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ÍNDICE
1. EL APOYO DE DOS MAGISTRADOS A LAS RECUSACIONES DEL PP CAUSA MALESTAR EN EL CONSTITUCIONAL
2. ALCARAZ : " HOY EL EL Gobierno comparte su alegría con los TERRORISTAS"
3. Pilar Manjón renuncia a actuar contra el juez Gómez Bermúdez por el libro de su esposa sobre el 11-M
4. El Poder Judicial investiga el libro de la mujer de Bermúdez
5. La mujer de Bermúdez creó una editorial cuando aún se celebraba el juicio del 11-M
6. El juez Gómez Bermúdez pide disculpas a Pilar Manjón
7. 40.000 ejemplares, poca venta
8. Pilar Manjón, Rodríguez Zapatero y el juez Gómez Bermúdez
9. Bermúdez se considera perseguido por los 'derrotados' en su sentencia
10. EL FISCAL RECURRE CONTRA EL ARCHIVO DEL 'CASO YAK-42'
11. EL TC TUMBA LAS RECUSACIONES QUE EL PP BASÓ EN UNA NOTICIA FALSA
12. UN SENADOR DEL PP CRITICA A SOLBES POR ESTAR "MUY MAYOR"
13. LOS JÓVENES DEL PARTIDO POPULAR SE RADICALIZAN
14. EL PP SE OPONE A LAS DESALADORAS PERO ESTUDIARÁ CASO A CASO SI GANA RAJOY
15. José María Fidalgo, cada vez más cerca de la derecha
16. Cuando la sanidad pública es un negocio
17. CA. MURCIA.’OPERACIÓN TOTEM': EL LADRILLO SALPICA EN MURCIA OTRA VEZ AL PP
18. CA. MURCIA .SEIS DETENIDOS POR PAGO DE COMISIONES PARA RECALIFICAR TERRENOS EN MURCIA
19. CA. MURCIA .EL PP DE MURCIA ACUMULA 19 IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
20. CA. MURCIA .LA TRAMA DE TOTANA, INVESTIGADA POR COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
21. C.A DE ANDALUCÍA. "Señor fiscal general: ¿qué pasa en La Línea?"
22. c.a. andalucía. El área de Urbanismo de Chiclana investiga irregularidades del regidor
23. C.A ANDALUCÍA. UN JEFE POLICIAL DE MÁLAGA DICE QUE SU SUPERIOR ORDENÓ ESPIAR A UNA EDIL
24. C.A DE MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECURRIRÁ LA DESIGNACIÓN DE CORTÉS COMO PRESIDENTE DE IFEMA
25. C.A DE MADRID. INVESTIGAN EL RESTAURANTE DE LA MUJER DE UN CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
26. C.A DE VALENCIA El fiscal investiga si un cargo educativo prevaricó en la matrícula de un colegio
27. C. VALENCIANA. Los grandes casos de corrupción en Alicante pasan al Tribunal Superior
28. C.A DE VALENCIA.TABACALERA, UN 'PELOTAZO' CON PRISAS
29. C. A DE GALICIA .CONSTRUCUATRO COBRÓ DE MÁS, DECLARAN AL JUEZ 10 COMPRADORES
30. C.A DE GALICIA. Alcaldes del PP en pueblos orensanos cobran 50.000 euros
31. C.A DE MADRID. GALLARDÓN RECURRE EL NOMBRAMIENTO DE CORTÉS AL FRENTE DE IFEMA
32. C.A DE MADRID.AGUIRRE Y GALLARDÓN SE PELEAN POR IFEMA
33. C.A DE MADRID.LOS OTROS SONADOS ENCONTRONAZOS DE LOS DOS LÍDERES
34. el gobierno de aguirre recomendó a los colegios las banderas más caras
35. C. VALENCIANA . FRANCISCO CAMPS Y GARCÍA-GASCO, UNIDOS CONTRA DE LA VEGA
36. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA RECHAZA TUTELAR A 90 MENORES DE CANARIAS
37. CASTILLA Y LEÓN. EL PP NO GARANTIZA LA SEGURIDAD SOCIAL A LAS CUADRILLAS CONTRA INCENDIOS
1. EL APOYO DE DOS MAGISTRADOS A LAS RECUSACIONES DEL PP CAUSA MALESTAR EN EL CONSTITUCIONAL
El pleno del Tribunal Constitucional aplazó sus deliberaciones sobre la admisión a trámite de las recusaciones del PP contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, debido al fallecimiento de la suegra del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, que excusó su asistencia a la sesión de la tarde para poder acudir a las exequias.
El pleno, integrado por 10 magistrados en razón de la abstención de la presidenta, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, se reunió para decidir sobre las recusaciones del PP contra los tres magistrados progresistas. Sin embargo, la actitud de los dos magistrados conservadores recusados por el Gobierno, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, que insistieron en que el pleno aborde las cuestiones planteadas en el recurso del PP, impidió que los magistrados llegasen a pronunciarse sobre la admisión a trámite o no de las impugnaciones, consignadas como único punto del orden del día.
Según las fuentes consultadas, García-Calvo y Rodríguez-Zapata, recusados por el Gobierno, han hecho bandera de las alegaciones formuladas por el PP hasta el punto de insistir en que se proceda a la acumulación de las cinco recusaciones y que se vean todas a la vez, previsiblemente con la intención de compensar unas con otras y mantener la actual composición del tribunal para juzgar la ley orgánica que lo regula.
Sin embargo, dichas fuentes indicaron que su actitud está incomodando incluso a sus compañeros del sector conservador, que les están dejando solos. El pasado mes de julio, García-Calvo y Rodríguez-Zapata ya intentaron que el Pleno se pronunciase sobre la prórroga del mandato de la presidenta, pero los diez magistrados restantes, incluidos cuatro de sus compañeros del bloque conservador, se negaron a secundarles para evitar "contaminarse".
Ahora parece que está sucediendo algo por el estilo. Las recusaciones del PP, basadas en una información de El Mundo desmentida en un escrito por seis magistrados, son tan endebles para apartar del tribunal a tres jueces, que la defensa a ultranza de García-Calvo y Rodríguez-Zapata de los argumentos del PP está causando un fuerte malestar en sus compañeros, sobre todo por las amenazas de "reserva de acciones" o de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prodiga el PP en sus escritos.
(www.elpais.com, 27/11/07)
2. Alcaraz: " Hoy el Gobierno comparte su alegría con los TERRORISTAS"
Acompañado de alrededor de cincuenta personas, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, acudió a la Audiencia Nacional para declarar por un delito de injurias contra el Gobierno. Injurias sobre las que "me he ratificado", afirmó. Pese a ello, espera que el caso "sea sobreseído, no me pueden meter en la cárcel".
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Aguiluchos a favor del presidente de la AVT"La tregua de ETA era una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda" y "hay pruebas más que suficientes" de la connivencia del Ejecutivo "con los asesinos" son sólo algunas de las frases por las que Alcaraz ha tenido que responder ante la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho acompañado por un pequeño grupo de simpatizantes que han protagonizado algunos altercados con la Policía. Entre estos simpatizantes se encontraban miembros de la agrupación ultraderechista Frente Nacional, cuyas banderas ondearon al grito de "De la A a la Z, Alcaraz somos todos".
Primeros disturbios
Los simpatizantes de Alcaraz llegaron a hora temprana a
las puertas de la Audiencia Nacional, frente a las cuales trataron de
colocarse. La Policía los obligó a marcharse al otro lado de la calle para
que no interrumpieran el paso, y algunas personas se resistieron,
aferrándose a vallas y semáforos e insinuando que "ante los batasunos" los
agentes de la ley se acobardan.
Gritos y conspiración
Con la llegada del presidente de la AVT, las cincuenta personas congregadas para apoyarlo cruzaron de nuevo la calle, por lo que la Policía formó un cordón de seguridad. Mientras Alcaraz se aproximaba a la puerta de la Audiencia para prestar declaración, algunos de los participantes en la concentración espontánea corearon gritos conspiracionistas del tipo "¿Dónde están los muertos de Leganés?" o "¡No hay muertos en Leganés!", en clara alusión a los terroristas que se suicidaron en un piso de Leganés después del 11-M.
Lemas
Mientras el presidente de la AVT permanecía dentro de la audiencia, sus
simpatizantes se relajaron, aunque siguieron enarbolando sus pancartas
frente a las cámaras de televisión. "ETA se vence, no se convence", "Si
votas a Zeta, votas a ETA" o "Zapatero dimisión" fueron algunos de los lemas
que utilizaron los cincuenta manifestantes para mostrar su apoyo a Alcaraz.
La marcha
"Hoy es un día en el que el Gobierno está compartiendo alegría con los terroristas", esas fueron las primeras palabras de Alcaraz después de abandonar la Audiencia Nacional y de reiterar sus injurias contra el Ejecutivo de Zapatero. Alcaraz aclaró que para la AVT la "Audiencia es un baluarte de la defensa de la Justicia" y agradeció el apoyo recibido por los manifestantes porque "así no se verá sólo a familiares y amigos de terroristas" en las puertas de la Audiencia. Alcaraz concluyó sus declaraciones con la esperanza de que el caso "sea sobreseído", y a continuación se dirigió hasta su coche, visiblemente emocionado, en compañía de sus simpatizantes.
www.elplural.com 29.11.07
3. Pilar Manjón renuncia a actuar contra el juez Gómez Bermúdez por el libro de su esposa sobre el 11-M
"No vamos a entrar en el linchamiento del juez Gómez Bermúdez", asegura
La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha anunciado que renuncia a actuar contra el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por el libro sobre el 11-M La soledad del juzgador, escrito por la esposa del magistrado, Elisa Beni.
A su llegada a la Audiencia Nacional, en la que se iba a reunir con la Fiscalía para estudiar posibles acciones contra el juez, Manjón ha señalado que desde su asociación no van a participar "en el linchamiento del juez Gómez Bermúdez".
Una de las razones esgrimidas por Manjón para explicar su decisión de no actuar contra el magistrado es el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha tomado cartas en el asunto y anunció que está estudiando el libro para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de Gómez Bermúdez y de su esposa, quien depende del CGPJ al ser jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Confianza en el trabajo del CGPJ
"El Consejo ya ha actuado, por lo tanto ya no tenemos nada que hacer", ha dicho Manjón, que ha añadido: "para mí este tema está olvidado desde el mismo momento en que el juez me llamó", en referencia a la llamada que Gómez Bermúdez hizo para pedirle disculpas en el caso de que el contenido del libro de su mujer le pudiera haber ofendido.Además, la asociación de Manjón ha decidido pasar página porque no quiere participar en el "linchamiento" que dijo está sufriendo el presidente del tribunal del 11-M. "Nunca, ni como persona ni como asociación, entraremos en el lichamiento de nadie", ha asegurado Manjón.
Un ataque "injusto"
Ha señalado que no les parece "justo" el ataque público a Gómez Bermúdez y ha indicado que "ya hemos sufrido lo suficiente nosotros como para que ahora a nadie se le someta a un linchamiento".Manjón ha explicado que, a pesar de haber renunciado a actuar contra el juez, finalmente ha decidido presentarse en la Audiencia Nacional porque "ya estaba previsto" y era "un compromiso adquirido" pero "no porque vaya a tomar nigun tipo de acción al respecto".Por último, Manjón ha asegurado que seguirá tratando con normalidad al juez, y seguirá visitándole "todas y cada una de las veces que sean necesarias por cada uno de los sumarios que hay abiertos por el 11-M".
www.elpais.es 29.11.07
4. El Poder Judicial investiga el libro de la mujer de Bermúdez
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, ordenó a los Servicios de Inspección de este órgano la apertura de una información previa para investigar si del contenido del libro La soledad del juzgador escrito por Elisa Beni, podría derivarse alguna responsabilidad disciplinaria por parte de su esposo, el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. El libro había provocado una gran polémica por revelar detalles del juicio del 11-M que sólo podía conocer el juez Bermúdez. Agunos de los aludidos en la publicación han expresado su malestar por la publicación del mismo, entre ellos Pilar Manjón quien había denunciado a la autora por revelar datos reservados una conversación suya con el magistrado.
Consecuencias para Beni
Según datos recogidos por Europa Press, la la comisión de información del CGPJ discutirá también en su próxima reunión si la publicación del libro puede tener también consecuencias para la autora, Elisa Beni, cuyo cargo como directora de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también depende del CGPJ.
Bermúdez informará voluntariamente
Sin conocer aún la apertura de estas investigaciones, el propio Gómez Bermúdez se puso en contacto con Hernando a quién manifestó su voluntad de informar voluntariamente a este órgano de todo lo que precise para dilucidar si con la publicación del libro de Beni, él hubiera podido incurrir en una responsabilidad.
Analizarán el libro
El portavoz del Consejo, Enrique López, aseguró en la Cadena SER que el Poder Judicial tendrá que analizar el libro y posteriormente elaborar un informe para despejar si de la redacción se deriva algún tipo de responsabilidad. López ha dejado claro que de entrada el CGPJ no parte de la base de que existan este tipo de reponsabilidades.
www.elplural.com 28.11.07
5. La mujer de Bermúdez creó una editorial cuando aún se celebraba el juicio del 11-M
Elisa Beni Uzábal, esposa del juez Javier Gómez Bermúdez, ha creado su propia editorial: la sociedad Uzabal Comunicación. Beni es administradora única y fue inscrita en el Registro Mercantil el pasado mes de junio, en pleno juicio del 11-M.
Entre el objeto social de la sociedad figura "la edición, creación, comercialización, publicación, promoción, distribución y venta de material didáctico e informativo, así como libros, revistas, folletos, en cualquier tipo de soporte".
Cuando Uzabal Comunicación se incorporó al Registro Mercantil de Madrid, el pasado 6 de junio, la esposa del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya había firmado con la editorial Temas de Hoy el contrato para escribir el polémico libro 'La soledad del juzgador', presentado el lunes en Madrid. Un mes después, el 2 de julio, el juicio del 11-M quedó visto para sentencia.
Además de la polvareda que se ha levantado por la supuesta revelación de secretos del juez que presidió el juicio por la masacre, la creación de la editorial puede acarrearle a Elisa Beni problemas de incompatibilidad en su actual puesto de trabajo como directora de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El artículo 11 de la Ley 53/1984, que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, prohíbe a los funcionarios ejercer actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirmaron que el hecho de que Beni tenga una editorial entra de lleno en la incompatibilidad recogida por la norma. Situación que se agrava por ser administradora única.
La esposa de Bermúdez, que fue nombrada por el CGPJ en enero de 2004, rechazó hacer comentarios sobre su editorial a este periódico. "Si tienes la información, publícala, qué quieres que te diga yo", afirmó por teléfono. "No hago comentarios de nada".
www.elmundo.es 28.11.07
6. El juez Gómez Bermúdez pide disculpas a Pilar Manjón
El juez Javier Gómez Bermúdez, presidente y ponente del tribunal del 11-M, llamó por teléfono a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, para presentarle disculpas en el caso de que el libro de su esposa, Elisa Beni, pudiera haber resultado ofensivo para ella. Bermúdez anticipó que su mujer pediría más tarde, en el acto de presentación del libro, perdón a las víctimas por si pudiesen sentirse heridas. Manjón le respondió que estaba indignada.
Poco después, Bermúdez entraba junto a su esposa en una sala del Círculo de Bellas Artes donde se presentaba el libro La soledad del juzgador, en el cual su mujer, que es también jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aborda el juicio del 11-M desde la perspectiva de su marido, el juez, quien, además de los artículos de prensa, ha sido su exclusiva fuente de información.
Del acto desertaron la mayor parte de colegas de Bermúdez, a quienes él había invitado personalmente durante las últimas semanas. Ni jueces de instrucción, ni fiscales, ni magistrados de sala acudieron al acto. Ya finalizado el evento, se presentaron las magistradas Ángela Murillo y Manuela Fernández de Prado, de la Sala de lo Penal.
La editorial Temas de Hoy explicó que cerró el acuerdo para publicar el libro antes del verano y que otros grupos rivales entraron en competencia. A primeros de octubre, a raíz de la conmoción comercial causada por la información de que saldría el libro, la fecha de la sentencia, el 31 de octubre, podía ser "aprovechada" para el lanzamiento la editorial. Sin embargo, "decidimos separar ambas cosas", dijo la responsable editorial.
Maite Pagazaurtundua, que formaba parte del panel que presentaba el libro, habló antes con Pilar Manjón, a quien informó de que no le habían enviado el libro con tiempo para leerlo y que por ello no conocía algunos de los detalles que, según Manjón, han aumentado sus riesgos de seguridad personal. En particular, el libro relata un encuentro privado entre Manjón, el juez Bermúdez y una víctima del primer atentado yihadista en España, en 1985.
Casi al finalizar el evento, Endika Zulueta, el abogado que defendió a El Egipcio, considerado terrorista pero absuelto en la sentencia, se acercó a Elisa Beni, que estaba acompañada por las magistradas Murillo y Fernández Prado:
-¿Qué, Endika, el despacho, ¿tirando para arriba? ¿Llegando casos con todo esto?, preguntó Elisa Beni.
El libro narra, precisamente, la excelente relación entre el abogado y el juez Gómez Bermúdez. "No cabe duda de que la realidad supera con mucho a la ficción", dijo un abogado presente.
Antes de concluir el acto, Elisa Beni pidió perdón por si ha ofendido a alguien con el libro. "Si alguno se ha sentido ofendido, mi intención no era herir a nadie; y si lo he hecho, pido perdón por ello", dijo www.elpais.es 27.11.07
7. 40.000 ejemplares, poca venta
La secuencia se repetía varias veces durante el fin de semana en la sección de libros de la Fnac de Callao, en pleno centro de Madrid. "Mira, el libro del juez del 11-M", le decía una chica al joven que la acompañaba. "¿Pero no lo había escrito su mujer?", respondía él. Acto seguido, cogían el libro, comprobaban su duda, y lo volvían a depositar en el estante. Así, una y otra vez. Pocos decidían llevárselo.
La imagen contrastaba con la disposición de la clientela a adentrarse en los libros del fallecido reportero Ryszard Kapuscinski o 13 rosas, del también periodista Carlos Fonseca, que se encuentran próximos al escrito por Elisa Beni.
Aunque no sea indicativo, sí es orientativo el comentario de uno de los dependientes de la tienda. "Nos han llegado bastantes ejemplares, pero yo no he visto que se hayan vendido muchos; no hemos tenido que reponer mucho el mostrador, aunque sólo lleva una semana a la venta", aseguraba.
Temas de Hoy, la editorial que publica el libro, aseguró que aún no tiene datos de ventas. "En una semana no da tiempo a recoger datos de libros vendidos, es imposible". Aseguran que también es pronto para calibrar la repercusión del libro. El único dato que dieron es el de la distribución. En total se han impreso 40.000 ejemplares, una tirada "bastante importante" para un libro de no-ficción.www.elpais.es 27.11.07
8. Pilar Manjón, Rodríguez Zapatero y el juez Gómez Bermúdez
Mientras Elisa Beni, esposa del juez Javier Gómez Bermúdez, presentaba el pasado lunes su libro La soledad del juzgador en el Círculo de Bellas Artes, en el otro extremo de la ciudad, en el Palacio de Exposiciones de Madrid, diversas personalidades de la política, el sindicalismo y la cultura animaban un homenaje al líder histórico de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho.
Antes, sobre las dos de la tarde, el juez Gómez Bermúdez llamó a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo. Según fuentes consultadas por este periódico a las que Manjón narró la conversación, el juez se deshizo en disculpas y perdones. Lamentaba profundamente haber podido herir a Manjón y a las víctimas de manera involuntaria. Y le adelantó que su esposa haría públicas las disculpas en el acto de presentación del libro. Así fue.
La manzana de la discordia: un capítulo del libro en el cual la esposa del juez narra una reunión privada entre Manjón, su abogado y una víctima del atentado yihadista en el restaurante El Descanso, en abril de 1985.
¿Por qué tanto lío? Porque Manjón aportó en la reunión el testimonio de la víctima, que se salvó milagrosamente del atentado pero perdió a su marido. Pues la señora reconoció un día de 2006 al terrorista que habría colocado la bomba en el restaurante y se puso en contacto con Manjón para ver cómo se podría reabrir el caso. Así fue como Manjón llevó a la víctima al despacho de Gómez Bermúdez. Y la mediación de éste, que tuvo conocimiento del hecho precisamente por ser magistrado-juez y presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, llevó a que la víctima prestase declaración ante el juez Ismael Moreno y se reabriera el sumario.
Estos hechos están en un capítulo del libro. La fuente: el juez Bermúdez. Pilar Manjón está indignada y denunciará los hechos el jueves ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hoy, martes, se cruzó con Bermúdez en el bar-restaurante Timón, a tiro de piedra de la Audiencia Nacional. El juez volvió a pedirle disculpas.
¿Pero qué tienen que ver los actos del libro de Beni y el de Marcelino Camacho? Pues hay un hilo interesante que los une.
He aquí la historia. Pilar Manjón, que ha sido dirigente sindical, acudió al acto de Marcelino. Allí se encontró con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En un rincón, ambos sostuvieron una conversación.
Pilar, aseguran fuentes conocedoras del diálogo, explicó a Rodríguez Zapatero lo mal que se sentía por el libro de Elisa Beni y lo injustificable que era aumentar su riesgo personal con la historia de El Descanso. Se preguntó ante el presidente quién la va a proteger. Tiene protección en estos momentos. ¿Pero es suficiente? ¿No la han colocado al pie de los caballos? Una cosa es que maten a tu hijo junto con otros que van en el tren y otra que te signifiques buscando testigos contra los yihadistas, como es el caso de El Descanso.
El presidente miraba con sus ojos de agua. "Claro, a vosotros el juez os ha dado un trozo de caramelo al haber hecho trizas la teoría conspirativa; y al partido Popular le ha dado otro trozo quitando todo lo de Irak que había salido en el juicio oral. Y estáis todos contentos. Pero nosotros vamos a seguir hasta el final con nuestros recursos", advirtió Pilar.
Fue una conversación larguísima por su intensidad. Quizá diez o quince minutos. Lo suficiente.
www.elpais.es 27.11.07
9. Bermúdez se considera perseguido por los 'derrotados' en su sentencia
El juez Javier Gómez Bermúdez se siente castigado. ¿Por quién? Fuentes que han mantenido estos días contactos con el juez señalan que el presidente y ponente del tribunal del atentado del 11-M atribuye los ataques que sufre a cuenta del libro de su esposa, Elisa Beni, La soledad del juzgador, a aquellos que vieron defraudadas sus expectativas de que la sentencia diera cobertura a la teoría de la conspiración que han mantenido contra viento y marea durante más de tres años y medio.
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"La campaña busca hacer picadillo a quien no se pliega", dice una fuente·
No se reunió con el presidente de la Audiencia ni le habló del libro de su mujer·
El libro expone informaciones que sólo tienen una fuente: el juezEsas fuentes señalaron a este periódico que Gómez Bermúdez no se reunió, según la versión ofrecida por uno de los puntales de la teoría conspirativa, el diario El Mundo, y sus apoyos -la cadena Cope y el portal Libertad Digital- con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar. "Ni Gómez Bermúdez acudió al despacho de Dívar ni han hablado por teléfono recientemente. Nunca comentaron el asunto del libro", dijo una fuente consultada.
La misma fuente precisó que otro de los miembros del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, escribió una nota manuscrita dirigida a Gómez Bermúdez en la que excusa su ausencia en el acto de presentación del libro en Madrid, por entender que la aparición del libro supone un acto de deslealtad personal y profesional. "Guevara y Gómez Bermúdez estuvieron reunidos en su despacho el viernes pasado y se despidieron con un abrazo. Es verdad que Guevara envió una copia de la carta al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para su conocimiento. Eso es todo", señaló la fuente.
La polémica aflora por todos los rincones. El pasado jueves, en el Juzgado número 52 de Primera Instancia de Madrid se ventilaba en una misma sesión una demanda de protección del honor del periodista Federico Jiménez Losantos contra el juez Baltasar Garzón y otra de éste contra el periodista. El locutor explicó que Garzón había sido el juez estrella "hasta ahora", momento en que ha aparecido en escena el juez Gómez Bermúdez. El periodista, que ha acusado a Garzón de ocultar datos que hubiesen permitido evitar el atentado del 11-M -las cintas de conversaciones telefónicas de terroristas islamistas, por ejemplo-, cambió su teoría sobre la marcha y dijo que estaba por ver si la matanza del 11-M es obra del terrorismo yihadista.
La sentencia del 11-M, y sobre todo el resumen escogido por el propio juez Gómez Bermúdez para leer el pasado 31 de octubre, provocaron una gran irritación en aquellos medios que han sembrado durante más de tres años y medio el desprestigio de la investigación policial y judicial. ¿Por qué? Porque el juez desmontó uno por uno todos los engranajes del mecanismo de la conspiración.
"Es posible que el juez pensara que otros aspectos de la sentencia, como la exculpación de algún miembro del grupo terrorista, como es el caso de El Egipcio, podía ser un hueso sabroso para los conspiradores. Pero el hecho es que colocada esa exculpación en un lugar secundario de la lectura quedó desdibujada, un mensaje para iniciados", dijo una fuente judicial.
Ese "hueso sabroso" -junto con una frase de la sentencia en la que, según afirma, "las acusaciones", sin más, sostenían que Mohamed El Egipcio se atribuía en las conversaciones grabadas en Italia la autoría intelectual del 11-M, algo que "las acusaciones" jamás han escrito- sirvió, según fuentes consultadas, para salvar la cara de los conspiradores -y del Partido Popular- el primer día y los siguientes. "Pero la procesión iba y va por dentro", añadió una fuente jurídica. "Es la que ahora aflora con un pretexto perfecto: el libro de la esposa del juez".
En su libro, la periodista Elisa Beni expone algunas informaciones que sólo tienen una fuente: Gómez Bermúdez. Es el caso, por ejemplo, de una conversación entre la fiscal Olga Sánchez y el juez. La autora menciona ambas partes del diálogo. Lo que allí manifiesta la fiscal se lo ha contado el juez a su esposa. En ningún momento, la autora consultó con la fiscal Sánchez lo que en esa conversación ella le había manifestado al juez.
Hay otros ejemplos que pueden haber afectado al estado de ánimo de otro de los integrantes del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, amenazado por la banda terrorista ETA, sobre cuya esposa también se da algún detalle en el libro. O el caso de Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, quien en una reunión con el juez Gómez Bermúdez, en su calidad de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aportó una víctima del primer atentado islamista en España, el del restaurante El Descanso, en 1985, que permitió reabrir el caso al juez Ismael Moreno tras la intervención de Gómez Bermúdez.
"Claro que soy muy conocida. Soy la madre de un hijo asesinado. Pero para los yihadistas soy ahora, también, una persona dedicada en cuerpo y alma a reunir testigos y pruebas contra ellos por otros crímenes. Nunca podré perdonar el miedo que me están obligando a pasar por un asunto infantil, de protagonismo y glamour, como se lleva ahora", dijo Manjón a este periódico. Fuentes jurídicas apuntan a que el juez tuvo conocimiento de estas informaciones por su oficio o cargo y según estipula el artículo 471.1 del Código Penal su revelación puede constituir un delito de violación de secreto.
Si bien la sentencia en la cual Gómez Bermúdez ha sido ponente supone un ataque en regla a la teoría de la conspiración -desmontando las fábulas sobre la furgoneta Renault Kangoo, la presunta colocación intencionada de la bolsa bomba en la estación El Pozo, la posible manipulación y utilización de pruebas falsas, la utilización del explosivo Goma 2 ECO, la inexistencia de prueba alguna sobre la participación de ETA, y todas las demás- no es menos cierto que se ha advertido un intento de reducir o minimizar la dimensión internacional del atentado del 11-M.
"Hay una intención muy clara de despolitizar por decirlo en forma elegante, la narración de los hechos probados. El hecho de que la reivindicación de Al Qaeda sólo aparezca en el resumen de efectos hallados en el piso de Leganés o que haya una manifiesta omisión del documento de la yihad iraquí, de septiembre-octubre de 2003, en la que los terroristas recomendaban atentar contra el Gobierno de Aznar antes de las elecciones de marzo de 2004 y en el cual se inspiraron Jamal Ahmidan, El Chino, y Serhane El Tunecino, para hacer el atentado del 11-M, son bastante elocuentes", dijo una fuente judicial.
Esa forma de presentar los hechos, según fuentes jurídicas, permitió al Partido Popular atribuir a la sentencia la afirmación -inexistente, por otra parte- de que la guerra de Irak nada tuvo que ver con el atentado en España.
"Una cosa es que la sentencia pueda contener defectos o errores, que los tiene, o que el juez, al colaborar con el libro de su esposa en su autopromoción, haya cometido un error. Y otra es que sea objeto de una campaña por parte de aquellos que han sido derrotados por la sentencia. Esa campaña busca advertir que el que no se pliega a sus designios será hecho picadillo", dijo una fuente gubernamental.
www.elpais.es 24.11.07
10. EL FISCAL RECURRE CONTRA EL ARCHIVO DEL 'CASO YAK-42'
El fiscal Fernando Burgos recurrirá la decisión tomada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar el caso de las falsas identificaciones de 30 cadáveres de las víctimas del accidente del Yak-42. Fuentes de la fiscalía indicaron que Burgos prepara ya el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que sostendrá que, en contra de lo asegurado por Marlaska, la atribución aleatoria y errónea de nombres a los cadáveres sin identificar no sólo es un hecho grave moralmente sino que tiene relevancia penal.
Las fuentes consultadas indicaron que la falsedad de los certificados de defunción, de no haberse corregido, podría haber producido errores en las posteriores pruebas para determinar la paternidad de uno de los fallecidos o para descartar la presencia de una enfermedad hereditaria, por lo que su trascendencia jurídica es innegable.
El recurso de la fiscalía será el segundo contra la decisión del juez Marlaska, ya que el pasado sábado anunció el suyo la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de las víctimas. Ambos han optado por dirigirse a la Sala de lo Penal, omitiendo el recurso de reforma ante el propio juez, para ganar tiempo en un proceso que ya se demora demasiado y por falta de confianza en que el juez corrigiera su decisión.
Delito de falsedad
La fiscalía acusó de un delito de falsedad al general médico Vicente Navarro y sus dos ayudantes, un comandante y un capitán, mientras que la asociación de familiares acusó también al teniente general José Antonio Beltrán, jefe de la delegación que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, envió a Turquía para repatriar los cadáveres. Tanto Beltrán como los dos ayudantes pidieron su exclusión del proceso, mientras que Navarro se escudó en los argumentos asumidos por Marlaska: que lo importante no era la identidad de cada uno de los cadáveres sino el hecho de que todos habían muerto en accidente aéreo en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
Fue el propio juez Marlaska quien, de oficio y no a petición de las familias, prohibió en junio pasado la incineración de los cadáveres de los soldados españoles muertos en atentado en Líbano hasta que el equipo forense desplazado a la zona le explicó cómo se habían realizado las identificaciones.
(www.elpais.com, 27/11/07)
11. EL TC TUMBA LAS RECUSACIONES QUE EL PP BASÓ EN UNA NOTICIA FALSA
El PP perdió su primera batalla en el Tribunal Constitucional (TC), lo que no significa que haya perdido la guerra. El pleno de un órgano judicial clave, ante el que los populares han impugnado varias leyes del Gobierno socialista, rechazó la petición del PP de que tres magistrados progresistas --Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps-- no participen en el debate sobre la reforma legal que permitió prorrogar el mandato de la presidenta, María Emilia Casas. Pero el Constitucional todavía debe pronunciarse sobre las recusaciones del Gobierno contra dos jueces conservadores. De rechazarlas, la balanza podría inclinarse del lado conservador. El PSOE esgrimió el fallo para denunciar la "irresponsabilidad" del PP, que se limitó a acatar la decisión.
Los 10 magistrados reunidos acordaron rechazar a limine (de plano) las tres recusaciones, sin duda influidos en que estas se basaban en una información falsa publicada por El Mundo. Esta noticia sostenía que estos tres jueces, en una reunión en el despacho de la presidenta, se mostraron de acuerdo con la reforma de la ley orgánica del Constitucional y de la prórroga de Casas --cuyo mandato concluyó en junio-- hasta diciembre, cuando debería renovarse un tercio del tribunal.
Con lo que no contaba el PP al presentar una recusación basada en una prueba tan endeble es que los seis magistrados presentes en la reunión, entre ellos dos conservadores --Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas--, desmintieran la información. En una carta conjunta, negaron que en aquella cita se manifestaran sobre la constitucionalidad de la ley y la moratoria de Casas. Lo que significa que los jueces recusados por el PP no estaban contaminados para opinar sobre estos asuntos.
OCHO VOTOS A FAVOR
Uno de los jueces conservadores que suscribieron la misiva y sus compañeros Vicente Conde y Javier Delgado, además de los cinco magistrados progresistas, rechazaron la maniobra popular. No obstante, Rodríguez Arribas, conforme en el fondo de la cuestión, anunció un posible voto concurrente, es decir, con matices. Por tanto, solo los jueces que en esta batalla se han mostrado completamente afines a las tesis del PP, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, votaron a favor de las recusaciones. Ambos han sido recusados por el Gobierno, ya que criticaron por carta la reforma y exigieron que Casas dimitiera. Sus votos discrepantes y el auto del pleno se darán a conocer próximamente.
EL QUÓRUM
Se da la circunstancia de que los magistrados recusados participaron en el debate, algo inusual. Se ha adoptado esta decisión para alcanzar el quórum (la ley fija que participen en los debates ocho magistrados como mínimo).
La contienda por controlar el Constitucional viene de lejos. El PP consiguió inclinar la balanza hacia su lado al apartar del futuro debate sobre el Estatut al progresista Pablo Pérez Tremps. Por eso para el Gobierno es básico mantener a Casas, cuyo voto de calidad puede ser decisivo en el resto de leyes recurridas. El problema es que las dos recusaciones del Ejecutivo también pueden ser tumbadas, por lo que rompería el empate el juez conservador que releva a Casas, quien se abstiene en el debate sobre su prórroga.
(www.elperiodico.com, 28/11/07)
12. UN SENADOR DEL PP CRITICA A SOLBES POR ESTAR "MUY MAYOR"
Está "muy mayor" y no tiene "capacidad de reacción". Es lo que piensa el senador del PP, Juan Pablo Sánchez-Seco, sobre Pedro Solbes. El parlamentario conservador cree que, en caso de que el PSOE vuelva a ganar las elecciones, el vicepresidente segundo no debería repetir como titular de Economía.
En su opinión no está preparado para afrontar y llevar a cabo las reformas que necesita España. Y eso que Solbes sólo tiene 65 años, igual que el 22% de la población española. Durante la rueda de prensa que dio sobre los Presupuestos Generales de 2008, el senador por Guadalajara afirmó que Solbes "no ha dado la talla últimamente" y, a su juicio, ha tenido "continuas vacilaciones y contradicciones".
El PP pedía, además, a la Cámara Alta el veto a las cuentas del Estado para el ejercicio que viene y presentó un total de 2.962 enmiendas a unos presupuestos que considera "irreales". Para Sánchez-Seco, el "colmo" de las actuaciones de Solbes fue cuando éste aseguró que no esperaba el alza de la inflación en octubre, algo que a su juicio "no puede decir un ministro de Economía".
Los veteranos del PP
Sus palabras no sentaron nada bien. No se vio muy lógico que cargara contra Solbes por su edad, cuando el PP tiene entre sus filas a varios veteranos. En las Cortes cuenta con 25 parlamentarios mayores que el ministro de Economía.
En el Congreso hay 8 diputados y, precisamente, en el Senado, Sánchez-Seco está rodeado por nada menos que 17 compañeros a los que les podría decir lo mismo.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Manuel Fraga, quien a sus 85 años continúa en activo. No sólo podrían sentirse molestos los suyos. Y también los cerca de diez millones de jubilados que viven en España.
Rectificación
Por esa razón, el portavoz de la Comisión de Presupuestos del PP en el
Senado, que tiene 50 años, se vio obligado a rectificar y pedir disculpas al
ministro y al colectivo de mayores, grupo por el cual expresó su "profundo
respeto". Sánchez-Seco, reconoció que sus declaraciones no habían sido "muy
afortunadas" pero insistió en que el vicepresidente Solbes "no parece" la
persona más adecuada para dicho cargo.
(www.publico.es, 28/11/07)
13. LOS JÓVENES DEL PARTIDO POPULAR SE RADICALIZAN
Pese a que ha llegado a afirmar que "el régimen (de Franco) no quería aniquilar al enemigo rojo, no, sólo lo escarmentó", y aunque es uno de los historiadores revisionistas más radicales de Europa, los jóvenes del PP, Nuevas Generaciones, lejos de alarmarse por el radicalismo de Pío Moa, ha decidido apoyar "incondicionalmente" al articulista de Libertad Digital.
Los jóvenes del PP se radicalizan, pues de otro modo no se entiende que las Nuevas Generaciones del Partido Popular del Distrito de Salamanca (Madrid), hayan proclamado su "más incondicional y férreo apoyo al historiador y ensayista Pio Moa con motivo de la sorprendente y escandalosa iniciativa de IU de intentar llevarle a la cárcel por supuestas injurias a las Cortes, al Parlamento Europeo y a asociaciones de presos, víctimas y represaliados del franquismo".
Conferencia
Además de apoyar a Pio Moa, Nuevas Generaciones realizará el próximo jueves
en la residencia universitaria Tagaste (Madrid), una conferencia sobre
Memoria Histórica. A este acto, además de acudir el propio Moa, también
asistirán en calidad de oradores la periodista Isabel San Sebastián y
Fernando García de Cortazar.
"Silenciar"
Para los jóvenes radicales del PP, la denuncia interpuesta por IU tiene por
objeto "silenciar a todos aquellos periodistas, historiadores, políticos y
demás personas con voz pública que no comulgan con las tesis, en ocasiones
totalitarias de determinados grupos", informaba la página web en la que
colabora Moa.
(www.elplural.com, 28/11/07)
14. EL PP SE OPONE A LAS DESALADORAS PERO ESTUDIARÁ CASO A CASO SI GANA RAJOY
La política hídrica del PP se embarra. La falta de concreción del candidato y presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre su programa electoral ha obligado a las distintas organizaciones territoriales del partido a defender sus propios intereses regionales.
Los populares valencianos, que preside Francisco Camps, anunciaron que presentarán en los Ayuntamientos en forma de moción la iniciativa parlamentaria "para recuperar el trasvase del Ebro" a la Comunidad Valenciana que hoy tiene previsto defender en el hemiciclo de las Cortes Valencianas el popular David Serra.
En este contexto, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, arremetió contra el plan de desaladoras que ejecuta el Gobierno central en la Comunidad Valenciana por "su alto índice de contaminación medioambiental". El dirigente popular argumentó que la emisión de CO2 de las plantas desalinizadoras alcanzaría el millón y medio de toneladas al año -"sería como [las emisiones] todo el parque automovilístico autonómico"-.
"El trasvase del Ebro traerá el doble de agua con la mitad de consumo energético, la tercera parte de emisión de CO2, la mitad de precio y menor impacto ambiental que las desaladoras", dijo Costa. Sin embargo, pese al impacto ambiental denunciado, el PP no se compromete a cerrar ninguna de las desaladoras en marcha si en las elecciones generales ganase Rajoy. "Habrá que estudiar cada caso de forma concreta", dijo Costa.
Los argumentos contrapuestos también afloraron en las explicaciones del consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. Pese a la oposición del PP al trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que construye el Gobierno, García Antón anunció en Alicante que las obras post-trasvase que corresponden a la Generalitat "se licitarán de forma inmediata".
"Estamos preparando la documentación para sacar a licitación el post-trasvase Júcar-Vinalopó en el plazo más breve posible, espero que antes de que finalice el año", indicó el consejero que argumentó que las obras del actual trazado del trasvase son "un error total, pero para las aguas actuales y para el regadío de la zona las obras que se van a licitar tienen un sentido".
Para terminar de adobar la confusión, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó que la promesa de Mariano Rajoy para alcanzar un gran acuerdo que permita llevar agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias no afecta a su pretensión de poner fin la transferencia del Tajo al Segura.
"En ningún momento he oído decir a Mariano Rajoy nada del trasvase Tajo-Segura y creo que ustedes tampoco", dijo De Cospedal a los periodistas. "Lo que ha dicho literalmente el presidente de mi partido es que va a hacer una apuesta firme por un acuerdo nacional del agua. Cuando las cosas se dicen de una manera uno no tiene por qué interpretarlas". De Cospedal, que sí apoya el trasvase del Ebro, que no le afecta, añadió: "Voy a seguir pidiendo que el agua del Tajo vaya a las provincias de Ciudad Real y Albacete".
(www.elpais.com, 28/11/07)
15. José María Fidalgo, cada vez más cerca de la derecha
Ya lo denunció El Plural: Comisiones Obreras se aproxima al Partido Popular. Ahora Público recupera esta tesis y señala como culpable a José María Fidalgo, líder de CC.OO. Su amistad con Aznar, su distanciamiento de las políticas sociales de Zapatero y la crítica a la política antiterrorista del Gobierno son sólo tres ejemplos de cómo Fidalgo se aproxima cada vez más a la derecha.
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Fidalgo, más cerca del PP que de ZapateroCC.OO nació vinculada al PCE, pero su líder en la actualidad colabora habitualmente con FAES, la fundación del Partido Popular. Pero el secretario general de CC.OO no sólo mantiene relaciones con la derecha a la hora de protagonizar cursos de verano, sino que mantiene una relación extrecha con líderes populares como Eduardo Zaplana o el propio José María Aznar.
Críticas
Durante el mandato de Zapatero, Fidalgo ha criticado habitualmente al
Gobierno, arremetiendo incluso contra la política social promovida por el
PSOE. Pero entre todas sus críticas al Ejecutivo destaca una: su rechazo a
la política antiterrorista de Zapatero. Fidalgo mantiene de este modo la
misma línea en materia terrorista que el Partido Popular, al que sin embargo
apoyó durante el mandato de Aznar tanto en la etapa de diálogo entre ETA y
los populares como en el período de la ilegalización de Batasuna.
Moncloa
Pese al claro alejamiento de Fidalgo, el Gobierno socialista ha hecho lo
posible por estrechar las relaciones con el secretario general de CC.OO.
Todos los esfuerzos han sido en vano. Fidalgo critica abiertamente a Jesús
Caldera, ministro de Trabajo, durante los seminarios de FAES. Al mismo
tiempo rechaza las políticas fiscales del PSOE y se mantiene alejado de La
Moncloa, resistiéndose incluso a las reuniones convocadas por Zapatero para
tratar temas de interés público con los líderes sindicales.
Huelga general
Público recuerda el papel que jugó José María Fidalgo durante la huelga general del 20 de junio de 2002. Durante el Gobierno de Aznar los trabajadores se echaron a la calle, y el PP "quiso utilizar a Fidalgo para parar la protesta, pero finalmente la presión del resto del sindicato y el convencimiento de UGT para seguir adelante arrastó a CCOO a la huelga general".
Camacho
Público ha publicado una información sobre el homenaje a Marcelino
Camacho, histórico líder de CCOO, y ha relacionado a este sindicalista con
su heredero directo: José María Fidalgo. Las diferencias entre ellos no
pueden ser mayores. Mientras Camacho está fuertemente vinculado al PCE,
Fidalgo juguetea con la derecha. Estas diferencias se pusieron de
manifiesto durante el homenaje a Marcelino Camacho, en el que Fidalgo eludió
alzar el puño cuando se cantó La Internacional.
www.elplural.com 27.11.07
16. Cuando la sanidad pública es un negocio
El PP extiende en Madrid y Valencia la privatización de la gestión - El modelo es el hospital de Alzira, marcado por el sobreesfuerzo del personal, la alta ocupación y la captación de pacientes de otras zonas para redondear ingresos
¿Es la inversión privada la mejor forma de garantizar la sanidad pública? El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) estrena en Valdemoro, a 25 kilómetros al sur de la capital, el primer hospital privado de nueva construcción integrado en la sanidad pública: la Comunidad pagará la factura por la atención a 150.000 vecinos, pero su propietario es Apax Partners, un potente fondo internacional de capital riesgo.
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La participación del capital privado no es nueva en la atención médica a los ciudadanos españoles, un derecho universal y gratuito reconocido en la Constitución. Los funcionarios del Estado reciben asistencia a través de Muface en clínicas privadas y casi todas las comunidades -en especial Andalucía y Cataluña- suplen los huecos en sus sistemas públicos con colaboraciones con el sector privado.
Lo que es nuevo en España es la firme apuesta hecha por dos comunidades autónomas, Valencia y Madrid, gobernadas por el PP, para desvincularse de la gestión directa de sus nuevos hospitales y entregarla a empresas privadas sometidas al rigor de los consejos de administración y a la ley del mercado. Aunque hasta ahora lo habían hecho de forma distinta en las dos comunidades. En la valenciana, la empresa privada se encarga de todo mientras que en Madrid los médicos y las enfermeras están contratados por la Administración. Pero Valdemoro ha adoptado el sistema valenciano.
La cuestión que se plantea con este modelo, en clara expansión, es si debe ser un negocio un hospital público. ¿Y qué ocurre cuando deja de serlo? ¿De dónde sale el beneficio? La referencia es La Ribera, el hospital que el Gobierno valenciano financia en Alzira desde 1999. Ésta es su radiografía.
Habitaciones individuales con vistas a campos de naranjos, bonitos neceseres con productos de higiene básica, trato amable, amplios pasillos y un edificio nuevo con tecnología punta. La Ribera tiene un marketing perfecto a primera vista, nada comparado con la austeridad de la Seguridad Social. Fue el primer hospital público de España gestionado en todos los aspectos -médico-asistencial y de servicios- por una unión de empresas privadas. Abrió en 1999 y desde entonces se ha convertido en la piedra angular del modelo sanitario del Partido Popular.
"Pero no es oro todo lo que reluce", señala el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, el único representante en exclusiva de facultativos del hospital. "Es un centro colapsado, con un altísimo índice de ocupación. Hay poco personal, sobreexplotado, y una presión difícil de soportar para los profesionales. Aquí se trabaja al 150%". "Y la empresa gestora sólo ha conseguido beneficios gracias a que la Generalitat llegó al rescate cuando estaban a punto de quebrar y les inyectó una buena cantidad de dinero", añade María José Mendoza, médica, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y ex diputada socialista en las Cortes Valencianas. Porque ésta es la pregunta del millón: ¿Cómo se consigue hacer negocio de algo tan costoso como la sanidad pública?
El ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana fue el impulsor del modelo privatizador de La Ribera. Buscaba, según explicó entonces, un sistema más eficiente que la gestión pública directa. Y lo hizo a través de una concesión administrativa firmada por 10 años.
El trato que ofrece es el siguiente: las empresas construyen el hospital y prestan la asistencia y los servicios. Se encargan de todo y la Administración se despreocupa por completo salvo por una figura de control, el "comisionado", que nombra la Generalitat. Las empresas reciben una cantidad por cada uno de los más de 200.000 usuarios de la sanidad pública en esa área de salud (204 euros por habitante y año en ese entonces, 1999). Pueden, también, asistir y cobrar aparte a cualquier persona de otras áreas sanitarias. Y no tienen que hacer frente a gastos tan importantes como farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Todo esto, complicado de rentabilizar, lo paga aparte la Administración pública. No supone un riesgo para la empresa. En cuanto a la propiedad del hospital, revierte en la Generalitat cuando termina la concesión.
La ganadora fue una unión temporal de empresas controlada por Adeslas (con el 51%), Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (el 45%) y las constructoras Dragados y Lubasa (con el 2% cada una). El mismo esquema que se va a seguir en el resto de las concesiones en la Comunidad Valenciana: aseguradoras sanitarias, cajas de ahorros y constructoras. Una de ellas, en Torrevieja, ya está funcionando. Y otras tres lo harán en breve: Denia, Manises y Elx-Crevillent.
El hospital empezó a operar en 1999 y las pérdidas no se hicieron esperar: un millón de euros en su primer año; 900.000 en 2000, 450.000 en 2001 y 2,67 millones en 2002, según datos publicados por el diario económico Cinco Días. Más de cinco millones de euros en total. Los resultados demuestran que no era tan fácil sacar provecho económico de la sanidad pública. El dinero que pagaba la Generalitat por persona atendida no era suficiente, así que empiezan a articularse medios y modos para conseguir beneficios de otro lado. Y la clave va a estar en la "facturación por proceso" a pacientes de otras áreas de salud. En el año 2000, por ejemplo, la Generalitat pagó por la población del área 48 millones de euros. Y facturaron, por otros procesos, 13 millones (el 28% del total). El año siguiente ingresaron por este concepto 17 millones, el 34,4% del total.
La necesidad económica de la empresa generó entonces algunos problemas para los ciudadanos de la comarca, según indican miembros de los sindicatos CC OO y UGT. Se atendía antes a los que venían de Gandía, o de Madrid, por los que se facturaba aparte, que a los del área. La ex diputada socialista María José Mendoza denunció en el Parlamento valenciano que había ido con una persona de Alzira a pedir cita, las dos, para un pediatra, y que a su hijo, de otra área (Valencia), le iban a atender antes.
La oposición ha acusado además a la Generalitat valenciana de desatender los hospitales cercanos a Alzira, y no dotarlos de determinados servicios o aparatos. ¿Para qué? Para fomentar que los pacientes de estas áreas vayan a La Ribera y el hospital pueda cobrar por ello. Por ejemplo, en los partos. La Ribera garantiza la anestesia epidural mientras que otros hospitales del entorno no lo hacen, por problemas como falta de anestesistas. Y, efectivamente, los datos de nacimientos en Alzira son peculiares. Mientras entre 1999 y 2000 el número de partos en la Comunidad Valenciana creció un 2,4% de media, en Alzira el aumento fue del 37%, y no han dejado de subir. En sus seis primeros años de vida el incremento ha sido del 126%. Así, el área de obstetricia se ha convertido en la niña bonita del centro.
Pero, a pesar de la facturación por proceso, el hospital no acababa de levantar cabeza y las pérdidas iban en aumento. Así que la Generalitat tuvo que acudir en su auxilio. Rescindió la concesión administrativa en 2003, seis años antes de lo previsto. Indemnizó a la unión de empresas con 69 millones (43 por el hospital y 25 como "lucro cesante" por lo que iban a dejar de ganar por la rescisión anticipada, a pesar de las elevadas pérdidas que habían cosechado hasta ese momento) y sacó a concurso una nueva concesión con unas condiciones más ventajosas, que incluían no sólo la atención especializada del área, sino también la primaria, los centros de salud.
El canon anual que pagaba la Generalitat por cada habitante de La Ribera subió de 225 euros a 379 (un 68%). Aparte de más dinero, controlar la atención primaria suponía poder filtrar el número de personas que pasaban a las consultas especializadas. ¿Quién ganó el concurso? La misma unión de empresas. El cambio básicamente tuvo por objeto mejorar las condiciones de una UTE con pocas posibilidades de sobrevivir. Se le dio un empujón para que el proyecto sanitario no fracasara. O, al menos, ésta es la interpretación que la Organización Mundial de la Salud ha hecho de lo ocurrido en Alzira en un informe de diciembre de 2006. A partir de ese momento, las cuentas de resultados mejoraron.
¿Qué pasa hoy en La Ribera? Las cuentas provisionales de 2005 ofrecidas a los sindicatos hablan de unos beneficios de 1.200.000 euros. La atención integral primaria-especializada ha funcionado en términos económicos. Pero sigue siendo un centro colapsado, con los índices de ocupación media más altos de la comunidad valenciana -90,6% en 2006- y médicos y enfermeras siguen protestando por falta de personal y una desmesurada carga de trabajo "Esto sale adelante gracias al sobreesfuerzo y vocación de los que trabajamos", señala un miembro de CC OO. "Aquí lo que les importa es el número de citas, el número de camas, el número de tacs...".
"Te exprimen como una naranja y cuando te sacan el jugo tienes la puerta abierta. Aprovechan a la gente joven en sus años con más energía, pero casi todo el mundo está deseando conseguir una plaza en la sanidad pública para no vivir con esta presión y no tener que entrar en quirófano con una enfermera en lugar de tres", explican desde el sindicato médico Simap. "Según el último censo, en cuatro años el 23% de los médicos ha cambiado, a pesar de que suelen hacer contratos indefinidos rápido", añaden.
El director de recursos económicos de la Consejería de Sanidad valenciana, Eloy Jiménez, asegura sin embargo que casi todos los profesionales que trabajaban en Alzira y Torrevieja para la Consejería antes de las concesiones -que pueden elegir sobre su situación laboral- han preferido pasar al régimen de las UTE.
Las empresas pagan en función de objetivos cumplidos, como que no se hagan excesivas pruebas diagnósticas o que los tiempos de estancia en el hospital de los pacientes sean cortos, por lo que algunas enfermeras se quejan de que a veces hay altas precipitadas para liberar camas y no derivar a otros hospitales -y pagarles por ello- a los pacientes del área. Si se cumplen los objetivos, y dependiendo del cargo, se pueden alcanzar, e incluso superar, los salarios de la sanidad pública. Pero las guardias, por ejemplo, se pagan peor. Tanto, que en febrero los médicos de Alzira fueron a la huelga. "Nos pagaban menos que a los residentes que estábamos enseñando", señala Pedro Durán, del sindicato Simap. Llegaron a un acuerdo de mejora, pero todavía no ganan lo mismo que sus compañeros de hospitales públicos.
A pesar de estas críticas, el Gobierno valenciano está encantado con la experiencia de Alzira, como lo demuestra el hecho de que se haya ampliando a otras cuatro áreas de salud. "Los resultados han sido excelentes en estos años y el volumen de actividad de trabajo, magnífico", señala Eloy Jiménez. "La idea de base de privatizar la gestión no es económica, sino de fondo. Se evitan muchas inercias difíciles de controlar cuando el servicio lo gestiona la Administración con sus funcionarios. Es más barato, y se limita al 7% la tasa de rentabilidad de las empresas para que no busquen un beneficio ilimitado. Además, al no tener que gastar directamente en construir estos hospitales, podemos invertir más en otros sitios y mejorar los centros de gestión pública. Y que vayan personas de fuera del área a Alzira no es malo: demuestra que el hospital es bueno".
También los críticos reconocen ventajas. El índice de absentismo laboral es mucho más bajo que en los centros de gestión pública directa, y el trato a los pacientes, que son también clientes, bastante amable. En urgencias la gente protesta, como en la mayoría de los centros, sean públicos o privados, pero en el resto de hospital dicen estar contentos con el trato recibido, en especial las parturientas.
Al margen del funcionamiento de unos hospitales en concreto, el modelo de gestión es absolutamente cuestionado por la izquierda. "Como punto de partida, un hospital de la sanidad pública no puede ser un negocio. Está pensado para garantizar la asistencia médica a los ciudadanos, no para obtener beneficios", explica José Manuel Freire, jefe del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad y ex consejero del ramo en el País Vasco por el PSE. La actual presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se sumó con entusiasmo a la privatización de la gestión de la sanidad pública al llegar al cargo en 2003. Ganó las elecciones con la promesa de hacer siete nuevos hospitales, que abrirán el próximo año. Poco después se añadió un octavo, el de Valdemoro. "El sector privado tiene mayores estímulos para gestionar mejor, lo que permite un ahorro de costes importante", afirma el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes.
"Pero las empresas pagan intereses mucho más altos que el público a la hora de pedir el crédito necesario para la inversión", replica Freire. "Si a eso sumamos el margen de beneficios, ¿de dónde puede salir el ahorro? Sólo de reducir los salarios de los profesionales y de ahorrar en servicios que acaban repercutiendo en la calidad".
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión y financiación pública. El estudio de la OMS analiza decenas de experiencias en todo el mundo, especialmente de los países con más tradición privatizadora, como el Reino Unido y Canadá. Y concluye que la iniciativa privada es más cara porque el dinero público sirve para financiar los mayores costes financieros que soportan las empresas privadas y el reparto de dividendos a accionistas. Pero la OMS introduce un tercer motivo: la ingente cantidad de recursos públicos que los Gobiernos tienen que destinar al rescate de los hospitales de gestión privada cuando quiebran.
Los nuevos hospitales de Madrid, al igual que La Ribera, tendrán confortables habitaciones individuales, más confortables aún si se comparan con las destartaladas habitaciones que aún tienen muchos hospitales públicos, y que la Administración no mejora. En cualquier caso, los expertos insisten en la necesidad de que España determine de forma clara y razonable la forma de evaluar la calidad de su sanidad pública, sea cuál sea su gestión, para poder hacer una valoración rigurosa de los modelos y decidir si debe haber colaboración público-privada y cómo debe ser.
www.elpais.es 25.11.07
17. CA. MURCIA.’OPERACIÓN TOTEM': EL LADRILLO SALPICA EN MURCIA OTRA VEZ AL PP
Más de dos millones de metros cuadrados para recalificar. Un proyecto de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa. Una mordida en euros con al menos seis cifras. Y unas sospechas que apuntan directamente a un diputado regional del PP, Juan Morales. Totana, una localidad de 26.000 habitantes en el interior de Murcia, se ha convertido en el epicentro del enésimo escándalo urbanístico que sacude la geografía española después de que efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera en Pontevedra, Madrid, Murcia y la propia Totana a seis personas en el transcurso de la bautizada como 'Operación Totem'.
Los detenidos son el promotor gallego Manuel Núñez Arias, y dos de su empleados, Pablo José Maceida Galarza, director de suelo de una de sus constructoras, y José Antonio Carracera García. A ellos se suman Joaquín Carmona Abellán y José Antonio Alcantara, asesores urbanísticos, y el empresario local Gabriel Martínez Navarro, propietario de Maryper, firma dedicada a la comercialización de huevos.
Además, dos mujeres han sido imputadas por su presunta colaboración con la trama, y sus domicilios y el negocio de una de ellas, registrados. Se trata de la ex mujer y de la actual compañera sentimental de Juan Morales, diputado del PP en el Parlamento murciano y que hasta las elecciones del 27-M era el alcalde de la localidad. Fuentes cercanas a la investigación reconocían a Público que esta relación personal no es el único indicio que apunta hacia el dirigente conservador, quien disfruta de la condición de aforado. Ramos compareció junto a su abogado para manifestar su "disposición" a colaborar con la Justicia.
La investigación se inició hace ocho meses por una denuncia presentada ante la Fiscalía. El caso pasó a la Guardia Civil, que tiene otras dos operaciones similares abiertas en la región, y que durante este tiempo detectó varias reuniones entre los ahora detenidos en las que, supuestamente, los intermediarios ofrecieron al promotor mediar ante el Ayuntamiento murciano para agilizar la recalificación de los terrenos a cambio de dinero.
(www.publico.es, 27/11/07)
18. CA. MURCIA .SEIS DETENIDOS POR PAGO DE COMISIONES PARA RECALIFICAR TERRENOS EN MURCIA
Seis personas fueron detenidas por agentes de la Guardia Civil -tres de ellas en Murcia, dos en Pontevedra y una en Madrid- por su implicación en una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos para construir en el municipio de Totana más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa. Entre los investigados se encuentra también el anterior alcalde de esa localidad, Juan Morales, del PP -ahora diputado en el Parlamento murciano- así como su ex mujer, María del Carmen Jordán, y su actual pareja, ambas imputadas en las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana.
En la operación, desarrollada por el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue detenido en Nigrán (Pontevedra) el abogado y propietario del Grupo Nuaria Manuel Núñez Arias, y en Vigo, Pablo José Maceira Galarsa, uno de sus más estrechos colaboradores -director de Suelo de Inmonuar, agencia integrada en ese grupo- y presunto comisionista. El Grupo Nuaria es el encargado de desarrollar el mayor complejo residencial en Totana, para lo cual adquirió en el municipio 2,2 millones de metros cuadrados de terreno que fueron recalificados. La ejecución del proyecto duplicaría la población de Totana (25.000 habitantes).
En la capital murciana fueron detenidos dos presuntos intermediarios en el pago de las comisiones, Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, y en Totana el dueño de la empresa Huevos Maryper, muy conocida en la región, que podría haber actuado de intermediario a través de algunas de sus empresas dedicadas a la construcción. En Las Rozas (Madrid) fue arrestado un constructor también en relación con la trama.
Siete horas de registro
Los agentes de la Guardia Civil registraron durante más de siete horas la asesoría de la que es propietaria María del Carmen Jordán, ex mujer del anterior alcalde de Totana, así como el domicilio de la actual compañera sentimental de éste.
La investigación trata de esclarecer si el Grupo Nuaria adquirió las licencias para construir 5.040 viviendas, un campo de golf y dos hoteles a través de comisiones ilegales durante la gestión de la anterior corporación municipal, según fuentes de la investigación. El máximo responsable del consistorio en esa etapa y actual parlamentario autonómico del PP, Juan Morales, aseguró, tras conocer la intervención de la Guardia Civil: "Te encuentras indefenso, porque no te comunican nada". En declaraciones a Europa Press, Morales dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación judicial. "No pueden encontrarte tranquilo, de ninguna forma, cuando van a registrar el despacho de tu ex mujer", agregó.
Fuentes próximas a las indagaciones apuntaron que es probable que en los próximos días se produzcan nuevos registros y detenciones en relación con las corruptelas urbanísticas en Totana. Las mismas fuentes recordaron, para explicar que no haya sido interrogado el anterior alcalde de esa localidad, Juan Morales, que está ahora aforado al ser miembro del Parlamento autonómico de la Región de Murcia.
Cajas fuertes
Agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron en el curso del día varias cajas de seguridad de Caja Murcia, en las que al parecer examinaron documentación de algunos de los investigados por las presuntas corruptelas urbanísticas. En total, los agentes efectuaron once registros, la mayoría en empresas relacionadas con los detenidos y ubicadas en Madrid, Vigo, Murcia, Pontevedra, Las Rozas (Madrid) y Totana.
(www.elpais.com, 27/11/07)
19. CA. MURCIA .EL PP DE MURCIA ACUMULA 19 IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
El Partido Popular de Murcia acumula ya 19 cargos públicos, entre ellos cuatro alcaldes y cuatro ex directores generales, imputados en presuntos delitos urbanísticos. En la última trama destapada, la de Totana, el pasado lunes, se hallan imputadas la mujer del anterior alcalde, del Partido Popular, Juan Morales -ahora aforado por su condición de parlamentario autonómico- así como su actual compañera sentimental.
El líder de los populares murcianos y presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, afirmó que el PP se va a personar en los procesos abiertos contra algún miembro de ese partido, si bien añadió que "todavía no hay una sola acusación firme, y ninguna sentencia firme". Agregó que ya han sido archivadas 32 causas en las que estaban implicados militantes populares.
Según lo anunciado por Valcárcel, el PP tendrá que personarse en 22 casos de presunta corrupción urbanística en catorce municipios, entre querellas de la Fiscalía, denuncias de partidos y de particulares. El objetivo, según Valcárcel, es "seguir muy de cerca las actuaciones, la evolución, y actuar en consecuencia con lo que pudiera ocurrir".
Hasta el momento, un total de 19 cargos del PP murciano (entre ellos cuatro alcaldes y cuatro ex directores generales) han sido imputados en diversos procesos relacionados con corruptelas urbanísticas. Los que más han trascendido han sido los referentes a la urbanización de una finca en La Zerrichera (Águilas), por la que se hallan imputados siete cargos del PP; la reclasificación de varios millones de metros cuadrados en Fuente Álamo, por la que han sido imputados otros cinco militantes populares, y en Torre Pacheco, donde los imputados son seis. También está incurso en un proceso judicial el alcalde de Mazarrón, por pagos a un concejal de un partido localista que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana.
Además de los cargos del PP,entre los imputados está asimismo Facundo Armero Madrid, socio de Carlos Valcárcel -hermano del presidente murciano-, a quien se le investiga en un juzgado de San Javier por su presunta vinculación a una trama de corrupción urbanística en Fuente Álamo y Torre Pacheco.
Respecto a las detenciones del pasado lunes en Totana, Ramón Luis Valcárcel señaló que no tiene más noticias que "las que dan los medios" y se quejó de que en los últimos meses "todo se traslade antes a los medios que al propio interesado".
Responsabilidad política
El coordinador general de Izquierda Unida en Murcia, José Antonio Pujante, exigió a Valcárcel una respuesta "inmediata" ante las corruptelas investigadas en Totana, ya que "cualquier silencio político sería un signo de complicidad por omisión".
IU fue quien denunció a la fiscalía de Murcia la operación urbanística del Grupo Nuaria. Sus representantes, Manuel Núñez y Pablo José Maceira -detenidos el pasado lunes en Galicia y trasladados a Murcia- firmaron un convenio con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales, por el que su empresa se comprometía a pagar 4,9 millones de euros a cambio de que se reclasificaran 2,2 millones de metros cuadrados para construir unas 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles. Los terrenos no han registrado ninguna transformación ya que está pendiente de concesión la licencia urbanística.
Una de las personas imputadas, María del Carmen Jordán -esposa del anterior alcalde y actual parlamentario regional Juan Morales, si bien están separados-, declaró tras ser detenida que en su asesoría jurídica ha podido ser hallada documentación del Ayuntamiento porque trabajaba allí su marido.
(www.elpais.com, 28/11/07)
20. CA. MURCIA .LA TRAMA DE TOTANA, INVESTIGADA POR COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Los seis detenidos por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística en el municipio murciano de Totana están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según informaron a Efe fuentes de la investigación. Las seis personas, que fueron arrestadas el lunes en Murcia, Madrid y Galicia, pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana. El objetivo de la trama era construir una urbanización de 5.000 viviendas y campo de golf en la localidad, de 25.000 habitantes.
Además, se encuentra imputada María del Carmen Jordán, esposa del anterior alcalde de Totana y actual parlamentario autonómico del PP, Juan Morales -si bien están separados-, así como su actual compañera sentimental. María del Carmen Jordán es propietaria de una asesoría jurídica y fiscal en Totana, que el pasado lunes fue registrada por agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La actual pareja de Morales no tiene empleo remunerado.
Los tres detenidos en la región de Murcia se hallan desde su arresto en dependencias de la Guardia Civil en esa comunidad, a donde estaba previsto que fueran trasladados los arrestados en Galicia y Madrid.
(www.elpais.com, 28/11/07)
21. C.A DE ANDALUCÍA. "Señor fiscal general: ¿qué pasa en La Línea?"
"Veo por televisión la entrada de funcionarios de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Madrid y la detención de funcionarios, y sin embargo aquí no pasa nada".
Ese aquí es La Línea de la Concepción, en la frontera con Gibraltar. Y quien lo escribe en una carta de queja remitida al fiscal general es José Carrión, el policía local en excedencia que en 2006 denunció por presunta corrupción urbanística el llamado caso Roseworld, que ya ha costado la retirada del pasaporte al alcalde de ese municipio gaditano, Juan Carlos Juárez, y el bloqueo de cuentas al ahora ex edil de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, que dimitió hace diez días. Ambos militan en el PP. Y ambos proceden del GIL.
Convertido en martillo de Juárez y con tres expedientes disciplinarios a sus espaldas luego anulados por los tribunales, Carrión mantiene otras tres denuncias por las que han sido imputados Juárez y otros miembros de su equipo. En 2003, su casa fue tiroteada: en la fachada quedaron 36 impactos de bala. La Policía nunca halló a los culpables.
Esas tres denuncias atascadas se interpusieron entre 2001 y 2002. En relación a una de ellas, formulada en 2001 por la presunta contratación ilegal de 140 empleados municipales tras la llegada de Juárez a la alcaldía en 1999, el Consejo General del Poder Judicial ya pidió el pasado 18 de octubre a la Fiscalía General la adopción de las "medidas necesarias" para agilizar las diligencias. Carrión seguía sin conocer la calificación del fiscal, que debía haberse producido en febrero. Juárez está imputado.
Otra denuncia, formulada en 2002, aborda la supuesta desaparición de 20 millones de las antiguas pesetas "en dinero cobrado de multas por policías locales y que no ingresaban en las arcas municipales". Manuel Aguilera, entonces edil de Seguridad y hoy concejal de Urbanismo tras la dimisión de Calama, está imputado.
"Tras años de instrucción y denuncias por dilaciones indebidas -escribe Carrión sobre este asunto- el caso duerme el sueño de los justos porque la Fiscalía de Algeciras no se pronuncia sobre un recurso al auto de procedimiento abreviado".
La última denuncia, pendiente también desde 2001, trata sobre el presunto destrozo de un coche a manos de dos cargos policiales. Aguilera repite como imputado junto con los dos policías.
"Fiscalía de Algeciras, vale ya"
Este periódico no pudo localizar al fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, hijo del recientemente fallecido dirigente del PP Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución. "Fiscalía de Algeciras, vale ya", fue la consigna de Carrión en la rueda de prensa donde presentó la carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
En su misiva, Carrión incluye en el memorial de quejas el caso Roseworld. Pero lo cierto es que ése es el único que en sólo un año -la denuncia se presentó en 2006- ha registrado avances visibles. Aquí es la fiscal anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, quien lleva la batuta del ministerio público.
www.publico.es 24.11.06
22. c.a. andalucía. El área de Urbanismo de Chiclana investiga irregularidades del regidor
Eduardo Marín: "Como alcalde, no he querido leer el expediente"
El alcalde de Chiclana (Cádiz), Ernesto Marín (PP), no rendirá cuentas ante el pleno sobre las posibles anomalías cometidas en su faceta profesional. Marín mudó su negocio a una nave industrial que carece aún de licencia para la actividad y consiguió electricidad mediante un enganche ilegal, según el expediente abierto por la delegación de Urbanismo. Será está oficina la que indagará en lo ocurrido, ya que los cuatro partidos que gobiernan en Chiclana (PP, IU, PSA, PA) rechazaron una moción del único grupo de la oposición (PSOE) para abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el regidor.
Sin embargo, el alcalde no podrá evitar el expediente urbanístico abierto por la delegación de Urbanismo, cuyo responsable es José Pedro Butrón, concejal y portavoz de Izquierda Unida en fase de expulsión de la federación por haber pactado con el PP y no respetar el acuerdo global entre PSOE e IU para facilitar el gobierno recíproco.
El expediente municipal pretende probar que Ernesto Marín instaló su negocio en una nave que aún no cuenta con licencia para desarrollar actividad, y que utilizó un enganche de luz ilegal. El alcalde reconoce que la mudanza a su nueva nave se adelantó a la fecha prevista. Según Marín, "junto a la fábrica antigua hicieron obras, salieron unas grietas y nos vimos obligados a trasladarnos de urgencia". Alega además que en la nave no hay todavía actividad industrial: "Sólo la estamos adecuando, poniendo las estanterías y la mercancía".
El alcalde de Chiclana sostiene que se enfrentará al expediente urbanístico "como un ciudadano más". Insiste en que aún no conoce el contenido de la denuncia porque "como alcalde, no he querido leerlo, he preferido esperar a que llegue a la empresa".
Para el PSOE, esta justificación no es suficiente. Los socialistas recuerdan al alcalde que ocupa un cargo público y, según su portavoz, José María Román, "debe dar ejemplo". "Si él incumple las normas, ¿quién las va a cumplir? Por dignidad, debería haber presentado su dimisión, o sus compañeros tendrían que haberle retirado la confianza", arremete Román.
De hecho, el socialista augura que la actuación del alcalde podría provocar un cisma en el cuatripartito. "Será difícil comprender que IU, PSA y PA vayan a apoyar como alcalde a una persona que infringe el ordenamiento que está obligado a defender", argumenta.
Algunos ediles de IU plantearon a Marín que abandonara su cargo en un encuentro privado. Posteriormente, sin embargo, el grupo cerró filas en torno al alcalde.
www.elpais.es 30.11.07
23. C.A ANDALUCÍA. UN JEFE POLICIAL DE MÁLAGA DICE QUE SU SUPERIOR ORDENÓ ESPIAR A UNA EDIL
Uno de los dos intendentes mayores de la Policía Local de Málaga, José Berruezo, aseguró que el que fue director del área de Seguridad en el Ayuntamiento Carlos Rubio encargó en marzo de 2005 que se realizara un informe sobre la vida y actividades de la entonces concejal del PP Rosa Agüera. Carlos Rubio, que actualmente es coordinador de los departamentos de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de Marbella fue subdelegado del Gobierno en la provincia de Málaga y cuando el PP perdió las elecciones generales en 2004 fue contratado por el alcalde de la capital como coordinador de distritos y de seguridad. En abril de 2006 dejó el cargo para incorporarse como vocal a la gestora de Marbella
Según el testimonio del mando policial, Rubio solicitó la realización del informe por teléfono al superintendente mayor de la Policía Local, Pascual Sánchez Bayton. Berruezo reconoció que el informe era "atípico" y "ajeno a la finalidad de protección de la concejal" que su autor ha aducido. El informe fue elaborado por el cabo Rafael Rubio con datos facilitados por el escolta de Agüera para justificar una petición de cambio de servicio de éste por sobrecarga de trabajo, según ha reconocido el autor del informe.
El informe en cuestión contenía numerosos detalles sobre actividades privadas de la concejal como sus asistencias a la peluquería, de compras, las visitas a casa de sus padres o sus costumbres religiosas, y hacía valoraciones sobre supuestas largas ausencias de su despacho.
Así , quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio al otro intendente mayor de la policía malagueña, Juan Antonio Ferrer, por un delito de revelación de secreto por la filtración del informe a la prensa. La fiscalía, que inicialmente solicitaba tres años de prisión, rebajó su petición a una multa máxima de 3.650 euros y la inhabilitación durante un año.
La razón de por qué la Policía Local de Málaga elaboró un informe así no ha sido objeto de la causa, después de que la sala no admitiera la acusación que formuló la concejal Agüera contra el cabo de la policía del grupo de escoltas autor del informe.
Durante el juicio se han puesto de manifiesto profundas desavenencias entre éste y el intendente acusado, hasta el extremo de que el cabo admitió haberse saltado en alguna ocasión la cadena de mandos.
(www.elpais.com, 27/11/07)
24. C.A DE MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECURRIRÁ LA DESIGNACIÓN DE CORTÉS COMO PRESIDENTE DE IFEMA
El Ayuntamiento de Madrid va a recurrir la designación de Luis Eduardo Cortés como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema por considerar incompatible el desempeño de este cargo con su actual responsabilidad en la filial inmobiliaria del grupo Sacyr-Vallehermoso. Así lo ha anunciado el delegado madrileño de Economía, Miguel Ángel Villanueva, en el acto de presentación de la campaña de promoción de Mercados de Madrid de cara a estas navidades, donde ha indicado además que se va a solicitar una convocatoria extraordiaria de la Junta Rectora de Ifema para formalizar el recurso.
Tanto Villanueva como el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ya habían manifestado su opinión al respecto, después de que la Cámara de Comercio anunciara la designación de Cortés como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema en sustitución del actual presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. El Gobierno de Madrid apoya a Cortés.
(www.elpais.com, 27/11/07)
25. C.A DE MADRID. INVESTIGAN EL RESTAURANTE DE LA MUJER DE UN CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
El juez que investiga la operación Guateque, Santiago Torres, solicitó la semana pasada más expedientes sobre tramitación de licencias al Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos se encuentra el del restaurante que la mujer del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, tiene en el distrito de Retiro. El motivo que ha llevado a Torres a estudiar a fondo este informe es una de las grabaciones telefónicas que se realizó a los implicados en la trama durante los meses previos al inicio de las detenciones.
Concretamente, se trata de una conversación entre Victoriano Ceballos, jefe de División en la Concejalía de Medio Ambiente y en prisión desde hace nueve días, y un funcionario de Urbanismo, supuestamente también participativo del cobro de comisiones. «Tengo a dos más, el Rodilla y La hacienda argentina [propiedad de Teresa Gabarra, mujer de López Viejo]», le decía Ceballos a este trabajador público durante la charla por teléfono. Fuentes de la investigación no supieron calibrar la importancia de esta acusación ni si esta frase implicaba algún tipo de negociación con los dueños de estos dos locales de la zona de Retiro o simplemente se trataba de fijar dos posibles objetivos de cobro.
Sin embargo, esta referencia ha sido suficiente para que el juez reclamara al Ayuntamiento de Madrid todos los papeles de estos dos locales, que fueron remitidos a Plaza de Castilla por la Junta de Distrito, y para que los adjuntara a las investigaciones previas que está llevando a cabo.
Por su parte, el consejero de Deportes explicó que su mujer nunca ha tramitado «ninguna de las licencias del local con ninguna empresa o despacho». Según explicó López Viejo, «todos los trámites los ha hecho personalmente ella en la Junta de Retiro».
Es más, el consejero aseguró que el local en cuestión, este asador argentino, todavía no dispone de la licencia de funcionamiento, que está solicitada desde noviembre de 2006, «firmada por su puño y letra» [en referencia a su mujer].
Teresa Gabarra no ha recibido todavía ninguna certificación del Juzgado como que su restaurante está entre los aludidos por los implicados, según confirmó López Viejo a M2, pero el consejero era consciente de que el expediente de este asador argentino está en Plaza de Castilla. «Aunque no sé responder por qué».
Tampoco ha sido solicitada su presencia por la Guardia Civil ni se le ha pedido que vaya a declarar, según explicaron varias fuentes.
La mujer del consejero de Deportes es una empresaria muy conocida en el mundo de la hostelería en la capital. La hacienda argentina no es el único restaurante que gestiona, también es socia de una importante cadena de tabernas.
Según explicó su marido, Gabarra adquirió el antiguo restaurante Pelé Melé, situado en el distrito de Retiro, porque, entre otras cosas, tenía ya todos los permisos municipales, incluidos el de terraza, lo que facilitaba la tramitación y explotación de estos metros.
Para crear su propio diseño, Gabarra realizó obras de reforma y tuvo que solicitar una licencia de obras al Consistorio, que tardó casi ocho meses en tramitársela. Ahora le queda el último papel, el definitivo: «Mi mujer lleva un año esperando a que le concedan la licencia de funcionamiento. Dicen que está parada en Medio Ambiente. Se le concedió la de obras, para realizar la reforma del local, y la de actividad, pero sigue esperando la inspección final», zanjó el consejero.
(www.elmundo.es, 27/11/07)
26. C.A DE VALENCIA El fiscal investiga si un cargo educativo prevaricó en la matrícula de un colegio
La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal por un presunto delito de prevaricación cometido por Francisco Baila, actual director general de Ordenación y Centros Docentes cuando era director territorial de Educación en Castellón, cargo que dejó hace un mes. La apertura de estas diligencias se basa en una denuncia presentada por CC OO al considerar que Baila "intervino en el proceso extraordinario de matriculación de un centro concertado, evitando así el proceso legal de matriculación de la zona".
El caso concreto denunciado por CC OO se refiere a la matriculación de nueve niños en el primer curso de infantil P-3, realizada en período extraordinario y en el centro concertado de la Consolación de Castellón. La ruptura de la ratio se realizó alegando "necesidades inmediatas de escolarización del alumnado" en resoluciones firmadas por el entonces director territorial. Sin embargo, estos niños no cumplían ninguna de las dos excepciones que la ley marca para poder acudir a la matriculación extraordinaria y romper la ratio de las tres aulas de primero de infantil de las que dispone este centro. De hecho, según el sindicato, los nueve niños ya habían obtenido plaza en otros centros de la localidad, por lo que ni eran casos de alumnos no escolarizados ni acababan de llegar a la ciudad y precisaban plaza.
El colegio la Consolación dispone de 75 plazas en las aulas de P-3 y recibió 121 solicitudes para ese curso. En el período de matrícula ordinaria admitió a 25, con lo que los otros 46 fueron redistribuidos en otros centros. Sin embargo, a mediados de septiembre, en el plazo extraordinario y por orden del entonces director territorial fueron escolarizados más alumnos en La Consolación donde la ratio quedó en 28 alumnos por aula en lugar de los 25 que marca la ley.
Fuentes del sindicato afirmaron "se hizo de una forma arbitraria con la finalidad de favorecer que familias "amigas" del entonces director territorial pudieran acceder a la matrícula en un centro concertado".
www.elpais.es 24.11.07
27. C. VALENCIANA. Los grandes casos de corrupción en Alicante pasan al Tribunal Superior
Cuatro de los sumarios más destacados por supuestos casos de corrupción política abiertos por los juzgados de Alicante siguen su desfile hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento de imputados. En total, en estos casos están imputados tres alcaldes, un ex regidor y 12 ediles del PP. En las cuatro causas la acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que ya ha iniciado los trámites para continuar la instrucción en el alto tribunal.
La última y cuarta investigación afectada por este imperativo legal ha sido la del sobrecoste de las obras de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. En este sumario está imputado el ex concejal del PP y actual diputado autonómico Andrés Ballester. Al caso de la Glorieta se suman el del supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista Enrique Ortiz, el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma pública Mercalicante, y la millonaria plusvalía que obtuvo el alcalde de Torrevieja en la compraventa de una finca. En los primeros está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y en el tercero su homólogo de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, de la misma formación política.Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, está imputado en dos de los cuatro sumarios por supuesta corrupción que debido al aforamiento de imputados sustanciará el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por orden cronológico, la primera causa en la que Alperi está incluido en la lista de imputados es el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. La magistrada Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, dirige una cansina instrucción desde el verano de 2002. La juez no ha resuelto aún el expediente para el obligatorio traslado de la causa al TSJ.
Esta parsimonia de la magistrada ha sido aprovechada por la defensa de Alperi y otros dos cargos del PP imputados [el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant] para presentar un nuevo recurso que solicita el archivo de las diligencias para los tres. La juez ha admitido el recurso, pero fuentes judiciales aseguran que "técnicamente" no podrá resolverlo porque se produce después de que Alperi haya alcanzado la condición de aforado. "La juez está obligada a incluir el recurso en su escrito de traslado de la causa al TSJ", explican esas fuentes.
El curso de la investigación del segundo caso en el que está implicado Alperi ha sido un ejemplo de rapidez si se compara con el primero. El titular del Juzgado número 8 de Alicante en un año concluyó la instrucción y ha resuelto ya el traslado de la causa al TSJ. En el sumario, además de Alperi y el promotor Enrique Ortiz, están imputados los concejales del PP Sonia Castedo y Luis Concepción.
La investigación al alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la compraventa de la finca con la que ganó 5,3 millones de euros, sufre el mismo proceso de parálisis que el caso Mercalicante. El titular del juzgado numero 4 de Torrevieja no ha practicado ni una sola diligencia desde el 28 de octubre de 2005 cuando Hernández Mateo declaró como imputado. El juez tampoco ha remitido el escrito de traslado del sumario al TSJ.
El sobrecoste de 2,5 millones de la Glorieta de Gabriel Miró en Orihuela es la última causa que ha de enfilar el camino del TSJ. La juez, a raíz de la declaración de los primeros imputados [entre ellos el ex alcalde, José Manuel Medina y el promotor de la obra Domingo Alcocer], amplió la acusación a los nueve concejales de la comisión de gobierno que validaron las obras. La lista incluye a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, y al ex edil y diputado autonómico Andrés Ballester.
www.elpais.es 26.11.06
28. C.A DE VALENCIA.TABACALERA, UN 'PELOTAZO' CON PRISAS
El informe de la Academia de Bellas Artes de San Carlos del pasado 30 de octubre resultó un endeble obstáculo a la piqueta que comenzó a derribar parte de Tabacalera. Un complejo arquitectónico de la ciudad de Valencia que data de 1909 cuyo derribo parcial ha permitido el Ayuntamiento de Valencia, pese a que en 2002 el Gobierno instó a la Generalitat a iniciar los trámites para que fuera declarado Bien de Interés Cultural. No hubo tal interés por parte de las autoridades autonómicas ni municipales, y Valencia se ha convertido en la única ciudad española en que la antigua fábrica de tabacos carece de cualquier tipo de protección, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, Sevilla, Málaga o San Sebastián.
No hubo prisas en proteger la Tabacalera, pero sí muchas en iniciar el derribo y abrir el camino para uno de los más grandes pelotazos urbanísticos en la capital de la Comunidad Valenciana. Un par de cifras resumen la entidad de la operación. El promotor, Guadalmedina, una empresa del grupo de Enrique Ballester, ha desembolsado 73 millones por la compra del complejo arquitectónico y la modificación de uso de industrial a residencial. A cambio, y a precio de mercado reciente, podría ingresar más de 244 millones. Una plusvalía superior a los 170. Y todo ello sin colocar un ladrillo.
Al Ayuntamiento, que preside Rita Barberá, la operación le parece de perlas y realizada desde "el máximo respeto al patrimonio, puesto que se conservan los edificios originales que fueron sede de la Exposición regional de 1909". La oposición, por boca de Carmen Alborch, cree que se trata de "un expolio del patrimonio". Y la plataforma cívica Salvem Tabacalera opina que "las plusvalías privadas se abren paso gracias al Ayuntamiento". Las máquinas derribaron las dos naves laterales sobre cuyos solares se construirán 300 casas.
(www.elpais.com, 27/11/07)
29. C. A DE GALICIA .CONSTRUCUATRO COBRÓ DE MÁS, DECLARAN AL JUEZ 10 COMPRADORES
Con los cinco ya conocidos, ya son diez los compradores que han prestado testimonio en el juzgado asegurando el pago de sobreprecios por los pisos que compraron en el polígono vigués de Navia a Construcuatro, la empresa de la que es consejero delegado el líder del PP en Pontevedra, Telmo Martín. Los cinco primeros declararon el lunes y los restantes, hasta la treintena de afectados que ha denunciado los sobreprecios, lo hará en próximas semanas.
Una de las comparecientes, Carolina Lagoa, relató cómo le habían requerido 30.000 euros, "en negro y con discreción", como condición para cerrar su compra de una vivienda protegida en el edificio Castelao, promovido y construido por Construcuatro en el citado polígono de Navia. Si no aceptaba, la vivienda pasaría a otro candidato. Tras pagar el sobreprecio, desde Construcuatro le remitieron una factura que lo blanqueaba atribuyéndolo a reformas en la vivienda.
Los testimonios de los otros comparecientes fueron del mismo tenor. Su abogado, Antonio Salceda, expresaba sus quejas por la escasa diligencia del procedimiento. "Después de un año desde que se planteó el caso, yo no veo ánimo de que se quiera avanzar en las investigaciones. El juzgado no promueve ninguna de oficio y he de ser yo, que tengo muchas limitaciones para lograrlo, quien ha de buscar y aportar las pruebas".
Salceda contrasta esa, según él, reticente actuación judicial con la que se observa en otros casos de corrupción urbanística, "como el de Gondomar o este último, que implica a un abogado vigués en un posible cohecho en Murcia. Aquí, sin embargo, sigue sin citarse a nadie de Construcuatro", indica.
(www.elpais.com, 28/11/07)
30. C.A DE GALICIA. Alcaldes del PP en pueblos orensanos cobran 50.000 euros
Baltar percibe de la Diputación 75.082 euros, más que el regidor de Ourense
Alcaldes del PP de la provincia de Ourense reciben de sus ayuntamientos, de menos de 5.000 habitantes, ingresos en torno a 50.000 euros anuales. En algunos casos estos regidores mantienen sus negocios privados o se han acogido a una exclusividad parcial que les permite seguir percibiendo retribuciones complementarias. Y más de una docena de ellos reciben además otros ingresos institucionales en concepto de dietas por sus asistencias a plenos y comisiones de la Diputación. El presidente de esta institución, José Luis Baltar, cobra 75.082 euros, 2.082 más que el alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Rodríguez.
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Julio Carlos Temes, alcalde de Nogueira de Ramuín, cobra de su pequeño municipio de 2.500 habitantes la exclusividad: 45.080 euros al año. Similar es el caso del regidor de Pereiro de Aguiar (municipio de 5.000 habitantes), Eliseo Fernández, quien percibe 50.200 euros anuales. La alcaldesa de Sandiás, Concepción Méndez, cobra 40.900 euros al año del municipio de apenas 1.500 vecinos.
La alcaldesa de San Cibrao (4.000 habitantes), Elisa Nogueira, ingresa 44.318 euros anuales del ayuntamiento pero suma a ello las asistencias a plenos de la Diputación (300 euros al mes), 150 euros más por cada comisión a la que asiste (se celebran dos al mes) y otro tanto cuando participa en las juntas de gobierno de la institución provincial.
Entre los alcaldes orensanos que mayores ingresos reciben de las instituciones públicas figura el regidor de Bande, José Antonio Armada, que recogió en mayo el bastón de la alcaldía de manos de su mujer, la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez. Armada era uno de los 40 traspasados por la Diputación al Ayuntamiento de Ourense que carecían de cometido y hasta de asiento, que debían turnar en horario laboral con otros contratados. El acceso de PSdeG y BNG a la alcaldía dejó a estos 40 "traspasados" sin contrato -no se lo renovaron-, pero Baltar reincorporó a algunos a la Diputación, entre ellos al regidor de Bande que ahora percibe de esta institución 30.996 euros anuales que suma a los 29.000 que cobra por su exclusividad parcial en el ayuntamiento. A ello hay que añadir las dietas.
Pero la palma en cuanto a ingresos se la lleva el alcalde de Oímbra (municipio de menos de 2.000 habitantes), Alfonso Villarino. Es el cargo electo de la provincia que más cobra en dietas por asistencia a plenos y juntas de gobierno, incluidos los representantes en el Ayuntamiento de la capital y los de la Diputación.
Villarino, empleado de banca jubilado con más de 28 años al frente de la alcaldía, no ha pedido la exclusividad para mantener su pensión de jubilación. Pero el regidor percibe 430 euros por cada asistencia tanto a sesiones plenarias como a juntas de gobierno, así como a la comisión especial de cuentas del municipio. El ayuntamiento de Oímbra celebra una junta de gobierno cada semana, una media de un pleno al mes y diversas juntas mensuales de contratación de obras y de personal. El resto de los ediles que asisten a estas mismas reuniones perciben, sin embargo, 75 euros.
Pero, además, el regidor cobra otros 75 euros por sus asistencias al consello escolar, 43 euros por cada mesa de contratación que preside y 90 euros por cada desplazamiento sin manutención que realiza. Junto a ello, recibe del ayuntamiento 275 euros cada vez que se desplaza y pernocta fuera del municipio y 150 euros en el caso de que el desplazamiento sea sin hacer noche fuera.
El alcalde Barbadás, José Manuel Freire Couto, no ha devuelto las dietas que cobró de su ayuntamiento, en contra de lo que solicitó en su día el BNG. El regidor -que también percibe dietas de la Diputación y una dedicación exclusiva de 58.262 euros anuales por su condición de presidente del Inorde- sostiene que no tuvo que reingresar lo cobrado porque era legal.
Aunque no repuso las dietas, las disminuyó de inmediato. "Pasó de recibir 15.000 euros en 2003 a cobrar 4.000 euros en 2004", señala el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida.
Freire es para la oposición paradigma de irregularidad en la percepción de ingresos públicos. El BNG ha decidido poner en manos de la fiscalía sus dobles ingresos de la Diputación.
www.elpais.es 26.11.07
31. C.A DE MADRID. GALLARDÓN RECURRE EL NOMBRAMIENTO DE CORTÉS AL FRENTE DE IFEMA
La pugna entre la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por hacerse con el control de los órganos directivos de Ifema vivió un nuevo episodio al anunciar el Ayuntamiento su intención de presentar un recurso contra el nombramiento de Luis Eduardo Cortés, un hombre de Aguirre, como presidente del Comité Ejecutivo de Ifema.
El Ayuntamiento solicitará en próximas fechas la convocatoria de una junta rectora extraordinaria de Ifema para presentar en ella este recurso. El concejal de Economía, Miguel Ángel Villanueva, explicó que la oposición del Ayuntamiento al nombramiento de Cortés se basa en la "incompatibilidad ética y legal" que el equipo municipal considera que existe entre sus responsabilidades al frente de la filial inmobiliaria del Grupo Sacyr-Vallehermoso y su nuevo cargo en Ifema.
Ifema y Sacyr mantienen un litigio -"de una importante cifra de millones de euros de discrepancia", afirmó Villanueva- por los problemas surgidos en la ampliación de los recintos feriales, que lleva a cabo la empresa inmobiliaria.
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, anunció que no apoyará al alcalde en su recurso e insistió en que es necesario evitar "espectáculos tan tristes" como la lucha que protagonizan Aguirre y Gallardón.
La propuesta socialista es que se modifiquen los estatutos para que la presidencia de los recintos feriales vuelva a estar ocupada por el alcalde de la capital.
(www.elpais.com, 28/11/07)
32. C.A DE MADRID.AGUIRRE Y GALLARDÓN SE PELEAN POR IFEMA
Advertencia previa: no hay guerra. No. Eso dicen los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital cada vez que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón se enzarzan, de forma más o menos abierta, por un asunto nuevo.
Esta vez es Ifema, el gran centro ferial de Madrid, la segunda macroempresa de la región –sólo le supera el aeropuerto de Barajas– que aporta el 1% del PIB de la Comunidad. La poderosa tarta está controlada por el Gobierno autonómico, la alcaldía madrileña y la Cámara de Comercio (todos ellos, con una participación del 31,2%) y por Caja Madrid (6,4%).
Para entender la reciente disputa, hace falta tirar de cronología. La tradición mandaba que el Consistorio designaba al presidente de la Junta Rectora de Ifema, y la Cámara de Comercio –tutelada por la Consejería de Economía–, al presidente ejecutivo. Mientras que la junta perfila la estrategia global del recinto ferial, el comité ejecutivo, semejante al consejo de administración de una empresa, gestiona el día a día: tiene el poder.
Hasta ahora, el jefe de la Cámara presidía Ifema. Pero en junio la situación empezó a tambalearse. Gerardo Díaz Ferrán dejó el liderazgo de la Cámara para asumir las riendas de la Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE) y dejó en su puesto a Salvador Santos Campano.
El nuevo presidente de la Cámara dijo no. Campano no asumiría Ifema. Y propuso a Luis Eduardo Cortés, presidente no ejecutivo de Vallehermoso y ex vicepresidente del Ejecutivo con Ruiz-Gallardón. Cortés consumió su fidelidad al alcalde en 2004: le dejó en el congreso regional de su partido y apostó por Aguirre.
"Incompatibilidad evidente"
La presidenta, en 2007, le devolvió el favor. "Su segundo, Ignacio González, se reunió con Campano para forzar al pleno de la Cámara de Comercio [formado por 60 compañías] a elegir a Cortés. Su influencia fue decisiva. Claro que ha habido intervencionismo", relatan fuentes municipales. En la Comunidad no niegan que el Cortés esté "próximo" a Aguirre, pero entienden que la decisión recae en la Cámara.
El relevo se consumó el lunes. Cortés tomó posesión de su nuevo cargo. Y el Ayuntamiento respondió: el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, anunció que el Consistorio recurrirá ante los tribunales la designación por "incompatibilidad", tal y como había amenazado el alcalde. Porque en medio se cruza la razón oficial: Vallehermoso es la filial inmobiliaria del grupo Sacyr Vallehermoso (SyV), con quien el Ayuntamiento mantiene un litigio. La constructora se adjudicó en febrero de 2005 las obras de ampliación de Ifema por 56 millones de euros y ahora, cuando están a punto de finalizar las obras, reclama 20 millones más. La negociación con SyV al borde de la quiebra, advierten en el Ayuntamiento. "Sí, está muy mal. El anterior comité ejecutivo acordó que si no hay arreglo, iremos a los tribunales. Y eso puede pasar".
La Cámara de Comercio, con quien Público contactó, evita pronunciarse. Como Ifema. Como SyV, que no obstante avisa de que Cortés "no tiene funciones ejecutivas" en Vallehermoso. En eso insiste la Comunidad. "Es un argumento muy endeble. No toleraremos que Cortés sea juez y parte. Ésa es la clave, más que la lectura política, legítima y no desajustada", defiende el Ayuntamiento. Guerra no habrá, pero la hostilidad Aguirre-Gallardón es manifiesta.
(www.publico.es, 28/11/07)
33. C.A DE MADRID.LOS OTROS SONADOS ENCONTRONAZOS DE LOS DOS LÍDERES
1. El control del metro
Los partidarios de Aguirre y de Gallardón hablaron en abril de 2004 de "guerra total" en público. La presidenta intentó conseguir la mayoría absoluta en el Consorcio Regional de Transportes. Fracasó. Pero a cambio logró que buena parte de las competencias ejecutivas de la empresa pública pasasen a una persona de su confianza. Gallardón había amenazado con sacar a Metro y los autobuses del Consorcio.
2. Contienda por el partido
2004 también se cerró con una tirantez nunca disimulada. Gallardón intentó que su fiel Manuel Cobo presidiese el PP de Madrid. En cuanto vio que el partido cerraba filas con Aguirre, retiró la candidatura del vicealcalde. Esperanza ganó.
3. Las disputadas listas
Después del 27-M, Gallardón hizo pública su disposición a acompañar a Rajoy. Aguirre (y la plana mayor del PP) lo tomó mal. Desde entonces, los cuchillos han ido y venido entre ambos.
4. El Dos de Mayo, la Cañada Real y el eje Prado-Recoletos
Aguirre se enceló cuando vio que Zapatero daba al alcalde la presidencia de la subcomisión del Dos de Mayo e impulsó una fundación en la que Gallardón no quiso estar. En el conflicto de la Cañada Real, ambos se han tirado las culpas. Y en la reforma del paseo del Prado también discrepan. La presidenta apoya a la baronesa Carmen Thyssen.
(www.publico.es, 28/11/07)
34. el gobierno de aguirre recomendó a los colegios las banderas más caras
Las empresas que propuso cobran el triple que otras elegidas al azar
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Este básico y antiguo eslogan publicitario debería tenerse en cuenta e incluso enseñarse en los colegios. En las clases madrileñas han estado a punto de pagar más por algo que vale mucho menos.
El 12 de noviembre, una carta enviada por la Consejería de Educación a todos los centros educativos emplazaba a sus directores a colocar dos placas identificativas y tres banderas (la madrileña, la española y la europea). Cuatro días después, el 16, la orden fue anulada por una segunda carta. "Hasta saber cuáles son las necesidades de cada centro", argumentó Educación. En ningún caso, sin embargo, dijeron que los colegios no tendrían que instalar las placas y las banderas en el futuro. Sólo quedaba suspendido hasta saber la magnitud de lo que se necesita, según la versión oficial.
Los hasta 3.000 euros que costaba la broma era lo que presupuestaban seis empresas recomendadas por la propia consejería (tres de carteles y tres de banderas). Los colegios debían restar este dinero del que destinan a libros, agua, luz, fotocopias o material escolar. Un director consultado por este periódico explicaba que su centro recibe unos 12.000 euros para estos gastos de funcionamiento. Tendría que gastarse, por tanto, una cuarta parte de ese dinero en placas y banderas.
En la citada carta, la consejería no hablaba de recomendación. Decía: "las empresas son...". No había opción ni mención a que los colegios pudiesen buscarse la vida por su cuenta. La recomendación era "a título orientativo", dice ahora un portavoz de la consejería. Pero nada de eso ponía en la carta. Pues bien, el precio de esas empresas "orientativas" es el triple de lo que cuesta con otras compañías elegidas al azar por este periódico, que solicitó presupuestos a cuatro y obtuvo respuesta de dos. No era ninguna de las rec
