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Del 15 al 21 de septiembre 2007
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ÍNDICE
1. DURA ADVERTENCIA DE RAJOY A GALLARDÓN TRAS RECONOCER QUE ENTIENDE SU "AMBICIÓN"
2. RAJOY PROMETÍA SUBVENCIONES PARA EL DENTISTA EN LA PRECAMPAÑA DE 2004
3. AZNAR ADVIERTE EN POLONIA DE QUE EL NACIONALISMO AMENAZA CON DESTRUIR EUROPA
4. EL JUICIO DE GESCARTERA SE INICIA CON 4.000 AFECTADOS Y 14 ACUSADOS
5. CATALUÑA: UN ALCALDE DE ERC RECUERDA QUE EL PP NUNCA LE HIZO PONER LA BANDERA ESPAÑOLA
6. CATALUÑA: AL PP CATALÁN LE MOLESTA UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL "CHE" GUEVARA EN BARCELONA
7. GALICIA: LA DIPUTACIÓN DE OURENSE VENDIÓ UNA FINCA POR UN CUARTO DE SU VALOR
8. GALICIA: JUZGADOS POR PREVARICACIÓN EL EX ALCALDE DEL PP EN A ESTRADA Y 8 DE SUS CONCEJALES
9. GALICIA: Rego alude a la "trama personal" de Feijóo y Rajoy con el Gaiás
10. ANDALUCÍA: DETENIDO POR COHECHO UN CONCEJAL DEL PP EN ADRA
11. COMUNIDAD DE MADRID: LA IRRESISTIBLE AMBICIÓN DE GALLARDÓN
12. COMUNIDAD DE MADRID: CUARTO DÍA SIN CLASE PARA LOS NIÑOS DE UN COLEGIO DE LA LATINA
13. COMUNIDAD DE MADRID: EL EX ALCALDE MANZANO ASEGURA QUE NINGÚN ASESOR MUNICIPAL VETÓ LA VENTA DE LA FUNERARIA
14. COMUNIDAD DE MADRID: EL TSJM ANULA EL CONVENIO URBANÍSTICO QUE LEGALIZÓ EL HIPERCOR DE POZUELO Y SU AMPLIACIÓN
15. COMUNIDAD DE MADRID: UNO DE LOS NOTABLES DEL PP TRATA DE ECHAR A LA OPOSICIÓN DE SU AYUNTAMIENTO
16. COMUNIDAD DE MADRID: EL "NOTABLE" DE RAJOY, JOSÉ FOLGADO, COBRA 1.700 EUROS AL MES QUE NO LE CORRESPONDEN
17. COMUNIDAD DE MADRID: UN VIAJE ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE AGUIRRE INCLUYE LA ELECCIÓN DE LA MUJER 301 DE UN SÁTRAPA
18. COMUNIDAD VALENCIANA: ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA'
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DEFENDIÓ CON AZNAR QUE NO HACÍA FALTA LA TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS SINO MEJORAR EL TREN
20. EL CONSELL APOYA UN ATAJO PARA QUE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA IMPARTA MEDICINA
21. COMUNIDAD VALENCIANA: NADIE DEL PP NACIONAL QUIERE UNA FOTO CON FABRA
22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ DEL CASO DE LOS APARCAMIENTOS EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO ALPERI VE INDICIOS DE DELITO
23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP APRUEBA 2.500 CASAS EN ORIHUELA PENDIENTES DE LA DESALADORA QUE BOICOTEA
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA... ¡DEL PP Y SIN BANDERA!
25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FUNDACIÓ DE LA SOLIDARITAT PAGA A SIETE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL CONSELL
26 COMUNIDAD VALENCIANA: BENIDORM ADJUDICA LA ZONA AZUL A UNA EMPRESA DE UN EX EDIL DEL PP
27. COMUNIDAD VALENCIANA: UN IMPUTADO POR EXTORSIÓN Y EN LIBERTAD BAJO FIANZA ASUME SU ACTA DE CONCEJAL DEL PP EN ALBATERA
28. REGIÓN DE MURCIA: EL GOBIERNO DE VALCÁRCEL EMPIEZA A DESFILAR ANTE LA JUSTICIA POR EL PELOTAZO DE LA ZERRICHERA
29. REGIÓN DE MURCIA: VIAJE CON NOSOTROS....URDEMASA "PREMIÓ" CON LUJOSOS CRUCEROS AL GOBIERNO POPULAR DE SAN JAVIER
30. ISLAS BALEARES: EL EX DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PP ADMITE QUE SE EQUIVOCÓ DOS VECES AL INFORMAR SOBRE UNA LICENCIA
31. ISLAS BALEARES: EL EX CONSELLER SAIZ DECLARA COMO IMPUTADO POR UN EDIFICIO EN ANDRATX
32. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: PESE A PASAR 22 AÑOS TRAS SU DESPENALIZACIÓN, EL ABORTO SIGUE SIENDO IMPOSIBLE EN NAVARRA
33. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: UPN RECUPERA EL NOMBRE DEL FALANGISTA ARRESE PARA UN CAMPO DE FÚTBOL EN CORELLA
1. DURA ADVERTENCIA DE RAJOY A GALLARDÓN TRAS RECONOCER QUE ENTIENDE SU "AMBICIÓN"
Mariano Rajoy no ha tenido ni un solo guiño hacia el alcalde de Madrid en la segunda entrega de la entrevista que publica el diario La Razón. Es más, preguntado por si ha llegado el momento de compensarle por los triunfos que Gallardón ha dado al PP, fue claro: "En este partido no se dan compensaciones, más bien se exigen sacrificios". Este aviso a navegantes lo hizo justo después de reconocer que comprendía la ambición personal de Gallardón, y la "de todo el mundo".
Si en la primera entrega de la entrevista Rajoy se dedicó a presentar una visión apocalíptica de España y a señalar un culpable, Zapatero, en esta segunda entrega habla sobre la situación del PP de cara a las próximas elecciones.
No podía faltar el comentario a las especulaciones sobre si Rodrigo Rato formaría parte de su lista electoral. El líder del PP sostiene en La Razón que el todavía director gerente del Fondo Monetario Internacional le ha dicho que no quiere ir en ninguna lista. Sin embargo, esta versión de Rajoy no se ajusta a la verdad ya que, según ha podido saber elplural.com de fuentes cercanas a Rato, éste no ha tenido ningún tipo de conversación con él desde que anunciara su intención de volver a España. "Sólo se han visto una vez y fue un encuentro intrascendente", aseguran estas mismas fuentes. ¿Dónde están por tanto, señor Rajoy esas "conversaciones privadas" que había mantenido con Rato sobre su posible vuelta a la política nacional?
También se refirió al partido liderado por Rosa Díez. En este sentido resulta significativa su insistencia en subrayar que se trata de una formación de izquierda al ser preguntado por la posibilidad de que la nueva formación pudiera restarle votos. "Desde el punto de vista electoral, lo único que me preocupa es convencer a los españoles", sentencia ante la insistencia del periodista sobre un posible perjuicio electoral.
Esta despreocupación de Mariano Rajoy contrasta, sin embargo, con el hecho de que en la primera reunión de maitines a la vuelta del verano, compartiera con los todopoderosos populares su temor por la irrupción en el escenario político de Unión Progreso y Democracia. Según publicó el diario ABC, el líder del PP reconoció que Rosa Díez era una buena portavoz y advirtió a los suyos sobre la posibilidad de que al final el nuevo partido reste más votos a los populares que a los socialistas.
El líder del PP no tuvo ningún tipo de reconocimiento expreso para Gallardón y sí para Zaplana o Acebes. Preguntado por el posible desgaste de ambos a lo largo de la legislatura, aseguró que siempre han estado "a la altura de las circunstancias". Sin embargo, no contesta cuando le preguntan si contaría con ellos en un eventual equipo de Gobierno si ganara las elecciones. "No vamos a adelantar acontecimientos. Tengo ideas en la cabeza, pero todo a su tiempo", comentó.
(www.elplural.com, 17/09/07)
2. RAJOY PROMETÍA SUBVENCIONES PARA EL DENTISTA EN LA PRECAMPAÑA DE 2004
Mariano Rajoy es un entusiasta del Gasto Público, pero sólo en períodos de campaña electoral. Estos días acusa a los ministros socialistas de electoralismo y de plantear "insensateces" por propuestas como la del ministro de Sanidad de ofrecer asistencia dental gratuita a los niños de entre siete y quince años. Pero, cuando el candidato popular optaba en 2004 a la presidencia, aseguraba que iría más lejos que ahora Bernat Soria y prometía subvencionar el dentista a todos los niños menores de quince años y también a los mayores de 65.
En enero de 2004, Rajoy se afanaba por suceder a Aznar como presidente del Gobierno y El Mundo recogía ampliamente sus actos de precampaña. Como aquel en el que anunció que si era elegido presidente, el Gobierno popular iba a cofinanciar junto a las comunidades autónomas "las ortodoncias, los empastes, las prótesis, el sellado de fisuras y las consultas preventivas para menores de 15 años y mayores de 65".
Se trataba de una promesa electoral en toda regla, ya que en aquellos momentos los populares gobernaban y no tenían porqué esperar al resultado de las generales para poner en práctica sus políticas sociales. Además, el ministerio de Sanidad lo ocupaba entonces una de las más estrechas colaboradoras de Rajoy, Ana Pastor, que se supone que no hubiera puesto objeciones a los deseos de su compañero de partido de facilitar el acceso a la medicina bucodental.
Rajoy debió de olvidar aquellas buenas intenciones cuando este fin de semana acusó al Gobierno socialista de que su impulso de medidas sociales responde a un "marcado carácter electoralista" y solicitó a Zapatero que controlara el Gasto Público y no hiciera caso de las "insensateces" que les proponen sus ministros.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aludió a las críticas de Rajoy para explicarle al candidato del PP las diferencias entre promesas electorales y cumplimientos de programa. Para De la Vega, Rajoy utiliza "trucos de mal pagador", mientras que su Gobierno "se compromete y cumple". La vicepresidenta añadió que durante la presente legislatura han trabajado para aunar "rigor presupuestario" y "cohesión social".
(www.elplural.com, 19/09/07)
3. AZNAR ADVIERTE EN POLONIA DE QUE EL NACIONALISMO AMENAZA CON DESTRUIR EUROPA
El ex presidente del Gobierno José María Aznar advirtió de que el nacionalismo es una amenaza para toda Europa, y que ésta debe de hacer todo lo posible para mantener sus valores, como la libertad, la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la democracia. "Europa tiene raíces históricas, no es sólo el proyecto de los ingenieros sociales y, si no respetamos esos valores que tenemos en común como Estados-nación, el nacionalismo puede crecer y podría destrozar Europa tal y como lo conocemos", sentenció Aznar en el auditorio del Castillo Real de Varsovia.
Los retos de Europa centraron el discurso que leyó en el salón del gran edificio de piedra roja del casco viejo de la capital polaca, en un acto organizado por European Ideas Network, una agrupación de fundaciones y think tank europeos que se autodefinen como liberales.
En un tono muy solemne, y en inglés, Aznar desgranó las que, a su juicio, son las claves de la Europa actual. "Dibujar nuevas fronteras en Europa, reconociendo de facto la autodeterminación de los territorios es el camino más rápido al desastre", afirmó en referencia de Kosovo, la provincia que pide la independencia de Serbia.
En clave siempre europea -ni una vez mencionó España-, Aznar dijo que es necesario poner límites a la ampliación europea. Y señaló como un reto la inmigración. "Europa tiene un problema demográfico. Recibimos flujos de inmigrantes, y no estamos teniendo éxito totalmente en su integración", afirmó. E insistió: "La integración real es crucial. La integración real llegará con las oportunidades laborales. La ley siempre tiene que ser respetada".
(www.elpais.com, 21/09/07)
4. EL JUICIO DE GESCARTERA SE INICIA CON 4.000 AFECTADOS Y 14 ACUSADOS
El juicio del caso Gescartera, el mayor escándalo financiero bajo Gobiernos del PP, arranca hoy en la Audiencia Nacional sin que, hoy por hoy, después de seis años de investigación, se sepa el destino exacto de los 50,2 millones de euros (8.356.069.397 pesetas) que los 14 acusados detrajeron en su beneficio de los fondos que invirtieron unos 4.000 clientes en la agencia de valores. La fiscalía pide 11 años de cárcel para los tres principales acusados por apropiación indebida y falsedad.
La vista oral arranca en la sala de vistas de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo, en cuyo banquillo se sentarán los 14 acusados. Un total de 46 acusaciones se han personado en la causa, en la que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también tendrá que decidir sobre la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa (por valor de 26,3 millones de euros) y Caja Madrid Bolsa SVB SA.
La sociedad Gescartera, creada por Antonio Rafael Camacho (principal acusado), fue intervenida el 14 de junio de 2001, tras descubrir la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la agencia estaba efectuando operaciones falsas con los fondos que supuestamente habían aportado los clientes.
Los responsables de la entidad habían montado un sistema para ocultar a los organismos reguladores toda la operativa de Gescartera. La fiscalía estima que "los acusados crearon o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse, defraudando a sus clientes", con el fin de "hacer suyo el dinero o valores entregados por aquéllos". El método era "un carrusel o cadena sin fin defraudatoria", de manera que con las inversiones de un cliente se cubrían las desinversiones o beneficios que supuestamente obtenían otros.
En realidad, "el dinero no se invertía sino que se usaba para mantener en funcionamiento a Gescartera y ocultar el irregular destino y apropiación de fondos que hacían los acusados". Para ello, se simulaban operaciones de compra y venta de acciones, de forma que finalmente los valores seguían en el mercado y sólo se pagaban las comisiones que generaban las inversiones cruzadas.
Pero las operaciones sí generaban una documentación contable, bancaria y de valores que servía para justificar ante clientes y los órganos reguladores la supuesta actividad de Gescartera. Para este fin de crear documentos justificativos, supuestamente colaboraron empleados y directivos de La Caixa y Caja Madrid.
La fiscalía pide un total de 96 años de cárcel para los 14 acusados, especialmente para Camacho, José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón (11 años para cada uno), considerados los principales responsables y beneficiarios de la defraudación. Entre los acusados se encuentra María Pilar Giménez-Reyna, hermana de Enrique Giménez-Reyna, quien fue secretario de Estado de Hacienda. Sobre éste, no obstante, la fiscalía aclara que no consta que realizase actuaciones en favor de Gescartera ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(www.elpais.com, 17/09/07)
5. CATALUÑA: UN ALCALDE DE ERC RECUERDA QUE EL PP NUNCA LE HIZO PONER LA BANDERA ESPAÑOLA
El debate en el Congreso sobre la polémica de las banderas españolas en los ayuntamientos, en el que el PP se enfrentó a todos los demás grupos, vivió un momento de intensidad dialéctica inusual. En el fragor del debate, Josep Andreu, alcalde de Montblanc (Tarragona) y diputado de ERC, le espetó a Ana Torme, del PP: "En los ayuntamientos escoceses sólo hay una bandera, la escocesa. En 2001 yo era alcalde, ustedes mandaban, y nadie me dijo nada para que pusiera la bandera española, que nunca ha ondeado en mi municipio. Tendrían que inhabilitar al 99% de los alcaldes catalanes. Cuando ustedes gobernaban con CiU, los de CiU no la ponían y ustedes no decían nada. Espero que no, pero si gobiernan, vengan a Montblanc a inhabilitarme. Por imposición no conseguirán nada más que crear cada día más independentistas".
Todos los demás grupos aplaudieron con entusiasmo esta aportación de su experiencia y coincidieron con Andreu en criticar al PP por reclamar ahora modificaciones legales para sancionar a los alcaldes cuando en ocho años de Gobierno nunca tocaron este asunto.
Torme acusó al Ejecutivo de "amparar y dar alas a los radicales" porque "su discurso no se diferencia [en] nada del de ERC". El PP reclamaba un régimen sancionador para quien incumpla la ley de banderas, algo que no existe porque el Tribunal Supremo lo impidió en 1992. Sólo el PP apoyó su propuesta, entre críticas de electoralismo de todos los demás grupos, de manera que el resultado fue de 123 votos a favor y 178 en contra.
El debate, que alcanzó una gran intensidad, especialmente cuando los grupos nacionalistas utilizaron ejemplos históricos para defender su derecho a no considerar propia la bandera española aunque la respeten, se convirtió rápidamente en un ataque generalizado al PP por buscar elementos de división "entre españoles buenos y malos", en palabras de Joan Herrera, de IU-ICV.
(www.elpais.com, 19/09/07)
6. CATALUÑA: AL PP CATALÁN LE MOLESTA UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL "CHE" GUEVARA EN BARCELONA
El líder revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara "no merece" para el PP catalán que se le dedique una exposición en Barcelona porque "era un guerrillero que defendía métodos violentos" para acceder al poder. Una justificación que la formación conservadora bien podría haber esgrimido para no apoyar la invasión de Irak, operación que implicó, a todas luces, más de una maniobra violenta.
Para la portavoz popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Àngels Esteller, la exposición "Che, Revolucionario e Icono", tiene "escaso interés cultural" y "no merece tanto gasto". Según informó 20 Minutos, la portavoz acusó al Gobierno municipal de apostar por políticas culturales "sectarias y "tendenciosas" con este tipo de exposiciones.
Unas acusaciones contestadas por el delegado de Cultura en el ayuntamiento barcelonés, Jordi Martí, que ha afirmado que "no llamamos a ninguna revolución obrera en esta exposición".
La exposición, que pretende tener en cuenta este icono del siglo XX como ejemplo del papel de la fotografía como constructora de realidades -la importancia del "Che" como icono y cuasiproducto cultural se aproxima incluso a la relevancia del personaje en sí- costará unos 200.000 euros, una cifra considerada por el consistorio "normal o por la banda baja".
(www.elplural.com, 19/09/07)
7. GALICIA: LA DIPUTACIÓN DE OURENSE VENDIÓ UNA FINCA POR UN CUARTO DE SU VALOR
La Diputación de Ourense vendió por casi la cuarta parte de su valor de mercado la finca Santamarina, 17 hectáreas en el entorno del complejo hospitalario orensano, a la inmobiliaria Flager S. A., según se desprende de los informes de tasación de la parcela que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pidió a peritos independientes.
La oposición presentó denuncia contra la venta de la finca por considerar que se ofrecía a un precio considerablemente inferior al real, y el largo proceso judicial está a punto de concluir. El grupo socialista en la Diputación, que en su momento tildó de "gran pelotazo urbanístico" la operación, ha presentado unas conclusiones cautelares en las que destaca el informe de los peritos independientes de la agencia de la propiedad inmobiliaria (API), que valoran la finca en 24 millones de euros. Dicha tasación se sitúa entre los más de 30 millones en que la valoró el Colegio de Arquitectos de Ourense y los 12 millones del perito presentado por la institución provincial que la vendió por 13,9 millones de euros.
En cualquier caso, el representante legal del PSdeG estima en sus conclusiones que al valor de tasación del API es necesario añadirle el uso hotelero y la urbanización prevista por Flager, con lo que el precio de la finca estaría próximo a los 30 millones de euros tasados por el Colegio de Arquitectos. El letrado del PSOE hace constar en sus conclusiones que el secretario de la Diputación certificó que el precio de venta de la finca en 13,9 millones de euros se determinó de forma aleatoria ante la posibilidad de poder perder el pleito que PSdeG y BNG habían anunciado.
(www.elpais.com, 21/09/07)
8. GALICIA: JUZGADOS POR PREVARICACIÓN EL EX ALCALDE DEL PP EN A ESTRADA Y 8 DE SUS CONCEJALES
Han pasado 13 años desde que dio comienzo el proceso judicial contra la corporación de A Estrada por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística iniciado a instancias del BNG. se celebró un juicio oral en la sala número 1 del Juzgado de lo Penal de Pontevedra, que sigue hoy.
Allí comparecieron nueve de los 11 imputados -los otros dos fallecieron-, miembros del gobierno municipal en 1993 y 1994, incluido el entonces alcalde, el popular Ramón Campos. En aquella fecha los acusados concedieron supuestamente las licencias para unos edificios con dos alturas más de lo permitido y autorizaron la construcción de chalés de forma irregular.
Tanto tiempo ha pasado que ninguno de ellos recordaba ya los detalles de los plenos en los que se aprobaron estas licencias. No obstante, todos coincidieron en que "nunca" fueron "advertidos" de que estaban incurriendo "en una ilegalidad", según explicó el que fue regidor del PP hasta el pasado 27 de mayo. Campos se refirió a los informes de los técnicos municipales que, según dijo, señalaban la idoneidad de corregir algunos aspectos técnicos para ajustarse a la legalidad pero "no eran vinculantes".
La Fiscalía solicita para los imputados una pena de 16 años de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 36 meses a razón de 18 euros diarios. El grueso de la corporación contó para su defensa con el hijo de Xesús Palmou. El ex secretario general del PPdeG era miembro del Gobierno en aquellos años pero fue excluido de la causa por ser aforado y no participar en todos los plenos.
9. GALICIA: Rego alude a la "trama personal" de Feijóo y Rajoy con el Gaiás
Ismael Rego, portavoz parlamentario de los socialistas, replicó las insinuaciones de prevaricación lanzadas por el PP contra la conselleira de Política Territorial incrementando aún más la crudeza de las acusaciones que estos días intercambian ambos partidos. Rego se mostró convencido de que la investigación sobre la Cidade da Cultura "destapará el entramado político y familiar ligado a Feijóo y Rajoy".
Primero fue Carlos Aymerich, el portavoz del BNG, quien el martes en el Parlamento aludió a la existencia de supuestos vínculos familiares entre tres de los más destacados responsables de las obras del Gaiás y conocidos dirigentes del PP. "El arquitecto coordinador del proyecto", aseguró, "era Alfredo Díaz Grande, esposo de la diputada y entonces conselleira Pilar Rojo; el director gerente de la fundación era Ángel Currás Fernández, hermano del ex conselleiro de Educación; y el director financiero de la fundación era Manuel Fernández, cuñado de Mariano Rajoy".
Ahora es Rego el que insiste en la relación familiar de Feijóo y Rajoy con la controvertida Cidade da Cultura, apenas 24 horas después de que el PP acusase a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, de tener "evidentes vínculos profesionales" con la empresa contratada por su departamento para informar sobre la adjudicación de la autovía del Barbanza, cuyo trabajó resultó determinante para entregar el proyecto a Sacyr en vez de a Constructora San José, la empresa elegida incialmente.El portavoz parlamentario socialista declaró que su grupo se propone utilizar la comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura para divulgar "las gravísimas irregularidades en la gestión" de este proyecto, lo que "acabará poniendo al descubierto la trama de intereses de personas personal y politicamente vinculadas a Feijóo y Rajoy".
Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dudó de la existencia de "responsabilidades penales" por la gestión de la Xunta anterior en el Gaiás y consideró que el "deslizamiento al alza" que experimentó el presupuesto es normal en infraestructuras culturales de esa magnitud.En una entrevista difundida por Radio Voz, Feijóo negó que su partido sienta "pánico" por la investigación porque el informe del Consello de Contas "no dice que se hicieran obras en contra de informes técnicos" o que "determinados planteamientos" se hubiesen tramitado "de forma ilegal". "Si hubiese responsabilidades penales tendría que ponerlo en manos del fiscal", añadió.
(www.elpais.com, 17/09/07)
10. ANDALUCÍA: DETENIDO POR COHECHO UN CONCEJAL DEL PP EN ADRA
El concejal de Deportes de Adra (Almería) y presidente del Club Náutico de la localidad, José Arqueros (PP), fue detenido el pasado martes por orden judicial por un presunto delito de cohecho (soborno a un funcionario público). La detención fue practicada por agentes de la Policía Judicial por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Almería, que ha decretado secreto de sumario. Además de la detención del concejal, que por la tarde prestaba declaración ante el juez, fuentes cercanas a la investigación confirmaron la detención de, al menos, otras dos personas.
Las mismas fuentes apuntan a que la detención de Arqueros está relacionada con su condición de presidente del Club Náutico de la localidad almeriense, y no con la de responsable de Deportes del Consistorio. En ese sentido, el concejal del PP podría estar implicado en una investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 5 y que está relacionada con la "posibilidad" de que traficara con los documentos denominados titulín en el argot marinero. Titulín es la palabra que sirve para denominar el certificado que capacita para ser patrón de embarcación náutica de recreo y deportiva.
Las investigaciones sobre este asunto son anteriores a las elecciones municipales del pasado mayo, si bien no ha trascendido la entidad o persona denunciante de estos hechos. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
José Arqueros, docente de profesión, acaba de jubilarse como maestro de un colegio de Adra, donde además ejercía de director. Lleva varios mandatos en la vida política local abderitana, primero en la oposición y, desde 2003, formando parte del equipo de gobierno. Arqueros es vicepresidente de la Federación Española de Vela y su faceta vinculada al mundo deportivo y náutico le precede en su experiencia política.
(ww.elpais.com, 20/09/07)
11. COMUNIDAD DE MADRID: LA IRRESISTIBLE AMBICIÓN DE GALLARDÓN
El diario El País publica un extenso perfil del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El texto profundiza en la trayectoria política del primer edil madrileño, que de taciturno concejal se ha convertido, a lo largo del tiempo y movido por una irresistible ambición, en el causante de una zozobra que puede ser definitiva para el futuro del Partido Popular.
El perfil establece que Gallardón, prácticamente, sólo recibe de amplios sectores de su partido el reconocimiento de ser un político que arrasa en cuanto a votos. Sin embargo, la plana mayor popular detesta su ofrecimiento para las generales al lado de Rajoy, puesto que, aseguran, "se pone cerca de Rajoy para, si éste se estrella, darle el empujón final".
Por otra parte, en el caso del descalabro electoral de Rajoy en marzo se asistiría un futuro que puede vertebrarse en una interesante coyuntura: si tras el fracaso en las urnas de Mariano Rajoy Rato se retira definitivamente de la política, Alberto Ruiz-Gallardón protagonizaría en Génova 13 una cainita y final lucha con su eterna rival, Esperanza Aguirre.
La figura de Gallardón causa odios y simpatías a partes iguales. No puede negarse que el alcalde de Madrid no tiene parangón en el perfil actual de los políticos. Incluso el presidente del Gobierno, en relación a las luchas por la sucesión en el PP, bromeó aseverando que el PP es el único partido en el que sus integrantes se pelean por ser el número 2 en las listas y no el 1.
Se afirma en El País que en el PP se mira con mucha desconfianza a un Gallardón que, tras el secretismo de Rajoy, se limita, con maquiavélica parsimonia a sus actos de alcalde. Desde dentro de su formación se el acusa de mantener una actitud chulesca, rayana al populismo, de hacer la política según le va y brillar únicamente con el viento a favor. Desde la izquierda, sin embargo, se teme su camaleónica actitud capaz de conjugar algunas medidas sociales con su desmedida afición a las privatizaciones.
Nadie tiene claro, sin embargo, el futuro de un Partido Popular que más que nunca, tras el timorato liderazgo de Rajoy, se enfrenta a una bicefalia mortal entre un Gallardón y una Aguirre que reeditarán a escala nacional sus sonadas batallas en el PP matritense.
(www.elplural.com, 16/09/07)
12. COMUNIDAD DE MADRID: CUARTO DÍA SIN CLASE PARA LOS NIÑOS DE UN COLEGIO DE LA LATINA
Más de 60 padres de alumnos del colegio de integración para discapacitados motores Parque Aluche, en la Latina, se han concentrado y han impedido, por cuarto día consecutivo, que sus hijos acudieran a clase. Consideran que el centro no cumple con las normas de seguridad e higiene básicas.
La portavoz de la asociación de padres, Encarna de la Hoz, explicó que, dadas las dificultades de movilidad de los 45 niños discapacitados, es "peligroso" el estado en el que se encuentran algunos elementos como las rampas de integración "que no tienen la inclinación homologada para que las sillas de ruedas eléctricas accedan", o el suelo del patio "que tiene socavones y no está adaptado para niños con muletas".
Además, apuntó de la Hoz, entre el alumnado con discapacidad se encuentra una niña invidente para la que se tenía que haber habilitado señalización que le ayudase a guiarse por el centro, "cosa que no se ha hecho".
Aunque la asociación de padres tiene previsto que los pequeños se incorporen a las clases mañana, anunciaron que "tomarán las medidas oportunas" hasta que la consejería de Educación ponga una solución.
Los "desperfectos" a los que aluden los padres son consecuencia de un proyecto de remodelación y mejora, presupuestado en casi 1.500.000 euros, que comenzó a acometerse al comienzo de las vacaciones escolares.
"Una obra que estaba prevista realizar en ocho meses se ha finalizado en dos y el resultado es que se ha empeorado todo", ha afirmado la portavoz del AMPA.
Por su parte, fuentes de la consejería de Educación han insistido en que "el colegio está en perfecto estado", como ha confirmado un inspector del Gobierno regional, y han afirmado que, a pesar de que las obras no están finalizadas, "se encuentran acotadas" para evitar accidentes de los niños.
Las mismas fuentes han agregado que el "el grueso de las obras se acometió en julio" a petición del director del centro y que "lógicamente existe el propósito de acabarlas cuanto antes".
El pasado miércoles, día 12, los padres de los alumnos del colegio ya impidieron la entrada de sus hijos porque "habían dado la luz y el agua el día anterior y las aulas estaban sucias", además de los ya citados "desperfectos", explicó de la Hoz.
(www.elmundo.es, 18/09/07)
13. COMUNIDAD DE MADRID: EL EX ALCALDE MANZANO ASEGURA QUE NINGÚN ASESOR MUNICIPAL VETÓ LA VENTA DE LA FUNERARIA
José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid por el PP entre 1991 y 2003, declaró como testigo en una nueva sesión del juicio por la presunta venta irregular del 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (la funeraria municipal), en 1992. El antiguo regidor aseguró que tanto el entonces secretario general del Ayuntamiento, José Mario Corella, como el interventor municipal, Vicente Ar-nau, nunca pusieron "ningún tipo de impedimento legal" a la privatización de la funeraria. Según dijo, ambos funcionarios tenían poder para vetar la venta, y no lo hicieron. Puntualizó que, de haber contado con el rechazo de Corella y Arnau, "la operación no hubiera seguido adelante". Sin embargo, la semana pasada el interventor municipal declaró en el juicio que él había redactado un informe contrario a la venta. "Mis opiniones no fueron tenidas en cuenta. Privatizaron la funeraria por 100 pesetas y no me consultaron", aseguró.
Álvarez del Manzano admitió conocer ese informe, pero lo tachó de "confuso" y "contradictorio", por lo que lo desestimó. El fiscal le preguntó por qué y el antiguo alcalde respondió: "No me acuerdo". Adujo, como ha sido habitual entre algunos acusados y testigos durante el juicio del caso Funeraria, el paso del tiempo: "Después de 15 años no recuerdo los informes". El ex primer edil insistió en que la valoración del informe "no se correspondía con la contabilidad de la empresa".
El 49% de la funeraria se vendió a precio de saldo, 0,60 euros (100 pesetas de 1992), a cambio de que el comprador asumiera la deuda de 2.274 millones de pesetas (13,6 millones de euros) que arrastraba el monopolio del Ayuntamiento. Sin embargo, esa condición previa se canceló dos meses después de la privatización (aprobada el 22 de diciembre de 1992). El Ayuntamiento se la perdonó a la empresa compradora, Funespaña.
El juicio por el caso Funeraria se celebra en la Audiencia Provincial desde hace cuatro meses. En el banquillo se sientan nueve personas, entre las que se encuentran el ex teniente de alcalde Luis María Huete y los entonces concejales Simón Viñals (Sanidad y Consumo) y Antonio Moreno (Patrimonio). Igualmente está acusado José Ignacio Rodrigo, encargado de asesorar al Consistorio sobre la privatización y después presidente de Funespaña. Se enfrentan a un total de 82 años de prisión, acusados de prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad documental. Durante su comparecencia en la Audiencia Provincial, Álvarez del Manzano explicó los motivos por los cuales se decidió privatizar la Empresa Mixta, muy endeudada pese a ocuparse, en régimen de monopolio, de los entierros de los residentes en la ciudad. "Existía una gran preocupación porque la gestión no era la adecuada", justificó el ex alcalde. Es el mismo argumento que ya utilizaron los concejales del PP acusados. Según Álvarez del Manzano, el Consistorio decidió "acudir a una financiación externa para hacer frente a la situación económica". El ex alcalde aseguró que "no hubo un afán de privatizar en el sentido de hurtar competencias, sino que se trataba de resolver un problema económico". Simplemente, dijo, les pareció "un momento adecuado".
Álvarez del Manzano salió en defensa de los acusados que formaban parte de su equipo municipal (Huete, Viñals y Simón). Aseguró que todas las decisiones de la privatización se tomaron de manera conjunta en las reuniones previas a los plenos municipales. A preguntas sobre si sus compañeros concejales le informaron de la operación, Álvarez del Manzano respondió: "Todo eso constituía un conjunto de acciones de la gestión municipal y los temas se estudiaban conjuntamente". Añadió que por eso estuvo al corriente de las características del pliego de condiciones para el concurso como de las tres empresas que se presentaron, de las cuales dos de ellas "no cumplían los requisitos". A la pregunta de si fue Huete quien fijó el precio, el ex alcalde respondió: "Supongo que fue así".
(ww.elpais.com, 20/09/07)
14. COMUNIDAD DE MADRID: EL TSJM ANULA EL CONVENIO URBANÍSTICO QUE LEGALIZÓ EL HIPERCOR DE POZUELO Y SU AMPLIACIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el convenio urbanístico suscrito en 2003 por el Ayuntamiento de Pozuelo y el mercantil Hipercor para legalizar el centro comercial que no había obtenido la licencia de apertura por exceso de edificabilidad, y su posterior ampliación.
El fallo responde a la denuncia del PSOE, que impugnó el convenio al considerar insuficiente la compensación económica pactada por el Ayuntamiento para regularizar la situación de la gran superficie, según ha declarado en rueda de prensa la portavoz socialista, Eva Izquierdo, que ha estado acompañada por el secretario Institucional del PSM, Manuel Robles.
El TSJ anula los actos impugnados por "no ser conformes al ordenamiento jurídico" en una sentencia firme contra la que no cabe la interposición de otro recurso.
El Consistorio consintió que Hipercor pagara al municipio 2.320.552 euros a cambio de no ceder el porcentaje de terreno (35% de aprovechamientos urbanísticos) que debía pasar a ser propiedad municipal, según lo establecido en la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid.
El centro comercial, que comenzó a construirse en 1995, ocupó una parcela de 21.000 m2 en el Cerro de los Gamos y fue ampliado con otros 10.000 m2 en 2003 gracias a este convenio que fue aprobado durante el último mandato del alcalde José Martín Crespo (PP) y ratificado por el actual gobierno de Jesús Sepúlveda (PP).
La gran superficie estaba obligada a ceder 3.510 m2 al municipio pero pagaron en metálico una cantidad que, según los socialistas, en la actualidad sería siete veces mayor y en su momento se valoró (660 euros el metro cuadrado) por debajo del precio del suelo municipal cedido a la Comunidad de Madrid para construir el centro de emergencias 112 (691 euros el metro cuadrado).
"Este convenio establecía una ampliación del centro comercial, legalizaba una situación que hasta el momento era irregular y se determinaba que en vez de recibir el Ayuntamiento la parte de terrenos que por cesión le correspondía, estos se monetarizaban", explicó Izquierdo.
La sentencia también determina que la valoración realizada por el Ayuntamiento donde se determinó la cantidad a pagar no se ajustaba a derecho, por no haberse realizado según la ley del suelo.
(www.elpais.com, 19/09/07)
15. COMUNIDAD DE MADRID: UNO DE LOS NOTABLES DEL PP TRATA DE ECHAR A LA OPOSICIÓN DE SU AYUNTAMIENTO
José Folgado es uno de los notables del PP, un grupo de 15 hombres y mujeres elegidos por Rajoy para ayudarle a preparar las próximas elecciones. También es alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos el cual gobierna, según denuncia la oposición, sin tener en cuenta a nadie. A pesar de que llamó a la voluntad de concordia y al consenso en la sesión de investidura, su primera medida ha demostrado todo lo contrario. El primer edil decidió trasladar a los grupos políticos de la oposición fuera del Ayuntamiento, por decreto y sin dar más explicaciones. Finalmente, ante la presión de los partidos afectados, el nuevo alcalde se ha visto obligado a rectificar.
"Se ha detectado la necesidad de reubicar a determinados servicios municipales para una mejora funcional de los mismos", [por lo que] se hace necesario disponer de los despachos en donde ustedes desarrollan su importante labor política (…) siendo la fecha límite para este cambio la fecha de 14 de septiembre de 2007".
Con estás palabras y por medio de un correo electrónico enviado el 2 de agosto, comunicó el Gobierno del Partido Popular en Tres Cantos al resto de grupos que debían abandonar la Casa Consistorial. Según la orden, se trasladaba a los grupos a un piso situado a un kilómetro del Ayuntamiento, lo que dificultaría su labor política y la atención a los ciudadanos.
El alcalde, quien ha reconocido que quizá haya habido un problema de comunicación, no les dio más explicaciones hasta mes y medio después, justo el día que expiraba el plazo de la expulsión. Ese día, durante el Pleno de Portavoces convocado a instancias de los tres partidos de la oposición (PSOE, IU y Alternativa Popular por Tres Cantos- APTC) Folgado se vio obligado a rectificar ante la feroz oposición a una medida que consideran antidemocrática.
Las conclusiones de la reunión del pasado viernes fueron explicadas por los portavoces de los tres grupos de la oposición en una rueda de prensa que dieron en la propia Casa Consistorial. Todos denunciaron lo irracional de la medida y las formas utilizadas.
Para el portavoz del grupo socialista, Miguel Aguado Arnáez, "no es buena señal que una de las primeras medidas del alcalde popular sea echarnos del Ayuntamiento. "No se trata de una cuestión de despacho, sino de democracia", aseguró el líder del PSOE de Tres Cantos.
Aguado, quien además es el consejero de Medio Ambiente de Tomás Gómez, se mostró muy duro con los dos meses que lleva al frente el alcalde popular y recalcó que "el Gobierno y la oposición forman parte del Ayuntamiento por lo que "tenemos el derecho y la obligación de ejercer como concejales".
Por su parte, para la portavoz de (APTC), Araceli Gómez, "se debaten los principios básicos de la democracia" y no la gestión del Gobierno que es lo que debería debatirse. Además calificó tanto las formas como el contenido de la medida de "cutre".
"O hemos ganado nosotros o ha perdido él", sentenció Aguado, quien ve un "mal precedente" en la línea que de momento ha seguido el recién elegido alcalde. "Si la primera notificación es en agosto y por correo electrónico, cuando haya que hablar de los temas importantes qué pasará", se preguntó el líder socialista. Además aventuró que si Folgado ha rectificado es por no dañar su imagen pública que comienza a estar en alza dentro del Partido Popular.
José Folgado, además de alcalde de Tres Cantos es diputado nacional por Zamora –bastante lejos de Madrid-, vicepresidente de la comisión de economía y forma parte de otras dos comisiones como vocal. Además, el "pluriempleado" Folgado, que es íntimo amigo de Rodrigo Rato, ha sido llamado recientemente por Mariano Rajoy para que forme parte del grupo de notables que elaborarán el programa electoral del PP de cara a las próximas elecciones.
(www.elplural.com, 19/09/07)
16. COMUNIDAD DE MADRID: EL "NOTABLE" DE RAJOY, JOSÉ FOLGADO, COBRA 1.700 EUROS AL MES QUE NO LE CORRESPONDEN
Cuando el actual alcalde de Tres Cantos (Madrid), José Folgado, se presentó como candidato del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales por esta localidad, la situación del Gobierno de coalición entre los populares y un partido local de centro-derecha –Tres Cantos Unidos (TCU)- era desastrosa, y la corrupción se extendía por toda la administración.
Folgado, ex secretario de Estado de Economía, próximo al círculo de Rodrigo Rato y recién nombrado miembro del "grupo de notables" para definir el programa electoral del PP, se presentó en Tres Cantos como el Sarkozy español, dispuesto a purgar el partido de sus elementos más oxidados.
Los tricantinos decidieron el 27 de mayo otorgar su confianza a Folgado y a sus promesas de "honradez, diálogo y concordia". Una de sus primeras medidas fue la de renunciar a su sueldo como alcalde, puesto que también cobraba del erario por ser Diputado por Zamora. Según dijo, renunció al dinero por el bien de unas finanzas públicas maltrechas, herencia del anterior Gobierno en la que había mayoría del PP.
La verdad es que los diputados del Congreso que además son alcaldes de municipios no pueden cobrar dos sueldos, por lo que Folgado no renunció a nada, sino que la ley se lo exigía. Como diputado, gana alrededor de 6 mil euros mensuales, frente a los 4 mil que ganaría si sólo fuera alcalde. Entre los dos sueldos, eligió el que más dinero le reporta.
De los casi 6 mil euros que gana el pluriempleado José
Folgado, concretamente 3.020,79 euros son de la percepción estándar para
todos los diputados, 1.123,43 euros son por vicepresidir la comisión de
Economía y Hacienda y 1.762,18 euros son del complemento interprovincial, es
decir, ser diputado por Zamora y vivir allí. Sin embargo, Folgado no vive en
Zamora sino en Tres Cantos, en un piso en propiedad desde hace 24 años, como
él se jacta de recordar siempre que tiene ocasión. Su familia sí vive en
Zamora, pero él no y cobra más de 1700 euros al mes que no le corresponden.
Más de 24.000 euros al año y 100.000 por legislatura.
El pluriempleado alcalde de Tres Cantos, quien también es vocal de la
comisión de Educación y Ciencia y de la de Industria, Turismo y Comercio y
vocal suplemente de la Diputación Permanente, es uno de los cinco alcaldes
de toda España que además es diputado.
Esta condición de alcalde "a tiempo parcial" le permite ganar además de su sueldo, alrededor de 400 euros al mes extra por dietas de asistencia a plenos y comisiones. Según ha podido saber elplural.com, los 4.000 euros anuales que ganaría Folgado por las dietas podrían ser suficientes para, a la hora de pagar impuestos, tener que afrontar un tipo impositivo más alto que le hiciera perder dinero.
Quizá por ello, en uno de sus fingidos ataques altruistas, Folgado anunció públicamente que daría ese dinero a una ONG. Cuatro meses después de su investidura, aún no se tiene constancia de que haya dado ni un solo euro.
17. COMUNIDAD DE MADRID: UN VIAJE ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE AGUIRRE INCLUYE LA ELECCIÓN DE LA MUJER 301 DE UN SÁTRAPA
Un viaje estudiantil a África patrocinado por el Gobierno regional acaba con la petición de comparecencia del consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, ante la Asamblea. Y eso porque el periplo incluyó la asistencia a un acto "vejatorio con las mujeres", según los socialistas. Un centenar de chicos entre 16 y 17 años -los integrantes del programa Madrid Rumbo al Sur, subvencionado por la Comunidad de Madrid y varias empresas públicas de la región- asistieron el 16 de septiembre a la ceremonia de los juncos en Mbabane, la capital de Suazilandia. Esta fiesta tradicional consiste en que Mswati III, El León, monarca absoluto de este pequeño país africano encajonado entre Mozambique y Suráfrica, ve desfilar y bailar a unas 7.000 jóvenes vírgenes para elegir entre ellas una esposa que se sume a las 13 que, hasta la fecha, tiene repartidas por diversos palacios.
El Partido Socialista de Madrid, a través de su portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez, considera "escandaloso" que desde una Administración pública "se haya llevado a menores de edad a ver este ritual vejatorio con las mujeres". Los socialistas pedirán la comparecencia del consejero de Inmigración a causa de este asunto. El viaje comenzó el 24 de agosto y finalizó el pasado día 18. Los chicos recorrieron los lugares donde la Comunidad tiene programas de desarrollo y ayuda en Mozambique y Suráfrica.
La indignación de los socialistas asombra a Telmo Aldaz de la Quadra, promotor de la iniciativa, que cumplía su segunda edición: "¡Esas críticas me parecen una locura, una necedad, una ñoñería, una estupidez calvinista del país de Gran Hermano!". Argumenta que la fiesta "es teatro, una tradición festiva y cultural", y la compara "con las representaciones religiosas en España". Además, se justifica señalando que junto a los 100 jóvenes se hallaban "los embajadores de Alemania, Japón o China".
La Consejería de Inmigración no tiene tan claro el valor antropológico y cultural del festejo, de modo que recalca con insistencia que "esa visita no estaba en el programa aprobado por la Comunidad". "Se improvisó sobre la marcha", puntualiza una portavoz. Subraya en mayúsculas que Carlos Clemente, viceconsejero del ramo, no acudió a la fiesta. Ya había regresado a España porque el programa oficial había concluido. La portavoz añade que la presidenta regional no sabía "nada de nada". Por su parte, el viceconsejero Clemente se lamenta de que "el PSOE reste valor a un viaje tan importante por una cuestión fortuita". Clemente señala que la Comunidad no tiene un buen concepto de las costumbres de Mswati III, pero que "fue un acto no programado y no aprobado que surgió de improviso".
Las objeciones de los socialistas van más allá de la crítica al "espectáculo" e indagan "en qué clase de cooperación mantiene la Comunidad con ese país". Añaden que en Suazilandia, la única monarquía absoluta del África subsahariana, la esperanza de vida es de 30 años y la proporción de infectados de sida ronda el 40% de la población. Unas dudas que no comprenden desde la consejería
18. COMUNIDAD VALENCIANA: ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA'
La Abogacía del Estado calcula en cuatro millones y medio de euros el dinero defraudado a Hacienda. Destaca, especialmente, el presunto fraude cometido por las empresas de Vicente Conesa, empresario cercano a Eduardo Zaplana y a quien la investigación señala como cerebro del fraude.
La cifra total del dinero defraudado se reparte sobre todo en seis empresas que habrían ocultado al fisco sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y el del IVA, según fuentes del Ministerio de Justicia. La abogacía del Estado calcula el fraude en 4.564.000 euros. Estas cantidades son las que, a fecha de hoy, maneja la administración tributaria y la Fiscalía para poder reclamar su devolución cuando se produzca la apertura del juicio oral, todavía lejano.
Estas seis sociedades son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Gribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos del Carrichal. Todas ellas son, desde el punto de vista penal, responsables civiles subsidiarias del fraude, mientras que sus respectivos administradores engrosan la lista de los 27 imputados que hay en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia.
Destacan fundamentalmente dos de estas empresas: desarrollo de proyectos e instalaciones y C3 Ingeniería de la Construcción dirigidas por Vicente Conesa, porque el volumen del dinero ocultado supone casi la mitad del total defraudado. Nada menos que dos millones de euros ocultados al erario público en sólo dos años.
El fraude se produjo entre los años 200 y 2001. Entre los imputados, además de Vicente Conesa, figura la cúpula directiva del parque temático: el ex presidente Luis Esteban, el que fuera director general, Miguel Navarro o Justo Valverde, antiguo jefe de compras y cuyo nombramiento fue muy criticado por su condición de cuñado de Eduardo Zaplana.
Según fuentes personadas en el caso, esta importante cifra de 4 millones y medio de euros defraudados -sólo por la construcción del parque que cuenta con un millón de metros cuadrados- se puede quedar en "nada" cuando la comparemos con la investigación abierta contra la sociedad matriz del parque, la SPTA, que gestiona 9 millones de metros cuadrados donde se ubican las instalaciones de recreo.
(www.cadenaser.com, 19/09/07)
19. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DEFENDIÓ CON AZNAR QUE NO HACÍA FALTA LA TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS SINO MEJORAR EL TREN
La penúltima bandera del Ejecutivo de Camps para desgastar al Gobierno de Zapatero, la reivindicación de las competencias de las líneas ferroviarias de Cercanías tras el acuerdo para traspasarlas a Cataluña, contrasta con la actitud mantenida en el pasado. La portavoz del PSPV en el área de Gobernación, Mercedes Sanchordi, rescató del diario de sesiones la comparecencia en noviembre de 2002 del entonces conseller de Obras Públicas y actual titular de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, en la que éste defendió que la transferencia de Cercanías no era necesaria ni una cuestión importante, y abogó por la participación y colaboración en la gestión, ya que, subrayó lo esencial era la mejora de la calidad del servicio. En aquel momento, el inquilino en la Moncloa era José María Aznar y el titular de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
Lo sorprendente es que García Antón compareció en comisión, a petición del PSPV, para responder sobre las negociaciones con Fomento después de que en febrero de 2001 el conseller reclamara a Madrid el traspaso de las competencias de Cercanías. Según explicó en ese debate Sanchordi, el Ejecutivo autonómico acabó envainándose la exigencia ante la negativa de Álvarez Cascos. Ahora, el Gobierno de Zapatero ha asegurado que hará extensible el traspaso a las comunidades que, como la valenciana, prevean esta competencia en su estatuto. El Consell de Camps ha reclamado el traspaso, junto con 100 millones de euros. Ante esta actitud, la parlamentaria del PSPV criticó la "hipocresía y deslealtad" del Consell, ya que "modifica sus políticas y reivindicaciones en función de sus intereses partidistas y no de los beneficios para la Comunitat".
En noviembre de 2002, García Antón argumentó que la transferencia de la titularidad de los servicios ferroviarios "es una cuestión secundaria, porque nosotros no entendemos ese objetivo de mayor responsabilidad de la Comunitat en la prestación de servicios ferroviarios como una cuestión soberanista". Desde el Consell, prosiguió, "simplemente entendemos que una mayor participación de la Generalitat podría significar una posibilidad importante para mejorar y hacer más competitivo el transporte ferroviario". El objetivo, indicó, es "mejorar el ferrocarril", y sugirió que existen "otros mecanismos de participación o de colaboración en la planificación y gestión de los servicios ferroviarios" para mejorar la calidad del servicio.
Durante su intervención, el conseller negó hasta cinco
veces, según contabiliza Sanchordi, la necesidad del traspaso. El portavoz
del PP, Rafael Maluenda, incidió en el mismo argumento: "Más importante que
conseguir las competencias con urgencia es conseguir la mejora y la calidad
del servicio. Al usuario no le preocupa si es competencia del Estado o de la
Generalitat; lo que quiere es tener un servicio eficaz".
Mercedes Sanchordi criticó que "la bandera ahora del Consell del PP antes no
lo era", y consideró que la marcha atrás en la exigencia al Ejecutivo de
Aznar "dice muy poco de un Gobierno y hace cada vez menos creíble su
presunta defensa de los intereses valencianos".
(www.levante-emv.es, 18/09/07)
20. EL CONSELL APOYA UN ATAJO PARA QUE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA IMPARTA MEDICINA
El culebrón de la facultad de Medicina de la Universidad Católica puede acabar a principios de 2008, pero todavía falta por ver un par de capítulos. Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, dio a entender que la Generalitat apoyará que los 60 alumnos que en unas semanas empezarán un título no oficial llamado Introducción a las Ciencias de la Salud, acaben examinándose en junio de primero de Medicina. Los técnicos universitarios consultados pusieron en duda la viabilidad legal de ese atajo. El consejero confirmó también el cambio de rumbo de la VIU.
Alejandro Font de Mora presidió su primer Consejo de Universidades, el órgano que reúne a la Administración autonómica y a los rectores de los campus públicos y privados. Aunque más bien, como reconoció a la salida, se limitó a "saludar" al resto de miembros, dado que su agenda le exigía acudir casi inmediatamente a Paterna para poner la primera piedra de un instituto.
El consejero tuvo unos minutos, sin embargo, para comentar la situación de la carrera de Medicina de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. El centro del arzobispo Agustín García-Gasco mantuvo antes del verano un serio enfrentamiento con el Gobierno por su pretensión de poner en marcha la carrera a pesar de no poder homologar previamente el título y el plan de estudios. El resultado, dijo Font de Mora, fue que la Católica "decidió allanarse" ante los "impedimentos de naturaleza legal" que encontró la homologación de los estudios.
La universidad privada empezará a impartir este mes un título propio (que no es oficial y no exige homologación), llamado Introducción a las Ciencias de la Salud, a los 60 alumnos que seleccionó para estudiar Medicina. En diciembre, la fecha en la que el Ejecutivo promulgará probablemente el decreto que levantará la suspensión en la homologación de nuevos planes de estudio, la Católica presentará su propuesta y ésta "se aprobará", adelantó el consejero. "Y en el momento en que ese plan de estudios sea aprobado podrá aplicarlo en plena legalidad".
¿Significa eso que los universitarios podrán examinarse en junio de Medicina? Font de Mora dio a entender que sí: "Lo que sé es que el saber no ocupa lugar. Es decir, que si a mí me explican la estructura del húmero en Introducción a las Ciencias de la Salud y luego me lo exigen en Anatomía I, pues seguramente el húmero no habrá cambiado por la disposición administrativa".
Las fuentes universitarias consultadas consideraron muy complicado el encaje legal de ese trasvase de estudiantes. La estrategia a seguir por la Católica y por el Consell, que ha apoyado desde el principio al centro privado, quedaba, sin embargo, meridianamente claro.
Font de Mora aclaró también el futuro de la Universidad Internacional Valenciana, la otra gran polémica académica de la legislatura pasada, que marcó la ruptura casi definitiva entre los rectores y el ex consejero Justo Nieto. El Consell "suscribe todo lo que se ha hecho desde el Gobierno valenciano. Lo que se ha intentado es que la lectura que se hizo del proyecto entonces se ajuste a la realidad", declaró Font de Mora.
Ese ajuste con la realidad empieza por eliminar "la impresión" de que la universidad virtual vaya a competir con los campus públicos. "Ahí pudo haber algún problema", admitió el consejero, "al hablar de que iba a ser la sexta universidad valenciana".
Aclarados los problemas de comunicación, la Internacional Valencian University (VIU) será una plataforma no presencial que funcionará como "proveedora de contenidos docentes". "Y esa provisión de contenidos se puede hacer teniendo material propio o teniendo material de otras universidades, tanto valencianas como de otras partes de los territorios de España o del extranjero", señaló.
Los exámenes y las prácticas se realizarán en las instalaciones de esos centros. Su oferta será fundamentalmente de posgrado -en la lista de titulaciones redactada por Nieto, en cambio, figuraba, entre otras, la carrera de Derecho- y se dirigirá "a una población que está fuera de nuestros territorios". La iniciativa se presentará en el primer semestre de 2008, afirmó Font de Mora. Ese punto, la nueva disposición al "diálogo" y al trabajo en común del consejero ha sido celebrada por la mayoría de rectores.
21. COMUNIDAD VALENCIANA: NADIE DEL PP NACIONAL QUIERE UNA FOTO CON FABRA
Con el aliento de la justicia en su cogote, la dirección nacional del PP impone máxima precaución para todo lo que tenga que ver con este preboste "popular". Ésta es la razón por la que el líder del PP, Mariano Rajoy, evita siempre ir a Castellón.
Desde Vinaròs hasta Almenara, de norte a sur de la provincia de Castellón, nadie en el PP se atreve a levantarle la voz a Carlos Fabra. La cosa cambia radicalmente cuando traspasa su límite geopolítico. Entonces lo que piensa, dice o propone el que es presidente provincial del PP y de la diputación deja de tener cualquier importancia. Se han manifestado últimamente indicios que apuntan a que el peso político de Fabra es cada vez más flaco.
Uno de los indicios más recientes del declive de Fabra se manifestó el pasado 5 de septiembre. Fabra en público expresó su deseo de que el castellonense, Juan Costa, ex ministro de Aznar, fuera el cabeza de lista electoral del PP por Castellón para las elecciones generales del año que viene. Normalmente a una invitación de este tipo, el aludido suele contestar para aceptarla la oferta o no, pero han pasado los días y Costa no ha dicho esta boca es mía. Es muy probable que el silencio de Costa al envite tenga mucho que ver con la extremada precaución que dicen que impone la dirección del PP nacional cuando Fabra aparece de por medio.
También es cierto que ese repentino tirar los tejos políticos de Fabra a Costa -considerado ahora éste como uno de los "niños bonitos" de Mariano Rajoy, tras nombrarle director del programa electoral del PP- tuvo un motivo inconfeso por Fabra, acechado por la justicia. Ese mismo día, el juzgado de Nules que instruye uno de los muchos sumarios contra el sospechoso político por supuesto cobro de comisiones ilegales al empresario, Vicente Vilar, se convertía en foco de la noticia nada buena para él.
Se supo - según declaraciones al juez de la secretaria del empresario Vilar - que el chófer de Fabra recogía con regularidad bolsas de la empresa de aquel, aunque, de momento, no se ha podido confirmar que dentro había fardos de billetes, que es lo que intenta demostrar la acusación en este sumario.
La lista de imputaciones a Fabra en supuestos delitos es mucho mayor, mientras se espera que de una vez se celebren los juicios, tras la larga espera que se inició con las primeras denuncias a finales del año 2003. Con la justicia en los talones, no resulta extraño que Mariano Rajoy evite ir a Castellón esperándole en las puertas Fabra para rendirle pleitesía.
Hoy por hoy, en medios profesionales periodísticos se sigue cotizando muy alto una fotografía dándose la mano los dos dirigentes políticos. Rajoy, como líder y candidato de la derecha bajo las siglas del PP a la presidencia del gobierno español, quiso – así lo dijo textualmente– iniciar este curso político "con acento valenciano". Estuvo en Alicante, anteriormente en Valencia, pero a Castellón "Rajoy lo evita hasta volando por encima en avión", dice con sorna una fuente política valenciana de la oposición.
El último cartucho que Fabra ha utilizado con éxito, justo antes de lo que se adelanta como posible inicio de su caída política, lo dispara y dio en el blanco, pensando en su hija. Al socaire del resultado favorable al PP de Castellón en las urnas del pasado 27 de mayo – pese a una sensible huida del voto conservador hacia la izquierda – Fabra consiguió colocar a su hija Andrea de senadora por designación del ejecutivo autonómico "Les Corts".
(www.elplural.com, 17/09/07)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ DEL CASO DE LOS APARCAMIENTOS EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO ALPERI VE INDICIOS DE DELITO
El magistrado que ha llevado la instrucción del denominado caso de los aparcamientos, en el que se pretende dirimir si hubo trato de favor al empresario Enrique Ortiz por parte del Ayuntamiento de Alicante tras las modificaciones introducidas en la construcción y explotación de los estacionamientos subterráneos de Catedrático Soler, Hermanos López de Osaba y Padre Esplá, parece tener claro que existen suficientes indicios de delito como para que el asunto siga vivo. Así lo hace saber el juez Gómez-Angulo en la "exposición razonada" que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad como paso previo y preceptivo antes de trasladar el proceso a este órgano judicial, a quien compete ahora dada la condición de aforado de uno de los imputados: el alcalde de Alicante y también diputado autonómico tras las elecciones del 27-M Luis Díaz Alperi. Comparten situación procesal con Alperi Enrique Ortiz, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, el responsable de Tráfico y Seguridad en el anterior mandato, Luis Concepción, el técnico que informó a favor de las mejoras concedidas a Ortiz y el apoderado de empresario. Se les imputan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Tras precisar que "la causa se encuentra en un avanzado estado de instrucción", asevera el magistrado que "no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal y las acusaciones particulares - José Luis Valdés y EU - (...) porque continúan existiendo tras las investigaciones practicadas varios puntos clave, discutibles, sobre los que poder sustentar motivos bastantes de criminalidad como para proseguir la investigación".
El magistrado realiza un pormenorizado relato de los hechos en el que no obvia, por ejemplo, el que no se uniera al expediente de los aparcamientos la propuesta de acuerdo redactada por el jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, y dirigida al pleno del Ayuntamiento, "en la que rechazaba todas y cada una de las modificaciones solicitadas por la adjudicataria". Y precisa que "remitida dicha propuesta a la Gerencia de Urbanismo para la firma por parte de la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, como responsable del órgano gestor, nunca se firmó, ni se desestimó formalmente ni quedó por ello unida al expediente".
Menciona también el juez el informe del técnico de Tráfico en el que se estiman las modificaciones planteadas por Ortiz para matizar que "no menciona un importante escrito del proyectista sin fecha de presentación (...) concluye rechazando las propuestas técnicas alternativas suscitadas por la adjudicataria para a continuación, en abierta discrepancia con aquel primer informe técnico, estimar la necesidad de introducir mejoras en el contrato aconsejadas, según su parecer, por el interés público".
En el escrito, Gómez-Angulo alude directamente a los argumentos del fiscal calificando de "anómalo o excepcional" el cambio en la competencia del contrato - de Urbanismo, cuyos técnicos eran contrarios a las modificaciones, a Tráfico, donde al final se estimaron - , lo que "permite sostener, dice, que fue buscado con el único propósito de sortear dichos informes contrarios y permitir
(www.levante-emv.com, 20/09/07)
23. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP APRUEBA 2.500 CASAS EN ORIHUELA PENDIENTES DE LA DESALADORA QUE BOICOTEA (19/09/07)
Con dos informes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura y otro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), el PP en el Ayuntamiento de Orihuela aprobará hoy el proyecto de Urbanización PAU 7, que contempla la construcción de 2.500 viviendas para albergar a unos 8.000 nuevos habitantes en la costa. La falta de agua, según la Confederación del Segura, se paliaría con los recursos de la "desalinización de agua marina" de la planta que el propio PP está boicoteando en Torrevieja. Además, el IVVSA critica las pocas viviendas protegidas previstas.
Será la primera gran actuación urbanística aprobada por la nueva alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente del PP, y contará con el rechazo de todos los partidos en la oposición. El pleno extraordinario de esta mañana aprobará el expediente modificado del PAU 7, que promueve Antonio Pedrera, de la Urbanizadora Villamartín.
El proyecto salió a exposición pública en 2002, durante el mandato del anterior alcalde, José Manuel Medina, del PP, su tramitación fue lenta y el último escollo se salvó el 11 de mayo, días antes de las elecciones, cuando la comisión Territorial de Urbanismo informó favorablemente. En su resolución la consejería admite que la Confederación del Segura "condiciona" esta actuación urbanística a la disponibilidad de recursos hídricos, que llegarán de "la desalinización de agua marina con las previsiones, a corto plazo, del programa AGUA". El IVVSA también emitió un informe desfavorable en abril de 2006 que indicaba que las viviendas protegidas, (1.719 en tres sectores diferentes), "no alcanzan el número establecido en el estudio de necesidades de demanda" en cuatro años, que son 2.322 viviendas. Entre la documentación de este proyecto figura un informe de Aquagest Levante con datos sobre el agua potable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a Orihuela que confirma el espectacular aumento de consumo en pocos años, al pasar de los 2.8 millones de metros cúbicos de agua de 1999 a los 5.5 consumidos en 2006. "El agua que pide el PP no es para el campo, es para el ladrillo", dijo la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno. Los siete concejales socialistas, los tres de los Verdes y el edil del Centro Liberal Renovador votarán en contra de este proyecto que aprobarán en solitario los 14 ediles del PP.
La portavoz socialista fundamentó su oposición en la existencia de estos dos informes desfavorables y en que "no exista ningún documento oficial que asegure que se hayan subsanado los errores". La edil también criticó la contradicción que supone "la oposición y el boicot permanente del PP a la desaladora de Torrevieja, y que ahora el mismo partido apruebe nuevas casas que requieren agua desalada". La oposición también se pregunta dónde estas las necesidades educativas y sanitarias que tendrán los 8.000 nuevos habitantes de esta zona de la costa en la que se han construido ya 50.000 viviendas.
(www.elpais.com, 19/09/07)
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA... ¡DEL PP Y SIN BANDERA!
El PP está centrando buena parte de su ofensiva contra el Gobierno en el debate sobre la necesidad de que en todos los ayuntamientos de España ondee la enseña nacional. Son muchos los Ayuntamientos en los que no se ve la bandera, pero no todos están gobernados por la izquierda. En Orihuela (Alicante), dirigido por los populares, la bandera no estuvo presente en las fiestas de la localidad.
El 17 de julio, la localidad alicantina de Orihuela celebra su gran fiesta: el Día del Pájaro. Una celebración que se encuadra en los populares festejos de Moros y Cristianos y que se inicia con un paseo de la Gloriosa Enseña de Oriol, una bandera que data del siglo XVI. La enseña se descuelga desde los balcones del Ayuntamiento para protagonizar el Desfile de la Reconquista, que da comienzo a las fiestas.
En un ayuntamiento gobernado por el PP desde 1986 con una amplia mayoría y en cuyas fiestas han participado, como abanderados y como síndicos, políticos de la cúpula popular como Francisco Camps, Eduardo Zaplana y Rita Barberá, llama la atención que ninguno de ellos haya protestado por la ausencia de la bandera nacional en la fachada del Ayuntamiento.
Ni este año, ni en años anteriores, la bandera española ha ondeado en Orihuela durante sus fiestas populares. Diversas fotografías de las fiestas así lo demuestran. Todo ello en un municipio en manos del PP, que tan crítico es, por ejemplo, con los socialistas catalanes, ERC o el PNV por una cuestión similar.
Parece que la enseña oriolana no es compatible con la nacional, pero esto no parece preocupar al PP, ni en el municipio ni en la dirección nacional que tan duramente critica a los Ayuntamientos en los que no se cumple esta polémica ley.
(www.elplural.com, 21/09/07)
25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA FUNDACIÓ DE LA SOLIDARITAT PAGA A SIETE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL CONSELL (15/09/07)
El círculo se estrecha en torno a Ester Fonfría, gerente de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat, una entidad privada sin ánimo de lucro financiada por Bienestar Social y Bancaja dedicada a apoyar a las ONG valencianas. Comisiones Obreras denunció a la entidad ante la Inspección de Trabajo por negarse a proporcionar información sobre la plantilla. El sindicato confirmó, paralelamente, que hay siete personas en nómina que no trabajan en la fundación. Seis de ellas son en realidad empleados de la consejería de Rafael Blasco y otra, de la de Juan Cotino.
Los empleados ocupan puestos de asesores y de periodistas en el gabinete de comunicación de ambos departamentos. Su situación irregular debilita la posición de Ester Fonfría, gerente de la fundación (cuyo acrónimo es Fundar), acusada de "persecución ideológica" por el sindicato. Y desmiente la defensa que Fonfría había formulado para rechazarla.
La entidad despidió el 31 de julio a seis trabajadores que habían participado en las primeras elecciones sindicales de la empresa, creada en 2001, y que ganó CC OO. Cuatro de los despedidos iban en las listas de Comisiones. Los otros dos eran simpatizantes. Según la organización sindical, la dirección de Fundar habría tratado de impedir previamente las elecciones amenazando a algunos de los candidatos.
Ester Fonfría negó entonces que se hubiese producido persecución sindical. Según su versión, los despidos respondieron a una reestructuración muy meditada de la plantilla. La gerente afirmó que los seis puestos vacantes no serían cubiertos. "Serán amortizados", declaró, "para dedicar el dinero al verdadero objetivo de la fundación, que es apoyar a las ONG".
La versión de la reestructuración organizativa ya presentaba incongruencias. El asunto acabó de aclararse , cuando CC OO constató que Fonfría contrató a cuatro personas el 1 de agosto, un día después de firmar los seis despidos. Ninguno de ellos trabaja en realidad en Fundar. Ocupan puestos de asesores y periodistas en la Consejería de Inmigración, Participación y Ciudadanía, el nuevo departamento que dirige Rafael Blasco. El consejero es, asimismo, desde julio, vicepresidente de Fundar.
A esos cuatro casos hay que sumar la situación irregular de otros cuatro contratados. Dos desempeñan funciones en la consejería de Blasco. Otro, en la de Juan Cotino, vicepresidente del Consell, consejero de Bienestar Social y presidente del patronato de Fundar. Las sospechas sobre ellos surgieron el día de las elecciones sindicales: cuando acudieron a votar, supuestamente a la lista alternativa a CC OO, resultó que nadie los conocía. Había pocas posibilidades de que se tratase de personas lo bastante discretas como para haber pasado desapercibidas: por entonces, sin contarlos a ellos, en las instalaciones de la calle de Fontcalent, en Valencia, había 19 trabajadores.
Casi todos los contratados irregularmente en Fundar trabajan para Blasco, que ha sido desde el principio el valedor de Fonfría. Fue Blasco quien la nombró gerente en el año 2001 cuando, siendo consejero de Bienestar Social, creó la fundación con Bancaja.
Tras ser destinado a la nueva Consejería de Inmigración, un departamento considerablemente menor que los que había dirigido previamente, Blasco logró que se modificara el patronato de la fundación y para ser nombrado vicepresidente. Aunque Cotino, como titular de Bienestar Social, sigue ocupando la presidencia del patronato, su equipo de comunicación se ha encargado de dejar claro en la última semana que no mantiene ninguna relación con Fundar. Y que es Blasco quien se encarga de llevar su "día a día". Tras ser denunciada ante la Inspección de Trabajo, la fundación proporcionó a CC OO la información que había solicitado. El caso Fonfría ha causado malestar en Bancaja, que está representada en el patronato de la entidad y que destinó en 2006 1,3 millones de euros a financiarla. Bienestar Social aportó otros 2,7 millones.
(www.elpais.com, 18/09/07)
26 COMUNIDAD VALENCIANA: BENIDORM ADJUDICA LA ZONA AZUL A UNA EMPRESA DE UN EX EDIL DEL PP
El Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto adjudicar por diez años los servicios de grúa y de zona azul a la empresa Park Control 2000 SL en el pleno de este mes, después de que la mesa de contratación celebrada le adjudicara la máxima puntuación de las cuatro aspirantes. El representante de esta empresa en la ciudad es Antonio Galiana, que durante los últimos años ejerció de concejal de Juventud. Galiana se desvinculó de la empresa a la que ha vuelto cuando entró en política. No obstante, los trámites para adjudicar el contrato han estado rodeados de polémica.
El PSPV criticó que el concurso se adelantara dos meses al vencimiento del contrato, en febrero, y acusó al Gobierno de "querer dejarse atada la adjudicación antes de los comicios". La resolución sin embargo se ha retrasado "por falta de informes técnicos", según la versión oficial, y por "los intereses contrapuestos de las familias del PP", según la oposición. Galiana quedó fuera de la lista electoral. Casualmente una de las mejoras propuesta por Park Control SL en su oferta para el servicio es la creación de un parque en la zona de Mercasa, lo que coincide con una de las propuestas estrellas del PP en las pasadas elecciones. La empresa se quedará con los ingresos de las 1.400 plazas de zona azul, y el servicio de grúa municipal, y a cambio está obligada a renovar toda la señalización horizontal y vertical y ejecutar varias mejoras en los parkings, quedando exento de pagar un canon al consistorio.
(www.elpais.com, 21/09/07)
27. COMUNIDAD VALENCIANA: UN IMPUTADO POR EXTORSIÓN Y EN LIBERTAD BAJO FIANZA ASUME SU ACTA DE CONCEJAL DEL PP EN ALBATERA
Javier Bru, imputado por el juez por supuesta extorsión y en libertad con cargos y bajo fianza de 60.000 euros, tomó posesión de su acta como concejal del PP en Albatera (Vega Baja). Y lo hizo en un pleno extraordinario, que duró apenas unos pocos minutos, y sin intervención pública alguna. El nuevo edil salió de la cárcel de Fontcalent (Alicante) el pasado 28 de junio, junto al empresario Ángel Fenoll y su hijo. Javier Bru, encarcelado en el marco de una operación contra la corrupción en la comarca, es gerente de la empresa Colsur SA, vinculada a Fenoll. La investigación del juzgado número 3 de Orihuela se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en un intento de soborno recogido en una grabación por la adjudicación de la contrata de basura en Orihuela.
Bru evitó acudir al pleno de julio para recoger su acta de concejal y anunció que lo haría después del verano. el nuevo edil explicó que no lo hizo antes "porque era verano, luego venían las fiestas del pueblo y quería evitar polémicas". Tras el pleno extraordinario, el portavoz socialista, Francisco García Gelardo, se preguntaba por "los extraños motivos" por los que el edil imputado no vino en julio o se espera a la próxima semana al pleno ordinario, y "se convoca una sesión extraordinaria para dar realce y fanfarria a una cuestión de puro trámite". El edil socialista recordó que por primera vez en la historia democrática de este Ayuntamiento se convoca una sesión extraodinaria para que un concejal tome posesión, "lo que demuestra el poder que ejerce Bru sobre el resto del PP", dijo Gelardo.
El PP obtuvo en las elecciones de mayo 9 ediles, con lo que arrebató la alcaldía al PSPV que tiene ahora siete, y Coalición Valenciana uno. Mientras, Javier Bru, no era concejal el alcalde, Federico Berná, estaba en minoría, empatado númericamente con la oposición.
(www.elpais.com, 21/09/07)
28. REGIÓN DE MURCIA: EL GOBIERNO DE VALCÁRCEL EMPIEZA A DESFILAR ANTE LA JUSTICIA POR EL PELOTAZO DE LA ZERRICHERA (18/09/07)
Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular (PP), de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal. Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.
Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).
Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.
Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de "cobarde" y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.
Se da el caso que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia. Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este "granero" socialista murciano.
En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE, que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros. El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.
(www.vegamediapress.com, 18/09/07)
29. REGIÓN DE MURCIA: VIAJE CON NOSOTROS....URDEMASA "PREMIÓ" CON LUJOSOS CRUCEROS AL GOBIERNO POPULAR DE SAN JAVIER (19/09/07)
El Grupo Urdemasa y sus filiales, del que es socio el ex alcalde José Hernández, pagó lujosos viajes a concejales y familiares del antiguo gobierno municipal de San Javier, del Partido Popular, a cambio de distintos favores a la empresas, según ha podido saber esta redacción, que cuenta con varias grabaciones en las que se especifican estas prebendas a los ediles populares. Uno de estos "premios" o presuntos pagos, consistió en un crucero por el Mediterráneo que partió desde Venecia. Ante la imposibilidad de que los ediles pudieran llegar a tiempo a la ciudad italiana para coger el barco, Urdemasa no dudó en poner una avión privado desde San Javier para que los afortunados turistas disfrutasen de tan merecidas vacaciones.
En una de estas conversaciones, que transcribimos a continuación, la ex edil popular de Parques y Jardines, Esther Delgado Escribano, conversa con otra persona y le cuenta que ha llamado Agustín, "el hijo del jefe de Urdemasa" y como van a viajar a Venecia. Durante la legislatura popular son varios los "obsequios" recibidos por las autoridades locales.
- ¿Quién ha llamado?-
- Ha Llamado Ángel, el hijo de Fernando. Me dice, cuando puedas, luego me haces la gestión, y digo, pues ahora mismo. Y llamó a Ángel, y le pregunto ¿esto cuando puede estar? Ángel el Hijo de Fernando, le hago la gestión a Agustín y ve lo rápida que soy y al del yerno lo tengo contento.
-(........l
-Por que ve, que le llevo clientes o posible clientes.
-(........)
- Haber, Agustín me ha llamado, que dineral tiene el tipo, Nos invito el
padre al Crucero, pero el crucero salio de Venecia, pero alquilaron un Yet
privado de Air-Nostrun en 10 millones de pesetas para llevarnos a Venecia,
para no coger de aquí a Madrid y Madrid- Venecia, o sea llevarnos a Madrid
mas lo que vale el crucero.
- (........)
-¿Quién te ha llamado?
- Me ha llamado Agustín de Urdemasa, su padre nos invito, pero yo con quien he hablado con el hijo que son con los que más relación tengo, pero quien manda es el padre yo voy a ir, a ir, porque tendré que hacerlo muy muy mal para no ir.
- (........)
- Agustín me ha llamado, claro, de aquí donde podemos ir a Florencia, a Florencia, tendríamos que ir a Barcelona.
(www.vegamediapress.com, 19/09/07)
30. ISLAS BALEARES: EL EX DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PP ADMITE QUE SE EQUIVOCÓ DOS VECES AL INFORMAR SOBRE UNA LICENCIA
Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en el anterior Govern del Partido Popular y antiguo factotum del urbanismo en Andratx, admitió ante el juez del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística, que se equivocó en dos ocasiones al informar sobre un proyecto de viviendas. Massot, y el ex alcalde de Andratx por el Partido Popular, Eugenio Hidalgo, declararon como imputados por un presunto delito urbanístico en relación al mencionado edificio, cuya licencia finalmente fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Los hechos sobre los que giraron los interrogatorios guardan relación con la licencia solicitada por José Luis Feliu Bordoy (de la familia de juristas Feliu) para levantar un edificio plurifamiliar en un solar de la calle Ingeniero Gabriel Roca, muy próximo al faro del Port d´Andratx.
Este expediente dio lugar a una serie de vicisitudes administrativas y judiciales contradictorias, tanto a favor, como en contra del proyecto.
La licencia fue otorgada por el Ayuntamiento de Andratx al entender que el solar tenía la calificación de urbano residencial. Posteriormente, los permisos fueron revocados al sostener los técnicos que el terreno estaba destinado a usos viarios, al parecer un aparcamiento.
En una tercera fase, el suelo volvió a ser calificado de urbano residencial y la licencia otorgada por segunda vez. Una vecina interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la licencia y un juzgado de lo contencioso de Palma dio la razón al consistorio y ratificó la adecuación a derecho de la licencia.
Posteriormente, la sala de lo contencioso del TSJB revocó dicha sentencia y anuló la autorización, al considerar que el solar estaba destinado a usos viarios.
Massot, y un asesor municipal, I. Mir, defendido por Josep Zaforteza, explicaron ante el juez Álvaro Latorre y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach su intervención en el expediente y los informes que emitieron al respecto. Massot, defendido por el despacho de Miguel Capellá, reconoció que primero apoyó la concesión de la licencia al pensar que era suelo urbano residencial, pero luego cambió su criterio al entender que la primera vez no había ubicado correctamente el solar y que allí estaba previsto un aparcamiento público. El imputado precisó que él mismo instó la nulidad de la licencia, con lo que habría vuelto a errar.
Posteriormente la calificación del solar volvió a ser cuestionada y el entonces jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx apoyó el proyecto. Los promotores presentaron otra vez su proyecto y, según Jaume Massot, acreditaron que el terreno era de propiedad privada y no público, lo que excluía un uso de parking.
El destituido director general de Ordenación del Territorio del Govern del Partido Popular, añadió que existían discrepancias entre los informes gráficos y los escritos unidos al expediente. Los documentos escritos afianzaban la tesis de que era un solar residencial.
Jaume Massot explicó que la jurisprudencia, en estos supuestos, prima los informes escritos, por lo que él se inclinó por dar el visto bueno al edificio de viviendas. Más tarde, el TSJB anuló la licencia, sentencia con la que discrepa el imputado.
Eugenio Hidalgo, defendido por Rafael Perera, limitó su intervención en el caso a acatar los dictámenes de los técnicos municipales. El ex alcalde añadió que en las comisiones de gobierno municipales no hubo discusiones o discrepancias sobre este expediente y que los políticos votaron a favor de lo propuesto por los técnicos. Rafael Perera señaló que su representado no tuvo ningún interés personal o patrimonial en este proyecto. Jaime Gibert, suspendido celador municipal de obras y defendido por Juan Luis Matas, declaró como testigo por este edificio.
(www.diariodemallorca.es, 20/09/07)
31. ISLAS BALEARES: EL EX CONSELLER SAIZ DECLARA COMO IMPUTADO POR UN EDIFICIO EN ANDRATX
Jeroni Saiz Gomila, ex conseller de Obras Públicas en antiguos Governs del Partido Popular, ingeniero de profesión y consejero de la empresa pública de aguas de Palma-Emaya, declaró como imputado en una de las piezas separadas del caso Andratx, la relativa a un edificio de viviendas cercano al faro del puerto de dicha localidad. Saiz, defendido por Rafael y Salvador Perera, compareció para explicar los motivos por los que emitió un informe pericial favorable al proyecto, que fue usado en un proceso contencioso-administrativo.
Saiz prestó declaración en calidad de imputado en la
pieza separada relativa a un edificio de la calle Ingeniero Gabriel Roca 80,
del Port d´Andratx, promovido por José Luis Feliu Bordoy (de la familia de
juristas Feliu) y cuya licencia, tras llamativos avatares administrativos,
fue declarada nula por el TSJB.
Básicamente la controversia en relación a este edificio versó sobre si el
solar donde se levantó tenía la calificación de uso viario (aparcamiento) o
uso residencial y si era de titularidad pública o privada. El entonces jefe
del área municipal de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, imputado también
en este subcaso, primero se pronunció a favor del uso residencial, luego se
inclinó por uso viario y finalmente dictaminó que era suelo particular para
casas. Saiz explicó al juez que el planeamiento urbanístico de Andratx era
"muy antiguo y confuso" y que incluía errores en la cartografía. Sobre su
dictamen, el ex conseller sostuvo que volvería a emitirlo en similares
términos.
www.diariodemallorca.es
32. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: PESE A PASAR 22 AÑOS TRAS SU DESPENALIZACIÓN, EL ABORTO SIGUE SIENDO IMPOSIBLE EN NAVARRA (18/09/07)
Hace 22 años que el aborto fue despenalizado en España, sin embargo, aún hay muchas mujeres que no pueden ejercer este derecho tan fácilmente como sería deseable. En Navarra no existe ningún centro, ni público ni privado, en el que se pueda interrumpir el embarazo, y aunque PSOE e IU ya han propuesto abordar el problema en la Cámara regional, el Gobierno de UPN no parece dispuesto a facilitar el proceso.
Unas 600 navarras deben desplazarse cada año a otras comunidades para poder abortar en una comunidad en la que el Opus Dei tiene una enorme influencia y poder. Ninguna clínica, ni pública ni privada, practica abortos en la Comunidad Foral, pese a que este está permitido por ley en tres supuestos (violación, riesgos para la salud física o psíquica de la madre o malformaciones del feto) desde 1985.
Aunque está previsto un pleno para el próximo mes de octubre en el que los grupos de la oposición pedirán que se tomen medidas para que la despenalización del aborto sea real y efectiva también en Navarra, no parece que la iniciativa tenga muchos visos de prosperar: la consejera de Salud de la región, María Kutz, asegura que "la ley se cumple" y que ante todo hay que respetar "el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario", según informó El País.
Sin embargo, una parte de ese personal sanitario afirma que no tendría problema alguno en practicar abortos si se dieran las condiciones necesarias. No obstante, estos profesionales no lo tienen nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la sanidad navarra, así como la formación en medicina, está copada por el Opus Dei, propietario de la única facultad de Medicina de la región y también de varios hospitales y centros de investigación.
De hecho, en 1985, tres ginecólogos comenzaron a aplicar la nueva ley de despenalización y practicaron abortos en el hospital público Virgen del Camino de Pamplona. En aquel momento se comenzó una campaña mediática impulsada por el Diario de Navarra (accionista de la COPE) contra ellos, e incluso la asociación ultraconservadora y ultracatólica Acción Familiar les llevó ante los tribunales. Aunque fueron absueltos, el trauma personal y social sigue abierto.
Uno de aquellos médicos, Pablo Sánchez Valverde, asegura que "no tendría problema en practicar abortos", pero no "en la situación de desamparo judicial y legal" que vivieron entonces. Lo mismo opina otra de las ginecólogas procesadas, María Cruz Landa, quien asegura que "hay un problema general en toda España que exigiría una reforma legal" ya que, según recordó, sólo el tres por ciento de los más de 90.000 abortos anuales se practican en la sanidad pública y alegando daños psicológicos para la madre.
Pese a estos hechos, el Gobierno foral se niega ha elaborar un registro con los médicos que no son objetores para ofrecer este tipo de intervenciones y reiteran que la ley se respeta y que no es necesario cambiar las políticas actuales. Y sus ideas son apoyadas por Acción Familiar, desde donde apuntan que "uno en su casa no quiere transgresiones de la moral". "Si tiene que hacerse, que sea fuera de nuestro suelo", afirman.
(www.elplural.com, 18/09/07)
33. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: UPN RECUPERA EL NOMBRE DEL FALANGISTA ARRESE PARA UN CAMPO DE FÚTBOL EN CORELLA (19/09/07)
Después de restaurar el icono religioso dedicado al Corazón de Jesús en el salón de plenos de la casa consistorial, el Ayuntamiento de Corella, gobernado ahora por UPN, ha decidido bautizar el nuevo campo de fútbol con el nombre de estadio Arrese, en memoria del ministro franquista y denominación que recibía el viejo campo de fútbol ya demolido. Una derecha, la de UPN en Corella, que parece empeñada en atizar la crispación instalada en la sociedad española: ya no se trata de protestar por la retirada de símbolos y nombres franquistas, sino que algunos se dedican a reponerlos.
La oposición de PSN y ACI –la agrupación independiente para este municipio- ha valorado muy negativamente este paso dado por el consistorio conservador. Esta desafortunada iniciativa –que traerá consigo no pocos debates en el municipio corellano- tiene un llamativo antecedente. Fue precisamente Miguel Sanz –que fue alcalde de Corella desde 1983 hasta 1991- quien mantuvo durante todo este período una foto del falangista José Luis Arrese presidiendo el salón de plenos, junto a los Reyes de España y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Un mal antecedente para una localidad que no cambia precisamente para mejor.
(www.elplural.com, 19/09/07)
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