder del actual director general de la institución, Fermín Lucas. Por su parte, Aguirre apuesta por Luis Eduardo Cortés, cuyo puesto depende de si la Cámara de Comercio decide entregarle su voto.
Sin embargo, existen dudas sobre la conveniencia de que Cortés acceda a este puesto. Dudas que provienen tanto de los portavoces del Consistorio como de algunos miembros de la Cámara de Comercio, responsables junto con la comunidad de Madrid de elegir al próximo presidente ejecutivo de Ifema. Las dudas tienen que ver con un problema de compatibilidades ya que, tal y como informó El País, Luis Eduardo Cortés es ya directivo de la empresa encargada de ampliar las instalaciones del complejo ferial, Sacyr Vallehermoso.
En el plano empresarial, algunos miembros de la Cámara de comercio ven en este político reconvertido a empresario una imposición de Esperanza Aguirre. "Rechazamos el intervencionismo de Aguirre, no queremos ser peleles de nadie" declaró a El País uno de los miembros de la Cámara. Fuentes de la Cámara también confirmaron a cadena SER la existencia de "presiones" por parte de Aguirre para poner a Cortés en el cargo, lo que "ha creado malestar" entre los empresarios, aunque negaron que exista una "guerra" entre Gallardón y Aguirre por esta cuestión.
Alberto Ruiz-Gallardón es uno de los políticos que más claramente se han posicionado contra Cortés. Pese a que fue vicepresidente de la comunidad de Madrid durante su gobierno, terminó mal con el actual alcalde madrileño, entre otras cuestiones por discrepancias en las tarifas de Metrosur, tal y como informa ABC.
Cortés se separó de Gallardón y siguió su propio camino, y al poco tiempo de abandonar la Comunidad, en verano de 2005, pasó a formar parte de la empresa privada, siendo a día de hoy el presidente ejecutivo de Vallehermoso Inmobiliaria. Ésta es la empresa encargada de ampliar el complejo ferial.
El coste de la ampliación del recinto fue fijado en 56 millones de euros, pero comenzaron los retrasos y se disparó el presupuesto, por lo que a día de la ampliación tendrá un coste de más de 90 millones de euros. Ifema se ha negado a pagar el último sobrecoste y ha encargado a sus servicios jurídicos que se encarguen de recabar un informe sobre las responsabilidades de Sacyr en los retrasos en las obras y el aumento del presupuesto.
La semana pasada el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se sumaba a las declaraciones contra la candidatura de Cortés mencionando su "incompatibilidad" para desempeñar el cargo, al pertenecer a la empresa Sacyr-Vallehermoso. Si pese a esta incompatibilidad alegada por Cobo Cortés llegase a la presidencia ejecutiva de la institución, Fermín Lucas, hombre de confianza de Gallardón y director general de Ifema, perdería parte de su poder.
Al mantener Comunidad y Ayuntamiento posturas tan diferentes sobre la presidencia ejecutiva de Ifema, la Cámara de Comercio tendrá la última palabra en el nombramiento del próximo presidente ejecutivo de Ifema. Gerardo Díaz Ferrán, último presidente ejecutivo de la institución ferial y amigo personal de Aguirre, dimitirá de forma inminente de su cargo alegando que debe cumplir con sus obligaciones como presidente de la CEOE. Esta dimisión deja paso libre a Cortés, pero todavía se necesita lograr un consenso entre los empresarios de la Cámara de Comercio para que éstos se decidan a apoyar finalmente al candidato de Aguirre. De ahí la necesidad de celebrar el debate de la pasada tarde, en el cual no se llegó a ninguna decisión respecto al apoyo a la candidatura de Cortés.
(www.elplural.com, 30/10/07)
23. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE ELUDE LA RESPONSABILIDAD DE SU GOBIERNO SOBRE LA CAÑADA REAL
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, no ha parado de zafarse de cualquier responsabilidad sobre la Cañada Real Galiana, desde que hace dos semanas el brutal enfrentamiento entre la policía y los habitantes de esta zona del sureste de la región devolviera a la actualidad un problema de asentamientos ilegales con más de 30 años. Ni siquiera el grupo de IU en la Asamblea de Madrid consiguió en el pleno que la presidenta de la Comunidad admitiera que tiene la máxima responsabilidad sobre la vía pecuaria, puesto que el Estatuto de Autonomía le otorga la titularidad sobre el suelo.
El Estatuto, en su artículo 27.3, reconoce al Ejecutivo regional la competencia sobre el régimen de las vías pecuarias. Este epígrafe fue desarrollado después en la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid de 1998, que obliga al Gobierno regional "a asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid y adoptar cuantas medidas para su restauración y protección adecuada sean necesarias".
Sin embargo, Aguirre no admitió más competencia que "el mantenimiento de la vía pecuaria", aunque se apoyó en la misma ley para sustentar esta tesis. "El problema de la Cañada Real Galiana es de restauración de la legalidad urbanística, que es competencia de los ayuntamientos, y de seguridad y orden público, que corresponde al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno", apostilló.
Después, afirmó que su Gobierno no se encarga de las "ocupaciones históricas consolidadas" y subrayó que muchas calles de la región fueron en su día vías pecuarias. Aguirre citó como ejemplo el paseo de la Castellana, Arturo Soria, Alfonso XII y la calle de Alcalá. "Sabemos que la Cañada es un grave problema y que no hay que regatear esfuerzos", zanjó la presidenta regional.
La única solución que ha aportado hasta ahora el Gobierno de Aguirre es la que anunció el vicepresidente primero, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno. Habló de un plan para reforzar la actuación en la cañada de los agentes forestales, aunque no detalló ni cuándo se pondrá en marcha, ni cuántos agentes más patrullarán la zona. Hay unos 250 guardas forestales en la región. "Van a tratar de evitar que se extiendan los asentamientos", aseguró González, que recalcó que este plan se hará en colaboración con las otras administraciones afectadas y que lo llevarán a cabo las Consejerías de Economía y de Medio Ambiente. En la actualidad, los agentes del Seprona, de la policía local y los forestales son los competentes en el cuidado y vigilancia de las vías pecuarias. La intención del Gobierno regional es únicamente destinar más forestales a patrullar la Cañada Galiana y a abrir expedientes a quienes intenten levantar nuevas viviendas.
(www.elpais.com, 01/11/07)
24. COMUNIDAD DE MADRID: EL REY GALLARDÓN SE MUDA A UN PALACIO
A Gallardón no le gusta ser simplemente un alcalde con un ayuntamiento en la puerta del Sol y se ha buscado un palacio con vistas a la diosa Cibeles. El motivo oficial para el traslado: el espacio. La anterior casa de la Villa se quedaba pequeña. El lunes se inaugura la nueva sede. Pero hasta entonces aún faltan muchos viajes por hacer entre Cibeles y la calle Mayor. Desde el miércoles y hasta el sábado hacen este recorrido ordenadores, cajas y muebles. Incluso todo el archivo municipal.
Es la primera vez en la historia que el Ayuntamiento de Madrid cambia de sede desde que Felipe IV autorizó la construcción de la casa de la Villa, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente, en 1629. El viejo edificio se quedará sólo para el Área de Seguridad, los otros grupos políticos y se seguirán celebrando los plenos hasta el primer semestre de 2008, cuando acaben las obras.
La oposición considera un escándalo el derroche del traslado realizado con dinero público. Que Alberto Ruiz-Gallardón llegue al palacio cuesta a los madrileños, según el Ayuntamiento, 71 millones €. El grupo municipal socialista sube la cantidad a 400. Incluye el coste de la operación para conseguir el edificio, que era del Estado. Gallardón ha tenido que permutar tres edificios municipales a cambio del palacio de la Cibeles.
La oposición considera un escándalo el derroche del traslado realizado con dinero público. los madrileños miraban sin inmutarse la mudanza que, desde las ocho de la mañana, se realizaba en la nueva sede municipal. Si se les preguntaba, les asaltaba la duda: ¿Se necesitan dos Ayuntamientos? Para Eulalia, del barrio Salamanca, se trata de un "capricho" del alcalde. Fabio y Daniel, italiano y venezolano afincados en la ciudad, consideraron a Gallardón un "loco" por gastar dinero público para esta mudanza. Lucía Gómez, se mofaba: "Muy mono el chalé. Que me cambie a mí la casa".
"Es un derroche indecente e inmoral. Si se hubiera reformado la actual, habría sido más barato. La ciudad tiene otras necesidades y es una vergüenza que el alcalde se monte un palacio con lo que podría usar para 50 guarderías, 40 centros de mayores o contratar 600 trabajadores sociales necesarios", censuró el socialista David Lucas.
IU compara el gasto del traslado con la inversión en vivienda, "apenas la mitad". Un portavoz de IU señaló: "Es indignante que ahora haya dos ayuntamientos cuando muchos madrileños no tienen ni casa, ni escuela infantil para dejar a sus hijos". También les molesta que ellos no vayan a tener un hueco en la nueva sede. "Es la casa de los madrileños, pagada con dinero de todos, pero no de la oposición", criticó Lucas.
Unos 500 funcionarios se mudan: la Alcaldía, Vicealcaldía y áreas de Coordinación Territorial, Relaciones Institucionales y Dirección General de Medios de Comunicación. La megaoperación logística lleva en marcha desde septiembre coordinada por la Dirección General de Patrimonio y la Secretaría General Técnica de la Alcaldía. Es sólo la primera fase. La segunda, en 2009, moverá a las áreas de las Artes y Seguridad. Para entonces, habrá un centro cultural en el palacio, con sala de exposiciones y un auditorio para 200 personas abierto 365 días las 24 horas del día. Desde que la casa de la villa se construyó han pasado por ella más de 150 alcaldes, ha sufrido decenas de reformas pero sólo al rey Gallardón se le podía ocurrir sustituirla por un palacio.
(www.publico.es, 01/11/07)
25. COMUNIDAD DE MADRID: EL EX CONCEJAL DEL PP , IGNACIO DEL RÍO, COMO TANTOS OTROS SE PASA AL NEGOCIO INMOBILIARIO
La constructora Vemusa ha fichado como consejero independiente al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Ignacio del Río, del PP, que entrará en su Consejo de Administración. Del Río fue edil dos legislaturas, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. La primera, entre 1995 y 1999. En la segunda, de 1999 a 2003, repitió como concejal de Urbanismo y fue nombrado consejero delegado de la sociedad Madrid 2012.
No existen incompatibilidades que impidan el camino seguido por Del Río. También lo hicieron Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, que dejó el cargo en 2005 para entrar en el grupo inmobiliario Rayet. También Luis Eduardo Cortés abandonó la Consejería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. El Gobierno central quiere reformar la ley para que los ex ediles no puedan trabajar en empresas relacionadas con su área hasta dos años después de dejar el cargo.
(www.elpais.com, 28/10/07)
26. COMUNIDAD DE MADRID: EL ALCALDE DE SAN MARTÍN NOMBRA A SU HIJO JEFE DE PROTOCOLO
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (7.403 habitantes), gobernado por el PP, ha contratado a Pablo Martín Ávila, de 27 años, hijo del alcalde de la localidad, para ocupar el puesto de director de Comunicación y Protocolo y jefe de prensa. El regidor, Pablo Martín Cabezuela, mantiene que en el nombramiento se ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y que la elección de su hijo se ha debido a que es la persona "más adecuada para el puesto, tanto por su formación como por gozar de su total confianza". Martín Ávila trabaja el 75% de la jornada laboral y cobra por ello 19.032 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas.
"Es una forma de gobernar impresentable. Llega a la alcaldía y coloca a su hijo", denuncia el portavoz de la oposición, el socialista José Luis García. "Preparado no sé si estará. Confianza, se presupone que existe entre un padre y un hijo. Pero el nombramiento de ético no tiene nada", añade. García ocupó el sillón consistorial durante 20 años hasta que en las últimas elecciones se lo arrebató el PP, que necesitó pactar con dos independientes. El equipo de gobierno está formado por cinco ediles del PP y dos de ACS; en la oposición se encuentran los seis ediles del PSOE.
El nuevo responsable de Comunicación es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y está cursando Derecho, según un breve perfil que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento. Además, es propietario de una empresa de servicios y ha escrito, en solitario y en colaboración, Las mil y una caras de Dios en el arte, Mil y una imágenes de la Virgen y Enciclopedia para las plantas de interior.
En su nuevo puesto será portavoz del Ayuntamiento y jefe del Departamento de Comunicación, de la oficina de prensa y del gabinete de la alcaldía. También se encargará de planificar, coordinar y dirigir la política de comunicación e imagen del Consistorio.
El alcalde se defiende de los ataques socialistas y sostiene que por primera vez se ha cumplido en el municipio la legislación en materia de contratación de personal de confianza al crear plazas de libre designación. "¿Al PSOE le parece inmoral que el alcalde contrate a su hijo? Pero se olvidan que cuando yo cese, él también se irá, no hará falta despedirlo", sostiene.
El fin de este tipo de contratación, recuerda Martín Cabezuela, es no hipotecar al Ayuntamiento ni a las futuras corporaciones creando puestos que luego permanecen ocupados por personal de la más estricta confianza de corporaciones anteriores.
(www.elpais.com, 31/10/07)
27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP VALENCIANO NO ACLARA SI EL TRASVASE DEL EBRO IRÁ EN EL PROGRAMA ELECTORAL DE RAJOY
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, sorteó el debate generado en su partido a nivel nacional en torno al trasvase del Ebro asegurando que si el presidente del PP Mariano Rajoy gana las elecciones y gobierna "habrá PHN y habrá trasvase del Ebro". Sin embargo, Costa evitó hasta en cuatro ocasiones confirmar, a preguntas de los periodistas, que la ejecución de la trasferencia hídrica del Ebro vaya a figurar en las promesas que el PP incluirá en el programa electoral que presentará a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales.
La razón de esa posición ambigua hay que buscarla en el conflicto que se ha creado con el PP de Aragón -contrario al trasvase- en torno a una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el grupo popular tenía previsto presentar en el Congreso reclamando 600 millones de euros para una obra hidráulica derogada. Esa enmienda fue corregida sustituyendo la referencia al trasvase del Ebro por la del Júcar Vinalopó -que cuesta la mitad- después de que el presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, negociase con el portavoz popular Eduardo Zaplana la modificación del texto y amenazase con no asistir al acto de presentación de Rajoy el sábado pasado en Valencia. Fuentes parlamentarias aseguraron que Zaplana contaba con el visto bueno de Rajoy para negociar el cambio en la enmienda.
Ante la polémica generada por lo que parece un cambio de posición en las filas de la gaviota respecto del Ebro, finalmente, el portavoz adjunto Vicente Martínez Pujalte y la portavoz de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, presentaron ante una disposición adicional nueva con el siguiente texto: "En un plazo no superior a 12 meses, procederá a la actualización del PHN para dar una respuesta eficaz, coherente y solidaria a las necesidades de agua en España que contemple, sin apriorismos, todas las posibilidades técnicas para mejorar la gestión y reutilización de las aguas, así como las trasferencias de recursos hídricos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las dificitarias en virtud del principio de solidaridad interterritorial".
Esa referencia a las "trasferencias de las cuencas excedentarias", que, no obstante, no menciona el trasvase del Ebro, es la que permitió a Costa mantener el discurso de los populares valencianos y a la vez asegurar que el PP mantiene una posición "única" en toda España. Costa aseguró que su formación sostiene su exigencia de "mantenimiento del PHN en su integridad". El secretario general del PPCV aseguró que "no hay incongruencias en nuestras posiciones políticas", algo que contrapuso con el discurso socialistas que "dice una cosa distinta en cada comunidad autónoma". Preguntado sobre si la afirmación de Martínez Pujalte de que el PP defiende también la desalación como alternativa supone otro cambio en el discurso, Costa aseguró que el PP no se ha negado a esta solución, sino que ha criticado "la desalación masiva" que propone el programa AGUA del Gobierno.
(www.levante-emv.com, 02/11/07)
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL 'CASO IVEX' ES COSA DEL SIGLO PASADO, SEGÚN JUSTE
A veces parece que el tiempo no pasa. Ni para unos, ni para otros. El Grupo Socialista volvió a la carga con el caso Ivex y reclamó en las Cortes a la consejera de Industria, Belén Juste, explicaciones sobre las contrataciones con Julio Iglesias y los distintos pagos realizados por la Generalitat en 1997.
"Tienen la misma información que tenemos nosotros No puedo añadir nada más", aseguró Belén Juste, que agradeció a los socialistas que sigan practicando la "política del retrovisor" mientras el PP mira hacia adelante.
Así que, con este argumento, poco pudo hacer la socialista Amparo Marco, que se esforzó por remarcar que una cosa son las responsabilidades penales -el caso Ivex sigue empantanado en el juzgado de instrucción número 19 de Valencia- y otra las políticas, que son las que corresponde ejercer a la oposición como si fuese una gota malaya.
"Esperábamos que usted tuviese voluntad de aclarar el asunto. Han pasado dos legislaturas y ningún consejero ha abierto las puertas de la transparencia para explicar lo del Ivex", argumentó Marco. "La vía judicial no evita la política", prosiguió la socialista, "Nadie ha asumido responsabilidad alguna. Ustedes son muy aficionados a pedir responsabilidades políticas, pero no las asumen nunca", remachó.
Para la parlamentaria socialista "mirar al futuro es esclarecer el pasado". Por eso asumió que se trata de un asunto del "siglo pasado" como dijo la consejera pero la instó a dar respuestas claras sobre un asunto en el que se habla de pagos a paraísos fiscales, contratos B y otras supuestas irregularidades.
Pero Belén Juste llevaba un guión del que no se movió ni un ápice: "Yo esperaba algún elemento nuevo que rompiese la inercia de su grupo desde 1997". Luego la consejera pidió paciencia y respeto en espera de la decisión judicial de un caso en el que el PSPV está personado como acusación particular.
El diputado de Compromís Lluís Torró se limitó a sumarse de manera sincera a la posición socialista: "Es lamentable que diez años después estemos aquí hablando del tema, porque está en los juzgados y nadie ha asumido responsabilidades en el asunto".
"Se trata de suciedad acumulada por responsables políticos y la única manera de limpiarla es la transparencia", sentenció el parlamentario de EU.
29. COMUNIDAD VALENCIANA: LA DIPUTACIÓN PAGARÁ 21.000 EUROS POR UN JUICIO QUE PERDIÓ FABRA
La Diputación de Castellón pagará los 21.000 euros que, en concepto de costas, le ha obligado a pagar un juzgado tras una querella contra la Cadena Ser. El presidente de la institución provincial, Carlos Fabra, interpuso la denuncia después de que la emisora informara de que durante las fiestas de la Magdalena de 2004, en el palco de la plaza de toros reservado por la Diputación, se sirvieron champán francés y puros Cohíba, además de la tradicional merienda. Por aquel palco pasaron dirigentes del PP provincial, empresarios y personajes de la prensa rosa. Durante el año anterior, Carlos Fabra gastó 26.000 euros en entradas de toros, 1.500 en cáterin y 165.000 en comidas.
Fabra presentó la denuncia como presidente de la Diputación, ya que entendió que se había atentado contra la institución. Al archivarse la causa, es el denunciante el que ha de pagar el coste del procedimiento en lo que se refiere a los profesionales que intervinieron. Así, la Diputación desembolsará esos 21.000 euros, de los que 19.500 son para pagar la minuta del abogado, mientras que el resto se abonará al procurador. El pago ha sido aprobado a través de dos decretos que ha firmado el propio Carlos Fabra, con lo que el gasto no pasará por el pleno.
Según el portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, el hecho de que sean las arcas públicas las que costeen las costas del juicio supone una demostración más de que Fabra "confunde la privado con lo público y lo particular con lo general".
Además, a través de este sistema se ha aprobado también un gasto de casi 7.000 euros para la renovación del mobiliario de una diputada.
(www.elpais.com, 30/10/07)
30. COMUNIDAD VALENCIANA: EL EX ALCALDE DE LA VILA SE ENFRENTA A UNA PENA DE ARRESTO POR EJERCER DE MÉDICO SIN TENER LA TITULACIÓN
El ex alcalde de la localidad alicantina de La Vila. Joiosa, José Miguel Llorca senabre, será juzgado el próximo 18 de diciembre como supuesto autor de una falta de intrusismo al atribuirse públicamente la profesión de médico sin poseer el correspondiente título académico.
Así lo indicaron fuentes judiciales y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quienes han precisado que Llorca (PP), que acudirá ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la Vila. Joiosa, está acusado de una falta prevista y penada en el artículo 637 del Código Penal.
Este artículo estipula que quien se atribuya públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea "será castigado con la pena de arresto de uno a cinco fines de semana o multa de diez a treinta días".
La Fiscalía de Alicante solicitó el pasado mes de julio la apertura del juicio de faltas contra Llorca por atribuirse la profesión de médico, tras una investigación iniciada en junio después de que el ex alcalde admitiera que había ejercido la medicina sin tener título.
Llorca ratificó esta declaración ante el fiscal encargado del caso, Ramón Siles, y explicó que había ejercido la medicina en una clínica privada de La Vila de la que era socio entre los años 1993 y 1999, que fue cuando fue nombrado como alcalde de la localidad.
Cuando se dio a conocer el tema, el responsable del centro sanitario La Creueta, Pedro Lloret, informó que Llorca Senabre había trabajado como médico general atendiendo a pacientes entre año y medio y dos años. El portavoz del centro matizó que trabajaban como autónomos por lo que no se le exigió la titulación y que lo que tenían era una comunidad de bienes.
En la investigación no se acreditó que Llorca ejerciera la Medicina desde 1999 y, según fuentes judiciales, el delito de intrusismo profesional correspondiente al artículo 403 del Código Penal ya había prescrito.
Sin embargo, desde esa fecha el ex alcalde seguía ostentando públicamente la condición de médico, ya que figuró en el catálogo de servicios del cuadro médico de la entidad Caser Salud de 2006 y "ordenó" la inclusión de una biografía y un vídeo en la página web del PP de la Vila.Joiosa en las que se recogía su profesión.
Ante estos hechos, la Fiscalía de Alicante solicitó a los juzgados de La Vila la apertura del juicio de faltas contra el ex alcalde por atribuirse públicamente la profesión.
(www.levante-emv.es, 31/10/07)
31. COMUNIDAD VALENCIANA: CULLERA RECLASIFICA 10 MILLONES DE METROS JUNTO AL 'MANHATTAN'
El Ayuntamiento de Cullera desbloqueó el pasado martes dos proyectos urbanísticos situados junto a la desembocadura del río Júcar que supondrán en la práctica la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y la construcción de cerca de 15.000 viviendas. Estos planes se suman al de la Bega -más conocido como el Manhattan de Cullera-, donde están previstas 5.000 viviendas más, 1.100 protegidas, distribuidas en 33 torres de hasta 25 alturas.
El Consistorio cullerense sacó ante adelante con los votos favorables del PP, partido en el gobierno, la abstención del PSPV-PSOE y la oposición del APC (Alternativa Progressista de Cullera) el documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A los dos grandes PAI citados se añaden otros dos sectores urbanizables de tamaño menor. El documento se enviará ahora a la Consejería de Medio Ambiente para que dé, si procede, su visto bueno.
El PAI del Marenyet plantea la reclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados, la edificación de 9.000 viviendas y un puerto deportivo con 1.100 amarres. La unión de empresas Rover Alcisa y Lubasa -a través de la sociedad Cullera Playa y Golf- se adjudicó a finales de 2005 la urbanización del PAI. La urbanización del PAI del Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas, fue a parar a la sociedad del ex presidente del Valencia CF Francisco Roig. El Grupo Roig buscó, tras convertirse en agente urbanizador, un socio y encontró a Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos. Los interventores todavía no han aclarado qué proyectos de Llanera saldrán adelante. Otras sociedades (Bancaja, Blauverd y Sedesa) cuentan con terrenos en este proyecto, así como decenas de pequeños propietarios.
Ambos planes han tropezado desde que se hicieron públicos una notable oposición vecinal. El Gobierno, a través de la subdelegación de Valencia, está en contra de estos proyectos por la falta de informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el riesgo de inundación.
Pere Manuel, concejal de APC, siempre ha manifestado la necesidad de "consensuar la elaboración de ambos proyectos". Manuel advierte además de que el Patricova, plan de la Generalitat, declara todos estos terrenos inundables. "Y entre otros detalles que no podemos olvidar", agrega el edil de APC, "está el que la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre si hay agua suficiente". Según el edil, ambos proyectos "podrían estar cogidos con alfileres, pendientes de decisiones de administraciones superiores y posibles contenciosos". El pasado martes votó en contra.
Joan Grau, portavoz del Grupo Socialista municipal, abogó por un plan "más sostenible y salvaguardando los intereses de los pequeños propietarios; el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros". Grau dijo que su grupo se abstuvo en respuesta al amplio apoyo electoral que recibió el PP de Cullera, abanderado de estos proyectos urbanísticos, en los comicios municipales celebrados en mayo.
De entre los pequeños propietarios afectados por ambos PAI, los hay que esperan vender a buen precio y los que se oponen o los que confían en que el plan no se ejecute. De momento, la crisis por la que atraviesa la construcción ha parado las operaciones de compra de terrenos.
(www.elpais.com, 01/11/07)
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