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Del 03 al 09 de noviembre 2007

1. AZNAR SIEMBRA MÁS DUDAS SOBRE LOS AUTORES DEL 11-M Y EL PP LE DESAUTORIZA

El PP había respirado aliviado tras la presentación del libro de José María Aznar. Apenas alguna frase polémica, confusa, sobre el 11-M, sin salirse de la línea oficial, que pretende dejar este asunto en un segundo plano para poder hablar de la alternativa de gobierno de Rajoy. Fue sólo un alivio momentáneo: en una entrevista, el ex presidente volvió por sus fueros. "Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos, ni en montañas lejanas. Lo dije entonces [en la comisión de investigación] y lo repito ahora, sean quienes sean". ¿En quién está pensando?, le preguntaron. "En nadie en especial porque no lo sé, digo que ese atentado tenía un objetivo muy especial que era un objetivo político de cambiar el curso histórico de España y desgraciadamente consiguió sus objetivos".

La noticia se difundió rápidamente en los mentideros del PP, y dominó la rueda de prensa que Juan Costa y Soraya Sáenz de Santamaría ofrecían en la sede central para hablar de sus propuestas municipales -entre ellas, la de que el partido más votado se lleve la mitad más uno de los concejales y que Regina Otaola, alcaldesa de Lizartza, sea presidenta de la Federación de Municipios y Provincias-.

Costa no quiso entrar a descalificar las palabras de Aznar, pero desautorizó claramente al aún presidente de honor del PP. "La posición del PP es la que transmitió Mariano Rajoy", señaló hasta cuatro veces como forma de distanciarse de Aznar. Pero sobre todo repitió una idea que era una clara desautorización: "Tenemos que mirar hacia adelante", "lo importante es mirar al futuro", "hay que hacer un esfuerzo para mirar hacia adelante, la sentencia es un éxito del Estado de Derecho, debemos luchar juntos con el Gobierno contra el terrorismo", insistió.

El responsable del programa del PP se remitía a la declaración de Rajoy del día en que se dictó la sentencia. Sin embargo, en ese momento Rajoy dijo que su partido "apoyará cualquier investigación, sin límites" sobre el 11-M, ya que la sentencia no fija los autores intelectuales. Y no habló de "mirar al futuro". Fue en Barcelona, tras comprobar la polémica armada en torno a su apoyo a "cualquier investigación" -un claro espaldarazo a quienes han avalado la teoría de la conspiración-, cuando el líder del PP habló de la necesidad de "mirar al futuro".

Posteriormente, la cúpula del PP decidió que el asunto del 11-M no es una prioridad para este partido y bajó el tono de las declaraciones. Tanto Rajoy como Ángel Acebes han esquivado preguntas sobre el 11-M para evitar titulares polémicos que tapen sus iniciativas. El PP está concentrado en la convención organizada el próximo fin de semana para dar a conocer las líneas maestras de su programa. Pero, en esa reunión de la cúpula también se dejó claro que, si el PSOE atacaba con el 11-M, el PP se defendería. La emisión de un vídeo sobre el apoyo de dirigentes del PP a la teoría de la conspiración abrió las hostilidades. El PP se apresuró a elaborar un argumentario denunciando las supuestas mentiras del PSOE (www.pp.es).

En su entrevista en Antena 3, Aznar no citó a ETA, pero dejó caer que no descarta que la banda pueda estar conectada con el atentado, una de las tesis principales de la teoría de la conspiración. "¿Está pensando que puede haber algo más que terrorismo islamista detrás de ese atentado del 11-M?", le preguntó la periodista. "Todos los terrorismos son iguales, pero yo dije en esa comisión que esto era un atentado del terrorismo islámico; sus conexiones, pues tarde o temprano se sabrán, si es que las hay. Pero tengo poco que añadir en ese terreno", concluyó para cerrar la ronda de cinco preguntas sobre el asunto.

Aznar no sólo insistió en que aún hay cosas poco claras; también recuperó su enfado por los ataques recibidos entre el 11 y el 14 de marzo: "Se supone que los atentados alguien los idea. Los que se dice que fueron autores materiales fueron detenidos por el gobierno que yo presidía, pero de lo demás pues sabemos muy poco. En esos días se dijo 'atentados, intervención en Irak, la culpa es del Gobierno, no de los terroristas...'. Eso no se había dicho jamás en ningún sitio del mundo, jamás".

(www.elpais.com, 08/11/07)

2. PALABRA DE AZNAR

- 11-M . "De lo que dije en la comisión parlamentaria no tengo nada que cambiar. Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos, ni en montañas lejanas. No pienso en nadie en especial. Ese atentado tenía un objetivo político: cambiar el curso histórico de España. Desgraciadamente lo consiguió".

- Conexiones. "Yo dije en esa comisión que esto era un atentado del terrorismo islámico. Sus conexiones tarde o temprano se sabrán, si es que las hay".

- Zapatero. "Hoy desgraciadamente en España creo que hay un presidente del Gobierno que no reúne las condiciones necesarias para serlo".

- La Cope pide la abdicación del Rey. "No estoy de acuerdo en ello, lo que ocurre es que eso entra dentro de la libertad de expresión".

- ¿Por qué no fueron los Reyes a Ceuta y Melilla cuando gobernaba el PP? "Hay que valorar las circunstancias. Lo importante es que ese viaje se ha producido, no si se ha tardado más o menos".

(www.elpais.com, 08/11/07)

3. EL PP DESAUTORIZA LA CRÍTICA INTERNA POR EL 11-M Y RECHAZA PASAR PÁGINA

El PP acogió con sorpresa y enfado el artículo publicado por la diputada popular en el Parlament Montserrat Nebrera en un periódico de Cataluña, una carta a Mariano Rajoy a cuenta de la sentencia del 11-M en el que la parlamentaria le recomendó "soltar lastre" y cerrar "la puerta" que une al partido "con el pasado". La misiva estaba acompañada por un artículo del diputado en el Congreso Jesús López Medel, que pedía que el fallo judicial sirva para cerrar toda controversia sobre los atentados.

La cúpula del PP optó por no exhibir su enojo y delegó en el PP catalán para que amonestara públicamente a la diputada catalana. "La dirección del partido no tiene nada que decir ni responder a Nebrera, salvo que la posición oficial sobre la sentencia del 11-M es la manifestada por Mariano Rajoy el miércoles y reiterada después por Eduardo Zaplana", aseveró uno de los colaboradores del presidente popular.

Mientras el PP intentaba obviar en lo posible a Nebrera y hacer hincapié en que lo relevante es lo ya dicho por Rajoy, esto es, que respeta la sentencia pero que hay que seguir investigando, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, intentaba poner puntos sobres las íes y subrayaba que el respeto y el acatamiento de los fallos judiciales deben ser una misma cosa. "En una sociedad democrática y un Estado de derecho como es el nuestro, las sentencias las dictan y las hacen ejecutar los tribunales. Los poderes administrativos y políticos lo que tenemos que hacer es, al margen de la obligación legal de acatarlas, mantener además el máximo respeto al trabajo que ha sido realizado por los jueces", estableció.

Pese a que los dirigentes del PPC ya están acostumbrados a los desafíos de Nebrera, su carta de en fue un puñetazo en el estómago de la cúpula, entre otras cosas porque deslució las jornadas de preparación del programa electoral, que se celebraron en Barcelona. Fuentes del PPC dan por hecho que Nebrera enterró con su escrito las opciones que tenía de figurar en la lista de las generales. El líder de los populares catalanes, Daniel Sirera, anfitrión del encuentro, vio como el artículo de Nebrera se convertía en el centro de los comentarios.

Sirera se mostró contundente cuando fue preguntado por la carta de la diputada a Rajoy. La acusó de "buscar protagonismo mediático" y subrayó que "no es aceptable" que vierta sus opiniones en los medios y no en los órganos del partido. El líder del PPC afirmó que las puertas están "abiertas para quien quiera entrar, pero también para quien quiera salir". Explicó que Nebrera no le avisó de la publicación del texto y dijo que aún no lo habían comentado: "Tengo intención de hablar con ella, como otras veces, para reiterarle que toda opinión es legítima pero que existen los cauces apropiados para emitirla en el partido". Sirera no precisó si Nebrera será castigada. Fuentes de la dirección lo descartaron. Entre otros dirigentes del PPC la indignación era supina. La mayoría opinaban que debe centrarse en su labor en el Parlament.

(www.elperiodico.com, 03/11/07)

4. LA FISCAL DEL 11-M CALIFICA DE "NAUSEABUNDA" LA ACTITUD DE LOS 'CONSPIRANOICOS'

Olga Sánchez, la fiscal de la Audiencia Nacional que investigó desde la misma mañana del 11 de marzo de 2004 los atentados que sacudieron Madrid, recuerda los ataques sufridos durante al proceso y arremete contra el PP y los autores de la teoría de la conspiración. En esta artículo califica de "repugnante, nauseabunda y mezquina" la actitud de estos políticos y "plumillas de estómago agradecido", que han tratado de desacreditarla y cuya investigación, a grandes rasgos, ha sido avalada por la sentencia.

En dicho escrito, la fiscal denuncia que las "instituciones del Estado que hemos participado en la investigación de lo ocurrido (Juez Instructor, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ministerio Fiscal) hemos soportado con mucho estoicismo el ataque virulento que diariamente se ha llevado a cabo por medios de comunicación de todos conocidos, que a la postre siempre obedecían intereses privados".

Olga Sánchez no tiene reparos en resaltar "los ataques procedentes de algunos representantes de la soberanía popular o aspirantes a ello, democráticamente elegidos en las urnas, eran del todo punto inadmisibles". Y añade que "más allá de apoyar a las instituciones del Estado que trabajan por y para todos los españoles, estos representantes de la soberanía han tenido una visión minúscula y partidista de la labor que hemos realizado".

Tampoco se olvida de los medios sensacionalistas, que han publicado durante estos tres años falsedades desmontadas por los hechos y por la sentencia. Se trata, para la fiscal Sánchez, de periodistas "que han escrito o hablado a través del micrófono, sobre aspectos de la investigación que pueden calificar de insultantemente espurios, con un interés crematístico ilimitado, con pretensiones de moralidad cuando ignoran el significado de esa palabra, con un desconocimiento preocupante de los datos jurídicos que alegremente utilizaron". Y añade, "son habladores o 'plumillas de estómago agradecido' que han hecho bandera del insulto y la descalificación hacia algunos de los que hemos tenido el honor de servir a nuestros conciudadanos".

El artículo continua echando mano al refranero español: "El tiempo pone a cada uno en su sitio, y da y quita razones". Y alude a la sentencia dictada por el Tribunal el 31 de octubre para confirmar este hecho. "Ha sido algo absolutamente repugnante, nauseabundo y mezquino", sentencia la fiscal. Olga Sánchez termina recordando a a los que ya no están, "que no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no los olvidemos". Y concluye que el trabajo de los jueces, agentes y funcionarios "siempre merecerá la pena, aunque ni siquiera, ante tanto exabrupto, nuestros propios compañeros -en mi caso sólo de escalafón-, algunos asociados, se hayan acordado de nosotros".

(www.cadenaser.com, 07/11/07)

5. CATALUÑA: ANTICORRUPCIÓN QUIERE INTERROGAR COMO TESTIGOS A FERNÁNDEZ TEIXIDÓ Y DAVID BONET, EN RELACIÓN CON LA MAFIA RUSA

El primero es diputado de CiU en el Parlament y el segundo fue subdelegado del Gobierno en Barcelona con los gobiernos del PP La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que cite a declarar al diputado de Convergéncia i Unió Antoni Fernández Teixidó y al que fuera subdelegado del Gobierno del PP en Barcelona, David Bonet, en calidad de testigos, para que expliquen qué relación mantenían con el considerado número tres de la mafia rusa, Malchas Tetruashvili.

El fiscal quiere saber si Teixidó y Bonet conocían las actividades financieras presuntamente delictivas del considerado por la policía capo de la mafia rusa. El juez Fernando Andreu instruye desde el 2005 el sumario de la denominada Operación Avispa contra la cúpula mundial de la mafia rusa afincada en Barcelona.

En este sumario aparecen documentos que relacionan al diputado Fernández Teixidó con el presunto mafioso, incluido un contrato de asesoría financiera que suscribió Teixidó con el holding empresarial de Malchas Tetruashvili. El fiscal pide que Teixidó declare en calidad de testigo y también pide la declaración de quien fuera subdelegado del gobierno en Cataluña David Bonet. Según se desprende del sumario, el que fuera secretario general de la Subdelegación, Eduardo Planells, concedió permisos de residencia a presuntos colaboradores de Tetruashvili con el conocimiento de quien entonces, en el año 2002, era su jefe directo David Bonet.

El fiscal busca aclarar si desde la Delegación del Gobierno se amparó de alguna manera a la mafia rusa. Por ello pide de nuevo también la citación de Malchas Tetruashvili e incluso solicita al juez Andreu que someta a Fernández Teixidó, Bonet y al presunto capo mafioso a un careo.

(www.cadenaser.com, 06/11/07)

6. GALICIA: LA FISCALÍA SOSPECHA QUE HUBO UNA ESTAFA EN LA CIDADE DA CULTURA DURANTE EL GOBIERNO DEL PP

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001.

Ahora se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato Converxencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras. La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.

La denuncia fue archivada. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.

La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman.

El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa.

"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%.

(www.publico.es, 07/11/07)

7. GALICIA: FRAGA NO SABE, NO CONTESTA

Fraga ejerciendo de gallego en el Parlamento de los gallegos. Sucedió por la mañana. Comparecía ante la comisión que investiga el polémico proyecto de la Cidade da Cultura y repartió su discurso entre la ironía, el despiste, y su defensa. Con gesto firme, ironizó primero sobre el apelativo de "mausoleo" que la entonces oposición política le dio al proyecto cuando comenzaba a gestarse. El hombre que dirigió la Xunta durante 15 años, el gran inspirador de la Cidade da Cultura, salpicó su discurso de anécdotas históricas y de menciones a Fernando VI, el arzobispo Xelmírez y hasta Calderón de la Barca.

Fraga presidía Galicia cuando todo comenzó, y resultaba imprescindible la información que pudiese aportar sobre la Cidade, que era uno de proyectos los más emblemáticos de su gabinete, en términos políticos y presupuestarios. Lo era cuando la Cidade iba a costar 108 millones de euros -año 2000- y lo era en 2005 cuando los populares habían licitado obras para este proyecto por 284 millones.

Según la última estimación oficial, el gasto superará al final los 370 millones."Un sueño""Cuando se desarrolla un sueño, hay que ser decidido y tirar para adelante", dijo Fraga sobre la desviación presupuestaria. Y esa afirmación fue, además, una de las pocas en las que se refirió, con mayor o menor claridad, a la desviación presupuestaria. También señaló que era "difícil" prever "lo que iba a costar" un proyecto de tal envergadura, o que desde el primer momento "la obra podía irse ampliando".

El senador del PP dejaba también sin responder una de las preguntas más repetidas por PSdeG y BNG: la diferencia entre el coste estimado y el realmente ejecutado. Y otra más: las adjudicaciones de las obras y los contratos obtenidos por empresas de ex altos cargos del PP. Quiso distanciarse con el proyecto: aseguró que no intervino "especialmente" en su desarrollo y que dejó a los conselleiros de Economía, José Antonio Orza, y de Cultura, Jesús Pérez Varela, que trabajasen sin interferencias.

(www.publico.es, 07/11/07)

8. GALICIA: LA XUNTA PARALIZA EL EDIFICIO EN EL HUMEDAL QUE RECALIFICÓ TELMO MARTÍN

Augas de Galicia ha decretado la paralización del polémico edificio en un humedal de Sanxenxo en terrenos que pertenecieron al ex alcalde Telmo Martín, actual presidente local del PP en Pontevedra. La inmobiliaria Construcuatro, de la que Martín posee el 33%, compró cuando éste ya era alcalde fincas en una zona de humedal por 600.000 euros.

Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan General que incrementó su edificabilidad, la empresa las vendió por 2,8 millones de euros. Pese a la orden del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la constructora sigue adelante con las obras.

La paralización de los trabajos constructivos tiene fecha del 19 de septiembre y está justificada por la inexistencia de la preceptiva autorización. Pero las obras siguen adelante, ya en su fase final. Se trata de un centenar de pisos de lujo en primera línea de la playa de Portonovo, en el municipio turístico con los precios inmobiliarios más altos de Galicia. Las fincas afectan a los canales de los ríos Valiejos y Baltar, por lo que fueron denunciadas por los vecinos, que ahora solicitan a la sucesora de Martín en la alcaldía, Catalina González, que anule las licencias.

La asociación de vecinos de Portonovo presentó alegaciones al plan por el que se urbanizó la zona, en las que reclamaba que no se autorizara ninguna edificación en el humedal de Baltar "mientras no exista un informe que garantice que no aumenta el riesgo de inundaciones" en la zona. Además del valor ecológico del humedal, los vecinos argumentaron que las obras no respetan el derecho de servidumbre del río Valiejos. La urbanización de Baltar está salpicada desde su inicio por la controversia. Construcuatro adquirió entre noviembre de 2000 y febrero de 2004 tres fincas escrituradas como rústicas, que el Plan General que impulsó Telmo Martín clasificó como suelo urbanizable. Ya con el nuevo planeamiento, la inmobiliaria del entonces alcalde vendió las fincas por 2,78 millones de euros a Construziona, propiedad de Ramón y Eladio Cuiña Crespo, hermanos del ex conselleiro José Cuiña.

Antes de que entrara en vigor el nuevo plan, las normas que regían en Sanxenxo admitían una edificabilidad en la zona un 16,6% inferior a la actual. El caso ha llegado al Juzgado número 2 de Cambados, que abrió diligencias previas por presunto delito de ordenación del territorio y negociación prohibida a funcionario. El juez llegó a paralizar las obras el pasado 2 de diciembre.

(www.elpais.com, 05/11/07)

9. GALICIA: INAUGURADO UN CAMPO DE GOLF ILEGAL EN UN PARAJE DE MASIDE

El campo de golf ilegal promovido por familiares y socios de Benigno Álvarez cuando era alcalde de Maside por el PP se inauguró con un partido de aficionados, informa Cristina Huete. El campo ocupa diez hectáreas de un espacio protegido junto al paraje natural Pozo do Lago, calificado por Patrimonio como zona minero romana y declarado "ilegal" e "ilegalizable" por Política Territorial. La Confederación Hidrográfica abrió expediente de sanción a los promotores porque captaron agua poniendo en peligro la laguna de Vilaboa. El actual alcalde, el socialista Celso Fernández, confirmó que el campo carece de licencia de actividad.

(www.elpais.com, 04/11/07)

10. GALICIA: CONDENAN AL ALCALDE DE A LAMA POR UNA AGRESIÓN EN EL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra ha impuesto dos multas de 300 euros por una falta de maltrato y de 225 euros por una segunda falta de injurias leves. De este modo, si bien la sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial, se considera acreditado que el regidor agredió a un simpatizante socialista en la pegada de carteles que daba el pistoletazo de salida a la última campaña electoral municipal.

Según la resolución judicial, "se declarara expresa y terminantemente probado" que, alrededor de las doce y media de la noche del pasado 11 de mayo, la víctima, acompañada por su hijo -número tres por las listas socialistas- y por el candidato del PSOE a la alcaldía de A Lama, estaban pegando carteles en la Alameda de este municipio.

En un momento dado, fueron observados por el líder popular, Jorge Canda Martínez. El alcalde, al considerar que no respetaban el 66% del espacio que correspondía al PP, les recriminó enfurecido su acción, al tiempo que profirió improperios del estilo de "hijo de puta", "cabrón" o "muerto de hambre". Asimismo, "propinó un empujón en el pecho" a la víctima "sin causarle menoscabo de su integridad física".

Los testimonios, tanto de los denunciantes como de los testigos y del regidor municipal de A Lama, fueron determinantes para que el juzgado concluyera que Jorge Canda había agredido e insultado al denunciante. En este punto, la sentencia recoge que el alcalde, aunque negó haber golpeado a la víctima, sí que reconoció que se había producido un altercado y el enfrentamiento "con pequeños insultos entre todos".

(www.lavozdegalicia.es, 06/11/07)

11. ANDALUCÍA: TORREMOLINOS SE ENFRENTA A UNA MULTA DE BRUSELAS POR EL VERTEDERO

Tras cuatro años de tira y afloja entre la Delegación de Medio Ambiente de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos respecto a la legalidad del vertedero municipal, la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo, que podría terminar en sanción, sobre el basurero por vulnerar la normativa comunitaria en cuanto al tratamiento de residuos y por no cumplir con las condiciones de seguridad medioambiental pertinentes. Torremolinos es el único municipio malagueño que mantiene un basurero al aire libre tras la reiterada negativa de su alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), de acogerse al Plan Director de Residuos Urbanos aprobado en 1998. Este plan ha concluido con el sellado de 101 vertederos en la provincia. Todos, menos el de Torremolinos. El expediente se ha abierto después de que Bruselas solicitara a España un informe sobre los vertederos que no cumplen la normativa europea.

La Junta remitió los informes requeridos por la Comisión Europea. El delegado de Medio Ambiente en Málaga, Ignacio Trillo, explica que "la Junta nunca ha considerado legal este vertedero y desde el año 1991 ha solicitado su cierre en reiteradas ocasiones". Trillo asegura que informes de la Confederación Hidrográfica del Sur señalan las "graves consecuencias" medioambientales que supone este vertedero. "Justo debajo de la basura hay un acuífero que da agua potable a Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre y el suelo que hay sobre él es permeable, por lo que la basura puede llegar hasta el agua y provocar un grave problema de salud para los vecinos". Este extremo es impugnado por el Ayuntamiento de Torremolinos, que asegura tener informes del mismo organismo que niegan cualquier riesgo.

Las llamadas de atención para que sellase este basurero se intensificaron a partir de 2003, año en el que la Junta destinó a Torremolinos una partida de 1,2 millones de euros para sellar el vertedero. "Ese dinero se tuvo que devolver ante la cerrazón del alcalde, que llegó a decir en pleno que antes de cerrar el vertedero crearía su propia planta de tratamiento de residuos", recuerda Juan Ortuño, secretario general del PSOE en Torremolinos.

El delegado de Medio Ambiente confía en que el Juzgado de Torremolinos no admita a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la orden de clausura ordenada por la Junta el pasado mes de junio, orden que se suma a otra expedida en 2003 y que acabó en denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente por su incumplimiento. "Hemos pedido al juzgado que no admita a trámite el recurso y nos deje presentar las medidas cautelares para el cierre antes de que se llegue al fondo de la cuestión, porque llegar hasta el final puede traer graves consecuencias por contaminación en el agua potable del acuífero. No se entiende que no se pueda resolver una situación como ésta de forma rápida y sencilla", explica Trillo, quien cree que, en caso de sanción por Bruselas, la multa "debería extraerse de los presupuestos que se destinen a Torremolinos".

(www.elpais.com, 03/11/07)

12. ANDALUCÍA: IMPUTADO UN EDIL DE TARIFA POR AMENAZAR A SU ESPOSA

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) José María González quedó en libertad provisional, después de prestar declaración en el juzgado especial sobre violencia de género de Algeciras (Cádiz) imputado de un presunto delito de amenazas e insultos a su esposa. El juzgado dictó, además, una orden de alejamiento hasta que se celebre el juicio, fijado para el próximo día 18 de diciembre.

El concejal fue detenido por la Guardia Civil el lunes y pasó a disposición judicial a raíz de la denuncia cursada por su mujer por presuntas amenazas e insultos. González ya fue condenado por "insultos y amenazas a un agente de la autoridad" tras un juicio celebrado el pasado año. Fuentes del PP calificaron la imputación como "un hecho meramente personal y privado" y aplazaron cualquier decisión sobre el futuro político del edil "hasta que no se emita una sentencia firme".

(www.elpais.com, 07/11/07)

13. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE: "EN EL PP ME CONSIDERAN LA LIDERESA NACIONAL"

La presidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que esta formación está "volcada" en ganar las elecciones generales de marzo y que, como "parece" que en su partido la consideran la "lideresa nacional", tomará parte activa en la campaña electoral nacional para conseguirlo. Aguirre ha hecho estas declaraciones después de presidir hoy el Comité Ejecutivo regional del PP de Madrid, al ser preguntada por los periodistas sobre su colaboración en la campaña electoral que protagonizará el líder popular, Mariano Rajoy, para tratar de gobernar en España los próximos cuatro años.

La presidenta se ha referido también a la composición de la lista electoral con la que concurrirán los populares a los comicios generales de marzo y ha vuelto a insistir en que su carácter "discilinado" le impide hablar de este asunto antes de que "lo diga" Rajoy, lo que sospecha que no sucederá hasta después de Navidades. Pero, ha confirmado que tendrá una participación muy activa en la campaña electoral del PP y que sus colaboradores están haciendo "encaje de bolillos" para tratar de "cuadrar" su "durísima" agenda como presidenta de la Comunidad de Madrid con los actos de partido que se celebren por toda España.

Ha recordado que últimamente ha participado en mítines de precampaña del PP en algunas regiones españolas, como Cataluña o Melilla, que tiene previsto desplazarse para este mismo fin a Alava, Andalucía, Murcia o Valencia y ha insistido en que todo esto lo hará "sin merma" a la "dedicación" que debe prestarle a la Comunidad de Madrid.

(www.elpais.com, 07/11/07)

14. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN SOBRE LA 'LIDERESA' AGUIRRE: "¿DE VERDAD HA DICHO ESO?"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha eludido entrar de frente a valorar las declaraciones pronunciadas por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en torno a que es "lideresa nacional" del PP. 

El alcalde Madrid, sin embargo, ha optado por utilizar un tono cínico al replicar a la pregunta de que si Aguirre se siente la "lideresa nacional" del Partido Popular él sería el "lidereso" con otra pregunta: "¿De verdad dijo eso?".

(www.publico.es, 08/11/07)

15. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE ACUSA A CANAL SUR DE EJERCER "ESTALINISMO PURO Y DURO"

Esperanza Aguirre, respondiendo a una pregunta en la Asamblea de Madrid, contra las televisiones autonómicas de Cataluña (TV3), Galicia (TVG) y Andalucía (Canal Sur) y acusó a la dirección de esta última de ejercer un "estalinismo puro y duro", en referencia al programa debate Mejor lo hablamos sobre la memoria histórica, en el que las inaceptables declaraciones de Nacho Villa obligaron a Fernando Delgado a abandonar el plató, junto con María Antonia Iglesias y Rosa Regàs.

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, un ejemplo de ese "estalinismo" de Canal Sur fue lo ocurrido recientemente en un debate en esa cadena sobre la memoria histórica, en el que tres de los participantes -Rosa Regàs, María Antonia Iglesias y Fernando G. Delgado- se "levantaron" y "se fueron" del programa.

Lo que no contó Aguirre es que tanto Rosa Regàs como Mª Antonia Iglesias se retiraron del programa en solidaridad con el periodista Fernando Delgado de la cadena SER, emisora radiofónica que fue calificada por el director de informativos de la COPE, Nacho Villa, como "la emisora de los terroristas suicidas".

Preguntado sobre la descalificación de Aguirre contra la cadena autonómica andaluza, el escritor y periodista Fernando Delgado ha afirmado que "si la presidenta Aguirre, oído lo que ha oído, y la calificación que hacía el director de informativos de la COPE sobre la SER, entiende que cualquier reacción ante el debate imposible es estalinismo, yo también puedo tener mi propio criterio de la señora Aguirre al defender los criterios, las ideas y los comportamientos que ella defiende". "Creo que con Stalin o sin él, la señora Aguirre –que se olvida de Franco con frecuencia, pero que parece inspirarla- se define a sí misma", afirmó finalmente el periodista Fernando Delgado.

Además de la descalificación contra Canal Sur, Aguirre acusó a la dirección de TV3 y de TVG de "ineficacia" y "sectarismo", y ha destacado que en Televisión Española (TVE) "los errores siempre van contra el PP". Por el contrario, la presidenta expuso propagandísticamente su cadena como ejemplo, pues "Telemadrid tiene la programación de más calidad y de mayor pluralismo en todos sus programas de debate", y es la televisión autonómica que "menos dinero cuesta a los contribuyentes".

(www.elplural.com, 04/11/07)

16. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO ADJUDICÓ UNA OBRA PÚBLICA A EMPRESA VINCULADA CON SONORO CASO DE CORRUPCIÓN

Las obras del palacio de Justicia de Navalcarnero se encuentran paralizadas desde el pasado verano porque la empresa adjudicataria, Mazotti, se encuentra en quiebra y controlada por un administrador nombrado por un juez. Según una denuncia presentada por el PSM, esta quiebra es la consecuencia de la detención del director gerente de la empresa, Alejandro Navarro Miñón, por su implicación en casos de corrupción como el de Telde (Tenerife).

Recordamos que este empresario fue arrestado en marzo de 2006 por dicho caso, mes en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid licitó la obra del Palacio de Justicia de Navalcarnero, proceso que culminó con la adjudicación definitiva en junio de 2006 a la empresa Mazotti. El portavoz socialista de Justicia, diputado regional Javier Gómez, criticó la "falta de control" del Gobierno regional en este proceso, y criticó que esta infraestructura "evidentemente no estará lista en la fecha prevista de febrero de 2008", sin que el Gobierno regional haya adoptado medidas para subsanar dicha situación.

Gómez señaló que los nueve palacios de Justicia que figuran en el programa electoral del Partido Popular "no son ninguna novedad, son compromisos adquiridos por el Gobierno regional la pasada legislatura que, debido a la gran lentitud de su ejecución, no estarán en funcionamiento antes de 2009, incluso algunos no estarán en uso antes de la próxima legislatura". Dio el ejemplo del Palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial, cuyo proyecto arquitectónico fue presentado recientemente a pesar de que ya figuraba su construcción en los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2003.

Otro ejemplo "de retraso flagrante" es el de la infraestructura judicial más ambiciosa del Gobierno regional, el Campus de la Justicia, cuya finalización, según el diputado, no será realidad hasta 2011. "Todo esto demuestra que la construcción de infraestructuras judiciales no es ninguna prioridad para Esperanza Aguirre, que es capaz de terminar otras infraestructuras en una legislatura, mientras los palacios de Justicia van a un ritmo excesivamente lento, con lo que demuestra que no tiene ninguna prisa, que la mejora de las instalaciones de la administración de Justicia no son una prioridad, a pesar de que es una de las competencias en esta materia que tiene", asegura Gómez.

Sin embargo, el caso más flagrante es el del Palacio de Justicia de Navalcarnero -que también aparecía en el programa del PP de 2003- cuyas obras están paralizadas desde el pasado verano porque la empresa adjudicataria, Mazotti, se encuentra en quiebra desde esas fechas, siendo administrada desde el pasado mes de septiembre por un administrador nombrado por un juez. Esta quiebra está relacionada con la implicación del director gerente de Mazotti, Alejandro Navarro Miñón, con el caso de cobro de comisiones ilegales en el municipio tinerfeño de Telde. Esta persona fue detenida el pasado mes de julio por este asunto, arresto que estuvo precedido por otro con la misma causa en marzo de 2006. "Es precisamente en ese mes cuando la Comunidad de Madrid licita las obras de la sede judicial de Navalcarnero por valor de 6.793.558,56 euros, proceso que culminó con la adjudicación definitiva de la obra el 19 de junio de 2003 a Mazotti por valor de 5.335.660,89 euros", informa Gómez.

Según el pliego de condiciones de la adjudicación, las obras deberían estar finalizadas en 20 meses, es decir en febrero de 2008, "pero están paralizadas por la falta de control del Gobierno regional y del consejero Alfredo Prada, que no reaccionó ante un caso de corrupción de alcance nacional, no hubo cautelas en el proceso de adjudicación de la obra cuando la empresa ya estaba envuelta en los escándalos, con las consecuencias que podrían derivarse de esta situación, como la quiebra de la empresa, hecho que finalmente ha ocurrido", denuncia el diputado Javier Gómez.

El legislador socialista recuerda que el Director General de Modernización de Infraestructuras de la Administración de Justicia, Miguel Jiménez de Córdoba, reconoció el pasado 3 de octubre, durante una comparecencia en comisión parlamentaria, que el contrato con Mazotti no se había rescindido a pesar de sus implicaciones con el caso de corrupción de Telde y su quiebra.

(www.madridigital.info, 05/11/07)

17. COMUNIDAD DE MADRID: 24 MILLONES PARA LOS 1.100 ELEGIDOS A DEDO

El número de altos cargos municipales de libre designación se ha disparado de los 483 en 2002 a 1.100 este año. El Gobierno municipal reconoce que han sido nombrados, pero niega que tengan responsabilidad política y afirma que la cifra es de sólo 369 El alcalde de Madrid ya ha conformado su propio club en el Ayuntamiento, el de los 1.100. Requisitos, cobrar un sueldo de las arcas públicas y haber sido elegido a dedo: para ostentar ese cargo no ha sido necesario que se haya superado un concurso público.

El número de altos cargos municipales se ha disparado en los últimos años. Mientras que en 2002 su número no superaba los 500, concretamente eran 483, en 2007 esta cifra se dispara hasta los 1.100. El incremento, según denuncia el PSOE, es del 127%. Estos cargos son de órganos directivos y eventuales de libre designación.

Un año después de que llegase Gallardón a la Alcaldía, la cifra pasó de los 483 en 2002 a 925, incrementándose un 91,51%. Tres años después las cifras no han dejado de subir y desde esa fecha hasta 2007, la subida ha sido del 36,2%.

Para poder sostener a los nuevos trabajadores de libre designación ha sido necesario incrementar el presupuesto. Así, mientras que en 2002 hubo un gasto de 6.543 millones, en 2008 está previsto que esa cifra supere los 24 millones. Concretamente, 24.373.019. Los datos de gasto salen de la liquidación de la Cuenta General, es decir, de lo que el Ayuntamiento paga y no paga en nuevas o antiguas partidas presupuestarias. Las cifras hasta 2006 salen de la Cuenta General, es decir, dinero que se ha gastado, mientras que el dato de 2008 es una previsión de gasto del presupuesto previsto para el próximo año. El incremento entre 2002 y 2008 es de un 272,49%.

La mayor subida se produjo entre 2004 y 2005, periodo en el que el gasto se incrementó en un 75%. Los cargos directivos de libre designación se llevaron, en 2004, 13.468.803 euros de las arcas municipales. En 2005, la cifra ascendió a los 18.159.404 euros. Desde 2002, la subida media ha rondado el 50%. El año que menos subió fue el que discurrió entre 2005 y 2006, con apenas un 21% de subida. Es decir, que se pasó de 18.159.404 euros a 19.425.602.

La discrepancias entre el Gobierno municipal y la oposición es dónde situar la frontera de los cargos directivos. El PSOE lo tiene claro: "todo aquel que llegue a un cargo sin haber concurrido en una oferta pública de empleo", precisa su portavoz, David Lucas.

De esta forma, mientras que anteriormente, según denuncian los socialistas, había tres niveles de altos cargos: concejal de Gobierno, director de Servicios y Jefatura de Departamento, ahora esa cifra se duplica. Es decir, hay siete niveles: concejal de Gobierno, coordinador general, Secretaría general Técnica, director general, subdirector general, Jefatura de Servicio y Jefatura de Departamento.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, aclara que los ediles estarían fuera de esta categoría, ya que son elegidos por los ciudadanos. Eso sí, admite que los cargos dados por el PSOE son de libre designación aunque niega la mayor. "No tienen ningún tipo de responsabilidad ni confianza política como puede haber en un director general", precisa. Ahí es donde se establece el límite, "por debajo del director general su nombramiento es de carrera. Es administración".

En total, Bravo asegura que el Consistorio tiene 116 altos cargos, sobre una plantilla de 31.000 personas y 253 cargos de confianza de personal eventual, que no tienen función directiva. "El día que yo cese, sin acto administrativo expreso, se irán. La pregunta es cuántos altos cargos tiene Zapatero... Yo no lo voy a hacer. Soy funcionario y he tenido nivel 28 con un Gobierno del PSOE y no me consideraba un cargo de confianza".

(www.elmundo.es, 06/11/07)

18. COMUNIDAD DE MADRID: EL CONSISTORIO ELEVA EL 60% LAS AYUDAS A UNA ONG VINCULADA AL PP

Ayuntamiento de Madrid ha elevado un 60% su aportación económica a la Fundación Humanismo y Democracia. Esta ONG, vinculada al PP, estaba presidida hasta mayo por la concejal de Servicios Sociales de Madrid, Concepción Dancausa. La ex presidenta de la Asamblea, ahora en el Gobierno municipal, es la responsable de autorizar las subvenciones. De hecho, firmó el decreto que las concede.

La fundación fue acusada por la fiscalía de Navarra de cometer irregularidades para justificar proyectos de cooperación, le obligó a devolver dinero y trasladó la investigación a Madrid. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ordenó en 2004 fiscalizar todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. El resultado fue un informe que no aclaraba si Humanismo y Democracia había gestionado las subvenciones con transparencia.

La auditora privada Agroconsulting ha realizado este año para el Ayuntamiento un informe sobre las solicitudes de ayudas para planes de cooperación que llegan al Consistorio. La empresa ha propuesto que el plan para la "mejora de la capacidad participativa de los habitantes de San Pedro de Quemes, Colcha y San Agustín" presentado por Humanismo y Democracia se lleve 386.418, euros, un 60% más que el año pasado. La Concejalía de Asuntos Sociales es responsable de conceder las subvenciones a través de la Dirección General de Inmigración y Cooperación, que dirige Laura López de Cerín-Salsamendi. Ésta ha aprobado la subvención para la ONG que dirigía su jefa.

Con esta decisión, el Ayuntamiento pagará a Humanismo y Democracia 145.438 euros más que en 2006. Con esta cantidad la fundación se sitúa como la segunda que más dinero recibe de las arcas públicas municipales, tras Ayuda en Acción. Dancausa se incorporó al Ayuntamiento en junio de 2007, tras las elecciones municipales. Entonces abandonó la presidencia de la fundación. Éste es el año que más dinero recibe la fundación desde 1995. En los últimos 12 años, ha recibido cerca de cuatro millones de euros.

El edil socialista Óscar Iglesias reclamó que se aclaren ya todas las denuncias que recaen contra Humanismo y Democracia. "Esta organización ha justificado inadecuadamente algunos gastos". Y agregó: "Entre 1995 y 2004, la ONG ha sido beneficiaria de 12 programas de subvención, que están repletos de irregularidades, documentación incompleta, justificaciones de gastos amañados...".

Un portavoz municipal aseguró que la subvención que el Ayuntamiento entregará a la fundación corresponde a proyectos aprobados antes de que llegara Dancausa al Consistorio, pero reconoce que la edil firmó el decreto que autoriza el cobro de las ayudas. "Esta ONG no está implicada en ningún caso de irregularidad, como lo han demostrado los informes de los auditores independientes", puntualiza.

Otra auditora contratada por el Ayuntamiento para fiscalizar los proyectos reveló que Humanismo y Democracia recibió dinero en 2000 para levantar 100 casas para los afectados del huracán Mitch en Honduras. Tres años más tarde sólo estaban levantadas 47 casas. La fundación presentó un documento justificando que todas las viviendas estaban terminadas.

(www.elpais.com, 07/11/07)

19. COMUNIDAD DE MADRID: EL SUPREMO CONDENA AL AYUNTAMIENTO POR NEGAR UNA AUDITORÍA AL PSOE

Varapalo jurídico para el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Supremo ha condenado al Consistorio de la capital a entregar una auditoría sobre el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE) a la edil socialista Isabel Vilallonga, que la solicitó en 2001 tras descubrirse irregularidades en los cursos de formación de este organismo. La concejal, que pidió el informe en tiempos del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), se mostró "muy contenta" con el fallo, ya que reconoce la labor de control que tienen los partidos de la oposición.

El llamado caso IMEFE se encuentra ahora pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de acusación contra el entonces director de este organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid, Ricardo Peydró Blázquez, y el director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate.

El fiscal reclama para cada uno de ellos nueve años de cárcel por el escándalo de las adjudicaciones de cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que se falsificaron las firmas de los supuestos asistentes. Vilallonga solicitó en mayo de 2002 al Ayuntamiento el acceso a la mencionada auditoría, pero se le denegó. La concejal presidía entonces la comisión que investigó este caso en 2001, que saltó a la luz pública tras varias denuncias presentadas por su grupo y por IU.

La sentencia, fallada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y cuyo ponente ha sido el magistrado José Díaz Delgado, reconoce que a la edil Vilallonga "le interesa el conocimiento del funcionamiento de dichos cursos, sobre los que posiblemente tendrá que decidir en el futuro". Y se basa para ello en el artículo 23.2 de la Constitución española y en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la cual los integrantes de una corporación "pueden obtener informes que efectivamente obren en poder de la entidad local [el Ayuntamiento] y que resulten precisos para el desarrollo de su función". En caso contrario, sería "una violación del derecho de participación de los cargos públicos".

(www.elpais.com, 06/11/07)

20. COMUNIDAD DE MADRID: EL HIJO DEL JEFE DE MOBILIARIO URBANO TRABAJÓ EN LA FIRMA DE LOS CHIRIMBOLOS

El contrato de los 899 chirimbolos con los que el Ayuntamiento está sembrando Madrid sigue creando incertidumbres. El Consistorio adjudicó el 12 de septiembre de 2006 la concesión de los polémicos artefactos a la unión de empresas Clear Channel-Cemusa, una empresa que ofrecía 73 millones menos que su principal competidora, la multinacional Viacom. El diseño del pliego de condiciones primó otros aspectos de las ofertas por encima del importe que ofrecían, y ni siquiera evaluó el diseño e impacto ambiental de Viacom. El Ayuntamiento reconoció que era la primera vez que utilizaban un pliego de esas características.

El jefe de Mobiliario Urbano, Juan José Fernández-Villa Medina, que participó como vocal técnico en la elaboración del pliego de condiciones y en la adjudicación, tenía vínculos con la empresa ganadora. Su hijo, Juan José Fernández-Villa Blanco, trabajó en Clear Channel, la firma que se adjudicó el contrato, durante cuatro años, hasta mayo de 2005. "Tenemos un magnífico concepto de él", explica un portavoz de la empresa. "No hubo despido. No sabemos por qué se fue", añade. Otra fuente de la compañía asegura que Fernández-Villa ocupó un puesto directivo.

Clear Channel-Cemusa se adjudicó el contrato de explotación publicitaria en la vía pública y de mobiliario urbano de gran tamaño a cambio de 160 millones de euros, una oferta 73 millones inferior a la de su inmediato competidor, Viacom, filial de la multinacional CBS, que ofrecía al Consistorio 233 millones. Pero el Ayuntamiento consideró que dicha oferta "no era realista" y sí difícil de cumplir.

El jefe de Mobiliario Urbano ocupa el cargo desde el 15 de marzo de 2004. Antes era el segundo del área. El Ayuntamiento alega que no tenía por qué inhibirse del proceso, puesto que su hijo ya había abandonado Clear Channel. "La ley de incompatibilidades no obliga en estos casos a nada", explican fuentes municipales. Y ni se plantean repetir el concurso ni destituir al jefe de mobiliario urbano. "La mesa de adjudicación es un órgano colegiado y no podemos pedir a todos los funcionarios la relación que tienen con las múltiples empresas con las que trabaja el Ayuntamiento", explican las mismas fuentes.

Juan José Fernández-Villa formaba parte de la mesa de contratación del concurso. Además, su firma aparece en la conclusión de la valoración de las ofertas. El 26 de febrero de 2006 es el único firmante del documento donde se especifican las condiciones técnicas que deben cumplir las ofertas.

La adjudicación de la publicidad a Clear Channel-Cemusa fue el 12 de septiembre de 2006, aunque el concurso se hizo público el 27 de febrero. Estas fechas no coinciden con las que el hijo del responsable de Mobiliario Urbano estuvo trabajando en la concesionaria. Pero las decisiones municipales para iniciar este tipo de expedientes comienzan con meses de antelación. Y más cuando el contrato de las pantallas de información y publicidad estaba en el aire desde que en 2003 el Ayuntamiento canceló el adjudicado a JCDecaux. Las empresas del sector esperaban que se convocara el nuevo contrato.

La relación del Ayuntamiento con Clear Channel no comienza con los chirimbolos. Fue la adjudicataria de un contrato anterior para publicidad en cerramientos de obra y vallas. Clear Channel tiene un capital social de 945.000 euros, que tuvo que ampliar en septiembre de 2005, porque estaba en riesgo de quiebra, según asegura la empresa que audita sus cuentas, Ernst&Young. Desde su formación, en 2000, sólo ha cosechado pérdidas. En 2005 registró unos números rojos de 9.412 euros.

(www.elpais.com, 08/11/07)

21. COMUNIDAD DE MADRID: EL FICHAJE DE UN EX CONCEJAL POR UNA CONSTRUCTORA VULNERA LA LEY

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y miembro del comité electoral del PP regional Ignacio del Río vulnera la legislación al compatibilizar su función como registrador de la propiedad en San Fernando (Cádiz) y su puesto como consejero independiente en el grupo constructor Vemusa, del que forma parte desde esta misma semana.

Registradores y notarios están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional, que estudió un recurso contra la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El recurso fue presentado por otro registrador que quería ejercer como abogado. Las únicas excepciones que contempla la ley son la docencia universitaria y la pertenencia a empresas familiares.

La opción que Del Río tenía para cumplir la ley, según los registradores de la propiedad consultados, era solicitar la excedencia al Ministerio de Justicia. Fuentes de este departamento confirmaron que "el señor Del Río no ha solicitado la excedencia". El registro de San Fernando seguía funcionando con normalidad. Del Río tampoco abandonó su función como registrador cuando ocupó el cargo de concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, lo que ya fue denunciado en su momento por el PSOE.

Un portavoz del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España mostró su "sorpresa" por la nueva actividad privada de Del Río, aunque rehusó valorar el caso: "El Colegio no opina sobre las actividades extrarregistrales de sus colegiados. Las cuestiones sobre posibles situaciones de incompatibilidad corresponden al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado".

Preguntado sobre el desempeño de su nuevo cargo, Del Río afirmó que "la ley es interpretable y contempla excepciones", y añadió que "hay otros registradores que forman parte de consejos de administración". El fallo del Constitucional, sin embargo, establece con rotundidad que los "funcionarios públicos retribuidos con arancel" -notarios y registradores- están sometidos al régimen más estricto de incompatibilidades entre las limitaciones existentes para los funcionarios.

Ignacio del Río, madrileño de 51 años y licenciado en Derecho, fue tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en los mandatos de José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid. Del Río gestionó como edil operaciones que afectaban a 12.500 hectáreas y 100.000 viviendas, además de la ampliación del aeropuerto de Barajas y la construcción de los 4 rascacielos en la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El Grupo Vemusa tiene negocios en la promoción inmobiliaria, la hostelería y los campos de golf en España y Polonia. Entre ellos destacan dos promociones de viviendas situadas en las calles de Embajadores y en Méndez Álvaro.

(www.elpais.com, 03/11/07)

22. COMUNIDAD DE MADRID: EL ALCALDE DE MÓSTOLES CONTRATA A SU HERMANO COMO ALTO CARGO

El alcalde de Móstoles, Esteban Parro del Prado (PP), contrató el pasado junio a su hermano, Manuel Parro del Prado, como coordinador adjunto de limpieza de la ciudad. Lo hizo dentro de un paquete de nombramientos de cargos de confianza para la localidad, que incluía otros 24 nombres para diferentes departamentos y juntas de distrito municipales, y que llevaba la firma del propio regidor mostoleño.

El nombramiento se produjo apenas unas semanas después de constituirse oficialmente la nueva corporación municipal, en la que Parro repetía como alcalde, al haber reforzado el PP su mayoría absoluta y aumentar su equipo de gobierno de 14 a 16 concejales. El propio regidor justificó la contratación, que entró en vigor el pasado 1 de julio, en la "valía profesional" de su hermano, quien, según añadió, "ha realizado con anterioridad trabajos similares a éste en el sector privado".

Esteban Parro explicó que la designación de este alto cargo cumple los requisitos legales. "Esta persona cuenta con toda la confianza del gobierno de Móstoles", insistió. Además, Parro aseguró sentirse "muy orgulloso de la labor que está realizando" su hermano en su puesto, dependiente de la Concejalía de Limpieza de la ciudad. "Por ese motivo se nombra a un cargo de libre designación, porque va a realizar una buena labor", puntualizó, para añadir que su hermano "entra a trabajar a las ocho de la mañana y si tiene que estar hasta las diez de la noche, está".

Según indicó la federación local del Partido Socialista de Madrid, el puesto de coordinador adjunto de limpieza del Ayuntamiento de Móstoles lleva aparejado un sueldo bruto anual de 47.000 euros, dividido en 14 pagas. El Consistorio no confirmó este extremo, pero admitió que el sueldo del hermano del regidor "ronda esas cantidades".

"No se puede poner en duda la valía profesional de una persona por el simple hecho de ser familiar de un cargo público, en este caso de un alcalde", continuó Esteban Parro. "En ningún momento hemos querido ocultar el nombramiento, que se ha hecho con luz y taquígrafos", puntualizó. Además, el alcalde aprovechó para atacar a la oposición socialista, a la que tachó de "desleal" y de practicar la "bajeza política" por airear el caso de la contratación de su hermano en el Ayuntamiento.

(www.elpais.com , 06/11/07)

23. COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA: CAMPS Y VALCÁRCEL APELAN AL PP PARA QUE EL TRASVASE ESTÉ EN EL PROGRAMA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reconoció que tanto él como su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, han solicitado a la dirección nacional del PP que incluya en el programa electoral de Mariano Rajoy "el trasvase de agua del Ebro, el mantenimiento del Tajo-Segura y el [antiguo trazado del] Júcar-Vinalopó". Camps presentó anoche la conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia del presidente de Murcia. En la presentación, Camps reconoció que ambos han solicitado "tres" cuestiones que "el PP ha dicho que sí que incluirá en el programa electoral: la nueva demografía en el sistema de financiación autonómico; las inversiones en infraestructuras, fundamentalmente en el AVE que el Gobierno socialista ha desprogramado entre Alicante y Murcia; y las cuestiones de seguridad [ciudadana] que tantas veces hemos reivindicado".

Luego, en un intento fallido de darle énfasis, el presidente valenciano incluyó la cuarta cuestión que el PP, presumiblemente, incluirá en el programa de Rajoy: "La reivindicación y defensa del trasvase del Ebro, el mantenimiento del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó". Camps, igual que hizo Valcárcel, insistió en que cuando la Comunidad Valenciana y Murcia piden agua están "legitimados" por la gran inversión que han realizado ambas autonomías en la buena gestión de este recurso. El pronunciamiento de Camps sobre el trasvase del Ebro se produce después de que el Grupo Popular en el Congreso suprimiera una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2008 en la que reclamaba 600 millones de euros para la transferencia de agua de esa cuenca hacia la Comunidad Valenciana y Murcia.

Una decisión acompañada de explicaciones confusas.La contundencia con la que durante años se han expresado Camps y Valcárcel sobre el trasvase del Ebro y sus reivindicaciones hídricas ha dejado de ser tal. Tanto Camps como Valcárcel envolvieron sus declaraciones de perífrasis, símiles y otras figuras retóricas alejadas de la oración simple con sujeto, verbo y predicado. Esa que en la escuela se ejemplificaba con el Juan come patatas. Ambos presidentes autonómicos intentaron no pillarse los dedos, por si acaso, en el tema del agua. Tanto fue así, que Valcárcel relacionó la supresión de la enmienda sobre el Ebro con una reflexión sobre el papel que deben jugar el Gobierno y la oposición y los socavones en la línea de AVE Madrid-Barcelona. Todo para acabar concluyendo: "No pudimos ejecutar el Plan Hidrológico Nacional. Aspiramos a retomarlo en pocos meses".

De hecho, el agua no figura en el centro del frontispicio del PP valenciano y murciano por ahora en los inicios de esta larga precampaña de las elecciones generales. Camps aprovechó la presentación en la conferencia de Valcárcel para referirse al reconocimiento de la población real como criterio básico de la financiación autonómica, a las infraestructuras ferroviarias y a la seguridad ciudadana. Y Valcárcel, aunque tampoco pudo eludir la cuestión hídrica -"el agua no va a ser un obstáculo para el desarrollo de nuestras regiones en los próximos años, porque nos asiste la razón y porque así lo respaldan los distintos estudios de los que disponemos"-, prefirió poner el acento de su conferencia en las infraestructuras en materia de carreteras y ferrocarril. El presidente de Murcia colocó su región como bisagra del eje mediterráneo español y reclamó más carreteras de gran capacidad y el cumplimiento de los plazos del AVE.

(www.elpais.com , 06/11/07)

24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL EX MINISTRO POSADA RECONOCE QUE JUAN COSTA ASISTIÓ A LA REUNIÓN SOBRE NARANJAX

En un escrito enviado a la juez de Nules, Jesús Posada, ex ministro de Agricultura del gabinete de Aznar, admite que se reunió en julio de 1999 con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y con otros altos cargos del PP para abordar el retraso en las licencias de los productos fitosanitarios de Naranjax, el grupo empresarial de Vicente Vilar, según informó la Cadena Ser citando fuentes judiciales. La declaración de Posada deja en entredicho al ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, quien declaró a la jueza que no recordaba haber participado en una reunión sobre Naranjax.

La Audiencia Provincial de Castelló ordenó la declaración como testigos de Posada y de otros tres ministros de los gobiernos populares - Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa - para que dieran una explicación sobre las supuestas gestiones que Fabra realizó ante tres ministerios en favor de la empresa de Vilar. Tanto Posada como Cañete y Villalobos se acogieron a su derecho a declarar por escrito a las preguntas de los abogados de las partes, del juez y del fiscal, pero este trámite judicial ha tardado más de un año y medio en llevarse a cabo.

En su escrito, Posada dice que no recuerda ningún otro caso de políticos que mostraran tanto interés ante el ministerio por las autorizaciones de productos agrícolas y reconoce que mantuvo una reunión en julio de 1999, en su propio despacho, con Fabra, el entonces senador Miguel Prim y los diputados populares Juan José Ortiz y Juan Costa (después ministro de Ciencia y Tecnología). En la entrevista entre el ministro y los políticos de Castelló también estuvieron presentes altos funcionarios de Agricultura.

Posada admite que la reunión se celebró a instancia de Juan José Ortiz y que el objeto principal de la misma fue el Abac, el producto estrella de Naranjax. Finalmente el ministerio aprobó esta sustancia tras un polémico procedimiento administrativo que permitió su comercialización a Artemis 2000, la empresa que administraron las ex esposas de Vilar y Fabra. El ex ministro mantiene en su declaración que no recuerda si Fabra se interesó por otras empresas o productos en aquella reunión, e insiste en que es "inhabitual" que los políticos muestren tanto interés por los retrasos en los permisos fitosanitarios.

Según la versión de Posada, el entonces senador por Castelló Miguel Prim introdujo en la reunión el asunto de los fitosanitarios de Naranjax. Además, el ex ministro aclara que fue el mismo Prim quien le envió una carta en la que le rogaba celeridad en los trámites de aprobación del Abac. Respecto a esta misiva, Posada responde que no contestó a la misma por su carácter "poco pertinente".

Fabra, Vilar y sus ex esposas figuran como imputados en delitos contra la Administración Pública, así como otros seis altos cargos de los gobiernos de Aznar, entre ellos Prim y el ex director general de Agricultura Rafael Milán.

(www.levante-emv,com, 07/11/07)

25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA GENERALITAT MARGINA AL ZAPLANISTA RIPOLL EN EL REPARTO DE SUBVENCIONES A DIPUTACIONES

Las fidelidades se acaban pagando. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha optado por castigar en los presupuestos autonómicos para 2008 a la Diputación de Alicante, dirigida por el zaplanista José Joaquín Ripoll, y únicamente enviará a la corporación alicantina el 4,8% del dinero consignado para las tres diputaciones de la Comunidad, poco más de 1,4 millones de euros. La cantidad contrasta con lo que se llevará Castellón, el feudo de Carlos Fabra -uno de los grandes aliados de Camps-, a la que el Consell transferirá la mitad del dinero que la Generalitat tiene previsto remitir a las tres diputaciones.

Los datos, comprobados partida a partida, son elocuentes. De forma global, las tres corporaciones provinciales está previsto que reciban de las arcas autonómicas un total de treinta millones de euros, de los que únicamente un 4,8% -que suponen la citada cantidad de 1,4 millones- llegarán hasta las comarcas alicantinas. Al menos eso es lo que está consignado, a día de hoy, negro sobre blanco. Desigual reparto por habitante La institución provincial, concretamente, percibirá medio millón de euros para actuaciones en la red viaria provincial, una cifra sensiblemente inferior a la de años anteriores; otros 515.000 euros para hacer frente a la amortización y los intereses del plan de infraestructuras culturales de 1998, un programa inversor del que la Diputación adelantó en su momento la cuantía; 446.800 euros para el funcionamiento del Hogar Provincial; y, finalmente, 7.800 euros para colaborar en iniciativas de promoción del valenciano. Punto y final.

Los datos por población son, si cabe, más espectaculares todavía. Mientras la Diputación de Castellón recibirá de la Generalitat un total de 22,96 euros por habitante, la de Valencia se quedará en tan sólo 2,03 euros por vecino y la corporación que preside Joaquín Ripoll sólo conseguirá 0'80 euros por censado. Valencia sale bien parada Quedan pendientes de reparto otras tres líneas de ayuda -obras hídricas, mejora de instalaciones eléctricas y campañas sobre el Estatuto- para las diputaciones, dotadas con 10,4 millones, pero que están sin territorializar. Los socialistas pusieron el grito en el cielo. Los diputados Diego Maciá y Cristina Moreno denunciaron el "sectarismo" de Camps que no sólo, dijeron, "castiga" a Ripoll "sino a todos los alicantinos" .

(www.levante-emv,com, 07/11/07)

26. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SÍNDICA ABRE UNA INVESTIGACIÓN AL CONSELL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA

La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha tomado la iniciativa para poner algo de luz sobre la ley de la Dependencia, esa norma que debía ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que hoy, casi un año después de su entrada en vigor, es objeto de una batalla de cifras política y no ha supuesto cambios importantes en la vida de los posibles beneficiarios, que en 2007 son los grandes dependientes (personas que necesitan ayuda constante de otra para realizar las actividades básicas).

La Sindicatura ha decidido, a la vista del tiempo transcurrido, iniciar una investigación de oficio "al objeto de conocer el grado de cumplimiento" de la ley en la Comunitat Valenciana. Con este fin, envió el pasado 26 de octubre una comunicación al vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que ruega que en quince días le remita "información suficiente sobre la actividad llevada a cabo por la Administración valenciana para la implantación de la ley".

Caballero no se conforma con una petición genérica, sino que enumera una exhaustiva lista de datos a entregar. A saber: número de solicitudes de valoración del grado de dependencia recibidas desde el 1 de enero; cantidad de expedientes resueltos por mes; cifra de programas individuales de atención (PIA) elaborados; estructura administrativa creada para la evaluación y gestión de las ayudas emanadas de la nueva norma, y número de profesionales seleccionados para realizar los informes de valoración y los programas de atención.

Además, la defensora del pueblo valenciana sugiere alguna crítica a la actuación del Consell al exigir las razones por las que la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) contrató a una empresa el desarrollo y la puesta en marcha del sistema de atención de la dependencia. La Síndica recuerda que la ley establece en su artículo 28.6 que los servicios y la gestión de las prestaciones previstas en la norma "se efectuarán directamente por las administraciones públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto".

(www.levante-emv.com, 06/11/07)

27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL IMPIDE A 3 DIPUTADOS DEL PSPV ENTRAR EN EL PALAU DE LES ARTS

"Aquí no puede entrar cualquiera". Con estas palabras, el director general de Grandes Proyectos de la Generalitat, José Luis Villanueva, zanjó el intento de tres diputados socialistas de visitar las instalaciones del Palau de les Arts con el objeto de comprobar "los daños que ha sufrido el edificio después de las últimas inundaciones y saber qué se piensa hacer para que no vuelva a producirse", según declaró José Camarasa, diputado del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.

Camarasa se personó en la entrada del Palau de les Arts a mediodía de , acompañado de las también diputadas Cristina Moreno y Josefa Frau. Casi inmediatamente, el responsable de seguridad del edificio les indicó que no tenía "ninguna notificación" de su visita y que sólo podían acceder al recinto si iban a sacar entradas para las representaciones operísticas. Esa excusa utilizaron los parlamentarios para llegar a la zona de taquillas, donde requirieron la presencia de "una persona responsable" que les permitiera entrar en el recinto. Al no aparecer nadie, volvieron a salir a la calle.

Allí encontraron a Villanueva, dispuesto a deshacer el entuerto. En una breve conversación con Camarasa, Moreno y Frau, rodeados de periodistas y turistas despistados, el representante del Consell señaló que la solicitud del PSPV para visitar el Palau de les Arts no se ajustaba a "los términos jurídicos constitucionales". La conversación entre ambos políticos acabó con una frase de Camarasa: "Agradecemos su talante y amabilidad, pero denunciamos que no nos han dejado entrar".

El lunes pasado, Camarasa había pedido por escrito a Gerardo Camps, vicepresidente segundo del Consell, la autorización para realizar "una visita urgente a las instalaciones del Palau de les Arts". Camps contestó dos días después denegando el permiso por no ajustarse "en su totalidad a lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes" e instando al diputado a reformular la solicitud "a través del conducto reglamentario". No lo hicieron los socialistas, que consideran que no permitir su visita al Palau supone para el PP "negar la visita a todos los valencianos".

El Palau de les Arts sufrió daños de diversa consideración a causa de las lluvias del pasado mes de octubre. Unos desperfectos que el PSPV cifra en "10 millones de euros" y que obligaron a suspender las representaciones de la ópera 1984 y a aplazar las de Carmen, la versión de Carlos Saura de la obra de Bizet. Los socialistas, con su gesto de , pedían "transparencia" en una instalación que "es el hazmerreír de todos los circuitos de ópera del mundo". Los populares contestaron horas después, por boca del portavoz adjunto en las Cortes Antonio Clemente, arremetiendo contra Zapatero, al que criticaron su "falta de apoyo a todo lo que concierne a nuestra Comunidad".

(www.elpais.com, 03/11/07)

28. CASTILLA Y LEÓN: LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO ARROYO' PARA INVESTIGAR LA RELACIÓN ENTRE MÉNDEZ Y MAHÍA

La Audiencia de Valladolid ha revocado el auto del juez de Instrucción número 1 de Valladolid mediante el cual se archivaba el 'caso Arroyo' y ordena al magistrado investigar el presunto entramado económico de personas y cargos públicos relacionados con el desarrollo urbanístico de este municipio, que hasta el pasado mes de junio estuvo gobernado por el PP. El sobreseimiento provisional decretado el pasado 22 de junio por el instructor se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía de Valladolid y de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, que ejerce la acusación popular, y después de que el propio juez que abrió las diligencias de oficio optase por el archivo tras trece meses de investigación.

La decisión de Sección Cuarta de la Audiencia, que preside el magistrado José Luis Ruiz, supone la vuelta al instructor de la mayor parte del procedimiento penal incoado, que se inició en mayo del 2006 tras varias informaciones publicadas relacionadas con la recalificación del SAU 9. Este sector, propiedad de la constructora Mahía, obtuvo la autorización del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para edificar 2.984 viviendas en dicho terreno, catalogado inicialmente como industrial. Sin embargo, la reapertura de las diligencias penales ordenadas por la Audiencia provincial, a las que se había opuesto Javier Gómez de Liaño, abogado del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y del ex concejal de Obras, Javier Cruz, limitan al juez cualquier investigación relacionada con esta área urbanística.

Los tres jueces de la Sección Cuarta entienden que, aunque la causa tuvo su origen en dicha recalificación, la múltiple documentación aportada por la Consejería de Fomento de la Junta demuestra que tal cambio de uso de los 335.000 metros cuadros "no se consumó" por cuanto los correspondientes controles "llevaron a que la Administración autonómica informase desfavorablemente la modificación del PGOU". "En consecuencia, en principio, no se considera que haya datos para que la investigación siga adelante en relación con esta materia", dice la Sala.

Las indigaciones comenzaron después de que se conociese que el alcalde de Arroyo, ahora en las filas del grupo Independientes por Arroyo (IA), hubiera pactado mediante un convenio urbanístico la recalificación con María Iluminada Miguel Fernández, una ex empleada suya e hija del responsable de Política Municipal del PP en Valladolid y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio. En el nuevo auto del pasado 30 de octubre, la Audiencia sostiene que el juez de Instrucción número 1 deberá centrar su investigación en aquellos aspectos que se recogen en los más de 40 tomos de documentación que constan en las diligencias relacionados con un "círculo de influencias" que pudiera haber utilizado sus relaciones para beneficiarse.

Entre las circunstancias que se deberán de esclarecer están las relaciones laborales y comerciales entre el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y su antigua empleada en Recreativos Dema, María Iluminada Miguel Fernández, que ha actuado como apoderada de la promotora Mahía y con la que suscribió en junio del 2005 el convenio para recalificar el sector SAU 9 de Mahía.

Por ello, la Audiencia indica al magistrado que deberá tomar declaración a María Iluminada Miguel, que también ejerció como apoderada de Maexpa, una sociedad del Grupo Mahía. Tal y como informó en mayo del 2006, Iluminada Miguel firmó una escritura de venta de un piso en Villagarcía de Arosa, en el verano del 2004, para el regidor José Manuel Méndez. El inmueble a pie de playa se escrituró en 79.000 euros. El juez deberá además tomar declaración al presidente de Mahía, Ramón López, que a su vez es administrador de la constructora Binurba, que ha edificado un complejo de 108 apartamentos

Precisamente en el escrito remitido por la Audiencia se ordena además tomar testimonio al arquitecto de esta obra y vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emuva), Francisco Javier González Barriuso. Este facultativo fue en 1998 el director de obra del chalé particular del alcalde José Manuel Méndez, y figura citado en un informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Castilla y León sobre una "Presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda", que no consta en las diligencias abiertas.

Los tres magistrados de la Audiencia de Valladolid ordenan por último al juez que reciba el testimonio tanto de Dionisio Miguel Recio, que fue vocal de Emuva a propuesta del alcalde José Manuel Méndez, como de su hijo, Julio César Miguel, que aparece entre la documentación como socio accionista de Construcciones y Reformas Dafranma.

(www.nortedecastilla.es, 07/11/07)

29. CASTILLA Y LEÓN: HACIENDA ANALIZARÁ "LOS MÚLTIPLES MOVIMIENTOS" DEL REGIDOR EN CAIXA GALICIA Y CAJA ESPAÑA

Uno de los aspectos en los que se centra el nuevo auto judicial por el que se reabre el llamado 'caso Arroyo' se refiere a los movimientos bancarios de José Manuel Méndez Freijo en dos entidades financieras, una de Galicia y otra de Castilla y León. Aunque siempre bajo la presunción de inocencia, la Sección Cuarta de la Audiencia llama la atención respecto a la documentación que ha revisado sobre los incrementos patrimoniales "no justificados fiscalmente, derivaciones de propiedades a familiares más o menos directos, cuya capacidad económica se desconoce".

Es por este motivo por lo que los magistrados ven la necesidad de que se aclare "todo este entramado de actividades", para lo que es necesario que el juez instructor designe un equipo especializado de la Agencia Tributaria. "Es preciso que por técnicos en la materia se realice un análisis exhaustivo de la documentación obrante en la causa, incluida la documentación bancaria de Caja España y Caixa Galicia aportada en la causa, donde se contienen múltiples movimientos contables de las cuentas del señor Méndez Freijo y del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda", señala el auto que revoca el anterior archivo.

Una de las diligencias que se ordena realizar es precisamente la de remitir a la Agencia Especial Tributaria una copia del nuevo auto judicial, para que sea el personal especializado el que comience a analizar la documentación.La Audiencia de Valladolid llama la atención sobre que, pese al trabajo realizado por el magistrado instructor durante 403 días, no se haya "en este proceso recibido aún declaración a persona alguna", por lo que, con el fin de garantizar los derechos de las personas cuyas actividades hayan sido investigadas, solicita "se les reciba declaración".

El auto rechaza la pretensión de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI de ampliar la investigación sobre la supuesta desaparición documental de 23 millones de euros en una de las operaciones de compraventa que tiene que ver con los terrenos del SAU 15, zona donde se pretende levantar el centro comercial de la multinacional Ikea.

"La presente causa no se puede convertir en una inquisición general de todas las actividades urbanísticas que han sido desarrolladas por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda en los últimos años; sólo si se aportan datos que así lo justifiquen, se podrá iniciar otra instrucción pero en todo caso en un procedimiento ajeno al presente", dice el auto de la Sección de lo Penal.

La resolución, que declara de oficio las costas -no impone el pago a ninguna de las partes-, recuerda que procede reabrir la investigación iniciada por el juez de Instrucción número 1 de Valladolid, al que recuerda que "sólo en el caso de que se compruebe que no habido irregularidades o que las mismas no sobrepasan el ámbito administrativo, será cuando procederá, en su caso, el sobreseimiento de la causa".

(www.nortedecastilla.es, 07/11/07)

30. CASTILLA Y LEÓN: LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA VIVIENDA PÚBLICA DE VALLADOLID DENUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE UNA VPO A LA HERMANA DEL VICECONSEJERO DE CULTURA

La Asociación en Defensa de la Vivienda Pública de Valladolid registró un escrito de denuncia en la Delegación Territorial de la Junta ante la posible ilegalidad en la adjudicación de una vivienda de protección oficial en el Plan Parcial Villa del Prado a la hermana y el cuñado del viceconsejero de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca.

En el escrito de denuncia, la asociación dice haber tenido conocimiento de la adjudicación de dicha vivienda en la parcela 1-2 del Villa del Prado, por la promotora Peache S.A, en favor de Félix González Valles y su esposa, Beatriz Gutiérrez Alberca, que conforman la unidad familiar, según informaron fuentes del colectivo.

En el momento de adjudicarse la VPO en Villa del Prado, Beatriz Gutiérrez era propietaria de una vivienda libre en Valladolid, sita en la Avenida de Irún, lo cual, en opinión del colectivo, "muy posiblemente incumple" el artículo 17.3 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, que señala que quienes deseen acceder en propiedad a las viviendas protegidas y a las viviendas usadas tampoco pueden ser titulares de una vivienda libre, cuando su valor, determinado según la normativa del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda el 40% del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida.

Esta primera denuncia formulada por la asociación pone en evidencia, a juicio del colectivo, la existencia de irregularidades e ilegalidades en el proceso de adjudicación de VPO en el Plan Parcial Villa del Prado de Valladolid, lo que "contradice el informe elaborado por la Comisión Técnica del Ayuntamiento" sobre dicha materia. La asociación lamentó que los mecanismos de control del Ayuntamiento de Valladolid y, sobre todo, de la Junta de Castilla y León en la adjudicación de VPO sean "inexistentes" o contemplen lagunas que permitan adjudicaciones posiblemente irregulares, "mucho más cuando existen vínculos familiares directos entre los adjudicatarios y altos cargos del PP".

(www.nortedecastilla.es, 08/11/07)

31. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE POPULAR DE SALAMANCA EJERCE UNA "ACTITUD DICTATORIAL" SOBRE LA OPOSICIÓN

El PSOE de Salamanca denunció que el alcalde popular de la ciudad, Julián Lanzarote, ordenó a la policía local que expulsara de la plaza Mayor a varios ediles socialistas que recogían firmas contra la subida de impuestos generalizada. El consistorio municipal aprobó a finales de octubre un incremento de los impuestos que pueden ser modificados si así lo deciden los ciudadanos, por lo que la oposición considera una "actitud dictatorial" que se impida la recogida de firmas.

Los socialistas de Salamanca instalaron en la mañana de una mesa para recoger firmas de protesta por la subida de impuestos generalizada que el Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP, aprobó el pasado 31 de octubre. Sin embargo, según denunciaron en una nota de prensa, los ediles que participaron en el acto no pudieron continuar con su labor debido a que la Policía local les desalojó de la plaza Mayor, donde estaban instalados.

El PSOE salmantino lamentó que el alcalde popular, Julián Lanzarote, ha tenido una "actitud dictatorial" por prohibir la recogida de firmas. Además, denunciaron también que el alcalde "nunca le puso pega alguna a que el PP mantuviera, durante meses, una mesa en la plaza Mayor de Salamanca en la que se recogían firmas contra la devolución de legajos del Archivo Civil a Cataluña".

"Ante esta actitud dictatorial, y ante la petición de los vecinos, los concejales del PSOE han seguido recogiendo firmas contra una subida de impuestos que prevé incrementar un 84 por ciento el bonobús, un 19 por ciento el IBI, un 35 por ciento la recogida de basuras y un 13 por ciento el impuesto por depuración de aguas", matiza la nota.

(www.elpluralcom, 08/11/07)

32. ISLAS CANARIA: EL ÁNGEL POLEMIZADOR

Presume de cuna humilde, del barrio obrero de Ofra. Sin titulación, administrativo de Coca-Cola, promotor de los valores "del humanismo cristiano de tradición occidental", está convencido de que en Santa Cruz de Tenerife se tiene que instaurar "un nuevo orden social". Casado, sin hijos, propuso en su campaña de candidato a alcalde en las elecciones del pasado mayo el fin de la indisciplina en los colegios, la construcción de una gigantesca bandera de Tenerife (más grande que la confeccionada en Gran Canaria por el ex presidente del Cabildo y su jefe en el PP, José Manuel Soria) y asegura que nunca dijo que prohibiría el top-less en las playas.

Los adversarios políticos de Ángel Llanos, de 37 años, concejal de Hacienda y jefe de otra veintena de departamentos, le reconocen su entrega al trabajo. Sustituyó a su conductor por un guardaespaldas (en realidad, tres que se turnan), al que incluso llevó a Nueva York a ver el estreno de un musical sobre Celia Cruz. Llanos asume con naturalidad, casi con orgullo, ser el nuevo personaje polémico de la política canaria y reconoce que Valencia es el modelo de ciudad que seguirá, porque está convencido de que será alcalde de la capital tinerfeña en 2011.

No hay un solo día del año en que no aparezca su fotografía en los periódicos, bien en una romería, en la elección de Miss Tenerife, con los grupos del Carnaval, en la Fiesta de la Hispanidad o en el escenario más cutre del barrio más alejado de Santa Cruz. Su campaña electoral fue controvertida: prometió 10.000 puestos de trabajo en cuatro años en una ciudad con menos de 7.000 desempleados.

Asegura que él no dijo que prohibiría el top-less en la playa, prometió una actuación de Elton John que se canceló y aseguró que con él como alcalde los niños se levantarían cuando el profesor entrara en la clase.

Durante años, Llanos fue el látigo de Coalición Canaria, pero dulcificó su discurso para pactar con los nacionalistas. Como consejero en el Cabildo Insular de Tenerife acompañó su imagen de numerosas campañas sobre las fuerzas de seguridad, incluido el pago de pasajes a quienes se quisieran formar en la Academia de Ávila. Su estilo le reportó la elección de 6 ediles populares de un total de 27, pero un hábil pacto de gobierno con el alcalde, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria) le aportó unos dividendos nunca antes cosechados por el PP: las concejalías de Economía, Hacienda, Comercio, Turismo, Empleo, Fiestas, Deportes, Patrimonio Histórico, cuatro tenencias de alcaldía y tres empresas públicas.

Presume de ser un hombre "de derechas", "muy de derechas", según sus más cercanos. La familia como pilar básico, lo que llama "valores cristianos", la ley y el orden, son sus principios. Tampoco quiere que los homosexuales adopten, se declara antiabortista y propone dinero y ayuda psicológica a las embarazadas que no interrumpan su gestación y den a sus criaturas en adopción. No acepta la multiculturalidad: "El inmigrante que viva aquí deberá aceptar nuestra ley, costumbres y tradiciones de los canarios y del resto de los españoles".

Su discurso provocativo comienza a calar en una de las capitales con mayor número de calles con nombres franquistas, siempre gobernada por centristas y Coalición Canaria. Eso le ha granjeado simpatías, y enemigos. Alguno tan preocupante como para que decidiera ponerse tres guardaespaldas (uno por turno). Cuando se le pregunta si su poca preparación académica no puede ser un modelo para los que no quieran seguir estudiando, responde: "Yo trabajo y me esfuerzo mucho". Dos cualidades, asegura, que "casi nadie tiene entre sus objetivos". Apenas descansa. Está convencido de que es la manera de llegar a alcalde de Santa Cruz en 2011.

(www.elpais.com, 05/11/07)

33. REGIÓN DE MURCIA: LA LIBERACIÓN DEL ALCALDE DE ULEA (700 h.) COSTARÁ CASI 6.000 EUROS MENSUALES A LOS VECINOS

El pleno municipal del ayuntamiento de Ulea aprobó la dedicación exclusiva del alcalde del Partido Popular, José Bolarín, que cobrará desde enero 4.150 euros mensuales más dos pagas extraordinarias. Este acuerdo fue el último punto debatido a propuesta de la alcaldía, a lo que hay que sumar unos 1.300 euros mensuales en concepto de Seguridad Social y otros 1.000 euros para proveer dinero a la mutualidad a la que pertenece el regidor municipal y para los derechos pasivos, según argumentó la secretaria del consistorio durante el transcurso del pleno. Así pues, la liberación de Bolarín costará al municipio, en el que habitan 700 personas en 336 viviendas, casi un millón de las antiguas pesetas al mes. Tan solo los cuatro concejales del PP, sin contar el nuevo sueldo del alcalde, se llevan a su bolsillo 67.000 euros al año.

José Bolarín defendió su abultada remuneración porque "yo voy a hacer un trabajo de calidad, no de cantidad", contestando a la pregunta de la oposición de "qué iba a hacer en Ulea, con 700 habitantes". Desde el PSOE se expresó que "es inneccesaria esta liberación, puesto que en un pueblo como Ulea el trabajo es reducido y ya tenemos a tres concejales liberados más el alcalde de los cinco del Grupo Popular". Igualmente los socialistas propusieron que si el alcalde se quería liberar, "lo cual no nos parece mal, debería prescindir de la exclusividad del primer teniente de alcalde, Víctor Manuel López Abenza. Con uno basta". En este sentido, López Abenza defendió apasionadamente su sueldo porque "cuando queráis os digo todo lo que hago y vemos como se justifica mi sueldo". López se negó rotundamente a la propuesta socialista, y además, defendió encarecidamente a su alcalde asegurando que "ahora comienza una nueva era para Ulea" porque Bolarín aunque trabaje poco su gestión será beneficiosa para el pueblo".

El pleno municipal aprobo también los presupuestos para 2007, que ascienden a 1.888.990, 27 euros, con un superavit generado de 96,6 euros. El PSOE votó en contra, argumentando que estos presupuestos no son los que necesita Ulea. Entre las principales partidas destacan algunas como las retribuciones de los concejales.La cantidad de 56.100 euros de sueldo de los concejales, sin contar el alcalde, más 11.000 euros de la Seguridad Social, es lo que invierte en el ayuntamiento en la nómina de los políticos del equipo de gobierno, "un despilfarro sin fundamento", dice el PSOE. Otras partidas son 11.700 euros en gasto telefónico, y 15.000 euros en gastos de representación, en un municipio de 700 habitantes.

También figura una partida de 38.000 euros para el servicio de recogida de basuras y otra aportación de 15.000 euros para el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos. En este tema el PSOE criticó a Bolarín, "que tire de hemeroteca y recuerde que estaba a favor de la planta de basuras y la justificó porque dijo que así los vecinos no tendríamos que pagar estos servicios". Esta planta incomoda ahora al primer edil, según fuentes informadas. Bolarín ha prometido cerrarla para poder realizar la urbanización de los Yesos de Ulea, sin importarle los trabajadores y desdiciéndose ahora de lo "bueno que es la planta para el desarrollo del pueblo y los puestos de trabajo que daría". Esta nueva urbanización se aprobó con los votos a favor del PP y en contra del PSOE. Ahí se pretenden construir 4.500 viviendas, con campo de golf de 18 hoyos.

El alcalde se subió el sueldo, pero también aprobó con el apoyo de sus concejales una subida del agua del 2,2 por ciento, punto en el que el PSOE pidió que esa subida fuera pagado con los ingresos generados por los convenios urbanísticos, "descargando a los vecinos de más gastos".

34. REGIÓN DE MURCIA: EN LIBERTAD CON CARGOS UNA ALCALDESA DEL PP EN MURCIA

María Antonia Conesa (PP), alcaldesa de Fuente Álamo de Murcia -14.300 habitantes-, ha quedado en libertad con cargos después de declarar ante la juez como imputada en un caso de presunta corrupción urbanística en los ayuntamientos de Fuente Álamo de Murcia y Torre Pacheco. También han quedado libres con cargos la concejal de Obras, una ex edil de Urbanismo y un conocido empresario murciano de la construcción. Debido a que la investigación sigue bajo secreto de sumario, se desconocen los cargos que se imputan a los acusados, aunque fuentes judiciales aseguran que podrían ser de cohecho (soborno) y prevaricación (usar el cargo para dictar una resolución injusta) y que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), podría ser citado también a declarar.

El juzgado investiga si en estos dos ayuntamientos se aprobaron planes urbanísticos en condiciones muy ventajosas para el empresario imputado pero muy negativas para las arcas municipales. Una treintena de empresarios y el propio alcalde de Torre Pacheco han tenido los teléfonos pinchados por la Guardia Civil durante meses.

(www.elpais.com, 08/11/07)

35. ISLAS BALEARES: ANTICORRUPCIÓN PIDE PENAS DE 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO Y MASSOT

La fiscalía anticorrupción ha calificado la segunda pieza separada del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística, y reclama sendas penas de 8 años de cárcel para el ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, y para el antiguo director general de Ordenación de Territorio del Govern, Jaume Massot. El expediente calificado es el relativo a un restaurante que el hermano de Hidalgo, el industrial Carlos Hidalgo, también acusado, construyó supuestamente en una parcela protegida del Port d´Andratx

Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach imputan a Eugenio Hidalgo y a Jaume Massot, que fue el jefe del área municipal de urbanismo de Andratx y está representado por el bufete Capellà, sendos delitos de prevaricación urbanística y de falsedad documental.

Las penas solicitadas para ambos encausados están agravadas por su condición de funcionarios y se sitúan en los seis años de privación de libertad por la supuesta falsedad y en dos años de cárcel por la prevaricación urbanística. La fiscalía reclama igualmente condenas elevadas de inhabilitación y multas para ambos acusados.

Carlos Hidalgo, defendido por Santiago Rodríguez Miranda, se enfrenta a tres delitos: falsedad, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Anticorrupción pide para él una pena de cárcel de 6 años y medio y la demolición de su restaurante en caso de condena.

Por otro lado, Rafael Perera, el abogado de Eugenio Hidalgo, y el grupo municipal del Partido Popular (PP) en Andratx, han coincidido en solicitar al Ayuntamiento del mismo municipio una amplísima documentación relativa a comisiones de gobierno y sesiones plenarias.

Rafael Perera reclamó hace algún tiempo al consistorio copias de numerosos plenos y comisiones de gobierno de entre los años 1997 y la actualidad. Desde el Ayuntamiento se le contestó que las tareas de recopilación de dicha documentación conllevarían unos gastos de unos 8.000 euros. De forma paralela, el grupo municipal del PP ha solicitado al Ayuntamiento una documentación similar, pero, en este caso, no se le cobrarían los gastos de localización.

También para la mañana de hoy está prevista la celebración en la Audiencia de la apelación presentada por varias defensas a la resolución del juez Álvaro Latorre que ha dado pie a la apertura del primer juicio oral por una de las piezas separadas del caso Andratx, la relativa al chalé construido por Hidalgo con la excusa de ampliar una nave agrícola. La decisión que tome la Audiencia es muy importante para el futuro de la instrucción.

(www.diariodemallorca.es, 08/11/07)

36. LA RIOJA: EL PP APLICA EN LOS INSTITUTOS SU PROPIA EPC: LIBROS FRANQUISTAS Y HOMÓFONOS

El Gobierno del Partido Popular en La Rioja ha repartido en los institutos de esta comunidad autónoma 23 libros de la editorial Libros Libres, todos ellos de temática ultraconservadora, tal y como denuncian el PSOE riojano y CCOO. Entre los volúmenes repartidos se encuentran algunos con títulos tan significativos como Comprender y sanar la homosexualidad.

Alrededor de 7.000 euros se ha gastado la Consejería de Educación de La Rioja en 23 libros con contenidos ultraconservadores. Inmaculada Ortega, diputada provincial por el PSOE, informa de que el PP "directamente" y "sin que haya mediado la petición de los institutos" comenzó a repartir estos libros ante los que los profesores "se han echado las manos a la cabeza".

Inmaculada Ortega preguntó al Consejero de Educación, Juan Antonio Gómez, "en concepto de qué" se estaban repartiendo los libros, y el consejero popular admitió que no respondía "a ningún plan" ni a un convenio. A juicio de los socialistas, uno de los motivos de la compra de estos libros es el de "financiar la editorial", en la que han publicado algunas de sus obras personajes como César Vidal o Pío Moa.

El PSOE pedirá la comparecencia del Consejero de Educación en el parlamento riojano para que explique esta compra en una comunidad en la que no se quiso implantar Educación para la Ciudadanía, y en la que ahora los populares quieren imponer lo que "parece mentira sean sus valores", según Ortega. Por su parte, CCOO denunció al Gobierno riojano por una compra que consideran "está financiando a la ultraderecha y contaminando ideológicamente a los institutos", tal y como declaró en cadena SER uno de los responsables de Educación del sindicato, Luis Iglesias.

Inmaculada Ortega leyó algunos de los contenidos que pueden encontrar los alumnos en el lote de libros distribuido por el PP de La Rioja. En el plano del revisionismo histórico, podemos encontrar referencias a la Inquisición que "evitó muchos males mayores. Si la Inquisición hubiese seguido vigente en el siglo XX, con toda seguridad habría impedido el desarrollo de las doctrinas marxistas y nazis, con lo que la humanidad se hubiese ahorrado muchos sufrimientos y más de cincuenta millones de víctimas".

Franco también es alabado en estas obras, de quien dicen que "dejó un país en un estado de bonanza como no se había conocido desde dos siglos atrás, en tiempos de Carlos III, pero por contra se deja una asignatura pendiente, la transición a la democracia, que se tendrá que realizar con prisas, a la desesperada, y una vez más con abusivas condiciones. De un plumazo se pasará de un rígido modelo de Estado centralista, a la postura diametralmente opuesta de ser uno de los países del mundo con mayor número de gobiernos autonómicos y competencias delegadas, situación de la que se sabrán aprovechar los oportunistas del nacionalismo, los mismos que ahora hablan tanto de reformar nuestra Constitución".

Estas dos citas sobre la Inquisición están extraídas del libro Complejos históricos de los españoles, de Juan Sánchez Galera, quien ni siquiera es historiador.  

Un cuento falso

El revisionismo histórico también acompaña a una biografía de Azaña distribuida igualmente en los institutos, en la que se acusa al político de haber dado un golpe de estado. Ortega recuerda igualmente que los estudiantes pueden encontrar entre los textos repartidos en La Rioja uno atribuido a Sarte, "un cuento que dice la Fundación Sartre que es falso". Este relato insinúa la conversión del intelectual francés al catolicismo.

www.elpais.es 05.11.07

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