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DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2007
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ÍNDICE
1. PESE A LA LLAMADA DE AZNAR A ZAPATERO AGRADECIÉNDOLE SU DEFENSA, RAJOY CULPA AL PRESIDENTE
2. EL GOBIERNO DE AZNAR NO CONDENÓ EL GOLPE DE ESTADO
3. LAS VECES QUE AZNAR NO DEFENDIÓ A ESPAÑA
4. UNA DIPUTADA DEL PP ADMITE QUE AZNAR PUDO HABERSE EQUIVOCADO AL INSISTIR EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
5. GALLARDÓN Y AGUIRRE EVITAN APOYAR A AZNAR
6. ACEBES ELUDE POLEMIZAR CON RUIZ-GALLARDÓN SOBRE LA MASACRE
7. EL PP LIMITA EL ALCANCE DE UN ACTO Y EVITA QUE HABLE AZNAR
8. UN MAGISTRADO CONSERVADOR DEL CONSTITUCIONAL REBATE POR SEGUNDA VEZ ARGUMENTOS DEL PP
9. EL FISCAL ACUSA DE FALSEDAD AL GENERAL QUE INTERCAMBIÓ LAS IDENTIDADES DEL YAK-42
11. GALICIA: EISENMAN ECHA LA CULPA DEL COSTE DE LA CIDADE DA CULTURA A
12. GALICIA: "LA XUNTA ANTERIOR HIZO UNA COMPRA MASIVA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL"
13. GALICIA: EL TRIBUNAL SUPREMO JUZGARÁ A LOS ALCALDES DE A CAÑIZA Y O COVELO
14. GALICIA: CONDE ROA ACUSA AL EX SECRETARIO DEL PP EN SANTIAGO DE VENDER PISOS EN LA SEDE
15. ANDALUCÍA: MARBELLA GASTA EN CARGOS DE CONFIANZA LO QUE AHORRA EL PLAN DE AUSTERIDAD
16. ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE ALHAURÍN INGRESÓ 56.000 EUROS DE ORIGEN DESCONOCIDO
17. ANDALUCÍA: UNA EDIL DEL PP COMPARA AL REY CON FRANCO Y DICE QUE NINGUNO DE LOS DOS FUE ELEGIDO
18. ANDALUCÍA: DIMITE EL EDIL DE LA LÍNEA IMPUTADO EN EL 'CASO ROSEWORLD'
19. COMUNIDAD DE MADRID: ESPERANZA AGUIRRE SIGUE SUBVENCIONANDO A LA FUNDACIÓN DEL ANTIGUO JEFE DE PRENSA DE AZNAR
20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE FINANCIA A UNA ASOCIACIÓN NACIONALISTA ESPAÑOLA
21. COMUNIDAD DE MADRID: EL PP RECHAZA CONDENAR EL ASESINATO COMO DE "ULTRADERECHA"
22. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO REITERA QUE "DE MOMENTO" NO REGISTRARÁ A LOS DEPENDIENTES
23. COMUNIDAD DE MADRID: LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE ARREMETE CONTRA EPC, PERO DEFIENDE EL UNIFORME ESCOLAR
24. COMUNIDAD DE MADRID:
"SIN UN KILO, NO HAY LICENCIA"25. COMUNIDAD DE MADRID: EL ALCALDE PRIVATIZARÁ LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA BARES Y LOCALES
26. COMUNIDAD DE MADRID: EL ALCALDE DE VILLAVICIOSA CONTRATA A SU ESPOSA Y A UN SOBRINO
27. COMUNIDAD VALENCIANA: LA GENERALITAT VALENCIANA DESVÍA 33 MILLONES DE EUROS DE FONDOS SOLIDARIOS PARA LA AMERICA’S CUP
28. COMUNIDAD VALENCIANA: EL OPUS Y LA ESCUELA INFANTIL SE LLEVAN EL MISMO DINERO
29. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' PIDE EL TRASLADO
30. COMUNIDAD VALENCIANA: CELIA VILLALOBOS ADMITE ANTE LA JUEZ QUE FABRA SE INTERESABA POR LA LENTITUD DE LOS PERMISOS
31. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA EXIGE AL JUZGADO QUE RESTRINJA LOS DATOS QUE FACILITA AL GABINETE DE PRENSA DEL TSJ
32. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA
33. COMUNIDAD VALENCIANA: EL 78% DE LOS ASESORES DE FABRA SON CARGOS POLÍTICOS Y FAMILIARES
34. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP DESCALIFICA A BERNAT SORIA POR "ANDALUZ QUE HABLA CATALÁN"
35. COMUNIDAD VALENCIANA: ALPERI PERMITIRÁ A KELME DAR UN PELOTAZO A CAMBIO DE AGUA AMARGA
36. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE OROPESA ADMITE HABER VIAJADO CON EL PROMOTOR DE UN PAI
37. CASTILLA Y LEÓN: EL PP ABULENSE, FEUDO DE ACEBES, ARROPA AL “ARREPENTIDO” DE MERA CON EL PP
38. ISLAS CANARIAS: EL ALCALDE DE MOGÁN, IMPUTADO DE NUEVO POR CORRUPCIÓN
39. ISLAS BALEARES: LA POLÉMICA GESTIÓN URBANÍSTICA DEL PP CULMINA CON LA INTERVENCIÓN DEL FISCAL
40. NAVARRA: LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA TENDRÁ QUE DEVOLVER 100.000 EUROS AL GOBIERNO NAVARRO
41. LA RIOJA: EL GOBIERNO POPULAR RIOJANO, CONDENADO POR ACOSO LABORAL
1. PESE A LA LLAMADA DE AZNAR A ZAPATERO AGRADECIÉNDOLE SU DEFENSA, RAJOY CULPA AL PRESIDENTE
Nunca en casi cuatro años de mandato José Luis Rodríguez Zapatero había recibido una llamada amistosa de su predecesor en la presidencia del Gobierno, José María Aznar. El ex presidente se puso en contacto con él para darle las gracias por haberle defendido ante los insultos de Hugo Chávez, que le había calificado de fascista. A pesar de este inédito cambio de tercio, el líder del partido de Aznar, Mariano Rajoy, se mostró implacable con Zapatero, a quien culpó del incidente por sus "amistades peligrosas", como Chávez y otros mandatarios latinoamericanos.
Durante la clausura de unas jornadas sobre inmigración en Sevilla, Rajoy destacó el "coraje y firmeza" del rey Juan Carlos para defender a los españoles de los "insultos" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Rajoy concedió algo a Zapatero que su partido no le había dado el día anterior: dijo que la respuesta del presidente del Gobierno fue "la adecuada", aunque enseguida matizó: "pero, desgraciadamente, ha llegado tarde" porque el incidente es consecuencia "de una política exterior que ha dilapidado el prestigio y la influencia de nuestro país en el mundo y que ha renunciado a defender los intereses nacionales con la determinación exigible", lamentó el presidente del PP.
Rajoy arremetió contra las "amistades peligrosas" de Zapatero, culpables según él del incidente. "Ha habido insultos, insidias y menosprecios al ex presidente del Gobierno español elegido por los ciudadanos, a nuestros embajadores y a las empresas españolas que generan empleo dentro y fuera de España".
El líder popular se ensañó con la política exterior del Gobierno y recordó que Zapatero había apostado por las relaciones con América Latina: "Si esto es lo que ha hecho, ha fracasado rotundamente; ha irritado a todos, a Marruecos, a Argelia y hasta a los saharauis. Hemos llamado fracasada a Merkel, hemos carecido de interlocución con Estados Unidos y, desde , se nos insulta en las cumbres iberoamericanas".
Ésta fue la reacción oficial del PP, pero una de sus dirigentes más conocidas, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue bastante más lejos. En su discurso en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclamó que España retire los embajadores en Venezuela y Nicaragua como protesta.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que José María Aznar "tiene derecho a opinar" pero la línea política de esta formación, ha explicado, la fija el Comité Ejecutivo Nacional, con la que el ex presidente del Gobierno "coincide al 90 por ciento". En una entrevista, Rajoy se ha expresado así al ser preguntado si cuando José María Aznar habla le resta protagonismo. "Tiene derecho a opinar, pero la línea política del PP la fija el Comité Ejecutivo y supongo que Aznar coincide al 90 por ciento. No he tenido ninguna incomodidad importante con esto", ha señalado.
(www.elperiodico.com, 12/11/07)
2. EL GOBIERNO DE AZNAR NO CONDENÓ EL GOLPE DE ESTADO
Lejos de condenar el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, el Gobierno de Aznar lo dio como un hecho consumado, saludó al golpista, Pedro Carmona, como "nuevo presidente", dio instrucciones a su embajador en Caracas para que se reuniera con el estadounidense y con Carmona y pactó con el Gobierno de EE UU una declaración conjunta en la que lanzaban sus primeras peticiones al nuevo gobernante venezolano.
Tras aquella reunión, el embajador español, Manuel Viturro, informaba por telegrama: "Desde el primer momento puntualizamos que se trataba de una gestión de representantes de dos países amigos de Venezuela que por su parte se declaraban amigos del señor Carmona y que la gestión no tenía por objeto inmiscuirnos en asuntos internos". Era 13 de abril de 2002. Ese mismo día, Aznar contestaba a una llamada telefónica de quien consideraba su homólogo venezolano.
El actual ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, desataba la polémica en noviembre de 2004 al declarar en el programa 59 segundos, de TVE: "El embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe..." y pocos días después, el 1 de diciembre de 2004, en el Congreso, Moratinos añadió: "El Gobierno [de Aznar] pretendió legitimar el golpe". Lo cierto es que nunca lo condenó porque lo interpretó como la caída definitiva de Chávez. En la declaración conjunta, ni Madrid ni Washington se pronunciaban contra el golpe. Al contrario, lo seguían "con gran interés": "Los Gobiernos de Estados Unidos y España (...) siguen los acontecimientos con gran interés y preocupación y en contacto continuo (...) y expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena".
En la misma línea, el 14 de abril de 2002, el portavoz de exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, aseguraba: "La revuelta popular abre una puerta a la esperanza". Estaban tan seguros de su diagnóstico que el embajador español incluso debía formar parte de un grupo de tres personas que incluía al arzobispo de Caracas, (entusiasta del golpe) para escoltar a Chávez hasta el aeropuerto de Caracas y subirlo en un avión a La Habana. Tras el fracaso del golpe de Estado, en una reunión en mayo de 2002 en Madrid, Hugo Chávez declaró: "Aznar me ha prometido que nunca apoyará un Gobierno no constitucional en Venezuela".
(www.elpais.com, 13/11/07)
3. LAS VECES QUE AZNAR NO DEFENDIÓ A ESPAÑA
Quizá minutos antes de telefonear a Rodríguez Zapatero para agradecerle su defensa, a Aznar se le pasó por la cabeza todas las veces que él hizo justamente lo contrario. Desde que abandonó la presidencia del Gobierno, la labor de José María Aznar ha tenido un claro escenario dominante: campus univesitarios alrededor del mundo. Y en ninguna de sus conferencias han faltado referencias a España. Un país al borde del precipicio con un gran culpable: José Luis Rodríguez Zapatero. Su último ataque llegó hace unos días a cuenta de la crisis de Chad. Tras agradecer a Sarkozy las gestiones para ayudar a los españoles, se confesó "humillado" porque no hubiera sido Zapatero quien acudiera al país africano a liberar a los retenidos. Hay más ejemplos.
"Partido del odio"
(10/09/04).- Sus dardos llegaron esta vez desde las páginas del diario alemán Die Welt. Aznar aseguró que "la izquierda que está en el gobierno" en España es "el partido del odio". También acusó al gobierno de Zapatero de tener como objetivo "sistemático destruir el pasado, lo logrado hasta ahora".Sobre el 11-M
(22/9/04).- Era su primer día como profesor asociado en la Universidad de Georgetown (EEUU) y no faltaron en su discurso las alusiones al 11-M. A su juicio, el problema con Al Qaeda en España no empezó con la intervención en Irak, sino "que viene de mucho atrás", desde que "España rechazó ser un trozo más del mundo islámico cuando fue conquistada por los moros, y rehusó perder su identidad". Unas opiniones que en el PSOE calificaron de "patéticas y contradictorias". Dos años después, en octubre de 2006, en una entrevista concedida al diario chileno El Mercurio, insistió en que "sin el 11-M las elecciones españolas habrían sido distintas".Momento crítico
(8/10/2005).- Ante cientos de empresarios en México consideró que "España corre riesgos serios de desintegración y balcanización, de volver históricamente a las andadas".Uniones gays
(18/01/2007).- También llevó fuera de nuestras fronteras su discurso sobre la familia y sus valores. En su acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad Católica de Milán, José María Aznar señaló que "las uniones entre personas del mismo sexo pueden ser muy respetables, pero no deben ser equiparadas ni al matrimonio ni a la familia". Por estas fechas, la Ley de matrimonios entre personas del mismo sexo ya estaba en vigor en España. Concretamente, desde junio de 2005."Una calamidad"
(10/4/07).- El presidente de FAES consideró que la reciente visita a Cuba del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, había sido "una calamidad para los disidentes". Y criticó la política del gobierno hacia la isla. A su juicio, a Zapatero "no le interesan los derechos humanos ni las libertades de los cubanos, sino simplemente el mantenimiento del régimen".(www.publico.es, 11/11/07)
4. UNA DIPUTADA DEL PP ADMITE QUE AZNAR PUDO HABERSE EQUIVOCADO AL INSISTIR EN LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
La diputada y cabeza de lista del PP en Girona en las próximas elecciones legislativas, Alicia Sánchez-Camacho, ha admitido que el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) pudo haberse "equivocado" al insistir en la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11 de marzo del 2004. "La historia pondrá a todo el mundo en su sitio y creo que todos nos equivocamos y hacemos cosas mejor o peor, y acertamos o hacemos cosas con buena fe pero equivocándonos o no. Pues al señor Aznar le pasa como a todo el mundo", ha declarado Sánchez-Camacho. "Lo que sucede es que creo que, a veces, a corto plazo de la historia, quizás se juzga a la gente por lo último que no ha hecho tan bien y no por lo bueno que se ha hecho", añadió la diputada. Estas declaraciones de la portavoz de Interior del PP en el Congreso sorprenden en el sentido de que nadie en el PP se ha atrevido a desautorizar las palabras de su presidente de honor en Antena 3 cuando ratificó que los que "los que idearon" los atentados del 11 de marzo "no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas".
Sólo el coordinador del programa electoral del PP, Juan Costa, se había distanciado de lo dicho por Aznar al reivindicar que su partido respetaba la sentencia y que la postura de los populares sobre este asunto ya la fijó Mariano Rajoy, en el sentido de que, a partir de ahora, "hay que mirar adelante". Pese a que se ha interpretado que sus palabras venían a ser un desmarque por parte de la cúpula del PP de la llamada teoría de la conspiración, resulta un distanciamiento demasiado tibio, máxime cuando el propio Costa había reivindicado el pasado 2 de noviembre "el derecho a que se siga investigando para conseguir el total y absoluto esclarecimiento de los hechos".
De hecho el portavoz popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte afirmó que las palabras de Aznar no son nada diferente a lo que "hayamos dicho habitualmente".
Estas declaraciones se suman a las hechas últimamente por destacados dirigentes del PP que siembran dudas en torno al 11-M. El primero en abrir la veda fue Mariano Rajoy cuando en su comparecencia para valorar la sentencia del juez Bermúdez anunció que su partido apoyaría "cualquier otra investigación que permita avanzar sin limites en la acción de la Justicia, ya que los acusados como inductores o autores intelectuales, son los términos que utiliza la sentencia, no han sido condenados como tales".
(www.elplural.com, 09/11/07)
5. GALLARDÓN Y AGUIRRE EVITAN APOYAR A AZNAR
Tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como la presidenta de esta comunidad, Esperanza Aguirre, evitaron respaldar expresamente las palabras del ex presidente José María Aznar, quien insistió en que los ideólogos del 11-M no están "en desiertos remotos ni en montañas lejanas" y fue desautorizado por Juan Costa, coordinador del programa electoral.
Gallardón, que el día anterior señaló que "los autores del 11-M son los que establece la sentencia en sus diferentes grados de responsabilidad", insistió en la idea de que el fallo de los jueces es "un triunfo del Estado de derecho". Aguirre fue aún más escueta: "Lo único que tengo que decir es que suscribo íntegramente las declaraciones que sobre esta materia ha hecho don Mariano Rajoy". Sólo el andaluz Javier Arenas dijo sentir un "profundísimo respeto" por las palabras de Aznar porque el ex presidente cuenta con su "afecto y gratitud para siempre".
(www.elpais.com, 09/11/07)
6. ACEBES ELUDE POLEMIZAR CON RUIZ-GALLARDÓN SOBRE LA MASACRE
El PP se está especializando estos días en decir lo uno y su contrario en torno a la sentencia del 11-M con tal de pasar de puntillas sobre un asunto que quieren sacar como sea de la agenda política. base de repetir el estribillo de que la “posición del PP es la de Rajoy”, el número dos, Angel Acebes, se desmarcó de unas afirmaciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón -en las que calificaba de “ejemplar” la instrucción del sumario y abogaba por pasar página-, poniendo buen cuidado en no polemizar con él ni desautorizarle.
Al mismo tiempo, el propio Rajoy se desmarcaba tácitamente de las afirmaciones de José María Aznar de la semana pasada sobre su convicción de que los autores intelectuales de la masacre no se encuentran en “desiertos lejanos”. El presidente del PP negaba a ADN “incomodidad” por las opiniones de Aznar, al que reconocía “derecho a opinar”, aunque la “línea política del partido la marca el Comité Ejecutivo”, que, por cierto, aún no ha dicho una palabra sobre el asunto.
Más complicado lo tuvo Gabriel Elorriaga en la Ser. El secretario ejecutivo de Comunicación del PP dijo que la sentencia “cierra una etapa” pero, de acuerdo con lo dicho por Rajoy el día en que fue dictada, “aún quedan flecos”, por lo que no puede afirmar que el asunto esté “completamente cerrado”.
Elorriaga se empleó en la tarea de negar unas diferencias internas que, ciertamente, parecían haber desaparecido en los días previos a la lectura del comunicado de Rajoy. Y en su empeño llegó a afirmar que “lo que dice Gallardón hoy lo podemos compartir todos dentro del PP”.
Pese a la confusión del discurso popular y pese a que el 11-M dominó la pelea entre PSOE y PP la semana pasada, ni los miembros del sanedrín de maitines que reúne Rajoy los lunes ni los del Comité de Dirección abordaron el asunto, según las fuentes consultadas.
(www.elmundo.com, 13/11/07)
7. EL PP LIMITA EL ALCANCE DE UN ACTO Y EVITA QUE HABLE AZNAR
El PP ultima los detalles para la convención programática, el acto central de la larguísima precampaña del PP, que se celebra este fin de semana (viernes, sábado y domingo) en Madrid. Oficialmente se le denomina conferencia política, aunque el propio Mariano Rajoy, presidente del partido, la llamó dos veces "convención" en un el discurso que pronunció en Alcorcón. La diferencia no es menor. La convención nacional, un acto aparentemente idéntico al de este fin de semana (dura tres días, tiene contenido programático y no se eligen cargos), es un órgano estatutario del PP, que teóricamente se debe celebrar de forma anual, aunque Rajoy sólo ha hecho una, en marzo de 2006.
Y un órgano de ese tipo debe ser necesariamente inaugurado con un discurso del presidente fundador, Manuel Fraga, y del presidente de honor, José María Aznar. Pero esta vez, al tratarse oficialmente de una conferencia, ninguno de los dos hablará. Tampoco habrá ningún invitado estelar, mientras en 2006 acudió el francés Nicolas Sarkozy. Fuentes del PP matizan que Aznar no se ha caído del cartel porque nunca se pensó en hacer una convención nacional del tipo que señalan los estatutos. En la convención de 2006, que llevaba por lema Hay futuro, la intervención de Aznar marcó el encuentro, ya que reivindicó que él nunca había negociado con ETA y que su Gobierno sólo se había reunido con los terroristas para "comprobar si estaban o no dispuestos a rendirse". Además, acusó al Ejecutivo del PSOE de "mendigar una tregua" que aún no se había producido.
En el mismo foro, Fraga habló del peligro de "balcanización" de España, y Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre criticaron a los que pedían moderación porque en su opinión eso haría al PP más simpático pero le llevaría a perder las elecciones.
La convención que comienza mañana ha sido planteada de una manera completamente distinta. De hecho, según fuentes de FAES, lo más probable es que Aznar ni siquiera acuda al acto, ya que estaba en Colombia y viaja hoy a Guatemala. Organizada por Juan Costa, el único que tiene dos intervenciones -en la inauguración y la clausura-, el encuentro tiene un claro contenido programático, aunque la oferta final del PP para las elecciones se presentará en otro acto similar en enero, según confirmó el propio Rajoy. El encuentro está repleto de mesas sobre los asuntos habituales: España, terrorismo, economía, seguridad, política exterior, educación, inmigración y otra titulada "comprometidos con el cambio climático".
Sin embargo, la convención está diseñada sobre todo para reactivar la figura de Rajoy. El domingo se ha preparado un gran acto de clausura en el pabellón Madrid Arena con miles de simpatizantes en el que, antes del líder, hablarán Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos principales aspirantes a su sucesión si pierde las elecciones de 2008.
(www.elpais.com, 15/11/07)
8. UN MAGISTRADO CONSERVADOR DEL CONSTITUCIONAL REBATE POR SEGUNDA VEZ ARGUMENTOS DEL PP
El magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) Ramón Rodríguez Arribas ha negado por segunda vez que los tres jueces progresistas recusados por el PP anticiparan su opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica que regula este alto tribunal (LOTC). Los populares basaron su escrito en sendos artículos periodísticos en los que se relatan reuniones de diversos magistrados, entre ellos los recusados, en las que se adelantaron posturas sobre la reforma de la LOTC. Posteriormente, seis magistrados desmintieron este extremo en un escrito dirigido al presidente en funciones del tribunal, Vicente Conde.
Ahora Rodríguez Arribas ha remitido una segunda carta en la que asegura que la citada reunión “no se habló de la constitucionalidad” de esta ley. En la misiva, el magistrado conservador también niega que alguien propusiera la celebración de una rueda de prensa.
Los magistrados del TC acordaron dar traslado a las partes de la carta de desmentido firmada por los seis magistrados con el fin de evitar que tanto el Ejecutivo como el PP puedan alegar en el futuro indefensión por no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre documentos que afectan al núcleo del debate sobre las recusaciones. De la resolución final de las recusaciones dependerá el futuro equilibrio de fuerzas en esta alta institución del Estado.
Los magistrados de tendencia progresista recusados por el PP son Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes quienes podrían estar finalmente presentes en la discusión sobre la admisión o rechazo de plano de sus propias recusaciones. De otro modo, y a falta del quórum mínimo de ocho magistrados, la situación podría desembocar en el bloqueo del debate.
El PP presentó su incidente de recusación contra estos tres magistrados “progresistas” después de que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, recusara a su vez a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Lo justificó en el “interés directo” que los tres mencionados en el pleito al haber tenido “conocimiento del mismo y formado su criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
Si las recusaciones del PP se acaban rechazando de plano, como es previsible, cabe la posibilidad de que en una segunda fase se afronten las recusaciones de la Abogacía del Estado, aunque todavía no se conoce si en el debate de este segundo asunto estarán o no ausentes o presentes los magistrados, García Calvo y Rodríguez Zapata.
(www.lavanguardia.es, 16/11/07)
9.
EL FISCAL ACUSA DE FALSEDAD AL GENERAL QUE INTERCAMBIÓ LAS IDENTIDADES DEL YAK-42Casi cuatro años y medio después de la mayor catástrofe de la historia del Ejército español en tiempos de paz -el accidente del Yakovlev-42, en el que fallecieron en Trabzon (Turquía) 62 militares que regresaban de Afganistán en mayo de 2003- la tortuosa investigación judicial parece encaminarse a su fin. El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha preparado un escrito en el que acusa al general de Sanidad Vicente Navarro, y a los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación de los cadáveres, de un delito de falsedad, que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de prisión.
El escrito, dirigido al juez central de instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, considera probado que sólo 32 cuerpos fueron identificados en el depósito de cadáveres instalado en Turquía a partir de sus signos externos (restos de uniformes, documentos, etc.), mientras que las demás identidades las asignó aleatoriamente el general Navarro, comisionado personalmente por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, del PP.
La asignación de identidades no sólo fue aleatoria sino que erró en todos los casos, por lo que 30 cadáveres se entregaron a familias que no eran las suyas y fueron enterrados o incinerados, en contra de los deseos de sus verdaderos parientes, con nombres que no les correspondían. Las identidades erróneas se reflejaron en los certificados de defunción y en los informes de las necropsias, lo que constituye falsedad de documento público. El escrito de acusación se dirige contra el general de división en la reserva Vicente Navarro Ruiz, el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García.
La cuestión a la que no responde el escrito del fiscal es por qué el Gobierno del PP tuvo tanta prisa en enterrar a las víctimas. El accidente del Yak-42 se produjo en la madrugada del 26 de mayo y el funeral de Estado, con presencia de los Reyes y en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), tuvo lugar en la tarde del 28. Toda la investigación forense se hizo en apenas 24 horas. La Guardia Civil preparó un equipo de especialistas en identificación de cadáveres para viajar a Turquía y algunas familias fueron avisadas para tomarles muestras de ADN, pero el Ministerio de Defensa ordenó que no acudieran alegando que "no era necesario", porque los cuerpos se encontraban en buen estado y era fácil identificarlos.
El escrito del fiscal supone que da por agotada la instrucción y debe abordarse la apertura de la vista oral. Pide que las diligencias previas se eleven a procedimiento abreviado, equivalente al sumario en los delitos con pena inferior a nueve años, y se dirija contra los acusados.
El proceso por falsedad no es el único que se sigue por el Yak-42. El pasado 1 de junio, el juez Grande-Marlaska decidió archivar el caso por la contratación del avión ucraniano, con el argumento de que el Ministerio de Defensa no tenía obligación de verificar la falta de preparación o descanso de la tripulación, factores que la comisión internacional de investigación consideró decisivos para el error humano que llevó al siniestro. La decisión de Grande-Marlaska aún no es firme, ya que las familias de las víctimas han presentado recurso de apelación, pero en este caso la Fiscalía ha dado por bueno el archivo.
Además, en Zaragoza se sigue el procedimiento civil contra las compañías contratistas del avión. El pasado 11 de octubre, la Audiencia Provincial decidió anular el juicio celebrado en enero de 2006 en el que la compañía aérea UM Air, la aseguradora Bussin Joint-Stock y la intermediaria Chapman Freeborn fueron condenadas a indemnizar con un total de 10 millones de euros a las familias de las víctimas. La nulidad se basó en un defecto formal en el emplazamiento a la firma intermediaria.
(www.elpais.com, 11/11/07)
10.CATALUÑA: LA DIRECCIÓN DEL PP PRESCINDE DE NEBRERA PARA LAS GENERALES
La dirección del Partido Popular catalán ha logrado meter finalmente en vereda a la díscola diputada Montserrat Nebrera. Pero sus anteriores desplantes y salidas de tono tendrán consecuencias. Si Nebrera tenía alguna posibilidad de formar parte de la lista por Barcelona para las elecciones generales de marzo, a día de hoy todas se han desvanecido. , fuentes de la formación confirmaron a este periódico que la diputada se quedará en el Parlament porque sus polémicas declaraciones y artículos en la prensa han acabado por hartar a la dirección de la calle de Génova, sede central del PP. Y añadieron que si Nebrera aspira a un cargo de mayor responsabilidad en Cataluña no sólo deberá acatar la disciplina interna, sino también no separarse ni un milímetro del discurso oficial. El líder del PP catalán, Daniel Sirera, se lo volvió a repetir en un encuentro que tuvieron a solas después de una reunión con la totalidad del grupo parlamentario.
Las reiteradas advertencias parece que han surtido efecto. Por un lado, Nebrera ha dejado sin efecto su página web [www.alternativadegovern.cat] y, por otro, ha rebajado el tono de sus declaraciones. Un elocuente ejemplo fue el acto que presidió en la noche del pasado jueves en Sabadell, con 150 personas de público, en la línea de los celebrados en distintas ciudades catalanas. Si en los primeros, como en el del hotel Majestic de Barcelona, la diputada se despachó contra la clase política -"los partidos están podridos", afirmó-, en Sabadell estuvo más comedida.
No vertió crítica alguna contra la cúpula de su partido, ni contra la nacional ni contra la regional. Sólo señaló que el PP debería mirar siempre hacia el futuro y que su discurso no podía anclarse en el pasado, en una velada referencia a los atentados del 11-M y la correspondiente sentencia. La intervención fue un alegato a favor de la regeneración democrática de las formaciones políticas y apostó por destinar mayores recursos públicos a la educación, la sanidad y la vivienda. La mayoría de los asistentes eran militantes y simpatizantes del PP, a pesar de que algún miembro de la dirección catalana había dado órdenes de boicotear el acto.
(www.elpais.com, 10/11/07)
11. GALICIA: EISENMAN ECHA LA CULPA DEL COSTE DE LA CIDADE DA CULTURA A LA XUNTA DEL PP
Con grandes "dificultades" que le hicieron pensar que era "mejor no venir" y una cancelación de vuelo por parte de Iberia que él llegó a sospechar si no sería una interferencia "política", el arquitecto de la Cidade da Cultura, Peter Eisenman, compareció ante la comisión de investigación para decir que quiso hacer "algo modesto", que no tuvo "barra libre" y que al final hizo lo que le "dijo el cliente". Y todo esto, sin cobrar más, porque los honorarios de su equipo "no estaban vinculados a los aumentos del proyecto, sino que tenían una partida fijada desde el principio".
"Una pareja me encarga una casa y me dice, 'queremos un garaje', y yo les respondo 'pero si no tenéis coche y esto disparará el coste', y ellos me contestan, 'pero lo vamos a tener, y bien pensado, queremos que se puedan aparcar dos''. Con una sucesión de metáforas, Eisenman culpó a la Xunta del PP del aumento de dimensiones y de coste del proyecto del monte Gaiás. "Yo soy el capitán de un barco. El responsable de que llegue a su destino, y el último en abandonarlo en caso de accidente, pero no vendo los billetes".
Según Eisenman, "un arquitecto no tiene que decirle a un Gobierno importante cómo de grande tiene que ser el proyecto y cuánto tiene que costar. Eso se supone que ya lo tiene en cuenta el cliente en función de sus capacidades". El americano aseguró que "todo aumentó" en el proyecto porque "el pastel inicial era muy pequeño" y había que cubrir 22.000 metros cuadrados de superficie, por lo que "hacía falta más para la biblioteca, el teatro de la ópera, que cambió de emplazamiento, el soporte técnico, los aparcamientos, y demás. Y esto sucedió después de 2001", dos años después de que se eligiese el proyecto de Eisenman.
Al concurso, su estudio presentó "una idea", pero "un concurso nunca es un proyecto final. Siempre se añaden cosas". A los seis meses de la adjudicación, mientras desarrollaban el proyecto, los arquitectos de su equipo fueron "conscientes de que la dimensión, el coste y los plazos no estaban bien definidos".
Pero después de achacarle el aumento de precio y tamaño a la Xunta del PP, Eisenman salió en defensa del conselleiro de Cultura de entonces, Jesús Pérez Varela, a pesar de que éste llegó a decir que el coste se disparó porque el arquitecto era "un genio, pero un teórico" y que "al medir los edificios, que eran curvos, se encontró con que medían un 60% más". Según Eisenman, el Pérez Varela que comenta eso no es el que él conoció. "Un hombre, como su Gobierno y como ahora Ánxela Bugallo, muy estricto, muy fuerte, muy severo". Los dos conselleiros que se han responsabilizado de la Cidade da Cultura, insistió Eisenman, "son personas muy serias con las que no se puede jugar".
El arquitecto comparó el "modesto" proyecto que quiso crear con el Partenón, la plaza del Campidoglio en Roma, el Escorial, la Residencia Imperial de Viena o el centro Getty de Los Ángeles, y recordó que se encontró con un "proceso político semejante" a éste cuando ideó el Memorial del Holocausto en Berlín, "donde al final hubo consenso y fue un éxito de público". De esta manera defendió una actuación que será "motor económico para Galicia, aunque eso no se pueda medir en número de entradas vendidas" y rogó a los partidos gobernantes que mantengan la integridad del proyecto y levanten el séptimo edificio que falta.
Cuatro horas antes de la intervención del alarife, la más esperada después de las de Fraga y Pérez Varela, se sometió a las preguntas de la comisión uno de los miembros del jurado que votó a favor del proyecto de Eisenman. Kurt Forster, que fue convocado a la cita "de modo informal, ocho años después, por correo electrónico", dijo que "sería indecente" no reconocer que el del Gaiás es un proyecto "único en el mundo", una "corona" y un "crédito vitalicio" cultural para el futuro, superior a los que planificaron Londres o Berlín.
(www.elpais.com, 16/11/07)
12. GALICIA:
"LA XUNTA ANTERIOR HIZO UNA COMPRA MASIVA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL"El secretario general de la Consellería de Cultura, Carlos Amoedo, acusó al Gobierno de Manuel Fraga de haber destruido de forma masiva documentos de la Xunta antes de ceder los despachos al Gobierno formado por PSdeG y BNG. Amoedo explicó a los miembros de la comisión de investigación de la Cidade da Cultura que "el electrodoméstico más reciente" que los nuevos responsables políticos encontraron a su llegada a San Caetano fueron "destructoras de papel" adquiridas de forma "masiva" que dejaron los cajones vacíos de cualquier clase de documentación. Incluso los discos duros de los ordenadores, explicó, fueron cuidadosamente borrados.
El número dos de Cultura reveló estos hechos para tratar de desenmascarar las acusaciones del PP de "falta de transparencia". Nunca como ahora un grupo de oposición, subrayó enfáticamente, tuvo acceso a tanta documentación, lo que ha obligado a la Consellería a llevar a cabo "un trabajo titánico" para atender las "prácticas filibusteras" del Partido Popular.
Amoedo acusó también al ex conselleiro Jesús Pérez Varela de haber querido dejarlo todo "atado y bien atado" antes de abandonar el cargo, de manera que los nuevos responsables de Cultura se encontraron, en agosto de 2005, con "compromisos adquiridos muy importantes". En el caso de la Cidade de Cultura, ya se había comprometido 357,61 millones de euros, de los que 92,75 ya era obra certificado, de manera que el proyecto resultaba "irreversible".
El nuevo Gobierno, explicó Amoedo, descartó la cancelación del proyecto porque el derribo de los edificios y la devolución del monte Gaiás a su estado original hubiese supuesto un "coste desmedido" de más de 200 millones de euros. Un "gasto improductivo" que supondría "tirar el dinero por el retrete".
En vez de eso, señaló, la Xunta decidió que era más racional y prudente reconducir el proyecto y continuar con las obras. Para poder hacerlo, negoció con los contratistas afectados un acuerdo de paralización temporal de las obras "en condiciones muy ventajosas" que sólo ha supuesto un coste para la administración de 220.000 euros.
El portavoz del PP, Ignacio López-Chaves, admitió que, de ser ciertas las acusaciones de Amoedo de destrucción de documentos, se trataría de un delito. Por esa razón reprochó al representante de la Consellería de Cultura no sólo no haberlo llevado a los tribunales, sino haber demorado dos años y medio su denuncia pública. Si no acude a la justicia, aseguró, "es usted cómplice" de lo ocurrido. López-Chaves no consiguió que el número dos de Cultura atendiera su petición de explicar si el coste final del complejo del Gaiás va a costar más de la suma de las obras adjudicadas y cuánto va a suponer esa desviación. Y acusó a los actuales gestores de nepotismo, a lo que Amoedo replicó recordándole que el actual director financiero de la fundación no es pariente de ningún alto cargo de un partido, a diferencia de su antecesor, cuñado de Mariano Rajoy.
En la misma sesión de trabajo de la comisión de investigación también compareció Juan Hernández López, secretario general de la Consellería de Economía desde agosto de 2005 a septiembre de 2006. Desde su experiencia, Hernández aseguró que "no es normal" afrontar una obra de las dimensiones de la Cidade da Cultura sin contar con un proyecto definido, porque esta circunstancia afecta a los costes.
(www.elpais.com, 10/11/07)
13. GALICIA:
EL TRIBUNAL SUPREMO JUZGARÁ A LOS ALCALDES DE A CAÑIZA Y O COVELOLos alcaldes de A Cañiza y O Covelo, César Mera y José Costa Díaz, serán juzgados por el Tribunal Supremo, así como cinco concejales y dos ex concejales del PP de O Covelo, la secretaria-interventora de este ayuntamiento y el ex gerente del Grupo de Acción Local (GAL) A Paradanta, por falsedad documental, malversación de fondos públicos y otros presuntos delitos en relación con las obras de un camping en O Covelo cuyo presupuesto se sobrepasó en más de 20 millones de pesetas y cuyas obras se certificaron acabadas cuando no estaban ejecutadas ni la mitad.
El procesamiento parte de la confluencia de dos demandas, una de la Xunta de Galicia, reclamando la devolución de los fondos comunitarios aportados para la obra del camping, y otra del concejal socialista de O Covelo José Rey. La causa ha sido remitida al Tribunal Supremo por la condición de aforado de César Mera como senador. Mera, imputado como presidente del GAL de A Paradanta que certificó las obras, ya eludió en 2001 un juicio en el Tribunal Supremo en otra demanda por actuaciones similares al desaparecer "misteriosamente" toda la documentación judicial sobre el asunto, cuando el Senado ya había aceptado el suplicatorio.
La construcción del camping de O Covelo, a orillas del río Tea, se presupuestó en 67.661.660 pesetas. Su conclusión se certificó a finales de 2001, con un gasto de 88.268.825 pesetas que fue sufragado con fondos comunitarios. A día de hoy la obra ha consumido 104 millones de pesetas y sigue sin estar acabada, aunque el grupo popular dice que sí está.
Una inspección de la Xunta certificó el año pasado la no realización de las obras, por lo que reclamó al Ayuntamiento de O Covelo la devolución de las subvenciones, que no se ha realizado. El otro procedimiento fue suscitado por la denuncia de la Agrupación Socialista de O Covelo ante la fiscalía, tras apreciar en los hechos, entre otros presuntos delitos, los de falsedad documental, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y prevaricación.
En sucesivos plenos municipales, desde 2001 a 2005, el concejal socialista José Rey puso en conocimiento de la corporación que el equipo de gobierno estaba incurriendo en ilegalidad, a lo que los concejales del PP (Juan Pablo Castillo, Hermindo Castro, María Eugenia Estévez, Francisco Rocha y José María Vázquez, junto con los ya ex ediles Nicanor Rodríguez y Manuel Vicente) y la secretaria-interventora, María Jesús Rodríguez Freire, a su vez ex gerente del GAL, hicieron caso omiso, evitando también con sus votos que se aprobara una comisión municipal para investigar el proyecto y depurar responsabilidades.
(www.elpais.com, 12/11/07)
14. GALICIA: CONDE ROA ACUSA AL EX SECRETARIO DEL PP EN SANTIAGO DE VENDER PISOS EN LA SEDE
La batalla por el poder en el PP de Santiago se ha recrudecido en las últimas semanas después de que destacados militantes que integraron la dirección durante las últimas dos décadas hayan reclamado un congreso extraordinario para designar un presidente que ponga fin a la provisionalidad de la gestora constituida hace casi dos años y que lidera Ricardo García Borregón, hombre de confianza de un histórico del partido, Gerardo Conde Roa.
La solicitud de Carlos Pillado, ex concejal en Santiago e hijo del ex secretario general del partido durante casi 20 años, David Pillado, la refrendaron el pasado martes 10 de los 20 vocales de la gestora, si bien la mayoría apostó por dejar el congreso para después de las elecciones generales de marzo.
La reunión reprodujo el enfrentamiento que mantiene el actual portavoz del grupo municipal, Gerardo Conde Roa, y Carlos Pillado, ambos decididos a competir por el liderazgo del PP local. Después de anunciar ante la gestora que cuenta con el apoyo del presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, y que optará al congreso, Conde Roa lanzó un contundente ataque a sus opositores. Mirando a Jesús Pampín, el único representante del sector de Pillado que acudió a la reunión, Conde Roa, vocal en el comité ejecutivo, tomó la palabra y prometió que nunca permitirá que el PP de Santiago se "vuelva a utilizar" en beneficio de los intereses inmobiliarios, dijo en referencia a los negocios urbanísticos de David Pillado, uno de los promotores que más viviendas protegidas ha construido en Santiago durante la última década.
El portavoz del grupo municipal fue más allá y advirtió que en el futuro "nadie vendería pisos en la sede [del partido], ni se pondrá la camiseta del PP para defender el ladrillo y la peseta". "No voy a consentir que esto se vuelva a convertir en una agencia inmobiliaria", amenazó. En un tono pausado, Conde Roa elevó el grado de sus acusaciones e incluso insinuó que el anterior grupo municipal del PP habría apoyado algunas mociones del gobierno de coalición en Santiago -integrado por socialistas y nacionalistas- "a cambio de recalificaciones de terrenos y de adjudicaciones de parcelas". Varios de los asistentes a este encuentro han confirmado la "durísima" intervención del portavoz del grupo municipal, que eludió mencionar a sus rivales con nombre y apellidos.
Su discurso no pudo oírlo David Pillado, hombre fuerte del partido durante los últimos años porque, pese a ser miembro de la gestora, a esa misma hora estaba reunido en un hotel, a escasos 50 metros de la sede, con medio centenar de militantes preparando la candidatura de su hijo. David Pillado, que dijo no sentirse aludido por las palabras de Conde Roa, afirmó que su intención es solicitar a través de los cauces del partido que el congreso extraordinario para elegir presidente se celebre antes de los comicios de marzo.
"El PP local ahora mismo no tiene motivación para afrontar una campaña de esta envergadura y eso se lo vamos a trasladar al presidente provincial, Juan Juncal, al regional, Alberto Núñez Feijóo, y a quien haga falta", señaló. "A mí me preocupa el partido, no las personas, y ahora mismo el PP de Santiago está adormilado", sentenció. Fuentes de la dirección regional del PP confirmaron a este diario que "todavía no hay fecha" para las primarias en Santiago.
(www.elpais.com, 15/11/07)
15. ANDALUCÍA: MARBELLA GASTA EN CARGOS DE CONFIANZA LO QUE AHORRA EL PLAN DE AUSTERIDAD
La política de austeridad del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) no termina de convencer a la oposición. Sobre todo, después de apreciar que el equipo de Ángeles Muñoz (PP) piensa gastar en cargos de confianza 1,7 millones de euros, casi la misma cifra que pretende ahorrar con su plan de austeridad de personal (1,8 millones), basado en una reducción de horas extraordinarias y un mayor control del absentismo laboral. "Los presupuestos son austeros para los ciudadanos, pero no para el Partido Popular", precisó el concejal socialista Juan Luis Mena. "Ahorran a costa de los trabajadores, sobre todo de los temporales, y lo emplean en unos 25 cargos de confianza que sepamos, porque seguramente habrá muchos más", añadió.
El coordinador de Personal y Hacienda, Carlos Rubio tildó de "falsas y demagógicas" las críticas de los concejales socialistas. "El PSOE está manipulando las cifras sobre los cargos de confianza para confundir a la ciudadanía", mantuvo.
Tras tomar posesión, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, creó 25 plazas de cargos de confianza. De ellas, se han cubierto 23, según los datos de la oposición. El gasto para 2008 supera 1,7 millones de euros, aunque hay que añadir las contrataciones de las sociedades municipales. "El equipo de gobierno ha reconocido que son numerosas, pero no tenemos información de cuántas han sido o por qué importe, porque no nos dejan formar parte de los consejos de administración", subrayó la edil socialista Susana Radío. La pirámide de salarios está presidida por dos coordinadores de área que perciben 101.000 euros al año (8.400 euros al mes). Uno de ellos es el ex vocal de la gestora Carlos Rubio, al frente de Personal y Hacienda, y uno de los hombres fuertes de la alcaldesa. En sus manos están los dos mayores problemas del consistorio: una deuda que oscila entre los 460 y los 500 millones de euros y una abultada plantilla que copa el 70% del presupuesto.
Otros tres directores de área perciben 88.000 euros anuales (7.300 al mes). Dos son antiguos vocales de la gestora por el PP: Baldomero León y Javier García. Las cifras son un agravio comparativo con los sueldos de los concejales del PP de dedicación completa, que cobran 4.736 euros mensuales. Curiosamente, Muñoz criticó el sueldo que sus ahora cargos de confianza tenían cuando pertenecían a la gestora. que era de 4.975 euros al mes. Los presupuestos municipales de Marbella para 2008 contemplan una partida de ingresos de seis millones de euros por infracciones urbanísticas.
La situación de las arcas municipales es delicada. En 2008, el Consistorio debería comenzar a afrontar una serie de pagos, como 165 millones de deuda con la Seguridad Social. El equipo de Muñoz ya ha adelantado que no podrá asumir esos pagos hasta 2010 debido a la "precaria situación de las arcas municipales".
(www.elpais.com, 16/11/07)
16. ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE ALHAURÍN INGRESÓ 56.000 EUROS DE ORIGEN DESCONOCIDO
El sumario del caso Troya sobre los delitos de cohecho y blanqueo de capitales supuestamente cometidos por el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, del PP, dio un nuevo fruto. Un informe policial sobre el patrimonio del alcalde constata que éste ha colocado en cuentas de su titularidad un total de 56.585 euros "con origen desconocido". El grupo de Blanqueo de la Comisaría de Málaga acusa también a María Teresa Santos, esposa del regidor y economista como él, de efectuar en 2006 un total de seis ingresos de efectivo, también de procedencia no declarada, que suman 33.832 euros.
Martín Serón fue detenido en enero pasado junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, acusados de pedir 121.000 euros a un pequeño promotor a cambio de no revocar una licencia que habían concedido irregularmente. La investigación del caso condujo en junio al arresto de otros 19 empresarios con intereses inmobiliarios en la localidad que supuestamente pagaron una "tasa de soborno" consistente en 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra. El informe policial recoge numerosos puntos oscuros del patrimonio de Martín Serón. La policía considera que el matrimonio utilizó una "sociedad inactiva" como "pantalla y a los presuntos fines de colocar efectivo metálico". Este "abuso del velo societario", tiene como objetivo, según los investigadores, "ocultar el origen" de las cantidades de dinero para "posteriormente integrarlas en productos financieros, concretamente en depósitos a plazo".
A los investigadores les llama la atención la "anómala capacidad de ahorro" del alcalde de Alhaurín, que el pasado abril revalidó la mayoría absoluta y al que no le ha faltado nunca el apoyo del PP. El estudio de los movimientos de las 20 cuentas corrientes de la pareja y su comparación con las declaraciones de renta indica, según los agentes, que entre 2005 "la familia Martín-Santos realiza unas inversiones inmobiliarias por encima de su capacidad de ahorro anual". Concretamente, la capacidad de ahorro para ese año era de 25.915 euros y el matrimonio invirtió en fincas 51.075 €. La mayor parte de los pagos se hicieron en efectivo, según el informe. Entre 2001 y 2006, la pareja adquirió 4 fincas con dinero en efectivo. El irregular poder de ahorro de la pareja fue, según el informe, de 54.000 euros en 2005 y de 48.000 euros en 2006.
En el caso de las cuentas de las que es titular María Teresa Santos, también imputada en el caso Troya, los investigadores encuentran entre 2002 y 2006 un desfase de 123.817 euros entre las bases declaradas de IVA y las retribuciones abonadas por la prestación de los servicios profesionales de asesoría fiscal que presta la esposa del alcalde. Estas diferencias "pudieran corresponder a facturaciones realizadas por María Teresa Santos ajenas a dicha actividad [la asesoría]", apuntan los agentes. Según la policía "podríamos estar ante varios sistemas, muy efectivos, de cobro de los presuntos cohechos investigados". Por un lado está "la facturación de servicios no realizados de manera efectiva" y por otro "la remesa de recibos de cobro de servicios que ni se han prestado de forma efectiva ni han sido objeto de facturación".
El alcalde siempre ha mantenido que los 63.000 euros en metálico hallados por la policía en su domicilio eran "provisiones de fondo" de su esposa para el "pago fraccionado del IVA" de las empresas que asesoraba. Los agentes han descubierto que la cuenta corriente que la esposa del regidor declaró como la "principal para el funcionamiento de la gestoría", sólo ha tenido 21 movimientos entre 2001 y 2006. "Los movimientos de efectivo registrados en esta cuenta no justifican en modo alguno la tenencia de efectivo supuestamente resultado de su actividad empresarial- en su domicilio". Para la unidad policial que investiga la supuesta corrupción en Alhaurín "el efectivo manejado por María Teresa Santos pone de manifiesto la existencia de fuentes de renta de origen en principio desconocido".
(www.elpais.com, 13/11/07)
17. ANDALUCÍA:
UNA EDIL DEL PP COMPARA AL REY CON FRANCO Y DICE QUE NINGUNO DE LOS DOS FUE ELEGIDOLos portavoces del PSOE e IU en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) reclamaron a la dirección nacional del PP una rectificación "urgente" por las afirmaciones de su concejal Patricia Ybarra, quien en un pleno celebrado el pasado jueves comparó al Rey con Franco y dijo que ninguno de los dos jefes de Estado había sido elegido. Ybarra justificaba así el rechazo del equipo de gobierno popular a retirar una medalla a Franco. Sus palabras fueron éstas: "Si nosotros le diéramos la medalla de oro al Rey en este momento, y dentro de 25 años... si, esperemos, el hombre los vive, ese señor acaba en el exilio, ¿qué vamos a hacer, quitársela?... porque él tampoco ha sido elegido".
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en El Puerto, rechazó retirar la distinción municipal concedida al dictador en 1963, con la abstención de un concejal de su grupo. Ybarra, que se declara monárquica, admitió que pudo haber utilizado otro ejemplo, aunque no lo considera "trascendente". Y añadió "¿A quién le importa que un señor que lleva, afortunadamente, más de 30 años enterrado, haya recibido o no hace 45 años una medalla de oro?".
El PP de Andalucía ha restado importancia a la polémica y ha justificado el voto contra la retirada de la distinción a Franco por el "compromiso" del PP de "mirar hacia adelante y no reabrir heridas del pasado".
(www.elpais.com, 10/11/07)
18. ANDALUCÍA: DIMITE EL EDIL DE LA LÍNEA IMPUTADO EN EL 'CASO ROSEWORLD'
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), el popular Carlos Ruiz Calama, anunció su dimisión de todos los cargos públicos y el abandono de su acta de edil para "poder preparar la defensa del caso Roseworld sin presiones políticas" y dedicarse a su familia y sus empresas.
Ruiz Calama y el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP), se encuentran imputado por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la supuesta venta irregular de unas parcelas municipales.
(www.elpais.com, 15/11/07)
19. COMUNIDAD DE MADRID: ESPERANZA AGUIRRE SIGUE SUBVENCIONANDO A LA FUNDACIÓN DEL ANTIGUO JEFE DE PRENSA DE AZNAR
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre sigue subvencionando a ONG's vinculadas al Partido Popular y a los Legionarios de Cristo. CIPIE, que en estos momentos está siendo investigada por el Ministerio de Economía y Hacienda, vuelve a ser la organización que más dinero recibe para proyectos de cooperación en el año 2007. La Fundación que preside el antiguo jefe de prensa de Aznar, Pablo Izquierdo, recibe más de un millón de euros. CIPIE ha sido adjudicataria de dos proyectos de cooperación en el exterior. Uno en Colombia y Ecuador y el otro en Bolivia. En total recibe del Gobierno de Esperanza Aguirre -sólo en el año 2007- 1.089.000 euros. Es la ONG que más dinero recibe según se desprende del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Esta fundación, presidida por el antiguo jefe de prensa de Aznar Pablo Izquierdo, está siendo investigada en estos días por el Ministerio de Economía y Hacienda. La Intervención General del Estado está siguiendo el encargo que le realizó la Agencia Española de Cooperación Internacional de revisar la contabilidad de esta organización desde el año 1999. El Gobierno sospecha que podría haber cometido irregularidades en la gestión de fondos públicos. CIPIE no es la única ONG vinculada al PP que ha recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid. La Fundación Humanismo y Democracia, presidida por la ex presidenta de la Asamblea de Madrid Concepción Dancausa, recibe 980 mil euros y IUVE, vinculada a los Legionarios de Cristo, 1.060.000 euros.
El Gobierno de Esperanza Aguirre que ha asegurado que estas adjudicaciones obedecen a criterios objetivos. Esta emisora también ha recabado la versión de CIPIE. Se remiten a una nota que han enviado a esta redacción en la que reconocen que un equipo de la Intervención General del Estado está investigando sus cuentas. Llama la atención la generalidad con la que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se refiere a los proyectos subvencionados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. En el caso de CIPIE, el primero de los proyectos se financia con 850.000 euros, en tres años, y el dinero se va a destinar a "fortalecimiento de los sectores público, social y empresarial en Ecuador y Colombia".
El segundo de los proyectos de CIPIE, por un importe de 240.000 euros, se trata de un modelo de desarrollo para "fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones públicas, privadas y microempresas" en Bolivia.
La Fundación Humanismo y Democracia, ONG presidida por Concepción Dancausa, concejal del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Asamblea de Madrid en la última legislatura, recibe varias subvenciones: 815.000 euros para la "formación orientada al empleo en la zona norte de Medellín" o 125.000 euros para el "fortalecimiento de la gestión tributaria municipal en Perú". La tercera subvención lleva por título el "fortalecimiento institucional como ámbito estratégico de la cooperación madrileña" y el importe adjudicado son 40.000 euros.
Otras de las fundaciones que repite en los primeros lugares de las más beneficiadas por los presupuestos de cooperación de la Comunidad de Madrid es IUVE, vinculada a los Legionarios de Cristo, que recibe, por ejemplo, 736.000 euros para un proyecto genérico: "reducir la pobreza" en Honduras. Otra de las partidas que recibirá serán 176.000 euros para la "inserción, reinserción y permanencia en el sistema educativo de niños y jóvenes" en el Salvador. La última de las subvenciones que recibe IUVE por un importe de 150.000 euros y en colaboración con la Fundación Mano Amiga lleva por título del proyecto "El plato de la solidaridad" y no específica en qué país se va a ejecutar.
(www.cadenaser.com, 15/11/07)
20. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE FINANCIA A UNA ASOCIACIÓN NACIONALISTA ESPAÑOLA
La Asociación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) recibirá en 2008 una ayuda de 100.000 euros de la Comunidad de Madrid. Así consta en los presupuestos regionales, bajo el epígrafe de gastos de la Consejería de Presidencia e Interior, que dedica 588.962 euros a entidades sin ánimo de lucro. DENAES se querelló contra Pepe Rubianes y tiene entre sus fines el "cultivo del patriotismo". Además, su sede central está en Santander. Como ya ocurrió en los últimos años de gobierno de Esperanza Aguirre (también presidenta del PP de la región), para adjudicar estas ayudas no se ha abierto una convocatoria pública. "Las organizaciones presentan sus proyectos y, en función del interés de éstos, se determina la financiación", explicó una portavoz de Presidencia. "No hay convocatoria", admitió.
DENAES, una organización que tiene entre sus fines, según consta en su página web, "el cultivo del patriotismo, y la afirmación de España como nación", obtuvo el derecho a las ayudas por el "interés" de sus objetivos, según la misma portavoz. La asociación, que tiene entre sus patronos honoríficos a Alejo Vidal Quadras, Jon Juaristi o Amando de Miguel y está presidida por el diputado del PP en el Parlamento vasco Santiago Abascal Conde, detalla en su web que pretende convocar movilizaciones, denunciar ante la justicia a quienes cometan delitos contra la unidad y dignidad de España o contra sus símbolos, y apoyar a cualquiera que resulte "perseguido, vejado o dañado" por ser español o por utilizar el castellano en el territorio nacional.
Una de las acciones que más difusión dieron a la organización fue la querella, presentada en 2006 y que sería después archivada, contra el actor Pepe Rubianes por delito de ultraje a España y de incitación al odio por razón de origen. Fue a raíz de un programa de TV-3, en el que habló de "la puta España".
La organización aseguró que aún no ha decidido a qué destinará la cantidad que le ha sido adjudicada. "Vamos a utilizar la subvención para una serie de programas para el año que viene de actividades relacionadas con los fines de la fundación", explicó la gerente de DENAES, Cintia Andrés. "Pero aún no están definidos. Ya los anunciaremos en su momento en rueda de prensa". Difícilmente, por tanto, han podido presentar al Gobierno regional los proyectos para saber qué requerían. La gerente recalcó que, aunque es una organización de vocación nacional, desarrollarán los programas en Madrid. "Que tengamos la sede en Santander es casual", puntualizó.
Las ayudas que cada año otorga el área de Interior, que hasta las pasadas elecciones pertenecía a la Consejería de Justicia y ahora está integrada en la de Presidencia, han sido en los últimos años objeto de las críticas de la oposición (PSOE e IU) por la ausencia de convocatorias públicas. Eso ha provocado que no reciba ayudas la Asociación 11-M. Afectados por Terrorismo, que preside Pilar Manjón.
El Gobierno regional ha insistido en que "basta con que alguien de la asociación se ponga en contacto y exponga sus necesidades". Pero Manjón ha respondido siempre que no presentaba ningún proyecto porque no sabe a qué consejería dirigirse, ni en qué plazos ni en qué condiciones. Este año no es excepción.
En cambio, como en años anteriores reciben fondos a través de convenios la Fundación Víctimas del Terrorismo (104.550 euros), la AVT (78.412 euros) y la Asociación Dignidad y Justicia (60.000 euros). Un año más, sin convocatoria.
Subvenciones de Presidencia
- Asociación para la Defensa de la Nación Española: 100.000 euros
- Asociación Dignidad y Justicia: 60.000 euros
- Fundación Víctimas del Terrorismo: 104.550 euros
- Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT): 78.412 euros
- Partida para imprevistos de entidades sin ánimo de lucro: 246.000 euros
(www.elpais.com, 10/11/07)
21. COMUNIDAD DE MADRID:
EL PP RECHAZA CONDENAR EL ASESINATO COMO DE "ULTRADERECHA"La Asamblea de Madrid no logró lo que sí han hecho otras veces los grupos parlamentarios en contra de la violencia machista, la violencia de los terroristas de ETA o de los islamistas en el atentado del 11-M. No hubo declaración institucional para condenar el asesinato de Carlos Javier P., el joven de 16 años apuñalado el pasado domingo en el metro. Los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) no alcanzaron un acuerdo sobre el texto porque, según dijeron los partidos de izquierda, el PP no aceptó el término "ultraderecha". "Queremos denunciar cómo el PP, cuando a la violencia se le pone apellidos, rechaza hacer declaraciones institucionales", afirmó el portavoz adjunto de IU, Miguel Reneses.
PSOE e IU sí lograron consensuar un texto, en el que junto al crimen se condenan "las últimas agresiones de claros tintes racistas y xenófobos realizados por la ultraderecha". Ambos grupos decidieron leer su declaración justo antes del comienzo del pleno de la Asamblea. "Rechazamos la actuación de grupos organizados que defienden como modo de actuación la violencia y que, en sus idearios, fomentan el racismo, la xenofobia y el menoscabo de los derechos de las personas", leyó la portavoz socialista, Maru Menéndez, que lamentó que el PP no se hubiera unido a su condena.
Después, el portavoz del PP, Antonio Beteta, leyó su propia declaración y condenó "la violencia extremista", y aseguró que era falso que el PP no aceptara la palabra "ultraderecha".
(www.elpais.com, 16/11/07)
22. COMUNIDAD DE MADRID: EL GOBIERNO REITERA QUE "DE MOMENTO" NO REGISTRARÁ A LOS DEPENDIENTES
La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno por la puesta en marcha de la ley de Dependencia está llegando a extremos inauditos. Ahora se discute por un misterioso gran dependiente de la región.El 7 de noviembre ocurrió algo insólito, según asegura el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el sistema informático donde las comunidades autónomas vuelcan los grandes dependientes que ya han sido evaluados de acuerdo con la nueva ley entró una rara avis, un dato inesperado, el primer gran dependiente de Madrid. Esta comunidad se había negado siempre a comunicar sus valoraciones al Gobierno, así que los funcionarios del ministerio no daban crédito cuando ese único gran dependiente apareció ante sus ojos. No entraron más personas, ni han entrado hasta hoy. ¿Qué había pasado?
Madrid asegura que no ha registrado a ese enigmático y único gran dependiente y reitera que seguirán con su política de no colaborar con el Gobierno por el momento, según una portavoz de la consejería de Familia y Asuntos Sociales. Si algún funcionario ha enviado el dato, desde luego ha sido contra la voluntad de la comunidad.
Al margen de este posible error, ¿Qué pasa en Madrid? ¿Por qué este desacuerdo frontal entre instituciones? El Ejecutivo regional asegura que su sistema de ayuda a la dependencia previo a la ley estaba muy desarrollado y que más de 130.000 personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo atendidas. Aseguran que el Gobierno se niega a incorporar a estas personas bajo el marco de la nueva ley y que sólo quiere pagar por los nuevos usuarios. Insisten en que Madrid queda "discriminada" y que, por tanto, no firmará ningún acuerdo con el ministerio a no ser que esta cuestión se solvente. El objetivo, en principio, según indica la directora general de Coordinación de la Dependencia, Yolanda Ibarrola, sería que la ley ampare a todos por igual.
El punto débil de esta argumentación es que prácticamente todas las comunidades autónomas tenían ya dependientes atendidos, en mayor o menor medida, antes de la entrada en vigor de la ley. Y ninguna está renunciando a cobrar por ellos. Todas los están valorando ahora de acuerdo con lo estipulado en la nueva normativa y están enviando los datos al Gobierno para cobrar por ellos.
El Ministerio de Trabajo insiste en que no se comprende por qué Madrid es la única comunidad que está perdiendo dinero. Asegura que no es cierto que las comunidades sólo vayan a cobrar por los nuevos usuarios, sino que pueden hacerlo por todos los que entren en el Sistema Nacional de la Dependencia, estuvieran o no recibiendo servicios con anterioridad.
Varias comunidades autónomas confirman al ministerio, como Andalucía. Esta región ni siquiera separa al hacer las valoraciones entre las personas que ya estaban recibiendo alguna prestación y las que no tenían nada, así que difícilmente pueden cobrar del ministerio sólo por los nuevos usuarios. Cantabria o Baleares, que ya están otorgando ayudas y servicios, también mezclan ambas categorías. Madrid responde que, según los anexos que les ha presentado el Gobierno, lo que hacen las otras comunidades no está permitido. Y piden que, si el ministerio lo admite, lo haga constar por escrito.
(www.elpais.com, 10/11/07)
23. COMUNIDAD DE MADRID:
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE ARREMETE CONTRA EPC, PERO DEFIENDE EL UNIFORME ESCOLARLa consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha vuelto a cargar contra las políticas educativas del Ejecutivo socialista, a criticar Educación para la Ciudadanía, y a promover el uso del uniforme. En cuanto al uso del velo en la escuela, la consejera de Aguirre lo tiene claro: mejor prohibirlo. Pese a que la objeción de conciencia a la asignatura de nueva implantación sólo ha alcanzado el 0,02% entre los 220.000 alumnos matriculados en el curso 2007/08, Lucía Figar sigue criticando duramente esta asignatura que versa sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española.
“Educación para la Ciudadanía es un adoctrinamiento político y moral”, aseguró en el día de la Consejera de Educación en una entrevista publicada por La Razón. Sin embargo, tal y como informó elplural.com, tan sólo 62 alumnos han decidido objetar esta asignatura que ya se imparte en la mayoría de los países europeos. Asimismo, la consejera de Aguirre ha defendido el uso del uniforme en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. “No lo vamos a imponer, pero sí recomendamos el uso del uniforme”, indicó Lucia Figar.
Sin embargo, las declaraciones más impactantes efectuadas por la consejera son las que tienen que ver con el uso del velo en las escuelas. Para Lucía Figa, sí un alumno lleva velo es comparable con portar un “pañuelo o gorra”, o como ir “sin camisa a clase”. “Si un colegio prohíbe a una niña acudir a clase con el velo, lo respaldaremos”, concluyó la consejera.
(www.elplural.com, 13/11/07)
24. COMUNIDAD DE MADRID:
"SIN UN KILO, NO HAY LICENCIA"Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque.
En una de las conversaciones intervenidas, según informaron fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca". Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.
En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]". Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron fuentes policiales próximas a la investigación.
Todos los implicados fueron interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.
El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".
Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados.
Esta es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.
El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.
Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.
(www.elpais.com, 15/11/07)
25. COMUNIDAD DE MADRID:
EL ALCALDE PRIVATIZARÁ LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA BARES Y LOCALESEl alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que privatizará parte del proceso para obtener las licencias municipales para bares y locales comerciales. La idea es que sean agencias privadas de certificación las que se ocupen de verificar si los establecimientos cumplen todos los requisitos necesarios para su funcionamiento. Esta tarea recae ahora sobre empleados municipales, especialmente técnicos, que comprueban in situ si el local cumple las condiciones (aislamiento, salida de humos...). Los funcionarios serán los encargados de decidir finalmente la concesión de licencias, tras estudiar los informes de las certificadoras privadas.
El alcalde hizo este anuncio 24 horas después de la desarticulación de la mayor trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Un total de 16 funcionarios municipales fueron detenidos por cobrar comisiones de hasta 18.000 euros por agilizar el otorgamiento de licencias o paralizar expedientes sancionadores por incumplimiento. Están acusados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La Guardia Civil realizó registros en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y tres juntas de distrito (Centro, Chamberí y San Blas) para requisar ordenadores y documentos. Era la Operación Guateque, iniciada hace cinco meses por la denuncia de un particular.
Gallardón aseguró que "externalizar" el proceso de tramitación de estos permisos era una vieja idea que ahora se pondrá en marcha, aunque no concretó la fecha ni avanzó los detalles. Sí detalló que la última palabra sobre la concesión de una licencia la tendrán los funcionarios.
Los empresarios de restauración y bares madrileños llevan tiempo quejándose de la maraña administrativa que atraviesan para abrir sus negocios. Gallardón reconoció que dicho proceso es en la actualidad "demasiado lento". "Hay que agilizarlo. Todo lo que sea reducir los plazos es un paso determinante en favor de la transparencia", dijo. El proyecto es que agencias privadas homologadas por el Ayuntamiento se ocupen de la gestión y de las inspecciones técnicas de los locales. Ahora estos trámites pueden durar hasta tres años hasta la obtención de un permiso. Según la investigación de la presunta trama de corrupción desmantelada, a cambio de dinero los trámites se liquidaban en un par de semanas.
El portavoz del PSOE, David Lucas, calificó de "auténtico disparate" esta privatización. El de IU, Ángel Pérez, propuso crear una ventanilla única que "canalice los trámites" y evite la maraña burocrática en torno a las licencias.
(www.elpais.com, 16/11/07)
26. COMUNIDAD DE MADRID:
EL ALCALDE DE VILLAVICIOSA CONTRATA A SU ESPOSA Y A UN SOBRINOEl alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, del PP, mantiene entre la nómina de cargos de confianza que trabajan en el Ayuntamiento de la localidad a su esposa y a su sobrino. Ambos fueron contratados tras las elecciones municipales celebradas en el mes de mayo, en las que el PP renovó la mayoría absoluta, pese al cambio de candidato a pocas semanas de las elecciones. Primero designó a su sobrino, Fernando Aguirre Jover, como jefe de Gabinete de Alcaldía, con dedicación exclusiva y un sueldo anual bruto de 43.000 euros.
Después, un decreto del alcalde nombraba a la que hoy es su esposa, Pilar Martínez-Fresneda, como coordinadora de Relaciones Institucionales y Protocolo. También con dedicación exclusiva y una retribución de 36.000 euros brutos anuales. Son los cargos de confianza mejor pagados del Ayuntamiento, aprobados en el pleno municipal en junio. "La elección de cargos de confianza que desempeñan su labor en el Ayuntamiento es una decisión cuya facultad corresponde al alcalde" y, por tanto, los nombramientos en cuestión "han cumplido la legalidad", argumentaron fuentes del Consistorio. Además, el gobierno local justificó la designación de estas personas por "la capacidad profesional de ambos trabajadores".
En concreto, según el Consistorio de Villaviciosa, la mujer del alcalde y responsable de Protocolo, ha sido directora de Relaciones Institucionales de la compañía aérea Pan-American y ha trabajado en Ifema en Relaciones Externas y en la organización de la Pasarela Cibeles. Por su parte, el jefe de Gabinete es licenciado en Dirección de Empresas y Marketing. "Necesitamos personas que nos ayuden a salir de la situación de oscuridad y falta de iniciativa en la que se ha visto sumido en los últimos años este municipio", dicen en un comunicado.
Se da la circunstancia de que en el primer pleno tras la constitución de la corporación municipal, el gobierno local aprobó una subida de sueldos para los ediles. En el caso del alcalde, alcanzaba el 20% y su sueldo pasa de 59.000 a 71.600 euros. El PSOE, que abandonó entonces la sesión plenaria en protesta por la medida, explicó que esa subida contrasta "con la mala situación de las arcas municipales, con una deuda de 20 millones de euros", por la que se ha tenido que renunciar a gratificaciones complementarias para garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores.
(www.elpais.com, 15/11/07)
27
. COMUNIDAD VALENCIANA: LA GENERALITAT VALENCIANA DESVÍA 33 MILLONES DE EUROS DE FONDOS SOLIDARIOS PARA LA AMERICA’S CUPSe conoce la cantidad final que el gobierno valenciano –que preside el conservador Francisco Camps(PP)- ha desviado de partidas presupuestarias de “cooperación internacional” para cubrir este año gastos de la America’s Cup,: 33 millones de euros. Se ha sabido también ahora, con todo detalle, que la modificación presupuestaria se ha hecho en dos veces: el 23 de febrero, la primera, y el 25 de mayo, la segunda y última. Que ambos movimientos contables no se publicaron oficialmente hasta el 13 de agosto, cuando apareció un tardío anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), en plena canícula. Pero el resto de la operación, “sigue siendo un auténtico enigma”.
Esta es la conclusión que traslada a elplural.com la diputada autonómica socialista Ana Noguera, quien lleva la voz cantante en Les Corts (legislativo autonómico) para exigir al gobierno del PP que explique y aporte luz a estas misteriosas modificaciones presupuestarias, “que en absoluto están justificadas”, según matiza. De primeras, la diputada observa que ha habido “un claro intento de engañar a la sociedad valenciana”. “De lo contrario –dice- no se hubieran dado tantas y tan oscuras circunstancias en torno a este insólito caso”.
Lo que más sospechas ha levantado en los socialistas valencianos en torno a este caso es que la propia consellera de Cooperación de entonces, Gema Amor, se reafirma en que ella está fuera de cualquier responsabilidad. Repite, por activa y por pasiva, que mientras estuvo al frente de la Cooperación, área que depende de Presidencia, no se le informó de cambio presupuestario alguno. Es una forma de decir que el responsable del desvío de los fondos no es otro que el presidente Francisco Camps, o en su defecto alguien de su entorno más cercano en la cúpula del poder regional.
Para entender el blindaje personal de la ahora ex consellera Amor, es preciso recordar que está ahora purgando haber sido -y seguir siendo- una pieza clave del zaplanismo, la corriente fraticida en el seno del PP valenciano que alienta Eduardo Zaplana contra su contrario, el presidente Camps, sus prietas las filas del campismo en orden de batalla. Amor ha pasado a ser diputada autonómica de a pie. También es concejal de Benidorm, pero sin presupuesto asignado, ni concejalía. Orgánicamente, ocupa la presidencia local del PP en la ciudad donde Zaplana empezó su carrera política con mando institucional, al ocupar, en 1991, la alcaldía de Benidorm por un voto tránsfuga en una moción de censura amañada.
Por ocupar la zaplanista uno de los 13 escaños municipales del PP que gobierna en mayoría el ayuntamiento de Benidorm– contra 12 del PSOE– llegó a un pleno del consistorio, hace un mes, una moción socialista. De carambola, se recriminaba a la ex consellera, Amor, haber permitido que se restaran los 33 millones de euros de solidaridad internacional, sin que ella dijera nada. Así lo explica a elplural.com el actual portavoz del PSOE en Benidorm, Agustín Navarro. En sus declaraciones reconoce que “no ha hecho caso” a su moción el PP, pero insiste en que el asunto va “a traer cola”. Asegura que hay “cada vez más ayuntamientos” que piensan trasladar en respectivos plenos la misma queja. Que todos van a exigir a la Generalitat del PP que restituya los fondos. Para antes de que acabe el año, el mismo edil socialista se ha comprometido a convocar un pleno extraordinario en Benidorm, “si de aquí allá no se han recuperado los 33 millones de euros” apostilla.
Desde las filas de la oposición socialista, tras haber debatido sin éxito la reposición de fondos en Les Corts, se ven pocas vías abiertas para seguir exigiendo que se devuelvan a su sitio los recursos solidarios. La Sindicatura de Cuentas, organismo público que fiscaliza el gasto anual de las administraciones, la autonómica y las locales en la Comunidad Valenciana, recogerá en el informe del ejercicio 2007 los cambios de destinos presupuestario, “pero, entonces, será ya demasiado tarde”, predice la socialista Noguera. Pocas esperanzas efectivas, y acorto plazo, deposita la misma diputada sobre la posibilidad de denunciar este asunto en los tribunales de justicia. “Como poco, pasarán tres o cuatro años, antes de tener sentencia firme”, calcula.
El cambio de destino de fondos solidarios ha tenido un impacto mayor, si cabe, en la sociedad valenciana, ya que ha coincidido con la nueva ley valenciana de Cooperación, aprobada en marzo de este mismo año. Este marco legislativo obliga a las administraciones autonómicas y municipales a que destinen el 0,7% de sus presupuesto para ayudas internacionales: lucha contra la pobreza, cooperación en situaciones de emergencia o la defensa de los derechos humanos. Según echan cuentas los socialistas, el porcentaje de fondos de solidaridad se ha quedado con este último recorte millonario, por debajo del 0,2% del presupuesto, “uno de los más bajos de las autonomías españolas”, aseguran.
(www.elplural.com, 14/11/07)
28
. COMUNIDAD VALENCIANA: EL OPUS Y LA ESCUELA INFANTIL SE LLEVAN EL MISMO DINEROLa suerte está echada. Las Cortes aprobarán en breve un proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2008 que contiene líneas de la Consejería de Educación tan sorprendentes al menos como la T6645000, para ayudas al alumnado de ciclos formativos acogidos a convenios (es decir, ya concertados) por 576.980 euros para la Fundación EIFOR del Opus Dei. Una cantidad que equivale casi a la de toda la red de guarderías de Infantil. Aunque la más llamativa es la T0062000, de ayudas a Seminarios Menores diocesanos de la Iglesia Católica, con 1,74 millones.
Y así, suma y sigue. La distribución del presupuesto para educación, (Iglesia, al margen) abarca una variopinta lista de ONG como Controla Club -creada por profesionales de bares y discotecas para acabar con el botellón- a la que se destinan 12.000 euros a través de la línea T2148000, para fomento del valenciano. Aunque una ojeada a su página web permite comprobar que toda su cartelería está publicitada en castellano. Los Presupuestos de 2008 contienen además una serie de fundaciones de nuevo cuño (de las que no hay referencia pública alguna) a las que se destinan cantidades que van desde los 50.000 euros de la línea T6505000 para la Fundación Valenciana para la Investigación de Vanguardia a los nada despreciables 700.000 de la T6531000 para centros de investigación.
Roberto Romero, de la federación de enseñanza de CCOO, asegura que "mientras saltan a la vista una serie de carencias que imposibilitan el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y distorsiones como la ínfima dotación para el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas o para la formación del profesorado, sorprende que en un Estado aconfesional, la Generalitat entregue dinero para que la Iglesia católica adoctrine a nuevas generaciones de sacerdotes. Con este dinero se podría multiplicar por 18 el presupuesto de becas o por 38 el de integración del alumnado de Necesidades Educativas Especiales".
Aunque lo que peor, según Romero, es su filosofía. "¿Financiaría la Generalitat con la misma alegría una madraza salafista, o un centro de Cienciología ascendido de secta a religión?"
También le parecen "estrámbóticos" los 600.000 euros para "subvencionar parcialmente" cursos que la Fundación EIFOR del Opus imparte "especialmente" para alumnado inmigrante. "Una subvención parcial les vendrá muy bien: porque pocos pueden pagar los 1.500 euros que cobran por un curso de gruísta de 200 horas. ¿Cómo una fundación con semejante ideario, programa e infraestructuras -recomiendo ojear su web- recibe una subvención semejante a la de todas las guarderías valencianas?", pregunta Romero.
(www.elpais.com, 14/11/07)
29. COMUNIDAD VALENCIANA: LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' PIDE EL TRASLADO
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la que han pasado también cuatro fiscales- en la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y jefe del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.
Noverques es la juez que ha permanecido más tiempo en el puesto. Cuando se hizo cargo del juzgado, en septiembre de 2005, aún había pendientes de realizar muchas diligencias que durante estos dos años se han ido practicando, sobre todo porque, tras el rechazo inicial del juzgado, finalmente han sido admitidas por la Audiencia provincial. Poco antes de la llegada de Noverques a Nules, las acusaciones a Fabra de presuntos delitos contra la administración pública se ampliaron a un posible fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria respecto del ejercicio de 1999. En estos dos años, ha tomado declaración a diputados, senadores y ex ministros, y ha empezado a recibir la documentación de los inspectores fiscales después de que se autorizara investigar el patrimonio de Fabra y de su familia.
La investigación está en un momento crucial ya que el juzgado recibirá en breve el informe de los peritos de Hacienda sobre los ingresos declarados por Fabra y su familia y su incremento patrimonial. El juzgado aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al dirigente del PP para interrogarle sobre el ingreso en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en pequeñas sumas.Al contrario que las dos titulares que la precedieron (las otras cuatro jueces han sido sustitutas), Noverques no se traslada por un ascenso sino que ha solicitado el traslado voluntario a otro juzgado valenciano, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Este traslado puede ser aprobado la próxima semana.
La primera titular del juzgado de Nules que se hizo cargo del caso, Isabel Belinchón, rechazó las querellas del empresario Vicente Vilar, en las que acusaba a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Sin embargo, Belinchón abrió una investigación de oficio ante la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública y protagonizó el primer interrogatorio judicial a Fabra. Poco después, fue ascendida a magistrada y trasladada a Teruel. Una juez sustituta, Carmen Albert, asumió la investigación de forma interina hasta la incorporación de María Fernanda Lorite, que procedía de Gernika. La juez vasca también ascendió a magistrada y dejó la sede de Nules para ser sustituida por Reyes Gavara, que apenas estuvo un mes. Tras ella llegó Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), quien apenas estuvo dos. Como sustituta, hasta la llegada de Noverques, ocupó la plaza María del Mar Julve.
